En Argentina, como en otras partes del mundo, la violencia de género se encuentra muy extendida e involucra, para quienes la sufren, un sometimiento grave que, con frecuencia, se desarrolla durante mucho tiempo. Frente a esto, las respuestas que proporciona el Estado suelen ser deficitarias. Entonces, ha ocurrido que las víctimas de violencia se defienden y, como consecuencia de esto, hieren o matan a sus agresores. Estas conductas motivaron el dictado de sentencias condenatorias que rechazaron que esas personas hubiesen actuado amparadas por la legítima defensa (art. 34 CP, inc. 6), lo que condujo a un intenso debate acerca de la necesidad de aplicar este instituto con perspectiva de género. Este trabajo se propone, justamente, indagar acerca del modo en que se abordó esta problemática en la jurisprudencia argentina entre los años 2005 y 2020.

En el mes de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 llevó adelante el juicio por el asesinato de Diana Sacayán. Por mayoría, sus jueces condenaron a uno de los perpetradores, a la pena de prisión perpetua en orden al delito de homicidio agravado. En su sentencia, los jueces, por mayoría, nombraron a este hecho como un travesticidio: el resultado final de un continuum de violencias que afecta especialmente a las personas travestis. De este modo, la decisión cristalizó un concepto útil para visibilizar las violencias sufridas por este colectivo. Para ello, se valió de diversos instrumentos aportados por organismos nacionales e internacionales, muchas veces nutridos por la labor de los organismos de la sociedad civil. Ante la falta de sistematización de esta información, el artículo se propone ordenar y analizar estas herramientas desde distintas perspectivas a fin de acercarse a una compresión integral de la vulnerabilidad del colectivo travesti y trans.