Saltar al contenido principal
Ir a buscar
Inicio
Jurisprudencia Nacional
Jurisprudencia Internacional
Difusiones Mensuales
Boletines
Estudios sobre Jurisprudencia
CASOTECA
Intranet
  
> Jurisprudencia  

Jurisprudencia

Modify settings and columns
|| |
View:  
Nombre
Tribunal
DoctrinaVoces CSJN
Acción de inconstitucionalidad 148-2017Suprema Corte de Justicia de México
La Suprema Corte de Justicia de México declaró la invalidez del artículo 196 y de las porciones normativas pertinentes de los artículos 198 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
1. Aborto. Género. Autonomía personal. Autodeterminación. Igualdad. No discriminación. Perspectiva de género. Estereotipos de género.
“[L]a presente Acción impone –como tema central– revisar si es constitucional sancionar con pena de prisión a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo (y, en su caso, a la persona que con consentimiento de ella ejecute ese acto)” (párr. 43).
“[E]ste Tribunal Pleno guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con perspectiva de género como método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar a partir de las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. El acercamiento a la problemática definida parte de cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria” (párr. 46).
“[E]l derecho de la mujer a decidir (y cuya titularidad se extiende, por supuesto, a las personas con capacidad de gestar) es resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la noción esencial de que es intrínseco a la persona humana la disposición de su libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. El sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva” (párr. 52).
2. Aborto. Género. Principio de dignidad humana. Autodeterminación. Libertad individual.
“[E]n el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como el presupuesto esencial del resto de los derechos fundamentales en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad” (párr. 59).
“Este derecho fundamental constituye además una norma jurídica viva que no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta –en su núcleo más esencial– como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada” (párr. 60).
“Eso que llamamos dignidad de la persona humana se apoya en dos pilares, la conciencia y la libertad, como punto de partida hacia la máxima realización del libre desarrollo de la personalidad singular. En el caso específico de las mujeres, este derecho adquiere los matices connaturales a sus rasgos y a las características que las definen, de manera que su dignidad funge como precondición para que puedan decidir sobre sí mismas y su proyección hacia los demás” (párr. 61).
“La dignidad humana reconoce la especificidad de la condición femenina y —puesta en perspectiva con los elementos que enseguida serán reseñados—, se funda en la idea central de que la mujer puede disponer libremente de su cuerpo y puede construir su identidad y destino autónomamente, libre de imposiciones o transgresiones, esta concepción no puede ser de otra manera, pues parte de reconocer los elementos que definen a las personas con capacidad de gestar y el despliegue de las libertades mínimas para el desarrollo de su vida en plenitud” (párr. 62).
3. Aborto. Género. Autonomía personal. Autodeterminación. Maternidad. Estereotipos de género. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la intimidad.
“Dentro de la narrativa de la dignidad humana que, como se describió, es fuente y origen del resto de las prerrogativas de carácter específico, tienen un rol protagónico la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la protección del ámbito de la vida privada de las personas, pues consisten en la capacidad de elegir y materializar libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros o del propio poder estatal” (párr. 63).
“La autonomía y el libre desarrollo de la personalidad brindan cobertura a la ‘libertad de acción’ que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad, así como también brinda protección a una ‘esfera de privacidad’ en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. En el tópico que aquí concierne, la manifestación directa es que la decisión de la mujer de ser madre o no está tutelada por los alcances de este derecho, a partir de que ella es la única que por su intrínseca dignidad puede decidir el curso que habrá de tomar su vida, de manera tal que debe reconocerse la existencia de un margen mínimo de decisión íntima de interrumpir o continuar su embarazo” (párr. 66).
“[E]n el ejercicio del control constitucional judicial de leyes y actos del Estado, es preciso ser particularmente escrupuloso en la identificación de los casos que representan una intromisión del poder del Estado en la vida privada de las mujeres  y de las personas gestantes, pues la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad protege esta vertiente específica de conducir la vida a partir de las decisiones individuales, sin que éstas puedan ser limitadas mediante el uso del aparato estatal y menos aún del poder punitivo” (párr. 70).
“De esta forma, el derecho a decidir funge como instrumento para ejercer el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y el derecho a la vida privada, de manera que le permite a la mujer, en relación con la posibilidad de ser madre, elegir quien quiere ser, pues no puede perderse de vista que, desde esta apreciación, se reconoce que en la maternidad subyace la noción de voluntad, de deseo de que la vida personal atraviese por tal faceta. En el seno de esta controversia debe partirse del reconocimiento de la individualidad de las mujeres y su identidad, de modo que esta es la razón por la que la libertad se juzga tan personal, tan íntima, tan fundamental, lo que constituye la raíz de la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección” (párr. 72).  
“No tiene cabida, para anular el derecho a decidir, una postura de corte paternalista que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser ‘protegidas’ de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva, pues ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, plenamente consciente de las decisiones que –conforme a su proyecto de vida– son las que considera más convenientes” (párr. 73).
4. Aborto. Autodeterminación. Democracia. Libertad de cultos. Libertad de expresión.
“Si bien en una democracia del tipo deliberativo se debe aceptar la expresión de ideas de todo tipo de contenido, lo que comprende la expresión de ideas religiosas o espirituales, ello no significa que el Estado pueda hacer propias o cristalizar en su sistema jurídico reglas nutridas por ese contenido y que se corresponden con el ámbito individual y privado de las personas” (párr. 78).
“La laicidad debe ser concebida como una cualidad democrática, ya que significa que el Estado respeta y valora positivamente que las personas tengan creencias religiosas, éticas, ideológicas y de conciencia, pero se asegura que el Estado y las confesiones religiosas se encuentren separados. Esta óptica permite advertir que la constitucionalización del derecho a decidir reconoce la existencia de una multiplicidad de perfiles éticos, de conciencia y de religión, y se define como un presupuesto para la coexistencia armónica de cualquier convicción, en el sentido de que su diseño evita la imposición de cualquier visión por encima de otra, entendiendo al ser humano como racional y responsable de sus propias decisiones en pleno respeto de la propia autodeterminación” (párr. 79).
“Estás puntualizaciones son elementos clave para asegurar una convivencia plural como parte del núcleo de una sociedad democrática, de manera que es indispensable convenir en el respeto mutuo e irrestricto de las creencias y principios individuales y de la construcción personalísima de cada plan de vida y, se reitera: sin la imposición de un criterio por encima de otro, destacadamente, en aquellos tópicos sumamente complejos y que sólo pueden ser resueltos en un ámbito de privacidad y conforme a las más íntimas convicciones personales. Simultáneamente, esta posición constituye un rechazo tajante a la posibilidad de imponer –a través del uso del poder estatal– criterios que únicamente se corresponden con la conciencia individual” (párr. 82).
5. Aborto. Autodeterminación. Igualdad. No discriminación. Maternidad. Estereotipos de género. Derechos reproductivos.
“[E]l reconocimiento del derecho a elegir tiene la pretensión de eliminar la posibilidad de que exista una discriminación basada en género en materia de maternidad y derechos reproductivos. Se trata de reconocer que la mujer puede desplegar estos derechos desde sus propias características, en un plano de igualdad de género que privilegie la capacidad femenina de tomar decisiones responsables sobre su plan de vida e integridad corporal” (párr. 86).
“El derecho a decidir se construye sobre la igualdad de género que supone la eliminación de los estereotipos que pueden asignarse a la mujer en relación con su disfrute del derecho a la sexualidad. Además, en la libertad de decisión en materia reproductiva, se trata de disociar el constructo social tradicional que empató los conceptos femenino y maternidad, para subrayar que esto último ‘no es destino, sino una acción que, para ejercerse a plenitud, requiere ser producto de una decisión voluntaria’” (párr. 88).
“El mandato de igualdad jurídica del hombre y la mujer ante la ley, conforme a lo dicho, se traduce en que, frente a supuestos que garanticen que la mujer quedará sujeta a un ámbito de vida no elegido –y que impliquen que no podrá desempeñarse de la misma forma que los hombres– y otro en la que ella podrá contar con mayores oportunidades, se debe preferir este último” (párr. 104).  
6. Aborto. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Derechos sexuales. Violencia obstétrica. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la intimidad. Maternidad.
“[N]o es suficiente con tener libertad para adoptar, autónomamente, las decisiones acerca de la propia salud y la libertad reproductiva, pues es fundamental contar con la correlativa asistencia para poder ejecutarlas adecuadamente, es decir, una decisión sobre la propia salud, como terminar un embarazo, no puede ser interferida arbitrariamente y, además, debe existir toda la infraestructura para poder llevarla a cabo: servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad” (párr. 121).
“La constitucionalización del derecho a decidir, permite sostener que no tiene cabida […] un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación, lo que además conllevaría una lesión de origen a su integridad psicoemocional al limitar las posibilidades en relación con su plan y proyecto de vida, e impediría alcanzar el bienestar integral en su carácter de meta permanente del derecho a la salud” (párr. 128).
“[L]os pilares que sostienen el derecho a decidir la vida reproductiva irradian elementos que, unidos, configuran la noción de justicia reproductiva que comprende el derecho a la autodeterminación de la mujer, vinculado al principio más amplio de autonomía corporal que es el derecho a la integridad física y psicológica. La decisión de ser madre o no, una vez que ha ocurrido el momento de la concepción y conforme a la intrínseca dignidad de la mujer, se debe presumir racional y deliberada, que considera a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad en términos de realización y responsabilidad individual” (párr. 129).
“La libertad reproductiva, en su vertiente específica del derecho a decidir, implica que no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer, y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas (físicas y psicológicas), económicas, familiares, sociales, entre otras” (párr. 130).
“Los servicios de salud deben garantizar, desde la primera aproximación y contacto con la mujer interesada, que no exista una invasión a su esfera de intimidad que implique atentados contra su dignidad; en ese entendimiento, deben abstenerse por completo de utilizar técnicas que, de forma violenta o no, tiendan a cuestionar o imposibilitar el acceso a la interrupción del embarazo” (párr. 160).
7. Aborto. Derecho penal. Género. Derecho penal. Tipicidad. Principio de lesividad. Violencia de género. Protección integral de la mujer. Vulnerabilidad.
“Estimar contrario a la moral la acción de interrumpir el embarazo y, en esa medida, traducir esa valoración en el establecimiento de medidas de orden penal, no puede ser considerado un fin legítimo que sustente la racionalidad de la norma, pues el debate sobre su moralidad o inmoralidad debe reservarse al ámbito íntimo de cada persona, pero de ninguna manera debe dar contenido a la política criminal. El derecho penal, en su carácter de último recurso estatal para proteger bienes jurídicos, no debe involucrar –ni en su construcción ni en su uso– corrientes o posturas ideológicas de orden moral en relación con la interrupción del embarazo” (párr. 223).
“[L]la vía punitiva diseñada por la legislatura estatal no concilia el derecho de la mujer a decidir con la finalidad constitucional, sino que lo anula de manera total a través de un mecanismo –el más agresivo disponible– que no logra los fines pretendidos (inhibir la práctica de abortos) y, correlativamente, produce efectos nocivos como: puesta en riesgo de la vida e integridad de la mujer, criminalización de la pobreza, y descarta otras opciones de tutela de carácter menos lesivo que parten del trabajo conjunto con la mujer embarazada y que reconocen el ámbito privado en que desenvuelve el vínculo único que existe entre ella y el producto de la concepción” (párr. 228).
“En atención a que el derecho a decidir, como se vio, está construido sobre pilares con implicaciones individuales propias, la tipificación que anula por completo esa prerrogativa de la mujer se traduce –en automático– en la vulneración inmediata de todos los elementos involucrados: se trastoca la dignidad de la mujer frente al desconocimiento de sus propias características que la individualizan y la definen; se afecta trascendentalmente su autonomía y libre desarrollo de la personalidad al impedirse la posibilidad de elegir el propio plan y proyecto de vida conforme a sus íntimas convicciones; se crea un mecanismo de violencia de género que refuerza roles –la maternidad como destino obligatorio– que repercuten en la imposibilidad de alcanzar la igualdad jurídica y se lesiona su salud mental y emocional ante la imposibilidad de plantearse alternativas de decisión, de conducción de la vida propia, lo que a su vez genera el impedimento de alcanzar el más pleno bienestar” (párr. 236).
“[E]l empleo del derecho penal no puede comprender la afectación de otros derechos fundamentales sobre la pretendida finalidad de brindar cobertura total a un bien constitucionalmente relevante, tal y como fue desarrollado en esta sentencia en relación con la inexistencia de derechos y bienes de carácter absoluto” (párr. 250).
“La legitimidad del derecho penal en este caso es inexistente cuando ha excedido sus propias finalidades, no sólo no brinda la pretendida tutela al bien jurídico que busca proteger, sino que, además, se asocia a la producción de una multiplicidad de resultados perjudiciales para todos los componentes involucrados. La disposición en comento constituye un uso ilegítimo del poder coercitivo del Estado, pues se sostiene en la afectación a grupos que históricamente han visto mermados sus derechos, las mujeres, y agudiza otros escenarios de desigualdad social, como en el caso ocurre con los grupos sociales menos favorecidos en educación y económicamente, y que adolecen de precariedad en el acceso a servicios de salud, tratamientos psicológicos, y en general carecen de recursos y medios en todos los rubros previamente enunciados” (párr. 267).
ABORTO; GÉNERO; AUTONOMÍA PERSONAL; AUTODETERMINACION; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; LIBERTAD INDIVIDUAL; MATERNIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTIMIDAD; DEMOCRACIA; LIBERTAD DE CULTOS; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS SEXUALES; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; DERECHO PENAL; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VULNERABILIDAD;
Informe sobre niñez, libertad de expresión y medios de comunicación en las AméricasComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el derecho a la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes a la luz del principio de autonomía progresiva, el derecho a la privacidad y el interés superior del niño. Entre sus recomendaciones, señaló que las restricciones a la libertad de expresión deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática. Asimismo, consideró primordial el acceso a Internet para garantizar la participación en la esfera pública y la educación de niños, niñas y adolescentes. Por último, llamó a los Estados a adoptar e implementar políticas que integren el acceso de estas personas a los medios digitales y a las tecnologías de la información y comunicación, junto con una plena protección de sus derechos fundamentales.
1. Niños, niñas y adolescentes. Libertad de expresión. Derecho a la información. Derecho de publicar ideas. Autonomía progresiva.
“El derecho a la libertad de expresión tiene un contenido universal y alcanza a todas las personas, y en ningún caso puede interpretarse de forma contrapuesta al derecho a la protección de la privacidad y dignidad de niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, como se ha subrayado en diversas oportunidades, todos los derechos reconocidos en la Convención Americana conforman una relación dinámica e interdependiente, al tiempo que refuerzan y complementan la protección de la infancia. En definitiva, cualquier interpretación en una esfera tan importante para el desarrollo humano como la comunicación debe perseguir el fin de promover al máximo los intereses y el desarrollo de la niñez en dicho ámbito” (párr. 3).
“El derecho a la libertad de expresión constituye un principio único que cumple una función fundamental en el desarrollo de la capacidad que tienen los niños de pensar por sí mismos los asuntos que los afectan, y de ver el mundo desde su propia perspectiva. Es por ello que, tanto la Convención Americana como la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, reconocen expresamente que los NNA son titulares de modo directo y activo del derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la libertad para buscar, recibir y difundir información, así como para hacer conocer a la sociedad sus puntos de vista sobre los temas que les afectan o interesan, más allá incluso de los canales de comunicación que ofrezca el mundo adulto” (párr. 16).
“En el caso de la niñez, se hace evidente la importancia de la doble dimensión que caracteriza la libertad de expresión, la cual ha sido explicada en numerosas oportunidades por la jurisprudencia interamericana. En la dimensión individual, este derecho permite que los NNA expresen los propios pensamientos, ideas e informaciones. Por otra parte, en la dimensión colectiva o social, permite a la sociedad, la cual incluye a los NNA, procurar y recibir cualquier información, conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y estar bien informada” (párr. 17).
2. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la información. Facultad reglamentaria. Principio de proporcionalidad. Autonomía progresiva.
“[A]l establecer [restricciones a la libertad de expresión] siempre deben satisfacerse las condiciones impuestas por la propia Convención: es decir, deben estar previstas en la ley, tener un fin legítimo y estar en consonancia con la preservación de la sociedad democrática, lo que exige que las restricciones respondan a estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad. Es a la luz de estos requisitos que deben evaluarse entonces tanto las restricciones a los derechos a la libertad de expresión y del acceso a la información por parte de los menores de edad, así́ ́como las restricciones generales que buscan protegerles” (párr. 41).
“[D]e acuerdo con el requisito de necesidad, las limitaciones correspondientes deben en todo momento circunscribirse al ámbito de interés público que se quiere tutelar: los derechos e intereses de la niñez. Para que la restricción sea legitima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar una restricción, es decir, que tal objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse en forma razonable por un medio menos restrictivo de los derechos de expresión. Por ello, hay que evitar que tales medidas puedan igualmente utilizarse para limitar el acceso por parte de adultos a contenidos que caben dentro del marco del ejercicio de la libertad de expresión” (párr. 108).
“La orientación de los adultos en materia de expresión es necesaria, pero debe reducirse a medida que los menores de edad van madurando y adquiriendo conciencia de su propio pensamiento y opinión. Esta obligación de los adultos no debe ser entendida como un límite al derecho de niños y niñas a expresar sus demandas, ideas y pensamientos” (párr. 219).
3. Niños, niñas y adolescentes. Medios de comunicación. Internet. Derecho a la información. Derecho de publicar ideas. Igualdad.
“El acceso a internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos hoy en día, incluyendo especialmente los derechos a la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión, educación, salud y cultura. Conforme su naturaleza, en tanto medio inescindible del ejercicio pleno de determinados derechos, el acceso a internet debe garantizarse universalmente, adoptando medidas para cerrar la brecha digital, promoviendo políticas de desarrollo de infraestructura” (párr. 76).
“[E]s fundamental promover y reforzar la ciudadanía digital de los NNA, a fin de garantizar su plena y futura integración en una sociedad y en un mundo en el que las nuevas tecnologías juegan ya un papel central. Sin conectividad, la niñez pierde la capacidad de acceder a una parte cada vez más significativa de la esfera pública. Asimismo, los riesgos que entraña el uso de internet deben ser atajados con políticas adecuadas, por lo que cualquier medida en este terreno no deberá suponer una limitación a la libertad de expresión y el libre acceso a la información que circula en las redes” (párr. 78).
“Los Estados deben adoptar medidas para garantizar el acceso de los NNA a Internet en todos los entornos, teniendo en cuenta el papel central que juega en la promoción de todos los derechos de la niñez, en particular del derecho a la libertad de expresión, a la participación en la vida pública y a la educación. Para ello, es indispensable adoptar medidas de diferenciación positiva para cerrar la brecha digital respecto de niños de comunidades que tienen un acceso muy limitado o carecen de él” (párr. 225).
“Los Estados en los diferentes niveles educativos deben capacitar y alfabetizar a niñas y niños en el uso de Internet y otros medios, como recurso positivo que beneficia el proceso de formación de cada niño, sin perjuicio de capacitar respecto a las medidas que pueden adoptar padres y menores de edad para proteger la dignidad y privacidad de éstos, pero sin llegar a presentarlo como un medio de comunicación negativo o peligroso” (párr. 226).
4. Niños, niñas y adolescentes. Libertad de expresión. Derecho a la privacidad. Derecho a la intimidad. Materia penal. Principio de dignidad humana. Interés superior del niño. Interés público.
“[E]l respeto a la privacidad debe ser también un principio orientador del entorno digital. El derecho a la privacidad, según el cual nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, es un presupuesto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea que debe ser protegido por la ley y estrictamente promovido en la política pública. Esto está estrechamente ligado a la obligación estatal de crear un ambiente protegido para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, toda vez que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno ejercicio del derecho a comunicarse” (párr. 83).
“[S]egún el artículo 16 de la CDN, ‘ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación’. Igualmente, el artículo 11 de la Convención Americana incluye explícitamente la protección de la vida privada, del domicilio, de las comunicaciones y de la vida familiar. Lo anterior, demuestra la importancia de que los periodistas y profesionales de la prensa observen el derecho a la intimidad de NNA al momento de fotografiarles o entrevistarles, cuya excepción sería únicamente en nombre del interés superior del niño, del interés público, y siempre que haya una autorización” (párr. 129).
“La CDN contiene previsiones en materia de tratamiento de NNA acusados o declarados culpables de infringir las leyes penales. Dichas normas deben ser interpretadas en el contexto del tratamiento de estos hechos por parte de los medios de comunicación, teniendo en consideración que a menudo se consideran como noticias o informaciones de interés público […]. En concordancia con el principio del interés superior del menor ya mencionado, se debe tener en cuenta la edad del niño, así como ‘la importancia de promover la integración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ al tomar decisiones sobre la protección de la imagen de los niños en estas situaciones” (párr. 135).
“Las normas internacionales refieren específicamente a estas hipótesis relativas a menores de edad en conflicto con la ley, y señalan que el interés prevalente y fundamental en este ámbito sería preservar debidamente la dignidad del menor afectado, evitando cualquier situación que pueda causar un daño irreparable a su dignidad y futuro desarrollo como adulto, así como, especialmente, en lo que se refiere a su integración en el marco del sistema social” (párr. 136).
“Las protecciones a la privacidad y dignidad de la niñez no son objetivos opuestos, sino complementarios, y no deben utilizarse para restringir la difusión de opiniones e informaciones de interés público” (párr. 220).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; AUTONOMÍA PROGRESIVA; FACULTAD REGLAMENTARIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; INTERNET; IGUALDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA INTIMIDAD; MATERIA PENAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERÉS PÚBLICO;
Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1-2018Suprema Corte de Justicia de México
La Suprema Corte de Justicia de México, por mayoría, hizo lugar al recuso y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud en su porción normativa “sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos” (jueces Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Zaldívar Lelo de Larrea). Asimismo, ordenó a la COFEPRIS autorizar y regular en lo sucesivo la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis y THC con fines recreativos.
1.  Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Cultivo de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Salud pública. Legislación sanitaria. Autorización administrativa. Derecho a la vida privada y familiar. Alcance. Autonomía personal. Principio de reserva.
“[El artículo 235 de la Ley General de Salud] prevé que el uso de [cannabis] sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo” (párr. 73).
“[La Ley General de Salud], si bien permit[e] el uso del THC y sus variantes estereoquímicas para fines médicos, no elimina el problema de constitucionalidad, pues persiste la prohibición del uso de esa substancia con fines recreativos en el último párrafo del artículo 247” (párrs. 74 y 75).
“[C]on la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (párr. 90).
“[E]n lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis […] y del psicotrópico ‘THC’ […], en conjunto conocido como ‘marihuana’” (párr. 91).
“[A]l emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros” (párr. 93).
2. Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. División de los poderes. Congreso Nacional. Salud pública. Legislación sanitaria. Supremacía Constitucional.
“[E]sta Suprema Corte de Justicia de la Nación exhorta al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros, sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dar mayores lineamientos respecto de las políticas que el legislador, en uso de su libertad política, decida tomar al respecto” (párr. 95).
“[Q]ue el Poder Judicial haya determinado de forma reiterada que una norma es inconstitucional es un hecho que la autoridad emisora, generalmente el Poder Legislativo, debe tomar en serio. Ciertamente, tiene una obligación de analizar con cuidado la norma y las consideraciones de la jurisprudencia”.
“[E]ste diálogo entre Poderes [no puede resultar] un obstáculo para la supremacía constitucional, al contrario. [E]l diálogo contribuye al modelo deliberativo de democracia que establece nuestra Constitución, así como al modelo de separación de poderes que, es cierto, exige pesos y contrapesos, pero también colaboración para cumplir con las finalidades y derechos constitucionales” (voto aclaratorio del juez González Alcántara Carrancá).
ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; SALUD PÚBLICA; LEGISLACIÓN SANITARIA; AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; ALCANCE; AUTONOMÍA PERSONAL; PRINCIPIO DE RESERVA; DIVISIÓN DE LOS PODERES; CONGRESO NACIONAL; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL;
Mahanoy Area School District v. BLCorte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, por mayoría, hizo lugar al recurso y confirmó la sentencia apelada (jueces Breyer, Roberts, Alito, Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett).
1. Libertad de expresión. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Establecimiento educativo. Facultad reglamentaria. Derecho a la vida privada y familiar. Responsabilidad parental. Prueba. Carga de la prueba.
“La regulación del discurso fuera del establecimiento educativo, cuando se suma a su regulación dentro del establecimiento, importa abarcar todo lo que un estudiante diga a lo largo de una jornada de 24 horas. Ello implica que los tribunales deben ser más escépticos con respecto a los esfuerzos de una escuela para regular lo que se diga fuera del establecimiento, dado que de otro modo podría llevar a que un estudiante no pueda pronunciarse con libertad. Cuando se trata de un discurso de contenido político o religioso que se realiza fuera de la escuela o de un programa o actividad escolar, la escuela tendrá una carga probatoria mayor para justificar su intervención”.
“[N]o existen razones para considerar que los padres de [la joven estudiante] hubieran delegado a las autoridades escolares su control sobre [su] comportamiento […] mientras ella se encontraba en [un almacén el fin de semana en que publicó las imágenes]. Además, la vulgaridad en las publicaciones […] contenía un mensaje, una expresión de frustración y una crítica hacia la escuela y la comunidad de porristas. Sumado a ello, la escuela no demostró que efectuara ningún esfuerzo general para prevenir el uso de lenguaje y gestos vulgares de sus alumnos fuera del aula. En conjunto, estos hechos nos llevan a concluir que el interés de la escuela en enseñar buenos modales no es suficiente, en este caso, para sobreponerse al interés de [la estudiante] en ejercer su libertad de expresión”.
“Como dijimos en Tinker, ‘para que el Estado, representado por las autoridades escolares, pueda justificar la censura de una expresión de opinión en particular, debe ser capaz de demostrar que su acción fue causada por algo mas que el mero deseo de evitar la incomodidad y molestia que siempre acompañan a una opinión impopular’” (cfr. voto de los jueces Breyer, Roberts, Alito, Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett).
“Durante la jornada escolar, la escuela debe tener la autoridad suficiente para proteger a todas las personas dentro del establecimiento, y por lo tanto las escuelas deben poder prohibir los discursos de amenaza y acoso […]. Pero incluso cuando los estudiantes estén dentro del establecimiento educativo en horario escolar, no se encuentran privados de su derecho a la libertad de expresión”.
“Mientras la decisión de inscribir a un estudiante en una escuela pública pueda ser considerado como conferirle a la institución autoridad para regular parte de su discurso fuera del establecimiento […], la inscripción no puede ser entendida como una transferencia total de responsabilidad parental sobre el discurso del estudiante. En nuestra sociedad, son los padres y no el Estado quienes tienen la responsabilidad y el deber primordial de criar, educar y formar el carácter de sus hijos” (cfr. voto concurrente de los jueces Alito y Gorsuch).
2.  Libertad de expresión. Derecho de publicar las ideas. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Derecho a la información. Medios de comunicación. Internet. Red social. Interés público.
“Nuestra democracia representativa solamente funciona si protegemos el ‘mercado de ideas’. Este libre intercambio permite una opinión pública informada que, al llegar a los legisladores, da lugar a la sanción de leyes que reflejen la voluntad del pueblo. Esa protección debe incluir la protección de opiniones impopulares, dado que las opiniones populares requieren menor protección”.
“Al dejar de lado el lenguaje vulgar [del discurso de la joven], un oyente escucharía una crítica al equipo de porrismo, a sus entrenadoras y al colegio –en pocas palabras, una crítica a las reglas de una comunidad de la que forma parte–. Esta crítica no involucraba cuestiones que colocaran al discurso fuera de la protección ordinaria de la Primera Enmienda. Las publicaciones […] aunque vulgares, no alcanzaban a representar una provocación […]. Y aunque utilizó palabras y gestos vulgares, su discurso no fue obsceno […]. Por el contrario, […] pronunció el tipo de discurso al que, de ser adulta, la Primera Enmienda brindaría fuerte protección”.
“Debemos considerar además cuándo, dónde y cómo habló [la joven estudiante]. Sus publicaciones aparecieron fuera de horario escolar desde una ubicación externa a la escuela. No identificó a la escuela en sus publicaciones ni se dirigió hacia ningún miembro de la comunidad escolar con lenguaje vulgar ni ofensivo. Además, trasmitió su discurso a través de su celular personal, a una audiencia que consistía de su círculo privado de amigos de Snapchat. Estos aspectos de su discurso, aún cuando este corriera el riesgo de ser conocido por las autoridades escolares, disminuyen el interés de la escuela en castigar los dichos de [la estudiante]” (cfr. voto de los jueces Breyer, Roberts, Alito, Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett).
“[E]xiste una categoría de discurso que en casi todos los casos excede la facultad regulatoria de una escuela pública. Este es el discurso de un estudiante que no se encuentra dirigido de manera expresa ni directa a la escuela ni a sus administradores, docentes o estudiantes, sino que refiere a asuntos de interés público, incluyendo temas delicados como la política, la religión o las relaciones sociales. El discurso sobre tales temas se encuentra en el centro de la esfera de protección de la Primera Enmienda”.
“El presente caso […] solo supuso una crítica (aunque de manera vulgar) a la escuela y a una actividad extracurricular. Un discurso desfavorable sobre una escuela o sobre uno de sus programas es distinto al discurso que critica o burla a un individuo en particular, y […] la justificación de la escuela para castigar los dichos de [la joven] era débil” (cfr. voto concurrente de los jueces Alito y Gorsuch).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; EDUCACIÓN; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; FACULTAD REGLAMENTARIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; RESPONSABILIDAD PARENTAL; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; DERECHO A LA INFORMACIÓN; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; INTERNET; RED SOCIAL; INTERÉS PÚBLICO;
JL v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Violencia sexual. Violación. Derecho a la integridad personal. Prevención e investigación. Debida diligencia. Plazo razonable.
“[E]l artículo 8, al igual que el artículo 3 [prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes], impone a los Estados la obligación positiva de adoptar disposiciones penales que tipifiquen y sancionen de manera efectiva cualquier acto sexual no consentido, que comprende los casos donde la víctima no opone resistencia física, y de implementar de manera concreta estas disposiciones mediante investigaciones y enjuiciamientos efectivos” (cfr. párr. 117).
“[L]a obligación positiva que incumbe al Estado en virtud del artículo 8 de proteger la integridad física de la persona exige, en casos de tal gravedad como la violación, disposiciones penales eficaces, y puede extenderse por tanto a cuestiones relativas a la eficacia de la investigación penal llevada a cabo para implementar dichas disposiciones.
En cuanto a la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva […], se trata de una obligación de medios y no de resultado. Si bien este requisito no exige que todo proceso penal finalice en una condena ni en el dictado de una sentencia determinada, las autoridades judiciales locales en ningún caso deben estar dispuestas a dejar impunes los ataques contra la integridad física y moral de las personas, para preservar la confianza pública en el respeto del principio de legalidad y para evitar cualquier apariencia de complicidad o tolerancia hacia actos ilícitos.
En este contexto, también se encuentra implícita una exigencia de celeridad y debida diligencia. Más allá del resultado del proceso, los mecanismos de protección previstos en el derecho interno deben operar en la práctica dentro de un plazo razonable que permita concluir el examen de fondo sobre los asuntos concretos sometidos a las autoridades” (cfr. párr. 118).
2. Violencia sexual. Prueba testimonial. Víctima. Revictimización. Derecho de defensa. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. Estereotipos de género.
“[L]os Estados deben organizar su proceso penal de manera de no poner en riesgo de manera indebida la vida, libertad o seguridad de los testigos, en particular de las víctimas llamadas a declarar. Por lo tanto, los intereses de la defensa deben ser sopesados con los de los testigos o las victimas que sean llamados a declarar.
[L]a víctima de un delito de carácter sexual suele vivir el proceso penal como un desafío, en particular cuando debe enfrentarse al imputado en contra de su voluntad […]. Por ese motivo, en el marco de procesos penales de esta naturaleza, pueden adoptarse medidas especiales de protección para proteger a las víctimas […]. Las disposiciones en cuestión implican una asistencia adecuada a la víctima durante el proceso penal, con el objetivo de protegerla de una revictimización” (cfr. párr. 119).
“La forma en la que se interroga a una presunta víctima de delitos sexuales debe permitir un justo equilibrio entre su integridad personal y dignidad y el derecho de defensa garantizado al imputado. Si bien el imputado debe poder defenderse cuestionando la credibilidad de la presunta víctima o señalando eventuales inconsistencias en su relato, el contrainterrogatorio no debe ser utilizado como mecanismo para intimidar o humillar a la presunta víctima” (cfr. párr. 128).
“[E]n el caso, la cuestión de la credibilidad de la solicitante era particularmente crucial […]. Sin embargo, [el Tribunal Europeo] no ve cómo la condición familiar de la presunta víctima, sus relaciones sentimentales, su orientación sexual o incluso su elección de vestimenta o sus actividades artísticas y culturales podrían ser relevantes para valorar su credibilidad o la responsabilidad penal de los imputados. En consecuencia, no puede considerarse que estos ataques a la vida privada e imagen de la solicitante se encontraban justificados por la necesidad de garantizar el derecho de defensa de los imputados” (cfr. párr. 138).
3. Violencia de género. Víctima. Revictimización. Sentencia. Estereotipos de género. Derecho a la imagen. Derecho a la vida privada y familiar.
“[L]a obligación positiva de proteger a las presuntas víctimas de violencia de género también impone el deber de proteger su imagen, dignidad y vida privada, inclusive mediante la no divulgación de información y datos personales que no guarden relación con los hechos […]. En este sentido, la facultad de los jueces de expresarse libremente en sus decisiones, que es una manifestación […] del principio de independencia judicial, se encuentra limitada por la obligación de proteger la imagen y la vida privada de los justiciables contra todo ataque injustificado” (cfr. párr. 139).
“[E]l lenguaje y los argumentos empleados por el tribunal de apelaciones transmiten los prejuicios sobre el rol de la mujer que existen en la sociedad italiana, y pueden representar un obstáculo para la protección efectiva de los derechos de las víctimas de violencia de género a pesar de contar con un adecuado marco legislativo” (cfr. párr. 140).
“[L]os procedimientos y las sanciones penales juegan un rol crucial en la respuesta institucional a la violencia de género y en la lucha contra la desigualdad de género. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades judiciales eviten reproducir estereotipos de género en sus decisiones, y que eviten minimizar la violencia de género y revictimizar a las mujeres mediante el uso de un discurso moralizador que pueda desalentar la confianza de las víctimas en el sistema de justicia” (cfr. párr. 141).
VIOLENCIA SEXUAL; VIOLACIÓN; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; PLAZO RAZONABLE; PRUEBA TESTIMONIAL; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; SENTENCIA; DERECHO A LA IMAGEN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
Informe sobre la violación como una vulneración grave, sistemática y generalizada de los derechos humanosRelatoría Especial sobre la violencia contra la mujer
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer ofreció directrices a los Estados sobre la manera de adecuar la figura de la violación y su persecución penal a los estándares internacionales de derechos humanos. Entre sus recomendaciones, señaló que la tipificación de la violación debe centrarse en el concepto de consentimiento y que debe proteger a todas las personas sin discriminación. Asimismo, consideró primordial el acceso a la justicia de las víctimas de violación. En ese sentido, propuso la persecución penal de oficio y la ampliación del período de prescripción de esta figura. Por último, llamó a los Estados a evitar la revictimización durante el proceso penal, en particular en lo relativo a la producción y valoración de la prueba.
1. Violencia sexual. Derecho a la integridad personal. Violación. Tipicidad. Género. No discriminación. Igualdad. Estereotipos de género. Tortura.
“En la actualidad, el marco de derechos humanos y la jurisprudencia internacionales reconocen la violación como una violación de los derechos humanos y una manifestación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas que podría equivaler a tortura. De conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, la violación puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio cuando se dan los demás elementos del crimen” (párr. 9).
“Tradicionalmente, la violación se tipificaba como un delito específico de género consistente en la penetración vaginal de las mujeres solamente. En la actualidad, las normas internacionales de derechos humanos han ampliado el alcance de las disposiciones sobre la violación para abarcar a todas las personas y todos los actos de penetración de carácter sexual” (párr. 67).
“Las disposiciones del derecho penal sobre la violación deben proteger a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Los hombres, los niños y las personas de género diverso también deben estar protegidas por la legislación. Ahora bien, la violación es una forma de violencia de género que afecta predominantemente a las mujeres y las niñas, lo que requiere una aplicación con perspectiva de género de disposiciones neutrales al respecto” (párr. 72).
“Los Estados deben incluir entre las circunstancias agravantes las situaciones siguientes: que el agresor sea o haya sido cónyuge o pareja de la víctima o sea un familiar suyo, o que haya abusado de su poder o autoridad sobre la víctima; que la víctima fuera vulnerable o se pusiera en situación de vulnerabilidad, o fuera menor de edad, o que el acto se cometiera en presencia de un menor de edad; que el acto provocara daños físicos y/o psicológicos a la víctima; que el acto fuera cometido por dos o más personas; y que el acto se cometiera en repetidas ocasiones, con el uso de la violencia o con el uso o la amenaza del uso de un arma” (párr. 90).
“Los Estados deben derogar otras leyes que discriminen a la mujer y que, directa o indirectamente, contribuyan a crear lagunas legales y estereotipos en la tipificación y el enjuiciamiento de los casos de violación” (párr. 114).
2. Violencia sexual. Derecho a la integridad personal. Violación. Tipicidad. Consentimiento. Niños, niñas y adolescentes.
“En los últimos 30 años, la inclusión explícita de la falta de consentimiento en la definición de la violación se ha convertido en un elemento central y constitutivo, como establecen el artículo 36 del Convenio de Estambul, la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y, en cierta medida, el Estatuto de Roma, y como expone el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación general núm. 35 (2017) (párr. 29 e)” (párr. 73).
“Los Estados deben incluir de manera explícita la falta de consentimiento como elemento fundamental de su definición de la violación. El uso de la fuerza o la amenaza de usarla constituyen una prueba clara de la falta de consentimiento, pero la fuerza no es un elemento constitutivo de la violación. Los Estados deben especificar que el consentimiento ha de darse voluntariamente, como resultado de la libre voluntad de la persona, teniendo en cuenta el contexto de las circunstancias que lo rodean. Las relaciones sexuales sin consentimiento deben ser consideradas un delito de violación en todas sus definiciones […].
Las disposiciones penales sobre la violación deben especificar las circunstancias en que la determinación de la falta de consentimiento no se requiere o el consentimiento no puede darse; por ejemplo, cuando la víctima se encuentra en una institución como una cárcel o un centro de detención, o está incapacitada permanente o temporalmente debido al consumo de alcohol y drogas […].
La legislación que tipifica la violación debe establecer que el consentimiento de los menores de 16 años es irrelevante, y que cualquier relación sexual con una persona que no alcance la edad de consentimiento es una violación (violación de menores), en la que no es necesario determinar la falta de consentimiento” (párr. 85).
“Los Estados deben garantizar una educación adecuada a la edad de los niños y adolescentes sobre la autonomía sexual y los derechos humanos, incluida la importancia de comprender la falta de consentimiento (el principio ‘no es no’) y de promover el consentimiento afirmativo (el principio ‘sí es sí’)” (párr. 117).
3. Violencia sexual. Violación. Acceso a la justicia. Debido proceso. Delitos de acción pública. Prescripción.
“En su recomendación general núm. 35 (2017), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a los Estados partes que iniciaran acciones penales de oficio para enjuiciar a los presuntos infractores de manera justa, imparcial, oportuna y rápida. Del mismo modo, el Convenio de Estambul exige a las Partes que garanticen que la investigación y los procedimientos judiciales se lleven a cabo sin demoras injustificadas, teniendo en cuenta los derechos de la víctima en todas las fases del proceso penal, y que el enjuiciamiento de los casos de violación no dependa totalmente de la presentación de una denuncia o demanda por la víctima” (párr. 93).
“El delito de violación debe perseguirse de oficio, sin que las facultades discrecionales de los fiscales sean demasiado amplias, y el inicio de acciones penales no debe depender únicamente de la denuncia de la víctima […]. El enjuiciamiento debe llevarse a cabo sin demoras injustificadas” (párr. 94).
“No se debe establecer ningún plazo de prescripción para iniciar acciones judiciales por delitos de violación, tanto si se cometen en situaciones de conflicto como en tiempos de paz. Cuando existan plazos de prescripción, estos deben prolongarse para permitir la recuperación de las víctimas/sobrevivientes y nunca deben impedir el acceso a la justicia. En el caso de las víctimas infantiles, los plazos de prescripción deben permitir, como mínimo, el inicio de las actuaciones después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad” (párr. 107).
4. Violencia sexual. Violación. Prueba. Carga de la prueba. Prueba testimonial. Victima. Revictimización.
“La aplicación del criterio de prueba del derecho penal, ‘más allá de toda duda razonable’, en los casos de violación está estrechamente relacionada con la definición de violación. Por ejemplo, si la definición de violación requiere la prueba del uso de la fuerza o la coacción, la carga de esa prueba recae en las víctimas, lo que da lugar a la impunidad de los autores, ya que ese delito suele cometerse en privado y puede no provocar daños físicos visibles. Por otra parte, si la definición de violación se basa en la falta de consentimiento, la carga de la prueba se comparte con el autor o se traslada en parte a él, por lo que se requiere un criterio de prueba diferente al de más allá de toda duda razonable” (párr. 95).
“El testimonio de la víctima, sustentado en una evaluación física y psicológica del daño y valorado junto con las pruebas existentes, no debe requerir más corroboración para ser considerado como prueba […].
Los Estados deben adoptar otras medidas para apoyar a la víctima y proteger su intimidad, evitar el contacto entre la víctima y el agresor, permitir que la víctima testifique en la sala del tribunal sin estar presente o, al menos, sin la presencia del presunto infractor (en particular, mediante el uso de las tecnologías de la comunicación), proporcionar asistencia jurídica, facilitar intérpretes cuando sea necesario e informar a las víctimas si el agresor huye o queda en libertad” (párr. 100).
“Las normas sobre las pruebas para iniciar acciones penales deben cambiar significativamente a fin de reducir la impunidad de los autores y aumentar el índice de casos enjuiciados, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas de la revictimización” (párr. 113).
“Los Estados deben proporcionar servicios y apoyo adecuados a las víctimas de violación, como centros de atención urgente a víctimas de violación, órdenes de protección y medidas de ayuda provisionales, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto, incluidas medidas de reparación a las víctimas, de conformidad con las normas e informes internacionales de derechos humanos” (párr. 115).
VIOLENCIA SEXUAL; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; VIOLACIÓN; TIPICIDAD; GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; TORTURA; CONSENTIMIENTO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA; PRESCRIPCIÓN; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN;
AI v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Derecho a la vida privada y familiar. Protección integral de la familia. Adopción. Derecho a la reunificación familiar. Familia biológica. Responsabilidad parental.
“[P]ara un progenitor y su hijo, estar juntos conforma un elemento fundamental de la vida familiar, y las disposiciones internas que se lo impidan constituyen una injerencia en el derecho amparado por el artículo 8 de la Convención […]. Tal injerencia importa un desconocimiento a este artículo a menos que esté ‘prevista por la ley’, persiga uno o más objetivos legítimos […] y pueda considerarse una medida ‘necesaria en una sociedad democrática’” (cfr. párr. 83).
“[E]n caso de separación, la unidad familiar y la reunificación de la familia conforman cuestiones inherentes al derecho al respeto de la vida privada y familiar […]. Por lo tanto, toda autoridad pública que ordenase medidas de ejercicio de responsabilidad parental que restrinjan el derecho a la vida familiar tiene asimismo la obligación positiva de adoptar medidas que permitan la reunificación familiar siempre que sea posible. Además, todo acto de ejercicio de la responsabilidad parental temporal debe ser coherente con su objetivo esencial: reunir a los padres biológicos y al hijo. La obligación positiva de adoptar medidas que permitan la reunificación familiar tan pronto como sea posible se impone a las autoridades competentes desde el inicio de las medidas sobre el ejercicio de la responsabilidad parental y con fuerza cada vez mayor, pero siempre debe ponderarse frente al deber de considerar el interés superior del niño. Además, los vínculos entre los miembros de una familia y las posibilidades de una reunificación exitosa se verán debilitados en caso de imponer obstáculos que impidan la reunión accesible y regular de los interesados” (cfr. párr. 86).
“[S]e debe ejercer un ‘control más riguroso’ sobre las restricciones adicionales al ejercicio de la responsabilidad parental, como las impuestas por las autoridades a los derechos de visita de los padres, y sobre las garantías destinadas a asegurar la protección efectiva de los derechos de los padres y niños al respeto de su vida familiar. De hecho, estas restricciones adicionales representan un riesgo de cortar las relaciones familiares entre los padres y un niño pequeño” (cfr. párr. 89).
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Familia. Protección integral de la familia. Derecho a la reunificación familiar. Derecho a la identidad.
“[E]n los casos en que los intereses del niño y los de sus padres estén en conflicto, el artículo 8 requiere que las autoridades nacionales alcancen un justo equilibrio entre estos intereses y que, al hacerlo, concedan especial importancia al interés superior del niño, que según su naturaleza y gravedad puede imponerse al interés de los padres. En efecto, solo ‘circunstancias totalmente excepcionales’ pueden provocar la ruptura del vínculo familiar” (cfr. párr. 87).
“[E]l margen de apreciación reconocido a las autoridades competentes variará según la naturaleza de las cuestiones controvertidas y la gravedad de los intereses en juego como, por un lado, la importancia de proteger a un niño de una situación considerada muy peligrosa para su salud o su desarrollo y, por otro lado, el objetivo de reunificar a la familia tan pronto como las circunstancias lo permitan” (cfr. párr. 88).
“[D]e manera general, el interés superior del niño exige que se preserven los vínculos entre él y su familia salvo que esta última haya demostrado ser indigna: romper este vínculo es arrancar al niño de sus raíces. En consecuencia, solo circunstancias totalmente excepcionales pueden conducir a la ruptura del vínculo familiar, y se debe hacer todo lo posible para mantener los vínculos personales y, en su caso, para ‘reconstituir’ la familia […].
Existe un importante consenso internacional respecto a que el niño no debe ser separado de sus padres contra su voluntad a menos que las autoridades competentes decidan que esta separación es necesaria a la luz del interés superior del niño, siempre sujeto a revisión judicial y de acuerdo con las leyes y procedimientos aplicables. Además, corresponde a los Estados establecer garantías procesales prácticas y efectivas para asegurar la protección e implementación del interés superior del niño” (cfr. párr. 98).
3. Vulnerabilidad. Trata de personas. Maternidad. Protección integral de la mujer. No discriminación.
“[L]as decisiones controvertidas se adoptaron en un contexto en el que la solicitante era víctima de trata. Si bien las autoridades le brindaron asistencia sanitaria y social […], los tribunales no consideraron la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba al evaluar su aptitud para ser madre y su solicitud de mantener el contacto con sus hijos. Cuando un caso involucra a personas en situación de vulnerabilidad, las autoridades deben prestar especial atención y brindarles una mayor protección” (cfr. párr. 102).
“[D]ada la relevancia de los intereses en juego, correspondía a las autoridades competentes evaluar con mayor profundidad la vulnerabilidad de la solicitante durante el proceso en cuestión” (cfr. párr. 103).
“Además, de las decisiones de los tribunales locales se desprende que la aptitud de la solicitante para ser madre se evaluó sin tener en cuenta su origen nigeriano ni el modelo de vínculo entre padres e hijos que se puede encontrar en la cultura africana, incluso, a pesar de que esto se remarcó con gran fuerza en el informe de expertos” (cfr. párr. 104).
DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; ADOPCIÓN; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; FAMILIA BIOLÓGICA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; FAMILIA; DERECHO A LA IDENTIDAD; VULNERABILIDAD; TRATA DE PERSONAS; MATERNIDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; NO DISCRIMINACIÓN; REVINCULACIÓN;
Guachalá Chimbo y otros v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 11 (dignidad), 13 (acceso a la información), 24 (igualdad ante la ley) y 26 (salud) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación los artículos 1.1 (obligación de respetar y garantizar derechos sin discriminación) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento. Además, concluyó que era responsable por la violación de los artículos 7.6 (recurso efectivo), 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención en relación con su artículo 1.1.
1. Igualdad. No discriminación. Personas con discapacidad. Actos discriminatorios.
“[L]a discapacidad es una categoría protegida por la Convención Americana. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la discapacidad real o percibida de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona a partir de su discapacidad” (párr. 79).
“[L]a discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva” (párr. 85).
“[L]as personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad” (párr. 87).
2. Derecho a la salud. Personas con discapacidad. Principio de progresividad. Ajustes razonables. Vulnerabilidad.
“La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral” (párr. 100).
“[L]a naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección del derecho a la salud incluyen aspectos que tienen una exigibilidad inmediata, así como aspectos que tienen un carácter progresivo […]. [E]n relación con las primeras (obligaciones de exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en general avanzar hacia la plena efectividad de los DESCA” (párr. 106).
“[E]l cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar el derecho a la salud deberá dar especial cuidado a las personas en situación de pobreza. En este sentido, los Estados deberán tomar medidas para que los tratamientos necesarios para prevenir discapacidades no sean una carga desproporcionada para los hogares más pobres” (párr. 148).
“[T]omando en cuenta las circunstancias particulares del presente caso […], los ajustes razonables necesarios para lograr la igualdad material requerían una atención preferente […] mediante el proveimiento gratuito de los medicamentos prescritos para su tratamiento médico y el seguimiento médico adecuado. Al no otorgarle dichos medicamentos, no se tomaron las medidas necesarias para prevenir la aparición de discapacidades y reducir las posibilidades del aumento de las mismas” (párr. 177).
3. Derecho a la salud. Derecho a la información. Personas con discapacidad. No discriminación. Salud mental. Personalidad jurídica. Consentimiento informado. Libertad individual. Sistemas de apoyo.
“El consentimiento informado es un elemento fundamental del derecho a la salud […]. [L]a violación del derecho al consentimiento informado implica no solo una violación del derecho a la salud, sino también al derecho a la libertad personal, el derecho a la dignidad y la vida privada, y el derecho al acceso a la información” (párr. 110).
“[E]l reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad implica no negar su capacidad jurídica y proporcionar acceso [al] apoyo que la persona pueda necesitar para tomar decisiones con efectos jurídicos” (párr. 116).
“La capacidad jurídica adquiere una importancia especial para las personas con discapacidad cuando tienen que tomar decisiones fundamentales en lo que respecta a su salud. En este sentido, someter a una persona con discapacidad a un tratamiento de salud sin su consentimiento informado puede constituir una negación de su personalidad jurídica” (párr. 117).
“[L]a discapacidad real o percibida no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse, y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. En efecto, la discapacidad de un paciente no debe utilizarse como justificación para no solicitar su consentimiento y acudir a un consentimiento por representación” (párr. 120).
“[E]l Estado utilizó la discapacidad de la presunta víctima para justificar que era innecesario su consentimiento informado para el internamiento y administración forzada de tratamientos médicos, lo cual, no solo profundizó las barreras en su entorno que le impedía ejercer sus derechos de manera efectiva, sino que además constituyó discriminación en razón de la discapacidad” (párr. 173).
4. Desaparición forzada de personas. Personas privadas de la libertad. Internación. Salud pública. Prevención e investigación. Responsabilidad del Estado.
“[E]n los entornos institucionales, ya sea en hospitales públicos o privados, el personal médico encargado del cuidado de los pacientes, ejerce un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. Este desequilibrio intrínseco de poder entre una persona internada y las personas que tienen la autoridad, se multiplica muchas veces en las instituciones psiquiátricas […]. Los Estados tienen el deber de supervisar y garantizar que en toda institución psiquiátrica, pública o privada, sea preservado el derecho de los pacientes de recibir un tratamiento digno, humano y profesional, y de ser protegidos contra la explotación, el abuso y la degradación” (párr. 90).
“[E]l desconocimiento del paradero de un paciente que estaba bajo la custodia del Estado, siendo medicado y con una solicitud expresa de vigilancia, demuestra que las autoridades estaban siendo, al menos, negligentes […]. Si bien un paciente puede decidir de forma informada no continuar con un tratamiento, los hospitales deben tomar medidas para prevenir que las personas que se encuentran bajo su cuidado abandonen el centro de salud de forma repentina y sin conocer los riesgos que pudiese implicar no continuar con el tratamiento que estaba recibiendo” (párr. 161).
“En virtud de la posición de garante del Estado frente las personas en su custodia […], existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. Este mismo principio es aplicable a casos donde una persona se encuentra bajo custodia estatal y se desconoce su paradero posterior. Recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados” (párr. 163).
“La circunstancia de que la víctima de este caso no se hallase en un establecimiento ‘cerrado’, en el sentido de que los pacientes no tenían impedida la salida del manicomio, no significa que no haya estado privado de libertad, como tampoco es significativo a este respecto que a ese establecimiento hubiese ingresado voluntariamente o con consentimiento de la madre […]. La libertad de la persona se limita o suprime tanto por medios físicos como químicos y, en el presente caso la víctima se hallaba claramente privada de libertad por medios químicos, según la alta dosis prescripta por la médica tratante”.
“El concepto jurídico de desaparición forzada de personas no exige que los funcionarios públicos hubiesen privado de libertad con el dolo de hacer desaparecer a la persona. Es sabido que en muchos casos ampliamente conocidos este dolo ‘ab initio’ no existe […]. El dolo que se exige en los funcionarios es ‘ex post factum’, o sea, subsecuente a lo que haya sucedido con la víctima y que se ignora”.
“[E]n cada caso es menester evaluar las circunstancias particulares que hagan más o menos verosímil la versión de la ‘salida’ y, en el caso concreto, todos los indicios, marcadamente graves, precisos y concordantes, convergen en la escasísima probabilidad de confirmar esa hipótesis, que no pasa de un mero dicho de quienes supuestamente serían los primeros sospechosos” (voto concurrente del juez Zaffaroni).
5. Desaparición forzada de personas. Derecho a la vida. Prevención e investigación. Tutela judicial efectiva. Derecho a la verdad. Delitos de acción pública. Prescripción. Debida diligencia.
“[L]a obligación de investigar la desaparición de una persona que se encontraba en custodia estatal debe asumirse ex officio; es decir, su inicio no puede estar supeditado a la iniciativa procesal de los familiares de las víctimas” (párr. 188).
“La investigación de lo sucedido al señor Guachalá Chimbo incluye la obligación de determinar la suerte o destino de la víctima y la localización de su paradero. En el presente caso, la búsqueda además debía tomar en cuenta la especial vulnerabilidad en la que se encontraba el señor Guachalá Chimbo al momento de su desaparición” (párr. 190).
“[T]anto el cumplimiento como la ejecución de las sentencias constituyen componentes del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. De igual manera, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución […]. En este sentido, se advierte que, al no haberse realizado acciones investigativas de forma inmediata tras la decisión del Tribunal Constitucional, el recurso de hábeas corpus no tuvo en la práctica ninguna efectividad” (párr. 210).
“[T]oda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad […]. Si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, aquel tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la Convención Americana” (párr. 213).
“[L]a desaparición forzada no es un delito instantáneo, sino permanente o continuo, es decir que tiene un estado consumativo que, tratándose de una omisión, comienza en el momento en que surge el deber de actuar del sujeto activo, o sea, el deber de dar cuenta del paradero o destino de la persona, y se extingue en el momento en que se tiene conocimiento de eso. Hasta que no se produzca este último efecto no comienza a correr la prescripción de la acción penal por el delito de desaparición forzada, de modo que, en el presente caso, el Estado tiene la obligación de investigar y en su caso procesar y penar a sus autores” (voto concurrente del juez Zaffaroni).
IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACTOS DISCRIMINATORIOS; DERECHO A LA SALUD; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; AJUSTES RAZONABLES; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; SALUD MENTAL; PERSONALIDAD JURÍDICA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; LIBERTAD INDIVIDUAL; SISTEMAS DE APOYO; DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; INTERNACIÓN; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO A LA VIDA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DERECHO A LA VERDAD; DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA; PRESCRIPCIÓN; DEBIDA DILIGENCIA;
Vicky Hernández y otras v. HondurasCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Honduras era responsable por la violación de los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4.1 (vida), 5.1 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8.1 (garantías judiciales), 11 (vida privada), 13 (libertad de expresión), 18 (nombre) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 8, 24 y 25 del mismo instrumento. Asimismo, consideró que Honduras era responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 7.a (abstención de cualquier acción o práctica de violencia) y 7.b (debida diligencia) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
1. LGBTIQ. Identidad de género. No discriminación. Igualdad. Actos discriminatorios. Derecho a la identidad. Reconocimiento jurídico.
“[L]a orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención. En consecuencia, el Estado no puede actuar de forma discriminatoria en contra de una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género” (párr. 67).
“[L]a violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha persona se auto-identifica o no con una determinada categoría. Esta violencia, alimentada por discursos de odio, puede dar lugar a crímenes de odio” (párr. 70).
“[L]a identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad, al derecho a la vida privada y a la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. En ese sentido, el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura y malos tratos” (párr. 116).
“[E]l hecho de que [la mujer] no tuviera la oportunidad de reflejar su identidad de género y su nombre elegido en su documento de identidad, de conformidad con su género auto-percibido, tuvo probablemente un impacto significativo en el marco de las investigaciones […]. Además, esa falta de reconocimiento de su identidad de género auto-percibida, pudo, de forma más amplia, fomentar una forma de discriminación y de exclusión social por expresar dicha identidad” (párr. 122).
“[E]l derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género y a que los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de identidad sean acordes o correspondan a la definición que tienen de sí mismos, se encuentra protegido por la Convención Americana […]. Lo anterior significa que los Estados deben respetar y garantizar a toda persona, la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros. En esa línea, lo expresado implica necesariamente, que las personas que se identifiquen con identidades de género diversas deben ser reconocidas como tal. Además, el Estado debe garantizarles que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones en función de esa misma identidad” (párr. 124).
2. LGBTIQ. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Estado de sitio. Suspensión de garantías. Fuerzas de seguridad. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación.
“En relación con la muerte de [la mujer], esta Corte constata, en primer lugar, que la misma tuvo lugar mientras estaba vigente un toque de queda […], horas durante [las que], en principio, las personas debían permanecer en sus casas y solamente las patrullas de policía y fuerzas militares estaban presentes en las calles. En consecuencia, al momento de la muerte de [la mujer], el Estado ejercía un control absoluto de los espacios públicos y de los movimientos de personas en los mismos” (párr. 87).
“Sobre los toques de queda y las suspensiones de garantías en términos generales, corresponde recordar que […] éstas constituyen situaciones excepcionales y que durante su vigencia resulta lícito para el Estado aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a las autoridades a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse” (párr. 88).
“[I]nvestigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad internacional del Estado y […] si se llegare a comprobar cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables, esto implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida […]. [L]a ausencia de mecanismos efectivos de investigación de violaciones del derecho a la vida y la debilidad de los sistemas de justicia para afrontar dichas violaciones pueden propiciar, en los Estados, un clima de impunidad respecto de las mismas, y, en ciertos contextos y circunstancias, pueden llegar a configurar situaciones generalizadas o graves esquemas de impunidad, estimulando y perpetuando, así, la repetición de las violaciones” (párr. 97).
“A lo expresado se suma la obligación reforzada que tienen los Estados de investigar las afectaciones a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos como lo son los colectivos que defienden los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres trans, más aún cuando esas vulneraciones a sus derechos se producen en el marco de un toque de queda en el cual la fuerza pública es la única autorizada a circular por las calles” (párr. 98).
“En el presente caso, el Tribunal constata que, si bien no es posible determinar con toda certeza que en los hechos del caso estuviesen implicados agentes de la policía, existen varios indicios de la participación de agentes estatales en esos hechos que se suman a un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales, que apuntan a una responsabilidad del Estado por una violación al derecho a la vida y a la integridad de [la mujer]” (párr. 100).
3. Prevención e investigación. No discriminación. Garantía de imparcialidad. LGBTIQ. Estereotipos de género. Prostitución. Vulnerabilidad. Debida diligencia. Revictimización.
“[C]uando se investigan actos violentos, como los homicidios, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas que sean razonables para develar si existen posibles motivos discriminatorios. Esta obligación implica que, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer lo que sea razonable de acuerdo con las circunstancias, en aras de recolectar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para descubrir la verdad y emitir decisiones completamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación. La falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios, puede constituir en sí misma una forma de discriminación” (párr. 107).
“[L]as autoridades no tuvieron en cuenta en el marco de la investigación, los elementos que indicaban que el hecho podría estar vinculado con la identidad de género de la víctima, con la circunstancia de que ella era una mujer trans trabajadora sexual. Tampoco se tuvo en cuenta su actividad en defensa de las mujeres trans ni la posible participación de agentes estatales. Asimismo, las autoridades no tuvieron en consideración los indicios que apuntaban a una posible agresión o violencia sexual que podría haber sufrido [la mujer] ni el contexto de discriminación y violencia contra personas LGBTI o el contexto de violencia policial en contra de personas LGBTI particularmente mujeres trans trabajadoras sexuales” (párr. 108).
“[L]os prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. La Corte considera que lo mismo puede ocurrir en casos de estereotipos por la expresión de género e identidad de género” (párr. 114).
“[D]urante la etapa de la investigación del homicidio […], las autoridades hondureñas emplearon de manera sistemática estereotipos y prejuicios de género […]. En efecto, se ha mencionado supra que, en el marco de las diligencias de investigación, se hizo caso omiso de su identidad de género auto-percibida, y no se siguieron las lógicas de investigación de acuerdo a las cuales se podría haber analizado su muerte como una posible manifestación de violencia de género y discriminación debido a su identidad trans femenina” (párr. 121).
4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém Do Pará). Interpretación de los tratados. LGTBIQ. Identidad de género. Debida diligencia.
“[A]tendiendo a una interpretación evolutiva, la Corte estima que el ámbito de aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans, como sucede en este caso” (párr. 133).
“[A]l aplicar este Tratado, [la Corte Interamericana] desarrolló la noción de debida diligencia reforzada. Esto implica aplicar una perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de casos de violencia cometida contra las mujeres, incluyendo la violencia contra las mujeres trans, así como evitar la impunidad crónica que envía un mensaje de tolerancia y permite la repetición de los hechos” (párr. 134).
“[L]os derechos de las mujeres trans se encuentran amparados por la Convención de Belém do Pará […] por una razón de peso: las mujeres trans son mujeres. Lo relevante para su identificación, tal como ya ha señalado la Corte en su jurisprudencia constante, es su autopercepción como tales” (párr. 1, voto concurrente del juez Pazmiño Freire).
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; ACTOS DISCRIMINATORIOS; DERECHO A LA IDENTIDAD; RECONOCIMIENTO JURÍDICO; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; ESTADO DE SITIO; SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PROSTITUCIÓN; VULNERABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; REVICTIMIZACIÓN; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS;
Informe sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de personas afrodescendientesComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofreció directrices a los Estados para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes en un contexto de racismo y discriminación estructural. En su informe, señaló que el principio de igualdad y no discriminación debe pensarse desde un enfoque de interseccionalidad. Asimismo, consideró primordial el acceso a la justicia de las personas afrodescendientes y la eliminación del perfilamiento racial en la actuación policial y judicial. Por último, convocó a los Estados a promover el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la población afrodescendiente en las Américas; en particular en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, cultura, alimentación, propiedad colectiva, medio ambiente sano y recursos naturales, agua potable y saneamiento básico.
1. DESC. Derechos humanos. Igualdad. No discriminación. Afrodescendientes. Desigualdad social. Vulnerabilidad. Derecho a la identidad. Medidas de acción positiva.
“[T]anto los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son derechos humanos indivisibles, que en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación, son imperativos que trasladan a todos los Estados la prohibición de diferencia de trato arbitraria, y la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados” (párr. 8)
“[L]a igualdad y la no discriminación se erigen como principios rectores de los derechos humanos y se correlacionan de forma intrínseca entre sí. La jurisprudencia interamericana, ha señalado que la igualdad se desprende de la naturaleza humana y no se desliga de la dignidad esencial personal, por lo que considera incompatible con la superioridad en privilegios de un grupo humano respecto de otros. Asimismo, la Corte Interamericana ha sido enfática en subrayar que, conforme a lo dispuesto en la CADH, hay una coexistencia indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, y los principios de igualdad y no discriminación” (párr. 26).
“[L]a discriminación estructural y las desigualdades raciales que impactan desproporcionalmente a personas afrodescendientes requieren por parte de los Estados de la región, la implementación de políticas y acciones afirmativas focalizadas en esta población; así como la eliminación de mecanismos, extrínsecos e intrínsecos, que soporten estereotipos basados en el origen étnico-racial; con miras a visibilizar y superar la negación de la persistencia de la discriminación racial en la sociedad actual” (párr. 58).
“[C]omo consecuencia de esa discriminación estructural, persisten patrones de racismo institucional que se reflejan en la invisibilización de grupos históricamente excluidos en los procesos de elaboración de políticas públicas, y consecuentemente, en la negación implícita y explícita de la existencia de esta población como parte de la sociedad. Por consiguiente, el respeto por la autoidentificación de las poblaciones étnico-raciales es el primer paso para el reconocimiento de sus derechos y su efectiva garantía; la falta de identificación de estas profundiza las brechas de desigualdad y la exclusión” (párr. 60).
“[E]l disfrute efectivo de los DESCA de la población afrodescendiente es una condición necesaria para disminuir las brechas existentes de desigualdad y la erradicación de la pobreza que las afecta. De allí que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas de acción afirmativa que incluya específicamente a las personas afrodescendientes dentro de sus políticas sociales y económicas” (párr. 149).
2. Igualdad. No discriminación. Perspectiva de interseccionalidad. Vulnerabilidad. Afrodescendientes. Perspectiva de género. Medidas de acción positiva.
“[L]a interseccionalidad expondría lo que se invisibiliza cuando las categorías como género y raza se conceptualizan separadas unas de otras. De esta manera, los Estados se encuentran obligados a formular políticas públicas con enfoque en derechos humanos y perspectiva interseccional de manera que se reconozca la diversidad étnico-racial de la región, y así garantizar el derecho al desarrollo sostenible en condiciones de igualdad y no discriminación” (párr. 48).
“[R]esulta esencial visibilizar la relación entre diferentes categorías de vulnerabilidad (edad, género, estatus migratorio, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, origen socioeconómico, entre otras) que al interseccionarse con el origen étnico-racial afrodescendiente configuran patrones de discriminación racial estructural. En este entendido, la CIDH reafirma que el análisis de interseccionalidad es clave para la comprensión de las violaciones de derechos humanos contra personas afrodescendientes y permite la construcción de respuestas efectivas y oportunas para la materialización y garantía de sus derechos” (párr. 50).
“[L]a precarización en la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes es una consecuencia de la permanencia del ciclo de pobreza multidimensional y desencadena violaciones interdependientes e interseccionales a sus derechos humanos, y por consiguiente a su propio desarrollo. Este contexto requiere por parte de los Estados medidas de protección integral y holística en todos los niveles y en todos los ámbitos; las cuales deben incluir enfoques de género y de interculturalidad” (párr. 242).
3. Acceso a la justicia. DESC. Igualdad. Afrodescendientes. Tutela judicial efectiva.
“[L]os Estados deben asegurar que todas las personas afrodescendientes tengan pleno acceso a la protección y a recursos efectivos, ante las instituciones de administración de justicia competentes y otras entidades de Estado, contra todo acto de discriminación racial, así como el derecho requerir reparación justa y adecuada por los daños ocasionados por este tipo de actos” (párr. 96).
“[E]xiste una relación directa entre la idoneidad de los recursos judiciales disponibles y la posibilidad real de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, la cual está atravesada por contextos de desigualdad y exclusión estructural que imposibilita que ciertos sectores sociales en condición de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia. Además […], existen obligaciones de remoción de obstáculos económicos que impiden la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las cuales incluyen asistencia jurídica y defensa pública gratuita, la cobertura de los costos del proceso, la accesibilidad a la locación de tribunales o espacios de administración de justicia; así como obligaciones de garantizar el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva” (párr. 97).
“[E]l acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho, por lo que se rige por los principios universales de igualdad y no discriminación, y además es un derecho indispensable para la materialización otros derechos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Por consiguiente, la Comisión insta a los Estados a disponer de los recursos judiciales competentes y necesarios para que la población afrodescendiente pueda acceder a la justicia, de forma efectiva, oportuna e idónea, tomando en consideración apoyos económicos para quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema” (párr. 120).
“[L]os derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos humanos autónomos e interdependientes, exigibles a los Estados de la región de manera directa. En términos generales, existe la obligación atribuible a los Estados, de conformidad con los estándares internacionales en la materia, de garantizar su acceso y disfrute, como una condición ineludible para la satisfacción de otros derechos humanos; de manera especial a grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las desigualdades históricas y estructurales, como es el caso, de las personas afrodescendientes” (párr. 241).
4. Afrodescendientes. Fuerzas de seguridad. Violencia institucional. Derecho penal de autor. Detención de personas. Arbitrariedad. Vulnerabilidad. Perspectiva de género.
“[L]a situación de pobreza y pobreza extrema que enfrentan las personas afrodescendientes dificulta las posibilidades de acceso a la justicia de forma plena y efectiva, obstaculizando el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, colocándoles en situación de desventaja frente al resto de la población, por la exposición más frecuente al crimen y a la violencia institucional” (párr. 100).
“[Q]uienes se encuentran en condiciones de pobreza son de manera desproporcionada objeto de prácticas policiales excesivas, pues el origen étnico-racial, como se ha insistido, junto con la mayor inestabilidad política, social y económica, en algunos países de la región, puede condicionar el uso arbitrario de la fuerza. Al respecto la Comisión ha señalado que la condición de raza a menudo sirve como un indicador y está profundamente relacionada con la pobreza. Dicha situación se traduce en el incremento de multas y arrestos en estas comunidades, creando un círculo vicioso de pobreza y criminalización” (párr. 101).
“La CIDH además observa la existencia de una sobrerrepresentación de las mujeres afrodescendientes en el sistema de justicia penal, lo cual obedece a una suma de factores subyacentes, como el racismo estructural, controles policiales con sesgo racista, la pobreza y consecuentemente la falta de oportunidades educativas y de empleo” (párr. 107).
“El Sistema Interamericano ha sido enfático en el combate del perfilado racial y en el reconocimiento de las reparaciones a las que haya lugar por la comisión de dichos hechos. Recientemente la Corte Interamericana en el caso Acosta Martínez y otros vs. Argentina, condenó al Estado considerando que el arresto y la detención del señor Acosta Martínez no sólo fueron ilegales sino también arbitrarios. De hecho, la Corte destacó que la acción policial estuvo motivada más por el perfil racial que por la sospecha de haber cometido un delito […]. Finalmente, el Estado reconoció que el caso de Acosta Martínez no se trata de un hecho aislado, sino que ‘es paradigmático de la persecución y estigmatización del colectivo afrodescendiente en ese país’. Los hechos del caso se inscriben entonces en un contexto tanto de discriminación racial como de violencia policial contra la población afrodescendiente en Argentina en la época de los hechos, contexto que aún existe en la actualidad” (párr. 116).
5. Afrodescendientes. Género. Perspectiva de interseccionalidad. Acceso a la justicia. Igualdad. No discriminación. Perspectiva de género.
“Sobre la intersección de la situación de mujeres afrodescendientes y el acceso a la justicia, la CIDH ha destacado cómo las mujeres afrodescendientes enfrentan serios obstáculos para acceder a la justicia; reconocer esta situación implica considerar su cosmovisión, realidades particulares, tradiciones culturales, historia singular de discriminación y racismo. La Comisión también ha resaltado que la administración de la justicia en los países mesoamericanos debe contemplar la diversidad cultural y social de las víctimas en el procesamiento de sus casos. El tratamiento homogéneo a las mujeres en los sistemas justicia resulta en una invisibilización de las mujeres afrodescendientes” (párr. 117).
“[L]a CIDH ha llamado la atención sobre los vacíos, irregularidades y deficiencias en la investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia contra mujeres afrodescendientes que conllevan a patrones de impunidad. La Comisión reitera que los sistemas de justicias deben atender las necesidades específicas de las mujeres afrodescendientes quienes han padecido una historia de discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social debido a su género y origen étnico racial, enfrentando desafíos para acceder a instancia de protección judicial” (párr. 141).
“[L]a situación de pobreza que afecta de manera particular a las mujeres afrodescendientes en las Américas impacta de forma directa sus derechos a la igualdad y no discriminación, el acceso a la justicia, acceso y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, económicos, culturales y ambientales. En ese sentido, la CIDH comprende que los datos referenciados evidencian que las mujeres afrodescendientes enfrentan mayores riesgos en una proyección futura, a partir de las condiciones de vida precarias subsisten en la región que les afecta desproporcionalmente. La Comisión hace un llamado a los Estados del hemisferio a formular e implementar políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las niñas y mujeres afrodescendientes incorporando un enfoque interseccional e intercultural” (párr. 142).
DESC; DERECHOS HUMANOS; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; AFRODESCENDIENTES; DESIGUALDAD SOCIAL; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA IDENTIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; FUERZAS DE SEGURIDAD; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; DERECHO PENAL DE AUTOR; DETENCIÓN DE PERSONAS; ARBITRARIEDAD; GÉNERO;
Feilazoo v. MaltaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Malta era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes), 5.1 (detención legal) y 34 (demandas individuales) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Hacinamiento. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. Prueba. Carga de la prueba.
“[L]os malos tratos deben alcanzar un umbral mínimo de gravedad para recaer dentro de la esfera de protección del artículo 3 del Convenio. La valoración de este umbral mínimo es relativa; depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración del maltrato, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima. Además, para determinar si un trato es ‘degradante’ en los términos del artículo 3, se debe analizar si tiene por objeto humillar y menospreciar a la persona involucrada y si este trato ha afectado de manera adversa su personalidad en una forma incompatible con el artículo 3. Sin embargo, la ausencia de este propósito degradante no permite descartar por sí sola una violación al artículo 3 de manera conclusiva” (cfr. párr. 80).
“[E]l Estado debe garantizar que la persona es detenida en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana, y que la forma y método de ejecución de la medida de detención no someten al individuo a sufrimientos de una intensidad que excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención […]. Al evaluar las condiciones de detención, se deberá tener en cuenta el efecto acumulado del conjunto de estas condiciones, así como las denuncias particulares realizadas por el solicitante […]. También deberá considerarse la duración del periodo de detención en dichas condiciones” (cfr. párr. 81).
“La extrema falta de espacio personal en los lugares de detención es un aspecto de gran peso a considerar para determinar si las condiciones de detención denunciadas eran ‘degradantes’” (cfr. párr. 82).
“[A]demás de la necesidad de contar con suficiente espacio personal, existen otros aspectos de las condiciones físicas de detención que son relevantes para evaluar el cumplimiento del artículo 3 […]. Tales factores incluyen la posibilidad de realizar ejercicio al aire libre, el acceso a luz natural o aire, la ventilación del espacio, y el cumplimiento de requisitos sanitarios e higiénicos básicos” (cfr. párr. 83).
“[L]os casos donde se denuncian condiciones de detención inadecuadas no se prestan a una aplicación estricta del principio affirmanti incumbit probatio (quien alega algo debe probarlo), porque en estos casos solo el Estado demandado tiene acceso a información capaz de corroborar o refutar dichas afirmaciones […]. Una vez que la Corte notifica la denuncia del solicitante al Estado, la carga de recolectar y producir la prueba pertinente recae sobre este último. Una falla de su parte en presentar prueba convincente sobre las condiciones materiales de detención puede dar lugar a una presunción favorable sobre las afirmaciones del solicitante” (cfr. párr. 85).
2. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Confinamiento. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de proporcionalidad.
“[S]i bien el confinamiento en un contenedor por sí solo puede no equivaler a un trato inhumano y degradante, la limitada iluminación y ventilación denunciadas por el solicitante son motivo de preocupación. Estas condiciones de confinamiento se habrían agravado por el limitado o inexistente tiempo de ejercicio otorgado […]. No tener acceso al exterior ni tiempo de ejercicio son factores de valor considerable cuando se combinan con las demás condiciones de detención” (cfr. párr. 90).
“[D]urante aquellos setenta y cinco días que estuvo confinado en un contenedor […], pero en especial durante los primeros cuarenta y cinco días de ese período en que ni siquiera podía salir para hacer ejercicio, el solicitante fue sometido a un aislamiento de facto, aunque no fuera de jure. De todas maneras, los principios generales aplicables son los mismos […], en especial, se deben tener en cuenta las condiciones particulares del aislamiento, la severidad de la medida, su duración, el propósito perseguido y sus efectos en la persona involucrada.
Asimismo, la duración del periodo de aislamiento requiere un examen cuidadoso de su justificación, la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada en relación con otras medidas alternativas, las garantías ofrecidas al solicitante contra la arbitrariedad y las medidas adoptadas por las autoridades para asegurarse que las condiciones físicas y psicológicas del solicitante le permitían permanecer en aislamiento” (cfr. párr. 91).
3. Personas privadas de la libertad. Expulsión de extranjeros. Debida diligencia. Razonabilidad. Principio de legalidad. Arbitrariedad.
“El artículo 5 consagra un derecho humano fundamental, que es la protección de la libertad personal contra la injerencia arbitraria del Estado […]. El texto del artículo deja en claro que la protección que confiere es aplicable a todas las personas [y] que ninguna privación de la libertad será licita si no encuadra en uno de los supuestos [previstos por la norma]. Uno de tales supuestos […] permite al Estado controlar la libertad de las personas extranjeras en contextos migratorios” (cfr. párr. 101).
“Sin embargo, cualquier privación de la libertad que encuadre bajo este supuesto estará justificada sólo mientras exista un procedimiento de expulsión o extradición en proceso. Si tales procedimientos no se llevan a cabo con la debida diligencia, la detención dejará de estar justificada” (cfr. párr. 102).
“La privación de la libertad también debe ser ‘lícita’. Cuando se discute la ‘legalidad’ de la detención, incluso cuando se discute si se ha seguido un ‘procedimiento previsto por la ley’, la Convención remite en especial a la legislación nacional y establece la obligación de conformarse a las reglas sustantivas y procedimentales de tales normas, pero requiere además que cualquier privación de la libertad se ajuste al propósito del artículo 5, que es proteger a los individuos contra la arbitrariedad” (cfr. párr. 103).
“Es un principio fundamental que ninguna detención arbitraria pueda ser compatible con el artículo 5.1, y la noción de arbitrariedad […] excede la falta de conformidad con la legislación nacional, de forma que una privación de la libertad puede ser legal de acuerdo a la normativa interna pero aun así arbitraria y por tanto contraria a la Convención […]. Para evitar ser considerada arbitraria, la detención […] debe llevarse a cabo de buena fe; tener un vínculo estrecho con los fundamentos de la detención invocados por el Estado; el lugar y las condiciones de detención deben ser apropiadas; y la duración de la detención no debe exceder lo razonablemente necesario para los fines que persigue” (cfr. párr. 104).
“[L]a única medida que adoptaron las autoridades durante [el período de detención en espera a la deportación] fue escribirles a las autoridades nigerianas para solicitar la emisión de documentos de viaje […]. [E]n estas circunstancias, no puede considerarse que las autoridades hayan actuado de forma activa y diligente en miras a lograr la deportación del solicitante […]. Por lo tanto, las autoridades locales deberían haber tenido en claro […] que la deportación no era factible. Además […], el Estado admitió que la deportación ya se había tornado improbable” (cfr. párrs. 108 y 109).
“Lo anterior permite al Tribunal concluir que los fundamentos de la detención del solicitante –medida adoptada en miras a su deportación– no se mantuvieron válidos durante la totalidad del periodo de privación de la libertad” (cfr. párr. 110).
4. Acceso a la justicia. Debido proceso. Derecho de defensa. Derecho de representación. Defensa técnica ineficaz. Responsabilidad del Estado.
“Debe existir un marco institucional adecuado para garantizar la representación legal efectiva de los usuarios de la defensa pública y la suficiente protección de sus intereses […]. Asignar un defensor para representar a una de las partes del proceso no asegura por sí mismo la eficacia de la defensa técnica […]. También es esencial que el sistema de defensa pública ofrezca a los individuos garantías sustantivas para protegerlos contra la arbitrariedad” (cfr. párr. 125).
“[E]l desarrollo del caso es, en esencia, una cuestión entre la persona defendida y su abogado, sea este un defensor público o un abogado privado, y por lo tanto no puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado salvo circunstancias excepcionales […]. [Sin embargo], los errores de los abogados pueden resultar una defensa técnica ineficaz, y por lo tanto dar lugar a la responsabilidad del Estado, cuando fueran críticos para el acceso a la justicia del defendido e insalvables en la medida que no fueran subsanados por actos de las autoridades o de los mismos tribunales” (cfr. párr. 126).
“En efecto, en el presente caso una abogada fue asignada luego de haberse notificado al Estado demandado de las denuncias en su contra […]. De todas maneras, aquello no fue suficiente para salvaguardar el derecho del solicitante a efectuar una presentación individual ‘de manera efectiva’ […]. Alcanza con remarcar que la defensora del solicitante no mantuvo el contacto regular y confidencial requerido entre abogada y cliente. Más llamativo aún, abandonó su mandato sin informar a su representado (ni al Tribunal) y sin haber obtenido la revocatoria de su designación […]. Como resultado, en incumplimiento de su mandato, no efectuó presentaciones en nombre de su representado cuando le fueron solicitadas, lo que podría haber perjudicado de manera irreparable la situación del solicitante” (cfr. párr. 127).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; CONFINAMIENTO; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DEBIDA DILIGENCIA; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO DE REPRESENTACIÓN; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
EstradaCorte Superior de Justicia de Lima
La Corte Superior de Justicia de Lima hizo lugar parcialmente a la acción y declaró inaplicable el art. 112 del Código Penal peruano al caso. A su vez, ordenó al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud de Perú respetar la decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento de la eutanasia.
1. Libertad. Muerte digna. Autonomía personal. Derecho a la vida.
“La libertad está […] consagrada en nuestra Constitución, ella es también inherente al ser humano y la libertad significa la autonomía de tomar decisiones, incluso la de vivir. Vivir así, no es un deber, ser libre sí lo es y en esa medida puede proyectar su vida, también su muerte. La libertad, empero, es también un bien que puede ser limitado […]. [E]l Estado es un límite a su libertad, pero es también garante de ella. Al ser límite y garante, es posible que legisle, o decida mediante actos concretos esos límites y, estos son excepcionales” (párr. 99).
2. Muerte digna. Autonomía personal. Derecho a la vida. Principio de dignidad humana. Libertad. Principio de proporcionalidad.
“[E]xiste el derecho a una vida digna, que tiene como base a la libertad y autonomía; empero, la misma validez de este concepto, implica que exista el derecho a proyectar su vida y en ese proyecto pensar en su final, lo que la demandante considera; una muerte digna. […] El mismo derecho que sostiene la libertad de vivir o de vivir con libertad, sostiene el derecho a concluirla, si la vida carece de dignidad, de morir cuando aún la vida es digna o de no pasar una situación de indignidad que arrastre a la muerte indefectiblemente” (párr. 105).
“[E]n principio es válido tomar esta doctrina [del doble efecto] para analizar la licitud del suicidio asistido, en tanto, la prohibición absoluta anularía derechos como la dignidad, la autonomía y la libertad, los mismos que deben incluirse en la mensura de la proporcionalidad, considerando además que no existe, como ya hemos señalado derechos absolutos y que el derecho a la vida, igualmente tiene límites o situaciones de excepción” (párr. 136).
“[La] dignidad es un derecho fundamental de primerísimo orden, reconocido también en casi todos los sistemas jurídicos del mundo y que, puede anteponerse al derecho a la vida inclusive, si se considera que el derecho a la vida humana tiene límites, establecidos en la propia ley, mientras que la dignidad, es un derecho que no debería tener límites aceptables en el derecho; sin embargo, no es posible sostener que uno sea excluyente del otro, pues la vida biológica es base para el nacimiento del derecho a la dignidad, aun cuando la dignidad pudiera extenderse hasta más allá de su existencia biológica.
[E]n la medida que, su razón, es el referente o medida de sus derechos, debe reconocerse también su autonomía y su autopercepción de su dignidad, pues la dignidad, si bien es inherente a la persona; desde el derecho y desde el respeto de la sociedad; es también un bien que debe ser percibido por la propia persona que, debe ser dirigido por ella misma para que realmente exista. Así, la discapacidad y el sufrimiento por causa de la enfermedad y la discapacidad puede afectar el derecho a la dignidad, pero solo en su faz de la autopercepción, más no en la faz externa; por consiguiente; debe existir un espacio de disposición de su titular, en uso de su libertad fáctica y jurídica. […] En el caso de la muerte asistida, existiendo una causal distinta al suicidio puro, que es el principio de solidaridad con el dolor ajeno en casos extremos, como el que nos ocupa, esa libertad fáctica pasa a ser un derecho que permite la limitación de esa obligación de protección del Estado, un límite también a su legitimidad para perseguir el delito y una obligación de viabilizar, dentro de un sistema de garantías y atención prestacional” (párr. 179).
3. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. Muerte digna. Libertad.
“La lectura constitucional […] determina la importancia de la dignidad y al punto que precede al derecho a la vida, sin perder de vista que la libertad, en sus diversas expresiones, es también un bien protegido, un derecho fundamental; […] de donde se puede colegir que, por encima de la vida biológica, lo que el Estado protege y promueve es la dignidad de la persona, su libertad, siendo su integridad física (La vida biológica), un aspecto de los derechos de la persona humana” (párr. 150).
“[E]l derecho a la dignidad, determina al juzgador, al derecho y al Estado la máxima protección de la dignidad de las personas, del bien jurídico; vida, de la integridad física y psicológica de las personas y si se establecen límites al bien jurídico; vida, estos deben ser excepcionales […] empero, en el caso de la muerte digna, encontramos que se trata de una condición especial, de afectación de otros derechos fundamentales de la persona, como la dignidad, la autonomía, la libertad, entre otros, situación que es determinante para configurar el nacimiento de un derecho a tomar decisión […]. Este derecho, siendo un derecho derivado de otros derechos, mencionados, si bien no llega a ser un derecho fundamental, es uno que permite abrir esta situación excepcional a la protección penal del derecho a la vida” (párr. 154).
“[L]a eutanasia activa directa, no puede ser un derecho fundamental, sino que solo algunas de sus excepcionales circunstancias puede ser no punible, estableciéndose debidamente la proporcionalidad de las circunstancias de excepcionalidad, por situación extrema, a fin de proteger otros derechos de la persona” (párr. 155).
LIBERTAD; MUERTE DIGNA; AUTONOMÍA PERSONAL; DERECHO A LA VIDA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL;
El Ayoubi y El Azouan Azouz v. EspañaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que España era responsable por la violación del artículo 11, párrafo 1 (derecho a una vivienda adecuada) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
1. Vivienda. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo. DESC. Política pública. Realidad económica. Responsabilidad del Estado.
“El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 11.1).
“La obligación de proveer una vivienda alternativa a los desalojados que la requieran implica que […] los Estados partes tomen todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para satisfacer este derecho. Los Estados partes pueden optar por políticas muy diversas para lograr ese propósito. Sin embargo, cualquier medida adoptada debe ser deliberada, concreta y orientada lo más claramente posible hacia el cumplimiento de este derecho, de la forma más expedita y eficaz posible. Las políticas de vivienda alternativa en el caso de desalojos deben ser proporcionales a la necesidad de las personas afectadas y la urgencia de la situación y deben respetar la dignidad de la persona. Además, los Estados partes deben tomar medidas, de forma coherente y coordinada, para resolver fallas institucionales y causas estructurales de la falta de vivienda” (párr. 12.2).
2. Vivienda. Desalojo. Vulnerabilidad. Derecho a la propiedad. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad.
“Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto y solo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad entre el objetivo legítimo de desalojo y las consecuencias de este sobre las personas desalojadas” (párr. 11.2).
“Cuanto más serio es el impacto en los derechos protegidos por el Pacto, mayor escrutinio ha de prestársele a la justificación otorgada para tal limitación. La disponibilidad de vivienda alternativa adecuada, las circunstancias personales de los ocupantes y sus dependientes, y su cooperación con las autoridades en la búsqueda de soluciones adaptadas a ellos son también factores cruciales en tal examen” (párr. 11.3).
“[L]os desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda” (párr. 12.1).
3. Vivienda. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo. Derecho de propiedad. Principio de proporcionalidad. No discriminación.
“El Comité considera que los Estados partes, con el fin de racionalizar los recursos de sus servicios sociales, pueden establecer requerimientos o condiciones que los peticionarios tengan que cumplir para recibir prestaciones sociales, como una vivienda alternativa. Igualmente, los Estados pueden tomar medidas para proteger la propiedad privada y evitar las ocupaciones ilegales y de mala fe de inmuebles. Sin embargo, las condiciones para acceder a los servicios sociales deben ser razonables y estar cuidadosamente diseñadas, no solo para evitar posibles estigmatizaciones, sino también porque cuando una persona requiere una vivienda alternativa, su conducta no puede ser en sí misma una justificación para que el Estado parte le deniegue vivienda social. Además, la interpretación y aplicación por los tribunales y las autoridades administrativas de normas sobre el acceso a la vivienda social o al alojamiento alternativo deben evitar perpetuar la discriminación y estigmatización sistémicas contra quienes viven en la pobreza y ocupan, por necesidad o de buena fe, predios sin tener el título legal para hacerlo” (párr. 13.1).
“[E]l Juzgado no hizo un balance entre los beneficios de la medida en ese momento, en este caso la protección del derecho a la propiedad de la entidad titular del inmueble, y las consecuencias que esta medida podría tener sobre los derechos de las personas desalojadas. El análisis de la proporcionalidad de un desalojo, por tanto, no solo implica el examen de las consecuencias de la medida sobre las personas desalojadas, sino también la necesidad del autor de recuperar la posesión de la propiedad. Será inevitable distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras, como es el caso actual. Encontrar que un desalojo no es una medida razonable en un momento concreto no significa necesariamente que no se pueda emitir una orden de desalojo contra los ocupantes. No obstante, los principios de razonabilidad y proporcionalidad pueden requerir que la orden de desalojo se suspenda o posponga para evitar exponer a las personas desalojadas a situaciones de indigencia o a violaciones de otros derechos contenidos en el Pacto” (párr. 14.5).
VIVIENDA; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; DESALOJO; DESC; POLÍTICA PÚBLICA; REALIDAD ECONÓMICA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO DE PROPIEDAD;
