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DoctrinaVoces CSJN
Aghdgomelashvili y Japaridze v. GeorgiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Georgia era responsable por la violación del artículo 3 (derecho a no ser sometido a torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) en conjunción con el artículo 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. LGBTIQ. Identidad de género. Procedimiento policial. Igualdad. No discriminación. Fuerzas de seguridad. Abuso de autoridad. Debida diligencia. “[L]a responsabilidad internacional del Estado por aquella violencia motivada por el odio y cometida por sus fuerzas de seguridad, al igual que su obligación de investigar la existencia de un posible nexo entre un motivo discriminatorio y un acto de violencia, pueden analizarse bajo los aspectos sustantivos y procesales del artículo 3 del Convenio. No obstante, también pueden ser analizadas en virtud de las obligaciones derivadas del artículo 14 […] con el fin de asegurar sus valores fundamentales sin discriminación consagrados en el artículo 3 […]. De hecho, debido a la conjunción de ambas disposiciones, aspectos como los del presente caso pueden ser examinados en el marco de una sola de las dos disposiciones, sin que surja ninguna cuestión separada en la otra. También pueden requerir un examen simultáneo en virtud de ambos artículos. Esta es una cuestión que debe decidirse en cada caso concreto a la luz de los hechos y la naturaleza de los alegatos presentados” (cfr. párr. 35). “El Estado, en virtud del artículo 1 del Convenio, asume el deber general de `garantizar a todas las personas dentro de [su] jurisdicción los derechos y libertades definidos en [el] Convenio’. Implícitamente debe existir una investigación oficial y efectiva cuando una persona hace una afirmación creíble y razonable de que ha sufrido un trato violatorio del artículo 3 a manos de la policía u otras autoridades similares, entre otros. En principio, para que una investigación sea considerada `eficaz’, esta debería dirigirse al esclarecimiento de los hechos del caso y a la identificación de un castigo para los responsables. No se trata de una obligación en cuanto a objetivos sino a los medios empleados. Las autoridades deben tomar las medidas que estén razonablemente a su alcance para la obtención de las pruebas relativas al incidente que incluyen, entre otras cosas, el testimonio de testigos presenciales, pruebas periciales, etc. Cualquier deficiencia en la investigación que socave su capacidad para establecer la causa de las lesiones o la identidad de las personas responsables provocará el riesgo de incumplimiento de esta norma. También en este contexto está implícito un requisito de celeridad y rapidez razonable […]. En general, una respuesta rápida de las autoridades en la investigación de las denuncias de malos tratos se considera esencial para mantener la confianza de la sociedad en el mantenimiento del estado de derecho y para prevenir cualquier apariencia de colusión o aquiescencia de actos ilícitos. La tolerancia de las autoridades hacia este tipo de actos no puede minar la confianza pública en el principio de legalidad y el mantenimiento del estado de derecho por parte del Estado” (cfr. párr. 37). “[A]l investigar incidentes violentos como los malos tratos, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas razonables para desenmascarar posibles motivos discriminatorios. [D]eben hacer todo lo que sea razonable en función de las circunstancias para recopilar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para el esclarecimiento de la verdad y emitir decisiones totalmente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia inducida, por ejemplo, de intolerancia racial o religiosa, o violencia motivada por actos discriminatorios en base al género” (cfr. párr. 38). “[H]asta la fecha, la investigación del abuso policial no ha dejado como resultado aspectos concluyentes. Este retraso es prohibitivo en sí mismo, incompatible con las obligaciones estatales en virtud del artículo 3 en base a la realización de una investigación efectiva; sobre todo porque la tarea para identificar a los responsables de los presuntos malos estaba lejos de revestir dificultad. Tampoco las peticionarias han podido involucrarse en la investigación penal de manera significativa, ya que ni siquiera han sido declaradas víctimas, a pesar de sus numerosas solicitudes para tal fin” (cfr. párr. 39). “[L]a prolongación de la investigación manifiesta la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades nacionales para examinar el rol homofóbico y/o transfóbico desempeñado en el presunto abuso policial. Existía una necesidad urgente de realizar una investigación significativa sobre la posibilidad de que la discriminación hubiera sido el factor motivador detrás de la conducta de los agentes de policía, dada la hostilidad bien documentada contra la comunidad LGBT en el país en el momento de los hechos […], y a la luz del discurso de odio de los agentes de policía durante el incidente” (párr. 40). 2. Trato cruel, inhumano y degradante. Fuerzas de seguridad. Abuso de autoridad. Uso de la fuerza. Principio de dignidad humana. Razonabilidad. Responsabilidad del Estado. “[E]l artículo 3 no solo se limita a actos de maltrato físico sino que también cubre la imposición de sufrimiento psicológico. Así pues, un trato puede calificarse de `degradante’ –y por tanto entrar en el ámbito de la prohibición fijada en el artículo 3 del Convenio– si en la víctima se provocan sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, si se humilla o se degrada a una persona ante los ojos de la víctima y/o los ojos de otras personas, sea o no sea el propósito, si se quiebra la resistencia física o psíquica para actuar en contra de su voluntad o conciencia o si muestra una falta de respeto o menoscabo de la dignidad humana […]. Además, cuando una persona confronta con las fuerzas de seguridad encargadas del cumplimiento de la ley, el uso de la fuerza física que no haya sido estrictamente necesario menoscaba la dignidad humana. Las palabras `en principio’ no pueden interpretarse de manera que puedan existir situaciones en las que no se requiera de tal determinación porque no se haya alcanzado el umbral de gravedad. Dado que la injerencia en la dignidad humana ataca la esencia misma del Convenio, cualquier conducta por parte de las fuerzas de seguridad dirigida a una persona y que menoscabe la dignidad humana constituye una violación del artículo 3 del Convenio” (párr. 42). “[C]on independencia de que determinados actos sean perpetrados o no por agentes del Estado o por particulares, tratar la violencia y la brutalidad con una voluntad discriminatoria de la misma forma que casos que no tienen tales connotaciones, sería pasar por alto la naturaleza específica de actos que son particularmente lesivos de los derechos fundamentales. La ausencia de distinción en la forma en que se manejan situaciones que son esencialmente diferentes puede constituir un trato injustificado incompatible con el artículo 14 del Convenio” (párr. 44). “[Q]ueda por determinar si el Estado debe ser considerado responsable en virtud del artículo 3, en relación con el artículo 14 del Convenio, por el abuso policial cometido durante el incidente del 15 de diciembre de 2009. En tal evaluación, dos cuestiones que se encuentran interrelacionadas deben ser respondidas: (i) si los actos impugnados de los agentes de policía alcanzaron o no el umbral de severidad requerido para caer en el ámbito de prohibición del artículo 3, en conjunción con el artículo 14 del Convenio; y (ii) si el odio homofóbico y/o transfóbico fue o no un factor causal en la conducta impugnada de los agentes de policía” (párr. 46). “[E]l Tribunal no duda en responder afirmativamente a ambas preguntas dado que: 1) deliberadamente los agentes de policía habían humillado y degradado a las mujeres recurriendo al discurso de odio y profiriendo insultos; 2) su comportamiento contenía amenazas de divulgar su orientación sexual real y/o percibida, en un país en el que la comunidad LGBT se encontraba en una situación preocupante, así como una amenaza de uso de la fuerza física; y 3) el único propósito de los registros sin ropa era hacer que las peticionarias y el resto de mujeres se sintieran avergonzadas y humilladas y así castigarlas por su asociación con la comunidad LGBT. Los comentarios homofóbicos hechos por las mujeres policías en el curso de los registros pueden tomarse como prueba adicional del propósito abusivo” (párrs. 47-48). “A la luz de lo anterior, el Tribunal concluye que la conducta totalmente inadecuada de los agentes de policía durante el allanamiento de la oficina […] fue motivada por el odio homofóbico y/o transfóbico y, sin lugar a dudas, debe haber despertado en las peticionarias sentimientos de temor, angustia e inseguridad que son incompatibles con el respeto a su dignidad humana. Tal comportamiento alcanzó el umbral de gravedad exigido por el artículo 3, en conjunción con el artículo 14 del Convenio” (párrs. 49-50).
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; PROCEDIMIENTO POLICIAL; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; ABUSO DE AUTORIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; USO DE LA FUERZA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RAZONABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Calleja Loma y Calleja Lucas v. EspañaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que España era responsable por la violación de los artículos 7 (protección de niños, niñas y adolescentes con discapacidad), 15 (protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 17 (derecho a la integridad personal), 23 (derecho a la vida privada y familiar) y 24 (derecho a la educación), leídos solos y conjuntamente con el artículo 4 (obligaciones generales) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 1. Personas con discapacidad. Educación. Educación inclusiva. Igualdad. No discriminación. Niños, niñas y adolescentes. “El Comité recuerda que, `de conformidad con el artículo 24, párrafo 1, los Estados partes deben velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación mediante un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, que incluya los ciclos educativos de preescolar, primaria, secundaria y superior, la formación profesional y la enseñanza a lo largo de la vida, y las actividades extraescolares y sociales, y para todos los alumnos, incluidas las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás’. El Comité también recuerda que `la inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias de la educación para superar los obstáculos con la visión de que todos los alumnos de los grupos de edad pertinentes tengan una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa y el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias’. Igualmente, […] `el derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser objeto de segregación y a que se realicen los ajustes razonables, y debe entenderse en el contexto de la obligación de proporcionar entornos educativos accesibles y ajustes razonables’” (párr. 8.4). “[P]ara dar cumplimiento al artículo 4, párrafo 1, apartado b), de la Convención, los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan el artículo 24. Cuando sea necesario, se habrán de derogar o modificar las leyes, los reglamentos, las costumbres y las prácticas discriminatorias de forma sistemática y con arreglo a plazos establecidos” (párr. 8.7). “[L]a decisión administrativa de matricular [al niño] en un centro de educación especial, sin tener en cuenta la opinión de sus padres, sin haber explorado de forma efectiva la adopción de ajustes razonables que pudieran seguir asegurando su inclusión en el sistema de educación ordinario, sin haber acordado peso al informe del psicólogo clínico y de la asistente técnico educativa, y sin haber tenido en cuenta las alegaciones de los autores con respecto a los actos de discriminación y abusos sufridos por [el niño] en el centro de educación ordinaria al que asistía, constituyen una violación de sus derechos bajo el artículo 24, leído solo y conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 8.8). 2. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida privada y familiar. “En cuanto a las alegaciones relacionadas con el artículo 23, leído conjuntamente con el artículo 4, el Comité toma nota de la pretensión de los autores de que el Estado parte vulneró su derecho a una vida familiar al haber interpuesto una denuncia contra los padres por abandono de familia, en razón de que se opusieron a llevar a su hijo al Centro Educativo Especial […]. El Comité observa la afirmación de los autores de que si la denuncia hubiera prosperado podría haber conllevado la perdida de la patria potestad de los padres en favor de su hijo. El Comité también observa que, de acuerdo con la información disponible […], el Juzgado impuso a los padres [del niño] como medida cautelar, que prestaran una fianza […]. El Comité considera que dicha fianza supuso una carga económica excesiva para los padres [del niño] que se agregó a las tensiones generadas en el contexto de su lucha a favor de los derechos de su hijo a una educación inclusiva, y que sin duda repercutió negativamente en su bienestar individual y familiar” (párr. 8.9). “[E]l Comité recuerda que en su Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo instó al Estado parte a `[v]igilar que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones’” (párr. 8.10). 3. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Debida diligencia. “[S]egún el artículo 15 de la Convención, ninguna persona puede ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que los Estados parte deben de tomar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité recuerda también que según el artículo 17 de la Convención, toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás” (párr. 8.12). “[E]l Comité observa que, en su segunda denuncia, los autores incluyeron como elemento nuevo la información contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en cuanto a las declaraciones de las madres de compañeros [del niño] prestando testimonio sobre los abusos sufridos y la afirmación del Tribunal según la cual `pudo haber incluso un funcionamiento anormal’ en el centro escolar. El Comité considera que […] las autoridades del Estado parte tenían la obligación de proceder a una investigación efectiva y exhaustiva sobre estas alegaciones, lo cual no se llevó a cabo” (párr. 8.13). “[D]e conformidad con el artículo 4 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación general de tomar todas las medidas necesarias para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad” (párr. 8.15).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EDUCACIÓN; EDUCACIÓN INCLUSIVA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA;
Fernández Prieto y Tumbeiro v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los artículos 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento, en perjuicio de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro, y por la violación a los artículos 24 (igualdad ante la ley) y 1.1 (deber de no discriminación) de la Convención, en perjuicio del señor Tumbeiro.
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Nulidad. Principio de legalidad. Interpretación de la ley.
“[L]a libertad y la seguridad personal constituyen garantías para la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. De esta forma, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. La finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos requiere que el Estado legisle y adopte diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de esos agentes estatales, en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida” (párr. 64).
“[E]l contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. [L]a restricción del derecho a la libertad personal únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal). Esto así, en mérito de que es la propia Convención la que remite al derecho interno del Estado en cuestión, motivo por el que tal remisión no supone que la Corte deje de fallar de acuerdo a la Convención, sino precisamente que debe hacerlo conforme a ella y no según el referido derecho interno. La Corte no realiza, en tal eventualidad, un control de constitucionalidad ni tampoco de legalidad, sino únicamente de convencionalidad” (párrs. 65-66).
“[E]n cuanto al requisito de legalidad de la detención, el Tribunal ha señalado que, al remitir a la Constitución y leyes establecidas ‘conforme a ellas’, el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’ en dicho ordenamiento en cuanto a las `causas’ y `condiciones’ de la privación de la libertad física” (párr. 67).
a) Fernández Prieto
“[En relación con el análisis de la legalidad de la detención del señor Fernández Prieto, cabe destacar que] el artículo 4 del Código de Procedimientos, vigente en la época en que el señor Fernández Prieto fue detenido, disponía que `[e]l Jefe de la Policía de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener a las personas que sorprendan in fraganti delito y a aquellas contra quienes hayan indicios vehementes o semivehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente’. El artículo 184.4 de la misma norma establecía que `[…] en los delitos públicos, los funcionarios tendrán las siguientes obligaciones y facultades: Proceder a la detención del presunto culpable en los casos mencionados en el artículo’” (párr. 68).
“[E]l Tribunal advierte que, en momento alguno durante el procedimiento seguido en contra del señor Fernández Prieto, los agentes policiales manifestaron –ni justificaron– que la interceptación del automóvil tenía como base alguna de las tres hipótesis previstas por el artículo 4 de dicho código, o en cualquier otra norma, para realizar una detención sin orden judicial. Los agentes de la policía se limitaron a señalar que los sujetos que estaban en el vehículo tenían una `actitud sospechosa’. Resulta claro que la presunta `actitud sospechosa’ no era un supuesto asimilable a la flagrancia o bien a un posible `indicio vehemente o semiprueba de culpabilidad’, como exigía la citada norma” (párr. 70).
“[E]sta omisión de justificar la detención del señor Fernández Prieto en alguna de las causales legales es claramente un incumplimiento del requisito de legalidad, pues los policías realizaron un acto que constituyó una restricción a la libertad personal del señor Fernández Prieto –en tanto obligaron a detener el vehículo en el que viajaba, posteriormente lo obligaron a descender de él, procedieron a realizar un registro y, finalmente, lo privaron de su libertad– actuando más allá de las facultades habilitantes que establecía el Código de Procedimientos para realizar dichos actos sin orden judicial. Asimismo, la Corte advierte que los tribunales internos que resolvieron sobre la legalidad de la interceptación del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto, el registro del mismo y su posterior detención tampoco se pronunciaron sobre cómo esta se encuadraba en alguna las hipótesis previstas por el Código de Procedimientos en Materia Penal, sino que la validaron considerando que los policías actuaron en cumplimiento de su tarea de prevención del delito y por las pruebas obtenidas en virtud de dicha actuación” (párr. 71).
“[L]as diversas sentencias a nivel interno que se pronunciaron sobre la validez de la interceptación y registro del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto se basaron en consideraciones relacionadas con la eficacia en la prevención del delito y con argumentos de naturaleza consecuencialista (los cuales validaban la actuación policial en virtud de los resultados obtenidos, es decir de las pruebas recabadas), sin tomar en consideración si la actuación de la policía se encuadraba dentro de los supuestos habilitantes previstos por el Código de Procedimientos para realizar una detención sin orden judicial. La Corte considera que, con independencia de la legitimidad de las razones mencionadas por los distintos tribunales que conocieron sobre el caso para justificar el registro y posterior detención como una cuestión de cumplimiento del deber de prevención del delito, o bien porque las pruebas obtenidas en virtud de ella podrían demostrar la culpabilidad del señor Fernández Prieto, de las propias sentencias se confirma que la interceptación y posterior registro y detención no fue realizada en aplicación de la legislación vigente” (párr. 74).
b) Tumbeiro
“[En relación con la detención del señor Tumbeiro, la Corte recordó que], el Código Procesal Penal de la Nación, vigente a partir de octubre de 1992, y por lo tanto vigente en la época de la detención del señor Tumbeiro en 1998, establece en su artículo 284 que `los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aún sin orden judicial’, a: a) quien `intentare un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad, en el momento de disponerse a cometerlo’; b) quien se `fugare, estando legalmente detenido’; c) de manera excepcional, contra quien `hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención’, y d) quien `sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad…’. Asimismo, la Ley 23.950, que modificó la Ley Orgánica Para la Policía Federal de 1958, dispone que, fuera de los casos establecidos en la normativa procesal penal, no se podrá detener a las personas sin orden de juez competente, salvo si: `[…] existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad…’” (párr. 76-77).
“[D]e conformidad con la Ley 23.950, la retención temporal con fines de identificación debe estar debidamente fundada en circunstancias que `hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional’. En ese sentido, en el caso concreto, el Tribunal considera que ninguna de las razones que dio la policía para retener al señor Tumbeiro y solicitarle su identificación constituían en sí mismas, o en conjunto, hechos o informaciones suficientes y concretas que permitan a un observador razonable inferir objetivamente que probablemente había cometido o estaba por cometer un hecho delictivo o contravencional. Por el contrario, las razones que motivaron la detención con fines de identificación del señor Tumbeiro parecieron responder a preconceptos sobre cómo debe verse una persona que transita en un determinado lugar, cómo debe comportarse ante la presencia policial, y qué actividades debe realizar en ese lugar” (párr. 79).
2. Fuerzas de seguridad. Procedimiento policial. Derecho penal de autor. Igualdad. No discriminación. Arbitrariedad. Principio de legalidad.
“La Corte recuerda que los estereotipos consisten en preconcepciones de los atributos, conductas, papeles o características poseídas por personas que pertenecen a un grupo identificado. El empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones discriminatorias y, por consiguiente, arbitrarias” (párr. 80).
“Ante la ausencia de elementos objetivos, la clasificación de determinada conducta o apariencia como sospechosa, o de cierta reacción o expresión corporal como nerviosa, obedece a las convicciones personales de los agentes intervinientes y a las prácticas de los propios cuerpos de seguridad, lo cual comporta un grado de arbitrariedad que es incompatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana. Cuando adicionalmente estas convicciones o apreciaciones personales se formulan sobre prejuicios respecto a las características o conductas supuestamente propias de determinada categoría o grupo de personas o a su estatus socio-económico, pueden derivar en una violación a los artículos 1.1 y 24 de la Convención” (párr. 81).
“El uso de estos perfiles supone una presunción de culpabilidad contra toda persona que encaje en los mismos, y no la evaluación caso a caso sobre las razones objetivas que indiquen efectivamente que una persona está vinculada a la comisión de un delito. Por ello, la Corte ha señalado que las detenciones realizadas por razones discriminatorias son manifiestamente irrazonables y por tanto arbitrarias. En este caso, el contexto sobre detenciones arbitrarias en Argentina, el reconocimiento expreso de responsabilidad internacional por parte del Estado, y la falta de explicaciones sobre el carácter sospechoso atribuido al señor Tumbeiro más allá de su nerviosismo, su manera de vestir y el señalamiento explícito de que esta no era propia de la zona `de gente humilde’ por la que caminaba, evidencian que no hubo indicios suficientes y razonables sobre su participación en un hecho delictivo, sino que la detención se efectuó prima facie debido a la sola circunstancia de no reaccionar del modo en que los agentes intervinientes percibían como correcto y utilizar un atuendo juzgado por ellos como inadecuado con base en una preconcepción subjetiva sobre la apariencia que debían resguardar los habitantes del área, lo que comporta un trato discriminatorio que torna en arbitraria la detención” (párr. 82).
“[L]os tribunales internos que resolvieron sobre la legalidad de la detención del señor Tumbeiro la validaron considerando que los policías actuaron de manera prudente y razonable y en cumplimiento de su deber de prevención del delito. Al respecto, la Corte estima que una actuación originariamente inconvencional no puede derivar, en función de los resultados obtenidos, en la formulación válida de imputaciones penales. En ese sentido, la Corte recuerda que ante la solicitud de nulidad planteada por la defensa con base en la ilegalidad de la detención y requisa personal del señor Tumbeiro, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 señaló que ‘la detallada y convergente versión de los hechos que dan preventores y testigos no puede dejar de ser tenida en cuenta para fundar la intervención policial que dio lugar al descubrimiento de un caso de flagrancia delictiva consistente en la tenencia de cocaína por parte de Tumbeiro’” (párr. 83).
“[E]l artículo 7.2 de la Convención exige no solo la existencia de regulaciones que establezcan las `causas’ y `condiciones’ que autoricen la privación de la libertad física, sino que es necesario que esta sea lo suficientemente clara y detallada, de forma que se ajuste al principio de legalidad y tipicidad […]. Al respecto, este Tribunal ha señalado que `la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor pues, de no ser así las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en que se expresan el reproche social y las consecuencias de este’” (párr. 89).
“[E]s necesario que las regulaciones que determinen las facultades de los funcionarios policiales relacionadas con la prevención e investigación de delitos, incluyan referencias específicas y claras a parámetros que eviten que una interceptación de un automóvil o una detención con fines de identificación se realice arbitrariamente. Por lo que en aquellas disposiciones en que exista una condición habilitante que permita una detención sin orden judicial o en flagrancia, además de que esta cumpla con los requisitos de finalidad legítima, idoneidad y proporcionalidad, debe contemplar la existencia de elementos objetivos, de forma que no sea la mera intuición policíaca ni criterios subjetivos, que no pueden ser verificados, los que motiven una detención. Esto significa que la legislación habilitante para este tipo de detenciones debe dirigirse a que la autoridad ejerza sus facultades ante la existencia de hechos o informaciones reales, suficientes y concretas que, de manera concatenada, permitan inferir razonablemente a un observador objetivo que la persona que es detenida probablemente era autora de alguna infracción penal o contravencional. Este tipo de regulaciones deben, además, ser acorde al principio de igualdad y no discriminación, de forma tal que evite la hostilidad en contra de grupos sociales en virtud de categorías prohibidas por la propia Convención Americana” (párr. 90).
“[L]a verificación de elementos objetivos antes de realizar una interceptación de un vehículo o una detención con fines de identificación se vuelve particularmente relevante en contextos como el argentino, donde la policía ha normalizado prácticas de detenciones por sospecha de criminalidad, justificando dicha actuación en la prevención del delito, y donde adicionalmente los tribunales internos han convalidado este tipo de prácticas” (párr. 96).
“El Tribunal recuerda que la interceptación del automóvil del señor Fernández Prieto y la detención con fines de identificación del señor Tumbeiro incumplieron con el requisito de legalidad al haber sido realizadas incumpliendo con los supuestos habilitantes por la ley para realizar dichos actos y fueron en cambio avaladas en función del deber de prevención del delito y de las pruebas obtenidas […]. Sin embargo, la Corte considera que, aun en el supuesto de que la acción policial se hubiera enmarcado en los supuestos de excepción de detención sin orden judicial en la normativa vigente, la forma genérica e imprecisa en que estaban contemplados al momento en que ocurrieron los hechos permitía que cualquier tipo de ‘sospecha’ de la autoridad fuera suficiente para requisar o detener a una persona. De esta forma, el Tribunal observa que el artículo 4 del Código de Procedimientos, el artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación, y el artículo 1 de la Ley 23.950, son normas significativamente ambiguas en lo que respecta a los parámetros que permiten detener a una persona sin orden judicial ni estado de flagrancia. En definitiva, la ausencia de parámetros objetivos que legítimamente pudiesen justificar una detención sobre la configuración de los elementos previstos por la normativa, y la inexistencia de una obligación posterior de justificar un registro o una requisa con independencia de los resultados obtenidos por la misma, generaron un espacio amplio de discrecionalidad que derivó en una aplicación arbitraria de las facultades en cabeza de las autoridades policiales, lo cual además fue avalado mediante una práctica judicial que convalidó dichas detenciones sobre la base de criterios generales como la prevención del delito o ex post por las pruebas obtenidas” (párr. 97).
3. Control de convencionalidad. Interpretación de los tratados. Responsabilidad del Estado.
“[E]l artículo 2 de la Convención contempla el deber general de los Estados Partes de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, esta Corte ha reconocido que todas las autoridades de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos” (párr. 99).
“Respecto al control de convencionalidad, el Tribunal ha señalado que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un `control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Por tanto, en la creación e interpretación de las normas que faculten a la policía a realizar detenciones sin orden judicial o en flagrancia, las autoridades internas, incluidos los tribunales, están obligadas a tomar en cuenta las interpretaciones de la Convención Americana realizadas por la Corte Interamericana respecto a la necesidad de que las mismas se realicen en cumplimiento con los estándares en materia de libertad personal, los cuales han sido reiterados en el presente capítulo” (párr. 100).
“En consecuencia, este Tribunal concluye que tanto el Código de Procedimientos, con fundamento en el cual fue interceptado el vehículo en el que se transportaba el señor Fernández Prieto, como el Código Procesal Penal de la Nación y la Ley 23.950, con sustento en los cuales el señor Tumbeiro fue detenido con fines de identificación, adolecían de deficiencias normativas en la regulación de los supuestos que supuestamente autorizaban dicha actuación policial. Pese a ello, las sentencias judiciales emitidas en ambos casos justificaron la actuación policial con base en dicha normativa” (párr. 101).
4. Requisa. Derecho a la privacidad. Derecho a la vida privada y familiar. Orden judicial.
“La Corte ha precisado, respecto al artículo 11 de la Convención Americana, que, si bien esa norma se titula `Protección de la Honra y de la Dignidad’, su contenido incluye, entre otros, la protección de la vida privada. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad personal y familiar protegido por dicho precepto se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que las pertenencias que una persona lleva consigo en la vía pública, incluso cuando la persona se encuentra dentro de un automóvil, son bienes que, al igual que aquellos que se encuentran dentro de su domicilio, están incluidos dentro del ámbito de protección del derecho a la vida privada y la intimidad. Por esta razón, no pueden ser objeto de interferencias arbitrarias por parte de terceros o las autoridades” (párr. 102).
“En tanto las restricciones al derecho a la vida privada deben, como primer requisito para no ser catalogadas como abusivas o arbitrarias, estar `previstas en la ley’ y, en este caso, la inspección sin orden judicial de un vehículo detenido en un control policial no estaba contemplada expresamente en la normativa procesal vigente, la Corte estima que el registro del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto constituyó una injerencia ilegal en su vida privada y un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno” (párr. 103).
“En lo que respecta al señor Tumbeiro, el Tribunal considera que un registro corporal puede tener una incidencia y constituir una afectación a la protección de la honra y la dignidad. Por esta razón, los registros corporales que realicen las autoridades a personas detenidas deben realizarse en debida consideración a los límites impuestos por la Convención Americana” (párr. 104).
“[L]a requisa personal del señor Tumbeiro constituyó una injerencia ilegal a su vida privada que además resultó arbitraria y desproporcionada en la medida que: a) la norma invocada para su justificación resultaba imprecisa y contraria al principio de tipicidad porque no definía los supuestos de urgencia para proceder a una requisa sin orden judicial; b) incluso si se omitiera dicha indefinición normativa, los agentes policiales nunca acreditaron una situación de urgencia, máxime porque la finalidad inicial de la detención era la comprobación de su identidad, cuya información fue facilitada por el propio señor Tumbeiro y comprobada vía radial por los agentes policiales; c) la ‘sospecha’ basada en el estado emocional o la idoneidad o no de la reacción o forma de vestir del señor Tumbeiro constituye una apreciación subjetiva que, ante la ausencia de elementos objetivos, de ningún modo demuestra la necesidad de la medida; d) aun si se admitiera que lo anterior constituye un motivo suficiente o ‘urgente’ para proceder con la requisa, el hecho de que la misma excediera el palpamiento superficial sobre la ropa del señor Tumbeiro y este fuera obligado a desnudarse resulta desproporcionado, pues supuso una grave afectación de la intimidad del señor Tumbeiro sin que la medida persiguiera satisfacción de bienes jurídicos relevantes” (párr. 108).
“[L]as requisas corporales solo pueden ser efectuadas previa orden judicial debidamente motivada. Sin perjuicio de ello, si bien pueden existir situaciones excepcionales en las que la prevención del delito como un fin legítimo cuya consecución es atribuida a los cuerpos de seguridad estatales, y ante la imposibilidad de procurar una orden judicial previa, pueda justificar la práctica de una requisa, la Corte estima que esta en ningún caso puede resultar desproporcionada y tampoco puede superar el palpamiento superficial de las ropas de una persona, implicar su desnudez o atentar contra su integridad” (párr. 109).

DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; FUERZAS DE SEGURIDAD; DERECHO PENAL DE AUTOR; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ARBITRARIEDAD; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; REQUISA; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; ORDEN JUDICIAL;
Acosta Martínez y otros v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 5.2 (prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (derecho a la libertad personal) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de José Delfín Acosta Martínez, así como por la violación a los artículos 8.1 (garantías judiciales y debido proceso) y 25.1 (protección judicial) en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Ángel Acosta Martínez y Blanca Rosa Martínez.
Ante la Corte Interamericana, Argentina realizó un reconocimiento total de responsabilidad en relación a las conclusiones de la Comisión en su Informe de Fondo. Sin embargo, fue necesario proceder a determinar y precisar los alcances de la responsabilidad estatal en relación con la ilegalidad y la arbitrariedad de la privación de libertad del señor José Delfín Acosta Martínez.
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Derecho penal de autor. Control de convencionalidad.
“[L]a libertad y la seguridad personal constituyen garantías para la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. Si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. La finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos requiere que el Estado legisle y adopte diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de estos agentes estatales, en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida” (párr. 75).
“[E]l arresto y la detención de José Delfín Acosta Martínez se realizó en aplicación del Edicto Policial sobre Ebriedad. De esta forma, es a partir de esta normativa y de las normas procesales aplicables al momento de los hechos en la Ciudad de Buenos Aires que se debe analizar si se cumplieron los requisitos establecidos por el artículo 7.2 de la Convención” (párr. 78).
“Este artículo 7.2 reconoce, primeramente, la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Esta reserva de ley implica, en primer lugar, una garantía formal, en el sentido de que toda restricción de la libertad debe emanar de una ‘norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de leyes’. Pero también implica, en segundo lugar, un aspecto material, el principio de tipicidad que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’, las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. De esta forma, la propia Convención remite al derecho interno del Estado concernido para poder analizar el cumplimiento del artículo 7.2. Tal remisión no implica que la Corte deje de fallar de acuerdo a la Convención, ni que realice un control de constitucionalidad o de legalidad de la normativa interna. Únicamente implica un control de convencionalidad, amparado, además, en los artículos 1.1 y 2 de la Convención” (párr. 79).
2. Detención de personas. Edictos. Ebriedad. Principio de legalidad. Tipicidad. Interpretación de la ley.
“El arresto del señor Acosta Martínez se efectuó en aplicación de los Edictos Policiales y el Reglamento de Procedimientos Contravencionales. Esta normativa no se ajusta al principio de legalidad y tipicidad tal y como ha sido entendido por esta Corte en su jurisprudencia. Al respecto, este Tribunal ha establecido que, ‘la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor pues, de no ser así las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en que se expresan el reproche social y las consecuencias de este’. De esta forma, es necesario que el ámbito de aplicación de conductas punibles esté delimitado de la manera más clara y precisa que sea posible” (párr. 83).
“En el caso concreto, el Edicto de Ebriedad y otras Intoxicaciones no cumplía con este mandato de certeza, pues señalaba como conducta sancionable encontrarse ‘en completo estado de ebriedad’, redacción que, además de ser ambigua e indeterminada dejaba un amplio margen de discrecionalidad para su aplicación por parte de las autoridades. La completa ebriedad no es un comportamiento empíricamente verificable sino que está sujeto a un juicio de valor por parte de las autoridades policiales encargadas de dar cumplimiento al edicto” (párr. 84).
“Asimismo, la ebriedad, sancionada por el Edicto de marras, es más una condición transitoria de una persona, que una conducta. Esta Corte ya ha considerado que el ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de las características o condiciones personales del agente y no del hecho cometido ‘sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática, por el Derecho penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía’” (párr. 85).
“Por otra parte, el Edicto Policial […] castigaba la mera condición de estar ebrio, sin hacer referencia a que la conducta desplegada por el infractor afectase o pusiese en peligro a sí mismo o a terceros. Sobre el particular, cabe señalar que el derecho contravencional, al igual que el derecho penal, corresponde al ejercicio del poder punitivo del Estado, lo cual resulta evidente en este caso pues la sanción prevista implicaba la privación de la libertad” (párr. 86).
“En una sociedad democrática el poder punitivo estatal sólo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques que los dañen o pongan en peligro. La ebriedad, tal como aparecía tipificada por el Edicto en cuestión, por sí sola no afecta derechos de terceros, por lo que su sanción no busca proteger bienes jurídicos individuales o colectivos. A menos que el estar ebrio se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto, lo que sin duda alguna resulta contrario a la Convención, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al ejercicio del ius puniendi estatal, el cual tiene como límite infranqueable la libre determinación y la dignidad de la persona, los cuales constituyen los pilares básicos de todo ordenamiento jurídico” (párr. 87).
“[E]l artículo 2 de la Convención señala el deber que tiene los Estados Parte en la Convención de adecuar su legislación interna a las obligaciones derivadas de la Convención. En este sentido, la Corte ha señalado que: [s]i los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. De lo contrario, incurren en violación del artículo 2 de la Convención” (párr. 89).
3. Procedimiento policial. Detención de personas. Afrodescendientes. No discriminación.
“[L]os agentes de policía actuaron movidos más por un perfil racial, que por una verdadera sospecha de comisión de un ilícito. El carácter amplio de la normativa de los edictos policiales les permitió, a posteriori, justificar su intervención y darle una apariencia de legalidad. Sin embargo, estas motivaciones demuestran el carácter arbitrario de la detención del señor Acosta Martínez” (párr. 93).
“A la hora de analizar las motivaciones del arresto y privación de libertad del señor Acosta Martínez, se debe tomar en cuenta el contexto de discriminación racial y persecución policial que vivían las personas afrodescendientes en Argentina […]. De la misma manera, la amplitud de las normas que facultan a la policía a privar de libertad sobre la base de edictos que sancionan características más que conductas, terminan siendo utilizadas arbitrariamente y con base en prejuicios y estereotipos de ciertos grupos que coinciden con aquellos históricamente discriminados.
En efecto, tal como lo subraya el Informe del 2015 del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas: Los agentes de policía y de inmigración y los funcionarios de prisiones a menudo actúan basándose en perfiles raciales y étnicos, en muchas formas distintas y perniciosas. También puede suceder que las políticas oficiales faciliten prácticas discrecionales que permiten que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dirijan selectivamente sus actuaciones hacia grupos o personas basándose en el color de su piel, en su vestimenta, en su vello facial o en el idioma que hablan. A veces también existe un sesgo implícito que motiva la utilización de criterios raciales y étnicos en la actuación de las fuerzas del orden. Aunque algunos estudios han demostrado la ineficacia de la utilización de perfiles raciales y étnica, los funcionarios siguen recurriendo a esa práctica” (párrs. 94-95).
“El programa de acción de Durban define los perfiles raciales como ‘la práctica de los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de basarse, en uno u otro grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico como motivo para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si una persona realiza actividades delictivas’. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha hecho referencia a estas prácticas definiéndolas como ‘los interrogatorios, las detenciones y los cacheos basados de facto exclusivamente en el aspecto físico del individuo, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia a un grupo racial o étnico, o cualquier otra categorización que pueda hacerle particularmente sospechoso’” (párr. 96).
“En su sexto período de sesiones, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana examinó el tema de la elaboración de perfiles raciales. El Grupo de Trabajo reconoció que elaborarlos viola el derecho a la no discriminación y recordó que las normas internacionales y regionales dejan sentado que la discriminación racial en la administración de justicia es ilícita. El Grupo de Trabajo destacó, además, que se ha admitido que los perfiles raciales son un problema específico debido a que sistemática e históricamente han estado dirigidos contra las personas de ascendencia africana, lo que tiene consecuencias graves puesto que se crean y perpetúan una estigmatización y estereotipos profundamente negativos de los afrodescendientes como criminales en potencia. Asimismo, consideró que en la mayoría de los casos en que se han utilizado perfiles raciales, no se ha logrado mejorar la situación de seguridad y se ha perjudicado mucho a la población de ascendencia africana y otros grupos vulnerables” (párr. 97).  
“Las manifestaciones de la utilización de perfiles raciales también pueden estar ligadas a la normativa o la práctica interna. En efecto, como lo señaló el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, ‘puede suceder que las políticas oficiales faciliten prácticas discrecionales que permiten a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dirijan selectivamente sus actuaciones hacia grupos o personas basándose en el color de su piel, en su vestimenta, en su vello facial o en el idioma en que hablan’” (párr. 98).  
“El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que una privación de libertad tiene motivos discriminatorios ‘cuando resultaba evidente que se había privado a las personas de su libertad específicamente en función de las características distintivas reales o aparentes, o a causa de su pertenencia real o presunta a un grupo diferenciado (y a menudo minoritario)’. El Grupo de Trabajo considera como uno de los factores a tomar en cuenta para determinar la existencia de motivos discriminatorios, si ‘[l]as autoridades han hecho afirmaciones a la persona detenida o se han comportado con ella de manera que indique una actitud discriminatoria’. De esta forma, una detención basada en el uso de perfiles raciales sería claramente discriminatoria” (párr. 99).   
“En el caso concreto los agentes policiales justificaron la detención del señor Acosta Martínez en su supuesto estado de ebriedad. De esta forma, al utilizar una normativa tan amplia como los Edictos contra la ebriedad, en realidad se encubrió la utilización de un perfil racial como motivo principal para su detención y, por consiguiente, se puso de manifiesto la arbitrariedad de su privación de libertad. En efecto, este Tribunal ha señalado que las detenciones realizadas por razones discriminatorias son, por consiguiente, arbitrarias” (párr. 100).   

DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; DERECHO PENAL DE AUTOR; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; EDICTOS; EBRIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; TIPICIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; AFRODESCENDIENTES; NO DISCRIMINACIÓN;
Urrutia Laubreaux v. ChileCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Chile era responsable por la violación de los artículos 13.2 (libertad de pensamiento y de expresión), 8.1, 8.2.b), 8.2.c) (garantías judiciales y debido proceso) y 9 (principio de legalidad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 1. Libertad de expresión. Funcionarios públicos. Garantía de imparcialidad. Independencia. “La Convención Americana garantiza el derecho a la libertad de expresión a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración. Respecto a personas que ejercen funciones jurisdiccionales, la Corte ha señalado que, debido a sus funciones en la administración de justicia, la libertad de expresión de los jueces y juezas pueden estar sujetos a restricciones distintas y en sentidos que no afectarían a otras personas, incluyendo a otros funcionarios públicos” (párr. 82). “Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura […] reconocen que ‘los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura’. Asimismo, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial establecen que ‘[u]n juez, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión pero, cuando ejerza los citados derechos y libertades, se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura’. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo ha señalado que ciertas restricciones a la libertad de expresión de los jueces son necesarias en todos los casos donde la autoridad e imparcialidad de la judicatura pudieran ser cuestionadas…” (párr. 83). “El objetivo general de garantizar la independencia e imparcialidad es, en principio, un fin legítimo para restringir ciertos derechos de los jueces. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial’. En este sentido, el Estado tiene la obligación de regular que sus jueces y tribunales cumplan con dichos preceptos. Por tanto, resulta acorde con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces, con la finalidad de proteger la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, como un ‘derecho o libertad de los demás’. La compatibilidad de dichas restricciones con la Convención Americana debe ser analizada en cada caso concreto, tomando en cuenta el contenido de la expresión y las circunstancias de la misma. Así, por ejemplo, expresiones realizadas en un contexto académico podrían ser más permisivas que las realizadas a medios de comunicación” (párr. 84). “[E]l artículo 13.2 de la Convención Americana establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, deben cumplir con los siguientes requisitos de forma concurrente: (i) estar previamente fijadas por ley, en sentido formal y material; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana (‘el respeto a los derechos a la reputación de los demás’ o ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas’), y (iii) ser necesarias en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad)” (párr. 85). “En el presente caso, tal como lo señaló la Corte Suprema de Chile, el trabajo académico […] constituyó un ejercicio de su libertad de expresión. Este Tribunal considera que, si bien la libertad de expresión de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales puede estar sujeta a mayores restricciones que la de otras personas, esto no implica que cualquier expresión de un Juez o Jueza pueda ser restringida. En este sentido, no es acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por la presunta víctima en el presente caso” (párr. 89). 2. Control de convencionalidad. Responsabilidad del Estado. Sanciones diciplinarias. “[E]l Estado es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, en su caso, reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos” (párr. 90). “El referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa […]. En este sentido, la Corte ha señalado que la responsabilidad estatal bajo la Convención solo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho, y de reparar por sus propios medios los daños ocasionados. En consecuencia, el Tribunal ha establecido que los Estados no son internacionalmente responsables cuando han reconocido la comisión de un hecho ilícito internacional, han cesado la violación, y han reparado las consecuencias de la medida o situación que lo configuró” (párr. 91). “[L]a decisión de la Corte Suprema de Chile […] reconoció la violación a la libertad de expresión y ordenó dejar sin efecto la sanción impuesta […]. Dicha sanción fue posteriormente eliminada de la hoja de vida […]. En relación con lo anterior, la Corte recuerda que el control de convencionalidad […] es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Los jueces y órganos judiciales deben prevenir potenciales violaciones a derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, o bien solucionarlas a nivel interno cuando ya hayan ocurrido, teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana. Solo en caso contrario pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad. En ese sentido, un adecuado control de convencionalidad a nivel interno fortalece la complementariedad del Sistema Interamericano y la eficacia de la Convención Americana al garantizar que las autoridades nacionales actúen como garantes de los derechos humanos de fuente internacional” (párrs. 92-93). “[L]a decisión de la Corte Suprema de Chile constituyó un adecuado y oportuno control de convencionalidad de la sanción de amonestación privada impuesta […] en tanto reconoció, cesó y reparó parcialmente la violación al derecho a la libertad de expresión en perjuicio del señor […]. La Corte Suprema de Chile tomó en debida consideración los estándares desarrollados por este Tribunal en relación con los límites a las restricciones permitidas por el artículo 13 de la Convención para así garantizar adecuadamente la libertad de expresión […] al a) dejar sin efecto la sanción impuesta, y b) ordenar la eliminación de la misma de la hoja de vida de la presunta víctima” (párr. 94). “No obstante, este Tribunal advierte que la sanción se mantuvo en la hoja de vida del señor […] por más de 13 años, lo cual razonablemente afectó su carrera judicial. Al respecto, la Corte advierte que de acuerdo a la legislación chilena vigente al momento de los hechos la imposición de una ‘amonestación privada’ tiene como consecuencia que el o la jueza sancionada no pueda ser calificada en la lista ‘Sobresaliente’. La calificación de los jueces con base en la acumulación de puntos influye en la preferencia que se tiene en los nombramientos en propiedad, en la promoción de los jueces a cargos superiores, y en el nombramiento a plazas distintas […]. Este daño no ha sido reparado por el Estado de Chile. En consecuencia, la Corte advierte que no se ha subsanado totalmente la violación del derecho a la libertad de expresión del señor Urrutia Laubreaux” (párr. 95). 3. Debido proceso. Acusación. Sanciones disciplinarias. Derecho de defensa. Derecho a ser oído. Garantía de imparcialidad. “[L]as garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana hacen parte del elenco de garantías mínimas que debieron ser respetadas para adoptar una decisión que no fuera arbitraria y resultara ajustada al debido proceso […]. Adicionalmente, en casos de procesos disciplinarios en contra de jueces, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. En el caso Reverón Trujillo v. Venezuela, la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como ‘esencial para el ejercicio de la función judicial’” (párrs. 103-104). “El ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. De la independencia judicial derivan las siguientes garantías: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas” (párr. 105). “Respecto a la garantía contra presiones externas, la Corte ha señalado que el Estado debe abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes y adoptar acciones para evitar que tales injerencias sean cometidas por personas u órganos ajenos al poder judicial” (párr. 106). “Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se procederá a analizar: 1) el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, y 2) el derecho a contar con una autoridad disciplinaria imparcial y el derecho a la protección judicial” (párr. 111). “El derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación en materia penal contempla que debe realizarse una descripción material de la conducta imputada que contenga los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el acusado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan tanto en materia penal como en los otros órdenes señalados en el artículo 8.1 de la Convención, a pesar de que la exigencia en los otros órdenes puede ser de otra intensidad o naturaleza. Como parte de las garantías mínimas establecidas en el artículo 8.2 de la Convención, el derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación se aplica. Ahora bien, cuando se trata de un proceso disciplinario sancionatorio el alcance de esta garantía puede ser entendido de manera diversa, pero en todo caso implica que se ponga en conocimiento del sujeto disciplinable cuales son las conductas infractoras del régimen disciplinario que se le imputan” (párr. 113). “Este Tribunal advierte que en ningún momento previo a la imposición de la sanción el señor […] fue informado del inicio de un proceso disciplinario en su contra, de las normas presuntamente infringidas ni se le brindó un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de dichas normas […]. Lo anterior tuvo como consecuencia que la presunta víctima no estuviera al tanto de que estaba siendo objeto de un proceso disciplinario, ni los hechos que se le imputaban. Esta falta de información constituyó una violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, contenida en el artículo 8.2.b) de la Convención Americana” (párr. 115). “El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial’. La garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. En este sentido, esta garantía implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia y que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario, consistente, por ejemplo, en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes. Por su parte, la denominada imparcialidad objetiva involucra la determinación de si la autoridad judicial cuestionada brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. La garantía de imparcialidad es aplicable a los procesos disciplinarios llevados a cabo en contra de jueces” (párr. 118). “[E]ste Tribunal considera que los ministros de la Corte Suprema que conocieron de la apelación no reunían elementos objetivos de imparcialidad para resolver sobre la misma” (párr. 124). 4. Principio de legalidad. Sanciones disciplinarias. Independencia. Discrecionalidad. Seguridad jurídica. “Con relación al principio de legalidad, la Corte ha señalado que también tiene vigencia en materia disciplinaria, no obstante, su alcance depende considerablemente de la materia regulada. La precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver. Del mismo modo, esta Corte expresó en el caso López Mendoza v. Venezuela que los problemas de indeterminación del tipo sancionatorio no generan, per se, una violación de la Convención, es decir, que el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma, siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad con el fin de brindar una adecuada protección para que una interferencia arbitraria no se produzca” (párrs. 129-130). “[E]l proceso disciplinario tuvo carácter sancionatorio, por lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, son aplicables las garantías del artículo 9 de la Convención. Adicionalmente, tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas, el cumplimiento con el principio de legalidad es aún más importante ya que constituye una garantía contra presiones externas a los jueces y, por ende, de su independencia” (párr. 131). “Este Tribunal considera que la Corte Suprema de Chile al sancionar al señor […] utilizando el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales [sobre la prohibición de ‘publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados] utilizó una norma que permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma en violación del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención” (párr. 135). “[N]ormas como la presente vulneran no solo el principio de legalidad sino también la independencia judicial. En efecto, independientemente de la imprecisión en la formulación legal de la norma de referencia, esta Corte no puede dejar de observar que la garantía para todo habitante, de ser juzgado por el juez ‘independiente’ del artículo 8.1 de la Convención, presupone la existencia de jueces ‘independientes’, es decir, que todo Estado respete la independencia judicial” (párr. 136). “Si bien es obvio que existen limitaciones inherentes a la función judicial en cuanto a sus manifestaciones públicas, en especial referidas a los casos sometidos a sus decisiones jurisdiccionales, no deben confundirse éstas con las que hacen a la crítica que pueda dirigir a los otros jueces y, menos aún, a la defensa pública de su propio desempeño funcional” (párr. 137). “Prohibir a los jueces la crítica del funcionamiento del Poder del Estado de que forman parte, que implica necesariamente la crítica a la conducta de otros jueces, o requerirle que para eso solicite la autorización del Presidente del máximo tribunal y, más aún, que deba actuar de la misma forma cuando se trata de defender su propia actuación judicial, implica una opción por un modelo de Poder Judicial jerarquizado en forma de corporación, en que los jueces carecen de independencia interna, con la tendencia a la subordinación incondicional a la autoridad de sus propios órganos colegiados, lo que si bien formalmente puede pretenderse limitado al ámbito disciplinario, en la práctica redunda, por temor inherente a este poder, en un sometimiento a la jurisprudencia llamada ‘superior’ y paraliza la dinámica interpretativa en la aplicación del derecho” (párr. 138). “[E]l artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención. Dicho deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades u obstaculicen su ejercicio. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías” (párr. 139). “La Corte advierte que en virtud del artículo 2 de la Convención, el Estado estaba obligado a suprimir las normas que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por tanto, existió una omisión del Estado al mantener vigente dicha norma. Esta omisión conllevó a una violación del artículo 2 de la Convención y afectó la seguridad jurídica y los derechos de la presunta víctima al momento de determinarse la sanción” (párr. 140).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; INDEPENDENCIA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; SANCIONES DISCIPLINARIAS; DEBIDO PROCESO; ACUSACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO A SER OIDO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DISCRECIONALIDAD; SEGURIDAD JURÍDICA;
Munteanu v. MoldaviaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Moldavia era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) y 14 (igualdad y no discriminación), leído en relación al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Violencia de género. Violencia familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la vida privada y familiar. Responsabilidad del Estado. Medidas de acción positiva. “[L]os malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad para que entren en el ámbito de protección del artículo 3. La valoración de este nivel mínimo es relativa ya que depende de las circunstancias del caso, la naturaleza y contexto del tratamiento en cuestión, su duración, sus efectos físicos y psicológicos y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima…” (cfr. párr. 60). “Una vez que se ha demostrado que el tratamiento alcanzó el umbral de gravedad exigido por el artículo 3 del Convenio, el Tribunal debe examinar si las autoridades estatales han cumplido con sus obligaciones positivas en virtud del artículo 1 del mismo instrumento, leído en conjunto con el artículo 3, a fin de garantizar que las personas dentro de su jurisdicción estén protegidas contra cualquier forma de malos tratos, incluso cuando dicho trato sea ejecutado por particulares” (cfr. párr. 61). “Estas obligaciones positivas, que se encuentran interrelacionadas, incluyen: a) la obligación de establecer y aplicar en la práctica un marco jurídico adecuado que brinde protección contra los malos tratos por parte de particulares; b) la obligación de adoptar aquellas medidas razonables que cabría esperar con el fin de evitar un riesgo real e inmediato de maltrato del que las autoridades sabían o deberían haber sabido; y c) la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva cuando se ha planteado una denuncia discutible de malos tratos” (cfr. párr. 62). “La injerencia de las autoridades en la vida privada y familiar puede resultar necesaria para proteger la salud y los derechos de una persona o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias […]. Esto requiere que los Estados mantengan y apliquen en la práctica un marco legal adecuado que brinde protección contra actos de violencia por parte de particulares” (cfr. párr. 63). “Algunas de las lesiones [de la peticionaria] fueron bastante graves, como una herida de arma blanca y una fractura de mandíbula […], mientras que otras fueron causadas con tanta frecuencia que representan, a juicio del Tribunal, un maltrato sistemático que fue interrumpido únicamente mientras IM estaba en prisión. Además, el temor a nuevas agresiones era lo suficientemente grave como para hacer que la peticionaria experimentara un sufrimiento y ansiedad equivalentes a un trato inhumano en el sentido del artículo 3 del Convenio. De la misma forma, es evidente que el menor no sólo sufrió como resultado de presenciar la violencia contra su madre, sino que también fue agredido físicamente por su padre […]. En tales circunstancias, la Corte considera que el artículo 3 del Convenio es aplicable al presente caso. Por lo tanto, debe determinar si la actuación de las autoridades en respuesta a las denuncias de los peticionarios cumplió con los requisitos de dicha disposición” (cfr. párr. 64-67). 2. Medidas de acción positiva. Debida diligencia. Responsabilidad del Estado. Denuncia. Medidas de seguridad. Igualdad. No discriminación. Actos discriminatorios. “[L]as obligaciones positivas de los Estados en virtud del artículo 3 incluyen, por un lado, el establecimiento de un marco legislativo destinado a prevenir y sancionar los malos tratos por parte de particulares y, por otro, cuando exista conocimiento de un riesgo inminente de malos tratos sobre una persona o cuando ya se hayan producido, aplicar las leyes pertinentes en la práctica, con el fin de proteger a las víctimas y sancionar a los responsables” (cfr. párr. 68). “[L]as autoridades estatales tienen la responsabilidad de tomar medidas de protección en forma de disuasión efectiva frente a violaciones graves a la integridad personal de una persona por parte de un miembro de su familia o de una pareja […]. La interferencia de las autoridades en la vida privada y familiar puede resultar necesaria para proteger la salud y los derechos de la víctima o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias […]. Se debe evaluar el riesgo de una amenaza real e inmediata, teniendo debidamente en cuenta el contexto particular de la violencia doméstica. En tal situación, no se trata solo de la obligación de brindar protección general a la sociedad, sino de tener en cuenta la recurrencia de sucesivos episodios de violencia dentro de la familia […]. En muchos casos, la Corte encontró que incluso cuando las autoridades no permanecieron totalmente pasivas, no llegaron a cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 3 del Convenio, debido a que las medidas adoptadas no impidieron que el abusador perpetrara más violencia contra la víctima” (cfr. párr. 70). “Es evidente que a pesar de las numerosas denuncias y órdenes de protección adoptadas, las autoridades hicieron muy poco para proteger eficazmente a los peticionarios sobre el riesgo constante de violencia, como se hizo más evidente después de cada caso de malos tratos e incumplimiento de las órdenes de protección […]. La multa impuesta por violar una de las órdenes de protección […] no tuvo ningún efecto en su comportamiento. Lo anterior es suficiente para que la Corte concluya que las autoridades no cumplieron adecuadamente con su obligación positiva de prevenir la amenaza real e inmediata de violencia doméstica contra los peticionarios” (cfr. párr. 73-74). “[L]a violencia intrafamiliar afecta principalmente a las mujeres; además, la actitud generalizada de las autoridades locales genera un ambiente propicio para la violencia doméstica, tanto en la forma en que se trata a las mujeres en las comisarías cuando denuncian violencia intrafamiliar como la pasividad judicial para brindar protección efectiva a las víctimas […]. En consecuencia, que el Estado no proteja a las mujeres de la violencia doméstica viola su derecho a la protección igualitaria de la ley ya que este incumplimiento no necesita ser intencional” (cfr. párr. 80). “[L]a combinación de los factores anteriores demuestra claramente que las acciones de las autoridades no fueron una simple falla o retraso en el tratamiento de la violencia contra la peticionaria sino la condonación de esa violencia, lo que refleja una actitud discriminatoria hacia ella como mujer” (cfr. párr. 82).
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; DEBIDA DILIGENCIA; DENUNCIA; MEDIDAS DE SEGURIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACTOS DISCRIMINATORIOS;
Resolución Nº 4/2020. Derechos Humanos de las personas con COVID-19Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1. Emergencia Sanitaria. Responsabilidad del Estado. Derecho a la Salud. Asistencia médica. Tratamiento médico. Principio de dignidad humana. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Derecho a la vida.
“Los Estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19, inclusive mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario, que reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de todos los poderes públicos de los Estados” (párr. 1).
“La finalidad principal de toda atención o servicio de salud y cuidado dirigido a personas con COVID-19 es la protección de la vida, la salud, tanto física como mental, la optimización de su bienestar de forma integral, el no abandono, el respeto de la dignidad como ser humano y su autodeterminación haciendo uso del máximo de los recursos disponibles, para el mejor cuidado y tratamiento posible. En ningún caso las personas deben ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al existir una prohibición absoluta e inderogable al respecto” (párr. 2).
“Para dar una primera respuesta adecuada, los centros de salud de atención primaria, como espacios de relevancia de contacto sanitario, deben contar con los elementos esenciales incluyendo provisión de información, prevención, atención y tratamiento médico esencial…” (párr. 9).  
“Los Estados deben garantizar la provisión de tratamiento intensivo y prestaciones médicas de hospitalización para las personas con COVID-19 en situaciones de urgencia médica donde se encuentre en riesgo la vida si no se da el soporte vital requerido […]. Con el fin de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos a la vida y a la salud de las personas con COVID-19, los Estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad, en condiciones de igualdad, respecto de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar tales derechos en el contexto de pandemia” (párr. 10-11).
“Para la protección del derecho a la salud de las personas con COVID-19 es necesario reconocer y garantizar el derecho a recibir una prestación adecuada de los servicios de salud mediante un marco normativo y protocolos de atención y tratamiento con parámetros claros de atención” (párr. 18).
“Para la protección del derecho a la vida y al tratamiento de las personas con COVID-19, los mecanismos de cooperación entre los Estados requieren que los mismos destinen esfuerzos prioritarios para la investigación científica; en particular, aquellas investigaciones relativas a las secuencias genéticas y mutaciones del SARS-COV-2, a las vacunas y medicamentos para su tratamiento, el desarrollo de equipo de protección personal, así como el constante flujo de información con respeto a los estándares de la bioética pertinentes en la materia” (párr. 28).  
2. Vulnerabilidad. Igualdad. No discriminación. Arbitrariedad. Principio de proporcionalidad. Género. Pueblos indígenas. Afrodescendientes. Adultos mayores. Personas privadas de libertad, Personas con discapacidad. Migrantes. LGBTIQ, Niñas, niños y adolescentes.
“Para la implementación de acciones diferenciadas en el acceso oportuno a servicios y bienes de salud de las personas con COVID-19 en situación de pobreza, especialmente en asentamientos informales o en situación de calle, como en otras condiciones de exposición a la extrema vulnerabilidad o exclusión, los Estados deben garantizar la gratuidad del diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación” (párr. 15).  
“Los Estados deben dirigir esfuerzos para la más amplia cobertura posible a nivel geográfico, tomando en cuenta las particularidades de cada zona. En cuanto a las personas con COVID19 con riesgo a la vida y amenazas serias a su salud que viven en zonas rurales o lugares alejados, y con mayores obstáculos de acceso a servicios especializados, como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes tribales, deben generarse acciones específicas para identificarlas y construir estrategias de asistencia en transporte, alojamiento y acceso esencial al agua y a la alimentación” (párr. 16).   
“En el tratamiento y atención de las personas indígenas con COVID-19, debe tomarse en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta sus cuidados preventivos, sus prácticas curativas y sus medicinas tradicionales. Del mismo modo, los Estados deben asegurar un adecuado enfoque intercultural en el tratamiento y atención de las comunidades afrodescendientes tribales” (párr. 17).
“Para proteger a las personas con COVID-19, los Estados deben guiar las medidas que adopten bajo los principios de igualdad y no discriminación de conformidad con los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos” (párr. 3).
“Las decisiones relativas a la salud y cuidado de las personas con COVID-19, deben adoptarse e implementarse sin ningún tipo de discriminación arbitraria basado en alguno de los motivos reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos; esto debe ser particularmente considerado respecto a ciertos colectivos, como las personas mayores o las personas con discapacidad. Una diferencia de trato es contraria al derecho internacional cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Ello es aplicable, incluso en el tratamiento médico respecto de las personas que tienen condiciones médicas o enfermedades que hayan sido ocasionadas o se vean agravadas por la propia afectación por el virus” (párr. 23).  
“Para superar el estigma social asociado con COVID-19 y posibles comportamientos discriminatorios hacia personas que se perciben hayan estado en contacto con el virus, se deben adoptar de forma inmediata medidas que tengan en cuenta las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad, además de enfoques diferenciados, que hacen visibles los riesgos agravados sobre los derechos humanos contra personas, grupos y colectividades en especial situación de vulnerabilidad y exclusión histórica en el hemisferio, tales como personas en situación de pobreza o de calle, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, comunidades tribales, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, refugiadas y otras en situación de movilidad humana, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, y mujeres, teniendo especialmente en cuenta a aquellas que estén embarazadas o sean víctimas de violencia de género” (párr. 24).    
3. Consentimiento informado. Derecho a la información. Consulta previa. Derecho a la privacidad. Tratamiento médico. Niños, niñas y adolescentes.
“Cualquier tipo de tratamiento médico de las personas con COVID-19 debe recabar el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas. Cuando esté comprobado que su condición de salud no se lo permita, es necesario contar con el consentimiento de sus familiares o representantes. Dicha regla sólo admite como excepción una situación de urgencia donde se encuentre en inminente riesgo la vida y le resulte imposible a la persona con COVID-19 adoptar una decisión en relación con su salud. La urgencia o emergencia se refiere a la inminencia de un riesgo y, por ende, a una situación en que la intervención es necesaria ya que no puede ser pospuesta, excluyendo aquellos casos en los que se puede esperar para obtener el consentimiento. Respecto de niños, niñas o adolescentes con COVID-19 deberán ser consultados y su opinión debe ser debidamente considerada por sus familiares, responsables y por el equipo de salud” (párr. 19).  
“Toda persona con COVID-19 tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos les suministren información oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismos, y fidedigna, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades específicas. Cualquier investigación en seres humanos relacionada con COVID-19 debe recabar el consentimiento previo, libre e informado de la persona. Toda persona tiene el derecho a negarse a participar en la investigación y a retirar su consentimiento en cualquier momento” (párr. 20-21).  
“Para el adecuado ejercicio de los derechos de las personas con COVID-19, los Estados tienen la obligación positiva de informar de manera proactiva a las personas sobre sus derechos frente a los prestadores de salud, así como los mecanismos de protección existentes. Esto también incluye la obligación de facilitar el conocimiento y acceso a información culturalmente adecuada y particularmente accesible a los distintos grupos de población sobre medidas de prevención y de atención de salud en este contexto. El derecho de acceso a la información de las personas afectadas comprende la información sobre su historia clínica, la etiología, la sintomatología, las formas de transmisión, y posibles tratamientos, entre otros aspectos” (párr. 32-33).  
“En el desarrollo de aplicaciones de geolocalización y de alerta a la exposición al COVID-19, los Estados deben controlar que los actores públicos o privados que presten este servicio recaben el consentimiento informado de las personas con COVID-19 cuyos datos personales sean incorporados a los mismos […]. [D]eberán realizar una evaluación previa y pública del impacto que tienen en la privacidad de las personas afectadas por el virus las aplicaciones tecnológicas y herramientas de georreferenciación que se proyecten desarrollar para preservar la salud, a los efectos de justificar de forma fundada el beneficio de esas herramientas frente a otras alternativas que afecten en menor medida la privacidad” (párr. 34-35).  
“El almacenamiento de datos de las personas con COVID-19 debe estar limitado al fin legítimo y limitado de contener y revertir la pandemia, por el tiempo estrictamente necesario y estarán desvinculados de la identidad y otros aspectos personalísimos” (párr. 36).  
4. DESC.  Trabajo. Despido. Derecho a la alimentación. Aguas. Desalojo. Vivienda. Educación.
“Las personas con COVID-19 deben ser protegidas contra el despido injustificado, tanto en el ámbito público como en el privado, como garantía de la estabilidad laboral, lo que incluye medidas especiales dirigidas a proteger los derechos y condiciones derivados de la misma” (párr. 42).  
“Los Estados deben asegurar prioritariamente el suministro de agua y alimentos en cantidades adecuadas a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema con COVID-19, especialmente las que no tengan acceso al agua, ni a la adquisición de víveres de primera necesidad. Asimismo, se recomienda prever la adecuación de espacios temporales dignos para el aislamiento o cuidado de las personas con COVID-19 que lo requieran, particularmente aquellas en situación de pobreza, viviendo en la calle o en asentamientos informales o precarios. Entre otras medidas, también pueden implementar la suspensión de desalojos, de pagos de renta o hipotecas, o cualquier alivio para que las personas con COVID-19 puedan cumplir con las disposiciones sanitarias que correspondan” (párr. 43).  
“Para el goce pleno del derecho a la educación de las personas con COVID-19, bien por sufrir la enfermedad directamente o en el núcleo de sus familias, los Estados deben prever dentro de los diferentes niveles de sus sistemas educativos, la implementación de medidas que mitiguen la posible interrupción de los estudios y se enfoquen en la reducción del abandono de los mismos. Así como atenuar otras consecuencias derivadas directamente de la pandemia, tomando especialmente en consideración el papel de la escuela en los entornos más vulnerables, como proveedora de higiene, salud o alimentos” (párr. 44).  
5. Acceso a la justicia. Debida diligencia. Plazo razonable.
“Para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas con COVID-19 deben asegurarse recursos dirigidos a investigar de manera seria, oportuna y diligente las afectaciones a sus derechos, que incluyen irregularidades en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación médica recibida, atención médica en instituciones sin la debida habilitación o no aptas en razón de su infraestructura o higiene, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades” (párr. 45).   
“Para investigar en forma diligente las violaciones de derechos de las personas con COVID-19, se deben realizar todas las diligencias indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación, tales como el debido registro y cuidado del historial clínico, la autopsia y los análisis de restos humanos. Estas actividades deben realizarse de forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” (párr. 46).   
“Los procesos relacionados con denuncias de afectaciones a los derechos de las personas con COVID-19 así como la ejecución de las sanciones deben ser decididos en un plazo razonable. Cuando lo que se encuentra en juego en el proceso judicial es de crucial importancia para salvaguardar los derechos de la persona afectada, los Estados deben actuar con celeridad y diligencia excepcional, aun cuando este tipo de casos pueda significar cierto nivel de complejidad” (párr. 47).   
“Para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables se debe hacer uso de todas las vías disponibles; la falta de determinación de responsabilidad penal, no debe impedir la investigación de otros tipos de responsabilidades y determinación de sanciones, tales como las administrativas o disciplinarias” (párr. 48).  
EMERGENCIA SANITARIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; TRATAMIENTO MÉDICO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; GÉNERO; PUEBLOS INDÍGENAS; AFRODESCENDIENTES; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; MIGRANTES; LGBTIQ; CONSENTIMIENTO INFORMADO; DERECHO A LA INFORMACIÓN; CONSULTA PREVIA; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DESC; TRABAJO; DESPIDO; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; AGUAS; DESALOJO; VIVIENDA; EDUCACIÓN;
Valle Ambrosio y otro v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación del artículo 8.2.h (derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Debido proceso. Recursos. Revisión judicial. Arbitrariedad. Cuestiones de hecho. Recurso de casación.   
“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante al alcance y contenido del artículo 8.2.h de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]’. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal” (párr. 42).
“[E]l artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz, es decir, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes, y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (párr. 43).
“[E]l artículo 468 del CPPC, encargado de regular los motivos para poder interponer el recurso de casación, solo habilitaba dos supuestos específicos en los que éste procedía, a saber: (i) la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva y (ii) la inobservancia de las normas contenidas en el propio CPPC bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad. La Corte observa […] que tal y como se encontraba regulado el recurso de casación, de la literalidad de las normas no era posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias por un tribunal superior, tal y como sucedió en el presente caso” (párr. 54).
DEBIDO PROCESO; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; ARBITRARIEDAD; CUESTIONES DE HECHO; RECURSO DE CASACIÓN;
Guzmán Albarracín y otras v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal) y 11 (derecho a la protección de la honra y de la dignidad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la misma manera, del artículo 13 del Protocolo de San Salvador (derecho a la educación), en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (respetar y garantizar los derechos sin discriminación) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, también fue declarado responsable por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos, conforme con los artículos 7.a, 7.b y 7.c de la Convención de Belém do Pará. También se consideró a Ecuador como responsable por la violación del artículo 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la madre y hermana de la víctima. 1. Educación. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Abuso de autoridad. Vulnerabilidad. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. “[U]na educación que se imparta vulnerando derechos humanos no permite cumplir los cometidos señalados, resulta frontalmente contraria a los mismos y, por ende, violatoria del derecho a la educación. Los Estados deben adoptar acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo de niñas y niños. En el cumplimiento de estos deberes, es preciso que los Estados tengan en consideración la gravedad y las especificidades que presentan la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, todas las cuales son una forma de discriminación. Las niñas y niños, tienen, entonces, derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Por otra parte, como indicó el Comité DESC, la educación debe ser ‘accesible’ a todas las personas, ‘especialmente a [quienes integran] los grupos m[á]s vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos’. Dicho Comité resaltó también que la prohibición de discriminación en la educación ‘se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente’” (párr. 118). “Dado lo anterior, los Estados deben `adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia y abuso, incluidos los abusos sexuales, […] en las escuelas por el personal docente’, que goza, por su condición de tal, de una situación de autoridad y confianza respecto de estudiantes e incluso de sus familiares. Debe tenerse en cuenta, al respecto, la particular vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, considerando que ellas `con frecuencia están expuestas a abuso sexual por parte de […] hombres mayores’. En relación con lo expuesto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados tienen la `obligación estricta’ de adoptar todas las medidas apropiadas para tratar la violencia contra niños y niñas. La obligación `se refiere a una amplia variedad de medidas que abarcan todos los sectores públicos y deben aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir toda forma de violencia’, incluso mediante la aplicación de sanciones efectivas por su realización’” (párr. 119). “[L]a vinculación sexual fue obtenida por el aprovechamiento de la relación de poder y confianza […]. En este marco, estereotipos de géneros perjudiciales, tendientes a culpabilizar a la víctima, facilitaron el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la relación de confianza, para naturalizar actos que resultaron indebidos y contrarios a los derechos de la adolescente” (párr. 131). “[E]l derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación y, como ha señalado el Comité DESC, `entraña un derecho a una educación sobre la sexualidad y la reproducción que sea integral, que no sea discriminatoria, que esté basada en pruebas, que sea científicamente rigurosa y que sea adecuada en función de la edad’. Una obligación estatal relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva es brindar ‘educación e información integrales’, teniendo en cuenta `las capacidades evolutivas de los niños y los adolescentes’. Dicha educación debe ser apta para posibilitar a las niñas y los niños un adecuado entendimiento de las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consentimiento para tales vínculos y el ejercicio de las libertades respecto a sus derechos sexuales y reproductivos” (párr. 139). 2. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida privada y familiar. Violencia sexual. Debida diligencia. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará). “Los derechos a la integridad personal y a la vida privada, receptados en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, conllevan libertades, entre las que se encuentra la libertad sexual y el control del propio cuerpo, que pueden ser ejercidas por personas adolescentes en la medida en que desarrollan la capacidad y madurez para hacerlo” (párr. 109). “La Corte, teniendo en cuenta las disposiciones mencionadas [artículos 1, 2, 6 y 7 de la Convención de Belém do Pará], ha explicado que la ‘violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer’, que se relaciona con la `manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres’. Los deberes establecidos en la Convención de Belém do Pará complementan y especifican las obligaciones establecidas en la Convención Americana para cumplir los derechos establecidos en éste tratado. Al respecto, el Tribunal ha establecido que `los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres’, lo que incluye `contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias’. El carácter `integral’ de la estrategia de prevención refiere a que la misma contemple la `prevén[ción de] los factores de riesgo y a la vez [el] fortalec[imiento de] las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer’” (párr. 113). “[C]on base en las pautas ya expresadas [de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño], corresponde entender como violencia sexual contra la mujer o la niña no solo actos de naturaleza sexual que se ejerzan por medio de la violencia física, sino también otros de esa naturaleza que, cometiéndose por otros medios, resulten igualmente lesivos de los derechos de la mujer o la niña o le causen daño o sufrimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la violencia sexual contra la mujer puede presentar diversos grados, de acuerdo a las circunstancias del caso y diversos factores, entre los que pueden encontrarse las características de los actos cometidos, su reiteración o continuidad y la vinculación personal preexistente entre la mujer y su agresor, o la subordinación de ella a éste a partir de una relación de poder. También pueden resultar relevantes, de acuerdo al caso, condiciones personales de la víctima, como ser una niña. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, que no los priva de su derecho a medidas de protección” (párr. 124). 3. No discriminación. Igualdad. Violencia sexual. Violencia de género. Abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes. Estereotipos de género. Género. Acceso a la justicia. “La violencia sufrida, además, conllevó una forma de discriminación. Ya se ha indicado que la violencia de género y la violencia contra la mujer implican una forma de discriminación […], prohibida por el artículo 1.1 de la Convención Americana. Además, la violencia sexual contra niñas no sólo expresa una discriminación prohibida en razón del género, sino que también puede resultar discriminatoria en función de la edad. Si bien este elemento no está comprendido en el artículo 1.1 de la Convención Americana en forma explícita, dicha norma señala la prohibición de discriminación basada en `otra[s] condici[ones] social[es]’ distintas de las que lista, las que, en forma general, se evidencian respecto a grupos que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad. Este es el caso de niñas y niños, quienes pueden verse afectados en forma desproporcionada y particularmente grave por actos de discriminación y violencia de género. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha expresado que la discriminación basada en diversos motivos, incluso el `sexo’, `bien sea de forma manifiesta o larvada, atenta contra la dignidad humana del niño´, y puede `debilitar’, e incluso destruir su capacidad `de beneficiarse de las oportunidades de la educación’. En ese sentido, la Corte ha señalado que el `impacto’ de la `violencia sexual’ en `las niñas, niños y adolescentes víctimas’, puede `verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima’” (párr. 141). “[E]n virtud de la obligación de no discriminar, los Estados están `obligados […] a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas’. Por eso, `[l]os Estados deben invertir en medidas proactivas que promuevan el empoderamiento de las niñas e impugnen las normas y los estereotipos patriarcales y otras normas y estereotipos de género perjudiciales, así como en reformas jurídicas, para hacer frente a la discriminación directa e indirecta contra las niñas’. Este deber tiene vinculación con los artículos 19 de la Convención Americana y 7.c de la Convención de Belém do Pará […]. Por lo expuesto, los actos de acoso y abuso sexual cometidos contra PGA no solo constituyeron, en sí mismos, actos de violencia y discriminación en que confluyeron, de modo interseccional, distintos factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación, como la edad y la condición de mujer. Esos actos de violencia y discriminación se enmarcaron, además, en una situación estructural, en la que pese a ser la violencia sexual en el ámbito educativo un problema existente y conocido, el Estado no había adoptado medidas efectivas para revertirlo…” (párr. 142). “Los efectos de la violencia contra niñas o niños pueden resultar sumamente graves. La violencia contra niños o niñas tiene múltiples consecuencias, entre ellas, `consecuencias psicológicas y emocionales (como sensaciones de rechazo y abandono, trastornos afectivos, trauma, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima)’, que pueden derivar incluso en suicidio o intentos de cometerlo […]. Resulta trascendente cómo sean las relaciones de una persona adolescente con personas adultas importantes en su vida, pues si las mismas son inadecuadas, de acuerdo a la gravedad del caso, pueden llegar a impulsar, en forma directa o indirecta, actos suicidas […]. En el presente caso, es claro que el Estado no solo no adoptó acciones para proteger a PGA, sino que directamente irrespetó sus derechos, no solo por los actos directos de violencia sexual, sino también por la tolerancia al respecto por parte de la institución educativa a la que asistía” (párrs. 156-157). “[L]os estereotipos de género se refieren a: una pre–concepción de `atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales’” (párr. 188). “Los estereotipos y prejuicios operaron en las consecuencias del proceso, en cuanto no fue decidido teniendo en cuenta la perspectiva de género para resolver conforme lo dispone la Convención de Belém do Pará. Los estereotipos `distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la eventual revictimización de las denunciantes” (párr. 189). “[La sentencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, de 2 de septiembre de 2005, que consideró la conducta del Vicerrector como un delito de estupro y no de acoso sexual] muestra con claridad un análisis sesgado con base en preconceptos de género. En primer término, porque descarta la comisión de un delito a partir de evaluar la supuesta conducta de la víctima, haciéndola responsable del `principio de la seducción’. Eso muestra el entendimiento de que el hecho de requerir `favores docentes’ implicaba, per se, que la víctima diera lugar a actos de `seducción’, lo que implícitamente conlleva atribuirle, al menos de modo parcial, responsabilidad en lo que finalmente ocurrió. Lo anterior denota un entendimiento de la mujer, que en este caso era una niña, como `provocadora’ y permite la violencia sexual y discriminatoria ejercida en el hostigamiento, eximiendo de responsabilidad al victimario por ello […]. De este modo, la decisión señalada, en forma implícita, avaló conductas de acoso sexual contra una niña, al no considerar que las mismas incluyen la `preparación’ del abuso posterior, mediante la utilización de una situación de poder por parte del perpetrador” (párr. 191). “Por otra parte, al calificar la conducta de `estupro’, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil se refirió a requisitos de `honestidad’ y `doncellez’, lo que implican la evaluación de la conducta previa de la víctima. Es decir, implica un juzgamiento de la víctima, conceptualmente previo a la evaluación del accionar del victimario. De ese modo, el delito se configura en la medida en que la mujer afectada cumpla determinados requisitos de conducta, exigidos de conformidad a preconceptos de género, es decir, a prejuicios sobre las conductas pretendidamente debidas por una mujer o esperadas de ella por su condición de tal” (párr. 192). “[U]na diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Es el Estado quien tiene la carga de la prueba para mostrar que la diferencia de trato entre la víctima de un delito que cumpla con el requisito de `honestidad’ y `doncellez’, y otra que no ostenta esa calidad, se encuentra justificada, sin fundamentar su decisión en estereotipos” (párr. 193). 4. Debido proceso. Plazo razonable. Debida diligencia. Complejidad del asunto. Duración del proceso. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. “En casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b, dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”. (párr. 177). “Si bien es cierto que a efectos de analizar el plazo razonable de una investigación y de un procedimiento, en términos generales la Corte debe considerar la duración global de un proceso hasta que se dicte sentencia definitiva, en ciertas situaciones particulares puede ser pertinente una valoración específica de sus distintas etapas. Este Tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 181). “En primer término, sobre la complejidad del caso, debe señalarse que ofrece elementos de complejidad la indagación de violencia sexual cuando la víctima no puede brindar su declaración […]. En lo referente a la actividad procesal de las personas interesadas, la Corte nota que no hay evidencia de que los familiares de PGA hubieran realizado acciones que dificultaran el avance de las investigaciones […]. En lo que respecta a la conducta de las autoridades judiciales […], hubo diversos aspectos en que la conducta estatal no siguió pautas de debida diligencia. Asimismo, la Corte advierte que existieron retrasos en las investigaciones que obedecieron a la inactividad de las autoridades […]. En lo relativo a la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, este Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve […]. En el presente caso, tratándose de una niña víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales tendrían que haber obrado con mayor diligencia en el marco de las investigaciones y de los procedimientos judiciales sobre los hechos…” (párrs. 182-186).
EDUCACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; VULNERABILIDAD; DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; VIOLENCIA SEXUAL; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; GÉNERO; ABUSO SEXUAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; PLAZO RAZONABLE; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; DURACIÓN DEL PROCESO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO;
Bostock v. Clayton County, GeorgiaCorte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
La Corte Suprema resolvió que un empleador que despide a un empleado simplemente por ser homosexual o transgénero viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La sentencia fue emitida con 6 votos a favor y dos en disidencia. Fue redactada por el juez Neil M. Gorsuch, y a ella adhirieron los jueces John G. Roberts, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El primer voto disidente fue redactado por el juez Samuel A. Alito, al que se adhirió el juez Clarence Thomas. El segundo voto disidente fue del juez Brett M. Kavanaugh.
LGTBIQ. Igualdad. No discriminación. Despido. Trabajo. Interpretación de la ley. Vulnerabilidad. Identidad de género. Estereotipos de género. Orientación sexual. Principio de legalidad.
“En determinadas ocasiones, pequeños actos pueden llegar a tener consecuencias inesperadas […]. En nuestro tiempo, pocas disposiciones legislativas de carácter federal alcanzan a la Ley de Derechos Civiles de 1964 en cuanto a importancia. Dicha ley, en su Título VII, prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad de origen. En esta ocasión, debemos resolver si un empleador puede despedir a alguien por el solo hecho de ser homosexual o transgénero. La respuesta es clara. Un empleador que despide a una persona por ser homosexual o transgénero la despide por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, que es exactamente lo que prohíbe el Título VII” (cfr. pág. 2).
“Quienes aprobaron la Ley de Derechos Civiles no pudieron haber anticipado que su trabajo conduciría a este resultado en particular. Probablemente, no pensaban en muchas de las consecuencias en la aplicación de la Ley que se han hecho evidentes a lo largo de los años, incluyendo la prohibición de discriminación por motivos de maternidad o la prohibición del acoso sexual de los empleados masculinos. Pero los límites interpretativos de los redactores no son motivo para ignorar las exigencias de la ley. Cuando los términos expresos de una norma nos ofrecen una respuesta y las consideraciones ajenas al texto [extratextuales] sugieren otra, no existe duda. Sólo la palabra escrita es ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio” (cfr. pág. 2).
“Normalmente, este tribunal interpreta una ley de acuerdo con el significado público habitual de las palabras en el momento de su aprobación. Después de todo, sólo las palabras en el texto constituyen una ley aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente. Si los jueces pudieran añadir, remodelar, actualizar o desvirtuar antiguos términos legales amparándose tan sólo en fuentes extratextuales y en su propio imaginario, nos arriesgaríamos a modificar leyes fuera del procedimiento legislativo reservado a los representantes del pueblo. Le negaríamos al pueblo el derecho de seguir descansando en el significado original de la ley, en la que confiaban cuando ejercitaban sus derechos y obligaciones” (cfr. pág. 4).
“[Se ha] de determinar el significado ordinario del mandato contenido en el Título VII, según el cual será: `ilegal […] para un empleador rehusar la contratación o despedir a cualquier individuo, o discriminar a cualquier individuo en lo referente a sus retribuciones, términos, condiciones o privilegios laborales en base a la raza, color, religión, sexo o nacionalidad de origen” (cfr. pág. 4).
“Del significado común y generalizado del lenguaje de la norma en el momento de la adopción de la ley, emerge un principio claro: un empleador vulnera el Título VII cuando, de forma intencional, despide a un empleado basándose en parte en el sexo. Es indiferente que factores ajenos al sexo contribuyan a la decisión. También es indiferente si el empleador trata a las mujeres como grupo de la misma forma que a los hombres, igualmente como grupo. Si el empleador, de manera intencionada, se basa en el sexo de un individuo cuando acuerda cesarle (o, dicho en otras palabras, si de cambiar el sexo del empleado se hubiera alcanzado un resultado diferente) se produce una vulneración de la ley. El mensaje del Título VII es `simple, pero importante’: el sexo de un trabajador en concreto `no es relevante para la selección, evaluación o retribución de los trabajadores’” (cfr. pág. 9).
“Para los casos sometidos a análisis, el mensaje de la norma es sencillo e igualmente crucial: que un individuo sea homosexual o transgénero no es relevante para las decisiones relativas al empleo. Esto se debe a que es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a esa persona por motivos de sexo […]. [E]l sexo del empleado juega un papel inequívoco e inadmisible en la decisión de despido” (cfr. pág. 9).
“[I]ndisociablemente, la homosexualidad y el estado transgénero están vinculados con el sexo. No porque estén relacionados con el sexo en un sentido vago, o porque la discriminación sobre la que se fundamenta tenga un impacto diverso en un sexo o en otro, sino porque discriminar debido a estos motivos requiere que un empleador, de manera intencional, trate a los empleados de manera diferente debido a su sexo” (cfr. pág. 10).
“Tampoco importa el hecho que, cuando un empleador trata peor a un empleado debido a su sexo, puedan existir otros factores que contribuyan a su decisión […]. Cuando un empleador despide a un empleado porque es homosexual o transgénero, pueden estar en juego dos factores causales: tanto el sexo del individuo como algo más (el sexo por el que se siente atraído o con el que se identifica). Sin embargo, esto carece de importancia en el Título VII. Si el empleador no hubiera despedido al empleado de no ser por su sexo, se cumple el estándar de causalidad de la norma y se podría exigir responsabilidad” (cfr. pág. 10).
“[L]a discriminación intencional basada en el sexo viola el Título VII, incluso si se configura como un medio para lograr el objetivo final del empleador de discriminar a los empleados homosexuales o transgénero. Sencillamente, no se puede obviar el papel que juega aquí la voluntad: así como necesariamente el sexo es una causa cuando un empleador discrimina contra empleados homosexuales o transgénero, un empleador que discrimina en base a estos motivos posee la voluntad de basarse en el sexo para su toma de decisiones […]. Sin duda, el objetivo final de ese empleador podría ser discriminar sobre la base de la orientación sexual. Pero para lograr ese propósito, el empleador debe, intencionalmente, tratar de peor forma a un empleado en base a su sexo (cfr. pág. 10).
“[U]n empleador que discrimina a los empleados homosexuales o transgénero aplica necesaria e intencionalmente reglas basadas en el sexo” (cfr. pág. 14).
“[U]n empleador no escapa de su responsabilidad por demostrar que trata a hombres y mujeres de manera comparable como grupos. [Un empleador] que despide de forma intencionada a un empleado homosexual o transgénero en parte debido al sexo de ese individuo viola la ley, incluso si el empleador está dispuesto a someter a todos los empleados homosexuales o transgénero a la misma regla” (cfr. pág. 15).
“Un empleador que comunica que no empleará a nadie que sea homosexual, por ejemplo, tiene la intención de penalizar a los empleados varones por sentirse atraídos por hombres y a las mujeres por sentirse atraídas por las mujeres” (cfr. pág. 17).
“Al discriminar a las personas homosexuales, el empleador penaliza intencionalmente a los hombres por sentirse atraídos por hombres y a las mujeres por sentirse atraídas por mujeres. Al discriminar a las personas transgénero, el empleador discrimina, inevitablemente, a las personas con un sexo marcado por el nacimiento y otro en la actualidad” (cfr. pág. 18).
“Debido a que la homosexualidad y el estado transgénero no se pueden encontrar en esa lista [características protegidas del Título VII: raza, color, religión, sexo y origen nacional], y porque son conceptualmente distintos del sexo, los empleadores han argumentado que están excluidos implícitamente del alcance del Título VII. Dicho de otra manera, si el Congreso hubiera querido abordar estos asuntos en el Título VII, lo habría hecho con una referencia específica. [Sin embargo] estamos de acuerdo en que la homosexualidad y el estado transgénero son conceptos distintos del sexo. Pero, como hemos argumentado, la discriminación basada en la homosexualidad o el estado transgénero necesariamente implica una discriminación basada en el sexo; lo primero no puede suceder sin lo segundo […]. En cambio, cuando el Congreso elige no incluir ninguna excepción a la regla general, los tribunales aplican la regla general. [Es así] como este Tribunal siempre se ha aproximado al Título VII. El `acoso sexual’ es conceptualmente distinto de la discriminación sexual, pero puede caer dentro del alcance del Título VII […].  Lo mismo sucede con la `discriminación por maternidad’” (cfr. pág. 19).
“Tal vez el examen de causalidad sencillo y convencional debería aplicarse en todos los demás supuestos del Título VII, sin embargo, no opera cuando se trata de casos que involucran a empleados homosexuales y transgénero. Aquí, el examen es demasiado determinante para captar los matices” (cfr. pág. 20).
LGBTIQ; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VULNERABILIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ORIENTACIÓN SEXUAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DESPIDO; TRABAJO;
Spoltore v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación del artículo 8.1 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable) y 25.1 (obligación de respetar y garantizar dichos derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 41 y 45 de la presente Sentencia. Argentina también fue declarada responsable por la violación del el artículo 26 (derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador), en relación con los artículos 8.1 y 25.1 del mismo instrumento y en los términos de los párrafos 82 a 102 de la presente Sentencia.
1. Responsabilidad del Estado. Agotamiento de los recursos internos. Recursos. Plazo razonable. Carga de la prueba.
“La Corte ha señalado, en algunas ocasiones, que al haberse efectuado un reconocimiento de responsabilidad, el Estado ha aceptado la plena competencia del Tribunal para conocer del caso, por lo que la interposición de la excepción preliminar asociada al no agotamiento de los recursos internos, resulta, en principio, incompatible con el referido reconocimiento. En el presente caso, el Estado fue enfático en señalar que el reconocimiento de responsabilidad se realizaba de forma subsidiaria, en caso de no prosperar la presente excepción preliminar. Asimismo, se recuerda que en virtud de la naturaleza complementaria del sistema interamericano, los Estados tienen que tener la posibilidad de resolver en sus tribunales internos las posibles infracciones a los derechos consagrados en la Convención. Esta posibilidad se asegura por medio del requisito de admisibilidad de agotar los recursos internos. Mediante el reconocimiento de responsabilidad realizado, el Estado aceptó que la duración del proceso entre el señor Spoltore y una empresa privada fue excesiva. No obstante, dicho reconocimiento de responsabilidad no incluye ninguna aceptación de hechos relativa a que se hubieran agotado los recursos internos por la violación a la Convención Americana aceptada por el Estado, o que fuera aplicable alguna de las excepciones establecidas por la Convención al agotamiento de recursos internos. Por tanto, la Corte no considera que sean incompatibles en este caso…” (párr. 21).
“[L]a regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Lo anterior significa que no solo deben existir formalmente esos recursos, sino que también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención. [U]na objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión, luego de lo cual opera el principio de preclusión procesal. Al respecto, el Tribunal reitera que no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento, de modo tal que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado. A partir de lo anterior, en el presente caso, la Corte considera necesario examinar: a) si la excepción de agotamiento de los recursos fue presentada en el momento procesal oportuno, y b) la existencia de recursos idóneos y efectivos para agotar la jurisdicción interna” (párr. 22-24).
“[A] diferencia de otros casos donde se alega una violación del plazo razonable, en el presente caso el alegado ilícito internacional se habría producido durante dicho proceso laboral. Por tanto, para cumplir con el agotamiento de los recursos internos era necesario agotar algún recurso que le brindara la oportunidad al Estado de resolver la situación en sede interna” (párr. 29).
“Esta Corte advierte que estos recursos [recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad] no eran capaces de atender el daño causado por la alegada demora del proceso laboral. En este sentido, respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires establece que debe ‘fundamentarse en alguna de las siguientes causas: a) Que la sentencia haya violado la ley o la doctrina legal, y b) que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley de la doctrina legal’. Este recurso puede ‘rectificar errores de derecho en los que pudieran incurrir las cámaras de apelaciones y los tribunales colegiados de instancia’. Por otra parte, el recurso extraordinario de nulidad tiene como fin dejar sin efecto una decisión, en cuyo caso se remite la causa a otro tribunal para que la decida nuevamente” (párr. 29).
“[E]l Estado tiene la carga de la prueba de demostrar la disponibilidad, idoneidad y efectividad práctica del recurso que alega debió agotarse. Además, Argentina reconoció que el recurso de daños y perjuicios no ha sido utilizado en casos de demoras judiciales excesivas en procesos laborales. Por tanto, este Tribunal considera que era una carga excesiva para la presunta víctima exigirle que agotara un recurso que no había sido utilizado en la práctica para los fines que el Estado alega que tendría. En consecuencia, se desestima la presente excepción preliminar” (párr. 35).
2. Derecho al trabajo. Derecho a la salud. Acceso a la justicia. Daños y perjuicios. Duración del proceso. Enfermedades profesionales.
“[E]n el presente caso, el problema jurídico planteado por los representantes se relaciona con los alcances del derecho al trabajo, y en particular sobre el contenido del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, entendido como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana” (párr. 82).
“[C]omo parte integrante del derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, se encuentra ‘la prevención de accidentes y enfermedades profesionales’ como medio para garantizar la salud del trabajador” (párr. 94).
“[C]on base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador, y tomando en cuenta los hechos y particularidades del presente caso, la Corte concluye que este se refiere al derecho del trabajador a realizar sus labores en condiciones que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar este derecho, los Estados, entre otras obligaciones, deben asegurar que los trabajadores afectados por un accidente o enfermedad profesional prevenible tengan acceso a mecanismos adecuados de reclamación, como los tribunales, para solicitar una reparación o indemnización” (párr. 99).
“[El peticionario] tras sufrir dos infartos, inició un proceso en contra de la empresa donde trabajaba para que se reconociera dichos padecimientos de salud como una enfermedad profesional y se le otorgara una indemnización […]. Por ello, resulta irrazonable que las autoridades judiciales hayan tardado doce años en dilucidar si le asistía derecho en la demanda por enfermedad profesional contra su empleador” (párr. 101).
“[E] el acceso a la justicia es uno de los componentes del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador […]. Esta Corte ha señalado que los derechos laborales y el derecho a la seguridad social incluyen la obligación de disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a su violación con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las relaciones laborales. Esto mismo es aplicable al derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador” (párr. 102).
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS; RECURSOS; ACCESO A LA JUSTICIA; PLAZO RAZONABLE; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO AL TRABAJO; DERECHO A LA SALUD; DAÑOS Y PERJUICIOS; DURACIÓN DEL PROCESO; ENFERMEDADES PROFESIONALES;
Roche Azaña y otros v. NicaraguaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Nicaragua era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida) y 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los hermanos Roche Azaña. También de los artículos 8.1 (derecho a las garantías judiciales y debido proceso) y 25 (derecho a la protección judicial), en relación con el artículo 1.1, en perjuicio del peticionario y sus padres. El Tribunal además concluyó que el Estado era responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los padres del peticionario. 1. Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad. Derecho a la vida. Zona de frontera. Responsabilidad del Estado. “[E]l uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. El Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control. En los casos en los que resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad: i. Legalidad: El uso excepcional de la fuerza debe estar formulado por ley y debe existir un marco regulatorio para su utilización. ii. Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. iii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. iv. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” (párr. 53). “[L]os Estados deben crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza del derecho a la vida. De allí que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales. [E]l uso de la fuerza debe ser regulado en el marco de un sistema que provea garantías efectivas contra un uso arbitrario y excesivo de la misma, cuestión que no sucedió en el presente caso” (párr. 55-56). “[C]on respecto al segundo requisito [finalidad legítima], la Corte señala que, en principio, no todo uso de la fuerza implica necesariamente el uso de armas de fuego. Efectivamente, los agentes y fuerzas de seguridad del Estado pueden recurrir al uso de la fuerza para multitud de situaciones en las que no es necesario el uso de armas de fuego, tal y como puede suceder al detener a una persona en virtud de orden judicial, para evitar la comisión de un delito o por la comisión de un delito flagrante; o, por ejemplo, para mantener el orden público en actos de naturaleza pública donde haya congregación de personas y garantizar así su seguridad. [L]a Corte advierte que, de conformidad con la prueba obrante en el presente caso, se desprende que la finalidad de los disparos efectuados por los agentes estatales fue ocasionar intencionalmente un daño, tanto a la furgoneta como, sobre todo, a las personas que iban en su interior” (párr. 60). “[N]o se puede concluir que quede acreditado el requisito de ‘absoluta necesidad’ para utilizar la fuerza contra personas, cuando estas no representan un peligro directo, ‘inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura’. [L]a Corte observa que en el presente caso se pudieron emplear medios menos lesivos para detener la furgoneta y, por tanto, no se cumplió con el requisito de necesidad” (párr. 62). “En cuanto al análisis de proporcionalidad, la Corte ya ha considerado que durante el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención, todo ello con el objetivo de minimizar el uso de la fuerza y las fatalidades que se pudieran presentar” (párr. 63). “[L]a Corte reitera que el lugar en el que se estableció el dispositivo de control era próximo a una zona fronteriza internacional. En este sentido, es importante recalcar que el respeto a los derechos humanos debe constituir el núcleo de todas las medidas de protección de fronteras. Por tanto, el Tribunal considera que los agentes estatales debieron tener en cuenta estas circunstancias al emplear el uso de la fuerza, sobre todo en razón de que no se podía visualizar hacia adentro de la furgoneta para descartar la posibilidad real de que transportara personas y que éstas estuvieran en una situación de particular riesgo” (párr. 64). “[R]esulta asimismo llamativo que las armas utilizadas fueron armas tipo AK, esto es, armas de guerra […]. La Corte considera que, en el presente caso, el uso de este tipo de fusiles de asalto fue incompatible con la función de control alegada por el Estado, y ello por no cumplir con el criterio de proporcionalidad” (párr. 68). “[E]n todo caso de uso o despliegue de la fuerza, en el que agentes estatales hayan producido la muerte o lesiones de una persona, corresponde analizar el uso legítimo de la fuerza, puesto que ‘corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados’. [L]a Corte considera que el Estado no ha logrado acreditar la existencia de un peligro inminente de tal magnitud que justificara el uso de armas de fuego, y mucho menos el uso de armas de guerra” (párr. 69). “[E]n el presente caso no se acreditó la legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad ni proporcionalidad del uso de la fuerza ejercido. Efectivamente, la situación ocasionada fue el resultado del uso desproporcionado de la fuerza imputable al Estado por el actuar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (párr. 70). “[C]uando los agentes estatales emplean la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada, como en el presente caso, dando lugar a la pérdida de la vida, se considera que se ha producido una privación arbitraria de la misma” (párr. 71). 2. Recursos. Acceso a la justicia. Derecho a ser oído. Notificación. Migrantes en situación irregular. Vulnerabilidad. Debido proceso. “[D]e conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables” (párr. 84). “Por otro lado, esta Corte ha desarrollado el derecho a ser oído, previsto en el articulo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones. La Corte ha reconocido que el derecho a ser oído comprende dos ámbitos: por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos, hacer planteamientos, aportación de prueba y, en síntesis, hacer valer sus derechos). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión se produzca a través de un procedimiento que satisfaga el fin para el cual fue concebido” (párr. 85). “El Estado justificó la ausencia de participación del señor Roche Azaña en el hecho de que la legislación obligaba a recabar todos los elementos de prueba en diez días desde que se dictó la resolución que daba apertura al proceso penal. Sin embargo, la Corte advierte que el hecho de que se debiera recabar prueba en un plazo determinado no obstaba para que se notificara al señor Roche Azaña de todas las siguientes etapas del proceso y permitirle así poder intervenir en las mismas en el caso de que lo estimara oportuno” (párr. 89). “El Estado […] señaló que todos los actos del procedimiento penal fueron notificados al Procurador Penal, quien ejercía la representación de la vindicta pública y desarrolló todas las diligencias pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de sus responsables. La Corte considera que el ejercicio de la acción pública por un Procurador Penal no debería haber sido óbice para que la presunta víctima o la parte perjudicada hubieran también participado en el proceso penal, máxime cuando la propia legislación nicaragüense así lo habilitaba. Al respecto, la Corte recuerda que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana suponen que las víctimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos, de manera que puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones” (párr. 90). “[D]ebe tener especial consideración el hecho de que […] Roche Azaña era una persona migrante, que, por las características del presente caso, se encontraba en una clara situación de vulnerabilidad. La Corte recuerda que el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Asimismo, la Corte considera que los Estados tienen el deber de asegurar que todas las personas que hayan sufrido abusos o violaciones de los derechos humanos como resultado de las medidas de gobernanza de fronteras tengan un acceso equitativo y efectivo a la justicia, acceso a un recurso efectivo, a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, así como a información pertinente sobre las violaciones de sus derechos y los mecanismos de reparación. En el marco de las operaciones realizadas en zonas fronterizas, los Estados tienen el deber de investigar y, cuando proceda, enjuiciar los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos, imponer penas acordes con la gravedad de los delitos, y tomar medidas para garantizar que no se repitan” (párr. 91). “[L]a condición de migrante del señor Roche Azaña tuvo un impacto fundamental en su ausencia de participación en el proceso […]. El Tribunal advierte que, al menos durante esos cinco meses en los que el señor Roche Azaña permaneció en Nicaragua, éste no fue informado por parte del Estado de la existencia de un proceso penal en contra de los autores de los disparos, ni le fue prestada ningún tipo de asistencia técnica que pudiera compensar el desconocimiento de un sistema legal -extranjero y ajeno para él- que supuestamente le amparaba. Lo anterior, con el objetivo de que […] pudiera hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (párr. 92). “El señor […] Roche Azaña se encontraba, por tanto, en una situación de desigualdad real debido a su estatus migratorio que obligaba al Estado a adoptar determinadas medidas especiales que contribuyeran a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidieron la defensa eficaz de sus intereses por el mero hecho de ser migrante. Cuando no existen estas medidas para garantizar un efectivo e igualitario acceso a la justicia de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, difícilmente se puede afirmar que quienes se encuentran en esas condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (párr. 93). 3. Víctima. Derecho a la integridad personal. Familia. “[L]os familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de ‘familiares directos’ u otras personas con vínculos estrechos con las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que aquellos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos, tomando en cuenta, entre otros elementos, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar. [E]ste Tribunal considera que, como consecuencia directa de (i) la muerte del señor […] Roche Azaña, junto con el posterior traslado de su cadáver a Ecuador, y (ii) las heridas causada a […] Roche Azaña, junto con las secuelas que le causaron de por vida, los padres de los hermanos Roche Azaña padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral” (párr. 100-101).
USO DE LA FUERZA; FUERZAS DE SEGURIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DERECHO A LA VIDA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ZONAS DE FRONTERA; RECURSOS; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO A SER OIDO; NOTIFICACIÓN; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; VULNERABILIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; FAMILIA;
Genero v. ItaliaComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que Italia era responsable por la violación de los artículos 25.c (acceso igualitario a la función pública) y 26 (igualdad y no discriminación) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1. Género. Estereotipos de género. Igualdad. No discriminación. Principio de proporcionalidad. “El Comité recuerda su Observación General Nº 18 […] sobre la no discriminación, en la cual ese término se define como `toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas’. [L]a prohibición de la discriminación se aplica tanto en el ámbito público como en el privado y que el efecto discriminatorio de una norma o medida que es aparentemente neutra o no tiene propósito discriminatorio puede dar lugar a una violación del artículo 26. No obstante, no toda distinción, exclusión o restricción por los motivos enumerados en el Pacto constituye discriminación, siempre que esa distinción se base en criterios razonables y objetivos y persiga un propósito que sea legítimo con arreglo al Pacto” (párr. 7.3). “[E]l requisito de una estatura mínima no diferenciada de 165 cm, muy superior a los 161 cm del supuesto promedio nacional de estatura femenina, impide presentarse a las oposiciones al Cuerpo Nacional de Bomberos a la mayoría de las mujeres italianas, incluida ella misma. [Este requisito] restringe el acceso al Cuerpo Nacional de Bomberos. Aunque redactada en términos aparentemente neutros, en Italia esa restricción afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que miden considerablemente menos que los hombres en promedio y la estatura mínima requerida se sitúa entre ambos promedios, por lo que excluye a la mayoría de las mujeres e incluye a la mayoría de los hombres” (párr. 7.4). “Si bien reconoce que el Estado parte puede tener un interés legítimo en garantizar la eficacia del Cuerpo Nacional de Bomberos y admite que las actividades que realizan los bomberos pueden requerir una determinada condición física, el Comité observa que ni el Estado parte ni los tribunales administrativos nacionales han justificado qué importancia concreta tiene medir al menos 165 cm para el desempeño eficaz de esas tareas, ni por qué otras características físicas, como la complexión, la fuerza muscular y la masa metabólica activa, no pueden compensar el hecho de no alcanzar la estatura requerida. A este respecto, en el momento en que se presentó esta comunicación, [la peticionaria] había trabajado satisfactoriamente como bombera temporal durante 17 años, a lo largo de los cuales había participado en varios equipos de rescate y desempeñado las mismas funciones que el personal permanente” (párr. 7.5). “[E]l requisito de una estatura mínima de 165 cm exigido por la ley a los candidatos al Cuerpo Nacional de Bomberos constituye una restricción que no es necesaria ni proporcional al objetivo legítimo perseguido. Por consiguiente, el Comité concluye que, a la luz de su efecto desproporcionado en el acceso de las mujeres al Cuerpo Nacional de Bomberos, esa disposición, así como su aplicación […], constituyen una forma de discriminación indirecta por motivos de género que vulnera el artículo 26 del Pacto” (párr. 7.6). “[R]esulta discriminatorio establecer requisitos de estatura diferentes para los bomberos permanentes y los temporales. [E]xigir una menor estatura a los bomberos temporales implicará inevitablemente que haya más candidatos, sobre todo mujeres, que cumplan los requisitos para ser bomberos temporales pero no para ser personal permanente, aunque desempeñen las mismas funciones, como se establece en la legislación nacional […]. El Comité considera que ello no constituye un nuevo motivo de discriminación, sino que refuerza la discriminación de género antes señalada” (párr. 7.7). 2. Función pública. No discriminación. Acceso a la justicia. Medidas de acción positiva. “[E]l Comité recuerda que, de conformidad con su Observación General Nº 25 […], sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, `[p]ara garantizar el acceso [a la función pública] en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos’. Y, además, que `[r]eviste especial importancia garantizar que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al apartado c) del artículo 25 por cualquiera de los motivos especificados en el párrafo 1 del artículo 2’. Habiendo considerado que el requisito relativo a la estatura previsto en la ley para ingresar en el Cuerpo Nacional de Bomberos era irrazonable y discriminatorio, el Comité concluye que también se violaron los derechos que asisten a la peticionaria en virtud del artículo 25 c)” (párr. 7.8). “De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la peticionaria un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan resultado vulnerados. A este respecto, el Estado parte debería, entre otras cosas: a) proporcionar a la peticionaria una indemnización adecuada; y b) estudiar la posibilidad de admitir a la peticionaria como bombera permanente, si todavía desea ingresar en el Cuerpo Nacional de Bomberos, habida cuenta de los servicios continuos prestados a lo largo de los años y del carácter discriminatorio del requisito relativo a la estatura por el que no fue admitida en 2007. El Estado parte también tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones similares en el futuro, en particular mediante la modificación de la legislación nacional que regula las condiciones de acceso al Cuerpo Nacional de Bomberos” (párr. 9).
GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; FUNCIÓN PÚBLICA; ACCESO A LA JUSTICIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Vélez Loor v. Panamá. Adopción de medidas urgentesCorte Interamericana de Derechos Humanos
En la resolución se le requirió a Panamá que adoptase todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que se encuentran en las Estaciones de Recepción Migratoria La Peñita y Laja Blanca en la Provincia de Darién y, por otra parte, que se asegurase, de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas que se encontrasen en dichos establecimientos, incluyéndose detección temprana y tratamiento del Covid-19.
“La solicitud presentada busca proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de ‘las personas migrantes retenidas en […] el centro La Peñita en la región del Darién’ en atención al alegado empeoramiento de las condiciones materiales en dicho establecimiento. Las representantes sostuvieron que `[l]os hechos de riesgo referenciados en la […] solicitud […] guardan una relación estrecha con el punto resolutivo decimoquinto de la sentencia de este caso’” (párr. 12).
“La Corte ha señalado que las tres condiciones exigidas por el artículo 63.2 de la Convención para que pueda disponer de medidas provisionales deben concurrir en toda situación en la que se soliciten. Conforme a la Convención y al Reglamento, la carga procesal de demostrar prima facie dichos requisitos recae en el solicitante. En cuanto a la gravedad, para efectos de la adopción de medidas provisionales, la Convención requiere que aquélla sea `extrema’, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. El carácter urgente implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta para remediarlos sea inmediata. Finalmente, en cuanto al daño, debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables” (párr. 18).
“[E]s necesario recordar que se debe abordar esta situación `en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal’, en particular lo referente al principio de no devolución y el derecho a la salud” (párr. 19).
“[L]a Presidenta constata el requisito de urgencia […]. La alegada falta de condiciones para que se garanticen medidas rigurosas de distanciamiento y de higiene para prevenir y mitigar la propagación del COVID-19, así como la falta de información relativa a que el Estado garantice un tratamiento médico adecuado ante complicaciones derivadas de la enfermedad, hacen que sea necesaria la adopción de medidas de forma inmediata para revertir esas situaciones lo más pronto posible” (párr. 25).
“La Presidenta considera que el requisito de irreparabilidad del daño se cumple debido a que la situación de extrema gravedad y urgencia de las personas retenidas en la Estación de Recepción Migratoria La Peñita y en Laja Blanca podría tener consecuencias irreparables a sus derechos a la salud, integridad personal y vida. [S]e carece de información completa respecto a que el Estado les garantice la atención médica adecuada ante complicaciones derivadas de la enfermedad. Si no se superan de forma pronta las condiciones descritas respecto al hacinamiento y la atención en salud, de conformidad con la información aportada al expediente, podría presentarse la inminencia de un brote generalizado en la Estación de Recepción Migratoria La Peñita y/o en Laja Blanca, el cual expone a una parte de las personas migrantes a graves secuelas en su salud o afectación a la vida ante eventuales complicaciones derivadas de la enfermedad que no sean atendidas adecuadamente en centros médicos apropiados” (párr. 27).
“Por lo tanto, considerando que Panamá tiene una especial posición de garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia en las Estaciones de Recepción Migratoria, y que la referida enfermedad implica tomar medidas rigurosas para mitigar el riesgo a la vida, la integridad personal y la salud de las personas retenidas, a continuación la Presidenta estima pertinente precisar algunos requerimientos mínimos, de acuerdo a las recomendaciones existentes disponibles en la actualidad, para la implementación de las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en las Estaciones de Recepción Migratoria en el contexto de la referida pandemia:
a) Reducir el hacinamiento al nivel más bajo posible de forma tal que se puedan respetar las pautas recomendadas de distanciamiento social para prevenir el contagio del virus, teniendo en cuenta especialmente a las personas con factores de riesgo, e incluyendo la posibilidad de examinar medidas alternativas y basadas en la comunidad.
b) Determinar, cuando sea posible, de acuerdo al interés superior, opciones de acogida familiar o comunitaria para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como para aquellos que están junto con sus familias preservando la unidad familiar.
c) Garantizar el respeto del principio de no devolución a toda persona extranjera, cuando su vida, seguridad o integridad personal esté en riesgo.
d) Adoptar medidas para prevenir el riesgo de violencia, y en particular aquella de carácter sexual, a la que están expuestas las mujeres, las niñas y los niños migrantes.
e) Establecer protocolos o planes de actuación para la prevención del contagio del Covid-19 y la atención de personas migrantes infectadas, de acuerdo a las pautas recomendadas. Entre otros aspectos, asegurarse de realizar controles de salud a cada persona que ingrese al establecimiento, verificando si tiene fiebre o síntomas de la enfermedad; realizar la toma de muestras biológicas de todos aquellos casos clasificados como `sospechosos’, y adoptar las medidas de atención médica, cuarentena y/o aislamiento necesarias.
f) Brindar a las personas migrantes acceso gratuito y sin discriminación a servicios de atención en salud, incluyendo aquellos necesarios para enfrentar la enfermedad del Covid-19, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz y al mismo estándar de atención que se encuentra disponible en la comunidad.
g) Proporcionar a las mujeres embarazadas acceso gratuito a servicios de atención en salud sexual y reproductiva así como a servicios de atención de maternidad, y facilitar servicios de atención en salud adecuados para niñas y niños.
h) Adoptar las medidas que sean necesarias para superar barreras legales, idiomáticas y culturales que dificulten el acceso a la salud y a la información.
i) Adoptar medidas para asegurar la ventilación natural, limpieza máxima, desinfección y recolección de residuos para evitar que la enfermedad se propague.
j) Continuar con la dotación gratuita de mascarillas, guantes, alcohol, toallas desechables, papel higiénico y bolsas de basura, entre otros elementos, tanto para la población que se encuentra en los establecimientos como el personal de custodia y sanitario.
k) Promover, a través de los suministros y la información necesarias, las medidas de higiene personal recomendadas por las autoridades sanitarias, tales como el lavado regular de las manos y del cuerpo con agua y jabón para prevenir la transmisión de dicho virus y de otras enfermedades infecciosas.
l) Proveer una alimentación suficiente y agua potable para consumo personal, con especial consideración de los requerimientos nutricionales pre y post natales.
m) Posibilitar el acceso a servicios de salud mental para las personas que así lo requieran, teniendo en cuenta la ansiedad y/u otras patologías que se pueden generar a raíz del temor provocado por la situación del Covid-19.
n) Garantizar el acceso a las Estaciones de Recepción Migratoria de la Defensoría del Pueblo y de otros mecanismos independientes de monitoreo, así como de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
o) Evitar que las medidas que se adopten promuevan la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación” (párr. 27).
MEDIDAS CAUTELARES; EMERGENCIA SANITARIA; VULNERABILIDAD; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; VIOLENCIA SEXUAL; GÉNERO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; SALUD MENTAL; DERECHOS REPRODUCTIVOS; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; NO DISCRIMINACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Deliberación Nº 11 sobre la prevención de la privación arbitraria de la libertad en el contexto de la emergencia sanitariaGrupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (ONU)
1. Emergencia sanitaria. Libertad. Personas privadas de libertad. Proporcionalidad. Responsabilidad del Estado. Arbitrariedad. Principio de legalidad. “[E]n aquellos casos donde la emergencia sanitaria ha requerido que los Estados recurran a la introducción de un régimen de emergencia, todos los Estados deberán actuar conforme a sus obligaciones en virtud del derecho internacional, con sus normas constitucionales y de otro tipo de la ley que rigen la proclamación del estado de emergencia y el ejercicio de dichos poderes. Todas esas medidas deberán declararse públicamente, ser estrictamente proporcional a la amenaza, constituir el medio menos invasivo para proteger la salud pública y solo deberá imponerse mientras dure el periodo de emergencia” (cfr. párr. 3). “El Grupo de Trabajo es consciente que el derecho a la libertad de una persona es solo uno de los derechos particularmente afectados por la amplia variedad de medidas que se han aplicado recientemente por muchos Estados. Si bien el derecho a la libertad no es un derecho absoluto, y existen excepciones permitidas por el derecho internacional, el Grupo de Trabajo desea enfatizar que la prohibición de la privación arbitraria de la libertad es absoluta y universal. Nunca puede justificarse, ya sea por alguna razón relacionada con una emergencia nacional, el mantenimiento de la seguridad pública o la salud. La prohibición se aplica en cualquier territorio bajo la jurisdicción de un Estado o donde sea que ejerza un control efectivo, o como resultado de sus acciones u omisiones de sus agentes o servidores” (cfr. párr. 5). “[C]ualquier derogación del derecho a la libertad de una persona debe cumplir estrictamente con los límites impuestos por el poder del Estado parte para derogar ese derecho por ley. Particularmente, los Estados deben cumplir con rigurosidad los requisitos de estricta necesidad y proporcionalidad; tales excepciones solo son permisibles por el período de tiempo que justifique las exigencias de las circunstancias prevalecientes en el contexto de emergencia sanitaria” (cfr. párr. 6). “[L]a prohibición de la privación arbitraria de libertad se extiende a todo tipo de regímenes de detención, incluida la detención en el marco de la justicia penal, detención administrativa, detención en el contexto de la migración y detención en los entornos sanitarios” (cfr. párr. 7). “[L]a incomunicación y/o secreto de la detención constituye la violación normativa más grave del derecho de una persona a su libertad. La arbitrariedad es inherente a tales formas de privación de libertad pues se deja a la persona sin ninguna protección legal. Dicha detención incomunicada y/o secreta no puede ser parte de las medidas de emergencia de salud pública introducidas para combatir una crisis relacionada con la salud” (cfr. párr. 9). “Toda privación de libertad que no tenga base legal o que no se realice de conformidad con el procedimiento establecido por ley es arbitraria […]. Cualquier privación de libertad, incluso si está autorizada por ley, puede considerarse arbitraria si se basa en una legislación arbitraria o es inherentemente injusto, basándose, por ejemplo, en motivos discriminatorios, o si existe un criterio demasiado amplio estatuto que autoriza la privación de libertad automática e indefinida sin ningún estándar o revisión, o la ley no especifica claramente la naturaleza de la conducta que es ilegal” (cfr. párr. 10). “[L]os Estados deberían revisar con carácter urgente los casos de privación de libertad existentes en todos los centros de detención, a fin de determinar si esa reclusión está aún justificada como medida necesaria y proporcional en contexto actual de la pandemia de Covid-19. Al hacerlo, los Estados deberían considerar todas las medidas alternativas a la custodia” (cfr. párr. 13). “La detención preventiva solo debe utilizarse en aquellos casos que sean excepcionales […]. Las circunstancias de cada instancia previa al juicio deben ser evaluadas; las medidas no privativas de libertad, durante todas las etapas del proceso, deben ser adoptadas siempre que sea posible y, particularmente, durante el periodo de emergencia sanitaria” (cfr. párr. 14). 2. Prisión preventiva. Vulnerabilidad. Condiciones de detención. Salud mental. Derecho a la integridad personal. Hacinamiento. “El Grupo de Trabajo es consciente de que la pandemia afecta principalmente a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y aquellas que están en periodo de lactancia, personas con antecedentes de salud y personas con discapacidad. Por lo tanto, recomienda que los Estados traten a todos los individuos como vulnerables. Los Estados también deben abstenerse de mantener a tales individuos en lugares de privación de libertad donde el riesgo para su vida e integridad física y mental puedan acentuarse” (cfr. párr. 15). “[E]l hacinamiento y la falta de higiene representan un riesgo particular de propagación de Covid-19. Por ello, los Estados deberían tratar, siempre que sea posible, de reducir la población carcelarias y de otros grupos de personas detenidas mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellas personas detenidas para quienes sea seguro hacerlo, teniendo plenamente en cuenta las medidas no privativas de libertad como las previstas en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Tomando nota de la obligación derivada de la Convención sobre los Derechos del Niño de no detener a los niños, se debe considerar particularmente la liberación de niños y mujeres con hijos, y también la de aquellos que cumplen condenas por delitos no violentos” (cfr. párr. 16). 3. Debido proceso. Derecho de defensa. Control judicial. “El derecho [a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal] se aplica con independencia del lugar de detención o la terminología legal usada en la legislación; en consecuencia, cualquier forma de privación de libertad, fuese por el motivo que fuese, debe estar sujeta a una supervisión y control efectivo por parte del poder judicial. El Grupo de Trabajo desea enfatizar que [también] se aplica a aquellas personas en cuarentena obligatoria o detenidas de otra manera […]. Esas personas también deben asegurarse de que puedan ejercer este derecho de manera efectiva mediante el acceso a una asistencia legal, entre otras cosas” (cfr. párr. 18-19). “El grupo de trabajo es consciente del hecho de que las medidas adoptadas en el contexto de la emergencia sanitaria para combatir la pandemia pueden limitar el acceso a los centros de detención, lo que a su vez puede provocar que las personas detenidas asistan a su tribunal y otras audiencias judiciales, reuniones con juntas de libertad condicional u otras entidades habilitadas para considerar la continuidad de su privación de libertad, o de mantener reuniones con sus abogado y familia. Esto puede tener un efecto adverso particularmente en aquellos detenidos en prisión preventiva, y en detenidos que buscan una revisión de una decisión de detenerlos, así como aquellos tratando de apelar contra una condena o sentencia” (cfr. párr. 20). “Si las exigencias de la emergencia sanitaria prevaleciente requieren restricciones sobre contacto físico, los Estados deben garantizar la disponibilidad de otras formas de asesoría legal para comunicarse con sus clientes, incluida la comunicación online segura o por vía telefónica, de forma gratuita y en circunstancias seguras y confidenciales. Se pueden adoptar medidas similares para las audiencias judiciales. La introducción de medidas generales que restrinjan el acceso a los tribunales y al asesoramiento legal no podrán justificarse y podrían hacer arbitraria la privación de libertad” (cfr. párr. 21). 4. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Refugiado. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. LGBTIQ. Pueblos indígenas. Adultos mayores. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. “La detención en el contexto migratorio solo queda permitida como medida excepcional de último recurso, ya que es un umbral considerablemente alto para ser satisfecho en el contexto de una pandemia u otra emergencia de salud pública. El Grupo de Trabajo recuerda a todos los Estados que los niños migrantes y los niños acompañados de sus familias no deben ser detenidos […] y, por tanto, deben ser liberados de inmediato. Los peticionantes de asilo tampoco deben ser retenidos en lugares de privación de libertad durante el transcurso del procedimiento para la determinación de su estatus; los refugiados deben estar protegidos por las autoridades del Estado receptor y no detenidos” (cfr. párr. 23-25). “Las medidas de emergencia promulgadas para abordar la pandemia deberán ejercerse con respecto a los principios de igualdad y no discriminación por motivos de nacionalidad, origen étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política u otra, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otro motivo” (cfr. párr. 26). “Dichas medidas deben tener en cuenta el impacto diverso que recae sobre grupos vulnerables concretos que ya experimentan desventajas, incluidas las personas con discapacidad, personas mayores, minorías, pueblos indígenas, afrodescendientes, desplazados internos, personas afectadas por la pobreza extrema, personas sin hogar, migrantes y refugiados, personas con algún tipo de adicción, trabajadoras sexuales y LGBTI además de otras personas con diversidad de género que puedan no tener la misma capacidad para cumplir con las directivas de salud (como el aislamiento en el hogar, la cuarentena autofinanciada en hoteles, condiciones para evitar asistir al trabajo o el pago de sanciones o fianzas), y puedan ser privados de su libertad como resultado” (cfr. párr. 27).
EMERGENCIA SANITARIA; LIBERTAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; VULNERABILIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; SALUD MENTAL; HACINAMIENTO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CONTROL JUDICIAL; MIGRANTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PUEBLOS INDÍGENAS; REFUGIADO; LGBTIQ; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
Ramos v. LousianaCorte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
La Corte Suprema de los Estados Unidos, por mayoría, sostuvo que el Derecho a un juicio por jurados que garantiza la Sexta Enmienda no admite veredictos no unánimes en los tribunales estatales (ministros Gorsuch, Ginsburg, Breyer, Sotomayor y Thomas –según su voto–).
“La Sexta Enmienda sostiene que ‘en todo proceso penal, el acusado va a gozar del de-recho a un juicio público y rápido, a cargo de un jurado imparcial del Estado y el distrito en donde se haya cometido el delito […]’. La Enmienda establece otros derechos para las personas acusadas, pero no dice nada más respecto de qué implica ser ‘juzgado por un jurado imparcial’”.
“El texto y la estructura de la Constitución sugiere con claridad que el término ‘juzgado por un jurado imparcial’ implica un significado sobre el contenido y los requisitos de un juicio por jurado”.
Uno de estos requisitos era la unanimidad. Donde sea que se busque para determinar el significado del término ‘juzgado por un juicio por jurado imparcial’ encontramos que al momento en que se adoptó la Sexta Enmienda […] la respuesta es inconfundible. Un jurado debe alcanzar un veredicto unánime a fin de emitir una condena”.
“El requisito de la unanimidad del jurado surge en el Siglo XIV en Inglaterra, y luego fue aceptado como derecho fundamental del common law [hay cita]”.
•“No cabe duda de que el requisito de unanimidad de la Sexta Enmienda se aplica a los juicios penales estatales y federales por igual. Este Tribunal ha explicado durante mucho tiempo que el derecho de la Sexta Enmienda a un juicio con jurado es ‘fundamental para el esquema de justicia estadounidense’ y se incorporó contra los Estados bajo la Decimocuarta Enmienda. De esta manera, si la Sexta Enmienda exige unanimidad en el veredicto para condenas en los tribunales federales, no puede requerir menos en los tribunales estatales”.
JUICIO POR JURADOS; JURISDICCIÓN; JURISDICCION Y COMPETENCIA; IGUALDAD; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; DEBIDO PROCESO; UNANIMIDAD;
Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturalesComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración que destacó los efectos más importantes de esta pandemia en los derechos económicos, sociales y culturales y formuló recomendaciones a los Estados partes para combatir la pandemia de COVID-19 de manera acorde con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto.
1. Emergencia sanitaria. DESC. Razonabilidad. Proporcionalidad. Derechos Humanos.
“La pandemia de COVID-19 ilustra claramente la importancia de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos. En esencia, la pandemia constituye una amenaza para la salud mundial que, por otro lado, tiene múltiples repercusiones en el disfrute de los derechos civiles y políticos, puesto que algunas de las medidas adoptadas por los Estados para combatirla imponen graves restricciones a la libertad de circulación y a otros derechos. Así pues, es fundamental que las medidas adoptadas por los Estados contra la pandemia sean razonables y proporcionadas, a fin de garantizar la protección de todos los derechos humanos” (cfr. párr. 3).
2. Vulnerabilidad. No discriminación. Adultos mayores. Personas privadas de libertad. Educación. Niños, niñas y adolescentes. Género. Violencia familiar. Pueblos indígenas. Refugiados. Migrantes.
“La crisis actual afecta gravemente a los grupos desfavorecidos y marginados. Si se infectan por el virus […], las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes o están inmunodeprimidas corren un riesgo particularmente elevado de sufrir consecuencias graves para su salud. Asimismo, hay otros grupos muy expuestos al contagio, como quienes están en residencias o viviendas comunales, los reclusos y las personas privadas de libertad […]. La insuficiencia de bienes públicos y servicios sociales agrava también las desigualdades mundiales en materia de ingresos y riqueza […]. En los países en que las escuelas, los centros de formación profesional y las instituciones de educación superior están cerrados, se está tratando de seguir con la docencia y el aprendizaje en línea. No obstante, [entraña] el riesgo de agravar las desigualdades educativas entre alumnos ricos y pobres, debido a las desigualdades existentes para tener un acceso asequible a servicios de Internet y a equipos como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. La pandemia de COVID-19 amenaza también con agudizar las desigualdades de género, puesto que la responsabilidad del cuidado de los niños en el hogar y de los familiares enfermos o mayores recae de manera desproporcionada en las mujeres, habida cuenta de los estereotipos y roles de género que siguen estando profundamente arraigados en muchas sociedades. En circunstancias de confinamiento o cuarentena para las familias, las mujeres pueden ser más vulnerables a sufrir violencia doméstica, y los recursos que tienen a su alcance en esas circunstancias son limitados. Los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas que viven en países o regiones afectados por conflictos son particularmente vulnerables durante esta pandemia. En estas poblaciones suele haber porcentajes más elevados de personas con enfermedades crónicas y trastornos de salud subyacentes, lo que incrementa su riesgo de desarrollar complicaciones graves de salud a causa de la COVID-19” (cfr. párrs. 5-9).
“Todos los Estados partes deben adoptar con carácter urgente medidas especiales y específicas, […] para proteger y mitigar los efectos de la pandemia en grupos vulnerables como las personas mayores, las personas con discapacidad, los refugiados y las poblaciones afectadas por conflictos, así como las comunidades y los grupos sometidos a discriminación y desventajas estructurales. Se trata de medidas como, entre otras cosas, el suministro de agua, jabón y desinfectante a las comunidades que carecen de ellos; la puesta en práctica de programas específicos para proteger los empleos, los salarios y las prestaciones de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes sin papeles; la imposición de una moratoria para los desalojos o las ejecuciones hipotecarias de viviendas durante la pandemia; la puesta en marcha de programas de ayuda social y de apoyo a los ingresos para garantizar la seguridad alimentaria y económica de todos los necesitados; la adopción de medidas especialmente adaptadas para proteger la salud y los medios de vida de los grupos minoritarios vulnerables, como los romaníes, así como los de los pueblos indígenas; y la garantía de un acceso asequible y equitativo para todos a los servicios de Internet con fines educativos” (cfr. párr. 15).
3. Principio de legalidad. Salud pública. Principio de dignidad humana. Acceso a la justicia. Violencia familiar.
“Para garantizar que durante esta crisis se protejan y se cumplan los derechos y obligaciones consagrados en el Pacto, los Estados partes deben adoptar una serie de medidas urgentes […]. Si las medidas adoptadas limitan los derechos consagrados en el Pacto, deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 4 del mismo. Básicamente, habrán de ser necesarias para combatir la crisis de salud pública que plantea la COVID-19, además de ser razonables y proporcionadas. Las medidas de emergencia y las facultades asumidas por los Estados partes para hacer frente a la pandemia no deben usarse indebidamente y deben retirarse tan pronto como dejen de ser necesarias […]. [S]e ha de respetar y proteger la dignidad inherente de todas las personas, y se debe dar prioridad a las obligaciones básicas mínimas impuestas por el Pacto. En este difícil contexto, el acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces no es un lujo, sino un elemento básico para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los de los grupos más vulnerables y marginados. Así, por ejemplo, es esencial que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan a los casos de violencia doméstica, que los teléfonos de emergencia para atender casos de violencia doméstica funcionen y que las mujeres y niños víctimas de este tipo de violencia tengan acceso efectivo a la justicia y a los recursos jurídicos” (cfr. párrs. 10-12).
4. Responsabilidad del Estado. Asistencia médica Salud pública.
“Es imperativo que los Estados parte adopten medidas reglamentarias apropiadas para velar por que los recursos de la atención sanitaria, tanto en el sector público como en el privado, se movilicen y se compartan entre toda la población a fin de garantizar una respuesta amplia y coordinada a la crisis en materia de atención sanitaria. Puesto que constituyen la primera línea de respuesta a esta crisis, se ha de facilitar a todos los profesionales sanitarios la indumentaria y los equipos de protección adecuados para evitar el contagio […]. Los Estados partes tienen la obligación de dedicar el máximo de recursos de que dispongan a la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud” (cfr. párrs. 13-14).  
5. Trabajo. Salario. Derecho a la seguridad. Sanciones disciplinarias. Seguridad Social. Derecho a la alimentación. Medicamentos. Derecho a la información.
“Todos los trabajadores deben estar protegidos de los riesgos de contagio en el trabajo, y los Estados partes deben adoptar medidas reglamentarias apropiadas para garantizar que los empleadores reduzcan al mínimo los riesgos de contagio con arreglo a las mejores prácticas en materia de normas de salud pública. Mientras no se adopten esas medidas, no se puede obligar a los trabajadores a trabajar y se les debe proteger de la aplicación de sanciones disciplinarias o de otra índole por negarse a trabajar sin la protección adecuada. Además, a fin de proteger los empleos, las pensiones y otras prestaciones sociales de los trabajadores durante la pandemia, así como para mitigar los efectos económicos de esta, los Estados partes deben adoptar medidas inmediatas como, por ejemplo, subvenciones salariales, desgravaciones fiscales y el establecimiento de programas complementarios de seguridad social y protección de los ingresos […]” (cfr. párr. 16).  
“También deben adoptarse medidas reglamentarias para evitar la especulación con alimentos, productos de higiene y medicamentos y suministros esenciales. Entre las medidas recomendadas, figura la supresión de los impuestos sobre el valor añadido de esos suministros durante la pandemia y la subvención del costo de alimentos y productos de higiene básicos para garantizar que sean asequibles para los pobres” (cfr. párr. 17).   
“Es indispensable disponer de información precisa y accesible sobre la pandemia, tanto para reducir el riesgo de transmisión del virus, como para proteger a la población del peligro que supone la desinformación. Esa información también es crucial para reducir el riesgo de conductas estigmatizantes y perjudiciales contra los grupos vulnerables, incluidas las personas infectadas por el virus causante de la COVID-19. La información debe facilitarse periódicamente, en un formato accesible y en todos los idiomas locales e indígenas. También deben adoptarse medidas para agilizar el acceso a servicios de Internet asequibles y a equipos técnicos básicos para todos los alumnos, en particular los de las comunidades y regiones más pobres, a fin de que puedan beneficiarse por igual de los programas de aprendizaje en línea mientras las escuelas y las instituciones de educación superior estén cerradas a causa de la pandemia” (cfr. párr. 18).  
“Los Estados partes deben también utilizar su poder de voto en las instituciones financieras internacionales para aliviar la carga financiera de los países en desarrollo en la lucha contra la pandemia, con medidas como conceder a esos países mecanismos diferentes de alivio de la deuda […]. Para combatir eficazmente las pandemias, es necesario que los Estados asuman compromisos más firmes en materia de cooperación internacional, puesto que las soluciones nacionales son insuficientes. La intensificación de la cooperación internacional debe aumentar el grado de preparación de los Estados y las organizaciones internacionales […] para responder a las pandemias mediante, entre otras cosas, el intercambio de información científica sobre posibles patógenos. Asimismo, debe mejorar los mecanismos de alerta temprana, basados en información oportuna y transparente proporcionada por los Estados sobre epidemias emergentes que puedan llegar a convertirse en pandemias. Gracias a ello, se podrían llevar a cabo intervenciones tempranas, basadas en los datos científicos más fidedignos, orientadas a controlar esas epidemias y evitar que se conviertan en pandemias” (cfr. párr. 21-23).  
“La [pandemia] ha puesto de relieve que es esencial invertir adecuadamente en sistemas de salud pública, programas integrales de protección social, trabajo decente, vivienda, alimentación, sistemas de agua y de saneamiento, y en instituciones para promover la igualdad de género. Esas inversiones son cruciales para responder eficazmente a las pandemias de salud mundiales y contrarrestar las formas múltiples e interseccionales de desigualdad, incluidas las profundas desigualdades de ingresos y riqueza tanto dentro de los países como entre ellos” (cfr. párr. 24).  
EMERGENCIA SANITARIA; DESC; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHOS HUMANOS; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ADULTOS MAYORES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; EDUCACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; PUEBLOS INDÍGENAS; MIGRANTES; REFUGIADO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; SALUD PÚBLICA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ACCESO A LA JUSTICIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ASISTENCIA MEDICA; TRABAJO; SALARIO; DERECHO A LA SEGURIDAD; SANCIONES DISCIPLINARIAS; SEGURIDAD SOCIAL; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; MEDICAMENTOS; DERECHO A LA INFORMACIÓN;
Gómez-Limón Pardo v. EspañaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que España era responsable por la violación del artículo 11 (derecho a la vivienda) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 1.
1. Vivienda. DESC. Desalojo. Debida diligencia.  
“El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 8.1).
“Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto y sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales. Cuando sea discutible que un desalojo pueda afectar al derecho a la vivienda de la persona desalojada, las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto y de acuerdo con el principio de proporcionalidad entre el objetivo legítimo de desalojo y las consecuencias de este sobre las personas desalojadas” (párr. 8.2).
2. Principio de proporcionalidad. Derecho de propiedad. Vulnerabilidad. Principio de legalidad. Principio de imparcialidad. Independencia.  
“[E]l derecho a la propiedad privada no es un derecho contenido en el Pacto, pero reconoce el interés legítimo del Estado parte de garantizar la protección de todos los derechos existentes en su ordenamiento jurídico, en tanto esto no entre en conflicto con los derechos contenidos en el Pacto” (párr. 9.2).
“Al rechazar la solicitud de suspensión del desalojo, el Juzgado de Primera Instancia núm. 86 de Madrid no hizo un examen de proporcionalidad entre el objetivo legítimo del desalojo y sus consecuencias sobre la persona desalojada. La legislación del Estado parte tampoco ha ofrecido a la autora otro mecanismo con el que objetar la orden de desalojo, que debía ejecutarse de forma casi inmediata, de forma que otra autoridad hubiera podido evaluar la proporcionalidad del desalojo o de las condiciones en las que iba a llevarse a cabo” (párr. 9.3).  
“Cuando un desalojo podría resultar en privar a una persona del acceso a una vivienda adecuada y exponerla al riesgo de la indigencia u otra violación de sus derechos protegidos por el Pacto, surge una obligación de examinar la proporcionalidad de la medida. Esta obligación se deriva de la interpretación de las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 2, párrafo 1, del Pacto, leído conjuntamente con el artículo 11, y de acuerdo con los requisitos del artículo 4 […]. El Comité toma nota de que el artículo 4 del Pacto estipula las condiciones en que están permitidas tales limitaciones al disfrute de los derechos de conformidad con el Pacto. En primer lugar, la limitación ha de estar determinada por ley. En segundo lugar, la limitación debe promover el bienestar general en una sociedad democrática. En tercer lugar, la limitación debe ser adecuada al fin legítimo mencionado. En cuarto lugar, la limitación debe ser necesaria, en el sentido de que si existen varias medidas que puedan razonablemente obtener el fin de la limitación, se debe hacer uso de la medida que menos restringe el derecho. Finalmente, los beneficios logrados por la limitación para promover el bienestar general deben superar los impactos sobre el goce del derecho limitado. Cuanto más serio es el impacto en los derechos de la autora protegidos por el Pacto, mayor escrutinio ha de prestársele a la justificación otorgada para tal limitación. Este examen de proporcionalidad de la medida debe ser efectuada por una autoridad judicial u otra autoridad imparcial e independiente con el poder de ordenar el cese de la violación y de proporcionar un remedio efectivo. Esta autoridad debe evaluar si el desalojo se ajusta al Pacto, incluyendo los elementos del examen de proporcionalidad requeridos en el artículo 4 del Pacto tal y como han sido descritos” (párr. 9.4).
“[E]l Estado parte debe desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de las personas de sus viviendas de acuerdo con una legislación compatible con el Pacto. Este marco debe estipular que las autoridades judiciales, u otras autoridades imparciales e independientes con el poder de ordenar el cese de la violación y de proporcionar un remedio efectivo, deben evaluar la proporcionalidad de las solicitudes de desalojo en tales circunstancias. El análisis de la proporcionalidad de un desalojo no sólo implica el examen de las consecuencias de la medida sobre las personas desalojadas, sino también, inter alia, los intereses que podrían verse afectados de la parte o persona que tiene derecho a que el desalojo tenga lugar. La disponibilidad de vivienda alternativa adecuada, las circunstancias personales de los ocupantes y sus dependientes, y su cooperación con las autoridades en la búsqueda de soluciones adaptadas a ellos son también factores cruciales en tal examen. Será inevitable distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras o cualquier otra entidad. Por consiguiente, el Estado parte violará el derecho a la vivienda adecuada si estipula que la persona cuyo contrato de arrendamiento se dé por terminado debe ser desalojada de forma inmediata sean cuales sean las circunstancias bajo las que la orden de desalojo sería ejecutada” (párr. 9.5).
“El Comité subraya que encontrar que un desalojo no es una medida razonable en un momento concreto no significa necesariamente que no se pueda emitir una orden de desalojo. No obstante, el principio de proporcionalidad puede requerir que la orden de desalojo se suspenda o posponga para evitar exponer a las personas desalojadas a situaciones de indigencia o a violaciones de otros derechos contenidos en el Pacto. Una orden de desalojo también puede estar condicionada a otros factores tal y como requerir a las autoridades administrativas para que intervengan en la asistencia de los ocupantes para mitigar las consecuencias del desalojo. Por tanto, la necesidad de que se evalúe la proporcionalidad de una medida de desalojo puede también dar lugar a considerar la conveniencia de posponer un desalojo mientras las autoridades competentes negocian con las personas afectadas sobre las diferentes alternativas que se encuentran disponibles. Sin embargo, en el caso presente, aunque el Estado parte alegue que la autora no actuó de forma razonable en tal negociación, el hecho es que no se efectuó este examen de proporcionalidad del desalojo antes de decidir desalojar a la autora” (párr. 9.6).
3. Medidas cautelares. Desalojo.
“[L]a adopción de medidas provisionales con arreglo al artículo 5 del Protocolo Facultativo es fundamental para el desempeño de la función encomendada al Comité en virtud de ese Protocolo, pues la razón de ser de las medidas provisionales es, inter alia, la de proteger la integridad del proceso, permitiendo la efectividad del mecanismo en su protección de los derechos contenidos en el Pacto cuando existe un riesgo de daño irreparable. Todo Estado parte que no adopte tales medidas provisionales incumple la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de las comunicaciones individuales establecido en el Protocolo Facultativo. También obstaculiza la capacidad del Comité de proporcionar un remedio efectivo a las personas que alegan ser víctimas de una violación del Pacto. [E]l 17 de octubre de 2018 la autora fue desalojada pese a la solicitud de medidas cautelares del Comité y sin que se le hubiera otorgado una vivienda alternativa adecuada tras una consulta genuina con ella. En ausencia de una explicación del Estado parte de las razones por las que las medidas provisionales no pudieron ser respetadas, el Comité considera que el Estado parte violó, en las circunstancias de este caso, el artículo 5 del Protocolo Facultativo” (párrs. 10. 2 y 10.3).
VIVIENDA; DESC; DESALOJO; DEBIDA DILIGENCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO DE PROPIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; VULNERABILIDAD; INDEPENDENCIA; MEDIDAS CAUTELARES;
Pandemia y Derechos Humanos en las AméricasComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una serie de lineamientos y recomendaciones para los Estados en relación con la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
1. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. DESC.
“Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia”.
“Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19 que constituyen una situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran”.
“Garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar las pandemias y sus consecuencias incorporen de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus determinantes básicos y sociales, los cuales se relacionan con el contenido de otros derechos humanos, como la vida e integridad personal y de otros DESCA […]; así como respuestas para la prevención y atención de las violencias, asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico”.
“Proteger los derechos humanos, y particularmente los DESCA, de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias. Es importante tomar medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la alimentación y otros derechos esenciales. Las personas que hayan de proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus y, en general, se debe dar adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos sociales interrelacionados con el ámbito laboral y sindical”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Atención médica. Salud mental. Medicamentos.
“Velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de las personas con COVID-19 y los grupos desproporcionalmente afectados por la pandemia, así como personas con enfermedades preexistentes que las hacen especialmente vulnerables al virus. La escasez de recursos no justifica actos de discriminación directos, indirectos, múltiples o interseccionales.
“Asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias para enfrentar los contextos de pandemia, particularmente poniendo atención al uso de estrategias, como la aplicación de cláusulas de flexibilidad o excepción en esquemas de propiedad intelectual, que eviten restricciones a medicamentos genéricos, precios excesivos de medicamentos y vacunas, abuso de uso de patentes o protección exclusiva a los datos de prueba”.
“Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental sin discriminación ante los efectos de los contextos de pandemia y sus consecuencias, lo que incluye la distribución equitativa de tales servicios y bienes en la comunidad, particularmente de las poblaciones que se ven más expuestas o en mayor riesgo a verse afectadas, tales como personas profesionales de salud, personas mayores o personas con condiciones médicas que requieren atención específica de su salud mental”.
3. Emergencia sanitaria. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad.
“Asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud”.
“Abstenerse de suspender el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes; la prohibición de esclavitud y servidumbre; el principio de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y religión; la protección a la familia; el derecho al nombre; los derechos de la niñez; el derecho a la nacionalidad, y los derechos políticos”.
4. Acceso a la justicia. Habeas corpus. Debido proceso. Vulnerabilidad.
“Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal.
Abstenerse de suspender aquellas garantías judiciales indispensables, como el recurso de amparo y hábeas corpus, que son idóneas para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, y para controlar las actuaciones de las autoridades en el contexto de los estados de excepción. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia del COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas medidas puedan generar. Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia”.
5. Adultos mayores. Derecho a la salud.
“Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la población mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de larga estancia, hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda humanitaria para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o abandono o situación de discapacidad”.
6. Cárceles. Hacinamiento. Personas privadas de la libertad. Género. Adultos mayores. Prisión domiciliaria.
“Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.
Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia […]. Asimismo, asegurar que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un estricto juicio de proporcionalidad”.
7. Género. Violencia de género. Violencia familiar. Acceso a la justicia.
“Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada , la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta, adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento. Así como desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales”.
8. Migrantes. Reunificación familiar.
“Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar”.
9. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Personas con discapacidad.
“Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) –incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19 […]. La protección debe, en la medida de lo posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios.
En cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran […]. Asegurar que las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles.
Dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en zonas rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas y sociales y, además, considerar que los efectos de la pandemia son diferenciados para cada grupo poblacional de NNA debido al contexto social en que están insertados, incluida la brecha digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo de discriminación”.
10.  LGTBIQ. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. No discriminación.
“Garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en particular las personas trans que se encuentran en un ciclo de pobreza, exclusión y falta de acceso a la vivienda, en la formulación de políticas de asistencia social durante la pandemia –incluyendo acceso a vivienda y refugio seguros– así como en las eventuales medidas de reactivación económica.
Adoptar o fortalecer protocolos de atención en salud y sistema de denuncias para las personas LGBTI –incluyendo niños, niñas y adolescentes– que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia en sus hogares en el contexto de distanciamiento social o cuarentena. Adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género en el ámbito hospitalario y garantizar la continuidad de servicios médicos prestados a las personas trans”.
11. Cárceles. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad.
“Ajustar los entornos físicos de privación de la libertad y atención médica, tanto en instituciones públicas como en privadas, para que las personas con discapacidad puedan gozar de la mayor independencia posible y acceder a medidas como el aislamiento social y el lavado frecuente de manos, entre otras.
Adoptar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad en contextos de medidas de aislamiento o contención”.
12. Emergencia sanitaria. DESC. Derecho a la salud.
"[L]a pandemia genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, por lo que se torna esencial la adopción de políticas para prevenir eficazmente el contagio, así como de medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin de brindar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad la atención integral de la salud física y mental, sin discriminación.
Asimismo, los sistemas de salud de los Estados de la región se han visto o pueden verse, aún más, desbordados frente a la magnitud de la pandemia del COVID-19, en particular respecto de quienes viven en la pobreza y para quienes no tienen cobertura médica, en caso de que necesiten atención médica u hospitalización".
"[L]a salud es un bien público que debe ser protegido por todos los Estados y […] el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo, que guarda correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus determinantes básicos y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute. [E]l contenido del derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. [E]ste derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación".
"[L]a Comisión reafirma el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia. [E]n determinadas circunstancias, con el objeto de generar adecuada distancia social, puede resultar de hecho imperativa la restricción del pleno goce de derechos como el de reunión y la libertad de circulación en espacios tangibles, públicos o comunes que no sean indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales o para la propia atención médica".
13. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad. Género. LGBTIQ. Niños, niños y adolescentes.
"[A]l momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes,  personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas.
Teniendo en particular consideración que en el contexto de pandemia, por lo general, los cuidados de las personas enfermas o necesitadas de especial atención recaen fundamentalmente en las mujeres, a expensas de su desarrollo personal o laboral, existiendo un escaso nivel de institucionalización y reconocimiento social o económico para tales tareas de cuidados que en tiempo de pandemia se vuelven aún más necesarios y exigente".
EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO A LA SALUD; DESC; SALUD MENTAL; ASISTENCIA MEDICA; MEDICAMENTOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; HÁBEAS CORPUS; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; ADULTOS MAYORES; CÁRCELES; HACINAMIENTO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; GÉNERO; PRISIÓN DOMICILIARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; MIGRANTES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; EDUCACIÓN; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; LGBTIQ; NO DISCRIMINACIÓN;
COVID19 y Derechos HumanosCorte Interamericana de Derechos Humanos
1. Derechos Humanos. Emergencia sanitaria.
“Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia. Los organismos multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, deben ayudar y cooperar de manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque de derechos humanos, para buscar soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y ocasionará la presente pandemia”.
2. Principio de legalidad. Razonabilidad. Principio de proporcionalidad. Uso de la fuerza.
“Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos".
“Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana”.
3. DESC. Vulnerabilidad. No discriminación. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Adultos mayores. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Personas privadas de libertad. Migrantes. LGTBIQ. Pueblos Indígenas.
“Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia”.
“En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas”.
“El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad”.
4. Violencia de género. Debida diligencia. Violencia sexual.
“Ante las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso recalcar el deber estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para las víctimas”.
5. Personas privadas de libertad. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento
“Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.
6. Trabajo. Salarios.
“Se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el impacto que esto genera en las economías personales y familiares, se deben procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos y medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades normales, como también a la población en situación de calle”.
7. Derecho de información. Derecho a la privacidad. No discriminación.
“El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial. Deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus COVID19, sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales, y a la observancia del principio general de no discriminación. Resulta pertinente poner en alerta a los órganos o dependencias competentes para combatir la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación, para que extremen el cuidado a efectos de que, durante la pandemia, nadie promueva brotes de esta naturaleza con noticias falsas o incitaciones a la violencia”.
8. Acceso a la justicia. Derecho de defensa.
“Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares interamericanos, así como sus consecuencias en las personas”.
EMERGENCIA SANITARIA; DERECHOS HUMANOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; USO DE LA FUERZA; DESC; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA SALUD; ADULTOS MAYORES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; LGBTIQ; MIGRANTES; PUEBLOS INDÍGENAS; VIOLENCIA DE GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; VIOLENCIA SEXUAL; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; TRABAJO; SALARIO; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DERECHO A LA PRIVACIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO DE DEFENSA;
Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID19 en las AméricasSecretaría de Acceso a Derechos y Equidad (OEA
A través de un enfoque interseccional y en base a los principios de no discriminación, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad, la Secretaría propuso una serie de pautas destinadas a grupos vulnerables.

El documento se divide en diez capítulos:

Capítulo I: Mujeres e igualdad de género.
Capítulo II: Personas mayores.
Capítulo III: Personas con discapacidad.
Capítulo IV: Población afrodescendiente.
Capítulo V: Pueblos indígenas                                                                                               
Capítulo VI: Personas LGBTIQ.
Capítulo VII: Personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
Capítulo VIII: Personas privadas de libertad.
Capítulo IX: Personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema.
Capítulo X: Infancia, educación y asistencia social.

1. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Género.

“La experiencia de otras epidemias como el SARS, el Ébola o el sarampión confirma que existen impactos diferenciados en hombres y mujeres de cualquier crisis, incluyendo de salud, no solamente en lo biológico sino también en lo social, económico y político. Si bien en términos biológicos, los datos preliminares indican una menor tasa de mortalidad en mujeres que en hombres, las mujeres enfrentan un mayor riesgo de infección asociada tanto con su rol en los centros de servicios de salud, como en los trabajos en la economía informal y de servicios. Además del riesgo de infección, las mujeres también se enfrentan con la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que les recae, incluyendo en el cuidado de las familias, así como su mayor vulnerabilidad a la crisis económica y los ajustes como consecuencia de esta crisis”.

