En Argentina, como en otras partes del mundo, la violencia de género se encuentra muy extendida e involucra, para quienes la sufren, un sometimiento grave que, con frecuencia, se desarrolla durante mucho tiempo. Frente a esto, las respuestas que proporciona el Estado suelen ser deficitarias. Entonces, ha ocurrido que las víctimas de violencia se defienden y, como consecuencia de esto, hieren o matan a sus agresores. Estas conductas motivaron el dictado de sentencias condenatorias que rechazaron que esas personas hubiesen actuado amparadas por la legítima defensa (art. 34 CP, inc. 6), lo que condujo a un intenso debate acerca de la necesidad de aplicar este instituto con perspectiva de género. Este trabajo se propone, justamente, indagar acerca del modo en que se abordó esta problemática en la jurisprudencia argentina entre los años 2005 y 2020.

Este trabajo analiza el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional (Ministerio de Desarrollo Social – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”. A la luz de esto, se reflexionará sobre el derecho a la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y la relación de competencia concurrente entre la nación y las provincias para la inscripción en los registros de sus personerías.

El presente trabajo analiza los estándares aplicados en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado en materia de protección de la población LGBTI en las decisiones adoptadas por la Corte Nacional de Derecho de Asilo de Francia en sus más de treinta años de jurisprudencia, buscando establecer la evolución de los diferentes estándares de protección y la incidencia en estos de los documentos de interpretación de la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967, elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,  vigentes en el procedimiento de reconocimiento del estatuto de refugiado en la República Argentina.