El presente trabajo tiene por propósito exhibir las demoras que se producen en la instancia recursiva de los procesos de flagrancia a fin de reflejar los problemas a los que se exponen los justiciables ante legislaciones incompletas. Tal hipótesis, que emergió como intuición a partir de la reforma procesal introducida vía ley 27.272,  se corrobora a través del abordaje empírico aquí producido. Sobre la base de esta preocupación, se analiza la vía recursiva del proceso sumario desde la perspectiva del Código Levene, como también del Código Procesal Federal (Ley N° 27.063) y de los lineamientos que derivan de las normas con jerarquía constitucional.

El presente trabajo partirá de la descripción y posterior análisis de los casos “Trapasso” y “Tejerina”, donde mujeres fueron juzgadas por tentativa de homicidio y homicidio de las criaturas que dieron a luz, respectivamente. Se pretenderá mostrar los momentos en los que fue reducido o directamente no analizado el complejo campo de las alteraciones psíquicas que se pueden vivir durante el puerperio, a la par que fue soslayado evaluar la capacidad valorativa de las mujeres imputadas. Este escenario evidencia cómo ha sido descartada la posibilidad de considerar al embarazo como un período altamente estresante para la gestante y con ello las operaciones psíquicas que permiten cursar un embarazo no bienvenido.

El autor analiza el impacto de los nuevos montos de las multas previstas para las principales figuras penales de la ley Nº 23.737 (Ley de Estupefacientes), según el texto de la ley Nº 27.302, frente a la imposibilidad de su pago por parte de los condenados. A partir de ello, tomando un caso estándar de narcotráfico (tenencia con fines de comercialización, transporte, etc.) se analizan como inconvenientes múltiples soluciones legalmente previstas o que podrían invocarse fundadamente, y luego se propone una superadora, que permita arribar a la correspondiente satisfacción de la pena pecuniaria, sin una afectación significativa para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Finalmente, se analiza la cuestión desde la propuesta del anteproyecto del Código Penal 2018.

Este artículo comenta la reforma de la Ley de Ejecución Penal llevada a cabo en julio de 2017 mediante la sanción de la ley Nº 27.375. En este sentido, el trabajo desarrolla un estudio constitucional sobre el modo en que impacta esta normativa en el régimen de ejecución de las penas.

Durante 2014 y 2015 se produjeron en el ámbito penal reformas legales importantes. Entre las novedades más trascendentes se encuentra la introducción de la reparación y la conciliación como mecanismos alternativos de resolución del proceso penal. No obstante, la implementación del Código Procesal Penal se suspendió sine die, lo que generó un intenso debate en la jurisprudencia acerca de la posibilidad de aplicar estos institutos. En este trabajo se pone de resalto esta discusión y se argumenta a favor de su aplicación.