“En los momentos en que las empresas cierran, donde se prescinde del servicio doméstico y las pequeñas y medianas empresas despiden personal debido a la incapacidad de mantener los costos de operación, las mujeres vuelven a ser la población mayormente afectada, ya que sus trabajos son a menudo precarios, temporales, y en gran medida sin seguridad social. Aunque los hombres también se verán afectados en este mismo sentido, en el caso de las mujeres, la pérdida de autonomía económica está directamente relacionada con una mayor vulnerabilidad a situaciones de dependencia, violencia, discriminación y exclusión en múltiples niveles por razones de género. En este sentido, los Estados deben promover políticas y programas para minimizar el impacto económico de las mujeres en la informalidad, y aquellas en situación de precariedad económica debido a la pandemia”.

“[D]urante el aislamiento y la cuarentena, se requiere la incorporación de medidas alternativas para la prevención, atención y asistencia a víctimas de diversas manifestaciones de violencia de género en entornos domésticos, incluidos servicios adaptados para mujeres con discapacidad (especialmente mujeres sordas y ciegas) y refugios para esas mujeres y sus niños/as en riesgo o sin hogar, así como medidas específicas para las mujeres refugiadas y víctimas de trata”.

2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores. Derecho a la salud. Salud mental.

“[D]ebe considerarse que las personas mayores no son un grupo homogéneo por lo que, además de la edad, coexistirán otras vulnerabilidades en diferentes planos ante la pandemia: no afectará de la misma forma a una persona que tenga sus necesidades básicas satisfechas […] que a quien no las tenga, que pasará a ser parte de un grupo especialmente vulnerado dentro de este grupo ya en riesgo. Lo mismo sucede con las personas mayores que se encuentran institucionalizadas y/o con afecciones mentales, deterioro cognitivo o demencia, que pasan a constituir otro grupo altamente vulnerable. Sumando además el estigma social que existe sobre este grupo, que se presenta como un factor en sí mismo de vulneración de derechos que puede afectar la dignidad y hasta la propia vida de las personas.

Para proteger a las personas mayores del contagio, hasta el momento la medida más efectiva que han tomado los gobiernos de los países afectados ha sido el distanciamiento físico o social, a los efectos de evitar o retrasar el mismo. Esta situación, junto al hecho de pertenecer a este grupo tan vulnerable y en riesgo inminente ante la pandemia, puede impactar negativamente en la salud mental de esta población, ya sea a través de ansiedad, depresión, estrés, aislamiento, etc. [hay nota]. Ante esto es imprescindible monitorear y evaluar estos efectos en la salud mental no como fenómenos individuales, sino como parte de una construcción social que impacta en las personas, con el fin de generar estrategias sociales y comunitarias de mitigación de los mismos. A su vez, esto es altamente relevante cuando las personas se encuentran institucionalizadas, donde se debe monitorear que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de estas personas en situación de distanciamiento físico”.

3. Emergencia sanitaria. Personas con discapacidad.

“En el contexto actual causado por la pandemia del COVID-19, el colectivo de personas con discapacidad es uno de los más gravemente olvidados, especialmente por la ausencia de mecanismos de accesibilidad que disminuyan las barreras que a cotidiano les rodean, y les den eficacia a las medidas de prevención y atención ante la emergencia. Recomendaciones que parecen tan obvias y fáciles de seguir, como lavarse las manos constantemente, evitar tocar superficies, o mantener distancia social, constituyen una enorme barrera para personas en situación de discapacidad. Hay personas cuya condición de movilidad de extremidades les impide el lavado de manos por sí mismos o acceder al grifo o al sanitizante; hay personas que necesitan tocar superficies para obtener información del entorno y desenvolverse, personas que usan sus manos para desplazarse en el espacio físico, y todas ellas se encuentran por eso en alto riesgo de contagiarse y en la imposibilidad de seguir al pie de la letra las indicaciones de la OMS. Incluso las instrucciones sobre cómo lavarse las manos correctamente, son también inaccesibles en muchos casos para personas con discapacidad visual. Y éstos son apenas unos pocos ejemplos”.

“En casos de cuarentenas, toques de queda y restricción domiciliaria, hay que atender las necesidades de personas de apoyo y cuidadores de personas con discapacidad, así como las de personas con discapacidad del espectro autista, neurodiversas o con discapacidad psicosocial -que requieren de contacto esencial con el medioambiente y espacios abiertos para mantener la calma-, y establecer políticas específicas que permitan su movilidad y la continuación de los servicios. En ningún caso se debe interrumpir los servicios de asistencia personal y cuidado de las   personas con discapacidad [hay nota]”.

“Deben tomarse medidas de protección adicionales para las personas con discapacidad en situaciones específicas, tales como: Considerar la realización de pruebas de contagio a domicilio, que prioricen a las personas con discapacidad, su entorno de asistentes personales y familiares, y las personas adultas mayores [entre otras]”.

“Debe reducirse progresivamente el número de personas en instituciones, y transitar hacia servicios ambulatorios basados en la comunidad. Bajo ningún caso debe forzarse medicación o tratamiento psicosocial contra la voluntad de la persona como consecuencia o bajo el argumento de la situación de emergencia o la cuarentena”.

4. Emergencia sanitaria. Pueblos indígenas. Vulnerabilidad.

“Una especial mirada requieren los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Este colectivo se encuentra en extrema vulnerabilidad sanitaria, demográfica y territorial. La transmisión de enfermedades derivadas del contacto es una de las amenazas más graves a la supervivencia física, pues esta población no cuenta con las defensas inmunológicas contra enfermedades relativamente comunes, y un contagio puede tener consecuencias trágicas. De ahí que el coronavirus COVID-19, al ser de alta transmisibilidad, requiere de especial atención en este grupo”.

“[S]e formulan recomendaciones sobre aspectos relevantes a tomar en consideración por los Estados: Mantener informadas a la ciudadanía y a las organizaciones indígenas representativas sobre las medidas extraordinarias adoptadas al interior de los Estados y coordinar, previamente, con las autoridades comunales, aquellas a implementar dentro de sus tierras y territorios indígenas. Contar con información sociocultural y epidemiológica desagregadas sobre pueblos indígenas. Por ejemplo, sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en pueblos indígenas que pueden ser un factor de riesgo y que permitan mejorar las medidas de prevención, manejo y contención del COVID-19.  Para ello, es recomendable incorporar variables de etnicidad en los registros administrativos de salud usados en el marco de esta pandemia [entre otras]”.

5. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. LGTBIQ. HIV. No discriminación.

“Los hombres homosexuales (y se podría extender a todos los hombres que tienen sexo con hombres) y las mujeres trans están entre los grupos prioritarios en la respuesta al VIH por su sobrerrepresentación entre las personas que conviven con el virus en términos porcentuales. El estigma que rodea al VIH (que en algunos contextos además se suma a la criminalización) hace que muchos no accedan a los testeos y, por consiguiente, a los tratamientos, y con ellos a poder convivir con el virus como una enfermedad crónica. Recordemos que las personas con VIH que no acceden a tratamientos y con ello a la indetectabilidad del virus en la sangre y control de sus Cd4, están más expuestos a la muerte por coronavirus”.

“[N]o se puede mirar a la población homosexual, bisexual y trans de nuestros países sin una mirada interseccional. Las personas LGBTIQ están atravesadas por otros ejes de desigualdad que las exponen a situaciones de discriminación particularmente complejas en esas intersecciones. Para mencionar algunas situaciones interseccionales particularmente relevantes frente a esta pandemia: las trabajadoras sexuales trans que -en contexto de legalidad o ilegalidad de su actividad- han quedado sin ingresos económicos; las personas homosexuales y trans con HIV sin confirmación de su status serológico o sin acceso a antirretrovirales; las personas LGBTIQ migrantes que muchas veces encuentran falta de apoyo de connacionales en países de acogida por la propia cultura homofóbica o incluso enfrentan riesgos de deportación por su status irregular, lo que les impide acceder a los servicios de salud básicos; las personas mayores homosexuales con menores redes de apoyo social que el resto de su generación (extremándose la soledad en hombres gays); las personas homosexuales y trans privadas de libertad sometidas a situaciones cotidianas de abuso; las personas LGBTIQ con discapacidad, como las personas sordas, con dificultades de acceso a la información; o los niños, niñas y adolescentes que por su sexualidad no esperada enfrentan violencia por parte de sus padres y familiares así como de sus comunidades”.

“[Es importante] garantizar asistencia directa a las personas LGBTIQ -en particular personas trans- más vulneradas, garantizando el derecho a la alimentación y el derecho a la salud a través de la provisión de productos de higiene y alimenticios de forma directa o a través de transferencias monetarias. Del mismo modo, es importante promover la creación de redes de apoyo social junto con organizaciones y colectivos sociales, con especial atención a personas mayores, personas con VIH, personas trans, personas migrantes y niñas, niños y adolescentes LGBTIQ expuestos a situaciones de violencia intrafamilia”.

6. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Refugiado. No discriminación.

“La migración como fenómeno multicausal conlleva a que en muchas ocasiones diversos factores de expulsión y atracción converjan al momento en que las personas toman la decisión de migrar, siendo las personas y grupos en situación de vulnerabilidad quienes tienen menor capacidad de mitigar o adaptarse a los efectos de los factores que subyacen a su decisión de migrar. Como consecuencia de la falta de canales regulares para que puedan migrar, un porcentaje significativo de los migrantes internacionales, solicitantes de asilo y refugiados, en particular aquellos en situación de pobreza o de bajos ingresos, tienen que migrar en situación irregular, lo cual les expone a mayor vulnerabilidad en términos de discriminación, diversas formas de violencia, así como a medidas tendientes a su criminalización, tales como la detención migratoria y la deportación, y obstáculos en el acceso a salud, empleo, educación y justicia”.

“[Entre las recomendaciones para esta situación, los Estados deben] integrar a las personas migrantes y refugiadas en los planes nacionales que han creado los Estados para prevenir y combatir el COVID-19, de tal forma que se les brinde protección en conjunto con las comunidades de acogida. [L]as personas migrantes y refugiadas presentan […] dificultades en el acceso a una atención sanitaria decente y a programas de salud debido a su nacionalidad o su situación migratoria. Esto debería incluir garantizar el acceso equitativo a la información, las pruebas y la atención médica para todos los migrantes y refugiados, independientemente de su situación migratoria, así como establecer cortafuegos (firewalls) para separar las actividades de control migratorio de la capacidad de los migrantes y refugiados para acceder a la salud, educación, justicia y otros servicios esenciales”.

7. Emergencia sanitaria. Cárceles. Personas privadas de la libertad. Prisión preventiva.

"Las personas privadas de libertad se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad al contagio del COVID-19 comparadas con la población en general dado que viven en espacios confinados con muchas otras personas por periodos de tiempo prolongados [hay nota]. El hacinamiento propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles y constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de calamidades [hay nota]. Hasta ahora muchos países de la región han recomendado el distanciamiento social de las personas como una medida para evitar y/o disminuir la propagación del COVID-19. Sin embargo, la separación física y el auto-aislamiento de estas personas en las condiciones en que viven son prácticamente imposibles, así como las recomendaciones de higiene y lavado de manos[hay nota], y los gobiernos deben actuar de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas privadas de libertad [hay nota]”.

“Las personas privadas de libertad también enfrentan otros factores que aumentan su riesgo ante el COVID-19, como el encontrarse en peores condiciones de salud y contar con un sistema inmunológico debilitado debido al estrés, malnutrición o por la prevalencia o coexistencia de otras enfermedades como la tuberculosis u otras enfermedades virales sanguíneas [hay nota]”.

“[E]s importante garantizar que las personas privadas de libertad tengan acceso a servicios de salud de la misma calidad que los servicios ofrecidos para la población en general, sin sufrir discriminación debido a su condición y situación [hay nota]”.

“[Entre las recomendaciones, se requiere a los Estados adoptar] penas alternativas a la privación de libertad respecto a las personas que se encuentran en prisión preventiva. Las personas en prisión preventiva actualmente conforman el 40% de todas las personas privadas de libertad en las Américas; tener en cuenta que las personas privadas de libertad pueden pertenecer a otros grupos en situación de vulnerabilidad (pueblos indígenas, mujeres, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, etc.) que requieran medidas adicionales de protección en función de sus necesidades particulares”.

8. Emergencia sanitaria. DESC. Vulnerabilidad.

"Si bien es cierto que la enfermedad causada por el nuevo Coronavirus (COVID-19) representa una amenaza para toda la población a nivel mundial, las acciones gubernamentales en respuesta a la pandemia deben tener en cuenta la situación de particular vulnerabilidad en la que se encuentran las personas viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema”.

“No solo estas condiciones hacen que para las personas viviendo en situación de pobreza sea más difícil prevenir el contagio del virus.  Su situación se agrava si tenemos en cuenta que- de contraer el virus, factores asociados con sus condiciones de vida, tales como la falta de una alimentación adecuada, desnutrición, y algunas enfermedades prevalentes en esta población: cardiovasculares, diabetes, y enfermedades respiratorias como la tuberculosis disminuyen significativamente sus probabilidades de recuperarse.

Medidas de distanciamiento social como ‘la cuarentena’, necesarias para contener la pandemia, traen consecuencias inesperadas, como la pérdida de trabajo o empleo, que pueden ser particularmente devastadoras para personas que se encuentran en una situación económica vulnerable, porque éstas generalmente no tienen ahorros, ni cuentan con redes básicas de protección, como seguro de desempleo, pensiones, seguro médico, entre otros […]”.

“Es fundamental que se garantice a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, el acceso gratuito a pruebas del COVID-19. Se debe también brindar asistencia médica gratuita y tratamiento a las personas que han contraído el virus. Para esto podría considerarse la apertura de puestos de salud móviles donde se puedan hacer pruebas de COVID-19 y brindar atención médica primaria”.

“Se deben tener en cuenta medidas para la protección y/o recomposición del ingreso. Entre las opciones a explorar, están los programas de ´renta mínima universal´ que podrían adoptarse de forma temporal, asegurando que estos beneficios lleguen de forma directa a las familias que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad […]. El desafío mas importante de este tipo de medidas es alcanzar a las familias más vulnerables, que no necesariamente están inscritas en el registro de beneficiarios de los programas sociales, así como las familias que no tienen acceso al sistema bancario…”.

9. Emergencia sanitaria. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Derecho a la alimentación.

"La imposibilidad de que NNyA asistan a clase interpela a la pedagogía habitualmente conocida y a las familias, que se enfrentan al desafío de ganar mayor protagonismo en los procesos de formación de sus hijas/os. [E]s fácil advertir que los hogares más vulnerables en términos del clima educativo de sus adultos de referencia, y en el acceso a bienes y servicios tecnológicos como una computadora y servicio de internet, quedan aislados durante el tiempo de suspensión preventiva de clases. Es decir, que a las limitaciones preexistentes al aislamiento social, hoy se suma la carencia de tecnologías que pueden facilitar la comunicación con los docentes”.

“Una arista central la reviste el hecho de que la falta de seguridad alimentaria que afecta a buena parte de las familias que destinan mayor proporción de su ingreso a la compra de alimentos, encuentra a los establecimientos educativos, entre otras instituciones, como ámbitos donde NNyA aseguran su alimentación. En el actual contexto, esta función de asistencia alimentaria de la escuela hacia la infancia queda relegada, ponderando el riesgo de contagio por sobre la inseguridad alimentaria. En este sentido, una situación específica es la de NNyA en situación de calle, que no solo requieren de asistencia alimentaria sino de un sistema protección integral…”.

“Se propone propiciar la distribución de alimentos a las familias con mayor vulnerabilidad […], con horarios de entrega precisos y estipulados previamente. Para ello, se recomienda el uso de instrumentos digitales […] para mejorar la comunicación sobre puntos de acceso a entregas de alimentos, horarios de distribución y recomendaciones de buen uso”.

“La continuidad de los procesos de formación a través de la escolarización depende en parte de las estrategias que puedan desarrollar las familias, las estrategias que se den en los espacios educativos, y las sinergias que pueda construirse en el interior de la comunidad educativa, que incluye a las familias”.
EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO A LA SALUD; GÉNERO; ADULTOS MAYORES; SALUD MENTAL; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; VULNERABILIDAD; LGBTIQ; HIV; NO DISCRIMINACIÓN; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; REFUGIADO; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PREVENTIVA; DESC; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; EDUCACIÓN; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN;
Derecho a la salud y a la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19 (comunicado de prensa)Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los Estados:

1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.

2. Evaluar la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.

4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia.

1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Atención médica. Derecho a la salud. Hacinamiento.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos [...] urge a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

En este sentido, la CIDH manifiesta su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos, destacándose que en algunos países la tasa de ocupación es superior al 300 %. Este contexto puede significar un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, entre otros”.

2. Personas privadas de la libertad. Cárceles. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante.

“[L]a CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Los Estados se encuentran en una especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben respetar la vida e integridad personal de ellas, así como asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Así, los Estados están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia.

También preocupa a la Comisión el reciente aumento de la violencia en los centros de privación de la libertad. Según información recibida por la CIDH, distintos amotinamientos habrían ocurrido como protesta contra el hacinamiento y la falta de elementos de higiene personal y protección para prevenir el contagio del nuevo coronavirus en los centros penitenciarios de algunos países de la región".

"En relación con las situaciones de violencia registradas, la Comisión recuerda que los Estados, como garantes de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tienen el deber ineludible de adoptar acciones concretas para respetar y promover sus derechos a la vida e integridad personal. Debido a lo anterior, la CIDH reitera que el Estado debe ser capaz de mantener el orden y la seguridad en el interior de las cárceles y centros de detención. De este modo, debe asegurarse la adecuada implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza”.

3. Emergencia sanitaria. Detención de personas. Prisión preventiva. Excarcelación.

“La Comisión reconoce el esfuerzo que están implementando algunos los Estados de la región para contener la pandemia y evitar su propagación en los centros penitenciarios. Esta coyuntura exige a los Estados un gran esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias como comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos a todas las personas. Asimismo, la CIDH insta a los Estados adoptar planes de contingencia para prevenir la propagación del virus en los centros de detención y para garantizar la atención médica adecuada a las personas privadas de libertad. Estas medidas además de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ser proporcionales al riesgo de expansión del COVID-19 en los centros de privación de la libertad, deberán respetar las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.

[L]a CIDH toma nota de que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura de la Argentina viene monitoreando la situación de las personas privadas de libertad en el país y saluda las recomendaciones de dicho organismo publicadas el último 20 de marzo. La Comisión, también, toma nota del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires que solicitó medidas como el arresto domiciliario para grupos vulnerables y el uso de conmutación de penas por el Poder Ejecutivo, entre otras.

[L]a CIDH hace suyo el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas del último 25 de marzo por el cual exhortó a los Estados a proceder con la debida urgencia para reducir el número de personas privadas de libertad y a examinar los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, en particular a las personas que tienen más edad y aquellas aquejadas por enfermedades.

En relación con las medidas de contención y prevención dirigidas a los centros de privación de libertad, la CIDH recuerda a los Estados la necesidad de definir e informar de forma clara las razones para imponer dichas medidas restrictivas, la estimada duración inicial y el plazo para su revisión. Además, resulta indispensable aplicar las medidas de forma transparente y sin discriminación, asegurando que todas las personas detenidas tengan acceso equitativo a medidas de protección y mitigación, con atención especial a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la implementación de medidas de protección debe realizarse de forma diligente y adecuada para prevenir que las personas en aislamiento sufran malos tratos o cualquier tipo de estigmatización, marginalización o trato violento.

[L]a CIDH encomienda a los Estados adoptar medidas alternativas a la privación de la libertad para hacer valer la vigencia de las medidas restrictivas a la circulación, disponiendo sanciones administrativas, como multas y/o la conducción coercitiva a los domicilios particulares, con vistas a evitar el hacinamiento en las unidades de detención. Igualmente, los Estados deben prevenir la ocurrencia de detenciones arbitrarias, en particular de personas que circulan por la vía pública para abastecerse de alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas, además de respetar el principio de legalidad y las garantías judiciales".

4. Emergencia sanitaria. Visitas carcelarias. Atención médica. Derecho a la salud.

"En caso de la suspensión total de visitas como medida preventiva, la CIDH recuerda que, en muchos casos, son los familiares y visitantes de las personas privadas de la libertad quienes en la práctica realizan el abastecimiento de alimentos, objetos de aseo personal e higiene, entre otros. Por tal motivo, los Estados deberán asegurar el suministro de elementos de primera necesidad, higiene y alimentación, sin los cuales no es posible garantizar condiciones de vida digna y salud para las personas detenidas. Asimismo, la CIDH advierte que la adopción de estas medidas no puede justificar bajo ningún motivo el encierro, confinamiento o la incomunicación absoluta. En tal medida, los Estados de la región deben acompañar dichas restricciones con otras políticas o programas compatibles con el derecho a la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad como la ampliación de horarios al aire libre o la optimización de espacios y tiempos de esparcimiento.

