En el presente trabajo nos referiremos al estado de situación actual de la llamada educación inclusiva en nuestro país. Como se verá, el marco normativo es abundante y claro en cuanto al reconocimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás. Pero pese a ello, su efectivo cumplimiento suele presentarse como un reto para quienes trabajamos en el ámbito de la defensa pública. Bajo esta premisa, haremos un análisis de la normativa nacional e internacional más relevante en la materia, y presentaremos una selección de fallos en los que podrán vislumbrarse las respuestas de la justicia ante algunos casos que han ido presentándose durante los últimos años.

El presente trabajo postula una visión crítica del artículo 10 de la ley Nº 26.682 a partir del análisis del caso “ZMV” en el que una mutual de salud consideró la discapacidad de una usuaria como una enfermedad preexistente y requirió el pago de un valor diferencial en su cuota.