VCL y AN v. Reino UnidoTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Reino Unido era responsable por la violación del artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado) y 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Trata de personas. Servidumbre. Trabajo esclavo. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Debida diligencia. Medidas de acción positiva. Responsabilidad del Estado. “[T]anto el tráfico nacional como transnacional de seres humanos, con independencia de si está o no relacionado con la delincuencia organizada, entra en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio [SM v. Croacia]. De esta manera, no es necesario identificar si el trato denunciado por el peticionario constituye ‘esclavitud’, ‘servidumbre’ o ‘trabajo forzoso [u] obligatorio’ [Rantsev v. Chipre y Rusia]” (cfr. párr. 148). “La conducta examinada sólo puede dar lugar a una cuestión en virtud del artículo 4 del Convenio si están presentes todos los elementos constitutivos de la definición de trata contenida en el artículo 3.a) del Protocolo de Palermo y en el artículo 4.a) del Convenio contra la Trata (a menudo descritos como ‘acción’, ‘medios’ y ‘finalidad’, aunque no es necesario demostrar los ‘medios’ en el caso de un niño). Concretamente, si una situación incluye todos los elementos constitutivos [de la definición de trata] es una cuestión de hecho que debe examinarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes del caso […]. De la misma manera, si un individuo se ofrece voluntariamente para trabajar es una cuestión de hecho que debe examinarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes. No obstante, el Tribunal ha dejado manifiestamente claro que cuando un empresario emplea su poder abusivamente o se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de sus trabajadores para explotarlos, éstos no trabajan voluntariamente. Así pues, el consentimiento previo de la víctima no es suficiente para descartar la caracterización del trabajo como trabajo forzoso [Chowdury y otros v. Grecia]” (cfr. párr. 149). “Las obligaciones positivas de los Estados miembros en virtud del artículo 4 del Convenio se deben interpretar a la luz del Convenio contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa y entender que exigen no sólo la prevención sino también la protección de las víctimas y la investigación […]. El artículo 4 implica una obligación positiva específica para los Estados miembros de sancionar y perseguir de manera eficaz cualquier acto destinado a mantener a una persona en una situación de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso u obligatorio […]. Para cumplir con esta obligación, los Estados miembros deben establecer un marco legislativo y administrativo para prevenir y castigar la trata y proteger a las víctimas” (cfr. párrs. 150-151). “En determinadas circunstancias, el artículo 4, al igual que los artículos 2 y 3 del Convenio, puede exigirle a un Estado que adopte medidas operativas con la finalidad de proteger a las víctimas, o a las posibles víctimas de trata. Para que surja una obligación positiva de adoptar medidas en un caso concreto, debe demostrarse que las autoridades conocían, o deberían haber conocido, las circunstancias que originaron una sospecha fundada de que una persona había sido, o corría el riesgo real e inmediato de ser, víctima de trata o de explotación en el sentido del apartado a) del artículo 3 del Protocolo de Palermo y del apartado a) del artículo 4 del Convenio contra la Trata. Cuando así fuere, existirá una violación del artículo 4 del Convenio en tanto las autoridades no tomen las medidas apropiadas en el ámbito de sus competencias para sacar a la persona de esa situación o riesgo” (cfr. párr. 152). “En lo que respecta a la naturaleza de las medidas operativas exigibles por el artículo 4 del Convenio, el Tribunal ha considerado pertinente que el Convenio contra la Trata de Seres Humanos exija a los Estados miembros que adopten una serie de medidas para prevenir la trata y proteger los derechos de las víctimas. Las medidas de prevención incluyen medidas para reforzar la coordinación a nivel nacional entre los distintos organismos de lucha contra la trata y para desalentar la demanda de todas las formas de explotación de personas. Las medidas de protección incluyen facilitar la identificación de las víctimas por parte de personas cualificadas y asistirlas en su recuperación física, psicológica y social” (cfr. párr. 153). “De la misma manera que los artículos 2 y 3, el artículo 4 también conlleva una obligación de procedimiento para investigar situaciones de posible trata. La obligación de investigar no depende de una denuncia de la víctima o de los familiares; una vez que el asunto ha llegado a conocimiento de las autoridades, éstas deben actuar de oficio” (cfr. párr. 155). “De lo anterior se deduce que el marco general de las obligaciones positivas del artículo 4 incluye 1) el deber de establecer un marco legislativo y administrativo para prohibir y castigar la trata; 2) en determinadas circunstancias, el deber de adoptar medidas operativas para proteger a las víctimas, o posibles víctimas de trata; y 3) una obligación procesal para investigar las situaciones potenciales de trata. Generalmente, los dos primeros aspectos de las obligaciones positivas pueden nominarse como sustantivos, mientras que el tercer aspecto designa la obligación procesal (positiva) de los Estados” (cfr. párr. 156). 2. Trata de personas. Víctima. Prueba. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. “Es evidente que no puede deducirse ninguna prohibición general de procesar a las víctimas de trata respecto del Convenio contra la Trata de Personas o de cualquier otro instrumento internacional. De hecho, las disposiciones de ‘no castigo’ del artículo 26 del Convenio contra la Trata, el artículo 8 de la Directiva contra la Trata y el artículo 4, apartado 2, del Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT […] contienen dos calificaciones importantes: la víctima de trata debe haber sido obligada a cometer la actividad delictiva; y, cuando así sea, las autoridades nacionales deben tener derecho, sin estar obligadas, a no someter a juicio. Aunque la coacción no parece ser un elemento necesario para que un niño entre en el ámbito de aplicación del artículo 26 del Convenio contra la Trata de Seres Humanos, o del artículo 8 de la Directiva contra la Trata de Seres Humanos, no existe nada en ninguno de los dos instrumentos que pueda interpretarse como un impedimento para el procesamiento de los niños víctimas de trata en cualquier circunstancia” (cfr. párr. 158). “No obstante, el Tribunal considera que, en determinadas circunstancias, el procesamiento de las víctimas, o de las víctimas potenciales de trata, puede estar en contradicción con el deber del Estado de adoptar medidas operativas con el fin de protegerlas. Esto es, cuando tenga conocimiento, o deba tenerlo, de circunstancias que den lugar a una sospecha fundada de que una persona ha sido objeto de trata. En opinión del Tribunal, el deber de adoptar medidas operativas en virtud del artículo 4 del Convenio tiene dos objetivos principales: proteger a la víctima de trata de nuevos daños y facilitarle su recuperación. Es axiomático que el procesamiento de las víctimas de trata sería perjudicial para su recuperación física, psicológica y social, y podría dejarlas potencialmente vulnerables para volver a ser víctimas de la trata en un futuro. No sólo tendrían que pasar por las dificultades propias de un proceso penal, sino que una condena penal podría crear un impedimento para su posterior integración en la sociedad. Además, la privación de libertad impediría su acceso al apoyo y los servicios previstos en la Convención contra la Trata” (cfr. párr. 159). “La pronta identificación de la víctima o posible víctima de trata es de suma importancia para que el procesamiento de una víctima demuestre el respeto de las libertades garantizadas por el artículo 4. De ello se desprende que, tan pronto como las autoridades tengan conocimiento, o deban tenerlo, de las circunstancias que dan lugar a una sospecha fundada de que una persona sospechosa de haber cometido un delito puede haber sido objeto de trata o de explotación, debe ser evaluada sin demora por personas formadas y cualificadas para tratar con víctimas de trata. Dicha evaluación debe fundamentarse en los criterios identificados en el Protocolo de Palermo y en el Convenio contra la Trata (es decir, que la persona haya sido objeto de un acto de captación, transporte, traslado, acogida o recepción, mediante la amenaza basada en la fuerza u otra forma de coacción, con fines de explotación), teniendo en cuenta específicamente que la amenaza en base a la fuerza y/o coacción no es necesaria cuando la persona es un menor” (cfr. párr. 160). “[D]ado que la condición de una persona como víctima de trata puede afectar a la existencia de pruebas suficientes para el procesamiento […], cualquier decisión debería tomarse, en la medida de lo posible, una vez que el personal cualificado haya realizado una evaluación de la trata. Esto posee una importancia capital cuando se trata de niños. Así pues, dado que los niños son especialmente vulnerables, el Tribunal ha reconocido que las medidas aplicadas por el Estado para protegerlos contra los actos de violencia (que entran en el ámbito de aplicación de los artículos 3 y 8) deben ser efectivas e incluir tanto las medidas razonables para prevenir los malos tratos de los que las autoridades tenían, o deberían haber tenido, conocimiento, como la disuasión efectiva contra las violaciones graves a la integridad personal […]. Dichas medidas deben estar orientadas a garantizar el respeto de la dignidad humana y a proteger el interés superior del menor […]. Dado que la trata amenaza la dignidad humana y las libertades fundamentales de sus víctimas […], de igual manera ocurre con las medidas de protección contra los actos que entran en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio” (cfr. párr. 161). “Una vez que el personal cualificado haya realizado una evaluación de la trata, cualquier decisión judicial posterior tendría que tenerla en cuenta. Si bien el fiscal podría no estar obligado por las conclusiones de dicha evaluación, tendría que tener razones claras, suficientes y coherentes con la definición de trata contenida en el Protocolo de Palermo y en el Convenio contra la Trata para estar en desacuerdo con ella” (cfr. párr. 162). 3. Debido proceso. Prueba. Apreciación de la prueba. Proceso penal. Asistencia letrada. Defensa técnica ineficaz. Niños, niñas y adolescentes. Víctima. “En reiteradas ocasiones, el Tribunal ha enfatizado sobre la importancia que tiene la fase de investigación para la preparación del proceso penal, ya que las pruebas obtenidas durante esta fase determinan el marco en el que se considerará el delito imputado durante el juicio […]. Igualmente, ha reconocido que la persona imputada se encuentra habitualmente en una posición de especial vulnerabilidad durante esa fase del proceso, cuyo efecto aumenta debido a que la legislación sobre el procedimiento penal tiende a ser cada vez más compleja, especialmente en lo relacionado a las normas que rigen la obtención y el uso de las pruebas. En la mayor parte de los casos, esta particular vulnerabilidad sólo puede equilibrarse adecuadamente con la asistencia de un abogado […]. La equidad en los procedimientos judiciales requiere que un imputado pueda hacer valer las garantías específicas asociadas a la asistencia jurídica. De esta forma, el abogado deberá asegurar sin restricciones los aspectos básicos y fundamentales de la defensa de esa persona: discusión del caso, organización de la defensa, recabamiento de pruebas favorables al imputado, preparación del interrogatorio, apoyo al defendido en momentos de dificultad y la verificación de las condiciones de detención” (cfr. párr. 195). “Aunque las víctimas de trata no estén exentas de persecución penal, la condición de una persona como víctima de trata puede afectar a la existencia de pruebas suficientes […] y a la conveniencia de hacerlo en base al interés público […]. Por lo tanto, las pruebas relativas a la condición de víctima de trata son un ‘aspecto fundamental’ de la defensa que ésta debe tener la posibilidad de obtener sin restricciones” (cfr. párr. 196). “[S]i bien la defensa debe estar atenta a los indicadores de la trata, el hecho de que no reconozcan los mismos o no actúen en consecuencia no puede eximir al Estado y a sus agentes de su responsabilidad de hacerlo. [E]l Tribunal ha sostenido, aunque en el contexto del artículo 6.3 c) del Convenio, que las autoridades nacionales competentes están obligadas a intervenir en caso de que el defensor no proporcione una representación efectiva […]. Aunque ninguno de los peticionarios ha invocado dicho artículo, de la jurisprudencia se desprende que el Estado no puede escudarse en las deficiencias del abogado de oficio cuando dichas deficiencias equivalen a una ‘falta manifiesta de representación efectiva’” (cfr. párr. 198). “En el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio, es el Estado el que ostenta la obligación positiva de proteger a las víctimas, así como de investigar las situaciones potenciales de trata. [E]sa obligación positiva se origina por la existencia de circunstancias que den lugar a una sospecha fundada de que una persona ha sido víctima, y no por una denuncia presentada por la víctima potencial o en su nombre […]. Por lo tanto, el Estado no puede depender de la falla de un representante legal o en el hecho de que un imputado, especialmente un menor de edad, no comunique a la policía o a su representante legal que ha sido víctima de trata. [L]os niños víctimas de trata son un grupo especialmente vulnerable que puede no ser consciente de que ha sido víctima de trata, o que puede tener demasiado miedo para revelar esta información a las autoridades […]. En consecuencia, no se les puede exigir que se autoidentifiquen ni se les puede penalizar por no hacerlo” (cfr. párr. 199). “Ni la letra ni el espíritu del artículo 6 del Convenio impiden que una persona renuncie por su propia voluntad, expresa o tácitamente, al derecho a las garantías de un juicio justo. Sin embargo, para que dicha renuncia sea efectiva a los términos del Convenio, debe establecerse de forma inequívoca, no debe ser contraria al interés público y debe ir acompañada de unas garantías mínimas en base a su importancia […]. Además, no debe estar contaminada por la coacción […]. Sobre los acuerdos de culpabilidad y condena, el Tribunal ha sostenido que al no impugnar un cargo penal, un peticionario puede renunciar a su derecho a que se examine el fondo de la causa contra él. Sin embargo, la decisión de aceptar un acuerdo de culpabilidad debe ir acompañada de las siguientes condiciones: a) la negociación deberá aceptarse con el pleno conocimiento de los hechos del caso, de las consecuencias jurídicas y de forma realmente voluntaria; y b) el contenido de la negociación y la equidad en el acuerdo alcanzado entre las partes deben ser objeto de un control judicial suficiente […]” (cfr. párr. 201). “[E]n cada caso concreto, el cumplimiento de las exigencias de un juicio justo debe examinarse teniendo en cuenta el desarrollo del proceso en su totalidad y no sobre la base de una consideración aislada sobre un aspecto o un incidente concreto, aunque no puede descartarse que un factor específico sea tan decisivo que permita apreciar la equidad del juicio en una fase anterior del proceso” (cfr. párr. 205). “Aunque los peticionarios invocaron el artículo 4 del Convenio, el Tribunal no consideró sus casos a través del prisma de las obligaciones positivas del Estado en virtud de dicho artículo. Por el contrario, se limitó a un examen relativamente estrecho. Al desestimar los recursos de ambos peticionarios, el Tribunal de Apelación dejó claro que un imputado dispone de una oportunidad para dar sus instrucciones a sus asesores jurídicos y que sólo ‘en los casos más excepcionales’ el tribunal consideraría apropiado permitir al imputado adelantar nuevas instrucciones sobre los hechos a efectos de un recurso contra la condena […]. En opinión del Tribunal, tal enfoque penalizaría a las víctimas de la trata por no identificarse inicialmente como tales y permitiría a las autoridades ampararse en su propio incumplimiento del deber que les impone el artículo 4 del Convenio de adoptar medidas operativas para protegerlas” (cfr. párr. 208).
TRATA DE PERSONAS; SERVIDUMBRE; TRABAJO ESCLAVO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VICTIMA; PRUEBA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DEBIDO PROCESO; APRECIACION DE LA PRUEBA; PROCESO PENAL; ASISTENCIA LETRADA; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ;
Ramazan Demir v. TurquíaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Turquía era responsable por la violación del artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Libertad de expresión. Derecho a la información. Personas privadas de la libertad. Internet. Condiciones de detención. Cárceles.
“El Tribunal ha reconocido de manera consistente el derecho de las personas a recibir información de interés general […]. [E]l derecho a recibir información en esencia prohíbe que el Estado impida que una persona reciba información que otros deseen o estén dispuestos a comunicar” (cfr. párr. 30).
“El valor de servicio público de Internet y su importancia para el disfrute de los derechos humanos ha sido reconocido [por diversos instrumentos internacionales]. [E]stos desarrollos reflejan el rol fundamental que juega internet en la vida cotidiana de las personas. En efecto, un número creciente de servicios y de información sólo se encuentran disponibles en internet” (cfr. párr. 33).
“Cualquiera fueran los motivos específicos invocados por el solicitante para requerir acceso a internet, no puede ignorarse que además su demanda encuadra sin duda dentro de los objetivos de formación y reinserción que justifican el acceso a internet de las personas detenidas de acuerdo a la normativa interna, en especial dada su profesión jurídica y la naturaleza de los sitios de internet a los que deseaba acceder” (cfr. párr. 37).
“[D]ado que la normativa interna ya preveía el acceso de las personas detenidas a determinados sitios de internet con fines de formación y reinserción, la restricción al acceso del solicitante a los sitios de internet que no contenían más que información jurídica útil para su desarrollo y rehabilitación en función de su profesión y de sus intereses, constituye una injerencia en el ejercicio de su derecho a recibir información” (cfr. párr. 38).
2. Libertad de expresión. Derecho a la información. Internet. Sentencia. Deber de fundamentación. Razonabilidad.
“[C]orresponde a los tribunales locales verificar si los motivos invocados por las autoridades para justificar la medida impugnada resultaban ‘pertinentes y suficientes’ en las circunstancias del caso […]. [P]ara determinar si la necesidad de la medida quedó establecida de manera convincente en el presente caso, se debe prestar especial atención a la fundamentación esgrimida por el juez local al considerar el recurso interpuesto por el solicitante” (cfr. párr. 43).
“Al analizar las sentencias emitidas por las autoridades locales en el presente caso, el Tribunal constata que estas parecen fundarse esencialmente en [su normativa interna] para restringir el acceso del solicitante a los sitios web en cuestión. Sin embargo […], las autoridades no han ofrecido fundamentación suficiente sobre por qué el acceso del solicitante a dichos sitios web no podía considerarse relevante para su formación y reinserción, ni en qué caso el acceso a internet de los detenidos sí estaba autorizado por las disposiciones invocadas” (cfr. párr. 45).
“Ni las autoridades judiciales ni el Estado explicaron por qué la medida impugnada, en las circunstancias particulares del caso, era necesaria en vista al objetivo legítimo de mantener el orden y la seguridad dentro del establecimiento penitenciario y de prevenir el crimen […]. Las medidas necesarias para que los detenidos puedan utilizar internet bajo el control de las autoridades penitenciarias ya habían sido adoptadas, en todo caso, en el marco de los programas de formación y reinserción. Incluso si las consideraciones de seguridad invocadas por las autoridades nacionales fueran consideradas pertinentes […], las jurisdicciones nacionales no efectuaron un análisis detallado de los riesgos de seguridad que habrían resultado del acceso del solicitante a los sitios web mencionados, incluso cuando se trataba de sitios de acceso público y que el solicitante sólo hubiera accedido a estos sitios bajo control de las autoridades y de acuerdo a las condiciones que estas determinaran” (cfr. párr. 46).
“[E]l Estado no ha demostrado que los motivos invocados por las autoridades judiciales para justificar la medida impugnada eran pertinentes ni suficientes, ni que dicha medida fuera necesaria en una sociedad democrática” (cfr. párr. 47).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; INTERNET; CONDICIONES DE DETENCIÓN; CÁRCELES; SENTENCIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RAZONABILIDAD;
Jurcic v. CroaciaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Croacia era responsable por la violación del artículo 14 (no discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en conjunción con el artículo 1 del Protocolo N° 1 (derecho a la propiedad) del mismo instrumento.
1. No discriminación. Género. Actos discriminatorios. Principio de proporcionalidad. Necesidad racional del medio empleado.
“El artículo 14 ofrece una protección contra el trato diferenciado, sin justificación objetiva y razonable, de individuos en situaciones análogas o de similitud relevante. En otras palabras, el requerimiento de demostrar una posición análoga no implica que los grupos comparados sean idénticos […]. [U]na diferencia en el trato es discriminatorio si ‘no tiene justificación objetiva y razonable’, esto es, si no persigue un ‘objetivo legítimo’ o si no existe una ‘relación razonable de proporcionalidad’ entre el medio empleado y el fin que se busca” (cfr. párr. 62).
“[F]uera de las medidas transitorias diseñadas para corregir desigualdades históricas […], deberán presentarse razones de gran peso para que pueda considerarse que una diferencia de trato en razón del sexo es compatible con el Convenio […]. En consecuencia, cuando una diferencia de trato se basa en el sexo, el margen de apreciación reconocido al Estado es estrecho, y en tal situación el principio de proporcionalidad no sólo requiere que la medida elegida se adecue a la realización del fin perseguido, sino que además se debe demostrar que era necesaria según las circunstancias” (cfr. párr. 65).
2. Derecho al trabajo. Género. Estereotipos de género. Igualdad. Actos discriminatorios. Embarazo. Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Protección integral de la mujer.
“[E]l embarazo de una mujer no puede ser considerado de por sí un comportamiento fraudulento. Además, […] las obligaciones económicas impuestas al Estado durante el embarazo de una mujer no pueden constituir por sí mismas razones de suficiente peso como para justificar un trato diferenciado por motivos de sexo” (cfr. párr. 73).
“[A]un cuando la disponibilidad de la persona empleada sea una precondición para la adecuada prestación de un contrato de trabajo, la protección otorgada a una mujer durante su embarazo no puede depender de si su presencia en el trabajo durante la maternidad es esencial para el correcto funcionamiento de su empleador, ni del hecho de que ella se vea temporalmente impedida de realizar el trabajo para el que fue contratada […]. Introducir medidas de protección a la maternidad es esencial para salvaguardar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo” (cfr. párr. 76).
“[S]olicitarle a una mujer información sobre sus planes o posibilidad de embarazo u obligarla a reportar estas cuestiones al momento de una contratación también equivale a una discriminación directa por motivos de sexo” (cfr. párr. 81).
“[L]a Corte no puede más que expresar preocupación por la connotación de las conclusiones de las autoridades locales, que implicaban que las mujeres no deberían trabajar ni buscar trabajo durante su embarazo o ante la mera posibilidad de ello […]. Los estereotipos de género de este tipo presentan un obstáculo serio a la realización de una igualdad de género sustantiva” (cfr. párr. 83).
“Negarse a emplear o a reconocer beneficios laborales a una mujer embarazada a raíz de su situación equivale a una discriminación directa por motivos de sexo, que no puede ser justificada por los intereses económicos del Estado” (cfr. párr. 84).
NO DISCRIMINACIÓN; GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; DERECHO AL TRABAJO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; IGUALDAD; EMBARAZO; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER;
González Etayo v. EspañaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que España era responsable por la violación del artículo 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su aspecto procesal.
1. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación. Prueba.
“[C]uando un individuo afirma de manera argumentada haber sufrido malos tratos a manos de la policía u otros servicios comparables del Estado en contra de lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio, dicha disposición en conjunción con el deber general impuesto al Estado por el artículo 1 del Convenio de ‘reconocer a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos (...) en el Convenio’, exige, implícitamente, que se lleve a cabo una investigación oficial efectiva. Dicha investigación […] debe poder conducir a identificar y, en su caso, sancionar a los responsables. De lo contrario, a pesar de su importancia fundamental, la prohibición legal general de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes sería ineficaz en la práctica y sería posible en ciertos casos que los funcionarios del Estado violaran, con una impunidad casi absoluta, los derechos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción” (párr. 46).
“[L]a gravedad de los delitos denunciados por el demandante merecía una investigación exhaustiva por parte del Estado, que condujera al esclarecimiento de los hechos, a la identificación y, en su caso, a la sanción de los responsables” (párr. 48).
“[C]uando existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades competentes del Estado proceder a una investigación pronta e imparcial” (párr. 60).
2. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Personas privadas de la libertad. Incomunicación. Vulnerabilidad. Control judicial. Prevención e investigación. Prueba.
“Una investigación eficaz es tanto más necesaria cuanto que, como en el presente caso, el demandante se encontraba, durante el período en que se produjeron los presuntos malos tratos, en una situación de total ausencia de comunicación con el mundo exterior, situación que exigía un mayor esfuerzo por parte de las autoridades nacionales para establecer los hechos denunciados […]. [L]a obtención de elementos de prueba adicionales sugeridos por el demandante, y en particular la identificación y la audiencia de los agentes encargados de su vigilancia durante su custodia policial incomunicada, podría haber contribuido al esclarecimiento de los hechos, en uno u otro sentido, como lo exige la jurisprudencia del Tribunal” (párr. 60).
“El Tribunal subraya la situación de especial vulnerabilidad de las personas detenidas en régimen de incomunicación, lo que exige que se adopten medidas adecuadas de control judicial y se apliquen rigurosamente con el fin de evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos” (párr. 62).
“[C]orresponde a los jueces competentes en materia de custodia policial incomunicada adoptar un enfoque más proactivo de las facultades de supervisión de que disponen” (párr. 63).
TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; PRUEBA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; INCOMUNICACIÓN; VULNERABILIDAD; CONTROL JUDICIAL;
X e Y v. RumaniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rumania era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la identidad. Identidad de género. LGBTIQ. Derecho a la integridad personal. Responsabilidad del Estado. Obligaciones de hacer. Interés público.
“[E]l derecho a la vida privada engloba la identidad de género como un aspecto de la identidad personal. Esto concierne a todos los individuos y comprende a las personas transgénero como los solicitantes, quieran o no someterse al tratamiento de cambio de sexo aprobado por las autoridades” (cfr. párr. 106).
“[S]i bien el objetivo esencial del artículo 8 es proteger al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no alcanza con ordenarle al Estado que se abstenga de efectuar injerencias semejantes: a esta obligación de carácter más bien negativo se le adicionan obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo de la vida privada o familiar. [E]l artículo 8 impone a los Estados la obligación positiva de garantizar a sus ciudadanos el derecho al respeto efectivo de su integridad psicofísica. Tal obligación puede importar la adopción de medidas específicas, tales como la implementación de un procedimiento efectivo y accesible en vista de proteger el derecho a la vida privada o la creación de un marco regulatorio que instaure un mecanismo judicial y de ejecución destinado a proteger los derechos de las personas, así como la implementación de estas medidas en el caso concreto” (cfr. párr. 146).
“Los principios generales aplicables a la evaluación de las obligaciones positivas del Estado son comparables a aquellos que rigen la evaluación de sus obligaciones negativas [...]. En ambos casos, se debe tener en cuenta el equilibrio a alcanzar entre el interés general y los intereses particulares del individuo involucrado. Por otra parte, en lo que refiere a la ponderación entre intereses contrapuestos, el Tribunal ha señalado la importancia particular que revisten las cuestiones que hacen a uno de los aspectos más importantes de la vida privada como es el derecho a la identidad de género, ámbito en el que los Estados tienen un margen de apreciación estrecho” (cfr. párr. 148).
2. LGBTIQ. Identidad de género. Derecho a la identidad. Derecho a la integridad personal. Reconocimiento jurídico. Autodeterminación. Registro civil. Tratamiento médico.
“En el presente caso, se desprende de la prueba del expediente que los tribunales locales constataron que los solicitantes eran personas transgénero en base a información detallada sobre sus condiciones psicológicas y médicas, así como su estilo de vida social. En particular, constataron que se habían sometido a tratamientos hormonales y que se habían realizado una vasectomía antes o durante el proceso judicial. A pesar de ello, se negaron a reconocer el cambio de género o autorizar la adecuación de este y otros datos en el registro civil por no haberse sometido a intervenciones quirúrgicas sobre sus órganos genitales [...]. Los tribunales consideraron así que el principio de autodeterminación no era suficiente para hacer lugar a las solicitudes de cambio de género” (cfr. párr. 159).
“[L]os solicitantes no se centraron en particular sobre el efecto esterilizante de la intervención quirúrgica requerida, aunque reconocieron que podía dar lugar a este resultado. En cualquier caso, [...] la intervención quirúrgica de cambio de sexo en órganos genitales que los tribunales les exigía afecta de forma manifiesta la integridad física de los interesados” (cfr. párr. 161).
“[E]n el marco de los procedimientos iniciados, los tribunales locales no fundamentaron en absoluto cuál sería la naturaleza exacta del interés general que exigiría negar el reconocimiento jurídico del cambio de género. Tampoco efectuaron una ponderación entre este interés general y el interés de los solicitantes al reconocimiento de su identidad de género dentro del margen de apreciación concedido, por estrecho que fuera. En estas condiciones, el Tribunal no puede determinar cuáles son los motivos de interés general que condujeron al rechazo de la adecuación entre la identidad de género y su mención correspondiente en el registro civil” (cfr. párr. 164).
“El Tribunal observa en este punto una rigidez en el razonamiento con respecto al reconocimiento de la identidad de género, que colocó a los hombres en una situación inquietante que les provocó, durante un período irrazonable y continuo, sentimientos de vulnerabilidad, humillación y ansiedad. [L]os tribunales locales ubicaron a los solicitantes que no deseaban someterse a una intervención quirúrgica de cambio de sexo en un dilema irresoluble: o se sometían a esta intervención quirúrgica contra su voluntad y renunciaban al ejercicio pleno de su derecho a la integridad física, que surge del derecho a la vida privada [...], o renunciaban al reconocimiento de su identidad de género, que también se enmarca en el derecho a la vida privada. El Tribunal observa aquí un quiebre en el justo equilibrio que deben mantener los Estados entre el interés general y los intereses de las personas involucradas” (cfr. párr. 165).
“Las consideraciones precedentes son suficientes para permitirle al Tribunal concluir que la negación de las autoridades locales al reconocimiento jurídico del cambio de género sin una intervención quirúrgica de cambio de sexo representó una intromisión injustificada en el derecho al respeto de su vida privada” (cfr. párr. 167).
DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA IDENTIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; LGBTIQ; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; OBLIGACIONES DE HACER; INTERÉS PÚBLICO; RECONOCIMIENTO JURÍDICO; AUTODETERMINACION; REGISTRO CIVIL; TRATAMIENTO MÉDICO;
Kargakis v. GreciaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Grecia era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad. Cárceles. Condiciones de detención. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la salud. Derecho a la preservación de la salud. Asistencia médica. Derecho a la integridad personal.
“[E]l deber de cuidar a los reclusos enfermos durante su encarcelamiento impone a los Estados la obligación particular de garantizar que el recluso reciba la atención médica necesaria y de adecuar, en su caso, las condiciones generales de detención a su estado de salud particular” (cfr. párr. 58).
“[L]a falta de atención médica adecuada puede, en principio, constituir un trato contrario al artículo 3 de la Convención […]. El Tribunal exige, en primer lugar, la supervisión médica adecuada del enfermo y la adecuación del tratamiento medico prescripto a su situación particular […]. Además, la diligencia y la frecuencia con la cual la atención médica es dispensada al interesado son dos elementos a tener en consideración para medir la compatibilidad de su trato con las exigencias del artículo 3 de la Convención” (cfr. párr. 59).
“[L]a penitenciaría de Diavata no cuenta con comedor y los reclusos se ven obligados a comer en sus celdas, sentados sobre sus camas. Por otra parte, [el solicitante] afirma que no tenía acceso al patio de ejercicio, que este no estaba adaptado a las necesidades de personas con discapacidad, que su alimentación no era adecuada a su condición de diabético y que debía compartir su celda con fumadores, a pesar de que sus médicos habían recomendado lo contrario” (cfr. párr. 75).
“[L]as condiciones de detención del solicitante, teniendo en especial consideración su discapacidad y la duración de su detención, lo han sometido a dificultades de una intensidad que exceden el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la privación de libertad” (cfr. párr. 76).
2. Acceso a la justicia. Tutela judicial efectiva. Libertad condicional. Excarcelación. Condiciones de detención. Control judicial.
“[S]i el juez de instrucción finalmente decidió la libertad condicional del solicitante, fue solo luego de haber verificado que este ya no corría el riesgo de cometer nuevos delitos. Por otra parte, el juez no efectuó ningún análisis de las condiciones de detención ni de los problemas de salud del solicitante, a pesar de que la fiscalía había remarcado el índice de discapacidad y los problemas cardíacos graves del solicitante, y considerado que la prolongación de su detención en un establecimiento penitenciario podía resultar mortal debido a las malas condiciones de las prisiones griegas” (cfr. párr. 82).
“En el presente caso, el recurso interpuesto por el solicitante […] no le garantizó un remedio efectivo, ya que, más allá de su puesta en libertad, el juez de instrucción no respondió a los agravios del solicitante relativos a sus condiciones de detención” (cfr. párr. 83).
3. Acceso a la justicia. Debido proceso. Plazo razonable. Prisión preventiva. Excarcelación. Complejidad del asunto. Duración del proceso.
“[L]a cuestión de si se ha respetado el derecho ser juzgado en plazo razonable debe evaluarse a la luz de las circunstancias del caso, en particular la complejidad del procedimiento, la manera en la que fue llevada adelante por las autoridades locales y por el solicitante y la dificultad que representaba para este último […]. Al examinar una solicitud de liberación, la complejidad de las cuestiones médicas u otras involucradas pueden ser un factor a tener en cuenta para evaluar el respeto al requisito de ‘plazo razonable’ […]. Sin embargo, la complejidad de un expediente, por excepcional que fuera, no puede eximir a las autoridades locales del cumplimiento de sus obligaciones esenciales en virtud de esta disposición” (cfr. párr. 92).
“En los procedimientos de apelación ante jurisdicciones ordinarias iniciados contra una orden de detención adoptada por un tribunal de primera instancia, las demoras de más de tres o cuatro semanas atribuibles a las autoridades son susceptibles de originar un problema desde el punto de vista de la exigencia de celeridad […], a menos que esta demora se justifique de manera excepcional por las circunstancias del caso” (cfr. párr. 95).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; ACCESO A LA JUSTICIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; LIBERTAD CONDICIONAL; EXCARCELACIÓN; CONTROL JUDICIAL; DEBIDO PROCESO; PLAZO RAZONABLE; PRISIÓN PREVENTIVA; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; DURACIÓN DEL PROCESO;
Lars-Anders Ågren y otros v. SueciaComité para la Eliminación de la Discriminación Racial - CERD
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas consideró que Suecia era responsable por la violación del artículo 5.d) v) (derecho a la propiedad) y 6 (derecho a la protección judicial y acceso a la justicia) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 1. Pueblos indígenas. Propiedad comunitaria. Derecho a la vida. “El Comité recuerda que, en su Recomendación General Nº 23 (1997), exhorta a los Estados partes a que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos” (párr. 6.5). “[C]omo razón de ser de esos principios, la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Su ‘relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras’. A este respecto, la efectividad de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas puede ser también un requisito previo para el ejercicio del derecho a la vida, como tal, y para ‘prevenir su extinción como pueblo’” (párr. 6.6). 2. Pueblos indígenas. Igualdad. No discriminación. Derecho de propiedad. Principio de proporcionalidad. Derecho a la identidad. Debida diligencia. Responsabilidad del Estado. “[P]asar por alto el derecho inherente de los pueblos indígenas a utilizar sus tierras y gozar de derechos sobre estas y no adoptar medidas apropiadas para garantizar en la práctica el respeto de su derecho a dar un consentimiento libre, previo e informado cuando sus derechos puedan verse afectados por proyectos que se lleven a cabo en sus territorios tradicionales constituye una forma de discriminación, ya que anula o menoscaba el reconocimiento, el goce o el ejercicio, por los pueblos indígenas, en igualdad de condiciones con los demás, de los derechos sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales y, por ende, su identidad” (párr. 6.7). “El Comité ha recomendado repetidamente que se adoptara legislación que reconociera y protegiera los derechos tradicionales de los samis sobre la tierra, teniendo en cuenta el carácter esencial de la cría de renos para el modo de vida del pueblo indígena de Suecia, y que se consagrara en la legislación el derecho al consentimiento libre, previo e informado, con arreglo a las normas internacionales” (párr. 6.9). “[E]l Comité considera que, aun cuando el derecho a la propiedad no es absoluto, los Estados partes deben respetar el principio de proporcionalidad al limitar o regular los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, teniendo en cuenta la condición particular de estos pueblos, […] de manera de no poner en peligro la propia subsistencia de la comunidad y de sus miembros” (párr. 6.10). “La prohibición de la discriminación enunciada en la Convención exige que los Estados partes garanticen a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción el goce de iure y de facto de los mismos derechos. Según el artículo 2, párrafo 1 c), cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista. Los Estados deben adoptar medidas positivas para permitir la efectividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya sea eliminando los obstáculos restantes o aprobando legislación y adoptando medidas administrativas específicas para cumplir las obligaciones que les impone la Convención” (párr. 6.13). “[E]n su Recomendación General Nº 23 (1997), el Comité ha exhortado a los Estados Partes a que reconozcan y respeten la cultura, la historia, el idioma y el modo de vida de los pueblos indígenas como un factor de enriquecimiento de la identidad cultural del Estado y a que garanticen su preservación, dado que esta se ha visto y sigue viéndose amenazada. El Comité recuerda que los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra difieren del derecho de propiedad contemplado en el derecho civil, y considera que el pastoreo de renos no es un ‘ejercicio recreativo al aire libre’ […] sino un elemento central de la identidad cultural y medio de vida tradicional de los peticionarios” (párr. 6.14). “De hecho, el reconocimiento de los derechos de las comunidades samis sobre la tierra y su derecho colectivo a la cría de renos, fundados en el uso inmemorial, suponen la obligación de respetar y proteger esos derechos en la práctica. La necesidad de salvaguardar sus culturas y medios de vida son algunas de las razones por las que los Estados partes deberían adoptar medidas concretas para que los samis sean consultados y participen efectivamente en la adopción de decisiones. El Comité recuerda que en su Recomendación General Nº 32 (2009) aclaró que los ‘derechos distintos’ inadmisibles deben distinguirse de los derechos aceptados y reconocidos por la comunidad internacional para asegurar la existencia y la identidad de grupos tales como minorías, pueblos indígenas y otras clases de personas cuyos derechos se aceptan y reconocen también en el marco de los derechos humanos universales. El derecho a las tierras que ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas son derechos permanentes, reconocidos como tales en los instrumentos de derechos humanos, incluidos los adoptados en el ámbito de las Naciones Unidas y sus organismos especializados” (párr. 6.15). 3. Pueblos indígenas. Consulta previa. Consentimiento informado. No discriminación. Responsabilidad del Estado. “El Comité ha reafirmado con frecuencia la concepción de que la falta de consultas apropiadas con los pueblos indígenas puede constituir una forma de discriminación racial y puede quedar comprendida en el ámbito de aplicación de la Convención. El Comité adhiere al enfoque de derechos humanos del consentimiento libre, previo e informado, en tanto norma derivada de la prohibición de la discriminación racial, que constituye la principal causa subyacente de la mayor parte de la discriminación de que son objeto los pueblos indígenas” (párr. 6.16). “[C]orresponde a los Estados partes presentar pruebas de que cumplen esta obligación, ya sea directamente, organizando y realizando consultas de buena fe con la finalidad de llegar a un consenso, o indirectamente, proporcionando garantías suficientes de participación efectiva de las comunidades indígenas y velando por que toda tercera parte tenga debida y realmente en cuenta los argumentos sustantivos planteados por las comunidades indígenas. El Comité considera que, en este contexto, la obligación de consultar es responsabilidad del Estado y no puede delegarse sin supervisión en una empresa privada, mucho menos en la misma empresa que tiene un interés comercial en la explotación de los recursos en el territorio de los pueblos indígenas. Como observó el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, tal delegación a una empresa privada de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, además de que no absuelve al Estado de la responsabilidad que le incumbe en última instancia, puede no ser conveniente e incluso ser problemática, dado que los intereses de la empresa privada son en general fundamentalmente lucrativos y, por lo tanto, no pueden estar en plena consonancia con el interés superior de los pueblos indígenas afectados. En la presente comunicación, al delegar el proceso de consulta en la empresa minera sin garantías efectivas, y no cumplir por ende su deber de respetar los derechos sobre la tierra de la comunidad sami Vapsten de pastores de renos, el Estado parte incumplió sus obligaciones internacionales” (párr. 6.17). “[L]os estudios de impacto ambiental y social deberían formar parte del proceso de consulta con los pueblos indígenas. Estos estudios deberían ser realizados por entidades independientes y técnicamente competentes, con anterioridad al otorgamiento de una concesión para cualquier proyecto de desarrollo o inversión que afecte a los territorios tradicionales. Sobre la base de estos estudios, debe procederse a las consultas desde las primeras fases, antes del diseño del proyecto y no solo cuando haga falta obtener una aprobación, sin la idea preconcebida de que el proyecto debe necesariamente llevarse a cabo, y con una comunicación constante entre las partes. El Comité recuerda que, dado que el Estado parte ha determinado y admitido que existe incertidumbre acerca de las repercusiones en la comunidad sami Vapsten de pastores de renos, este tiene una responsabilidad aún mayor, en el contexto del proceso de otorgamiento de las concesiones, de imponer condiciones estrictas a los estudios y supervisar su realización, con miras a limitar todo lo posible el impacto en la cría de renos. Las autoridades administrativas han invocado la necesidad de establecer un equilibrio entre la actividad minera y la cría de renos. Sin embargo, el procedimiento no lo permite, ya que —según el Estado parte— cuando un prospector ha descubierto un yacimiento potencialmente rentable, el primer paso para iniciar las operaciones mineras es solicitar una concesión de explotación. En la decisión de concesión se determina quién tiene derecho a extraer los metales o minerales y este derecho también se aplica con respecto al propietario y sin su consentimiento; en ello radica la principal finalidad del sistema de concesiones” (párr. 6.18). “El desarrollo y la explotación de los recursos naturales, en tanto interés público legítimo, no permite a los Estados partes eximirse de su obligación de no discriminar a una comunidad indígena que depende de la tierra mediante la aplicación mecánica de un procedimiento de consulta, sin las suficientes garantías o pruebas de que el consentimiento libre, previo e informado de los miembros de la comunidad puede procurarse y conseguirse efectivamente” (párr. 6.20). 4. Propiedad comunitaria. Reparación. Debida diligencia. Revisión judicial. “[E]n los casos en que se ha privado a los pueblos indígenas de las tierras y territorios de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, el Estado parte debería adoptar medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios” (párr. 6.27). “[L]a imposibilidad de obtener una revisión judicial eficaz de una decisión que cuestiona el derecho fundamental de los pueblos indígenas al territorio tradicional es consecuencia de que el Estado parte trate a las comunidades indígenas como particulares propietarios de tierras afectados por operaciones mineras, sin tener debidamente en cuenta el carácter posiblemente irreversible de los efectos que esas operaciones puedan tener en las comunidades indígenas” (párr. 6.28).
PUEBLOS INDÍGENAS; PROPIEDAD COMUNITARIA; DERECHO A LA VIDA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO DE PROPIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO A LA IDENTIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; REPARACIÓN; REVISION JUDICIAL;
STCC 8892-2020Tribunal Constitucional de Chile
El Tribunal Constitucional de Chile declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la expresión “en forma absoluta” contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la ley N° 21.226. 1. Emergencia sanitaria. Juicio oral. Videoconferencia. Debido proceso. Acceso a la justicia. “[L]os juicios mediante plataformas electrónicas se han convertido en el medio que los diferentes Estados han preferido para administrar la justicia en el contexto de la enfermedad por COVID-19, lo cual ha significado ir adoptando un modelo de ‘justicia digital’, que ha transformado la forma en la que desarrollan la actividad jurisdiccional los Tribunales” (párr. 7). “[N]o se contiene en el requerimiento de estos autos un cuestionamiento general y abstracto al uso de herramientas tecnológicas de tipo telemático o videoconferencia para actuaciones procesales. En efecto, el uso de la videoconferencia en actuaciones procesales específicas es, en sí mismo, un avance en materia de acceso a la justicia, en el marco de un sistema jurisdiccional que ya lleva años con tramitación electrónica. Así, no debe dejar de reconocerse que el uso de la video conferencia es una herramienta útil en diversos actos procesales en los cuáles su uso no genera inconvenientes de afectación de garantías del derecho a defensa. Sin embargo, el avance tecnológico y el uso de herramientas informáticas no puede significar el sacrificio ni la degradación de las garantías mínimas del debido proceso, cuya mayor intensidad se manifiesta por necesidad en el sistema procesal, y dentro de él, reconociendo como punto cúlmine de su nivel de garantía al juicio oral penal” (párr. 11). “[L]a legislación ha asumido un nuevo paradigma de justicia digital, mas en cuanto a los principios y formas de manifestación de la misma los estándares específicos no han sido previstos por el legislador, habiéndose limitado a asegurar su desarrollo conforme al debido proceso, siendo misión de este tribunal determinar en un ejercicio de control concreto cuando podría afectarse por legislador y con qué intensidad, para constatar así si concurre o no un vicio que atenta en contra del debido proceso…” (párr. 12). 2. Derecho de defensa. Asistencia letrada. Juicio oral. Videoconferencia. “[L]a Corte ha considerado que la imposibilidad o las limitaciones en el derecho a defenderse personalmente o a través de un defensor impiden que, en los hechos, el imputado cuente con los medios para preparar su defensa, en los términos del artículo 8.2.c de la Convención Americana, lo cual es particularmente relevante en el presente caso, ya que los juicios orales telemáticos implican una limitación importante o significativa en la comunicación con el defensor…” (párr. 16). “De este modo no puede preterirse que la interdicción de la indefensión es un principio general (en nuestro sistema su consagración es sencilla: la defensa letrada no puede ser interferida, es inviolable, es irrenunciable y es elemento del racional y justo procedimiento […]) y que en ese orden toda hipótesis de indefensión puede ser total o parcial, debiendo además agregarse que al estar la actividad jurisdiccional regida por el principio de legalidad del juzgamiento y por el deber de motivación de la sentencia, el derecho de defensa necesariamente debe incluir la asistencia letrada, y se ha sostenido que esa asistencia ha de cumplir las condiciones de ser concreta y efectiva, lo que no se satisface con el mero nombramiento de un abogado defensor […]. Tal asistencia, no puede reducirse a una formal y mera designación de abogado patrocinante ni a un mero consejero distante y virtual mediante mensajería instantánea, sino que […] debe poder concretarse en la ‘acción de estar o hallarse presente’ en la diligencia realizada, con posibilidades ciertas de que esta concurrencia pueda resultar en asesoría efectiva y no un puro formulismo de comparecencia y contemplación, carente de acción y sin significación real” (párr. 17). “[E]l legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad” (párr. 18). “[A]l encomendar a la ley el arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos, se tuvo en consideración el que una materia tan relevante no pudiera ser alterada ni por vía administrativa ni por otro mecanismo, asegurando que las personas que lo requieran, puedan en los hechos ejercer su derecho al asesoramiento y defensa jurídica. [L]o cual incluye también a la degradación de los estándares del derecho a defensa por vía legislativa, en la medida que está dotado de un contenido esencial, que no puede ser sometido a condiciones, exigencias o gravámenes que impidan su libre ejercicio, en función de la garantía del contenido esencial de los derechos del numeral 26° del artículo 19 de la Carta Fundamental” (párr. 29). 3. Videoconferencia. Juicio oral. Derecho de defensa. Principio de inmediación. Principio de contradicción. “[E]l uso de videoconferencia puede generar afectaciones en la dimensión de inmediación formal en el procedimiento…” (párr. 33). “[E]n el caso de marras la cuestión constitucional dice relación con la satisfacción, en el contexto de la utilización de videoconferencias en la audiencia de juicio relativa al caso sublite, del estándar de diferentes principios presentes en torno al debido proceso, todos los cuales deben concurrir de forma absoluta en el desarrollo de cualquier controversia sometida al conocimiento de un tribunal, previamente establecido y competente. Lo anterior se traducirá en el hecho que el defensor pueda ejercitar en el juicio el conjunto de facultades que la ley otorga para percibir los cargos y la prueba, así como para mantener contacto directo y en tiempo real con su representado, ofrecer y presentar la prueba, así como poder expresar de forma clara e ininterrumpida sus fundamentos durante el debate en el desarrollo del juicio” (párr. 35). “[C]omo se colige de la presente sentencia, la contradicción en el proceso penal representa un pilar central, pues significa tanto la presencia ininterrumpida de los jueces durante todo el juicio oral, siendo la ausencia de uno de los jueces causal de nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dicte en el […]. En el mismo sentido, la presencia del fiscal debe ser ininterrumpida, siendo la ausencia de éste también una causal de nulidad en contra de la sentencia definitiva que fuere dictada en el contexto de dicho juicio” (párr. 38). “En el mismo orden, la presencia del acusado al inicio de la audiencia es un requisito indispensable para dar inicio al juicio oral, pues en caso de la ausencia de éste procederá la suspensión de la audiencia […]. A reglón seguido, cabe destacar que será un elemento de la esencia de esta etapa del proceso la comparecencia ininterrumpida del defensor, siendo la ausencia de este también una causal para deducir recurso de nulidad […], lo cual debe ser entendido a la luz de la funcionalidad del pleno ejercicio del derecho a defensa como elemento de validez de la actividad procesal penal, lo cual presupone que ese pleno ejercicio se refiere a las dimensiones formal y material de su ejercicio, pudiendo incluso ser declarado el abandono de la defensa por un ejercicio negligente o insuficiente de la misma” (párr. 38). “[E]l principio contradictorio tiende a cautelar la presencia física de quienes son parte esencial del proceso, cuestión que a propósito de los juicios orales a través de plataformas electrónicas varía, toda vez que la presencia física es reemplazada por la comparecencia virtual, la que está supeditada, en lo relativo a su calidad, intermitencia de la conexión, protección frente a la intromisión de terceros a la red, al servicio otorgado por el prestador de internet, así como a los software de seguridad que el usuario posea, cuestiones todas que dependerán tanto de la capacidad económica del interviniente, o bien de la calidad del servicio entregado por el prestador que corresponda, limitando la posibilidad de que las partes puedan hacer valer sus derechos o intereses legítimos por motivos que les son del todo ajenos, cuestión que también puede afectar a los integrantes del tribunal de juicio oral, que se conectan al juicio telemático de igual forma” (párr. 39). 4. Derecho de defensa. Prueba. Principio de inmediación. Videoconferencia. “Este principio a su vez se manifiesta en el otorgamiento a los sujetos procesales de su derecho a formular los alegatos iniciales para exponer sus pretensiones y defensas […]. Sin embargo, no se agota solamente en ello, pues el derecho a la prueba, a su producción y al examen y objeción de la prueba contraria son además elementos del derecho a defensa eficaz y también de un debido proceso, lo cual incluye como parte esencial la interrogación y la contrainterrogación de los testigos y peritos que se presenten durante el juicio oral…” (párr. 40). “[U]n juicio telemático solo garantiza que es imposible verificar el cumplimiento de esta prohibición de lectura [declaración de testigos y peritos]. En efecto, en una sala de audiencias, el examen de vista a corta distancia permite constatar que no hay lectura, mas en un juicio telemático, la pantalla de un computador puede contener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, incluyendo mensajería instantánea y documentos de texto, que pueden ser leídos mirando la misma pantalla donde está la aplicación de video conferencia, lo cual abre pie a la posibilidad incluso de declaraciones de testigos digitadas en tiempo real, sin que el tribunal tenga como siquiera examinar o precaver tal circunstancia, lo cuál además puede ocurrir respecto de peritajes, haciendo desaparecer el valor y funcionalidad de las reglas de oralidad e inmediación como herramientas de contra examen y escrutinio de probanzas, elemento esencial del derecho a defensa, e impidiendo al tribunal formarse convicción a través del examen de la actitud y expresión corporal real del deponente, que no puede siquiera ser percibida al verse solo su rostro dirigido a la pantalla” (párr. 41). “[L]a dimensión material de la inmediación se ve relativizada y degradada por los juicios telemáticos, pues la transmisión por pantalla y el enfoque solamente en el rostro acompañado de la voz pasa a ser un sucedáneo de la más completa e inmediata percepción presencial, siendo este mecanismo de videoconferencia una suerte de ‘mediación telemática en tiempo real’, también denominable como ‘presencia virtual’ que es tenido en principio por una equivalencia de presencialidad, pero sin los elementos de percepción presencial, pues ni siquiera el campo visual puede ser el mismo y tampoco se puede percibir si se cumple o no la prohibición de lectura de libretos” (párr. 44). “[S]i se excluye –a lo menos parcialmente– la inmediación a consecuencia de que la norma impugnada obliga a hacerlo mediante la mediación telemática, se expone al acusado a un juicio en el cual eventualmente podrá ver vulnerados sus derechos […], al no poder comunicarse directamente y en tiempo real con su defensor, lo que se traduce en no poder interactuar con él en el escrutinio y examen de las pruebas que sostienen la imputación en su contra, privándolo de comunicarle oportunamente circunstancias que sólo él puede observar y constatar” (párr. 45). “[E]l juicio telemático puede resultar en una degradación del principio de inmediación, en la medida que el mismo ‘ordena que el tribunal del juicio perciba a través de sus propios sentidos, de forma directa, sin intermediarios, la información que proviene de la fuente directa donde ésta se encuentra registrada, de modo que no se produzcan mayores filtros interpretativos que el propio y esencial a la fuente de la prueba de que se trate’ […]. De esta forma, inmediación no es solamente presencia ininterrumpida del tribunal, sino que el impedimento de lecturas también es uno de sus elementos” ” (párr. 48). “Por otra parte, inmediación significa ausencia de mediación, sea personal o mediante cosas, incluyendo la lectura y la tecnología. De esa forma, nuevamente se observa que la ‘presencia’ no es real sino ‘virtual’ al no haber sala común en que las personas interactúen por sus propios sentidos sino mediante la web sin una percepción completa y directa. A su vez, el computador y el soporte de la video conferencia son el ‘medio’ que permite el pretendido contacto, que es a su vez parcial, de tal manera que estamos en presencia de una suerte de ‘mediación telemática’ en tiempo real o ‘sincrónica’, que puede significar ‘inmediatez’ en tiempo real pero que en cuanto a sus caracteres dista de ser inmediación procesal en el sentido estricto de su dimensión material. En este sentido, al estimar ‘necesario’ los órganos colegisladores la dictación de una norma legal expresa que autorizara los juicios orales por zoom, reconocieron expresamente que no tenían cobertura legal habilitante suficiente en el Código Procesal Penal, lo cuál debe ser entendido a la luz de la afectación del derecho a defensa respecto de inmediación, oralidad y contradictorio…” (párr. 48). “[U]n proceso penal en única instancia requiere forzosamente de un alto estándar de inmediación, oralidad, escrutinio y contradicción mediante actividad procesal de parte, principios que pasan así a ser necesidades del debido proceso, motivo por el cual en la presente sentencia serán reconocidas como elementos integrantes de la garantía constitucional del debido proceso penal en el sistema chileno plasmado en el Código Procesal Penal. A su vez, si los principios de oralidad, inmediación, unidos al contradictorio hacen necesario resolver en única instancia para no resucitar la superada mediación. Así, la única instancia reconocerá su justificación en el pleno respeto y ejercicio de las garantías de oralidad, inmediación y contradictorio, acompañada además del control horizontal propio de un tribunal colegiado, de tal manera que si todas o bien alguna de dichas garantías se ven degradadas o no se respetan, el juzgamiento penal en única instancia se puede volver ilegítimo, al desaparecer los contrapesos y romperse el fino equilibrio que son necesarios para legitimar la actividad punitiva” (párr. 53). 5. Derecho de defensa. Debido proceso. Declaración de inconstitucionalidad. “[S]i el ejercicio de defensa se ve obstaculizado por un ‘impedimento absoluto’, ello significa que no se puede ejercer de ninguna forma, lo que significa que esa es una hipótesis de indefensión total, cuestión que en el derecho chileno no era necesario proscribir por la Ley N°21.226, pues la interdicción de la indefensión ya es parte de las garantías de la dimensión constitucional del debido proceso penal, además de sancionarse en el Código de diversas formas, dentro de las cuáles cabe mencionar al menos la nulidad de lo obrado en indefensión (sea por vía incidental o recursiva) y el abandono de la defensa” (párr. 55). “[S]i lo buscado por el artículo 9° de la Ley N° 21.226 era reforzar los estándares del derecho a la defensa, amén de dar continuidad al ejercicio de la jurisdicción en esta materia, para una pronta y cumplida administración de justicia, como impone el artículo 76 de la Constitución, de sus normas resulta una paradoja, pues frente a afectaciones calificables como ‘no absolutas’ ni ‘totales’ del ejercicio del derecho a defensa, el precepto cuestionado es una regresión” (párr. 56). “Es decir, la judicatura sí tenía atribuciones ordinarias y suficientes para ponderar afectaciones parciales o ‘no absolutas’ del ejercicio del derecho a defensa ‘en cualquier etapa del procedimiento’, sin necesidad de que se dictara la Ley N° 21.226, que solamente vino a autorizar los juicios telemáticos y en el precepto cuestionado a cercenar la ponderación de impedimentos ‘no absolutos’” (párr. 57). “[E]s evidente que el precepto cuestionado limitó las atribuciones ordinarias que la jurisdicción de cautela tiene en el artículo 10 del Código Procesal Penal, impidiendo la ponderación de impedimentos ‘no absolutos’ para ejercer el derecho a defensa como factor de suspensión de juicios orales y permitiendo la realización de los juicios en todas las otras hipótesis de afectación del derecho a defensa, lo que significa que el legislador ha dispuesto mediante el precepto que se declarará inaplicable validar afectaciones a un derecho a defensa que la Constitución Política proclama como inviolable, deviniendo así en ineficaces, tautológicas y vacuas todas las otras proclamaciones normativas en orden a que los juicios telemáticos han de realizarse con pleno respeto a los derechos fundamentales…” (párr. 58). “Así, declarada la inaplicabilidad caso a caso, y no siendo cuestionada general ni abstractamente la autorización legislativa para juicios orales penales telemáticos, serán los tribunales del fondo los que deberán ponderar si la afectación de derechos y garantías en el caso concreto invocado es o no de la entidad suficiente para determinar si se accede o no a la realización o a la suspensión del juicio oral telemático en el caso específico, en función de lo que se acredite respecto de la degradación o limitación del ejercicio de los derechos del imputado privado de libertad, sobre todo en materia de defensa y debido proceso. Debe tenerse presente además, que la suspensión o el reagendamiento seguirán regidas por las normas del artículo 7 de la misma Ley N° 21.226, lo cual despeja toda duda acerca de la validez de lo que se obre al fijar un estándar expreso y eventualmente suspender en cada caso concreto” (párr. 61). “[L]a declaración de inaplicabilidad del precepto cuestionado se revela como esencial y necesaria para poder dar cumplimiento a los estándares de debido proceso a que el Estado de Chile se encuentra obligado en el sistema penal, ya que solo así se podrán ponderar en sede de recurso de nulidad los impedimentos no absolutos de ejercicio del derecho a defensa…” (párr. 63).
EMERGENCIA SANITARIA; JUICIO ORAL; VIDEOCONFERENCIA; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO DE DEFENSA; ASISTENCIA LETRADA; PRINCIPIO DE INMEDIACION; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRUEBA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Recomendación General Nº 36Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - CERD
El Comité presentó las siguientes recomendaciones para que las fuerzas de seguridad de los 182 países adheridos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial puedan combatir los prejuicios raciales en el desempeño de su labor. 1. No discriminación. Fuerzas de seguridad. Inteligencia artificial. Reconocimiento facial. Migrantes. Personas con discapacidad. Minorías culturales, étnicas o lingüísticas. Detención de personas. Principio de legalidad. Debido proceso. Vulnerabilidad. Revictimización. Uso de la fuerza. Libertad de expresión. Derecho a la privacidad. Medidas de acción positiva. Zonas de frontera. Definición y comprensión del perfil racial “No hay ninguna definición universal de discriminación por perfil racial en el derecho internacional de los derechos humanos. No obstante, al ser un fenómeno persistente en todas las regiones del mundo, diferentes organismos e instituciones internacionales y regionales de derechos humanos han adoptado definiciones de perfiles raciales que tienen los siguientes elementos comunes: a) son cometidos por las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley; b) no están motivados por criterios objetivos o de razonabilidad; c) se basan en motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico o motivos de intersección basados en la religión, sexo o género, orientación sexual e identidad de género, discapacidad y edad, situación migratoria, trabajo u otra situación; d) se utilizan en contextos específicos como control migratorio, actividad delictiva, antiterrorismo u otra actividad que presuntamente viole o puede derivar en violación de la ley” (cfr. párr. 13). “El perfil racial se comete a través de actos o comportamientos tales como las detenciones arbitrarias, registros, controles de identidad, investigaciones y arrestos” (cfr. párr. 14). “A los efectos de esta Recomendación General, la discriminación por perfil racial se entiende tal y como se menciona en el párrafo 72 del Programa de Acción de Durban; es decir, ‘la práctica de los agentes de policía y otros funcionarios encargados del cumplimiento de la ley de basarse, en uno u otro grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico como motivo para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si una persona realiza actividades delictivas’. Por ende, a menudo la discriminación racial se cruza con otros motivos como la religión, el sexo y el género, la orientación sexual y la identidad de género, la discapacidad y la edad, la situación migratoria, el trabajo u otra situación” (cfr. párr. 18). “La elaboración de perfiles raciales por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley también puede incluir, inter alia, redadas, controles fronterizos personalizados, registros domiciliarios, selección de objetivos para vigilancia, operaciones para mantener o restablecer la ley y el orden o decisiones migratorias. Estas acciones pueden darse de diferentes formas en el contexto de operaciones de vigilancia urbana y de lucha contra el terrorismo” (cfr. párr. 19). “La elaboración de perfiles raciales está vinculada a estereotipos y prejuicios que pueden ser conscientes o inconscientes, individuales, institucionales y estructurales. Los estereotipos se configuran como violación del derecho internacional de los derechos humanos cuando se ponen en práctica supuestos estereotipados para quebrantar el disfrute de los derechos fundamentales” (cfr. párr. 20). Principios y obligaciones generales de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial “La práctica en torno al uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas de seguridad viola los principios fundamentales de los derechos humanos, que se fundamentan en: a) la no discriminación por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos otros motivos que se cruzan; b) igualdad ante la ley. También puede violar el debido proceso y el derecho a un juicio justo con las debidas garantías” (cfr. párr. 21). “En virtud del artículo 6 de la Convención, los Estados Partes se encuentran obligados a garantizar una protección efectiva contra todo acto de discriminación racial. En consecuencia, los Estados Partes deben adoptar medidas preventivas con el fin de garantizar que las autoridades e instituciones públicas no se involucren en comportamientos de discriminación racial. Además, el artículo 6 exige que los Estados Partes garanticen recursos efectivos contra cualquier acto de discriminación racial. Los Estados Partes están obligados a garantizar que su ordenamiento jurídico interno contenga mecanismos adecuados y efectivos para corroborar que se ha producido un perfil racial y finalizar dicha práctica. Además, los Estados Partes deben garantizar el derecho a solicitar una reparación o satisfacción equitativa y adecuada por los daños sufridos como consecuencia de la discriminación […]. Deben asegurarse que este derecho se pueda hacer cumplir de manera efectiva. En vista de que en la práctica la elaboración de perfiles raciales afecta comúnmente a miembros de un grupo o colectivos en particular, se anima a los Estados Partes para que consideren la posibilidad de establecer mecanismos para la aplicación colectiva de los derechos en el contexto de la discriminación en base al perfil racial” (cfr. párr. 24). Consecuencias derivadas de la discriminación racial “La discriminación en base al perfil racial y la incitación al odio están íntimamente relacionadas y, por ello, a menudo el Comité ha abordado estas dos formas de discriminación de forma simultanea. La difusión de ideas basadas en el odio racial o étnico, el manejo constante del discurso de odio en los medios de comunicación y el uso de un discurso político racista por parte de los funcionarios públicos contribuyen a exacerbar la discriminación y los estereotipos por parte de las fuerzas de seguridad. Los grupos étnicos víctimas del discurso de odio se convertirán también en objetivo de la discriminación por perfil racial. Por otro lado, el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas de seguridad muestra a los grupos racialmente discriminados como más propensos a cometer delitos, lo que influirá en el discurso público y contribuirá al aumento de la difusión del odio racista” (cfr. párr. 27). “La discriminación racial por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley tiene consecuencias de gran magnitud en todos los niveles de la administración del sistema de justicia, particularmente en el fuero penal. La elaboración de perfiles raciales puede tender a: a) la criminalización excesiva sobre determinadas categorías de personas amparadas por la Convención; b) la consolidación de asociaciones erróneas estereotipadas entre delincuencia y etnia junto con el desarrollo de prácticas abusivas; c) tasas de privaciones de libertad desproporcionadas […]; d) mayor vulnerabilidad […] al uso de la fuerza o abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad; e) la disparidad de los actos de discriminación racial y aquellos delitos motivados por prejuicios y f) un punitivismo más severo por parte de los tribunales contra esas comunidades, entre otros” (cfr. párr. 30). Perfiles algorítmicos, prejuicios y discriminación racial “Con mayor frecuencia, los avances en torno al desarrollo tecnológico han llevado a que las acciones de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley están determinadas o informadas por perfiles algorítmicos. [Estos perfiles] pueden incluir macrodatos, automatización en la toma de decisiones y herramientas o métodos de inteligencia artificial. Si bien estos desarrollos tienen el potencial de aumentar la precisión, la eficacia y la eficiencia de las decisiones y acciones de las fuerzas de seguridad, existe un riesgo importante de que también puedan reproducir y consolidar sesgos y agravar o dar lugar a prácticas discriminatorias. Como consecuencia de la opacidad sobre los análisis de algoritmos y toma de decisiones, particularmente cuando se emplean métodos de inteligencia artificial, los resultados discriminatorios en la elaboración de perfiles a menudo pueden ser menos obvios y más difíciles de detectar que los basados en decisiones humanas y, por tanto, más difíciles de cuestionar. Además de la opacidad, los defensores de los derechos humanos no se encuentran tecnológicamente equipados para identificar estas prácticas de sesgo discriminatorio” (cfr. párr. 31). “Para el sesgo existen varios puntos de partida que podrían integrarse en los sistemas de creación de perfiles algorítmicos. Estos van desde la manera en que se diseñan estos sistemas, las decisiones sobre el origen y el alcance de los conjuntos de datos […], los sesgos sociales y culturales que los desarrolladores pueden incorporar, los modelos de inteligencia artificial en sí mismos y la forma en que los resultados se implementan en la práctica. En particular, cuando los siguientes factores se relacionan con los datos en cuestión, pueden contribuir a ciertos resultados negativos: a) que los datos utilizados incluyan información sobre características protegidas; b) que incorporen la denominada ‘información de representación’. Por ejemplo, los códigos postales indican a menudo y, de forma indirecta, la raza u origen étnico en los casos de zonas segregadas en las ciudades; c) los datos utilizados estén sesgados en contra de un grupo, o que d) los datos utilizados sean de mala calidad, como consecuencia de que estén mal seleccionados, incompletos, sean erróneos o estén desactualizados” (cfr. párr. 32). “Surgen riesgos cuando se utiliza la elaboración de perfiles algorítmicos para determinar la probabilidad de la actividad delictiva en determinadas localidades, por determinados grupos o incluso por personas. La vigilancia predictiva, que presagia la posibilidad de eventos futuros en base a datos históricos, puede fácilmente producir resultados discriminatorios. Particularmente cuando los conjuntos de datos utilizados adolecen de uno o más de los defectos descritos con anterioridad. Por ejemplo, el historial de arrestos en un vecindario puede reflejar prácticas policiales con prejuicios raciales. Si se incorporan a un modelo policial predictivo, estos datos corren el riesgo de encauzar las predicciones futuras en la misma dirección sesgada, lo que lleva a una vigilancia excesiva del mismo vecindario, lo que a su vez puede provocar más arrestos en la misma área, creando un circuito que se retroalimenta de forma peligrosa” (cfr. párr. 33). “Se ha informado sobre la existencia de mecanismos parecidos en los sistemas judiciales. Al aplicar una pena, es común decidir si alguien debe ser enviado a prisión, liberado mediante el pago de una fianza o recibir otra sanción. Por ello, los Estados recurren al uso de perfiles algorítmicos con el fin de predecir las posibilidades de que un individuo pueda cometer uno o más delitos con posterioridad. Las autoridades, con el fin de evaluar el grado de ‘peligro’ que representa la persona, recaban información sobre sus antecedentes penales, sus familiares y amigos, sus condiciones sociales, incluido su historial laboral y académico, todo a partir de una puntuación proporcional elaborada por el algoritmo y que permanece en secreto generalmente” (cfr. párr. 34). “El incremento del uso de tecnologías de reconocimiento y vigilancia facial para rastrear y controlar datos demográficos específicos genera preocupaciones en relación con muchos derechos humanos, incluido el derecho a la privacidad, la libertad de reunión pacífica y asociación, la libertad de expresión y libertad de circulación. Están diseñados para identificar de forma automática a las personas en función de su geometría facial, lo que puede generar patrones de personas en función de motivos discriminatorios como la raza, color, origen nacional o étnico o género. Las cámaras equipadas con tecnología de reconocimiento facial en tiempo real se usan ampliamente con el objetivo de marcar y rastrear a las personas, permitiéndole a los gobiernos y a otros mantener registros de los movimientos de un gran número de individuos, basándose posiblemente en características protegidas. Además, se ha demostrado que la precisión de la tecnología de reconocimiento facial puede diferir según el color, la etnia o el género de las personas clasificadas y que puede derivar en una discriminación” (cfr. párr. 35). “En algunos casos, se emplean algoritmos en las pruebas de ADN para determinar la etnia o nacionalidad de las personas. Los resultados de esta prueba de ADN pueden llevar a la elaboración de perfiles. El Comité observa, en consonancia con la comunidad científica, que no existen vínculos directos entre la composición del ADN de una persona y su origen étnico o nacionalidad. Por lo tanto, el Comité condena el uso de perfiles de ADN por parte de los Estados y las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente en las zonas fronterizas. Además, las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley han utilizado los resultados de la elaboración de perfiles de ADN para hacer afirmaciones falsas de que ciertas minorías étnicas son más propensas a la violencia y, por tanto, han sido objeto de prácticas policiales discriminatorias” (cfr. párr. 36). Recomendaciones del Comité: a) Medidas legislativas y normativas “Los Estados deben desarrollar e implementar leyes y políticas de manera efectiva que definan y prohíban la discriminación en base al perfil racial por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley. [A]segurarse que los organismos encargados del cumplimiento de la ley desarrollen directrices detalladas para las prácticas de detención y registro […], a fin de prevenir la discriminación en base al perfil racial” (cfr. párr. 38-39). “De conformidad con el artículo 6 de la Convención, los Estados deben garantizar a todas las personas que se encuentren en su jurisdicción la protección jurídica y recursos efectivos contra todo acto de discriminación racial que viole sus derechos humanos y libertades fundamentales contrarios a la Convención, así como el derecho de perseguir una reparación o satisfacción equitativa y adecuada por los daños sufridos como consecuencia de dicha discriminación” (cfr. párr. 40). “Se insta a los Estados a que adopten enfoques centrados en las víctimas y coordinen eficazmente los servicios de apoyo a través de la promoción de modelos de cooperación entre las autoridades, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que representan a los grupos que experimentan formas cruzadas de discriminación. El Comité destaca la interconexión entre el artículo 5 a) y el artículo 6 de la Convención y observa que las autoridades judiciales y otros órganos que imparten justicia deben involucrarse y ser consultados en estos procesos para prevenir la perpetuación del efecto de discriminación racial en los procesos penales” (cfr. párr. 41). b) Educación y formación en derechos humanos “Los Estados deben desarrollar programas de capacitación obligatorios y especializados para los organismos encargados del cumplimiento de la ley con el fin de sensibilizar a sus funcionarios sobre el impacto de los prejuicios en su trabajo y puedan demostrar cómo garantizar una conducta carente de sesgo discriminatorio. [L]as capacitaciones deberán evaluarse y actualizarse periódicamente para garantizar que tengan los impactos deseados” (cfr. párr. 42). “La educación y la formación en materia de derechos humanos son fundamentales para garantizar que las fuerzas de seguridad no discriminen. Las instituciones nacionales de derechos humanos, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, pueden desempeñar un papel fundamental en su formación y en la auditoría de nuevas herramientas tecnológicas que puedan llevar a la discriminación, así como la identificación de otros riesgos en la práctica” (cfr. párr. 45). c) Policía comunitaria “Los Estados deben adoptar medidas para garantizar que la información pública de la policía y otros organismos encargados del cumplimiento de la ley esté basada en estadísticas confiables y objetivas y no perpetúe estereotipos y prejuicios contra los grupos étnicos que son víctimas de discriminación” (cfr. párr. 49). d) Datos desglosados “Los Estados deberían recopilar y supervisar periódicamente datos desglosados, de forma cuantitativa y cualitativa, referentes a la manera en la que se aplica la ley pertinente, como controles de identidad, detenciones de tráfico o registros fronterizos, que incluyan información sobre los motivos discriminatorios, incluidas sus formas de intersección, así como el motivo de la acción policial y su resultado. Las estadísticas anónimas generadas por tales prácticas deben ponerse a disposición de la sociedad y discutirse con las comunidades locales. Estos datos deben recopilarse de acuerdo con las normas y principios de derechos humanos, como las normas de protección de datos y sus garantías de privacidad. Esta información no debe utilizarse indebidamente” (cfr. párr. 50). “Los Estados también deben protegerse contra el procesamiento automatizado de datos personales, consistente en el uso de datos personales para evaluar determinados aspectos personales relacionados con una persona física. Particularmente, para analizar o predecir aspectos relacionados con el desempeño de esa persona física en su lugar de trabajo, sobre su situación económica, salud, preferencias personales, intereses, confiabilidad, comportamiento, ubicación o circulación” (cfr. párr. 51). e) Responsabilidad “Los Estados deben generar un mecanismo de denuncia independiente de las fuerzas de seguridad y otras agencias adyacentes para recibir las quejas relacionadas con la discriminación racial y la xenofobia, así como de perfiles raciales y étnicos de ciudadanos. Este organismo tendrá la facultad de investigar con celeridad y eficacia los supuestos casos y trabajará en conjunto con la sociedad civil y los órganos de vigilancia de los derechos humanos. También informará públicamente sobre sus conclusiones, de acuerdo con las normativas de protección de datos y los derechos fundamentales. Este organismo debe tener en cuenta las necesidades especiales de las personas con discapacidad en el caso de discriminación interseccional” (cfr. párr. 52). “Los incidentes de discriminación por perfil racial cometidos por los organismos encargados del cumplimiento de la ley deben investigarse eficazmente conforme a las normas internacionales de derechos humanos, los responsables deben ser procesados y, si son condenados, deben ser sancionados con las penas apropiadas debiéndose otorgar una indemnización a las víctimas” (cfr. párr. 54). “Los Estados deben garantizar que los altos funcionarios responsables de los organismos encargados del cumplimiento de la ley promuevan políticas y prácticas no discriminatorias dentro de sus organismos y supervisen rigurosamente la conducta de su personal, haciéndolo responsable de las faltas de conducta por parte del mecanismo de supervisión interno e independiente” (cfr. párr. 55). “Los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y órganos de igualdad, las organizaciones civiles y los miembros de la sociedad deberían tener la posibilidad de denunciar las prácticas discriminatorias de los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Los miembros de la sociedad deberían poder presentar denuncias a través de mecanismos independientes” (cfr. párr. 57). f) Inteligencia artificial “Los Estados deben asegurar el total cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos relacionadas con los sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos utilizados con fines de aplicación de la ley. Así pues, antes de proveerse o desplegar dichos sistemas, los Estados deberían adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean acordes para determinar su propósito y regular con la mayor precisión posible los parámetros y salvaguardias que eviten violaciones de derechos humanos. En particular, estas medidas deben tener como objetivo evitar que el despliegue de estos sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos socave el derecho a no ser discriminado, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la presunción de inocencia, los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho a la intimidad, la libertad de circulación, libertad de reunión pacífica y asociación, protección ante un arresto arbitrario y otras intervenciones y el derecho a un recurso efectivo” (cfr. párr. 58). “Antes de emplear la tecnología de reconocimiento facial, los Estados deben evaluar cuidadosamente su impacto en los derechos humanos […]. [L]os Estados deberían considerar un período piloto bajo la supervisión de un organismo independiente que integre a personas que representen la composición diversa de la población, y pueda mitigar cualquier caso de identificación errónea y elaboración de perfiles según el color de piel” (cfr. párr. 59). “[L]os sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos implementados con fines policiales deben diseñarse para ser transparentes y permitir que los investigadores y la sociedad civil puedan acceder a su cifrado para su escrutinio. Debería haber una evaluación y un seguimiento continuos del impacto de esos sistemas en los derechos humanos a lo largo de todo su ciclo de vida, y los Estados deberían tomar las medidas de mitigación adecuadas si se identifican riesgos o daños a los derechos humanos […]. [D]ebería incluir evaluaciones de impacto comunitario. Los grupos potencialmente o realmente afectados, junto con los expertos de mayor relevancia, deben ser incluidos en los procesos de evaluación y mitigación” (cfr. párr. 60). “Los Estados deberían tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la transparencia en el uso de sistemas de perfiles algorítmicos. Esto incluye la pública divulgación de su uso junto con explicaciones suficientes sobre la forma en que funcionan, qué conjuntos de datos se están utilizando y qué medidas existen para prevenir o mitigar los daños a los derechos humanos” (cfr. párr. 61). “Los Estados deben implementar medidas para garantizar que los órganos de supervisión independientes tengan el mandato de auditar el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte del sector público y evaluarlas en función de los criterios desarrollados conforme a la Convención; para garantizar que no están consolidando las desigualdades ni generando resultados discriminatorios. Los Estados también deben asegurarse de que el funcionamiento de dicho sistema sea monitoreado y evaluado regularmente, a fin de identificar las deficiencias y tomar las medidas correctivas necesarias. Cuando el resultado de la evaluación indica un alto riesgo de discriminación u otras violaciones de derechos humanos, los Estados deben tomar medidas para evitar el uso de dicha tecnología” (cfr. párr. 62). “Los Estados deben asegurarse de que todos los casos de sesgo algorítmico sean debidamente investigados y sancionados” (cfr. párr. 65). “[L]as empresas que desarrollan, venden u operan sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos con fines de aplicación de la ley tienen la responsabilidad de involucrar a personas de diversas disciplinas como la sociología, las ciencias políticas, la informática y el derecho para definir los riesgos y garantizar el respeto de los derechos humanos. Como parte del cumplimiento de esta responsabilidad, los Estados deben alentar a las empresas a llevar a cabo procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos…” (cfr. párr. 66). “En el proceso de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos, las empresas deben prestar especial atención a los factores relacionados con los datos descritos en el párrafo anterior. La selección de datos de capacitación y el diseño de sus modelos deben realizarse de manera que se eviten resultados discriminatorios y otros impactos adversos sobre los derechos humanos. Además, las empresas deben buscar la diversidad, la equidad y otros medios de inclusión en la fuerza laboral mediante el desarrollo de sistemas de perfiles algorítmicos. Las empresas también deben estar abiertas a auditorías de terceros independientes de sus sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos. Cuando se haya evaluado que el riesgo de discriminación u otras violaciones de los derechos humanos es demasiado alto o imposible de mitigar, incluso debido a la naturaleza del uso previsto o previsible por parte de un Estado, los agentes del sector privado no deben vender ni implementar un sistema de elaboración de perfiles algorítmicos” (cfr. párr. 67).
NO DISCRIMINACIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; INTELIGENCIA ARTIFICIAL; RECONOCIMIENTO FACIAL; MIGRANTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; DETENCIÓN DE PERSONAS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; REVICTIMIZACIÓN; USO DE LA FUERZA; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA PRIVACIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; ZONAS DE FRONTERA; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Recomendación General Nº 38Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW
El Comité presentó las recomendaciones con el fin de aclarar la obligación de combatir la discriminación contra las mujeres y las niñas, y crear las condiciones adecuadas para que puedan gozar plenamente de sus derechos. De la misma manera, estableció las orientaciones prácticas para llevar a cabo intervenciones contra la trata basadas en un enfoque que incorpora una perspectiva de género e interseccional como prioridad estratégica. Asimismo, instó a los Estados partes a detectar, ayudar y proteger a las víctimas supervivientes de la trata, impedir su revictimización y garantizar su acceso a la justicia. 1. Trata de personas. Género. Igualdad. No discriminación. Violencia de género. Explotación sexual. Violencia sexual. Niños, niñas y adolescentes. Prostitución. Víctima. Vulnerabilidad. Estereotipos de género. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Zonas de frontera. Expulsión de extranjeros. Personas con discapacidad. Minorias culturales, étnicas y religiosas. Pueblos indígenas. Apátrida. Refugiado. Acceso a la justicia. Revictimización. Debido proceso. Debida diligencia. Asistencia letrada. Interés superior del niño. Asistencia médica. Trabajo. Principio de no devolución. Emergencia sanitaria. Internet. Red social.
Marco jurídico “[L]a discriminación contra las mujeres y las niñas abarca la violencia de género, cuya prohibición se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario. El Comité reconoce la naturaleza específicamente de género de las diversas formas de trata de mujeres y niñas y sus consecuencias, entre otras cosas respecto de los daños sufridos, y reconoce también que la trata y la explotación de la prostitución de mujeres y niñas es indudablemente un fenómeno que hunde sus raíces en la discriminación estructural por razón de sexo, que constituye violencia de género y que con frecuencia se ve agravado en los contextos del desplazamiento…” (párr. 10). “[L]a realidad de la trata de mujeres y niñas va más allá del alcance del Protocolo contra la Trata de Personas, como es el caso reciente de las tendencias y el papel de la tecnología de la información y las comunicaciones, los medios sociales y las aplicaciones de mensajería en la captación de mujeres y niñas y su explotación. El Comité reconoce que la definición de trata de personas no se restringe a aquellas situaciones en que se ha recurrido a la violencia física o se ha privado a la víctima de la libertad personal. [E]l abuso de una posición de vulnerabilidad y el abuso de poder son los medios más comunes utilizados para cometer el delito de la trata y que las víctimas suelen ser objeto de múltiples formas de explotación” (párr. 12). “Los Estados partes tienen la obligación jurídica de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención a toda persona que esté bajo su autoridad o control efectivo, aunque no se encuentre en sus respectivos territorios. La obligación directa de los Estados partes de prevenir, investigar, enjuiciar y castigar los actos de trata de mujeres y niñas y de ofrecer reparación a las víctimas se extiende a los actos u omisiones de todos los autores, incluidos particulares, familiares y parejas, agentes y funcionarios estatales, organizaciones y empresas, así como agentes no estatales, incluidos los grupos terroristas armados” (párr. 17). Causas fundamentales de la trata de mujeres y niñas “Descubrir, atacar y eliminar las siguientes causas fundamentales es un componente clave de la obligación de los Estados partes de prevenir la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial: a) la discriminación de género sistémica que crea las injusticias económicas y sociales que sufren de manera desproporcionada las mujeres y las niñas; b) las situaciones de conflicto y las emergencias humanitarias, incluido el consiguiente desplazamiento; c) la discriminación en los regímenes de migración y asilo; y d) la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata” (párr. 18). Injusticia socioeconómica “La trata de mujeres y niñas tiene sus raíces en la discriminación por razón de sexo y género, la desigualdad estructural por razón de género y la feminización de la pobreza. Las mujeres y las niñas más vulnerables a la trata son las que pertenecen a grupos marginados, como las que viven en zonas rurales y remotas, las pertenecientes a comunidades indígenas y de minorías étnicas, las mujeres y niñas con discapacidad, las mujeres y niñas en situación de migración irregular, así como las desplazadas, apátridas o en riesgo de apatridia, las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo, incluidas aquellas cuyas solicitudes han sido rechazadas, las mujeres y niñas que viven en situaciones de conflicto o de posconflicto o que proceden de ellas y las niñas privadas de cuidados o en acogimiento, y su vida se caracteriza por una grave privación de sus derechos” (párr. 20). “Las mujeres y las niñas siguen siendo el principal objetivo de los tratantes para formas específicas de explotación, debido a la omnipresencia y la persistencia de las desigualdades de género y edad que dan lugar a que la condición económica, social y jurídica de las mujeres y las niñas sea inferior a la que disfrutan los hombres y los niños. En el origen de la trata de mujeres y niñas se pueden hallar violaciones de todos los derechos contemplados en la Convención, las cuales deben solventarse como parte de un enfoque transformador que empodere a las mujeres y las niñas mediante la promoción de la igualdad de género y de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales…” (párr. 21). Discriminación en los regímenes de migración y asilo “Las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata en todas las etapas del ciclo migratorio: en tránsito, en los centros de acogida y alojamiento, en las fronteras y en los países de destino. Además, a su regreso, pueden sufrir represalias y revictimización” (párr. 22). “Las políticas de migración y asilo discriminatorias o específicas para cada sexo que establecen medidas como un mayor control de fronteras, la denegación de entrada, la devolución sumaria, la expulsión o la detención limitan la circulación de las mujeres y las niñas que huyen de crisis y zonas de conflicto. También aumentan su vulnerabilidad a todas las formas de explotación, en particular en los puntos de tránsito…” (párr. 24). “[L]a violencia de género contra las mujeres y las niñas es una de las principales formas de persecución que estas sufren y puede ser motivo para concederles la condición de refugiadas y permisos de asilo o residencia por motivos humanitarios […]. [L]as mujeres y las niñas refugiadas son muy vulnerables a la trata y necesitan protección internacional, especialmente contra la devolución” (párr. 25). “Las disposiciones neutras en cuanto al género en las políticas migratorias de los Estados contribuyen a limitar el acceso de las mujeres a vías de migración segura y regular y a oportunidades de trabajo regular y decente en los países de tránsito y de destino. La capacidad de las mujeres para migrar se ve aún más restringida por los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, la discriminación y la explotación en la contratación, la falta de trabajo decente disponible y la limitada información fiable sobre la migración. Asimismo, las migrantes se enfrentan a la discriminación indirecta a raíz de las leyes de migración que establecen requisitos tales como unos ingresos mínimos obligatorios para obtener un visado. Dado que las mujeres suelen trabajar en empleos mal remunerados e inseguros, es difícil que algunas de ellas satisfagan esos criterios” (párr. 26). “Un número desproporcionado de mujeres migrantes tienen empleo informal y precario, en particular en sectores clasificados como ‘poco calificados’, como los servicios de cuidados, domésticos y de manufactura. En esos sectores, las normas y políticas de migración específicas para cada sexo se entrecruzan con la discriminación racial y perpetúan los estereotipos de sexo sobre qué constituye ‘trabajo de mujeres’ y la discriminación contra las mujeres. Esos mercados laborales segregados por género no ofrecen condiciones de trabajo decentes y seguras, porque forman parte de la economía informal no regulada o, cuando están regulados, ofrecen menos protección que los sectores que cumplen normativas nacionales” (párr. 28). Demanda que propicia la explotación y conduce a la trata “La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. Las pertinaces normas y estereotipos sobre la dominación masculina y la necesidad de imponer el control o poder masculino hacen insoslayables los roles patriarcales de género y el sentimiento de superioridad, la coacción y el control sexuales por parte de los hombres, lo que alimenta la demanda de explotación sexual de las mujeres y las niñas […]. La necesidad de atajar la demanda que propicia la explotación sexual reviste especial importancia en el contexto de la tecnología digital, que expone a las posibles víctimas a un mayor riesgo de ser objeto de trata” (párr. 30). Uso de la tecnología digital en la trata “Las tecnologías digitales ofrecen nuevas posibilidades de tener un efecto positivo en la sociedad, y, al mismo tiempo, plantean nuevos problemas de seguridad a nivel individual y estatal […]. Los canales de demanda, a través de los medios sociales, la web oscura y las plataformas de mensajería, proporcionan acceso fácil a las posibles víctimas, lo cual aumenta su vulnerabilidad” (párr. 36). “El uso de la tecnología digital para la trata plantea problemas especiales durante las pandemias mundiales. En el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), los Estados partes se enfrentan a un aumento de la trata en el ciberespacio, lo que abarca un aumento de la captación para fines de explotación sexual en línea, la demanda de contenido de abusos sexuales infantiles y la trata de niños con fines sexuales facilitada por la tecnología” (párr. 37). Asistencia y protección para las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata “El derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados obligaciones positivas de detectar a las víctimas de la trata, un deber que les incumbe firmemente, independientemente de si la víctima no se identifica a sí misma como tal. Con frecuencia, las víctimas están ocultas en zonas no públicas, como residencias particulares, fábricas y granjas aisladas, y prostíbulos. Los profesionales de primera línea suelen carecer de la formación necesaria para comprender y detectar todos los tipos de víctimas, incluidas las supervivientes de la explotación sexual, y atender a las víctimas adecuadamente y actuar en respuesta a las formas interseccionales de explotación. En las zonas críticas con corrientes migratorias mixtas faltan espacios adecuados y confidenciales donde llevar a cabo la detección, con personal capacitado e intérpretes, que pueden evaluar rápidamente los indicadores de vulnerabilidad y prestar el apoyo adecuado. Las víctimas supervivientes suelen ser reacias a identificarse a sí mismas como tal o a revelar la identidad de los tratantes por temor a represalias, debido a la falta de información sobre el delito y dónde denunciarlo y al miedo a colaborar con las autoridades, entre otras cosas por temor a ser detenidas, enjuiciadas, castigadas y deportadas” (párr. 38). “Las víctimas de la trata necesitan servicios de apoyo de gran calidad y disponibilidad inmediata, los cuales deben ser inclusivos y accesibles, incluir acceso a información sobre sus derechos, los servicios médicos, psicológicos, sociales y jurídicos de que disponen y la forma de acceder a ellos, y a un alojamiento seguro y adecuado” (párr. 40). “Los Estados partes están obligados a proteger a las víctimas de la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, frente a la revictimización, lo que incluye ofrecer a las víctimas la garantía de que se las protegerá del retorno forzoso” (párr. 41). Acceso de las víctimas a la justicia “Se debe velar por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata, incluidas aquellas sin condición de inmigrantes, tengan acceso a la justicia de una forma equitativa y no discriminatoria, lo que incluye el enjuiciamiento de los autores y la provisión de recursos jurídicos. No obstante, puede que los sistemas de justicia existentes tiendan más a violar los derechos de las mujeres que a protegerlos, entre otras cosas sometiendo a las víctimas a criminalización, estigmatización, revictimización, acoso y posibles represalias” (párr. 42). “El artículo 2 b) de la Convención obliga a los Estados partes a proporcionar recursos adecuados y efectivos, entre ellos la restitución, la recuperación, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición, a las mujeres cuyos derechos protegidos por la Convención hayan sido violados. Las víctimas de la trata suelen tener grandes dificultades para reclamar una indemnización y otras formas de reparación, incluida la indemnización por daños y perjuicios, que compense el agravio sufrido, entre otros casos en aquellos en que se condiciona a la cooperación con las fuerzas del orden; las víctimas no tienen acceso a asistencia y representación letrada de gran calidad, sensible a las cuestiones de género y que tome en consideración los traumas; los permisos de residencia están vinculados a procesos de justicia penal y la repatriación se produce antes de que se soliciten u obtengan recursos civiles; la víctima soporta la carga de la prueba en las demandas civiles; no se identifica a las personas supervivientes de la trata como víctimas de un delito a efectos de las reparaciones que se deben en virtud de la ley; y no se ofrece ninguna indemnización pecuniaria o el producto de los delitos no se redistribuye entre las víctimas” (párr. 43). “Entre los obstáculos al enjuiciamiento figuran la falta de procedimientos judiciales especiales que se adapten a las necesidades de las víctimas, deficiencias en la calidad de los sistemas de justicia, entre ellas el prejuicio sexista y el discurso de culpabilización de las víctimas en los tribunales, resultantes en sentencias o decisiones discriminatorias, la aceptación social explícita o implícita de la violencia de género contra la mujer, las demoras y la excesiva duración de los procedimientos, la corrupción de los funcionarios del Estado y su implicación en el delito, y la ignorancia de la demanda de todas las formas de explotación, incluida la explotación sexual” (párr. 44). “El carácter transnacional de la trata de personas y la migración exige la cooperación de todos los países afectados y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada a fin de proteger los derechos de las víctimas. Los Estados partes tienen el deber de aceptar y facilitar el retorno voluntario de sus nacionales que hayan sido víctimas de la trata en el extranjero” (párr. 45). “El Comité condena el uso de intervenciones contra la trata para justificar la violencia contra grupos específicos de mujeres, en particular en el caso de las redadas violentas y las operaciones de provocación policial llevadas a cabo por las fuerzas del orden con miras a desmantelar las redes de trata” (párr. 46). Recomendaciones “Adoptar un enfoque transformador, que promueva la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a fin de poner fin a las condiciones estructurales y sistémicas que privan a las mujeres y las niñas de sus derechos fundamentales y, como consecuencia, las ponen en situaciones de vulnerabilidad a todas las formas de trata y explotación sexual” (párr. 49). “Reducir el riesgo de la trata erradicando la desigualdad de género generalizada y pertinaz que da lugar a que la condición económica, social y jurídica de las mujeres y las niñas sea inferior a la que disfrutan los hombres y los niños, mediante la adopción de políticas económicas y públicas que prevengan la carencia de opciones en materia de medios de vida sostenibles y niveles de vida básicos para las mujeres y las niñas” (párr. 50). “Promulgar leyes que protejan a las mujeres y presten asistencia efectiva a las víctimas del maltrato en el hogar, revisar el derecho de familia y encarar las prácticas socioculturales, incluidos los arreglos intrafamiliares, que aumentan la exposición de las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual” (párr. 52). “Establecer un marco de migración segura y con perspectiva de género para proteger a las mujeres y las niñas migrantes, incluidas aquellas en situación migratoria irregular, frente a las violaciones de sus derechos humanos en todas las etapas de la migración…” (párr. 56). “Prevenir la trata y la explotación sexual en todas las instalaciones donde se alojan mujeres y niñas desplazadas, entre otras cosas capacitando al personal de las instalaciones para detectar a las posibles víctimas, y garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas creando alojamientos e instalaciones exclusivos para su sexo…” (párr. 67). “Adoptar una política de tolerancia cero frente a la trata, la explotación sexual, el trabajo forzoso, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, sobre la base de las normas internacionales de derechos humanos, que se dirija a grupos como las fuerzas armadas nacionales, las fuerzas de mantenimiento de la paz, la policía de fronteras, los funcionarios de inmigración, los agentes humanitarios y otros funcionarios de organizaciones internacionales y organizaciones internacionales de la sociedad civil” (párr. 68). “Garantizar el acceso a procedimientos de denuncia y mecanismos de reparación en los casos de violaciones de los derechos humanos” (párr. 69). “Pedir a las empresas de medios sociales y plataformas de mensajería que rindan cuentas por exponer a las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual mediante el uso de sus servicios. Requerir que esas empresas definan los controles pertinentes para mitigar esos riesgos y establezcan la estructura y los procedimientos de gobernanza adecuados para poder ser ágiles en su respuesta y proporcionar información a las autoridades competentes en la medida necesaria” (párr. 71). “Iniciar la detección proactiva de la producción de contenido en línea relativo a abusos sexuales durante la pandemia de COVID-19 y, después, cooperar con las empresas tecnológicas en la creación de herramientas automatizadas para detectar la captación en línea e identificar a los tratantes, y fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado para afrontar el incremento de la incidencia de este delito a raíz de la pandemia” (párr. 73). “Pedir que las plataformas interactivas digitales intercambien información a fin de facilitar la cooperación internacional en la lucha contra la trata y la explotación sexual, y ayudar en las actividades de aplicación de la ley” (párr. 74). “Afrontar los efectos colaterales adversos de las actividades de lucha contra la trata velando por que no se detenga arbitrariamente a mujeres y niñas inocentes, ni se las someta a malos tratos ni a acusaciones falsas, en particular las mujeres pertenecientes a grupos marginados y las que ejercen la prostitución, entre otras cosas mediante redadas llevadas a cabo por las fuerzas del orden con miras a desmantelar redes de trata” (párr. 76). “La detección de las víctimas o presuntas víctimas y su remisión a servicios de asistencia deben estar a cargo de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de todas las esferas pertinentes, cuya composición pueda adaptarse a las circunstancias de cada caso, y no deben ser dirigidas exclusivamente por las autoridades policiales o de inmigración ni estar condicionadas a que se emprendan actuaciones penales ni a su resultado, sino que deben basarse en las vulnerabilidades personales y sociales de las víctimas y posibles víctimas” (párr. 78). “Impartir capacitación actualizada y consecuente a profesionales de todas las esferas pertinentes sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas y las diversas formas de explotación de las mujeres y las niñas…” (párr. 79). “Reforzar la capacidad de los sistemas de atención de la salud para detectar, en una fase temprana, a las mujeres y las niñas que corren el riesgo de ser objeto de trata y las víctimas de la trata, independientemente de su situación migratoria, e intervenir al respecto, garantizando el acceso confidencial y seguro a una atención de la salud gratuita, sobre la base de una atención que tome en consideración los traumas y se centre en las supervivientes, de conformidad con las normas internacionales” (párr. 80). “Evaluar los efectos del marco jurídico y normativo nacional, en particular con respecto a la aplicación de los marcos de inmigración, asilo, trabajo, salud, educación y protección social a las víctimas de la trata, para velar por que no afecten negativamente a la detección, la asistencia, la protección, la inclusión social y la reintegración de las víctimas y no aumenten la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la trata, la trata reiterada, la detención, el retorno forzoso u otros agravios” (párr. 82). “Mejorar la colaboración, la coordinación y el intercambio de conocimiento transfronterizos entre las autoridades de control de fronteras, aplicación de la ley, protección infantil y protección social y las organizaciones no gubernamentales, a fin de proporcionar a las mujeres y las niñas desplazadas y migrantes centros y servicios de acogida adecuados y suficientes…” (párr. 84). “Velar por que todas las medidas de gobernanza adoptadas en las fronteras internacionales, incluidas las destinadas a hacer frente a la migración irregular y combatir la delincuencia organizada transnacional, respeten el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones arbitrarias y colectivas” (párr. 85). “Desarrollar la capacidad del personal de las fuerzas del orden, incluidos los funcionarios de policía, inmigración y control de fronteras, así como los profesionales que trabajan en las zonas, o cerca de ellas, donde se encuentran las mujeres y las niñas que se enfrentan a la migración por situaciones de dificultad y al desplazamiento o corren el riesgo de hacerlo…” (párr. 86). “Aplicar un marco de diligencia debida a la evaluación de riesgos realizada por equipos multidisciplinarios para detectar a las mujeres y las niñas víctimas de la trata y protegerlas frente a nuevas violaciones de sus derechos…” (párr. 87). “Por motivos humanitarios y de derechos humanos, proporcionar acceso a asistencia letrada gratuita y conceder, cuando sea posible, un período de reflexión y recuperación, y un permiso de residencia hasta que se produzca la identificación oficial para que las mujeres víctimas de la trata y las personas a su cargo puedan participar en las medidas de recuperación y reintegración, que deben ser inclusivas y accesibles y no estar supeditadas a su participación en el proceso de justicia penal ni a que los tratantes sean condenados, entre otras un acceso de emergencia y a más largo plazo, que sea adecuado, individualizado y sensible a las cuestiones de género, esté adaptado a las necesidades de los niños y tome en consideración los traumas, a alojamiento, prestaciones sociales, oportunidades de educación y empleo, atención médica de gran calidad, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva y apoyo psicológico, la expedición de documentos oficiales de identidad de forma gratuita, medidas de reunificación familiar y procedimientos de asilo, cuando proceda. Conceder a las niñas víctimas permisos de residencia de duración indefinida, conforme a su interés superior, para facilitar el acceso a una solución duradera que sea sostenible y segura a largo plazo” (párr. 92). “Velar por que el principio del interés superior del niño sea una consideración primordial en la adopción de decisiones sobre todas las niñas que son víctimas de la trata, incluidas las no nacionales, por que se respete su derecho a ser oídas, por que se les garantice el acceso a servicios de protección y apoyo que sean adecuados a su desarrollo y edad, integrados e interdisciplinarios y que incluyan coordinación asistencial individualizada, a la localización de familiares y a la reunificación de los niños no acompañados y separados, y por que no se criminalice ni detenga nunca a los niños. Llevar a cabo determinaciones de la edad solo como medida de último recurso y de manera multidisciplinar, científica y culturalmente apropiada, adaptada a las necesidades de los niños, sensible a las cuestiones de género y, en el caso de todas las niñas no acompañadas o separadas, supervisadas por un tutor calificado” (párr. 96). “Contrarrestar las actitudes estereotipadas y la discriminación contra las mujeres y las niñas víctimas de la trata y la explotación sexual, en particular las migrantes, impartiendo capacitación, que tome en consideración los traumas, sea sensible a las cuestiones de género y esté adaptada a las necesidades de los niños, a las personas encargadas de prestar servicios de asistencia y protección, entre ellas las autoridades competentes a nivel local y estatal, los organismos de protección infantil, las autoridades de embajadas y consulados, los empleadores y las agencias de contratación públicas y privadas, y los agentes de policía, los funcionarios de fronteras, el personal de inmigración, los inspectores de trabajo, los trabajadores sociales y los profesionales sanitarios” (párr. 97). “Velar por que ninguna de las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata, sin excepción, sea objeto de arresto, acusación, detención, enjuiciamiento o sanción ni sea castigada de otro modo por la entrada o la estancia irregular en países de tránsito y destino debido a la falta de documentación o por su participación en actividades ilícitas en la medida en que esta sea consecuencia directa de su condición de víctima de la trata. El principio de no penalización: a) Debe consagrarse en la legislación y aplicarse mediante una capacitación adecuada para garantizar que los equipos de respuesta puedan detectar a las víctimas de la trata a fin de prestarles socorro; b) No debe obligar a las víctimas a aportar pruebas ni a testificar a cambio de inmunidad de enjuiciamiento, reparación o servicios; c) Debe facilitar a las víctimas de la trata la interposición de un recurso para eliminar sus antecedentes penales en los casos en que hayan sido condenadas por delitos cometidos como consecuencia directa de su condición de víctimas de la trata” (párr. 98). “Proporcionar a todas las mujeres y las niñas información accesible, en un formato que comprendan, sobre sus derechos en virtud de la Convención y su Protocolo Facultativo, las disposiciones jurídicas que las protegen de la trata y la explotación y los recursos jurídicos correspondientes de que disponen para presentar denuncias de violaciones de esos derechos, la forma de acceder a ellos, sus derechos a asistencia y protección continuadas, entre otras cosas mediante teléfonos de asistencia ininterrumpida y asistencia letrada gratuita, asesoramiento y representación en procesos judiciales y cuasijudiciales en todos los campos del derecho” (párr. 99). “Velar por que se facilite el acceso a mecanismos de denuncia y de justicia inclusivos que tengan en cuenta la edad y las cuestiones de género, entre otras cosas mediante la provisión de ajustes procedimentales y en función de la edad, para todas las mujeres y las niñas víctimas de la trata, incluidas las no ciudadanas, proporcionando vías eficaces para buscar protección y reparación por las violaciones de sus derechos mediante la creación de las condiciones adecuadas para presentar denuncias sin temor a represalias, arresto, detención ni deportación” (párr. 100). “Velar por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata tengan derecho ejecutorio a recursos jurídicos asequibles, accesibles y oportunos por conducto de los tribunales penales, civiles y laborales y de procedimientos administrativos…” (párr. 101). “Garantizar a todas las mujeres y las niñas víctimas de la trata una vista imparcial y el debido proceso en los procedimientos administrativos y judiciales, incluidos los procedimientos de detención y expulsión, asegurándose de que sean oídas, informadas y consultadas durante toda la vista y de que tengan acceso a ajustes, apoyo y protección adecuados, que tomen en consideración los traumas, la edad y las cuestiones de género, y estén adaptados a su cultura, de manera que puedan testificar contra sus tratantes” (párr. 102). “Salvaguardar el derecho a la intimidad de las niñas víctimas de la trata, velando por que estén constantemente informadas y puedan ejercer su derecho a ser oídas. Velar por su derecho a una protección especial en las actuaciones judiciales mediante la prestación de asistencia jurídica especializada y adaptada a las necesidades de los niños a fin de simplificar los procedimientos de testificación y prevenir traumas adicionales, entre otras cosas asignando defensores de las víctimas, trabajadores sociales o tutores legales” (párr. 103). “Se alienta a los Estados partes a que sistematicen su cooperación judicial y en materia de justicia penal, entre otras cosas armonizando los procedimientos jurídicos de asistencia judicial recíproca, extradición y decomiso y devolución del producto del delito, con los países de origen, tránsito y destino para la trata de mujeres y niñas” (párr. 107).
