El presente trabajo problematiza la forma en la cual se sustancia el expediente tutelar en la actualidad. La autora pone en tensión los avances respecto de la vigencia de los derechos en la interpretación de la ley N°22.278 y la aplicación del principio acusatorio para garantizar el debido proceso penal. A partir de una lectura armónica de la legislación convencional y nacional en materia de derecho penal juvenil, el trabajo pone de relieve la obligación de aplicar las garantías fundamentales en la totalidad del proceso de forma tal que no se contradiga lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño. De esta manera, el artículo abre una ventana más para pensar la vigencia de los derechos en el ámbito juvenil en la sustanciación del expediente tutelar y, en particular, cuando se trata de medidas restrictivas de la libertad.

La sanción de la ley Nº 27.272 (1/12/2016) implicó la modificación parcial del Código Procesal Penal de la Nación y el establecimiento de un procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia. Este trabajo se plantea analizar los problemas centrales que plantea la reforma y realizar un balance en lo que respecta a los avances y retrocesos que tuvieron lugar como consecuencia de ella en materia de garantías constitucionales.