Asimismo, la CIDH estima necesaria la adhesión a las normas básicas de higiene y acceso a materiales necesarios tanto para personas privadas de libertad como para el personal penitenciario. En el contexto de pandemia, los Estados deben asegurar el suministro adecuado de elementos básicos de prevención como jabones, alcohol, guantes y productos de limpieza en los centros de detención. Asimismo, la Comisión recomienda realizar los exámenes médicos sistemáticos para identificar el potencial riesgo de contagio y presuntos casos y disponer como mínimo de capacidad de aislamiento, así como de los elementos necesarios para su control y el material de prevención necesario además de los equipos de protección para el personal penitenciario. Asimismo, las autoridades penitenciarias deben prevenir el ingreso de personas externas a las unidades de detención sin el debido chequeo previo, como forma de detener la propagación del virus…”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; ASISTENCIA MEDICA; DERECHO A LA SALUD; HACINAMIENTO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DETENCIÓN DE PERSONAS; PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; VISITAS CARCELARIAS;
Declaración de principios relativos al trato de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes
“A juicio del Comité, los siguientes principios deberían ser aplicados por todas las autoridades competentes responsables de las personas privadas de libertad en el área del Consejo de Europa:
El principio fundamental debe ser tomar todas las medidas posibles para proteger la salud y la seguridad de todas las personas privadas de libertad. Adoptar tales medidas contribuye asimismo a preservar la salud y la seguridad del personal“ (párr. 1).
“Las directrices de la OMS para luchar contra la pandemia, así como las directrices clínicas y de salud nacionales coherentes con las normas internacionales, deben respetarse y aplicarse plenamente en todos los lugares de privación de libertad“ (párr. 2).
“La disponibilidad del personal debería reforzarse, y el personal debería recibir todo el apoyo profesional, y protección de la salud y la seguridad, así como la formación necesaria para poder seguir cumpliendo con su labor en los lugares de privación de libertad“ (párr. 3).
“Toda medida restrictiva adoptada con respecto a las personas privadas de libertad a fin de prevenir la propagación del COVID-19 debería tener una base jurídica, y ser necesaria y proporcionada, respetuosa con la dignidad humana y limitada en el tiempo. Las personas privadas de libertad deberían recibir amplia información, en un idioma que puedan comprender, sobre cualquiera de dichas medidas“ (párr. 4).
“Dado que el contacto personal estrecho fomenta la propagación del virus, todas las autoridades competentes deberían concertar esfuerzos para recurrir a alternativas a la privación de libertad. Este enfoque resulta imperativo especialmente en situaciones en las que se exceda la capacidad de los centros. Además, las autoridades deberían hacer mayor uso de las alternativas a la detención preventiva, la sustitución de la pena, y la libertad anticipada y la libertad provisional; reevaluar la necesidad de continuar con el internamiento no voluntario de los pacientes psiquiátricos; dar de alta a los residentes de los centros de asistencia social, o velar por que reciban atención comunitaria, según proceda; y abstenerse, en la medida de lo posible, de detener a los migrantes“ (párr. 5).
“En lo referente a la prestación de cuidados de salud, será preciso prestar particular atención a las necesidades específicas de las personas detenidas, con especial atención a los grupos vulnerables y/o grupos de riesgo, como las personas de edad y las personas con patologías previas. Esto incluye, entre otras cosas, realizar pruebas de detección del COVID-19 y garantizar el acceso a los cuidados intensivos, según sea necesario. Además, las personas detenidas deberían recibir apoyo psicológico adicional del personal en estos momentos” (párr. 6).
“Si bien es legítimo y razonable suspender las actividades no esenciales, durante la pandemia deben respetarse plenamente los derechos fundamentales de las personas detenidas. Esto incluye en particular el derecho a mantener una higiene personal adecuada (incluido el acceso a agua caliente y jabón) y el derecho a acceder diariamente a zonas al aire libre (al menos durante una hora). Asimismo, cualquier restricción del contacto con el mundo exterior, incluidas las visitas, debería compensarse con un mayor acceso a medios alternativos de comunicación (como el teléfono o la comunicación mediante el uso de voz sobre protocolo de Internet)“ (párr. 7).
“En los casos de aislamiento o de puesta en cuarentena de una persona detenida que esté infectada o de la que se sospeche que está infectada por el virus SARS-CoV-2, se debería proporcionar cada día a la persona en cuestión un contacto que sea significativo desde el punto de vista humano“ (párr. 8).
“Las salvaguardias fundamentales contra los malos tratos infligidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a las personas detenidas (el acceso a un abogado, el acceso a un médico, la notificación de la detención) deben respetarse plenamente en todas las circunstancias y en todo momento. En algunas circunstancias, ciertas medidas cautelares pueden ser apropiadas (por ejemplo, exigir a las personas con síntomas que se pongan máscaras de protección)“ (párr. 9).
“La vigilancia por órganos independientes, incluidos los Mecanismos Nacionales de Prevención y el CPT, continúa siendo una salvaguardia esencial contra los malos tratos. Los Estados deberían seguir garantizando el acceso de los órganos de vigilancia a todos los lugares de detención, incluidos los lugares en los que se mantiene a las personas en cuarentena. Sin embargo, todos los órganos de vigilancia deberían tomar todas las precauciones necesarias para respetar el principio de ‘no hacer daño’, en particular al tratar con personas de edad y con personas con patologías previas” (párr. 10).
EMERGENCIA SANITARIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA SEGURIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; HACINAMIENTO; PRISIÓN PREVENTIVA; DETENCIÓN DE PERSONAS; VULNERABILIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; INCOMUNICACIÓN; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO DE DEFENSA; NOTIFICACIÓN;
Azul Rojas Marín y otra v. PerúCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Perú era responsable por la violación de los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 (derecho a la libertad personal), artículos 5.1, 5.2 y 11 (derecho a la integridad personal y a la vida privada), artículos 8.1 y 25.1 (derechos a las garantías judiciales y protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos, junto con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
1. LGTBIQ. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. Género. Estereotipos de género. Orientación sexual. Violencia.
“[E]l deber de respetar los derechos humanos reconocidos en la Convención, concierne a todos los que actúen a nombre del Estado, especialmente si proceden en la condición de órganos estatales, por lo que la eventual violación de aquellos le es atribuible directamente. Igualmente, hace presente que la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de dichos derechos, significa que es responsable de la violación de éstos por parte de terceros en el evento de que no haya adoptado las medidas indispensables para impedir su trasgresión o para hacerla cesar, reparando el daño causado. Y todo ello respecto de cualquier persona que se encuentre, por cualquier causa, circunstancia o motivo, bajo su jurisdicción” (párr. 87).
“[E]l efectivo respeto de los derechos humanos implica que su eventual violación constituye, per se, un hecho ilícito internacional, cualquiera sea la condición de la presunta víctima, circunstancia de que en modo alguno puede ser esgrimida para justificar aquella. De modo, pues, que la detención arbitraria o la tortura de una persona, cualquiera sea su condición, es siempre contraria al Derecho Internacional y, especialmente, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (párr. 88).
“[E]n virtud de la obligación de no discriminar, los Estados están obligados, además, a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. En este sentido, la discriminación efectuada en razón de una de las categorías señaladas a título ilustrativo en el artículo 1.1 de la Convención, amerita una particular o peculiar consideración, habida cuenta que el respectivo hecho ilícito que su ejercicio significa, tiene lugar en razón de lo que la presunta víctima específicamente representa o parece ser y que es lo que la distingue de las demás personas” (párr. 89).
“[La Corte] ha reconocido que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. En este sentido, ya ha establecido que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención. En consecuencia, el Estado no puede actuar en contra de una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género” (párr. 90).  
“Las formas de discriminación en contra de las personas LGBTI se manifiestan en numerosos aspectos en el ámbito público y privado. A juicio de la Corte, una de las formas más extremas de discriminación en contra de las personas LGBTI es la que se materializa en situaciones de violencia” (párr. 91).  
“La violencia contra las personas LGBTI es basada en prejuicios, percepciones generalmente negativas hacia aquellas personas o situaciones que resultan ajenas o diferentes. En el caso de las personas LGBTI se refiere a prejuicios basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género. Este tipo de violencia puede ser impulsada por `el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género’” (párr. 92).  
“La violencia contra las personas LGBTI tiene un fin simbólico, la víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación. Sobre este punto, la Corte ha señalado que la violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha persona se auto-identifica o no con una determinada categoría. Esta violencia, alimentada por discursos de odio, puede dar lugar a crímenes de odio” (párr. 93).  
“[E]n ocasiones puede ser difícil distinguir entre la discriminación por orientación sexual y la discriminación por expresión de género. La discriminación por orientación sexual puede tener fundamento en una orientación sexual real o percibida, por lo que incluye casos en los cuales una persona es discriminada con motivo de la percepción que otros tengan acerca de su orientación sexual. Esta percepción puede estar influenciada, por ejemplo, por el modo de vestir, peinado, manerismos, o forma de comportarse que no corresponde a las normas tradicionales o estereotipos de género, o constituye una expresión de género no normativa. En el presente caso, la expresión de género de la presunta víctima pudo ser asociada por terceros con una determinada orientación sexual” (párr. 94).
“[L]os alegatos relativos a la discriminación constituyen un tema transversal a las demás violaciones alegadas y, en razón de ello, la Corte los tomará en cuenta a lo largo de toda la Sentencia” (párr. 95).
2. Libertad. Principio de legalidad. Arbitrariedad. Personas privadas de la libertad. Notificación. Derecho a la información.
“[L]a restricción del derecho a la libertad personal únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal)” (párr. 110).
“[L]a observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y `de antemano´ en dicho ordenamiento en cuanto a las `causas´ y `condiciones´ de la privación de la libertad física. Si la normativa interna, tanto en el aspecto material como en el formal, no es observada al privar a una persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana, a la luz del artículo 7.2” (párr. 111).
“[E]l registro personal de la señora Rojas Marín no fue acorde a la legislación nacional, ya que no se ha demostrado que existiera un motivo fundado vinculando a la intervenida con la comisión de un hecho delictuoso […]. [L]a presunta víctima estuvo detenida al menos cinco horas, lo cual excede el plazo permitido. Además, no existe controversia sobre que la diligencia de identificación de la señora Rojas Marín no fue registrada. Respecto a la posibilidad que la señora Rojas Marín contactara a un familiar o la persona de su elección, la Corte advierte que es el Estado quien tiene la carga de demostrar que se le comunicó este derecho a la señora Rojas Marín. En el presente caso, el Estado no ha alegado que se cumplió con esta obligación. Asimismo, en las declaraciones de la señora Rojas Marín no se advierte que le haya comunicado que podía contactar a una persona. Tomando en cuenta que correspondía al Estado demostrar que en el presente caso cumplió con la obligación legal de notificar a la señora Rojas Marín de su derecho de contactar a un familiar o amigo, la Corte considera que se incumplió con dicha obligación” (párrs. 117-120).
“El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que una privación de libertad tiene motivos discriminatorios cuando resultaba evidente que se había privado a las personas de su libertad específicamente en función de las características distintivas reales o aparentes, o a causa de su pertenencia real o presunta a un grupo diferenciado (y a menudo minoritario). El Grupo de Trabajo considera como uno de los factores a tomar en cuenta para determinar la existencia de motivos discriminatorios, si `[l]as autoridades han hecho afirmaciones a la persona detenida o se han comportado con ella de manera que indique una actitud discriminatoria’” (párr. 127).
“Ante la ausencia de un motivo conforme a la ley por el cual la presunta víctima fue sujeta a un control de identidad y la existencia de elementos que apuntan hacia un trato discriminatorio por razones de orientación sexual o expresión de género no normativa, la Corte debe presumir que la detención de la señora Rojas Marín fue realizada por razones discriminatorias” (párr. 128).
“[L]as detenciones realizadas por razones discriminatorias son manifiestamente irrazonables y por tanto arbitrarias. En virtud del carácter discriminatorio de la privación de libertad no resulta necesario examinar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la misma para determinar su arbitrariedad” (párr. 129).
“El artículo 7.4 de la Convención Americana alude a dos garantías para la persona que está siendo detenida: i) la información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de los cargos. La información de los `motivos y razones” de la detención debe darse `cuando ésta se produce’, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. Asimismo, esta Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención y que no se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal” (párr. 131).
3. Derecho a la integridad personal. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Violencia sexual. Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Derecho a la vida privada y familiar. Familia.
“[L]a tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están absoluta y estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta prohibición es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas, y pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Los tratados de alcance universal y regional consagran tal prohibición y el derecho inderogable a no ser sometido a ninguna forma de tortura” (párr. 128).
“[E]n casos que involucran alguna forma de violencia sexual, se ha precisado que las violaciones a la integridad personal conllevan la afectación de la vida privada de las personas, protegida por el artículo 11 de la Convención, la cual abarca la vida sexual o sexualidad de las personas. La violencia sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de las personas, supone una intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente las decisiones respecto a con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas ” (párr. 141).
“[L]a violación sexual es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril” (párr. 142).
“[L]as obligaciones generales que se derivan de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana son reforzadas por las obligaciones específicas derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Los artículos 1 y 6 de esta Convención Interamericana, refuerzan la prohibición absoluta de la tortura y las obligaciones del Estados para prevenir y sancionar todo acto o intento de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en el ámbito de su jurisdicción” (párr. 143).
“[L]a violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (párr. 146).
“[L]a mención de algunos de los alegados maltratos solamente en algunas de las declaraciones no significa que sean falsos o que los hechos relatados carezcan de veracidad. Al respecto, este Tribunal toma en cuenta que los hechos descritos por la señora Rojas Marín se refieren a un momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Asimismo, al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. En este sentido, es razonable que la señora Rojas Marín no haya mencionado la violación sexual en la denuncia realizada en medios de comunicación, ni en la primera denuncia verbal realizada en la policía” (párr. 148).
“Es necesario señalar que la ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes. Lo mismo es cierto para los casos de violencia y violación sexual, en los cuales no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de marcas o cicatrices en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de un examen médico” (párr. 153).
“La violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta” (párr. 159).
“[A] la luz del artículo 5.2 de la Convención `tortura’ es todo acto de maltrato que: i) sea intencional; ii) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometa con cualquier fin o propósito. Asimismo, el Tribunal ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada `tortura psicológica’. De igual manera, la Corte ha reiterado que la violación y otras formas de violencia sexual pueden configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso actos de tortura si se satisfacen los elementos de la definición. Para calificar una violación sexual como tortura deberá atenerse a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada caso” (párr. 161).
“[L]a violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada `física y emocionalmente’” (párr. 162).
“[L]a violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Las representantes alegaron que los malos tratos fueron realizados con fines discriminatorios. Al respecto, [el perito Juan Méndez indicó que] `para determinar si un caso de tortura ha sido motivado por un prejuicio contra personas LGBTI’ se puede usar como indicadores: `[l]a modalidad y características de la violencia inspirada en la discriminación. Por ejemplo, en casos de personas LGBTI, la violación anal o el uso de otras formas de violencia sexual’; `insultos, comentarios o gestos discriminatorios realizados por los perpetradores durante la comisión de la conducta o en su contexto inmediato, con referencia a la orientación sexual o identidad de genera de la víctima’ o `la ausencia de otras motivaciones’” (párr. 163).
“Este Tribunal considera que la violación anal y los comentarios relativos a la orientación sexual, evidencian también un fin discriminatorio, por lo que constituyó un acto de violencia por prejuicio. Asimismo, la Corte advierte que el caso resulta encuadrable en lo que considera `delito de odio’ o `hate crime’, pues es claro que la agresión a la víctima estuvo motivada en su orientación sexual, o sea que, este delito no solo lesionó bienes jurídicos de Azul Rojas Marín, sino que también fue un mensaje a todas las personas LGBTI, como amenaza a la libertad y dignidad de todo este grupo social” (párr. 164-165).
“[E]n casos de graves violaciones de derechos humanos, tales como, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y tortura, es aplicable un a presunción iuris tantum respecto de la violación al derecho a la integridad personal de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes, así como hermanos y hermanas de las presuntas víctimas” (párr. 221).
4. Pericia médica. Prueba. Prueba testimonial. Asistencia médica. Estereotipos de género. Orientación sexual. Violencia sexual. Debido proceso. Debida diligencia. Revictimización.
“[E]l deber de investigar previsto en la Convención Americana se ve reforzado por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que obligan al Estado a `toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción’, así como a `prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’” (párr. 178).
“La Corte ha desarrollado estándares específicos sobre cómo se debe investigar la violencia sexual en casos donde las víctimas han sido mujeres. Estos estándares se basaron principalmente en lo establecido en el Protocolo de Estambul y la Guía de la Organización Mundial de la Salud para el cuidado médico-legal de víctimas de violencia sexual, los cuales se refieren a medidas que se deben tomar en caso de violencia sexual, independientemente de si las víctimas son hombres o mujeres. Por tanto, los mismos estándares son aplicables en el presente caso” (párr. 179).
“[E]n una investigación penal por violencia sexual, es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del género que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso” (párr. 180).
“En las entrevistas que se realicen a una persona que afirma haber sido sometida a actos de tortura: i) se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad; ii) no debe exigirse a nadie hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómoda al hacerlo; iii) se debe documentar durante la entrevista la historia psicosocial y, de ser el caso, previa al arresto de la presunta víctima, el resumen de los hechos narrados por esta relacionados al momento de su detención inicial, las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba durante su permanencia bajo custodia estatal, los malos tratos o actos de tortura presuntamente sufridos, así como los métodos presuntamente utilizados para ello, y iv) se debe grabar y hacer transcribir la declaración detallada. Por otro lado, la entrevista que se realiza a una presunta víctima de actos de violencia o violación sexual deberá realizarse en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, y deberá registrarse de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición” (párr. 182).
“En casos donde existen indicios de tortura, los exámenes médicos practicados a la presunta víctima deben ser realizados con consentimiento previo e informado, sin la presencia de agentes de seguridad u otros agentes estatales. Igualmente, al tomar conocimiento de actos de violación sexual, es necesario que se realice de inmediato un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea. Dicho examen deberá ser realizado de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia sexual” (párr. 187).
“[C]on el fin de garantizar la mejor preservación de las evidencias, el peritaje ginecológico y anal debe ser realizado, de considerarse procedente su realización, durante las primeras 72 horas a partir del hecho denunciado, con base en un protocolo específico de atención a las víctimas de violencia sexual” (párr. 190).
“En aras de garantizar la efectividad de la investigación de violaciones a los derechos humanos, se debe evitar omisiones probatorias y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. La Corte ha especificado los principios rectores que son precisos observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos que pueden incluir, inter alia: recuperar y preservar el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones, y determinar la causa, forma, lugar y momento del hecho investigado. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar análisis en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, lo cual implica garantizar la correcta cadena de custodia” (párr. 194).
“[C]uando se investigan actos violentos, como la tortura, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas que sean razonables para develar si existen posibles motivos discriminatorios. Esta obligación implica que cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer lo que sea razonable de acuerdo con las circunstancias, en aras de recolectar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para descubrir la verdad y emitir decisiones completamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación. La falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios, puede constituir en sí misma una forma de discriminación, contraria a la prohibición establecida en el artículo 1.1 de la Convención” (párr. 196).
“[E]l estereotipo por la orientación sexual se refiere a una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas por una persona en base a su orientación sexual, en este caso en particular, por hombres homosexuales o percibidos como tales” (párr. 198).
“[L]os prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos `distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. La Corte considera que lo mismo puede ocurrir en casos de estereotipos por la orientación sexual” (párr. 199).
“Este Tribunal advierte que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género. No hay razón por lo que lo mismo no sea aplicable a casos de violencia sexual contra personas LGBTI, o percibidas como tales” (párr. 202).
“[E]n el examen médico legal, en interrogatorios y en la decisión del tribunal administrativo se utiliza el término `contra natura’ para referirse a la penetración anal. La utilización de este término estigmatiza a quienes realizan este tipo de acto sexual, tildándolos de `anormales’ por no ajustarse a las reglas sociales heteronormativas. [E]ste tipo de indagaciones y términos utilizados en la investigación constituyen estereotipos” (párr. 202-203).
“[L]a mención de algunos maltratos solamente en algunas de las declaraciones no significa que sean falsos o que los hechos relatados carezcan de veracidad. Asimismo, al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente” (párr. 213).
“[L]a falta de realización de un examen médico de una persona que se encontraba bajo la custodia del Estado, o la realización del mismo sin el cumplimiento de los estándares aplicables, no puede ser usado para cuestionar la veracidad de los alegatos de maltrato de la presunta víctima. Este Tribunal ya concluyó que la realización tardía del examen médico y de la falta de custodia inmediata de las vestimentas de la presunta víctima son imputables al Estado…” (párr. 217).
LGBTIQ; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ORIENTACIÓN SEXUAL; VIOLENCIA; LIBERTAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; NOTIFICACIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VIOLENCIA SEXUAL; USO DE LA FUERZA; FUERZAS DE SEGURIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; FAMILIA; PERICIA MÉDICA; ASISTENCIA MEDICA; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; DEBIDO PROCESO; DEBIDA DILIGENCIA; REVICTIMIZACIÓN;
SFM v. EspañaComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas consideró que España era responsable por haber infringido los derechos de la peticionaria en virtud de los artículos 2 b), c), d) y f) (garantía de no discriminación), artículo 3 (derecho a la igualdad), artículo 5 (funciones estereotipadas y prejuicios) y artículo 12 (derecho a la salud y a la atención médica) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1. Violencia obstétrica. Derechos reproductivos. Estereotipos de género. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. “[E]l Comité […] observa el reciente informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, ante la Asamblea general, Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. En dicho informe, la Relatora Especial utiliza el término ‘violencia obstétrica’ para referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud, y afirma que ‘esta forma de violencia es un fenómeno generalizado y sistemático’. Asimismo, la Relatora Especial explica que algunas de las causas subyacentes de la violencia obstétrica son las condiciones de trabajo, las limitaciones de recursos, así como la dinámica del poder en la relación entre el centro de salud y los pacientes, que se ve agravada por los estereotipos de género sobre el papel de la mujer. Es particularmente pertinente para la presente comunicación la afirmación de la Relatora Especial según la cual la episiotomía ‘puede tener efectos físicos y psicológicos en la madre, puede ocasionar la muerte y puede constituir violencia de género y un acto de tortura y tratamiento inhumano y degradante’" (párr. 7.3). 2. Debida diligencia. Igualdad. Género. No discriminación. Violencia de género. “[E]n el contexto de una comunicación individual en la cual se alega la violación de derechos tras la adopción de decisiones judiciales, su tarea consiste en examinar dichas decisiones a la luz de la Convención y determinar si las autoridades del Estado parte respetaron sus obligaciones convencionales. Así, en la presente comunicación, el Comité debe evaluar el cumplimiento por el Estado parte de su obligación de ejercer la debida diligencia en el procedimiento administrativo y judicial seguido por los actos denunciados por la peticionaria, y para eliminar los estereotipos de género […]. [E]l Comité observa que según el informe clínico ginecológico-obstétrico aportado por la peticionaria, la actuación del personal sanitario no se ha ajustado a la lex artis, no se debieron de haber realizado tantos tactos vaginales, la documentación clínica no justificaba el empleo de oxitocina, y no consta el consentimiento de la peticionaria para la episiotomía, de acuerdo a la Ley de Autonomía del Paciente. El Comité nota que el conjunto de la información proporcionada por las partes en el presente caso demuestra que las autoridades judiciales nacionales no realizaron un análisis exhaustivo de los elementos probatorios presentados por la peticionaria" (párr. 7.4). “[E]l Comité recuerda que, bajo el artículo 2 a) de la Convención, los Estados parte tienen la obligación de asegurar la realización práctica del principio de igualdad del hombre y la mujer, y que, en virtud de los artículos 2 f) y 5, los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar o abolir no solamente leyes y reglamentaciones, sino también costumbres y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Al respecto, el Comité considera que la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a ser protegida contra la violencia de género, en el caso presente la violencia obstétrica, y que las autoridades encargadas de analizar la responsabilidad por tales actos deben ejercer especial cautela para no reproducir estereotipos. En el presente caso, el Comité observa que existía una alternativa a la situación vivida por la peticionaria, dado que su embarazo se desarrolló normalmente y sin complicaciones, que no había emergencia cuando llegó al hospital, pero que, sin embargo, desde su ingreso fue sometida a numerosas intervenciones sin que haya recibido explicaciones al respecto y sin que se le haya permitido opinar al respecto. Además, el Comité observa que las autoridades administrativas y judiciales del Estado parte aplicaron nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias, al asumir que es el médico quien decide realizar o no la episiotomía, al afirmar sin proporcionar explicación alguna al respecto que era ‘perfectamente comprensible’ que el padre no pudiera estar presente en el parto instrumental, al asumir que las lesiones psicológicas sufridas por la peticionaria eran una cuestión de ‘mera percepción’, pero que sí mostraron empatía hacia el padre cuando declaró haberse visto privado de relaciones sexuales coitales durante dos años" (párr. 7.5).
VIOLENCIA OBSTÉTRICA; DERECHOS REPRODUCTIVOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO;
M. I. F. M. y familia vs. ColombiaComisión Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH solicitó al Estado de Colombia que adoptase las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de MIFM y su núcleo familiar, con perspectiva de género o los enfoques diferenciados que resultasen pertinentes. Asimismo, requirió que el Estado concertara las medidas a adoptar con las personas beneficiarias y sus representantes.
1. Violencia de género. Medidas cautelares. Debido proceso. No discriminación. Acceso a la justicia.
“[L]a Comisión ha conocido sobre los obstáculos que tienen las mujeres al intentar denunciar los hechos de violencia sufridos, así como la falta de protecciones y garantías judiciales para proteger su dignidad, seguridad y privacidad durante el proceso [hay nota]. [S]e ha indicado que ‘en la región las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto de violencia y discriminación estructural y endémica contra ellas’. Adicionalmente, se observa que ‘el registro de altas tasas de homicidios por razón de género, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia así como la subsistencia de serios obstáculos les impiden tener un acceso oportuno y sin discriminación a la justicia y a una reparación y protección integral frente a estos actos’ [hay nota]” (párr. 27).
“[N]o puede obviarse que, en muchos casos, las mujeres asesinadas habían denunciado con anterioridad a sus agresores, enfrentado graves hechos de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio anteriores, por medio de la cual se reflejan las deficiencias existentes en los mecanismos de prevención y protección de las mujeres ante los riesgos de violencia de género y, en particular, de asesinato [hay nota]. Al respecto, la Corte IDH ha indicado que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, con una estrategia de prevención que debe prevenir los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer” (párr. 28).
2. Violencia de género. Denuncia. Medidas cautelares. Medidas de seguridad. Vulnerabilidad.
“La violencia se habría intensificado cuando la propuesta beneficiaria decidió terminar la relación y, más aún, cuando comenzó una relación con otra persona, con la presencia de presuntas amenazas en su contra, las cuales condujeron a un ataque con arma de fuego en su contra […] resultando heridas tanto ella como su hija […] y su primo. La Comisión observa con preocupación que, pese a la supuesta identificación del atacante como relacionado con el presunto agresor, las investigaciones no estarían teniendo resultados ni se le brindarían medidas de seguridad a la propuesta beneficiaria” (párr. 29).
“[L]as medidas mencionadas no han sido efectivas, considerando la materialización de un ataque en su contra y la persistencia de las amenazas y hostigamientos contra la propuesta beneficiaria, pese a las diversas denuncias presentadas. Incluso, se advierte preocupante el alegato en relación a que [JCN], al comunicarse con la propuesta beneficiaria, haría mención en forma amenazante a los hechos, refiriéndole que ‘estaba pagando lo que le había hecho’”(párr. 30).
“[L]a situación de la señora MIFM permite considerar que sus derechos se encuentran prima facie en una situación de gravedad. Asimismo, en vista de los hechos de riesgo alegados, con amenazas a su actual pareja y habiendo sido herida su hija y su primo anteriormente, la CIDH considera que la situación de riesgo se extiende también a su núcleo familiar” (párr 33).
“[L]a Comisión considera que el requisito de urgencia se encuentra cumplido, en la medida en que el riesgo denunciado podría materializarse de forma inminente frente a la situación de vulnerabilidad en que se encontrarían” (párr. 34).
VIOLENCIA DE GÉNERO; MEDIDAS CAUTELARES; DEBIDO PROCESO; NO DISCRIMINACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; DENUNCIA; MEDIDAS DE SEGURIDAD; VULNERABILIDAD;
Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana v. BrasilComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Brasil debía adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de las personas privadas de la libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana. En particular, sostuvo que se debía garantizar una atención médica adecuada y oportuna. Asimismo, indicó que el Estado debía asegurar que las condiciones de detención se adecuaran a los estándares internacionales aplicables para las personas con discapacidad y tomar acciones inmediatas para reducir el hacinamiento.
. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Derecho a la salud.
“[R]especto a las personas privadas de libertad el Estado se encuentra en una posición especial de garante en tanto las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia [hay nota]. Ello se presenta como resultado de la relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que este puede regular sus derechos y obligaciones, y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna [hay nota]. Entre las obligaciones positivas para mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos [hay nota], puede destacarse: i) la adopción de medidas de protección frente a posibles agresiones o amenazas por parte de autoridades públicas o incluso de otros internos [hay nota]; ii) la separación de los internos por categorías [hay nota]; iii) la adopción de medidas para evitar la presencia de armas en los establecimientos penitenciarios [hay nota]; y iv) las mejoras en las condiciones de detención” (párr. 26).
“[L]a Comisión observa efectivamente que los propuestos beneficiarios enfrentan una multiplicidad de factores de riesgo y que la situación del establecimiento penitenciario no conoció mejoras significativas […]. En primer lugar, las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, en la medida que el problema de hacinamiento no habría sido resuelto aún, al igual que la falta de salubridad y otras deficiencias estructurales que ponen en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los presos, particularmente aquellos que presentan alguna discapacidad o restricción motora” (párr. 29).
2. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Cárceles. Derecho a la salud. Violencia institucional.
“[C]onsiderando las características de los presos destinados a la PPJS […], los reclusos que requieren una atención médica permanecen expuestos a riesgos importantes de infección al no contar con el apoyo suficiente para manejar sus distintas necesidades, advirtiéndose ya en algunas instancias la materialización de daños a sus personas. En este sentido, particular seriedad merecen los alegatos […] sobre el uso presuntamente desproporcional de la fuerza para imponer la disciplina al conjunto de la población penal, pues estos propuestos beneficiarios se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad por su condición física, debiendo por el contrario ser objeto de un sumo cuidado, recordándose además que la aplicación de este tipo de medidas debe ser excepcional y adecuada a la situación en cuestión” (párr. 30).
“La Comisión toma nota de la información aportada por el Estado indicando ‘que la actual gestión está orientada a trabajar en favor de la dignidad de la persona privada de libertad, de la salud e integridad física de los condenados en el sistema carcelario’, así como observa las presuntas diligencias implementadas direccionadas a mitigar la situación de riesgo […]. Sin embargo, no puede obviarse que esta respuesta en principio no sería idónea y suficiente para mitigar o neutralizar la fuente de riesgo en cuestión, puesto que consisten principalmente en intervenciones puntuales de carácter paliativo y que no atenderían el problema de raíz.
Entre las necesidades señaladas, debe resaltarse la supuesta falta de servicios de transportes que permitan evacuar a los presos con emergencias médicas a fin de permitirles recibir atención especializada fuera de la prisión, lo cual se traduce en un incremento del nivel de riesgo enfrentado. De hecho, el Estado reconoció que todavía se estaba en proceso de adquisición de una ambulancia ‘para los casos de emergencia, siendo necesario, aún, igualar los equipos para manejar las unidades móviles’. Al respecto, la Comisión recuerda que, el ‘[…] deber del Estado de proporcionar la atención médica adecuada e idónea a las personas bajo su custodia es aún mayor en aquellos casos en que las lesiones o la afectación en la salud de los reclusos es producto de la acción directa de las autoridades’ [hay nota]” (párr. 31).
“[L]a Comisión concluye que, desde el estándar prima facie, los derechos a la salud, vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana se encuentran en una situación de grave riesgo” (párr. 33).
3. Medidas cautelares. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a la integridad personal.
“En cuanto al requisito de urgencia, la Comisión considera que se encuentra cumplido, en vista de la continuidad de los eventos de riesgo señalados y la materialización reciente de daños a los derechos de los propuestos beneficiarios como lo ilustraría la cifra de 11 fallecidos a lo largo del 2019, 4 de ellos entre los meses de octubre y noviembre. En este contexto, la información resulta suficiente para determinar que ulteriores afectaciones son susceptibles de seguir produciéndose en cualquier momento, ya sea a debido a la falta de atención médica o como consecuencia de las condiciones de detención descritas, requiriendo así una intervención de carácter inminente” (párr. 34).
“En lo que respecta al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, ya que la posible afectación a los derechos a la vida e integridad personal, por su propia naturaleza, constituyen la máxima situación de irreparabilidad” (párr. 35).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; DERECHO A LA SALUD; VULNERABILIDAD; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL;
Carranza Alarcón v EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación del artículo 8 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable), además del artículo 7.1, 7.3 y 7.5 (libertad personal, detención arbitraria y razonabilidad de la privación de libertad) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Prisión preventiva. Personas privadas de la libertad. Arbitrariedad. Motivación. Revisión judicial. “[S]on las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emitan conforme a su propio ordenamiento. La detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad. Al evaluar la continuidad de la medida, las autoridades deben dar los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razonables por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse” (párr. 83). “[E]l artículo 7.5 de la Convención impone límites a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. De conformidad con la norma citada, la persona detenida tiene derecho ‘a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad’. Por ende, si una persona permanece privada preventivamente de su libertad y las actuaciones no transcurren en un tiempo razonable, se vulnera el artículo 7.5 de la Convención” (párr. 86). “[N]o constan actos procesales entre el 13 de septiembre de 1995, cuando se solicitó al Fiscal emitir su criterio sobre la causa y el 30 de septiembre de 1996, cuando se cerró el sumario. En este acto se dio traslado al Fiscal para que emitiera un dictamen, que fue producido más de cinco meses después. A su vez, entre la emisión del dictamen de 4 de marzo de 1997 y la audiencia de juzgamiento de 1 de diciembre de 1998, transcurrió más de un año y ocho meses, pues la audiencia fue suspendida varias veces. Esto evidencia que, pese a que el señor Carranza se encontraba privado de libertad, hubo demoras que totalizaron cerca de tres años de los aproximadamente cuatro que duró el proceso penal en total desde que él fue aprehendido. No se advierte justificación de tal tiempo de inactividad, máxime considerando que el señor Carranza se encontraba privado preventivamente de su libertad, lo que debió generar que las autoridades judiciales doten de mayor celeridad posible al proceso” (párr. 87). 2. Plazo razonable. Debido proceso. Complejidad del asunto. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Duración del proceso. “[E]n materia penal, la razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable, por lo que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Esta Corte recuerda que los cuatro elementos que ha considerado para determinar la razonabilidad del plazo son: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada por la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 92). “En el caso, si bien al inicio del proceso, durante cerca de un año, no constan actuaciones, ello se debió a la falta de localización del señor Carranza y los hechos del caso y los argumentos de las partes no permiten concluir que ese tiempo de demora fuera atribuible al Estado. Resulta entonces pertinente, en el presente caso, centrar el examen […] desde que el señor Carranza fue aprehendido hasta que se emitió la sentencia condenatoria en su contra” (párr. 93). “[D]e los hechos no surge que la causa ofreciera complejidad: se trató de un hecho con una víctima, cometido en presencia de otras personas, y los presuntos agresores aparecían identificados desde la denuncia inicial. En segundo término, desde que el señor Carranza fue privado de su libertad, no constan hechos que pudieran llevar a concluir que entorpeció de algún modo el avance del procedimiento. Por otra parte, en cuanto a los elementos tercero y cuarto antes señalados, ya se ha indicado que hubo demoras del proceso cercanas a tres años mientras el señor Carranza permanecía privado de su libertad, por lo que dichas demoras afectaron perjudicialmente sus derechos. Lo anterior muestra que hubo demoras en actuaciones durante cerca de tres de los cuatro años aproximados que duró el proceso penal en contra del señor Carranza desde su aprehensión” (párr. 94-95).
PRISIÓN PREVENTIVA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ARBITRARIEDAD; MOTIVACIÓN; REVISION JUDICIAL; PLAZO RAZONABLE; DEBIDO PROCESO; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO; DURACIÓN DEL PROCESO;
Comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud de los artículos 8.1 y 25.1 (garantías judiciales y protección judicial), 21 (derecho de propiedad), 26 (derechos económicos, sociales, culturales y  ambientales) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Pueblos indígenas. Propiedad comunitaria. Título de propiedad. Seguridad jurídica.
“[E]l Estado debe asegurar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y, por tanto, debe: a.- deslindar las tierras indígenas de otras y otorgar título colectivo de las tierras a las comunidades; b.- ‘abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio’, y c.- a su vez, garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar y usar efectivamente su territorio y recursos naturales, así como de ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros” (párr. 98).
“[P]ara materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas cobijados por el artículo 21 de la Convención, los Estados deben prever un mecanismo efectivo, mediante la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias. Los mismos deben cumplir las reglas del debido proceso legal consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. En virtud del artículo 2 de la Convención, los Estados deben adaptar su derecho interno para que estos mecanismos existan y sean adecuados y efectivos: deben suponer una posibilidad real para que las comunidades puedan defender sus derechos y ejercer el control efectivo de su territorio, sin ninguna interferencia externa. Asimismo, […] los pueblos indígenas tienen derecho a no ser sujetos a una demora irrazonable para una solución definitiva de su reclamo” (párr. 116).
“[E]l Estado reconoció, mediante actos jurídicos, el derecho de propiedad de las comunidades indígenas. Existe, en este sentido, un título o reconocimiento jurídico de la propiedad. Asiste entonces razón al Estado en cuanto a que el derecho ‘está fehacientemente reconocido’. No obstante, por otro lado, […] el reconocimiento de la propiedad indígena debe efectuarse dotando de seguridad jurídica al derecho, de modo que sea oponible frente a terceros. Las acciones tendientes a esta finalidad no han sido completadas. El Decreto 1498/14, en ese sentido, debe entenderse como un acto cuya ejecución no se ha concretado, siendo que su mismo texto prevé acciones futuras. Por ello el reconocimiento jurídico existente no es todavía adecuado o suficiente para el pleno ejercicio del derecho de propiedad. Aunque este Tribunal valora los avances efectuados por el Estado, debe concluir que el derecho de propiedad de las comunidades indígenas sobre su territorio no se encuentra satisfecho” (párr. 149).
“[L]a Corte constata que los Decretos 2786/07 y 1498/14 constituyen actos de reconocimiento de la propiedad comunitaria sobre la tierra reclamada. No obstante, el Estado no ha titulado la misma de forma adecuada, de modo de dotarla de seguridad jurídica. El territorio no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros” (párr. 167).
2. Consulta previa. Consentimiento informado. Seguridad jurídica.
“A fin de garantizar el uso y goce de la propiedad colectiva, el Estado debe cumplir ciertas salvaguardas […]. Las mismas son debidas a fin de resguardar la propiedad y también en función del derecho de los pueblos indígenas a participar en decisiones que afecten sus derechos. Conforme la Corte ha indicado, en razón de los ‘derechos políticos’ de participación receptados en el artículo 23 de la Convención, en cuestiones atinentes a sus tierras, los pueblos indígenas deben ser consultados de forma adecuada a través de instituciones representativas de los mismos" (párr. 173).
“[R]especto a obras o actividades dentro del territorio indígena, el Estado, por una parte, debe observar los requisitos comunes a toda limitación al derecho de propiedad por ‘razones de utilidad pública o de interés social’ de acuerdo al artículo 21 de la Convención, lo que implica el pago de una indemnización. Por otra parte, debe cumplir ‘con las siguientes tres garantías’: en primer lugar, ‘asegurar la participación efectiva’ de los pueblos o comunidades, ‘de conformidad con sus costumbres y tradiciones’, deber que requiere que el Estado acepte y brinde información, y que implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. En segundo lugar, debe ‘garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro de[l] territorio a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto […] ambiental’. En tercer lugar, debe garantizar que las comunidades indígenas ‘se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio’" (párr. 174).
“Por medio de los requisitos anteriores, se busca ‘preservar, proteger y garantizar la relación especial’ que los pueblos indígenas tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia. Si bien la Convención no puede interpretarse de modo que impida al Estado realizar, por sí o a través de terceros, proyectos y obras sobre el territorio, el impacto de los mismos no puede en ningún caso negar la capacidad de los miembros de los pueblos indígenas y tribales a su propia supervivencia" (párr. 175).
3. Medio ambiente. Daño ambiental. Debida diligencia. Principio de proporcionalidad.
“[E]l derecho a un medio ambiente sano ‘constituye un interés universal’ y ‘es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad’, y que ‘como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza, no solo por su ‘utilidad’ o ‘efectos’ respecto de los seres humanos, ‘sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta’. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales" (párr. 203).
“[R]ige respecto al derecho al ambiente sano no solo la obligación de respeto, sino también la obligación de garantía prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Este deber se proyecta a la ‘esfera privada’, a fin de evitar que ‘terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos’, y ‘abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito’. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades, a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir ‘es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado’. Debido a que lo indicado es aplicable al conjunto de los derechos receptados en la Convención Americana, es útil dejar ya sentado que también refiere a los derechos a la alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida cultural" (párr. 207).
“[E]n materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente’. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental" (párr. 208).
“[D]iversos derechos pueden verse afectados a partir de problemáticas ambientales, y  ello ‘puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad’, entre los que se encuentran los pueblos indígenas y ‘las comunidades que dependen, económicamente o para su supervivencia, fundamentalmente de los recursos ambientales, [como] las áreas forestales o los dominios fluviales’. [C]on base en la normativa internacional de derechos humanos, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación" (párr. 209).
4. DESC. No discriminación. Derecho a la alimentación. Aguas. Derecho a la identidad.
“Los Estados tienen el deber no solo de respetar, sino también de garantizar el derecho a la alimentación, y debe entenderse como parte de tal obligación el deber de `protección’ del derecho, tal como fue conceptuado por el Comité DESC: ‘[l]a obligación de proteger requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada’. Correlativamente, el derecho se ve vulnerado por el Estado al ‘no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas’" (párr. 221).
“[E]l derecho a la alimentación no debe entenderse de forma restrictiva. El bien protegido por el derecho no es la mera subsistencia física y, en particular respecto de pueblos indígenas, tiene una dimensión cultural relevante" (párr. 254).
“Este Tribunal ha indicado que ‘el acceso al agua’ implica ‘obligaciones de realización progresiva’, pero que ‘sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización’. Entre las obligaciones estatales que pueden entenderse comprendidas en el deber de garantía se encuentra la de brindar protección frente a actos de particulares, que exige que los Estados impidan a terceros que menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como ‘garantizar un mínimo esencial de agua’ en aquellos ‘casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad’" (párr. 229).
“[E]n el cumplimiento de sus obligaciones relativas al derecho al agua, los Estados ‘deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho’, inclusive, entre otros, ‘los pueblos indígenas’. En ese sentido, deben velar porque ‘[e]l acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas’ y ‘facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua’, así como que ‘[l]as comunidades nómadas […] tengan acceso al agua potable en sus lugares de acampada tradicionales’" (párr. 230).
“[E]l derecho a la identidad cultural tutela la libertad de las personas, inclusive actuando en forma asociada o comunitaria, a identificarse con una o varias sociedades, comunidades, o grupos sociales, a seguir una forma o estilo de vida vinculado a la cultura a la que pertenece y a participar en el desarrollo de la misma. En ese sentido, el derecho protege los rasgos distintivos que caracterizan a un grupo social, sin que ello implique negar el carácter histórico, dinámico y evolutivo de la cultura" (párr. 240).
“[H]ay amenazas ambientales que pueden incidir en la alimentación; el derecho respectivo, como también el derecho a participar en la vida cultural y el derecho al agua, resultan ‘particularmente vulnerables’ a ‘afectaciones ambientales’" (párr. 245).
“[C]orresponde tener en consideración la interdependencia de los derechos analizados y la vinculación que presenta el goce de los mismos en las circunstancias del caso. Asimismo, tales derechos no deben ser entendidos en forma restrictiva. Ya se ha dicho […] que el ambiente se encuentra relacionado con otros derechos, y que hay ‘amenazas ambientales’ que pueden impactar en la alimentación, el agua y en la vida cultural. Por otra parte, no cualquier alimentación satisface el derecho respectivo, sino que la misma debe ser aceptable para una cultura determinada, lo que lleva a tener en cuenta valores no relacionados con la nutrición. La alimentación, a su vez, es indispensable para el goce de otros derechos, y su carácter ‘adecuado’ puede depender de factores ambientales y culturales. La alimentación es, en sí, una expresión cultural. En ese sentido, puede considerarse a la alimentación como uno de los ‘rasgos distintivos’ que caracterizan a un grupo social, quedando comprendido, por ende, en la protección del derecho a la identidad cultural a través de la salvaguarda de tales rasgos, sin que ello implique negar el carácter histórico, dinámico y evolutivo de la cultura" (párr. 274).  
“Lo expresado es, a su vez, más evidente respecto de pueblos indígenas, en relación a los que normas específicas mandan la salvaguarda de su ambiente, la protección de la capacidad productiva de sus tierras y recursos, y a la consideración como ‘factores importantes del mantenimiento de su cultura’ actividades tradicionales y relacionadas con su economía de subsistencia, como caza, recolección y otras […]. Así, la Corte ha destacado que ‘la falta de acceso a los territorios y los recursos naturales correspondientes puede exponer a las comunidades indígenas a […] varias violaciones de sus derechos humanos, además de ocasionarles sufrimiento y perjudicar la preservación de su forma de vida, costumbres e idioma’. Asimismo, ha advertido que los Estados deben proteger ‘la estrecha relación que [los pueblos indígenas] mantienen con la tierra’ y ‘su proyecto de vida, tanto en su dimensión individual como colectiva’" (párr. 275).
“[E]s preciso dejar sentado que, dado el carácter evolutivo y dinámico de la cultura, pautas culturales propias de los pueblos indígenas pueden ir modificándose a lo largo del tiempo y a partir de su contacto con otros grupos humanos. Desde luego, ello no priva a los pueblos respectivos de su carácter indígena. A su vez, esta característica dinámica no puede, por sí misma, llevar a negar la ocurrencia, según los casos, de reales daños a la identidad cultural. En las circunstancias del caso, los cambios en la forma de vida de las comunidades, advertidos tanto por el Estado como por los representantes, han estado relacionados con la interferencia, en su territorio, de pobladores no indígenas y actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia, que nunca fue consentida por las comunidades, sino que se enmarcó en una lesión al libre disfrute de su territorio ancestral, afectó bienes naturales o ambientales de dicho territorio, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. En este marco, las alteraciones a la forma de vida indígena no pueden ser vistas, como pretende el Estado, como introducidas por las propias comunidades, como si hubiera sido el resultado de una determinación deliberada y voluntaria. Por ello, ha existido una lesión a la identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios" (párr. 284).
5. Recursos. Debido proceso. Plazo razonable. Vulnerabilidad.
“[E]l debido proceso legal ‘abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial’. Por otro lado, el artículo 25 de la Convención contempla ‘la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo ante juez o tribunal competente’. Los artículos 8, 25 y 1 se encuentran interrelacionados en la medida que ‘[l]os […] recursos judiciales efectivos […] deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, […] dentro de la obligación general a cargo de los […] Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1)’. La efectividad de los recursos debe evaluarse en el caso particular teniendo en cuenta si ‘existieron vías internas que garantizaran un verdadero acceso a la justicia para reclamar la reparación de la violación’" (párr. 294).
“[E]l Estado está obligado a proveer recursos efectivos que permitan a las personas impugnar aquellos actos de autoridades que consideren violatorios de sus derechos ‘independientemente de si la autoridad judicial declarare infundado el reclamo de la persona que interpone el recurso por no estar cubierto por la norma que invoca o no encontrare una violación del derecho que se alega vulnerado’. En esta línea, el Tribunal advierte que los artículos 8 y 25 de la Convención también consagran el derecho de obtener respuesta a las demandas y solicitudes planteadas a las autoridades judiciales, ya que la eficacia del recurso implica una obligación positiva de proporcionar una respuesta en un plazo razonable" (párr. 295).
PUEBLOS INDÍGENAS; PROPIEDAD COMUNITARIA; TÍTULO DE PROPIEDAD; SEGURIDAD JURÍDICA; CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; MEDIO AMBIENTE; DAÑO AMBIENTAL; DEBIDA DILIGENCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DESC; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; AGUAS; DERECHO A LA IDENTIDAD; RECURSOS; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; PLAZO RAZONABLE;
Montesinos Mejía v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por haber infringido los artículos 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.2 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referentes a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial; así como los artículos 7.1, 7.3 y 7.6, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Personas privadas de libertad. Derecho a la seguridad. Tipicidad. Arbitrariedad. Principio de proporcionalidad.  
“[E]l contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. Ha afirmado que este artículo tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: ‘[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales’. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (artículo 7.2) o arbitrariamente (artículo 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (artículo 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (artículo 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (artículo 7.6) y a no ser detenido por deudas (artículo 7.7). Cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma” (párr. 93).
“El artículo 7.2 de la Convención establece que ‘nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas’. Este numeral reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’, las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. Adicionalmente, exige su aplicación con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la ley. De ese modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa interna. Cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana” (párr. 94).
“Respecto a la interdicción de la ‘arbitrariedad’ en la privación de libertad, mandada por el artículo convencional 7.3, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Ha considerado que se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad” (párr. 95).
“En cuanto al artículo 7.4, esta Corte ha dicho que ‘el mismo alude a dos garantías para la persona que está siendo detenida: i) la información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de los cargos’” (párr. 96).
“Del artículo 7.3 de la Convención se desprende que para que la medida privativa de la libertad no se torne arbitraria debe cumplir con los siguientes parámetros: i) que existan elementos para formular cargos o llevar a juicio: deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en el mismo; ii) que la finalidad sea compatible con la Convención, a saber: procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; iii) que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales y iv) que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención” (párr. 109).
2. Prisión preventiva. Plazo razonable. Medidas cautelares. Razonabilidad. Recursos. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Principio de inocencia.
“El artículo 7.5, por su parte, establece que ‘[t]oda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio’. El sentido de esta norma indica que las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales, en particular, la norma se refiere al de no comparecencia al juicio” (párr. 97).
“[Dicho] artículo […] impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva en relación con la duración del proceso, indicando que el proceso puede seguir estando la persona imputada en libertad. La Corte ha entendido que ‘aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquélla sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable’” (párr. 98).
“[E]n algunos aspectos, las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la Convención pueden verse estrechamente relacionadas al derecho a la libertad personal. Así, es relevante a efectos del caso señalar que siendo la prisión preventiva una medida cautelar no punitiva, mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifican su detención equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada, lo que atentaría no solo contra el derecho a la libertad personal sino también contra la presunción de inocencia contemplada en el artículo 8.2 de la Convención. Otro vínculo entre el derecho a la libertad personal y las garantías judiciales se refiere al tiempo de las actuaciones procesales, en caso en que una persona esté privada de la libertad. Así, la Corte ha señalado que ‘el principio de ‘plazo razonable’ al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente’” (párr. 99).
“[S]on las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no, de mantener las medidas cautelares que emitan conforme a su propio ordenamiento. La detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad. Al evaluar la continuidad de la medida, ‘las autoridades internas deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia’. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar, aunque sea en forma mínima, las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse” (párr. 116).
“[C]uando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. De conformidad al artículo 7.5 de la Convención, la persona detenida tiene derecho ‘a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad’. Por ende, si una persona permanece privada preventivamente de su libertad y las actuaciones no transcurren en un tiempo razonable, se vulnera dicha disposición convencional (el artículo 7.5 de la Convención)” (párr. 120).
“[L]os Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido” (párr. 125).
“[E]l artículo 7.6 de la Convención protege el derecho de toda persona privada de la libertad a recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. Al respecto, la Corte ha destacado que la autoridad que debe decidir la legalidad del arresto o detención debe ser un juez o tribunal. Asimismo, ha precisado que los recursos disponibles para el cumplimiento de esta garantía ‘no sólo deben existir formalmente en la legislación sino que deben ser efectivos, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención’” (párr. 129).
“El artículo 8.2 de la Convención establece que ‘[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’” (párr. 135).
“[L]a prisión preventiva constituye la medida más severa que se puede imponer a una persona imputada y, por ello, debe aplicarse excepcionalmente: la regla debe ser la libertad de la persona procesada mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Uno de los principios que limitan la prisión preventiva es el de presunción de inocencia, contenido en el artículo 8.2, según el cual una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De esta garantía se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos de la privación preventiva de la libertad tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado, quien, además, debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado. Así, la Corte ha sostenido que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva” (párr. 136).
“[E]s una regla general que el imputado afronte el proceso penal en libertad.129 En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un tiempo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, lo que implicaría anticipar una pena” (párr. 137).
“[L]a detención [del peticionario] fue ilegal y que, tanto la orden de prisión preventiva como su vigencia, no fueron justificadas ni motivadas, razón por la cual resultaron arbitrarias. Por tanto, la prolongación de la privación de libertad hasta el momento en que se resolvió el segundo recurso de hábeas corpus por parte del Tribunal Constitucional fue equivalente a una pena anticipada, contraria a la presunción de inocencia” (párr. 138).
3. Derecho a la integridad personal. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. Personas privadas de libertad. Condiciones de detención. Asistencia médica. Prueba. Responsabilidad del Estado.
“La Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, física y psíquica, cuya infracción ‘es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y […] cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta’. Asimismo, esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad persona. Al respecto, ha precisado que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel de sufrimiento inherente a la detención” (párr. 150).
“[L]a obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tal obligación se ve precisada por los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Sobre el deber de investigar, ha especificado que es una obligación de medio y no de resultado, la cual debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio e iniciarse de oficio e inmediatamente cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura. Asimismo, en relación con hechos sucedidos durante la privación de libertad bajo custodia estatal, este Tribunal ha indicado que la falta de investigación ‘impide que el Estado presente una explicación satisfactoria y convincente de los maltratos alegados y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados’” (párr. 151-152).
4. Plazo razonable. Debido proceso. Derecho de defensa. Notificación.  
“[S]i bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales’ a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (párr. 174).
“[P]ara que en un proceso existan verdaderas garantías judiciales conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que ‘sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho’, es decir, las ‘condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial’” (párr. 175).
“[D]e acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar ‘las debidas garantías’ que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso; y que el incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional. Asimismo, ha indicado que el artículo 8.2 de la Convención establece, adicionalmente, las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso legal. Por ello, es un derecho humano el obtener todas las garantías mínimas que permitan alcanzar decisiones justas, las cuales deben respetarse en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (párr. 176).
“[E]l principio de ‘plazo razonable’ tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Así, una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. La evaluación del plazo razonable se debe analizar, en cada caso, en relación con la duración total del proceso. De esta manera, la Corte ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Sobre el tema, la Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto” (párr. 178-179).
“[E]l ‘plazo razonable’ al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte una decisión definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse” (párr. 180).
“Para determinar la complejidad del asunto la Corte ha valorado distintos elementos, entre los que se encuentran: i) la complejidad de la prueba; ii) la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas; iii) el tiempo transcurrido desde que se ha tenido la noticia del presunto hecho delictivo; iv) las características del recurso contenidos en la legislación interna, o v) el contexto en el que ocurrieron los hechos” (párr. 182).
“[E]l uso de recursos judiciales reconocidos por la legislación aplicable para la defensa de sus derechos, per se, no puede ser utilizado en su contra. Al respecto, este Tribunal ha considerado que la interposición de recursos constituye un factor objetivo, que no debe ser atribuido ni a la presunta víctima ni al Estado demandado, sino que debe ser tomado en cuenta como un elemento objetivo al determinar si la duración del procedimiento excedió el plazo razonable. Al efecto, el Tribunal ha encontrado que la demora principal en la resolución de los procesos se ha presentado en la etapa presumarial y además, que una vez iniciado el proceso sumario, la demora en la tramitación de los recursos interpuestos no puede ser atribuible al señor Montesinos sino a la inactividad procesal de las autoridades” (párr. 184).  
“[P]ara determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona procesada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, este Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Es necesario destacar, además, que los procesos en los cuales una persona se encuentra detenida de manera cautelar se deben llevar a cabo con la mayor celeridad posible. Con este marco, la Corte observa que, en el presente caso, los procesos penales seguidos en contra del señor Montesinos duraron más de 18 años, producto de lo cual estuvo privado de su libertad bajo la figura de prisión preventiva por más de 6 años. Asimismo, la Corte da cuenta de la situación de incertidumbre en que se mantuvo a la presunta víctima en cuanto a su condena por el delito de testaferrismo por más de 18 años y la imposibilidad de uso de sus bienes incautados en el marco de dicho proceso. Por todo lo anterior, la Corte Interamericana concluye que las autoridades estatales no han actuado con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía la privación de libertad del señor Montesinos, razón por la cual los procesos penales seguidos en su contra excedieron el plazo razonable, lo cual vulnera el derecho a las garantías establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.a de la Convención Americana” (párr. 187).
“La Corte ha entendido que ‘[e]l derecho a la defensa es un componente central del debido proceso’, y que ‘debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena’” (párr. 189).
“El artículo 8 de la Convención incluye garantías específicas respecto al derecho a la defensa. Así, en el literal ‘b’ de su segundo apartado, se determina la necesidad de que se comunique ‘al inculpado’ la ‘acusación’ en su contra en forma ‘previa y detallada’. La Corte ha expresado que esta norma ‘rige incluso antes de que se formule una ‘acusación’ en sentido estricto, [pues] para que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública’” (párr. 190).
“La Convención regula garantías para la defensa técnica, como el derecho a ser asistido por un defensor (artículo 8.2.d y e). Este último derecho se ve vulnerado cuando no se asegura que la defensa técnica pueda participar asistiendo al imputado en actos centrales del proceso, como, por ejemplo, en caso de recibirse la declaración del imputado sin la asistencia de su abogado defensor. Así, en decisiones sobre casos anteriores respecto de Ecuador, la Corte ha considerado las circunstancias de que una persona ‘rindi[era] su declaración preprocesal ante el fiscal sin contar con la asistencia de un abogado defensor’, o que no tuviera esa asistencia al ‘momento de realizar el interrogatorio inicial ante la policía” como parte de un conjunto de hechos violatorios del segundo apartado del artículo 8.2 en sus literales ‘d’ y ‘e’” (párr. 191).
5. Reglas de exclusión. Prueba. Coacción. Tortura. Trato, cruel, inhumano y degradante. Nulidad. Confesión
“[L]a regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos (en adelante ‘regla de exclusión’) ha sido reconocida por diversos tratados y órganos internacionales de protección de derechos humanos que han establecido que dicha regla es intrínseca a la prohibición de tales actos. Al respecto, la Corte ha considerado que esta regla ostenta un carácter absoluto e inderogable” (párr. 196).
“[L]a anulación de los actos procesales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales. Además, la Corte ha recalcado que la regla de exclusión no se aplica sólo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos crueles. Así, el artículo 8.3 de la Convención es claro al señalar que ‘[l]a confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza’, es decir que no se limita el supuesto de hecho a que se haya perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende a cualquier tipo de coacción. En efecto, al comprobarse cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso judicial. Esta anulación es un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción” (párr. 197).
“[L]as declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el Tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo. Asimismo, la Corte ha manifestado que el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción” (párr. 198).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; TIPICIDAD; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; PLAZO RAZONABLE; MEDIDAS CAUTELARES; RAZONABILIDAD; RECURSOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE INOCENCIA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; ASISTENCIA MEDICA; PRUEBA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; NOTIFICACIÓN; REGLA DE EXCLUSIÓN; COACCIÓN; NULIDAD; CONFESIÓN;
Nikolyan v. ArmeniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Armenia era responsable por haber infringido el derecho del peticionario en virtud del artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) y 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Acceso a la justicia. Incapacidad. Demanda. Principio de legalidad. Proporcionalidad.
“[E]l artículo 6.1 garantiza a todas las personas el derecho a presentar una demanda en relación con sus derechos y obligaciones civiles ante una corte o tribunal. Este ‘derecho a un tribunal’, en el que el acceso es un aspecto sustancial, aplica para cualquiera que considere, con argumentos defendibles, la ilegalidad de una interferencia en el ejercicio de sus derechos civiles y se queje de que no se le ofreció la posibilidad de presentar una reclamación ante un tribunal que cumpla los requisitos del artículo 6.1” (cfr. párr. 89).
“El derecho de acceso a un tribunal, que forma parte del derecho a un juicio justo, no es absoluto y puede estar limitado por la legislación nacional; en consecuencia, está permitido ya que el derecho de acceso a la justicia ‘por su propia naturaleza requiere una regulación por parte del Estado que puede variar en el tiempo y en el lugar en función de las necesidades y recursos de la sociedad y de las personas. Al configurar dicha reglamentación, los Estados parte disfrutan de un determinado margen de apreciación. No es tarea del TEDH reemplazar a las autoridades nacionales al evaluar quién debe estar incapacitado. Sin embargo, la regulación legislativa nacional no debe, de ninguna manera, impedir la provisión de las garantías mínimas que surgen del Convenio. Las restricciones derivadas de la legislación nacional no son contrarias al artículo 6 del Convenio si persiguen un objetivo legítimo y son proporcionales, es decir, no existe una desproporción evidente entre la medida utilizada y el propósito para el cual esta medida serviría…” (cfr. párr. 90).
“En el pasado, el TEDH ha reconocido que las restricciones a los derechos procesales de una persona que haya sido privada de su capacidad jurídica pueden estar justificadas por su propia protección, la de los intereses de terceros y la buena administración de la justicia […]. Corresponde al Estado la decisión sobre cómo deben garantizarse los derechos procesales de una persona que ha sido privada de capacidad legal a nivel nacional. En este contexto, los Estados deberían tener la posibilidad de tomar medidas restrictivas con el fin de lograr los objetivos mencionados anteriormente…” (cfr. párr. 91).  
“[E]l derecho de acceso a un tribunal incluye no solo el derecho a iniciar un procedimiento determinado, sino también el derecho a obtener una resolución del conflicto por un tribunal…” (cfr. párr. 93).
2. Incapacidad. Demanda. Personas con discapacidad. Admisibilidad. Tutela. Apreciación de la prueba. Acceso a la justicia.
“[E]l Tribunal destaca la importancia de respetar el principio número 8 de la Recomendación  4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa [sobre los principios referentes a la protección jurídica de los mayores incapacitados]. También se refiere al artículo 12.4 de la CDPD [Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-ONU], que exige salvaguardas apropiadas y efectivas para garantizar que las medidas relacionadas con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad estén carentes de conflictos de intereses e influencia desproporcionada […] y que Armenia, al adherirse a la CDPD, se comprometió a tomar en consideración […]. Dichos principios eran de particular importancia para el peticionario en el presente caso. Debido a que, al ser privado de su capacidad jurídica de forma absoluta y, como consecuencia, de su derecho de acceso a la justicia, el único medio adecuado y eficaz para la protección de sus intereses legales ante los tribunales fue a través de una tutela sin conflictos […]. Por lo tanto, el Tribunal considera que los tribunales internos no llevaron a cabo la supervisión y el escrutinio necesario cuando se decidió aceptar la solicitud de retirar la reclamación del peticionario y, por ende, la finalización de los procedimientos de divorcio y desalojo se considera injustificada” (cfr. párr. 95-96).  
“[L]la importancia de ejercer derechos procesales puede variar en función de la finalidad de la acción que el peticionario quiera plantear ante los tribunales. En particular, el derecho de solicitar ante la justicia que se revise una declaración de incapacidad fue uno de los derechos de mayor importancia para el peticionario en este caso, ya que dicho proceso, una vez iniciado, sería decisivo para el ejercicio de todos los derechos y libertades afectados por el declaración de incapacidad  […]. Este derecho es, por lo tanto, uno de los derechos procesales fundamentales dirigidos a la protección de aquellas personas que han sido parcial o totalmente privadas de su capacidad legal. Por ende, tales personas deberían, en un principio, tener acceso directo a los tribunales en este contexto…” (cfr. párr. 99).  
“Además, el TEDH ha sostenido que el Estado tiene la libertad de determinar el procedimiento mediante el cual se realizará dicho acceso. Igualmente, no sería incompatible con el artículo 6 que la legislación nacional establezca ciertas restricciones sobre el acceso a los tribunales en este ámbito, con el único objetivo de garantizar que los tribunales no estén sobrecargados de solicitudes excesivas y manifiestamente infundadas. No obstante, parece lógico que este problema pueda resolverse a través de otros cauces menos restrictivos que la denegación automática de acceso directo, por ejemplo, limitando la frecuencia con la que se pueden realizar las solicitudes o introduciendo un sistema para el examen previo de su admisibilidad sobre la base del expediente…” (cfr. párr. 100).    
“En relación a la situación en Armenia en el momento material, la prohibición general de acceso directo a un tribunal por parte de las personas declaradas incapaces no dejaba margen para la excepción. Igualmente, la legislación nacional no proporcionaba salvaguardas en el sentido que la restauración de la capacidad legal debía ser revisada por un tribunal en intervalos razonables, a pesar del requisito del artículo 12.4 de la CDPD, que establece que la restricción de la capacidad legal debe estar sujeta a una revisión periódica por parte de una autoridad competente. El Tribunal señala igualmente que dicha prohibición general de acceso directo a los tribunales no se ajustaba a la tendencia general a nivel regional […]. En el caso del peticionario, esta situación se vio agravada en razón de que las autoridades no habían garantizado una tutela sin conflictos. Por último, el Tribunal considera irrelevante si la solicitud presentada por el peticionario en agosto de 2014 podría considerarse como una ‘solicitud adecuada presentada ante un tribunal’ debido a que, incluso suponiendo que no fuera así, la prohibición del peticionario en el acceso a los tribunales estaba consagrada por ley y no se podía responsabilizar al solicitante por no intentar iniciar un procedimiento que no tenía derecho a iniciar por ley” (cfr. párr. 101).  
“El Tribunal recuerda que cualquier injerencia del derecho al respeto de la vida privada constituirá una violación del artículo 8 del Convenio a menos que sea ‘de conformidad con la ley’, persiga un fin u objetivo legítimo con arreglo al apartado 2 y sea ‘necesaria una sociedad democrática’ en el sentido de que sea proporcional a los fines perseguidos […]. [E]l Tribunal no considera necesario examinar si la interferencia persiguió un objetivo legítimo, debido a que la decisión de privar al peticionario de su capacidad jurídica fue, en todo caso, desproporcionada en relación a cualquier objetivo legítimo perseguido…” (cfr. párr. 118-119).  
“[D]e conformidad con el artículo 8, las autoridades deben perseguir un justo equilibrio entre los intereses de una persona que no tiene estabilidad mental y los demás intereses legítimos en cuestión. Sin embargo, por regla general, en una cuestión tan compleja como la determinación de la capacidad mental, las autoridades deberían disfrutar de un amplio margen de apreciación. Principalmente, esta cuestión se explica en el hecho de que las autoridades nacionales poseen el beneficio del contacto directo con las personas interesadas y, por tanto, están particularmente bien posicionadas para determinar tales problemas. La competencia del Tribunal es más bien revisar las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales en el ejercicio de sus poderes, en virtud de la Convención a este respecto…” (cfr. párr. 120).
3. Derecho a la vida privada y familiar. Capacidad. Salud mental. Pericia médica. Principio de legalidad.
“Al mismo tiempo, el margen de reconocimiento otorgado a las autoridades nacionales competentes variará de acuerdo con la naturaleza de los problemas y la importancia de los intereses en juego […]. Se necesita un escrutinio más estricto con respecto a las graves limitaciones en la esfera de la vida privada. En este sentido, el Tribunal es consciente de que privar a alguien de la capacidad jurídica conlleva graves consecuencias para los diferentes ámbitos de la vida de esa persona…” (cfr. párr. 121).  
“[E]l Tribunal ha mantenido en diferentes ocasiones que la existencia de un trastorno mental, incluso aquellos graves, no puede ser el único motivo para justificar la privación total de la capacidad legal. Por similitud con otros casos relacionados con la privación de libertad, para justificar la privación total de la capacidad legal, el trastorno mental debe ser ‘de un tipo o un grado’ que garantice dicha medida…” (cfr. párr. 122).  
“[E]n lo que respecta a la opinión del perito psiquiátrico pertinente, la objetividad de una evaluación médica implica el requisito de que sea lo suficientemente actual o reciente […]. [E]n tales circunstancias, los tribunales nacionales deberían haber buscado una nueva evaluación de la condición mental del peticionario…” (cfr. párr. 124-125).  
ACCESO A LA JUSTICIA; INCAPACIDAD; DEMANDA; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ADMISIBILIDAD; TUTELA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; CAPACIDAD; SALUD MENTAL; PERICIA MÉDICA;
Olewnik-Cieplińska y Olewnik v. PoloniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Polonia era responsable por haber infringido el derecho de los peticionarios en virtud del artículo 2 (derecho a la vida, investigación efectiva) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Derecho a la vida. Homicidio. Prevención. Responsabilidad del Estado.
“El TEDH recuerda que, la primera parte del artículo 2.1 exige al Estado parte que no solo se abstenga de privar de la vida intencional e ilegalmente, sino también tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la vida de las personas dentro de su jurisdicción […]. Esto implica, por parte del Estado, una obligación capital dirigida a garantizar el derecho a la vida, al establecer disposiciones efectivas en el ámbito penal dirigidas a disuadir la comisión de delitos contra toda persona respaldada por un mecanismo de aplicación de la ley para la prevención, represión y castigo de las violaciones de tales medidas” (cfr. párr. 117).
“El deber del Estado de adoptar medidas apropiadas –y encaminadas a salvaguardar la vida de las personas dentro de su jurisdicción–, también se extiende a una obligación positiva de las autoridades de incorporar medidas operativas de carácter preventivo; todo ello para proteger a la persona cuya vida está en peligro respecto de los actos criminales de otra persona […]. En tales casos, la tarea del Tribunal es determinar si las autoridades conocían o deberían haber conocido de la existencia de un riesgo real e inmediato y, de ser así, si hicieron todo lo que se les podía haber exigido para evitar que la vida de la persona en cuestión fuera, evitablemente, puesta en riesgo…” (cfr. párr. 118).
“Considerando la complejidad para vigilar a las sociedades modernas, la imprevisibilidad de la conducta humana y las elecciones operativas que deben hacerse en términos de prioridades y recursos, el alcance de la obligación positiva del Estado debe interpretarse de una forma que no imponga una carga imposible o desproporcionada para las autoridades. Así pues, no todos los riesgos de vida que se reclaman suponen, para las autoridades, la exigencia del Convenio de adoptar medidas operativas con el fin de evitar que ese riesgo se materialice […]. Para que nazca una obligación positiva se debe establecer que las autoridades sabían, o deberían haber sabido, el momento de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo, identificado a consecuencia de los actos criminales de un tercero, y que no tomaron las medidas que se podrían haber esperado de ellos para evitar ese riesgo. Otra importante consideración es la necesidad de garantizar que la policía ejerza sus poderes con el fin de controlar y prevenir la delincuencia mediante una forma que respete plenamente el debido proceso y otras garantías que impongan, de manera legítima, restricciones al alcance de su acción y dirigidas a investigar la delincuencia y llevar a sus responsables ante la justicia, incluidas las garantías contenidas en los artículos 5 y 8 del Convenio” (cfr. párr. 119).
2. Secuestro. Debido proceso. Debida diligencia.
“[L]a policía cometió una serie de errores graves que causaron, de forma directa, el fracaso de la investigación del secuestro. En particular, la policía no recopiló correctamente toda la información forense en la casa de la víctima inmediatamente después de su secuestro, no escuchó a determinados testigos ni investigó una carta anónima que denunciaba a las personas involucradas en el secuestro, tardaron en analizar las llamadas de los secuestradores y no supervisaron la entrega de la persona que hacía de enganche, que fue recuperado por los propios secuestradores. Además, aunque la familia de la víctima le había dicho a la policía los números de serie de los billetes utilizados para el rescate, estos números no estaban registrados en la Autoridad de Supervisión Bancaria Central hasta diecisiete meses después. El Comité concluye que: ‘la visible lentitud, errores, acciones imprudentes, unido a la falta de profesionalismo por parte de los investigadores, dieron como resultado el fracaso para descubrir a los autores del secuestro y…en última instancia, la muerte’” (cfr. párr. 129).
“[L]os hechos descritos con anterioridad, entre otros, indican claramente que las autoridades nacionales no respondieron en este caso de secuestro prolongado con el nivel de compromiso requerido. Si bien el Tribunal no puede especular sobre cuál hubiera sido el resultado del caso si las autoridades hubieran sido más diligentes, evidentemente existía un vínculo entre la larga lista de omisiones y errores perpetuados a lo largo de los años y la imposibilidad de seguir adelante en la investigación, mientras el señor Olewnik todavía estaba vivo” (cfr. párr. 130).
“La obligación de proteger el derecho a la vida en virtud del artículo 2 de la Convención, en relación con el deber general del Estado, en virtud del artículo 1 de ‘asegurar a todas las personas de [su] jurisdicción los derechos y libertades de [la] Convención’, exige por consecuencia que debe existir una investigación efectiva cuando una persona muere en circunstancias sospechosas […]. El objetivo principal de tal investigación es la de asegurar la implementación efectiva de la legislación nacional que protege el derecho a la vida” (cfr. párr. 135).
“La investigación debe ser efectiva, en el sentido de que sea capaz de conducir al esclarecimiento de los hechos y, cuando corresponda, a la identificación y posterior castigo de los responsables […]. Lo anterior no es una obligación de resultado, sino de medios. Las autoridades deben adoptar las medidas razonables a su disposición para asegurar la prueba sobre el incidente. Cualquier deficiencia en el proceso de investigación que debilite su capacidad para esclarecer la causa de la muerte, o identificar a la persona o personas responsables, correrá el riesgo de incumplir este estándar. Cualquiera que fuere el modo utilizado, las autoridades deben actuar de oficio una vez que el asunto haya llegado a su consideración […]. Además, debe haber un elemento suficiente de escrutinio público de la investigación o de sus resultados con el fin de garantizar la rendición de cuentas en la práctica. En todos los casos, los familiares de la víctima deben participar en el proceso en la medida en que sea necesario para salvaguardar sus intereses legítimos […]” (cfr. párr. 136).
3. Derecho a la vida. Plazo razonable. Prueba.
“El requisito de prontitud y expedición razonable está implícito en este contexto […]. Se acepta que pueden existir obstáculos o dificultades que impidan el progreso de una investigación en una situación concreta. No obstante, una rápida respuesta por parte de las autoridades, generalmente al investigar muertes sospechosas, se puede considerar esencial para mantener la confianza de la sociedad en su adhesión al estado de derecho y con el fin de evitar cualquier apariencia de colusión o tolerancia de actos ilegales” (cfr. párr. 137).
“En resumen, unos diecisiete años después del secuestro del señor Olewnik […], las circunstancias fácticas no se han resuelto por completo. Los peticionarios, que participaron activamente en todos los procesos, presentaron recursos y promovieron algunos de esos procedimientos, aún tienen dudas e incertidumbre. Esto, […] podría ‘debilitar la confianza en el Estado por parte de la sociedad’ y muestra la debilidad de las autoridades estatales en ‘su actitud hacia los autores del delito’” (cfr. párr. 145).
“Las anteriores consideraciones son suficientes para permitirle concluir al Tribunal que las autoridades nacionales no llevaron a cabo una investigación de forma adecuada y efectiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima. En consecuencia, manifiesta que ha habido una violación del artículo 2 bajo su rama procesal” (cfr. párr. 147).
DERECHO A LA VIDA; DEBIDO PROCESO; PLAZO RAZONABLE; HOMICIDIO; PREVENCIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; SECUESTRO; DEBIDA DILIGENCIA; PRUEBA;
López Albán v. EspañaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas consideró que España violó los artículos 11.1 (derecho a un nivel de vida adecuado) del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del artículo 5 (adopción de medidas provisionales) del Protocolo Facultativo.
“A la luz de la determinación del Comité de los hechos relevantes y de los alegatos de las partes, las cuestiones que plantea la comunicación son las siguientes: si el desalojo de la peticionaria y sus hijos de su vivienda habitual, debido a que la estaban ocupando sin título legal, y su traslado a un albergue, constituyó o no una violación del derecho a la vivienda adecuada reconocido en el artículo 11, párrafo 1, del Pacto. Igualmente, el Comité analizará si la denegación de su primera solicitud de vivienda por cuanto la peticionaria estaba ocupando una vivienda sin título legal constituyó o no una violación del mismo derecho. Por último, se plantea si en este caso existió una violación del artículo 5 del Protocolo Facultativo debido a que el Estado procedió al desalojo de la peticionaria a pesar de la medida provisional dictada por el Comité […]” (párr. 7.5).
1. Vivienda. Familia. DESC. Protección jurídica. Desalojos forzosos. Principio de legalidad. Acceso a la justicia.
“El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 8.1).
“Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto y sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad entre el objetivo legítimo de desalojo y las consecuencias de este sobre las personas desalojadas” (párr. 8.2).
“Para que el desalojo de personas sea compatible con el Pacto se requiere que la medida esté prevista por la ley, se realice como último recurso, y que las personas afectadas tengan previamente acceso a un recurso judicial efectivo en que se pueda determinar que la medida está debidamente justificada, por ejemplo, en caso de que no exista un título legal de tenencia. Adicionalmente, debe existir una auténtica oportunidad de consulta genuina y efectiva previa entre las autoridades y las personas afectadas, no existir medios alternativos o medidas menos intrusivas del derecho a la vivienda, y las personas afectadas por la medida no deben quedar en una situación que constituya una violación de otros derechos del Pacto o de otros derechos humanos o les exponga a ella” (párr. 8.3).
2. Vivienda. Ajustes razonables. Estado de necesidad. Razonabilidad. Protección integral de la familia.
“En particular, los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda. El Estado parte tiene el deber de adoptar medidas razonables para proveer vivienda alternativa a las personas que puedan quedar sin techo como consecuencia de un desalojo, independientemente de si tal desalojo ocurre a instancia de las autoridades del Estado parte o de entidades privadas, como el propietario del inmueble. En el caso de que el desalojo de una persona de su hogar tenga lugar sin que el Estado parte le otorgue o garantice una vivienda alternativa, corresponde al Estado parte demostrar que consideró las circunstancias particulares del caso y que a pesar de que tomó todas las medidas razonables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, no pudo satisfacer el derecho a la vivienda de la persona afectada. La información proporcionada por el Estado parte debe permitir al Comité considerar la razonabilidad de las medidas adoptadas, con arreglo al artículo 8, párrafo 4, del Protocolo Facultativo” (párr. 9.1).
“La obligación de proveer una vivienda alternativa a los desalojados que la requieran implica que, conforme al artículo 2, párrafo 1, del Pacto, los Estados partes tomen todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para satisfacer este derecho. Los Estados partes pueden optar por políticas muy diversas para lograr ese propósito. Sin embargo, cualquier medida adoptada debe ser deliberada, concreta y orientada lo más claramente posible hacia el cumplimiento de este derecho, de la forma más expedita y eficaz posible. Las políticas de vivienda alternativa en el caso de desalojos deben ser proporcionales a la necesidad de las personas afectadas y la urgencia de la situación y deben respetar la dignidad de la persona. Además, los Estados partes deben tomar medidas, de forma coherente y coordinada, para resolver fallas institucionales y causas estructurales de la falta de vivienda” (párr. 9.2).
“La vivienda alternativa debe ser adecuada. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; localización geográfica que permita el acceso social (a la educación, el empleo, la atención sanitaria); y la adecuación cultural, de manera que respete la expresión de la identidad cultural y de la diversidad. Debe tenerse también en cuenta el derecho de los miembros de una familia a no ser separados” (párr. 9.3).
“En ciertas circunstancias, los Estados partes pueden mostrar que, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos hasta el máximo de sus recursos disponibles, ha sido imposible ofrecer una vivienda alternativa permanente a una persona desalojada que necesita vivienda alternativa. En tales circunstancias, es posible el uso de un alojamiento temporal de emergencia que no cumpla con todos los requisitos de una vivienda alternativa adecuada. No obstante, los Estados han de esforzarse por asegurar que el alojamiento temporal sea compatible con la protección de la dignidad humana de las personas desalojadas, cumpla con todos los requisitos de seguridad y no se convierta en una solución permanente, sino en un paso previo a la vivienda adecuada” (párr. 9.4).
3. Vivienda. Familia. Vulnerabilidad. No discriminación. Título de propiedad.
“El Comité considera que los Estados partes, con el fin de racionalizar los recursos de sus servicios sociales, pueden establecer requerimientos o condiciones que los peticionarios tengan que cumplir para recibir prestaciones sociales, como vivienda alternativa. Igualmente, los Estados pueden tomar medidas para proteger la propiedad privada y evitar las ocupaciones ilegales y de mala fe de inmuebles. Sin embargo, las condiciones para acceder a los servicios sociales deben ser razonables y estar cuidadosamente diseñadas, no sólo para evitar posibles estigmatizaciones, sino también porque cuando una persona requiere una vivienda alternativa, su conducta no puede ser en sí misma una justificación para que el Estado parte le deniegue vivienda social. Además, la interpretación y aplicación por los tribunales y las autoridades administrativas de normas sobre el acceso a la vivienda social o al alojamiento alternativo deben evitar perpetuar la discriminación y estigmatización sistémicas contra quienes viven en la pobreza y ocupan, por necesidad o de buena fe, predios sin tener el título legal para hacerlo” (párr. 10.1).
“También, en la medida en que la falta de vivienda disponible y accesible se origina en la creciente desigualdad y en la especulación de los mercados de la vivienda, los Estados partes tienen la obligación de hacer frente a estas causas estructurales a través de una respuesta adecuada, oportuna y coordinada, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 10.2).
4. Vivienda. Desalojo. Familia. Principio de proporcionalidad. Título de propiedad. Usurpación.
“El Comité señala que el derecho a la propiedad privada no es un derecho contenido en el Pacto, pero reconoce el interés legítimo del Estado parte de garantizar la protección de todos los derechos existentes en su ordenamiento jurídico, en tanto esto no entre en conflicto con los derechos contenidos en el Pacto. Habiendo sido condenada la peticionaria por un delito leve de usurpación, el Comité considera que existía una causa legítima que podía justificar la medida de desalojo de la peticionaria. No obstante, el Comité toma nota de que el Juzgado de lo Penal núm. 28 de Madrid no hizo un examen de proporcionalidad entre el objetivo legítimo del desalojo y sus consecuencias sobre las personas desalojadas. En efecto, el Juzgado no hizo un balance entre los beneficios de la medida en ese momento, en este caso la protección del derecho a la propiedad de la entidad titular del inmueble, y las consecuencias que esta medida podría tener sobre los derechos de las personas desalojadas. El análisis de la proporcionalidad de un desalojo, por tanto, no sólo implica el examen de las consecuencias de la medida sobre las personas desalojadas, sino también la necesidad del propietario de recuperar la posesión de la propiedad. Será inevitable distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras, como es el caso actual. Encontrar que un desalojo no es una medida razonable en un momento concreto no significa necesariamente que no se pueda emitir una orden de desalojo contra los ocupantes. No obstante, los principios de razonabilidad y proporcionalidad pueden requerir que la orden de desalojo se suspenda o posponga para evitar exponer a las personas desalojadas a situaciones de indigencia o a violaciones de otros derechos contenidos en el Pacto. Una orden de desalojo también puede estar condicionada a otros factores tal y como requerir a las autoridades administrativas para que intervengan en la asistencia de los ocupantes para mitigar las consecuencias del desalojo” (párr. 11.5).
“El Comité considera que el Estado parte debe desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de las personas que ocupan una propiedad sin título legal, cuando esta constituya su vivienda. Este marco debe estipular el criterio que las autoridades judiciales deben considerar al evaluar solicitudes de desalojo en tales circunstancias, por ejemplo, si la persona ocupaba la vivienda de buena fe o no, las circunstancias personales de los ocupantes y sus dependientes, y si cooperaron con las autoridades en la búsqueda de soluciones adaptadas a ellos. No obstante, el Estado parte violará el derecho a la vivienda adecuada si estipula que la persona que ocupa una vivienda sin título legal debe ser desalojada de forma inmediata sean cuales sean las circunstancias bajo las que la orden de desalojo sería ejecutada. Por tanto, el Comité considera que la medida de desalojo sin un examen previo de proporcionalidad entre el fin perseguido por la medida y sus consecuencias sobre las personas desalojadas, y por tanto sin cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 4, constituyó una violación del Estado parte del derecho a la vivienda de la peticionaria y sus hijos, contenido en el artículo 11 del Pacto” (párr. 11.7).
5. Vivienda. Desalojo. Familia. Derecho a la vida privada y familiar. Niños, niñas y adolescentes. Medidas cautelares.
“[E]l requisito aplicado a la peticionaria para su acceso a la lista de espera de solicitantes de vivienda pública la situaba en un impasse, al obligarla a vivir, junto con sus hijos, en un albergue temporal y compartido, o vivir en la indigencia, antes de poder ser solicitante de vivienda social. Además, considera que esta restricción al acceso a vivienda social puede resultar en repercutir sobre niños las consecuencias de las acciones de sus padres […]. El Comité considera que la aplicación de este requisito es incompatible con la naturaleza del derecho a la vivienda adecuada. Por las anteriores razones, el Comité concluye que la exclusión de la peticionaria del programa de vivienda social, sin tomar en cuenta su situación de necesidad, perpetuaba su situación irregular y la abocaba a ser desalojada. Por tanto, el Comité considera que esta exclusión constituyó una violación el Estado parte del derecho a la vivienda de la peticionaria y sus hijos, contenido en el artículo 11 del Pacto” (párr. 12.2).
“[P]ara constituir una vivienda adecuada, una vivienda ha de proporcionar seguridad en su tenencia, lo que no era el caso de los albergues. En este sentido, el Comité nota que la estancia más prolongada de la peticionaria y sus hijos en un albergue fue de tres meses, tras los cuales se le informó a de que debía dejar, junto con su familia, el albergue, aunque esta situación fue más tarde paliada gracias a la intervención de una concentración ciudadana. En este sentido los albergues constituían, como el Estado parte los ha descrito, una solución habitacional de carácter temporal, pero no constituían una vivienda adecuada” (párr. 13.2).
“Habiendo encontrado que la alternativa proporcionada a la peticionaria no constituyó una vivienda adecuada, y en ausencia de otras explicaciones del Estado parte que expliquen por qué las medidas provisionales no pudieron ser respetadas, el Comité, de acuerdo con su jurisprudencia sobre la obligación de los Estados partes de cumplir de buena fe las medidas provisionales, considera que el Estado parte violó, en las circunstancias de este caso, el artículo 5 del Protocolo Facultativo” (párr. 13.3).
VIVIENDA; FAMILIA; DESC; DESALOJO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; RAZONABILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; AJUSTES RAZONABLES; DERECHO AL ACCESO A LA JURISDICCIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; ESTADO DE NECESIDAD; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; TÍTULO DE PROPIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO DE PROPIEDAD; USURPACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MEDIDAS CAUTELARES;
SSR v. EspañaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales de las Naciones Unidas consideró que España violó el artículo 5 (medidas provisionales), del Protocolo Facultativo.
1. Medidas cautelares. Agotamiento de recursos internos. Recursos. Prueba. Razonabilidad.
“El Comité puede decidir adoptar medidas provisionales cuando una decisión que haya tomado o que esté a punto de tomar el Estado parte pueda causar un daño irreparable al peticionario o a la víctima si no se revoca la medida o si no se suspende su ejecución en espera de que el Comité lleve a cabo el examen de la comunicación” (párr. 7.2).
“El artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo establece que, tras haber recibido una comunicación y antes de pronunciarse sobre su fondo, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. De acuerdo con la práctica de otros organismos internacionales de derechos humanos, el Comité considera que la noción de ‘circunstancias excepcionales’ hace referencia al grave impacto que una acción u omisión del Estado parte puede tener sobre un derecho protegido o sobre la capacidad futura de efecto de una decisión pendiente de ser tomada por el Comité en una comunicación ante él. En este sentido, el ‘daño irreparable’ se refiere a la amenaza o riesgo de una violación de derechos que, debido a su naturaleza, no sería susceptible de ser reparada o adecuadamente compensada, o de restaurar los derechos violados. Además, para justificar la solicitud de una medida provisional, el riesgo o amenaza debe ser real, no quedando recursos domésticos efectivos y disponibles susceptibles de evitar el daño irreparable referido. Si una medida provisional no es adoptada por no existir aún un riesgo real al momento de la solicitud inicial, el peticionario o la peticionaria podrán solicitar la adopción de medidas provisionales de nuevo más tarde si el riesgo se materializa. Además, dado que las medidas provisionales no constituyen un mecanismo autónomo sino que son parte de una comunicación individual, el Comité no puede solicitar una medida provisional, a no ser que la comunicación individual parezca prima facie admisible, mostrando que, al menos a simple vista, es posible que se encuentre una violación del Pacto. Esto también implica que, en principio, no existen recursos domésticos que estén disponibles y sean efectivos” (párr. 7.3).
“Aunque el riesgo de daño irreparable ha de ser real, el Comité considera que la probabilidad de que el riesgo se materialice no tiene que ser probada más allá de una duda razonable ya que tal requerimiento sería contrario al objetivo de las medidas provisionales, que es el de evitar un daño irreparable, incluso cuando no exista total certitud del daño. Más bien, la información aportada por la peticionaria o el peticionario debe permitir al Comité determinar prima facie que existe un riesgo real de daño irreparable y que la comunicación es admisible. No obstante, la carga de aportar al Comité información suficiente sobre los hechos relevantes y violaciones alegadas para establecer un caso prima facie y la existencia de un riesgo de un daño irreparable recae sobre el peticionario. Esta información debe incluir, siempre que esté disponible, documentación probatoria, como por ejemplo copias de las decisiones pertinentes de las autor idades nacionales o informes pertinentes sobre la situación de un país que contribuya a fundamentar la plausibilidad de la inminencia del riesgo de daño irreparable. En algunos casos en los que la información aportada por la peticionaria o el peticionario sea insuficiente, pero en los que, no obstante, el riesgo de daño irreparable no pueda ser excluido, el Comité puede adoptar medidas provisionales por un tiempo limitado, para ofrecer a la peticionaria o al peticionario un tiempo corto pero razonable para aportar la información faltante. En esos casos, si no se aporta la información requerida, la solicitud de medidas provisionales se retira automáticamente” (párr. 7.4).
2. Desalojo. Vivienda. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes.
“En los casos de desalojos, cada alegación de daño irreparable ha de ser examinada de forma individual, siendo este examen independiente del examen de la existencia de una violación del Pacto. En general, se debe considerar que un desalojo crea un riesgo de daño irreparable, justificando por tanto la adopción de medidas provisionales, sólo cuando las personas desalojadas no cuentan con acceso a una vivienda alterna adecuada. Otra consideración pertinente en el examen del riesgo de daño irreparable es la situación de la familia concernida. Por ejemplo, se considera que familias de escasos recursos económicos, con niños pequeños o con miembros que viven con discapacidades y necesidades específicas, se encuentran en riesgo particular, pues incluso un período corto sin vivienda adecuada tras el desalojo podría tener consecuencias irreversibles” (párr. 7.5).
“La adopción de medidas provisionales con arreglo al artículo 5 del Protocolo Facultativo es fundamental para el desempeño de la función encomendada al Comité en virtud de ese Protocolo. La razón de ser de las medidas provisionales es, inter alia, la de proteger la integridad del proceso, permitiendo la efectividad del mecanismo en su protección de los derechos contenidos en el Pacto cuando existe un riesgo de daño irreparable” (párr. 7.6).
“El Comité observa que todo Estado parte que haya aceptado las obligaciones impuestas por el Protocolo Facultativo reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de las disposiciones del Pacto. Al aceptar las obligaciones impuestas por el Protocolo Facultativo, los Estados partes se han comprometido a cooperar de buena fe con el Comité proporcionándole los medios para que pueda examinar las quejas que se le hayan presentado y, después del examen, comunicar sus observaciones al Estado parte y al peticionario de la queja. Todo Estado parte que no adopte tales medidas provisionales incumple la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de las comunicaciones individuales establecido en el Protocolo Facultativo. También priva al Comité de su capacidad de proporcionar un remedio efectivo a las personas que alegan ser víctimas de una violación del Pacto. Los Estados partes pueden, en virtud del artículo 7, párrafo 3, del reglamento provisional en virtud del Protocolo Facultativo, aducir argumentos en favor de que se retire la petición de adopción de medidas provisionales o exponer las razones por las que esa petición ya no esté justificada. Según el mismo artículo, párrafo 4, el Comité podrá tomar la decisión de retirar la petición de adopción de medidas provisionales basándose en las declaraciones recibidas por ambas partes. Por tanto, cuando un Estado parte solicita el levantamiento de medidas provisionales, no puede, en base al principio de buena fe, actuar en contra de estas medidas antes de que el Comité tenga la oportunidad de pronunciarse en relación con la solicitud” (párr. 7.7).
“En el presente caso, el Estado parte procedió al desalojo de la peticionaria sin proporcionarle una vivienda alternativa adecuada antes de que el Comité pudiera pronunciarse sobre su solicitud de levantamiento de la medida provisional. Al no atender a la solicitud de medidas provisionales, el Estado parte incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, dificultando que la futura decisión o dictamen aportara una protección efectiva, despojando al mecanismo de comunicaciones individuales de su raison d’être. En ausencia de otras explicaciones del Estado parte que acrediten por qué las medidas provisionales no pudieron ser respetadas, el Comité considera que los hechos relatados revelan una violación del Estado parte del artículo 5 del Protocolo Facultativo” (párr. 7.8).
3. Medidas cautelares. Admisibilidad.
“El Comité recuerda que, conforme al artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo, el otorgamiento de medidas provisionales no implica juicio alguno sobre la admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación. Es pues posible que el Comité encuentre que la comunicación inicial esté suficientemente fundamentada a efectos de ser registrada y que indique una situación que obligue a otorgar medidas provisionales para evitar un daño irreparable. Pero nada impide que un examen ulterior, a partir de nueva información suministrada por el Estado parte, lleve al Comité a concluir que la medida provisional no estaba justificada, o ya no es necesaria. Del mismo modo, la información aportada por las partes respecto a la admisibilidad y el fondo de la comunicación puede llevar incluso al Comité a concluir que la comunicación, que en un principio pareciera admisible prima facie es inadmisible por falta de suficiente fundamentación, como sucedió en este caso. No es entonces contradictorio que el Comité otorgue medidas provisionales y luego declare inadmisible el caso. Precisamente por eso, el procedimiento previsto en el artículo 7 del reglamento provisional en virtud del Protocolo Facultativo permite al Estado oponerse a una medida provisional y solicitar su levantamiento, suministrando al Comité razones por las que las medidas provisionales no se encuentran justificadas y no existe un riesgo de daño irreparable. Además, el Estado parte puede aportar observaciones alegando la inadmisibilidad la comunicación. En el caso presente, el Estado parte tenía entonces la posibilidad de esperar de buena fe a que el Comité respondiera a su solicitud de levantamiento de la medida provisional en vez de incumplirla días después de enviar su solicitud, y pese a haber sido informado de que el Comité tomaría una decisión respecto a su solicitud, tras recibir los comentarios de la peticionaria a ese respecto” (párr. 7.9).
MEDIDAS CAUTELARES; VIVIENDA; DESC; DESALOJO; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; TÍTULO DE PROPIEDAD; USURPACIÓN; RECURSOS; AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS; PRUEBA; RAZONABILIDAD; ADMISIBILIDAD;
Jenkins v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5 (Derecho a la libertad personal), 8.2 (Garantías judiciales) y 24 (Igualdad ante la ley) de la Convención Americana.
1. Prisión preventiva. Personas privadas de la libertad. Proporcionalidad. Revisión judicial.
“La Corte observa que la referida resolución de 29 de junio de 1994 contiene fundamentos únicamente en cuanto a la existencia del delito sancionado en el artículo 7 de la Ley No. 23.737 y la presunta participación del señor Jenkins. Efectivamente, la resolución se limitó a indicar cuáles eran los ‘elementos cargosos’ que afectaban al señor Jenkins” (párr. 79).
“La Corte advierte además que el mencionado auto no esboza ningún argumento con respecto a las razones por las cuales la prisión preventiva del señor Jenkins era necesaria, idónea y proporcional al fin perseguido, sino que únicamente se centra en la existencia de indicios que vincularían al señor Jenkins con la comisión de un delito de narcotráfico” (párr. 81).
“De eso modo, este Tribunal considera que el sólo criterio de la existencia de indicios que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga no son suficientes para justificar la imposición de una medida privativa de la libertad, sino que resulta esencial a acudir a elementos relativos a la finalidad legítima de la medida –esto es, eventual obstaculización del desarrollo normal del procedimiento penal o posibilidad de sustracción a la acción de la justicia– que lleven a la conclusión de que la medida de prisión preventiva es necesaria y proporcional al fin perseguido [hay nota]. En vista de lo anterior, la Corte concluye que la resolución […] que ordenó la prisión preventiva de señor Jenkins careció de una debida motivación en tanto que no expuso las razones por las cuales la medida perseguía un fin legítimo y era necesaria, idónea y proporcional a dicho fin” (párr. 82).
“La Corte ha precisado que una de las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención es estar sujeta a revisión periódica [hay nota], de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe” (párr. 83).
“Este Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad [hay nota], la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia [hay nota]. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea de forma mínima las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse” (párr. 85).
2. Prisión preventiva. Plazo razonable. Tráfico de estupefacientes. Igualdad. No discriminación.
“[L]a exclusión del beneficio del límite máximo de prisión preventiva que establecía la referida Ley No. 24.390 generó un trato desigual con respecto a las personas en prisión preventiva imputadas por un delito diferente al de narcotráfico, quienes, una vez cumplido el plazo de dos años estipulado en la señalada Ley tenían derecho a solicitar su excarcelación” (párr. 90).
“[L]os Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto [hay nota]. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana [hay nota] en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable [hay nota], es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido [hay nota]” (párr. 91).
“[L]a exclusión del beneficio de tiempo máximo de prisión preventiva para todas aquellas personas imputadas por narcotráfico se justificaba por el interés en perseguir a esa clase de organizaciones criminales, –y a sus integrantes–, dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes, así como por las obligaciones contraídas por el Estado al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La Corte observa, no obstante, que el señor Jenkins fue excluido de manera automática del beneficio de la excarcelación únicamente sobre la base del delito específico que se le imputaba, sin que se brindara una explicación sobre la finalidad específica que buscaba la diferencia de trato, su idoneidad, necesidad, proporcionalidad y, además, sin tener en cuenta sus circunstancias personales” (párr. 92).
“[E]l criterio por el cual se excluyó al señor Jenkins del beneficio de los plazos máximos de prisión preventiva implicó que se superara el límite establecido en la legislación nacional para la prisión preventiva de manera irrazonable, lo cual además constituyó un trato desigual frente a otras personas en situación similar que sí podían acceder a dicho beneficio” (párr. 94).
3. Plazo razonable. Recursos. Daños y perjuicios. Prisión preventiva.
“[L]a acción ejercitada por el señor Jenkins implicaba un análisis por parte de las autoridades judiciales sobre la existencia o no de un error judicial en el presente caso. Dicha determinación no requería, por tanto, una multitud de pruebas de difícil valoración, sino que se debía realizar un examen de las decisiones judiciales que versaron sobre la decisión de encarcelamiento del señor Jenkins, así como de las siguientes decisiones judiciales que rechazaron la solicitud de excarcelación interpuesta por éste. En consecuencia, este Tribunal advierte que el proceso de daños y perjuicios instado por el señor Jenkins no revestía elementos de especial complejidad” (párr. 113).
“[L]a correcta o incorrecta motivación de los recursos (o la inadmisión de alegatos debido a su interposición extemporánea) no tienen relación alguna, ni puede justificar, el retraso procesal a la hora de dar una debida respuesta por parte de las autoridades judiciales a la demanda interpuesta por el señor Jenkins” (párr. 116).
“[L]a Corte nota que el señor Jenkins estaba haciendo uso debido de los medios de impugnación reconocidos por la legislación aplicable para la defensa de sus intereses, cuestión que no puede redundar en su contra” (párr. 117).
“Por último, con respecto a los ofrecimientos de prueba señalados y la alegada presentación extemporánea de ciertos alegatos (supra párr. 114.4, 114.5 y 114.6), la Corte observa que el Estado no ha desplegado ningún tipo de actividad probatoria que acredite los mismos” (párr. 118).
PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD; PLAZO RAZONABLE; REVISION JUDICIAL; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; ARBITRARIEDAD; RIESGOS PROCESALES; RECURSOS; DAÑOS Y PERJUICIOS;
López y otros v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud de los artículos 5.1, 5.6, 11.2 y 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a los derechos a la integridad personal, a la finalidad esencial de la pena de reforma y readaptación social, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y familiar, y a la protección de la familia.
1. Personas privadas de libertad. Cárceles. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Régimen de visitas. Principio de intrascendencia de la pena.
“La Corte recuerda que en contextos de personas privadas de libertad, ‘los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano [hay nota]. Además, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular los derechos y obligaciones de la persona privada de libertad y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” (párr. 90).
“Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto a todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar [hay nota]” (párr. 91).
“La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afectación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad personal. Pueden, por ejemplo, verse restringidos los derechos de privacidad y de intimidad familiar. Sin embargo, esta restricción de derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de la misma, debe limitarse de manera rigurosa, puesto que toda restricción a un derecho humano sólo es justificable ante el derecho internacional cuando es necesaria en una sociedad democrática [hay nota]” (párr. 92).
“Respecto al artículo 5, la Corte ha sostenido que, entre otras garantías, el Estado debe garantizar visitas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal según las circunstancias [hay nota]. Así, la restricción a las visitas puede tener efectos en la integridad personal de la persona privada de libertad y de sus familias. Lo que busca el artículo 5.3 es justamente que los efectos de la privación de la libertad no trasciendan de modo innecesario a la persona del condenado más allá de lo indispensable” (párr. 93).
2. Personas privadas de libertad. Familia. Derecho a la vida privada y familiar. Principio de dignidad humana. Régimen de visitas. Principio de intrascendencia de la pena.
“[L]a familia, sin establecer que sea un modelo específico [hay nota], es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y el Estado. Dada la importancia de ese derecho, la Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar [hay nota]. Así, está obligado a realizar acciones positivas y negativas para proteger a las personas contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia [hay nota] y favorecer el respeto efectivo de la vida familiar [hay nota]” (párr. 98).
“[E]ntre las más severas injerencias que el Estado puede realizar en contra de la familia están aquellas acciones que resultan en su separación o fraccionamiento. Dicha situación recubre especial gravedad cuando en dicha separación se afectan derechos de niños, niñas y adolescentes [hay nota]” (párr. 99).
3. Derecho a la integridad personal. Principio de reinserción social. Debido proceso. Arbitrariedad. Traslado de detenidos. Control judicial.
“La Corte debe analizar los traslados objeto del presente caso y, siguiendo lo establecido por su jurisprudencia, verificar si representaron una restricción de derecho, si esa restricción estaba prevista en la ley, si fue abusiva o arbitraria, si perseguía un fin legítimo y cumplió con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad [hay nota]” (párr. 121).
“[D]ebido a la similitud del marco fáctico de las cuatro presuntas víctimas, los recursos interpuestos y la prueba aportada, la Corte realizará el estudio de los cuatro casos de manera simultánea, haciendo precisiones en cada caso concreto en donde sea necesario. En particular, la Corte observa que debería realizar el análisis de los actos administrativos motivados que determinaron los traslados objeto del presente caso. Sin embargo, como la Corte no cuenta con esa documentación en su expediente, a continuación se analizarán únicamente los traslados que fueron objeto de control judicial a partir de las solicitudes de traslado o recursos de habeas corpus interpuestos por las presuntas víctimas y sus abogados defensores” (párr. 122).
4. Principio de legalidad. Personas privadas de libertad. Traslado de detenidos. Cárceles.
“El criterio de legalidad, previsto en el artículo 30 de la Convención Americana [hay nota], establece que cualquier medida restrictiva de un derecho debe estar prevista en la ley [hay nota]. Así, por ejemplo, cuestiones tales como los traslados de personas privadas de la libertad de una cárcel a otra que generan afectaciones a la integridad personal o que separan a las familias, deben ser previstas en la normativa interna del Estado” (párr. 123).
5. Familia. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la vida privada y familiar. Personas privadas de libertad. Traslado de detenidos. Arbitrariedad. Principio de intrascendencia de la pena.
“[E]l Tribunal concluye que al trasladar a los señores Néstor López, Hugo Blanco, Miguel González y José Muñoz a cárceles lejanas de la provincia de Neuquén sin una evaluación previa ni posterior de los efectos en su vida privada y circunstancias familiares, el Estado incumplió la obligación de realizar acciones para proteger a las personas contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y familiar [hay nota], así como la obligación de favorecer el respeto efectivo de la vida familiar. Además, los continuos traslados produjeron afectaciones al bienestar físico y psicológico de las personas privadas de libertad, con efectos en sus familiares [hay nota], y obstaculizaron el contacto con sus abogados defensores. Asimismo, en el presente caso, la separación de los señores López y Blanco de sus familias revistió especial gravedad pues en dicha separación se afectaron derechos de sus hijos menores de edad en ese [hay nota]” (párr. 159).
“[L]a inexistencia de un marco legal claro distinto al disciplinario, que dio margen a traslados arbitrarios, inidóneos, innecesarios y desproporcionados, resulta en la responsabilidad internacional del Estado Argentino. De igual forma, la responsabilidad internacional del Estado se ve comprometida por la separación que dichos traslados generaron en el proceso de rehabilitación y la vida familiar de cada uno de las personas privadas de libertad” (párr. 160).
“[L]a Corte ha concluido que el Estado argentino no cuenta con una regulación apropiada sobre los traslados basados en el artículo 72 de la Ley 24.660 entre cárceles a nivel federal. De ello deviene que personas privadas de la libertad puedan ser trasladadas de manera arbitraria. En el presente caso, además, dicha práctica fue avalada por los jueces en el control posterior, al permitir, de forma reiterada, la discrecionalidad absoluta de la Servicio Penitenciario Nacional para asignar el local de cumplimiento de pena de los condenados, sin tener en cuenta o verificar, las circunstancias particulares y familiares de cada persona privada de libertad. De esta forma, no existieron criterios claros para hacer los traslados por parte de las autoridades administrativas, ni un control judicial efectivo de las valoraciones dadas por esas autoridades. Además, esa práctica resultó también en afectaciones a los familiares de los encarcelados quienes fueron sometidos a la decisión arbitraria del ente administrativo” (párr. 161).
“En lo que atañe a la separación del niño, la Corte ha afirmado que el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal. En el presente caso es evidente que la separación de los señores López y Muñoz de sus hijos estuvo justificada, inicialmente, por la condena penal. Lo que se requiere, por lo tanto, en relación con los traslados posteriores a centros de privación de libertad muy lejanos del lugar de residencia de su familia y, en particular, de sus hijos, era una ponderación por parte de las autoridades administrativas y judiciales sobre el efecto de dichas medidas en el desarrollo, vida privada y familiar de los niños más allá de la restricción propia de la separación física de la privación de libertad” (párr. 173).
“La suma de todos los factores mencionados anteriormente implica que las medidas adoptadas por las autoridades estales sobre el cumplimiento de la pena de los señores López y Blanco en cárceles alejadas de la Provincia de Neuquén, afectaron, también, a sus familiares. Esto provocó que la pena trascendiera hacia los familiares de los condenados, causándoles un daño y sufrimiento superior al implícito en la propia pena de privación de libertad” (párr. 174).
6. Derecho a la integridad personal. Tortura. Tratos crueles, inhumanos o degradantes. Vulnerabilidad. Condiciones de detención. Traslado de detenidos.
“El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención Americana acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma [hay nota]” (párr. 179).
“Asimismo, esta Corte ha señalado que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta [hay nota]. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos [hay nota]” (párr. 181).
“Para la Corte es evidente que durante los traslados, las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y están más expuestas a eventuales violaciones de derechos humanos. Al respecto, al referirse a las condiciones carcelarias y traslados, el Comité Europeo contra la Tortura ha establecido que en algunas circunstancias, la separación de las personas privadas de libertad de sus familias de manera injustificada puede equivaler a un trato inhumano o degradante” (párr. 182).
“En otras ocasiones este Tribunal ha establecido la existencia de tratos crueles inhumanos y/o degradantes, en situaciones en las cuales las personas privadas de libertad fueron sometidas a la suma de diversos factores como la incomunicación y la separación de las familias” (párr. 186).
7. Acceso a la justicia. Derecho de defensa. Protección judicial. Debido proceso. Control judicial. Ejecución de la pena. Recursos. Motivación.
“[E]stá probado que los defensores públicos que intervinieron ante la justicia argentina lograron interponer recursos y acceder al poder judicial solicitando el traslado de los condenados a la provincia de Neuquén, a pesar de la dificultad evidenciada en el capítulo anterior. El debate central del presente acápite, entonces, se circunscribe en determinar hasta qué punto la distancia y dificultades de comunicación originadas por los múltiples traslados (ilegales y arbitrarios) realizados por el Servicio Penitenciario Nacional representaron una vulneración al derecho de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor (artículo 8.2.d de la Convención)” (párr. 205).
“La Corte ya estableció que una de las consecuencias concretas de los múltiples traslados a que fueron sometidos los señores López, Muñoz, González y Blanco es que no pudieron contactar a sus abogados defensores en el tiempo y forma adecuados, lo que quedó plasmado en sus intervenciones ante el poder judicial argentino. Asimismo, los traslados tuvieron lugar de forma sorpresiva, sin que pudieran contactar o informar a sus familiares o abogados sobre ello […]. Asimismo, una vez que los traslados no eran objeto de consulta con las propias personas privadas de libertad ni pasaban por un control judicial sustantivo previo, es evidente que a las presuntas víctimas de ese caso no se les otorgó la posibilidad de defenderse u objetar sus traslados. El contacto y la consecuente intervención de un abogado era determinante para proteger los derechos en juego en cada traslado. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (párr. 206).
“[L]a presencia física de los señores López, Blanco, González y Muñoz en cárceles muy lejanas de la provincia de Neuquén, donde se ubicaban sus abogados defensores y el juzgado de ejecución de la pena, representó un obstáculo insuperable para comunicarse libre y privadamente con sus abogados para orientar y coordinar su defensa. En más de una ocasión las víctimas del presente caso solicitaron al juez que pudieran contactar a sus defensores. Es evidente que lo anterior limitó la posibilidad del ejercicio de una defensa técnica y de actuación diligente con el fin de proteger las garantías procesales del representado y evitar así que sus derechos se vieran lesionados durante la etapa de ejecución de la pena del proceso penal” (párr. 207).
“Consecuentemente, la Corte concluye que Argentina violó el derecho a ser asistido por un defensor o una defensora de su elección y de comunicarse libre y privadamente con el/ella, previsto en el artículo 8.2.d de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de [los peticionarios]” (párr. 208).
8. Recursos. Motivación.
“[U]na exposición clara de una decisión constituye parte esencial de una correcta motivación de una resolución judicial, entendida como ‘la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’ [hay nota]. En este sentido, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática [hay nota]. Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias [hay nota]. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión [hay nota]. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Por ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar los derechos a un debido proceso y de acceso a la justicia, en relación con el artículo 25 de la Convención [hay nota]” (párr. 214).
“Además, en ningún momento ni la administración pública ni los juzgadores llegaron a dar contenido a la expresión ‘readaptación’ de los condenados usada para justificar los traslados. En la opinión de la Corte, dicha expresión fue usada sin que se justificara cómo cada traslado resultaría positivamente en la readaptación de los condenados, sobre todo cuando se encontrarían lejos de sus familias, hijos, abogados y del juzgado de ejecución de la pena. Por ende la Corte considera que no se dio lugar a una ponderación entre la facultad de la administración federal de ubicar a los condenados, el alegado fin expreso de readaptación del condenado y el derecho de los mismos condenados e, incidentalmente, también de sus familiares, de que se mantenga, en la medida de lo posible, el contacto con la familia y el mundo exterior, en particular en relación con niñas y niños. En particular, era necesario que los tribunales realizaran un control respecto a que la medida impuesta no resultara en sufrimiento y violaciones de derechos en los familiares, es decir, que se certificaran que la pena no trascendería a la persona del condenado y que no excedería el sufrimiento implícito de la privación de libertad. Adicionalmente, era necesario, cuando solicitado, que los jueces intervinientes evaluaran el perjuicio al derecho a la defensa letrada y el contacto con sus defensores públicos” (párr. 220).