TRATA DE PERSONAS; GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA DE GÉNERO; EXPLOTACIÓN SEXUAL; VIOLENCIA SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PROSTITUCIÓN; VICTIMA; VULNERABILIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; ZONAS DE FRONTERA; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; PUEBLOS INDÍGENAS; REFUGIADO; APÁTRIDA; ACCESO A LA JUSTICIA; REVICTIMIZACIÓN; DEBIDO PROCESO; DEBIDA DILIGENCIA; ASISTENCIA LETRADA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; ASISTENCIA MEDICA; TRABAJO; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; INTERNET; RED SOCIAL; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Mota Abarullo y otros v. VenezuelaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida); 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 (derecho a la integridad personal, inclusive respecto a los mandatos de separación de personas condenadas y procesadas y adultas y menores de edad, así como sobre la finalidad de las penas de privación de libertad) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana. Igualmente, la Corte declaró la responsabilidad de Venezuela por la violación de los artículos 5.1 (derecho a la integridad personal), 8.1 (derecho a las garantías judiciales) y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención, en perjuicio de los familiares de las cinco víctimas.
1. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Condiciones de detención. Interés superior del niño.
“[L]a privación de libertad de niñas o niños debe utilizarse como `medida de último recurso’. Debe llevarse a cabo de modo que permita cumplir la finalidad de reintegración de la medida, que es inclusiva de una educación que le permita prepararlo para su regreso a la sociedad” (párr. 80).  
“De lo anterior se desprende que, en tanto el régimen especial para niñas o niños resulte relevante, su ejecución debe efectuarse de modo que permita cumplir la finalidad aludida. Sobre el particular la Corte ha señalado que, `conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante la ejecución de las medidas o sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de 18 años de edad que hayan cometido delitos y que, conforme a la legislación interna, sean imputables’. Esto tiene sustento en que, como ha indicado el Comité de los Derechos del Niño, `[l]a aplicación de un método estrictamente punitivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil enunciados en el artículo 40, párrafo 1, de la Convención [sobre los Derechos del Niño]. Se debe tener en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial, así como la necesidad de promover su reintegración en la sociedad’” (párr. 81).
“[L]as obligaciones relevantes del Estado respecto a los cinco jóvenes fallecidos, que iniciaron a partir de su vinculación al sistema de justicia y su privación de libertad cuando ellos eran menores de 18 años, corresponden a aquellas atinentes a los derechos de las niñas o niños, de conformidad con el artículo 19 de la Convención. En ese sentido, a fin de cumplir la finalidad socio-educativa que resulta propia de medidas adoptadas respecto a niños o niñas que hubieren cometido infracciones a la ley penal, incluso cuando implican la privación de libertad, procede extender el régimen especial de adolescentes a quienes cumplan 18 años de edad mientras se encuentran cumpliendo dichas medidas. En ese sentido, la sola circunstancia de cumplir 18 años no sustrae a los jóvenes sometidos a privación de libertad en establecimientos para adolescentes de la especial protección que debe proporcionales el Estado. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que `[l]os sistemas de justicia juvenil […] deben ampliar la protección a los niños que eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito pero que alcanzan esa edad durante el juicio o el proceso de imposición de la pena’” (párr. 85).
“Es preciso enfatizar que, si bien las víctimas del presente caso habían cumplido 18 años cuando ocurrió el incendio en su celda, su privación de libertad era consecuencia de infracciones a la ley penal cometidas cuando eran menores de edad. En consecuencia, el principio de especialidad […] determina que la sanción se rija en su ejecución conforme al estatuto personal vigente a la fecha de la comisión del ilícito. El principio de especialidad se aplica en cuanto a la determinación de las medidas y sanciones e impone condiciones de ejecución diferenciadas durante toda su implementación” (párr. 86).
2. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Responsabilidad del Estado. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Interés superior del niño.
“[Q]uien sea privado de su libertad `tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle [los] derecho[s] a la vida y a la integridad personal’. La restricción de los mismos `no sólo no tiene justificación fundada en la privación de libertad, sino que también está prohibida por el derecho internacional’. El Tribunal ha explicado también que, […] frente a personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia, más aún si se trata de niños. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” (párr. 88).
“Esta condición de garante del Estado, lleva a que éste deba procurar a las personas privadas de la libertad `condiciones mínimas compatibles con su dignidad’, lo que resulta necesario para `proteger y garantizar’ su vida e integridad. Al respecto, este Tribunal ya ha hecho notar que `ha incorporado en su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad’” (párr. 89).
“Lo anterior, requiere que se garanticen adecuadamente condiciones de seguridad durante la privación de libertad. El Estado, en ese sentido, debe prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación del derecho a la integridad personal o del derecho a la vida” (párr. 90).
“La posición de garante aludida, a su vez, presenta modalidades especiales en el caso de niños o niñas. Frente a tales personas privadas de la libertad, el Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. En ese sentido, este Tribunal ha ya tenido en cuenta que `los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen en el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño’. La protección de la vida del niño `requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su detención o prisión’. Lo anterior requiere que los Estados adopten medidas eficientes para evitar la violencia, inclusive actos de amotinamiento o similares, como así también situaciones de emergencias” (párr. 91).
“[L]os Estados tienen una obligación de `desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida y el derecho a gozar las condiciones mínimas de una vida digna, especialmente cuando se trata de niños y niñas, quienes requieren una atención especial por parte del Estado’” (párr. 92).
3. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Hacinamiento. Derecho a la integridad personal. Condiciones de detención.
“[E]l hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal y que obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios. Además, `no permite que los adolescentes desarrollen una vida digna mientras se encuentran privados de libertad, [lo que] cobra especial relevancia en virtud de la obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana’” (párr. 94).
“La regla de separación de niños o niñas y personas adultas en establecimientos de detención o reclusión debe aplicarse y entenderse de conformidad con lo anterior. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha reconocido que: `[e]sta norma no significa que una persona internada en un centro para niños deba ser trasladada a una institución para adultos inmediatamente después de cumplir los 18 años, sino que debería poder permanecer en dicho centro si ello redunda en su interés superior y no atenta contra el interés superior de los niños internados en el centro’” (párr. 82).
“La Corte ha dicho […] que `para proteger la vida e integridad personal’ de niños privados de libertad debe existir, como mínimo, una separación por categorías de edad, naturaleza de la infracción cometida y entre jóvenes procesados y aquellos cuya situación ya ha sido resuelta, de manera que los internos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes sectores dentro del establecimiento. En consonancia con lo dicho anteriormente, `[e]l criterio principal para separar a los diversos grupos de menores [de 18 años de edad] privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales’” (párr. 84).
“En lo que se refiere a la separación de internos por categorías, la misma debe realizarse, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 5.4 y 5.5 de la Convención, `entre procesados y condenados y entre los menores de [18 años de] edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición’. Además de lo ya expuesto […] sobre la separación entre adolescentes y adultos, la Corte ha aclarado que `la separación de los procesados y de los condenados requiere no solamente mantenerlos en diferentes celdas, sino también que estas celdas estén ubicadas en diferentes secciones dentro de un determinado centro de detención, o en diferentes establecimientos si resultara posible’” (párr. 96).
“Asimismo, los Estados deben extremar los cuidados en consideración a las especiales características de las instituciones totales para niños, niñas y adolescentes, en particular el mayor riesgo de conflictividad violenta por efecto de su etapa psicológica evolutiva” (párr. 97).  
“En ese marco, los centros de privación de libertad de adolescentes deben ser seguros, lo que, entre otros factores, implica que garanticen la protección de las personas alojadas en ellos contra situaciones de riesgo; que, en caso de ser cerrados, tengan una población lo menos numerosa posible; que cuenten con `locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y la dignidad humana’, y que estén diseñados de modo que `reduzcan al mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de los locales’. Además, debe recordarse que la Corte ha establecido que el Estado, en su función de garante[,] debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que pondría[n] en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia. En este sentido, el Estado debe incorporar en el diseño, estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de los centros de detención, todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia [o] incendios y en el evento que se produzcan estas situaciones se pueda reaccionar con la debida diligencia, garantizando la protección de los internos o una evacuación segura de los locales. Entre esos mecanismos se encuentran sistemas eficaces de detección y extinción de incendios, alarmas, así como protocolos de acción en casos de emergencias que garanticen la seguridad de los privados de libertad” (párr. 98).
“En este sentido, los Estados no deben proveer a los presos o internos, ni permitir que tengan en sus celdas, pabellones o ámbitos cerrados de alojamiento, colchones u otros elementos análogos que no sean ignífugos, especialmente los de materiales muy tóxicos en casos de combustión, como el poliuretano. Asimismo, deben tomar las medidas necesarias para que la autoridad de vigilancia tenga siempre, a su inmediata disposición y en verificadas condiciones de uso, las llaves o dispositivos que permitan la rápida apertura de celdas, pabellones o ámbitos cerrados. Además, es menester mantener en perfectas condiciones de funcionamiento extinguidores y otros dispositivos de combate de incendio en toda institución total” (párr. 99).
4. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Finalidad de la pena. Reinserción social. Educación. Trabajo.
“[L]as penas de privación de libertad deben cumplir la finalidad prevista en el artículo 5.6 de la Convención a la luz de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño […]. En relación con esta disposición, en el caso Mendoza y otros v. Argentina, la Corte recordó que el artículo 5.6 señala que `[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados’, y determinó que las penas impuestas a niños o niñas por la comisión de delitos deben perseguir la reintegración de tales personas a la sociedad. Este Tribunal ha señalado también que `la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos’. Los niños recluidos deben contar con programas y actividades que permitan su desarrollo sano” (párr. 102).
“El cumplimiento de la finalidad prevista en [en el artículo 5.6 de la Convención] supone que la privación de libertad se desarrolle en condiciones adecuadas, que no resulten lesivas de los derechos de las personas penadas, lo que resulta particularmente relevante respecto a niños y niñas. De ese modo, la observancia del inciso 6 del artículo 5 de la Convención tiene relación con el cumplimiento, respecto de personas penadas privadas de su libertad, de los demás incisos de ese artículo. La Corte ha indicado, en ese sentido, que condiciones de encierro que conduzcan a un deterioro de la integridad física, psíquica o moral pueden, de acuerdo al caso y a su gravedad, ser `contrarias a la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del […] artículo [5 de la Convención]’” (párr. 104).  
“En esta línea, la Observación General No. 24 del Comité de los Derechos del Niño plantea que la privación de libertad es una medida de último recurso. Cuando la persona menor de 18 años de edad sea condenad debe recibir una educación, un tratamiento y una atención con miras a su puesta en libertad, su reintegración social y el desempeño de una función constructiva en la sociedad” (párr. 105).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; CONDICIONES DE DETENCIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; HACINAMIENTO; FINALIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; EDUCACIÓN; TRABAJO;
Olivares Muñoz y otros v VenezuelaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación del artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 y 5.2 (derecho a la integridad personal), 8.1 (derecho a las garantías judiciales) y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Igualmente, la Corte declaro la responsabilidad del Estado por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en lo que concierne a la obligación de investigar posibles actos de tortura. 1. Derecho a la vida. Fuerzas de seguridad. Responsabilidad del Estado. “[L]os Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones [al derecho a la vida] y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra este. Así, la protección activa del derecho por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean estas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas” (párr. 86). “[L]os Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida, y establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción” (párr. 87). 2. Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Cárceles. Personas privadas de la libertad. Derecho a la seguridad. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Responsabilidad del Estado. “Respecto de las personas privadas de libertad, la Corte ha señalado que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. A su vez, la Corte recuerda que, conforme a su jurisprudencia, en todo caso de uso de la fuerza por parte de agentes estatales que hayan producido la muerte o lesiones a una o más personas, corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados. Del mismo modo, la jurisprudencia constante de este Tribunal ha reconocido que existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales” (párr. 89). “[E]ste Tribunal ha reconocido que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, están facultados para emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento, de ser necesario. Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores. A partir de lo anterior, la Corte ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad: 1) Legalidad: el uso excepcional de la fuerza debe estar formulado por ley y debe existir un marco regulatorio para su utilización. 2) Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. 3) Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. 4) Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” (párr. 92). “[E]l uso de la fuerza por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional resultó arbitrario, en tanto no se habrían cumplido las exigencias de finalidad legítima y absoluta necesidad en su empleo, a lo que se añade que no fue advertido grado alguno de resistencia o agresión por parte de los internos, lo que evidencia la falta de proporcionalidad en la actuación de los agentes” (párr. 100). 3. Fuerzas de seguridad. Cárceles. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Debida diligencia. Personas privadas de la libertad. Uso de la fuerza. “[L]a Corte recuerda la relevancia que tiene la idoneidad y debida capacitación del personal penitenciario, con especial énfasis en el personal encargado de la seguridad de los centros de privación de libertad como medida para garantizar un trato digno hacia las personas internas, evitando con ello los riesgos de actos de tortura y de todo trato cruel, inhumano o degradante. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se refiere en esta Sentencia respecto de la actuación de órganos policiales o militares en labores de seguridad, custodia o vigilancia en centros penitenciarios” (párr. 102). “En tal sentido, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas prevén que el personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares. Asimismo, refieren que en los lugares de privación de libertad deberá disponerse de personal calificado y suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia y custodia, asignándoles los recursos y el equipo necesarios para que puedan desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas; dicho personal deberá recibir instrucción inicial y capacitación periódica especializada, incluyendo en su formación, por lo menos, capacitación sobre derechos humanos, sobre derechos, deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones, y sobre los principios y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la fuerza, armas de fuego, así como sobre contención física” (párr. 103). “[L]as funciones de seguridad, custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad deben encontrarse a cargo, preferentemente, de personal de carácter civil específicamente capacitado para el desarrollo de las labores penitenciarias, distinto a los cuerpos policiales y militares. No obstante, cuando excepcionalmente se requiera la intervención de estos últimos, su participación debe caracterizarse por ser: 1) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; 2) Subordinada y complementaria a las labores de las autoridades penitenciarias; 3) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y 4) Fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces” (párr. 107). “[D]e conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el que se ve precisado por los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST. De esa cuenta, el Tribunal ha señalado que el artículo 8 de la CIPST establece claramente que, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal” (párr. 134). 4. Debida diligencia. Acceso a la justicia. Debido proceso. Informes. Pericia médica. “[E]l derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables. [E]l deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. En tal sentido, se ha indicado que para que una investigación sea efectiva en los términos de la Convención, debe llevarse a cabo con la debida diligencia, la cual exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De esa cuenta, en aras de garantizar la efectividad de la investigación se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación” (párrs. 119-120). “[L]a eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una posible muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En tal sentido, ha especificado que las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del delito, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” (párr. 121). “[C]uando el Estado tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva” (párr. 122). “En cuanto a las autopsias médico legales, el Tribunal recuerda que tienen como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. Asimismo, se debe fotografiar adecuadamente el cuerpo, tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio, y después de desvestirlo, documentar toda lesión” (párr. 126). 5. Plazo Razonable. Complejidad del asunto. Duración del proceso. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. “[U]na demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. El Tribunal ha establecido que la evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, lo cual podría también incluir la ejecución de la sentencia definitiva. Así, ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que este no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto. El Tribunal reitera, además, que se debe apreciar la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte la sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse” (párr. 123). “[L]a falta de esclarecimiento de los hechos ha demorado más de 16 años, desde la fecha de su consumación. Si bien el asunto incluye un número considerable de víctimas, la Corte advierte que todas eran personas internas en la cárcel de Vista Hermosa, quienes se encontraban bajo custodia del Estado, siendo testigos otros internos en el mismo centro; en tal sentido, la complejidad del caso no justificaría la demora. En cuanto a la actividad procesal del interesado en obtener justicia, la Corte constata que el proceder de los apoderados judiciales de Lorenza Josefina Pérez, previo a que se dictara el sobreseimiento de su pretensión, fue razonable, sin incidir en la prolongación indebida de la causa […]. [E]s notable la prolongación injustificada del proceso, con evidentes periodos de inactividad, en particular de 2006 hasta 2012. Así, ante la falta de explicación por parte del Estado, y dada la omisión en la remisión de la prueba para mejor resolver, se colige que durante dicho lapso el expediente judicial habría quedado inactivo” (párrs. 127-129). “[D]espués de más de 16 años, los responsables de los hechos no han sido sancionados ni han sido reparadas las violaciones a derechos humanos ocasionadas. Al respecto, la Corte recuerda que ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de los delitos que impliquen violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Asimismo, ha señalado que el Estado está obligado a combatir esta situación por todos los medios disponibles, pues la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares” (párr. 131).
DERECHO A LA VIDA; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; USO DE LA FUERZA; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PERSONAS JURÍDICAS; DERECHO A LA SEGURIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; INFORMES; PERICIA MÉDICA; PLAZO RAZONABLE; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; DURACIÓN DEL PROCESO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO;
Cwik v. PoloniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Polonia era responsable por la violación del artículo 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. “El Tribunal reitera que la prohibición de la tortura y los tratos o penas inhumanas o degradantes es un valor fundamental en las sociedades democráticas […]. Es también un valor propio de la civilización, vinculado de forma estrecha al respeto de la dignidad humana, que forma parte de la esencia misma del Convenio […]. La prohibición en cuestión es absoluta, pues no se admite ninguna excepción a la misma, ni siquiera en caso de emergencia pública que amenace la vida de la nación o en las circunstancias de mayor complejidad, como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, con independencia de la conducta de la persona afectada […]” (cfr. párr. 60). “En la evaluación sobre si una persona ha sido ‘sometida a […] un trato’ que es ‘inhumano o degradante’ en el sentido del artículo 3, el enfoque general del Tribunal ha sido hacer hincapié en que el trato debe alcanzar un nivel mínimo de gravedad para que entre en el ámbito de esta disposición. La evaluación de ese nivel es relativa y dependerá de todas las circunstancias del caso, principalmente la duración del trato, sus efectos físicos o mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima […]” (cfr. párr. 61). “Someter a una persona a malos tratos que alcancen ese nivel mínimo de gravedad suele implicar una lesión corporal real o un sufrimiento físico o mental de gran intensidad. No obstante, incluso en ausencia de esas características, cuando el trato humilla o envilece a un individuo, mostrando una falta de respeto o menoscabando su dignidad humana, o que despierte sentimientos de miedo, angustia o inferioridad capaces de quebrar la resistencia moral y física de un individuo, puede ser entendido como degradante y también caer dentro de la prohibición establecida en el artículo 3. Puede bastar con que la víctima sea humillada a sus propios ojos, aunque no a los ojos de los demás […]” (cfr. párr. 62). “En virtud del artículo 1 del Convenio, la obligación de los Estados parte de garantizar a toda persona sometida a su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Convenio, en relación con el artículo 3, exige que los Estados adopten medidas destinadas a garantizar que las personas sometidas a su jurisdicción no sean sometidas a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, incluidos los malos tratos administrados por particulares […]. Estas medidas deben garantizar una protección eficaz e incluir medidas razonables para evitar los malos tratos de los que las autoridades tenían o deberían haber tenido conocimiento […]. Sin embargo, el alcance de las obligaciones positivas del Estado podría diferir entre los casos en los que el trato contrario al artículo 3 del Convenio ha sido infligido mediante la participación de agentes del Estado y los casos en los que la violencia fue infligida por particulares […]” (cfr. párr. 63). 2. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la vida. Funcionarios públicos. “[L]a prohibición de malos tratos establecida en el artículo 3 protege a toda persona con independencia del hecho de que dichos malos tratos sean administrados por un funcionario público o un particular, siempre que una determinada forma de malos tratos haya alcanzado el nivel mínimo de gravedad exigido en virtud de esta disposición […]. El Tribunal ha confirmado recientemente la aplicabilidad del criterio del umbral de gravedad a los malos tratos infligidos por particulares […]” (cfr. párr. 66). “Esto también lo confirma el enfoque del Tribunal en los casos de expulsión, en los que se aceptó, debido al carácter absoluto del derecho garantizado, que el artículo 3 se aplicaba no sólo al peligro que emanaba de las autoridades del Estado, sino también cuando el peligro emanaba de personas o grupos de personas que no eran funcionarios públicos (agentes no estatales) […]” (cfr. párr. 67). “[E]l artículo 3 del Convenio consagra un derecho absoluto. Siendo absoluto, no puede haber una ponderación de otros intereses frente a él, como la gravedad del delito investigado o el interés público en una persecución penal efectiva, pues hacerlo desvirtuaría su carácter absoluto. Ni la protección de la vida humana ni la obtención de una condena penal pueden obtenerse a costa de comprometer la protección del derecho absoluto a no ser sometido a malos tratos prohibido por el artículo 3, ya que ello sacrificaría esos valores y desacreditaría la administración de justicia […]” (cfr. párr. 68). “A este respecto, el Tribunal señala además que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General nº 20, de 10 de marzo de 1992, relativa a la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, consideró que el Estado Parte tenía el deber de ofrecer a todas las personas protección contra los actos prohibidos por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso por parte de personas que actuaran a título privado […]” (cfr. párr. 69). 3. Debido proceso. Prueba. Admisibilidad de la prueba. Derecho de defensa. “En virtud del artículo 19 del Convenio, el Tribunal manifiesta que su función consiste en velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados con el Convenio. En particular, no es su función ocuparse de los errores de hecho o de derecho cometidos supuestamente por un órgano jurisdiccional nacional […]. Aunque el artículo 6 garantiza el derecho a un juicio justo, no establece ninguna norma sobre la admisibilidad de las pruebas como tal, que es una cuestión que se regula principalmente en el derecho nacional […]” (cfr. párr. 70). “Así pues, no es función del Tribunal determinar, como cuestión de principio, si determinados tipos de pruebas –por ejemplo, las obtenidas ilegalmente en términos de derecho interno– pueden ser admisibles. La cuestión que debe responderse es si el procedimiento en su conjunto, incluida la forma en que se obtuvieron las pruebas, fue justo. Esto implica un examen de la ilegalidad en cuestión y, cuando se trata de la violación de otro derecho del Convenio, de la naturaleza de la violación constatada […]” (cfr. párr. 71). “Con el fin de determinar si el procedimiento fue justo en su conjunto, también debe considerarse si se han respetado los derechos de la defensa. En particular, debe examinarse si el demandante tuvo la oportunidad de impugnar la autenticidad de las pruebas y de oponerse a su utilización. Además, debe tenerse en cuenta la calidad de la prueba, así como las circunstancias en las que se obtuvo y si estas arrojan dudas sobre su fiabilidad o exactitud. Aunque no surge necesariamente ningún problema de equidad cuando las pruebas obtenidas no están respaldadas por otro material, cabe señalar que cuando las pruebas son muy sólidas y no hay riesgo de que no sean fiables, la necesidad de pruebas de apoyo es, en consecuencia, menor […]. Además, a este respecto, el Tribunal concede importancia al hecho de que las pruebas hayan sido o no decisivas para el resultado del procedimiento […]” (cfr. párr. 72). 4. Debido proceso. Garantía de imparcialidad. Prueba. Admisibilidad de la prueba. Tortura. Confesión. “[S]e aplican consideraciones particulares respecto del uso de pruebas obtenidas en violación del artículo 3 en un proceso penal. El uso de tales pruebas, obtenidas como resultado de una violación de uno de los derechos fundamentales y absolutos garantizados por el Convenio, siempre plantea serias cuestiones en cuanto a la imparcialidad del proceso, incluso si la admisión de dichas pruebas no fue decisiva para asegurar una condena […]” (cfr. párr. 73). “Así, en el contexto de casos relativos a malos tratos por parte de funcionarios públicos, el Tribunal ha sostenido que la admisión como prueba de declaraciones obtenidas como resultado de tortura o de otros malos tratos en violación del artículo 3 para establecer los hechos relevantes en un proceso penal hace que el proceso sea injusto en su conjunto. Esto es independiente del valor probatorio de las declaraciones e independientemente de si su uso fue decisivo para asegurar la condena del acusado […]” (cfr. párr. 75). “Lo anterior también aplica para el uso de pruebas reales recabadas como resultado directo de actos de tortura […]; no obstante, la admisibilidad de dichas pruebas, obtenidas como resultado de un acto calificado como trato inhumano en violación del artículo 3, pero que no llega a ser tortura, solo vulnerará el artículo 6 si se ha demostrado que la violación del artículo 3 tuvo relación en el resultado del proceso contra el acusado, es decir, que tuvo un impacto en su sentencia o condena” (cfr. párr. 76). “Estos principios se aplican no sólo cuando la víctima del trato contrario al artículo 3 es el propio acusado, sino también cuando se trata de terceros” (cfr. párr. 77).
TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DERECHO A LA VIDA; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; DEBIDO PROCESO; PRUEBA; ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONFESIÓN;
SMA v. EspañaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que España era responsable por la violación de los artículos 3 (interés superior del niño), 8 (preservación de la identidad), 12 (opinión del niño) y 20 párrafo 1 (protección y asistencia de los niños privados de su medio familiar) de la Convención sobre los Derechos del Niño.
1. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Mayoría de edad. Derecho a la identidad. Prueba. Apreciación de la prueba. Prueba de nacimiento. Acceso a la justicia. Debido proceso. Interés superior del niño. Protección de menores.
“[L]a determinación de la edad de una persona joven que alega ser menor de edad tiene una importancia fundamental, dado que el resultado determina si dicha persona tendrá derecho a la protección nacional como niño o será excluida de dicha protección [...]. Por ello, es imperativa la existencia de un proceso debido para determinar la edad, así como la oportunidad de poder cuestionar el resultado de este proceso mediante apelación.
Mientras dichos procesos siguen abiertos, deberá darse a la persona el beneficio de la duda y tratarla como un niño o niña. En consecuencia, […] el mejor interés del niño debiera ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad” (párr. 7.7).
“[L]a fecha de nacimiento de un niño forma parte de su identidad y […] los Estados partes tienen la obligación de respetar el derecho del niño a preservarla sin privarlo de ninguno de sus elementos. En el presente caso, […] el Estado parte no respetó la identidad del autor al negarle cualquier tipo de valor probatorio al certificado de nacimiento que acreditaba su minoría de edad, sin tan solo analizar su validez y sin haber cotejado los datos de dichos documentos con las autoridades del país de origen del autor, máxime cuando el autor no era solicitante de asilo y no existían motivos para pensar que el contacto con dichas autoridades pudiera conllevar riesgo alguno para él” (párr. 7.15).
2. Mayoría de edad. Prueba. Apreciación de la prueba. Interés superior del niño. Prueba de nacimiento. Pericia médica. Partida de nacimiento. Presunciones.
“[L]os documentos disponibles deben considerarse auténticos salvo prueba contraria […]. Debe concederse el beneficio de la duda a la persona que se está evaluando. En el presente caso, […] la documentación oficial presentada por el autor, a saber, su certificado de nacimiento, no fue impugnada por el Estado parte” (párr. 7.8).
“El Comité observa también la amplia información en el expediente que sugiere la falta de precisión de los exámenes oseométricos, que tienen un amplio margen de error y, en consecuencia, no son apropiados como el único método para determinar la edad cronológica de una persona joven que afirma ser menor de edad y presenta documentación acreditativa al efecto” (párr. 7.10).
“[N]o solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo, sino también su maduración psicológica […], la evaluación deberá realizarse con criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, y en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (párr. 7.11).
3. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Mayoría de edad.  Derecho a ser oído. Interés superior del niño. Representación. Asistencia letrada. Vulnerabilidad.
“[L]os Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y un intérprete en caso de necesidad, para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, tan pronto como sea posible a su llegada, a título gratuito. [F]acilitar representación para estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser escuchado, no bastando para ello el rol desempeñado por la Fiscalía de Menores” (párr. 7.12).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; MAYORÍA DE EDAD; DERECHO A LA IDENTIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA DE NACIMIENTO; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PROTECCIÓN DE MENORES; PERICIA MÉDICA; PARTIDA DE NACIMIENTO; PRESUNCIONES; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; ASISTENCIA LETRADA; VULNERABILIDAD;
V.A. v. SuizaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que Suiza era responsable por la violación de los artículos 3 (interés superior del niño) y 12 (opinión del niño) de la Convención sobre los Derechos del Niño.
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Expulsión de extranjeros. Protección de menores.
“[L]a Convención reconoce la interdependencia y la igualdad de importancia de los distintos derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) que permiten a todos los niños desarrollar su capacidad mental y física, su personalidad y su talento en la mayor medida posible. Recuerda asimismo que el interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de la Convención, es un concepto triple que constituye al mismo tiempo un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento” (párr. 6.5).
“Al considerar el interés superior de los niños, el Estado parte debería tener en cuenta los lazos sociales creados por [los hijos de la peticionante] desde su llegada y los posibles traumas que hayan experimentado debido a los múltiples cambios en su entorno, tanto en Azerbaiyán como en Suiza. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones semejantes en el futuro” (párr. 9).
2. Derecho a ser oído. Interés superior del niño. Representación. Derecho de asilo. Expulsión de extranjeros. Acceso a la justicia.  
“[E]l artículo 12 de la Convención garantiza el derecho de los niños a ser escuchados, ya sea directamente o por medio de un representante, en todo procedimiento judicial o penal que los afecte. Recuerda sin embargo que dicho artículo no impone ningún límite de edad al derecho del niño a expresar su opinión, y desaconseja a los Estados partes que introduzcan por ley o en la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que lo afectan.
El Comité no comparte el argumento del Estado parte de que [los niños] no debían ser escuchados porque sus intereses coincidían con los de su madre. Recuerda que la determinación del interés superior del niño requiere que la situación de los niños se evalúe por separado, independientemente de los motivos por los que se haya presentado la solicitud de asilo de sus padres” (párr. 7.3).
“[A]l no haber entrevistado a [los niños] en relación con estos hechos, que pueden tener para ellos consecuencias muy distintas a las que ha sufrido su madre, las autoridades nacionales no actuaron con la debida diligencia para evaluar su interés superior” (párr. 7.4).
“[E]l Comité le recomienda [al Estado] que vele por que los niños sean escuchados sistemáticamente en el contexto de los procedimientos de asilo, y que los protocolos nacionales aplicables a la expulsión de niños se ajusten a la Convención” (párr. 9).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; PROTECCIÓN DE MENORES; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; DERECHO DE ASILO; ACCESO A LA JUSTICIA;
Sahlin v. SueciaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que Suecia era responsable por la violación de los artículos 5 (derecho a la igualdad y no discriminación) y 27 (derecho al trabajo) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 1. Personas con discapacidad. Lengua de señas. Trabajo. No discriminación. Igualdad. Accesibilidad. Ajustes razonables. “El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 27 a), e), g) e i) de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; emplear a personas con discapacidad en el sector público; y velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. El Comité recuerda además que, según el artículo 2 de la Convención, por `ajustes razonables’ se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (cfr. párr. 8.4). “[E]l artículo 5 de la Convención prohíbe todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, incluida la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación prohibida que no puede ser objeto de realización progresiva. Así pues, todas las formas de discriminación son igualmente contrarias a la Convención, y no corresponde hacer una diferencia sobre supuestos grados de gravedad en la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El Comité recuerda, asimismo, que los ajustes razonables constituyen una obligación ex nunc, es decir, ajustes que deben realizarse desde el momento en que una persona con discapacidad requiera acceder a situaciones o entornos que no le resultan accesibles, o quiera ejercer sus derechos. Para ello, es necesario que el garante de los derechos entable un diálogo con la persona con discapacidad, encaminado a la inclusión de esta última en las soluciones posibles que permitan la mejor realización de sus derechos y el fomento de sus capacidades” (cfr. párr. 8.5). “[A]l evaluar la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas de ajuste, los Estados partes disponen de cierto margen de discrecionalidad. También considera que, en general, corresponde a los tribunales de los Estados partes en la Convención evaluar los hechos y las pruebas en un caso determinado, a menos que se constate que la evaluación fue claramente arbitraria o equivalió a una denegación de justicia” (cfr. párr. 8.6). “[E]l hecho de no haber informado al peticionario de que las medidas financiadas por el Estado eran insuficientes para sufragar los ajustes necesarios para que pudiera desempeñar las funciones del puesto al que se había presentado impidió todo proceso de consulta y consideración de medidas alternativas de ajuste. En otras palabras, se descartó la posibilidad de mantener un diálogo con el fin de evaluar y desarrollar la capacidad del peticionario para ocupar un puesto permanente de profesor, ya que el proceso de contratación se canceló antes de que se pudiera llevar a cabo cualquier consulta y consideración de medidas de ajuste alternativas” (cfr. párr. 8.7). “Esta falta de diálogo afectó a las actuaciones judiciales, durante las cuales los razonamientos se centraron en el coste de la interpretación de la lengua de señas, sin considerar otras posibles medidas de ajuste…” (cfr. párr. 8.8). “[L]a búsqueda de un ajuste razonable tiene por objeto ser un proceso cooperativo e interactivo entre el empleado y el empleador, tratando de encontrar la mejor adecuación posible entre las necesidades de cada uno. Para determinar qué medidas de ajuste es razonable tomar, el Estado parte ha de asegurarse de que las autoridades públicas identifiquen qué ajustes efectivos pueden adoptarse para permitir al empleado llevar a cabo las actividades esenciales de sus funciones […]. El Comité no se pronuncia en lo que respecta a los resultados de una consideración adecuada de las medidas de ajuste alternativas y de las `otras medidas de financiación’. No obstante, considera que las autoridades competentes no adoptaron todas las medidas disponibles para promover la realización del derecho al trabajo de las personas con discapacidad” (cfr. párr. 8.9). “[La falta de provisión de la interpretación de lengua de señas] no tuvo en cuenta el efecto negativo de la evaluación del Tribunal en términos más generales, al desalentar a posibles empleadores de que consideraran la posibilidad de contratar a personas con deficiencias auditivas para puestos similares al que se presentó el peticionario” (cfr. párr. 8.10). “[L]as decisiones e intervenciones de las autoridades del Estado parte limitaron la posibilidad de que personas con discapacidad fueran seleccionadas para puestos que exigieran la adaptación del entorno laboral a sus necesidades. En particular, considera que la evaluación que hizo el Tribunal de lo Laboral de la medida de apoyo y adaptación solicitada respaldó la denegación de un ajuste razonable, lo que dio lugar a una exclusión discriminatoria de facto del peticionario del puesto para el que se había presentado…” (cfr. párr. 8.11).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; LENGUA DE SEÑAS; TRABAJO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; ACCESIBILIDAD; AJUSTES RAZONABLES;
Muhammad y Muhammad v. RumaniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rumania era responsable por la violación del artículo 1 (garantías procesales en caso de expulsión de extranjeros) del Protocolo N° 7 a la Convención Europea de Derechos Humanos.
1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Delitos que comprometen la seguridad de la nación. Debido proceso. Información confidencial. Suspensión de garantías. Derecho a la información. Principio de contradicción. Principio de igualdad de armas.
“[U]n extranjero no puede desafiar de manera significativa los alegatos de las autoridades locales que sostienen que la seguridad nacional está en peligro, ni hacer valer de manera razonable los motivos contra su expulsión sin conocer los elementos fácticos relevantes que han conducido a las autoridades locales a considerar que el interesado representa un peligro a la seguridad nacional” (cfr. párr. 126).
“[A]un cuando la seguridad nacional estuviera en peligro, una medida de expulsión debe ser sometida a algún tipo de proceso contradictorio, y puede prever, de ser necesario, limitaciones procesales adecuadas respecto de la utilización de información clasificada […]. [E]sto implica que […] se garantiza al extranjero un derecho a ser informado, preferentemente por escrito y de manera que pueda defenderse de forma efectiva del contenido de  los documentos y de la información sobre la que se funda la autoridad nacional competente para decidir sobre la expulsión, sin prejuicio de la posibilidad de imponer, de ser necesario, restricciones debidamente justificadas en cuanto a ese tipo de información” (cfr. párr. 128).
“[A]un cuando la seguridad nacional o el orden público estuvieran en peligro, sólo serían legítimas las limitaciones a los derechos procesales que no atentaran contra su esencia” (cfr. párr. 134).
“[L]as partes en un litigio que puedan ser fácilmente contactadas por las autoridades tienen derecho a recibir información oficial con un nivel de especificidad y de precisión adaptado a las particularidades del litigio en cuestión y del alcance de sus derechos procesales” (cfr. párr. 174).
2. Debido proceso. Suspensión de garantías. Arbitrariedad. Deber de fundamentación. Razonabilidad.
“La arbitrariedad que implica la negación del Estado de derecho […] es intolerable tanto en materia de derechos procesales como en materia de derechos sustantivos” (cfr. párr. 118).
“El Tribunal admite que pueden existir motivos debidamente justificados, tales como la necesidad de proteger la seguridad nacional, para imponer restricciones a los derechos procesales de los extranjeros […]. En una sociedad democrática regida por el Estado de derecho, la valoración de la necesidad de imponer [estas] restricciones debe estar rodeada de garantías contra la arbitrariedad. A este efecto, es necesario que la decisión que imponga tales restricciones sea debidamente motivada y que exista un procedimiento que permita controlar los motivos de manera apropiada, especialmente cuando estos no son informados a la persona involucrada” (cfr. párr. 139).
3. Expulsión de extranjeros. Derecho de defensa. Información confidencial. Derecho a la información. Derecho de representación.
“[L]os extranjeros deben poder hacerse representar ante la autoridad competente para decidir sobre su expulsión. Esto implica ante todo la existencia de normas legales en el derecho interno que aseguren para los extranjeros una posibilidad efectiva de hacerse representar. La posibilidad de hacerse representar por un abogado, o incluso por un abogado especializado en la materia habilitado a acceder a los documentos clasificados del expediente del caso que no son accesibles al extranjero involucrado, es un factor compensatorio importante” (cfr. párr. 154).
“[L]a presencia de los abogados de los peticionarios ante el Tribunal Superior, sin ninguna posibilidad de conocer las acusaciones contra sus asistidos, no era capaz de asegurar su defensa efectiva” (cfr. párr. 191).
MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DELITOS QUE COMPROMETEN LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN; DEBIDO PROCESO; INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS; DERECHO A LA INFORMACIÓN; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; ARBITRARIEDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RAZONABILIDAD; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO DE REPRESENTACIÓN;
Aghdgomelashvili y Japaridze v. GeorgiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Georgia era responsable por la violación del artículo 3 (derecho a no ser sometido a torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) en conjunción con el artículo 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. LGBTIQ. Identidad de género. Procedimiento policial. Igualdad. No discriminación. Fuerzas de seguridad. Abuso de autoridad. Debida diligencia. “[L]a responsabilidad internacional del Estado por aquella violencia motivada por el odio y cometida por sus fuerzas de seguridad, al igual que su obligación de investigar la existencia de un posible nexo entre un motivo discriminatorio y un acto de violencia, pueden analizarse bajo los aspectos sustantivos y procesales del artículo 3 del Convenio. No obstante, también pueden ser analizadas en virtud de las obligaciones derivadas del artículo 14 […] con el fin de asegurar sus valores fundamentales sin discriminación consagrados en el artículo 3 […]. De hecho, debido a la conjunción de ambas disposiciones, aspectos como los del presente caso pueden ser examinados en el marco de una sola de las dos disposiciones, sin que surja ninguna cuestión separada en la otra. También pueden requerir un examen simultáneo en virtud de ambos artículos. Esta es una cuestión que debe decidirse en cada caso concreto a la luz de los hechos y la naturaleza de los alegatos presentados” (cfr. párr. 35). “El Estado, en virtud del artículo 1 del Convenio, asume el deber general de `garantizar a todas las personas dentro de [su] jurisdicción los derechos y libertades definidos en [el] Convenio’. Implícitamente debe existir una investigación oficial y efectiva cuando una persona hace una afirmación creíble y razonable de que ha sufrido un trato violatorio del artículo 3 a manos de la policía u otras autoridades similares, entre otros. En principio, para que una investigación sea considerada `eficaz’, esta debería dirigirse al esclarecimiento de los hechos del caso y a la identificación de un castigo para los responsables. No se trata de una obligación en cuanto a objetivos sino a los medios empleados. Las autoridades deben tomar las medidas que estén razonablemente a su alcance para la obtención de las pruebas relativas al incidente que incluyen, entre otras cosas, el testimonio de testigos presenciales, pruebas periciales, etc. Cualquier deficiencia en la investigación que socave su capacidad para establecer la causa de las lesiones o la identidad de las personas responsables provocará el riesgo de incumplimiento de esta norma. También en este contexto está implícito un requisito de celeridad y rapidez razonable […]. En general, una respuesta rápida de las autoridades en la investigación de las denuncias de malos tratos se considera esencial para mantener la confianza de la sociedad en el mantenimiento del estado de derecho y para prevenir cualquier apariencia de colusión o aquiescencia de actos ilícitos. La tolerancia de las autoridades hacia este tipo de actos no puede minar la confianza pública en el principio de legalidad y el mantenimiento del estado de derecho por parte del Estado” (cfr. párr. 37). “[A]l investigar incidentes violentos como los malos tratos, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas razonables para desenmascarar posibles motivos discriminatorios. [D]eben hacer todo lo que sea razonable en función de las circunstancias para recopilar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para el esclarecimiento de la verdad y emitir decisiones totalmente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia inducida, por ejemplo, de intolerancia racial o religiosa, o violencia motivada por actos discriminatorios en base al género” (cfr. párr. 38). “[H]asta la fecha, la investigación del abuso policial no ha dejado como resultado aspectos concluyentes. Este retraso es prohibitivo en sí mismo, incompatible con las obligaciones estatales en virtud del artículo 3 en base a la realización de una investigación efectiva; sobre todo porque la tarea para identificar a los responsables de los presuntos malos estaba lejos de revestir dificultad. Tampoco las peticionarias han podido involucrarse en la investigación penal de manera significativa, ya que ni siquiera han sido declaradas víctimas, a pesar de sus numerosas solicitudes para tal fin” (cfr. párr. 39). “[L]a prolongación de la investigación manifiesta la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades nacionales para examinar el rol homofóbico y/o transfóbico desempeñado en el presunto abuso policial. Existía una necesidad urgente de realizar una investigación significativa sobre la posibilidad de que la discriminación hubiera sido el factor motivador detrás de la conducta de los agentes de policía, dada la hostilidad bien documentada contra la comunidad LGBT en el país en el momento de los hechos […], y a la luz del discurso de odio de los agentes de policía durante el incidente” (párr. 40). 2. Trato cruel, inhumano y degradante. Fuerzas de seguridad. Abuso de autoridad. Uso de la fuerza. Principio de dignidad humana. Razonabilidad. Responsabilidad del Estado. “[E]l artículo 3 no solo se limita a actos de maltrato físico sino que también cubre la imposición de sufrimiento psicológico. Así pues, un trato puede calificarse de `degradante’ –y por tanto entrar en el ámbito de la prohibición fijada en el artículo 3 del Convenio– si en la víctima se provocan sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, si se humilla o se degrada a una persona ante los ojos de la víctima y/o los ojos de otras personas, sea o no sea el propósito, si se quiebra la resistencia física o psíquica para actuar en contra de su voluntad o conciencia o si muestra una falta de respeto o menoscabo de la dignidad humana […]. Además, cuando una persona confronta con las fuerzas de seguridad encargadas del cumplimiento de la ley, el uso de la fuerza física que no haya sido estrictamente necesario menoscaba la dignidad humana. Las palabras `en principio’ no pueden interpretarse de manera que puedan existir situaciones en las que no se requiera de tal determinación porque no se haya alcanzado el umbral de gravedad. Dado que la injerencia en la dignidad humana ataca la esencia misma del Convenio, cualquier conducta por parte de las fuerzas de seguridad dirigida a una persona y que menoscabe la dignidad humana constituye una violación del artículo 3 del Convenio” (párr. 42). “[C]on independencia de que determinados actos sean perpetrados o no por agentes del Estado o por particulares, tratar la violencia y la brutalidad con una voluntad discriminatoria de la misma forma que casos que no tienen tales connotaciones, sería pasar por alto la naturaleza específica de actos que son particularmente lesivos de los derechos fundamentales. La ausencia de distinción en la forma en que se manejan situaciones que son esencialmente diferentes puede constituir un trato injustificado incompatible con el artículo 14 del Convenio” (párr. 44). “[Q]ueda por determinar si el Estado debe ser considerado responsable en virtud del artículo 3, en relación con el artículo 14 del Convenio, por el abuso policial cometido durante el incidente del 15 de diciembre de 2009. En tal evaluación, dos cuestiones que se encuentran interrelacionadas deben ser respondidas: (i) si los actos impugnados de los agentes de policía alcanzaron o no el umbral de severidad requerido para caer en el ámbito de prohibición del artículo 3, en conjunción con el artículo 14 del Convenio; y (ii) si el odio homofóbico y/o transfóbico fue o no un factor causal en la conducta impugnada de los agentes de policía” (párr. 46). “[E]l Tribunal no duda en responder afirmativamente a ambas preguntas dado que: 1) deliberadamente los agentes de policía habían humillado y degradado a las mujeres recurriendo al discurso de odio y profiriendo insultos; 2) su comportamiento contenía amenazas de divulgar su orientación sexual real y/o percibida, en un país en el que la comunidad LGBT se encontraba en una situación preocupante, así como una amenaza de uso de la fuerza física; y 3) el único propósito de los registros sin ropa era hacer que las peticionarias y el resto de mujeres se sintieran avergonzadas y humilladas y así castigarlas por su asociación con la comunidad LGBT. Los comentarios homofóbicos hechos por las mujeres policías en el curso de los registros pueden tomarse como prueba adicional del propósito abusivo” (párrs. 47-48). “A la luz de lo anterior, el Tribunal concluye que la conducta totalmente inadecuada de los agentes de policía durante el allanamiento de la oficina […] fue motivada por el odio homofóbico y/o transfóbico y, sin lugar a dudas, debe haber despertado en las peticionarias sentimientos de temor, angustia e inseguridad que son incompatibles con el respeto a su dignidad humana. Tal comportamiento alcanzó el umbral de gravedad exigido por el artículo 3, en conjunción con el artículo 14 del Convenio” (párrs. 49-50).
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; PROCEDIMIENTO POLICIAL; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; ABUSO DE AUTORIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; USO DE LA FUERZA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RAZONABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
WMC v. DinamarcaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que Dinamarca era responsable por la violación del artículo 3 (interés superior del niño) de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, dictaminó que la devolución de la familia a China constituiría una violación a los artículos 6 (supervivencia y desarrollo) y 8 (preservación de la identidad) del mismo instrumento.
1. Expulsión de extranjeros. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Refugiado. Principio de no devolución. Protección de menores. Acceso a la justicia. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Prueba. Carga de la prueba.
“El Comité recuerda su observación general núm. 6 en la que afirma que los Estados no trasladarán al niño a un país en el que haya motivos fundados para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para él, por ejemplo, pero no solo, del tipo de los contemplados en los artículos 6 [supervivencia y desarrollo] y 37 [tortura y privación de libertad] de la Convención […].
[L]as obligaciones antedichas de no devolución son aplicables con independencia de que las violaciones graves de los derechos garantizados por la Convención sean imputables a actores no estatales o de que las violaciones en cuestión sean directamente premeditadas o sean consecuencia indirecta de la acción o la inacción. La evaluación del riesgo de dichas violaciones graves deberá efectuarse teniendo en cuenta la edad y el género y siguiendo el principio de precaución, de manera que, cuando existan dudas razonables de que el Estado receptor no pueda proteger al niño frente a esos riesgos, los Estados partes deben evitar expulsarlo” (párr. 8.3).
“[E]l interés superior del niño debe ser una consideración primordial en las decisiones relativas a la expulsión de un niño y […], en esas decisiones, debe velarse por que, en el marco de un procedimiento con las correspondientes garantías, el niño esté a salvo y se le proporcione un disfrute de sus derechos y una atención adecuados.
[L]a carga de la prueba no recae únicamente en el autor de la comunicación, especialmente teniendo en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre pueden acceder a las pruebas en igualdad de condiciones y que frecuentemente solo el Estado parte tiene acceso a la información pertinente. En el presente caso [el Estado] no parece haber verificado suficientemente, por medios que no pongan en peligro la situación de la autora y de sus hijos en su calidad de solicitantes de asilo, si el certificado de nacimiento danés bastaría a los efectos de la inscripción en el hukou y, de no ser así, qué otros procedimientos se requerirían para que los niños obtuvieran sus certificados de nacimiento chinos, qué probabilidad tendrían de obtenerlos y cuánto tiempo tendrían que esperar para ser inscritos en el hukou […]. [E]stas cuestiones son particularmente pertinentes debido a los numerosos requisitos administrativos exigidos para la obtención de un certificado de nacimiento y la complejidad de los procedimientos de inscripción en China, y que la inscripción del nacimiento está vinculada al hukou. Asimismo, a juicio del Comité, el Estado parte no tuvo en consideración cómo quedarían asegurados los derechos de los niños a la educación y la atención de la salud mientras estuviera pendiente su inscripción o de haberla” (párr. 8.6).
2. Expulsión de extranjeros. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. DESC. Derecho a la salud. Educación. Derecho de enseñar y aprender. Derecho a la vida. Derecho a la identidad.
“[E]l Comité toma nota de las afirmaciones de la autora de que, de ser expulsados a China, sus tres hijos, nacidos fuera del matrimonio, correrían el riesgo de ser separados de ella por la fuerza y no serían inscritos en el hukou, requisito para asegurar su acceso a servicios sanitarios, educativos y sociales” (párr. 8.4).
“[L]a mayoría de los miembros de la Junta de Apelaciones para Asuntos de Refugiados consideraron que era de esperar que resultara muy difícil que los hijos de la autora fueran inscritos en el hukou, al menos durante un tiempo, durante el cual tendrían, por tanto, un trato menos favorable que otros niños chinos en lo que se refiere a servicios de atención médica, educativos y sociales” (párr. 8.5).
“[E]l Estado parte no tuvo debidamente en cuenta el interés superior del niño al evaluar el presunto riesgo de que los hijos de la autora no fueran inscritos en el hukou en caso de ser expulsados a China, ni adoptó las salvaguardias adecuadas para asegurar el bienestar del niño tras ser devuelto, lo que contraviene el artículo 3 de la Convención” (párr. 8.8).
“Teniendo en cuenta que en China la inscripción en el hukou es esencial para tener acceso a servicios de atención de la salud, educativos y sociales, y se requiere como medio para acreditar la identidad, y que hay muchas dificultades para inscribir en él a los hijos nacidos fuera del matrimonio, el Comité considera que la decisión del Estado parte de expulsar a los hijos de la autora constituiría una vulneración de su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, reconocido en el artículo 6, y de su derecho a preservar su identidad, consagrado en el artículo 8 de la Convención” (párr. 8.9).
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; REFUGIADO; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; PROTECCIÓN DE MENORES; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; DESC; DERECHO A LA SALUD; DERECHO DE ENSEÑAR Y APRENDER; DERECHO A LA IDENTIDAD;
Calleja Loma y Calleja Lucas v. EspañaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que España era responsable por la violación de los artículos 7 (protección de niños, niñas y adolescentes con discapacidad), 15 (protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 17 (derecho a la integridad personal), 23 (derecho a la vida privada y familiar) y 24 (derecho a la educación), leídos solos y conjuntamente con el artículo 4 (obligaciones generales) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 1. Personas con discapacidad. Educación. Educación inclusiva. Igualdad. No discriminación. Niños, niñas y adolescentes. “El Comité recuerda que, `de conformidad con el artículo 24, párrafo 1, los Estados partes deben velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación mediante un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, que incluya los ciclos educativos de preescolar, primaria, secundaria y superior, la formación profesional y la enseñanza a lo largo de la vida, y las actividades extraescolares y sociales, y para todos los alumnos, incluidas las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás’. El Comité también recuerda que `la inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias de la educación para superar los obstáculos con la visión de que todos los alumnos de los grupos de edad pertinentes tengan una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa y el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias’. Igualmente, […] `el derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser objeto de segregación y a que se realicen los ajustes razonables, y debe entenderse en el contexto de la obligación de proporcionar entornos educativos accesibles y ajustes razonables’” (párr. 8.4). “[P]ara dar cumplimiento al artículo 4, párrafo 1, apartado b), de la Convención, los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan el artículo 24. Cuando sea necesario, se habrán de derogar o modificar las leyes, los reglamentos, las costumbres y las prácticas discriminatorias de forma sistemática y con arreglo a plazos establecidos” (párr. 8.7). “[L]a decisión administrativa de matricular [al niño] en un centro de educación especial, sin tener en cuenta la opinión de sus padres, sin haber explorado de forma efectiva la adopción de ajustes razonables que pudieran seguir asegurando su inclusión en el sistema de educación ordinario, sin haber acordado peso al informe del psicólogo clínico y de la asistente técnico educativa, y sin haber tenido en cuenta las alegaciones de los autores con respecto a los actos de discriminación y abusos sufridos por [el niño] en el centro de educación ordinaria al que asistía, constituyen una violación de sus derechos bajo el artículo 24, leído solo y conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 8.8). 2. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida privada y familiar. “En cuanto a las alegaciones relacionadas con el artículo 23, leído conjuntamente con el artículo 4, el Comité toma nota de la pretensión de los autores de que el Estado parte vulneró su derecho a una vida familiar al haber interpuesto una denuncia contra los padres por abandono de familia, en razón de que se opusieron a llevar a su hijo al Centro Educativo Especial […]. El Comité observa la afirmación de los autores de que si la denuncia hubiera prosperado podría haber conllevado la perdida de la patria potestad de los padres en favor de su hijo. El Comité también observa que, de acuerdo con la información disponible […], el Juzgado impuso a los padres [del niño] como medida cautelar, que prestaran una fianza […]. El Comité considera que dicha fianza supuso una carga económica excesiva para los padres [del niño] que se agregó a las tensiones generadas en el contexto de su lucha a favor de los derechos de su hijo a una educación inclusiva, y que sin duda repercutió negativamente en su bienestar individual y familiar” (párr. 8.9). “[E]l Comité recuerda que en su Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo instó al Estado parte a `[v]igilar que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones’” (párr. 8.10). 3. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Debida diligencia. “[S]egún el artículo 15 de la Convención, ninguna persona puede ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que los Estados parte deben de tomar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité recuerda también que según el artículo 17 de la Convención, toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás” (párr. 8.12). “[E]l Comité observa que, en su segunda denuncia, los autores incluyeron como elemento nuevo la información contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en cuanto a las declaraciones de las madres de compañeros [del niño] prestando testimonio sobre los abusos sufridos y la afirmación del Tribunal según la cual `pudo haber incluso un funcionamiento anormal’ en el centro escolar. El Comité considera que […] las autoridades del Estado parte tenían la obligación de proceder a una investigación efectiva y exhaustiva sobre estas alegaciones, lo cual no se llevó a cabo” (párr. 8.13). “[D]e conformidad con el artículo 4 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación general de tomar todas las medidas necesarias para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad” (párr. 8.15).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EDUCACIÓN; EDUCACIÓN INCLUSIVA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA;
GL v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por la violación del artículo 14 (no discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en conjunción con el artículo 2 del Protocolo Nº 1 (derecho a la educación) del mismo instrumento. 1. Educación. Derecho a la vida privada y familiar. No discriminación. Igualdad. Responsabilidad del Estado. “El Tribunal recuerda que […] en una sociedad democrática el derecho a la educación es indispensable para la realización de los derechos humanos y ocupa un lugar fundamental […], y es uno de los servicios públicos más importantes de un Estado moderno. [A] la hora de decidir cómo regular el acceso a la educación, el Estado debe poner en equilibrio las necesidades educativas de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción con su capacidad limitada para satisfacerlas. Sin embargo, el Tribunal no puede ignorar el hecho de que, a diferencia de otras prestaciones públicas, la educación es un derecho directamente protegido por el Convenio” (cfr. párr. 49). “[A]l interpretar y aplicar el artículo 2 del Protocolo Nº 1, el Convenio se debe leer en su conjunto e interpretarse de manera que se favorezca su coherencia interna y la armonía entre sus distintas disposiciones […]. Por ello, el artículo 2 del Protocolo Nº 1 debe interpretarse, entre otros, a la luz del artículo 8 del Convenio, que establece el derecho de toda persona ‘al respeto de su vida privada’…” (cfr. párr. 50). “En referencia a la prohibición [de discriminación] establecida en el artículo 14 del Convenio, el Tribunal reitera que consiste en tratar de forma diferente a personas que se encuentran en situaciones comparables sin una justificación objetiva y razonable, y que el trato diferenciado carece de ‘justificación objetiva y razonable’ cuando no persigue una ‘finalidad legítima’ o cuando no existe ‘una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida’ […]. Sin embargo, el artículo 14 no prohíbe a un Estado parte tratar de forma diferente a los grupos para corregir ‘desigualdades de hecho’ entre ellos; de hecho, en determinadas circunstancias es la ausencia de un trato diferenciado para corregir una desigualdad lo que, si no se basa en una justificación objetiva y razonable, puede dar lugar a una violación de dicha disposición […]. Además, los Estados parte gozan de un cierto margen de apreciación para determinar si las diferencias entre situaciones que, por lo demás, son similares, justifican las distinciones de trato y en qué medida…” (cfr. párr. 52). 2. Educación inclusiva. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. No discriminación. Igualdad. “Al examinar un caso en virtud del artículo 14 del Convenio, el Tribunal debe tener en cuenta la evolución del Derecho internacional y europeo y reaccionar, por ejemplo, a cualquier consenso que pueda surgir en estos niveles en cuanto a las normas que deben alcanzarse […]. A este respecto, en el ejercicio del derecho a la educación, señala la importancia que tienen los principios fundamentales de universalidad y no discriminación, consagrados reiteradamente en los textos internacionales […]. Además, subraya que estos instrumentos reconocen que el medio más adecuado para garantizar estos principios fundamentales es la educación inclusiva, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades para todos, incluidas las personas con discapacidad […]. La educación inclusiva es, por tanto, un componente incuestionable de la responsabilidad internacional de los Estados…” (cfr. párr. 53). “[C]uando una restricción de los derechos fundamentales se aplica a una categoría de población especialmente vulnerable, y que ha sufrido una discriminación importante en el pasado, el margen de apreciación de que dispone el Estado se reduce considerablemente y sólo consideraciones muy sólidas deberían llevarle a aplicar la restricción en cuestión. El Tribunal ya ha identificado varias de estas categorías vulnerables que son víctimas de un trato diferenciado por sus características o situación, incluida su discapacidad […]. Además, todas las acciones relacionadas con los niños con discapacidad deben perseguir, de forma prioritaria, el interés superior del niño […]. Sin embargo, en cualquier caso, con independencia del margen de apreciación que le corresponda al Estado, es tarea del Tribunal pronunciarse en última instancia sobre el cumplimiento de las exigencias del Convenio…” (cfr. párr. 54). “[E]n virtud del artículo 15 de la Carta Social Europea […], los Estados deben ‘promover la plena integración y participación en la vida social [de las personas con discapacidad], en particular mediante medidas, incluidas las ayudas técnicas, destinadas a superar los obstáculos referentes a la comunicación y a la movilidad’ […]. En el presente caso, la peticionaria debería haber recibido una asistencia especializada destinada a promover su autonomía y comunicación personal y a mejorar su aprendizaje, su vida interpersonal y su integración en el centro escolar para evitar el riesgo de marginación. El Tribunal recuerda que, en su Recomendación Rec (2006) 5 […], el Comité de Ministros subrayó que ‘dar a las personas con discapacidad la oportunidad de participar en las estructuras educativas generales es importante no sólo para ellas, sino también para las personas no discapacitadas, que así tomarán conciencia de que la discapacidad es parte de la diversidad humana’” (cfr. párr. 69). “[L]as autoridades no trataron de determinar las necesidades reales de la peticionaria y las soluciones susceptibles de satisfacerlas para permitirle asistir a la escuela primaria en condiciones equivalentes, en la medida de lo posible, a las que disfrutan los demás niños, sin imponer una carga desproporcionada o indebida a la administración […]. Además, el Tribunal considera que la discriminación sufrida por la menor es más grave al haber tenido lugar en el contexto de la enseñanza primaria, que constituye la base de la educación y de la integración social y de las primeras experiencias de convivencia, y que es obligatoria en la mayoría de los países…” (cfr. párr. 70-71). 3. Educación inclusiva. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad. Ajustes razonables. No discriminación. “El Tribunal considera […] que el artículo 14 de la Convención debe interpretarse a la luz de los requisitos establecidos en los textos mencionados [Carta Social Europea y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y, particularmente, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Según este instrumento, los ajustes razonables a los que tienen derecho las personas con discapacidad son ‘las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida’ realizadas ‘cuando se requieran en una situación particular’ para el ‘disfrute o ejercicio del derecho, sobre la base de la igualdad con los demás y de todos los derechos humanos y libertades fundamentales’ […], y la discriminación por motivos de discapacidad ‘incluirá todas las formas de discriminación, incluida la denegación de ajustes razonables’. La finalidad de los ajustes razonables es corregir las desigualdades de hecho…” (cfr. párr. 62). “Aunque no corresponde al Tribunal definir los ‘ajustes razonables’ […] que deben aplicarse en el ámbito de la educación para satisfacer las necesidades educativas de las personas con discapacidad, las autoridades nacionales están en mejor posición para hacerlo […]. Sin embargo, es importante que los Estados presten especial consideración a sus decisiones en este ámbito, dado el impacto de estas decisiones en los niños con discapacidad, cuya especial vulnerabilidad no puede ignorarse…” (cfr. párr. 63). “[L]as autoridades nacionales no contemplaron en ningún momento la posibilidad de que la falta de recursos o la necesidad extraordinaria de dar prioridad a la atención de las personas que padecen una patología grave se compensara no con una modificación de los ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades de los niños con discapacidad, sino con una reducción de la oferta educativa distribuida equitativamente entre los alumnos sin discapacidad y los discapacitados, a pesar de que el Tribunal de Casación ya había destacado este aspecto en sus sentencias […]. Así pues, el Tribunal considera que a la luz del modelo de educación inclusiva adoptado en Italia, en el que todos los alumnos están inscritos en el mismo flujo, y de la jurisprudencia del Tribunal de Casación, toda restricción presupuestaria debe tener una repercusión equivalente en la oferta educativa para los alumnos discapacitados y no discapacitados” (cfr. párr. 68).
EDUCACIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; EDUCACIÓN INCLUSIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AJUSTES RAZONABLES;
Fernández Prieto y Tumbeiro v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los artículos 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento, en perjuicio de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro, y por la violación a los artículos 24 (igualdad ante la ley) y 1.1 (deber de no discriminación) de la Convención, en perjuicio del señor Tumbeiro.
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Nulidad. Principio de legalidad. Interpretación de la ley.
“[L]a libertad y la seguridad personal constituyen garantías para la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. De esta forma, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. La finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos requiere que el Estado legisle y adopte diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de esos agentes estatales, en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida” (párr. 64).
“[E]l contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. [L]a restricción del derecho a la libertad personal únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal). Esto así, en mérito de que es la propia Convención la que remite al derecho interno del Estado en cuestión, motivo por el que tal remisión no supone que la Corte deje de fallar de acuerdo a la Convención, sino precisamente que debe hacerlo conforme a ella y no según el referido derecho interno. La Corte no realiza, en tal eventualidad, un control de constitucionalidad ni tampoco de legalidad, sino únicamente de convencionalidad” (párrs. 65-66).
“[E]n cuanto al requisito de legalidad de la detención, el Tribunal ha señalado que, al remitir a la Constitución y leyes establecidas ‘conforme a ellas’, el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’ en dicho ordenamiento en cuanto a las `causas’ y `condiciones’ de la privación de la libertad física” (párr. 67).
a) Fernández Prieto
“[En relación con el análisis de la legalidad de la detención del señor Fernández Prieto, cabe destacar que] el artículo 4 del Código de Procedimientos, vigente en la época en que el señor Fernández Prieto fue detenido, disponía que `[e]l Jefe de la Policía de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener a las personas que sorprendan in fraganti delito y a aquellas contra quienes hayan indicios vehementes o semivehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente’. El artículo 184.4 de la misma norma establecía que `[…] en los delitos públicos, los funcionarios tendrán las siguientes obligaciones y facultades: Proceder a la detención del presunto culpable en los casos mencionados en el artículo’” (párr. 68).
“[E]l Tribunal advierte que, en momento alguno durante el procedimiento seguido en contra del señor Fernández Prieto, los agentes policiales manifestaron –ni justificaron– que la interceptación del automóvil tenía como base alguna de las tres hipótesis previstas por el artículo 4 de dicho código, o en cualquier otra norma, para realizar una detención sin orden judicial. Los agentes de la policía se limitaron a señalar que los sujetos que estaban en el vehículo tenían una `actitud sospechosa’. Resulta claro que la presunta `actitud sospechosa’ no era un supuesto asimilable a la flagrancia o bien a un posible `indicio vehemente o semiprueba de culpabilidad’, como exigía la citada norma” (párr. 70).
“[E]sta omisión de justificar la detención del señor Fernández Prieto en alguna de las causales legales es claramente un incumplimiento del requisito de legalidad, pues los policías realizaron un acto que constituyó una restricción a la libertad personal del señor Fernández Prieto –en tanto obligaron a detener el vehículo en el que viajaba, posteriormente lo obligaron a descender de él, procedieron a realizar un registro y, finalmente, lo privaron de su libertad– actuando más allá de las facultades habilitantes que establecía el Código de Procedimientos para realizar dichos actos sin orden judicial. Asimismo, la Corte advierte que los tribunales internos que resolvieron sobre la legalidad de la interceptación del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto, el registro del mismo y su posterior detención tampoco se pronunciaron sobre cómo esta se encuadraba en alguna las hipótesis previstas por el Código de Procedimientos en Materia Penal, sino que la validaron considerando que los policías actuaron en cumplimiento de su tarea de prevención del delito y por las pruebas obtenidas en virtud de dicha actuación” (párr. 71).
“[L]as diversas sentencias a nivel interno que se pronunciaron sobre la validez de la interceptación y registro del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto se basaron en consideraciones relacionadas con la eficacia en la prevención del delito y con argumentos de naturaleza consecuencialista (los cuales validaban la actuación policial en virtud de los resultados obtenidos, es decir de las pruebas recabadas), sin tomar en consideración si la actuación de la policía se encuadraba dentro de los supuestos habilitantes previstos por el Código de Procedimientos para realizar una detención sin orden judicial. La Corte considera que, con independencia de la legitimidad de las razones mencionadas por los distintos tribunales que conocieron sobre el caso para justificar el registro y posterior detención como una cuestión de cumplimiento del deber de prevención del delito, o bien porque las pruebas obtenidas en virtud de ella podrían demostrar la culpabilidad del señor Fernández Prieto, de las propias sentencias se confirma que la interceptación y posterior registro y detención no fue realizada en aplicación de la legislación vigente” (párr. 74).
b) Tumbeiro
“[En relación con la detención del señor Tumbeiro, la Corte recordó que], el Código Procesal Penal de la Nación, vigente a partir de octubre de 1992, y por lo tanto vigente en la época de la detención del señor Tumbeiro en 1998, establece en su artículo 284 que `los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aún sin orden judicial’, a: a) quien `intentare un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad, en el momento de disponerse a cometerlo’; b) quien se `fugare, estando legalmente detenido’; c) de manera excepcional, contra quien `hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención’, y d) quien `sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad…’. Asimismo, la Ley 23.950, que modificó la Ley Orgánica Para la Policía Federal de 1958, dispone que, fuera de los casos establecidos en la normativa procesal penal, no se podrá detener a las personas sin orden de juez competente, salvo si: `[…] existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad…’” (párr. 76-77).
“[D]e conformidad con la Ley 23.950, la retención temporal con fines de identificación debe estar debidamente fundada en circunstancias que `hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional’. En ese sentido, en el caso concreto, el Tribunal considera que ninguna de las razones que dio la policía para retener al señor Tumbeiro y solicitarle su identificación constituían en sí mismas, o en conjunto, hechos o informaciones suficientes y concretas que permitan a un observador razonable inferir objetivamente que probablemente había cometido o estaba por cometer un hecho delictivo o contravencional. Por el contrario, las razones que motivaron la detención con fines de identificación del señor Tumbeiro parecieron responder a preconceptos sobre cómo debe verse una persona que transita en un determinado lugar, cómo debe comportarse ante la presencia policial, y qué actividades debe realizar en ese lugar” (párr. 79).
2. Fuerzas de seguridad. Procedimiento policial. Derecho penal de autor. Igualdad. No discriminación. Arbitrariedad. Principio de legalidad.
“La Corte recuerda que los estereotipos consisten en preconcepciones de los atributos, conductas, papeles o características poseídas por personas que pertenecen a un grupo identificado. El empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones discriminatorias y, por consiguiente, arbitrarias” (párr. 80).
“Ante la ausencia de elementos objetivos, la clasificación de determinada conducta o apariencia como sospechosa, o de cierta reacción o expresión corporal como nerviosa, obedece a las convicciones personales de los agentes intervinientes y a las prácticas de los propios cuerpos de seguridad, lo cual comporta un grado de arbitrariedad que es incompatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana. Cuando adicionalmente estas convicciones o apreciaciones personales se formulan sobre prejuicios respecto a las características o conductas supuestamente propias de determinada categoría o grupo de personas o a su estatus socio-económico, pueden derivar en una violación a los artículos 1.1 y 24 de la Convención” (párr. 81).
“El uso de estos perfiles supone una presunción de culpabilidad contra toda persona que encaje en los mismos, y no la evaluación caso a caso sobre las razones objetivas que indiquen efectivamente que una persona está vinculada a la comisión de un delito. Por ello, la Corte ha señalado que las detenciones realizadas por razones discriminatorias son manifiestamente irrazonables y por tanto arbitrarias. En este caso, el contexto sobre detenciones arbitrarias en Argentina, el reconocimiento expreso de responsabilidad internacional por parte del Estado, y la falta de explicaciones sobre el carácter sospechoso atribuido al señor Tumbeiro más allá de su nerviosismo, su manera de vestir y el señalamiento explícito de que esta no era propia de la zona `de gente humilde’ por la que caminaba, evidencian que no hubo indicios suficientes y razonables sobre su participación en un hecho delictivo, sino que la detención se efectuó prima facie debido a la sola circunstancia de no reaccionar del modo en que los agentes intervinientes percibían como correcto y utilizar un atuendo juzgado por ellos como inadecuado con base en una preconcepción subjetiva sobre la apariencia que debían resguardar los habitantes del área, lo que comporta un trato discriminatorio que torna en arbitraria la detención” (párr. 82).
“[L]os tribunales internos que resolvieron sobre la legalidad de la detención del señor Tumbeiro la validaron considerando que los policías actuaron de manera prudente y razonable y en cumplimiento de su deber de prevención del delito. Al respecto, la Corte estima que una actuación originariamente inconvencional no puede derivar, en función de los resultados obtenidos, en la formulación válida de imputaciones penales. En ese sentido, la Corte recuerda que ante la solicitud de nulidad planteada por la defensa con base en la ilegalidad de la detención y requisa personal del señor Tumbeiro, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 señaló que ‘la detallada y convergente versión de los hechos que dan preventores y testigos no puede dejar de ser tenida en cuenta para fundar la intervención policial que dio lugar al descubrimiento de un caso de flagrancia delictiva consistente en la tenencia de cocaína por parte de Tumbeiro’” (párr. 83).
“[E]l artículo 7.2 de la Convención exige no solo la existencia de regulaciones que establezcan las `causas’ y `condiciones’ que autoricen la privación de la libertad física, sino que es necesario que esta sea lo suficientemente clara y detallada, de forma que se ajuste al principio de legalidad y tipicidad […]. Al respecto, este Tribunal ha señalado que `la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor pues, de no ser así las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en que se expresan el reproche social y las consecuencias de este’” (párr. 89).
“[E]s necesario que las regulaciones que determinen las facultades de los funcionarios policiales relacionadas con la prevención e investigación de delitos, incluyan referencias específicas y claras a parámetros que eviten que una interceptación de un automóvil o una detención con fines de identificación se realice arbitrariamente. Por lo que en aquellas disposiciones en que exista una condición habilitante que permita una detención sin orden judicial o en flagrancia, además de que esta cumpla con los requisitos de finalidad legítima, idoneidad y proporcionalidad, debe contemplar la existencia de elementos objetivos, de forma que no sea la mera intuición policíaca ni criterios subjetivos, que no pueden ser verificados, los que motiven una detención. Esto significa que la legislación habilitante para este tipo de detenciones debe dirigirse a que la autoridad ejerza sus facultades ante la existencia de hechos o informaciones reales, suficientes y concretas que, de manera concatenada, permitan inferir razonablemente a un observador objetivo que la persona que es detenida probablemente era autora de alguna infracción penal o contravencional. Este tipo de regulaciones deben, además, ser acorde al principio de igualdad y no discriminación, de forma tal que evite la hostilidad en contra de grupos sociales en virtud de categorías prohibidas por la propia Convención Americana” (párr. 90).
“[L]a verificación de elementos objetivos antes de realizar una interceptación de un vehículo o una detención con fines de identificación se vuelve particularmente relevante en contextos como el argentino, donde la policía ha normalizado prácticas de detenciones por sospecha de criminalidad, justificando dicha actuación en la prevención del delito, y donde adicionalmente los tribunales internos han convalidado este tipo de prácticas” (párr. 96).
“El Tribunal recuerda que la interceptación del automóvil del señor Fernández Prieto y la detención con fines de identificación del señor Tumbeiro incumplieron con el requisito de legalidad al haber sido realizadas incumpliendo con los supuestos habilitantes por la ley para realizar dichos actos y fueron en cambio avaladas en función del deber de prevención del delito y de las pruebas obtenidas […]. Sin embargo, la Corte considera que, aun en el supuesto de que la acción policial se hubiera enmarcado en los supuestos de excepción de detención sin orden judicial en la normativa vigente, la forma genérica e imprecisa en que estaban contemplados al momento en que ocurrieron los hechos permitía que cualquier tipo de ‘sospecha’ de la autoridad fuera suficiente para requisar o detener a una persona. De esta forma, el Tribunal observa que el artículo 4 del Código de Procedimientos, el artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación, y el artículo 1 de la Ley 23.950, son normas significativamente ambiguas en lo que respecta a los parámetros que permiten detener a una persona sin orden judicial ni estado de flagrancia. En definitiva, la ausencia de parámetros objetivos que legítimamente pudiesen justificar una detención sobre la configuración de los elementos previstos por la normativa, y la inexistencia de una obligación posterior de justificar un registro o una requisa con independencia de los resultados obtenidos por la misma, generaron un espacio amplio de discrecionalidad que derivó en una aplicación arbitraria de las facultades en cabeza de las autoridades policiales, lo cual además fue avalado mediante una práctica judicial que convalidó dichas detenciones sobre la base de criterios generales como la prevención del delito o ex post por las pruebas obtenidas” (párr. 97).
3. Control de convencionalidad. Interpretación de los tratados. Responsabilidad del Estado.
“[E]l artículo 2 de la Convención contempla el deber general de los Estados Partes de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, esta Corte ha reconocido que todas las autoridades de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos” (párr. 99).
“Respecto al control de convencionalidad, el Tribunal ha señalado que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un `control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Por tanto, en la creación e interpretación de las normas que faculten a la policía a realizar detenciones sin orden judicial o en flagrancia, las autoridades internas, incluidos los tribunales, están obligadas a tomar en cuenta las interpretaciones de la Convención Americana realizadas por la Corte Interamericana respecto a la necesidad de que las mismas se realicen en cumplimiento con los estándares en materia de libertad personal, los cuales han sido reiterados en el presente capítulo” (párr. 100).
“En consecuencia, este Tribunal concluye que tanto el Código de Procedimientos, con fundamento en el cual fue interceptado el vehículo en el que se transportaba el señor Fernández Prieto, como el Código Procesal Penal de la Nación y la Ley 23.950, con sustento en los cuales el señor Tumbeiro fue detenido con fines de identificación, adolecían de deficiencias normativas en la regulación de los supuestos que supuestamente autorizaban dicha actuación policial. Pese a ello, las sentencias judiciales emitidas en ambos casos justificaron la actuación policial con base en dicha normativa” (párr. 101).
4. Requisa. Derecho a la privacidad. Derecho a la vida privada y familiar. Orden judicial.
“La Corte ha precisado, respecto al artículo 11 de la Convención Americana, que, si bien esa norma se titula `Protección de la Honra y de la Dignidad’, su contenido incluye, entre otros, la protección de la vida privada. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad personal y familiar protegido por dicho precepto se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que las pertenencias que una persona lleva consigo en la vía pública, incluso cuando la persona se encuentra dentro de un automóvil, son bienes que, al igual que aquellos que se encuentran dentro de su domicilio, están incluidos dentro del ámbito de protección del derecho a la vida privada y la intimidad. Por esta razón, no pueden ser objeto de interferencias arbitrarias por parte de terceros o las autoridades” (párr. 102).
“En tanto las restricciones al derecho a la vida privada deben, como primer requisito para no ser catalogadas como abusivas o arbitrarias, estar `previstas en la ley’ y, en este caso, la inspección sin orden judicial de un vehículo detenido en un control policial no estaba contemplada expresamente en la normativa procesal vigente, la Corte estima que el registro del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto constituyó una injerencia ilegal en su vida privada y un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno” (párr. 103).
“En lo que respecta al señor Tumbeiro, el Tribunal considera que un registro corporal puede tener una incidencia y constituir una afectación a la protección de la honra y la dignidad. Por esta razón, los registros corporales que realicen las autoridades a personas detenidas deben realizarse en debida consideración a los límites impuestos por la Convención Americana” (párr. 104).
“[L]a requisa personal del señor Tumbeiro constituyó una injerencia ilegal a su vida privada que además resultó arbitraria y desproporcionada en la medida que: a) la norma invocada para su justificación resultaba imprecisa y contraria al principio de tipicidad porque no definía los supuestos de urgencia para proceder a una requisa sin orden judicial; b) incluso si se omitiera dicha indefinición normativa, los agentes policiales nunca acreditaron una situación de urgencia, máxime porque la finalidad inicial de la detención era la comprobación de su identidad, cuya información fue facilitada por el propio señor Tumbeiro y comprobada vía radial por los agentes policiales; c) la ‘sospecha’ basada en el estado emocional o la idoneidad o no de la reacción o forma de vestir del señor Tumbeiro constituye una apreciación subjetiva que, ante la ausencia de elementos objetivos, de ningún modo demuestra la necesidad de la medida; d) aun si se admitiera que lo anterior constituye un motivo suficiente o ‘urgente’ para proceder con la requisa, el hecho de que la misma excediera el palpamiento superficial sobre la ropa del señor Tumbeiro y este fuera obligado a desnudarse resulta desproporcionado, pues supuso una grave afectación de la intimidad del señor Tumbeiro sin que la medida persiguiera satisfacción de bienes jurídicos relevantes” (párr. 108).
“[L]as requisas corporales solo pueden ser efectuadas previa orden judicial debidamente motivada. Sin perjuicio de ello, si bien pueden existir situaciones excepcionales en las que la prevención del delito como un fin legítimo cuya consecución es atribuida a los cuerpos de seguridad estatales, y ante la imposibilidad de procurar una orden judicial previa, pueda justificar la práctica de una requisa, la Corte estima que esta en ningún caso puede resultar desproporcionada y tampoco puede superar el palpamiento superficial de las ropas de una persona, implicar su desnudez o atentar contra su integridad” (párr. 109).

DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; FUERZAS DE SEGURIDAD; DERECHO PENAL DE AUTOR; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ARBITRARIEDAD; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; REQUISA; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; ORDEN JUDICIAL;
Acosta Martínez y otros v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 5.2 (prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (derecho a la libertad personal) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de José Delfín Acosta Martínez, así como por la violación a los artículos 8.1 (garantías judiciales y debido proceso) y 25.1 (protección judicial) en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Ángel Acosta Martínez y Blanca Rosa Martínez.
Ante la Corte Interamericana, Argentina realizó un reconocimiento total de responsabilidad en relación a las conclusiones de la Comisión en su Informe de Fondo. Sin embargo, fue necesario proceder a determinar y precisar los alcances de la responsabilidad estatal en relación con la ilegalidad y la arbitrariedad de la privación de libertad del señor José Delfín Acosta Martínez.
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Derecho penal de autor. Control de convencionalidad.
“[L]a libertad y la seguridad personal constituyen garantías para la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. Si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. La finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos requiere que el Estado legisle y adopte diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de estos agentes estatales, en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida” (párr. 75).
“[E]l arresto y la detención de José Delfín Acosta Martínez se realizó en aplicación del Edicto Policial sobre Ebriedad. De esta forma, es a partir de esta normativa y de las normas procesales aplicables al momento de los hechos en la Ciudad de Buenos Aires que se debe analizar si se cumplieron los requisitos establecidos por el artículo 7.2 de la Convención” (párr. 78).
“Este artículo 7.2 reconoce, primeramente, la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Esta reserva de ley implica, en primer lugar, una garantía formal, en el sentido de que toda restricción de la libertad debe emanar de una ‘norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de leyes’. Pero también implica, en segundo lugar, un aspecto material, el principio de tipicidad que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’, las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. De esta forma, la propia Convención remite al derecho interno del Estado concernido para poder analizar el cumplimiento del artículo 7.2. Tal remisión no implica que la Corte deje de fallar de acuerdo a la Convención, ni que realice un control de constitucionalidad o de legalidad de la normativa interna. Únicamente implica un control de convencionalidad, amparado, además, en los artículos 1.1 y 2 de la Convención” (párr. 79).
2. Detención de personas. Edictos. Ebriedad. Principio de legalidad. Tipicidad. Interpretación de la ley.
“El arresto del señor Acosta Martínez se efectuó en aplicación de los Edictos Policiales y el Reglamento de Procedimientos Contravencionales. Esta normativa no se ajusta al principio de legalidad y tipicidad tal y como ha sido entendido por esta Corte en su jurisprudencia. Al respecto, este Tribunal ha establecido que, ‘la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor pues, de no ser así las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en que se expresan el reproche social y las consecuencias de este’. De esta forma, es necesario que el ámbito de aplicación de conductas punibles esté delimitado de la manera más clara y precisa que sea posible” (párr. 83).
“En el caso concreto, el Edicto de Ebriedad y otras Intoxicaciones no cumplía con este mandato de certeza, pues señalaba como conducta sancionable encontrarse ‘en completo estado de ebriedad’, redacción que, además de ser ambigua e indeterminada dejaba un amplio margen de discrecionalidad para su aplicación por parte de las autoridades. La completa ebriedad no es un comportamiento empíricamente verificable sino que está sujeto a un juicio de valor por parte de las autoridades policiales encargadas de dar cumplimiento al edicto” (párr. 84).
“Asimismo, la ebriedad, sancionada por el Edicto de marras, es más una condición transitoria de una persona, que una conducta. Esta Corte ya ha considerado que el ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de las características o condiciones personales del agente y no del hecho cometido ‘sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática, por el Derecho penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía’” (párr. 85).
“Por otra parte, el Edicto Policial […] castigaba la mera condición de estar ebrio, sin hacer referencia a que la conducta desplegada por el infractor afectase o pusiese en peligro a sí mismo o a terceros. Sobre el particular, cabe señalar que el derecho contravencional, al igual que el derecho penal, corresponde al ejercicio del poder punitivo del Estado, lo cual resulta evidente en este caso pues la sanción prevista implicaba la privación de la libertad” (párr. 86).
“En una sociedad democrática el poder punitivo estatal sólo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques que los dañen o pongan en peligro. La ebriedad, tal como aparecía tipificada por el Edicto en cuestión, por sí sola no afecta derechos de terceros, por lo que su sanción no busca proteger bienes jurídicos individuales o colectivos. A menos que el estar ebrio se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto, lo que sin duda alguna resulta contrario a la Convención, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al ejercicio del ius puniendi estatal, el cual tiene como límite infranqueable la libre determinación y la dignidad de la persona, los cuales constituyen los pilares básicos de todo ordenamiento jurídico” (párr. 87).
“[E]l artículo 2 de la Convención señala el deber que tiene los Estados Parte en la Convención de adecuar su legislación interna a las obligaciones derivadas de la Convención. En este sentido, la Corte ha señalado que: [s]i los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. De lo contrario, incurren en violación del artículo 2 de la Convención” (párr. 89).
3. Procedimiento policial. Detención de personas. Afrodescendientes. No discriminación.
“[L]os agentes de policía actuaron movidos más por un perfil racial, que por una verdadera sospecha de comisión de un ilícito. El carácter amplio de la normativa de los edictos policiales les permitió, a posteriori, justificar su intervención y darle una apariencia de legalidad. Sin embargo, estas motivaciones demuestran el carácter arbitrario de la detención del señor Acosta Martínez” (párr. 93).
“A la hora de analizar las motivaciones del arresto y privación de libertad del señor Acosta Martínez, se debe tomar en cuenta el contexto de discriminación racial y persecución policial que vivían las personas afrodescendientes en Argentina […]. De la misma manera, la amplitud de las normas que facultan a la policía a privar de libertad sobre la base de edictos que sancionan características más que conductas, terminan siendo utilizadas arbitrariamente y con base en prejuicios y estereotipos de ciertos grupos que coinciden con aquellos históricamente discriminados.
En efecto, tal como lo subraya el Informe del 2015 del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas: Los agentes de policía y de inmigración y los funcionarios de prisiones a menudo actúan basándose en perfiles raciales y étnicos, en muchas formas distintas y perniciosas. También puede suceder que las políticas oficiales faciliten prácticas discrecionales que permiten que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dirijan selectivamente sus actuaciones hacia grupos o personas basándose en el color de su piel, en su vestimenta, en su vello facial o en el idioma que hablan. A veces también existe un sesgo implícito que motiva la utilización de criterios raciales y étnicos en la actuación de las fuerzas del orden. Aunque algunos estudios han demostrado la ineficacia de la utilización de perfiles raciales y étnica, los funcionarios siguen recurriendo a esa práctica” (párrs. 94-95).
“El programa de acción de Durban define los perfiles raciales como ‘la práctica de los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de basarse, en uno u otro grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico como motivo para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si una persona realiza actividades delictivas’. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha hecho referencia a estas prácticas definiéndolas como ‘los interrogatorios, las detenciones y los cacheos basados de facto exclusivamente en el aspecto físico del individuo, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia a un grupo racial o étnico, o cualquier otra categorización que pueda hacerle particularmente sospechoso’” (párr. 96).
“En su sexto período de sesiones, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana examinó el tema de la elaboración de perfiles raciales. El Grupo de Trabajo reconoció que elaborarlos viola el derecho a la no discriminación y recordó que las normas internacionales y regionales dejan sentado que la discriminación racial en la administración de justicia es ilícita. El Grupo de Trabajo destacó, además, que se ha admitido que los perfiles raciales son un problema específico debido a que sistemática e históricamente han estado dirigidos contra las personas de ascendencia africana, lo que tiene consecuencias graves puesto que se crean y perpetúan una estigmatización y estereotipos profundamente negativos de los afrodescendientes como criminales en potencia. Asimismo, consideró que en la mayoría de los casos en que se han utilizado perfiles raciales, no se ha logrado mejorar la situación de seguridad y se ha perjudicado mucho a la población de ascendencia africana y otros grupos vulnerables” (párr. 97).  
“Las manifestaciones de la utilización de perfiles raciales también pueden estar ligadas a la normativa o la práctica interna. En efecto, como lo señaló el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, ‘puede suceder que las políticas oficiales faciliten prácticas discrecionales que permiten a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dirijan selectivamente sus actuaciones hacia grupos o personas basándose en el color de su piel, en su vestimenta, en su vello facial o en el idioma en que hablan’” (párr. 98).  
“El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que una privación de libertad tiene motivos discriminatorios ‘cuando resultaba evidente que se había privado a las personas de su libertad específicamente en función de las características distintivas reales o aparentes, o a causa de su pertenencia real o presunta a un grupo diferenciado (y a menudo minoritario)’. El Grupo de Trabajo considera como uno de los factores a tomar en cuenta para determinar la existencia de motivos discriminatorios, si ‘[l]as autoridades han hecho afirmaciones a la persona detenida o se han comportado con ella de manera que indique una actitud discriminatoria’. De esta forma, una detención basada en el uso de perfiles raciales sería claramente discriminatoria” (párr. 99).   
“En el caso concreto los agentes policiales justificaron la detención del señor Acosta Martínez en su supuesto estado de ebriedad. De esta forma, al utilizar una normativa tan amplia como los Edictos contra la ebriedad, en realidad se encubrió la utilización de un perfil racial como motivo principal para su detención y, por consiguiente, se puso de manifiesto la arbitrariedad de su privación de libertad. En efecto, este Tribunal ha señalado que las detenciones realizadas por razones discriminatorias son, por consiguiente, arbitrarias” (párr. 100).   

DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; DERECHO PENAL DE AUTOR; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; EDICTOS; EBRIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; TIPICIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; AFRODESCENDIENTES; NO DISCRIMINACIÓN;
Urrutia Laubreaux v. ChileCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Chile era responsable por la violación de los artículos 13.2 (libertad de pensamiento y de expresión), 8.1, 8.2.b), 8.2.c) (garantías judiciales y debido proceso) y 9 (principio de legalidad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 1. Libertad de expresión. Funcionarios públicos. Garantía de imparcialidad. Independencia. “La Convención Americana garantiza el derecho a la libertad de expresión a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración. Respecto a personas que ejercen funciones jurisdiccionales, la Corte ha señalado que, debido a sus funciones en la administración de justicia, la libertad de expresión de los jueces y juezas pueden estar sujetos a restricciones distintas y en sentidos que no afectarían a otras personas, incluyendo a otros funcionarios públicos” (párr. 82). “Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura […] reconocen que ‘los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura’. Asimismo, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial establecen que ‘[u]n juez, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión pero, cuando ejerza los citados derechos y libertades, se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura’. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo ha señalado que ciertas restricciones a la libertad de expresión de los jueces son necesarias en todos los casos donde la autoridad e imparcialidad de la judicatura pudieran ser cuestionadas…” (párr. 83). “El objetivo general de garantizar la independencia e imparcialidad es, en principio, un fin legítimo para restringir ciertos derechos de los jueces. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial’. En este sentido, el Estado tiene la obligación de regular que sus jueces y tribunales cumplan con dichos preceptos. Por tanto, resulta acorde con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces, con la finalidad de proteger la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, como un ‘derecho o libertad de los demás’. La compatibilidad de dichas restricciones con la Convención Americana debe ser analizada en cada caso concreto, tomando en cuenta el contenido de la expresión y las circunstancias de la misma. Así, por ejemplo, expresiones realizadas en un contexto académico podrían ser más permisivas que las realizadas a medios de comunicación” (párr. 84). “[E]l artículo 13.2 de la Convención Americana establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, deben cumplir con los siguientes requisitos de forma concurrente: (i) estar previamente fijadas por ley, en sentido formal y material; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana (‘el respeto a los derechos a la reputación de los demás’ o ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas’), y (iii) ser necesarias en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad)” (párr. 85). “En el presente caso, tal como lo señaló la Corte Suprema de Chile, el trabajo académico […] constituyó un ejercicio de su libertad de expresión. Este Tribunal considera que, si bien la libertad de expresión de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales puede estar sujeta a mayores restricciones que la de otras personas, esto no implica que cualquier expresión de un Juez o Jueza pueda ser restringida. En este sentido, no es acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por la presunta víctima en el presente caso” (párr. 89). 2. Control de convencionalidad. Responsabilidad del Estado. Sanciones diciplinarias. “[E]l Estado es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, en su caso, reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos” (párr. 90). “El referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa […]. En este sentido, la Corte ha señalado que la responsabilidad estatal bajo la Convención solo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho, y de reparar por sus propios medios los daños ocasionados. En consecuencia, el Tribunal ha establecido que los Estados no son internacionalmente responsables cuando han reconocido la comisión de un hecho ilícito internacional, han cesado la violación, y han reparado las consecuencias de la medida o situación que lo configuró” (párr. 91). “[L]a decisión de la Corte Suprema de Chile […] reconoció la violación a la libertad de expresión y ordenó dejar sin efecto la sanción impuesta […]. Dicha sanción fue posteriormente eliminada de la hoja de vida […]. En relación con lo anterior, la Corte recuerda que el control de convencionalidad […] es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Los jueces y órganos judiciales deben prevenir potenciales violaciones a derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, o bien solucionarlas a nivel interno cuando ya hayan ocurrido, teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana. Solo en caso contrario pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad. En ese sentido, un adecuado control de convencionalidad a nivel interno fortalece la complementariedad del Sistema Interamericano y la eficacia de la Convención Americana al garantizar que las autoridades nacionales actúen como garantes de los derechos humanos de fuente internacional” (párrs. 92-93). “[L]a decisión de la Corte Suprema de Chile constituyó un adecuado y oportuno control de convencionalidad de la sanción de amonestación privada impuesta […] en tanto reconoció, cesó y reparó parcialmente la violación al derecho a la libertad de expresión en perjuicio del señor […]. La Corte Suprema de Chile tomó en debida consideración los estándares desarrollados por este Tribunal en relación con los límites a las restricciones permitidas por el artículo 13 de la Convención para así garantizar adecuadamente la libertad de expresión […] al a) dejar sin efecto la sanción impuesta, y b) ordenar la eliminación de la misma de la hoja de vida de la presunta víctima” (párr. 94). “No obstante, este Tribunal advierte que la sanción se mantuvo en la hoja de vida del señor […] por más de 13 años, lo cual razonablemente afectó su carrera judicial. Al respecto, la Corte advierte que de acuerdo a la legislación chilena vigente al momento de los hechos la imposición de una ‘amonestación privada’ tiene como consecuencia que el o la jueza sancionada no pueda ser calificada en la lista ‘Sobresaliente’. La calificación de los jueces con base en la acumulación de puntos influye en la preferencia que se tiene en los nombramientos en propiedad, en la promoción de los jueces a cargos superiores, y en el nombramiento a plazas distintas […]. Este daño no ha sido reparado por el Estado de Chile. En consecuencia, la Corte advierte que no se ha subsanado totalmente la violación del derecho a la libertad de expresión del señor Urrutia Laubreaux” (párr. 95). 3. Debido proceso. Acusación. Sanciones disciplinarias. Derecho de defensa. Derecho a ser oído. Garantía de imparcialidad. “[L]as garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana hacen parte del elenco de garantías mínimas que debieron ser respetadas para adoptar una decisión que no fuera arbitraria y resultara ajustada al debido proceso […]. Adicionalmente, en casos de procesos disciplinarios en contra de jueces, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. En el caso Reverón Trujillo v. Venezuela, la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como ‘esencial para el ejercicio de la función judicial’” (párrs. 103-104). “El ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. De la independencia judicial derivan las siguientes garantías: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas” (párr. 105). “Respecto a la garantía contra presiones externas, la Corte ha señalado que el Estado debe abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes y adoptar acciones para evitar que tales injerencias sean cometidas por personas u órganos ajenos al poder judicial” (párr. 106). “Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se procederá a analizar: 1) el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, y 2) el derecho a contar con una autoridad disciplinaria imparcial y el derecho a la protección judicial” (párr. 111). “El derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación en materia penal contempla que debe realizarse una descripción material de la conducta imputada que contenga los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el acusado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan tanto en materia penal como en los otros órdenes señalados en el artículo 8.1 de la Convención, a pesar de que la exigencia en los otros órdenes puede ser de otra intensidad o naturaleza. Como parte de las garantías mínimas establecidas en el artículo 8.2 de la Convención, el derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación se aplica. Ahora bien, cuando se trata de un proceso disciplinario sancionatorio el alcance de esta garantía puede ser entendido de manera diversa, pero en todo caso implica que se ponga en conocimiento del sujeto disciplinable cuales son las conductas infractoras del régimen disciplinario que se le imputan” (párr. 113). “Este Tribunal advierte que en ningún momento previo a la imposición de la sanción el señor […] fue informado del inicio de un proceso disciplinario en su contra, de las normas presuntamente infringidas ni se le brindó un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de dichas normas […]. Lo anterior tuvo como consecuencia que la presunta víctima no estuviera al tanto de que estaba siendo objeto de un proceso disciplinario, ni los hechos que se le imputaban. Esta falta de información constituyó una violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, contenida en el artículo 8.2.b) de la Convención Americana” (párr. 115). “El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial’. La garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. En este sentido, esta garantía implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia y que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario, consistente, por ejemplo, en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes. Por su parte, la denominada imparcialidad objetiva involucra la determinación de si la autoridad judicial cuestionada brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. La garantía de imparcialidad es aplicable a los procesos disciplinarios llevados a cabo en contra de jueces” (párr. 118). “[E]ste Tribunal considera que los ministros de la Corte Suprema que conocieron de la apelación no reunían elementos objetivos de imparcialidad para resolver sobre la misma” (párr. 124). 4. Principio de legalidad. Sanciones disciplinarias. Independencia. Discrecionalidad. Seguridad jurídica. “Con relación al principio de legalidad, la Corte ha señalado que también tiene vigencia en materia disciplinaria, no obstante, su alcance depende considerablemente de la materia regulada. La precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver. Del mismo modo, esta Corte expresó en el caso López Mendoza v. Venezuela que los problemas de indeterminación del tipo sancionatorio no generan, per se, una violación de la Convención, es decir, que el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma, siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad con el fin de brindar una adecuada protección para que una interferencia arbitraria no se produzca” (párrs. 129-130). “[E]l proceso disciplinario tuvo carácter sancionatorio, por lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, son aplicables las garantías del artículo 9 de la Convención. Adicionalmente, tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas, el cumplimiento con el principio de legalidad es aún más importante ya que constituye una garantía contra presiones externas a los jueces y, por ende, de su independencia” (párr. 131). “Este Tribunal considera que la Corte Suprema de Chile al sancionar al señor […] utilizando el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales [sobre la prohibición de ‘publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados] utilizó una norma que permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma en violación del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención” (párr. 135). “[N]ormas como la presente vulneran no solo el principio de legalidad sino también la independencia judicial. En efecto, independientemente de la imprecisión en la formulación legal de la norma de referencia, esta Corte no puede dejar de observar que la garantía para todo habitante, de ser juzgado por el juez ‘independiente’ del artículo 8.1 de la Convención, presupone la existencia de jueces ‘independientes’, es decir, que todo Estado respete la independencia judicial” (párr. 136). “Si bien es obvio que existen limitaciones inherentes a la función judicial en cuanto a sus manifestaciones públicas, en especial referidas a los casos sometidos a sus decisiones jurisdiccionales, no deben confundirse éstas con las que hacen a la crítica que pueda dirigir a los otros jueces y, menos aún, a la defensa pública de su propio desempeño funcional” (párr. 137). “Prohibir a los jueces la crítica del funcionamiento del Poder del Estado de que forman parte, que implica necesariamente la crítica a la conducta de otros jueces, o requerirle que para eso solicite la autorización del Presidente del máximo tribunal y, más aún, que deba actuar de la misma forma cuando se trata de defender su propia actuación judicial, implica una opción por un modelo de Poder Judicial jerarquizado en forma de corporación, en que los jueces carecen de independencia interna, con la tendencia a la subordinación incondicional a la autoridad de sus propios órganos colegiados, lo que si bien formalmente puede pretenderse limitado al ámbito disciplinario, en la práctica redunda, por temor inherente a este poder, en un sometimiento a la jurisprudencia llamada ‘superior’ y paraliza la dinámica interpretativa en la aplicación del derecho” (párr. 138). “[E]l artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención. Dicho deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades u obstaculicen su ejercicio. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías” (párr. 139). “La Corte advierte que en virtud del artículo 2 de la Convención, el Estado estaba obligado a suprimir las normas que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por tanto, existió una omisión del Estado al mantener vigente dicha norma. Esta omisión conllevó a una violación del artículo 2 de la Convención y afectó la seguridad jurídica y los derechos de la presunta víctima al momento de determinarse la sanción” (párr. 140).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; INDEPENDENCIA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; SANCIONES DISCIPLINARIAS; DEBIDO PROCESO; ACUSACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO A SER OIDO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DISCRECIONALIDAD; SEGURIDAD JURÍDICA;
Munteanu v. MoldaviaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Moldavia era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) y 14 (igualdad y no discriminación), leído en relación al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Violencia de género. Violencia familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la vida privada y familiar. Responsabilidad del Estado. Medidas de acción positiva. “[L]os malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad para que entren en el ámbito de protección del artículo 3. La valoración de este nivel mínimo es relativa ya que depende de las circunstancias del caso, la naturaleza y contexto del tratamiento en cuestión, su duración, sus efectos físicos y psicológicos y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima…” (cfr. párr. 60). “Una vez que se ha demostrado que el tratamiento alcanzó el umbral de gravedad exigido por el artículo 3 del Convenio, el Tribunal debe examinar si las autoridades estatales han cumplido con sus obligaciones positivas en virtud del artículo 1 del mismo instrumento, leído en conjunto con el artículo 3, a fin de garantizar que las personas dentro de su jurisdicción estén protegidas contra cualquier forma de malos tratos, incluso cuando dicho trato sea ejecutado por particulares” (cfr. párr. 61). “Estas obligaciones positivas, que se encuentran interrelacionadas, incluyen: a) la obligación de establecer y aplicar en la práctica un marco jurídico adecuado que brinde protección contra los malos tratos por parte de particulares; b) la obligación de adoptar aquellas medidas razonables que cabría esperar con el fin de evitar un riesgo real e inmediato de maltrato del que las autoridades sabían o deberían haber sabido; y c) la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva cuando se ha planteado una denuncia discutible de malos tratos” (cfr. párr. 62). “La injerencia de las autoridades en la vida privada y familiar puede resultar necesaria para proteger la salud y los derechos de una persona o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias […]. Esto requiere que los Estados mantengan y apliquen en la práctica un marco legal adecuado que brinde protección contra actos de violencia por parte de particulares” (cfr. párr. 63). “Algunas de las lesiones [de la peticionaria] fueron bastante graves, como una herida de arma blanca y una fractura de mandíbula […], mientras que otras fueron causadas con tanta frecuencia que representan, a juicio del Tribunal, un maltrato sistemático que fue interrumpido únicamente mientras IM estaba en prisión. Además, el temor a nuevas agresiones era lo suficientemente grave como para hacer que la peticionaria experimentara un sufrimiento y ansiedad equivalentes a un trato inhumano en el sentido del artículo 3 del Convenio. De la misma forma, es evidente que el menor no sólo sufrió como resultado de presenciar la violencia contra su madre, sino que también fue agredido físicamente por su padre […]. En tales circunstancias, la Corte considera que el artículo 3 del Convenio es aplicable al presente caso. Por lo tanto, debe determinar si la actuación de las autoridades en respuesta a las denuncias de los peticionarios cumplió con los requisitos de dicha disposición” (cfr. párr. 64-67). 2. Medidas de acción positiva. Debida diligencia. Responsabilidad del Estado. Denuncia. Medidas de seguridad. Igualdad. No discriminación. Actos discriminatorios. “[L]as obligaciones positivas de los Estados en virtud del artículo 3 incluyen, por un lado, el establecimiento de un marco legislativo destinado a prevenir y sancionar los malos tratos por parte de particulares y, por otro, cuando exista conocimiento de un riesgo inminente de malos tratos sobre una persona o cuando ya se hayan producido, aplicar las leyes pertinentes en la práctica, con el fin de proteger a las víctimas y sancionar a los responsables” (cfr. párr. 68). “[L]as autoridades estatales tienen la responsabilidad de tomar medidas de protección en forma de disuasión efectiva frente a violaciones graves a la integridad personal de una persona por parte de un miembro de su familia o de una pareja […]. La interferencia de las autoridades en la vida privada y familiar puede resultar necesaria para proteger la salud y los derechos de la víctima o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias […]. Se debe evaluar el riesgo de una amenaza real e inmediata, teniendo debidamente en cuenta el contexto particular de la violencia doméstica. En tal situación, no se trata solo de la obligación de brindar protección general a la sociedad, sino de tener en cuenta la recurrencia de sucesivos episodios de violencia dentro de la familia […]. En muchos casos, la Corte encontró que incluso cuando las autoridades no permanecieron totalmente pasivas, no llegaron a cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 3 del Convenio, debido a que las medidas adoptadas no impidieron que el abusador perpetrara más violencia contra la víctima” (cfr. párr. 70). “Es evidente que a pesar de las numerosas denuncias y órdenes de protección adoptadas, las autoridades hicieron muy poco para proteger eficazmente a los peticionarios sobre el riesgo constante de violencia, como se hizo más evidente después de cada caso de malos tratos e incumplimiento de las órdenes de protección […]. La multa impuesta por violar una de las órdenes de protección […] no tuvo ningún efecto en su comportamiento. Lo anterior es suficiente para que la Corte concluya que las autoridades no cumplieron adecuadamente con su obligación positiva de prevenir la amenaza real e inmediata de violencia doméstica contra los peticionarios” (cfr. párr. 73-74). “[L]a violencia intrafamiliar afecta principalmente a las mujeres; además, la actitud generalizada de las autoridades locales genera un ambiente propicio para la violencia doméstica, tanto en la forma en que se trata a las mujeres en las comisarías cuando denuncian violencia intrafamiliar como la pasividad judicial para brindar protección efectiva a las víctimas […]. En consecuencia, que el Estado no proteja a las mujeres de la violencia doméstica viola su derecho a la protección igualitaria de la ley ya que este incumplimiento no necesita ser intencional” (cfr. párr. 80). “[L]a combinación de los factores anteriores demuestra claramente que las acciones de las autoridades no fueron una simple falla o retraso en el tratamiento de la violencia contra la peticionaria sino la condonación de esa violencia, lo que refleja una actitud discriminatoria hacia ella como mujer” (cfr. párr. 82).
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; DEBIDA DILIGENCIA; DENUNCIA; MEDIDAS DE SEGURIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACTOS DISCRIMINATORIOS;
Resolución Nº 4/2020. Derechos Humanos de las personas con COVID-19Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1. Emergencia Sanitaria. Responsabilidad del Estado. Derecho a la Salud. Asistencia médica. Tratamiento médico. Principio de dignidad humana. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Derecho a la vida.
“Los Estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19, inclusive mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario, que reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de todos los poderes públicos de los Estados” (párr. 1).
“La finalidad principal de toda atención o servicio de salud y cuidado dirigido a personas con COVID-19 es la protección de la vida, la salud, tanto física como mental, la optimización de su bienestar de forma integral, el no abandono, el respeto de la dignidad como ser humano y su autodeterminación haciendo uso del máximo de los recursos disponibles, para el mejor cuidado y tratamiento posible. En ningún caso las personas deben ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al existir una prohibición absoluta e inderogable al respecto” (párr. 2).
“Para dar una primera respuesta adecuada, los centros de salud de atención primaria, como espacios de relevancia de contacto sanitario, deben contar con los elementos esenciales incluyendo provisión de información, prevención, atención y tratamiento médico esencial…” (párr. 9).  
“Los Estados deben garantizar la provisión de tratamiento intensivo y prestaciones médicas de hospitalización para las personas con COVID-19 en situaciones de urgencia médica donde se encuentre en riesgo la vida si no se da el soporte vital requerido […]. Con el fin de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos a la vida y a la salud de las personas con COVID-19, los Estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad, en condiciones de igualdad, respecto de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar tales derechos en el contexto de pandemia” (párr. 10-11).
“Para la protección del derecho a la salud de las personas con COVID-19 es necesario reconocer y garantizar el derecho a recibir una prestación adecuada de los servicios de salud mediante un marco normativo y protocolos de atención y tratamiento con parámetros claros de atención” (párr. 18).
“Para la protección del derecho a la vida y al tratamiento de las personas con COVID-19, los mecanismos de cooperación entre los Estados requieren que los mismos destinen esfuerzos prioritarios para la investigación científica; en particular, aquellas investigaciones relativas a las secuencias genéticas y mutaciones del SARS-COV-2, a las vacunas y medicamentos para su tratamiento, el desarrollo de equipo de protección personal, así como el constante flujo de información con respeto a los estándares de la bioética pertinentes en la materia” (párr. 28).  
2. Vulnerabilidad. Igualdad. No discriminación. Arbitrariedad. Principio de proporcionalidad. Género. Pueblos indígenas. Afrodescendientes. Adultos mayores. Personas privadas de libertad, Personas con discapacidad. Migrantes. LGBTIQ, Niñas, niños y adolescentes.
“Para la implementación de acciones diferenciadas en el acceso oportuno a servicios y bienes de salud de las personas con COVID-19 en situación de pobreza, especialmente en asentamientos informales o en situación de calle, como en otras condiciones de exposición a la extrema vulnerabilidad o exclusión, los Estados deben garantizar la gratuidad del diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación” (párr. 15).  
“Los Estados deben dirigir esfuerzos para la más amplia cobertura posible a nivel geográfico, tomando en cuenta las particularidades de cada zona. En cuanto a las personas con COVID19 con riesgo a la vida y amenazas serias a su salud que viven en zonas rurales o lugares alejados, y con mayores obstáculos de acceso a servicios especializados, como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes tribales, deben generarse acciones específicas para identificarlas y construir estrategias de asistencia en transporte, alojamiento y acceso esencial al agua y a la alimentación” (párr. 16).   
“En el tratamiento y atención de las personas indígenas con COVID-19, debe tomarse en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta sus cuidados preventivos, sus prácticas curativas y sus medicinas tradicionales. Del mismo modo, los Estados deben asegurar un adecuado enfoque intercultural en el tratamiento y atención de las comunidades afrodescendientes tribales” (párr. 17).
“Para proteger a las personas con COVID-19, los Estados deben guiar las medidas que adopten bajo los principios de igualdad y no discriminación de conformidad con los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos” (párr. 3).
“Las decisiones relativas a la salud y cuidado de las personas con COVID-19, deben adoptarse e implementarse sin ningún tipo de discriminación arbitraria basado en alguno de los motivos reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos; esto debe ser particularmente considerado respecto a ciertos colectivos, como las personas mayores o las personas con discapacidad. Una diferencia de trato es contraria al derecho internacional cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Ello es aplicable, incluso en el tratamiento médico respecto de las personas que tienen condiciones médicas o enfermedades que hayan sido ocasionadas o se vean agravadas por la propia afectación por el virus” (párr. 23).  
“Para superar el estigma social asociado con COVID-19 y posibles comportamientos discriminatorios hacia personas que se perciben hayan estado en contacto con el virus, se deben adoptar de forma inmediata medidas que tengan en cuenta las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad, además de enfoques diferenciados, que hacen visibles los riesgos agravados sobre los derechos humanos contra personas, grupos y colectividades en especial situación de vulnerabilidad y exclusión histórica en el hemisferio, tales como personas en situación de pobreza o de calle, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, comunidades tribales, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, refugiadas y otras en situación de movilidad humana, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, y mujeres, teniendo especialmente en cuenta a aquellas que estén embarazadas o sean víctimas de violencia de género” (párr. 24).    
3. Consentimiento informado. Derecho a la información. Consulta previa. Derecho a la privacidad. Tratamiento médico. Niños, niñas y adolescentes.
“Cualquier tipo de tratamiento médico de las personas con COVID-19 debe recabar el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas. Cuando esté comprobado que su condición de salud no se lo permita, es necesario contar con el consentimiento de sus familiares o representantes. Dicha regla sólo admite como excepción una situación de urgencia donde se encuentre en inminente riesgo la vida y le resulte imposible a la persona con COVID-19 adoptar una decisión en relación con su salud. La urgencia o emergencia se refiere a la inminencia de un riesgo y, por ende, a una situación en que la intervención es necesaria ya que no puede ser pospuesta, excluyendo aquellos casos en los que se puede esperar para obtener el consentimiento. Respecto de niños, niñas o adolescentes con COVID-19 deberán ser consultados y su opinión debe ser debidamente considerada por sus familiares, responsables y por el equipo de salud” (párr. 19).  
“Toda persona con COVID-19 tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos les suministren información oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismos, y fidedigna, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades específicas. Cualquier investigación en seres humanos relacionada con COVID-19 debe recabar el consentimiento previo, libre e informado de la persona. Toda persona tiene el derecho a negarse a participar en la investigación y a retirar su consentimiento en cualquier momento” (párr. 20-21).  
“Para el adecuado ejercicio de los derechos de las personas con COVID-19, los Estados tienen la obligación positiva de informar de manera proactiva a las personas sobre sus derechos frente a los prestadores de salud, así como los mecanismos de protección existentes. Esto también incluye la obligación de facilitar el conocimiento y acceso a información culturalmente adecuada y particularmente accesible a los distintos grupos de población sobre medidas de prevención y de atención de salud en este contexto. El derecho de acceso a la información de las personas afectadas comprende la información sobre su historia clínica, la etiología, la sintomatología, las formas de transmisión, y posibles tratamientos, entre otros aspectos” (párr. 32-33).  
“En el desarrollo de aplicaciones de geolocalización y de alerta a la exposición al COVID-19, los Estados deben controlar que los actores públicos o privados que presten este servicio recaben el consentimiento informado de las personas con COVID-19 cuyos datos personales sean incorporados a los mismos […]. [D]eberán realizar una evaluación previa y pública del impacto que tienen en la privacidad de las personas afectadas por el virus las aplicaciones tecnológicas y herramientas de georreferenciación que se proyecten desarrollar para preservar la salud, a los efectos de justificar de forma fundada el beneficio de esas herramientas frente a otras alternativas que afecten en menor medida la privacidad” (párr. 34-35).  
“El almacenamiento de datos de las personas con COVID-19 debe estar limitado al fin legítimo y limitado de contener y revertir la pandemia, por el tiempo estrictamente necesario y estarán desvinculados de la identidad y otros aspectos personalísimos” (párr. 36).  
4. DESC.  Trabajo. Despido. Derecho a la alimentación. Aguas. Desalojo. Vivienda. Educación.
“Las personas con COVID-19 deben ser protegidas contra el despido injustificado, tanto en el ámbito público como en el privado, como garantía de la estabilidad laboral, lo que incluye medidas especiales dirigidas a proteger los derechos y condiciones derivados de la misma” (párr. 42).  
“Los Estados deben asegurar prioritariamente el suministro de agua y alimentos en cantidades adecuadas a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema con COVID-19, especialmente las que no tengan acceso al agua, ni a la adquisición de víveres de primera necesidad. Asimismo, se recomienda prever la adecuación de espacios temporales dignos para el aislamiento o cuidado de las personas con COVID-19 que lo requieran, particularmente aquellas en situación de pobreza, viviendo en la calle o en asentamientos informales o precarios. Entre otras medidas, también pueden implementar la suspensión de desalojos, de pagos de renta o hipotecas, o cualquier alivio para que las personas con COVID-19 puedan cumplir con las disposiciones sanitarias que correspondan” (párr. 43).  
“Para el goce pleno del derecho a la educación de las personas con COVID-19, bien por sufrir la enfermedad directamente o en el núcleo de sus familias, los Estados deben prever dentro de los diferentes niveles de sus sistemas educativos, la implementación de medidas que mitiguen la posible interrupción de los estudios y se enfoquen en la reducción del abandono de los mismos. Así como atenuar otras consecuencias derivadas directamente de la pandemia, tomando especialmente en consideración el papel de la escuela en los entornos más vulnerables, como proveedora de higiene, salud o alimentos” (párr. 44).  
5. Acceso a la justicia. Debida diligencia. Plazo razonable.
“Para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas con COVID-19 deben asegurarse recursos dirigidos a investigar de manera seria, oportuna y diligente las afectaciones a sus derechos, que incluyen irregularidades en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación médica recibida, atención médica en instituciones sin la debida habilitación o no aptas en razón de su infraestructura o higiene, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades” (párr. 45).   
“Para investigar en forma diligente las violaciones de derechos de las personas con COVID-19, se deben realizar todas las diligencias indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación, tales como el debido registro y cuidado del historial clínico, la autopsia y los análisis de restos humanos. Estas actividades deben realizarse de forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” (párr. 46).   
“Los procesos relacionados con denuncias de afectaciones a los derechos de las personas con COVID-19 así como la ejecución de las sanciones deben ser decididos en un plazo razonable. Cuando lo que se encuentra en juego en el proceso judicial es de crucial importancia para salvaguardar los derechos de la persona afectada, los Estados deben actuar con celeridad y diligencia excepcional, aun cuando este tipo de casos pueda significar cierto nivel de complejidad” (párr. 47).   
“Para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables se debe hacer uso de todas las vías disponibles; la falta de determinación de responsabilidad penal, no debe impedir la investigación de otros tipos de responsabilidades y determinación de sanciones, tales como las administrativas o disciplinarias” (párr. 48).  
EMERGENCIA SANITARIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; TRATAMIENTO MÉDICO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; GÉNERO; PUEBLOS INDÍGENAS; AFRODESCENDIENTES; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; MIGRANTES; LGBTIQ; CONSENTIMIENTO INFORMADO; DERECHO A LA INFORMACIÓN; CONSULTA PREVIA; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DESC; TRABAJO; DESPIDO; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; AGUAS; DESALOJO; VIVIENDA; EDUCACIÓN; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Valle Ambrosio y otro v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación del artículo 8.2.h (derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Debido proceso. Recursos. Revisión judicial. Arbitrariedad. Cuestiones de hecho. Recurso de casación.   
“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante al alcance y contenido del artículo 8.2.h de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]’. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal” (párr. 42).
“[E]l artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz, es decir, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes, y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (párr. 43).
“[E]l artículo 468 del CPPC, encargado de regular los motivos para poder interponer el recurso de casación, solo habilitaba dos supuestos específicos en los que éste procedía, a saber: (i) la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva y (ii) la inobservancia de las normas contenidas en el propio CPPC bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad. La Corte observa […] que tal y como se encontraba regulado el recurso de casación, de la literalidad de las normas no era posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias por un tribunal superior, tal y como sucedió en el presente caso” (párr. 54).
DEBIDO PROCESO; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; ARBITRARIEDAD; CUESTIONES DE HECHO; RECURSO DE CASACIÓN;
La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)
1. Emergencia sanitaria. Violencia de género. Violencia sexual. Niños, niñas y adolescentes. Violencia familiar. Acceso a la justicia. Denuncia. Debida diligencia. Medidas de acción positiva. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Migrantes. Personas con discapacidad. LGBTIQ. Derecho a la salud. Personas privadas de la libertad. Derecho a la información. Capítulo I. Patrones de violencia acentuados por el COVID-19: “La región americana ha visto un incremento sustancial en noticias relativas a la muerte violenta de mujeres […], de llamadas a los servicios de auxilio […], de denuncias de violencia sexual contra niñas […], de embarazos en niñas menores de 14 años […], de limitaciones a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres […], en el marco de una ya limitada capacidad de los Estados para abordar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones”. “[A]lgunos de estos patrones obedecen a un aumento de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, frente al aumento de la vulnerabilidad al convivir con los agresores. Sin embargo, también se han generado otros elementos relevantes como la ausencia de espacios colectivos como la escuela, el trabajo o los centros de cuidados para adultos y adultas mayores, que afecta, de manera directa, las herramientas con las que cuentan las niñas y las mujeres adultas, así como las mujeres con discapacidad para la detección de casos de violencia o la recepción de información para enfrentarla y denunciarla. De otro lado, una cultura instalada que percibe las situaciones de pareja o expareja como algo privado podría estar generando un aislamiento mayor y una ausencia generalizada de mecanismos de apoyo, acompañamiento y rescate a mujeres que ya estaban en riesgo de violencia”. Capítulo II. Medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas: “En este marco, se presentan algunas propuestas de medidas que pueden implementarse para la prevención y atención inmediata de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas que se están acentuando a partir de la pandemia, enfocadas en los siguientes rubros: a) políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres; b) acceso a la justicia; c) fortalecimiento institucional […]”. “a) Políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres Para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia, es necesario que los Estados también lleven a cabo acciones específicas que se centren en el aumento de la violencia provocada por las medidas implementadas para reducir el contagio del COVID-19. Algunos ejemplos de este tipo de medidas son los siguientes: • Aumentar la capacidad de los albergues y refugios existentes, con las debidas garantías sanitarias. Declarar[los] como servicios esenciales […] y establecer medidas administrativas y judiciales que permitan separar a los agresores del hogar con las debidas garantías de protección para las mujeres y las niñas […]. • Establecer casas de acogida para mujeres y niñas migrantes que no pueden movilizarse y no tienen opciones de espacios seguros durante las cuarentenas. • Generar equipos de reacción inmediata para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género, con posibilidades reales de proteger a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia. • Generar un mecanismo especial dentro de la policía y/o fiscalía de delitos informáticos para identificar los casos de explotación sexual en línea y otros tipos de violencia en línea contra las mujeres, acrecentados con motivo de las cuarentenas. • Proteger la privacidad e integridad de las niñas y niños en relación con las clases en línea a través de plataformas seguras. Estas aulas virtuales deben contar con canales de denuncia de violencia en línea que sean atendidas de manera inmediata. • Crear mecanismos de alerta de género que identifiquen contextos de violencia y generen medidas de respuesta inmediata y focalizada. • Mejorar capacidad de acceso a la telefonía inteligente y a la mensajería silenciosa para acceder a información y generar mecanismos de protección a las mujeres que viven violencia, para asegurar el acceso a medidas como: botones de pánico, activación de micrófono, geolocalización, así como cualquier otra medida que asegure su protección. • Declarar las líneas de atención a la violencia y centros de respuesta psicológica, psicosocial y jurídica existentes como servicios indispensables y reforzarlos, priorizando la atención en línea y por teléfono. • Garantizar la movilización de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares y dispensar la necesidad de autorización especial y pago de multas para esos casos. • Realizar inspección directa o indirecta a las casas de las mujeres y las niñas sobre las que se tengan antecedentes de violencia. • Asegurar la atención de emergencia para casos de violencia sexual y prevención de embarazo. • Asegurar acceso a la información sobre consejería y servicios relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la provisión de anticonceptivos modernos de corta y larga duración, incluida la anticoncepción de emergencia. Del mismo modo, garantizar que todas las mujeres tengan acceso al parto sin riesgos y a la atención prenatal y posnatal, durante la pandemia. • Facilitar y difundir estratégicamente los diferentes medios para denunciar la violencia de género, como mensajes de texto, páginas de Internet o estrategias en las farmacias, supermercados o cualquier otro establecimiento a los que sí se pueda acceder en caso de cuarentena, así como cualquier otro medio que no ponga en riesgo a la mujer al ser vista o escuchada por sus victimarios y que sea accesible para toda la población tomando en cuenta toda la diversidad de las mujeres y las niñas. • Informar estratégicamente sobre las medidas que se están tomando y la forma en que se están implementando, incluyendo información clara en el idioma oficial y lenguas indígenas, lengua de señas, braille, así como hacerlos disponibles por escrito en formatos como Word o PDF, además de incluir descripción por escrito junto con toda comunicación gráfica, de tal manera que las mujeres conozcan las posibles puertas de salida a la violencia a las que se enfrentan […]. • Fortalecer los observatorios de igualdad y equidad de género para contar con información oportuna que permita prevenir y atender a tiempo la violencia contra las mujeres y las niñas […]. • Publicar guías de recomendaciones fáciles de implementar para las mujeres en situación de violencia durante la cuarentena y las personas que forman parte de sus comunidades, de tal forma que toda la sociedad pueda involucrarse en la prevención de la violencia de género”. “b) Políticas públicas para el acceso a la justicia [R]esulta fundamental que la justicia resulte accesible para las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito formal y material. El acceso formal concierne a la operatividad de los tribunales y el alcance de sus ámbitos de competencia en contextos de restricciones en su funcionamiento debido a la pandemia, mientras el ámbito material concierne a la cercanía de estos servicios legales para todas las mujeres afectadas. En cuanto al ámbito formal, si bien no se cuenta con información sobre casos en que los derechos a un debido proceso y a un recurso efectivo se hayan suspendido, lo cierto es que los distintos poderes judiciales han adoptado medidas para limitar su funcionamiento bajo esquemas que limitan sus operaciones a ‘funciones esenciales’ o que permiten dar trámite únicamente a ‘casos urgentes’. Esta situación podría poner en riesgo el acceso a la justicia para mujeres y niñas. En este sentido, se proponen las siguientes medidas para mitigar el impacto de las medidas tomadas por los poderes judiciales de la región, en el marco de la pandemia del COVID-19: • Extender automáticamente las medidas de protección otorgadas a las mujeres y niñas víctimas de violencia durante las cuarentenas sin que deba primar procedimiento alguno. • Hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para generar, difundir e implementar masivamente herramientas que permitan el acceso remoto a los órganos de procuración e impartición de justicia […]. • Modificar o interpretar requisitos procesales en aras de facilitar notificaciones y la realización y desahogo de actuaciones judiciales, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico y redes sociales, así como mediante la utilización de videoconferencias. • Se debe implementar el uso de las nuevas tecnologías para recibir las denuncias, como WhatsApp, Facebook e Instagram, y otras aplicaciones en línea para garantizar medidas de protección, así como la generación de comisarías virtuales. • Implementar medidas como buzones o ventanillas en los tribunales y en puntos estratégicos como supermercados o farmacias para la presentación de denuncias sin necesidad de que se tenga contacto físico con servidoras y servidores públicos, así como una línea telefónica gratuita para el seguimiento de los casos, para quienes no tengan acceso a herramientas tecnológicas para la actuación remota. • Facilitar mecanismos virtuales para la evaluación del riesgo de mujeres y niñas que viven violencia, y a través de estas herramientas determinar el grado de inseguridad o de riesgo que tiene la sobreviviente de padecer más violencia en el futuro. • Facilitar información y flexibilizar procedimientos para el uso de pruebas no tradicionales para los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, como grabaciones en celulares, fotografías de las consecuencias de la violencia, llamadas a las líneas de contención emocional o de emergencia, entre otras. • Asegurar la continuidad operativa de las defensorías y cualesquiera instancias de orientación, asesoría y representación jurídica para mujeres y niñas, particularmente quienes sufran casos de violencia, incluso mediante esquemas de actuación a distancia. • Revisar y, en su caso, ampliar los catálogos de casos que sean susceptibles de trámite judicial para atender a mujeres y niñas. En este sentido, es importante no excluir del catálogo de asuntos urgentes los asuntos en materia familiar pues mucha de la violencia directa o indirecta que se está incrementando en este momento se encuentra normada en los códigos civiles u otras normas referentes a la familia. Por ejemplo, el dictado, ejecución y supervisión de algunas medidas de protección, o la obtención de pensiones alimenticias o compensatorias, y otras garantías de protección de derechos como el acceso a la salud y a la seguridad social. • Atender que, en cuanto al ámbito penal, pese a que múltiples casos catalogados como urgentes son de esa naturaleza, hay indicios de que la atención se centra en el procesamiento de nuevos casos. Los expedientes abiertos con anterioridad (incluidos los de medidas de protección a mujeres y niñas) se encuentran en impunidad por falta de seguimiento por motivo de la pandemia, lo que genera un mensaje de permisibilidad y un riesgo de exposición de las víctimas frente a sus agresores. • Valorar la posibilidad de implementar beneficios preliberacionales, medidas sustitutivas de prisión y un uso restrictivo de la prisión preventiva que permitan que las mujeres, especialmente quienes no estén siendo procesadas o no hayan sido condenadas por delitos graves, así como para quienes estén en una situación especial de vulnerabilidad o que se encuentren junto con sus hijas e hijos pequeños dentro de la prisión. • Evitar que las personas encarceladas por violencia de género obtengan libertad condicionada por motivo de la pandemia”. “c) Políticas públicas para el fortalecimiento institucional Para implementar adecuadamente las medidas para prevenir, atender y sancionar efectivamente la violencia contra las mujeres y las niñas ante la pandemia, es necesario que los Estados fortalezcan su institucionalidad y su capacidad de respuesta rápida ante la crisis. Para ello, es necesario que se implementen medidas como las siguientes: • Incluir a las expertas y autoridades encargadas de las políticas nacionales en materia de violencia contra las mujeres en los gabinetes que gestionan la crisis actual y la post crisis relacionada con la pandemia. • Generar desde el gabinete o consejo conformado para atender la crisis, una política de Estado que derive en un plan de contingencia integral para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres con medidas concretas […]. • Involucrar a las organizaciones de sociedad civil especializadas que representan a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad a participar de las decisiones gubernamentales y de política pública, para que estas cuenten con perspectiva de género y de derechos humanos y con una perspectiva intersectorial que permita visualizar y atender a las mujeres con discapacidad, embarazadas, en situación de exclusión o precariedad, privadas de libertad, migrantes, LGBTI, víctimas de trata, trabajadoras domésticas, entre otras. Asimismo, financiar el trabajo de las organizaciones de sociedad civil que den atención a mujeres víctimas de violencia. • Mantener fortalecidas todas las áreas administrativas y judiciales que atienden la violencia contra las mujeres, con todos los recursos humanos, materiales y económicos necesarios, y que se les permita adecuar, de manera inmediata, sus procedimientos a las características de la pandemia para asegurar la prevención, atención, investigación y sanción de los actos que violen los derechos humanos de las mujeres y las niñas. • Implementar las medidas de forma articulada y bajo protocolos establecidos con todas las autoridades relevantes tales como poder judicial, defensorías del pueblo, ombudsperson, procuradurías de derechos humanos, ministerios del trabajo, áreas encargadas de grupos vulnerables, programas sociales, económicos y financieros, la fuerza policial, y demás áreas de administración de justicia. • Ejecutar las medidas acordadas asegurando que su implementación alcance a todos los sectores de la población y zonas del país, a través de enlaces territoriales que aseguren la implementación en todas las localidades de los países y no solo a nivel nacional […]. • Promover acuerdos con actores sociales relevantes como empresas privadas, medios de comunicación, fundaciones, organizaciones sociales, entre otras, para fomentar la cooperación en las medidas planteadas para disminuir la violencia contra las mujeres…”.
EMERGENCIA SANITARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA FAMILIAR; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; MIGRANTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; LGBTIQ; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DENUNCIA; DEBIDA DILIGENCIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
S.M. v. CroaciaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Croacia era responsable por la violación del artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado) del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su faz procesal.
1. Trata de personas. Prostitución. Explotación sexual. Trabajo esclavo.
“[E]l concepto de trata de personas abarca la trata de seres humanos, sea nacional o trasnacional, esté vinculada o no al crimen organizado, en tanto los elementos constitutivos de la definición internacional de trata de personas estén presentes, según la Convención contra la Trata de Personas y el Protocolo de Palermo” (cfr. párr. 296).
“[L]a noción de ‘trabajo forzoso’ bajo el artículo 4 del Convenio busca proteger contra supuestos de explotación grave tales como la prostitución forzada, con independencia de si, en las circunstancias particulares del caso, están vinculados a un contexto específico de trata de personas” (cfr. párr. 300).
“[E]l elemento de ‘fuerza’ puede englobar formas sutiles de coerción identificadas en la jurisprudencia del Tribunal […] así como aquellas identificadas por la OIT y en otros instrumentos internacionales” (cfr. párr. 301).
2. Trata de personas. Debido proceso. Proceso penal. Prevención e investigación. Prueba. Víctima. Responsabilidad del Estado.
“El marco general de obligaciones positivas que surgen del artículo 4 incluye: (i) el deber de poner en marcha un marco legislativo y administrativo para prohibir y sancionar la trata de personas; (ii) el deber de adoptar medidas operativas para proteger a las víctimas o potenciales víctimas de trata, en determinadas circunstancias; y (iii) una obligación de procedimiento de investigar las situaciones de potencial trata de personas” (cfr. párr. 306).
“Estas obligaciones de procedimiento refieren, ante todo, al deber de las autoridades de iniciar y conducir una investigación efectiva […]. [E]sto implica iniciar y conducir una investigación capaz de llevar a la determinación de los hechos, a la identificación y –en su caso– sanción de los responsables” (cfr. párr. 313).
“[C]onforme su obligación de procedimiento, las autoridades deben actuar de oficio una vez que el caso ha llegado a su conocimiento. En particular, no pueden dejar la responsabilidad de conducir la investigación a la iniciativa de la víctima” (cfr. párr. 314).
“[L]as autoridades deben adoptar todas las medidas razonables que sean posibles para recolectar evidencia y esclarecer las circunstancias del caso. En particular, las conclusiones de la investigación deben basarse en un análisis exhaustivo, objetivo e imparcial de todos los elementos relevantes. El hecho de no seguir una línea evidente de investigación socava en gran medida la posibilidad de determinar las circunstancias del caso y de identificar a los responsables” (cfr. párr. 316).
“Existe un riesgo al depender de manera exclusiva del testimonio de la víctima, que lleva a la necesidad de clarificar y –de ser apropiado– sustentar las declaraciones de la víctima con otros medios de prueba” (cfr. párr. 344).
“[L]as múltiples deficiencias en la conducción del caso por parte de la fiscalía socavaron de manera fundamental la posibilidad de las autoridades locales –incluidos los tribunales intervinientes– de determinar la verdadera naturaleza del vínculo entre la peticionaria y el acusado, y si había sido explotada por él tal como alegó” (cfr. párr. 345).
TRATA DE PERSONAS; PROSTITUCIÓN; EXPLOTACIÓN SEXUAL; TRABAJO ESCLAVO; DEBIDO PROCESO; PROCESO PENAL; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; PRUEBA; VICTIMA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Guzmán Albarracín y otras v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal) y 11 (derecho a la protección de la honra y de la dignidad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la misma manera, del artículo 13 del Protocolo de San Salvador (derecho a la educación), en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (respetar y garantizar los derechos sin discriminación) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, también fue declarado responsable por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos, conforme con los artículos 7.a, 7.b y 7.c de la Convención de Belém do Pará. También se consideró a Ecuador como responsable por la violación del artículo 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la madre y hermana de la víctima. 1. Educación. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Abuso de autoridad. Vulnerabilidad. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. “[U]na educación que se imparta vulnerando derechos humanos no permite cumplir los cometidos señalados, resulta frontalmente contraria a los mismos y, por ende, violatoria del derecho a la educación. Los Estados deben adoptar acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo de niñas y niños. En el cumplimiento de estos deberes, es preciso que los Estados tengan en consideración la gravedad y las especificidades que presentan la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, todas las cuales son una forma de discriminación. Las niñas y niños, tienen, entonces, derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Por otra parte, como indicó el Comité DESC, la educación debe ser ‘accesible’ a todas las personas, ‘especialmente a [quienes integran] los grupos m[á]s vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos’. Dicho Comité resaltó también que la prohibición de discriminación en la educación ‘se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente’” (párr. 118). “Dado lo anterior, los Estados deben `adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia y abuso, incluidos los abusos sexuales, […] en las escuelas por el personal docente’, que goza, por su condición de tal, de una situación de autoridad y confianza respecto de estudiantes e incluso de sus familiares. Debe tenerse en cuenta, al respecto, la particular vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, considerando que ellas `con frecuencia están expuestas a abuso sexual por parte de […] hombres mayores’. En relación con lo expuesto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados tienen la `obligación estricta’ de adoptar todas las medidas apropiadas para tratar la violencia contra niños y niñas. La obligación `se refiere a una amplia variedad de medidas que abarcan todos los sectores públicos y deben aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir toda forma de violencia’, incluso mediante la aplicación de sanciones efectivas por su realización’” (párr. 119). “[L]a vinculación sexual fue obtenida por el aprovechamiento de la relación de poder y confianza […]. En este marco, estereotipos de géneros perjudiciales, tendientes a culpabilizar a la víctima, facilitaron el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la relación de confianza, para naturalizar actos que resultaron indebidos y contrarios a los derechos de la adolescente” (párr. 131). “[E]l derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación y, como ha señalado el Comité DESC, `entraña un derecho a una educación sobre la sexualidad y la reproducción que sea integral, que no sea discriminatoria, que esté basada en pruebas, que sea científicamente rigurosa y que sea adecuada en función de la edad’. Una obligación estatal relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva es brindar ‘educación e información integrales’, teniendo en cuenta `las capacidades evolutivas de los niños y los adolescentes’. Dicha educación debe ser apta para posibilitar a las niñas y los niños un adecuado entendimiento de las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consentimiento para tales vínculos y el ejercicio de las libertades respecto a sus derechos sexuales y reproductivos” (párr. 139). 2. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida privada y familiar. Violencia sexual. Debida diligencia. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará). “Los derechos a la integridad personal y a la vida privada, receptados en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, conllevan libertades, entre las que se encuentra la libertad sexual y el control del propio cuerpo, que pueden ser ejercidas por personas adolescentes en la medida en que desarrollan la capacidad y madurez para hacerlo” (párr. 109). “La Corte, teniendo en cuenta las disposiciones mencionadas [artículos 1, 2, 6 y 7 de la Convención de Belém do Pará], ha explicado que la ‘violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer’, que se relaciona con la `manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres’. Los deberes establecidos en la Convención de Belém do Pará complementan y especifican las obligaciones establecidas en la Convención Americana para cumplir los derechos establecidos en éste tratado. Al respecto, el Tribunal ha establecido que `los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres’, lo que incluye `contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias’. El carácter `integral’ de la estrategia de prevención refiere a que la misma contemple la `prevén[ción de] los factores de riesgo y a la vez [el] fortalec[imiento de] las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer’” (párr. 113). “[C]on base en las pautas ya expresadas [de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño], corresponde entender como violencia sexual contra la mujer o la niña no solo actos de naturaleza sexual que se ejerzan por medio de la violencia física, sino también otros de esa naturaleza que, cometiéndose por otros medios, resulten igualmente lesivos de los derechos de la mujer o la niña o le causen daño o sufrimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la violencia sexual contra la mujer puede presentar diversos grados, de acuerdo a las circunstancias del caso y diversos factores, entre los que pueden encontrarse las características de los actos cometidos, su reiteración o continuidad y la vinculación personal preexistente entre la mujer y su agresor, o la subordinación de ella a éste a partir de una relación de poder. También pueden resultar relevantes, de acuerdo al caso, condiciones personales de la víctima, como ser una niña. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, que no los priva de su derecho a medidas de protección” (párr. 124). 3. No discriminación. Igualdad. Violencia sexual. Violencia de género. Abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes. Estereotipos de género. Género. Acceso a la justicia. “La violencia sufrida, además, conllevó una forma de discriminación. Ya se ha indicado que la violencia de género y la violencia contra la mujer implican una forma de discriminación […], prohibida por el artículo 1.1 de la Convención Americana. Además, la violencia sexual contra niñas no sólo expresa una discriminación prohibida en razón del género, sino que también puede resultar discriminatoria en función de la edad. Si bien este elemento no está comprendido en el artículo 1.1 de la Convención Americana en forma explícita, dicha norma señala la prohibición de discriminación basada en `otra[s] condici[ones] social[es]’ distintas de las que lista, las que, en forma general, se evidencian respecto a grupos que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad. Este es el caso de niñas y niños, quienes pueden verse afectados en forma desproporcionada y particularmente grave por actos de discriminación y violencia de género. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha expresado que la discriminación basada en diversos motivos, incluso el `sexo’, `bien sea de forma manifiesta o larvada, atenta contra la dignidad humana del niño´, y puede `debilitar’, e incluso destruir su capacidad `de beneficiarse de las oportunidades de la educación’. En ese sentido, la Corte ha señalado que el `impacto’ de la `violencia sexual’ en `las niñas, niños y adolescentes víctimas’, puede `verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima’” (párr. 141). “[E]n virtud de la obligación de no discriminar, los Estados están `obligados […] a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas’. Por eso, `[l]os Estados deben invertir en medidas proactivas que promuevan el empoderamiento de las niñas e impugnen las normas y los estereotipos patriarcales y otras normas y estereotipos de género perjudiciales, así como en reformas jurídicas, para hacer frente a la discriminación directa e indirecta contra las niñas’. Este deber tiene vinculación con los artículos 19 de la Convención Americana y 7.c de la Convención de Belém do Pará […]. Por lo expuesto, los actos de acoso y abuso sexual cometidos contra PGA no solo constituyeron, en sí mismos, actos de violencia y discriminación en que confluyeron, de modo interseccional, distintos factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación, como la edad y la condición de mujer. Esos actos de violencia y discriminación se enmarcaron, además, en una situación estructural, en la que pese a ser la violencia sexual en el ámbito educativo un problema existente y conocido, el Estado no había adoptado medidas efectivas para revertirlo…” (párr. 142). “Los efectos de la violencia contra niñas o niños pueden resultar sumamente graves. La violencia contra niños o niñas tiene múltiples consecuencias, entre ellas, `consecuencias psicológicas y emocionales (como sensaciones de rechazo y abandono, trastornos afectivos, trauma, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima)’, que pueden derivar incluso en suicidio o intentos de cometerlo […]. Resulta trascendente cómo sean las relaciones de una persona adolescente con personas adultas importantes en su vida, pues si las mismas son inadecuadas, de acuerdo a la gravedad del caso, pueden llegar a impulsar, en forma directa o indirecta, actos suicidas […]. En el presente caso, es claro que el Estado no solo no adoptó acciones para proteger a PGA, sino que directamente irrespetó sus derechos, no solo por los actos directos de violencia sexual, sino también por la tolerancia al respecto por parte de la institución educativa a la que asistía” (párrs. 156-157). “[L]os estereotipos de género se refieren a: una pre–concepción de `atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales’” (párr. 188). “Los estereotipos y prejuicios operaron en las consecuencias del proceso, en cuanto no fue decidido teniendo en cuenta la perspectiva de género para resolver conforme lo dispone la Convención de Belém do Pará. Los estereotipos `distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la eventual revictimización de las denunciantes” (párr. 189). “[La sentencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, de 2 de septiembre de 2005, que consideró la conducta del Vicerrector como un delito de estupro y no de acoso sexual] muestra con claridad un análisis sesgado con base en preconceptos de género. En primer término, porque descarta la comisión de un delito a partir de evaluar la supuesta conducta de la víctima, haciéndola responsable del `principio de la seducción’. Eso muestra el entendimiento de que el hecho de requerir `favores docentes’ implicaba, per se, que la víctima diera lugar a actos de `seducción’, lo que implícitamente conlleva atribuirle, al menos de modo parcial, responsabilidad en lo que finalmente ocurrió. Lo anterior denota un entendimiento de la mujer, que en este caso era una niña, como `provocadora’ y permite la violencia sexual y discriminatoria ejercida en el hostigamiento, eximiendo de responsabilidad al victimario por ello […]. De este modo, la decisión señalada, en forma implícita, avaló conductas de acoso sexual contra una niña, al no considerar que las mismas incluyen la `preparación’ del abuso posterior, mediante la utilización de una situación de poder por parte del perpetrador” (párr. 191). “Por otra parte, al calificar la conducta de `estupro’, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil se refirió a requisitos de `honestidad’ y `doncellez’, lo que implican la evaluación de la conducta previa de la víctima. Es decir, implica un juzgamiento de la víctima, conceptualmente previo a la evaluación del accionar del victimario. De ese modo, el delito se configura en la medida en que la mujer afectada cumpla determinados requisitos de conducta, exigidos de conformidad a preconceptos de género, es decir, a prejuicios sobre las conductas pretendidamente debidas por una mujer o esperadas de ella por su condición de tal” (párr. 192). “[U]na diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Es el Estado quien tiene la carga de la prueba para mostrar que la diferencia de trato entre la víctima de un delito que cumpla con el requisito de `honestidad’ y `doncellez’, y otra que no ostenta esa calidad, se encuentra justificada, sin fundamentar su decisión en estereotipos” (párr. 193). 4. Debido proceso. Plazo razonable. Debida diligencia. Complejidad del asunto. Duración del proceso. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. “En casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b, dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”. (párr. 177). “Si bien es cierto que a efectos de analizar el plazo razonable de una investigación y de un procedimiento, en términos generales la Corte debe considerar la duración global de un proceso hasta que se dicte sentencia definitiva, en ciertas situaciones particulares puede ser pertinente una valoración específica de sus distintas etapas. Este Tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 181). “En primer término, sobre la complejidad del caso, debe señalarse que ofrece elementos de complejidad la indagación de violencia sexual cuando la víctima no puede brindar su declaración […]. En lo referente a la actividad procesal de las personas interesadas, la Corte nota que no hay evidencia de que los familiares de PGA hubieran realizado acciones que dificultaran el avance de las investigaciones […]. En lo que respecta a la conducta de las autoridades judiciales […], hubo diversos aspectos en que la conducta estatal no siguió pautas de debida diligencia. Asimismo, la Corte advierte que existieron retrasos en las investigaciones que obedecieron a la inactividad de las autoridades […]. En lo relativo a la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, este Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve […]. En el presente caso, tratándose de una niña víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales tendrían que haber obrado con mayor diligencia en el marco de las investigaciones y de los procedimientos judiciales sobre los hechos…” (párrs. 182-186).
EDUCACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; VULNERABILIDAD; DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; VIOLENCIA SEXUAL; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; GÉNERO; ABUSO SEXUAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; PLAZO RAZONABLE; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; DURACIÓN DEL PROCESO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO;
Bostock v. Clayton County, GeorgiaCorte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
La Corte Suprema resolvió que un empleador que despide a un empleado simplemente por ser homosexual o transgénero viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La sentencia fue emitida con 6 votos a favor y dos en disidencia. Fue redactada por el juez Neil M. Gorsuch, y a ella adhirieron los jueces John G. Roberts, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El primer voto disidente fue redactado por el juez Samuel A. Alito, al que se adhirió el juez Clarence Thomas. El segundo voto disidente fue del juez Brett M. Kavanaugh.
LGTBIQ. Igualdad. No discriminación. Despido. Trabajo. Interpretación de la ley. Vulnerabilidad. Identidad de género. Estereotipos de género. Orientación sexual. Principio de legalidad.
“En determinadas ocasiones, pequeños actos pueden llegar a tener consecuencias inesperadas […]. En nuestro tiempo, pocas disposiciones legislativas de carácter federal alcanzan a la Ley de Derechos Civiles de 1964 en cuanto a importancia. Dicha ley, en su Título VII, prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad de origen. En esta ocasión, debemos resolver si un empleador puede despedir a alguien por el solo hecho de ser homosexual o transgénero. La respuesta es clara. Un empleador que despide a una persona por ser homosexual o transgénero la despide por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, que es exactamente lo que prohíbe el Título VII” (cfr. pág. 2).
“Quienes aprobaron la Ley de Derechos Civiles no pudieron haber anticipado que su trabajo conduciría a este resultado en particular. Probablemente, no pensaban en muchas de las consecuencias en la aplicación de la Ley que se han hecho evidentes a lo largo de los años, incluyendo la prohibición de discriminación por motivos de maternidad o la prohibición del acoso sexual de los empleados masculinos. Pero los límites interpretativos de los redactores no son motivo para ignorar las exigencias de la ley. Cuando los términos expresos de una norma nos ofrecen una respuesta y las consideraciones ajenas al texto [extratextuales] sugieren otra, no existe duda. Sólo la palabra escrita es ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio” (cfr. pág. 2).
“Normalmente, este tribunal interpreta una ley de acuerdo con el significado público habitual de las palabras en el momento de su aprobación. Después de todo, sólo las palabras en el texto constituyen una ley aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente. Si los jueces pudieran añadir, remodelar, actualizar o desvirtuar antiguos términos legales amparándose tan sólo en fuentes extratextuales y en su propio imaginario, nos arriesgaríamos a modificar leyes fuera del procedimiento legislativo reservado a los representantes del pueblo. Le negaríamos al pueblo el derecho de seguir descansando en el significado original de la ley, en la que confiaban cuando ejercitaban sus derechos y obligaciones” (cfr. pág. 4).
“[Se ha] de determinar el significado ordinario del mandato contenido en el Título VII, según el cual será: `ilegal […] para un empleador rehusar la contratación o despedir a cualquier individuo, o discriminar a cualquier individuo en lo referente a sus retribuciones, términos, condiciones o privilegios laborales en base a la raza, color, religión, sexo o nacionalidad de origen” (cfr. pág. 4).
“Del significado común y generalizado del lenguaje de la norma en el momento de la adopción de la ley, emerge un principio claro: un empleador vulnera el Título VII cuando, de forma intencional, despide a un empleado basándose en parte en el sexo. Es indiferente que factores ajenos al sexo contribuyan a la decisión. También es indiferente si el empleador trata a las mujeres como grupo de la misma forma que a los hombres, igualmente como grupo. Si el empleador, de manera intencionada, se basa en el sexo de un individuo cuando acuerda cesarle (o, dicho en otras palabras, si de cambiar el sexo del empleado se hubiera alcanzado un resultado diferente) se produce una vulneración de la ley. El mensaje del Título VII es `simple, pero importante’: el sexo de un trabajador en concreto `no es relevante para la selección, evaluación o retribución de los trabajadores’” (cfr. pág. 9).
“Para los casos sometidos a análisis, el mensaje de la norma es sencillo e igualmente crucial: que un individuo sea homosexual o transgénero no es relevante para las decisiones relativas al empleo. Esto se debe a que es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a esa persona por motivos de sexo […]. [E]l sexo del empleado juega un papel inequívoco e inadmisible en la decisión de despido” (cfr. pág. 9).
“[I]ndisociablemente, la homosexualidad y el estado transgénero están vinculados con el sexo. No porque estén relacionados con el sexo en un sentido vago, o porque la discriminación sobre la que se fundamenta tenga un impacto diverso en un sexo o en otro, sino porque discriminar debido a estos motivos requiere que un empleador, de manera intencional, trate a los empleados de manera diferente debido a su sexo” (cfr. pág. 10).
“Tampoco importa el hecho que, cuando un empleador trata peor a un empleado debido a su sexo, puedan existir otros factores que contribuyan a su decisión […]. Cuando un empleador despide a un empleado porque es homosexual o transgénero, pueden estar en juego dos factores causales: tanto el sexo del individuo como algo más (el sexo por el que se siente atraído o con el que se identifica). Sin embargo, esto carece de importancia en el Título VII. Si el empleador no hubiera despedido al empleado de no ser por su sexo, se cumple el estándar de causalidad de la norma y se podría exigir responsabilidad” (cfr. pág. 10).
“[L]a discriminación intencional basada en el sexo viola el Título VII, incluso si se configura como un medio para lograr el objetivo final del empleador de discriminar a los empleados homosexuales o transgénero. Sencillamente, no se puede obviar el papel que juega aquí la voluntad: así como necesariamente el sexo es una causa cuando un empleador discrimina contra empleados homosexuales o transgénero, un empleador que discrimina en base a estos motivos posee la voluntad de basarse en el sexo para su toma de decisiones […]. Sin duda, el objetivo final de ese empleador podría ser discriminar sobre la base de la orientación sexual. Pero para lograr ese propósito, el empleador debe, intencionalmente, tratar de peor forma a un empleado en base a su sexo (cfr. pág. 10).
“[U]n empleador que discrimina a los empleados homosexuales o transgénero aplica necesaria e intencionalmente reglas basadas en el sexo” (cfr. pág. 14).
“[U]n empleador no escapa de su responsabilidad por demostrar que trata a hombres y mujeres de manera comparable como grupos. [Un empleador] que despide de forma intencionada a un empleado homosexual o transgénero en parte debido al sexo de ese individuo viola la ley, incluso si el empleador está dispuesto a someter a todos los empleados homosexuales o transgénero a la misma regla” (cfr. pág. 15).
“Un empleador que comunica que no empleará a nadie que sea homosexual, por ejemplo, tiene la intención de penalizar a los empleados varones por sentirse atraídos por hombres y a las mujeres por sentirse atraídas por las mujeres” (cfr. pág. 17).
“Al discriminar a las personas homosexuales, el empleador penaliza intencionalmente a los hombres por sentirse atraídos por hombres y a las mujeres por sentirse atraídas por mujeres. Al discriminar a las personas transgénero, el empleador discrimina, inevitablemente, a las personas con un sexo marcado por el nacimiento y otro en la actualidad” (cfr. pág. 18).
“Debido a que la homosexualidad y el estado transgénero no se pueden encontrar en esa lista [características protegidas del Título VII: raza, color, religión, sexo y origen nacional], y porque son conceptualmente distintos del sexo, los empleadores han argumentado que están excluidos implícitamente del alcance del Título VII. Dicho de otra manera, si el Congreso hubiera querido abordar estos asuntos en el Título VII, lo habría hecho con una referencia específica. [Sin embargo] estamos de acuerdo en que la homosexualidad y el estado transgénero son conceptos distintos del sexo. Pero, como hemos argumentado, la discriminación basada en la homosexualidad o el estado transgénero necesariamente implica una discriminación basada en el sexo; lo primero no puede suceder sin lo segundo […]. En cambio, cuando el Congreso elige no incluir ninguna excepción a la regla general, los tribunales aplican la regla general. [Es así] como este Tribunal siempre se ha aproximado al Título VII. El `acoso sexual’ es conceptualmente distinto de la discriminación sexual, pero puede caer dentro del alcance del Título VII […].  Lo mismo sucede con la `discriminación por maternidad’” (cfr. pág. 19).
“Tal vez el examen de causalidad sencillo y convencional debería aplicarse en todos los demás supuestos del Título VII, sin embargo, no opera cuando se trata de casos que involucran a empleados homosexuales y transgénero. Aquí, el examen es demasiado determinante para captar los matices” (cfr. pág. 20).
LGBTIQ; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VULNERABILIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ORIENTACIÓN SEXUAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DESPIDO; TRABAJO;
Spoltore v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación del artículo 8.1 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable) y 25.1 (obligación de respetar y garantizar dichos derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 41 y 45 de la presente Sentencia. Argentina también fue declarada responsable por la violación del el artículo 26 (derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador), en relación con los artículos 8.1 y 25.1 del mismo instrumento y en los términos de los párrafos 82 a 102 de la presente Sentencia.
1. Responsabilidad del Estado. Agotamiento de los recursos internos. Recursos. Plazo razonable. Carga de la prueba.
“La Corte ha señalado, en algunas ocasiones, que al haberse efectuado un reconocimiento de responsabilidad, el Estado ha aceptado la plena competencia del Tribunal para conocer del caso, por lo que la interposición de la excepción preliminar asociada al no agotamiento de los recursos internos, resulta, en principio, incompatible con el referido reconocimiento. En el presente caso, el Estado fue enfático en señalar que el reconocimiento de responsabilidad se realizaba de forma subsidiaria, en caso de no prosperar la presente excepción preliminar. Asimismo, se recuerda que en virtud de la naturaleza complementaria del sistema interamericano, los Estados tienen que tener la posibilidad de resolver en sus tribunales internos las posibles infracciones a los derechos consagrados en la Convención. Esta posibilidad se asegura por medio del requisito de admisibilidad de agotar los recursos internos. Mediante el reconocimiento de responsabilidad realizado, el Estado aceptó que la duración del proceso entre el señor Spoltore y una empresa privada fue excesiva. No obstante, dicho reconocimiento de responsabilidad no incluye ninguna aceptación de hechos relativa a que se hubieran agotado los recursos internos por la violación a la Convención Americana aceptada por el Estado, o que fuera aplicable alguna de las excepciones establecidas por la Convención al agotamiento de recursos internos. Por tanto, la Corte no considera que sean incompatibles en este caso…” (párr. 21).
“[L]a regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Lo anterior significa que no solo deben existir formalmente esos recursos, sino que también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención. [U]na objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión, luego de lo cual opera el principio de preclusión procesal. Al respecto, el Tribunal reitera que no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento, de modo tal que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado. A partir de lo anterior, en el presente caso, la Corte considera necesario examinar: a) si la excepción de agotamiento de los recursos fue presentada en el momento procesal oportuno, y b) la existencia de recursos idóneos y efectivos para agotar la jurisdicción interna” (párr. 22-24).
“[A] diferencia de otros casos donde se alega una violación del plazo razonable, en el presente caso el alegado ilícito internacional se habría producido durante dicho proceso laboral. Por tanto, para cumplir con el agotamiento de los recursos internos era necesario agotar algún recurso que le brindara la oportunidad al Estado de resolver la situación en sede interna” (párr. 29).
“Esta Corte advierte que estos recursos [recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad] no eran capaces de atender el daño causado por la alegada demora del proceso laboral. En este sentido, respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires establece que debe ‘fundamentarse en alguna de las siguientes causas: a) Que la sentencia haya violado la ley o la doctrina legal, y b) que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley de la doctrina legal’. Este recurso puede ‘rectificar errores de derecho en los que pudieran incurrir las cámaras de apelaciones y los tribunales colegiados de instancia’. Por otra parte, el recurso extraordinario de nulidad tiene como fin dejar sin efecto una decisión, en cuyo caso se remite la causa a otro tribunal para que la decida nuevamente” (párr. 29).
“[E]l Estado tiene la carga de la prueba de demostrar la disponibilidad, idoneidad y efectividad práctica del recurso que alega debió agotarse. Además, Argentina reconoció que el recurso de daños y perjuicios no ha sido utilizado en casos de demoras judiciales excesivas en procesos laborales. Por tanto, este Tribunal considera que era una carga excesiva para la presunta víctima exigirle que agotara un recurso que no había sido utilizado en la práctica para los fines que el Estado alega que tendría. En consecuencia, se desestima la presente excepción preliminar” (párr. 35).
2. Derecho al trabajo. Derecho a la salud. Acceso a la justicia. Daños y perjuicios. Duración del proceso. Enfermedades profesionales.
“[E]n el presente caso, el problema jurídico planteado por los representantes se relaciona con los alcances del derecho al trabajo, y en particular sobre el contenido del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, entendido como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana” (párr. 82).
“[C]omo parte integrante del derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, se encuentra ‘la prevención de accidentes y enfermedades profesionales’ como medio para garantizar la salud del trabajador” (párr. 94).
“[C]on base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador, y tomando en cuenta los hechos y particularidades del presente caso, la Corte concluye que este se refiere al derecho del trabajador a realizar sus labores en condiciones que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar este derecho, los Estados, entre otras obligaciones, deben asegurar que los trabajadores afectados por un accidente o enfermedad profesional prevenible tengan acceso a mecanismos adecuados de reclamación, como los tribunales, para solicitar una reparación o indemnización” (párr. 99).
“[El peticionario] tras sufrir dos infartos, inició un proceso en contra de la empresa donde trabajaba para que se reconociera dichos padecimientos de salud como una enfermedad profesional y se le otorgara una indemnización […]. Por ello, resulta irrazonable que las autoridades judiciales hayan tardado doce años en dilucidar si le asistía derecho en la demanda por enfermedad profesional contra su empleador” (párr. 101).
“[E] el acceso a la justicia es uno de los componentes del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador […]. Esta Corte ha señalado que los derechos laborales y el derecho a la seguridad social incluyen la obligación de disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a su violación con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las relaciones laborales. Esto mismo es aplicable al derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador” (párr. 102).
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS; RECURSOS; ACCESO A LA JUSTICIA; PLAZO RAZONABLE; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO AL TRABAJO; DERECHO A LA SALUD; DAÑOS Y PERJUICIOS; DURACIÓN DEL PROCESO; ENFERMEDADES PROFESIONALES;
Roche Azaña y otros v. NicaraguaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Nicaragua era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida) y 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los hermanos Roche Azaña. También de los artículos 8.1 (derecho a las garantías judiciales y debido proceso) y 25 (derecho a la protección judicial), en relación con el artículo 1.1, en perjuicio del peticionario y sus padres. El Tribunal además concluyó que el Estado era responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los padres del peticionario. 1. Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad. Derecho a la vida. Zona de frontera. Responsabilidad del Estado. “[E]l uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. El Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control. En los casos en los que resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad: i. Legalidad: El uso excepcional de la fuerza debe estar formulado por ley y debe existir un marco regulatorio para su utilización. ii. Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. iii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. iv. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” (párr. 53). “[L]os Estados deben crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza del derecho a la vida. De allí que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales. [E]l uso de la fuerza debe ser regulado en el marco de un sistema que provea garantías efectivas contra un uso arbitrario y excesivo de la misma, cuestión que no sucedió en el presente caso” (párr. 55-56). “[C]on respecto al segundo requisito [finalidad legítima], la Corte señala que, en principio, no todo uso de la fuerza implica necesariamente el uso de armas de fuego. Efectivamente, los agentes y fuerzas de seguridad del Estado pueden recurrir al uso de la fuerza para multitud de situaciones en las que no es necesario el uso de armas de fuego, tal y como puede suceder al detener a una persona en virtud de orden judicial, para evitar la comisión de un delito o por la comisión de un delito flagrante; o, por ejemplo, para mantener el orden público en actos de naturaleza pública donde haya congregación de personas y garantizar así su seguridad. [L]a Corte advierte que, de conformidad con la prueba obrante en el presente caso, se desprende que la finalidad de los disparos efectuados por los agentes estatales fue ocasionar intencionalmente un daño, tanto a la furgoneta como, sobre todo, a las personas que iban en su interior” (párr. 60). “[N]o se puede concluir que quede acreditado el requisito de ‘absoluta necesidad’ para utilizar la fuerza contra personas, cuando estas no representan un peligro directo, ‘inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura’. [L]a Corte observa que en el presente caso se pudieron emplear medios menos lesivos para detener la furgoneta y, por tanto, no se cumplió con el requisito de necesidad” (párr. 62). “En cuanto al análisis de proporcionalidad, la Corte ya ha considerado que durante el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención, todo ello con el objetivo de minimizar el uso de la fuerza y las fatalidades que se pudieran presentar” (párr. 63). “[L]a Corte reitera que el lugar en el que se estableció el dispositivo de control era próximo a una zona fronteriza internacional. En este sentido, es importante recalcar que el respeto a los derechos humanos debe constituir el núcleo de todas las medidas de protección de fronteras. Por tanto, el Tribunal considera que los agentes estatales debieron tener en cuenta estas circunstancias al emplear el uso de la fuerza, sobre todo en razón de que no se podía visualizar hacia adentro de la furgoneta para descartar la posibilidad real de que transportara personas y que éstas estuvieran en una situación de particular riesgo” (párr. 64). “[R]esulta asimismo llamativo que las armas utilizadas fueron armas tipo AK, esto es, armas de guerra […]. La Corte considera que, en el presente caso, el uso de este tipo de fusiles de asalto fue incompatible con la función de control alegada por el Estado, y ello por no cumplir con el criterio de proporcionalidad” (párr. 68). “[E]n todo caso de uso o despliegue de la fuerza, en el que agentes estatales hayan producido la muerte o lesiones de una persona, corresponde analizar el uso legítimo de la fuerza, puesto que ‘corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados’. [L]a Corte considera que el Estado no ha logrado acreditar la existencia de un peligro inminente de tal magnitud que justificara el uso de armas de fuego, y mucho menos el uso de armas de guerra” (párr. 69). “[E]n el presente caso no se acreditó la legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad ni proporcionalidad del uso de la fuerza ejercido. Efectivamente, la situación ocasionada fue el resultado del uso desproporcionado de la fuerza imputable al Estado por el actuar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (párr. 70). “[C]uando los agentes estatales emplean la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada, como en el presente caso, dando lugar a la pérdida de la vida, se considera que se ha producido una privación arbitraria de la misma” (párr. 71). 2. Recursos. Acceso a la justicia. Derecho a ser oído. Notificación. Migrantes en situación irregular. Vulnerabilidad. Debido proceso. “[D]e conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables” (párr. 84). “Por otro lado, esta Corte ha desarrollado el derecho a ser oído, previsto en el articulo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones. La Corte ha reconocido que el derecho a ser oído comprende dos ámbitos: por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos, hacer planteamientos, aportación de prueba y, en síntesis, hacer valer sus derechos). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión se produzca a través de un procedimiento que satisfaga el fin para el cual fue concebido” (párr. 85). “El Estado justificó la ausencia de participación del señor Roche Azaña en el hecho de que la legislación obligaba a recabar todos los elementos de prueba en diez días desde que se dictó la resolución que daba apertura al proceso penal. Sin embargo, la Corte advierte que el hecho de que se debiera recabar prueba en un plazo determinado no obstaba para que se notificara al señor Roche Azaña de todas las siguientes etapas del proceso y permitirle así poder intervenir en las mismas en el caso de que lo estimara oportuno” (párr. 89). “El Estado […] señaló que todos los actos del procedimiento penal fueron notificados al Procurador Penal, quien ejercía la representación de la vindicta pública y desarrolló todas las diligencias pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de sus responsables. La Corte considera que el ejercicio de la acción pública por un Procurador Penal no debería haber sido óbice para que la presunta víctima o la parte perjudicada hubieran también participado en el proceso penal, máxime cuando la propia legislación nicaragüense así lo habilitaba. Al respecto, la Corte recuerda que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana suponen que las víctimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos, de manera que puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones” (párr. 90). “[D]ebe tener especial consideración el hecho de que […] Roche Azaña era una persona migrante, que, por las características del presente caso, se encontraba en una clara situación de vulnerabilidad. La Corte recuerda que el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Asimismo, la Corte considera que los Estados tienen el deber de asegurar que todas las personas que hayan sufrido abusos o violaciones de los derechos humanos como resultado de las medidas de gobernanza de fronteras tengan un acceso equitativo y efectivo a la justicia, acceso a un recurso efectivo, a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, así como a información pertinente sobre las violaciones de sus derechos y los mecanismos de reparación. En el marco de las operaciones realizadas en zonas fronterizas, los Estados tienen el deber de investigar y, cuando proceda, enjuiciar los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos, imponer penas acordes con la gravedad de los delitos, y tomar medidas para garantizar que no se repitan” (párr. 91). “[L]a condición de migrante del señor Roche Azaña tuvo un impacto fundamental en su ausencia de participación en el proceso […]. El Tribunal advierte que, al menos durante esos cinco meses en los que el señor Roche Azaña permaneció en Nicaragua, éste no fue informado por parte del Estado de la existencia de un proceso penal en contra de los autores de los disparos, ni le fue prestada ningún tipo de asistencia técnica que pudiera compensar el desconocimiento de un sistema legal -extranjero y ajeno para él- que supuestamente le amparaba. Lo anterior, con el objetivo de que […] pudiera hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (párr. 92). “El señor […] Roche Azaña se encontraba, por tanto, en una situación de desigualdad real debido a su estatus migratorio que obligaba al Estado a adoptar determinadas medidas especiales que contribuyeran a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidieron la defensa eficaz de sus intereses por el mero hecho de ser migrante. Cuando no existen estas medidas para garantizar un efectivo e igualitario acceso a la justicia de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, difícilmente se puede afirmar que quienes se encuentran en esas condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (párr. 93). 3. Víctima. Derecho a la integridad personal. Familia. “[L]os familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de ‘familiares directos’ u otras personas con vínculos estrechos con las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que aquellos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos, tomando en cuenta, entre otros elementos, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar. [E]ste Tribunal considera que, como consecuencia directa de (i) la muerte del señor […] Roche Azaña, junto con el posterior traslado de su cadáver a Ecuador, y (ii) las heridas causada a […] Roche Azaña, junto con las secuelas que le causaron de por vida, los padres de los hermanos Roche Azaña padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral” (párr. 100-101).
USO DE LA FUERZA; FUERZAS DE SEGURIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DERECHO A LA VIDA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ZONAS DE FRONTERA; RECURSOS; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO A SER OIDO; NOTIFICACIÓN; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; VULNERABILIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; FAMILIA;
Genero v. ItaliaComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que Italia era responsable por la violación de los artículos 25.c (acceso igualitario a la función pública) y 26 (igualdad y no discriminación) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1. Género. Estereotipos de género. Igualdad. No discriminación. Principio de proporcionalidad. “El Comité recuerda su Observación General Nº 18 […] sobre la no discriminación, en la cual ese término se define como `toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas’. [L]a prohibición de la discriminación se aplica tanto en el ámbito público como en el privado y que el efecto discriminatorio de una norma o medida que es aparentemente neutra o no tiene propósito discriminatorio puede dar lugar a una violación del artículo 26. No obstante, no toda distinción, exclusión o restricción por los motivos enumerados en el Pacto constituye discriminación, siempre que esa distinción se base en criterios razonables y objetivos y persiga un propósito que sea legítimo con arreglo al Pacto” (párr. 7.3). “[E]l requisito de una estatura mínima no diferenciada de 165 cm, muy superior a los 161 cm del supuesto promedio nacional de estatura femenina, impide presentarse a las oposiciones al Cuerpo Nacional de Bomberos a la mayoría de las mujeres italianas, incluida ella misma. [Este requisito] restringe el acceso al Cuerpo Nacional de Bomberos. Aunque redactada en términos aparentemente neutros, en Italia esa restricción afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que miden considerablemente menos que los hombres en promedio y la estatura mínima requerida se sitúa entre ambos promedios, por lo que excluye a la mayoría de las mujeres e incluye a la mayoría de los hombres” (párr. 7.4). “Si bien reconoce que el Estado parte puede tener un interés legítimo en garantizar la eficacia del Cuerpo Nacional de Bomberos y admite que las actividades que realizan los bomberos pueden requerir una determinada condición física, el Comité observa que ni el Estado parte ni los tribunales administrativos nacionales han justificado qué importancia concreta tiene medir al menos 165 cm para el desempeño eficaz de esas tareas, ni por qué otras características físicas, como la complexión, la fuerza muscular y la masa metabólica activa, no pueden compensar el hecho de no alcanzar la estatura requerida. A este respecto, en el momento en que se presentó esta comunicación, [la peticionaria] había trabajado satisfactoriamente como bombera temporal durante 17 años, a lo largo de los cuales había participado en varios equipos de rescate y desempeñado las mismas funciones que el personal permanente” (párr. 7.5). “[E]l requisito de una estatura mínima de 165 cm exigido por la ley a los candidatos al Cuerpo Nacional de Bomberos constituye una restricción que no es necesaria ni proporcional al objetivo legítimo perseguido. Por consiguiente, el Comité concluye que, a la luz de su efecto desproporcionado en el acceso de las mujeres al Cuerpo Nacional de Bomberos, esa disposición, así como su aplicación […], constituyen una forma de discriminación indirecta por motivos de género que vulnera el artículo 26 del Pacto” (párr. 7.6). “[R]esulta discriminatorio establecer requisitos de estatura diferentes para los bomberos permanentes y los temporales. [E]xigir una menor estatura a los bomberos temporales implicará inevitablemente que haya más candidatos, sobre todo mujeres, que cumplan los requisitos para ser bomberos temporales pero no para ser personal permanente, aunque desempeñen las mismas funciones, como se establece en la legislación nacional […]. El Comité considera que ello no constituye un nuevo motivo de discriminación, sino que refuerza la discriminación de género antes señalada” (párr. 7.7). 2. Función pública. No discriminación. Acceso a la justicia. Medidas de acción positiva. “[E]l Comité recuerda que, de conformidad con su Observación General Nº 25 […], sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, `[p]ara garantizar el acceso [a la función pública] en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos’. Y, además, que `[r]eviste especial importancia garantizar que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al apartado c) del artículo 25 por cualquiera de los motivos especificados en el párrafo 1 del artículo 2’. Habiendo considerado que el requisito relativo a la estatura previsto en la ley para ingresar en el Cuerpo Nacional de Bomberos era irrazonable y discriminatorio, el Comité concluye que también se violaron los derechos que asisten a la peticionaria en virtud del artículo 25 c)” (párr. 7.8). “De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la peticionaria un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan resultado vulnerados. A este respecto, el Estado parte debería, entre otras cosas: a) proporcionar a la peticionaria una indemnización adecuada; y b) estudiar la posibilidad de admitir a la peticionaria como bombera permanente, si todavía desea ingresar en el Cuerpo Nacional de Bomberos, habida cuenta de los servicios continuos prestados a lo largo de los años y del carácter discriminatorio del requisito relativo a la estatura por el que no fue admitida en 2007. El Estado parte también tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones similares en el futuro, en particular mediante la modificación de la legislación nacional que regula las condiciones de acceso al Cuerpo Nacional de Bomberos” (párr. 9).
GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; FUNCIÓN PÚBLICA; ACCESO A LA JUSTICIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Vélez Loor v. Panamá. Adopción de medidas urgentesCorte Interamericana de Derechos Humanos
En la resolución se le requirió a Panamá que adoptase todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que se encuentran en las Estaciones de Recepción Migratoria La Peñita y Laja Blanca en la Provincia de Darién y, por otra parte, que se asegurase, de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas que se encontrasen en dichos establecimientos, incluyéndose detección temprana y tratamiento del Covid-19.
“La solicitud presentada busca proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de ‘las personas migrantes retenidas en […] el centro La Peñita en la región del Darién’ en atención al alegado empeoramiento de las condiciones materiales en dicho establecimiento. Las representantes sostuvieron que `[l]os hechos de riesgo referenciados en la […] solicitud […] guardan una relación estrecha con el punto resolutivo decimoquinto de la sentencia de este caso’” (párr. 12).
“La Corte ha señalado que las tres condiciones exigidas por el artículo 63.2 de la Convención para que pueda disponer de medidas provisionales deben concurrir en toda situación en la que se soliciten. Conforme a la Convención y al Reglamento, la carga procesal de demostrar prima facie dichos requisitos recae en el solicitante. En cuanto a la gravedad, para efectos de la adopción de medidas provisionales, la Convención requiere que aquélla sea `extrema’, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. El carácter urgente implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta para remediarlos sea inmediata. Finalmente, en cuanto al daño, debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables” (párr. 18).
“[E]s necesario recordar que se debe abordar esta situación `en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal’, en particular lo referente al principio de no devolución y el derecho a la salud” (párr. 19).
“[L]a Presidenta constata el requisito de urgencia […]. La alegada falta de condiciones para que se garanticen medidas rigurosas de distanciamiento y de higiene para prevenir y mitigar la propagación del COVID-19, así como la falta de información relativa a que el Estado garantice un tratamiento médico adecuado ante complicaciones derivadas de la enfermedad, hacen que sea necesaria la adopción de medidas de forma inmediata para revertir esas situaciones lo más pronto posible” (párr. 25).
“La Presidenta considera que el requisito de irreparabilidad del daño se cumple debido a que la situación de extrema gravedad y urgencia de las personas retenidas en la Estación de Recepción Migratoria La Peñita y en Laja Blanca podría tener consecuencias irreparables a sus derechos a la salud, integridad personal y vida. [S]e carece de información completa respecto a que el Estado les garantice la atención médica adecuada ante complicaciones derivadas de la enfermedad. Si no se superan de forma pronta las condiciones descritas respecto al hacinamiento y la atención en salud, de conformidad con la información aportada al expediente, podría presentarse la inminencia de un brote generalizado en la Estación de Recepción Migratoria La Peñita y/o en Laja Blanca, el cual expone a una parte de las personas migrantes a graves secuelas en su salud o afectación a la vida ante eventuales complicaciones derivadas de la enfermedad que no sean atendidas adecuadamente en centros médicos apropiados” (párr. 27).
“Por lo tanto, considerando que Panamá tiene una especial posición de garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia en las Estaciones de Recepción Migratoria, y que la referida enfermedad implica tomar medidas rigurosas para mitigar el riesgo a la vida, la integridad personal y la salud de las personas retenidas, a continuación la Presidenta estima pertinente precisar algunos requerimientos mínimos, de acuerdo a las recomendaciones existentes disponibles en la actualidad, para la implementación de las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en las Estaciones de Recepción Migratoria en el contexto de la referida pandemia:
a) Reducir el hacinamiento al nivel más bajo posible de forma tal que se puedan respetar las pautas recomendadas de distanciamiento social para prevenir el contagio del virus, teniendo en cuenta especialmente a las personas con factores de riesgo, e incluyendo la posibilidad de examinar medidas alternativas y basadas en la comunidad.
b) Determinar, cuando sea posible, de acuerdo al interés superior, opciones de acogida familiar o comunitaria para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como para aquellos que están junto con sus familias preservando la unidad familiar.
c) Garantizar el respeto del principio de no devolución a toda persona extranjera, cuando su vida, seguridad o integridad personal esté en riesgo.
d) Adoptar medidas para prevenir el riesgo de violencia, y en particular aquella de carácter sexual, a la que están expuestas las mujeres, las niñas y los niños migrantes.
e) Establecer protocolos o planes de actuación para la prevención del contagio del Covid-19 y la atención de personas migrantes infectadas, de acuerdo a las pautas recomendadas. Entre otros aspectos, asegurarse de realizar controles de salud a cada persona que ingrese al establecimiento, verificando si tiene fiebre o síntomas de la enfermedad; realizar la toma de muestras biológicas de todos aquellos casos clasificados como `sospechosos’, y adoptar las medidas de atención médica, cuarentena y/o aislamiento necesarias.
f) Brindar a las personas migrantes acceso gratuito y sin discriminación a servicios de atención en salud, incluyendo aquellos necesarios para enfrentar la enfermedad del Covid-19, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz y al mismo estándar de atención que se encuentra disponible en la comunidad.
g) Proporcionar a las mujeres embarazadas acceso gratuito a servicios de atención en salud sexual y reproductiva así como a servicios de atención de maternidad, y facilitar servicios de atención en salud adecuados para niñas y niños.
h) Adoptar las medidas que sean necesarias para superar barreras legales, idiomáticas y culturales que dificulten el acceso a la salud y a la información.
i) Adoptar medidas para asegurar la ventilación natural, limpieza máxima, desinfección y recolección de residuos para evitar que la enfermedad se propague.
j) Continuar con la dotación gratuita de mascarillas, guantes, alcohol, toallas desechables, papel higiénico y bolsas de basura, entre otros elementos, tanto para la población que se encuentra en los establecimientos como el personal de custodia y sanitario.
k) Promover, a través de los suministros y la información necesarias, las medidas de higiene personal recomendadas por las autoridades sanitarias, tales como el lavado regular de las manos y del cuerpo con agua y jabón para prevenir la transmisión de dicho virus y de otras enfermedades infecciosas.
l) Proveer una alimentación suficiente y agua potable para consumo personal, con especial consideración de los requerimientos nutricionales pre y post natales.
m) Posibilitar el acceso a servicios de salud mental para las personas que así lo requieran, teniendo en cuenta la ansiedad y/u otras patologías que se pueden generar a raíz del temor provocado por la situación del Covid-19.
n) Garantizar el acceso a las Estaciones de Recepción Migratoria de la Defensoría del Pueblo y de otros mecanismos independientes de monitoreo, así como de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
o) Evitar que las medidas que se adopten promuevan la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación” (párr. 27).
MEDIDAS CAUTELARES; EMERGENCIA SANITARIA; VULNERABILIDAD; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; VIOLENCIA SEXUAL; GÉNERO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; SALUD MENTAL; DERECHOS REPRODUCTIVOS; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; NO DISCRIMINACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Deliberación Nº 11 sobre la prevención de la privación arbitraria de la libertad en el contexto de la emergencia sanitariaGrupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (ONU)
1. Emergencia sanitaria. Libertad. Personas privadas de libertad. Proporcionalidad. Responsabilidad del Estado. Arbitrariedad. Principio de legalidad. “[E]n aquellos casos donde la emergencia sanitaria ha requerido que los Estados recurran a la introducción de un régimen de emergencia, todos los Estados deberán actuar conforme a sus obligaciones en virtud del derecho internacional, con sus normas constitucionales y de otro tipo de la ley que rigen la proclamación del estado de emergencia y el ejercicio de dichos poderes. Todas esas medidas deberán declararse públicamente, ser estrictamente proporcional a la amenaza, constituir el medio menos invasivo para proteger la salud pública y solo deberá imponerse mientras dure el periodo de emergencia” (cfr. párr. 3). “El Grupo de Trabajo es consciente que el derecho a la libertad de una persona es solo uno de los derechos particularmente afectados por la amplia variedad de medidas que se han aplicado recientemente por muchos Estados. Si bien el derecho a la libertad no es un derecho absoluto, y existen excepciones permitidas por el derecho internacional, el Grupo de Trabajo desea enfatizar que la prohibición de la privación arbitraria de la libertad es absoluta y universal. Nunca puede justificarse, ya sea por alguna razón relacionada con una emergencia nacional, el mantenimiento de la seguridad pública o la salud. La prohibición se aplica en cualquier territorio bajo la jurisdicción de un Estado o donde sea que ejerza un control efectivo, o como resultado de sus acciones u omisiones de sus agentes o servidores” (cfr. párr. 5). “[C]ualquier derogación del derecho a la libertad de una persona debe cumplir estrictamente con los límites impuestos por el poder del Estado parte para derogar ese derecho por ley. Particularmente, los Estados deben cumplir con rigurosidad los requisitos de estricta necesidad y proporcionalidad; tales excepciones solo son permisibles por el período de tiempo que justifique las exigencias de las circunstancias prevalecientes en el contexto de emergencia sanitaria” (cfr. párr. 6). “[L]a prohibición de la privación arbitraria de libertad se extiende a todo tipo de regímenes de detención, incluida la detención en el marco de la justicia penal, detención administrativa, detención en el contexto de la migración y detención en los entornos sanitarios” (cfr. párr. 7). “[L]a incomunicación y/o secreto de la detención constituye la violación normativa más grave del derecho de una persona a su libertad. La arbitrariedad es inherente a tales formas de privación de libertad pues se deja a la persona sin ninguna protección legal. Dicha detención incomunicada y/o secreta no puede ser parte de las medidas de emergencia de salud pública introducidas para combatir una crisis relacionada con la salud” (cfr. párr. 9). “Toda privación de libertad que no tenga base legal o que no se realice de conformidad con el procedimiento establecido por ley es arbitraria […]. Cualquier privación de libertad, incluso si está autorizada por ley, puede considerarse arbitraria si se basa en una legislación arbitraria o es inherentemente injusto, basándose, por ejemplo, en motivos discriminatorios, o si existe un criterio demasiado amplio estatuto que autoriza la privación de libertad automática e indefinida sin ningún estándar o revisión, o la ley no especifica claramente la naturaleza de la conducta que es ilegal” (cfr. párr. 10). “[L]os Estados deberían revisar con carácter urgente los casos de privación de libertad existentes en todos los centros de detención, a fin de determinar si esa reclusión está aún justificada como medida necesaria y proporcional en contexto actual de la pandemia de Covid-19. Al hacerlo, los Estados deberían considerar todas las medidas alternativas a la custodia” (cfr. párr. 13). “La detención preventiva solo debe utilizarse en aquellos casos que sean excepcionales […]. Las circunstancias de cada instancia previa al juicio deben ser evaluadas; las medidas no privativas de libertad, durante todas las etapas del proceso, deben ser adoptadas siempre que sea posible y, particularmente, durante el periodo de emergencia sanitaria” (cfr. párr. 14). 2. Prisión preventiva. Vulnerabilidad. Condiciones de detención. Salud mental. Derecho a la integridad personal. Hacinamiento. “El Grupo de Trabajo es consciente de que la pandemia afecta principalmente a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y aquellas que están en periodo de lactancia, personas con antecedentes de salud y personas con discapacidad. Por lo tanto, recomienda que los Estados traten a todos los individuos como vulnerables. Los Estados también deben abstenerse de mantener a tales individuos en lugares de privación de libertad donde el riesgo para su vida e integridad física y mental puedan acentuarse” (cfr. párr. 15). “[E]l hacinamiento y la falta de higiene representan un riesgo particular de propagación de Covid-19. Por ello, los Estados deberían tratar, siempre que sea posible, de reducir la población carcelarias y de otros grupos de personas detenidas mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellas personas detenidas para quienes sea seguro hacerlo, teniendo plenamente en cuenta las medidas no privativas de libertad como las previstas en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Tomando nota de la obligación derivada de la Convención sobre los Derechos del Niño de no detener a los niños, se debe considerar particularmente la liberación de niños y mujeres con hijos, y también la de aquellos que cumplen condenas por delitos no violentos” (cfr. párr. 16). 3. Debido proceso. Derecho de defensa. Control judicial. “El derecho [a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal] se aplica con independencia del lugar de detención o la terminología legal usada en la legislación; en consecuencia, cualquier forma de privación de libertad, fuese por el motivo que fuese, debe estar sujeta a una supervisión y control efectivo por parte del poder judicial. El Grupo de Trabajo desea enfatizar que [también] se aplica a aquellas personas en cuarentena obligatoria o detenidas de otra manera […]. Esas personas también deben asegurarse de que puedan ejercer este derecho de manera efectiva mediante el acceso a una asistencia legal, entre otras cosas” (cfr. párr. 18-19). “El grupo de trabajo es consciente del hecho de que las medidas adoptadas en el contexto de la emergencia sanitaria para combatir la pandemia pueden limitar el acceso a los centros de detención, lo que a su vez puede provocar que las personas detenidas asistan a su tribunal y otras audiencias judiciales, reuniones con juntas de libertad condicional u otras entidades habilitadas para considerar la continuidad de su privación de libertad, o de mantener reuniones con sus abogado y familia. Esto puede tener un efecto adverso particularmente en aquellos detenidos en prisión preventiva, y en detenidos que buscan una revisión de una decisión de detenerlos, así como aquellos tratando de apelar contra una condena o sentencia” (cfr. párr. 20). “Si las exigencias de la emergencia sanitaria prevaleciente requieren restricciones sobre contacto físico, los Estados deben garantizar la disponibilidad de otras formas de asesoría legal para comunicarse con sus clientes, incluida la comunicación online segura o por vía telefónica, de forma gratuita y en circunstancias seguras y confidenciales. Se pueden adoptar medidas similares para las audiencias judiciales. La introducción de medidas generales que restrinjan el acceso a los tribunales y al asesoramiento legal no podrán justificarse y podrían hacer arbitraria la privación de libertad” (cfr. párr. 21). 4. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Refugiado. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. LGBTIQ. Pueblos indígenas. Adultos mayores. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. “La detención en el contexto migratorio solo queda permitida como medida excepcional de último recurso, ya que es un umbral considerablemente alto para ser satisfecho en el contexto de una pandemia u otra emergencia de salud pública. El Grupo de Trabajo recuerda a todos los Estados que los niños migrantes y los niños acompañados de sus familias no deben ser detenidos […] y, por tanto, deben ser liberados de inmediato. Los peticionantes de asilo tampoco deben ser retenidos en lugares de privación de libertad durante el transcurso del procedimiento para la determinación de su estatus; los refugiados deben estar protegidos por las autoridades del Estado receptor y no detenidos” (cfr. párr. 23-25). “Las medidas de emergencia promulgadas para abordar la pandemia deberán ejercerse con respecto a los principios de igualdad y no discriminación por motivos de nacionalidad, origen étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política u otra, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otro motivo” (cfr. párr. 26). “Dichas medidas deben tener en cuenta el impacto diverso que recae sobre grupos vulnerables concretos que ya experimentan desventajas, incluidas las personas con discapacidad, personas mayores, minorías, pueblos indígenas, afrodescendientes, desplazados internos, personas afectadas por la pobreza extrema, personas sin hogar, migrantes y refugiados, personas con algún tipo de adicción, trabajadoras sexuales y LGBTI además de otras personas con diversidad de género que puedan no tener la misma capacidad para cumplir con las directivas de salud (como el aislamiento en el hogar, la cuarentena autofinanciada en hoteles, condiciones para evitar asistir al trabajo o el pago de sanciones o fianzas), y puedan ser privados de su libertad como resultado” (cfr. párr. 27).
EMERGENCIA SANITARIA; LIBERTAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; VULNERABILIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; SALUD MENTAL; HACINAMIENTO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CONTROL JUDICIAL; MIGRANTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PUEBLOS INDÍGENAS; REFUGIADO; LGBTIQ; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
Ramos v. LousianaCorte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
La Corte Suprema de los Estados Unidos, por mayoría, sostuvo que el Derecho a un juicio por jurados que garantiza la Sexta Enmienda no admite veredictos no unánimes en los tribunales estatales (ministros Gorsuch, Ginsburg, Breyer, Sotomayor y Thomas –según su voto–).
“La Sexta Enmienda sostiene que ‘en todo proceso penal, el acusado va a gozar del de-recho a un juicio público y rápido, a cargo de un jurado imparcial del Estado y el distrito en donde se haya cometido el delito […]’. La Enmienda establece otros derechos para las personas acusadas, pero no dice nada más respecto de qué implica ser ‘juzgado por un jurado imparcial’”.
“El texto y la estructura de la Constitución sugiere con claridad que el término ‘juzgado por un jurado imparcial’ implica un significado sobre el contenido y los requisitos de un juicio por jurado”.
Uno de estos requisitos era la unanimidad. Donde sea que se busque para determinar el significado del término ‘juzgado por un juicio por jurado imparcial’ encontramos que al momento en que se adoptó la Sexta Enmienda […] la respuesta es inconfundible. Un jurado debe alcanzar un veredicto unánime a fin de emitir una condena”.
“El requisito de la unanimidad del jurado surge en el Siglo XIV en Inglaterra, y luego fue aceptado como derecho fundamental del common law [hay cita]”.
•“No cabe duda de que el requisito de unanimidad de la Sexta Enmienda se aplica a los juicios penales estatales y federales por igual. Este Tribunal ha explicado durante mucho tiempo que el derecho de la Sexta Enmienda a un juicio con jurado es ‘fundamental para el esquema de justicia estadounidense’ y se incorporó contra los Estados bajo la Decimocuarta Enmienda. De esta manera, si la Sexta Enmienda exige unanimidad en el veredicto para condenas en los tribunales federales, no puede requerir menos en los tribunales estatales”.
JUICIO POR JURADOS; JURISDICCIÓN; JURISDICCION Y COMPETENCIA; IGUALDAD; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; DEBIDO PROCESO; UNANIMIDAD;
Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturalesComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración que destacó los efectos más importantes de esta pandemia en los derechos económicos, sociales y culturales y formuló recomendaciones a los Estados partes para combatir la pandemia de COVID-19 de manera acorde con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto.
1. Emergencia sanitaria. DESC. Razonabilidad. Proporcionalidad. Derechos Humanos.
“La pandemia de COVID-19 ilustra claramente la importancia de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos. En esencia, la pandemia constituye una amenaza para la salud mundial que, por otro lado, tiene múltiples repercusiones en el disfrute de los derechos civiles y políticos, puesto que algunas de las medidas adoptadas por los Estados para combatirla imponen graves restricciones a la libertad de circulación y a otros derechos. Así pues, es fundamental que las medidas adoptadas por los Estados contra la pandemia sean razonables y proporcionadas, a fin de garantizar la protección de todos los derechos humanos” (cfr. párr. 3).
2. Vulnerabilidad. No discriminación. Adultos mayores. Personas privadas de libertad. Educación. Niños, niñas y adolescentes. Género. Violencia familiar. Pueblos indígenas. Refugiados. Migrantes.
“La crisis actual afecta gravemente a los grupos desfavorecidos y marginados. Si se infectan por el virus […], las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes o están inmunodeprimidas corren un riesgo particularmente elevado de sufrir consecuencias graves para su salud. Asimismo, hay otros grupos muy expuestos al contagio, como quienes están en residencias o viviendas comunales, los reclusos y las personas privadas de libertad […]. La insuficiencia de bienes públicos y servicios sociales agrava también las desigualdades mundiales en materia de ingresos y riqueza […]. En los países en que las escuelas, los centros de formación profesional y las instituciones de educación superior están cerrados, se está tratando de seguir con la docencia y el aprendizaje en línea. No obstante, [entraña] el riesgo de agravar las desigualdades educativas entre alumnos ricos y pobres, debido a las desigualdades existentes para tener un acceso asequible a servicios de Internet y a equipos como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. La pandemia de COVID-19 amenaza también con agudizar las desigualdades de género, puesto que la responsabilidad del cuidado de los niños en el hogar y de los familiares enfermos o mayores recae de manera desproporcionada en las mujeres, habida cuenta de los estereotipos y roles de género que siguen estando profundamente arraigados en muchas sociedades. En circunstancias de confinamiento o cuarentena para las familias, las mujeres pueden ser más vulnerables a sufrir violencia doméstica, y los recursos que tienen a su alcance en esas circunstancias son limitados. Los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas que viven en países o regiones afectados por conflictos son particularmente vulnerables durante esta pandemia. En estas poblaciones suele haber porcentajes más elevados de personas con enfermedades crónicas y trastornos de salud subyacentes, lo que incrementa su riesgo de desarrollar complicaciones graves de salud a causa de la COVID-19” (cfr. párrs. 5-9).
“Todos los Estados partes deben adoptar con carácter urgente medidas especiales y específicas, […] para proteger y mitigar los efectos de la pandemia en grupos vulnerables como las personas mayores, las personas con discapacidad, los refugiados y las poblaciones afectadas por conflictos, así como las comunidades y los grupos sometidos a discriminación y desventajas estructurales. Se trata de medidas como, entre otras cosas, el suministro de agua, jabón y desinfectante a las comunidades que carecen de ellos; la puesta en práctica de programas específicos para proteger los empleos, los salarios y las prestaciones de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes sin papeles; la imposición de una moratoria para los desalojos o las ejecuciones hipotecarias de viviendas durante la pandemia; la puesta en marcha de programas de ayuda social y de apoyo a los ingresos para garantizar la seguridad alimentaria y económica de todos los necesitados; la adopción de medidas especialmente adaptadas para proteger la salud y los medios de vida de los grupos minoritarios vulnerables, como los romaníes, así como los de los pueblos indígenas; y la garantía de un acceso asequible y equitativo para todos a los servicios de Internet con fines educativos” (cfr. párr. 15).
3. Principio de legalidad. Salud pública. Principio de dignidad humana. Acceso a la justicia. Violencia familiar.
“Para garantizar que durante esta crisis se protejan y se cumplan los derechos y obligaciones consagrados en el Pacto, los Estados partes deben adoptar una serie de medidas urgentes […]. Si las medidas adoptadas limitan los derechos consagrados en el Pacto, deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 4 del mismo. Básicamente, habrán de ser necesarias para combatir la crisis de salud pública que plantea la COVID-19, además de ser razonables y proporcionadas. Las medidas de emergencia y las facultades asumidas por los Estados partes para hacer frente a la pandemia no deben usarse indebidamente y deben retirarse tan pronto como dejen de ser necesarias […]. [S]e ha de respetar y proteger la dignidad inherente de todas las personas, y se debe dar prioridad a las obligaciones básicas mínimas impuestas por el Pacto. En este difícil contexto, el acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces no es un lujo, sino un elemento básico para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los de los grupos más vulnerables y marginados. Así, por ejemplo, es esencial que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan a los casos de violencia doméstica, que los teléfonos de emergencia para atender casos de violencia doméstica funcionen y que las mujeres y niños víctimas de este tipo de violencia tengan acceso efectivo a la justicia y a los recursos jurídicos” (cfr. párrs. 10-12).
4. Responsabilidad del Estado. Asistencia médica Salud pública.
“Es imperativo que los Estados parte adopten medidas reglamentarias apropiadas para velar por que los recursos de la atención sanitaria, tanto en el sector público como en el privado, se movilicen y se compartan entre toda la población a fin de garantizar una respuesta amplia y coordinada a la crisis en materia de atención sanitaria. Puesto que constituyen la primera línea de respuesta a esta crisis, se ha de facilitar a todos los profesionales sanitarios la indumentaria y los equipos de protección adecuados para evitar el contagio […]. Los Estados partes tienen la obligación de dedicar el máximo de recursos de que dispongan a la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud” (cfr. párrs. 13-14).  
5. Trabajo. Salario. Derecho a la seguridad. Sanciones disciplinarias. Seguridad Social. Derecho a la alimentación. Medicamentos. Derecho a la información.
“Todos los trabajadores deben estar protegidos de los riesgos de contagio en el trabajo, y los Estados partes deben adoptar medidas reglamentarias apropiadas para garantizar que los empleadores reduzcan al mínimo los riesgos de contagio con arreglo a las mejores prácticas en materia de normas de salud pública. Mientras no se adopten esas medidas, no se puede obligar a los trabajadores a trabajar y se les debe proteger de la aplicación de sanciones disciplinarias o de otra índole por negarse a trabajar sin la protección adecuada. Además, a fin de proteger los empleos, las pensiones y otras prestaciones sociales de los trabajadores durante la pandemia, así como para mitigar los efectos económicos de esta, los Estados partes deben adoptar medidas inmediatas como, por ejemplo, subvenciones salariales, desgravaciones fiscales y el establecimiento de programas complementarios de seguridad social y protección de los ingresos […]” (cfr. párr. 16).  
“También deben adoptarse medidas reglamentarias para evitar la especulación con alimentos, productos de higiene y medicamentos y suministros esenciales. Entre las medidas recomendadas, figura la supresión de los impuestos sobre el valor añadido de esos suministros durante la pandemia y la subvención del costo de alimentos y productos de higiene básicos para garantizar que sean asequibles para los pobres” (cfr. párr. 17).   
“Es indispensable disponer de información precisa y accesible sobre la pandemia, tanto para reducir el riesgo de transmisión del virus, como para proteger a la población del peligro que supone la desinformación. Esa información también es crucial para reducir el riesgo de conductas estigmatizantes y perjudiciales contra los grupos vulnerables, incluidas las personas infectadas por el virus causante de la COVID-19. La información debe facilitarse periódicamente, en un formato accesible y en todos los idiomas locales e indígenas. También deben adoptarse medidas para agilizar el acceso a servicios de Internet asequibles y a equipos técnicos básicos para todos los alumnos, en particular los de las comunidades y regiones más pobres, a fin de que puedan beneficiarse por igual de los programas de aprendizaje en línea mientras las escuelas y las instituciones de educación superior estén cerradas a causa de la pandemia” (cfr. párr. 18).  
“Los Estados partes deben también utilizar su poder de voto en las instituciones financieras internacionales para aliviar la carga financiera de los países en desarrollo en la lucha contra la pandemia, con medidas como conceder a esos países mecanismos diferentes de alivio de la deuda […]. Para combatir eficazmente las pandemias, es necesario que los Estados asuman compromisos más firmes en materia de cooperación internacional, puesto que las soluciones nacionales son insuficientes. La intensificación de la cooperación internacional debe aumentar el grado de preparación de los Estados y las organizaciones internacionales […] para responder a las pandemias mediante, entre otras cosas, el intercambio de información científica sobre posibles patógenos. Asimismo, debe mejorar los mecanismos de alerta temprana, basados en información oportuna y transparente proporcionada por los Estados sobre epidemias emergentes que puedan llegar a convertirse en pandemias. Gracias a ello, se podrían llevar a cabo intervenciones tempranas, basadas en los datos científicos más fidedignos, orientadas a controlar esas epidemias y evitar que se conviertan en pandemias” (cfr. párr. 21-23).  
“La [pandemia] ha puesto de relieve que es esencial invertir adecuadamente en sistemas de salud pública, programas integrales de protección social, trabajo decente, vivienda, alimentación, sistemas de agua y de saneamiento, y en instituciones para promover la igualdad de género. Esas inversiones son cruciales para responder eficazmente a las pandemias de salud mundiales y contrarrestar las formas múltiples e interseccionales de desigualdad, incluidas las profundas desigualdades de ingresos y riqueza tanto dentro de los países como entre ellos” (cfr. párr. 24).  
EMERGENCIA SANITARIA; DESC; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHOS HUMANOS; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ADULTOS MAYORES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; EDUCACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; PUEBLOS INDÍGENAS; MIGRANTES; REFUGIADO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; SALUD PÚBLICA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ACCESO A LA JUSTICIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ASISTENCIA MEDICA; TRABAJO; SALARIO; DERECHO A LA SEGURIDAD; SANCIONES DISCIPLINARIAS; SEGURIDAD SOCIAL; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; MEDICAMENTOS; DERECHO A LA INFORMACIÓN;
Gómez-Limón Pardo v. EspañaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que España era responsable por la violación del artículo 11 (derecho a la vivienda) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 1.
1. Vivienda. DESC. Desalojo. Debida diligencia.  
“El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 8.1).
“Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto y sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales. Cuando sea discutible que un desalojo pueda afectar al derecho a la vivienda de la persona desalojada, las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto y de acuerdo con el principio de proporcionalidad entre el objetivo legítimo de desalojo y las consecuencias de este sobre las personas desalojadas” (párr. 8.2).
2. Principio de proporcionalidad. Derecho de propiedad. Vulnerabilidad. Principio de legalidad. Principio de imparcialidad. Independencia.  
“[E]l derecho a la propiedad privada no es un derecho contenido en el Pacto, pero reconoce el interés legítimo del Estado parte de garantizar la protección de todos los derechos existentes en su ordenamiento jurídico, en tanto esto no entre en conflicto con los derechos contenidos en el Pacto” (párr. 9.2).
“Al rechazar la solicitud de suspensión del desalojo, el Juzgado de Primera Instancia núm. 86 de Madrid no hizo un examen de proporcionalidad entre el objetivo legítimo del desalojo y sus consecuencias sobre la persona desalojada. La legislación del Estado parte tampoco ha ofrecido a la autora otro mecanismo con el que objetar la orden de desalojo, que debía ejecutarse de forma casi inmediata, de forma que otra autoridad hubiera podido evaluar la proporcionalidad del desalojo o de las condiciones en las que iba a llevarse a cabo” (párr. 9.3).  
“Cuando un desalojo podría resultar en privar a una persona del acceso a una vivienda adecuada y exponerla al riesgo de la indigencia u otra violación de sus derechos protegidos por el Pacto, surge una obligación de examinar la proporcionalidad de la medida. Esta obligación se deriva de la interpretación de las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 2, párrafo 1, del Pacto, leído conjuntamente con el artículo 11, y de acuerdo con los requisitos del artículo 4 […]. El Comité toma nota de que el artículo 4 del Pacto estipula las condiciones en que están permitidas tales limitaciones al disfrute de los derechos de conformidad con el Pacto. En primer lugar, la limitación ha de estar determinada por ley. En segundo lugar, la limitación debe promover el bienestar general en una sociedad democrática. En tercer lugar, la limitación debe ser adecuada al fin legítimo mencionado. En cuarto lugar, la limitación debe ser necesaria, en el sentido de que si existen varias medidas que puedan razonablemente obtener el fin de la limitación, se debe hacer uso de la medida que menos restringe el derecho. Finalmente, los beneficios logrados por la limitación para promover el bienestar general deben superar los impactos sobre el goce del derecho limitado. Cuanto más serio es el impacto en los derechos de la autora protegidos por el Pacto, mayor escrutinio ha de prestársele a la justificación otorgada para tal limitación. Este examen de proporcionalidad de la medida debe ser efectuada por una autoridad judicial u otra autoridad imparcial e independiente con el poder de ordenar el cese de la violación y de proporcionar un remedio efectivo. Esta autoridad debe evaluar si el desalojo se ajusta al Pacto, incluyendo los elementos del examen de proporcionalidad requeridos en el artículo 4 del Pacto tal y como han sido descritos” (párr. 9.4).
“[E]l Estado parte debe desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de las personas de sus viviendas de acuerdo con una legislación compatible con el Pacto. Este marco debe estipular que las autoridades judiciales, u otras autoridades imparciales e independientes con el poder de ordenar el cese de la violación y de proporcionar un remedio efectivo, deben evaluar la proporcionalidad de las solicitudes de desalojo en tales circunstancias. El análisis de la proporcionalidad de un desalojo no sólo implica el examen de las consecuencias de la medida sobre las personas desalojadas, sino también, inter alia, los intereses que podrían verse afectados de la parte o persona que tiene derecho a que el desalojo tenga lugar. La disponibilidad de vivienda alternativa adecuada, las circunstancias personales de los ocupantes y sus dependientes, y su cooperación con las autoridades en la búsqueda de soluciones adaptadas a ellos son también factores cruciales en tal examen. Será inevitable distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras o cualquier otra entidad. Por consiguiente, el Estado parte violará el derecho a la vivienda adecuada si estipula que la persona cuyo contrato de arrendamiento se dé por terminado debe ser desalojada de forma inmediata sean cuales sean las circunstancias bajo las que la orden de desalojo sería ejecutada” (párr. 9.5).
“El Comité subraya que encontrar que un desalojo no es una medida razonable en un momento concreto no significa necesariamente que no se pueda emitir una orden de desalojo. No obstante, el principio de proporcionalidad puede requerir que la orden de desalojo se suspenda o posponga para evitar exponer a las personas desalojadas a situaciones de indigencia o a violaciones de otros derechos contenidos en el Pacto. Una orden de desalojo también puede estar condicionada a otros factores tal y como requerir a las autoridades administrativas para que intervengan en la asistencia de los ocupantes para mitigar las consecuencias del desalojo. Por tanto, la necesidad de que se evalúe la proporcionalidad de una medida de desalojo puede también dar lugar a considerar la conveniencia de posponer un desalojo mientras las autoridades competentes negocian con las personas afectadas sobre las diferentes alternativas que se encuentran disponibles. Sin embargo, en el caso presente, aunque el Estado parte alegue que la autora no actuó de forma razonable en tal negociación, el hecho es que no se efectuó este examen de proporcionalidad del desalojo antes de decidir desalojar a la autora” (párr. 9.6).
3. Medidas cautelares. Desalojo.
“[L]a adopción de medidas provisionales con arreglo al artículo 5 del Protocolo Facultativo es fundamental para el desempeño de la función encomendada al Comité en virtud de ese Protocolo, pues la razón de ser de las medidas provisionales es, inter alia, la de proteger la integridad del proceso, permitiendo la efectividad del mecanismo en su protección de los derechos contenidos en el Pacto cuando existe un riesgo de daño irreparable. Todo Estado parte que no adopte tales medidas provisionales incumple la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de las comunicaciones individuales establecido en el Protocolo Facultativo. También obstaculiza la capacidad del Comité de proporcionar un remedio efectivo a las personas que alegan ser víctimas de una violación del Pacto. [E]l 17 de octubre de 2018 la autora fue desalojada pese a la solicitud de medidas cautelares del Comité y sin que se le hubiera otorgado una vivienda alternativa adecuada tras una consulta genuina con ella. En ausencia de una explicación del Estado parte de las razones por las que las medidas provisionales no pudieron ser respetadas, el Comité considera que el Estado parte violó, en las circunstancias de este caso, el artículo 5 del Protocolo Facultativo” (párrs. 10. 2 y 10.3).
VIVIENDA; DESC; DESALOJO; DEBIDA DILIGENCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO DE PROPIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; VULNERABILIDAD; INDEPENDENCIA; MEDIDAS CAUTELARES;
Pandemia y Derechos Humanos en las AméricasComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una serie de lineamientos y recomendaciones para los Estados en relación con la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
1. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. DESC.
“Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia”.
“Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19 que constituyen una situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran”.
“Garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar las pandemias y sus consecuencias incorporen de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus determinantes básicos y sociales, los cuales se relacionan con el contenido de otros derechos humanos, como la vida e integridad personal y de otros DESCA […]; así como respuestas para la prevención y atención de las violencias, asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico”.
“Proteger los derechos humanos, y particularmente los DESCA, de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias. Es importante tomar medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la alimentación y otros derechos esenciales. Las personas que hayan de proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus y, en general, se debe dar adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos sociales interrelacionados con el ámbito laboral y sindical”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Atención médica. Salud mental. Medicamentos.
“Velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de las personas con COVID-19 y los grupos desproporcionalmente afectados por la pandemia, así como personas con enfermedades preexistentes que las hacen especialmente vulnerables al virus. La escasez de recursos no justifica actos de discriminación directos, indirectos, múltiples o interseccionales.
“Asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias para enfrentar los contextos de pandemia, particularmente poniendo atención al uso de estrategias, como la aplicación de cláusulas de flexibilidad o excepción en esquemas de propiedad intelectual, que eviten restricciones a medicamentos genéricos, precios excesivos de medicamentos y vacunas, abuso de uso de patentes o protección exclusiva a los datos de prueba”.
“Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental sin discriminación ante los efectos de los contextos de pandemia y sus consecuencias, lo que incluye la distribución equitativa de tales servicios y bienes en la comunidad, particularmente de las poblaciones que se ven más expuestas o en mayor riesgo a verse afectadas, tales como personas profesionales de salud, personas mayores o personas con condiciones médicas que requieren atención específica de su salud mental”.
3. Emergencia sanitaria. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad.
“Asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud”.
“Abstenerse de suspender el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes; la prohibición de esclavitud y servidumbre; el principio de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y religión; la protección a la familia; el derecho al nombre; los derechos de la niñez; el derecho a la nacionalidad, y los derechos políticos”.
4. Acceso a la justicia. Habeas corpus. Debido proceso. Vulnerabilidad.
“Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal.
Abstenerse de suspender aquellas garantías judiciales indispensables, como el recurso de amparo y hábeas corpus, que son idóneas para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, y para controlar las actuaciones de las autoridades en el contexto de los estados de excepción. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia del COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas medidas puedan generar. Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia”.
5. Adultos mayores. Derecho a la salud.
“Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la población mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de larga estancia, hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda humanitaria para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o abandono o situación de discapacidad”.
6. Cárceles. Hacinamiento. Personas privadas de la libertad. Género. Adultos mayores. Prisión domiciliaria.
“Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.
Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia […]. Asimismo, asegurar que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un estricto juicio de proporcionalidad”.
7. Género. Violencia de género. Violencia familiar. Acceso a la justicia.
“Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada , la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta, adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento. Así como desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales”.
8. Migrantes. Reunificación familiar.
“Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar”.
9. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Personas con discapacidad.
“Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) –incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19 […]. La protección debe, en la medida de lo posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios.
En cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran […]. Asegurar que las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles.
Dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en zonas rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas y sociales y, además, considerar que los efectos de la pandemia son diferenciados para cada grupo poblacional de NNA debido al contexto social en que están insertados, incluida la brecha digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo de discriminación”.
10.  LGTBIQ. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. No discriminación.
“Garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en particular las personas trans que se encuentran en un ciclo de pobreza, exclusión y falta de acceso a la vivienda, en la formulación de políticas de asistencia social durante la pandemia –incluyendo acceso a vivienda y refugio seguros– así como en las eventuales medidas de reactivación económica.
Adoptar o fortalecer protocolos de atención en salud y sistema de denuncias para las personas LGBTI –incluyendo niños, niñas y adolescentes– que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia en sus hogares en el contexto de distanciamiento social o cuarentena. Adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género en el ámbito hospitalario y garantizar la continuidad de servicios médicos prestados a las personas trans”.
11. Cárceles. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad.
“Ajustar los entornos físicos de privación de la libertad y atención médica, tanto en instituciones públicas como en privadas, para que las personas con discapacidad puedan gozar de la mayor independencia posible y acceder a medidas como el aislamiento social y el lavado frecuente de manos, entre otras.
Adoptar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad en contextos de medidas de aislamiento o contención”.
12. Emergencia sanitaria. DESC. Derecho a la salud.
"[L]a pandemia genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, por lo que se torna esencial la adopción de políticas para prevenir eficazmente el contagio, así como de medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin de brindar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad la atención integral de la salud física y mental, sin discriminación.
Asimismo, los sistemas de salud de los Estados de la región se han visto o pueden verse, aún más, desbordados frente a la magnitud de la pandemia del COVID-19, en particular respecto de quienes viven en la pobreza y para quienes no tienen cobertura médica, en caso de que necesiten atención médica u hospitalización".
"[L]a salud es un bien público que debe ser protegido por todos los Estados y […] el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo, que guarda correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus determinantes básicos y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute. [E]l contenido del derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. [E]ste derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación".
"[L]a Comisión reafirma el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia. [E]n determinadas circunstancias, con el objeto de generar adecuada distancia social, puede resultar de hecho imperativa la restricción del pleno goce de derechos como el de reunión y la libertad de circulación en espacios tangibles, públicos o comunes que no sean indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales o para la propia atención médica".
13. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad. Género. LGBTIQ. Niños, niños y adolescentes.
"[A]l momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes,  personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas.
Teniendo en particular consideración que en el contexto de pandemia, por lo general, los cuidados de las personas enfermas o necesitadas de especial atención recaen fundamentalmente en las mujeres, a expensas de su desarrollo personal o laboral, existiendo un escaso nivel de institucionalización y reconocimiento social o económico para tales tareas de cuidados que en tiempo de pandemia se vuelven aún más necesarios y exigente".
EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO A LA SALUD; DESC; SALUD MENTAL; ASISTENCIA MEDICA; MEDICAMENTOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; HÁBEAS CORPUS; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; ADULTOS MAYORES; CÁRCELES; HACINAMIENTO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; GÉNERO; PRISIÓN DOMICILIARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; MIGRANTES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; EDUCACIÓN; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; LGBTIQ; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
COVID19 y Derechos HumanosCorte Interamericana de Derechos Humanos
1. Derechos Humanos. Emergencia sanitaria.
“Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia. Los organismos multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, deben ayudar y cooperar de manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque de derechos humanos, para buscar soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y ocasionará la presente pandemia”.
2. Principio de legalidad. Razonabilidad. Principio de proporcionalidad. Uso de la fuerza.
“Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos".
“Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana”.
3. DESC. Vulnerabilidad. No discriminación. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Adultos mayores. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Personas privadas de libertad. Migrantes. LGTBIQ. Pueblos Indígenas.
“Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia”.
“En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas”.
“El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad”.
4. Violencia de género. Debida diligencia. Violencia sexual.
“Ante las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso recalcar el deber estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para las víctimas”.
5. Personas privadas de libertad. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento
“Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.
6. Trabajo. Salarios.
“Se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el impacto que esto genera en las economías personales y familiares, se deben procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos y medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades normales, como también a la población en situación de calle”.
7. Derecho de información. Derecho a la privacidad. No discriminación.
“El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial. Deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus COVID19, sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales, y a la observancia del principio general de no discriminación. Resulta pertinente poner en alerta a los órganos o dependencias competentes para combatir la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación, para que extremen el cuidado a efectos de que, durante la pandemia, nadie promueva brotes de esta naturaleza con noticias falsas o incitaciones a la violencia”.
8. Acceso a la justicia. Derecho de defensa.
“Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares interamericanos, así como sus consecuencias en las personas”.
EMERGENCIA SANITARIA; DERECHOS HUMANOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; USO DE LA FUERZA; DESC; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA SALUD; ADULTOS MAYORES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; LGBTIQ; MIGRANTES; PUEBLOS INDÍGENAS; VIOLENCIA DE GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; VIOLENCIA SEXUAL; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; TRABAJO; SALARIO; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DERECHO A LA PRIVACIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO DE DEFENSA;
Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID19 en las AméricasSecretaría de Acceso a Derechos y Equidad (OEA
A través de un enfoque interseccional y en base a los principios de no discriminación, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad, la Secretaría propuso una serie de pautas destinadas a grupos vulnerables.

