En Argentina, como en otras partes del mundo, la violencia de género se encuentra muy extendida e involucra, para quienes la sufren, un sometimiento grave que, con frecuencia, se desarrolla durante mucho tiempo. Frente a esto, las respuestas que proporciona el Estado suelen ser deficitarias. Entonces, ha ocurrido que las víctimas de violencia se defienden y, como consecuencia de esto, hieren o matan a sus agresores. Estas conductas motivaron el dictado de sentencias condenatorias que rechazaron que esas personas hubiesen actuado amparadas por la legítima defensa (art. 34 CP, inc. 6), lo que condujo a un intenso debate acerca de la necesidad de aplicar este instituto con perspectiva de género. Este trabajo se propone, justamente, indagar acerca del modo en que se abordó esta problemática en la jurisprudencia argentina entre los años 2005 y 2020.

El presente trabajo partirá de la descripción y posterior análisis de los casos “Trapasso” y “Tejerina”, donde mujeres fueron juzgadas por tentativa de homicidio y homicidio de las criaturas que dieron a luz, respectivamente. Se pretenderá mostrar los momentos en los que fue reducido o directamente no analizado el complejo campo de las alteraciones psíquicas que se pueden vivir durante el puerperio, a la par que fue soslayado evaluar la capacidad valorativa de las mujeres imputadas. Este escenario evidencia cómo ha sido descartada la posibilidad de considerar al embarazo como un período altamente estresante para la gestante y con ello las operaciones psíquicas que permiten cursar un embarazo no bienvenido.

A partir del análisis de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal reflexionaremos sobre los conceptos de impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos; tiempo lineal y existencial; proporcionalidad y retribución. Consideramos que un análisis de estos conceptos, desde una perspectiva de género, en el terreno de la mensuración de la pena puede servirnos para exigir un castigo estatal diferente en determinados supuestos que se presentan, especialmente, en el ámbito de la punición de los delitos relativos al tráfico de estupefacientes en el que intervienen mujeres que son madres. No se trata de un problema de autodeterminación reducida –carril por el que transita una posible respuesta– sino de un problema de proporcionalidad, ya que la pena, en la mayoría de estos casos, hiere con más fuerza la existencia de la persona y por ello debe ser diferente tanto cuantitativa como cualitativamente.