“[L]os recursos ante la Cámara en lo Criminal No. 2 de Neuquén, al no dar respuesta a los alegatos específicos del señor Blanco relativos a la afectación, entre otros, a su derecho a mantener contacto con su familia, devinieron en ineficaces para resolver el asunto planteado. Este Tribunal considera que la falta de motivación en esta instancia constituye elemento suficiente para declarar la vulneración del artículo 25 de la Convención Americana, al tener en cuenta que, tal como lo expresa el artículo 3 de la Ley 24.660, en este caso era el juez de ejecución de la pena el competente para garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley. Sin perjuicio de lo anterior, se considera, además, que si bien en las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén relativas a las impugnaciones de los fallos del juzgado de ejecución se presentaron argumentos específicos para descartar la relevancia del traslado frente al derecho de los familiares, al omitir en su resolución la prueba aportada por el recurrente relativa a los certificados médicos, historia clínica e informes médicos de la madre y hermana del señor Blanco, se incumplió con el deber de tener en cuenta los argumentos planteados por el recurrente en la motivación de su decisión. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que el Estado es también responsable por el incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a la protección judicial […]” (párr. 227).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TRASLADO DE DETENIDOS; RÉGIMEN DE VISITAS; FAMILIA; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; DEBIDO PROCESO; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VULNERABILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO DE DEFENSA; EJECUCIÓN DE LA PENA; RECURSOS; MOTIVACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; CONTROL JUDICIAL;
Hernández v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por haber infringido los artículos 5 y 26 (derecho a la integridad personal y derecho a la salud), 7 y 8 (derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
1. Personas privadas de la libertad. Cárceles. Hacinamiento. Derecho a la integridad personal. Trato cruel, inhumano o degradante.
“En el régimen de la Convención Americana, el sufrimiento y el deterioro a la integridad personal causado por la falta de atención médica adecuada –y el consecuente daño a su salud– de una persona privada de libertad pueden constituir por sí mismos tratos crueles, inhumanos y degradantes” (párr. 59).
“En relación a las condiciones de las instalaciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad, mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a la integridad personal” (párr. 60).
“La Corte considera que [las] omisiones estatales, si bien no se encontraban dirigidas a humillar o castigar al señor Hernández, sí constituyeron un trato degradante que la presunta víctima experimentó mientras se encontraba bajo la custodia del Estado” (párr. 61).
2. Personas privadas de la libertad. Cárceles. Derecho a la salud. Emergencia. Vulnerabilidad.
“En particular, en relación con las Reglas sobre Tratamiento de Reclusos, los Estados deben proveer atención médica calificada, inclusive psiquiátrica, a las personas privadas de libertad, tanto en situaciones de emergencia como para efectos de atención regular, ya sea en el propio lugar de detención o centro penitenciario o, en caso de no contar con ello, en los hospitales o centros de atención en salud donde corresponda otorgar ese servicio. El servicio de atención de la salud debe mantener historiales médicos adecuados, actualizados y confidenciales de todas las personas privadas de libertad, lo cual debe ser accesible para esas personas cuando lo soliciten. Esos servicios médicos deben estar organizados y coordinados con la administración general del servicio de atención en salud general, lo cual implica establecer procedimientos adecuados y expeditos para el diagnóstico y tratamiento de los enfermos, así como para su traslado cuando su estado de salud requiera cuidados especiales en establecimientos penitenciarios especializados o en hospitales civiles. Para hacer efectivos estos deberes, son necesarios protocolos de atención en salud y mecanismos ágiles y efectivos de traslado de prisioneros, particularmente en situaciones de emergencia o enfermedades graves [hay nota]” (párr. 88).
“[E]l Estado estaba obligado a garantizar que la presunta víctima fuera examinada por un médico para verificar cuáles eran las causas de su estado gripal y el dolor en el oído que manifestaba, para así detectar las causas de dichos padecimientos y brindar un tratamiento médico en caso de ser necesario. Esto era especialmente relevante debido a que el señor Hernández se encontraba privado de libertad y por la falta de espacio suficiente para los reclusos que se encontraban detenidos en la Comisaría de Monte Grande. [E]l Tribunal advierte que existió una omisión por parte del Estado en la adopción de medidas para realizar un diagnóstico de la condición de salud del señor Hernández al momento que el juez tuvo conocimiento de los primeros síntomas, lo cual representa un problema inicial de calidad en la atención a la salud” (párr. 89)
“[E]l Tribunal recuerda que el derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. El cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar este derecho deberá dar especial cuidado a los grupos vulnerables y marginados, y deberá realizarse de conformidad con los recursos disponibles de manera progresiva y de la legislación nacional aplicable. [E]l Tribunal constata que como consecuencia de la imposibilidad de internación del señor Hernández por el motivo antes expuesto, existieron lapsos de tiempo prolongado, atendiendo a la naturaleza de la enfermedad que padeció, en que dejó de recibir atención médica. La Corte advierte que la falta de disponibilidad de camas y la consecuente imposibilidad de proveerle atención médica inmediata representaron un problema de disponibilidad y accesibilidad en los servicios de salud” (párr. 93).
“[N]o está controvertido que el daño sufrido en la salud por parte del señor Hernández tiene un nexo causal con la enfermedad que padeció mientras estuvo bajo la custodia estatal, y correspondía al Estado aportar elementos probatorios que demostrasen la provisión de un tratamiento adecuado y oportuno mientras la presunta víctima estuvo privada de su libertad, lo cual no ocurrió en el presente caso. En ese sentido, debido a que el Estado incumplió con su carga probatoria de demostrar que otorgó un tratamiento médico adecuado al señor Hernández mientras se encontraba detenido, de forma tal que desvirtuara los alegatos relacionados con la falta de atención médica y las secuelas para su integridad personal, así como por los problemas de calidad accesibilidad y disponibilidad en los servicios de salud, el Tribunal concluye que las afectaciones físicas y psicológicas que sufrió el señor Hernández como resultado de su enfermedad mientras se encontraba detenido son atribuibles al Estado y generan responsabilidad internacional por la violación al derecho a la salud” (párr. 95).
3. Principio de inocencia. Prisión preventiva. Riesgos procesales.
“[E]l Tribunal considera que únicamente deben ser considerados como finalidades legítimas, aquellas que están atadas directamente con el desarrollo eficaz del proceso, es decir, que estén vinculadas con el peligro de fuga del procesado, directamente establecido en el artículo 7.5 de la Convención Americana, y aquella que busca evitar que el procesado impida el desarrollo del procedimiento” (párr. 110).
“La Corte considera que la verificación de la existencia de indicios que permitan suponer la responsabilidad de la conducta cumple la función de prevenir que una persona sea detenida sobre la base de la mera sospecha o percepción personal respecto de su responsabilidad, y de esta forma se constituye como una garantía más de la persona a la hora de proceder a la aplicación de la prisión preventiva. Sin embargo, la comprobación de dichos indicios no constituye per se una finalidad legítima para la adopción de la medida de prisión preventiva, pues esto constituiría un juicio anticipado sobre la culpabilidad de la persona imputada y una violación al principio de presunción de inocencia.
La determinación de la finalidad de la prisión preventiva requiere un análisis independiente, mediante el cual el juez funde su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto [hay nota], que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado [hay nota], quien además debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado [hay nota]. En el presente caso la Corte considera que la prisión preventiva ordenada en contra del señor Hernández no tuvo un fin legítimo amparado por la Convención, pues el Juez de la Causa en ningún momento hizo mención de la necesidad de dictar dicha medida con la finalidad de evitar la obstaculización del desarrollo del proceso o que se eludiera la acción de la justicia, y centro en cambio su argumentación en acreditar la existencia de elementos de prueba sobre la posible responsabilidad penal del señor Hernández” (párr. 116).
4. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud. Debido proceso. Acceso a la justicia. Vulnerabilidad.
“[N]o existió cumplimiento adecuado de las determinaciones del Juez de la Causa, las cuales implicaban que las autoridades carcelarias realizaran acciones concretas relacionadas con la atención a la salud del señor Hernández. De los hechos se desprende que existieron lapsos prolongados de incumplimiento de dichas órdenes, o que algunas de ellas no se cumplieron. La Corte considera que los recursos intentados por personas que tienen alguna enfermedad que requiere de una atención médica para evitar afecciones graves a su salud, integridad personal, o su vida, implica una obligación reforzada de respeto y garantía de sus derechos. Este Tribunal ha señalado que las resoluciones de recursos intentados requieren que se tome en cuenta la vulnerabilidad y el riesgo de afectación a los derechos en juego para las presuntas víctimas [hay nota]. Por tanto, la Corte concluye que el Estado no cumplió debidamente su posición de garante frente a las condiciones de detención del señor Hernández al no dar cumplimiento a las órdenes del Juez de la Causa, más aún cuando tuvo conocimiento de que el estado de salud de la presunta víctima presentaba un deterioro constante y que este se encontraba privado de libertad” (párr. 133).
“[E]l Tribunal considera suficientemente acreditada la afectación a la integridad personal de la señora San Martín de Hernández como resultado del dolor, angustia e incertidumbre que le ocasionó el progresivo deterioro de la salud de su hijo mientras se encontraba detenido, sumado a los sentimientos de frustración e impotencia por la falta de atención médica a pesar de las órdenes que el Juez de la Causa emitió para esos efectos” (párr. 151).  
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; HACINAMIENTO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO A LA SALUD; PRINCIPIO DE INOCENCIA; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; VULNERABILIDAD;
Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentesComisión Interamericana de Derechos Humanos
Entre sus conclusiones, la CIDH llamó tanto a los Estados de la región como a las demás partes interesadas a hacer uso del análisis desarrollado en el informe con miras a mejorar y fortalecer la legislación, las políticas y las prácticas para hacer frente a la discriminación y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, señaló la necesidad de identificar los grupos del colectivo que se encuentren en especiales condiciones de discriminación o riesgo con el fin de que se adopten políticas públicas, programas y mecanismos de protección judicial para prevenir, responder y remediar los hechos de violencia desde un enfoque inter-seccional. Por último, consideró primordial el diseño y fortalecimiento de las políticas de prevención de los actos de violencia y discriminación de modo que abarque los sectores de justicia, educación y salud.
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Autonomía.
“Con respecto a la autonomía progresiva y las leyes que la aplican de manera integral, la Comisión destaca dos ejemplos que incorporan adecuadamente este principio. En Argentina, el Código Civil vigente, aprobado en 2014, evoluciona a partir de la antigua dicotomía entre los conceptos de capacidad e incapacidad para insertar el principio de autonomía progresiva como una forma de determinar la capacidad de los adolescentes para realizar actos de la vida civil, no estableciendo una edad mínima [y, en México] la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la autonomía progresiva es un principio rector para la protección de estos derechos” (párrs. 75 y 76).
“En el centro de la Convención sobre los Derechos del Niño, está el interés superior como parámetro fundamental que debe considerarse en cualquier decisión que afecte a niños, niñas y adolescentes, ya sea pública o privada. Este concepto tiene como objetivo el pleno y efectivo disfrute de todos los derechos previstos en la CDN y se aplica en forma tridimensional como un derecho sustantivo, un principio interpretativo de los derechos del niño y como una norma de procedimiento, en línea con lo que ya ha expresado el Comité sobre los derechos del Niño [hay nota]. De acuerdo con los estándares interamericanos referentes al interés superior del niño, los Estados deben incluirlo explícitamente como un principio guía para ser considerado en cualquier acción, política o decisión que afecte los derechos de los niños y adolescentes” (párr. 80).
2. Violencia de género. No discriminación. Estereotipos de género. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a Comisión considera importante que la legislación nacional que trata de la protección de los derechos de los niños y adolescentes reconozca la situación particular de vulnerabilidad a la que se insertan las niñas y adolescentes debido a su género. Si bien la gran mayoría de las leyes generales prevén la lucha contra la discriminación de cualquier tipo, particularmente por motivos de sexo, la CIDH señala que los ejemplos que incluyen una perspectiva de género como transversal e interseccional son escasos” (párr. 88).
“En el marco de su mandato, la CIDH ha afirmado la necesidad de atender las causas de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes en todas sus manifestaciones para hacer frente a las principales problemáticas actuales en la región, que resultan en la vulneración del ejercicio y goce de sus derechos humanos. De la misma forma, la Comisión ha reafirmado la interseccionalidad como un concepto básico para comprender las maneras que se superponen los diferentes niveles de discriminación, el impacto de su concurrencia en el goce y ejercicios de los derechos humanos, y el alcance de las obligaciones de los Estados en la adecuación de sus respuestas frente a las mismas” (párr. 92).
“La CIDH ha reiterado en varias ocasiones la obligación de los Estados de erradicar la discriminación basada en género contra las mujeres [hay nota]. En particular, los Estados han de ‘consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese Principio [hay nota]’. Lo anterior incluye adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la discriminación y la violencia contra las mujeres [hay nota]. A pesar de lo anterior, y según las informaciones recibidas por la CIDH, en algunos países de América Latina y del Caribe el principio de igualdad entre hombres y mujeres no está aún consagrado en las constituciones o leyes nacionales, el principio de discriminación no incluye la discriminación basada en género e incluso, en algunos casos, siguen persistiendo normas discriminatorias contra las mujeres basadas en su género” (párr. 96).
3. Abuso sexual. Consentimiento. Matrimonio.
“La Comisión señala que al penalizar de manera genérica la violación sexual e incluir circunstancias restrictivas para su enjuiciamiento, el matrimonio implicaría un consentimiento sexual entre los cónyuges en todo momento. Estas posturas descansan en la concepción de que la finalidad del contrato conyugal es la procreación y, por lo tanto, mantener relaciones sexuales es un deber correlativo a la naturaleza del matrimonio, con o sin consentimiento, deber que estaría especialmente dirigido a las mujeres por cuenta del rol asociado a su género por su capacidad reproductiva. Al respecto, la Comisión reitera que toda relación sexual sin consentimiento es una forma de violencia sexual y una forma de violencia contra las mujeres” (párr. 102).
“[L]a Comisión advierte que la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en las normas como en la práctica, es un requisito indispensable para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, reitera sus recomendaciones en la materia” (párr. 103).
4. Medios de comunicación. Funcionarios públicos. Estereotipos de género. LGBTIQ.
“Los medios de comunicación juegan un rol destacado en la formación de percepciones sociales, tanto en su vertiente informativa como de entretenimiento, por lo cual la Comisión ha destacado la capacidad de influencia de los medios de comunicación en la transformación de percepciones sociales a la vez que ha alertado, por ejemplo, sobre el tratamiento mediático estereotipado que algunos medios de comunicación hacen de las niñas, las adolescentes y las mujeres [hay nota]. Si bien la CIDH ha afirmado y reconocido el rol positivo que los distintos medios de comunicación y los periodistas pueden jugar en la promoción del principio de igualdad y en la lucha contra la discriminación y los estereotipos abordando asuntos de preocupación para grupos sometidos a discriminación histórica [hay nota], también ha continuado recibiendo denuncias con respecto al incremento de discursos que incitan a la violencia por razones discriminatorias en el espacio público y en redes sociales, sobre todo respecto a mujeres, personas LGBTI, afrodescendientes así como personas defensoras de tierra, la vivienda y el medio ambiente [hay nota]” (párr. 109).
“La Comisión observa que, en ocasiones, algunos medios de comunicación, aún sin tener la intención concreta de promover este tipo de conducta, podrían operan como generadores o canalizadores de mensajes cargados con lenguaje o imágenes discriminatorias que perpetúan estereotipos de género perjudiciales, que promueven desigualdades163 y contribuyen al contexto de violencia y discriminación endémica contra la mujer” (párr. 110).
“En vista que el impacto de este tipo de discurso es aún mayor cuando proviene de funcionarios públicos, la Comisión reafirma que, a la luz de las obligaciones estatales de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar que, cuando ejercen su derecho de libertad de expresión, no están ignorando los derechos humanos de otras personas [hay nota]. Como lo ha establecido la Corte Interamericana, los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, sus declaraciones no pueden desconocerlos [hay nota]. Al respecto, la CIDH ha señalado en reiteradas oportunidades que los funcionarios públicos deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia por razones discriminatorias, lo cual requiere que los mismos contribuyan de manera contundente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto, y que se abstengan de realizar declaraciones que expongan a distintos grupos a un mayor riesgo de actos de violencia [hay nota]. Si bien un discurso oficial puede no haber autorizado, instruido o incitado directamente a la violencia, su contenido o mensaje con frecuencia puede poner a las potenciales víctimas de violencia en una situación de mayor vulnerabilidad ante el Estado y ante ciertos sectores de la sociedad” (párr. 112).
“[L]la Comisión recuerda a los Estados de la región su obligación de adoptar medidas específicas para contrarrestar prejuicios, costumbres y cualquier otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de las mujeres. Asimismo, la Comisión observa que en el marco del cumplimento de sus obligaciones, los Estados deben instaurar un marco jurídico nacional que reconozca la igualdad de género en la vida cultural y familiar, aplicado a todos los ámbitos de la vida y primando sobre cualquier ley, norma, código o reglamento basado en el derecho religioso, consuetudinario o indígena, sin posibilidad de excepción, derogación o elusión” (párr. 117).
5. Violencia de género. Acceso a la justicia. Debido proceso.
La Comisión destacó las leyes sancionadas por Argentina, Perú y Chile en relación a la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. A su vez consideró que la ley Nº 27.499 (Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado) resulta positiva ya que “fue presentado a los fines de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la Convención Belém do Pará, en atención a la jurisprudencia de la Corte IDH y a las recomendaciones hechas al Estado argentino por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el MESECVI [hay nota]” (párr. 27).
“La Comisión ha reiterado la obligación de los Estados de garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación seria, oportuna, completa e imparcial, así como de la adecuada sanción de los responsables y la reparación integral de las víctimas. A la luz de este deber, la Comisión ha destacado que la investigación penal debe estar a cargo de autoridades competentes e imparciales capacitadas en materia de género y de derechos de las mujeres y en materia de atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género [hay nota]” (párr. 132).
“[L]as informaciones recabadas por la CIDH también dan cuenta que existiría una carencia de operadores de justicia y de entidades especializadas o con competencia, tanto en zonas urbanas como zonas rurales, para abordar la violencia contra las mujeres. Si bien la Comisión ha saludado los esfuerzos realizados por varios países de la región en fortalecer la institucionalidad especializada en materia de protección y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia [hay nota], ha tenido también conocimiento de la falta de recursos y de personal que afectan a muchas de estas instituciones y que debilitan su capacidad de acción efectiva. Estas instancias pueden verse desbordadas ante la cantidad elevada de denuncias, al tiempo que siguen existiendo lagunas lingüísticas, geográficas, físicas y culturales para lograr el acceso a mujeres pertenecientes a grupos en particular situación de riesgo o exclusión” (párr. 138).
“Como parte fundamental del acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, la CIDH ha destacado en numerosas oportunidades la obligación de los Estados de brindar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas, proporcional al daño sufrido que incluya las garantías de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición [hay nota]. La reparación ha de ser integral en tanto las medidas que se tomen deben ser coherentes y complementarias entre sí como un conjunto de acciones destinadas a restituir los derechos de las víctimas” (párr. 140).
“[L]
a CIDH ha mostrado su preocupación respecto a que, en muchos casos, las mujeres asesinadas habían denunciado con anterioridad a sus agresores, enfrentado graves hechos de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio anteriores [hay nota]. Esta situación refleja las deficiencias existentes en los mecanismos de prevención y protección de las mujeres ante los riesgos de violencia de género y en particular, ante el riesgo de asesinato [hay nota]. Aunado a lo anterior, la Comisión advierte que los países que cuentan con leyes de penalización del femicidio/feminicidio pero no han aprobado leyes integrales, han centrado la respuesta al problema en el sistema penal, siendo que la Convención de Belém do Pará exige de los Estados también el desarrollo de acciones de prevención, protección, investigación y reparación, además de la penalización de la violencia contra las mujeres” (párr. 160).
6. Violencia de género. Vulnerabilidad. Pueblos indígenas.
“[L]a CIDH advierte en la región la existencia de violencia y discriminación afectando específicamente a mujeres y niñas en especial situación de vulnerabilidad, como mujeres y niñas campesinas y rurales, afrodescendientes e indígenas [hay nota]” (párr. 152).
“[L]a Comisión destaca la invisibilización de la situación de riesgo de sufrir violencia sexual en que se encuentran mujeres en situación de vulnerabilidad adicional como las mujeres indígenas [hay nota], trabajadoras del hogar, internadas en hospitales psiquiátricos, en el ámbito universitario, niñas y adolescentes del área rural, las mujeres migrantes o aquéllas de orientación sexual o identidad de género diversa” (párr. 175).
7. Violencia de género. Violencia obstétrica. Aborto.
“[L]a CIDH ve con preocupación las barreras existentes en el acceso al anticonceptivo oral de emergencia, de manera legal y gratuita, para mujeres víctimas de violencia sexual. Obligar a las mujeres, niñas y adolescentes a seguir adelante con un embarazo producto de una violación sexual puede conllevar afectaciones físicas y emocionales inminentes para ellas, por lo que la Comisión ha instado a los Estados de la región a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y la protección, sin discriminación, de los derechos sexuales y reproductivos de todas mujeres según los estándares interamericanos en la materia” (párr. 180).
“Si bien no existe una definición jurídica del concepto de violencia obstétrica en derecho público internacional, la CIDH ha considerado que ‘la violencia obstétrica abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto, en centros de salud públicos o privados [hay nota]’. Así, la violencia obstétrica se configura en las acciones u omisiones por parte de los médicos y personal de apoyo en servicios de salud, públicos o privados, durante la atención en el proceso de gestación, parto y postparto, que se caracterizan por un trato deshumanizador o discriminatorio que causan un daño físico, psicológico o moral a la mujer [hay nota]” (párr. 181).
“La CIDH advierte que este tipo de violencia encierra concepciones machistas y estereotipadas sobre el rol de las mujeres, su experiencia de la maternidad y sobre sus cuerpos y por tanto, representa una forma de discriminación contra ellas, basándose en el supuesto que el sufrimiento hace parte de la experiencia del embarazo; en la supuesta inferioridad de las mujeres; en su pretendida incapacidad para tomar decisiones adecuadas sobre sus procesos reproductivos; y en nociones machistas relativas a los cuerpos de las mujeres como objetos de placer sexual para los hombres” (párr. 182).
“[L]a obligación fundamental de los Estados incluye garantizar el acceso pronto y adecuado a servicios de salud que sólo las mujeres, adolescentes y niñas necesitan en función de su género y de su función reproductiva, libre de toda forma de discriminación y de violencia, de conformidad con los compromisos internacionales vigentes en materia de desigualdad de género” (párr. 200).
“De igual forma, la Comisión reitera el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación en los casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto y en embarazos resultantes de violencia sexual o incesto [hay nota]. Lo anterior, en tanto dichas disposiciones imponen una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros [hay nota]. Al respecto, la Comisión advierte que la criminalización absoluta del aborto, al imponer una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad” (párr. 202).
8. Violencia de género. Niños, niñas y adolescentes. Abuso sexual.
“[L]a violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las adolescentes es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. La Comisión ha entendido que esta forma de violencia puede afectar por completo el proyecto de vida de una niña o adolescente; por ejemplo, cuando se convierten en madres como consecuencia de una violación; al ser excluidas por la estigmatización y discriminación que sufren en los centros educativos al encontrarse embarazadas; y cuando por presiones familiares son forzadas a contraer matrimonio con su agresor. La CIDH también ha tenido conocimiento que un número elevado de niñas víctimas de violencia sexual son separadas de sus familias, institucionalizadas o bien abandonan los estudios debido a la falta de apoyo” (párr. 231).
“[F]rente a una percepción de desprotección, las adolescentes que sufren violencia sexual en sus hogares toman a menudo la iniciativa de abandonar sus hogares como una medida para poner fin a los abusos cuando no existen otros resortes a los que acudir o no son accesibles o confiables, o no se atreven a denunciar [hay nota]. Resulta crucial destacar que esta situación a su vez las expone a otras formas de violencia y vulneración a sus derechos; muchas niñas y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica o sexual en sus hogares que deciden huir terminan siendo captadas por redes de trata de personas” (párr. 237).
“[L]a Comisión reconoce que la violencia sexual contra niñas y adolescentes es un fenómeno con dinámicas específicas que la diferencian de la violencia sexual contra personas adultas. La Corte Interamericana ha destacado que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas [hay nota]. En el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, este impacto podría verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima, como un progenitor” (párr. 247).
“En los casos en que la violencia sexual haya resultado en un embarazo forzado en niñas y adolescentes, la CIDH destaca la importancia de adoptar protocolos adecuados para garantizar el acceso legal, oportuno y gratuito a métodos anticonceptivos de emergencia y a información veraz, suficiente e imparcial para acceder a la interrupción legal del embarazo, especialmente cuando se trata de niñas de corta edad [hay nota]. En este respecto, el acceso efectivo a los servicios de salud adecuados para las víctimas, con base en protocolos de atención médica que incluyan la obligación de proveer información adecuada a las víctimas de violencia sexual y a sus familia que regulen cómo, cuándo y por quién puede determinarse la interrupción legal del embarazo, permitiría que en la práctica exista un acceso real a estos procedimientos sin discriminación y sin ningún tipo de consecuencias penales o de criminalización. Lo anterior cobra particular importancia en los países cuya legislación interna del país prevé la posibilidad de la interrupción legal del embarazo en los casos en que el mismo represente un riesgo para la vida de la niña” (párr. 260).
9. Violencia de género. Niños, niñas y adolescentes. Internet. Grooming.
“Los NNA al estar expuestos desde corta edad a un uso frecuente de tecnologías de la información y la comunicación, representan un alto porcentaje de los y las usuarios y usuarias de las mismas. No obstante, es crucial tener en cuenta que todos los niños que se conectan a internet corren cierto nivel de riesgo. Como ha sido señalado, la CIDH sostiene que la violencia que sufren las mujeres y las niñas adopta muchas formas que, de hecho, pueden reforzarse mutuamente y superponerse [hay nota]. La violencia contra las mujeres en Internet ha surgido como una nueva forma de violencia por razones de género la cual la CIDH nota se está extendiendo rápidamente y supone un peligro significativo” (párr. 303).
“La violencia en línea contra las mujeres, niñas y adolescentes incluye actos que en parte o en su totalidad se originan o materializan por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente en redes sociales. Debido a la accesibilidad de estas tecnologías para una importante población, la Comisión destaca que las niñas y adolescentes en particular se enfrentan a un riesgo elevado de actos de violencia y discriminación como, entre otros, el acoso, el grooming [hay nota], las amenazas, el chantaje y el acoso sexual; la carga y/o difusión de fotos íntimas, videos o clips de audio sin su consentimiento; al acceso o divulgación de sus datos privados sin su consentimiento; a la carga y difusión de fotos o videos modificados de niñas y adolescentes como material de pornografía; creación de perfiles falsos, etc.” (párr. 304).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AUTONOMÍA; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ABUSO SEXUAL; CONSENTIMIENTO; MATRIMONIO; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; LGBTIQ; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; ABORTO; INTERNET; GROOMING;
Doolan v. AustraliaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que Australia violó los artículos 5 (derecho a la igualdad y no discriminación), 12 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 13 (acceso a la justicia), 14 (derecho a la libertad y la seguridad), 15 (prohibición de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1. Personas con discapacidad. Igualdad. Protección jurídica. No discriminación. Ajustes razonables.
“[E]n virtud de lo dispuesto en el artículo 5, párrafos 1 y 2, de la Convención, los Estados partes deben velar por que todas las personas sean iguales ante la ley y tengan derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna, y que los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación. El Comité recuerda también que la discriminación puede ser consecuencia del efecto discriminatorio de una norma o medida carente de la intención de discriminar, pero que afecte desproporcionadamente a las personas con discapacidad. [L]a cuestión que el Comité tiene ante sí es determinar si el trato diferenciado […] es razonable, o si da lugar a un trato discriminatorio contra las personas con discapacidad” (párr. 8.3).
2. Personas con discapacidad. Personas privadas de libertad. Capacidad para estar en juicio. Capacidad jurídica. Acceso a la justicia. Garantía de imparcialidad.
“[E]n virtud de la parte II.A del Código Penal del Territorio del Norte, cuando se declara que una persona no es apta para comparecer en juicio, esta puede ser privada de libertad por tiempo ilimitado, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 43ZC del Código, la orden de supervisión se dicta por un período indefinido con ciertas condiciones relativas a su modificación, revocación o revisión completa. Se presumirá que la persona objeto de una orden de supervisión no es apta para comparecer en juicio hasta que se determine lo contrario. Entretanto, la persona no tiene ninguna posibilidad de ejercer su capacidad jurídica ante los tribunales […]. El Comité observa que durante el tiempo que el peticionario permaneció recluido, todo el procedimiento judicial se centró en su capacidad mental para comparecer en juicio, y no se le concedió ninguna posibilidad de declararse inocente o culpable de los hechos que se le imputaban. Como se aclara en el párrafo 16 de la Observación General núm. 6 (2018) del Comité relativa a la igualdad y la no discriminación, la expresión ‘beneficiarse de la ley en igual medida’ significa que los Estados partes deben eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a todos los tipos de protección de la ley y a los beneficios de la igualdad de acceso a la ley y la justicia para hacer valer sus derechos. Por consiguiente, el Comité considera que la parte II.A del Código Penal del Territorio del Norte dio lugar a un tratamiento discriminatorio […]” (párr. 8.4).
“A ese respecto, el Comité observa que, según la información que consta en el expediente, no se consultó al peticionario en ninguna de las etapas del procedimiento relativo a su internamiento y alojamiento. [E]l Comité recuerda que la Convención reconoce el derecho de las personas a no verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico en razón de su discapacidad y que la institucionalización de las personas con discapacidad como condición para recibir servicios públicos de salud mental constituye un trato diferenciado por motivos de discapacidad y que, como tal, es discriminatorio. Por consiguiente, el Comité considera que el internamiento del peticionario en una institución especial a causa de su discapacidad […] vulneró el artículo 5 de la Convención” (párr. 8.5).
“[E]l hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12 y que, en virtud del artículo 12, párrafo 2, los Estados partes tienen la obligación de reconocer que las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Según el artículo 12, párrafo 3, los Estados partes deben proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar para ejercer su capacidad jurídica. El Comité recuerda también que, en virtud del artículo 13, párrafo 1, los Estados partes deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad” (párr. 8.6).
3. Personas con discapacidad. Personas privadas de libertad. Debido proceso. Ajustes razonables. Capacidad jurídica. Acceso a la justicia. Derecho a la seguridad.
“[L]a decisión de que el peticionario no era apto para comparecer en juicio a causa de su discapacidad intelectual y psicosocial dio pie a una privación de su derecho a ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente e impugnar las pruebas presentadas contra él. El Comité considera que las autoridades del Estado parte no prestaron al peticionario ninguna forma de apoyo o ajustes para que pudiera comparecer en juicio y ejercer su capacidad jurídica. Por consiguiente, no tuvo la posibilidad de obtener una resolución en relación con los cargos que se le imputaban. El Comité considera que, si bien los Estados partes disponen de cierto margen de apreciación al determinar los ajustes procesales que han de efectuarse para permitir a las personas con discapacidad ejercer su capacidad jurídica, tienen la obligación de respetar los derechos del interesado. Esto no sucedió en el caso del peticionario, ya que no se le ofreció ninguna posibilidad ni recibió el apoyo o los ajustes que necesitaba para ejercer sus derechos de acceso a la justicia y a un juicio imparcial” (párr. 8.7).
“En cuanto a las afirmaciones del peticionario relacionadas con su privación de libertad, el Comité reafirma que la libertad y la seguridad de la persona es uno de los más valiosos derechos de los que se puede disfrutar. En particular, todas las personas con discapacidad, y especialmente las personas con discapacidad mental o psicosocial, tienen derecho a la libertad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención. [E]l encarcelamiento del peticionario se decidió, pues, en función de la evaluación realizada por las autoridades del Estado parte acerca de las posibles consecuencias de su discapacidad intelectual, sin que hubiera una condena penal, con lo que su discapacidad se convirtió en la causa fundamental de su privación de libertad. Por consiguiente, el Comité considera que la privación de libertad del peticionario constituye una violación del artículo 14, párrafo 1 b), de la Convención, conforme al cual la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso una privación de la libertad” (párr. 8.8).
4. Personas con discapacidad. Condiciones de detención. Vulnerabilidad. Trato cruel, inhumano o degradante. Violencia. Derecho a la esperanza.
“[L]os Estados partes se encuentran en una posición especial en lo que atañe a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dado el grado de control que ejercen sobre esas personas, en particular en lo que se refiere a impedir todo trato contrario al artículo 15 y proteger los derechos que se les reconocen en ese instrumento. En este contexto, las autoridades del Estado parte han de prestar especial atención a las necesidades particulares y a la posible vulnerabilidad de las personas de que se trate, entre otras cosas a causa de su discapacidad. El Comité recuerda, además, que el hecho de no adoptar las medidas pertinentes ni realizar ajustes razonables suficientes cuando lo requieran personas con discapacidad privadas de su libertad puede constituir una vulneración del artículo 15, párrafo 2, de la Convención” (párr. 8.9).
“En el presente caso, el peticionario afirma que estuvo recluido en régimen de máxima seguridad, que convivió con personas que habían sido condenadas, que se le sometió a tratamiento no voluntario y que fue objeto de actos de violencia por otros presos [...]. Teniendo en cuenta los efectos psicológicos irreparables que la reclusión indefinida puede tener sobre el afectado, el Comité considera que el internamiento indefinido de que fue objeto el peticionario constituye un trato inhumano y degradante. El Comité considera, por consiguiente, que, si bien el peticionario no ha demostrado que fue objeto de violencia por otros presos, el carácter indefinido de su internamiento, su reclusión en un centro penitenciario sin haber sido condenado por un delito, el hecho de que fuera aislado periódicamente, el tratamiento forzado que se le administró y su reclusión junto con personas condenadas constituyen una violación del artículo 15 de la Convención” (párr. 10).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; PERSONALIDAD JURÍDICA; LIBERTAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; VULNERABILIDAD; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; VIOLENCIA; DERECHO A LA ESPERANZA;
Romero Feris v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación a los derechos reconocidos en los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 7 (derecho a la libertad personal) y al punto 2 del artículo 8 (principio de inocencia) de la Convención Americana.
1. Prisión preventiva. Libertad. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad. Arbitrariedad.
“[L]a Corte considera que el alegato del Estado según el cual el tiempo excedido respecto del máximo legal de la prisión preventiva fue computado en virtud del beneficio llamado de ‘2x1’ que preveía entonces la Ley N° 24.390, consistente en computar dos días de prisión por cada día de prisión preventiva que hubiera excedido los dos años; no es elemento suficiente para justificar el incumplimiento de los términos establecidos en la ley y la decisión judicial, pues si bien es una figura que favorece al procesado que finalmente resulta condenado, dado el principio de reserva legal y el principio de presunción de inocencia, no tiene la virtualidad de otorgar legalidad a una medida que ha incumplido los postulados establecidos en la normatividad interna. Adicionalmente, esta postura desconoce la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al justificar que opere como una pena, con carácter sancionatorio, pese a tener una finalidad inicial relacionada íntimamente con el desarrollo del proceso, lo que resultaría, igualmente, contrario al principio de presunción de inocencia” (párr. 82).
“La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que: i. se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; ii. esas medidas cumplan con los cuatro elementos del ‘test de proporcionalidad’, es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana) [hay nota], idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional [hay nota], y iii. la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas” (párr. 92).
“[L]la Corte ha indicado que para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito” (párr. 93).
“En este punto, es necesario enfatizar que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni tampoco es un elemento que sea susceptible de menoscabar el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención. Por el contrario, tal como lo indica el derecho comparado de varios países de la región [hay nota], y del Estado argentino [hay nota], así como la práctica de Tribunales internacionales [hay nota], se trata de un supuesto adicional a los otros requisitos relacionados con la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, y opera como una garantía suplementaria a la hora de proceder a la aplicación de una medida cautelar restrictiva de la libertad” (párr. 94).
“Lo anterior debe entenderse teniendo en cuenta que, en principio y en términos generales, esta decisión no debería tener ningún efecto frente a la del juzgador respecto de la responsabilidad del procesado, dado que suele ser tomada por un juez o autoridad judicial diferente a la que finalmente toma la decisión sobre el fondo” (párr. 95).
2. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Principio de proporcionalidad. Plazo razonable.
“[L]a Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo [hay nota], la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado de un delito que goza del principio de presunción de inocencia [hay nota]. A su vez, este Tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena [hay nota]. En consecuencia, ha indicado que la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal” (párr. 97).
“Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida” (párr. 98).
“[L]a Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dichas medidas, únicamente cuando encuentre que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal” (párr. 106).
“[L]a Corte ha dicho en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, deberá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio [hay nota]. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto” (párr. 109).
“En este sentido, la Corte encuentra que los argumentos utilizados para justificar el peligro de fuga, no están basados en hechos específicos, en criterios objetivos y en una argumentación idónea. Por el contrario, los mismos reposan en meras conjeturas a partir de criterios que no se corresponden con las particularidades del caso y que consisten más en bien en afirmaciones abstractas. Lo anterior sería indicativo de un manifiesto y notorio apartamiento de los criterios establecidos por la jurisprudencia en esta materia” (párr. 118).
3. Prisión preventiva. Plazo razonable. Recursos. Revisión judicial. Motivación. Principio de legalidad.
“El artículo 7.6 de la Convención protege el derecho de toda persona privada de la libertad a recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. El Tribunal ha interpretado que este derecho va dirigido a permitir el control judicial sobre las privaciones de libertad” (párr. 122).
“En relación con este alegato, la Corte considera que los cuestionamientos relativos a la motivación del juez y a los fundamentos de la prórroga de la medida de prisión preventiva analizados en el acápite anterior y que fueron considerados arbitrarios tuvieron como consecuencia que los recursos presentados por el señor Romero Feris no fueron efectivos” (párr. 123).
PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; ARBITRARIEDAD; RIESGOS PROCESALES; PELIGRO DE FUGA; PLAZO RAZONABLE; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; MOTIVACIÓN;
Rosadio Villavicencio v. PerúCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Perú era responsable por haber infringido:
• el artículo 8.4 de la Convención Americana (principio de non bis in ídem), en relación con el proceso penal ordinario y el proceso penal militar;
• el artículo 8.2.b (derechos a ser comunicado previamente y de forma detallada de la acusación y a ser notificado, sin demora, de los cargos formulados en su contra);
• los artículos 8.2.d. y 8.2.e (derecho a contar con un defensor o defensora);
• los artículos 8.1 y 8.2.c (derecho a ser oído y el derecho a la defensa);
• el artículo 8.1 (deber de motivación);
• y el artículo 8.1 en el marco del proceso penal militar (derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial).
Todos ellos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Finalmente, consideró que Perú era responsable por la violación de los artículos 7.1, 7.3, 7.5 y 8.2 (derecho a la libertad personal) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
1. Non bis in ídem. Concurso de delitos. Pena. Sanciones disciplinarias.
“[C]onforme a una interpretación dogmática de la Convención, siendo inadmisible entender ninguna de sus disposiciones como contradictoria con el Sistema Universal de Derechos Humanos ni con todas las legislaciones penales de los países de la región, se impone considerar implícitamente prohibida en el artículo 8.4 de la Convención la punición múltiple por un único delito, corresponde en el caso determinar si la punición impuesta a la presunta víctima en el fuero penal ordinario y la impuesta en el fuero penal militar se refieren al mismo delito o si se trata de dos delitos. A este respecto, […] conviene advertir que alguna doctrina ha considerado al fuero penal militar de naturaleza ‘administrativa’, argumento que se descartaría ab initio en el presente caso, dada la naturaleza claramente penal de la sanción impuesta a la presunta víctima” (párr. 95).
“Una única acción requiere como mínimo que haya una única decisión de voluntad, como presupuesto necesario, pero no suficiente para determinar la unidad de acción. Es obvio que cuando existe un movimiento único no puede considerarse la existencia de una pluralidad de acciones, pero por lo general una unidad de acción abarca una pluralidad de movimientos. En tal caso debe existir un elemento jurídico de unidad de desvaloración” (párr. 98).
“No es menester considerar todas las posibles dificultades doctrinarias para determinar la presencia del hecho único, siendo suficiente con señalar que la pluralidad de tipicidades no multiplica las acciones, sino que, justamente, se trata de la hipótesis de un único delito (una única acción) con tipicidades plurales, o sea, un claro caso del llamado ‘concurso ideal’ de concurrencia de tipicidades en una única conducta” (párr. 99).
“[C]uando una misma conducta o acción resulta prohibida a la luz de las normas que subyacen en dos o más tipos penales, siempre se trata de un único delito, pues todo delito es una conducta humana y a un único delito debe corresponder una única punición. Esto es precisamente lo que ocurre en este caso, se trata de una única conducta imputada al señor Rosadio Villavicencio: permitir el vuelo de aeronaves que transportaban droga, lo que encuadra simultáneamente en los tipos penales de desobediencia y de tráfico ilícito de drogas. Entender que la posibilidad del doble encuadramiento típico de los mismos hechos supone la comisión de dos delitos distintos, los cuales a su vez pueden ser sancionados con dos puniciones distintas, parte del errado supuesto que se trata de dos conductas distintas, lo que habilitaría la plural e interminable cadena de puniciones que el derecho penal material no permite y a la que se llegaría por efectos del desdoblamiento del mismo hecho en tantos pretendidos delitos como número de tipos penales aplicables” (párr. 101).
“[L]a exigencia del artículo 9º responde a un claro rechazo de todo derecho penal material con fuerte aspiración autoritaria. En efecto, considerar que hay tantos delitos como normas violadas, significa punir conforme al número de sus mandatos incumplidos, o sea, atender al número de ‘desobediencias’ y no de las acciones ilícitas de sus habitantes, por lo que los delitos no serían acciones, sino omisiones de cumplimiento de los mandatos estatales. Por esta vía, se suele llegar –en las versiones más autoritarias y totalitarias del derecho penal material– a la supresión de la exigencia de afectación de bien jurídico, pues pasa a primer plano la ‘desobediencia’ al mandato estatal. Esto no impide que una acción resulte pluralmente tipificada como en el caso, en la ley penal ordinaria y en la ley penal militar, sino que el orden jurídico de cada Estado debe resolver, en tales supuestos, la cuestión de competencia en forma que evite el desdoblamiento del hecho único” (párr. 104).
“[L]o que resulta violatorio […] es la imposición de una pluralidad de puniciones por la misma acción u omisión, lo que presupone, como garantía judicial, que una única acción u omisión no sea sometida a una pluralidad de procesos” (párr. 105-106).
“En principio, [dentro del análisis de los procesos penales y procedimiento disciplinario militar] la sanción penal en general no excluye la posibilidad de que la misma conducta sea sancionada por aplicación de normas de otra rama jurídica: es obvio que no se excluye la posibilidad de reparación en sede civil, por ejemplo, dado que la pena y la reparación civil persiguen objetivos diferentes y la responsabilidad se establece en cada rama conforme a sus propios principios. Lo mismo sucede con las sanciones políticas que consisten en la separación del cargo del sometido a juicio político, lo que no obsta a la posible pena en sede penal y reparación en sede civil” (párr. 114).
“[C]orresponde establecer si la sanción penal y la sanción administrativa tienen el mismo objeto y los consiguientes idénticos principios para regular la responsabilidad. No obstante, la cuestión no merece mayor análisis, porque es conocimiento jurídico común que la sanción del derecho disciplinario tiene por objeto la preservación del orden interno de una institución, es decir, se reserva a sus intraneus para mantener la disciplina entre ellos, llegando a la exclusión de la persona de la institución porque su conducta se considera incompatible con ese orden. Es obvio que este objetivo de la sanción administrativa nada tiene que ver con el de la penal, al punto de que incluso –como es sabido– aunque el comportamiento de la presunta víctima hubiese sido atípico penalmente, eso no hubiese obstado, eventualmente para la viabilidad de la sanción administrativa que, conforme a su objetivo y naturaleza diversa de la penal, responde a criterios propios de responsabilidad” (párr. 115).
“[A]l no perseguir el mismo objetivo ambas sanciones, la Corte considera que el Estado no incurrió en una violación al principio ne bis in idem establecido en el artículo 8.4 de la Convención en relación con el fuero penal ordinario y el proceso disciplinario militar” (párr. 116).
“[E]n cuanto a la posible violación del principio ne bis in idem por la instauración del proceso penal militar y el procedimiento disciplinario, esta Corte estima que en ambos procesos se consideraron los mismos hechos. [E]stos dos procesos, dado que la sanción impuesta en la sentencia condenatoria del proceso penal militar tiene carácter penal y la disciplinaria tiene carácter administrativo, son válidas a este respecto las mismas consideraciones que esta Corte acaba de formular con relación a la condena en sede penal ordinaria” (párr. 117-118).
“[L]a Corte concluye que el Estado peruano es responsable de la violación del principio de ne bis in idem consagrado en el artículo 8.4 de la Convención en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, en relación con los procesos penales ordinario y militar. El Estado peruano no violó el principio de ne bis in idem consagrado en el artículo 8.4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, en relación con el procedimiento disciplinario, y los procesos penal ordinario y penal militar.  
2. Debido proceso. Derecho de defensa. Defensa técnica ineficaz. Derecho a ser oído. Sanción administrativa.
“[C]ualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio, disciplinario o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Ahora bien, lo que corresponde en cada caso es determinar las garantías mínimas que conciernen a un determinado proceso sancionatorio no penal, según su naturaleza y alcance” (párr. 125).  
“Atendiendo a la naturaleza sancionatoria del procedimiento de pase a retiro [del peticionario], […] esta Corte considera que las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana, inclusive algunas de las enunciadas en el artículo 8.2, hacen parte del elenco de garantías mínimas que debían ser respetadas para adoptar una decisión que no fuera arbitraria y resultara ajustada al debido proceso. En consecuencia, las garantías mencionadas deberían haber sido aplicadas mutatis mutandi al procedimiento disciplinario de este caso, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica sancionatoria y las consecuencias que este acarreó” (párr. 126).   
“Este precepto [8.2 b] ordena a las autoridades competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, con una descripción clara, detallada y precisa de los hechos que se le imputan, las razones por las cuales se le acusa y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Si bien el contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, y la naturaleza del proceso como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen, llegando a su punto máximo cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Esta Corte ha establecido que el investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de las preguntas que se le formulan. Además este Tribunal advierte que dicha obligación estatal adquiere mayor relevancia cuando se trata de procesos penales y el procesado se encuentra sujeto a una medida privativa de libertad como en el presente caso” (párr. 127-128).
“En el presente caso [respecto de la investigación ante la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado y el proceso penal ordinario] la carga de la prueba de la notificación o comunicación previa de las acusaciones a la presunta víctima recae sobre el Estado, al ser quien las debió haber ejecutado por medio de sus funcionarios, estando en mejor posición procesal para proveer de esta prueba. Sin embargo, el  Estado no aportó ninguna prueba que permitiese demostrar que el señor Rosadio Villavicencio hubiera sido notificado de la acusación de forma previa a la presentación de su primera declaración o de las razones de su detención…” (párr. 130).   
“Los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan, dentro del catálogo de garantías mínimas, que el inculpado tiene derecho de ‘defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección’ y que si no lo hiciere tiene el ‘derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna’. La Corte considera que esta garantía era aplicable al procedimiento disciplinario militar adelantado contra el señor Rosadio Villavicencio debido a que en el marco del mismo fue privado de su libertad” (párr. 142).
“[L]a defensa suministrada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Esta Corte ha señalado que el investigado debe tener acceso a la defensa técnica en la diligencia en la que se recibe su primera declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogada o abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo” (párr. 143).
“Esta Corte ha desarrollado el derecho a ser oído, previsto en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones. La Corte ha reconocido que el derecho a ser oído comprende dos ámbitos: por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión se produzca a través de un procedimiento que satisfaga el fin para el cual fue concebido” (párr. 146).
“[E]n ninguna oportunidad se permitió al [peticionario] su derecho a ser oído […]. Así, no consta que [al peticionario] se le hubiese permitido presentar alegatos, bien de forma oral o escrita, realizar objeciones, presentar pruebas, o realizar cualquier tipo de actividad procesal en aras de garantizar su defensa más allá de la declaración realizada al inicio del procedimiento y para la cual no contó con comunicación previa sobre los hechos imputados ni asistencia legal” (párr. 151-152).
“[L]a controversia consiste en determinar si el Estado violó el deber de motivación establecido en el artículo 8.1 de la Convención, en virtud de la sentencia emitida el 19 de junio de 1997 que aumentó la pena de la presunta víctima de 6 a 15 años, por cuanto según la Comisión y el representante, éste aumento no fue fundamentado” (párr. 165).
“Esta Corte recuerda que ‘la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho y reparar el daño ocasionado por sus propios medios’. Lo anterior se asienta en el principio de complementariedad, que informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, ‘coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos’. De tal manera, el Estado ‘es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos’” (párr. 166).
“El referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa. De lo anterior se desprende que, en el sistema interamericano, existe un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas (primariamente obligadas) y las instancias internacionales (en forma complementaria), de modo que los criterios de decisión, y los mecanismos de protección, tanto los nacionales como los internacionales, puedan ser conformados y adecuados entre sí. Así, la jurisprudencia de la Corte muestra casos en que se retoman decisiones de tribunales internos para fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención en el caso específico; en otros casos se ha reconocido que, en forma concordante con las obligaciones internacionales, los órganos, instancias o tribunales internos han adoptado medidas adecuadas para remediar la situación que dio origen al caso; ya han resuelto la violación alegada; han dispuesto reparaciones razonables, o han ejercido un adecuado control de convencionalidad. En este sentido, la Corte ha señalado que la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho, y de reparar por sus propios medios los daños ocasionados. En consecuencia, el Tribunal ha establecido que los Estados no son internacionalmente responsables cuando han reconocido la comisión de un hecho ilícito internacional, han cesado la violación, y han reparado las consecuencias de la medida o situación que lo configuró” (párr. 167).
“[R]especto del derecho a la asistencia legal, el Tribunal recuerda que no basta que el procesado cuente con una abogada o abogado defensor para garantizar su derecho a la defensa, sino que se debe garantizar el ejercicio efectivo de dicha defensa, proporcionando el tiempo y los medios adecuados para preparar la misma” (párr. 174).
“[N]ombrar a una defensora o defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensoras y defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional” (párr. 175).
“[E]l derecho de defensa implica que esta sea eficaz, oportuna, realizada por personal técnico, que permita fortalecer la protección del interés concreto del imputado. Por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. Asimismo, este Tribunal ha indicado que cuando el ordenamiento interno permita la defensa común de varios coimputados, corresponde al Estado, mediante las autoridades competentes, identificar si existen incompatibilidades y adoptar las medidas conducentes para que se garantice de forma efectiva el derecho a la defensa de los involucrados” (párr. 176).
“En este caso, este Tribunal considera, con base en los hechos descritos, que el asignar el mismo defensor a dos coimputados, a pesar de existir incompatibilidad en su defensa debido a sus versiones claramente discordantes de los hechos acaecidos vulneró el derecho a la defensa técnica del señor Rosadio Villavicencio” (párr. 178).
“Respecto del proceso penal ordinario, la Corte considera que el Estado no es responsable por la violación del deber de motivar establecido en el artículo 8.1 de la Convención. Sin embargo, considera que el Perú violó los derechos del señor Rosadio Villavicencio establecidos en los artículos 8.2.c y 8.2.e de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio, al no contar con un defensor idóneo” (párr. 180).
3. Garantía de imparcialidad. Tribunal independiente.  
“El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso, debiéndose garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a –y movido por– el Derecho” (párr. 186).
4. Libertad. Personas privadas de libertad. Prisión preventiva. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. Recursos. Principio de inocencia. Principio de proporcionalidad.  Razonabilidad. Principio de legalidad.
“[L]a controversia consiste en determinar si: i) la prisión preventiva de la que fue objeto el señor Rosadio Villavicencio fue arbitraria; ii) durante la detención preventiva existió revisión periódica por parte de las autoridades judiciales sobre las razones que motivaron su adopción; y iii) si los recursos judiciales interpuestos posibilitaron una revisión sin demora y efectiva tanto de la motivación como de la duración de la detención preventiva” (párr. 199).
“[R]especto de la alegada falta de fundamentación […] esta Corte ha señalado que ‘el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso’. La Corte ha precisado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’ y conlleva una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a adoptar una decisión. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado” (párr. 154).
“La Corte recuerda el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Además, la decisión judicial que restringe la libertad personal de una persona por medio de la prisión preventiva debe fundamentar y acreditar, en el caso concreto, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria, y por tanto no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del acusado a un grupo ilícito determinado” (párr. 199).
“Además, ‘la privación de libertad del imputado u […] sólo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia’. [L]a regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que este goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada” (párr. 201-202).
“Respecto a la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. En este sentido, la arbitrariedad de la que habla el artículo 7.3 convencional tiene un contenido jurídico propio, cuyo análisis sólo es necesario cuando se trata de detenciones consideradas legales. No obstante, se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad” (párr. 203).
“[S]in perjuicio de la legalidad de una detención, es necesario en cada caso hacer un análisis de la compatibilidad de la legislación con la Convención en el entendido que esa ley y su aplicación deben respetar los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que la medida privativa de libertad no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, razón por la cual el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención” (párr. 204).
“A continuación, la Corte analizará: i) las órdenes de detención en el fuero penal ordinario y el fuero penal militar; ii) las respuestas a las solicitudes de libertad incondicional en la jurisdicción penal ordinaria, y finalmente, iii) la duración de la detención preventiva” (párr. 205).
“En consecuencia, el Tribunal declara que, al no haber brindado una motivación suficiente e individualizada respecto a la consecución de un fin legítimo compatible con la Convención al decretar la prisión preventiva del señor Rosadio Villavicencio en ninguna de las dos resoluciones analizadas (fueros ordinario y militar), el Estado violó su derecho a no ser sometido a detención arbitraria, en violación de los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado” (párr. 209).
“[U]na detención o prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe” (párr. 210).
“En casos relativos a detenciones preventivas en el marco de procesos penales, la Corte ha señalado que esta norma impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad” (párr. 213).
“Además de sus efectos en el ejercicio del derecho a la libertad personal, tanto la Comisión como la Corte han indicado que el uso indebido de la detención preventiva puede tener un impacto en el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención. Al respecto se ha destacado la importancia del criterio de razonabilidad, pues mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifican su detención equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada185F186 y la convierte en una medida punitiva y no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida y, por tanto, transgrede el artículo 8.2 de la Convención” (párr. 214).
“En el presente caso, el señor Rosadio Villavicencio permaneció en detención preventiva desde el 5 de septiembre de 1994 hasta el 5 de marzo de 1999, un período de cuatro años y seis meses. Al respecto, esta Corte nota que la condena finalmente impuesta a la presunta víctima en el fuero ordinario penal fue de 6 años de reclusión, la cual venció 4 de septiembre de 2000. Es decir, la presunta víctima permaneció en detención preventiva durante tres cuartos del período de la pena finalmente impuesta. En ese sentido, la Corte considera que el período en que estuvo detenido en prisión preventiva, sin que se resolviera su situación jurídica, vulneró la razonabilidad y proporcionalidad del plazo que exige el artículo 7.5 de la Convención, pues dicha detención se convirtió en un medio punitivo y no cautelar al abarcar la mayoría del periodo de condena finalmente impuesta. Lo anterior también demuestra que la prisión preventiva constituyó un adelantamiento de la pena, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia establecida en artículo 8.2 de la Convención” (párr. 215).
“De este modo, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.1, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, al mantenerlo en detención preventiva durante un período que excedió lo razonable” (párr. 216).
“En vista de lo anterior, esta Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos del señor Rosadio Villavicencio a no ser sometido a detención arbitraria contenido en los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en las dos resoluciones analizadas (fueros ordinario y militar) y al resolver su solicitud de libertad incondicional sin haber brindado una motivación suficiente respecto a la consecución de un fin legítimo compatible con la Convención y sin realizar una revisión periódica de la necesidad de mantener dicha medida cautelar. Además, la Corte considera que el período en que el señor Rosadio Villavicencio estuvo detenido en prisión preventiva, sin que se resolviera su situación jurídica, vulneró la razonabilidad y proporcionalidad del plazo que exige el artículo 7.5 de la Convención, así como el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 8.2 de la Convención, todo ello en relación con el artículo 1.1 de la misma. Finalmente, en el presente caso, el Tribunal no encontró al Estado responsable por la violación del artículo 7.6 de la Convención, en relación con el artículo 25 de la misma” (párr. 217).
NON BIS IN IDEM; CONCURSO DE DELITOS; PENA; SANCIONES DISCIPLINARIAS; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; DERECHO A SER OIDO; SANCIONES ADMINISTRATIVAS; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; TRIBUNAL INDEPENDIENTE; LIBERTAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PREVENTIVA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; RECURSOS; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD;
Ruiz Fuentes v. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Guatemala fue responsable por haber infringido los artículos 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4.1, 4.2 y 4.6 (derecho a la vida y prohibición de la pena de muerte),  5.1 y 5.2 (derecho a la integridad personal y prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes), 8.1, 8.2.c) y 8.2.h) (derecho a las garantías judiciales), y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, así como los artículos 1 y 6 (obligación del Estado de prevenir y sancionar la tortura) y 8 (garantía de imparcialidad en los casos de denuncias sobre torturas) de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio del peticionario.
1. Pena de muerte. Derecho a la vida. Responsabilidad del Estado. Fuerzas de seguridad. Política criminal. Principio de legalidad.
“[E]n los casos excepcionales en los cuáles está permitido a los Estados la aplicación de la pena de muerte, tal posibilidad está sujeta a un conjunto de rigurosas limitaciones. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención Americana reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable sólo en condiciones excepcionales” (párr. 78).
“La Corte destaca que el artículo 4 incorpora una tendencia abolicionista de la pena de muerte que se refleja en su numeral segundo, el cual prohíbe que se extienda su aplicación ‘a delitos a los cuales no se la aplique actualmente’ y, según el numeral 3, ‘no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido’. La finalidad que se persigue es avanzar hacia una prohibición definitiva a esta modalidad de sanción penal, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse en los Estados que han suscrito la Convención Americana. De tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención Americana, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable. En esta materia la Convención apunta hacia una progresiva eliminación, al adoptar las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión total” (párr. 80).
“[L]a regulación en el Código Penal guatemalteco del delito de plagio o secuestro ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica a los autores de tal ilícito. Al respecto, estima pertinente recordar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que la obligatoriedad de la pena capital con la que se priva al sujeto de su derecho a la vida, impide considerar si, en las circunstancias particulares del caso, esta forma excepcional de castigo es compatible con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (párr. 87).
“La Corte, al igual que lo constató en el caso Raxcacó Reyes v. Guatemala, observa que el señalado artículo 201 del Código Penal, tal como estaba redactado, tenía como efecto someter a los acusados del delito de plagio o secuestro a procesos penales en los que no se consideran –en ninguna instancia– las circunstancias particulares del delito y del acusado, tales como los antecedentes penales de éste y de la víctima, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras consideraciones del autor y del delito. La Corte concluye que, efectivamente, cuando determinadas leyes obligan a imponer la pena de muerte de manera automática no se permite distinguir entre los distintos niveles de gravedad ni las circunstancias concretas del delito específico, lo cual sería incompatible con la limitación de la pena capital a los delitos más graves, tal y como así lo recoge el artículo 4.2 de la Convención” (párr. 88).
“[E]l artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por aquélla. Es necesario reafirmar que la obligación de adaptar la legislación interna sólo se satisface cuando efectivamente se realizan las reformas necesarias y adecuadas” (párr. 92).
“[L]a observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de garantizar las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra el mismo. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas” (párr. 100).
2. Derecho a la integridad personal. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Prueba. Prueba de peritos.
“[E]l artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física como psíquica y moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se ha reconocido que la prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional” (párr. 120).
"[L]a violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo y, por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos” (párr. 121).
“[L]a Corte analizará (i) la alegada responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la presunta tortura a la que fue sometido el señor Ruiz Fuentes tras su detención el 6 de agosto del 1997 para posteriormente (ii) analizar el sometimiento del señor Ruiz Fuentes al fenómeno del ‘corredor de la muerte’ y su compatibilidad con los estándares interamericanos” (párr. 122).
“[E]l tipo de lesiones que presentaba el señor Ruiz Fuentes tienen una compatibilidad mayor con el relato de los hechos que éste efectuó, en comparación con el relato de los hechos ofrecido por el Estado […]. A lo anterior se une la prueba que obra en el expediente con respecto a las amenazas realizadas al señor Ruiz Fuentes por miembros de la policía para que no denunciara los hechos […]. En consecuencia, la Corte considera acreditado que el señor Ruiz Fuentes sufrió serias lesiones en el contexto de su detención, esto es, cuando ya estaba bajo custodia del Estado” (párr. 126-128).
“[L]a Corte debe determinar a continuación si los referidos actos fueron actos constitutivos de tortura. A la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato: (i) es intencional; (ii) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y (iii) se cometa con cualquier fin o propósito” (párr. 129).
“[H]a quedado establecido que el señor Ruiz Fuentes fue objeto de numerosos golpes durante horas con el objetivo de obtener información sobre otros secuestros. [L]os golpes infligidos al señor Ruiz Fuentes fueron perpetrados de forma intencional y sostenida en el tiempo con el objetivo de obtener una información específica. Asimismo, de la prueba ofrecida, la Corte da por demostrada la gravedad e intensidad de los severos malos tratos físicos sufridos por el señor Ruiz Fuentes. En vista de las graves lesiones que presentaba, el señor Ruiz Fuentes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia […]” (párr. 130-131).
“[S]i bien la imposición de la pena se suspendió en virtud de la referida medida provisional, ésta no generó la certeza de que no se ejecutaría la pena en un futuro, por lo que la persona condenada continuaría a la expectativa con posibilidades reales de que ello sucediera” (párr. 133).
“A continuación corresponde a la Corte determinar si los hechos sufridos por el señor Ruiz Fuentes tras su condena a pena de muerte constituyeron, en este caso en concreto, un trato cruel, inhumano y degradante a la luz del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención” (párr. 134).
“Esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto del llamado ‘fenómeno del corredor de la muerte’ [casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros v. Trinidad y Tobago y Raxcacó Reyes v. Guatemala]. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos y algunos tribunales nacionales advierten que el llamado ‘corredor de la muerte’ causa una afectación al derecho a la integridad personal por la angustia en la que se encuentran las personas condenadas a muerte, situación, que genera traumas psicológicos por la manifestación presente y creciente de la ejecución de la pena máxima, por ende, es considerado como un trato cruel inhumano y degradante. [P]ara determinar la existencia de una violación a la integridad personal derivada del fenómeno del corredor de la muerte, es necesario analizar las circunstancias personales y particulares del caso para poder valorar si un determinado trato o pena alcanzó el nivel mínimo de gravedad para calificarse como cruel, inhumano o degradante” (párr. 135).
3. Pena de muerte. Debido proceso. Derecho de defensa. Doble conforme.
“[L]la forma en la que se impone una condena a pena de muerte puee constituir un factor que determine su incompatibilidad con lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. La Corte advierte que el señor Ruiz Fuentes fue condenado a la pena capital en el marco de un procedimiento penal en el que se produjeron patentes violaciones de los artículos 4.2 y 4.6 de la Convención, y en violación de varios preceptos relativos al debido proceso en el marco del procedimiento penal […]. La Corte considera que el proceso penal al que fue sometido el señor Ruiz Fuentes, cuyo resultado además fue la imposición de la pena de muerte, pudo producirle un profundo sufrimiento, angustia, ansiedad, frustración y estrés, del cual incluso pudo derivar algún tipo de trastorno por estrés post-traumático, tal y como ha sucedido en otros casos de personas condenadas a pena de muerte” (párr. 136).
“[L]os Estados [tienen el deber] de proteger a todas las personas, evitando los delitos, sancionar a los responsables de éstos y mantener el orden público, particularmente cuando se trata de hechos como los que dieron origen al proceso penal seguido contra el señor Ruíz Fuentes, que no solo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad, y merecen el más enérgico rechazo, más aún, cuando perjudican a niñas y niños. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción” (párr. 148).
“[E]l derecho a la defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena” (párr. 151).
“[E]s deber del Estado garantizar el ejercicio pleno y libre del derecho de defensa, independientemente de que la representación sea llevada cabo por un defensor público o privado. En el presente caso, la Corte observa que la razón por la cual la prueba aportada por el señor Ruiz Fuentes no fue admitida se debió a que el memorial respectivo carecía de firma y sello abogado defensor, lo que hizo que el documento no tuviera ninguna validez en aplicación de la legalidad procesal vigente al momento de los hechos” (párr. 152).
“La Corte recuerda que ‘contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa’, en los términos del artículo 8.2.c) del tratado, es una de ‘las garantías inherentes al derecho de defensa’. Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que pretende conseguir y demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo será contraria a la Convención” (párr. 154).
“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]’. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal” (párr. 157).
“[E]l artículo 8.2.h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz; es decir, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes, y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (párr. 158).
“El Tribunal observa que la respuesta brindada por la Corte de Apelaciones se limitó a rechazar lo alegado por el recurrente sin proceder a realizar ningún tipo de revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias ni de analizar los motivos específicos e individualizados argüidos por el señor Ruiz Fuentes en su recurso de apelación […]. En consecuencia, el Tribunal considera que la negativa por parte de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de revisar las cuestiones planteadas por la defensa del señor Ruiz Fuentes constituyó en el presente caso un hecho ilícito internacional en tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo establecido en el artículo 8.2.h) ” (párr. 166).
4. Tortura. Derecho a la integridad personal. Debida diligencia.
“[A] la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. En el presente caso, la Corte considera que el Estado de Guatemala no actuó con arreglo a esas previsiones” (párr. 170).
“[L]a obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST [Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura] que obligan al Estado a ‘toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción’, así como a ‘prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Convención, los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. De acuerdo a ello, la Corte ha considerado en varias oportunidades que cuando se produce una falta al deber de investigar alegados hechos de tortura, ello también implicaba una afectación a estos artículos de la CIPST” (párr. 173).
“[L]a falta de investigación oportuna de hechos tan graves evidencia un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la integridad personal, así como una denegación de justicia, que constituyó una violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y un incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del [peticionario]” (párr. 174).
“[E]l deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Además la investigación debe ser seria, objetiva y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos” (párr. 175).
“[L]la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una posible muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. Ha especificado este Tribunal que las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: (i) identificar a la víctima; (ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; (iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; (iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y (v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del delito, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” (párr. 178).
“[A] la luz de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, [La Corte] ha indicado que en aras de garantizar la efectividad de la investigación, se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma” (párr. 179).
“[L]as autopsias tienen como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. Estas deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, así como el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesión. En el presente caso, a título de ejemplo, la Corte destaca que en dicha autopsia: (i) no se tomaron fotografías ni vídeos desde el inicio del reconocimiento externo del cadáver, ni de reconocimiento interno; (ii) no se revisó la ropa, (iii) no se embaló la ropa para realizar pruebas para detectar restos de pólvora en la ropa y (iv) no se hizo referencia a la distancia probable de disparo. La Corte también destaca que no se siguió el protocolo de Naciones Unidas ‘Protocolo de Minnesota’ o ‘Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias’” (párr. 180).
“[La Corte] considera que el Estado omitió realizar un conjunto de actos de investigación idóneos e insustituibles, que resultaron contrarios a ‘pautas objetivas’ en el procesamiento del crimen. La Corte considera que las omisiones ocurridas en la investigación del presente caso han impedido que desde el día de la muerte del señor Ruiz Fuentes hasta la actualidad no se hayan podido esclarecer los hechos ni investigado de manera diligente, juzgado, y en su caso, sancionado a los posibles responsables de los hechos, pese a que han transcurrido desde el inicio de la investigación” (párr. 183).
5. Familia. Derecho a la integridad personal. Víctima.
“[L]os familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de ‘familiares directos’ u otras personas con vínculos estrechos con las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que aquéllos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos, tomando en cuenta, entre otros elementos, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar” (párr. 188).
PENA DE MUERTE; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; FUERZAS DE SEGURIDAD; POLÍTICA CRIMINAL; PRUEBA; PRUEBA DE PERITOS; RECURSOS; RECURSO DE APELACIÓN; REVISION JUDICIAL; ORDEN PÚBLICO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; DEBIDA DILIGENCIA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; PLAZO RAZONABLE; FAMILIA; VICTIMA;
Perrone y Preckel v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina no era responsable por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, pero sí por la violación de la garantía del plazo razonable prevista en el artículo 8.1 de la Convención.
1.     Acceso a la justicia. Reparación. Debido proceso. Recursos. Motivación.
“[L]a controversia en este apartado consiste en determinar si las presuntas víctimas tuvieron acceso a la justicia, a través de un recurso, con las debidas garantías judiciales, a fin de buscar una reparación de carácter individual” (párr. 113).
“Esta Corte ha reconocido, por un lado, que de existir mecanismos nacionales para determinar formas de reparación, esos procedimientos y [sus] resultados deben ser valorados [hay nota], ya que constituyen un esfuerzo por parte del Estado en dirección de un proceso colectivo de reparación y de paz social. Así también, destaca diversos documentos en el contexto internacional que reconocen expresamente el derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos de acceder a recursos y obtener reparaciones individuales; tales como la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder [hay nota], el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad [hay nota], y los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones [hay nota] (en adelante, ‘Principios Básicos’). En similar sentido, a lo establecido por esta Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la compatibilidad entre medidas colectivas e individuales [hay nota]” (párr. 116).
“En particular, esta Corte nota que en los hechos concretos de este caso, el beneficio específico que recibieron los peticionarios a través de la Ley 24.043, no fue un excluyente por parte de las autoridades para continuar con las vías judiciales que habían emprendido y se encontraban en proceso” (párr. 118).
“[E]l deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. Es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho a ser juzgado por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias [hay nota]. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad [hay nota]. Por ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar los derechos a un debido proceso y de acceso a la justicia, en relación con el artículo 25 de la Convención” (párr. 120).
“[L]os Estados tienen el deber de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Esto implica que el recurso judicial debe ser idóneo para combatir la violación, por lo que la autoridad competente debe examinar las razones invocadas por el demandante y pronunciarse en torno a ellas [hay nota]. En ese sentido, este Tribunal ha establecido que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial, no puede reducirse a una mera formalidad y omitir argumentos de las partes, ya que debe examinar sus razones y manifestarse sobre ellas conforme a los parámetros establecidos por la Convención Americana” (párr. 121).
“La Corte observa que tanto en el caso del señor Preckel como en el caso de la señora Perrone las decisiones judiciales que quedaron en firme desestimaron las solicitudes presentadas por las presuntas víctimas con base en la aplicación de la normativa interna que señalaba que no había lugar a percibir salarios por servicios no prestados. No obstante, a lo largo de los procesos judiciales el señor Preckel y la señora Perrone argumentaron de forma reiterada que la normativa interna autorizaba el pago de salarios y haberes laborales no percibidos en casos de fuerza mayor, y alegaron que su detención arbitraria (y el posterior exilio en el caso del señor Preckel) sería una causal de fuerza mayor y que por lo tanto estaba justificado el pago de los haberes dejados de percibir pese a que no habían laborado” (párr. 136).
“Sin entrar a determinar cuál era la tesis correcta a la luz del derecho interno, la Corte advierte que las decisiones judiciales que decidieron de forma definitiva las demandas presentadas por el señor Preckel y la señora Perrone motivaron de forma suficiente por qué no eran aplicable las excepciones que alegaban al principio establecido normativa y jurisprudencialmente de que no procede el pago de sueldo por funciones no prestadas” (párr. 137).
“Por lo tanto la Corte considera que tanto la Cámara de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia examinaron los hechos, alegatos y argumentos presentados por las partes sometidos a su conocimiento. En consecuencia las sentencias que quedaron en firme no incurrieron en la alegada falta de motivación” (párr. 138).
2.      Plazo razonable. Debido proceso. Razonabilidad. Actividad procesal del interesado. Duración del proceso. Complejidad del asunto. Prueba. Recursos.
“[L]a razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse [hay nota]. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable [hay nota], por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales [hay nota]” (párr. 141).
“Esta Corte recuerda que los cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada por la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 142).
“[P]ara estudiar la alegada violación de la garantía del plazo razonable, la Corte estima pertinente examinar la duración del procedimiento administrativo y del proceso judicial de forma conjunta, pues el trámite de la reclamación administrativa era un presupuesto necesario para acudir a la vía jurisdiccional como manifestaron las víctimas al presentar las demandas correspondientes antes el juez federal” (párr. 143).
“En cuanto a la complejidad del asunto, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios como la complejidad de la prueba, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto [hay nota]. En este sentido, en el presente caso no había pluralidad de víctimas, carecía de dificultades probatorias, y no requería llevar a cabo múltiples actuaciones administrativas o judiciales, lo que pudiera configurar un caso complejo en su propia integración. No obstante, según fue señalado por las autoridades administrativas, el caso no contaba con precedentes por sus implicaciones colectivas, lo que requirió la consulta de entidades internas [como, por ejemplo, la intervención de la Procuración Nacional del Tesoro], situación que pudo tornar compleja la resolución del asunto en un primer momento ante las autoridades administrativas. Sin perjuicio de lo anterior, ante las autoridades judiciales, el tema versaba principalmente sobre la interpretación de normas internas” (párr. 144).
DELITOS DE LESA HUMANIDAD; TRABAJO; FUERZA MAYOR; SALARIO; SEGURIDAD JURÍDICA; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; MOTIVACIÓN; REPARACIÓN; RECURSOS; PLAZO RAZONABLE; RAZONABILIDAD; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; DURACIÓN DEL PROCESO; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; PRUEBA;
Ozçelik, Karaman e IA v. TurquíaComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos consideró que Turquía era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud del artículo 9 (derecho a la libertad y a la seguridad personal) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1.  Personas privadas de la libertad. Arbitrariedad. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad. Orden público.  
“[L]a cuestión que el Comité debe determinar es si [la] privación de libertad es arbitraria […]” (párr. 9.3).
“En lo que se refiere a la suspensión de obligaciones que ha decretado el Estado parte en virtud del artículo 4 del Pacto, el Comité recuerda que un requisito fundamental de cualesquiera medidas que suspendan la aplicación de disposiciones del Pacto es que esas medidas se adopten en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, de conformidad con el principio de proporcionalidad. El Comité recuerda además que el solo hecho de que una suspensión permisible de la aplicación de una determinada disposición pueda de por sí justificarse por las exigencias de la situación no elimina el requisito de que deba mostrarse que las medidas concretas adoptadas como consecuencia de esa suspensión son también necesarias en razón de las exigencias de la situación. La garantía fundamental contra la reclusión arbitraria no es derogable, en la medida en que incluso las situaciones contempladas en el artículo 4 no pueden justificar una privación de libertad que no sea razonable o necesaria en esas circunstancias. La existencia y la naturaleza de una emergencia de un peligro público que amenace la vida de la nación pueden, no obstante, ser pertinentes para determinar si una detención o reclusión concreta es arbitraria” (párr. 9.2).
2.  Prisión preventiva. Arbitrariedad. Derecho a la información. Imputación. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad.
“[E]l concepto de ‘arbitrariedad’ deberá interpretarse de manera amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad, y que la reclusión preventiva por la imputación de un delito deberá ser razonable y necesaria en toda circunstancia” (párr. 9.3).
“[L]as personas detenidas con objeto de investigar los delitos que puedan haber cometido, o con objeto de retenerlas para que sean juzgadas por la vía penal, deberán ser inmediatamente informadas de los delitos que se sospecha han cometido o que se les imputan […]. [E]l Comité considera que el Estado parte no ha demostrado que los peticionarios fueran informados sin demora de los cargos que se les imputaban y de los motivos de su detención, como tampoco ha fundamentado que su privación de libertad cumpla los criterios de razonabilidad y necesidad. Recuerda que la suspensión de obligaciones en virtud del artículo 4 no puede justificar una privación de libertad que no sea razonable o necesaria. Por consiguiente, el Comité concluye que la detención de los peticionarios constituyó una vulneración de los derechos que los asisten en virtud del artículo 9, párrafos 1 y 2, del Pacto” (párr. 9.4).
3. Derecho de defensa. Derecho a ser oído. Control judicial. Principio de legalidad. Razonabilidad.
“[T]oda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. La finalidad de este derecho es que la reclusión de una persona en el marco de una investigación o proceso penal sea sometida a control judicial. Es inherente al correcto desempeño de la función judicial que la autoridad que la ejerza sea independiente, objetiva e imparcial en relación con las cuestiones de que se trate. En consecuencia, los fiscales no podrán ser considerados funcionarios que ejercen funciones judiciales en el sentido del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Si bien el significado exacto de ‘sin demora’ puede variar en función de circunstancias objetivas, los plazos no deberán exceder de unos pocos días desde el momento de la detención. Todo plazo superior a 48 horas deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas. El Comité observa que toda suspensión de este plazo en situaciones excepcionales debe estar justificada como estrictamente limitada a las exigencias de la situación. Una vez se haya hecho una determinación inicial de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe revisarse periódicamente para establecer si sigue siendo razonable y necesaria a la luz de las posibles alternativas” (párr. 9.6).
“[E]n el caso de los peticionarios, transcurrieron 11 días hasta que comparecieron ante un juez y que, en consecuencia, no fueron llevados sin demora ante un juez o un funcionario judicial […]. A juicio del Comité, no puede considerarse que tal demora y la no revisión de la necesidad y razonabilidad del mantenimiento de los peticionarios en prisión, especialmente teniendo en cuenta la conclusión del Comité respecto de las reclamaciones de los peticionarios en relación con el artículo 9, párrafos 1 y 2, sean estrictamente necesarias según las exigencias de la situación. Por consiguiente, el Comité considera que se han vulnerado los derechos que asisten a los peticionarios en virtud del artículo 9, párrafo 3, del Pacto” (párr. 9.7).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; ORDEN PÚBLICO; PRISIÓN PREVENTIVA; DERECHO A LA INFORMACIÓN; IMPUTABILIDAD; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO A SER OIDO; CONTROL JUDICIAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD;
STC 99-19Tribunal Constitucional de España
El Tribunal Constitucional estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, lo declaró inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una “situación estable de transexualidad”.
“La presente cuestión de inconstitucionalidad, […] aunque formalmente tiene por objeto el art. 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, realmente se circunscribe al inciso ‘mayor de edad’ contenido en el párrafo primero del apartado primero del mencionado precepto, es decir, a la exigencia de mayoría de edad de la persona para poder solicitar la rectificación de la mención de su sexo en el registro civil y, complementariamente, de su nombre en consonancia con ese cambio”.
“El fondo de este proceso constitucional requiere que el Tribunal decida si reservar al mayor de edad el derecho a rectificar la mención del sexo en la inscripción del registro civil, lo que en el sistema de la Ley 3/2017 conlleva de un modo inmediato el derecho al cambio registral del nombre (párrafo segundo del art. 1.1) [y si] constituye o no una restricción desproporcionada de alguna situación jurídica de la persona menor de edad que resulte garantizada por la Constitución Española”.
“Es constante la doctrina constitucional acerca de que el principio de proporcionalidad, como presupuesto de constitucionalidad de la ley, no opera en abstracto. El Tribunal ha insistido reiteradamente que dicho principio actúa únicamente por referencia a concretos derechos fundamentales (SSTC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 5, y 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3) o a específicos principios constitucionales [STC 60/2010, de 7 de octubre, FFJJ 7 y 8 b)], derechos y principios que serían los vulnerados en caso de que el legislador los restrinja de un modo desproporcionado”.
“En coherencia con este pronunciamiento repetido en la doctrina constitucional, la citada STC 60/2010 destacó que ‘la primera cuestión que debe ser analizada como presupuesto de la comprobación de la proporcionalidad de una medida [legal] es la de cuáles son los principios o derechos constitucionales cuyo contenido se ve restringido como consecuencia de su adopción, puesto que, en caso de que no se produjera una restricción de esa naturaleza, carecería de sentido la exigencia de que la norma fuera proporcionada’”.
“El primer bien jurídico de relevancia constitucional que el art. 1.1 de la Ley 3/2007 afecta es, y así se resalta en el auto de planteamiento, el principio constitucional que garantiza el libre desarrollo de la persona (art. 10.1 CE). En efecto, la norma impugnada habilita a la persona mayor transexual a rectificar la mención registral de su sexo, y correlativamente a cambiar la constancia registral de su nombre (párrafo segundo del art. 1.1) y a ‘ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición’ (art. 5.2). Con ello está permitiendo a la persona adoptar decisiones con eficacia jurídica sobre su identidad. La propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana. Establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad. Cualquiera que se vea obligado a vivir a la luz del Derecho conforme a una identidad distinta de la que le es propia sobrelleva un lastre que le condiciona de un modo muy notable en cuanto a la capacidad para conformar su personalidad característica y respecto a la posibilidad efectiva de entablar relaciones con otras personas”.
“Este nexo entre decidir sobre la identidad de uno mismo y el goce por la persona de autonomía para organizar su propia vida y sus relaciones personales es reconocido y afirmado por diversas instituciones de nuestro entorno jurídico, lo que muestra que sobre este vínculo existe un extendido consenso y así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia tiene un valor hermenéutico especial para este Tribunal, al abordar reclamaciones en que es relevante la situación de transexualidad alude expresamente a la protección del desarrollo personal y la pone en relación con ‘el derecho a establecer y consolidar relaciones con otros seres humanos y con el entorno que le rodea’ (por todas, STEDH YY v. Turquía, de 10 de marzo de 2015). En el mismo sentido el Tribunal ha destacado en numerosas ocasiones que el concepto de «vida privada» incluye no solo la integridad física y mental de la persona, sino que también puede en ocasiones comprender aspectos de la identidad física y social del individuo. Elementos tales como la identidad de género, el nombre, la orientación sexual y la vida sexual caen dentro de la esfera personal protegida por el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Esto ha conducido a reconocer, en el contexto de la aplicación de este principio a las personas transgénero, que ello implica un derecho a la autodeterminación, que la libertad de definir la propia identidad sexual es uno de los elementos esenciales más básicos y que el derecho de las personas transgénero a su desarrollo personal y a la seguridad física y moral está garantizado en el art. 8 (STEDH AP, Garçon y Nicot v. Francia, de 6 de abril de 2017)”.
“Si […] el derecho a obtener la rectificación registral de la mención del sexo que habilita la Ley 3/2007 se orienta a la realización del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), la limitación de su disfrute exclusivamente a favor de quien sea mayor de edad, restricción que aparece consignada en su art. 1 y que deja fuera del ámbito subjetivo de tal derecho a quienes no cumplan con ese requisito de edad, supone que a éstos se les priva de la eficacia de dicho principio constitucional en lo que se refiere a decidir acerca de la propia identidad”.
“Esta restricción […] es de un grado particularmente intenso porque condiciona una manifestación de primer orden de la persona y, consecuentemente, incide de un modo principal en su dignidad como tal individuo, cuya salvaguarda es la justificación última de un Estado constitucional como el establecido en la Constitución de 1978”.
“En conclusión, el precepto legal cuestionado, en la medida que no permite a quien no reúna el requisito de mayoría de edad decidir autónomamente acerca de un aspecto esencial de su identidad, tiene una incidencia restrictiva sobre los efectos que se derivan de la cláusula de libre desarrollo de la personalidad ex art. 10.1 CE”.
“Existe, considera este Tribunal, una conexión entre la norma impugnada y esta situación que subraya el auto de planteamiento [el hecho de que la norma impugnada incida en el derecho fundamental a la intimidad personal (18.1 CE) del menor transexual, pues le expone al conocimiento público de su condición de transexual cada vez que ha de identificarse en el ámbito escolar, de relaciones con las administraciones públicas, etc.]. En realidad, excluir al menor transexual de la opción de instar la rectificación de la mención de sexo en el registro, y del correlativo cambio de nombre, tiene un efecto reflejo en el sexo y nombre que aparecen en sus documentos oficiales, y en general condiciona todas y cada una de las acciones en que la persona tiene que identificarse”.
“El Tribunal […] aprecia que la falta de equivalencia entre el sexo atribuido al nacer, que es el que accede originariamente al registro civil, y el que un individuo percibe como suyo es una de esas circunstancias particularmente relevantes que la persona tiene derecho a proteger del conocimiento ajeno. Ello se debe a que esa reserva constituye un medio eficaz de que aparezca como único y verdadero sexo el segundo de ellos –el percibido por el sujeto– y, en consecuencia, no transcienda al conocimiento público su condición de transexual.
“Se desprende de todo lo anterior que la norma impugnada también afecta a la intimidad personal ex art. 18.1 CE, a lo que debe añadirse que se trata de una profunda intromisión en ese derecho fundamental ya que se refiere a una circunstancia relativa al círculo más interno de la persona”.
“Es abundante el acervo doctrinal (por todas, STC 183/2008, de 22 de diciembre, FJ 5) que afirma, como ‘parte del contenido esencial del art. 24.1 CE’, el derecho de cualquier menor, con capacidad y madurez suficiente, a ser oído en vía judicial en la adopción de medidas que afectan a su esfera personal, y que añade que «con mayor razón, y por ser en muchos casos su presupuesto lógico, también forma parte del contenido esencial del art. 24.1 CE que se posibilite a cualquier menor, con capacidad y madurez suficiente, instar de los órganos judiciales, en cualquier orden jurisdiccional, la defensa de intereses que afecten a su esfera personal, incluso contra la voluntad de quienes ejerzan su representación legal’”.
“Más ajustada a las cuestiones que se suscitan en este proceso —por tratarse de derechos de libertad y no de prestación como es el derecho a la tutela judicial efectiva— resulta la STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5, cuando afirma que ‘desde la perspectiva del art. 16 CE los menores de edad son titulares plenos de sus derechos fundamentales, en este caso, de sus derechos a la libertad de creencias y a su integridad moral, sin que el ejercicio de los mismos y la facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia o, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su capacidad de obrar”.
“La primera parte del canon de enjuiciamiento de este proceso exige comprobar que la exclusión de los menores de edad de la rectificación de la mención registral del sexo persigue preservar algún bien o interés constitucionalmente legítimo de suficiente relevancia. La vulneración de la proporcionalidad –ha señalado este Tribunal– podría declararse ya en un primer momento del análisis «si el sacrificio de la libertad que impone la norma persigue la prevención de bienes o intereses no solo, por supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también, socialmente irrelevantes (STC 55/1996, FJ 7)”.
“[E]l Tribunal ha admitido expresamente que el art. 39 CE incorpora un mandato dirigido a los poderes públicos para que atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, estableciendo regímenes especiales de tutela allí donde el legislador, dentro del amplio margen que enmarca la Constitución, lo considere necesario. […] Por su parte, la STC 141/2000, FJ 5, declaró que ‘el estatuto del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos, que constituye un legítimo límite a la libertad de manifestación de las propias creencias mediante su exposición a terceros, incluso de sus progenitores’. Y la misma sentencia, líneas más arriba, había precisado que ‘[las] libertades y derechos de unos y otros […] deberán ser ponderados teniendo siempre presente el ‘interés superior’ de los menores de edad (arts. 15 y 16.1 CE en relación con el art. 39 CE)’. En la misma línea de las dos sentencias anteriormente referidas, la STC 64/2019 ha declarado que el interés superior del menor de edad es un objetivo constitucionalmente legítimo que puede justificar límites al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.
“[E]l interés superior del menor inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es, considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales”.
“Debe precisarse, adicionalmente, que no se opone a esta apreciación del Tribunal que en este caso la restricción del principio o derecho constitucional –la exclusión del menor transexual de la rectificación registral de la mención de sexo– se apoye en lograr un beneficio para los mismos sujetos que sufren la limitación. No lo es, en primer lugar, porque se asienta en el mandato constitucional dirigido a todos los poderes públicos de dispensar una protección especial a los menores de edad. De otro lado, la propia doctrina constitucional ya ha admitido que otras manifestaciones del agere licere de la persona, que hunden igualmente sus raíces en la cláusula de libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) y en la tutela dispensada por concretos derechos fundamentales (art. 16 CE), puedan ser objeto de limitación en aras de procurar la protección de la misma persona que sufre la restricción (entre otras, las citadas SSTC 120/1990, de 27 de junio, y 60/2010, de 7 de octubre)”.
“La segunda parte del canon de enjuiciamiento de este proceso requiere verificar si la norma legal restrictiva de derechos y principios constitucionales –la exclusión de los menores de edad de la rectificación de la mención registral del sexo– se orienta de un modo proporcionado al bien jurídico constitucional que la justifica –la tutela privilegiada de los menores de edad como categoría de personas necesitadas de especial protección–, lo que sucederá únicamente si la medida restrictiva que incorpora es adecuada (a), necesaria (b) y proporcionada en sentido estricto (FJ 9).
“El contenido normativo del art. 1.1 de la Ley 3/2007 ocasiona a los sujetos excluidos del cambio de la mención registral del sexo restricciones muy notables en los bienes jurídicos constitucionales ya indicados. Estas limitaciones, que en sí mismas revisten enorme intensidad y se proyectan sobre bienes constitucionales de la mayor transcendencia, se manifiestan de un modo agravado cuando el menor de edad presenta una «madurez suficiente», en tanto que resulta inevitable reconocerle una mayor necesidad de tutela de su intimidad personal y del espacio de decisión que le habilita para desarrollar libremente los rasgos de su personalidad”.
“La restricción legal que enjuiciamos, sin embargo, no solo da lugar a inconvenientes para ciertos principios y derechos constitucionales. Conlleva, por otro lado, determinados beneficios importantes para otros bienes jurídicos también de relevancia constitucional, ya que mediante esta restricción legal el legislador despliega la protección especial de los menores de edad que le incumbe en virtud del mandato derivado del art. 39 CE. Estos beneficios, cuya relevancia este Tribunal no desdeña, se relativizan paulatinamente según se avanza hacia la mayor edad por dos motivos. De un lado, a medida que cumple años el menor de edad adquiere mayores grados de entendimiento y, por tanto, disminuyen las necesidades específicas de protección, como se desprende de la regulación que hace el Código civil de la emancipación del menor de edad (arts. 314 y ss.). De otro lado, como argumenta el auto de planteamiento, el riesgo de remisión de las manifestaciones de transexualidad merma cuando la persona se aproxima a la edad adulta”.
“Consecuentemente, el Tribunal aprecia que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’, circunstancias que se valoran en los requisitos previstos en el art. 4 y que no han sido cuestionados en el auto de planteamiento, representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Mientras tanto, por el contrario, en estos casos se incrementan notablemente los perjuicios para su derecho a la intimidad personal y para el principio que le garantiza un espacio de libertad en la conformación de su identidad. En estas circunstancias, además, los perjuicios que estamos considerando se revelan de mayor intensidad por tratarse de una norma automática y que no contempla régimen intermedio alguno –i.e. cambio de nombre, pero no de sexo– para las situaciones de transición”.
“De este modo, el art. 1.1 de la Ley 3/2007, en la medida que se aplica también a los supuestos normativos indicados en el auto de planteamiento, sin habilitar un cauce de individualización de aquellos menores de edad con ‘suficiente madurez’ y en una ’situación estable de transexualidad’ y sin prever un tratamiento específico para estos supuestos, constituye una medida legal que restringe los principios y derechos constitucionales que venimos considerando de un modo desproporcionado, dado que los perjuicios para los mismos claramente sobrepasan las menores necesidades de tutela especial que se manifiestan en estas categorías específicas de menores de edad, por lo que procede declarar su inconstitucionalidad”.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD; LGBTIQ; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; REGISTRO CIVIL; NOMBRE; MAYORÍA DE EDAD; GÉNERO; VULNERABILIDAD; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; IDENTIDAD DE GÉNERO; DERECHOS SEXUALES; ORIENTACIÓN SEXUAL; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Observación General Nº 24Comité de los Derechos del Niño - CRC
1. Niños, niñas y adolescentes. Derecho penal juvenil. Culpabilidad. Vulnerabilidad.
"Los niños, niñas y adolescentes se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico como psicológico. Estas diferencias constituyen la base para el reconocimiento de una reducción en la culpabilidad penal y para desarrollar un sistema diferenciado que logre un enfoque individual. Se encuentra demostrado que la exposición al sistema de justicia penal causa daño a los niños y limita sus posibilidades de devenir en adultos responsables" (cfr. párr. 2).
"La prevención y la intervención temprana debe enfocarse en el apoyo de las familias, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad o contextos de violencia. El apoyo debe ser provisto a niños en riesgo, sobre todo quienes dejaron de asistir a la escuela, fueron excluidos o por algún otro motivo no completaron su educación [...]. Los Estados parte también deben desarrollar servicios de base comunitaria y programas que respondan a las necesidades específicas, los problemas, las preocupaciones y los intereses de los niños, y que provean asesoramiento a sus familias" (cfr. párr. 9).
"Un sistema orientado a la prevención también incluye la reducción del sistema de justicia penal a través de la despenalización de determinadas conductas de niños, como la deserción escolar, el pedir limosna o contravenciones que suelen ser resultado de la pobreza, la situación de calle o contextos de violencia familiar. Los niños y niñas también son víctimas de explotación sexual y los jóvenes que se relacionan entre sí y mantienen relaciones sexuales consensuadas a veces también son criminalizados" (cfr. párr. 12).
2. Derecho penal juvenil. Imputabilidad.
"Cuando los procesos judiciales son iniciados por una autoridad competente, los principios de juicio justo son aplicables [...]. El sistema de justicia juvenil debe ofrecer oportunidades amplias a fin de aplicar medidas sociales y educativas, y limitar estrictamente la privación de libertad desde el arresto, durante el proceso y en la condena" (cfr. párr. 19).
"Los niñas y niñas que se encuentran por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal al momento del hecho no pueden ser penalmente imputados. Aquellos que sí se sitúan por encima de la edad mínima al momento del hecho, pero son menores de dieciocho años, pueden ser imputados a través de las normas del derecho penal juvenil, en un régimen totalmente concordante con la Convención. El Comité reitera a los Estados parte que la edad relevante para la imputación es la edad al momento del hecho" (cfr. párr. 20).
"[E]l Comité destaca a los Estados que disponen una edad mínima de imputabilidad superior [a los catorce años], por ejemplo de quince o dieciséis, y sostiene que los Estados parte no deben reducir su mínimo bajo ninguna circunstancia, de acuerdo con el artículo 41 de la Convención" (cfr. párr. 22).
"[R]econoce que más allá de que la regulación de la edad mínima para la responsabilidad penal en una edad superior es importante, un abordaje efectivo también depende de la manera en que el Estado trabaja con los niños por encima y por debajo de esa edad [...]. Los niñas y las niñas bajo el mínimo de la edad establecida deben contar con asistencia y servicios acordes a sus necesidades, brindados por autoridades apropiadas y no deben ser considerados como jóvenes que cometieron delitos" (cfr. párr. 23).
"Los sistemas de justicia para niños y niñas deben proteger a aquellos jóvenes que se encuentran por debajo de los dieciocho años al momento de cometer el hecho imputado, como también a quienes alcanzan la mayoría de edad durante el juicio o la ejecución de la sentencia" (cfr. párr. 31).
"El Comité destaca a los Estados parte que aplican como regla general, o de modo excepcional, la justicia juvenil a personas de dieciocho años e incluso mayores. Este enfoque concuerda con las investigaciones de desarrollo y neurociencia que demuestran la continua evolución del cerebro hasta los primeros años posteriores a los veinte" (cfr. párr. 32)
3. Niños, niñas y adolescentes. Garantía de imparcialidad. Prueba. Carga de la prueba. Ministerio Público Fiscal. Principio de inocencia. In dubio pro reo.
"El artículo 40 (2) de la Convención contiene una lista importante de derechos y garantías destinada a asegurar que cada niño reciba un trato y un juicio justo [...]. El Comité señala que la capacitación continua y sistemática es crucial para sostener tales garantías. Los profesionales deben estar capacitados para trabajar en grupos interdisciplinarios y deben ser informados acerca del desarrollo físico, psicológico, mental y social de los niños, niñas y adolescentes, así como acerca de las necesidades especiales de la mayoría de los niños marginados" (cfr. párr. 38-39).
"La presunción de inocencia exige que la carga de la prueba se encuentre en cabeza del acusador, más allá de la naturaleza del delito. El niño tiene el beneficio de la duda y sólo resulta culpable cuando el representante del Ministerio Público Fiscal haya probado su acusación más allá de toda duda razonable. Las conductas sospechosas de los niños no deben llevar a una declaración de culpabilidad, ya que esta se puede deber a una falta de entendimiento sobre el proceso, de madurez, o relacionarse con un sentimiento de miedo u otro motivo" (cfr. párr. 43).
4. Niños, niñas y adolescentes. Debido proceso. Derecho de defensa. Derecho a ser oído.
"Los niños tienen el derecho a ser oídos de manera directa en todas las instancias del proceso y no necesariamente a través de un representante. El niño tiene derecho a permanecer en silencio y ninguna inferencia adversa debe tener lugar si decide no declarar" (cfr. párr. 45).
"Para participar del proceso de manera efectiva, un niño necesita ser asistido por todos los actores intervinientes a fin de que comprenda las acusaciones, las posibles consecuencias [...], interrogue testigos, ofrezca una versión de los hechos e intervenga en la discusión de las medidas a imponerse. Los procesos deben desarrollarse en un lenguaje que el niño comprenda en su totalidad o debe tener acceso gratuito a un intérprete" (cfr. párr. 46).
"Los Estados deben asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes cuenten con asistencia legal u otro tipo de asistencia desde el comienzo del proceso, en la preparación y la presentación de la defensa, y hasta que todas las apelaciones sean realizadas o las vías alternativas agotadas" (cfr. párr. 49).
"El Comité reitera que el tiempo entre el hecho investigado y el final del proceso debe ser lo más corto posible. A mayor duración del proceso, más se aleja el resultado de la respuesta deseada [...]. Los límites temporales deben ser más cortos que aquellos establecidos para las personas adultas, sin embargo se deben respetar todas las garantías fundamentales" (cfr. párr. 54 y 55).
5. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Autoincriminación. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Coacción
"Los Estados tienen que asegurar que los niños no sean obligados a declarar, confesar o reconocer la culpabilidad. Los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a fin de que admitan la participación en el hecho o confiesen la culpabilidad, constituyen una grave violación de los derechos del niño (Convención de los Derechos del Niño, artículo 37 a). Cualquier confesión o reconocimiento de la culpabilidad es inadmisible como prueba (Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 15)" (cfr. párr. 58).
"La coacción que conlleva una confesión o auto-incriminación está prohibida. El término ‘coaccionar’ debe ser interpretado en término amplio y no limitarse a la fuerza física. El riesgo de confesiones falsas se incrementa según la edad de los niños, niñas y adolescentes y su desarrollo, la falta de entendimiento, el miedo o el desconocimiento de las consecuencias, incluida la posibilidad de detención inducida por algún agente interviniente, así como la duración y las circunstancias de los interrogatorios" (cfr. párr. 59).
6. Recursos. Doble conforme.
"Los niños tienen derecho a que las decisiones que declaren su culpabilidad sean revisadas por un tribunal superior competente, independiente e imparcial. Este derecho a la revisión de sentencias no se limita a los delitos graves. Los Estados parte deben considerar la posibilidad de introducir medidas automáticas de revisión, en particular en casos que impliquen el registro de antecedentes penales o la privación de la libertad" (cfr. párr. 62).
7. Pena. Determinación de la pena. Principio de proporcionalidad.
"El Comité señala que la respuesta a un delito siempre debe ser proporcional, no sólo a las circunstancias y la gravedad del hecho, sino también a las circunstancias personales (edad, menor culpabilidad, circunstancias y necesidades, incluidas, si es apropiada, la salud mental del niño) […]. Un abordaje estrictamente punitivo no es acorde a los principios del derecho penal juvenil que indica el artículo 40 (1) de la Convención. Cuando los delitos graves son cometidos por niños, se deben considerar medidas proporcionales a las circunstancias del imputado y la gravedad. También se deben evaluar las necesidades para la seguridad pública […]. Siempre es prioritario el interés superior del niño como consideración primordial junto a la necesidad de promover la reintegración del niño a la sociedad” (cfr. párr. 76).
8. Niños, niñas y adolescentes. Pena. Prisión perpetua. Reinserción social.
“Ningún niño, niña o adolescente menor a los dieciocho años de edad al momento del hecho debe ser condenado a una pena de prisión perpetua sin posibilidad de acceder a institutos de libertad anticipada. El período previo a la solicitud de liberación debe ser sustancialmente menor al de los adultos […]. El Comité recuerda que los Estados parte que condenan a los niños a penas de prisión perpetua en estas condiciones deben esforzarse por alcanzar los principios establecidos en el artículo 40 (1) de la Convención. Esto significa, inter alia, que un niño condenado a una pena de prisión perpetua debe recibir educación, tratamiento y cuidado al momento de su liberación, reintegración […]” (cfr. párr. 81).
9. Niños, niñas y adolescentes. Prisión. Condiciones de detención. Interés superior del niño.
“Un niño, niña o adolescente privado de su libertad no debe ser alojado en una cárcel para adultos ya que existen demasiadas pruebas de que compromete su salud, las seguridades básicas y la posibilidad de reintegrarse en el futuro. El permiso excepcional a este principio que se encuentra establecido en el artículo 37 (c) de la Convención –‘a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño’– debe ser interpretación estrictamente y no se deben anular los intereses de los niños por la mera conveniencia de los Estados” (cfr. párr. 92).
“La regla antedicha no significa que un niño alojado en un establecimiento para jóvenes deba ser trasladado a un establecimiento de personas adultas inmediatamente después de que él o ella alcance los dieciocho años. Su permanencia en el centro de niños, niñas y adolescentes debe tener lugar en línea con su interés superior y sin contrariar el del resto de los niños del lugar” (cfr. párr. 93).
“Todo niño, niña y adolescente privado de su libertad tiene derecho a mantener contacto con su familia a través de correspondencia y visitas. Para facilitar las visitas, deben ser alojados en establecimientos lo más cercano posibles al lugar de residencia de sus familias” (cfr. párr. 94).
10. Pueblos indígenas. Costumbre. No discriminación. Justicia restaurativa.
“Está emergiendo un consenso sobre las reformas de justicia que atienden a los sistemas [no formales, de costumbres, pueblos indígenas o áreas distintas a la penal]. Teniendo en cuenta la tensión entre la justicia estatal y no estatal, además de las preocupaciones sobre los derechos procesales y los riesgos de discriminación, las reformas deben realizarse por etapas, con una metodología que implique una comprensión integral de los sistemas en cuestión y que resulte aceptable para todas las partes interesadas” (cfr. párr. 103).
“Los principios de la Convención deberían integrarse a todo mecanismo de justicia que se ocupe de los niños, y los Estados parte deberían garantizar que la Convención se conozca y se aplique. Las respuestas de la justicia restaurativa se pueden alcanzar a través de los sistemas de justicia consuetudinarios, indígenas u otros no estatales, y pueden brindar la oportunidad de aprender sobre el sistema formal de justicia juvenil” (cfr. párr. 104).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO PENAL JUVENIL; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO A SER OIDO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; DETERMINACIÓN DE LA PENA; CULPABILIDAD; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; AUTOINCRIMINACIÓN; TORTURA; DECLARACIÓN INDAGATORIA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; COACCIÓN; RECURSOS; DOBLE CONFORME; PENA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRISIÓN PERPETUA; REINSERCIÓN SOCIAL; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PUEBLOS INDÍGENAS; COSTUMBRE; NO DISCRIMINACIÓN; JUSTICIA RESTAURATIVA; PLAZO RAZONABLE;
Observaciones finales sobre Argentina (CMW)Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares - CMW
Entre sus conclusiones, el Comité señaló que el Estado argentino debe adoptar medidas inmediatas para derogar, en la instancia pertinente, el Decreto Nº 70/2017 y garantizar el respeto de las garantías procesales a las personas migrantes en pie de igualdad con los nacionales del Estado. A su vez, sostuvo que se deben resolver las cuestiones de índole administrativo sin afectar al trabajador migrante y su familia.
Por otra parte, recomendó que el Estado facilite la labor de la Defensoría General de la Nación para llevar a cabo eficazmente la promoción y protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares con arreglo a la Convención, y otorgue sin excepción, defensores independientes a los niños y niñas hijos de trabajadores migrantes, cuando sus padres o tutores están en un proceso administrativo y/o judicial. Asimismo, consideró que corresponde sancionar a quienes realicen declaraciones xenófobas que atenten o menoscaben la dignidad de las personas migrantes, tanto en el discurso político, en los mensajes de las autoridades, como en los contenidos de los medios de comunicación. Entre sus recomendaciones finales, también destacó la necesidad de investigar, enjuiciar y sancionar con prontitud e imparcialidad todos los actos de trata de personas.
1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Reforma legal. Decreto.
“El Comité expresa su profunda preocupación por la promulgación y aplicación del Decreto Nº 70/2017, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018, que la misma sentencia incluye un control de convencionalidad y cumplimiento de obligaciones internacionales que tampoco cumple dicho Decreto y así como a pesar de que tanto este Comité como el Comité de los Derechos del Niño y el Comité Contra la Tortura han recomendado su derogatoria y la mención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales motivando al Estado parte a eliminar las barreras de acceso a los derechos económicos sociales y culturales y facilitar la regularización migratoria de la población migrante. El Comité toma nota de la explicación del Estado parte de que todavía está pendiente en la Corte Suprema una decisión judicial definitiva sobre su inconstitucionalidad. Sin embargo, le preocupan gravemente las consecuencias de la aplicación del procedimiento sumario de expulsión creado por el Decreto, y en particular por estar opuesto al contenido de la Convención, lo siguiente:
a) La limitación del recurso único ante la Dirección Nacional de Migración, que concentra poderes para resolver todos los casos de faltas administrativas migratorias;
b) El proceso de notificación y la poca fiabilidad de su entrega, que es aceptada como válida sin la firma de la parte afectada;
c) La reducción a tres días hábiles para presentar un recurso de revisión judicial, ante un único organismo como es la Comisión de Migración;
d) La posibilidad de ejecutar la orden de expulsión sin un protocolo para garantizar los derechos humanos del trabajador migrante y su familia, una vez que la apelación administrativa sea definitiva o se haya denegado;
e) La posibilidad de detener a una persona desde el inicio del procedimiento sumario de expulsión hasta su conclusión, sin considerar que ninguna persona puede ser privada de libertad por su situación migratoria;
f) El requisito de que las personas sujetas a expulsión demuestren sin lugar a dudas que carecen de recursos económicos para tener derecho a la asistencia letrada gratuita;
g) El ejercicio del derecho a la unidad familiar está sujeto a la prueba de la convivencia familiar y al ‘interés económico y afectivo demostrado por el migrante’, determinado por las autoridades administrativas (artículos 29 y 62 del Decreto)” (párr. 10).
2. Derecho de defensa. Expulsión de extranjeros. Niños, niñas y adolescentes. Reforma legal. Decreto. Debido proceso. Acceso a la justicia.
“Preocupa al Comité que la Defensoría General de la Nación no pueda ejercer su mandato de promover los derechos de los trabajadores migratorios. También preocupa al Comité que se haya suspendido la asistencia legal de los defensores públicos en los procesos migratorios y particularmente en la expulsión de personas migrantes. El Comité considera muy grave la falta de patrocinio y representación legal independiente de los niños y niñas argentinos en particular y menores de edad de otras nacionalidades, que se ven involucrados en las expulsiones forzosas de sus padres o tutores” (párr. 22).
“El Comité expresa su profunda preocupación por los aspectos discriminatorios y regresivos en materia de derechos que se ha aplicado en virtud del Decreto Nº 70/2017, en particular en lo que respecta a las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de trato y la libertad de circulación. Al Comité le preocupa seriamente que el decreto haya creado un procedimiento sumario ‘acelerado’, aplicable a las personas que son objeto de una orden de expulsión, que provoca indefensión, y da un carácter únicamente administrativo a las decisiones de permanencia o expulsión que afectan la vida y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias” (párr. 30).
3. Migrantes. No discriminación. Funcionarios públicos. Medios de comunicación.
“El Comité toma nota de la labor realizada por El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, incluidas las campañas de sensibilización con enfoque a los derechos de las personas de ascendencia africana, los pueblos indígenas y los trabajadores migratorios. Sin embargo, preocupan al Comité los constantes mensajes que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad, tanto entre las autoridades como en los medios de comunicación” (párr. 28).
4. Migrantes en situación irregular. Derecho al trabajo. Fuerzas de seguridad. Violencia. LGBTIQ.
“Preocupa al Comité que la definición de trabajador migratorio que figura en la legislación del Estado parte no incluya a las personas que trabajan por cuenta propia, a menos que procedan de un Estado miembro del MERCOSUR, siendo que la mayor parte de trabajadores informales son africanos” (párr. 14).
“[P]reocupan los informes de que grupos de trabajadores migrantes, incluidos los vendedores ambulantes (‘los manteros’), en particular aquellos de origen senegalés o haitiano, los trabajadores de la industria textil, las mujeres que ejercen la prostitución y los trabajadores migrantes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales son objetos de violencia y acoso por parte de la policía. Preocupa también al Comité la aplicación de medidas punitivas a los migrantes que son vendedores informales y la falta de opciones para su regularización migratoria, siendo además víctimas de abuso de las autoridades por no contar con documentos migratorios” (párr. 32).
5. Migrantes. Trata de personas. Víctima.
“El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado parte por promover y proteger los derechos de los trabajadores migratorios en el Estado parte, en particular con respecto a la trata de personas, tanto en el plano legislativo como en el institucional” (párr. 6).
“[P]reocupa al Comité la información según la cual los trabajadores migratorios, en particular los que se encuentran en situación irregular, siguen siendo objeto de trabajo forzoso, abuso y explotación. Preocupa especialmente al Comité que los trabajadores de la industria textil, muchos de los cuales proceden de Bolivia, estén empleados sin contrato escrito, trabajen muchas horas y a menudo vivan con sus hijos en el lugar de trabajo” (párr. 36).
“El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la Ley Nº 26842 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, así como la creación del Programa nacional de rescate y acompañamiento de personas afectadas por el delito de trata. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por el escaso número de condenas por trata de personas, en particular con fines de explotación sexual. Preocupan además al Comité las denuncias de complicidad oficial o de funcionarios en los delitos de trata” (párr. 50).
6. Migrantes. Derecho a la salud.
“[A]l Comité le preocupan los informes sobre los persistentes problemas de acceso a los servicios de salud para los migrantes en situación irregular y los informes de que algunos hospitales han denunciado a los migrantes en situación irregular ante las autoridades de migración y además se les habría denegado una atención de salud adecuada” (párr. 42).
MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; REFORMA LEGAL; DECRETO; RECURSOS; PLAZO RAZONABLE; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; DERECHO AL TRABAJO; DERECHO DE DEFENSA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NO DISCRIMINACIÓN; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; FUERZAS DE SEGURIDAD; VIOLENCIA; LGBTIQ; DERECHO A LA SALUD; TRATA DE PERSONAS; VICTIMA;
SL v. BulgariaComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que Bulgaria violó los artículos 2 a) a c), y e) a g) (no discriminación, derecho a la igualdad, ajustes razonables y protección jurídica), el artículo 5 a) (funciones estereotipadas y prejuicios) y el artículo 16 1) c), g) y h)  (Igualdad en los derechos y responsabilidades en el matrimonio, protección de la familia) de la Convención, leídos junto con el artículo 1 y las Recomendaciones Generales del Comité núm. 19 (sobre la violencia contra la mujer), 21 (sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares) y 35 (sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19).
1. Género. Violencia familiar. Violencia doméstica. Violencia de género. Debida diligencia. No discriminación. Responsabilidad del Estado. Estereotipos de género.
“El Comité considera que la esencia de la presente comunicación es la denuncia de la autora de que el Estado parte no la ha protegido de manera efectiva contra la violencia doméstica, en contravención del artículo 2 a) a c) y e) a g), el artículo 5 a) y el artículo 16 1) c), g) y h), leídos junto con el artículo 1 de la Convención” (párr. 7.2).
“El Comité recuerda su recomendación general núm. 19 y su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, según las cuales la violencia de género y la violencia doméstica, que menoscaban o anulan el goce, por parte de las mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales que se les reconocen en el derecho internacional o en los diversos convenios de derechos humanos, constituyen discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. En virtud de la obligación de diligencia debida, sobre todo en la esfera privada, los Estados partes deben adoptar y aplicar medidas constitucionales y legislativas para hacer frente a la violencia de género contra la mujer cometida por agentes no estatales, también en la esfera privada y, en particular, cuando se trate de violencia doméstica, lo que comprende contar con leyes, instituciones y un sistema para abordar dicha violencia y garantizar que funcionen de manera eficaz en la práctica y que cuenten con el apoyo de todos los agentes y órganos del Estado, que tiene que hacer cumplir las leyes con diligencia. El hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las víctimas y supervivientes de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia de género contra la mujer. Tales fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos humanos. El hecho de no afrontar eficazmente la violencia de género y la violencia doméstica es perjudicial para la sociedad, y en particular para las mujeres y los niños” (párr. 7.3).
“El Comité abordó conjuntamente los artículos 5 y 16 en sus recomendaciones generales núms. 19, 21 y 35; subrayó que las disposiciones de las recomendaciones generales núms. 19 y 35, relativas a la violencia contra la mujer, eran de gran importancia para que la mujer pudiera disfrutar de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad con los hombres. En numerosas ocasiones, ha señalado que las actitudes tradicionales por las que se considera que las mujeres están subordinadas a los hombres contribuyen a la violencia contra ellas. El Comité subraya que la plena aplicación de la Convención requiere que los Estados partes no solo adopten medidas para eliminar la discriminación directa e indirecta y mejorar la situación de facto de la mujer, sino también para modificar y transformar los estereotipos de género, que constituyen tanto una causa fundamental como una consecuencia de la discriminación contra las mujeres. Los estereotipos de género se reproducen por diversos medios e instituciones, como son las leyes y los ordenamientos jurídicos, y pueden ser perpetuados por agentes estatales de todas las esferas y todos los niveles de la administración, así como por agentes privados” (párr. 7.4).
