Este trabajo examina la reforma que introdujo la ley Nº 27.375 a la Ley de Ejecución Penal en cuanto suprimió la conversión de penas iguales o menores a seis meses en trabajos para la comunidad. En este marco, se exploran distintas soluciones para evitar el efecto desocializador de las penas privativas de la libertad de corta duración: la declaración de inconstitucionalidad de la norma sobre la base del principio de proporcionalidad y el planteamiento de la excarcelación en términos de libertad asistida o, su caso, la libertad asistida. A ese efecto, se analizará la propuesta teórica de Alexy y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara de Casación Penal.