El documento se divide en diez capítulos:

Capítulo I: Mujeres e igualdad de género.
Capítulo II: Personas mayores.
Capítulo III: Personas con discapacidad.
Capítulo IV: Población afrodescendiente.
Capítulo V: Pueblos indígenas                                                                                               
Capítulo VI: Personas LGBTIQ.
Capítulo VII: Personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
Capítulo VIII: Personas privadas de libertad.
Capítulo IX: Personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema.
Capítulo X: Infancia, educación y asistencia social.

1. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Género.

“La experiencia de otras epidemias como el SARS, el Ébola o el sarampión confirma que existen impactos diferenciados en hombres y mujeres de cualquier crisis, incluyendo de salud, no solamente en lo biológico sino también en lo social, económico y político. Si bien en términos biológicos, los datos preliminares indican una menor tasa de mortalidad en mujeres que en hombres, las mujeres enfrentan un mayor riesgo de infección asociada tanto con su rol en los centros de servicios de salud, como en los trabajos en la economía informal y de servicios. Además del riesgo de infección, las mujeres también se enfrentan con la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que les recae, incluyendo en el cuidado de las familias, así como su mayor vulnerabilidad a la crisis económica y los ajustes como consecuencia de esta crisis”.

“En los momentos en que las empresas cierran, donde se prescinde del servicio doméstico y las pequeñas y medianas empresas despiden personal debido a la incapacidad de mantener los costos de operación, las mujeres vuelven a ser la población mayormente afectada, ya que sus trabajos son a menudo precarios, temporales, y en gran medida sin seguridad social. Aunque los hombres también se verán afectados en este mismo sentido, en el caso de las mujeres, la pérdida de autonomía económica está directamente relacionada con una mayor vulnerabilidad a situaciones de dependencia, violencia, discriminación y exclusión en múltiples niveles por razones de género. En este sentido, los Estados deben promover políticas y programas para minimizar el impacto económico de las mujeres en la informalidad, y aquellas en situación de precariedad económica debido a la pandemia”.

“[D]urante el aislamiento y la cuarentena, se requiere la incorporación de medidas alternativas para la prevención, atención y asistencia a víctimas de diversas manifestaciones de violencia de género en entornos domésticos, incluidos servicios adaptados para mujeres con discapacidad (especialmente mujeres sordas y ciegas) y refugios para esas mujeres y sus niños/as en riesgo o sin hogar, así como medidas específicas para las mujeres refugiadas y víctimas de trata”.

2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores. Derecho a la salud. Salud mental.

“[D]ebe considerarse que las personas mayores no son un grupo homogéneo por lo que, además de la edad, coexistirán otras vulnerabilidades en diferentes planos ante la pandemia: no afectará de la misma forma a una persona que tenga sus necesidades básicas satisfechas […] que a quien no las tenga, que pasará a ser parte de un grupo especialmente vulnerado dentro de este grupo ya en riesgo. Lo mismo sucede con las personas mayores que se encuentran institucionalizadas y/o con afecciones mentales, deterioro cognitivo o demencia, que pasan a constituir otro grupo altamente vulnerable. Sumando además el estigma social que existe sobre este grupo, que se presenta como un factor en sí mismo de vulneración de derechos que puede afectar la dignidad y hasta la propia vida de las personas.

Para proteger a las personas mayores del contagio, hasta el momento la medida más efectiva que han tomado los gobiernos de los países afectados ha sido el distanciamiento físico o social, a los efectos de evitar o retrasar el mismo. Esta situación, junto al hecho de pertenecer a este grupo tan vulnerable y en riesgo inminente ante la pandemia, puede impactar negativamente en la salud mental de esta población, ya sea a través de ansiedad, depresión, estrés, aislamiento, etc. [hay nota]. Ante esto es imprescindible monitorear y evaluar estos efectos en la salud mental no como fenómenos individuales, sino como parte de una construcción social que impacta en las personas, con el fin de generar estrategias sociales y comunitarias de mitigación de los mismos. A su vez, esto es altamente relevante cuando las personas se encuentran institucionalizadas, donde se debe monitorear que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de estas personas en situación de distanciamiento físico”.

3. Emergencia sanitaria. Personas con discapacidad.

“En el contexto actual causado por la pandemia del COVID-19, el colectivo de personas con discapacidad es uno de los más gravemente olvidados, especialmente por la ausencia de mecanismos de accesibilidad que disminuyan las barreras que a cotidiano les rodean, y les den eficacia a las medidas de prevención y atención ante la emergencia. Recomendaciones que parecen tan obvias y fáciles de seguir, como lavarse las manos constantemente, evitar tocar superficies, o mantener distancia social, constituyen una enorme barrera para personas en situación de discapacidad. Hay personas cuya condición de movilidad de extremidades les impide el lavado de manos por sí mismos o acceder al grifo o al sanitizante; hay personas que necesitan tocar superficies para obtener información del entorno y desenvolverse, personas que usan sus manos para desplazarse en el espacio físico, y todas ellas se encuentran por eso en alto riesgo de contagiarse y en la imposibilidad de seguir al pie de la letra las indicaciones de la OMS. Incluso las instrucciones sobre cómo lavarse las manos correctamente, son también inaccesibles en muchos casos para personas con discapacidad visual. Y éstos son apenas unos pocos ejemplos”.

“En casos de cuarentenas, toques de queda y restricción domiciliaria, hay que atender las necesidades de personas de apoyo y cuidadores de personas con discapacidad, así como las de personas con discapacidad del espectro autista, neurodiversas o con discapacidad psicosocial -que requieren de contacto esencial con el medioambiente y espacios abiertos para mantener la calma-, y establecer políticas específicas que permitan su movilidad y la continuación de los servicios. En ningún caso se debe interrumpir los servicios de asistencia personal y cuidado de las   personas con discapacidad [hay nota]”.

“Deben tomarse medidas de protección adicionales para las personas con discapacidad en situaciones específicas, tales como: Considerar la realización de pruebas de contagio a domicilio, que prioricen a las personas con discapacidad, su entorno de asistentes personales y familiares, y las personas adultas mayores [entre otras]”.

“Debe reducirse progresivamente el número de personas en instituciones, y transitar hacia servicios ambulatorios basados en la comunidad. Bajo ningún caso debe forzarse medicación o tratamiento psicosocial contra la voluntad de la persona como consecuencia o bajo el argumento de la situación de emergencia o la cuarentena”.

4. Emergencia sanitaria. Pueblos indígenas. Vulnerabilidad.

“Una especial mirada requieren los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Este colectivo se encuentra en extrema vulnerabilidad sanitaria, demográfica y territorial. La transmisión de enfermedades derivadas del contacto es una de las amenazas más graves a la supervivencia física, pues esta población no cuenta con las defensas inmunológicas contra enfermedades relativamente comunes, y un contagio puede tener consecuencias trágicas. De ahí que el coronavirus COVID-19, al ser de alta transmisibilidad, requiere de especial atención en este grupo”.

“[S]e formulan recomendaciones sobre aspectos relevantes a tomar en consideración por los Estados: Mantener informadas a la ciudadanía y a las organizaciones indígenas representativas sobre las medidas extraordinarias adoptadas al interior de los Estados y coordinar, previamente, con las autoridades comunales, aquellas a implementar dentro de sus tierras y territorios indígenas. Contar con información sociocultural y epidemiológica desagregadas sobre pueblos indígenas. Por ejemplo, sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en pueblos indígenas que pueden ser un factor de riesgo y que permitan mejorar las medidas de prevención, manejo y contención del COVID-19.  Para ello, es recomendable incorporar variables de etnicidad en los registros administrativos de salud usados en el marco de esta pandemia [entre otras]”.

5. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. LGTBIQ. HIV. No discriminación.

“Los hombres homosexuales (y se podría extender a todos los hombres que tienen sexo con hombres) y las mujeres trans están entre los grupos prioritarios en la respuesta al VIH por su sobrerrepresentación entre las personas que conviven con el virus en términos porcentuales. El estigma que rodea al VIH (que en algunos contextos además se suma a la criminalización) hace que muchos no accedan a los testeos y, por consiguiente, a los tratamientos, y con ellos a poder convivir con el virus como una enfermedad crónica. Recordemos que las personas con VIH que no acceden a tratamientos y con ello a la indetectabilidad del virus en la sangre y control de sus Cd4, están más expuestos a la muerte por coronavirus”.

“[N]o se puede mirar a la población homosexual, bisexual y trans de nuestros países sin una mirada interseccional. Las personas LGBTIQ están atravesadas por otros ejes de desigualdad que las exponen a situaciones de discriminación particularmente complejas en esas intersecciones. Para mencionar algunas situaciones interseccionales particularmente relevantes frente a esta pandemia: las trabajadoras sexuales trans que -en contexto de legalidad o ilegalidad de su actividad- han quedado sin ingresos económicos; las personas homosexuales y trans con HIV sin confirmación de su status serológico o sin acceso a antirretrovirales; las personas LGBTIQ migrantes que muchas veces encuentran falta de apoyo de connacionales en países de acogida por la propia cultura homofóbica o incluso enfrentan riesgos de deportación por su status irregular, lo que les impide acceder a los servicios de salud básicos; las personas mayores homosexuales con menores redes de apoyo social que el resto de su generación (extremándose la soledad en hombres gays); las personas homosexuales y trans privadas de libertad sometidas a situaciones cotidianas de abuso; las personas LGBTIQ con discapacidad, como las personas sordas, con dificultades de acceso a la información; o los niños, niñas y adolescentes que por su sexualidad no esperada enfrentan violencia por parte de sus padres y familiares así como de sus comunidades”.

“[Es importante] garantizar asistencia directa a las personas LGBTIQ -en particular personas trans- más vulneradas, garantizando el derecho a la alimentación y el derecho a la salud a través de la provisión de productos de higiene y alimenticios de forma directa o a través de transferencias monetarias. Del mismo modo, es importante promover la creación de redes de apoyo social junto con organizaciones y colectivos sociales, con especial atención a personas mayores, personas con VIH, personas trans, personas migrantes y niñas, niños y adolescentes LGBTIQ expuestos a situaciones de violencia intrafamilia”.

6. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Refugiado. No discriminación.

“La migración como fenómeno multicausal conlleva a que en muchas ocasiones diversos factores de expulsión y atracción converjan al momento en que las personas toman la decisión de migrar, siendo las personas y grupos en situación de vulnerabilidad quienes tienen menor capacidad de mitigar o adaptarse a los efectos de los factores que subyacen a su decisión de migrar. Como consecuencia de la falta de canales regulares para que puedan migrar, un porcentaje significativo de los migrantes internacionales, solicitantes de asilo y refugiados, en particular aquellos en situación de pobreza o de bajos ingresos, tienen que migrar en situación irregular, lo cual les expone a mayor vulnerabilidad en términos de discriminación, diversas formas de violencia, así como a medidas tendientes a su criminalización, tales como la detención migratoria y la deportación, y obstáculos en el acceso a salud, empleo, educación y justicia”.

“[Entre las recomendaciones para esta situación, los Estados deben] integrar a las personas migrantes y refugiadas en los planes nacionales que han creado los Estados para prevenir y combatir el COVID-19, de tal forma que se les brinde protección en conjunto con las comunidades de acogida. [L]as personas migrantes y refugiadas presentan […] dificultades en el acceso a una atención sanitaria decente y a programas de salud debido a su nacionalidad o su situación migratoria. Esto debería incluir garantizar el acceso equitativo a la información, las pruebas y la atención médica para todos los migrantes y refugiados, independientemente de su situación migratoria, así como establecer cortafuegos (firewalls) para separar las actividades de control migratorio de la capacidad de los migrantes y refugiados para acceder a la salud, educación, justicia y otros servicios esenciales”.

7. Emergencia sanitaria. Cárceles. Personas privadas de la libertad. Prisión preventiva.

"Las personas privadas de libertad se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad al contagio del COVID-19 comparadas con la población en general dado que viven en espacios confinados con muchas otras personas por periodos de tiempo prolongados [hay nota]. El hacinamiento propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles y constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de calamidades [hay nota]. Hasta ahora muchos países de la región han recomendado el distanciamiento social de las personas como una medida para evitar y/o disminuir la propagación del COVID-19. Sin embargo, la separación física y el auto-aislamiento de estas personas en las condiciones en que viven son prácticamente imposibles, así como las recomendaciones de higiene y lavado de manos[hay nota], y los gobiernos deben actuar de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas privadas de libertad [hay nota]”.

“Las personas privadas de libertad también enfrentan otros factores que aumentan su riesgo ante el COVID-19, como el encontrarse en peores condiciones de salud y contar con un sistema inmunológico debilitado debido al estrés, malnutrición o por la prevalencia o coexistencia de otras enfermedades como la tuberculosis u otras enfermedades virales sanguíneas [hay nota]”.

“[E]s importante garantizar que las personas privadas de libertad tengan acceso a servicios de salud de la misma calidad que los servicios ofrecidos para la población en general, sin sufrir discriminación debido a su condición y situación [hay nota]”.

“[Entre las recomendaciones, se requiere a los Estados adoptar] penas alternativas a la privación de libertad respecto a las personas que se encuentran en prisión preventiva. Las personas en prisión preventiva actualmente conforman el 40% de todas las personas privadas de libertad en las Américas; tener en cuenta que las personas privadas de libertad pueden pertenecer a otros grupos en situación de vulnerabilidad (pueblos indígenas, mujeres, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, etc.) que requieran medidas adicionales de protección en función de sus necesidades particulares”.

8. Emergencia sanitaria. DESC. Vulnerabilidad.

"Si bien es cierto que la enfermedad causada por el nuevo Coronavirus (COVID-19) representa una amenaza para toda la población a nivel mundial, las acciones gubernamentales en respuesta a la pandemia deben tener en cuenta la situación de particular vulnerabilidad en la que se encuentran las personas viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema”.

“No solo estas condiciones hacen que para las personas viviendo en situación de pobreza sea más difícil prevenir el contagio del virus.  Su situación se agrava si tenemos en cuenta que- de contraer el virus, factores asociados con sus condiciones de vida, tales como la falta de una alimentación adecuada, desnutrición, y algunas enfermedades prevalentes en esta población: cardiovasculares, diabetes, y enfermedades respiratorias como la tuberculosis disminuyen significativamente sus probabilidades de recuperarse.

Medidas de distanciamiento social como ‘la cuarentena’, necesarias para contener la pandemia, traen consecuencias inesperadas, como la pérdida de trabajo o empleo, que pueden ser particularmente devastadoras para personas que se encuentran en una situación económica vulnerable, porque éstas generalmente no tienen ahorros, ni cuentan con redes básicas de protección, como seguro de desempleo, pensiones, seguro médico, entre otros […]”.

“Es fundamental que se garantice a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, el acceso gratuito a pruebas del COVID-19. Se debe también brindar asistencia médica gratuita y tratamiento a las personas que han contraído el virus. Para esto podría considerarse la apertura de puestos de salud móviles donde se puedan hacer pruebas de COVID-19 y brindar atención médica primaria”.

“Se deben tener en cuenta medidas para la protección y/o recomposición del ingreso. Entre las opciones a explorar, están los programas de ´renta mínima universal´ que podrían adoptarse de forma temporal, asegurando que estos beneficios lleguen de forma directa a las familias que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad […]. El desafío mas importante de este tipo de medidas es alcanzar a las familias más vulnerables, que no necesariamente están inscritas en el registro de beneficiarios de los programas sociales, así como las familias que no tienen acceso al sistema bancario…”.

9. Emergencia sanitaria. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Derecho a la alimentación.

"La imposibilidad de que NNyA asistan a clase interpela a la pedagogía habitualmente conocida y a las familias, que se enfrentan al desafío de ganar mayor protagonismo en los procesos de formación de sus hijas/os. [E]s fácil advertir que los hogares más vulnerables en términos del clima educativo de sus adultos de referencia, y en el acceso a bienes y servicios tecnológicos como una computadora y servicio de internet, quedan aislados durante el tiempo de suspensión preventiva de clases. Es decir, que a las limitaciones preexistentes al aislamiento social, hoy se suma la carencia de tecnologías que pueden facilitar la comunicación con los docentes”.

“Una arista central la reviste el hecho de que la falta de seguridad alimentaria que afecta a buena parte de las familias que destinan mayor proporción de su ingreso a la compra de alimentos, encuentra a los establecimientos educativos, entre otras instituciones, como ámbitos donde NNyA aseguran su alimentación. En el actual contexto, esta función de asistencia alimentaria de la escuela hacia la infancia queda relegada, ponderando el riesgo de contagio por sobre la inseguridad alimentaria. En este sentido, una situación específica es la de NNyA en situación de calle, que no solo requieren de asistencia alimentaria sino de un sistema protección integral…”.

“Se propone propiciar la distribución de alimentos a las familias con mayor vulnerabilidad […], con horarios de entrega precisos y estipulados previamente. Para ello, se recomienda el uso de instrumentos digitales […] para mejorar la comunicación sobre puntos de acceso a entregas de alimentos, horarios de distribución y recomendaciones de buen uso”.

“La continuidad de los procesos de formación a través de la escolarización depende en parte de las estrategias que puedan desarrollar las familias, las estrategias que se den en los espacios educativos, y las sinergias que pueda construirse en el interior de la comunidad educativa, que incluye a las familias”.
EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO A LA SALUD; GÉNERO; ADULTOS MAYORES; SALUD MENTAL; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; VULNERABILIDAD; LGBTIQ; HIV; NO DISCRIMINACIÓN; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; REFUGIADO; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PREVENTIVA; DESC; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; EDUCACIÓN; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Derecho a la salud y a la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19 (comunicado de prensa)Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los Estados:

1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.

2. Evaluar la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.

4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia.

1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Atención médica. Derecho a la salud. Hacinamiento.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos [...] urge a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

En este sentido, la CIDH manifiesta su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos, destacándose que en algunos países la tasa de ocupación es superior al 300 %. Este contexto puede significar un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, entre otros”.

2. Personas privadas de la libertad. Cárceles. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante.

“[L]a CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Los Estados se encuentran en una especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben respetar la vida e integridad personal de ellas, así como asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Así, los Estados están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia.

También preocupa a la Comisión el reciente aumento de la violencia en los centros de privación de la libertad. Según información recibida por la CIDH, distintos amotinamientos habrían ocurrido como protesta contra el hacinamiento y la falta de elementos de higiene personal y protección para prevenir el contagio del nuevo coronavirus en los centros penitenciarios de algunos países de la región".

"En relación con las situaciones de violencia registradas, la Comisión recuerda que los Estados, como garantes de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tienen el deber ineludible de adoptar acciones concretas para respetar y promover sus derechos a la vida e integridad personal. Debido a lo anterior, la CIDH reitera que el Estado debe ser capaz de mantener el orden y la seguridad en el interior de las cárceles y centros de detención. De este modo, debe asegurarse la adecuada implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza”.

3. Emergencia sanitaria. Detención de personas. Prisión preventiva. Excarcelación.

“La Comisión reconoce el esfuerzo que están implementando algunos los Estados de la región para contener la pandemia y evitar su propagación en los centros penitenciarios. Esta coyuntura exige a los Estados un gran esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias como comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos a todas las personas. Asimismo, la CIDH insta a los Estados adoptar planes de contingencia para prevenir la propagación del virus en los centros de detención y para garantizar la atención médica adecuada a las personas privadas de libertad. Estas medidas además de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ser proporcionales al riesgo de expansión del COVID-19 en los centros de privación de la libertad, deberán respetar las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.

[L]a CIDH toma nota de que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura de la Argentina viene monitoreando la situación de las personas privadas de libertad en el país y saluda las recomendaciones de dicho organismo publicadas el último 20 de marzo. La Comisión, también, toma nota del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires que solicitó medidas como el arresto domiciliario para grupos vulnerables y el uso de conmutación de penas por el Poder Ejecutivo, entre otras.

[L]a CIDH hace suyo el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas del último 25 de marzo por el cual exhortó a los Estados a proceder con la debida urgencia para reducir el número de personas privadas de libertad y a examinar los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, en particular a las personas que tienen más edad y aquellas aquejadas por enfermedades.

En relación con las medidas de contención y prevención dirigidas a los centros de privación de libertad, la CIDH recuerda a los Estados la necesidad de definir e informar de forma clara las razones para imponer dichas medidas restrictivas, la estimada duración inicial y el plazo para su revisión. Además, resulta indispensable aplicar las medidas de forma transparente y sin discriminación, asegurando que todas las personas detenidas tengan acceso equitativo a medidas de protección y mitigación, con atención especial a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la implementación de medidas de protección debe realizarse de forma diligente y adecuada para prevenir que las personas en aislamiento sufran malos tratos o cualquier tipo de estigmatización, marginalización o trato violento.

[L]a CIDH encomienda a los Estados adoptar medidas alternativas a la privación de la libertad para hacer valer la vigencia de las medidas restrictivas a la circulación, disponiendo sanciones administrativas, como multas y/o la conducción coercitiva a los domicilios particulares, con vistas a evitar el hacinamiento en las unidades de detención. Igualmente, los Estados deben prevenir la ocurrencia de detenciones arbitrarias, en particular de personas que circulan por la vía pública para abastecerse de alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas, además de respetar el principio de legalidad y las garantías judiciales".

4. Emergencia sanitaria. Visitas carcelarias. Atención médica. Derecho a la salud.

"En caso de la suspensión total de visitas como medida preventiva, la CIDH recuerda que, en muchos casos, son los familiares y visitantes de las personas privadas de la libertad quienes en la práctica realizan el abastecimiento de alimentos, objetos de aseo personal e higiene, entre otros. Por tal motivo, los Estados deberán asegurar el suministro de elementos de primera necesidad, higiene y alimentación, sin los cuales no es posible garantizar condiciones de vida digna y salud para las personas detenidas. Asimismo, la CIDH advierte que la adopción de estas medidas no puede justificar bajo ningún motivo el encierro, confinamiento o la incomunicación absoluta. En tal medida, los Estados de la región deben acompañar dichas restricciones con otras políticas o programas compatibles con el derecho a la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad como la ampliación de horarios al aire libre o la optimización de espacios y tiempos de esparcimiento.