2. Género. Familia. Garantía de imparcialidad. Acceso a la justicia. Derecho a la vida privada y familiar. Estereotipos de género. Violencia de género. Debida diligencia.
“[E]n virtud de los artículos 2 y 5, el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas apropiadas para modificar o abolir no solamente las leyes y los reglamentos vigentes, sino también los usos y las prácticas que constituyan discriminación contra las mujeres, al tiempo que, según el artículo 16 1), deberá adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. En ese sentido, el Comité destaca que los estereotipos afectan al derecho de las mujeres a un juicio imparcial y que la judicatura debe tener cuidado de no establecer normas inflexibles basándose en ideas preconcebidas sobre lo que constituye violencia doméstica o por razón de género, como se señala en su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia” (párr. 7.5).
“[E]l cumplimiento por el Estado parte de las obligaciones de erradicar los estereotipos de género contraídas en virtud del artículo 2 a) a c) y e) a g) y el artículo 5 a) de la Convención, leídos junto con el artículo 16 1 c), g) y h), debe evaluarse teniendo en cuenta el grado de sensibilidad a las cuestiones de género demostrado en la tramitación de la causa de la autora por las autoridades. Por eso, en cuanto a la afirmación de la autora de que las decisiones de las autoridades se basaron en estereotipos de género, el Comité reafirma que la Convención impone obligaciones de diligencia debida a todas las instituciones estatales y que los Estados partes pueden ser considerados responsables de las decisiones judiciales que infrinjan disposiciones de la Convención” (párr. 7.6).
“El Comité observa que el Estado parte ha adoptado medidas de protección contra la violencia de género y la violencia doméstica, incluidas las previstas en la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar. Sin embargo, para que la autora pueda disfrutar de la aplicación eficaz del principio de igualdad entre las mujeres y los hombres y de los derechos humanos y las libertades fundamentales que la asisten, es necesario que todos los actores estatales, incluidos los tribunales, que están vinculados por las obligaciones del Estado parte apoyen la voluntad política expresada en esas medidas y esa ley” (párr. 7.7).
3. Género. Vulnerabilidad. Recursos. Acceso a la justicia. Reforma legal.
“El Comité señala, asimismo, que el hecho de que Estado parte no haya modificado el artículo 10 1) de la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar afectó directamente a la posibilidad de que la autora pudiera reclamar justicia y acceder a recursos y protección efectivos. El Comité señala que, en el caso presente, el hecho de que el Estado parte no haya modificado el artículo en cuestión ha dado lugar a que los tribunales no hayan tenido debidamente en cuenta los antecedentes de violencia de género y violencia doméstica de M. y hayan obviado la posición vulnerable y el sufrimiento prolongado de la autora. El Comité también considera que el caso demuestra que el Estado parte ha incumplido su deber de adoptar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en sus papeles tradicionales” (párr. 7.11).
“El Comité reconoce que la autora de la comunicación ha sufrido detrimento y daños físicos, psicológicos y materiales graves. A lo largo de todos los procedimientos del caso, la autora no obtuvo la protección jurídica que necesitaba. Aun si el Comité supone que no fue sometida directamente a violencia física de género y violencia en el hogar tras la desestimación definitiva de su denuncia que haya entrañado gastos para ella, de todas formas sufrió un grave perjuicio debido a la falta de protección jurídica e institucional y de una respuesta adecuada a la solicitud suya y de sus hijos” (párr. 7.12).
GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA DOMÉSTICA; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; MATRIMONIO; FAMILIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; AJUSTES RAZONABLES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; REFORMA LEGAL;
Medina Vela v. MéxicoComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró que México había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, 9, 12, 13 y 14, leídos conjuntamente con el artículo 4 de la Convención.
1. Personas con discapacidad. No discriminación. Acceso a la justicia. Ajustes razonables. Debido proceso.
“El Comité considera que la falta de notificación personal de la sentencia definitiva y la imposibilidad del autor de participar directamente en las diferentes etapas del procedimiento judicial desarrollado en su contra constituyeron un impedimento para que tuviera acceso a los recursos legalmente disponibles” (párr. 9.5).
“El Comité recuerda que, el artículo 5 de la Convención dispone que los Estados partes deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, y tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley sin discriminación alguna. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación. El Comité recuerda también que la discriminación puede ser consecuencia del efecto discriminatorio de una norma o medida carente de la intención de discriminar pero que afecte desproporcionadamente a las personas con discapacidad” (párr. 10.3).
“Si bien el Comité reconoce que en determinados casos puede haber excepciones a las garantías del debido proceso [hay nota], advierte que en el presente caso no existe razón alguna que justifique su incumplimiento. Asimismo, el procedimiento tampoco garantizó que se adoptaran ajustes de procedimiento para el autor. Por consiguiente, el Comité considera que la aplicación del procedimiento especial para inimputables, contenido en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, dio lugar a un trato discriminatorio en contra del autor, en violación del artículo 5, leído conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 10.4).
“[E]l Comité toma nota de la pretensión del autor que el Estado parte ha incumplido su obligación de asegurar la accesibilidad de la información durante el proceso penal ya que en la actualidad no existe información en formato accesible sobre la legislación penal. El Comité nota que el Estado parte ha omitido señalar en qué medida se ha facilitado la información relativa al proceso penal que se llevó a cabo en contra del autor en un formato accesible. Según lo establecido en el artículo 9, párrafos 1 y 2, literal f) de la Convención, los Estados partes deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a la información y para promover formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar el acceso a la información. En el presente caso, el Comité advierte que debido a su discapacidad intelectual y psicosocial el autor no fue tomado en cuenta dentro del proceso y no tuvo acceso a la información relacionada con el mismo. Toda la información relativa al procedimiento y actuaciones judiciales fue proporcionada al defensor de oficio. [E]l Comité considera que la falta de participación del autor dentro del proceso penal que se llevó en su contra y la denegación de redactar una versión sencilla de las resoluciones emitidas […], constituyen una violación del artículo 9, leído conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 10.5).
“[S]egún el artículo 13 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, en todos los procedimientos judiciales. En este caso, en repetidas ocasiones las autoridades judiciales denegaron al autor la posibilidad de ejercer sus derechos ya que (i) el autor, desde el inicio del proceso penal, no tuvo la posibilidad de participar en el procedimiento judicial, no se le permitió declarar, ni rebatir las pruebas presentadas, ni estar presente en las audiencias judiciales; (ii) no se le notificaron las resoluciones emitidas; (iii) en los intentos realizados por el autor para intervenir en el proceso, como cuando presentó un recurso de apelación en contra de la resolución [que dispuso su sujeción al Procedimiento Especial para Inimputables], y cuando solicitó que se revocara el nombramiento del defensor de oficio a fin de designar un nuevo defensor particular, el juez le denegó esta posibilidad; (iv) la aplicación del procedimiento especial para inimputables no garantizó la adopción de ajustes de procedimiento que permitieran al autor acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Incluso al momento de subsanar la falta de notificación de la sentencia definitiva, el tribunal ordenó se realizara nuevamente la notificación a través de su representante legal, negándole la posibilidad de ser parte activa dentro del proceso. Por lo tanto, el Comité considera que el Estado parte ha violado el artículo 13, leído conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 10.7).
2. Inimputabilidad. Capacidad para estar en juicio. Internación. Derecho de defensa.
“El Comité también toma nota de las alegaciones del autor que al haber sido considerado como inimputable, no le fue reconocida su capacidad jurídica para enfrentar un proceso penal en igualdad de condiciones con los demás. Al respecto, recuerda que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12, los Estados partes tienen la obligación de reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Además, tienen la obligación de proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Según, el Estado parte la determinación de sujetar al autor al procedimiento especial para inimputables fue basada en la comprensión que tenía del ilícito cometido y no significa que se decidiera sobre su capacidad jurídica. El Comité considera que al haberse declarado al autor como ‘no apto para declarar’, se le privó de la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente, impugnar las pruebas presentadas contra él, designar al abogado defensor de su elección e impugnar las resoluciones que le perjudicaron. El Comité considera que, si bien los Estados parte tienen cierto margen de apreciación para determinar los arreglos de procedimiento que permiten a las personas con discapacidad ejercer su capacidad jurídica [hay nota], deben respetarse los derechos y las garantías procesales del interesado. En el caso del autor, no tuvo esa posibilidad, ni recibió el apoyo o los ajustes adecuados para ejercer sus derechos. El Comité recuerda que de conformidad con su Observación General N°1 (2014), para que las personas con discapacidad puedan exigir el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las demás, debe reconocérseles la personalidad jurídica con la misma capacidad ante las cortes de justicia y los tribunales [hay nota]. Por lo tanto, el Comité considera que la situación que está examinando constituye una violación del artículo 12, leído conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 10.6).
“[E]l Comité observa que desde el inicio, el internamiento del autor estuvo basado únicamente en los certificados médicos y en la posible peligrosidad que representaba para la sociedad [hay nota]. El Comité recuerda que según el artículo 14, 1, b) de la Convención, ‘la existencia de una discapacidad no justifi[ca] en ningún caso una privación de la libertad’. De la misma manera, según los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, el internamiento basado en una discapacidad psicosocial o intelectual real o percibida está prohibido y los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y reparar los internamientos involuntarios o basados en la discapacidad. De acuerdo, a la documentación presentada, el argumento principal utilizado para justificar el internamiento del autor fue que es una persona con discapacidad que necesitaba un tratamiento médico. El Comité advierte además que la solicitud de externamiento que presentaron el autor y su madre fue rechazada por el juez porque no se había determinado como se llevaría a cabo el tratamiento que necesitaba el autor. De esta manera, el Comité observa que la discapacidad del autor se convirtió en la causa fundamental de su privación de libertad, así resultando en una violación del artículo 14, párrafo 1 b), de la Convención” (párr. 10.8).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DETENCIÓN DE PERSONAS; PRISIÓN; INTERNACIÓN; INIMPUTABILIDAD; CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO; DERECHO DE DEFENSA; ACCESO A LA JUSTICIA; AJUSTES RAZONABLES; NO DISCRIMINACIÓN; DEBIDO PROCESO;
RK v. EspañaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que el Estado español violó los artículos 3, 8, 12, 20, párrafo 1, y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 6 del Protocolo Facultativo.
A su vez, le recomendó:
“a) Garantizar que todo proceso de determinación de la edad de jóvenes que afirman ser niños o niñas sea acorde con la Convención y, en particular, que en el curso de dichos procesos: i) los documentos presentados por dichos jóvenes sean tomados en consideración, y en el caso de que los documentos hayan sido emitidos o confirmados por los Estados que emitieron los documentos o por las embajadas, sean aceptados como auténticos; y ii) a estos jóvenes se les asigne sin demora un representante legal cualificado u otros representantes de forma gratuita, que los abogados privados designados para representarlos sean reconocidos y que todos los representantes legales u otros representantes tengan permiso para ayudar a estas personas durante dichos procesos;
b) Garantizar que a los jóvenes no acompañados solicitantes de asilo que afirman ser menores de 18 años se les asigne un tutor competente lo antes posible para que puedan solicitar asilo como menores, incluso cuando el proceso de determinación de su edad esté aún pendiente;
c) Desarrollar un mecanismo de reparación efectivo y accesible para los jóvenes migrantes no acompañados que afirman ser menores de 18 años para que puedan solicitar una revisión de los decretos de mayoría de edad por parte de las autoridades en aquellas situaciones donde la determinación de su edad se realizó sin las garantías necesarias para proteger el interés superior del niño y su derecho a ser escuchado;
d) Capacitar a los funcionarios de inmigración, policías, funcionarios del Ministerio Público, jueces y otros profesionales competentes sobre los derechos de los menores solicitantes de asilo y de otros menores migrantes, y en particular sobre las observaciones generales núms. 6, 22 y 23 del Comité” (párr. 10).
1. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Documento Nacional de Identidad. Debido proceso. Interés superior del niño. Mayoría de edad. Prueba.
“El Comité recuerda que la carga de la prueba no recae exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más porque el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de la información pertinente. En el presente caso, el Comité toma nota del argumento del autor de que, si el Estado parte tenía dudas sobre la validez de su acta de nacimiento, debería haberse dirigido a las autoridades consulares de Guinea para comprobar la identidad del autor y no lo hizo” (párr. 8.2).
“El Comité recuerda que la determinación de la edad de una persona joven que alega ser menor de edad tiene una importancia fundamental, dado que el resultado determina si dicha persona tendrá derecho a la protección nacional como niño o será excluido de dicha protección. Del mismo modo, y de vital importancia para el Comité, el disfrute de los derechos contenidos en la Convención fluye de dicha determinación. Por ello, es imperativo la existencia de un proceso debido para determinar la edad, así como de la oportunidad de cuestionar el resultado mediante procesos de apelación. Mientras dichos procesos siguen abiertos, deberá darse a la persona el beneficio de la duda y tratarla como un niño o niña. En consecuencia, el Comité recuerda que el mejor interés del niño debiera ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad” (párr. 9.3).
“En el presente caso, el Comité observa que: a) con el fin de determinar la edad del autor, que se encontraba indocumentado a su llegada a territorio español, se le sometió a unas pruebas médicas consistentes en una osmometría de muñeca y una ortopantomografía dental, sin realizarse ningún otro tipo de pruebas complementarias, en particular pruebas psicológicas, y sin que conste que se haya realizado entrevista alguna al autor en el marco de dicho proceso; b) como resultado de esas pruebas practicadas, el hospital en cuestión determinó que la edad ósea del autor era de 19 años según el atlas de Greulich y Pyle, y una edad mínima de 18 años según la prueba ortopantomografía dental, sin establecerse ningún margen de desviación posible; c) con base a este resultado médico, la Fiscalía emitió un decreto mediante el cual determinaba que el autor era mayor de edad y; d) que la Fiscalía no consideró la documentación expedida por la Embajada de Guinea acreditando su minoría de edad, para una posible revisión del decreto que determinaba su mayoría de edad” (párr. 9.5).
“Sin embargo, el Comité observa la amplia información en el expediente que sugiere la falta de precisión de los exámenes oseométricos, que tiene un amplio margen de error y, en consecuencia, no es apropiado como el único método para determinar la edad cronológica de una persona joven que afirma ser menor de edad y presenta documentación acreditativa al efecto” (párr. 9.6).
“[E]l Comité recuerda su Observación General núm. 6 en el sentido que no solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo, sino también su maduración psicológica, que la evaluación deberá basarse en criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, y en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (párr. 9.7).
2. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído. Interés superior del niño. Representación. Vulnerabilidad. Tutor. Asistencia letrada. Traductor.
“El Comité recuerda que los Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y un intérprete en caso de necesidad, para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, tan pronto como sea posible a su llegada, a título gratuito. El Comité considera que facilitar representación para estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser escuchado [hay nota]. No hacerlo conlleva una violación de los artículos 3 y 12 de la Convención, porque el procedimiento de determinación de la edad es el punto de entrada para la aplicación de la Convención. La falta de representación oportuna puede resultar en una injusticia sustancial” (párr. 9.8).
“A la luz de todo lo anterior, el Comité considera que el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el autor, quien alegaba ser un niño, y que presentó prueba acreditativa de ello, no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención. En las circunstancias del presente caso, y en particular del examen utilizado para determinar la edad del autor, la ausencia de un representante para acompañarlo durante dicho procedimiento y la desestimación casi automática del valor probatorio del acta de nacimiento aportada por el autor, sin haber el Estado parte siquiera valorado formalmente sus datos y, en caso de duda, haberlos confirmado con las autoridades consulares de Guinea, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido el autor, en violación de los artículos 3 y 12 de la Convención” (párr. 9.9).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; MAYORÍA DE EDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DEBIDO PROCESO; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; PRUEBA; PERICIA MÉDICA; VULNERABILIDAD; TUTOR; ASISTENCIA LETRADA; TRADUCTOR;
Gorigoitía v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud de los artículos 8.2. inciso h (derecho a recurrir el fallo) en relación con el artículo 2 (deber de adoptar disposiciones del derecho interno) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“El Tribunal advierte que la controversia en este caso se centra en si el Estado es responsable por la violación al derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior y al de un recurso judicial efectivo, como resultado de la respuesta de los tribunales internos a los recursos intentados por la defensa del señor Gorigoitía después de su sentencia condenatoria por el delito de homicidio simple. Adicionalmente, corresponde al Tribunal pronunciarse sobre si la legislación y prácticas en la provincia de Mendoza respecto a la casación constituyeron una violación a los artículos 2 y 28.2 de la Convención. En razón de lo anterior, la Corte evaluará la controversia en el siguiente orden: i) si la respuesta de los tribunales internos a los recursos interpuestos por la defensa del señor Gorigoitía cumplieron con las obligaciones del Estado previstas en los artículos 8.2.h) y 25.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y ii) si el marco jurídico que regulaba la casación en la época de los hechos constituye un incumplimiento del deber del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno en términos del artículo 2 de la Convención y de la cláusula federal prevista en el artículo 28 del mismo instrumento” (párr. 46).
“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]’. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal” (párr. 47).
“Además, el Tribunal ha sostenido que el artículo 8.2.h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz, es decir que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes, y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (párr. 48).
“La Corte reitera que el artículo 8.2.h) se refiere al derecho a un recurso ordinario, accesible y eficaz que no torne ilusorio el derecho de recurrir el fallo ante tribunal superior. En ese sentido, la Corte ha establecido que las formalidades requeridas no deben constituir un obstáculo para que recurso permita la revisión de las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas que podrían haber derivado en un error en la sentencia. La importancia del cumplimento de esta obligación se funda en que existe relación entre una errónea determinación de los hechos y una indebida aplicación del derecho, por lo que la revisión que se debe hacer en cumplimiento del derecho al doble conforme debe permitir al juzgador realizar un control amplio de la sentencia. Este es el planteamiento que la defensa del señor Gorigoitía realizó en su escrito de recurso de casación, el cual fue rechazado ‘in limine’ por requerir una revalorización del criterio de la Cámara Primera en materia de hechos y de valoración probatoria. En consecuencia, el Tribunal considera que la negativa por parte de la Suprema Corte de Mendoza de revisar el fondo de la cuestión planteada por la defensa del señor Gorigoitía constituyó un hecho ilícito internacional en tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo que establece el artículo 8.2.h) de la Convención” (párr. 53).
“La Corte ha establecido que el artículo 277 de la Convención contempla el deber general de los Estados Partes de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, esta Corte ha reconocido que todas las autoridades de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En relación con el artículo 28, el Tribunal ha establecido que ‘según una jurisprudencia centenaria y que no ha variado hasta ahora, un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir con una obligación internacional’” (párr. 55).
“En el presente caso el Tribunal resolvió que de la literalidad de las normas pertinentes en el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, aplicable en la época de los hechos, a través del recurso de casación, no fue posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias por un tribunal superior en el caso del señor Gorigoitía. Por lo tanto, la Corte concluyó que el Estado incumplió con el deber de revisión integral del fallo que requiere el artículo 8.2.h) de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Por las mismas razones, la Corte concluye que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 2 de la Convención. La Corte observa que el Estado no impugnó que el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza aplicado en la época de los hechos regula el recurso de casación en un sentido muy restringido y contrario a lo dispuesto por el artículo 8.2.h) de la Convención. Lo que alegó es que los tribunales deben aplicar la doctrina elaborada en el ‘fallo Casal’ en materia de revisión de un fallo condenatorio, y que existieron actos estatales posteriores dirigidos a asegurar la revisión integral en materia de casación. Al respecto, sin dejar de reconocer la importancia del ‘fallo Casal’, la Corte concluye que el Estado incumplió con la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 8.2.h) del mismo instrumento” (párr. 56).
RECURSOS; DEBIDO PROCESO; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA CONDENATORIA; ACCESO A LA JUSTICIA; ERROR JUDICIAL; DOBLE CONFORME; REVISION JUDICIAL; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; RECURSO DE CASACIÓN; MOTIVACIÓN; CUESTIONES DE HECHO;
Chaldayev v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud de los artículos 8 (derecho a la vida privada y familiar) y 14 (no discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prisión preventiva. Visitas carcelarias. Familia.
“El Tribunal recuerda que las restricciones en la frecuencia, duración y en las diversas formas de visitas por parte de familiares a las personas detenidas constituyen una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada y familiar” (cfr. párr. 59).
“Reitera que, en su jurisprudencia anterior, se ha llegado a la conclusión de que existe una violación del artículo 8 del Convenio Europeo como consecuencia de la negativa u oposición por parte de las autoridades rusas, a conceder una visita familiar a las personas detenidas en prisión preventiva y, también, debido a la separación de los visitantes por una pared. En particular, consideró que el artículo 18 de la Ley Nº 103-FZ no cumplía los criterios de ‘calidad’ y ‘previsibilidad’, pues otorgaba a las autoridades nacionales una discreción ilimitada en cuanto a las visitas en prisión sin definir las circunstancias en las que podrían ser rechazadas. El Tribunal sostuvo además que la separación de los visitantes por una pared, con el fin de evitar el contacto físico, no estaba justificada debido a la ausencia de pruebas concretas respecto de la peligrosidad de la persona detenida o de la existencia de un riesgo de seguridad o connivencia” (cfr. párr. 60).
“En referencia a las modalidades de visitas permitidas, el Tribunal confirma que el Gobierno no ha discutido que, durante esas visitas, el peticionario y sus padres fueron separados por una pared de vidrio y tuvieron que comunicarse a través de un dispositivo telefónico bajo la supervisión de un funcionario de la prisión […]. No obstante, el Tribunal considera que no es necesario pronunciarse de forma separada sobre este aspecto de la queja debido a que, en cualquier caso, no se pudo respetar el carácter íntimo de las conversaciones debido a la presencia de un funcionario” (cfr. párr. 63).
“En relación a los derechos de acceso y visita, el Estado no puede ser discrecional a la hora de introducir restricciones generales sin proporcionar un grado de flexibilidad suficiente como para determinar si las limitaciones, en cada caso particular, son apropiadas o realmente necesarias. Sin embargo, considera que en el presente caso no existió un examen preliminar sobre la naturaleza del delito o los elementos que caracterizan la situación del peticionario o, igualmente, los requisitos de seguridad vigentes en el centro de detención y, si todo ello, justificó la separación física entre el peticionario y las personas cercanas a él y, por otra parte, la presencia cercana de un funcionario de prisiones durante dichas visitas durante la detención del peticionario” (cfr. párr. 64).
2. Prisión preventiva. Visitas carcelarias. Derecho a la vida privada y familiar. No discriminación.
“Se observa que […], las personas privadas de libertad no pierden su derecho al respeto de su vida familiar, por lo que cualquier restricción a este derecho debe estar justificada en cada caso. Restricciones sobre la frecuencia, la duración y las diversas formas de visitas a la prisión tuvieron un impacto en el derecho del peticionario al respeto de su vida privada y familiar protegido por el artículo 8 del Convenio. Por consiguiente, el Tribunal admite que los hechos analizados caen ‘bajo el imperio’ del artículo 8 del Convenio, a los efectos de la aplicabilidad del artículo 14” (cfr. párr. 70).
“El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que solo las diferencias de trato basadas en una característica identificable, o ‘situación’, pueden ser discriminatorias a los efectos del Artículo 14. El término ‘cualquier otra situación’ generalmente ha recibido una interpretación amplia que no se limita a las características que son de naturaleza personal en el sentido de que son innatas o inherentes a la persona” (cfr. párr. 71).
“Recuerda que la detención preventiva sitúa a la persona en una posición jurídica distinta y que, aunque pueda imponerse contra su voluntad y suela ser temporal, es indisociable de la situación personal y de existencia del individuo […]. En este caso, se señala que el peticionario fue puesto en prisión preventiva hasta que el tribunal de apelación confirmó su condena […]. Así que, debido a que las restricciones al derecho de visitas del peticionario estaban vinculadas a su condición de acusado en prisión preventiva, considera que la detención preventiva del solicitante se enmarca en el concepto de ‘otra situación’ en el sentido del artículo 14 del Convenio” (cfr. párr. 72).
“Las quejas del peticionario [que son objeto de examen por parte del Tribunal] referencian a aquellas disposiciones legislativas que rigen los derechos de visita. El peticionario, como persona detenida en prisión y cuya condena no es definitiva, podría beneficiarse de visitas cortas de hasta tres horas y, sin embargo, no podría beneficiarse de visitas largas, de acuerdo con el sección 18 3) de la Ley Nº 103-FZ, en la que un preso condenado que cumple su condena en una prisión tiene derecho a una visita corta de hasta cuatro horas como máximo y una visita larga de tres días también como máximo, de conformidad con el artículo 89 del CESP” (cfr. párr. 73).
“Así pues, son grupos de personas privadas de libertad en diferentes etapas del proceso penal: por un lado, aquellos cuya condena no es definitiva y, por otro, aquellos cuya condena ha adquirido fuerza de cosa juzgada. Sin embargo, el Tribunal estima que el hecho de que la situación del peticionario, que formaba parte del primer grupo, no es totalmente análoga a la de un preso condenado, perteneciente al segundo grupo, y que la existencia de diferencias fundamentadas entre los distintos grupos en el propósito de la privación de libertad, no excluye la aplicación del artículo 14 del Convenio. En otras palabras, si las personas detenidas en prisión preventiva no se encuentran en una situación similar a los presos condenados, en cuanto a los respectivos propósitos de su detención, sus situaciones pueden ser comparables en lo que respecta a su derecho a respetar su vida privada y familiar. En este contexto, el Tribunal considera y toma en cuenta las Reglas Europeas de Prisiones cuyo alcance, de conformidad con la Regla 10.1, incluye a todas las personas detenidas, es decir, tanto las personas detenidas en prisión preventiva por una autoridad judicial como aquellos privados de libertad tras una condena” (cfr. párr. 74).
“De hecho, tanto las personas privadas de libertad, como los detenidos cuya condena no es definitiva y aquellos cuya sentencia se ha convertido en cosa juzgada, continúan disfrutando de su derecho al respeto de su vida privada y familiar. Las disposiciones de la Ley Nº 103-FZ y CESP, impugnadas por el peticionario, delimitan el alcance de las restricciones a la vida privada y familiar inherentes a la privación de libertad. Por lo tanto, el Tribunal considera que el peticionario se encontraba en una situación comparable a la de un preso condenado” (cfr. párr. 75).
“Una diferencia de trato es discriminatoria si no posee una justificación objetiva y razonable. Es decir, si no persigue un objetivo legítimo o si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y los objetivos perseguidos. Los Estados parte disfrutan de cierto margen de apreciación para determinar si las diferencias, en situaciones similares, justifican la diferenciación de trato y en qué medida este margen varía según las circunstancias, las materias y el contexto. El Tribunal acepta, en principio, que se aplique un amplio margen de apreciación a las cuestiones concernientes a los presos y la política criminal” (cfr. párr. 76).
3. Prisión preventiva. Visitas carcelarias. No discriminación. Principio de proporcionalidad. Presunción de inocencia.
“[E] Tribunal considera que, de conformidad con el artículo 18.3 de la Ley Nº 103-FZ, la duración de las visitas concedidas a los detenidos ubicados en centros de detención, incluidos aquellos cuya condena no es definitiva, es una hora más corta (tres horas) que la que el artículo 89.1 del CESP reserva para los condenados (cuatro horas). Del mismo modo, la Ley Nº 103-FZ no prevé la posibilidad de que las personas detenidas en los centros de detención se beneficien de una visita prolongada, mientras que CESP, mediante la combinación de los artículos 89 y 120-131, prevé el derecho de los presos condenados a recibir al menos dos visitas de larga duración por año. Dichas restricciones a los derechos de los presos preventivos –con respecto a las visitas– son aplicables, generalmente, con independencia de las razones para situarlos en prisión preventiva, la etapa del proceso penal en su contra y a las consideraciones sobre su seguridad” (cfr. párr. 77).
“[E]l Tribunal no encuentra una justificación objetiva para tal diferencia en el tratamiento en lo que respecta a la duración de las visitas cortas y el beneficio del acceso a las visitas largas” (cfr. párr. 78).
“En referencia a la imposibilidad del peticionario de obtener una visita larga por parte de sus padres, el Tribunal considera que el régimen de detención de la persona en cuestión, como persona privada de libertad en un centro penitenciario, equivale en gran medida a la de los presos condenados, bajo tratamiento estricto, a cadena perpetua en un centro penitenciario en régimen especial. Es decir, personas condenadas por actos extremadamente reprochables y peligrosos cuya detención está dirigida a su aislamiento principalmente. Sin embargo, como ocurre con el peticionario, aunque esta categoría de presos condenados no puede disfrutar de una visita prolongada, el Tribunal estima que esta similitud de situaciones solo demuestra, más aún, la ausencia de justificación objetiva y razonable de someter al peticionario al mismo tipo de restricciones que las personas condenadas a cadena perpetua. En principio, y al menos en cierta medida, si bien no puede descartarse el establecimiento de una correlación entre la gravedad de una condena y un cierto tipo de régimen penitenciario, el Tribunal no encuentra ninguna en el caso del peticionario, cuya condena no fue definitiva y que debería haberse beneficiado del principio de presunción de inocencia” (cfr. párr. 79).
“El Tribunal tampoco encuentra ninguna justificación para la imposición de tres horas de la duración de las visitas cortas, que parece derivarse del concepto de ‘aislamiento’ […]. No obstante, el Tribunal reitera que todas las restricciones a los derechos de visita de las personas detenidas deben justificarse en cada caso particular por razones relacionadas, entre otras cosas, con el mantenimiento del orden, la seguridad o la necesidad de proteger los intereses legítimos de las investigaciones” (cfr. párr. 80).
“A este respecto, el Tribunal no puede ignorar la pertinencia de los instrumentos internacionales, en particular las normas penitenciarias europeas. Así pues, recuerda que la regla 99 establece que, a menos que una autoridad judicial haya dictado una prohibición específica por un periodo de tiempo concreto, el peticionario debe poder recibir visitas y ser autorizado a comunicarse con su familia y otras personas en las mismas condiciones que los internos penados. Además, podrá recibir visitas suplementarias y asimismo acceder más fácilmente a otras formas de comunicación” (cfr. párr. 81).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PREVENTIVA; VISITAS CARCELARIAS; FAMILIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; CONDICIONES DE DETENCIÓN; CÁRCELES; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; COSA JUZGADA; DERECHO Y DEBER DE COMUNICACIÓN; PRINCIPIO DE INOCENCIA;
Portillo Cáceres y otros v. ParaguayComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité consideró que se habían violado los artículos 17 (derecho a la vida privada y familiar) y 6 (derecho a la vida) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1. Derecho a la vida. Medio ambiente. Plaguicidas. Vida privada y familiar. Trabajadores rurales.
“El Comité recuerda que el derecho a la vida no puede entenderse correctamente si es interpretado en forma restrictiva y que la protección de ese derecho exige que los Estados adopten medidas positivas. Asimismo, el Comité recuerda su Observación general número 36, en la que estableció que el derecho a la vida también se refiere al derecho a disfrutar de una vida digna y a no ser objeto de acciones u omisiones que causen una muerte prematura o no natural, debiendo los Estados adoptar todas las medidas apropiadas para hacer frente a las condiciones generales de la sociedad que puedan dar lugar a amenazas del derecho a la vida o impedir que las personas disfruten de su derecho a la vida con dignidad, condiciones entre las cuales figura la contaminación del medio ambiente. Al respecto, el Comité observa que el Estado parte está también vinculado por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Asimismo, el Comité recuerda que los Estados partes pueden estar violando el artículo 6 del Pacto, incluso cuando esas amenazas y situaciones no se hayan traducido en la pérdida de vidas” (párr. 7.3).
“El Comité observa también los desarrollos existentes en la materia en otras instancias internacionales, en las que se reconoció que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos, y que la degradación ambiental puede afectar el goce efectivo del propio derecho a la vida. En este sentido, la degradación severa del medio ambiente ya ha conllevado a la declaración de violación del derecho a la vida” (párr. 7.4).
“En el presente caso, el Comité considera que las fumigaciones masivas con agro-tóxicos en la zona de referencia, según ha sido ampliamente documentado, constituyen amenazas a la vida de los autores que eran razonablemente previsibles por el Estado parte, dado que tales fumigaciones masivas han contaminado los ríos de los cuales los autores pescan, los pozos de los cuales beben, y los árboles frutales, cultivos y animales de cría de los cuales se alimentan. Los autores fueron hospitalizados en razón de su intoxicación, y el Estado parte no ha aportado prueba alguna para demostrar que los análisis de sangre y orina arrojaron valores dentro de los parámetros normales, y tampoco ha proporcionado una explicación alternativa sobre lo sucedido” (párr. 7.5).
“El Comité observa que los autores, trabajadores rurales miembros de una misma familia que se dedica a la agricultura familiar campesina en tierras de propiedad del Estado y administradas por una institución estatal (párr. 2.2), dependen, para su subsistencia, de sus cultivos, árboles frutales, animales de cría, así como de la pesca y recursos hídricos. Lo anterior no ha sido rebatido por el Estado parte. El Comité recuerda que el término domicilio ha de entenderse en su acepción de lugar donde una persona reside o ejerce su ocupación habitual. Asimismo, el Comité considera que los elementos anteriormente mencionados son constitutivos del modo de vida de los autores, los cuales tienen un especial apego y dependencia a la tierra, y que son elementos que pueden entrar dentro del ámbito de protección del artículo 17 del Pacto. Además, el Comité considera que no debe entenderse el artículo 17 del Pacto como limitándose a la abstención de injerencias arbitrarias, sino que también implica para los Estados partes la obligación de adoptar las medidas positivas que sean necesarias para el respeto efectivo de este derecho, frente a injerencias que provengan tanto de autoridades estatales como de personas físicas o jurídicas. En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no ejerció controles adecuados sobre actividades ilegales contaminantes. La omisión del Estado parte en su deber de proteger, reconocida por la sentencia de amparo (párr. 2.20 y 2.21), permitió que prosiguieran las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, incluido con el uso de agro tóxicos prohibidos, que causaron no solamente la contaminación del agua del pozo del domicilio de los autores, como lo reconoció el Ministerio Público, sino también la muerte de peces y animales de cría y la pérdida de cultivos y árboles frutales en las tierras en las que viven y cultivan, elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de los autores. El Comité observa, en este sentido, que el Estado parte no ha proporcionado ninguna explicación alternativa al respecto. Cuando la contaminación tiene repercusiones directas sobre el derecho a la vida privada y familiar y el domicilio, y que las consecuencias nefastas de la contaminación tienen un nivel de gravedad, en función de la intensidad o la duración de las molestias y de sus efectos físicos o mentales, la degradación del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y generar violaciones de la vida privada y familiar y del domicilio” (párr. 7.8).
2. Acceso a la justicia. Recursos. Debida diligencia. Reparación.
“[Los peticionarios] hacen notar que nunca se incorporaron a la investigación sus historias clínicas ni los resultados de sus exámenes de sangre y orina; tampoco se condenó a los presuntos responsables y la contaminación continúa; los dueños de las empresas colindantes que cometieron violaciones constatadas en el ámbito administrativo no fueron investigados en el ámbito penal; el recurso de amparo, favorable en su resolución, nunca fue implementado; ninguno de los recursos ha logrado subsanar la ausencia de barreras vivas en las fumigaciones que continúan; y no han recibido reparación. [A] más de 8 años de los hechos objeto de la presente comunicación, las investigaciones no han avanzado sustantivamente y no han permitido la reparación de los daños sufridos por los autores, en violación del artículo 2 (3) en conjunto con los artículos 6 y 17 del Pacto” (párr. 7.9).
“[E]l Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados. En este sentido, el Estado parte debe: a) investigar efectivamente y exhaustivamente los hechos; b) sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente caso; c) reparar integralmente a los autores por el daño sufrido, incluido mediante una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro” (párr. 9).
DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA SALUD; MEDIO AMBIENTE; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; EMPRESA; AGRICULTURA; PLAGUICIDAS; VULNERABILIDAD; TRABAJADORES RURALES; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; RECURSOS; REPARACIÓN;
X e Y V. RusiaComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que Rusia violó los artículos 2 a) e) f) y g) (no discriminación, derecho a la igualdad, ajustes razonables y protección jurídica), el artículo 5 a) (funciones estereotipadas y prejuicios) y el artículo 16 1) c), g) y h)  (Igualdad en los derechos y responsabilidades en el matrimonio, protección de la familia) de la Convención, leídos junto con el artículo 1 y las Recomendaciones Generales del Comité núm. 19 (sobre la violencia contra la mujer),  28 (sobre las obligaciones básicas de los Estados Partes en virtud del artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), 33 (sobre el acceso de las mujeres a la justicia) y 35 (sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19).
1.      Violencia de género. No discriminación. Debida diligencia. Ajustes razonables.
“El Comité recuerda que la discriminación contra la mujer en el sentido del artículo 1 de la Convención incluye la violencia de género contra la mujer. Esa discriminación no se limita a las medidas adoptadas por los Estados partes o en su nombre. Más bien, en virtud del artículo 2 e) de la Convención, los Estados partes también son considerados responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Además, el Comité recuerda que el artículo 2 a), f) y g) establece la obligación de los Estados partes de brindar protección jurídica y derogar o modificar leyes y reglamentos discriminatorios como parte de la política para eliminar la discriminación contra la mujer, y la obligación de adoptar medidas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas vigentes que constituyan discriminación contra la mujer” (párr. 9.3).
2.      Violencia Doméstica. Acceso a la justicia. Carga de la prueba. Acceso a la justicia. Debido proceso. Testigos. Prueba.
“[A]l juzgar los actos de violencia doméstica mediante un sistema de procedimiento privado, el Estado parte no puede cumplir su obligación de ejercer la diligencia debida para prevenir y castigar los actos de violencia como parte de sus obligaciones en virtud del artículo 2 de la Convención. Además, en virtud del artículo 4 c) de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los Estados están obligados a proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares” (párr. 9.4).
“[En referencia a] la afirmación de las peticionarias de que la legislación del Estado parte no incluye una definición de violencia doméstica y no otorga protección jurídica efectiva frente a la violencia doméstica […], el Comité recuerda el artículo 3 de la Convención y sus observaciones finales sobre el octavo informe periódico del Estado parte, en las que instó al Estado parte a que aprobara una legislación general para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica; introdujera el enjuiciamiento de oficio de los actos de violencia doméstica y sexual; y asegurara que las mujeres y las niñas víctimas de la violencia tuvieran acceso a medios inmediatos de reparación y protección; y que los responsables fueran enjuiciados y castigados adecuadamente […]. El Comité considera que el hecho de que una víctima de violencia doméstica tenga que recurrir al procedimiento privado, en cuyo caso la carga de la prueba recae enteramente sobre la víctima, deniega a la víctima el acceso a la justicia. El Comité observa que las modificaciones de la legislación nacional (art. 116 del Código Penal) que despenalizan la agresión, infracción por la que se procesan muchos casos de violencia doméstica al no haber una definición de ‘violencia doméstica’ en la legislación rusa, están mal orientadas y derivan en la impunidad de los responsables de tales actos de violencia doméstica” (párr. 9.5).
“[E]l hecho de que el Estado parte no haya modificado su legislación relativa a la violencia doméstica para alinearla con las normas internacionales afectó directamente a la posibilidad de que las peticionarias dispusieran de medios para exigir justicia y tener acceso a vías de recurso y protección eficaces. Además, preocupan al Comité las enmiendas de 2017 que reducen el alcance de la protección de las mujeres contra la violencia doméstica y contribuyen a generalizar la impunidad” (párr. 9.6).
“[A] falta de una ley general sobre la violencia doméstica y sin una definición adecuada de la violencia doméstica en la legislación, exigir a las peticionarias que inicien un procedimiento privado, en el que deben llamar e interrogar a los testigos, reunir pruebas, asegurar su presencia constante y, por lo tanto, verse obligadas a confrontar constantemente a los responsables directamente en el juicio o correr el riesgo de que se cierre el proceso, sin que exista ningún sistema de protección para las víctimas de la violencia doméstica, no se puede considerar un mecanismo adecuado para perseguir, enjuiciar y sancionar un delito tan grave como la violencia doméstica” (párr. 9.7).
3.      Violencia doméstica. Género. Debida diligencia. Ajustes razonables. Responsabilidad del Estado. Fuerzas de seguridad.
“[L]a violencia doméstica constituye una grave vulneración de los derechos humanos de tal intensidad que se justifica hacerlo objeto de enjuiciamiento público, e insta al Estado parte, en su prerrogativa para organizar su propio ordenamiento jurídico, a tener en cuenta las normas internacionales. El principio de diligencia debida exige que el Estado parte establezca un sistema de investigación pronta y efectiva de los casos de violencia doméstica, a fin de asegurar que los responsables sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas reciban reparación adecuada. A falta de otra información pertinente en el expediente, el Comité estima que se deben tener debidamente en cuenta las alegaciones detalladas de las peticionarias. Por consiguiente, el Comité considera que los hechos expuestos revelan una violación de los derechos que tienen las peticionarias en virtud de los artículos 2 a), e) a g) y 3 de la Convención, leídos junto con el artículo 1 de la Convención y teniendo en cuenta las recomendaciones generales núm. 19, núm. 28, núm. 33 y núm. 35 del Comité” (párr. 9.8).
"[L]a Convención impone obligaciones a todos los órganos estatales y que los Estados partes pueden ser responsables de decisiones judiciales que infrinjan disposiciones de la Convención. El Comité subraya asimismo que la plena aplicación de la Convención requiere que los Estados partes no solo adopten medidas para eliminar la discriminación directa e indirecta y mejorar la situación de facto de la mujer, sino también para modificar y transformar los estereotipos de género y evitar la creación de estereotipos injustos de este tipo, que constituyen una de las causas y consecuencias fundamentales de la discriminación contra la mujer. Los estereotipos de género se perpetúan a través de diversos medios e instituciones, como son las leyes y los ordenamientos jurídicos, y pueden ser perpetuados por agentes estatales de todas las esferas y todos los niveles del gobierno, así como por agentes privados. El Comité destaca también que los estereotipos afectan al derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial y que la judicatura debe tener cuidado de no establecer normas inflexibles basándose en ideas preconcebidas sobre lo que constituye violencia doméstica o por razón de género, como se señaló en su recomendación general núm. 33” (párr. 9.9).
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA DOMÉSTICA; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; FAMILIA; MATRIMONIO; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; AJUSTES RAZONABLES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; TESTIGOS; PRUEBA;
Principios sobre Derechos Humanos y la protección de trabajadores de la exposición tóxicaRelator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos
Principio 1 - Toda persona debe estar protegida de la exposición a sustancias tóxicas en el trabajo
“Los trabajadores son especialmente vulnerables a las violaciones y abusos de sus derechos humanos, de los cuales no el menos grave es estar sujeto a la exposición a sustancias tóxicas durante su trabajo. Los ‘trabajadores’ no son solo los empleados directamente sino también los trabajadores del sector informal, así como los trabajadores por contrata, los subcontratistas, los trabajadores de agencias y todo tipo de trabajadores temporales y todas las demás personas que realizan un trabajo o actividades relacionadas con un trabajo” (párr. 23).
“Los trabajadores siguen expuestos a sustancias tóxicas conocidas, como productos químicos industriales y plaguicidas peligrosos, por diversas razones, cuando existen claramente alternativas menos peligrosas [hay nota]. Por ejemplo, las leyes y las políticas sobre higiene en el trabajo a menudo no protegen la salud. Siguen permitiendo la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas a unos niveles que son cientos, si no miles de veces mayores que los que afectan a los no trabajadores en la misma jurisdicción [hay nota]. A menudo las evaluaciones de los riesgos, cuando se efectúan, se basan en conocimientos incompletos o en suposiciones erróneas [hay nota], lo cual tiene como consecuencia unas garantías de seguridad falsas y unos efectos generalizados en la salud de los trabajadores” (párr. 24).
“Los trabajadores son un grupo vulnerables, por lo que requieren la atención especial de los Estados; sin embargo, algunos grupos de trabajadores son especialmente vulnerables, y corren así un doble peligro de ver abusados sus derechos. Los que tienen un riesgo mayor de exposición son también a menudo los más vulnerables a la explotación: los pobres, los niños y las mujeres, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad y las personas de edad. Con frecuencia son vulnerables al abuso de muchos de sus derechos humanos y pueden verse en la terrible situación de tener que elegir entre su salud y sus ingresos. Es especialmente triste e inaceptable el hecho de que su difícil situación resulta en muchos casos invisible para la mayoría de consumidores y autoridades que podrían mejorar su situación” (párr. 25).
“También debe aplicarse la prohibición de la discriminación racial en todas sus formas. Los trabajadores migrantes y temporales tienen derecho a la igualdad y a gozar del mismo trato que los nacionales en lo que respecta a la seguridad y la higiene y otras condiciones de trabajo [hay nota]. La raza o el origen étnico no debería ser nunca un factor que impidiera la realización del derecho de los trabajadores a unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Las personas con discapacidad, tienen el derecho, en condiciones de igualdad con los demás, a unas condiciones de trabajo seguras y saludables, y los derechos humanos conexos” (párr. 28).
Principio 2 - Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de los trabajadores mediante la prevención de la exposición a sustancias tóxicas
“Hay múltiples factores (véase el principio 1) que exacerban aún más la vulnerabilidad general de los trabajadores en lo que respecta a la exposición a sustancias tóxicas. Para ser efectivas, la prevención de estas situaciones de exposición y las respuestas correspondientes deben tener en cuenta la condición social, el nivel educativo, la edad, el género, el origen nacional, el origen étnico, la discapacidad y otras vulnerabilidades agravantes de los trabajadores. Deben adoptarse medidas especiales para la protección de los trabajadores en sectores de alto riesgo como la minería, la agricultura, la construcción, la energía, las fuerzas armadas, la industria manufacturera y la eliminación de desechos, entre otros, contra la exposición a sustancias tóxicas. Las políticas y programas nacionales encaminados a promover condiciones de trabajo seguras y saludables deben tener por objeto no solo el sector formal de la economía sino también el informal” (párr. 33).
Principio 3 - Las empresas tienen la responsabilidad de prevenir la exposición ocupacional a sustancias tóxicas
“Las empresas tienen la responsabilidad de evitar la exposición ocupacional a sustancias tóxicas como parte de la diligencia debida que se espera de ellas ‘para identificar, prevenir, mitigar’ su impacto sobre los derechos humanos [hay nota]. La prevención del abuso de los derechos humanos es fundamental y precede a la mitigación en los procedimientos de diligencia debida [hay nota]. Para impedir las repercusiones negativas en los derechos de los trabajadores, las empresas tienen la responsabilidad, ante todo, de prevenir toda exposición nociva mediante la eliminación de las sustancias tóxicas de sus productos y procesos de producción en la mayor medida posible” (párr. 38).
Principio 4 - La eliminación de los peligros tiene una importancia capital para prevenir la exposición ocupacional
Principio 5 - Las obligaciones y responsabilidades de prevenir la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas rigen más allá de las fronteras
“La transferencia internacional de tareas peligrosas y sucias, ya se trate de la extracción de recursos naturales, la utilización de productos químicos tóxicos y plaguicidas o la eliminación de desechos peligrosos sin medidas apropiadas de protección de los trabajadores contra la exposición a sustancias tóxicas, ha dejado a los trabajadores, sus familias y sus comunidades en trance de ver gravemente afectados sus derechos humanos. Por ejemplo, de resultas de la globalización y de otros factores, las actividades manufactureras y elaboradoras que utilizan de manera intensiva productos químicos, y que hace tiempo estaban situadas sobre todo en los países muy industrializados, se han extendido cada vez más por los países en desarrollo y los países con economías en transición debido a la globalización de las cadenas de suministro [hay nota]. La transparencia y la posibilidad de localización limitadas a lo largo de las cadenas mundiales de suministro y de valor agravan el problema de la exposición a las sustancias tóxicas y dificultan los intentos de las diversas partes interesadas de mejorar la higiene en el trabajo” (párr. 42).
Principio 6 - Los Estados deben impedir la actuación de terceros que distorsionen los datos científicos o manipulen los procesos para perpetuar la exposición
Principio 7 - La protección de los trabajadores contra la exposición a sustancias tóxicas protege a sus familias, a sus comunidades y el medio ambiente
“Cuando un trabajador está expuesto a un lugar de trabajo tóxico, las consecuencias de esta exposición no se limitan a su bienestar ni a la vulneración de sus derechos. Las consecuencias físicas y mentales de esta exposición recaen también sobre sus familias y por lo general crean un medio ambiente tóxico en sus comunidades. Por ejemplo, la contaminación del aire puede afectar no solo, la salud de los trabajadores directamente expuestos sino también la de sus hijos y de la comunidad en general. Los trabajadores que se dedican a actividades altamente tóxicas, como la minería artesanal, la eliminación de residuos y una gran variedad de actividades manufactureras (como la industria textil) y agrícolas a menudo trabajan muy cerca de sus hogares y sus comunidades, en ocasiones acompañados o ayudados por sus hijos” (párr. 49).
Principio 8 - Todos los trabajadores tienen el derecho a saber, que incluye el derecho de conocer sus derechos
“El derecho a la información es el fundamento para hacer efectivos los derechos de todos los trabajadores en lo que respecta a la exposición a sustancias tóxicas. Los trabajadores tienen el derecho de conocer, entre otras cosas, las consecuencias de dicha exposición, las medidas que se adopten para evitarla y sus derechos a este respecto. Todo trabajador tiene el derecho de conocer información actualizada acerca de su exposición efectiva y potencial a sustancias tóxicas y otras sustancias peligrosas” (párr. 53).
“La información sobre la salud y la seguridad en el trabajo debe estar disponible y ser accesible a los trabajadores en una forma que sirva efectivamente sus necesidades, teniendo en cuenta sus aptitudes, conocimientos lingüísticos y circunstancias, y debe comunicarse mediante la formación y por otros medios” (párr. 56).
Principio 9 - La información sobre la salud y la seguridad en relación con las sustancias tóxicas nunca debe ser confidencial
“Toda la información sobre salud y seguridad que se halla en poder de las entidades públicas y las empresas debe ser objeto de divulgación, sujeta tan solo a una serie restringida de limitaciones de interés público, como la protección de la privacidad o la salud pública” (párr. 62).
Principio 10 - El derecho a un trabajo seguro y saludable es inseparable del derecho a la libertad de asociación, el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva
“Los trabajadores que defienden su derecho a un trabajo seguro y saludable, entre otros derechos, tienen tanta más fuerza cuantos más son. Las enérgicas protecciones del derecho a organizarse, incluida la formación de sindicatos, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, han resultado eficaces para reforzar la protección de los trabajadores contra la exposición a sustancias tóxicas y también a otros riesgos” (párr. 64).
Principio 11 - Los trabajadores, los representantes de los trabajadores, los denunciantes de regularidades y los defensores de derechos deben estar protegidos de la intimidación, las amenazas y otras formas de represalias
Principio 12 - Los trabajadores, sus familias y sus comunidades deben tener acceso inmediato a un recurso apropiado y efectivo, que debe estar disponible desde el momento de la exposición
“Todos los trabajadores que son víctimas de infracciones o violaciones de sus derechos a causa de la exposición a sustancias tóxicas deben tener derecho al acceso a un recurso efectivo [hay nota]. Un recurso apropiado y efectivo entraña una pronta reparación por los daños sufridos, incluida la atención de la salud, una indemnización, garantías de no repetición y una capacitación apropiada para la rehabilitación, la reinserción y ajustes razonables [hay nota]. Un recurso efectivo incluye también llevar ante la justicia a las personas responsables de la exposición a sustancias tóxicas. El retraso de un recurso efectivo puede ser equivalente a su denegación” (párr. 76).
“Todo titular de derechos tiene la facultad de iniciar procedimientos judiciales para obtener una reparación apropiada ante un tribunal competente u otra instancia de acuerdo con las normas y procedimientos previstos por la ley. Los Estados deben garantizar un acceso rápido a recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos que ocurran como consecuencia de la exposición a sustancias tóxicas” (párr. 77).
“Los trabajadores más vulnerables a los efectos negativos de la exposición son a menudo los que encuentran mayores dificultades para tener acceso a recursos efectivos. Por ejemplo, es menos probable que las trabajadoras tengan acceso a recursos efectivos por la exposición a sustancias tóxicas debido a la inseguridad económica, los desequilibrios de poder, la desigualdad de acceso a la educación y a la información, las responsabilidades del cuidado de otras personas y otras funciones asociadas a su género, que agravan aún más el problema de acceder a los recursos en caso de exposición a sustancias tóxicas [hay nota]. Por consiguiente, los mecanismos para ofrecer un recurso deberían prestar especial atención al género, la edad, la condición social y otros factores que pueden impedir el acceso. Los Estados deberían intensificar las medidas para ofrecer acceso a recursos efectivos a los grupos afectados, en especial a las mujeres, ya que ellas y sus hijos experimentan los efectos de la exposición a sustancias tóxicas de manera distinta y encuentran otros obstáculos por múltiples razones sociales, económicas, legales, técnicas y culturales” (párr. 80).
Principio 13 - No debería imponerse a los trabajadores ni a sus familias la carga de probar la causa de su enfermedad o discapacidad para tener acceso a un recurso efectivo
“Imponer la carga de la prueba a las personas perjudicadas por sustancias tóxicas en el trabajo puede representar un desafío enorme y a menudo insuperable para obtener una rendición de cuentas y un acceso a un recurso efectivo por vulneraciones de sus derechos resultantes de la exposición a sustancias tóxicas [hay nota]. Si no se aborda esta cuestión, puede ser imposible hacer efectivos los derechos de los trabajadores en lo que respecta a su vida, salud e integridad física cuando se trata de la exposición a sustancias tóxicas, y fomentarse una impunidad catastrófica por la explotación de los trabajadores mediante tales exposiciones” (párr. 84).
Principio 14 - Privar a los trabajadores de su derecho a un trabajo seguro y saludable debería ser delito
“Las sanciones penales pueden ser apropiadas cuando las actividades empresariales provocan abusos de los derechos humanos de los trabajadores o cuando, al no actuar con la diligencia debida para mitigar los riesgos, se permite que ocurran tales infracciones [hay nota]. La responsabilidad penal puede desempeñar una importante función de protección pública por sus efectos disuasorios y ejecutivos, además de promover la rendición de cuentas, el acceso a un recurso efectivo y la lucha contra la impunidad” (párr. 90).
Principio 15 - Los Estados deben garantizar la rendición de cuentas por los casos transfronterizos de trabajadores perjudicados por la exposición ocupacional
DERECHO AL TRABAJO; EMPRESA; DERECHO A LA SALUD; TRABAJO INSALUBRE; TRABAJADORES RURALES; AGRICULTURA; CONTAMINACIÓN; PLAGUICIDAS; MEDIO AMBIENTE; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; RECURSOS;
La prohibición de la tortura en el contexto de la violencia domésticaRelator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Entre sus recomendaciones, el Relator señaló que los Estados deben abstenerse de promover discursos, políticas y prácticas violentas, discriminatorias o deshumanizadoras que contribuyan a la imposición de normas y estructuras sociales que sustenten y perpetúen la violencia doméstica. Asimismo, sostuvo que los Estados deberían derogar o reformar las leyes, políticas y prácticas que instigan, permiten, facilitan o toleran la violencia doméstica, por ejemplo, al permitir a los maridos “castigar” a sus esposas o hijos; al excluir la violación conyugal de la jurisdicción de la acción penal; al restringir el acceso a los derechos de divorcio, propiedad, herencia o custodia de los hijos y a las acciones judiciales conexas; o al limitar la capacidad de las víctimas para evitar la violencia doméstica, escapar de ella o protegerse de algún modo.
En ese sentido, recomendó a los Estados destinar recursos suficientes al establecimiento de teléfonos de asistencia accesibles, procesos de recopilación de datos y servicios de intervención capaces de adoptar medidas rápidas y eficaces para proteger a las víctimas tanto efectivas como potenciales y a los familiares que estén a su cargo frente a un riesgo real e inmediato de violencia doméstica. A su vez, consideró que los Estados deberían velar por que, a la hora de determinar la custodia y los derechos de visita en relación con los hijos, se tengan debidamente en cuenta los incidentes de violencia doméstica y se evalúe su gravedad de forma adecuada. En particular, los Estados tendrían que adoptar todas las medidas razonables para garantizar que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la integridad física o mental de las víctimas de violencia doméstica ni de sus hijos. Los Estados deberían adoptar todas las medidas razonables para eliminar los factores jurídicos, estructurales y socioeconómicos que pudieran aumentar la exposición a la violencia doméstica o perpetuar sus patrones.
1. Violencia doméstica. Violencia familiar. Niños, niñas y adolescentes. Género. Derecho a la integridad personal. Violencia sexual. Violencia institucional.
“La violencia doméstica es un acto perpetrado a diario contra millones de niños, niñas, mujeres y hombres de todo el mundo. Sus víctimas son personas de todas las generaciones, nacionalidades, culturas y religiones y se produce en todos los estratos socioeconómicos y educativos de la sociedad. La violencia doméstica constituye un obstáculo importante para la materialización universal de los derechos humanos y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, además, perjudica gravemente el bienestar físico, sexual, emocional, mental y social de innumerables personas y familias, desembocando a menudo en un trauma duradero, no solo para sus víctimas directas, sino también para el conjunto de las comunidades. Para infinidad de personas, el hogar se convierte en un lugar de peligro y humillación que les provoca un daño incalculable, en lugar de constituir un espacio de refugio, confianza y protección” (párr. 1).
“En esencia, el término ‘violencia doméstica’ hace referencia a ‘todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima’ [hay nota]. Además, aunque normalmente se entiende que el hogar de una persona suele ser la familia o el hogar de guarda, también puede tratarse de un entorno de cuidado común, ya sea comunitario o institucional. De acuerdo con este concepto genérico, la violencia doméstica abarca una amplia variedad de conductas abusivas que van desde la negligencia reprochable y el comportamiento abusivo, coercitivo o excesivamente controlador encaminado a aislar, humillar, intimidar o subordinar a una persona hasta diversas formas de violencia física, abuso sexual e incluso asesinato. Atendiendo a la intencionalidad, finalidad y gravedad del dolor y el sufrimiento infligidos, la violencia doméstica suele situarse nada menos que en la categoría de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (también denominados ‘tortura y malos tratos’). Por consiguiente, resulta especialmente preocupante que dicha violencia siga estando muy extendida y que se suela trivializar” (párr. 2).
2. Violencia doméstica. Violencia familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Política pública. Derecho a la integridad personal. responsabilidad del Estado. Principio de dignidad humana.
“[L]a violencia doméstica no se puede considerar un asunto privado, sino que constituye una importante cuestión de derechos humanos de interés inherentemente público que requiere un análisis desde la perspectiva de la prohibición de la tortura y los malos tratos, entre otros aspectos” (párr. 4).
“Los conceptos jurídicos internacionales de ‘tortura’ y ‘otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’ constan de dos tipos de elementos diferenciados que podrían calificarse como ‘sustantivos’ y ‘atributivos’. El elemento ‘sustantivo’ determina la conducta que equivale a tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, respectivamente, mientras que el elemento ‘atributivo’ determina el grado requerido de participación de los agentes públicos para que la tortura o los malos tratos conlleven una responsabilidad jurídica internacional por parte del Estado” (párr. 5).
“En el ámbito de la violencia doméstica, es especialmente importante distinguir entre el análisis sustantivo en torno a si dicha violencia constituye tortura y malos tratos, en el sentido genérico de esos términos según el derecho internacional, y el análisis atributivo respecto del modo en que el Estado puede incurrir en responsabilidad por su participación en tales actos, por ejemplo, a raíz de la no adopción de medidas adecuadas contra la violencia doméstica” (párr. 7).
“Desde el punto de vista sustantivo, la tortura y los malos tratos pueden adoptar muchas formas, pero, en esencia, siempre entrañan una violación de la integridad física, mental o emocional que atenta contra la dignidad humana. Con arreglo al derecho de los derechos humanos universalmente aplicable, la tortura hace referencia a la provocación intencionada a una persona indefensa de dolor o sufrimiento grave, ya sea de carácter físico o psicológico, con fines como obtener información o confesiones, castigar, intimidar o coaccionar, o bien por cualquier otra razón basada en la discriminación de cualquier tipo, mientras que los malos tratos designan otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que, a diferencia de la tortura, no exigen necesariamente una intencionalidad y finalidad por lo que respecta a los actos u omisiones, así como tampoco una determinada gravedad del dolor o el sufrimiento causados ni una impotencia por parte de la víctima” (párr. 8).
“Como demuestra el análisis de los patrones dominantes efectuado en el presente informe, la violencia doméstica supone una degradación, humillación, coartación, vejación o, en otros términos, violación de la integridad física, mental y emocional de personas que suelen encontrarse sometidas a situaciones o entornos de control y desempoderamiento. En este contexto, el dolor o sufrimiento se inflige, por lo general, de forma intencionada o incluso sistemática, con fines tales como el castigo, la intimidación o cualquier tipo de coacción, o bien constituye un medio para expresar o consolidar la discriminación de género o de otra índole. Dependiendo de las circunstancias, el dolor, la humillación y el sufrimiento provocados por la violencia doméstica pueden oscilar entre un carácter relativamente moderado y breve y una extrema gravedad y duración; no obstante, su carácter abusivo por definición hace que siempre constituyan una violación de la integridad física, mental y emocional que atenta contra la dignidad humana” (párr. 9).
“Desde una perspectiva sustantiva con arreglo al derecho internacional y al margen de las cuestiones relativas a la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual, que exigen una valoración aparte, la violencia doméstica siempre equivale, por tanto, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y, muy a menudo, a tortura física o psicológica” (párr. 10).
“[L]a violencia doméstica hace exigible una amplia gama de obligaciones en materia de derechos humanos, entre ellas la obligación de los Estados de prevenir los actos de tortura y los malos tratos dentro de su jurisdicción, incluidos los cometidos por agentes privados (artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)” (párr. 11).
3. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Responsabilidad del Estado. Víctima. Debido proceso.  
“Por ello, el Relator Especial ha señalado con anterioridad que los Estados son responsables a nivel internacional de la tortura o los malos tratos cuando no actúan con la diligencia debida para proteger a las víctimas de esos actos de violencia o cuando los legitiman, por ejemplo, al tolerar que los maridos ‘castiguen’ a sus esposas o al no tipificar como delito la violación conyugal” (párr. 12).
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el hecho de no proteger a una víctima de violencia doméstica y a sus hijos viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, concretamente el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal y el derecho a la igualdad ante la ley, en particular en aquellos casos en que dicha circunstancia se debe a la incapacidad del Estado para ejecutar una orden de alejamiento contra el esposo de la víctima [hay nota]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido una serie de obligaciones positivas de los Estados en materia de derechos humanos en relación con los actos perpetrados por agentes privados, estableciendo una norma de diligencia debida en los siguientes términos: ‘un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención’. Según la Corte, la obligación del Estado no se limita únicamente al establecimiento de un marco jurídico apropiado, sino que, en lugar de ello, dicho Estado ha de actuar para garantizar de manera efectiva el disfrute de los derechos humanos” (párr. 14).
“Por otra parte, en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), aprobada en 1994, los Estados están obligados a adoptar una serie de medidas para eliminar este tipo de violencia. Aunque en ese instrumento no se utiliza el término ‘violencia doméstica’, dicho concepto se aborda de forma más general como uno de los aspectos de la violencia contra las mujeres. Además, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), aprobado en 2011, detalla las obligaciones de los Estados con respecto a la adopción de una serie de medidas para combatir tanto la violencia contra las mujeres como la violencia doméstica. Las medidas que figuran en dicho instrumento se entienden ‘sin perjuicio de las obligaciones positivas de los Estados de proteger los derechos reconocidos en el [Convenio Europeo de Derechos Humanos] [hay nota]’” (párr. 15).
“Por definición, la violencia doméstica se produce dentro de la familia o el hogar y, por consiguiente, rara vez se considera un acto oficial del Estado. Sin embargo, en determinadas circunstancias, los funcionarios del Estado pueden ser autores directos de actos de violencia doméstica, en particular, cuando el Estado se ocupa de facilitar una vivienda, como en el caso de los orfanatos o ciertos tipos de asistencia social. Además, algunas políticas y prácticas adoptadas por el Estado pueden constituir una instigación a la tortura o los malos tratos por parte de agentes privados en el sentido de lo dispuesto en los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En el contexto de la violencia doméstica, ello puede incluir lo siguiente: el llamamiento por parte de políticos o líderes religiosos respaldados por el Estado a ‘disciplinar’ a los miembros de la familia mediante el uso de la violencia; el respaldo oficial de la violencia por razón de ‘honor’ u otras prácticas nocivas, o bien de las normas sociales que dictan dichas prácticas, en particular el control coercitivo sobre los miembros de la familia; o los discursos políticos discriminatorios que, de forma abierta, alientan la violencia y el abuso contra personas o grupos marginados por motivos de género, edad, origen, raza, religión, discapacidad u orientación sexual. La prohibición de la tortura y los malos tratos proscribe de manera inequívoca la perpetración, la instigación o el fomento de cualquier acto de violencia doméstica por parte de los funcionarios del Estado” (párr. 21).
“En el contexto de la violencia doméstica, la responsabilidad del Estado por este tipo de actos suele plantearse sobre todo en relación con el incumplimiento de la obligación positiva de aquel de velar por los derechos humanos mediante la prevención, protección, respuesta y garantía de medios de reparación frente a los abusos cometidos por agentes privados […] así como en relación con políticas y prácticas que puedan considerarse constitutivas de ‘aquiescencia’ o ‘consentimiento’ en el sentido de lo dispuesto en los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes […].El hecho de no ejercer la diligencia debida para garantizar la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la reparación de las víctimas frente a los actos de tortura y los malos tratos perpetrados por agentes privados, en particular en el contexto de la violencia doméstica, equivale a un consentimiento o aquiescencia ante esta clase de actos” (párr. 22).
“Las obligaciones positivas exigen que los Estados adopten ‘medidas eficaces’, tanto generales como específicas, de prevención, protección, respuesta y reparación de las víctimas frente a la tortura y los malos tratos. [L]os Estados incurren en una responsabilidad jurídica internacional cuando no adoptan las medidas de prevención, protección y reparación razonablemente a su alcance capaces de surtir el efecto deseado. Las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse y ejercerse de buena fe, de conformidad con el espíritu y el propósito de la prohibición […] y sin ningún tipo de discriminación [hay nota]. Dichas obligaciones pueden clasificarse de la siguiente manera:
a) Obligaciones generales. Los Estados deben establecer disposiciones jurídicas, mecanismos y procesos que protejan eficazmente a las personas frente a la tortura y los malos tratos, en particular en el contexto de la violencia doméstica […].
b) Obligaciones operacionales. Los Estados también deben adoptar medidas eficaces para proteger a las personas frente a riesgos particulares de tortura o malos tratos de los que tengan o deban tener conocimiento. Ello exige el establecimiento de vías y mecanismos efectivos de recepción, registro y atención de denuncias de tortura o malos tratos, entre ellas, las de violencia doméstica, así como la creación de servicios e instituciones capaces de impulsar y aplicar medidas de protección con rapidez y eficacia [hay nota].
c) Obligaciones de investigación y procesales. Las obligaciones de investigación y procesales requieren una investigación de todas las denuncias o sospechas verosímiles de tortura o malos tratos que ha de ser independiente e imparcial, eficaz, rápida y expeditiva; estar suficientemente expuesta al escrutinio público; ser capaz de identificar a los autores y exigirles responsabilidades; y hacer partícipes a las víctimas o sus familiares más próximos en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos durante los procesos.
d) Compensación, reparación y no repetición. Los Estados deben garantizar vías de reparación a todas las víctimas de actos de tortura u otro tipo de malos tratos, incluidas las víctimas de la violencia doméstica, así como adoptar medidas concretas para garantizar la no repetición de los hechos […]” (párr. 23).
4. Violencia doméstica. Violencia familiar. Violencia sexual. Consentimiento. Acoso sexual. Homicidio. Lesiones. Violación. Trato cruel, inhumano o degradante.
“A juicio del Relator Especial, los asesinatos provocados o precedidos por violencia doméstica, en particular por negligencia culposa o abuso físico, psicológico o emocional que derive en autolesiones, atentan, no solo contra el derecho a la vida, sino también contra la prohibición de la tortura y los malos tratos y las obligaciones positivas conexas, además de agravar el delito o la infracción en cuestión” (párr. 26).
“La violencia física en el hogar o entre los miembros de la familia, incluidos los excónyuges o exparejas, constituye un fenómeno generalizado en todo el mundo. En el contexto de la violencia doméstica, el uso de la fuerza física es siempre abusivo, salvo en circunstancias muy excepcionales, en las que resulta absolutamente necesario y proporcionado en legítima defensa o para proteger a otra persona de una muerte inminente o lesiones graves. La violencia física puede abarcar una amplia gama de transgresiones, entre otras, golpear, abofetear, empujar, dar patadas, usar medicamentos de forma indebida e imponer restricciones inadecuadas. Dicha violencia incluye todas las formas de castigo corporal, que se define como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar” (párr. 27).
“La violencia sexual abarca la violación y cualquier otro acto sexual no consensuado entre adultos, en particular cónyuges actuales y excónyuges [hay nota], así como cualquier acto de carácter sexual cometido por adultos con menores. Entre adultos, el consentimiento debe otorgarse voluntariamente en ejercicio de la libre voluntad de la persona, analizada en el contexto de las circunstancias que la rodean. El consentimiento puede estar supeditado a multitud de factores personales, como el uso de anticonceptivos o la protección contra la transmisión de enfermedades, y puede retirarse de forma unilateral en cualquier momento. La violencia sexual también abarca el acoso sexual, es decir, toda forma de comportamiento de carácter sexual no deseado, verbal, no verbal o físico cuyo objetivo o resultado sea vulnerar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo” (párr. 29).
“La violencia doméstica puede englobar varias formas de violencia psicológica o emocional de carácter grave o sistemático. A su vez, dicha violencia psicológica o emocional puede abarcar, entre otros actos, la agresión verbal, la negligencia grave, el aislamiento forzado del mundo exterior, la ridiculización constante, el uso de información privada con fines de amenaza o degradación y lo que se conoce como ‘hacer luz de gas’, una forma de manipulación psicológica que pretende lograr que una persona cuestione su propia memoria, su percepción o incluso su cordura a través de la desorientación continua, las mentiras u otros intentos de desestabilizarla y hacer que dude de sí misma. La violencia emocional y psicológica está orientada a socavar la resiliencia, la estabilidad y el bienestar de la víctima en los planos emocional y psicológico y suele ser un paso previo a la violencia física o combinarse con esta” (párr. 32).
“En opinión del Relator Especial, la violencia psicológica y emocional, incluido el control coercitivo, constituye un trato o castigo cruel, inhumano o degradante, así como un acto de tortura cuando entraña la imposición intencionada y deliberada o discriminatoria de sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 34).
5. Violencia económica. Violencia familiar. No discriminación. Trato cruel, inhumano o degradante.
“En el contexto de la violencia doméstica, la violencia económica o financiera rara vez se da aislada de otros patrones de abuso. Este tipo de violencia implica el gasto o el uso indebido de dinero u otros recursos para limitar, controlar o coaccionar a una persona, lo que puede abarcar, por ejemplo, la intromisión en la capacidad de esta para adquirir, utilizar y gestionar recursos materiales, como dinero y medios de transporte. Dicha violencia suele orientarse a lograr que la víctima dependa económicamente del agresor y aprovecharse de esta situación. Sus víctimas pueden quedarse sin recursos económicos para sufragar artículos de primera necesidad, como alimentos y ropa, así como sin acceso a una fuente de ingresos propios, lo que puede aislarlas y multiplicar los abusos sufridos, causándoles un grave sufrimiento y un daño duradero” (párr. 35).
“A juicio del Relator Especial, la violencia económica puede provocar un sufrimiento considerable y constituir un trato o pena cruel, inhumano o degradante, así como un acto de tortura en caso de que dicho abuso se produzca de forma deliberada, intencionada o discriminatoria e inflija un sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 36).
“Los denominados delitos ‘en nombre del honor’ son delitos cometidos por miembros de la familia, principalmente contra mujeres o niñas que se considera que han deshonrado a esta, en un supuesto intento de reparar el honor familiar. Cada año este tipo de delitos expone a infinidad de mujeres a un sufrimiento y un daño graves y provoca miles de asesinatos ‘por honor’ en todo el mundo [hay nota]. Como explicó en su momento la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer al respecto, ‘el honor se define desde el punto de vista de las funciones sexuales y familiares asignadas a las mujeres con arreglo a la ideología de la familia tradicional. Así, el adulterio, las relaciones anteriores al matrimonio (que pueden o no incluir las relaciones sexuales), la violación y el hecho de que una mujer se enamore de una persona que no es la ‘apropiada’ pueden constituir violaciones del honor de la familia’ […]. Además, las personas LGBTI también pueden ser víctimas de este tipo de violencia, en particular de los asesinatos ‘por honor’, cuya perpetración se produce por considerarse que han avergonzado a su familia, a menudo por transgredir las normas de género o las expectativas sociales respecto de la sexualidad y el comportamiento […]. La supuesta intención de los delitos ‘en nombre del honor’ es reparar el honor personal o familiar mediante la adopción de medidas contra el presunto culpable, lo que entraña necesariamente elementos de castigo, coerción o intimidación y, en general, está orientado a la imposición de un orden social profundamente discriminatorio” (párr. 42).
“A juicio del Relator Especial, infligir de forma intencionada y deliberada o discriminatoria dolor o sufrimiento grave a una persona indefensa con el presunto objetivo de reparar el honor personal o familiar constituye un acto de tortura o, en ausencia de uno o más de tales elementos constitutivos, un ejemplo de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (párr. 43).
6. Violencia doméstica. Trata de personas. Trato cruel, inhumano o degradante. Vulnerabilidad.
“La trata de personas entraña la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de estas con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de alguien que tenga autoridad sobre dichas personas [hay nota]. La trata de familiares es un fenómeno muy extendido en numerosas zonas del mundo que afecta principalmente a niñas y niños. De hecho, el grado de implicación de la familia en la trata de menores (un 41 %) supera en más de cuatro veces el registrado en los casos de trata de adultos (un 9 %) [hay nota]. En la práctica, la trata de familiares supone invariablemente la imposición intencionada de dolor y sufrimiento físico o mental grave, a menudo atendiendo a criterios discriminatorios, con fines de explotación coercitiva, en particular de prostitución forzada y otros abusos sexuales, matrimonio forzado, trabajo forzoso, reclutamiento forzado para formar parte de grupos armados y bandas delictivas o incluso extracción de órganos [hay nota]” (párr. 44).
“En opinión del Relator Especial, la trata de familiares constituye un ejemplo de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como un acto de tortura cuando entraña la imposición intencionada y deliberada o discriminatoria de dolor o sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 45).
7. Violencia doméstica. Derechos reproductivos. Coacción. Trato cruel, inhumano o degradante.
“Los actos de coacción contra la libertad reproductiva suelen ser cometidos por las parejas sentimentales o los miembros de la familia extensa de la víctima y entrañan un comportamiento de intromisión respecto al uso de anticonceptivos, el embarazo y otros aspectos de dicha libertad, en particular por lo que se refiere a la continuación o interrupción del embarazo. Ejemplos de coacción contra la libertad reproductiva son la destrucción o eliminación intencionada del método anticonceptivo elegido (sabotaje de métodos anticonceptivos), así como los intentos de coacción orientados a forzar el embarazo, sus resultados o el aborto. Todos esos fenómenos desembocan en graves consecuencias reproductivas, entre otras, embarazos no planeados, abortos, infecciones de transmisión sexual, embarazos con resultados negativos y traumas psicológicos [hay nota]. Las mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas suelen estar más expuestas a la coacción contra la libertad reproductiva” (párr. 51).
“A juicio del Relator Especial, dado que la coacción contra la libertad reproductiva supone una intromisión deliberada en la dignidad personal, la integridad y la autonomía de la víctima con fines coercitivos o discriminatorios y que puede infligirle dolor o sufrimiento grave, dicha coacción puede constituir un acto de tortura o, en ausencia de uno o más de tales elementos constitutivos, un ejemplo de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (párr. 53).
VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIOLENCIA FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; GÉNERO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; VIOLENCIA SEXUAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; POLÍTICA PÚBLICA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VICTIMA; DEBIDO PROCESO; CONSENTIMIENTO; ACOSO SEXUAL; HOMICIDIO; LESIONES; VIOLACIÓN; VIOLENCIA ECONÓMICA; TRATA DE PERSONAS; DERECHOS REPRODUCTIVOS; COACCIÓN; NO DISCRIMINACIÓN;
Informe sobre el maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductivaRelatoría Especial sobre la violencia contra la mujer
Entre sus conclusiones, la Relatora Especial señaló que los “Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, incluido su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental durante los servicios de salud reproductiva y el parto sin ser objeto de maltrato o violencia de género, así como de aprobar leyes y políticas apropiadas para combatir y prevenir ese tipo de violencia, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas”. Asimismo, consideró que los “Estados deben afrontar el problema del maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva y en la atención del parto desde una perspectiva de derechos humanos, y utilizarla para realizar una investigación independiente sobre las denuncias”.
1. Violencia de género. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Política pública.
El maltrato y la violencia contra la mujer no solo violan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino que también pueden poner en peligro su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física, su intimidad, su autonomía y a no sufrir discriminación” (párr. 8).
“El maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva y durante la atención del parto se examinan en el informe como parte de una forma continuada de las violaciones que se producen en el contexto más amplio de la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado, y también son consecuencia de una falta de educación y formación y de la falta de respeto a la igual condición de la mujer y a sus derechos humanos. Las mujeres y las niñas sufren ese tipo de violencia cuando solicitan otras formas de atención de la salud sexual y reproductiva como exámenes ginecológicos, el aborto, tratamientos de fecundidad y anticonceptivos y en otros contextos de salud sexual y reproductiva” (párr. 9).
“Los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer tienen además la obligación de elaborar y aplicar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación y la violencia de género contra la mujer, en particular en el ámbito de la atención de la salud. Se trata de una obligación de carácter inmediato y las demoras no pueden justificarse por ningún motivo, ni siquiera por razones económicas, culturales o religiosas” (párr. 10).
“La Relatora Especial reconoce que, aunque muchas formas de maltrato relacionadas con la atención del parto y otros servicios de salud reproductiva no son actos deliberados o intencionados de violencia contra la mujer, algunos actos u omisiones (véase el párr. 10) pueden considerarse formas de maltrato. Cabe señalar sin embargo que, en determinadas circunstancias, algunas formas de maltrato podrían constituir violencia contra la mujer en casos concretos y en función de las circunstancias, mientras que otras formas de maltrato podrían considerarse violaciones de los derechos humanos con base en las normas de derechos humanos y en la jurisprudencia en materia de derechos humanos” (párr. 13).
2. Derechos reproductivos. Consentimiento informado. No discriminación. Personas con discapacidad.
“La cesárea o el parto por cesárea es el uso de la cirugía para alumbrar a los niños cuando médicamente es necesario y cuando un parto vaginal pondría a la madre o al niño en situación de riesgo. Cuando está justificado desde el punto de vista médico, es un procedimiento que salva vidas. Sin embargo, recientemente ha habido una tendencia creciente al uso excesivo de la cesárea en todo el mundo, y en América Latina y Europa este tratamiento está sustituyendo al parto vaginal o se está eligiendo como forma preferida de alumbramiento. En muchos ordenamientos jurídicos, el interés del feto prevalece sobre los derechos de la mujer embarazada, lo que da lugar a situaciones en las que, deliberadamente, no se consulta a las mujeres en lo referente a la decisión de parir o no al niño mediante cesárea. También hay pruebas que sugieren que las mujeres se convierten en víctimas de sistemas de salud deficientes donde los servicios se planifican y gestionan centrándose en la eficacia en función de los costos y el tiempo. Además, las cesáreas pueden programarse y pueden realizarse en días laborables seleccionados, frente a los fines de semana, y los médicos suelen cobrar honorarios más altos de las compañías de seguros privadas por esta práctica [hay nota]. Cuando se practica sin el consentimiento de la mujer, una cesárea puede constituir violencia por razón de género contra la mujer, e incluso tortura” (párr. 24).
“El consentimiento informado para el tratamiento médico relacionado con los servicios de salud reproductiva y el parto es un derecho humano fundamental. Las mujeres tienen derecho a recibir toda la información sobre los tratamientos recomendados a fin de que puedan pensar y adoptar decisiones bien informadas” (párr. 32).
“El consentimiento informado es un proceso de comunicación e interacción continua entre el paciente y el personal sanitario, y una firma por sí sola no es una indicación de consentimiento informado [hay nota]. El personal sanitario debe adoptar una actitud proactiva a la hora de facilitar la información. Para que el consentimiento sea válido, debe ser voluntario, y la persona debe contar con toda la información. El consentimiento del paciente es necesario independientemente del procedimiento, y la persona puede retirar su consentimiento en cualquier momento según el principio de una atención centrada en el paciente. La información debe proporcionarse de un modo y en un idioma que sea comprensible, accesible y adecuado para las necesidades de la persona que debe adoptar la decisión. El nivel de formación, la discapacidad física o intelectual y la edad de la persona deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la manera en que debe proporcionarse tal asesoramiento e información, y deben respetarse las necesidades y las preferencias de dicha persona. Las personas con discapacidad deben recibir todo el apoyo necesario para adoptar sus decisiones. Debe ejercerse una cautela extrema, sobre todo en el caso de las personas que tienen dificultades para hacerse entender, para asegurar que las decisiones que vayan a adoptarse mediante el proceso de apoyo en dicha toma de decisiones no se conviertan en decisiones de sustitución [hay nota]” (párr. 38).
3. Estereotipos de género. Personas con discapacidad. No discriminación. Reforma legal.
“Algunos Estados aplican leyes o prácticas nacionales discriminatorias, como el requisito de obtener el consentimiento del esposo o de un tercero para que la mujer sea sometida a tratamiento médico. Esta situación discrimina a las mujeres e ignora su capacidad de toma de decisiones en favor de la decisión de un familiar o de otra autoridad institucional. Tales leyes contribuyen a la violencia y el maltrato de las mujeres en los servicios de salud reproductiva” (párr. 42).
“Algunas mujeres sufren formas interseccionales de discriminación que tienen un impacto negativo agravado, y la violencia de género puede afectar a las mujeres en distinta medida o de distintas formas, por lo que a este respecto se requieren respuestas jurídicas y normativas adecuadas” (párr. 43).
“Las mujeres y las niñas con discapacidad sufren una discriminación basada en múltiples aspectos de su identidad, como el género y la discapacidad [hay nota]. Muy a menudo se las considera asexuales o sexualmente inactivas. La Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad ha señalado además que ‘es habitual que se presione a las niñas y las jóvenes con discapacidad para que interrumpan sus embarazos debido a los estereotipos negativos acerca de su capacidad para la crianza de los hijos y por la preocupación eugenésica de que den a luz a un niño con discapacidad’” (párr. 45).
“Los nocivos estereotipos de género en el ámbito de la salud reproductiva en lo concerniente a la competencia de las mujeres para adoptar decisiones, el papel natural de la mujer en la sociedad y la maternidad limitan la autonomía y la acción individual de la mujer. Estos estereotipos surgen de sólidas convicciones religiosas, sociales y culturales y de las ideas sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad [hay nota]. Estos estereotipos nocivos se justifican además con la creencia de que el parto es un acontecimiento que exige el sufrimiento de la mujer. A las mujeres se les dice que estén felices por tener un niño sano, sin valorar en ningún momento su salud física ni su equilibrio emocional” (párr. 46).
PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS REPRODUCTIVOS; CONSENTIMIENTO INFORMADO; MÉDICOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ABORTO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; POLÍTICA PÚBLICA; REFORMA LEGAL;
Estudio mundial sobre los niños privados de la libertadAsamblea General de las Naciones Unidas
Entre sus conclusiones, el experto independiente señaló que los Estados deben crear sistemas de justicia de menores específicos con miras a la derivación, y que si no es posible adoptar medidas de derivación, debería aplicarse el principio del período más breve que proceda y, por lo tanto, no deberían poder imponerse la cadena perpetua sin posibilidad de liberación ni otras penas de encarcelamiento excesivamente largas. En este sentido, recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que ningún menor debe permanecer detenido más de 30 días sin que se presente una imputación formal, y que debe tomarse una decisión definitiva en relación con los cargos en un plazo de seis meses a partir de la fecha inicial de detención; de lo contrario, el menor debe ser puesto en libertad. Respecto de la detención de niños migrantes, sostuvo que la privación de libertad por motivos puramente relacionados con la migración no es acorde en ningún caso al contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A su vez, entre sus recomendaciones, consideró que los Estados deben invertir una importante cantidad de recursos en reducir las desigualdades y ayudar a las familias a fin de empoderarlas para que fomenten el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, incluidos los niños con discapacidad. Por otra parte, señaló que cuando la privación de libertad sea inevitable debido a las circunstancias particulares de un caso, solo se aplicará durante el período más breve que proceda.
1. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención.
“La infancia, que abarca el período transcurrido entre el nacimiento y los 18 años de edad, es la fase en la que los niños desarrollan su personalidad, sus relaciones afectivas con los demás, sus aptitudes sociales y educativas y sus talentos. El derecho internacional reconoce la familia como unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad. Los niños deberían crecer en un entorno familiar en el que reciban amor, protección y seguridad. Si por cualquier razón los niños no pueden crecer en el seno de una familia, los Estados deberán asegurarse de que reciban cuidados en un entorno de tipo familiar. El internamiento de niños en instituciones y otros centros en los que se ven o podrían verse privados de libertad es difícil de conciliar con los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño” (párr. 2).
“Es posible que muchos niños se encuentren a lo largo de su infancia en un círculo vicioso de distintas situaciones de privación de libertad, que podría comenzar en un ‘orfanato’ y continuar con distintas instituciones de supervisión educativa y de rehabilitación de toxicómanos hasta concluir con el encarcelamiento y la reincidencia […]. Privar de libertad a los niños significa privarlos de su infancia” (párr. 3).
“A los efectos del estudio, por ‘niño’ se entiende todo ser humano menor de 18 años de edad, según se indica en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ‘privación de libertad’ se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento de un niño en un establecimiento público o privado del que no se le permita salir por su propia voluntad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito” (párr. 6).
“Al elaborar el estudio, el Experto Independiente decidió aplicar la definición amplia de ‘privación de libertad’ y ‘lugares de detención’ establecida en el artículo 11, letra b), de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad de 1990 y en el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2002. Por lo tanto, el término ‘lugares de detención’ abarca todos los lugares donde los niños podrían verse privados de libertad, como los establecimientos carcelarios, las celdas policiales, los centros de prisión preventiva, los campamentos militares, los centros de asistencia social, las instituciones para personas con discapacidad o para personas adictas a las drogas o al alcohol, los ‘orfanatos’, los hogares infantiles, las instituciones encargadas de la supervisión educativa de los niños, los hospitales psiquiátricos, los centros de salud mental o los centros de detención de migrantes” (párr. 18).
“Si bien los adultos pueden ser privados de libertad legalmente por diversas razones, e incluso durante largos períodos de tiempo, en el artículo 37, letra b), de la Convención sobre los Derechos del Niño se prevén límites mucho más estrictos para los niños. Además de la norma general de que ‘ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente’, esta disposición también prevé que ‘la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda’. Por ‘medida de último recurso’ se entiende que la privación de libertad de los niños solo debe utilizarse como última opción y, en principio, debe evitarse. Si la privación de libertad, como excepción a esa norma, es inevitable y estrictamente necesaria a la luz de las circunstancias específicas del caso, entonces solo podrá aplicarse ‘durante el período más breve que proceda’” (párr. 19).
“Puesto que los niños se encuentran en la etapa formativa, cuando la privación de libertad puede tener efectos sumamente perjudiciales para su salud física y mental, su desarrollo y su vida, los Estados están obligados a aplicar soluciones no privativas de la libertad al tratar con ellos. Incluso en el caso de los niños que han cometido delitos, el artículo 40, párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que ‘se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la remisión condicional a prueba, el acogimiento familiar, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción’. Con esta amplia lista de soluciones no privativas de la libertad, la Convención sobre los Derechos del Niño indica claramente que la privación de libertad de los niños deberá evitarse en la medida de lo posible. Cuando los niños son derivados del sistema de justicia penal al sistema de asistencia social, el principio de ‘medida de último recurso’ se aplica igualmente para protegerlos de la privación de la libertad en toda clase de instituciones, en particular a aquellos con discapacidad. Los Estados deberán hacer todo lo que esté en sus manos por que los niños permanezcan dentro de la familia extensa y, de no ser posible, dentro de la comunidad en un entorno de tipo familiar” (párr. 20).
“El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que todos los niños deben tener derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta […]. El proceso de consulta puso de relieve la importancia de escuchar directamente de los niños las experiencias que han vivido […]. Muchos niños también se enfrentaban a barreras para contactar con sus familias y tenían problemas para recibir apoyo a la reintegración. Señalaron que no era fácil que les tuvieran en cuenta en las decisiones que se adoptaban sobre ellos. Los resultados indican que los niños privados de libertad sufren miedo, aislamiento, traumas y daños, además de discriminación, estigmatización y desempoderamiento” (párrs. 23 y 24).
2. Niños, niñas y adolescentes. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud. Vulnerabilidad. Condiciones de detención. Hacinamiento.
“A través de la investigación llevada a cabo para el estudio por un grupo de distinguidos académicos y profesionales de la salud, se trataron de analizar las repercusiones que tiene la privación de libertad de los niños para su salud física y mental. La investigación, basada en más de 7.000 artículos científicos, pone de manifiesto que las circunstancias específicas de la retención son directamente nocivas para la salud mental y física de los niños en todas las situaciones de privación de libertad” (párr. 26).
“Si bien hay una gran cantidad de pruebas de que los niños que sufren privación de libertad tienen una salud deficiente, los estudios demuestran que hay pocas pruebas científicas de que la retención sea el factor principal que cause los problemas de salud, ya que estos niños suelen pertenecer a los grupos más desfavorecidos y discriminados, con problemas de salud preexistentes o concurrentes” (párr. 27).
“La investigación demuestra que la exposición a condiciones de privación de libertad insalubres aumenta el riesgo de infecciones. El hacinamiento en lugares de detención junto con personas con enfermedades contagiosas e infecciones de transmisión sexual promueve su propagación. Las restricciones innecesarias al movimiento y la actividad física afectan negativamente al desarrollo físico de los niños” (párr. 28).
“Muchos de los niños privados de libertad sufren trastornos por estrés postraumático, en particular cuando se los recluye en régimen de aislamiento. El maltrato o el abandono de los niños durante la privación de libertad suelen producir o agravar problemas de salud mental y cognitiva, como la ansiedad, la depresión, el retraso del desarrollo e incluso la regresión del idioma. En algunos casos, la gravedad de los trastornos psiquiátricos de los niños durante la privación de libertad se multiplica por diez en comparación con su salud mental antes de esta” (párr. 29).
3. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Condiciones de detención. Trato cruel, inhumano o degradante.
“Los niños con discapacidad están excesivamente representados en la privación de libertad en el contexto de la administración de justicia y las instituciones. Se estima que 1 de cada 3 niños internados en instituciones tiene alguna discapacidad” (párr. 31).
“La raíz del problema suelen ser los estigmas y las ideas erróneas. Los niños con discapacidad se ven privados de libertad a fin de acceder a servicios que deben prestarse dentro de la comunidad, como la educación, la atención de la salud o la rehabilitación. Las familias suelen carecer de apoyo financiero y social para facilitar a su hijo la atención necesaria, o para poder hacer frente a la prestación de cuidados de manera ininterrumpida” (párr. 32).
“Además, esos niños también sufren formas de privación de libertad especiales relacionadas con su discapacidad. Debido al hecho o a la presunción de que sufren una deficiencia, estos niños son sistemáticamente internados en instituciones, ingresados contra su voluntad en establecimientos de salud mental y privados de su libertad en instalaciones forenses, en el hogar y en otros entornos comunitarios, a menudo en condiciones deplorables. Estas prácticas tienen lugar en un conjunto de Estados que difieren en cuanto a su situación económica y social o a su tradición jurídica. No obstante, comparten características, razonamientos y justificaciones comunes derivados del modelo médico de discapacidad” (párr. 33).
“Los niños con discapacidad privados de libertad están expuestos a un mayor riesgo de violencia, maltrato y explotación, los cuales pueden equivaler a tortura u otras formas de malos tratos, como ser inmovilizados, encadenados, aislados o golpeados por el personal como forma de control o castigo” (párr. 34).
4. Niños, niñas y adolescentes. Género. LGBTIQ. Prisión. Condiciones de detención. Estereotipos de género.
“Las niñas suelen ser delincuentes sin antecedentes penales y responder al efecto disuasorio del encarcelamiento. Otra explicación es la actitud ‘caballerosa y paternalista’ de muchos jueces y fiscales varones de los sistemas de justicia de menores que asumen, conforme a estereotipos de género tradicionales, que las niñas necesitan más protección que los niños” (párr. 36).
“Aunque la mayoría de los Estados permiten a las madres condenadas convivir en establecimientos carcelarios con sus hijos de corta edad, solo ocho Estados lo permiten explícitamente en el caso de los padres. Incluso en los territorios donde los padres que son cuidadores principales pueden convivir con sus hijos, los establecimientos carcelarios carecen (casi) por completo de ‘unidades para padres e hijos’, de modo que prácticamente ningún niño reside en ellos con su padre” (párr. 37).
“Mientras que los niños están excesivamente sujetos a la privación de libertad, las niñas suelen ser víctimas de discriminación por razón de género. La investigación llevada a cabo para el estudio muestra que las niñas tienen más probabilidades de ser detenidas por delitos en razón de la condición personal debido a su comportamiento y no en una verdadera actividad delictiva, por ejemplo, debido a la actividad sexual, el absentismo escolar y la fuga del hogar. Las niñas que viven en la calle son particularmente vulnerables, ya que a menudo son detenidas con fines de prostitución. Si los Estados tipifican el aborto como delito, las niñas se encuentran en riesgo de encarcelamiento, incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación” (párr. 38).
“Los niños pertenecientes a la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) tienen más probabilidades de ser detenidos y encarcelados por delitos en razón de la condición personal, sobre todo como consecuencia de su actividad sexual y de la expresión de su orientación sexual e identidad de género. Los niños LGBTI están excesivamente representados en los centros de justicia de menores y en las instituciones sanitarias. Por lo general, se los interna en centros de detención inadecuados desde el punto de vista del género y son especialmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo” (párr. 39).                           
5. Acceso a la justicia. Interés superior del niño. Violencia.
“Un amplio conjunto de normas internacionales de derechos humanos da testimonio de la firme determinación política y jurídica de la comunidad internacional de evitar la privación de libertad de los niños en la administración de justicia. Dicho marco jurídico ya ha contribuido a la creación de sistemas de justicia de menores especializados, a la adopción de soluciones no privativas de la libertad y a una disminución del número de niños privados de libertad. No obstante, cada año sigue habiendo por lo menos 410.000 niños privados de libertad en centros de prisión preventiva y establecimientos carcelarios. Esta cifra no incluye a los aproximadamente 1 millón de niños sometidos anualmente a detención policial” (párr. 40).
“Estos datos sugieren que la privación de libertad en el contexto de la administración de justicia sigue utilizándose de manera excesiva. Hay varias razones que explican este fenómeno, las cuales empiezan antes del sistema de justicia penal y lo trascienden (por ejemplo, la falta de sistemas de bienestar infantil eficaces, la falta de apoyo a los entornos familiares, la excesiva criminalización, la baja edad mínima de responsabilidad penal, la imposición de penas duras, la discriminación, razones socioeconómicas o la falta de recursos en la administración de justicia)” (párr. 41).
“En tiempos de globalización y complejos cambios sociales, existe una mayor necesidad de apoyar a las familias, las comunidades, las escuelas y los sistemas de bienestar infantil. Los instrumentos existentes para una cooperación interinstitucional estructurada entre los servicios de bienestar infantil, protección social, educación, salud, la aplicación de la ley y el sistema judicial, a fin de crear sistemas de protección infantil integrales y aplicar políticas de prevención e intervención temprana, siguen estando infradesarrollados o no son eficaces” (párr. 42).
“En lugar de recurrir a la prevención, los Estados suelen aplicar políticas represivas y punitivas que conducen a una criminalización excesiva. Conductas que son típicas de los niños se penalizan como ‘delitos en razón de la condición personal’, en virtud de los cuales se los acusa y detiene por absentismo escolar, abandono del hogar, desobediencia, consumo del alcohol en la minoría de edad, actividad sexual consentida entre adolescentes, comportamientos ‘disruptivos’ y prácticas contra las tradiciones y la moral” (párr. 43).
“La violencia sigue siendo endémica en todas las etapas de la privación de libertad en la administración de justicia. El uso de los castigos corporales y otros medios violentos de control y disciplina, así como el uso excesivo de medidas de inmovilización y de la reclusión en régimen de aislamiento, son prácticas que persisten en muchos Estados” (párr. 47).
6. Niños, niñas y adolescentes. Prisión. Condiciones de detención. Interés superior del niño.
“La posibilidad de que los niños residan en un establecimiento carcelario con un cuidador detenido plantea innumerables consideraciones complejas, empezando por la propia pregunta de si se debería permitir esta práctica, puesto que tanto la exposición del niño a la privación de libertad como la separación de su cuidador principal tienen consecuencias adversas” (párr. 50).
“La investigación realizada para el estudio refleja una escasez general de establecimientos carcelarios adecuados, como establecimientos con unidades materno-infantiles específicas u otras instalaciones especiales para la atención y el tratamiento pre-, peri- y posnatales” (párr. 53).
“Si llegara el momento de la separación del niño y el cuidador debido a los límites de edad impuestos para la convivencia en establecimientos carcelarios, se debe llevar a cabo una preparación cuidadosa de la partida del niño con suficiente antelación y facilitar la posibilidad de mantener el contacto. Las respuestas al cuestionario muestran que no siempre existen ese tipo de políticas o no se aplican en la práctica. Además, no siempre se tiene en cuenta el interés superior del niño ni se examinan las modalidades alternativas de cuidado” (párr. 54).
7. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Personas privadas de la libertad. Interés superior del niño. Derecho a la salud. Salud mental.
“La investigación realizada para el estudio indica que la privación de libertad de niños relacionada con la migración no puede considerarse una medida de último recurso y nunca redunda en el interés superior del niño, por lo que debería prohibirse en todos los casos” (párr. 56).
“La práctica de los Estados que no internan a niños en los centros de detención de migrantes pone de manifiesto que es posible lograr los intereses legítimos del Estado en lo relativo a la regulación de la migración mediante respuestas normativas a través de las que se aplican soluciones no privativas de la libertad. Entre ellas cabe mencionar el alojamiento abierto y adaptado a los niños en sistemas de protección infantil desconectados de las políticas migratorias y las autoridades, la facilitación de información de manera periódica, las familias de acogida y otros arreglos que dan prioridad al interés superior de los niños” (párr. 58).
“Independientemente de las condiciones de detención, las pruebas disponibles muestran que la privación de libertad por motivos de inmigración es perjudicial para la salud física y mental de los niños y los expone al riesgo de sufrir abusos y explotación sexual. Los informes han revelado que agrava los problemas de salud existentes y provoca otros nuevos, como ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y trastorno por estrés postraumático” (párr. 60).
8. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Reunificación familiar. No discriminación. Interés superior del niño.
“Entre las vías que llevan a los niños a ser separados innecesariamente de sus familias figuran la situación socioeconómica, la discriminación, la violencia en la familia y la falta de acceso a servicios esenciales (por ejemplo, sanidad, educación, rehabilitación o tratamiento). Algunos niños terminan internados en instituciones debido a una aplicación incorrecta del principio del interés superior del niño. En algunos casos, los sistemas que favorecen a las instituciones se caracterizan por el lucro o la mercantilización del cuidado infantil. Muchos Estados carecen de sistemas de control, necesarios para evitar el acogimiento de un niño bajo cuidados externos a los familiares directos y para garantizar que todo acogimiento responde a las necesidades y las preferencias del niño” (párr. 63).
“Las pruebas demuestran que las instituciones suelen caracterizarse por ser mecanismos de alojamiento intrínsecamente perjudiciales para los niños. Algunas de sus características son la separación y el aislamiento de la familia y la comunidad en general, la convivencia forzada, la despersonalización, la falta de atención individual y amor, la inestabilidad de las relaciones con los cuidadores, la falta de receptividad de los cuidadores, la falta de autodeterminación y rutinas fijas que no se adaptan a las necesidades y preferencias del niño” (párr. 64).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA SALUD; VULNERABILIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; GÉNERO; LGBTIQ; PRISIÓN; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; MIGRANTES; SALUD MENTAL; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; NO DISCRIMINACIÓN;
Tomov y otros v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud de los artículos 3 (prohibición de la tortura), 13 (derecho a un recurso efectivo) en relación al artículo 3 (trato cruel, inhumano o degradante-condiciones de detención), 6.1 (derecho al debido proceso), 38 (derecho a que el caso sea examinado), 46.2 (ejecución de sentencias) y 41 (derecho a una satisfacción equitativa) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Condiciones de detención. Traslado de detenidos. Personas privadas de libertad. Prueba. Derecho a la salud.
“Los Estados deben garantizar que todos los presos sean detenidos en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana, que las modalidades de ejecución de la medida no sometan a la persona a una angustia ni a una severa dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención y que, en vista de las necesidades prácticas de la prisión, la salud y el bienestar del prisionero estén adecuadamente garantizados. El hecho de que las malas condiciones de detención no estén dirigidas a humillar o menospreciar a la persona, no descarta de manera definitiva la conclusión de una violación del artículo 3 del Convenio. Corresponde al Estado demandado organizar su sistema penitenciario para garantizar el respeto a la dignidad de los detenidos, independientemente de las dificultades financieras o logísticas” (cfr. párr. 114).
“La evaluación de si las condiciones a las que fue sometido el peticionario excedieron el umbral de gravedad requerido para la aplicación del artículo 3 del Convenio, depende del efecto acumulativo de todas las circunstancias del caso; en particular, el período de tiempo que el peticionario pasó en esas determinadas condiciones. Dicha evaluación estima las alegaciones específicas formuladas por el peticionario, que deben estar respaldadas por pruebas apropiadas. Los principios que rigen las reglas probatorias y valoración de la carga de la prueba, en tales casos, se establecen en Ananyev y otros v. Rusia [TEDH. Aplicaciones Nº 42525/07 y 60800/08. Sentencia de 10 de enero de 2012, párrafos 139 142] y hacen especial hincapié en el papel que debe desempeñar el Estado demandado en la producción de las pruebas documentales que posee” (cfr. párr. 115).
“En relación con las normas elaboradas por las autoridades nacionales o por organizaciones internacionales –como el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT)–, el Tribunal recuerda que aunque pueden contribuir al análisis de una supuesta violación, no pueden constituir un factor decisivo a los efectos de su evaluación, en virtud del artículo 3 del Convenio. El Tribunal debe decidir sobre casos individuales a la luz de los hechos específicos, mientras que el CPT y las autoridades nacionales elaboran normas de aplicación general para evitar o prevenir violaciones similares. Sin embargo, el Tribunal examinará cuidadosamente los casos en que parece que las condiciones concretas no han respetado los estándares relevantes desarrollados por el CPT” (cfr. párr. 116).
2. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Traslado de detenidos. Condiciones de detención. Hacinamiento.
“En aras de la seguridad jurídica, y para una aplicación uniforme y predecible de los principios generales, el Tribunal considera necesario proporcionar un resumen del enfoque que debe adoptarse en aquellos casos en los que se alegue una violación del artículo 3 debido a las condiciones de transporte inhumanas y degradantes” (cfr. párr. 123).
“La evaluación de la compatibilidad con el artículo 3 no puede reducirse a un cálculo puramente numérico del espacio disponible para el preso durante su traslado. Solo una evaluación de todas las circunstancias del caso puede hacer posible aprehender con precisión la realidad experimentada por la persona transportada. Sin embargo, el transporte de detenidos en un vehículo que ofrece menos de 0,5 metros cuadrados de espacio por persona, da lugar a una fuerte presunción de violación. Un techo bajo, que obliga a los reclusos a doblarse, especialmente en habitáculos individuales, puede exacerbar su dolor físico y fatiga. La protección inadecuada contra las temperaturas externas es un factor agravante cuando las células no están suficientemente calientes o ventiladas. La fuerte presunción de violación del artículo 3 solo puede ser refutada en el caso de un traslado breve u ocasional. Por otro lado, los efectos negativos del hacinamiento deben considerarse tanto más importantes cuando el tiempo de viaje es más largo y los viajes más frecuentes, lo que refuerza la tesis de una violación” (cfr. párr. 124-126).
“En relación a los viajes largos, particularmente aquellos realizados en tren nocturno, el enfoque del Tribunal es similar al de una estadía en un lugar de privación de libertad por un período comparable. Aunque se puede tolerar un espacio reducido en el piso mediante el uso de literas, sería incompatible con lo fijado en el artículo 3 que los reclusos renunciaran a una noche de sueño debido a la falta de espacio para dormir o arreglos inapropiados para dormir. Factores como la incapacidad de proporcionar a cada interno un lugar individual para dormir, un suministro adecuado de agua potable y alimentos o un adecuado acceso a los sanitarios, agravan seriamente la situación de los internos durante sus traslados y son indicativos de una violación del artículo 3” (cfr. párr. 127).
“Finalmente, el Tribunal desea enfatizar la importancia del papel del CPT, que controla las condiciones de traslado y elabora normas para este propósito. Al decidir sobre aquellos casos relativos a las condiciones de traslado de un peticionario, el Tribunal permanecerá atento a esas normas y a su cumplimiento por parte de los Estados partes” (cfr. párr. 128).
“El Tribunal manifiesta que todos los peticionarios fueron transportados en condiciones que cumplían con los requisitos de la legislación nacional. Ninguno de ellos confirmó que los funcionarios hubieran tratado de infligirle dolor o sufrimiento. Incluso en ausencia de cualquier intención de humillar o menospreciar a los peticionarios, las condiciones concretas de su traslado en el presente caso, sin embargo, tuvieron el efecto de someterlos a una angustia de una intensidad tal que excedía el inevitable sufrimiento inherente a la detención. Estas condiciones han dañado su dignidad humana y equivalen a un trato ‘inhumano y degradante’” (cfr. párr. 141).   
“En consecuencia, ha habido una violación del artículo 3 del Convenio con respecto a todos los peticionarios, excepto en lo que respecta al traslado de la señora Punegova antes de su juicio” (cfr. párr. 142).
3. Recursos. Reparación. Traslado de detenidos. Cárceles.  
“Las denuncias interpuestas sobre condiciones de detención inhumanas o degradantes, y aquellas relativas a las condiciones de transporte de personas detenidas, son considerablemente similares en lo que respecta a los tipos de recursos teóricamente disponibles para tales agravios en el sistema legal ruso. Las conclusiones del Tribunal, con relación a la efectividad de los recursos internos en casos de condiciones de detención son, en consecuencia, aplicables al presente caso con ciertas calificaciones relacionadas con la corta duración de los transportes llevados a cabo. Se discutirán con más detalle a continuación” (cfr. párr. 144).
“El Tribunal enfatiza que para garantizar una verdadera reparación efectiva por la presunta violación de los derechos del Convenio, el marco legal para incoar tales quejas debe cumplir con los requisitos del artículo 13 y los procedimientos deben ser capaces de ofrecer una reparación adecuada a la persona agraviada” (cfr. párr. 146).
“En referencia a las denuncias que las personas detenidas pueden dirigir a los superiores de las unidades de escolta, el Tribunal observa que los superiores jerárquicos no tienen un punto de vista o criterio suficientemente independiente para considerar las denuncias que cuestionan la forma en que cumplen con su deber de mantener las condiciones de detención apropiadas en los traslados. Los detenidos también pueden dirigir sus denuncias a la oficina federal o regional del Defensor del Pueblo o a la Comisión Pública de Supervisión. Sin embargo, estos organismos no tienen autoridad para adoptar decisiones legalmente vinculantes” (cfr. párr. 147-148).
“Con anterioridad, el Tribunal determinó que los fiscales encargados de supervisar las prisiones preventivas desempeñan un papel importante en el aseguramiento de condiciones apropiadas de detención […]. Los ferrocarriles son competencia de los fiscales de transporte, que son responsables de supervisar la aplicación de la ley y garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades. No obstante, […] los informes delictivos y las órdenes que adoptan se refieren principalmente a la autoridad que supervisa y al organismo que es supervisado, y no tienen la intención de ofrecer un remedio preventivo o compensatorio a la persona que se considera a sí misma víctima. No existe una obligación legal de exigir al fiscal que escuche al peticionario o de garantizar su participación efectiva en los procedimientos posteriores. El peticionario no sería parte en ningún procedimiento y solo tendría derecho a obtener información respecto de la manera en que el organismo de supervisión tramitó la queja. Por otra parte, las personas detenidas en tránsito no parece que tengan una forma de comunicarse con un fiscal de transporte con el fin de asegurar su intervención con celeridad si las condiciones de transporte no cumplen con los requisitos legales o equivalen a un trato inhumano o degradante. En el caso del peticionario Rakov, la respuesta de la fiscalía llegó casi dos meses después de los hechos” (cfr. párr. 149).
“En referencia a la efectividad de los recursos judiciales, el Tribunal señala que con independencia de cuán diligentes sean los procedimientos ante los tribunales, generalmente terminan demasiado tarde para poner fin a una situación que involucra una violación en curso. A diferencia de las condiciones soportadas por las personas detenidas durante meses o años en una prisión preventiva o centro penal, los traslados toman un tiempo mucho más corto, de unos pocos días a unas pocas semanas. Sin embargo, el hecho de que los tribunales puedan examinar la queja sobre el fondo, incluso después de la finalización de un traslado, y establecer los hechos y ofrecer una reparación adaptada a la naturaleza de la violación, hace que el recurso judicial prima facie sea accesible y capaz, al menos teóricamente, de proporcionar una compensación adecuada” (cfr. párr. 150).
“Sin embargo, para que un recurso sea eficaz, debe estar disponible no solo en teoría sino también en la práctica, y ofrecer perspectivas razonables de ser satisfecho” (cfr. párr. 151).
4. Carga de la prueba. Responsabilidad civil.
“Las disposiciones del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual establecen normas específicas de reparación en caso de daños causados por las autoridades y agentes estatales. Exigen que el peticionario demuestre que el agravio fue causado por una acción u omisión indebida por parte de una autoridad específica o agente estatal determinado. Este requisito constituye una carga de la prueba que no se puede cumplir o que es inalcanzable en muchos casos. [En el presente caso] cada individualidad relativa a las condiciones de detención cumplía con las disposiciones reglamentarias nacionales, pero su efecto acumulativo era tal que constituía un trato inhumano en violación del artículo 3 del Convenio. Por lo tanto, era materialmente imposible responsabilizar a cualquier autoridad individual u oficial por tales condiciones, y mucho menos demostrar cualquier conducta ilícita de su parte” (cfr. párr. 152).
“Por lo tanto, existió una violación del artículo 13 del Convenio, leído conjuntamente con el artículo 3, con respecto a los peticionarios Tomov, Roshka y Barinov” (cfr. párr. 156).
5. Debido proceso. Derecho de defensa. Testimonios. Juicio justo. Derecho a ser oído. Vulnerabilidad.
“El peticionario Rakov se quejó de que se había violado su derecho a una audiencia imparcial debido a que no había tenido la oportunidad de presentar su reclamo de indemnización ante los tribunales” (cfr. párr. 157).
“El Tribunal reitera que el Código de Procedimiento Civil ruso, tal y como estaba redactado en el momento material, preveía audiencias orales ante los tribunales de apelación, y que el alcance de la revisión por parte de los tribunales de apelación no se limitaba a cuestiones de derecho, sino que también se extendía a cuestiones de hecho. Los tribunales de apelación estaban facultados para realizar una completa revisión del caso al igual que para considerar pruebas y argumentos adicionales que fueron examinados en los procedimientos en primera instancia. Dado el alcance amplio de la revisión del tribunal de apelaciones, las garantías de un juicio justo consagradas en el artículo 6 del Convenio, incluido el derecho a presentaciones orales ante el tribunal, fueron tan importantes en el procedimiento de apelación como lo fue en los tribunales de primera instancia” (cfr. párr. 161).
“En el presente caso, ya sea en primera instancia o en apelación, los tribunales nunca verificaron si la naturaleza de la queja exigía el testimonio personal del peticionario Rakov, y si su asistencia era esencial para garantizar la equidad general en el proceso. Nunca determinaron las razones de la ausencia del representante legal de Rakov ni consideraron procedimientos alternativos para permitirle ser escuchado en su ausencia como, por ejemplo, un enlace de video o una audiencia externa. [A]l  peticionario Rakov se le negó una oportunidad efectiva de presentar su postura, en violación del principio de un juicio justo” (cfr. párr. 162).
“Por lo tanto, existió una violación del artículo 6.1 del Convenio” (cfr. párr. 163).
“Sobre la existencia de un problema estructural que requiere la adopción de medidas generales: en más de 50 casos el Tribunal encontró violaciones al artículo 3 del Convenio debido a las condiciones en el transporte de detenidos. En muchos de ellos, también encontró una violación del artículo 13 debido a la falta de un recurso efectivo” (cfr. párr. 177).
“El origen del problema y las medidas generales necesarias para resolverlo:
Las violaciones reiteradas del artículo 3 derivadas de las inadecuadas condiciones de transporte constituyen un problema de una magnitud y complejidad considerables. Este es un problema multifactorial, debido a la existencia de una diversidad de factores en negativo, como la lejanía geográfica de muchos centros penitenciarios que se construyeron alejados de las principales ciudades bajo el régimen anterior, las largas distancias en cuestión, vehículos envejecidos, regulaciones, normas y estándares excesivamente restrictivos, así como la falta de transparencia durante el transporte de detenidos. Esta situación requiere la adopción a nivel nacional de medidas globales generales que deben tener en cuenta la gran cantidad de personas que actualmente están afectadas” (cfr. párr. 183).
“Vías para mejorar las condiciones de transporte:
a) Reducción respecto de la asignación a asentamientos remotos de detenidos: la necesidad de ubicar a los detenidos en instituciones lo más cerca posible de sus hogares con el fin de evitarles la exigencia de un largo viaje en tren, para reducir el número de prisioneros que viajan a destinos que son distantes y para evitar que los miembros de la familia viajen largos y costosos trayectos para visitar a sus familiares encarcelados” (cfr. párr. 186).
b) Revisar el marco normativo y la adaptación de los vehículos: las autoridades rusas han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones de transporte de los detenidos. No obstante, la disposición de las células o asientos en camionetas y vagones utilizados para viajes en tren de corta distancia debe revisarse para garantizar un espacio suficiente por persona y una distribución de los prisioneros en los compartimentos con un mayor equilibrio. Se debe evitar el uso de estancias individuales a menos que sea necesario por razones primordiales de seguridad. […]. Para viajes largos en tren, se debe prestar especial atención al aseguramiento digno de los dormitorios de los prisioneros. A cada uno de ellos les corresponde tener su propio dormitorio, así como un acceso adecuado a instalaciones sanitarias, agua potable y alimentos” (cfr. párr. 188).
“Debe fundamentarse la protección de las personas vulnerables en sus características individuales más que en su clasificación formal como grupo. Las condiciones de transporte deben ser individualizadas y ser adaptadas a las necesidades de los reclusos que no pueden ser transportados en condiciones normales, como consecuencia del estado de salud mental o características físicas, como la obesidad” (cfr. párr. 189).
6. Recursos. Debida diligencia. Reparación.
“Proporcionar recursos efectivos:
Las obligaciones impuestas a Rusia por el Convenio requieren que fije sin demora los recursos internos efectivos exigidos por el artículo 13. Para que sea efectivo el recurso, el sistema debe garantizar un tratamiento rápido y diligente de los mismos, garantizar la participación efectiva de las personas detenidas en su examen y proporcionar una amplia gama de herramientas legales con el objetivo de eliminar el incumplimiento de los requisitos establecidos. Finalmente, las personas detenidas deberían poder ejercer los recursos disponibles sin temor a castigos o represalias negativas” (cfr. párr. 190-192).
“El Tribunal considera que en todos aquellos casos en los que ya se ha establecido una violación del artículo 3, es probable que el daño al individuo se repare con una medida compensatoria. La compensación debe estar disponible para cualquier persona […] que haya sufrido un trato inhumano o degradante y haya presentado una solicitud para dicho fin. La confirmación de que las condiciones de transporte no cumplían los requisitos del artículo 3 da lugar a una fuerte presunción de que se han causado daños inmateriales a la parte perjudicada y que el monto de la indemnización por daños inmateriales no debe ser irrazonable en relación con los otorgados por el Tribunal en casos similares. En el contexto del presente caso, los tribunales internos deben considerar que, incluso en una situación en la que cada aspecto referente a las condiciones de transporte cumplía con las normas internas, su efecto acumulativo podría haber constituido un trato inhumano o degradante” (cfr. párr. 196-197).
“El Tribunal concluye de igual manera, por unanimidad, que existió una violación del artículo 38 debido a que el Estado demandado no cumplió con sus obligaciones de producir el material solicitado y la violación del artículo 6.1 debido a que un peticionario se vio privado de la oportunidad efectiva de argumentar su caso, en violación del principio de juicio justo” (cfr. párr. 196-197).   
TRASLADO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; HACINAMIENTO; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; RECURSOS; PRUEBA; REPARACIÓN; CARGA DE LA PRUEBA; RESPONSABILIDAD CIVIL; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; TESTIMONIOS; DERECHO A SER OIDO; DEBIDA DILIGENCIA; VULNERABILIDAD;
Escher v. BrasilCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Brasil era responsable por la violación de los artículos 11 (derecho a la vida privada y derecho a la honra y a la reputación) y 16 (derecho a la libre asociación) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

