A partir de una denuncia penal realizada por una joven actriz por el delito de violación, surgieron en las redes sociales y en los medios de comunicación numerosos testimonios de mujeres violentadas por motivos de género. En este marco, proliferó la práctica del escrache como respuesta a este tipo de violencias. Como contrapartida, fueron acusadas por los delitos de calumnias e injurias una significativa cantidad de personas denunciantes. El objetivo del presente trabajo es dar cuenta y analizar este tipo de respuestas legales. A tal fin, se analizan las calificaciones penales en juego, sus interpretaciones dogmáticas y los debates vinculados a reformas legales. Asimismo, se estudia el interés público como eximente en la configuración de estos tipos penales y su carácter como elemento constructor de la violencia de género como discurso protegido. Finalmente, se indaga sobre la jurisprudencia vinculada.

El presente trabajo partirá de la descripción y posterior análisis de los casos “Trapasso” y “Tejerina”, donde mujeres fueron juzgadas por tentativa de homicidio y homicidio de las criaturas que dieron a luz, respectivamente. Se pretenderá mostrar los momentos en los que fue reducido o directamente no analizado el complejo campo de las alteraciones psíquicas que se pueden vivir durante el puerperio, a la par que fue soslayado evaluar la capacidad valorativa de las mujeres imputadas. Este escenario evidencia cómo ha sido descartada la posibilidad de considerar al embarazo como un período altamente estresante para la gestante y con ello las operaciones psíquicas que permiten cursar un embarazo no bienvenido.

A partir del análisis de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal reflexionaremos sobre los conceptos de impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos; tiempo lineal y existencial; proporcionalidad y retribución. Consideramos que un análisis de estos conceptos, desde una perspectiva de género, en el terreno de la mensuración de la pena puede servirnos para exigir un castigo estatal diferente en determinados supuestos que se presentan, especialmente, en el ámbito de la punición de los delitos relativos al tráfico de estupefacientes en el que intervienen mujeres que son madres. No se trata de un problema de autodeterminación reducida –carril por el que transita una posible respuesta– sino de un problema de proporcionalidad, ya que la pena, en la mayoría de estos casos, hiere con más fuerza la existencia de la persona y por ello debe ser diferente tanto cuantitativa como cualitativamente.