Asimismo, la CIDH estima necesaria la adhesión a las normas básicas de higiene y acceso a materiales necesarios tanto para personas privadas de libertad como para el personal penitenciario. En el contexto de pandemia, los Estados deben asegurar el suministro adecuado de elementos básicos de prevención como jabones, alcohol, guantes y productos de limpieza en los centros de detención. Asimismo, la Comisión recomienda realizar los exámenes médicos sistemáticos para identificar el potencial riesgo de contagio y presuntos casos y disponer como mínimo de capacidad de aislamiento, así como de los elementos necesarios para su control y el material de prevención necesario además de los equipos de protección para el personal penitenciario. Asimismo, las autoridades penitenciarias deben prevenir el ingreso de personas externas a las unidades de detención sin el debido chequeo previo, como forma de detener la propagación del virus…”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; ASISTENCIA MEDICA; DERECHO A LA SALUD; HACINAMIENTO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DETENCIÓN DE PERSONAS; PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; VISITAS CARCELARIAS;
Declaración de principios relativos al trato de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes
“A juicio del Comité, los siguientes principios deberían ser aplicados por todas las autoridades competentes responsables de las personas privadas de libertad en el área del Consejo de Europa:
El principio fundamental debe ser tomar todas las medidas posibles para proteger la salud y la seguridad de todas las personas privadas de libertad. Adoptar tales medidas contribuye asimismo a preservar la salud y la seguridad del personal“ (párr. 1).
“Las directrices de la OMS para luchar contra la pandemia, así como las directrices clínicas y de salud nacionales coherentes con las normas internacionales, deben respetarse y aplicarse plenamente en todos los lugares de privación de libertad“ (párr. 2).
“La disponibilidad del personal debería reforzarse, y el personal debería recibir todo el apoyo profesional, y protección de la salud y la seguridad, así como la formación necesaria para poder seguir cumpliendo con su labor en los lugares de privación de libertad“ (párr. 3).
“Toda medida restrictiva adoptada con respecto a las personas privadas de libertad a fin de prevenir la propagación del COVID-19 debería tener una base jurídica, y ser necesaria y proporcionada, respetuosa con la dignidad humana y limitada en el tiempo. Las personas privadas de libertad deberían recibir amplia información, en un idioma que puedan comprender, sobre cualquiera de dichas medidas“ (párr. 4).
“Dado que el contacto personal estrecho fomenta la propagación del virus, todas las autoridades competentes deberían concertar esfuerzos para recurrir a alternativas a la privación de libertad. Este enfoque resulta imperativo especialmente en situaciones en las que se exceda la capacidad de los centros. Además, las autoridades deberían hacer mayor uso de las alternativas a la detención preventiva, la sustitución de la pena, y la libertad anticipada y la libertad provisional; reevaluar la necesidad de continuar con el internamiento no voluntario de los pacientes psiquiátricos; dar de alta a los residentes de los centros de asistencia social, o velar por que reciban atención comunitaria, según proceda; y abstenerse, en la medida de lo posible, de detener a los migrantes“ (párr. 5).
“En lo referente a la prestación de cuidados de salud, será preciso prestar particular atención a las necesidades específicas de las personas detenidas, con especial atención a los grupos vulnerables y/o grupos de riesgo, como las personas de edad y las personas con patologías previas. Esto incluye, entre otras cosas, realizar pruebas de detección del COVID-19 y garantizar el acceso a los cuidados intensivos, según sea necesario. Además, las personas detenidas deberían recibir apoyo psicológico adicional del personal en estos momentos” (párr. 6).
“Si bien es legítimo y razonable suspender las actividades no esenciales, durante la pandemia deben respetarse plenamente los derechos fundamentales de las personas detenidas. Esto incluye en particular el derecho a mantener una higiene personal adecuada (incluido el acceso a agua caliente y jabón) y el derecho a acceder diariamente a zonas al aire libre (al menos durante una hora). Asimismo, cualquier restricción del contacto con el mundo exterior, incluidas las visitas, debería compensarse con un mayor acceso a medios alternativos de comunicación (como el teléfono o la comunicación mediante el uso de voz sobre protocolo de Internet)“ (párr. 7).
“En los casos de aislamiento o de puesta en cuarentena de una persona detenida que esté infectada o de la que se sospeche que está infectada por el virus SARS-CoV-2, se debería proporcionar cada día a la persona en cuestión un contacto que sea significativo desde el punto de vista humano“ (párr. 8).
“Las salvaguardias fundamentales contra los malos tratos infligidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a las personas detenidas (el acceso a un abogado, el acceso a un médico, la notificación de la detención) deben respetarse plenamente en todas las circunstancias y en todo momento. En algunas circunstancias, ciertas medidas cautelares pueden ser apropiadas (por ejemplo, exigir a las personas con síntomas que se pongan máscaras de protección)“ (párr. 9).
“La vigilancia por órganos independientes, incluidos los Mecanismos Nacionales de Prevención y el CPT, continúa siendo una salvaguardia esencial contra los malos tratos. Los Estados deberían seguir garantizando el acceso de los órganos de vigilancia a todos los lugares de detención, incluidos los lugares en los que se mantiene a las personas en cuarentena. Sin embargo, todos los órganos de vigilancia deberían tomar todas las precauciones necesarias para respetar el principio de ‘no hacer daño’, en particular al tratar con personas de edad y con personas con patologías previas” (párr. 10).
EMERGENCIA SANITARIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA SEGURIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; HACINAMIENTO; PRISIÓN PREVENTIVA; DETENCIÓN DE PERSONAS; VULNERABILIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; INCOMUNICACIÓN; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO DE DEFENSA; NOTIFICACIÓN;
Azul Rojas Marín y otra v. PerúCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Perú era responsable por la violación de los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 (derecho a la libertad personal), artículos 5.1, 5.2 y 11 (derecho a la integridad personal y a la vida privada), artículos 8.1 y 25.1 (derechos a las garantías judiciales y protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos, junto con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
1. LGTBIQ. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. Género. Estereotipos de género. Orientación sexual. Violencia.
“[E]l deber de respetar los derechos humanos reconocidos en la Convención, concierne a todos los que actúen a nombre del Estado, especialmente si proceden en la condición de órganos estatales, por lo que la eventual violación de aquellos le es atribuible directamente. Igualmente, hace presente que la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de dichos derechos, significa que es responsable de la violación de éstos por parte de terceros en el evento de que no haya adoptado las medidas indispensables para impedir su trasgresión o para hacerla cesar, reparando el daño causado. Y todo ello respecto de cualquier persona que se encuentre, por cualquier causa, circunstancia o motivo, bajo su jurisdicción” (párr. 87).
“[E]l efectivo respeto de los derechos humanos implica que su eventual violación constituye, per se, un hecho ilícito internacional, cualquiera sea la condición de la presunta víctima, circunstancia de que en modo alguno puede ser esgrimida para justificar aquella. De modo, pues, que la detención arbitraria o la tortura de una persona, cualquiera sea su condición, es siempre contraria al Derecho Internacional y, especialmente, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (párr. 88).
“[E]n virtud de la obligación de no discriminar, los Estados están obligados, además, a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. En este sentido, la discriminación efectuada en razón de una de las categorías señaladas a título ilustrativo en el artículo 1.1 de la Convención, amerita una particular o peculiar consideración, habida cuenta que el respectivo hecho ilícito que su ejercicio significa, tiene lugar en razón de lo que la presunta víctima específicamente representa o parece ser y que es lo que la distingue de las demás personas” (párr. 89).
“[La Corte] ha reconocido que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. En este sentido, ya ha establecido que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención. En consecuencia, el Estado no puede actuar en contra de una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género” (párr. 90).  
“Las formas de discriminación en contra de las personas LGBTI se manifiestan en numerosos aspectos en el ámbito público y privado. A juicio de la Corte, una de las formas más extremas de discriminación en contra de las personas LGBTI es la que se materializa en situaciones de violencia” (párr. 91).  
“La violencia contra las personas LGBTI es basada en prejuicios, percepciones generalmente negativas hacia aquellas personas o situaciones que resultan ajenas o diferentes. En el caso de las personas LGBTI se refiere a prejuicios basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género. Este tipo de violencia puede ser impulsada por `el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género’” (párr. 92).  
“La violencia contra las personas LGBTI tiene un fin simbólico, la víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación. Sobre este punto, la Corte ha señalado que la violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha persona se auto-identifica o no con una determinada categoría. Esta violencia, alimentada por discursos de odio, puede dar lugar a crímenes de odio” (párr. 93).  
“[E]n ocasiones puede ser difícil distinguir entre la discriminación por orientación sexual y la discriminación por expresión de género. La discriminación por orientación sexual puede tener fundamento en una orientación sexual real o percibida, por lo que incluye casos en los cuales una persona es discriminada con motivo de la percepción que otros tengan acerca de su orientación sexual. Esta percepción puede estar influenciada, por ejemplo, por el modo de vestir, peinado, manerismos, o forma de comportarse que no corresponde a las normas tradicionales o estereotipos de género, o constituye una expresión de género no normativa. En el presente caso, la expresión de género de la presunta víctima pudo ser asociada por terceros con una determinada orientación sexual” (párr. 94).
“[L]os alegatos relativos a la discriminación constituyen un tema transversal a las demás violaciones alegadas y, en razón de ello, la Corte los tomará en cuenta a lo largo de toda la Sentencia” (párr. 95).
2. Libertad. Principio de legalidad. Arbitrariedad. Personas privadas de la libertad. Notificación. Derecho a la información.
“[L]a restricción del derecho a la libertad personal únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal)” (párr. 110).
“[L]a observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y `de antemano´ en dicho ordenamiento en cuanto a las `causas´ y `condiciones´ de la privación de la libertad física. Si la normativa interna, tanto en el aspecto material como en el formal, no es observada al privar a una persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana, a la luz del artículo 7.2” (párr. 111).
“[E]l registro personal de la señora Rojas Marín no fue acorde a la legislación nacional, ya que no se ha demostrado que existiera un motivo fundado vinculando a la intervenida con la comisión de un hecho delictuoso […]. [L]a presunta víctima estuvo detenida al menos cinco horas, lo cual excede el plazo permitido. Además, no existe controversia sobre que la diligencia de identificación de la señora Rojas Marín no fue registrada. Respecto a la posibilidad que la señora Rojas Marín contactara a un familiar o la persona de su elección, la Corte advierte que es el Estado quien tiene la carga de demostrar que se le comunicó este derecho a la señora Rojas Marín. En el presente caso, el Estado no ha alegado que se cumplió con esta obligación. Asimismo, en las declaraciones de la señora Rojas Marín no se advierte que le haya comunicado que podía contactar a una persona. Tomando en cuenta que correspondía al Estado demostrar que en el presente caso cumplió con la obligación legal de notificar a la señora Rojas Marín de su derecho de contactar a un familiar o amigo, la Corte considera que se incumplió con dicha obligación” (párrs. 117-120).
“El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que una privación de libertad tiene motivos discriminatorios cuando resultaba evidente que se había privado a las personas de su libertad específicamente en función de las características distintivas reales o aparentes, o a causa de su pertenencia real o presunta a un grupo diferenciado (y a menudo minoritario). El Grupo de Trabajo considera como uno de los factores a tomar en cuenta para determinar la existencia de motivos discriminatorios, si `[l]as autoridades han hecho afirmaciones a la persona detenida o se han comportado con ella de manera que indique una actitud discriminatoria’” (párr. 127).
“Ante la ausencia de un motivo conforme a la ley por el cual la presunta víctima fue sujeta a un control de identidad y la existencia de elementos que apuntan hacia un trato discriminatorio por razones de orientación sexual o expresión de género no normativa, la Corte debe presumir que la detención de la señora Rojas Marín fue realizada por razones discriminatorias” (párr. 128).
“[L]as detenciones realizadas por razones discriminatorias son manifiestamente irrazonables y por tanto arbitrarias. En virtud del carácter discriminatorio de la privación de libertad no resulta necesario examinar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la misma para determinar su arbitrariedad” (párr. 129).
“El artículo 7.4 de la Convención Americana alude a dos garantías para la persona que está siendo detenida: i) la información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de los cargos. La información de los `motivos y razones” de la detención debe darse `cuando ésta se produce’, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. Asimismo, esta Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención y que no se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal” (párr. 131).
3. Derecho a la integridad personal. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Violencia sexual. Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Derecho a la vida privada y familiar. Familia.
“[L]a tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están absoluta y estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta prohibición es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas, y pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Los tratados de alcance universal y regional consagran tal prohibición y el derecho inderogable a no ser sometido a ninguna forma de tortura” (párr. 128).
“[E]n casos que involucran alguna forma de violencia sexual, se ha precisado que las violaciones a la integridad personal conllevan la afectación de la vida privada de las personas, protegida por el artículo 11 de la Convención, la cual abarca la vida sexual o sexualidad de las personas. La violencia sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de las personas, supone una intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente las decisiones respecto a con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas ” (párr. 141).
“[L]a violación sexual es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril” (párr. 142).
“[L]as obligaciones generales que se derivan de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana son reforzadas por las obligaciones específicas derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Los artículos 1 y 6 de esta Convención Interamericana, refuerzan la prohibición absoluta de la tortura y las obligaciones del Estados para prevenir y sancionar todo acto o intento de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en el ámbito de su jurisdicción” (párr. 143).
“[L]a violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (párr. 146).
“[L]a mención de algunos de los alegados maltratos solamente en algunas de las declaraciones no significa que sean falsos o que los hechos relatados carezcan de veracidad. Al respecto, este Tribunal toma en cuenta que los hechos descritos por la señora Rojas Marín se refieren a un momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Asimismo, al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. En este sentido, es razonable que la señora Rojas Marín no haya mencionado la violación sexual en la denuncia realizada en medios de comunicación, ni en la primera denuncia verbal realizada en la policía” (párr. 148).
“Es necesario señalar que la ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes. Lo mismo es cierto para los casos de violencia y violación sexual, en los cuales no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de marcas o cicatrices en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de un examen médico” (párr. 153).
“La violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta” (párr. 159).
“[A] la luz del artículo 5.2 de la Convención `tortura’ es todo acto de maltrato que: i) sea intencional; ii) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometa con cualquier fin o propósito. Asimismo, el Tribunal ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada `tortura psicológica’. De igual manera, la Corte ha reiterado que la violación y otras formas de violencia sexual pueden configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso actos de tortura si se satisfacen los elementos de la definición. Para calificar una violación sexual como tortura deberá atenerse a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada caso” (párr. 161).
“[L]a violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada `física y emocionalmente’” (párr. 162).
“[L]a violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Las representantes alegaron que los malos tratos fueron realizados con fines discriminatorios. Al respecto, [el perito Juan Méndez indicó que] `para determinar si un caso de tortura ha sido motivado por un prejuicio contra personas LGBTI’ se puede usar como indicadores: `[l]a modalidad y características de la violencia inspirada en la discriminación. Por ejemplo, en casos de personas LGBTI, la violación anal o el uso de otras formas de violencia sexual’; `insultos, comentarios o gestos discriminatorios realizados por los perpetradores durante la comisión de la conducta o en su contexto inmediato, con referencia a la orientación sexual o identidad de genera de la víctima’ o `la ausencia de otras motivaciones’” (párr. 163).
“Este Tribunal considera que la violación anal y los comentarios relativos a la orientación sexual, evidencian también un fin discriminatorio, por lo que constituyó un acto de violencia por prejuicio. Asimismo, la Corte advierte que el caso resulta encuadrable en lo que considera `delito de odio’ o `hate crime’, pues es claro que la agresión a la víctima estuvo motivada en su orientación sexual, o sea que, este delito no solo lesionó bienes jurídicos de Azul Rojas Marín, sino que también fue un mensaje a todas las personas LGBTI, como amenaza a la libertad y dignidad de todo este grupo social” (párr. 164-165).
“[E]n casos de graves violaciones de derechos humanos, tales como, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y tortura, es aplicable un a presunción iuris tantum respecto de la violación al derecho a la integridad personal de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes, así como hermanos y hermanas de las presuntas víctimas” (párr. 221).
4. Pericia médica. Prueba. Prueba testimonial. Asistencia médica. Estereotipos de género. Orientación sexual. Violencia sexual. Debido proceso. Debida diligencia. Revictimización.
“[E]l deber de investigar previsto en la Convención Americana se ve reforzado por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que obligan al Estado a `toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción’, así como a `prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’” (párr. 178).
“La Corte ha desarrollado estándares específicos sobre cómo se debe investigar la violencia sexual en casos donde las víctimas han sido mujeres. Estos estándares se basaron principalmente en lo establecido en el Protocolo de Estambul y la Guía de la Organización Mundial de la Salud para el cuidado médico-legal de víctimas de violencia sexual, los cuales se refieren a medidas que se deben tomar en caso de violencia sexual, independientemente de si las víctimas son hombres o mujeres. Por tanto, los mismos estándares son aplicables en el presente caso” (párr. 179).
“[E]n una investigación penal por violencia sexual, es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del género que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso” (párr. 180).
“En las entrevistas que se realicen a una persona que afirma haber sido sometida a actos de tortura: i) se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad; ii) no debe exigirse a nadie hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómoda al hacerlo; iii) se debe documentar durante la entrevista la historia psicosocial y, de ser el caso, previa al arresto de la presunta víctima, el resumen de los hechos narrados por esta relacionados al momento de su detención inicial, las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba durante su permanencia bajo custodia estatal, los malos tratos o actos de tortura presuntamente sufridos, así como los métodos presuntamente utilizados para ello, y iv) se debe grabar y hacer transcribir la declaración detallada. Por otro lado, la entrevista que se realiza a una presunta víctima de actos de violencia o violación sexual deberá realizarse en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, y deberá registrarse de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición” (párr. 182).
“En casos donde existen indicios de tortura, los exámenes médicos practicados a la presunta víctima deben ser realizados con consentimiento previo e informado, sin la presencia de agentes de seguridad u otros agentes estatales. Igualmente, al tomar conocimiento de actos de violación sexual, es necesario que se realice de inmediato un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea. Dicho examen deberá ser realizado de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia sexual” (párr. 187).
“[C]on el fin de garantizar la mejor preservación de las evidencias, el peritaje ginecológico y anal debe ser realizado, de considerarse procedente su realización, durante las primeras 72 horas a partir del hecho denunciado, con base en un protocolo específico de atención a las víctimas de violencia sexual” (párr. 190).
“En aras de garantizar la efectividad de la investigación de violaciones a los derechos humanos, se debe evitar omisiones probatorias y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. La Corte ha especificado los principios rectores que son precisos observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos que pueden incluir, inter alia: recuperar y preservar el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones, y determinar la causa, forma, lugar y momento del hecho investigado. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar análisis en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, lo cual implica garantizar la correcta cadena de custodia” (párr. 194).
“[C]uando se investigan actos violentos, como la tortura, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas que sean razonables para develar si existen posibles motivos discriminatorios. Esta obligación implica que cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer lo que sea razonable de acuerdo con las circunstancias, en aras de recolectar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para descubrir la verdad y emitir decisiones completamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación. La falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios, puede constituir en sí misma una forma de discriminación, contraria a la prohibición establecida en el artículo 1.1 de la Convención” (párr. 196).
“[E]l estereotipo por la orientación sexual se refiere a una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas por una persona en base a su orientación sexual, en este caso en particular, por hombres homosexuales o percibidos como tales” (párr. 198).
“[L]os prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos `distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. La Corte considera que lo mismo puede ocurrir en casos de estereotipos por la orientación sexual” (párr. 199).
“Este Tribunal advierte que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género. No hay razón por lo que lo mismo no sea aplicable a casos de violencia sexual contra personas LGBTI, o percibidas como tales” (párr. 202).
“[E]n el examen médico legal, en interrogatorios y en la decisión del tribunal administrativo se utiliza el término `contra natura’ para referirse a la penetración anal. La utilización de este término estigmatiza a quienes realizan este tipo de acto sexual, tildándolos de `anormales’ por no ajustarse a las reglas sociales heteronormativas. [E]ste tipo de indagaciones y términos utilizados en la investigación constituyen estereotipos” (párr. 202-203).
“[L]a mención de algunos maltratos solamente en algunas de las declaraciones no significa que sean falsos o que los hechos relatados carezcan de veracidad. Asimismo, al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente” (párr. 213).
“[L]a falta de realización de un examen médico de una persona que se encontraba bajo la custodia del Estado, o la realización del mismo sin el cumplimiento de los estándares aplicables, no puede ser usado para cuestionar la veracidad de los alegatos de maltrato de la presunta víctima. Este Tribunal ya concluyó que la realización tardía del examen médico y de la falta de custodia inmediata de las vestimentas de la presunta víctima son imputables al Estado…” (párr. 217).
LGBTIQ; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ORIENTACIÓN SEXUAL; VIOLENCIA; LIBERTAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; NOTIFICACIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VIOLENCIA SEXUAL; USO DE LA FUERZA; FUERZAS DE SEGURIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; FAMILIA; PERICIA MÉDICA; ASISTENCIA MEDICA; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; DEBIDO PROCESO; DEBIDA DILIGENCIA; REVICTIMIZACIÓN;
SFM v. EspañaComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas consideró que España era responsable por haber infringido los derechos de la peticionaria en virtud de los artículos 2 b), c), d) y f) (garantía de no discriminación), artículo 3 (derecho a la igualdad), artículo 5 (funciones estereotipadas y prejuicios) y artículo 12 (derecho a la salud y a la atención médica) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1. Violencia obstétrica. Derechos reproductivos. Estereotipos de género. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. “[E]l Comité […] observa el reciente informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, ante la Asamblea general, Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. En dicho informe, la Relatora Especial utiliza el término ‘violencia obstétrica’ para referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud, y afirma que ‘esta forma de violencia es un fenómeno generalizado y sistemático’. Asimismo, la Relatora Especial explica que algunas de las causas subyacentes de la violencia obstétrica son las condiciones de trabajo, las limitaciones de recursos, así como la dinámica del poder en la relación entre el centro de salud y los pacientes, que se ve agravada por los estereotipos de género sobre el papel de la mujer. Es particularmente pertinente para la presente comunicación la afirmación de la Relatora Especial según la cual la episiotomía ‘puede tener efectos físicos y psicológicos en la madre, puede ocasionar la muerte y puede constituir violencia de género y un acto de tortura y tratamiento inhumano y degradante’" (párr. 7.3). 2. Debida diligencia. Igualdad. Género. No discriminación. Violencia de género. “[E]n el contexto de una comunicación individual en la cual se alega la violación de derechos tras la adopción de decisiones judiciales, su tarea consiste en examinar dichas decisiones a la luz de la Convención y determinar si las autoridades del Estado parte respetaron sus obligaciones convencionales. Así, en la presente comunicación, el Comité debe evaluar el cumplimiento por el Estado parte de su obligación de ejercer la debida diligencia en el procedimiento administrativo y judicial seguido por los actos denunciados por la peticionaria, y para eliminar los estereotipos de género […]. [E]l Comité observa que según el informe clínico ginecológico-obstétrico aportado por la peticionaria, la actuación del personal sanitario no se ha ajustado a la lex artis, no se debieron de haber realizado tantos tactos vaginales, la documentación clínica no justificaba el empleo de oxitocina, y no consta el consentimiento de la peticionaria para la episiotomía, de acuerdo a la Ley de Autonomía del Paciente. El Comité nota que el conjunto de la información proporcionada por las partes en el presente caso demuestra que las autoridades judiciales nacionales no realizaron un análisis exhaustivo de los elementos probatorios presentados por la peticionaria" (párr. 7.4). “[E]l Comité recuerda que, bajo el artículo 2 a) de la Convención, los Estados parte tienen la obligación de asegurar la realización práctica del principio de igualdad del hombre y la mujer, y que, en virtud de los artículos 2 f) y 5, los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar o abolir no solamente leyes y reglamentaciones, sino también costumbres y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Al respecto, el Comité considera que la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a ser protegida contra la violencia de género, en el caso presente la violencia obstétrica, y que las autoridades encargadas de analizar la responsabilidad por tales actos deben ejercer especial cautela para no reproducir estereotipos. En el presente caso, el Comité observa que existía una alternativa a la situación vivida por la peticionaria, dado que su embarazo se desarrolló normalmente y sin complicaciones, que no había emergencia cuando llegó al hospital, pero que, sin embargo, desde su ingreso fue sometida a numerosas intervenciones sin que haya recibido explicaciones al respecto y sin que se le haya permitido opinar al respecto. Además, el Comité observa que las autoridades administrativas y judiciales del Estado parte aplicaron nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias, al asumir que es el médico quien decide realizar o no la episiotomía, al afirmar sin proporcionar explicación alguna al respecto que era ‘perfectamente comprensible’ que el padre no pudiera estar presente en el parto instrumental, al asumir que las lesiones psicológicas sufridas por la peticionaria eran una cuestión de ‘mera percepción’, pero que sí mostraron empatía hacia el padre cuando declaró haberse visto privado de relaciones sexuales coitales durante dos años" (párr. 7.5).
VIOLENCIA OBSTÉTRICA; DERECHOS REPRODUCTIVOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO;
S.N. y E.R. v. Macedonia del NorteComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que Macedonia del Norte resultaba responsable por la violación de los artículos 2 d) y f) (garantía de no discriminación), artículo 4, párrs. 1 y 2 (medidas especiales), artículo 12, párrs. 1 y 2 (derecho a la salud y a la atención médica) y artículo 14, párr. 2 b) y h) (derechos de las mujeres rurales), de la Convención. En ese sentido, tuvo en cuenta sus recomendaciones generales núms. 24 (1999), relativa a la mujer y la salud, 25 (2004), relativa a medidas especiales temporarias, 28 (2010), relativa a las obligaciones de los Estados en virtud del artículo 2 de la Convención, y 34 (2016), relativa a los derechos de las mujeres rurales.
1. No discriminación. Vulnerabilidad. Igualdad. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Vivienda. Desalojo. Medidas de acción positiva.
“El Comité toma nota de la afirmación de las autoras de que el Estado parte, al desalojarlas sin tomar medidas para asegurarles una alternativa adecuada de vivienda, servicios de salud y atención a la maternidad, no tuvo en cuenta su situación de extrema vulnerabilidad ni el efecto especialmente desproporcionado y discriminatorio para las adolescentes romaníes embarazadas” (párr. 9.2).
“El Comité también observa la afirmación de las autoras de que el Estado parte, además de no abstenerse de realizar desalojos forzosos, lo que equivale a una discriminación indirecta contra las comunidades romaníes, no adoptó medidas positivas apropiadas para erradicar la práctica discriminatoria de desalojar a las comunidades romaníes, incluidas mujeres embarazadas romaníes, y no proporcionó ninguna reparación adecuada a las autoras.
[E]l Comité recuerda el párrafo 12 de su recomendación general núm. 25 (2004), relativa a medidas especiales de carácter temporal, en la que se hace referencia a la obligación de los Estados partes de adoptar medidas especiales de carácter temporal para eliminar las formas de discriminación múltiple contra las mujeres que pueden ser víctimas de discriminación basada, entre otras cosas, en la raza, el origen étnico o la religión.
[E]l derecho a no ser objeto de discriminación no solo implica tratar a las personas en pie de igualdad cuando se encuentran en situaciones similares, sino también tratarlas de manera diferente cuando se encuentran en situaciones diferentes” (párr. 9.3).
“[E]l Comité observa que el Estado parte no respetó, protegió ni hizo valer el derecho de las autoras a no sufrir discriminación, ni adoptó medidas especiales de carácter temporal orientadas a satisfacer las necesidades concretas y urgentes de las menores romaníes embarazadas en el caso particular del desalojo, y concluye que se produjo una violación de los derechos que asisten a las autoras en virtud del artículo 2 d) y f) de la Convención” (párr. 9.4).
2. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Asistencia médica. DESC. Vulnerabilidad.
“[E]l Comité tiene en cuenta las alegaciones de las autoras de que se enfrentaron a serios obstáculos para garantizar su salud y sus derechos reproductivos durante su embarazo, cuando el factor tiempo era crítico, y que esos obstáculos suponen una vulneración de los artículos 12, párrs. 1 y 2, y 14, párr. 2 b), de la Convención.
[E]l Comité recuerda que el cumplimiento por los Estados partes de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención es de importancia capital para la salud y el bienestar de las mujeres y […] se debe prestar especial atención a las necesidades de salud y los derechos de las mujeres y las niñas pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos” (párr. 9.5).
NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; VIVIENDA; DESALOJO; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS REPRODUCTIVOS; ASISTENCIA MEDICA; DESC;
Buturuga v. RumaniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rumania era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) y 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Violencia doméstica. Violencia de género. Protección integral de la mujer. Victima. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación. Debida diligencia. Prueba.
“Los niños, niñas y otras personas vulnerables en particular, de las que forman parte las víctimas de violencia doméstica, tienen derecho a la protección del Estado bajo la forma de una prevención eficaz, protegiéndolas de las formas graves de violación a la integridad personal […]. Estas obligaciones positivas, que se superponen frecuentemente, consisten en: a) la obligación de adoptar las medidas razonables para prevenir los malos tratos que las autoridades hubieran o debieran haber conocido, y b) la obligación procesal de realizar una investigación efectiva cuando un individuo hiciera un reclamo fundado en torno al sufrimiento de malos tratos” (cfr. párr. 60).
“[L]os Estados tienen una obligación positiva de establecer y aplicar efectivamente un sistema de represión de toda forma de violencia conyugal y de ofrecer garantías procesales suficientes a las víctimas” (cfr. párr. 61).
“La Corte insiste sobre la diligencia particular que requiere el tratamiento de las denuncias por violencia doméstica y estima que las particularidades de los hechos de violencia doméstica reconocidas en la Convención de Estambul […] deben ser tenidas en cuenta en el marco de los procedimientos internos” (cfr. párr. 67).
“En un caso como el presente, que refiere a presuntos actos de violencia familiar, correspondía a las autoridades de la investigación adoptar las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias del caso; tales medidas podían incluir, por ejemplo, la audiencia a testigos adicionales, como vecinos, o confrontar a los testigos y las partes” (cfr. párr. 68).
2. Violencia doméstica. Violencia de género. Delitos informáticos. Derecho a la vida privada y familiar. Violación de correspondencia.
“[T]anto en el derecho interno como en el derecho internacional, el fenómeno de la violencia doméstica no se entiende como limitado a meros actos de violencia física sino que incluye, entre otros, la violencia psicológica o el acoso […]. Además, la ciberviolencia es actualmente reconocida como un aspecto de la violencia contra las mujeres y niñas, y puede presentarse bajo diversas formas que incluyen las violaciones del respeto a la vida privada por medios informáticos, la intromisión en la computadora de la víctima y la toma, difusión y la manipulación de datos e imágenes, incluidos datos íntimos” (cfr. párr. 74).
“[A]ctos como vigilar, acceder o guardar sin derecho la correspondencia del cónyuge pueden ser tenidos en cuenta por las autoridades nacionales al investigar hechos de violencia doméstica […]. Tales alegaciones de violación de correspondencia exigen a las autoridades un examen de fondo a fin de poder comprender de manera global el fenómeno de la violencia conyugal en todas sus formas” (cfr. párr. 76).
VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VICTIMA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; PRUEBA; DELITOS INFORMÁTICOS; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA;
M. I. F. M. y familia vs. ColombiaComisión Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH solicitó al Estado de Colombia que adoptase las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de MIFM y su núcleo familiar, con perspectiva de género o los enfoques diferenciados que resultasen pertinentes. Asimismo, requirió que el Estado concertara las medidas a adoptar con las personas beneficiarias y sus representantes.
1. Violencia de género. Medidas cautelares. Debido proceso. No discriminación. Acceso a la justicia.
“[L]a Comisión ha conocido sobre los obstáculos que tienen las mujeres al intentar denunciar los hechos de violencia sufridos, así como la falta de protecciones y garantías judiciales para proteger su dignidad, seguridad y privacidad durante el proceso [hay nota]. [S]e ha indicado que ‘en la región las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto de violencia y discriminación estructural y endémica contra ellas’. Adicionalmente, se observa que ‘el registro de altas tasas de homicidios por razón de género, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia así como la subsistencia de serios obstáculos les impiden tener un acceso oportuno y sin discriminación a la justicia y a una reparación y protección integral frente a estos actos’ [hay nota]” (párr. 27).
“[N]o puede obviarse que, en muchos casos, las mujeres asesinadas habían denunciado con anterioridad a sus agresores, enfrentado graves hechos de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio anteriores, por medio de la cual se reflejan las deficiencias existentes en los mecanismos de prevención y protección de las mujeres ante los riesgos de violencia de género y, en particular, de asesinato [hay nota]. Al respecto, la Corte IDH ha indicado que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, con una estrategia de prevención que debe prevenir los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer” (párr. 28).
2. Violencia de género. Denuncia. Medidas cautelares. Medidas de seguridad. Vulnerabilidad.
“La violencia se habría intensificado cuando la propuesta beneficiaria decidió terminar la relación y, más aún, cuando comenzó una relación con otra persona, con la presencia de presuntas amenazas en su contra, las cuales condujeron a un ataque con arma de fuego en su contra […] resultando heridas tanto ella como su hija […] y su primo. La Comisión observa con preocupación que, pese a la supuesta identificación del atacante como relacionado con el presunto agresor, las investigaciones no estarían teniendo resultados ni se le brindarían medidas de seguridad a la propuesta beneficiaria” (párr. 29).
“[L]as medidas mencionadas no han sido efectivas, considerando la materialización de un ataque en su contra y la persistencia de las amenazas y hostigamientos contra la propuesta beneficiaria, pese a las diversas denuncias presentadas. Incluso, se advierte preocupante el alegato en relación a que [JCN], al comunicarse con la propuesta beneficiaria, haría mención en forma amenazante a los hechos, refiriéndole que ‘estaba pagando lo que le había hecho’”(párr. 30).
“[L]a situación de la señora MIFM permite considerar que sus derechos se encuentran prima facie en una situación de gravedad. Asimismo, en vista de los hechos de riesgo alegados, con amenazas a su actual pareja y habiendo sido herida su hija y su primo anteriormente, la CIDH considera que la situación de riesgo se extiende también a su núcleo familiar” (párr 33).
“[L]a Comisión considera que el requisito de urgencia se encuentra cumplido, en la medida en que el riesgo denunciado podría materializarse de forma inminente frente a la situación de vulnerabilidad en que se encontrarían” (párr. 34).
VIOLENCIA DE GÉNERO; MEDIDAS CAUTELARES; DEBIDO PROCESO; NO DISCRIMINACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; DENUNCIA; MEDIDAS DE SEGURIDAD; VULNERABILIDAD;
Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana v. BrasilComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Brasil debía adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de las personas privadas de la libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana. En particular, sostuvo que se debía garantizar una atención médica adecuada y oportuna. Asimismo, indicó que el Estado debía asegurar que las condiciones de detención se adecuaran a los estándares internacionales aplicables para las personas con discapacidad y tomar acciones inmediatas para reducir el hacinamiento.
. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Derecho a la salud.
“[R]especto a las personas privadas de libertad el Estado se encuentra en una posición especial de garante en tanto las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia [hay nota]. Ello se presenta como resultado de la relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que este puede regular sus derechos y obligaciones, y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna [hay nota]. Entre las obligaciones positivas para mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos [hay nota], puede destacarse: i) la adopción de medidas de protección frente a posibles agresiones o amenazas por parte de autoridades públicas o incluso de otros internos [hay nota]; ii) la separación de los internos por categorías [hay nota]; iii) la adopción de medidas para evitar la presencia de armas en los establecimientos penitenciarios [hay nota]; y iv) las mejoras en las condiciones de detención” (párr. 26).
“[L]a Comisión observa efectivamente que los propuestos beneficiarios enfrentan una multiplicidad de factores de riesgo y que la situación del establecimiento penitenciario no conoció mejoras significativas […]. En primer lugar, las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, en la medida que el problema de hacinamiento no habría sido resuelto aún, al igual que la falta de salubridad y otras deficiencias estructurales que ponen en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los presos, particularmente aquellos que presentan alguna discapacidad o restricción motora” (párr. 29).
2. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Cárceles. Derecho a la salud. Violencia institucional.
“[C]onsiderando las características de los presos destinados a la PPJS […], los reclusos que requieren una atención médica permanecen expuestos a riesgos importantes de infección al no contar con el apoyo suficiente para manejar sus distintas necesidades, advirtiéndose ya en algunas instancias la materialización de daños a sus personas. En este sentido, particular seriedad merecen los alegatos […] sobre el uso presuntamente desproporcional de la fuerza para imponer la disciplina al conjunto de la población penal, pues estos propuestos beneficiarios se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad por su condición física, debiendo por el contrario ser objeto de un sumo cuidado, recordándose además que la aplicación de este tipo de medidas debe ser excepcional y adecuada a la situación en cuestión” (párr. 30).
“La Comisión toma nota de la información aportada por el Estado indicando ‘que la actual gestión está orientada a trabajar en favor de la dignidad de la persona privada de libertad, de la salud e integridad física de los condenados en el sistema carcelario’, así como observa las presuntas diligencias implementadas direccionadas a mitigar la situación de riesgo […]. Sin embargo, no puede obviarse que esta respuesta en principio no sería idónea y suficiente para mitigar o neutralizar la fuente de riesgo en cuestión, puesto que consisten principalmente en intervenciones puntuales de carácter paliativo y que no atenderían el problema de raíz.
Entre las necesidades señaladas, debe resaltarse la supuesta falta de servicios de transportes que permitan evacuar a los presos con emergencias médicas a fin de permitirles recibir atención especializada fuera de la prisión, lo cual se traduce en un incremento del nivel de riesgo enfrentado. De hecho, el Estado reconoció que todavía se estaba en proceso de adquisición de una ambulancia ‘para los casos de emergencia, siendo necesario, aún, igualar los equipos para manejar las unidades móviles’. Al respecto, la Comisión recuerda que, el ‘[…] deber del Estado de proporcionar la atención médica adecuada e idónea a las personas bajo su custodia es aún mayor en aquellos casos en que las lesiones o la afectación en la salud de los reclusos es producto de la acción directa de las autoridades’ [hay nota]” (párr. 31).
“[L]a Comisión concluye que, desde el estándar prima facie, los derechos a la salud, vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana se encuentran en una situación de grave riesgo” (párr. 33).
3. Medidas cautelares. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a la integridad personal.
“En cuanto al requisito de urgencia, la Comisión considera que se encuentra cumplido, en vista de la continuidad de los eventos de riesgo señalados y la materialización reciente de daños a los derechos de los propuestos beneficiarios como lo ilustraría la cifra de 11 fallecidos a lo largo del 2019, 4 de ellos entre los meses de octubre y noviembre. En este contexto, la información resulta suficiente para determinar que ulteriores afectaciones son susceptibles de seguir produciéndose en cualquier momento, ya sea a debido a la falta de atención médica o como consecuencia de las condiciones de detención descritas, requiriendo así una intervención de carácter inminente” (párr. 34).
“En lo que respecta al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, ya que la posible afectación a los derechos a la vida e integridad personal, por su propia naturaleza, constituyen la máxima situación de irreparabilidad” (párr. 35).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; DERECHO A LA SALUD; VULNERABILIDAD; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL;
Carranza Alarcón v EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación del artículo 8 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable), además del artículo 7.1, 7.3 y 7.5 (libertad personal, detención arbitraria y razonabilidad de la privación de libertad) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Prisión preventiva. Personas privadas de la libertad. Arbitrariedad. Motivación. Revisión judicial. “[S]on las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emitan conforme a su propio ordenamiento. La detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad. Al evaluar la continuidad de la medida, las autoridades deben dar los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razonables por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse” (párr. 83). “[E]l artículo 7.5 de la Convención impone límites a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. De conformidad con la norma citada, la persona detenida tiene derecho ‘a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad’. Por ende, si una persona permanece privada preventivamente de su libertad y las actuaciones no transcurren en un tiempo razonable, se vulnera el artículo 7.5 de la Convención” (párr. 86). “[N]o constan actos procesales entre el 13 de septiembre de 1995, cuando se solicitó al Fiscal emitir su criterio sobre la causa y el 30 de septiembre de 1996, cuando se cerró el sumario. En este acto se dio traslado al Fiscal para que emitiera un dictamen, que fue producido más de cinco meses después. A su vez, entre la emisión del dictamen de 4 de marzo de 1997 y la audiencia de juzgamiento de 1 de diciembre de 1998, transcurrió más de un año y ocho meses, pues la audiencia fue suspendida varias veces. Esto evidencia que, pese a que el señor Carranza se encontraba privado de libertad, hubo demoras que totalizaron cerca de tres años de los aproximadamente cuatro que duró el proceso penal en total desde que él fue aprehendido. No se advierte justificación de tal tiempo de inactividad, máxime considerando que el señor Carranza se encontraba privado preventivamente de su libertad, lo que debió generar que las autoridades judiciales doten de mayor celeridad posible al proceso” (párr. 87). 2. Plazo razonable. Debido proceso. Complejidad del asunto. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Duración del proceso. “[E]n materia penal, la razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable, por lo que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Esta Corte recuerda que los cuatro elementos que ha considerado para determinar la razonabilidad del plazo son: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada por la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 92). “En el caso, si bien al inicio del proceso, durante cerca de un año, no constan actuaciones, ello se debió a la falta de localización del señor Carranza y los hechos del caso y los argumentos de las partes no permiten concluir que ese tiempo de demora fuera atribuible al Estado. Resulta entonces pertinente, en el presente caso, centrar el examen […] desde que el señor Carranza fue aprehendido hasta que se emitió la sentencia condenatoria en su contra” (párr. 93). “[D]e los hechos no surge que la causa ofreciera complejidad: se trató de un hecho con una víctima, cometido en presencia de otras personas, y los presuntos agresores aparecían identificados desde la denuncia inicial. En segundo término, desde que el señor Carranza fue privado de su libertad, no constan hechos que pudieran llevar a concluir que entorpeció de algún modo el avance del procedimiento. Por otra parte, en cuanto a los elementos tercero y cuarto antes señalados, ya se ha indicado que hubo demoras del proceso cercanas a tres años mientras el señor Carranza permanecía privado de su libertad, por lo que dichas demoras afectaron perjudicialmente sus derechos. Lo anterior muestra que hubo demoras en actuaciones durante cerca de tres de los cuatro años aproximados que duró el proceso penal en contra del señor Carranza desde su aprehensión” (párr. 94-95).
PRISIÓN PREVENTIVA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ARBITRARIEDAD; MOTIVACIÓN; REVISION JUDICIAL; PLAZO RAZONABLE; DEBIDO PROCESO; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO; DURACIÓN DEL PROCESO;
Comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud de los artículos 8.1 y 25.1 (garantías judiciales y protección judicial), 21 (derecho de propiedad), 26 (derechos económicos, sociales, culturales y  ambientales) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Pueblos indígenas. Propiedad comunitaria. Título de propiedad. Seguridad jurídica.
“[E]l Estado debe asegurar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y, por tanto, debe: a.- deslindar las tierras indígenas de otras y otorgar título colectivo de las tierras a las comunidades; b.- ‘abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio’, y c.- a su vez, garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar y usar efectivamente su territorio y recursos naturales, así como de ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros” (párr. 98).
“[P]ara materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas cobijados por el artículo 21 de la Convención, los Estados deben prever un mecanismo efectivo, mediante la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias. Los mismos deben cumplir las reglas del debido proceso legal consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. En virtud del artículo 2 de la Convención, los Estados deben adaptar su derecho interno para que estos mecanismos existan y sean adecuados y efectivos: deben suponer una posibilidad real para que las comunidades puedan defender sus derechos y ejercer el control efectivo de su territorio, sin ninguna interferencia externa. Asimismo, […] los pueblos indígenas tienen derecho a no ser sujetos a una demora irrazonable para una solución definitiva de su reclamo” (párr. 116).
“[E]l Estado reconoció, mediante actos jurídicos, el derecho de propiedad de las comunidades indígenas. Existe, en este sentido, un título o reconocimiento jurídico de la propiedad. Asiste entonces razón al Estado en cuanto a que el derecho ‘está fehacientemente reconocido’. No obstante, por otro lado, […] el reconocimiento de la propiedad indígena debe efectuarse dotando de seguridad jurídica al derecho, de modo que sea oponible frente a terceros. Las acciones tendientes a esta finalidad no han sido completadas. El Decreto 1498/14, en ese sentido, debe entenderse como un acto cuya ejecución no se ha concretado, siendo que su mismo texto prevé acciones futuras. Por ello el reconocimiento jurídico existente no es todavía adecuado o suficiente para el pleno ejercicio del derecho de propiedad. Aunque este Tribunal valora los avances efectuados por el Estado, debe concluir que el derecho de propiedad de las comunidades indígenas sobre su territorio no se encuentra satisfecho” (párr. 149).
“[L]a Corte constata que los Decretos 2786/07 y 1498/14 constituyen actos de reconocimiento de la propiedad comunitaria sobre la tierra reclamada. No obstante, el Estado no ha titulado la misma de forma adecuada, de modo de dotarla de seguridad jurídica. El territorio no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros” (párr. 167).
2. Consulta previa. Consentimiento informado. Seguridad jurídica.
“A fin de garantizar el uso y goce de la propiedad colectiva, el Estado debe cumplir ciertas salvaguardas […]. Las mismas son debidas a fin de resguardar la propiedad y también en función del derecho de los pueblos indígenas a participar en decisiones que afecten sus derechos. Conforme la Corte ha indicado, en razón de los ‘derechos políticos’ de participación receptados en el artículo 23 de la Convención, en cuestiones atinentes a sus tierras, los pueblos indígenas deben ser consultados de forma adecuada a través de instituciones representativas de los mismos" (párr. 173).
“[R]especto a obras o actividades dentro del territorio indígena, el Estado, por una parte, debe observar los requisitos comunes a toda limitación al derecho de propiedad por ‘razones de utilidad pública o de interés social’ de acuerdo al artículo 21 de la Convención, lo que implica el pago de una indemnización. Por otra parte, debe cumplir ‘con las siguientes tres garantías’: en primer lugar, ‘asegurar la participación efectiva’ de los pueblos o comunidades, ‘de conformidad con sus costumbres y tradiciones’, deber que requiere que el Estado acepte y brinde información, y que implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. En segundo lugar, debe ‘garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro de[l] territorio a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto […] ambiental’. En tercer lugar, debe garantizar que las comunidades indígenas ‘se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio’" (párr. 174).
“Por medio de los requisitos anteriores, se busca ‘preservar, proteger y garantizar la relación especial’ que los pueblos indígenas tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia. Si bien la Convención no puede interpretarse de modo que impida al Estado realizar, por sí o a través de terceros, proyectos y obras sobre el territorio, el impacto de los mismos no puede en ningún caso negar la capacidad de los miembros de los pueblos indígenas y tribales a su propia supervivencia" (párr. 175).
3. Medio ambiente. Daño ambiental. Debida diligencia. Principio de proporcionalidad.
“[E]l derecho a un medio ambiente sano ‘constituye un interés universal’ y ‘es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad’, y que ‘como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza, no solo por su ‘utilidad’ o ‘efectos’ respecto de los seres humanos, ‘sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta’. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales" (párr. 203).
“[R]ige respecto al derecho al ambiente sano no solo la obligación de respeto, sino también la obligación de garantía prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Este deber se proyecta a la ‘esfera privada’, a fin de evitar que ‘terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos’, y ‘abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito’. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades, a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir ‘es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado’. Debido a que lo indicado es aplicable al conjunto de los derechos receptados en la Convención Americana, es útil dejar ya sentado que también refiere a los derechos a la alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida cultural" (párr. 207).
“[E]n materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente’. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental" (párr. 208).
“[D]iversos derechos pueden verse afectados a partir de problemáticas ambientales, y  ello ‘puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad’, entre los que se encuentran los pueblos indígenas y ‘las comunidades que dependen, económicamente o para su supervivencia, fundamentalmente de los recursos ambientales, [como] las áreas forestales o los dominios fluviales’. [C]on base en la normativa internacional de derechos humanos, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación" (párr. 209).
4. DESC. No discriminación. Derecho a la alimentación. Aguas. Derecho a la identidad.
“Los Estados tienen el deber no solo de respetar, sino también de garantizar el derecho a la alimentación, y debe entenderse como parte de tal obligación el deber de `protección’ del derecho, tal como fue conceptuado por el Comité DESC: ‘[l]a obligación de proteger requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada’. Correlativamente, el derecho se ve vulnerado por el Estado al ‘no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas’" (párr. 221).
“[E]l derecho a la alimentación no debe entenderse de forma restrictiva. El bien protegido por el derecho no es la mera subsistencia física y, en particular respecto de pueblos indígenas, tiene una dimensión cultural relevante" (párr. 254).
“Este Tribunal ha indicado que ‘el acceso al agua’ implica ‘obligaciones de realización progresiva’, pero que ‘sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización’. Entre las obligaciones estatales que pueden entenderse comprendidas en el deber de garantía se encuentra la de brindar protección frente a actos de particulares, que exige que los Estados impidan a terceros que menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como ‘garantizar un mínimo esencial de agua’ en aquellos ‘casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad’" (párr. 229).
“[E]n el cumplimiento de sus obligaciones relativas al derecho al agua, los Estados ‘deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho’, inclusive, entre otros, ‘los pueblos indígenas’. En ese sentido, deben velar porque ‘[e]l acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas’ y ‘facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua’, así como que ‘[l]as comunidades nómadas […] tengan acceso al agua potable en sus lugares de acampada tradicionales’" (párr. 230).
“[E]l derecho a la identidad cultural tutela la libertad de las personas, inclusive actuando en forma asociada o comunitaria, a identificarse con una o varias sociedades, comunidades, o grupos sociales, a seguir una forma o estilo de vida vinculado a la cultura a la que pertenece y a participar en el desarrollo de la misma. En ese sentido, el derecho protege los rasgos distintivos que caracterizan a un grupo social, sin que ello implique negar el carácter histórico, dinámico y evolutivo de la cultura" (párr. 240).
“[H]ay amenazas ambientales que pueden incidir en la alimentación; el derecho respectivo, como también el derecho a participar en la vida cultural y el derecho al agua, resultan ‘particularmente vulnerables’ a ‘afectaciones ambientales’" (párr. 245).
“[C]orresponde tener en consideración la interdependencia de los derechos analizados y la vinculación que presenta el goce de los mismos en las circunstancias del caso. Asimismo, tales derechos no deben ser entendidos en forma restrictiva. Ya se ha dicho […] que el ambiente se encuentra relacionado con otros derechos, y que hay ‘amenazas ambientales’ que pueden impactar en la alimentación, el agua y en la vida cultural. Por otra parte, no cualquier alimentación satisface el derecho respectivo, sino que la misma debe ser aceptable para una cultura determinada, lo que lleva a tener en cuenta valores no relacionados con la nutrición. La alimentación, a su vez, es indispensable para el goce de otros derechos, y su carácter ‘adecuado’ puede depender de factores ambientales y culturales. La alimentación es, en sí, una expresión cultural. En ese sentido, puede considerarse a la alimentación como uno de los ‘rasgos distintivos’ que caracterizan a un grupo social, quedando comprendido, por ende, en la protección del derecho a la identidad cultural a través de la salvaguarda de tales rasgos, sin que ello implique negar el carácter histórico, dinámico y evolutivo de la cultura" (párr. 274).  
“Lo expresado es, a su vez, más evidente respecto de pueblos indígenas, en relación a los que normas específicas mandan la salvaguarda de su ambiente, la protección de la capacidad productiva de sus tierras y recursos, y a la consideración como ‘factores importantes del mantenimiento de su cultura’ actividades tradicionales y relacionadas con su economía de subsistencia, como caza, recolección y otras […]. Así, la Corte ha destacado que ‘la falta de acceso a los territorios y los recursos naturales correspondientes puede exponer a las comunidades indígenas a […] varias violaciones de sus derechos humanos, además de ocasionarles sufrimiento y perjudicar la preservación de su forma de vida, costumbres e idioma’. Asimismo, ha advertido que los Estados deben proteger ‘la estrecha relación que [los pueblos indígenas] mantienen con la tierra’ y ‘su proyecto de vida, tanto en su dimensión individual como colectiva’" (párr. 275).
“[E]s preciso dejar sentado que, dado el carácter evolutivo y dinámico de la cultura, pautas culturales propias de los pueblos indígenas pueden ir modificándose a lo largo del tiempo y a partir de su contacto con otros grupos humanos. Desde luego, ello no priva a los pueblos respectivos de su carácter indígena. A su vez, esta característica dinámica no puede, por sí misma, llevar a negar la ocurrencia, según los casos, de reales daños a la identidad cultural. En las circunstancias del caso, los cambios en la forma de vida de las comunidades, advertidos tanto por el Estado como por los representantes, han estado relacionados con la interferencia, en su territorio, de pobladores no indígenas y actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia, que nunca fue consentida por las comunidades, sino que se enmarcó en una lesión al libre disfrute de su territorio ancestral, afectó bienes naturales o ambientales de dicho territorio, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. En este marco, las alteraciones a la forma de vida indígena no pueden ser vistas, como pretende el Estado, como introducidas por las propias comunidades, como si hubiera sido el resultado de una determinación deliberada y voluntaria. Por ello, ha existido una lesión a la identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios" (párr. 284).
5. Recursos. Debido proceso. Plazo razonable. Vulnerabilidad.
“[E]l debido proceso legal ‘abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial’. Por otro lado, el artículo 25 de la Convención contempla ‘la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo ante juez o tribunal competente’. Los artículos 8, 25 y 1 se encuentran interrelacionados en la medida que ‘[l]os […] recursos judiciales efectivos […] deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, […] dentro de la obligación general a cargo de los […] Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1)’. La efectividad de los recursos debe evaluarse en el caso particular teniendo en cuenta si ‘existieron vías internas que garantizaran un verdadero acceso a la justicia para reclamar la reparación de la violación’" (párr. 294).
“[E]l Estado está obligado a proveer recursos efectivos que permitan a las personas impugnar aquellos actos de autoridades que consideren violatorios de sus derechos ‘independientemente de si la autoridad judicial declarare infundado el reclamo de la persona que interpone el recurso por no estar cubierto por la norma que invoca o no encontrare una violación del derecho que se alega vulnerado’. En esta línea, el Tribunal advierte que los artículos 8 y 25 de la Convención también consagran el derecho de obtener respuesta a las demandas y solicitudes planteadas a las autoridades judiciales, ya que la eficacia del recurso implica una obligación positiva de proporcionar una respuesta en un plazo razonable" (párr. 295).
PUEBLOS INDÍGENAS; PROPIEDAD COMUNITARIA; TÍTULO DE PROPIEDAD; SEGURIDAD JURÍDICA; CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; MEDIO AMBIENTE; DAÑO AMBIENTAL; DEBIDA DILIGENCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DESC; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; AGUAS; DERECHO A LA IDENTIDAD; RECURSOS; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; PLAZO RAZONABLE;
Montesinos Mejía v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por haber infringido los artículos 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.2 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referentes a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial; así como los artículos 7.1, 7.3 y 7.6, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Personas privadas de libertad. Derecho a la seguridad. Tipicidad. Arbitrariedad. Principio de proporcionalidad.  
“[E]l contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. Ha afirmado que este artículo tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: ‘[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales’. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (artículo 7.2) o arbitrariamente (artículo 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (artículo 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (artículo 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (artículo 7.6) y a no ser detenido por deudas (artículo 7.7). Cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma” (párr. 93).
“El artículo 7.2 de la Convención establece que ‘nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas’. Este numeral reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’, las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. Adicionalmente, exige su aplicación con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la ley. De ese modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa interna. Cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana” (párr. 94).
“Respecto a la interdicción de la ‘arbitrariedad’ en la privación de libertad, mandada por el artículo convencional 7.3, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Ha considerado que se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad” (párr. 95).
“En cuanto al artículo 7.4, esta Corte ha dicho que ‘el mismo alude a dos garantías para la persona que está siendo detenida: i) la información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de los cargos’” (párr. 96).
“Del artículo 7.3 de la Convención se desprende que para que la medida privativa de la libertad no se torne arbitraria debe cumplir con los siguientes parámetros: i) que existan elementos para formular cargos o llevar a juicio: deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en el mismo; ii) que la finalidad sea compatible con la Convención, a saber: procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; iii) que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales y iv) que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención” (párr. 109).
2. Prisión preventiva. Plazo razonable. Medidas cautelares. Razonabilidad. Recursos. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Principio de inocencia.
“El artículo 7.5, por su parte, establece que ‘[t]oda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio’. El sentido de esta norma indica que las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales, en particular, la norma se refiere al de no comparecencia al juicio” (párr. 97).
“[Dicho] artículo […] impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva en relación con la duración del proceso, indicando que el proceso puede seguir estando la persona imputada en libertad. La Corte ha entendido que ‘aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquélla sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable’” (párr. 98).
“[E]n algunos aspectos, las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la Convención pueden verse estrechamente relacionadas al derecho a la libertad personal. Así, es relevante a efectos del caso señalar que siendo la prisión preventiva una medida cautelar no punitiva, mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifican su detención equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada, lo que atentaría no solo contra el derecho a la libertad personal sino también contra la presunción de inocencia contemplada en el artículo 8.2 de la Convención. Otro vínculo entre el derecho a la libertad personal y las garantías judiciales se refiere al tiempo de las actuaciones procesales, en caso en que una persona esté privada de la libertad. Así, la Corte ha señalado que ‘el principio de ‘plazo razonable’ al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente’” (párr. 99).
“[S]on las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no, de mantener las medidas cautelares que emitan conforme a su propio ordenamiento. La detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad. Al evaluar la continuidad de la medida, ‘las autoridades internas deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia’. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar, aunque sea en forma mínima, las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse” (párr. 116).
“[C]uando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. De conformidad al artículo 7.5 de la Convención, la persona detenida tiene derecho ‘a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad’. Por ende, si una persona permanece privada preventivamente de su libertad y las actuaciones no transcurren en un tiempo razonable, se vulnera dicha disposición convencional (el artículo 7.5 de la Convención)” (párr. 120).
“[L]os Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido” (párr. 125).
“[E]l artículo 7.6 de la Convención protege el derecho de toda persona privada de la libertad a recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. Al respecto, la Corte ha destacado que la autoridad que debe decidir la legalidad del arresto o detención debe ser un juez o tribunal. Asimismo, ha precisado que los recursos disponibles para el cumplimiento de esta garantía ‘no sólo deben existir formalmente en la legislación sino que deben ser efectivos, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención’” (párr. 129).
“El artículo 8.2 de la Convención establece que ‘[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’” (párr. 135).
“[L]a prisión preventiva constituye la medida más severa que se puede imponer a una persona imputada y, por ello, debe aplicarse excepcionalmente: la regla debe ser la libertad de la persona procesada mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Uno de los principios que limitan la prisión preventiva es el de presunción de inocencia, contenido en el artículo 8.2, según el cual una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De esta garantía se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos de la privación preventiva de la libertad tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado, quien, además, debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado. Así, la Corte ha sostenido que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva” (párr. 136).
“[E]s una regla general que el imputado afronte el proceso penal en libertad.129 En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un tiempo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, lo que implicaría anticipar una pena” (párr. 137).
“[L]a detención [del peticionario] fue ilegal y que, tanto la orden de prisión preventiva como su vigencia, no fueron justificadas ni motivadas, razón por la cual resultaron arbitrarias. Por tanto, la prolongación de la privación de libertad hasta el momento en que se resolvió el segundo recurso de hábeas corpus por parte del Tribunal Constitucional fue equivalente a una pena anticipada, contraria a la presunción de inocencia” (párr. 138).
3. Derecho a la integridad personal. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. Personas privadas de libertad. Condiciones de detención. Asistencia médica. Prueba. Responsabilidad del Estado.
“La Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, física y psíquica, cuya infracción ‘es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y […] cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta’. Asimismo, esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad persona. Al respecto, ha precisado que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel de sufrimiento inherente a la detención” (párr. 150).
“[L]a obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tal obligación se ve precisada por los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Sobre el deber de investigar, ha especificado que es una obligación de medio y no de resultado, la cual debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio e iniciarse de oficio e inmediatamente cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura. Asimismo, en relación con hechos sucedidos durante la privación de libertad bajo custodia estatal, este Tribunal ha indicado que la falta de investigación ‘impide que el Estado presente una explicación satisfactoria y convincente de los maltratos alegados y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados’” (párr. 151-152).
4. Plazo razonable. Debido proceso. Derecho de defensa. Notificación.  
“[S]i bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales’ a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (párr. 174).
“[P]ara que en un proceso existan verdaderas garantías judiciales conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que ‘sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho’, es decir, las ‘condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial’” (párr. 175).
“[D]e acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar ‘las debidas garantías’ que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso; y que el incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional. Asimismo, ha indicado que el artículo 8.2 de la Convención establece, adicionalmente, las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso legal. Por ello, es un derecho humano el obtener todas las garantías mínimas que permitan alcanzar decisiones justas, las cuales deben respetarse en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (párr. 176).
“[E]l principio de ‘plazo razonable’ tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Así, una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. La evaluación del plazo razonable se debe analizar, en cada caso, en relación con la duración total del proceso. De esta manera, la Corte ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Sobre el tema, la Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto” (párr. 178-179).
“[E]l ‘plazo razonable’ al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte una decisión definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse” (párr. 180).
“Para determinar la complejidad del asunto la Corte ha valorado distintos elementos, entre los que se encuentran: i) la complejidad de la prueba; ii) la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas; iii) el tiempo transcurrido desde que se ha tenido la noticia del presunto hecho delictivo; iv) las características del recurso contenidos en la legislación interna, o v) el contexto en el que ocurrieron los hechos” (párr. 182).
“[E]l uso de recursos judiciales reconocidos por la legislación aplicable para la defensa de sus derechos, per se, no puede ser utilizado en su contra. Al respecto, este Tribunal ha considerado que la interposición de recursos constituye un factor objetivo, que no debe ser atribuido ni a la presunta víctima ni al Estado demandado, sino que debe ser tomado en cuenta como un elemento objetivo al determinar si la duración del procedimiento excedió el plazo razonable. Al efecto, el Tribunal ha encontrado que la demora principal en la resolución de los procesos se ha presentado en la etapa presumarial y además, que una vez iniciado el proceso sumario, la demora en la tramitación de los recursos interpuestos no puede ser atribuible al señor Montesinos sino a la inactividad procesal de las autoridades” (párr. 184).  
“[P]ara determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona procesada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, este Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Es necesario destacar, además, que los procesos en los cuales una persona se encuentra detenida de manera cautelar se deben llevar a cabo con la mayor celeridad posible. Con este marco, la Corte observa que, en el presente caso, los procesos penales seguidos en contra del señor Montesinos duraron más de 18 años, producto de lo cual estuvo privado de su libertad bajo la figura de prisión preventiva por más de 6 años. Asimismo, la Corte da cuenta de la situación de incertidumbre en que se mantuvo a la presunta víctima en cuanto a su condena por el delito de testaferrismo por más de 18 años y la imposibilidad de uso de sus bienes incautados en el marco de dicho proceso. Por todo lo anterior, la Corte Interamericana concluye que las autoridades estatales no han actuado con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía la privación de libertad del señor Montesinos, razón por la cual los procesos penales seguidos en su contra excedieron el plazo razonable, lo cual vulnera el derecho a las garantías establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.a de la Convención Americana” (párr. 187).
“La Corte ha entendido que ‘[e]l derecho a la defensa es un componente central del debido proceso’, y que ‘debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena’” (párr. 189).
“El artículo 8 de la Convención incluye garantías específicas respecto al derecho a la defensa. Así, en el literal ‘b’ de su segundo apartado, se determina la necesidad de que se comunique ‘al inculpado’ la ‘acusación’ en su contra en forma ‘previa y detallada’. La Corte ha expresado que esta norma ‘rige incluso antes de que se formule una ‘acusación’ en sentido estricto, [pues] para que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública’” (párr. 190).
“La Convención regula garantías para la defensa técnica, como el derecho a ser asistido por un defensor (artículo 8.2.d y e). Este último derecho se ve vulnerado cuando no se asegura que la defensa técnica pueda participar asistiendo al imputado en actos centrales del proceso, como, por ejemplo, en caso de recibirse la declaración del imputado sin la asistencia de su abogado defensor. Así, en decisiones sobre casos anteriores respecto de Ecuador, la Corte ha considerado las circunstancias de que una persona ‘rindi[era] su declaración preprocesal ante el fiscal sin contar con la asistencia de un abogado defensor’, o que no tuviera esa asistencia al ‘momento de realizar el interrogatorio inicial ante la policía” como parte de un conjunto de hechos violatorios del segundo apartado del artículo 8.2 en sus literales ‘d’ y ‘e’” (párr. 191).
5. Reglas de exclusión. Prueba. Coacción. Tortura. Trato, cruel, inhumano y degradante. Nulidad. Confesión
“[L]a regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos (en adelante ‘regla de exclusión’) ha sido reconocida por diversos tratados y órganos internacionales de protección de derechos humanos que han establecido que dicha regla es intrínseca a la prohibición de tales actos. Al respecto, la Corte ha considerado que esta regla ostenta un carácter absoluto e inderogable” (párr. 196).
“[L]a anulación de los actos procesales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales. Además, la Corte ha recalcado que la regla de exclusión no se aplica sólo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos crueles. Así, el artículo 8.3 de la Convención es claro al señalar que ‘[l]a confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza’, es decir que no se limita el supuesto de hecho a que se haya perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende a cualquier tipo de coacción. En efecto, al comprobarse cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso judicial. Esta anulación es un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción” (párr. 197).
“[L]as declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el Tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo. Asimismo, la Corte ha manifestado que el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción” (párr. 198).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; TIPICIDAD; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; PLAZO RAZONABLE; MEDIDAS CAUTELARES; RAZONABILIDAD; RECURSOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE INOCENCIA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; ASISTENCIA MEDICA; PRUEBA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; NOTIFICACIÓN; REGLA DE EXCLUSIÓN; COACCIÓN; NULIDAD; CONFESIÓN;
Nikolyan v. ArmeniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Armenia era responsable por haber infringido el derecho del peticionario en virtud del artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) y 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Acceso a la justicia. Incapacidad. Demanda. Principio de legalidad. Proporcionalidad.
“[E]l artículo 6.1 garantiza a todas las personas el derecho a presentar una demanda en relación con sus derechos y obligaciones civiles ante una corte o tribunal. Este ‘derecho a un tribunal’, en el que el acceso es un aspecto sustancial, aplica para cualquiera que considere, con argumentos defendibles, la ilegalidad de una interferencia en el ejercicio de sus derechos civiles y se queje de que no se le ofreció la posibilidad de presentar una reclamación ante un tribunal que cumpla los requisitos del artículo 6.1” (cfr. párr. 89).
“El derecho de acceso a un tribunal, que forma parte del derecho a un juicio justo, no es absoluto y puede estar limitado por la legislación nacional; en consecuencia, está permitido ya que el derecho de acceso a la justicia ‘por su propia naturaleza requiere una regulación por parte del Estado que puede variar en el tiempo y en el lugar en función de las necesidades y recursos de la sociedad y de las personas. Al configurar dicha reglamentación, los Estados parte disfrutan de un determinado margen de apreciación. No es tarea del TEDH reemplazar a las autoridades nacionales al evaluar quién debe estar incapacitado. Sin embargo, la regulación legislativa nacional no debe, de ninguna manera, impedir la provisión de las garantías mínimas que surgen del Convenio. Las restricciones derivadas de la legislación nacional no son contrarias al artículo 6 del Convenio si persiguen un objetivo legítimo y son proporcionales, es decir, no existe una desproporción evidente entre la medida utilizada y el propósito para el cual esta medida serviría…” (cfr. párr. 90).
“En el pasado, el TEDH ha reconocido que las restricciones a los derechos procesales de una persona que haya sido privada de su capacidad jurídica pueden estar justificadas por su propia protección, la de los intereses de terceros y la buena administración de la justicia […]. Corresponde al Estado la decisión sobre cómo deben garantizarse los derechos procesales de una persona que ha sido privada de capacidad legal a nivel nacional. En este contexto, los Estados deberían tener la posibilidad de tomar medidas restrictivas con el fin de lograr los objetivos mencionados anteriormente…” (cfr. párr. 91).  
“[E]l derecho de acceso a un tribunal incluye no solo el derecho a iniciar un procedimiento determinado, sino también el derecho a obtener una resolución del conflicto por un tribunal…” (cfr. párr. 93).
2. Incapacidad. Demanda. Personas con discapacidad. Admisibilidad. Tutela. Apreciación de la prueba. Acceso a la justicia.
“[E]l Tribunal destaca la importancia de respetar el principio número 8 de la Recomendación  4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa [sobre los principios referentes a la protección jurídica de los mayores incapacitados]. También se refiere al artículo 12.4 de la CDPD [Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-ONU], que exige salvaguardas apropiadas y efectivas para garantizar que las medidas relacionadas con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad estén carentes de conflictos de intereses e influencia desproporcionada […] y que Armenia, al adherirse a la CDPD, se comprometió a tomar en consideración […]. Dichos principios eran de particular importancia para el peticionario en el presente caso. Debido a que, al ser privado de su capacidad jurídica de forma absoluta y, como consecuencia, de su derecho de acceso a la justicia, el único medio adecuado y eficaz para la protección de sus intereses legales ante los tribunales fue a través de una tutela sin conflictos […]. Por lo tanto, el Tribunal considera que los tribunales internos no llevaron a cabo la supervisión y el escrutinio necesario cuando se decidió aceptar la solicitud de retirar la reclamación del peticionario y, por ende, la finalización de los procedimientos de divorcio y desalojo se considera injustificada” (cfr. párr. 95-96).  
“[L]la importancia de ejercer derechos procesales puede variar en función de la finalidad de la acción que el peticionario quiera plantear ante los tribunales. En particular, el derecho de solicitar ante la justicia que se revise una declaración de incapacidad fue uno de los derechos de mayor importancia para el peticionario en este caso, ya que dicho proceso, una vez iniciado, sería decisivo para el ejercicio de todos los derechos y libertades afectados por el declaración de incapacidad  […]. Este derecho es, por lo tanto, uno de los derechos procesales fundamentales dirigidos a la protección de aquellas personas que han sido parcial o totalmente privadas de su capacidad legal. Por ende, tales personas deberían, en un principio, tener acceso directo a los tribunales en este contexto…” (cfr. párr. 99).  
“Además, el TEDH ha sostenido que el Estado tiene la libertad de determinar el procedimiento mediante el cual se realizará dicho acceso. Igualmente, no sería incompatible con el artículo 6 que la legislación nacional establezca ciertas restricciones sobre el acceso a los tribunales en este ámbito, con el único objetivo de garantizar que los tribunales no estén sobrecargados de solicitudes excesivas y manifiestamente infundadas. No obstante, parece lógico que este problema pueda resolverse a través de otros cauces menos restrictivos que la denegación automática de acceso directo, por ejemplo, limitando la frecuencia con la que se pueden realizar las solicitudes o introduciendo un sistema para el examen previo de su admisibilidad sobre la base del expediente…” (cfr. párr. 100).    
“En relación a la situación en Armenia en el momento material, la prohibición general de acceso directo a un tribunal por parte de las personas declaradas incapaces no dejaba margen para la excepción. Igualmente, la legislación nacional no proporcionaba salvaguardas en el sentido que la restauración de la capacidad legal debía ser revisada por un tribunal en intervalos razonables, a pesar del requisito del artículo 12.4 de la CDPD, que establece que la restricción de la capacidad legal debe estar sujeta a una revisión periódica por parte de una autoridad competente. El Tribunal señala igualmente que dicha prohibición general de acceso directo a los tribunales no se ajustaba a la tendencia general a nivel regional […]. En el caso del peticionario, esta situación se vio agravada en razón de que las autoridades no habían garantizado una tutela sin conflictos. Por último, el Tribunal considera irrelevante si la solicitud presentada por el peticionario en agosto de 2014 podría considerarse como una ‘solicitud adecuada presentada ante un tribunal’ debido a que, incluso suponiendo que no fuera así, la prohibición del peticionario en el acceso a los tribunales estaba consagrada por ley y no se podía responsabilizar al solicitante por no intentar iniciar un procedimiento que no tenía derecho a iniciar por ley” (cfr. párr. 101).  
“El Tribunal recuerda que cualquier injerencia del derecho al respeto de la vida privada constituirá una violación del artículo 8 del Convenio a menos que sea ‘de conformidad con la ley’, persiga un fin u objetivo legítimo con arreglo al apartado 2 y sea ‘necesaria una sociedad democrática’ en el sentido de que sea proporcional a los fines perseguidos […]. [E]l Tribunal no considera necesario examinar si la interferencia persiguió un objetivo legítimo, debido a que la decisión de privar al peticionario de su capacidad jurídica fue, en todo caso, desproporcionada en relación a cualquier objetivo legítimo perseguido…” (cfr. párr. 118-119).  
“[D]e conformidad con el artículo 8, las autoridades deben perseguir un justo equilibrio entre los intereses de una persona que no tiene estabilidad mental y los demás intereses legítimos en cuestión. Sin embargo, por regla general, en una cuestión tan compleja como la determinación de la capacidad mental, las autoridades deberían disfrutar de un amplio margen de apreciación. Principalmente, esta cuestión se explica en el hecho de que las autoridades nacionales poseen el beneficio del contacto directo con las personas interesadas y, por tanto, están particularmente bien posicionadas para determinar tales problemas. La competencia del Tribunal es más bien revisar las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales en el ejercicio de sus poderes, en virtud de la Convención a este respecto…” (cfr. párr. 120).
3. Derecho a la vida privada y familiar. Capacidad. Salud mental. Pericia médica. Principio de legalidad.
“Al mismo tiempo, el margen de reconocimiento otorgado a las autoridades nacionales competentes variará de acuerdo con la naturaleza de los problemas y la importancia de los intereses en juego […]. Se necesita un escrutinio más estricto con respecto a las graves limitaciones en la esfera de la vida privada. En este sentido, el Tribunal es consciente de que privar a alguien de la capacidad jurídica conlleva graves consecuencias para los diferentes ámbitos de la vida de esa persona…” (cfr. párr. 121).  
“[E]l Tribunal ha mantenido en diferentes ocasiones que la existencia de un trastorno mental, incluso aquellos graves, no puede ser el único motivo para justificar la privación total de la capacidad legal. Por similitud con otros casos relacionados con la privación de libertad, para justificar la privación total de la capacidad legal, el trastorno mental debe ser ‘de un tipo o un grado’ que garantice dicha medida…” (cfr. párr. 122).  
“[E]n lo que respecta a la opinión del perito psiquiátrico pertinente, la objetividad de una evaluación médica implica el requisito de que sea lo suficientemente actual o reciente […]. [E]n tales circunstancias, los tribunales nacionales deberían haber buscado una nueva evaluación de la condición mental del peticionario…” (cfr. párr. 124-125).  
ACCESO A LA JUSTICIA; INCAPACIDAD; DEMANDA; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ADMISIBILIDAD; TUTELA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; CAPACIDAD; SALUD MENTAL; PERICIA MÉDICA;
Olewnik-Cieplińska y Olewnik v. PoloniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Polonia era responsable por haber infringido el derecho de los peticionarios en virtud del artículo 2 (derecho a la vida, investigación efectiva) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Derecho a la vida. Homicidio. Prevención. Responsabilidad del Estado.
“El TEDH recuerda que, la primera parte del artículo 2.1 exige al Estado parte que no solo se abstenga de privar de la vida intencional e ilegalmente, sino también tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la vida de las personas dentro de su jurisdicción […]. Esto implica, por parte del Estado, una obligación capital dirigida a garantizar el derecho a la vida, al establecer disposiciones efectivas en el ámbito penal dirigidas a disuadir la comisión de delitos contra toda persona respaldada por un mecanismo de aplicación de la ley para la prevención, represión y castigo de las violaciones de tales medidas” (cfr. párr. 117).
“El deber del Estado de adoptar medidas apropiadas –y encaminadas a salvaguardar la vida de las personas dentro de su jurisdicción–, también se extiende a una obligación positiva de las autoridades de incorporar medidas operativas de carácter preventivo; todo ello para proteger a la persona cuya vida está en peligro respecto de los actos criminales de otra persona […]. En tales casos, la tarea del Tribunal es determinar si las autoridades conocían o deberían haber conocido de la existencia de un riesgo real e inmediato y, de ser así, si hicieron todo lo que se les podía haber exigido para evitar que la vida de la persona en cuestión fuera, evitablemente, puesta en riesgo…” (cfr. párr. 118).
“Considerando la complejidad para vigilar a las sociedades modernas, la imprevisibilidad de la conducta humana y las elecciones operativas que deben hacerse en términos de prioridades y recursos, el alcance de la obligación positiva del Estado debe interpretarse de una forma que no imponga una carga imposible o desproporcionada para las autoridades. Así pues, no todos los riesgos de vida que se reclaman suponen, para las autoridades, la exigencia del Convenio de adoptar medidas operativas con el fin de evitar que ese riesgo se materialice […]. Para que nazca una obligación positiva se debe establecer que las autoridades sabían, o deberían haber sabido, el momento de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo, identificado a consecuencia de los actos criminales de un tercero, y que no tomaron las medidas que se podrían haber esperado de ellos para evitar ese riesgo. Otra importante consideración es la necesidad de garantizar que la policía ejerza sus poderes con el fin de controlar y prevenir la delincuencia mediante una forma que respete plenamente el debido proceso y otras garantías que impongan, de manera legítima, restricciones al alcance de su acción y dirigidas a investigar la delincuencia y llevar a sus responsables ante la justicia, incluidas las garantías contenidas en los artículos 5 y 8 del Convenio” (cfr. párr. 119).
2. Secuestro. Debido proceso. Debida diligencia.
“[L]a policía cometió una serie de errores graves que causaron, de forma directa, el fracaso de la investigación del secuestro. En particular, la policía no recopiló correctamente toda la información forense en la casa de la víctima inmediatamente después de su secuestro, no escuchó a determinados testigos ni investigó una carta anónima que denunciaba a las personas involucradas en el secuestro, tardaron en analizar las llamadas de los secuestradores y no supervisaron la entrega de la persona que hacía de enganche, que fue recuperado por los propios secuestradores. Además, aunque la familia de la víctima le había dicho a la policía los números de serie de los billetes utilizados para el rescate, estos números no estaban registrados en la Autoridad de Supervisión Bancaria Central hasta diecisiete meses después. El Comité concluye que: ‘la visible lentitud, errores, acciones imprudentes, unido a la falta de profesionalismo por parte de los investigadores, dieron como resultado el fracaso para descubrir a los autores del secuestro y…en última instancia, la muerte’” (cfr. párr. 129).
“[L]os hechos descritos con anterioridad, entre otros, indican claramente que las autoridades nacionales no respondieron en este caso de secuestro prolongado con el nivel de compromiso requerido. Si bien el Tribunal no puede especular sobre cuál hubiera sido el resultado del caso si las autoridades hubieran sido más diligentes, evidentemente existía un vínculo entre la larga lista de omisiones y errores perpetuados a lo largo de los años y la imposibilidad de seguir adelante en la investigación, mientras el señor Olewnik todavía estaba vivo” (cfr. párr. 130).
“La obligación de proteger el derecho a la vida en virtud del artículo 2 de la Convención, en relación con el deber general del Estado, en virtud del artículo 1 de ‘asegurar a todas las personas de [su] jurisdicción los derechos y libertades de [la] Convención’, exige por consecuencia que debe existir una investigación efectiva cuando una persona muere en circunstancias sospechosas […]. El objetivo principal de tal investigación es la de asegurar la implementación efectiva de la legislación nacional que protege el derecho a la vida” (cfr. párr. 135).
“La investigación debe ser efectiva, en el sentido de que sea capaz de conducir al esclarecimiento de los hechos y, cuando corresponda, a la identificación y posterior castigo de los responsables […]. Lo anterior no es una obligación de resultado, sino de medios. Las autoridades deben adoptar las medidas razonables a su disposición para asegurar la prueba sobre el incidente. Cualquier deficiencia en el proceso de investigación que debilite su capacidad para esclarecer la causa de la muerte, o identificar a la persona o personas responsables, correrá el riesgo de incumplir este estándar. Cualquiera que fuere el modo utilizado, las autoridades deben actuar de oficio una vez que el asunto haya llegado a su consideración […]. Además, debe haber un elemento suficiente de escrutinio público de la investigación o de sus resultados con el fin de garantizar la rendición de cuentas en la práctica. En todos los casos, los familiares de la víctima deben participar en el proceso en la medida en que sea necesario para salvaguardar sus intereses legítimos […]” (cfr. párr. 136).
3. Derecho a la vida. Plazo razonable. Prueba.
“El requisito de prontitud y expedición razonable está implícito en este contexto […]. Se acepta que pueden existir obstáculos o dificultades que impidan el progreso de una investigación en una situación concreta. No obstante, una rápida respuesta por parte de las autoridades, generalmente al investigar muertes sospechosas, se puede considerar esencial para mantener la confianza de la sociedad en su adhesión al estado de derecho y con el fin de evitar cualquier apariencia de colusión o tolerancia de actos ilegales” (cfr. párr. 137).
“En resumen, unos diecisiete años después del secuestro del señor Olewnik […], las circunstancias fácticas no se han resuelto por completo. Los peticionarios, que participaron activamente en todos los procesos, presentaron recursos y promovieron algunos de esos procedimientos, aún tienen dudas e incertidumbre. Esto, […] podría ‘debilitar la confianza en el Estado por parte de la sociedad’ y muestra la debilidad de las autoridades estatales en ‘su actitud hacia los autores del delito’” (cfr. párr. 145).
“Las anteriores consideraciones son suficientes para permitirle concluir al Tribunal que las autoridades nacionales no llevaron a cabo una investigación de forma adecuada y efectiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima. En consecuencia, manifiesta que ha habido una violación del artículo 2 bajo su rama procesal” (cfr. párr. 147).
DERECHO A LA VIDA; DEBIDO PROCESO; PLAZO RAZONABLE; HOMICIDIO; PREVENCIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; SECUESTRO; DEBIDA DILIGENCIA; PRUEBA;
López Albán v. EspañaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas consideró que España violó los artículos 11.1 (derecho a un nivel de vida adecuado) del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del artículo 5 (adopción de medidas provisionales) del Protocolo Facultativo.
“A la luz de la determinación del Comité de los hechos relevantes y de los alegatos de las partes, las cuestiones que plantea la comunicación son las siguientes: si el desalojo de la peticionaria y sus hijos de su vivienda habitual, debido a que la estaban ocupando sin título legal, y su traslado a un albergue, constituyó o no una violación del derecho a la vivienda adecuada reconocido en el artículo 11, párrafo 1, del Pacto. Igualmente, el Comité analizará si la denegación de su primera solicitud de vivienda por cuanto la peticionaria estaba ocupando una vivienda sin título legal constituyó o no una violación del mismo derecho. Por último, se plantea si en este caso existió una violación del artículo 5 del Protocolo Facultativo debido a que el Estado procedió al desalojo de la peticionaria a pesar de la medida provisional dictada por el Comité […]” (párr. 7.5).
1. Vivienda. Familia. DESC. Protección jurídica. Desalojos forzosos. Principio de legalidad. Acceso a la justicia.
“El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 8.1).
“Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto y sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad entre el objetivo legítimo de desalojo y las consecuencias de este sobre las personas desalojadas” (párr. 8.2).
“Para que el desalojo de personas sea compatible con el Pacto se requiere que la medida esté prevista por la ley, se realice como último recurso, y que las personas afectadas tengan previamente acceso a un recurso judicial efectivo en que se pueda determinar que la medida está debidamente justificada, por ejemplo, en caso de que no exista un título legal de tenencia. Adicionalmente, debe existir una auténtica oportunidad de consulta genuina y efectiva previa entre las autoridades y las personas afectadas, no existir medios alternativos o medidas menos intrusivas del derecho a la vivienda, y las personas afectadas por la medida no deben quedar en una situación que constituya una violación de otros derechos del Pacto o de otros derechos humanos o les exponga a ella” (párr. 8.3).
2. Vivienda. Ajustes razonables. Estado de necesidad. Razonabilidad. Protección integral de la familia.
“En particular, los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda. El Estado parte tiene el deber de adoptar medidas razonables para proveer vivienda alternativa a las personas que puedan quedar sin techo como consecuencia de un desalojo, independientemente de si tal desalojo ocurre a instancia de las autoridades del Estado parte o de entidades privadas, como el propietario del inmueble. En el caso de que el desalojo de una persona de su hogar tenga lugar sin que el Estado parte le otorgue o garantice una vivienda alternativa, corresponde al Estado parte demostrar que consideró las circunstancias particulares del caso y que a pesar de que tomó todas las medidas razonables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, no pudo satisfacer el derecho a la vivienda de la persona afectada. La información proporcionada por el Estado parte debe permitir al Comité considerar la razonabilidad de las medidas adoptadas, con arreglo al artículo 8, párrafo 4, del Protocolo Facultativo” (párr. 9.1).
“La obligación de proveer una vivienda alternativa a los desalojados que la requieran implica que, conforme al artículo 2, párrafo 1, del Pacto, los Estados partes tomen todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para satisfacer este derecho. Los Estados partes pueden optar por políticas muy diversas para lograr ese propósito. Sin embargo, cualquier medida adoptada debe ser deliberada, concreta y orientada lo más claramente posible hacia el cumplimiento de este derecho, de la forma más expedita y eficaz posible. Las políticas de vivienda alternativa en el caso de desalojos deben ser proporcionales a la necesidad de las personas afectadas y la urgencia de la situación y deben respetar la dignidad de la persona. Además, los Estados partes deben tomar medidas, de forma coherente y coordinada, para resolver fallas institucionales y causas estructurales de la falta de vivienda” (párr. 9.2).
“La vivienda alternativa debe ser adecuada. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; localización geográfica que permita el acceso social (a la educación, el empleo, la atención sanitaria); y la adecuación cultural, de manera que respete la expresión de la identidad cultural y de la diversidad. Debe tenerse también en cuenta el derecho de los miembros de una familia a no ser separados” (párr. 9.3).
“En ciertas circunstancias, los Estados partes pueden mostrar que, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos hasta el máximo de sus recursos disponibles, ha sido imposible ofrecer una vivienda alternativa permanente a una persona desalojada que necesita vivienda alternativa. En tales circunstancias, es posible el uso de un alojamiento temporal de emergencia que no cumpla con todos los requisitos de una vivienda alternativa adecuada. No obstante, los Estados han de esforzarse por asegurar que el alojamiento temporal sea compatible con la protección de la dignidad humana de las personas desalojadas, cumpla con todos los requisitos de seguridad y no se convierta en una solución permanente, sino en un paso previo a la vivienda adecuada” (párr. 9.4).
3. Vivienda. Familia. Vulnerabilidad. No discriminación. Título de propiedad.
“El Comité considera que los Estados partes, con el fin de racionalizar los recursos de sus servicios sociales, pueden establecer requerimientos o condiciones que los peticionarios tengan que cumplir para recibir prestaciones sociales, como vivienda alternativa. Igualmente, los Estados pueden tomar medidas para proteger la propiedad privada y evitar las ocupaciones ilegales y de mala fe de inmuebles. Sin embargo, las condiciones para acceder a los servicios sociales deben ser razonables y estar cuidadosamente diseñadas, no sólo para evitar posibles estigmatizaciones, sino también porque cuando una persona requiere una vivienda alternativa, su conducta no puede ser en sí misma una justificación para que el Estado parte le deniegue vivienda social. Además, la interpretación y aplicación por los tribunales y las autoridades administrativas de normas sobre el acceso a la vivienda social o al alojamiento alternativo deben evitar perpetuar la discriminación y estigmatización sistémicas contra quienes viven en la pobreza y ocupan, por necesidad o de buena fe, predios sin tener el título legal para hacerlo” (párr. 10.1).
“También, en la medida en que la falta de vivienda disponible y accesible se origina en la creciente desigualdad y en la especulación de los mercados de la vivienda, los Estados partes tienen la obligación de hacer frente a estas causas estructurales a través de una respuesta adecuada, oportuna y coordinada, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 10.2).
4. Vivienda. Desalojo. Familia. Principio de proporcionalidad. Título de propiedad. Usurpación.
“El Comité señala que el derecho a la propiedad privada no es un derecho contenido en el Pacto, pero reconoce el interés legítimo del Estado parte de garantizar la protección de todos los derechos existentes en su ordenamiento jurídico, en tanto esto no entre en conflicto con los derechos contenidos en el Pacto. Habiendo sido condenada la peticionaria por un delito leve de usurpación, el Comité considera que existía una causa legítima que podía justificar la medida de desalojo de la peticionaria. No obstante, el Comité toma nota de que el Juzgado de lo Penal núm. 28 de Madrid no hizo un examen de proporcionalidad entre el objetivo legítimo del desalojo y sus consecuencias sobre las personas desalojadas. En efecto, el Juzgado no hizo un balance entre los beneficios de la medida en ese momento, en este caso la protección del derecho a la propiedad de la entidad titular del inmueble, y las consecuencias que esta medida podría tener sobre los derechos de las personas desalojadas. El análisis de la proporcionalidad de un desalojo, por tanto, no sólo implica el examen de las consecuencias de la medida sobre las personas desalojadas, sino también la necesidad del propietario de recuperar la posesión de la propiedad. Será inevitable distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras, como es el caso actual. Encontrar que un desalojo no es una medida razonable en un momento concreto no significa necesariamente que no se pueda emitir una orden de desalojo contra los ocupantes. No obstante, los principios de razonabilidad y proporcionalidad pueden requerir que la orden de desalojo se suspenda o posponga para evitar exponer a las personas desalojadas a situaciones de indigencia o a violaciones de otros derechos contenidos en el Pacto. Una orden de desalojo también puede estar condicionada a otros factores tal y como requerir a las autoridades administrativas para que intervengan en la asistencia de los ocupantes para mitigar las consecuencias del desalojo” (párr. 11.5).
“El Comité considera que el Estado parte debe desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de las personas que ocupan una propiedad sin título legal, cuando esta constituya su vivienda. Este marco debe estipular el criterio que las autoridades judiciales deben considerar al evaluar solicitudes de desalojo en tales circunstancias, por ejemplo, si la persona ocupaba la vivienda de buena fe o no, las circunstancias personales de los ocupantes y sus dependientes, y si cooperaron con las autoridades en la búsqueda de soluciones adaptadas a ellos. No obstante, el Estado parte violará el derecho a la vivienda adecuada si estipula que la persona que ocupa una vivienda sin título legal debe ser desalojada de forma inmediata sean cuales sean las circunstancias bajo las que la orden de desalojo sería ejecutada. Por tanto, el Comité considera que la medida de desalojo sin un examen previo de proporcionalidad entre el fin perseguido por la medida y sus consecuencias sobre las personas desalojadas, y por tanto sin cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 4, constituyó una violación del Estado parte del derecho a la vivienda de la peticionaria y sus hijos, contenido en el artículo 11 del Pacto” (párr. 11.7).
5. Vivienda. Desalojo. Familia. Derecho a la vida privada y familiar. Niños, niñas y adolescentes. Medidas cautelares.
“[E]l requisito aplicado a la peticionaria para su acceso a la lista de espera de solicitantes de vivienda pública la situaba en un impasse, al obligarla a vivir, junto con sus hijos, en un albergue temporal y compartido, o vivir en la indigencia, antes de poder ser solicitante de vivienda social. Además, considera que esta restricción al acceso a vivienda social puede resultar en repercutir sobre niños las consecuencias de las acciones de sus padres […]. El Comité considera que la aplicación de este requisito es incompatible con la naturaleza del derecho a la vivienda adecuada. Por las anteriores razones, el Comité concluye que la exclusión de la peticionaria del programa de vivienda social, sin tomar en cuenta su situación de necesidad, perpetuaba su situación irregular y la abocaba a ser desalojada. Por tanto, el Comité considera que esta exclusión constituyó una violación el Estado parte del derecho a la vivienda de la peticionaria y sus hijos, contenido en el artículo 11 del Pacto” (párr. 12.2).
“[P]ara constituir una vivienda adecuada, una vivienda ha de proporcionar seguridad en su tenencia, lo que no era el caso de los albergues. En este sentido, el Comité nota que la estancia más prolongada de la peticionaria y sus hijos en un albergue fue de tres meses, tras los cuales se le informó a de que debía dejar, junto con su familia, el albergue, aunque esta situación fue más tarde paliada gracias a la intervención de una concentración ciudadana. En este sentido los albergues constituían, como el Estado parte los ha descrito, una solución habitacional de carácter temporal, pero no constituían una vivienda adecuada” (párr. 13.2).
“Habiendo encontrado que la alternativa proporcionada a la peticionaria no constituyó una vivienda adecuada, y en ausencia de otras explicaciones del Estado parte que expliquen por qué las medidas provisionales no pudieron ser respetadas, el Comité, de acuerdo con su jurisprudencia sobre la obligación de los Estados partes de cumplir de buena fe las medidas provisionales, considera que el Estado parte violó, en las circunstancias de este caso, el artículo 5 del Protocolo Facultativo” (párr. 13.3).
VIVIENDA; FAMILIA; DESC; DESALOJO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; RAZONABILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; AJUSTES RAZONABLES; DERECHO AL ACCESO A LA JURISDICCIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; ESTADO DE NECESIDAD; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; TÍTULO DE PROPIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO DE PROPIEDAD; USURPACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MEDIDAS CAUTELARES;
SSR v. EspañaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales de las Naciones Unidas consideró que España violó el artículo 5 (medidas provisionales), del Protocolo Facultativo.
