A partir de una denuncia penal realizada por una joven actriz por el delito de violación, surgieron en las redes sociales y en los medios de comunicación numerosos testimonios de mujeres violentadas por motivos de género. En este marco, proliferó la práctica del escrache como respuesta a este tipo de violencias. Como contrapartida, fueron acusadas por los delitos de calumnias e injurias una significativa cantidad de personas denunciantes. El objetivo del presente trabajo es dar cuenta y analizar este tipo de respuestas legales. A tal fin, se analizan las calificaciones penales en juego, sus interpretaciones dogmáticas y los debates vinculados a reformas legales. Asimismo, se estudia el interés público como eximente en la configuración de estos tipos penales y su carácter como elemento constructor de la violencia de género como discurso protegido. Finalmente, se indaga sobre la jurisprudencia vinculada.

En el mes de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 llevó adelante el juicio por el asesinato de Diana Sacayán. Por mayoría, sus jueces condenaron a uno de los perpetradores, a la pena de prisión perpetua en orden al delito de homicidio agravado. En su sentencia, los jueces, por mayoría, nombraron a este hecho como un travesticidio: el resultado final de un continuum de violencias que afecta especialmente a las personas travestis. De este modo, la decisión cristalizó un concepto útil para visibilizar las violencias sufridas por este colectivo. Para ello, se valió de diversos instrumentos aportados por organismos nacionales e internacionales, muchas veces nutridos por la labor de los organismos de la sociedad civil. Ante la falta de sistematización de esta información, el artículo se propone ordenar y analizar estas herramientas desde distintas perspectivas a fin de acercarse a una compresión integral de la vulnerabilidad del colectivo travesti y trans.