1. Medidas cautelares. Agotamiento de recursos internos. Recursos. Prueba. Razonabilidad.
“El Comité puede decidir adoptar medidas provisionales cuando una decisión que haya tomado o que esté a punto de tomar el Estado parte pueda causar un daño irreparable al peticionario o a la víctima si no se revoca la medida o si no se suspende su ejecución en espera de que el Comité lleve a cabo el examen de la comunicación” (párr. 7.2).
“El artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo establece que, tras haber recibido una comunicación y antes de pronunciarse sobre su fondo, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. De acuerdo con la práctica de otros organismos internacionales de derechos humanos, el Comité considera que la noción de ‘circunstancias excepcionales’ hace referencia al grave impacto que una acción u omisión del Estado parte puede tener sobre un derecho protegido o sobre la capacidad futura de efecto de una decisión pendiente de ser tomada por el Comité en una comunicación ante él. En este sentido, el ‘daño irreparable’ se refiere a la amenaza o riesgo de una violación de derechos que, debido a su naturaleza, no sería susceptible de ser reparada o adecuadamente compensada, o de restaurar los derechos violados. Además, para justificar la solicitud de una medida provisional, el riesgo o amenaza debe ser real, no quedando recursos domésticos efectivos y disponibles susceptibles de evitar el daño irreparable referido. Si una medida provisional no es adoptada por no existir aún un riesgo real al momento de la solicitud inicial, el peticionario o la peticionaria podrán solicitar la adopción de medidas provisionales de nuevo más tarde si el riesgo se materializa. Además, dado que las medidas provisionales no constituyen un mecanismo autónomo sino que son parte de una comunicación individual, el Comité no puede solicitar una medida provisional, a no ser que la comunicación individual parezca prima facie admisible, mostrando que, al menos a simple vista, es posible que se encuentre una violación del Pacto. Esto también implica que, en principio, no existen recursos domésticos que estén disponibles y sean efectivos” (párr. 7.3).
“Aunque el riesgo de daño irreparable ha de ser real, el Comité considera que la probabilidad de que el riesgo se materialice no tiene que ser probada más allá de una duda razonable ya que tal requerimiento sería contrario al objetivo de las medidas provisionales, que es el de evitar un daño irreparable, incluso cuando no exista total certitud del daño. Más bien, la información aportada por la peticionaria o el peticionario debe permitir al Comité determinar prima facie que existe un riesgo real de daño irreparable y que la comunicación es admisible. No obstante, la carga de aportar al Comité información suficiente sobre los hechos relevantes y violaciones alegadas para establecer un caso prima facie y la existencia de un riesgo de un daño irreparable recae sobre el peticionario. Esta información debe incluir, siempre que esté disponible, documentación probatoria, como por ejemplo copias de las decisiones pertinentes de las autor idades nacionales o informes pertinentes sobre la situación de un país que contribuya a fundamentar la plausibilidad de la inminencia del riesgo de daño irreparable. En algunos casos en los que la información aportada por la peticionaria o el peticionario sea insuficiente, pero en los que, no obstante, el riesgo de daño irreparable no pueda ser excluido, el Comité puede adoptar medidas provisionales por un tiempo limitado, para ofrecer a la peticionaria o al peticionario un tiempo corto pero razonable para aportar la información faltante. En esos casos, si no se aporta la información requerida, la solicitud de medidas provisionales se retira automáticamente” (párr. 7.4).
2. Desalojo. Vivienda. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes.
“En los casos de desalojos, cada alegación de daño irreparable ha de ser examinada de forma individual, siendo este examen independiente del examen de la existencia de una violación del Pacto. En general, se debe considerar que un desalojo crea un riesgo de daño irreparable, justificando por tanto la adopción de medidas provisionales, sólo cuando las personas desalojadas no cuentan con acceso a una vivienda alterna adecuada. Otra consideración pertinente en el examen del riesgo de daño irreparable es la situación de la familia concernida. Por ejemplo, se considera que familias de escasos recursos económicos, con niños pequeños o con miembros que viven con discapacidades y necesidades específicas, se encuentran en riesgo particular, pues incluso un período corto sin vivienda adecuada tras el desalojo podría tener consecuencias irreversibles” (párr. 7.5).
“La adopción de medidas provisionales con arreglo al artículo 5 del Protocolo Facultativo es fundamental para el desempeño de la función encomendada al Comité en virtud de ese Protocolo. La razón de ser de las medidas provisionales es, inter alia, la de proteger la integridad del proceso, permitiendo la efectividad del mecanismo en su protección de los derechos contenidos en el Pacto cuando existe un riesgo de daño irreparable” (párr. 7.6).
“El Comité observa que todo Estado parte que haya aceptado las obligaciones impuestas por el Protocolo Facultativo reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de las disposiciones del Pacto. Al aceptar las obligaciones impuestas por el Protocolo Facultativo, los Estados partes se han comprometido a cooperar de buena fe con el Comité proporcionándole los medios para que pueda examinar las quejas que se le hayan presentado y, después del examen, comunicar sus observaciones al Estado parte y al peticionario de la queja. Todo Estado parte que no adopte tales medidas provisionales incumple la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de las comunicaciones individuales establecido en el Protocolo Facultativo. También priva al Comité de su capacidad de proporcionar un remedio efectivo a las personas que alegan ser víctimas de una violación del Pacto. Los Estados partes pueden, en virtud del artículo 7, párrafo 3, del reglamento provisional en virtud del Protocolo Facultativo, aducir argumentos en favor de que se retire la petición de adopción de medidas provisionales o exponer las razones por las que esa petición ya no esté justificada. Según el mismo artículo, párrafo 4, el Comité podrá tomar la decisión de retirar la petición de adopción de medidas provisionales basándose en las declaraciones recibidas por ambas partes. Por tanto, cuando un Estado parte solicita el levantamiento de medidas provisionales, no puede, en base al principio de buena fe, actuar en contra de estas medidas antes de que el Comité tenga la oportunidad de pronunciarse en relación con la solicitud” (párr. 7.7).
“En el presente caso, el Estado parte procedió al desalojo de la peticionaria sin proporcionarle una vivienda alternativa adecuada antes de que el Comité pudiera pronunciarse sobre su solicitud de levantamiento de la medida provisional. Al no atender a la solicitud de medidas provisionales, el Estado parte incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, dificultando que la futura decisión o dictamen aportara una protección efectiva, despojando al mecanismo de comunicaciones individuales de su raison d’être. En ausencia de otras explicaciones del Estado parte que acrediten por qué las medidas provisionales no pudieron ser respetadas, el Comité considera que los hechos relatados revelan una violación del Estado parte del artículo 5 del Protocolo Facultativo” (párr. 7.8).
3. Medidas cautelares. Admisibilidad.
“El Comité recuerda que, conforme al artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo, el otorgamiento de medidas provisionales no implica juicio alguno sobre la admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación. Es pues posible que el Comité encuentre que la comunicación inicial esté suficientemente fundamentada a efectos de ser registrada y que indique una situación que obligue a otorgar medidas provisionales para evitar un daño irreparable. Pero nada impide que un examen ulterior, a partir de nueva información suministrada por el Estado parte, lleve al Comité a concluir que la medida provisional no estaba justificada, o ya no es necesaria. Del mismo modo, la información aportada por las partes respecto a la admisibilidad y el fondo de la comunicación puede llevar incluso al Comité a concluir que la comunicación, que en un principio pareciera admisible prima facie es inadmisible por falta de suficiente fundamentación, como sucedió en este caso. No es entonces contradictorio que el Comité otorgue medidas provisionales y luego declare inadmisible el caso. Precisamente por eso, el procedimiento previsto en el artículo 7 del reglamento provisional en virtud del Protocolo Facultativo permite al Estado oponerse a una medida provisional y solicitar su levantamiento, suministrando al Comité razones por las que las medidas provisionales no se encuentran justificadas y no existe un riesgo de daño irreparable. Además, el Estado parte puede aportar observaciones alegando la inadmisibilidad la comunicación. En el caso presente, el Estado parte tenía entonces la posibilidad de esperar de buena fe a que el Comité respondiera a su solicitud de levantamiento de la medida provisional en vez de incumplirla días después de enviar su solicitud, y pese a haber sido informado de que el Comité tomaría una decisión respecto a su solicitud, tras recibir los comentarios de la peticionaria a ese respecto” (párr. 7.9).
MEDIDAS CAUTELARES; VIVIENDA; DESC; DESALOJO; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; TÍTULO DE PROPIEDAD; USURPACIÓN; RECURSOS; AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS; PRUEBA; RAZONABILIDAD; ADMISIBILIDAD;
Jenkins v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5 (Derecho a la libertad personal), 8.2 (Garantías judiciales) y 24 (Igualdad ante la ley) de la Convención Americana.
1. Prisión preventiva. Personas privadas de la libertad. Proporcionalidad. Revisión judicial.
“La Corte observa que la referida resolución de 29 de junio de 1994 contiene fundamentos únicamente en cuanto a la existencia del delito sancionado en el artículo 7 de la Ley No. 23.737 y la presunta participación del señor Jenkins. Efectivamente, la resolución se limitó a indicar cuáles eran los ‘elementos cargosos’ que afectaban al señor Jenkins” (párr. 79).
“La Corte advierte además que el mencionado auto no esboza ningún argumento con respecto a las razones por las cuales la prisión preventiva del señor Jenkins era necesaria, idónea y proporcional al fin perseguido, sino que únicamente se centra en la existencia de indicios que vincularían al señor Jenkins con la comisión de un delito de narcotráfico” (párr. 81).
“De eso modo, este Tribunal considera que el sólo criterio de la existencia de indicios que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga no son suficientes para justificar la imposición de una medida privativa de la libertad, sino que resulta esencial a acudir a elementos relativos a la finalidad legítima de la medida –esto es, eventual obstaculización del desarrollo normal del procedimiento penal o posibilidad de sustracción a la acción de la justicia– que lleven a la conclusión de que la medida de prisión preventiva es necesaria y proporcional al fin perseguido [hay nota]. En vista de lo anterior, la Corte concluye que la resolución […] que ordenó la prisión preventiva de señor Jenkins careció de una debida motivación en tanto que no expuso las razones por las cuales la medida perseguía un fin legítimo y era necesaria, idónea y proporcional a dicho fin” (párr. 82).
“La Corte ha precisado que una de las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención es estar sujeta a revisión periódica [hay nota], de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe” (párr. 83).
“Este Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad [hay nota], la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia [hay nota]. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea de forma mínima las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse” (párr. 85).
2. Prisión preventiva. Plazo razonable. Tráfico de estupefacientes. Igualdad. No discriminación.
“[L]a exclusión del beneficio del límite máximo de prisión preventiva que establecía la referida Ley No. 24.390 generó un trato desigual con respecto a las personas en prisión preventiva imputadas por un delito diferente al de narcotráfico, quienes, una vez cumplido el plazo de dos años estipulado en la señalada Ley tenían derecho a solicitar su excarcelación” (párr. 90).
“[L]os Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto [hay nota]. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana [hay nota] en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable [hay nota], es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido [hay nota]” (párr. 91).
“[L]a exclusión del beneficio de tiempo máximo de prisión preventiva para todas aquellas personas imputadas por narcotráfico se justificaba por el interés en perseguir a esa clase de organizaciones criminales, –y a sus integrantes–, dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes, así como por las obligaciones contraídas por el Estado al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La Corte observa, no obstante, que el señor Jenkins fue excluido de manera automática del beneficio de la excarcelación únicamente sobre la base del delito específico que se le imputaba, sin que se brindara una explicación sobre la finalidad específica que buscaba la diferencia de trato, su idoneidad, necesidad, proporcionalidad y, además, sin tener en cuenta sus circunstancias personales” (párr. 92).
“[E]l criterio por el cual se excluyó al señor Jenkins del beneficio de los plazos máximos de prisión preventiva implicó que se superara el límite establecido en la legislación nacional para la prisión preventiva de manera irrazonable, lo cual además constituyó un trato desigual frente a otras personas en situación similar que sí podían acceder a dicho beneficio” (párr. 94).
3. Plazo razonable. Recursos. Daños y perjuicios. Prisión preventiva.
“[L]a acción ejercitada por el señor Jenkins implicaba un análisis por parte de las autoridades judiciales sobre la existencia o no de un error judicial en el presente caso. Dicha determinación no requería, por tanto, una multitud de pruebas de difícil valoración, sino que se debía realizar un examen de las decisiones judiciales que versaron sobre la decisión de encarcelamiento del señor Jenkins, así como de las siguientes decisiones judiciales que rechazaron la solicitud de excarcelación interpuesta por éste. En consecuencia, este Tribunal advierte que el proceso de daños y perjuicios instado por el señor Jenkins no revestía elementos de especial complejidad” (párr. 113).
“[L]a correcta o incorrecta motivación de los recursos (o la inadmisión de alegatos debido a su interposición extemporánea) no tienen relación alguna, ni puede justificar, el retraso procesal a la hora de dar una debida respuesta por parte de las autoridades judiciales a la demanda interpuesta por el señor Jenkins” (párr. 116).
“[L]a Corte nota que el señor Jenkins estaba haciendo uso debido de los medios de impugnación reconocidos por la legislación aplicable para la defensa de sus intereses, cuestión que no puede redundar en su contra” (párr. 117).
“Por último, con respecto a los ofrecimientos de prueba señalados y la alegada presentación extemporánea de ciertos alegatos (supra párr. 114.4, 114.5 y 114.6), la Corte observa que el Estado no ha desplegado ningún tipo de actividad probatoria que acredite los mismos” (párr. 118).
PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD; PLAZO RAZONABLE; REVISION JUDICIAL; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; ARBITRARIEDAD; RIESGOS PROCESALES; RECURSOS; DAÑOS Y PERJUICIOS;
López y otros v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud de los artículos 5.1, 5.6, 11.2 y 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a los derechos a la integridad personal, a la finalidad esencial de la pena de reforma y readaptación social, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y familiar, y a la protección de la familia.
1. Personas privadas de libertad. Cárceles. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Régimen de visitas. Principio de intrascendencia de la pena.
“La Corte recuerda que en contextos de personas privadas de libertad, ‘los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano [hay nota]. Además, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular los derechos y obligaciones de la persona privada de libertad y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” (párr. 90).
“Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto a todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar [hay nota]” (párr. 91).
“La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afectación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad personal. Pueden, por ejemplo, verse restringidos los derechos de privacidad y de intimidad familiar. Sin embargo, esta restricción de derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de la misma, debe limitarse de manera rigurosa, puesto que toda restricción a un derecho humano sólo es justificable ante el derecho internacional cuando es necesaria en una sociedad democrática [hay nota]” (párr. 92).
“Respecto al artículo 5, la Corte ha sostenido que, entre otras garantías, el Estado debe garantizar visitas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal según las circunstancias [hay nota]. Así, la restricción a las visitas puede tener efectos en la integridad personal de la persona privada de libertad y de sus familias. Lo que busca el artículo 5.3 es justamente que los efectos de la privación de la libertad no trasciendan de modo innecesario a la persona del condenado más allá de lo indispensable” (párr. 93).
2. Personas privadas de libertad. Familia. Derecho a la vida privada y familiar. Principio de dignidad humana. Régimen de visitas. Principio de intrascendencia de la pena.
“[L]a familia, sin establecer que sea un modelo específico [hay nota], es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y el Estado. Dada la importancia de ese derecho, la Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar [hay nota]. Así, está obligado a realizar acciones positivas y negativas para proteger a las personas contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia [hay nota] y favorecer el respeto efectivo de la vida familiar [hay nota]” (párr. 98).
“[E]ntre las más severas injerencias que el Estado puede realizar en contra de la familia están aquellas acciones que resultan en su separación o fraccionamiento. Dicha situación recubre especial gravedad cuando en dicha separación se afectan derechos de niños, niñas y adolescentes [hay nota]” (párr. 99).
3. Derecho a la integridad personal. Principio de reinserción social. Debido proceso. Arbitrariedad. Traslado de detenidos. Control judicial.
“La Corte debe analizar los traslados objeto del presente caso y, siguiendo lo establecido por su jurisprudencia, verificar si representaron una restricción de derecho, si esa restricción estaba prevista en la ley, si fue abusiva o arbitraria, si perseguía un fin legítimo y cumplió con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad [hay nota]” (párr. 121).
“[D]ebido a la similitud del marco fáctico de las cuatro presuntas víctimas, los recursos interpuestos y la prueba aportada, la Corte realizará el estudio de los cuatro casos de manera simultánea, haciendo precisiones en cada caso concreto en donde sea necesario. En particular, la Corte observa que debería realizar el análisis de los actos administrativos motivados que determinaron los traslados objeto del presente caso. Sin embargo, como la Corte no cuenta con esa documentación en su expediente, a continuación se analizarán únicamente los traslados que fueron objeto de control judicial a partir de las solicitudes de traslado o recursos de habeas corpus interpuestos por las presuntas víctimas y sus abogados defensores” (párr. 122).
4. Principio de legalidad. Personas privadas de libertad. Traslado de detenidos. Cárceles.
“El criterio de legalidad, previsto en el artículo 30 de la Convención Americana [hay nota], establece que cualquier medida restrictiva de un derecho debe estar prevista en la ley [hay nota]. Así, por ejemplo, cuestiones tales como los traslados de personas privadas de la libertad de una cárcel a otra que generan afectaciones a la integridad personal o que separan a las familias, deben ser previstas en la normativa interna del Estado” (párr. 123).
5. Familia. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la vida privada y familiar. Personas privadas de libertad. Traslado de detenidos. Arbitrariedad. Principio de intrascendencia de la pena.
“[E]l Tribunal concluye que al trasladar a los señores Néstor López, Hugo Blanco, Miguel González y José Muñoz a cárceles lejanas de la provincia de Neuquén sin una evaluación previa ni posterior de los efectos en su vida privada y circunstancias familiares, el Estado incumplió la obligación de realizar acciones para proteger a las personas contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y familiar [hay nota], así como la obligación de favorecer el respeto efectivo de la vida familiar. Además, los continuos traslados produjeron afectaciones al bienestar físico y psicológico de las personas privadas de libertad, con efectos en sus familiares [hay nota], y obstaculizaron el contacto con sus abogados defensores. Asimismo, en el presente caso, la separación de los señores López y Blanco de sus familias revistió especial gravedad pues en dicha separación se afectaron derechos de sus hijos menores de edad en ese [hay nota]” (párr. 159).
“[L]a inexistencia de un marco legal claro distinto al disciplinario, que dio margen a traslados arbitrarios, inidóneos, innecesarios y desproporcionados, resulta en la responsabilidad internacional del Estado Argentino. De igual forma, la responsabilidad internacional del Estado se ve comprometida por la separación que dichos traslados generaron en el proceso de rehabilitación y la vida familiar de cada uno de las personas privadas de libertad” (párr. 160).
“[L]a Corte ha concluido que el Estado argentino no cuenta con una regulación apropiada sobre los traslados basados en el artículo 72 de la Ley 24.660 entre cárceles a nivel federal. De ello deviene que personas privadas de la libertad puedan ser trasladadas de manera arbitraria. En el presente caso, además, dicha práctica fue avalada por los jueces en el control posterior, al permitir, de forma reiterada, la discrecionalidad absoluta de la Servicio Penitenciario Nacional para asignar el local de cumplimiento de pena de los condenados, sin tener en cuenta o verificar, las circunstancias particulares y familiares de cada persona privada de libertad. De esta forma, no existieron criterios claros para hacer los traslados por parte de las autoridades administrativas, ni un control judicial efectivo de las valoraciones dadas por esas autoridades. Además, esa práctica resultó también en afectaciones a los familiares de los encarcelados quienes fueron sometidos a la decisión arbitraria del ente administrativo” (párr. 161).
“En lo que atañe a la separación del niño, la Corte ha afirmado que el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal. En el presente caso es evidente que la separación de los señores López y Muñoz de sus hijos estuvo justificada, inicialmente, por la condena penal. Lo que se requiere, por lo tanto, en relación con los traslados posteriores a centros de privación de libertad muy lejanos del lugar de residencia de su familia y, en particular, de sus hijos, era una ponderación por parte de las autoridades administrativas y judiciales sobre el efecto de dichas medidas en el desarrollo, vida privada y familiar de los niños más allá de la restricción propia de la separación física de la privación de libertad” (párr. 173).
“La suma de todos los factores mencionados anteriormente implica que las medidas adoptadas por las autoridades estales sobre el cumplimiento de la pena de los señores López y Blanco en cárceles alejadas de la Provincia de Neuquén, afectaron, también, a sus familiares. Esto provocó que la pena trascendiera hacia los familiares de los condenados, causándoles un daño y sufrimiento superior al implícito en la propia pena de privación de libertad” (párr. 174).
6. Derecho a la integridad personal. Tortura. Tratos crueles, inhumanos o degradantes. Vulnerabilidad. Condiciones de detención. Traslado de detenidos.
“El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención Americana acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma [hay nota]” (párr. 179).
“Asimismo, esta Corte ha señalado que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta [hay nota]. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos [hay nota]” (párr. 181).
“Para la Corte es evidente que durante los traslados, las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y están más expuestas a eventuales violaciones de derechos humanos. Al respecto, al referirse a las condiciones carcelarias y traslados, el Comité Europeo contra la Tortura ha establecido que en algunas circunstancias, la separación de las personas privadas de libertad de sus familias de manera injustificada puede equivaler a un trato inhumano o degradante” (párr. 182).
“En otras ocasiones este Tribunal ha establecido la existencia de tratos crueles inhumanos y/o degradantes, en situaciones en las cuales las personas privadas de libertad fueron sometidas a la suma de diversos factores como la incomunicación y la separación de las familias” (párr. 186).
7. Acceso a la justicia. Derecho de defensa. Protección judicial. Debido proceso. Control judicial. Ejecución de la pena. Recursos. Motivación.
“[E]stá probado que los defensores públicos que intervinieron ante la justicia argentina lograron interponer recursos y acceder al poder judicial solicitando el traslado de los condenados a la provincia de Neuquén, a pesar de la dificultad evidenciada en el capítulo anterior. El debate central del presente acápite, entonces, se circunscribe en determinar hasta qué punto la distancia y dificultades de comunicación originadas por los múltiples traslados (ilegales y arbitrarios) realizados por el Servicio Penitenciario Nacional representaron una vulneración al derecho de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor (artículo 8.2.d de la Convención)” (párr. 205).
“La Corte ya estableció que una de las consecuencias concretas de los múltiples traslados a que fueron sometidos los señores López, Muñoz, González y Blanco es que no pudieron contactar a sus abogados defensores en el tiempo y forma adecuados, lo que quedó plasmado en sus intervenciones ante el poder judicial argentino. Asimismo, los traslados tuvieron lugar de forma sorpresiva, sin que pudieran contactar o informar a sus familiares o abogados sobre ello […]. Asimismo, una vez que los traslados no eran objeto de consulta con las propias personas privadas de libertad ni pasaban por un control judicial sustantivo previo, es evidente que a las presuntas víctimas de ese caso no se les otorgó la posibilidad de defenderse u objetar sus traslados. El contacto y la consecuente intervención de un abogado era determinante para proteger los derechos en juego en cada traslado. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (párr. 206).
“[L]a presencia física de los señores López, Blanco, González y Muñoz en cárceles muy lejanas de la provincia de Neuquén, donde se ubicaban sus abogados defensores y el juzgado de ejecución de la pena, representó un obstáculo insuperable para comunicarse libre y privadamente con sus abogados para orientar y coordinar su defensa. En más de una ocasión las víctimas del presente caso solicitaron al juez que pudieran contactar a sus defensores. Es evidente que lo anterior limitó la posibilidad del ejercicio de una defensa técnica y de actuación diligente con el fin de proteger las garantías procesales del representado y evitar así que sus derechos se vieran lesionados durante la etapa de ejecución de la pena del proceso penal” (párr. 207).
“Consecuentemente, la Corte concluye que Argentina violó el derecho a ser asistido por un defensor o una defensora de su elección y de comunicarse libre y privadamente con el/ella, previsto en el artículo 8.2.d de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de [los peticionarios]” (párr. 208).
8. Recursos. Motivación.
“[U]na exposición clara de una decisión constituye parte esencial de una correcta motivación de una resolución judicial, entendida como ‘la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’ [hay nota]. En este sentido, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática [hay nota]. Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias [hay nota]. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión [hay nota]. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Por ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar los derechos a un debido proceso y de acceso a la justicia, en relación con el artículo 25 de la Convención [hay nota]” (párr. 214).
“Además, en ningún momento ni la administración pública ni los juzgadores llegaron a dar contenido a la expresión ‘readaptación’ de los condenados usada para justificar los traslados. En la opinión de la Corte, dicha expresión fue usada sin que se justificara cómo cada traslado resultaría positivamente en la readaptación de los condenados, sobre todo cuando se encontrarían lejos de sus familias, hijos, abogados y del juzgado de ejecución de la pena. Por ende la Corte considera que no se dio lugar a una ponderación entre la facultad de la administración federal de ubicar a los condenados, el alegado fin expreso de readaptación del condenado y el derecho de los mismos condenados e, incidentalmente, también de sus familiares, de que se mantenga, en la medida de lo posible, el contacto con la familia y el mundo exterior, en particular en relación con niñas y niños. En particular, era necesario que los tribunales realizaran un control respecto a que la medida impuesta no resultara en sufrimiento y violaciones de derechos en los familiares, es decir, que se certificaran que la pena no trascendería a la persona del condenado y que no excedería el sufrimiento implícito de la privación de libertad. Adicionalmente, era necesario, cuando solicitado, que los jueces intervinientes evaluaran el perjuicio al derecho a la defensa letrada y el contacto con sus defensores públicos” (párr. 220).
“[L]os recursos ante la Cámara en lo Criminal No. 2 de Neuquén, al no dar respuesta a los alegatos específicos del señor Blanco relativos a la afectación, entre otros, a su derecho a mantener contacto con su familia, devinieron en ineficaces para resolver el asunto planteado. Este Tribunal considera que la falta de motivación en esta instancia constituye elemento suficiente para declarar la vulneración del artículo 25 de la Convención Americana, al tener en cuenta que, tal como lo expresa el artículo 3 de la Ley 24.660, en este caso era el juez de ejecución de la pena el competente para garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley. Sin perjuicio de lo anterior, se considera, además, que si bien en las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén relativas a las impugnaciones de los fallos del juzgado de ejecución se presentaron argumentos específicos para descartar la relevancia del traslado frente al derecho de los familiares, al omitir en su resolución la prueba aportada por el recurrente relativa a los certificados médicos, historia clínica e informes médicos de la madre y hermana del señor Blanco, se incumplió con el deber de tener en cuenta los argumentos planteados por el recurrente en la motivación de su decisión. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que el Estado es también responsable por el incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a la protección judicial […]” (párr. 227).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TRASLADO DE DETENIDOS; RÉGIMEN DE VISITAS; FAMILIA; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; DEBIDO PROCESO; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VULNERABILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO DE DEFENSA; EJECUCIÓN DE LA PENA; RECURSOS; MOTIVACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; CONTROL JUDICIAL;
Hernández v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por haber infringido los artículos 5 y 26 (derecho a la integridad personal y derecho a la salud), 7 y 8 (derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
1. Personas privadas de la libertad. Cárceles. Hacinamiento. Derecho a la integridad personal. Trato cruel, inhumano o degradante.
“En el régimen de la Convención Americana, el sufrimiento y el deterioro a la integridad personal causado por la falta de atención médica adecuada –y el consecuente daño a su salud– de una persona privada de libertad pueden constituir por sí mismos tratos crueles, inhumanos y degradantes” (párr. 59).
“En relación a las condiciones de las instalaciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad, mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a la integridad personal” (párr. 60).
“La Corte considera que [las] omisiones estatales, si bien no se encontraban dirigidas a humillar o castigar al señor Hernández, sí constituyeron un trato degradante que la presunta víctima experimentó mientras se encontraba bajo la custodia del Estado” (párr. 61).
2. Personas privadas de la libertad. Cárceles. Derecho a la salud. Emergencia. Vulnerabilidad.
“En particular, en relación con las Reglas sobre Tratamiento de Reclusos, los Estados deben proveer atención médica calificada, inclusive psiquiátrica, a las personas privadas de libertad, tanto en situaciones de emergencia como para efectos de atención regular, ya sea en el propio lugar de detención o centro penitenciario o, en caso de no contar con ello, en los hospitales o centros de atención en salud donde corresponda otorgar ese servicio. El servicio de atención de la salud debe mantener historiales médicos adecuados, actualizados y confidenciales de todas las personas privadas de libertad, lo cual debe ser accesible para esas personas cuando lo soliciten. Esos servicios médicos deben estar organizados y coordinados con la administración general del servicio de atención en salud general, lo cual implica establecer procedimientos adecuados y expeditos para el diagnóstico y tratamiento de los enfermos, así como para su traslado cuando su estado de salud requiera cuidados especiales en establecimientos penitenciarios especializados o en hospitales civiles. Para hacer efectivos estos deberes, son necesarios protocolos de atención en salud y mecanismos ágiles y efectivos de traslado de prisioneros, particularmente en situaciones de emergencia o enfermedades graves [hay nota]” (párr. 88).
“[E]l Estado estaba obligado a garantizar que la presunta víctima fuera examinada por un médico para verificar cuáles eran las causas de su estado gripal y el dolor en el oído que manifestaba, para así detectar las causas de dichos padecimientos y brindar un tratamiento médico en caso de ser necesario. Esto era especialmente relevante debido a que el señor Hernández se encontraba privado de libertad y por la falta de espacio suficiente para los reclusos que se encontraban detenidos en la Comisaría de Monte Grande. [E]l Tribunal advierte que existió una omisión por parte del Estado en la adopción de medidas para realizar un diagnóstico de la condición de salud del señor Hernández al momento que el juez tuvo conocimiento de los primeros síntomas, lo cual representa un problema inicial de calidad en la atención a la salud” (párr. 89)
“[E]l Tribunal recuerda que el derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. El cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar este derecho deberá dar especial cuidado a los grupos vulnerables y marginados, y deberá realizarse de conformidad con los recursos disponibles de manera progresiva y de la legislación nacional aplicable. [E]l Tribunal constata que como consecuencia de la imposibilidad de internación del señor Hernández por el motivo antes expuesto, existieron lapsos de tiempo prolongado, atendiendo a la naturaleza de la enfermedad que padeció, en que dejó de recibir atención médica. La Corte advierte que la falta de disponibilidad de camas y la consecuente imposibilidad de proveerle atención médica inmediata representaron un problema de disponibilidad y accesibilidad en los servicios de salud” (párr. 93).
“[N]o está controvertido que el daño sufrido en la salud por parte del señor Hernández tiene un nexo causal con la enfermedad que padeció mientras estuvo bajo la custodia estatal, y correspondía al Estado aportar elementos probatorios que demostrasen la provisión de un tratamiento adecuado y oportuno mientras la presunta víctima estuvo privada de su libertad, lo cual no ocurrió en el presente caso. En ese sentido, debido a que el Estado incumplió con su carga probatoria de demostrar que otorgó un tratamiento médico adecuado al señor Hernández mientras se encontraba detenido, de forma tal que desvirtuara los alegatos relacionados con la falta de atención médica y las secuelas para su integridad personal, así como por los problemas de calidad accesibilidad y disponibilidad en los servicios de salud, el Tribunal concluye que las afectaciones físicas y psicológicas que sufrió el señor Hernández como resultado de su enfermedad mientras se encontraba detenido son atribuibles al Estado y generan responsabilidad internacional por la violación al derecho a la salud” (párr. 95).
3. Principio de inocencia. Prisión preventiva. Riesgos procesales.
“[E]l Tribunal considera que únicamente deben ser considerados como finalidades legítimas, aquellas que están atadas directamente con el desarrollo eficaz del proceso, es decir, que estén vinculadas con el peligro de fuga del procesado, directamente establecido en el artículo 7.5 de la Convención Americana, y aquella que busca evitar que el procesado impida el desarrollo del procedimiento” (párr. 110).
“La Corte considera que la verificación de la existencia de indicios que permitan suponer la responsabilidad de la conducta cumple la función de prevenir que una persona sea detenida sobre la base de la mera sospecha o percepción personal respecto de su responsabilidad, y de esta forma se constituye como una garantía más de la persona a la hora de proceder a la aplicación de la prisión preventiva. Sin embargo, la comprobación de dichos indicios no constituye per se una finalidad legítima para la adopción de la medida de prisión preventiva, pues esto constituiría un juicio anticipado sobre la culpabilidad de la persona imputada y una violación al principio de presunción de inocencia.
La determinación de la finalidad de la prisión preventiva requiere un análisis independiente, mediante el cual el juez funde su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto [hay nota], que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado [hay nota], quien además debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado [hay nota]. En el presente caso la Corte considera que la prisión preventiva ordenada en contra del señor Hernández no tuvo un fin legítimo amparado por la Convención, pues el Juez de la Causa en ningún momento hizo mención de la necesidad de dictar dicha medida con la finalidad de evitar la obstaculización del desarrollo del proceso o que se eludiera la acción de la justicia, y centro en cambio su argumentación en acreditar la existencia de elementos de prueba sobre la posible responsabilidad penal del señor Hernández” (párr. 116).
4. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud. Debido proceso. Acceso a la justicia. Vulnerabilidad.
“[N]o existió cumplimiento adecuado de las determinaciones del Juez de la Causa, las cuales implicaban que las autoridades carcelarias realizaran acciones concretas relacionadas con la atención a la salud del señor Hernández. De los hechos se desprende que existieron lapsos prolongados de incumplimiento de dichas órdenes, o que algunas de ellas no se cumplieron. La Corte considera que los recursos intentados por personas que tienen alguna enfermedad que requiere de una atención médica para evitar afecciones graves a su salud, integridad personal, o su vida, implica una obligación reforzada de respeto y garantía de sus derechos. Este Tribunal ha señalado que las resoluciones de recursos intentados requieren que se tome en cuenta la vulnerabilidad y el riesgo de afectación a los derechos en juego para las presuntas víctimas [hay nota]. Por tanto, la Corte concluye que el Estado no cumplió debidamente su posición de garante frente a las condiciones de detención del señor Hernández al no dar cumplimiento a las órdenes del Juez de la Causa, más aún cuando tuvo conocimiento de que el estado de salud de la presunta víctima presentaba un deterioro constante y que este se encontraba privado de libertad” (párr. 133).
“[E]l Tribunal considera suficientemente acreditada la afectación a la integridad personal de la señora San Martín de Hernández como resultado del dolor, angustia e incertidumbre que le ocasionó el progresivo deterioro de la salud de su hijo mientras se encontraba detenido, sumado a los sentimientos de frustración e impotencia por la falta de atención médica a pesar de las órdenes que el Juez de la Causa emitió para esos efectos” (párr. 151).  
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; HACINAMIENTO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO A LA SALUD; PRINCIPIO DE INOCENCIA; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; VULNERABILIDAD;
Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentesComisión Interamericana de Derechos Humanos
Entre sus conclusiones, la CIDH llamó tanto a los Estados de la región como a las demás partes interesadas a hacer uso del análisis desarrollado en el informe con miras a mejorar y fortalecer la legislación, las políticas y las prácticas para hacer frente a la discriminación y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, señaló la necesidad de identificar los grupos del colectivo que se encuentren en especiales condiciones de discriminación o riesgo con el fin de que se adopten políticas públicas, programas y mecanismos de protección judicial para prevenir, responder y remediar los hechos de violencia desde un enfoque inter-seccional. Por último, consideró primordial el diseño y fortalecimiento de las políticas de prevención de los actos de violencia y discriminación de modo que abarque los sectores de justicia, educación y salud.
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Autonomía.
“Con respecto a la autonomía progresiva y las leyes que la aplican de manera integral, la Comisión destaca dos ejemplos que incorporan adecuadamente este principio. En Argentina, el Código Civil vigente, aprobado en 2014, evoluciona a partir de la antigua dicotomía entre los conceptos de capacidad e incapacidad para insertar el principio de autonomía progresiva como una forma de determinar la capacidad de los adolescentes para realizar actos de la vida civil, no estableciendo una edad mínima [y, en México] la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la autonomía progresiva es un principio rector para la protección de estos derechos” (párrs. 75 y 76).
“En el centro de la Convención sobre los Derechos del Niño, está el interés superior como parámetro fundamental que debe considerarse en cualquier decisión que afecte a niños, niñas y adolescentes, ya sea pública o privada. Este concepto tiene como objetivo el pleno y efectivo disfrute de todos los derechos previstos en la CDN y se aplica en forma tridimensional como un derecho sustantivo, un principio interpretativo de los derechos del niño y como una norma de procedimiento, en línea con lo que ya ha expresado el Comité sobre los derechos del Niño [hay nota]. De acuerdo con los estándares interamericanos referentes al interés superior del niño, los Estados deben incluirlo explícitamente como un principio guía para ser considerado en cualquier acción, política o decisión que afecte los derechos de los niños y adolescentes” (párr. 80).
2. Violencia de género. No discriminación. Estereotipos de género. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a Comisión considera importante que la legislación nacional que trata de la protección de los derechos de los niños y adolescentes reconozca la situación particular de vulnerabilidad a la que se insertan las niñas y adolescentes debido a su género. Si bien la gran mayoría de las leyes generales prevén la lucha contra la discriminación de cualquier tipo, particularmente por motivos de sexo, la CIDH señala que los ejemplos que incluyen una perspectiva de género como transversal e interseccional son escasos” (párr. 88).
“En el marco de su mandato, la CIDH ha afirmado la necesidad de atender las causas de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes en todas sus manifestaciones para hacer frente a las principales problemáticas actuales en la región, que resultan en la vulneración del ejercicio y goce de sus derechos humanos. De la misma forma, la Comisión ha reafirmado la interseccionalidad como un concepto básico para comprender las maneras que se superponen los diferentes niveles de discriminación, el impacto de su concurrencia en el goce y ejercicios de los derechos humanos, y el alcance de las obligaciones de los Estados en la adecuación de sus respuestas frente a las mismas” (párr. 92).
“La CIDH ha reiterado en varias ocasiones la obligación de los Estados de erradicar la discriminación basada en género contra las mujeres [hay nota]. En particular, los Estados han de ‘consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese Principio [hay nota]’. Lo anterior incluye adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la discriminación y la violencia contra las mujeres [hay nota]. A pesar de lo anterior, y según las informaciones recibidas por la CIDH, en algunos países de América Latina y del Caribe el principio de igualdad entre hombres y mujeres no está aún consagrado en las constituciones o leyes nacionales, el principio de discriminación no incluye la discriminación basada en género e incluso, en algunos casos, siguen persistiendo normas discriminatorias contra las mujeres basadas en su género” (párr. 96).
3. Abuso sexual. Consentimiento. Matrimonio.
“La Comisión señala que al penalizar de manera genérica la violación sexual e incluir circunstancias restrictivas para su enjuiciamiento, el matrimonio implicaría un consentimiento sexual entre los cónyuges en todo momento. Estas posturas descansan en la concepción de que la finalidad del contrato conyugal es la procreación y, por lo tanto, mantener relaciones sexuales es un deber correlativo a la naturaleza del matrimonio, con o sin consentimiento, deber que estaría especialmente dirigido a las mujeres por cuenta del rol asociado a su género por su capacidad reproductiva. Al respecto, la Comisión reitera que toda relación sexual sin consentimiento es una forma de violencia sexual y una forma de violencia contra las mujeres” (párr. 102).
“[L]a Comisión advierte que la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en las normas como en la práctica, es un requisito indispensable para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, reitera sus recomendaciones en la materia” (párr. 103).
4. Medios de comunicación. Funcionarios públicos. Estereotipos de género. LGBTIQ.
“Los medios de comunicación juegan un rol destacado en la formación de percepciones sociales, tanto en su vertiente informativa como de entretenimiento, por lo cual la Comisión ha destacado la capacidad de influencia de los medios de comunicación en la transformación de percepciones sociales a la vez que ha alertado, por ejemplo, sobre el tratamiento mediático estereotipado que algunos medios de comunicación hacen de las niñas, las adolescentes y las mujeres [hay nota]. Si bien la CIDH ha afirmado y reconocido el rol positivo que los distintos medios de comunicación y los periodistas pueden jugar en la promoción del principio de igualdad y en la lucha contra la discriminación y los estereotipos abordando asuntos de preocupación para grupos sometidos a discriminación histórica [hay nota], también ha continuado recibiendo denuncias con respecto al incremento de discursos que incitan a la violencia por razones discriminatorias en el espacio público y en redes sociales, sobre todo respecto a mujeres, personas LGBTI, afrodescendientes así como personas defensoras de tierra, la vivienda y el medio ambiente [hay nota]” (párr. 109).
“La Comisión observa que, en ocasiones, algunos medios de comunicación, aún sin tener la intención concreta de promover este tipo de conducta, podrían operan como generadores o canalizadores de mensajes cargados con lenguaje o imágenes discriminatorias que perpetúan estereotipos de género perjudiciales, que promueven desigualdades163 y contribuyen al contexto de violencia y discriminación endémica contra la mujer” (párr. 110).
“En vista que el impacto de este tipo de discurso es aún mayor cuando proviene de funcionarios públicos, la Comisión reafirma que, a la luz de las obligaciones estatales de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar que, cuando ejercen su derecho de libertad de expresión, no están ignorando los derechos humanos de otras personas [hay nota]. Como lo ha establecido la Corte Interamericana, los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, sus declaraciones no pueden desconocerlos [hay nota]. Al respecto, la CIDH ha señalado en reiteradas oportunidades que los funcionarios públicos deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia por razones discriminatorias, lo cual requiere que los mismos contribuyan de manera contundente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto, y que se abstengan de realizar declaraciones que expongan a distintos grupos a un mayor riesgo de actos de violencia [hay nota]. Si bien un discurso oficial puede no haber autorizado, instruido o incitado directamente a la violencia, su contenido o mensaje con frecuencia puede poner a las potenciales víctimas de violencia en una situación de mayor vulnerabilidad ante el Estado y ante ciertos sectores de la sociedad” (párr. 112).
“[L]la Comisión recuerda a los Estados de la región su obligación de adoptar medidas específicas para contrarrestar prejuicios, costumbres y cualquier otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de las mujeres. Asimismo, la Comisión observa que en el marco del cumplimento de sus obligaciones, los Estados deben instaurar un marco jurídico nacional que reconozca la igualdad de género en la vida cultural y familiar, aplicado a todos los ámbitos de la vida y primando sobre cualquier ley, norma, código o reglamento basado en el derecho religioso, consuetudinario o indígena, sin posibilidad de excepción, derogación o elusión” (párr. 117).
5. Violencia de género. Acceso a la justicia. Debido proceso.
La Comisión destacó las leyes sancionadas por Argentina, Perú y Chile en relación a la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. A su vez consideró que la ley Nº 27.499 (Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado) resulta positiva ya que “fue presentado a los fines de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la Convención Belém do Pará, en atención a la jurisprudencia de la Corte IDH y a las recomendaciones hechas al Estado argentino por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el MESECVI [hay nota]” (párr. 27).
“La Comisión ha reiterado la obligación de los Estados de garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación seria, oportuna, completa e imparcial, así como de la adecuada sanción de los responsables y la reparación integral de las víctimas. A la luz de este deber, la Comisión ha destacado que la investigación penal debe estar a cargo de autoridades competentes e imparciales capacitadas en materia de género y de derechos de las mujeres y en materia de atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género [hay nota]” (párr. 132).
“[L]as informaciones recabadas por la CIDH también dan cuenta que existiría una carencia de operadores de justicia y de entidades especializadas o con competencia, tanto en zonas urbanas como zonas rurales, para abordar la violencia contra las mujeres. Si bien la Comisión ha saludado los esfuerzos realizados por varios países de la región en fortalecer la institucionalidad especializada en materia de protección y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia [hay nota], ha tenido también conocimiento de la falta de recursos y de personal que afectan a muchas de estas instituciones y que debilitan su capacidad de acción efectiva. Estas instancias pueden verse desbordadas ante la cantidad elevada de denuncias, al tiempo que siguen existiendo lagunas lingüísticas, geográficas, físicas y culturales para lograr el acceso a mujeres pertenecientes a grupos en particular situación de riesgo o exclusión” (párr. 138).
“Como parte fundamental del acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, la CIDH ha destacado en numerosas oportunidades la obligación de los Estados de brindar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas, proporcional al daño sufrido que incluya las garantías de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición [hay nota]. La reparación ha de ser integral en tanto las medidas que se tomen deben ser coherentes y complementarias entre sí como un conjunto de acciones destinadas a restituir los derechos de las víctimas” (párr. 140).
“[L]
a CIDH ha mostrado su preocupación respecto a que, en muchos casos, las mujeres asesinadas habían denunciado con anterioridad a sus agresores, enfrentado graves hechos de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio anteriores [hay nota]. Esta situación refleja las deficiencias existentes en los mecanismos de prevención y protección de las mujeres ante los riesgos de violencia de género y en particular, ante el riesgo de asesinato [hay nota]. Aunado a lo anterior, la Comisión advierte que los países que cuentan con leyes de penalización del femicidio/feminicidio pero no han aprobado leyes integrales, han centrado la respuesta al problema en el sistema penal, siendo que la Convención de Belém do Pará exige de los Estados también el desarrollo de acciones de prevención, protección, investigación y reparación, además de la penalización de la violencia contra las mujeres” (párr. 160).
6. Violencia de género. Vulnerabilidad. Pueblos indígenas.
“[L]a CIDH advierte en la región la existencia de violencia y discriminación afectando específicamente a mujeres y niñas en especial situación de vulnerabilidad, como mujeres y niñas campesinas y rurales, afrodescendientes e indígenas [hay nota]” (párr. 152).
“[L]a Comisión destaca la invisibilización de la situación de riesgo de sufrir violencia sexual en que se encuentran mujeres en situación de vulnerabilidad adicional como las mujeres indígenas [hay nota], trabajadoras del hogar, internadas en hospitales psiquiátricos, en el ámbito universitario, niñas y adolescentes del área rural, las mujeres migrantes o aquéllas de orientación sexual o identidad de género diversa” (párr. 175).
7. Violencia de género. Violencia obstétrica. Aborto.
“[L]a CIDH ve con preocupación las barreras existentes en el acceso al anticonceptivo oral de emergencia, de manera legal y gratuita, para mujeres víctimas de violencia sexual. Obligar a las mujeres, niñas y adolescentes a seguir adelante con un embarazo producto de una violación sexual puede conllevar afectaciones físicas y emocionales inminentes para ellas, por lo que la Comisión ha instado a los Estados de la región a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y la protección, sin discriminación, de los derechos sexuales y reproductivos de todas mujeres según los estándares interamericanos en la materia” (párr. 180).
“Si bien no existe una definición jurídica del concepto de violencia obstétrica en derecho público internacional, la CIDH ha considerado que ‘la violencia obstétrica abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto, en centros de salud públicos o privados [hay nota]’. Así, la violencia obstétrica se configura en las acciones u omisiones por parte de los médicos y personal de apoyo en servicios de salud, públicos o privados, durante la atención en el proceso de gestación, parto y postparto, que se caracterizan por un trato deshumanizador o discriminatorio que causan un daño físico, psicológico o moral a la mujer [hay nota]” (párr. 181).
“La CIDH advierte que este tipo de violencia encierra concepciones machistas y estereotipadas sobre el rol de las mujeres, su experiencia de la maternidad y sobre sus cuerpos y por tanto, representa una forma de discriminación contra ellas, basándose en el supuesto que el sufrimiento hace parte de la experiencia del embarazo; en la supuesta inferioridad de las mujeres; en su pretendida incapacidad para tomar decisiones adecuadas sobre sus procesos reproductivos; y en nociones machistas relativas a los cuerpos de las mujeres como objetos de placer sexual para los hombres” (párr. 182).
“[L]a obligación fundamental de los Estados incluye garantizar el acceso pronto y adecuado a servicios de salud que sólo las mujeres, adolescentes y niñas necesitan en función de su género y de su función reproductiva, libre de toda forma de discriminación y de violencia, de conformidad con los compromisos internacionales vigentes en materia de desigualdad de género” (párr. 200).
“De igual forma, la Comisión reitera el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación en los casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto y en embarazos resultantes de violencia sexual o incesto [hay nota]. Lo anterior, en tanto dichas disposiciones imponen una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros [hay nota]. Al respecto, la Comisión advierte que la criminalización absoluta del aborto, al imponer una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad” (párr. 202).
8. Violencia de género. Niños, niñas y adolescentes. Abuso sexual.
“[L]a violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las adolescentes es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. La Comisión ha entendido que esta forma de violencia puede afectar por completo el proyecto de vida de una niña o adolescente; por ejemplo, cuando se convierten en madres como consecuencia de una violación; al ser excluidas por la estigmatización y discriminación que sufren en los centros educativos al encontrarse embarazadas; y cuando por presiones familiares son forzadas a contraer matrimonio con su agresor. La CIDH también ha tenido conocimiento que un número elevado de niñas víctimas de violencia sexual son separadas de sus familias, institucionalizadas o bien abandonan los estudios debido a la falta de apoyo” (párr. 231).
“[F]rente a una percepción de desprotección, las adolescentes que sufren violencia sexual en sus hogares toman a menudo la iniciativa de abandonar sus hogares como una medida para poner fin a los abusos cuando no existen otros resortes a los que acudir o no son accesibles o confiables, o no se atreven a denunciar [hay nota]. Resulta crucial destacar que esta situación a su vez las expone a otras formas de violencia y vulneración a sus derechos; muchas niñas y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica o sexual en sus hogares que deciden huir terminan siendo captadas por redes de trata de personas” (párr. 237).
“[L]a Comisión reconoce que la violencia sexual contra niñas y adolescentes es un fenómeno con dinámicas específicas que la diferencian de la violencia sexual contra personas adultas. La Corte Interamericana ha destacado que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas [hay nota]. En el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, este impacto podría verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima, como un progenitor” (párr. 247).
“En los casos en que la violencia sexual haya resultado en un embarazo forzado en niñas y adolescentes, la CIDH destaca la importancia de adoptar protocolos adecuados para garantizar el acceso legal, oportuno y gratuito a métodos anticonceptivos de emergencia y a información veraz, suficiente e imparcial para acceder a la interrupción legal del embarazo, especialmente cuando se trata de niñas de corta edad [hay nota]. En este respecto, el acceso efectivo a los servicios de salud adecuados para las víctimas, con base en protocolos de atención médica que incluyan la obligación de proveer información adecuada a las víctimas de violencia sexual y a sus familia que regulen cómo, cuándo y por quién puede determinarse la interrupción legal del embarazo, permitiría que en la práctica exista un acceso real a estos procedimientos sin discriminación y sin ningún tipo de consecuencias penales o de criminalización. Lo anterior cobra particular importancia en los países cuya legislación interna del país prevé la posibilidad de la interrupción legal del embarazo en los casos en que el mismo represente un riesgo para la vida de la niña” (párr. 260).
9. Violencia de género. Niños, niñas y adolescentes. Internet. Grooming.
“Los NNA al estar expuestos desde corta edad a un uso frecuente de tecnologías de la información y la comunicación, representan un alto porcentaje de los y las usuarios y usuarias de las mismas. No obstante, es crucial tener en cuenta que todos los niños que se conectan a internet corren cierto nivel de riesgo. Como ha sido señalado, la CIDH sostiene que la violencia que sufren las mujeres y las niñas adopta muchas formas que, de hecho, pueden reforzarse mutuamente y superponerse [hay nota]. La violencia contra las mujeres en Internet ha surgido como una nueva forma de violencia por razones de género la cual la CIDH nota se está extendiendo rápidamente y supone un peligro significativo” (párr. 303).
“La violencia en línea contra las mujeres, niñas y adolescentes incluye actos que en parte o en su totalidad se originan o materializan por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente en redes sociales. Debido a la accesibilidad de estas tecnologías para una importante población, la Comisión destaca que las niñas y adolescentes en particular se enfrentan a un riesgo elevado de actos de violencia y discriminación como, entre otros, el acoso, el grooming [hay nota], las amenazas, el chantaje y el acoso sexual; la carga y/o difusión de fotos íntimas, videos o clips de audio sin su consentimiento; al acceso o divulgación de sus datos privados sin su consentimiento; a la carga y difusión de fotos o videos modificados de niñas y adolescentes como material de pornografía; creación de perfiles falsos, etc.” (párr. 304).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AUTONOMÍA; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ABUSO SEXUAL; CONSENTIMIENTO; MATRIMONIO; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; LGBTIQ; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; ABORTO; INTERNET; GROOMING; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Doolan v. AustraliaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que Australia violó los artículos 5 (derecho a la igualdad y no discriminación), 12 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 13 (acceso a la justicia), 14 (derecho a la libertad y la seguridad), 15 (prohibición de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1. Personas con discapacidad. Igualdad. Protección jurídica. No discriminación. Ajustes razonables.
“[E]n virtud de lo dispuesto en el artículo 5, párrafos 1 y 2, de la Convención, los Estados partes deben velar por que todas las personas sean iguales ante la ley y tengan derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna, y que los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación. El Comité recuerda también que la discriminación puede ser consecuencia del efecto discriminatorio de una norma o medida carente de la intención de discriminar, pero que afecte desproporcionadamente a las personas con discapacidad. [L]a cuestión que el Comité tiene ante sí es determinar si el trato diferenciado […] es razonable, o si da lugar a un trato discriminatorio contra las personas con discapacidad” (párr. 8.3).
2. Personas con discapacidad. Personas privadas de libertad. Capacidad para estar en juicio. Capacidad jurídica. Acceso a la justicia. Garantía de imparcialidad.
“[E]n virtud de la parte II.A del Código Penal del Territorio del Norte, cuando se declara que una persona no es apta para comparecer en juicio, esta puede ser privada de libertad por tiempo ilimitado, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 43ZC del Código, la orden de supervisión se dicta por un período indefinido con ciertas condiciones relativas a su modificación, revocación o revisión completa. Se presumirá que la persona objeto de una orden de supervisión no es apta para comparecer en juicio hasta que se determine lo contrario. Entretanto, la persona no tiene ninguna posibilidad de ejercer su capacidad jurídica ante los tribunales […]. El Comité observa que durante el tiempo que el peticionario permaneció recluido, todo el procedimiento judicial se centró en su capacidad mental para comparecer en juicio, y no se le concedió ninguna posibilidad de declararse inocente o culpable de los hechos que se le imputaban. Como se aclara en el párrafo 16 de la Observación General núm. 6 (2018) del Comité relativa a la igualdad y la no discriminación, la expresión ‘beneficiarse de la ley en igual medida’ significa que los Estados partes deben eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a todos los tipos de protección de la ley y a los beneficios de la igualdad de acceso a la ley y la justicia para hacer valer sus derechos. Por consiguiente, el Comité considera que la parte II.A del Código Penal del Territorio del Norte dio lugar a un tratamiento discriminatorio […]” (párr. 8.4).
“A ese respecto, el Comité observa que, según la información que consta en el expediente, no se consultó al peticionario en ninguna de las etapas del procedimiento relativo a su internamiento y alojamiento. [E]l Comité recuerda que la Convención reconoce el derecho de las personas a no verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico en razón de su discapacidad y que la institucionalización de las personas con discapacidad como condición para recibir servicios públicos de salud mental constituye un trato diferenciado por motivos de discapacidad y que, como tal, es discriminatorio. Por consiguiente, el Comité considera que el internamiento del peticionario en una institución especial a causa de su discapacidad […] vulneró el artículo 5 de la Convención” (párr. 8.5).
“[E]l hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12 y que, en virtud del artículo 12, párrafo 2, los Estados partes tienen la obligación de reconocer que las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Según el artículo 12, párrafo 3, los Estados partes deben proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar para ejercer su capacidad jurídica. El Comité recuerda también que, en virtud del artículo 13, párrafo 1, los Estados partes deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad” (párr. 8.6).
3. Personas con discapacidad. Personas privadas de libertad. Debido proceso. Ajustes razonables. Capacidad jurídica. Acceso a la justicia. Derecho a la seguridad.
“[L]a decisión de que el peticionario no era apto para comparecer en juicio a causa de su discapacidad intelectual y psicosocial dio pie a una privación de su derecho a ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente e impugnar las pruebas presentadas contra él. El Comité considera que las autoridades del Estado parte no prestaron al peticionario ninguna forma de apoyo o ajustes para que pudiera comparecer en juicio y ejercer su capacidad jurídica. Por consiguiente, no tuvo la posibilidad de obtener una resolución en relación con los cargos que se le imputaban. El Comité considera que, si bien los Estados partes disponen de cierto margen de apreciación al determinar los ajustes procesales que han de efectuarse para permitir a las personas con discapacidad ejercer su capacidad jurídica, tienen la obligación de respetar los derechos del interesado. Esto no sucedió en el caso del peticionario, ya que no se le ofreció ninguna posibilidad ni recibió el apoyo o los ajustes que necesitaba para ejercer sus derechos de acceso a la justicia y a un juicio imparcial” (párr. 8.7).
“En cuanto a las afirmaciones del peticionario relacionadas con su privación de libertad, el Comité reafirma que la libertad y la seguridad de la persona es uno de los más valiosos derechos de los que se puede disfrutar. En particular, todas las personas con discapacidad, y especialmente las personas con discapacidad mental o psicosocial, tienen derecho a la libertad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención. [E]l encarcelamiento del peticionario se decidió, pues, en función de la evaluación realizada por las autoridades del Estado parte acerca de las posibles consecuencias de su discapacidad intelectual, sin que hubiera una condena penal, con lo que su discapacidad se convirtió en la causa fundamental de su privación de libertad. Por consiguiente, el Comité considera que la privación de libertad del peticionario constituye una violación del artículo 14, párrafo 1 b), de la Convención, conforme al cual la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso una privación de la libertad” (párr. 8.8).
4. Personas con discapacidad. Condiciones de detención. Vulnerabilidad. Trato cruel, inhumano o degradante. Violencia. Derecho a la esperanza.
“[L]os Estados partes se encuentran en una posición especial en lo que atañe a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dado el grado de control que ejercen sobre esas personas, en particular en lo que se refiere a impedir todo trato contrario al artículo 15 y proteger los derechos que se les reconocen en ese instrumento. En este contexto, las autoridades del Estado parte han de prestar especial atención a las necesidades particulares y a la posible vulnerabilidad de las personas de que se trate, entre otras cosas a causa de su discapacidad. El Comité recuerda, además, que el hecho de no adoptar las medidas pertinentes ni realizar ajustes razonables suficientes cuando lo requieran personas con discapacidad privadas de su libertad puede constituir una vulneración del artículo 15, párrafo 2, de la Convención” (párr. 8.9).
“En el presente caso, el peticionario afirma que estuvo recluido en régimen de máxima seguridad, que convivió con personas que habían sido condenadas, que se le sometió a tratamiento no voluntario y que fue objeto de actos de violencia por otros presos [...]. Teniendo en cuenta los efectos psicológicos irreparables que la reclusión indefinida puede tener sobre el afectado, el Comité considera que el internamiento indefinido de que fue objeto el peticionario constituye un trato inhumano y degradante. El Comité considera, por consiguiente, que, si bien el peticionario no ha demostrado que fue objeto de violencia por otros presos, el carácter indefinido de su internamiento, su reclusión en un centro penitenciario sin haber sido condenado por un delito, el hecho de que fuera aislado periódicamente, el tratamiento forzado que se le administró y su reclusión junto con personas condenadas constituyen una violación del artículo 15 de la Convención” (párr. 10).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; PERSONALIDAD JURÍDICA; LIBERTAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; VULNERABILIDAD; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; VIOLENCIA; DERECHO A LA ESPERANZA;
Romero Feris v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación a los derechos reconocidos en los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 7 (derecho a la libertad personal) y al punto 2 del artículo 8 (principio de inocencia) de la Convención Americana.
1. Prisión preventiva. Libertad. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad. Arbitrariedad.
“[L]a Corte considera que el alegato del Estado según el cual el tiempo excedido respecto del máximo legal de la prisión preventiva fue computado en virtud del beneficio llamado de ‘2x1’ que preveía entonces la Ley N° 24.390, consistente en computar dos días de prisión por cada día de prisión preventiva que hubiera excedido los dos años; no es elemento suficiente para justificar el incumplimiento de los términos establecidos en la ley y la decisión judicial, pues si bien es una figura que favorece al procesado que finalmente resulta condenado, dado el principio de reserva legal y el principio de presunción de inocencia, no tiene la virtualidad de otorgar legalidad a una medida que ha incumplido los postulados establecidos en la normatividad interna. Adicionalmente, esta postura desconoce la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al justificar que opere como una pena, con carácter sancionatorio, pese a tener una finalidad inicial relacionada íntimamente con el desarrollo del proceso, lo que resultaría, igualmente, contrario al principio de presunción de inocencia” (párr. 82).
“La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que: i. se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; ii. esas medidas cumplan con los cuatro elementos del ‘test de proporcionalidad’, es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana) [hay nota], idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional [hay nota], y iii. la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas” (párr. 92).
“[L]la Corte ha indicado que para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito” (párr. 93).
“En este punto, es necesario enfatizar que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni tampoco es un elemento que sea susceptible de menoscabar el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención. Por el contrario, tal como lo indica el derecho comparado de varios países de la región [hay nota], y del Estado argentino [hay nota], así como la práctica de Tribunales internacionales [hay nota], se trata de un supuesto adicional a los otros requisitos relacionados con la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, y opera como una garantía suplementaria a la hora de proceder a la aplicación de una medida cautelar restrictiva de la libertad” (párr. 94).
“Lo anterior debe entenderse teniendo en cuenta que, en principio y en términos generales, esta decisión no debería tener ningún efecto frente a la del juzgador respecto de la responsabilidad del procesado, dado que suele ser tomada por un juez o autoridad judicial diferente a la que finalmente toma la decisión sobre el fondo” (párr. 95).
2. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Principio de proporcionalidad. Plazo razonable.
“[L]a Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo [hay nota], la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado de un delito que goza del principio de presunción de inocencia [hay nota]. A su vez, este Tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena [hay nota]. En consecuencia, ha indicado que la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal” (párr. 97).
“Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida” (párr. 98).
“[L]a Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dichas medidas, únicamente cuando encuentre que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal” (párr. 106).
“[L]a Corte ha dicho en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, deberá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio [hay nota]. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto” (párr. 109).
“En este sentido, la Corte encuentra que los argumentos utilizados para justificar el peligro de fuga, no están basados en hechos específicos, en criterios objetivos y en una argumentación idónea. Por el contrario, los mismos reposan en meras conjeturas a partir de criterios que no se corresponden con las particularidades del caso y que consisten más en bien en afirmaciones abstractas. Lo anterior sería indicativo de un manifiesto y notorio apartamiento de los criterios establecidos por la jurisprudencia en esta materia” (párr. 118).
3. Prisión preventiva. Plazo razonable. Recursos. Revisión judicial. Motivación. Principio de legalidad.
“El artículo 7.6 de la Convención protege el derecho de toda persona privada de la libertad a recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. El Tribunal ha interpretado que este derecho va dirigido a permitir el control judicial sobre las privaciones de libertad” (párr. 122).
“En relación con este alegato, la Corte considera que los cuestionamientos relativos a la motivación del juez y a los fundamentos de la prórroga de la medida de prisión preventiva analizados en el acápite anterior y que fueron considerados arbitrarios tuvieron como consecuencia que los recursos presentados por el señor Romero Feris no fueron efectivos” (párr. 123).
PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; ARBITRARIEDAD; RIESGOS PROCESALES; PELIGRO DE FUGA; PLAZO RAZONABLE; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; MOTIVACIÓN;
Rosadio Villavicencio v. PerúCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Perú era responsable por haber infringido:
• el artículo 8.4 de la Convención Americana (principio de non bis in ídem), en relación con el proceso penal ordinario y el proceso penal militar;
• el artículo 8.2.b (derechos a ser comunicado previamente y de forma detallada de la acusación y a ser notificado, sin demora, de los cargos formulados en su contra);
• los artículos 8.2.d. y 8.2.e (derecho a contar con un defensor o defensora);
• los artículos 8.1 y 8.2.c (derecho a ser oído y el derecho a la defensa);
• el artículo 8.1 (deber de motivación);
• y el artículo 8.1 en el marco del proceso penal militar (derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial).
Todos ellos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Finalmente, consideró que Perú era responsable por la violación de los artículos 7.1, 7.3, 7.5 y 8.2 (derecho a la libertad personal) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
1. Non bis in ídem. Concurso de delitos. Pena. Sanciones disciplinarias.
“[C]onforme a una interpretación dogmática de la Convención, siendo inadmisible entender ninguna de sus disposiciones como contradictoria con el Sistema Universal de Derechos Humanos ni con todas las legislaciones penales de los países de la región, se impone considerar implícitamente prohibida en el artículo 8.4 de la Convención la punición múltiple por un único delito, corresponde en el caso determinar si la punición impuesta a la presunta víctima en el fuero penal ordinario y la impuesta en el fuero penal militar se refieren al mismo delito o si se trata de dos delitos. A este respecto, […] conviene advertir que alguna doctrina ha considerado al fuero penal militar de naturaleza ‘administrativa’, argumento que se descartaría ab initio en el presente caso, dada la naturaleza claramente penal de la sanción impuesta a la presunta víctima” (párr. 95).
“Una única acción requiere como mínimo que haya una única decisión de voluntad, como presupuesto necesario, pero no suficiente para determinar la unidad de acción. Es obvio que cuando existe un movimiento único no puede considerarse la existencia de una pluralidad de acciones, pero por lo general una unidad de acción abarca una pluralidad de movimientos. En tal caso debe existir un elemento jurídico de unidad de desvaloración” (párr. 98).
“No es menester considerar todas las posibles dificultades doctrinarias para determinar la presencia del hecho único, siendo suficiente con señalar que la pluralidad de tipicidades no multiplica las acciones, sino que, justamente, se trata de la hipótesis de un único delito (una única acción) con tipicidades plurales, o sea, un claro caso del llamado ‘concurso ideal’ de concurrencia de tipicidades en una única conducta” (párr. 99).
“[C]uando una misma conducta o acción resulta prohibida a la luz de las normas que subyacen en dos o más tipos penales, siempre se trata de un único delito, pues todo delito es una conducta humana y a un único delito debe corresponder una única punición. Esto es precisamente lo que ocurre en este caso, se trata de una única conducta imputada al señor Rosadio Villavicencio: permitir el vuelo de aeronaves que transportaban droga, lo que encuadra simultáneamente en los tipos penales de desobediencia y de tráfico ilícito de drogas. Entender que la posibilidad del doble encuadramiento típico de los mismos hechos supone la comisión de dos delitos distintos, los cuales a su vez pueden ser sancionados con dos puniciones distintas, parte del errado supuesto que se trata de dos conductas distintas, lo que habilitaría la plural e interminable cadena de puniciones que el derecho penal material no permite y a la que se llegaría por efectos del desdoblamiento del mismo hecho en tantos pretendidos delitos como número de tipos penales aplicables” (párr. 101).
“[L]a exigencia del artículo 9º responde a un claro rechazo de todo derecho penal material con fuerte aspiración autoritaria. En efecto, considerar que hay tantos delitos como normas violadas, significa punir conforme al número de sus mandatos incumplidos, o sea, atender al número de ‘desobediencias’ y no de las acciones ilícitas de sus habitantes, por lo que los delitos no serían acciones, sino omisiones de cumplimiento de los mandatos estatales. Por esta vía, se suele llegar –en las versiones más autoritarias y totalitarias del derecho penal material– a la supresión de la exigencia de afectación de bien jurídico, pues pasa a primer plano la ‘desobediencia’ al mandato estatal. Esto no impide que una acción resulte pluralmente tipificada como en el caso, en la ley penal ordinaria y en la ley penal militar, sino que el orden jurídico de cada Estado debe resolver, en tales supuestos, la cuestión de competencia en forma que evite el desdoblamiento del hecho único” (párr. 104).
“[L]o que resulta violatorio […] es la imposición de una pluralidad de puniciones por la misma acción u omisión, lo que presupone, como garantía judicial, que una única acción u omisión no sea sometida a una pluralidad de procesos” (párr. 105-106).
“En principio, [dentro del análisis de los procesos penales y procedimiento disciplinario militar] la sanción penal en general no excluye la posibilidad de que la misma conducta sea sancionada por aplicación de normas de otra rama jurídica: es obvio que no se excluye la posibilidad de reparación en sede civil, por ejemplo, dado que la pena y la reparación civil persiguen objetivos diferentes y la responsabilidad se establece en cada rama conforme a sus propios principios. Lo mismo sucede con las sanciones políticas que consisten en la separación del cargo del sometido a juicio político, lo que no obsta a la posible pena en sede penal y reparación en sede civil” (párr. 114).
“[C]orresponde establecer si la sanción penal y la sanción administrativa tienen el mismo objeto y los consiguientes idénticos principios para regular la responsabilidad. No obstante, la cuestión no merece mayor análisis, porque es conocimiento jurídico común que la sanción del derecho disciplinario tiene por objeto la preservación del orden interno de una institución, es decir, se reserva a sus intraneus para mantener la disciplina entre ellos, llegando a la exclusión de la persona de la institución porque su conducta se considera incompatible con ese orden. Es obvio que este objetivo de la sanción administrativa nada tiene que ver con el de la penal, al punto de que incluso –como es sabido– aunque el comportamiento de la presunta víctima hubiese sido atípico penalmente, eso no hubiese obstado, eventualmente para la viabilidad de la sanción administrativa que, conforme a su objetivo y naturaleza diversa de la penal, responde a criterios propios de responsabilidad” (párr. 115).
“[A]l no perseguir el mismo objetivo ambas sanciones, la Corte considera que el Estado no incurrió en una violación al principio ne bis in idem establecido en el artículo 8.4 de la Convención en relación con el fuero penal ordinario y el proceso disciplinario militar” (párr. 116).
“[E]n cuanto a la posible violación del principio ne bis in idem por la instauración del proceso penal militar y el procedimiento disciplinario, esta Corte estima que en ambos procesos se consideraron los mismos hechos. [E]stos dos procesos, dado que la sanción impuesta en la sentencia condenatoria del proceso penal militar tiene carácter penal y la disciplinaria tiene carácter administrativo, son válidas a este respecto las mismas consideraciones que esta Corte acaba de formular con relación a la condena en sede penal ordinaria” (párr. 117-118).
“[L]a Corte concluye que el Estado peruano es responsable de la violación del principio de ne bis in idem consagrado en el artículo 8.4 de la Convención en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, en relación con los procesos penales ordinario y militar. El Estado peruano no violó el principio de ne bis in idem consagrado en el artículo 8.4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, en relación con el procedimiento disciplinario, y los procesos penal ordinario y penal militar.  
2. Debido proceso. Derecho de defensa. Defensa técnica ineficaz. Derecho a ser oído. Sanción administrativa.
“[C]ualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio, disciplinario o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Ahora bien, lo que corresponde en cada caso es determinar las garantías mínimas que conciernen a un determinado proceso sancionatorio no penal, según su naturaleza y alcance” (párr. 125).  
“Atendiendo a la naturaleza sancionatoria del procedimiento de pase a retiro [del peticionario], […] esta Corte considera que las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana, inclusive algunas de las enunciadas en el artículo 8.2, hacen parte del elenco de garantías mínimas que debían ser respetadas para adoptar una decisión que no fuera arbitraria y resultara ajustada al debido proceso. En consecuencia, las garantías mencionadas deberían haber sido aplicadas mutatis mutandi al procedimiento disciplinario de este caso, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica sancionatoria y las consecuencias que este acarreó” (párr. 126).   
“Este precepto [8.2 b] ordena a las autoridades competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, con una descripción clara, detallada y precisa de los hechos que se le imputan, las razones por las cuales se le acusa y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Si bien el contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, y la naturaleza del proceso como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen, llegando a su punto máximo cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Esta Corte ha establecido que el investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de las preguntas que se le formulan. Además este Tribunal advierte que dicha obligación estatal adquiere mayor relevancia cuando se trata de procesos penales y el procesado se encuentra sujeto a una medida privativa de libertad como en el presente caso” (párr. 127-128).
“En el presente caso [respecto de la investigación ante la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado y el proceso penal ordinario] la carga de la prueba de la notificación o comunicación previa de las acusaciones a la presunta víctima recae sobre el Estado, al ser quien las debió haber ejecutado por medio de sus funcionarios, estando en mejor posición procesal para proveer de esta prueba. Sin embargo, el  Estado no aportó ninguna prueba que permitiese demostrar que el señor Rosadio Villavicencio hubiera sido notificado de la acusación de forma previa a la presentación de su primera declaración o de las razones de su detención…” (párr. 130).   
“Los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan, dentro del catálogo de garantías mínimas, que el inculpado tiene derecho de ‘defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección’ y que si no lo hiciere tiene el ‘derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna’. La Corte considera que esta garantía era aplicable al procedimiento disciplinario militar adelantado contra el señor Rosadio Villavicencio debido a que en el marco del mismo fue privado de su libertad” (párr. 142).
“[L]a defensa suministrada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Esta Corte ha señalado que el investigado debe tener acceso a la defensa técnica en la diligencia en la que se recibe su primera declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogada o abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo” (párr. 143).
“Esta Corte ha desarrollado el derecho a ser oído, previsto en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones. La Corte ha reconocido que el derecho a ser oído comprende dos ámbitos: por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión se produzca a través de un procedimiento que satisfaga el fin para el cual fue concebido” (párr. 146).
“[E]n ninguna oportunidad se permitió al [peticionario] su derecho a ser oído […]. Así, no consta que [al peticionario] se le hubiese permitido presentar alegatos, bien de forma oral o escrita, realizar objeciones, presentar pruebas, o realizar cualquier tipo de actividad procesal en aras de garantizar su defensa más allá de la declaración realizada al inicio del procedimiento y para la cual no contó con comunicación previa sobre los hechos imputados ni asistencia legal” (párr. 151-152).
“[L]a controversia consiste en determinar si el Estado violó el deber de motivación establecido en el artículo 8.1 de la Convención, en virtud de la sentencia emitida el 19 de junio de 1997 que aumentó la pena de la presunta víctima de 6 a 15 años, por cuanto según la Comisión y el representante, éste aumento no fue fundamentado” (párr. 165).
“Esta Corte recuerda que ‘la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho y reparar el daño ocasionado por sus propios medios’. Lo anterior se asienta en el principio de complementariedad, que informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, ‘coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos’. De tal manera, el Estado ‘es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos’” (párr. 166).
“El referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa. De lo anterior se desprende que, en el sistema interamericano, existe un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas (primariamente obligadas) y las instancias internacionales (en forma complementaria), de modo que los criterios de decisión, y los mecanismos de protección, tanto los nacionales como los internacionales, puedan ser conformados y adecuados entre sí. Así, la jurisprudencia de la Corte muestra casos en que se retoman decisiones de tribunales internos para fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención en el caso específico; en otros casos se ha reconocido que, en forma concordante con las obligaciones internacionales, los órganos, instancias o tribunales internos han adoptado medidas adecuadas para remediar la situación que dio origen al caso; ya han resuelto la violación alegada; han dispuesto reparaciones razonables, o han ejercido un adecuado control de convencionalidad. En este sentido, la Corte ha señalado que la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho, y de reparar por sus propios medios los daños ocasionados. En consecuencia, el Tribunal ha establecido que los Estados no son internacionalmente responsables cuando han reconocido la comisión de un hecho ilícito internacional, han cesado la violación, y han reparado las consecuencias de la medida o situación que lo configuró” (párr. 167).
“[R]especto del derecho a la asistencia legal, el Tribunal recuerda que no basta que el procesado cuente con una abogada o abogado defensor para garantizar su derecho a la defensa, sino que se debe garantizar el ejercicio efectivo de dicha defensa, proporcionando el tiempo y los medios adecuados para preparar la misma” (párr. 174).
“[N]ombrar a una defensora o defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensoras y defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional” (párr. 175).
“[E]l derecho de defensa implica que esta sea eficaz, oportuna, realizada por personal técnico, que permita fortalecer la protección del interés concreto del imputado. Por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. Asimismo, este Tribunal ha indicado que cuando el ordenamiento interno permita la defensa común de varios coimputados, corresponde al Estado, mediante las autoridades competentes, identificar si existen incompatibilidades y adoptar las medidas conducentes para que se garantice de forma efectiva el derecho a la defensa de los involucrados” (párr. 176).
“En este caso, este Tribunal considera, con base en los hechos descritos, que el asignar el mismo defensor a dos coimputados, a pesar de existir incompatibilidad en su defensa debido a sus versiones claramente discordantes de los hechos acaecidos vulneró el derecho a la defensa técnica del señor Rosadio Villavicencio” (párr. 178).
“Respecto del proceso penal ordinario, la Corte considera que el Estado no es responsable por la violación del deber de motivar establecido en el artículo 8.1 de la Convención. Sin embargo, considera que el Perú violó los derechos del señor Rosadio Villavicencio establecidos en los artículos 8.2.c y 8.2.e de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio, al no contar con un defensor idóneo” (párr. 180).
3. Garantía de imparcialidad. Tribunal independiente.  
“El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso, debiéndose garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a –y movido por– el Derecho” (párr. 186).
4. Libertad. Personas privadas de libertad. Prisión preventiva. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. Recursos. Principio de inocencia. Principio de proporcionalidad.  Razonabilidad. Principio de legalidad.
“[L]a controversia consiste en determinar si: i) la prisión preventiva de la que fue objeto el señor Rosadio Villavicencio fue arbitraria; ii) durante la detención preventiva existió revisión periódica por parte de las autoridades judiciales sobre las razones que motivaron su adopción; y iii) si los recursos judiciales interpuestos posibilitaron una revisión sin demora y efectiva tanto de la motivación como de la duración de la detención preventiva” (párr. 199).
“[R]especto de la alegada falta de fundamentación […] esta Corte ha señalado que ‘el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso’. La Corte ha precisado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’ y conlleva una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a adoptar una decisión. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado” (párr. 154).
“La Corte recuerda el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Además, la decisión judicial que restringe la libertad personal de una persona por medio de la prisión preventiva debe fundamentar y acreditar, en el caso concreto, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria, y por tanto no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del acusado a un grupo ilícito determinado” (párr. 199).
“Además, ‘la privación de libertad del imputado u […] sólo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia’. [L]a regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que este goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada” (párr. 201-202).
“Respecto a la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. En este sentido, la arbitrariedad de la que habla el artículo 7.3 convencional tiene un contenido jurídico propio, cuyo análisis sólo es necesario cuando se trata de detenciones consideradas legales. No obstante, se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad” (párr. 203).
“[S]in perjuicio de la legalidad de una detención, es necesario en cada caso hacer un análisis de la compatibilidad de la legislación con la Convención en el entendido que esa ley y su aplicación deben respetar los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que la medida privativa de libertad no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, razón por la cual el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención” (párr. 204).
“A continuación, la Corte analizará: i) las órdenes de detención en el fuero penal ordinario y el fuero penal militar; ii) las respuestas a las solicitudes de libertad incondicional en la jurisdicción penal ordinaria, y finalmente, iii) la duración de la detención preventiva” (párr. 205).
“En consecuencia, el Tribunal declara que, al no haber brindado una motivación suficiente e individualizada respecto a la consecución de un fin legítimo compatible con la Convención al decretar la prisión preventiva del señor Rosadio Villavicencio en ninguna de las dos resoluciones analizadas (fueros ordinario y militar), el Estado violó su derecho a no ser sometido a detención arbitraria, en violación de los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado” (párr. 209).
“[U]na detención o prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe” (párr. 210).
“En casos relativos a detenciones preventivas en el marco de procesos penales, la Corte ha señalado que esta norma impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad” (párr. 213).
“Además de sus efectos en el ejercicio del derecho a la libertad personal, tanto la Comisión como la Corte han indicado que el uso indebido de la detención preventiva puede tener un impacto en el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención. Al respecto se ha destacado la importancia del criterio de razonabilidad, pues mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifican su detención equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada185F186 y la convierte en una medida punitiva y no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida y, por tanto, transgrede el artículo 8.2 de la Convención” (párr. 214).
“En el presente caso, el señor Rosadio Villavicencio permaneció en detención preventiva desde el 5 de septiembre de 1994 hasta el 5 de marzo de 1999, un período de cuatro años y seis meses. Al respecto, esta Corte nota que la condena finalmente impuesta a la presunta víctima en el fuero ordinario penal fue de 6 años de reclusión, la cual venció 4 de septiembre de 2000. Es decir, la presunta víctima permaneció en detención preventiva durante tres cuartos del período de la pena finalmente impuesta. En ese sentido, la Corte considera que el período en que estuvo detenido en prisión preventiva, sin que se resolviera su situación jurídica, vulneró la razonabilidad y proporcionalidad del plazo que exige el artículo 7.5 de la Convención, pues dicha detención se convirtió en un medio punitivo y no cautelar al abarcar la mayoría del periodo de condena finalmente impuesta. Lo anterior también demuestra que la prisión preventiva constituyó un adelantamiento de la pena, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia establecida en artículo 8.2 de la Convención” (párr. 215).
“De este modo, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.1, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, al mantenerlo en detención preventiva durante un período que excedió lo razonable” (párr. 216).
“En vista de lo anterior, esta Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos del señor Rosadio Villavicencio a no ser sometido a detención arbitraria contenido en los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en las dos resoluciones analizadas (fueros ordinario y militar) y al resolver su solicitud de libertad incondicional sin haber brindado una motivación suficiente respecto a la consecución de un fin legítimo compatible con la Convención y sin realizar una revisión periódica de la necesidad de mantener dicha medida cautelar. Además, la Corte considera que el período en que el señor Rosadio Villavicencio estuvo detenido en prisión preventiva, sin que se resolviera su situación jurídica, vulneró la razonabilidad y proporcionalidad del plazo que exige el artículo 7.5 de la Convención, así como el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 8.2 de la Convención, todo ello en relación con el artículo 1.1 de la misma. Finalmente, en el presente caso, el Tribunal no encontró al Estado responsable por la violación del artículo 7.6 de la Convención, en relación con el artículo 25 de la misma” (párr. 217).
NON BIS IN IDEM; CONCURSO DE DELITOS; PENA; SANCIONES DISCIPLINARIAS; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; DERECHO A SER OIDO; SANCIONES ADMINISTRATIVAS; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; TRIBUNAL INDEPENDIENTE; LIBERTAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PREVENTIVA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; RECURSOS; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD;
Ruiz Fuentes v. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Guatemala fue responsable por haber infringido los artículos 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4.1, 4.2 y 4.6 (derecho a la vida y prohibición de la pena de muerte),  5.1 y 5.2 (derecho a la integridad personal y prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes), 8.1, 8.2.c) y 8.2.h) (derecho a las garantías judiciales), y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, así como los artículos 1 y 6 (obligación del Estado de prevenir y sancionar la tortura) y 8 (garantía de imparcialidad en los casos de denuncias sobre torturas) de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio del peticionario.
1. Pena de muerte. Derecho a la vida. Responsabilidad del Estado. Fuerzas de seguridad. Política criminal. Principio de legalidad.
“[E]n los casos excepcionales en los cuáles está permitido a los Estados la aplicación de la pena de muerte, tal posibilidad está sujeta a un conjunto de rigurosas limitaciones. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención Americana reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable sólo en condiciones excepcionales” (párr. 78).
“La Corte destaca que el artículo 4 incorpora una tendencia abolicionista de la pena de muerte que se refleja en su numeral segundo, el cual prohíbe que se extienda su aplicación ‘a delitos a los cuales no se la aplique actualmente’ y, según el numeral 3, ‘no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido’. La finalidad que se persigue es avanzar hacia una prohibición definitiva a esta modalidad de sanción penal, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse en los Estados que han suscrito la Convención Americana. De tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención Americana, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable. En esta materia la Convención apunta hacia una progresiva eliminación, al adoptar las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión total” (párr. 80).
“[L]a regulación en el Código Penal guatemalteco del delito de plagio o secuestro ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica a los autores de tal ilícito. Al respecto, estima pertinente recordar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que la obligatoriedad de la pena capital con la que se priva al sujeto de su derecho a la vida, impide considerar si, en las circunstancias particulares del caso, esta forma excepcional de castigo es compatible con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (párr. 87).
“La Corte, al igual que lo constató en el caso Raxcacó Reyes v. Guatemala, observa que el señalado artículo 201 del Código Penal, tal como estaba redactado, tenía como efecto someter a los acusados del delito de plagio o secuestro a procesos penales en los que no se consideran –en ninguna instancia– las circunstancias particulares del delito y del acusado, tales como los antecedentes penales de éste y de la víctima, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras consideraciones del autor y del delito. La Corte concluye que, efectivamente, cuando determinadas leyes obligan a imponer la pena de muerte de manera automática no se permite distinguir entre los distintos niveles de gravedad ni las circunstancias concretas del delito específico, lo cual sería incompatible con la limitación de la pena capital a los delitos más graves, tal y como así lo recoge el artículo 4.2 de la Convención” (párr. 88).
“[E]l artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por aquélla. Es necesario reafirmar que la obligación de adaptar la legislación interna sólo se satisface cuando efectivamente se realizan las reformas necesarias y adecuadas” (párr. 92).
“[L]a observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de garantizar las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra el mismo. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas” (párr. 100).
2. Derecho a la integridad personal. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Prueba. Prueba de peritos.
“[E]l artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física como psíquica y moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se ha reconocido que la prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional” (párr. 120).
"[L]a violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo y, por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos” (párr. 121).
“[L]a Corte analizará (i) la alegada responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la presunta tortura a la que fue sometido el señor Ruiz Fuentes tras su detención el 6 de agosto del 1997 para posteriormente (ii) analizar el sometimiento del señor Ruiz Fuentes al fenómeno del ‘corredor de la muerte’ y su compatibilidad con los estándares interamericanos” (párr. 122).
“[E]l tipo de lesiones que presentaba el señor Ruiz Fuentes tienen una compatibilidad mayor con el relato de los hechos que éste efectuó, en comparación con el relato de los hechos ofrecido por el Estado […]. A lo anterior se une la prueba que obra en el expediente con respecto a las amenazas realizadas al señor Ruiz Fuentes por miembros de la policía para que no denunciara los hechos […]. En consecuencia, la Corte considera acreditado que el señor Ruiz Fuentes sufrió serias lesiones en el contexto de su detención, esto es, cuando ya estaba bajo custodia del Estado” (párr. 126-128).
“[L]a Corte debe determinar a continuación si los referidos actos fueron actos constitutivos de tortura. A la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato: (i) es intencional; (ii) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y (iii) se cometa con cualquier fin o propósito” (párr. 129).
“[H]a quedado establecido que el señor Ruiz Fuentes fue objeto de numerosos golpes durante horas con el objetivo de obtener información sobre otros secuestros. [L]os golpes infligidos al señor Ruiz Fuentes fueron perpetrados de forma intencional y sostenida en el tiempo con el objetivo de obtener una información específica. Asimismo, de la prueba ofrecida, la Corte da por demostrada la gravedad e intensidad de los severos malos tratos físicos sufridos por el señor Ruiz Fuentes. En vista de las graves lesiones que presentaba, el señor Ruiz Fuentes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia […]” (párr. 130-131).
“[S]i bien la imposición de la pena se suspendió en virtud de la referida medida provisional, ésta no generó la certeza de que no se ejecutaría la pena en un futuro, por lo que la persona condenada continuaría a la expectativa con posibilidades reales de que ello sucediera” (párr. 133).
“A continuación corresponde a la Corte determinar si los hechos sufridos por el señor Ruiz Fuentes tras su condena a pena de muerte constituyeron, en este caso en concreto, un trato cruel, inhumano y degradante a la luz del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención” (párr. 134).
“Esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto del llamado ‘fenómeno del corredor de la muerte’ [casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros v. Trinidad y Tobago y Raxcacó Reyes v. Guatemala]. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos y algunos tribunales nacionales advierten que el llamado ‘corredor de la muerte’ causa una afectación al derecho a la integridad personal por la angustia en la que se encuentran las personas condenadas a muerte, situación, que genera traumas psicológicos por la manifestación presente y creciente de la ejecución de la pena máxima, por ende, es considerado como un trato cruel inhumano y degradante. [P]ara determinar la existencia de una violación a la integridad personal derivada del fenómeno del corredor de la muerte, es necesario analizar las circunstancias personales y particulares del caso para poder valorar si un determinado trato o pena alcanzó el nivel mínimo de gravedad para calificarse como cruel, inhumano o degradante” (párr. 135).
3. Pena de muerte. Debido proceso. Derecho de defensa. Doble conforme.
“[L]la forma en la que se impone una condena a pena de muerte puee constituir un factor que determine su incompatibilidad con lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. La Corte advierte que el señor Ruiz Fuentes fue condenado a la pena capital en el marco de un procedimiento penal en el que se produjeron patentes violaciones de los artículos 4.2 y 4.6 de la Convención, y en violación de varios preceptos relativos al debido proceso en el marco del procedimiento penal […]. La Corte considera que el proceso penal al que fue sometido el señor Ruiz Fuentes, cuyo resultado además fue la imposición de la pena de muerte, pudo producirle un profundo sufrimiento, angustia, ansiedad, frustración y estrés, del cual incluso pudo derivar algún tipo de trastorno por estrés post-traumático, tal y como ha sucedido en otros casos de personas condenadas a pena de muerte” (párr. 136).
“[L]os Estados [tienen el deber] de proteger a todas las personas, evitando los delitos, sancionar a los responsables de éstos y mantener el orden público, particularmente cuando se trata de hechos como los que dieron origen al proceso penal seguido contra el señor Ruíz Fuentes, que no solo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad, y merecen el más enérgico rechazo, más aún, cuando perjudican a niñas y niños. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción” (párr. 148).
“[E]l derecho a la defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena” (párr. 151).
“[E]s deber del Estado garantizar el ejercicio pleno y libre del derecho de defensa, independientemente de que la representación sea llevada cabo por un defensor público o privado. En el presente caso, la Corte observa que la razón por la cual la prueba aportada por el señor Ruiz Fuentes no fue admitida se debió a que el memorial respectivo carecía de firma y sello abogado defensor, lo que hizo que el documento no tuviera ninguna validez en aplicación de la legalidad procesal vigente al momento de los hechos” (párr. 152).
“La Corte recuerda que ‘contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa’, en los términos del artículo 8.2.c) del tratado, es una de ‘las garantías inherentes al derecho de defensa’. Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que pretende conseguir y demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo será contraria a la Convención” (párr. 154).
“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]’. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal” (párr. 157).
“[E]l artículo 8.2.h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz; es decir, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes, y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (párr. 158).
“El Tribunal observa que la respuesta brindada por la Corte de Apelaciones se limitó a rechazar lo alegado por el recurrente sin proceder a realizar ningún tipo de revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias ni de analizar los motivos específicos e individualizados argüidos por el señor Ruiz Fuentes en su recurso de apelación […]. En consecuencia, el Tribunal considera que la negativa por parte de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de revisar las cuestiones planteadas por la defensa del señor Ruiz Fuentes constituyó en el presente caso un hecho ilícito internacional en tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo establecido en el artículo 8.2.h) ” (párr. 166).
4. Tortura. Derecho a la integridad personal. Debida diligencia.
“[A] la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. En el presente caso, la Corte considera que el Estado de Guatemala no actuó con arreglo a esas previsiones” (párr. 170).
“[L]a obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST [Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura] que obligan al Estado a ‘toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción’, así como a ‘prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Convención, los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. De acuerdo a ello, la Corte ha considerado en varias oportunidades que cuando se produce una falta al deber de investigar alegados hechos de tortura, ello también implicaba una afectación a estos artículos de la CIPST” (párr. 173).
“[L]a falta de investigación oportuna de hechos tan graves evidencia un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la integridad personal, así como una denegación de justicia, que constituyó una violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y un incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del [peticionario]” (párr. 174).
“[E]l deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Además la investigación debe ser seria, objetiva y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos” (párr. 175).
“[L]la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una posible muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. Ha especificado este Tribunal que las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: (i) identificar a la víctima; (ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; (iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; (iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y (v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del delito, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” (párr. 178).
“[A] la luz de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, [La Corte] ha indicado que en aras de garantizar la efectividad de la investigación, se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma” (párr. 179).
“[L]as autopsias tienen como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. Estas deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, así como el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesión. En el presente caso, a título de ejemplo, la Corte destaca que en dicha autopsia: (i) no se tomaron fotografías ni vídeos desde el inicio del reconocimiento externo del cadáver, ni de reconocimiento interno; (ii) no se revisó la ropa, (iii) no se embaló la ropa para realizar pruebas para detectar restos de pólvora en la ropa y (iv) no se hizo referencia a la distancia probable de disparo. La Corte también destaca que no se siguió el protocolo de Naciones Unidas ‘Protocolo de Minnesota’ o ‘Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias’” (párr. 180).
“[La Corte] considera que el Estado omitió realizar un conjunto de actos de investigación idóneos e insustituibles, que resultaron contrarios a ‘pautas objetivas’ en el procesamiento del crimen. La Corte considera que las omisiones ocurridas en la investigación del presente caso han impedido que desde el día de la muerte del señor Ruiz Fuentes hasta la actualidad no se hayan podido esclarecer los hechos ni investigado de manera diligente, juzgado, y en su caso, sancionado a los posibles responsables de los hechos, pese a que han transcurrido desde el inicio de la investigación” (párr. 183).