1. Intervención de las telecomunicaciones. Derecho a la privacidad.

“El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que ‘el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública’.
[A]unque las conversaciones telefónicas no se encuentran expresamente previstas en el artículo 11 de la Convención, se trata de una forma de comunicación incluida dentro del ámbito de protección de la vida privada. El artículo 11 protege las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional que desarrolla. De ese modo, […] se aplica a las conversaciones telefónicas independientemente de su contenido e incluso, puede comprender tanto las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones. En definitiva, la protección a la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de comunicación”.

2. Teléfonos. Telefonía celular. Derecho a la privacidad.

“La fluidez informativa que existe hoy en día coloca al derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente. Este progreso, en especial cuando se trata de interceptaciones y grabaciones telefónicas, no significa que las personas deban quedar en una situación de vulnerabilidad frente al Estado o a los particulares. De allí que el Estado debe asumir un compromiso, aún mayor, con el fin de adecuar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales de protección del derecho a la vida privada” (párr. 113-115).

“Como las conversaciones telefónicas de las presuntas víctimas eran de carácter privado y dichas personas no autorizaron que fueran conocidas por terceros, su interceptación por parte de agentes del Estado constituyó una injerencia en su vida privada. [P]ara que resulte con-forme a la Convención Americana una injerencia debe cumplir con los siguientes requisitos: a) estar prevista en ley; b) perseguir un fin legítimo, y c) ser idónea, necesaria y proporcional. En consecuencia, la falta de alguno de dichos requisitos implica que la injerencia es contraria a la Convención” (párr. 129).

3. Intervención de las telecomunicaciones. Cadena de custodia. Información confidencial. Responsabilidad del Estado. Derecho a la privacidad.

“[L]a divulgación de conversaciones telefónicas que se encontraban bajo secreto de justicia por agentes del Estado implicó una injerencia en la vida privada, la honra y la reputación de las víctimas…” (párr. 158).

“[L]a Corte considera que guardar secreto de las conversaciones telefónicas interceptadas durante una investigación penal es un deber estatal: a) necesario para proteger la vida privada de las personas sujetas a una medida de tal naturaleza; b) pertinente para los efectos de la propia investigación, y c) fundamental para la adecuada administración de justicia. En el presente caso, se trataba de información que debía permanecer sólo en conocimiento de un reducido número de funcionarios policiales y judiciales y el Estado falló en su obligación de mantenerla con el resguardo debido” (párr. 162).

4. Intervención de las telecomunicaciones. Deber de fundamentación.

“[L]as decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente motivadas y fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Las decisiones deben exponer, a través de una argumentación racional, los motivos en los cuales se fundan, teniendo en cuenta los alegatos y el acervo probatorio aportado a los autos. El deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede variar según la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. En los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión sea emitida sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación deben demostrar que han sido ponderados todos los requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión o la negativa de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez debe ser ejercido respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra posibles ilegalidades y arbitrariedades en el procedimiento en cuestión” (párr. 139).

INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES; INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; TELÉFONOS; TELEFONÍA CELULAR; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CADENA DE CUSTODIA;
Mustafa Onder v. MarruecosComité contra la Tortura - CAT
El Comité contra la Tortura consideró que la extradición del autor a Turquía constituiría una vulneración del artículo 3 de la Convención.
1. Extradición. Tortura. Principio de no devolución.
“El Comité recuerda ante todo que la prohibición de la tortura es absoluta e imperativa y que los Estados partes en ningún caso podrán invocar circunstancias excepcionales para justificar actos de tortura [hay nota]. El principio de no devolución de personas a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que correrían el riesgo de ser sometidas a tortura, enunciado en el artículo 3 de la Convención, también es absoluto [hay nota]” (párr. 7.2).
“A los efectos de determinar si existen motivos fundados para creer que la presunta víctima correría el riesgo de ser torturada, el Comité recuerda que, con arreglo al artículo 3, párrafo 2, de la Convención, los Estados partes deben tener en cuenta todas las consideraciones del caso, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en el país al que sería expulsada. En este caso, el Comité debe, no obstante, dilucidar si el autor correría personalmente un riesgo de ser sometido a tortura de ser extraditado a Turquía. De ahí que la existencia en un país de un cuadro de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituya de por sí un motivo suficiente para establecer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura al ser devuelto a ese país; deben aducirse otros motivos que permitan considerar que el interesado estaría personalmente en peligro [hay nota]. La inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos tampoco significa que deba excluirse la posibilidad de que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en su situación particular [hay nota]” (párr. 7.3).
“[L]a obligación de no devolución existe siempre que haya ‘razones fundadas’ para creer que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura en el Estado al que vaya a ser expulsada, a título individual o en calidad de miembro de un grupo que corra el riesgo de ser sometido a tortura en el Estado de destino. En tales circunstancias, la práctica del Comité ha sido determinar que existen ‘razones fundadas’ siempre que el riesgo de tortura sea ‘previsible, personal, presente y real’ [hay nota]. Entre los indicios de riesgo personal figuran, en concreto, la afiliación o actividades políticas del autor o de sus familiares y la existencia de un auto de detención sin garantías de un trato justo y un juicio imparcial [hay nota]” (párr. 7.4).
“En el presente caso, el Comité toma nota del argumento del autor, según el cual su extradición le haría correr un considerable riesgo de ser torturado durante su detención en Turquía, en razón de su presunta pertenencia al movimiento Hizmet. En este sentido, el Comité observa que se dictó auto de detención contra el autor por pertenencia a ese movimiento, pese a negar ser miembro de él, y que, según se desprende de los informes adjuntados al expediente, es común el recurso a la tortura y los malos tratos en el caso de personas de su perfil durante su detención. El Comité observa asimismo que, según el Estado parte, no se extradita a ninguna persona si corre el riesgo de ser perseguida por motivo de su raza, religión, condición política o por su situación personal, ni siquiera si puede estar en peligro por alguno de esos motivos” (párr. 7.5).
2. Extradición. Control judicial. Arbitrariedad.
“[E]l Comité observa que, al autorizar la extradición, la Corte de Casación de Rabat no evaluó el riesgo de tortura que implicaría para el autor esa extradición, habida cuenta de la situación imperante en Turquía desde el intento de golpe de estado en julio de 2016, en particular para las personas a las que, como al autor, se les atribuye una pertenencia, presunta o real, al grupo Hizmet. El Comité observa que, según el Estado parte, Turquía presentó garantías de que se respetarían los derechos del autor, de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por este país. No obstante, no se ha explicado en modo alguno la manera en que se evaluó el riesgo de tortura para el autor a fin de garantizar que este no se viese expuesto a un riesgo de tratos que contraviniesen al artículo 3 de la Convención a su regreso a Turquía” (párr. 7.10).
“En el presente caso, de acuerdo con las consideraciones de la Corte de Casación, en cuanto órgano jurisdiccional que conoce de las extradiciones, el Comité no puede concluir que la Corte haya examinado los argumentos sobre la existencia para el autor de un riesgo presente, previsible, real y personal de ser sometido a tortura en caso de extradición a Turquía. Habida cuenta del perfil del autor en cuanto miembro, presunto o real, del movimiento Hizmet, el Comité llega a la conclusión de que, en el presente caso, las seguridades no bastan para descartar los argumentos, según los cuales puede afirmarse que el autor de la queja corre un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura de ser extraditado a Turquía, lo que constituiría, por consiguiente, una vulneración del artículo 3 de la Convención” (párr. 7.11).
MIGRANTES; EXTRANJEROS; ASILADO POLÍTICO; REFUGIADO; EXTRADICION; TORTURA; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; CONTROL JUDICIAL; ARBITRARIEDAD;
STC 4314-18Tribunal Constitucional de España
El Tribunal Constitucional, por mayoría, hizo lugar a la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada respecto a los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del art. 294.1 de la LOPJ, por vulneración de los arts. 14 y 24.2 de la Constitución. En consecuencia, la redacción final del art. 294.1 LOPJ, una vez excluidos los incisos, declarados inconstitucionales y nulos, es la siguiente: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.
En el auto de planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad (ATC 79/2018, de 17 de julio) se consideró que “…los incisos ‘por inexistencia del hecho imputado’ y ‘por esta misma causa’ podrían resultar contrarios a los derechos a la libertad personal (art. 17 CE), a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia (24.2 CE), al vincular el derecho a la indemnización por prisión preventiva solo a los supuestos en que la resolución penal determina la inexistencia del hecho imputado. En concreto, esa selección de supuestos indemnizables en el art. 294.1 LOPJ mediante los referido incisos ‘puede dejar fuera otros que debieran serlo con fundamento en las exigencias constitucionales para privar de libertad cautelarmente a una persona (art. 17 CE), introduciendo diferencias irrazonables de trato por las razones de la absolución (art. 14 CE) que irremediablemente dejan latentes dudas sobre la inocencia del sujeto no condenado en el proceso penal (art. 24.2 CE)’”.
“La selección establecida en el art. 294 LOPJ por los incisos controvertidos discrimina entre el supuesto de inexistencia del hecho imputado y el resto de supuestos de prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento. La diferencia de trato desde una perspectiva indemnizatoria entre quienes, después de sufrir prisión preventiva, no resultan condenados por haberse probado la inexistencia del hecho y quienes lo han sido por otras razones de fondo es, además, radical, pues solo los primeros pueden ver satisfecha su pretensión de ser indemnizados. Esa diferencia no solo carece de justificación desde la finalidad del precepto que recoge el derecho a la indemnización de quienes se vieron privados de su libertad en aras el interés común, sino que resulta evidentemente desproporcionada en sus consecuencias, de un carácter gravoso extraordinario, ya que quedan excluidos del derecho a la indemnización, por lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE)”.
“La jurisprudencia constitucional ha venido limitando la eficacia del derecho a la presunción de inocencia a los procedimientos sancionadores (entre muchas, SSTC 7/1998, de 13 de enero, FJ 5; 272/2006, de 25 de septiembre, FJ 2, y 70/2008, de 23 de junio, FJ 4). De forma específica se rechazó la proyección de este derecho del art. 24.2 CE a los procedimientos en que se ventila la pretensión indemnizatoria por haber padecido prisión provisional (AATC 145/1998, de 22 de junio, FJ 2, y 220/2001, de 18 de julio, FJ 1). Sin embargo, como ya se ha destacado en el fundamento jurídico segundo de esta resolución, en la STC 8/2017 –y luego en la STC 10/2017–, este Tribunal modificó su doctrina tradicional sobre el contenido y ámbito aplicativo del derecho a la presunción de inocencia para acoger la dimensión del derecho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había estimado lesionada precisamente con ocasión de procedimientos indemnizatorios por prisión provisional del art. 294 LOPJ”.
“En términos generales, la finalidad de esta dimensión, que opera como garantía de efectividad del derecho a la presunción de inocencia, es evitar que los funcionarios y las autoridades públicas traten a las personas que han sido absueltas de cargos penales o cuyos procesos penales han sido sobreseídos como si fueran de hecho culpables de la acusación formulada en su contra [por todas, STEDH. Gran Sala. 12 de julio de 2013. Allen v. Reino Unido, párrafo 94]. El ámbito de aplicación del derecho a la presunción de inocencia del art. 6.2 CEDH en esta vertiente se extiende a procesos posteriores a la absolución o archivo en los que se ventilan cuestiones que constituyen un corolario y un complemento de los procesos penales, entre los que el Tribunal Europeo sitúa la vía procedimental del art. 294 LOPJ para reclamar al Estado una indemnización por la prisión provisional sufrida no seguida de condena [SSTEDH de 25 de abril de 2006, Puig Panella v. España, párrafo 50; de 13 de julio de 2010, Tendam v. España, párrafo 36, y de 16 de febrero de 2016, asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni v. España, párrafo 39]”.
“Como precisa el tribunal de Estrasburgo [STEDH de 16 de febrero de 2016, Vlieeland Boddy, párrafos 38-40] y recuerda la STC 8/2017, FJ 7, ‘se menosprecia la presunción de inocencia si una decisión judicial que afecta a un procesado refleja la sensación de que es culpable, cuando en realidad su culpabilidad no ha sido previamente establecida legalmente. […] Una vez que la absolución es firme –aunque se trate de una absolución con el beneficio de la duda–, conforme al artículo 6.2 del Convenio, la siembra de dudas sobre la culpabilidad, incluidas aquellas respecto de las causas de la absolución, no son compatibles con la presunción de inocencia […]. El Tribunal apunta que, en aplicación del principio in dubio pro reo, ninguna diferencia cualitativa debe existir entre una absolución fundada en una inexistencia de pruebas y una absolución resultante de una constatación de la inocencia de manera incontestable. En efecto, las sentencias absolutorias no se diferencian en función de los motivos aducidos por el Juez de lo penal. Muy al contrario, en el ámbito del artículo 6.2 del Convenio, la parte resolutiva de una sentencia absolutoria debe ser respetada por toda Autoridad que se pronuncie de manera directa o incidental sobre la responsabilidad penal del interesado [Allen, anteriormente citada, párrafo 102, Vassilios Stavropoulos v. Grecia, párrafo 39, de 27 de septiembre de 2007]. Exigirle a una persona que aporte la prueba de su inocencia en el marco de un procedimiento indemnizatorio por detención provisional se presenta como irrazonable y revela un atentado contra la presunción de inocencia [STEDH Capeau v. Bélgica, párrafo 25]’”.
“[E]l Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concretado, en lo que aquí interesa, que, cuando se cuestionan las resoluciones denegatorias de la indemnización por prisión provisional instada por la vía del art. 294 LOPJ, está ‘llamado a examinar si, por su manera de actuar, por los motivos de sus decisiones o por los términos usados en sus razonamientos, el Ministerio de Justicia y las jurisdicciones de lo contencioso-administrativo han arrojado sospechas sobre la inocencia de los demandantes habiendo por ello vulnerado el principio de la presunción de inocencia’ [SSTEDH de 25 de abril de 2006, Puig Panella v. España, párrafo 54; de 13 de julio de 2010, Tendam v. España, párrafo 38, y de 16 de febrero de 2016, Vlieeland Boddy v. España, párrafo 41]. Como resultado de ese examen, el Tribunal ha considerado lesivas del derecho a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH) resoluciones administrativas y judiciales que expresaron la distinción entre la absolución por haber quedado probada la no participación en los hechos y la absolución por falta de prueba de tal participación. Destaca que ese razonamiento, a pesar de basarse en el art. 294.1 LOPJ, que solo reconoce el derecho a la indemnización cuando se absuelve o se sobresee por ausencia de los hechos imputados, ’sin matices ni reservas, deja latente una duda sobre la inocencia del demandante‘. Concluye que en tanto ’distingue entre una absolución por falta de pruebas y una absolución resultante de la comprobación de la inexistencia de hechos delictivos, ignora la previa absolución del acusado, cuya disposición debe ser respetada por todas las autoridades judiciales, cualesquiera que sean las razones dadas por el juez’ [STEDH de 13 de julio de 2010, Tendam v. España, párrafo 39; también SSTEDH de 25 de abril de 2006, Puig Panella v. España, párrafo 55; y de 16 de febrero de 2016, Vlieeland Boddy v. España, párrafos 42 y 47]”.
“En el caso de la regulación fijada en el art. 294 LOPJ, los incisos cuestionados obligan a examinar las razones en que se basa la decisión de no condenar o sobreseer en el proceso penal para identificar la concurrencia del supuesto de hecho de la norma: la inexistencia del hecho imputado. En su comprensión literal actual, limitada a la inexistencia objetiva del hecho justamente para evitar incurrir en una vulneración de la vertiente concernida del derecho a la presunción de inocencia, el precepto obliga a inferir de la resolución penal la probada no concurrencia (fenoménica o típica) del hecho delictivo para reconocer el derecho a ser indemnizado. Se diferencia entre probada inexistencia objetiva del hecho, único supuesto indemnizable, y el resto de supuestos, incluidos la falta de prueba del hecho objetivo y la inexistencia o falta de prueba de la participación. Respecto a esa delimitación, este Tribunal no ha estimado compatible con el art. 24.2 CE, interpretado conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.2 CEDH, la distinción entre los supuestos de acreditada inexistencia objetiva del hecho y los de falta de prueba de su existencia material o típica […]. En otras palabras, tanto si se identifica la selección efectuada por la referencia a la inexistencia del hecho imputado como inexistencia objetiva como si se interpreta de forma más amplia y se da cabida también a la inexistencia subjetiva, se reproduce el esquema vetado por el art. 24.2 CE de distinguir entre las absoluciones o sobreseimientos por prueba de la inocencia y por aplicación del principio de presunción de inocencia”.
“Cuando se razona que no puede reconocerse el derecho a ser indemnizado conforme al art. 294 LOPJ, en la medida en que el recurrente no ha sido absuelto o ha visto sobreseída su causa en razón de la inexistencia objetiva del hecho, se afirma, ciertamente, que no concurre el presupuesto legal de la inexistencia (objetiva) del hecho imputado. Pero al tiempo se introducen diferencias cualitativas entre los motivos de las decisiones materiales de absolución, por prueba de que no existió el hecho y por el resto de razones posibles vinculadas a la presunción de inocencia, que siembran dudas sobre la culpabilidad del absuelto. En tal sentido, aunque la decisión del caso argumente intencionadamente en estrictos términos de no concurrencia del supuesto de hecho de la norma, esa razón viene acompañada implícitamente de la afirmación de que se absolvió por otra, que será de ordinario la falta de prueba suficiente de la participación del sujeto en los hechos”.
“Como se destacó en la STC 8/2017, para decidir sobre si concurre o no responsabilidad de la Administración de Justicia por prisión provisional no seguida de condena no podrán utilizarse argumentos que directa o indirectamente afecten a la presunción de inocencia, entendiendo que viola este derecho cualquier razonamiento que ponga en duda la inocencia del demandante, como el afirmar que la razón de la absolución deriva de la aplicación de los principios del proceso penal (presunción de inocencia) y no de la inexistencia del hecho delictivo. En el mismo sentido insistimos en la STC 10/2017, FJ 4, al sostener que, cuando las resoluciones deniegan la indemnización porque se absuelve debido a la insuficiencia de la prueba practicada para generar una convicción sobre la responsabilidad criminal más allá de toda duda razonable, dichas resoluciones suscitan dudas sobre la inocencia del denunciante, de modo que se menosprecia el derecho del actor a la presunción de inocencia. En consonancia con las SSTC 8 y 10/2017, no es compatible con el art. 24.2 CE denegar la indemnización argumentando que el entonces preso provisional fue absuelto por falta de pruebas o por aplicación del principio in dubio pro reo, por más que ello sirva al tiempo para sostener que no concurre el requisito legal del art. 294 LOPJ de inexistencia del hecho imputado.
“A la luz de lo referido, no se trata de un eventual uso desafortunado del lenguaje por el operador jurídico sino, con carácter previo y determinante, del tipo de razonamiento a que obliga el tenor del art. 294 LOPJ, tanto en una interpretación restrictiva como extensiva, anclado en el examen selectivo de las razones de la absolución o el sobreseimiento tomadas de su expresión explícita o implícita en la previa resolución penal. Se excluye así la toma en consideración de otros elementos de decisión, de circunstancias relacionadas con el devenir del proceso o la conducta del reclamante, que permitan introducir los matices echados en falta en la jurisprudencia europea concernida y resolver en equidad sobre la cuestión, en su caso, incluso de forma diversa a cómo se pronunció la jurisdicción penal con ocasión de los mismos hechos [STEDH, Vlieeland Boddy v. España, párrafo 44, citando Allen v. Reino Unido, párrafo 123]. En último término, se vendría a exigir al reclamante que aporte prueba de su inocencia, lo que parece irrazonable y revela una violación del derecho [por todos, STEDH de 13 de enero de 2005, Capeau v. Bélgica, párrafo 25) a la par que supone una exigencia de imposible cumplimiento para él. La decisión sobre la solicitud se apoya en lo fijado por el Juez penal, en cuya resolución debe haber quedado constancia de que resultó probada la inexistencia del hecho, presupuesto legal de la indemnización, sin que, sin embargo, exista un derecho a ser declarado inocente [SSTC 40/1988, de 18 de marzo, FJ 4, y 202/2000, de 24 de julio, FJ 4] ni se ofrezca al demandante la posibilidad de acreditarlo en el procedimiento indemnizatorio”.
“La estructura del precepto aplicable, con los incisos ’por inexistencia del hecho imputado‘ y ’por esa misma causa‘, que remiten a las razones ofrecidas por la resolución penal para sostener la decisión que le es propia de absolución o sobreseimiento (ajena a una eventual indemnización ulterior por la prisión provisional sufrida), obliga a argumentar de forma incompatible con la dimensión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) que salvaguarda la eficacia pro futuro del previo pronunciamiento absolutorio, por lo que resultan contrarios al art. 24.2 CE. En tanto no se vislumbra una interpretación del ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ que no discrimine entre las razones de la absolución vinculadas a la presunción de inocencia, los incisos que hacen depender la indemnización de ese tipo de razonamientos conculcan el derecho a la presunción de inocencia”.
“Las conclusiones expuestas en los fundamentos precedentes conducen a estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad. Al poner en relación los problemas de constitucionalidad de la selección de supuestos indemnizables que dibujan los incisos controvertidos desde la perspectiva de los arts. 14 y 24.2 CE, se observa que circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto a los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho. Tampoco una interpretación amplia del art. 294.1 LOPJ, que reconozca el derecho a ser indemnizado tanto en caso de inexistencia objetiva como subjetiva, puede eludir las objeciones de ausencia de justificación razonable de la diferencia de trato y, sobre todo, de desproporción en las consecuencias, sin que, por lo demás, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia se mitigue, al perpetuar la distinción entre absoluciones por prueba de la inocencia y falta de prueba de la culpabilidad”.
“Los incisos del art. 294 LOPJ ‘por inexistencia del hecho imputado’ y ‘por esta misma causa’ reducen el derecho a ser compensado por haber padecido una prisión provisional acordada conforme a las exigencias constitucionales y legales en un proceso que no concluyó en condena de forma incompatible con los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia. La selección de supuestos indemnizables excluye otros abarcados por la finalidad de la previsión resarcitoria, atenta a indemnizar los daños fruto del sacrifico de la libertad de un ciudadano en aras del interés común, de modo que introduce una diferencia entre supuestos de prisión provisional no seguida de condena contraria al art. 14 CE, en tanto que injustificada, por no responder a la finalidad de la indemnización, y conducente a resultados desproporcionados. De otro lado, en tanto la referida delimitación del ámbito resarcible obedece a las razones de fondo de la absolución, establece de forma inevitable diferencias entre los sujetos absueltos vinculadas a la eficacia del derecho a la presunción de inocencia, obliga a argumentar con base en esas diferencias y deja latentes dudas sobre su inocencia incompatibles con las exigencias del art. 24.2 CE”.
“Todo ello conduce a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ‘por inexistencia el hecho imputado’ y ‘por esta misma causa’, lo que hace innecesario que nos pronunciemos acerca de si, además, conllevan una vulneración del derecho a la libertad”.
“La redacción resultante del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, es la siguiente: ‘Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios’. Una interpretación literal del precepto así depurado de su tacha de inconstitucionalidad permitiría ciertamente sostener que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución (o de sobreseimiento libre), daría lugar a indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos. Ha de advertirse que tal conclusión no se deriva de esta sentencia ni puede deducirse del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 por la sola circunstancia de que lo hayamos depurado de los incisos que lo hacían contrario a los arts. 14 y 24.2 CE. Antes bien debe entenderse que los presupuestos y el alcance de la indemnización previstos en el art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 habrán de acotarse a través de la eventual intervención legislativa y, en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su finalidad y la teoría general de la responsabilidad civil que realicen la administración y, en último término, los órganos judiciales. De modo que la doctrina de esta sentencia no solo respeta los amplios márgenes de configuración legislativa o de interpretación judicial en lo que afecta al quantum indemnizatorio, sino que tampoco impide rechazar que exista en el caso concreto derecho a indemnización en virtud de la aplicación de criterios propios del Derecho general de daños (como pueden ser la compensatio lucri cum damno o la relevancia causal de la conducta de la propia víctima)”.
“Respecto del pronunciamiento de nulidad, procede aplicar la doctrina reiterada de este Tribunal en cuya virtud, ‘en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales’. Más allá de ese mínimo dirigido a preservar la cosa juzgada, debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que —en el asunto que nos ocupa— esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme […]. En consecuencia, esta sentencia no permite revisar procesos fenecidos ni reabrir los plazos para formular reclamaciones indemnizatorias”.
REPARACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; INDEMNIZACIÓN; PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; IGUALDAD; PRINCIPIO DE INOCENCIA; SENTENCIA ABSOLUTORIA;
Marcello Viola v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por haber infringido el artículo 3 (tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“[P]ara determinar […] si el castigo conocido como ‘cadena perpetua ostensiva’ es de jure y de facto reducible, es decir, si ofrece una posibilidad de liberación y una posibilidad de reexamen o revisión, el Tribunal se centrará en la única opción disponible para el peticionario: cooperar en las actividades de investigación y enjuiciamiento llevadas a cabo por las autoridades judiciales, a fin de tener la oportunidad de solicitar y obtener su liberación” (cfr. párr. 99).
“[L]a legislación interna no prohíbe, de manera absoluta ni automática, el acceso a la libertad condicional ni a los demás beneficios propios del sistema penitenciario, sino que la subordina a la ‘colaboración con la justicia’” (cfr. párr. 101).
“[L]a situación propia del peticionario […] se sitúa entre la de cadena perpetua ordinaria […], cuya sentencia puede reducirse de jure y de facto, y la del preso que está excluido del sistema debido a un obstáculo legal o práctico, cualquier posibilidad de liberación, en violación del artículo 3 de la Convenio” (cfr. párr. 102).
“Así pues, el artículo 4 bis [Código de Procedimiento Penal italiano] determina una presunción de peligro para la persona condenada por el tipo de delito del que se le acusa. Esta peligrosidad y el vínculo con el entorno criminal de origen no desaparecerán únicamente por el encarcelamiento. El Tribunal manifiesta que […] es por esta razón que la disposición cuestionada solicita al condenado que demuestre de forma concreta, a través de su colaboración, que ha roto con el contexto criminal al que pertenece, lo que también manifestaría el resultado positivo del proceso de resocialización” (cfr. párr. 106).
“Está bien establecido por la jurisprudencia del Tribunal que la elección por un Estado de un régimen específico de justicia criminal, incluidos la revisión de las penas y las modalidades de excarcelación, están en principio fuera del ámbito de supervisión que el Tribunal debe asumir en el nivel europeo, en tanto no resulte que tal sistema contravenga los principios afirmados por el Convenio” (cfr. párr. 107).
“[S]i la represión sigue siendo uno de los propósitos del encarcelamiento, las políticas penales europeas ponen ahora el acento en el objetivo de reintegración o reinserción que persigue la detención, incluso en el caso de los presos condenados a cadena perpetua y, en particular, hacia la finalización de una sentencia privativa de libertad a largo plazo. El principio de reinserción se refleja en las normas internacionales y, actualmente, está reconocido en la jurisprudencia del Tribunal” (cfr. párr. 108).
“[Estas consideraciones] llevan al Tribunal a examinar la problemática central que surge en el caso del peticionario. Es decir, si el equilibrio entre los objetivos de la política criminal y la función de resocialización de la pena no termina, en su aplicación práctica, en la limitación excesiva de la posibilidad de excarcelación de la parte interesada y la posibilidad de que esta solicite un nuevo examen de su sentencia” (cfr. párr. 110).
“El Tribunal observa que el sistema penitenciario italiano se fundamenta en el principio de progresividad del tratamiento del preso, según el cual la participación activa en el programa de reeducación individual y el transcurso del tiempo pueden producir efectos positivos en la persona condenada y, así, promover su plena reintegración en la sociedad. A medida que evoluciona en prisión, y al admitir que lo hace, el sistema ofrece a los presos la posibilidad de beneficiarse de medidas progresivas (que van desde el trabajo en el exterior hasta la liberación condicional) que lo acompañan en su «viaje hacia la salida». Esta es una declinación de la función correctiva de la detención sustentada en la sentencia Murray” (cfr. párr. 111-112).
“De la misma manera, señala que también se manifestó que el principio de ‘dignidad humana’ impide privar a una persona de su libertad mediante restricciones en las que se le vea negada  su posible reinserción y su oportunidad de recuperar esa libertad en algún momento. Señaló que ‘un preso condenado a cadena perpetua tiene derecho a saber […] qué debe hacer para que se pueda examinar su posible liberación y cuáles son las condiciones aplicables’ [Vinter]. También manifestó que las autoridades nacionales deben dar a los presos condenados a cadena perpetua una posibilidad real de reintegrarse [Harakchiev y Tolumov]. Es notoria una obligación positiva de medios, y no de resultados, lo que implica garantizar a estos condenados la existencia de regímenes penitenciarios que sean compatibles con el objetivo de corrección y que les posibiliten avanzar hacia esta dirección [Murray]. Sobre esta cuestión, el Tribunal concluyó, de forma previa, que esta obligación se había incumplido en los casos en que fue el régimen penitenciario o las condiciones de detención las que impidieron la corrección de los detenidos [Harakchiev y Tolumov]” (cfr. párr. 113).
“Si bien era cierto que el régimen interno ofrecía a los condenados la opción de cooperar con las autoridades judiciales, el Tribunal tiene dudas sobre la libre naturaleza de esta elección y la necesidad y conveniencia de relacionar la falta de cooperación con el peligro del preso para la sociedad. La falta de cooperación no siempre puede considerarse como el resultado de una elección libre y deliberada, ni necesariamente refleja la adhesión continua a los ‘valores criminales’ o los vínculos continuos con la organización en cuestión” (cfr. párr. 116-118).
“La negativa a cooperar puede ser atribuible a otras circunstancias o consideraciones [como el miedo a represalias contra sí mismo o su familia]; por el contrario, la decisión de cooperar puede basarse en razones puramente oportunistas. En tales circunstancias, equiparar la falta de cooperación con una presunción irrefutable de peligro para la sociedad no refleja el progreso real del individuo en la rehabilitación” (cfr. párr. 120).
“[A]l considerar la colaboración con las autoridades como la única demostración posible de la ‘disociación’ de la persona condenada y de su corrección, no se tienen en cuenta el resto de elementos que posibilitan evaluar los progresos realizados por el detenido. De hecho, no es excluyente que la ‘disociación’ del contexto de la mafia pueda expresarse de forma diversa a la colaboración con la justicia” (cfr. párr. 121).
“El Tribunal estima que la personalidad de una persona condenada no permanece fija en el momento de la comisión del delito. Puede evolucionar durante la fase de ejecución de la sentencia, como la función de resocialización, que le permite revisar de forma crítica su iter criminis y reconstruir su personalidad. [P]or esta razón, la persona condenada tiene derecho a conocer qué debe hacer para que se examine su posible libertad y cuáles son las condiciones aplicables” (cfr. párr. 125-126).
“En el presente caso, el Tribunal considera que la falta de ‘colaboración con la justicia’ lleva a una presunción irrefutable de peligro que tiene el efecto de privar al peticionario de cualquier posibilidad realista de liberación […]. Se arriesga a la imposibilidad de redimirse a sí mismo: haga lo que haga en prisión, su castigo permanece inmutable y no está sujeto a control; y también corre el riesgo de que se vuelva más insufrible con el paso del tiempo [Vinter]” (cfr. párr. 127).
“Por lo tanto, fue imposible para el peticionario demostrar que su detención ya no estaba justificada por sanciones legítimas. Para equiparar la falta de cooperación con la presunción irrefutable de la peligrosidad para la sociedad, el sistema evalúa efectivamente el peligro de la persona basándose en el momento en que el delito fue cometido en lugar de tener en cuenta el proceso de resocialización y los progresos del condenado realizados desde su condena” (cfr. párr. 128).
“Es cierto que los delitos por los cuales el peticionario fue condenado se referían a un fenómeno particularmente peligroso para la sociedad. Además, la reforma penitenciaria que dio origen al régimen actual fue adoptada en 1992, en el contexto de una emergencia luego de un episodio que afectó profundamente a Italia. Sin embargo, los esfuerzos para combatir este flagelo no pueden justificar una excepción a las disposiciones del artículo 3 del Convenio, que prohíbe de forma absoluta el trato inhumano o degradante. Por lo tanto, la naturaleza de las infracciones es irrelevante en el contexto actual. Además, el objetivo final de la resocialización es prevenir la reincidencia y proteger a la sociedad” (cfr. párr. 130).
“En virtud del artículo 5 del Convenio, el Tribunal sostuvo que la presunción legal de la peligrosidad podría justificarse, especialmente cuando no es absoluta, tan pronto como sea susceptible de ser refutada por la evidencia en contrario […]. Esto es particularmente cierto en relación con el artículo 3 del Convenio, cuya naturaleza absoluta no permite ninguna excepción. Considerar la cooperación con las autoridades como el único elemento que indica que un preso ha cortado el contacto con grupos criminales y ha sido rehabilitado no tiene en cuenta otros indicadores que pueden utilizarse para evaluar su progreso” (cfr. párr. 131).
“Con respecto a la posibilidad de obtener un indulto o la liberación por razones humanitarias [como la vejez, discapacidad física o problemas de salud], el Tribunal dictaminó con anterioridad que no corresponde a lo que se incluye en el término de ‘perspectiva de liberación’, un término utilizado desde la sentencia Kafkaris [GC]” (cfr. párr. 133).
“El Tribunal recuerda que la dignidad humana […] imposibilita privar a una persona de su libertad de manera coercitiva sin colaborar al mismo tiempo para su reinserción y sin que se le pueda dar la oportunidad de que recupere en algún momento su libertad” (cfr. párr. 136).
“A la luz de los principios citados con anterioridad, […] el Tribunal considera que la pena a cadena perpetua impuesta al peticionario [denominada ‘cadena perpetua ostensiva’], limita de forma excesiva la posibilidad de liberación de la persona en cuestión y la posibilidad de reexamen de su sentencia. Por lo tanto, dicho castigo no puede describirse como reducible a los efectos del artículo 3 del Convenio. Por lo tanto, el Tribunal […] concluye que no se han respetado los requisitos  establecidos en el artículo 3” (cfr. párr. 137).
“[L]a naturaleza de la violación encontrada fue tal que el Estado debería reformar su régimen de cadena perpetua, preferiblemente mediante la introducción de modificaciones legislativas con el fin de garantizar la posibilidad de revisión de la sentencia. Esto debería permitir a las autoridades determinar si, en el curso de su sentencia, el preso ha cambiado y ha progresado hacia la rehabilitación, ya que su detención no estaba justificada por motivos penológicos, lo que le permite al condenado saber qué hacer para que se considere su liberación y qué condiciones están asociadas con él. La ruptura de las relaciones con el grupos criminal podría expresarse de manera distinta a la cooperación con las autoridades judiciales y el mecanismo automático previsto por la legislación vigente” (cfr. párr. 143).
PRISIÓN PERPETUA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; FINALIDAD DE LA PENA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; LIBERTAD; LIBERTAD CONDICIONAL; AGRAVANTES; RECURSO DE REVISIÓN; INDULTO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO A LA SALUD;
JAB v. EspañaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que España era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud del artículo 3 (interés superior del niño), 8 (preservación de la identidad), 12 (derecho del menor a expresar opinión), 20.1 (protección de los niños no acompañados privados de su medio familiar) y 24 (derecho a la salud y servicios médicos) de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 6 del Protocolo Facultativo (deber de adoptar medidas).
1. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Debido proceso. Determinación de la edad. No discriminación.
“La cuestión ante el Comité consiste en determinar si […] el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el peticionario violó sus derechos reconocidos por la Convención. En particular, el peticionario ha alegado haber sido víctima de discriminación por no haberse considerado los documentos originales y oficiales emitidos por las autoridades de su país de origen; que el proceso de determinación de su edad en ningún momento tomó en consideración el interés superior del niño; que no se ha respetado su derecho a ser oído; que no se ha respetado su identidad; y que los tratamientos que requiere no le pueden ser administrados al haber sido expulsado del sistema de protección y al no tener representante legal” (párr. 13.2).
“[L]a determinación de la edad de una persona joven que alega ser menor de edad tiene una importancia fundamental, dado que el resultado determina si dicha persona tendrá derecho a la protección nacional como niño o será excluido de dicha protección. Del mismo modo, y de vital importancia para el Comité, el disfrute de los derechos contenidos en la Convención fluye de dicha determinación. Por ello, es imperativo la existencia de un debido proceso para determinar la edad, así como para cuestionar el resultado mediante procesos de apelación. En consecuencia, el Comité considera que el mejor interés del niño debería ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad” (párr. 13.3).
“El Comité recuerda la Observación General conjunta Nº 4 [del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Observación núm. 23 (2017) del Comité de los Derechos del Niño, sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno], en el sentido de que los documentos de identidad deben de considerarse auténticos salvo que se pruebe lo contrario. Igualmente, no se debe declarar la mayoría de edad exclusivamente con base en la negativa de la persona de someterse a pruebas médicas” (párr. 13.4).
2. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Menores no acompañados. Representación. Interés superior del niño.
“El Comité recuerda su Observación General Nº 6 [sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen] en el sentido de que no solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo sino también su maduración psicológica, que la evaluación debe basarse en criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, y en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (párr. 13.6).
“[L]os Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y con capacidades lingüísticas adecuadas para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, o bien reconocer los representantes designados por ellos. El Comité considera que facilitar representación para estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser oído. Al contrario, la falta de representación oportuna puede resultar en una injusticia sustancial” (párr. 13.7).
“A la luz de todo lo anterior, […] el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el autor, quien alegaba ser un niño, no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención. En las circunstancias del presente caso, y en particular la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del autor emitidos por un país soberano, la declaratoria de mayoría de edad frente a la negativa de someterse a pruebas de determinación de la edad, y el rechazo de su representante para acompañarlo durante dicho procedimiento, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido el autor, en violación de los artículos 3 y 12 de la Convención” (párr. 13.19).
3. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Debido proceso. Derecho a la identidad. Prueba. Asistencia letrada. Vulnerabilidad.
“[L]a edad y fecha de nacimiento de un niño forman parte de su identidad y […] los Estados parte tienen la obligación de respetar el derecho del niño a preservarla sin privarlo de ninguno de sus elementos. En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no respetó la identidad del autor al negarle cualquier tipo de valor probatorio a todos los documentos oficiales aportados que acreditaban su minoría de edad, sin tan solo analizar su validez y sin haber cotejado los datos de dichos documentos con las autoridades del país de origen del autor. En consecuencia, el Comité concluye que el Estado parte violó el artículo 8 de la Convención” (párr. 13.10).
“[E]l Comité [consideró la] ausencia de protección del Estado frente a [la] situación de desamparo con grado de vulnerabilidad muy elevado, al ser menor, migrante, no acompañado y enfermo, así como la contradicción al reconocer al autor mayor de edad, pero al mismo tiempo exigirle un tutor para dispensarle tratamientos y vacunas. El Comité observa que esta falta de protección se produjo incluso después de que el autor presentara a las autoridades españolas documentos de identidad que confirmaban que era un niño. El Comité considera que lo anterior constituye una violación de los artículos 20 (1) y 24 de la Convención” (párr. 13.11).  
4. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Medidas provisionales.
“Finalmente, […] al ratificar el Protocolo Facultativo, los Estados partes se comprometen a respetar las medidas provisionales dictadas de conformidad con el artículo 6 de dicho Protocolo, medidas que previenen la producción de un daño irreparable mientras una comunicación se encuentra pendiente de examen, asegurando así la efectividad del procedimiento de comunicaciones individuales. En consecuencia, el Comité considera que la falta de cumplimiento de las medidas provisionales solicitadas constituye en sí misma una violación del artículo 6 del Protocolo Facultativo” (párr. 13.13).
5. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Reparación.
“Como consecuencia, el Estado parte debe proporcionar al autor una reparación efectiva por las violaciones sufridas, incluido ofreciéndole la oportunidad de que regularice su situación administrativa en el Estado parte. Asimismo, el Estado parte tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, asegurando que todo proceso de determinación de la edad de posibles niños no acompañados sea acorde a la Convención y, en particular, que durante dichos procedimientos se tome en consideración la documentación aportada por las personas sometidas a los mismos y que se les designe rápidamente una representación calificada y gratuita o se les tengan por designados los letrados libremente elegidos por ellas” (párr. 14).
MIGRANTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; MAYORÍA DE EDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DEBIDO PROCESO; PASAPORTE; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; PRUEBA; VULNERABILIDAD; TUTOR; ASISTENCIA LETRADA; MENORES NO ACOMPAÑADOS; REPARACIÓN;
C-508-18, C-82-19 y C-509-18Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia concluyó que “…el concepto de ‘autoridad judicial emisora’ que figura en la Decisión Marco no comprende las fiscalías de un Estado miembro, como las de Alemania, expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un Ministro de Justicia, en el marco de la adopción de una decisión relativa a la emisión de una orden de detención europea. En cambio, este concepto comprende al Fiscal General de un Estado miembro, como el de Lituania, que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y goza en ese Estado miembro de un estatuto que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea” (párr. 90).
Para llegar a tal conclusión, el TJUE recordó, con carácter preliminar, que “…tanto el principio de confianza mutua entre los Estados miembros como el principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en la confianza recíproca entre aquellos, tienen una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de esos Estados, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho…” (párr. 43).
“No obstante, el principio de reconocimiento mutuo presupone que solo las órdenes de detención europea, en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, deben ejecutarse conforme a lo dispuesto en esta. Pues bien, de ese artículo se desprende que tal orden de detención constituye una «resolución judicial», lo que exige que sea emitida por una «autoridad judicial» en el sentido del artículo 6, apartado 1, de esta” (párr. 46).
“Si bien, conforme al principio de autonomía procesal, los Estados miembros pueden designar en su Derecho nacional a la «autoridad judicial» competente para dictar órdenes de detención europea, no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro el sentido y el alcance de este concepto…” (párr. 48).
“[L]os términos «autoridad judicial», que figuran en esta disposición, no se limitan a designar a los jueces o tribunales de un Estado miembro, sino que deben entenderse en el sentido de que designan, más ampliamente, a las autoridades que participan en la administración de la justicia penal en ese Estado miembro, a diferencia, en particular, de los ministerios o de los servicios de policía, que forman parte del poder ejecutivo […]” (párr. 50).
“De ello se desprende que el concepto de ‘autoridad judicial’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, puede englobar a las autoridades de un Estado miembro que, sin ser necesariamente jueces o tribunales, participan en la administración de la justicia penal de ese Estado miembro” (párr. 51).
“De las consideraciones expuestas [párrafos 50 a 59] de la presente sentencia se desprende que debe considerarse que una autoridad, como una fiscalía, que tiene competencia, en el marco del procedimiento penal, para ejercer la acción penal contra una persona sospechosa de haber cometido un delito a fin de que sea llevada ante un tribunal, participa en la administración de la justicia del Estado miembro de que se trate” (párr. 60).
“[R]efiriéndose a la exigencia de independencia de los tribunales, los órganos jurisdiccionales remitentes albergan dudas acerca de si las fiscalías de que se trata en los procesos principales respetan esta exigencia, pues forman parte de una estructura jerarquizada que depende del ministro de Justicia del Land en cuestión y en la que este ostenta una potestad de control y dirección, incluso de instrucción, con respecto a las entidades que, como las fiscalías, están subordinadas a él” (párr. 64).
“A este respecto, procede recordar que la Decisión Marco 2002/584 pretende establecer un sistema simplificado de entrega directamente entre autoridades judiciales, destinado a sustituir al sistema de cooperación clásico entre Estados soberanos que implica la intervención y apreciación del poder político, para garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia penal en un espacio de libertad, seguridad y justicia” (párr. 65).
“En este marco, cuando se dicta una orden de detención europea para la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales, esa persona debe haber disfrutado, en una primera fase del procedimiento, de las garantías procesales y los derechos fundamentales cuya tutela deben garantizar las autoridades del Estado miembro emisor según la normativa nacional aplicable, en particular la relativa a la adopción de una orden de detención nacional” (párr. 66).
“El sistema de la orden de detención europea entraña, de ese modo, una protección a dos niveles de los derechos procesales y de los derechos fundamentales de los que debe disfrutar la persona buscada, puesto que a la tutela judicial prevista, en el primer nivel, a la hora de adoptar una resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, se añade la tutela que debe conferirse, en un segundo nivel, al emitir una orden de detención europea, la cual puede dictarse, en su caso, en un breve plazo tras la adopción de la mencionada resolución judicial nacional” (párr. 67).
“[C]uando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europea a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un juez o un tribunal, la resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, en la que se fundamenta la orden de detención europea debe satisfacer, por su parte, tales exigencias” (párr. 69).
“El cumplimiento de estas exigencias permite así garantizar a la autoridad judicial de ejecución que la decisión de dictar una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales se basa en un procedimiento nacional sujeto a control judicial y que la persona objeto de esa orden de detención nacional ha disfrutado de todas las garantías propias de la adopción de este tipo de resoluciones, en particular las derivadas de los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales a los que hace referencia el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584” (párr. 70).
“El segundo nivel de protección de los derechos de la persona reclamada […] implica que la autoridad judicial competente, en virtud del Derecho nacional, para emitir una orden de detención europea controla, en particular, el cumplimiento de los requisitos necesarios para dicha emisión y valora si, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto, dicha emisión tiene carácter proporcionado” (párr. 71).
“En efecto, es a la ‘autoridad judicial emisora’ mencionada en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, esto es, a la entidad que en último término toma la decisión de emitir la orden de detención europea, a quien corresponde garantizar este segundo nivel de protección, también cuando esa orden de detención europea se fundamenta en una resolución nacional dictada por un juez o un tribunal” (párr. 72).
“Así pues, la ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, debe estar en condiciones de ejercer esta función con objetividad, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad decisoria sea objeto de órdenes o instrucciones externas, en particular del poder ejecutivo, de modo que no exista ninguna duda de que la decisión de emitir la orden de detención europea corresponde a esa autoridad y no, en definitiva, a dicho poder” (párr. 73).
“En consecuencia, la autoridad judicial emisora debe poder aportar a la autoridad judicial de ejecución la garantía de que, a la vista de las salvaguardias previstas en el ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor, actúa con independencia al ejercer sus funciones inherentes a la emisión de órdenes de detención europea. Esta independencia exige que existan normas estatutarias u organizativas adecuadas para garantizar que la autoridad judicial emisora no se vea expuesta, a la hora de adoptar una decisión de emitir tal orden de detención, a riesgo alguno de recibir instrucciones individuales del poder ejecutivo” (párr. 74).
“Además, cuando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europea a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un tribunal, la decisión de emitir dicha orden de detención y, en particular, la proporcionalidad de esa decisión deben poder ser objeto de un recurso judicial en dicho Estado miembro que satisfaga plenamente las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva” (párr. 75).
En los asuntos acumulados C-508/18 y C-82/19 PPU: (i) la Fiscalía de Lübeck (Estado federado de Schleswig–Holstein, Alemania, asunto C-508/18) y (ii) la Fiscalía de Zwickau (Estado federado de Sajonia, Alemania, asunto C-82/19) “…se desprende ciertamente que las fiscalías alemanas están sometidas a la obligación de objetividad y deben investigar no solo en aras de probar la culpabilidad, sino también la inocencia. No es menos cierto que, según dicha información, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la GVG el ministro de Justicia dispone de una potestad de instrucción «externa» con respecto a estas fiscalías” (párr. 76).
“[E]l riesgo de que el poder ejecutivo pueda ejercer semejante influencia en la fiscalía en un caso individual no permite garantizar que, en el marco del ejercicio de sus funciones en materia de emisión de órdenes de detención europea, esa fiscalía respete las garantías mencionadas en el apartado 74 de la presente sentencia” (párr. 84).
“[La potestad de instrucción le confiere al ministro] la facultad de influir directamente en la decisión de una fiscalía de emitir o, en su caso, de no emitir una orden de detención europea. Y no desvirtúa esta consideración el hecho de que, como alegó el Gobierno alemán en la vista, la decisión de las fiscalías, como las controvertidas en el proceso principal, de emitir una orden de detención europea pueda ser objeto de recurso por la persona reclamada ante los tribunales alemanes competentes” (párr. 85).
“De lo anterior resulta que, habida cuenta de que las fiscalías de que se trata en los procesos principales están expuestas al riesgo de que el poder ejecutivo influya en su decisión de emitir una orden de detención europea, estas fiscalías no se conforman a una de las exigencias necesarias para poder tener la consideración de ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, a saber, la de presentar la garantía de actuar con independencia a la hora de emitir tal orden de detención” (párr. 88).
En el asunto C-509/18, “…el Fiscal General de Lituania puede ser calificado de ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido de la Decisión Marco, ya que el estatuto del que goza en ese Estado miembro no sólo garantiza la objetividad de sus misiones, sino que le confiere asimismo una garantía de independencia frente al poder ejecutivo a la hora de emitir órdenes europeas de detención. Ahora bien, los documentos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten determinar si las decisiones de este Fiscal de emitir una orden de detención europea pueden ser impugnadas a través de un recurso que se ajuste plenamente a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, extremo que corresponde comprobar a la Supreme Court” (párr. 56-57).
COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL; ORDEN DE CAPTURA; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PODER EJECUTIVO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; EXTRADICION; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PRUEBA; RECURSOS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; COMPETENCIA; PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL; ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA; AUTORIDAD JUDICIAL EMISORA; INDEPENDENCIA; PRUEBA DE CARGO;
Informe sobre las dimensiones de género de los Principios Rectores Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
El Grupo de Trabajo ofreció directrices a los Estados y las empresas sobre la manera de incorporar una perspectiva de género al poner en práctica los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Entre sus recomendaciones, señaló que los Estados deben aplicar el marco y las directrices de género al elaborar o revisar todas las iniciativas y medidas destinadas a aplicar los Principios Rectores. A su vez, encomendó a los Estados el incentivo de las empresas a integrar el marco y las directrices de género en su labor destinada a cumplir las responsabilidades que les incumben en materia de derechos humanos.
1. Género. LGBTIQ. No discriminación. Empresa. Estereotipos de género.
“En el presente informe, toda referencia a las ‘mujeres’ debe entenderse que incluye a las niñas, así como a las mujeres transgénero e intersexuales” (párr. 1).
“[L]os titulares de derechos no son un grupo homogéneo [hay nota]. Además, debido a las formas cruzadas y múltiples de discriminación, diferentes mujeres pueden verse afectadas de manera diferente por las actividades empresariales a causa de su edad, color, casta, clase, etnia, religión, idioma, nivel de alfabetización, grado de acceso a los recursos económicos, estado civil, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, residencia en una zona rural, situación migratoria o pertenencia a un pueblo indígena o minoría” (párr. 2).
“[D]ado que los derechos humanos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales [hay nota], tanto los Estados como las empresas deben adoptar medidas concretas para detectar, prevenir y remediar las discriminaciones y desigualdades por motivos de género en todos los ámbitos de la vida” (párr. 3).
“El término ‘género’ se refiere a los roles de los hombres, las mujeres y las personas no binarias que han sido construidos por las sociedades y a las relaciones de poder existentes entre esos grupos, que pueden verse afectados de manera diferente por las actividades empresariales. Sin embargo, teniendo en cuenta que las mujeres han sido discriminadas históricamente debido a las normas patriarcales y a las estructuras de poder, las directrices que figuran en el presente informe se centran únicamente en las mujeres, aunque el marco de género propuesto podría utilizarse en relación con cualquier grupo de titulares de derechos” (párr. 9).
“Las mujeres constituyen casi la mitad de la población mundial. A pesar de las disposiciones que proscriben la discriminación en las constituciones y leyes de muchos países, en la práctica las mujeres siguen sufriendo diversas formas de discriminación y violencia en todas las esferas de la vida debido a las normas sociales discriminatorias, las estructuras de poder patriarcales y los estereotipos de género” (párr. 11).
2. Género. No discriminación. Trabajo. Acoso sexual.
“La contribución de las mujeres a la economía no se reconoce (por ejemplo, el trabajo doméstico) o se subestima (por ejemplo, en las ocupaciones e industrias feminizadas). Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de atención a personas dependientes (por ejemplo, cuidando de los hijos, los ancianos y enfermos y las personas con discapacidad de la familia), pero la mayoría no reciben remuneración por ello. Las mujeres están excesivamente representadas en el trabajo informal, ocasional y a tiempo parcial en todo el mundo, así como en las cadenas de suministro de numerosas industrias, donde son más vulnerables a la explotación y los abusos” (párr. 12).
“Las consultas del Grupo de Trabajo confirmaron que el acoso sexual y la violencia de género están presentes en todos los ámbitos de la vida: en el hogar, en los establecimientos educativos, en el trabajo, en los deportes, en los mercados, en el transporte público, en las reuniones sociales, en el ciberespacio y en la sociedad en general” (párr. 14).
3. Género. Estereotipo de género. Publicidad.
“Las prácticas de marketing y venta de productos y servicios de muchas empresas perpetúan los estereotipos de género, normalizan las reglas sociales discriminatorias y sexualizan el cuerpo de las mujeres y lo transforman en un objeto, lo que las convierte en una mercancía más. Un ejemplo de ello es la manipulación digital de las imágenes de mujeres en los anuncios publicitarios para crear un ideal de belleza poco realista que presiona a las mujeres para que utilicen en exceso productos cosméticos, recurran a dietas poco sanas o se sometan a operaciones de cirugía estética” (párr. 15).
4. Género. No discriminación. Acceso a la justicia. Recursos. Reparación.
“Las mujeres afectadas por las actividades empresariales enfrentan obstáculos adicionales cuando tratan de acceder a una vía de reparación efectiva [hay nota]. Aun cuando las mujeres afectadas pueden acceder a ciertos mecanismos judiciales, extrajudiciales u operacionales, no son capaces de hacer valer las reparaciones adecuadas porque estos mecanismos de reparación suelen adoptar procesos neutros en cuanto al género o, aún peor, se inspiran en las normas patriarcales existentes” (párr. 19).
5. Género. Política pública. Norma jurídica. Empresa. Derechos Humanos.
“Todas las formas de discriminación señaladas reflejan la falta de integración de la perspectiva de género en las leyes, reglamentos, políticas, planes, prácticas, procesos y decisiones. Un buen ejemplo de ello es la actual práctica empresarial general de la diligencia debida en materia de derechos humanos, que es neutra con respecto al género [hay nota]. Un enfoque de género en la toma de decisiones por parte de los Estados y las empresas también debe tener en cuenta el carácter cruzado de la discriminación. Por ejemplo, una madre sola, una mujer migrante, una lesbiana, una mujer de color y una mujer con discapacidad pueden sufrir formas diferentes de discriminación y acoso sexual en el trabajo” (párr. 21).
“Los Principios Rectores contienen varias referencias al género y a las mujeres que se pueden agrupar en tres ‘ventanas de género’. La primera ventana está enmarcada por el principio general de no discriminación: los Principios Rectores deben aplicarse de manera no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta los diversos riesgos que pueden enfrentar mujeres y hombres” (párr. 36).
“La segunda ventana está conformada por las disposiciones que destacan expresamente la necesidad de integrar una perspectiva de género en determinados lugares. En el comentario al principio rector 3 se señala que los Estados deben asesorar a las empresas sobre la manera de tratar eficazmente las cuestiones de género, entre otras cosas, reconociendo los problemas específicos de las mujeres. [E]n el comentario al principio rector 20 se dispone que las empresas deben poner especial empeño en el seguimiento de la eficacia de sus respuestas a los impactos sobre las personas pertenecientes a grupos o poblaciones expuestos a mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación, y se subraya la importancia de utilizar datos desglosados por sexos cuando proceda” (párr. 37).
“El fundamento de la tercera ventana de género es el comentario al principio rector 12, en el que se señala que, de acuerdo con las circunstancias, es posible que las empresas deban tener en cuenta otras normas. Por ejemplo, las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos y deberán prestarles una atención especial” (párr. 38).
“Sobre la base de esas tres ventanas de género y de las normas internacionales relativas a los derechos de las mujeres que se han analizado en la sección III, el Grupo de Trabajo ha elaborado un marco de género para los Principios Rectores que comprende un ciclo de tres etapas aplicables a los tres pilares: la evaluación reactiva de género, las medidas transformadoras de género y las reparaciones transformadoras de género [hay nota]. La evaluación debe ser reactiva: debe ser capaz de responder a los efectos adversos diferentes, cruzados y desproporcionados en los derechos humanos de las mujeres, así como a las normas discriminatorias y a las estructuras de poder patriarcales. Las medidas y las reparaciones consiguientes deben ser transformadoras en el sentido de que deben ser capaces de introducir cambios en las normas patriarcales y en las relaciones desiguales de poder que sustentan la discriminación, la violencia de género y los estereotipos de género” (párr. 39).
“Los Estados y las empresas deben llevar a cabo periódicamente evaluaciones reactivas de género del terreno de las leyes, políticas, normas, prácticas y actividades para definir las desigualdades y discriminaciones de género existentes, así como los efectos de sus respectivas acciones u omisiones actuales y futuras en ese terreno. En ese proceso de evaluación se debe utilizar datos desglosados por sexo, recurrir a expertos sensibles a las cuestiones de género y celebrar consultas con organizaciones de mujeres, incluidas las organizaciones de base. Las conclusiones de las evaluaciones deben servir de base para que los Estados y las empresas adopten una amplia gama de medidas transformadoras de género a fin de lograr una verdadera igualdad de género en todas las esferas de la vida. Si estas medidas no alcanzan dicho objetivo, las mujeres afectadas deben disponer de reparaciones transformadoras de género. Las reparaciones deben combinar elementos preventivos, correctores y disuasorios [hay nota] y cambiar las estructuras de poder existentes que discriminan a las mujeres” (párr. 40).
EMPRESA; GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHOS HUMANOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PUBLICIDAD; TRABAJO; ACOSO SEXUAL; VULNERABILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; RECURSOS; REPARACIÓN; POLÍTICA PÚBLICA; NORMA JURÍDICA;
Informe sobre mujeres privadas de libertadGrupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
El Grupo de trabajo afirmó, entre otras cosas, que “[m]uchas formas de privación de libertad de la mujer se derivan de estereotipos perjudiciales que tratan de atrapar a la mujer en la subyugación o el silencio, de castigarla por conductas consideradas moral o sexualmente desviadas, o de sofocarla bajo un exceso de protección. Con demasiada frecuencia, esos estereotipos están consagrados en las leyes nacionales. La privación de libertad de las mujeres también está frecuentemente ligada a la violencia y al conflicto, así como a la pobreza, ya sea por la falta de recursos o por la falta de oportunidades […] poniéndolas en situaciones que conducen a su confinamiento. Tales riesgos son mayores para las mujeres que sufren formas interseccionales de discriminación, como las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas o migrantes, las ancianas, las mujeres de minorías raciales, étnicas, sexuales o de género y otras mujeres marginadas, todas las cuales tropiezan con formas adicionales de estereotipos perjudiciales y debilitantes” (párr. 76-78).
Por otro lado, entre sus recomendaciones, el Grupo propuso “…llevar a cabo actividades obligatorias, recurrentes y eficaces para el fomento de la capacidad, la educación y la formación de los funcionarios de justicia y los agentes del orden, el personal médico, los legisladores y cualquier otro agente que pueda participar en la adopción de decisiones relativas a la privación de libertad de la mujer acerca de la eliminación de los prejuicios sexistas […], promulgar leyes en virtud de las cuales haber sufrido violencia de género pueda aducirse como defensa frente a acusaciones penales y sea una circunstancia atenuante al decidir la pena […] y generar intervenciones eficaces específicas en materia de género que tengan por objeto principalmente apartar a las mujeres del sistema de justicia penal, integrar en el ordenamiento nacional las normas establecidas en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), y hacer frente los factores subyacentes que conducen a que las mujeres entren en contacto con el sistema de justicia penal” (párr. 80-84).
1. Género. Personas privadas de libertad. No discriminación.
“La privación de libertad de las mujeres es un importante motivo de preocupación en todo el mundo y viola gravemente los derechos humanos de la mujer. Con el telón de fondo de una dinámica de poder asimétrica y de una discriminación sistémica, la privación de la libertad de las mujeres, mayoritariamente de forma arbitraria y discriminatoria, constituye una práctica que vulnera la ley y las normas de derechos humanos, y a menudo se caracteriza por quedar impune” (párr. 12).
“Los aspectos de género no solo están presentes en las causas sino también en las consecuencias que tiene para las mujeres la privación de libertad, pues viven su confinamiento de maneras específicas y a menudo se exponen a ver acentuada la discriminación, la estigmatización y la violencia que sufren por motivos de género. La manera en que las mujeres viven esta privación también diferirá, no solo como resultado de la dinámica de género, sino también debido a características como la edad, la (dis)capacidad, la raza, la etnia o el estatus socioeconómico, que se combinan para generar formas de discriminación y vulnerabilidad distintas” (párr. 13).
“Al examinar los diversos contextos de privación de libertad, se observó que existían causas o temas subyacentes que se manifestaban en todas las situaciones en las que las mujeres se encontraban en confinamiento forzoso. Tales causas son las normas y los estereotipos sociales sexistas, las privaciones económicas y el haber vivido situaciones de violencia y conflicto. El resto del informe está organizado de manera que ilustra cada una de esas causas subyacentes. Cabe señalar, sin embargo, que tales causas están relacionadas entre sí y describen las manifestaciones de la discriminación a que se enfrentan las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, las cuales están entrelazadas y se refuerzan mutuamente” (párr. 15).
2. Género. No discriminación. Igualdad. Personas privadas de libertad. Estereotipos de género.
“Las causas de la privación de libertad no afectan por igual a todas las mujeres ni a todos los grupos de mujeres. En todas las sociedades y en todos los Estados hay ciertos grupos de mujeres que sufren formas de discriminación múltiples e interseccionales, y muchos de ellos son objeto de estereotipos particularmente perjudiciales o tienen más probabilidades de topar con la violencia o el conflicto, la pobreza y la marginación económica, y, por lo tanto, las mujeres de esos grupos corren un mayor riesgo de verse privadas de su libertad” (párr. 16).
“[L]os estereotipos de género socavan la igualdad de la mujer y el disfrute de sus derechos humanos en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, no es de extrañar que esos estereotipos también sean un factor importante en el hecho de que las mujeres sean privadas de libertad de manera desproporcionada o discriminatoria” (párr. 17).
3. Género. Estereotipos de género. Familia.
“Hay tres formas principales de estereotipo de género que pueden conducir y ofrecer una justificación al confinamiento de la mujer: los estereotipos relacionados con el papel de la mujer en el hogar y en público, los estereotipos relacionados con el comportamiento ‘moral’ o sexual de la mujer y los estereotipos que presentan a la mujer como débil o necesitada de protección. Los tres están profundamente arraigados en las normas patriarcales y se refuerzan mutuamente, y a menudo se combinan en beneficio o privilegio de ciertos grupos de hombres” (párr. 19).
“En el hogar, muchas sociedades e ideologías esperan de la mujer que se deje gobernar por el hombre. Dicha expectativa halla sustento en ideas que tienen que ver con la ‘diferencia entre los sexos’ o ‘la complementariedad’ que asignan al hombre el papel de proveedor (dominante) y a la mujer el papel de cuidadora (subordinada). Esa visión de la mujer como miembro subordinado de la familia puede acabar incorporada en la legislación de manera que refuerce el control masculino y restrinja la capacidad de acción y la movilidad de las mujeres, y puede conducir al confinamiento de estas […]. Los estereotipos de género también contribuyen a despojar a las mujeres de su capacidad jurídica, lo que puede dar lugar a decisiones que conduzcan a su confinamiento” (párr. 21-22).
4. Género. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Trabajo.
“La discriminación y los estereotipos también pueden dar lugar a que se denieguen las solicitudes de asilo de mujeres migrantes, lo cual las expone a un mayor riesgo de ser retenidas como migrantes o encarceladas por delitos relacionados con la inmigración […]. Los estereotipos de género en la administración de la inmigración también se manifiestan en marcos jurídicos que excluyen la consideración de la violencia vivida por las mujeres, en particular la violencia doméstica, a la hora de concederles asilo” (párr. 26).
“Las mujeres migrantes hacen frente a riesgos particulares, ya que en gran medida se ven obligadas a trabajar en puestos no cualificados, infravalorados y mal remunerados en espacios no regulados, como los hogares privados. Las trabajadoras domésticas migrantes pueden acabar privadas de redes y servicios de apoyo y con su pasaporte confiscado por su empleador” (párr. 59).
“[L]as ideas patriarcales sobre la ‘moralidad’ de la mujer y las expectativas en cuanto a su comportamiento público y privado tienen efectos perjudiciales para las mujeres en el sistema de justicia, ya que pueden ser objeto de un juicio moral basado más en las expectativas sociales que en los delitos que puedan haber cometido. Las normas estereotipadas sobre lo que constituye una conducta ‘moral’ en las mujeres también influyen en el encarcelamiento desproporcionado de mujeres por delitos relacionados con las drogas, ya que se juzga a las mujeres de manera más estricta” (párr. 31-32).
5. Género. Derechos sexuales. Orientación sexual. Identidad de género. LGTBIQ. Aborto. Vulnerabilidad.  
“Las mujeres que no encajan en las normas sexuales y de género son objeto de un control social desproporcionado debido a la percepción de que ponen en cuestión o ‘transgreden’ las normas establecidas sobre los papeles asignados a cada género y sobre la sexualidad […]. Debido a ello, presentan una mayor vulnerabilidad a la criminalización y a la privación de libertad. Incluso en los casos en que la orientación sexual o identidad de género de esas mujeres no está expresamente penada, es posible que las afectadas corran un mayor riesgo de acabar en el sistema de justicia penal. Por ejemplo, las mujeres transgénero son objeto de prácticas arbitrarias de perfilado como sospechosas de prostitución o trabajo sexual” (párr. 34).
6. Derechos sexuales. Aborto. Vulnerabilidad. Estereotipos de género.
“Las mujeres pueden verse privadas de libertad cuando no se ajustan al estereotipo de la buena madre. Esos estereotipos se manifiestan particularmente en la criminalización, detención y confinamiento de las mujeres embarazadas que consumen o se sospecha que consumen drogas. Con frecuencia se enfrentan a penas de prisión por intento de aborto, aborto espontáneo o por perjudicar al bebé mediante el consumo de drogas durante el embarazo. Además, desafiar las normas dominantes sobre qué constituye la maternidad por lo general se considera una circunstancia agravante al dictar sentencia, mientras que ser padre constituye en la mayoría de los casos una circunstancia atenuante” (párr. 38).
“En los Estados donde el aborto está penalizado, las mujeres se exponen a ser encarceladas por la decisión de interrumpir un embarazo, en algunos casos incluso cuando su propia seguridad está en peligro o cuando el feto no es viable. En algunos países, se persigue penalmente y se encarcela a mujeres incluso cuando la interrupción del embarazo no fue decisión suya, como en caso de aborto espontáneo” (párr. 40).
7. Género. Pobreza. Familia. Vulnerabilidad. Justicia penal. Reinserción social. Reincidencia.
“La feminización de la pobreza es un fenómeno ampliamente reconocido y abundantemente documentado […]. El Grupo de Trabajo ha puesto de relieve los estereotipos sobre el papel de la mujer en la sociedad que repercuten de manera importante en su participación en el mercado laboral […]. Las mujeres también tienen menos probabilidades de tener acceso a los bienes dentro del hogar, ya que a menudo se producen desigualdades en la distribución de los recursos y los derechos” (párr. 49).
“Si la pobreza se ve como un fenómeno determinado no solo por los ingresos o riqueza, sino también por las opciones, oportunidades y recursos a disposición de la persona a lo largo de su vida, la pobreza de las mujeres se revela con crudeza aún mayor. […]. Su dependencia financiera de su pareja y otros miembros de la familia aumenta su vulnerabilidad a la pobreza y las priva de voz y poder de negociación dentro del hogar. La desigualdad en el control y el acceso a los recursos, el poder, las oportunidades y los servicios es la base de la pobreza de las mujeres, que puede conducir a su privación de libertad” (párr. 50).
“La pobreza no solo determina los delitos de los que se acusa a las mujeres, sino también sus interacciones con el sistema de justicia penal, que también influyen en la probabilidad de que reciban una pena de cárcel y en la duración de dicha pena. En particular, la falta de ingresos y de riqueza limita el acceso de las mujeres a una representación letrada de calidad, lo que repercute negativamente en su capacidad para obtener resultados favorables en el sistema judicial […]. Además, una vez condenadas y encarceladas, las mujeres suelen tener menos acceso que los hombres a los servicios de rehabilitación y reintegración, debido a que en las cárceles escasean los servicios con perspectiva de género destinados a las reclusas y fuera de la prisión faltan servicios alternativos. Esto a veces conduce a que las cosas les vayan peor tras ser puestas en libertad, aumenta su riesgo de reincidencia y puede sumirlas en un ciclo de encarcelamiento recurrente” (párr. 53).
8. Género. Trabajo. Explotación laboral. Vulnerabilidad. No discriminación.
“La discriminación, los estereotipos, los cuidados no remunerados y la falta de educación limitan los puestos de trabajo a los que pueden optar las mujeres, empujándolas hacia puestos poco cualificados y hacia el sector del trabajo informal, con condiciones de explotación en el lugar de trabajo. La inmensa mayoría de los empleos femeninos se encuentran en la economía informal y, por lo tanto, las trabajadoras carecen de derechos y protecciones básicos. Así pues, el empleo de una mujer puede constituir en algunos casos una forma de privación de libertad” (párr. 58).
9. Género. Violencia. Fuerzas de seguridad. Vulnerabilidad.
“La exposición a la violencia puede aumentar el contacto de las mujeres con la policía y, por lo tanto, su riesgo de criminalización. El Grupo de Trabajo ha sabido de casos de mujeres que llamaron a la policía para denunciar un caso de violencia doméstica, pero que posteriormente acabaron detenidas y encarceladas por cargos como alteración del orden público, atentado contra la paz y el orden público, situación migratoria irregular o aborto espontáneo. Las mujeres que han sufrido casos de violencia a menudo son reacias a ponerse en contacto con los agentes del orden por temor a sufrir nuevos actos de violencia o discriminación, y permanecen en un ciclo de opresión. Este puede ser especialmente el caso de las mujeres a las que en un principio ya se declaró ‘delincuentes’, como las consumidoras de drogas, las implicadas en aspectos menores del tráfico de drogas o en la prostitución/el trabajo sexual, o las migrantes irregulares” (párr. 68).
10. Género. Violencia. Tráfico de estupefacientes.
“La violencia también puede servir de instrumento para obligar a las mujeres a participar en actividades delictivas por las que luego son encarceladas […]. Por ejemplo, en el tráfico de drogas, a menudo se recurre a la violencia para obligar a las mujeres a participar en redes de narcotráfico, donde se las utiliza de mulas y los cabecillas las tratan como artículos desechables” (párr. 69).
11. Género. Estereotipos de género. Violencia. Legítima defensa.
“Las mujeres también pueden acabar criminalizadas y privadas de libertad cuando reaccionan a la violencia que sufren tomando medidas enérgicas de legítima defensa. Cuando se las acusa de un delito tras un altercado violento, la capacidad de estas mujeres para alegar la legítima defensa puede verse mermada a causa de los estereotipos de género…” (párr. 70).
GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; VIOLENCIA; FUERZAS DE SEGURIDAD; LEGÍTIMA DEFENSA; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; JUSTICIA PENAL; REINSERCIÓN SOCIAL; REINCIDENCIA; TRABAJO; EXPLOTACIÓN LABORAL; FAMILIA; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; DERECHOS SEXUALES; ORIENTACIÓN SEXUAL; IDENTIDAD DE GÉNERO; LGBTIQ; ABORTO;
Martínez Coronado v. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Guatemala era responsable por la violación de los artículos 9 (principio de legalidad), 4.1 y 4.2 (derecho a la vida) y 8.2 c) y e) (derecho a las garantías judiciales), en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1  de la Convención Americana.
1. Pena de muerte
“[L]a Corte ha establecido reiteradamente que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho inalienable, y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al derecho de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos bajo su jurisdicción [hay nota]. Por tal razón este artículo establece un régimen claramente restrictivo de la pena de muerte, como se infiere de la lectura de sus numerales 2, 3, 4, 5 y 6. De forma tal que esta disposición revela una inequívoca tendencia limitativa y excepcional en el ámbito de imposición y de aplicación de dicha pena” (párr. 60).
“Como señaló (la Corte IDH) en la Opinión Consultiva OC-3/83: ‘[e]l asunto está dominado por un principio sustancial expresado por el primer párrafo, según el cual ‘toda persona tiene derecho a que se respete su vida’ y por un principio procesal según el cual ‘nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’. De ahí que, en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta no pueda imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito […]. La circunstancia de que estas garantías se agreguen a lo previsto por los artículos 8 y 9 indica el claro propósito de la Convención de extremar las condiciones en que sería compatible con ella la imposición de la pena de muerte en los países que no la han abolido [hay nota]“ (párr. 61).
“Desde esa perspectiva el artículo 4 de la Convención Americana en los casos excepcionales en los cuáles está permitido a los Estados la aplicación de la pena de muerte, tal posibilidad está sujeta a un conjunto de rigurosas limitaciones. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención Americana reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable sólo en condiciones excepcionales. Por último, en relación con la persona del convicto, la Convención excluye la imposición de la pena de muerte a quienes, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años o más de setenta y prohíbe su aplicación a mujeres en estado de gravidez (artículo 4.5)” (párr. 62).
“[A]simismo, el artículo 4 incorpora una tendencia abolicionista de la pena de muerte que se refleja en su numeral segundo, el cual prohíbe que se extienda su aplicación ‘a delitos a los cuales no se la aplique actualmente’ y, según el numeral 3, ‘no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido’. La finalidad que se persigue es avanzar hacia una prohibición definitiva a esta modalidad de sanción penal, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse en los Estados que han suscrito la Convención Americana” (párr. 63).
2. Peligrosidad. Principio de legalidad. Garantías judiciales. Debido proceso. Derecho de defensa. Defensor público oficial. Defensa técnica ineficaz.
“[La Corte IDH] ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse específicamente sobre la aplicación del referido artículo 132 del Código Penal y el concepto de ‘peligrosidad futura’ en el caso Fermín Ramírez v. Guatemala. En dicha Sentencia, se determinó que la referida norma era contraria a la Convención Americana, particularmente por cuanto violaba el artículo 9 de la Convención; ordenándose adecuar dicha norma al derecho internacional de los derechos humanos” (párr. 69).
“[E]l empleo del criterio de peligrosidad del agente, tanto en la tipificación de los hechos del ilícito penal cometido por el señor Martínez Coronado, como en la determinación de la sanción correspondiente, resulta incompatible con el principio de legalidad previsto en la Convención Americana. El examen de la peligrosidad del agente implica la valoración por parte del juzgador de hechos que no han ocurrido y, por lo tanto, supone una sanción basada en un juicio sobre la personalidad del infractor y no en los hechos delictivos imputados conforme la tipificación penal aplicable. En consecuencia, este Tribunal estima que el Estado es responsable por la violación al artículo 9 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio del señor Martínez Coronado” (párr. 70).
“[E]n el presente caso, [el peticionario] fue ejecutado, mediante inyección letal. Dada la aplicación de la pena de muerte impuesta con base en una norma contraria a la Convención Americana […] este Tribunal considera que el Estado es responsable de la vulneración de los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento” (párr. 71).
“[L]a Corte destaca que la vulneración del principio de legalidad en el presente caso se encuentra configurada por dos elementos: a) la indeterminación del concepto de ‘peligrosidad futura’ contenido en el artículo 132 del Código Penal, y b) la aplicación al señor Martínez Coronado de la sanción prevista (la pena de muerte) en dicha disposición” (párr. 72).
3. Debido proceso. Derecho de defensa. Defensor público oficial. Defensa técnica eficaz.
“[S]obre el contenido y el alcance de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención, este Tribunal ya se ha referido a la defensa de oficio indicando ‘la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad’. La institución de la defensa pública, a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica permite, sin duda, compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios [hay nota]” (párr. 82).
“[N]ombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados [hay nota] y se quebrante la relación de confianza. A tal fin, es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de delito de ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas [hay nota]. Entre ellas, contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional [hay nota]” (párr. 83).  
“El derecho de defensa implica que está sea eficaz, oportuna, realizada por personal técnico, que permita fortalecer la protección del interés concreto del imputado y no como un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso. Por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. En esta línea, ‘[l]a relación de confianza debe ser resguardada en todo lo posible dentro de los sistemas de defensa pública [por lo que d]eben existir mecanismos ágiles para que el imputado pueda pedir que se evalúe el nivel de su defensa y [n]ingún defensor público puede subordinar los intereses de su defendido a otros intereses sociales o institucionales o a la preservación de la `justicia´’ [hay nota] ” (párr. 84).  
“[L]a discusión jurídica que corresponde analizar se refiere a la compatibilidad con la Convención, y particularmente, con el derecho a la defensa del señor Martínez Coronado, de que el Estado le haya proporcionado una defensa común de oficio a la presunta víctima y a otro co-imputado” (párr. 85).  
“Como punto de partida la Corte constata que el artículo 95 del Código Procesal Penal indica que ‘[l]a defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en principio, inadmisible. El tribunal competente, según el período del procedimiento, o el Ministerio Público podrá permitir la defensa común cuando, manifiestamente, no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor’. Por lo tanto de conformidad con dicho texto, en principio la defensa común de los imputados tanto si es provista por sus abogados de confianza o por aquellos designados por el Estado a través de la defensa pública está prohibida y, solo se permite excepcionalmente en caso de que no exista manifiesta incompatibilidad” (párr. 86).   
“[C]orrespondería al Estado, mediante las autoridades competentes, identificar si existen dichas incompatibilidades y adoptar las medidas conducentes para que se garantice el derecho a la defensa de los co-imputados involucrados. Este principio es especialmente relevante en casos donde los imputados puedan enfrentar una condena severa, como es la pena de muerte. Por otra parte, la existencia de inconsistencias en las declaraciones realizadas por los co-imputados en el marco de un proceso penal no demuestra necesariamente una incompatibilidad en sus defensas e intereses que impida una defensa común” (párr. 87).
“[L]as inconsistencias en las declaraciones por parte de los co-imputados debieron ser advertidas por la defensa común, quien debió ponerlas en conocimiento del tribunal para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado. En razón de lo anterior, la Corte concluye que el Estado incumplió con su deber de asegurar el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado que le garantizara al inculpado los medios adecuados para su defensa, en violación de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención Americana, en la medida que la defensa común, vulneró los derechos del señor Martínez Coronado” (párr. 88).   
PENA DE MUERTE; DERECHO A LA VIDA; PELIGROSIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ;
VFC v. EspañaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas consideró que España era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud de los artículos 27, apdos. a), b), e), g), i) y k) (derecho a la no discriminación en el mantenimiento o continuidad en el empleo) en relación con el artículo 3 apdos. a), b), c), d) y e), el artículo 4, párrs. 1, apdos. a), b) y d) (obligaciones generales en virtud de la Convención) y 5, párrs. 1, 2 y 3; 13, párr. 2 (igualdad, no discriminación, ajustes razonables) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“[L]a cuestión que debe examinar el Comité es si el Estado parte ha vulnerado los derechos [del peticionario], a través de la aplicación de una norma del Ayuntamiento de Barcelona (artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona) que impide el pase a segunda actividad de quienes han sido jubilados forzosamente producto de una incapacidad permanente total para la realización de las funciones habituales de policía local” (párr. 8.2).
“El Comité recuerda que en el artículo 4, párrafo 1, apartado a), de la Convención se impone a los Estados partes la obligación general de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, incluyendo aquellos relacionados con el trabajo y el empleo. El Comité recuerda, además, que el artículo 27, párrafo 1, de la Convención exige a los Estados partes reconocer el derecho de las personas con discapacidad de conservar su empleo, en igualdad de condiciones con las demás, adoptar todas las medidas pertinentes, incluso legislativas, para prohibir la discriminación con motivos de discapacidad en la continuidad en el empleo, y velar por la realización de ajustes razonables a favor de personas que adquieran una discapacidad durante el empleo. El Comité recuerda, además, como lo señaló en su Observación General núm. 6, que para lograr la igualdad de hecho de conformidad con la Convención, los Estados partes deben velar por que no haya discriminación por motivos de discapacidad en relación con el trabajo y el empleo, haciendo referencia a los convenios pertinentes que se han celebrado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111) y el Convenio sobre la Readaptación Profesional, 1983 (núm. 159), firmados y ratificados por España. El Convenio núm. 159 de la OIT dispone en su artículo 7 que las autoridades competentes de los Estados partes deberán adoptar las medidas para proporcionar y evaluar los servicios de orientación y formación profesionales a fin de que las personas con discapacidad puedan conservar su empleo” (párr. 8.4).
“El Comité recuerda, además, que la Convención prohíbe todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, incluyendo la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación prohibida. De este modo, todas las formas de discriminación son igualmente contrarias a la Convención, y no corresponde hacer una diferencia sobre supuestos grados de gravedad en la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El Comité recuerda, además, que los ajustes razonables constituyen una obligación ex nunc, es decir, ajustes que deben realizarse desde el momento en que una persona con discapacidad requiera acceder a situaciones o entornos accesibles, o quiera ejercer sus derechos. Para ello, es necesario que el garante de los derechos entable un diálogo con la persona con discapacidad, encaminado a la inclusión de esta última en las soluciones posibles que permitan la mejor realización de sus derechos y el fomento de sus capacidades. Además, el Comité recuerda lo dispuesto en el preámbulo de la Convención acerca del necesario reconocimiento de la diversidad de las personas con discapacidad, de modo que cualquier articulación institucional del diálogo al que dan lugar los ajustes razonables debe considerar las situaciones concretas de cada persona” (párr. 8.5).
“[E]l Estado parte ha promulgado la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con el objeto de actualizar su legislación de acuerdo con los estándares de la Convención. Esta Ley estipula que, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva (art. 64, párr. 1). Entre las medidas contra la discriminación, el Comité considera las estrategias de gestión de las capacidades, que permiten a los poderes públicos fomentar las capacidades de sus funcionarios que han adquirido una discapacidad, incluyendo la realización de ajustes razonables. Si bien los ajustes razonables son obligaciones ex nunc, es decir, que surgen una vez que la persona con discapacidad así lo requiera, los Estados partes deben tomar todas las medidas preventivas que les permitan a los poderes públicos gestionar las capacidades de modo que los derechos de las personas con discapacidad se realicen de la mejor manera posible. En este sentido, para evaluar la pertinencia, idoneidad y eficacia de un ajuste razonable, es necesario tomar en consideración los costos financieros, los recursos disponibles, el tamaño de la parte que ha de realizar los ajustes (en su integralidad), los efectos de la modificación para la institución, o la consideración de los activos globales, y no solo los recursos de una determinada unidad o dependencia de una estructura orgánica. El Comité constata que, en el presente caso, la posibilidad de un diálogo encaminado a evaluar y fomentar las capacidades del peticionario dentro del cuerpo policial se vio totalmente frustrada porque su condición de funcionario le fue retirada tras haber sido jubilado forzosamente, y que no tuvo posibilidad alguna de solicitar ajustes razonables para la realización de una segunda actividad…” (párr. 8.6).
“[L]a búsqueda de un ajuste razonable tiene como objetivo ser un proceso cooperativo e interactivo entre el empleado y el empleador, tratando de encontrar la mejor adecuación posible entre las necesidades de cada uno. El Comité se ve informado por el cuerpo legislativo de varias jurisdicciones nacionales y estudios académicos para llegar a un cabal entendimiento del concepto de ajuste razonable. Para determinar qué medidas de ajuste razonable adoptar, el Estado parte debe asegurar que las autoridades públicas identifiquen qué ajustes efectivos pueden ser adoptados para permitir al empleado ejercer las actividades esenciales de sus funciones. Cuando tales medidas efectivas (que no generen una carga indebida) no puedan ser identificadas e implementadas, el pase a segunda actividad del empleado debe ser considerado como una medida de ajuste razonable de último recurso. En este contexto, es responsabilidad de las autoridades del Estado parte adoptar todas las medidas de ajuste razonable que sean necesarias para adaptar los puestos existentes a las necesidades específicas del empleado” (párr. 8.7).
“[E]l Comité observa que se descartó la posibilidad de iniciar un proceso de evaluación de las barreras que le impidieron permanecer en el cuerpo de policía, dado que el peticionario fue privado de su condición de funcionario público en el momento de su jubilación forzada, y que no tuvo ninguna oportunidad de solicitar ajustes razonables que le hubieran permitido desempeñar funciones distintas. El Comité observa asimismo que el Estado parte no ha demostrado que no hubiera otro tipo de funciones dentro del cuerpo de policía en el que servía el peticionario que este hubiera podido desempeñar” (párr. 8.8).
“[E]l pase a segunda actividad, regulado de diversas maneras en la legislación española, es la configuración o articulación institucional que pretende conciliar las obligaciones que se derivan para el Estado parte del derecho al trabajo (continuidad en el empleo) y el derecho a la igualdad y no discriminación. […] Adicionalmente, el Comité observa que, en el caso del peticionario, las calificaciones administrativas de la discapacidad realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social no analizaron el potencial que habría podido tener el peticionario en el desarrollo de una segunda actividad u otras actividades complementarias. […] Al respecto, el Comité observa que el peticionario ha visto disminuidas sus capacidades para el trabajo habitual de policía, hecho que no obsta las potenciales capacidades que podría desarrollar en una segunda actividad u otras actividades complementarias dentro del mismo cuerpo policial” (párr. 8.9).
“[L]a normativa que impidió al peticionario el pase a segunda actividad, esto es, el artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona (ordenanza), no permite resguardar los derechos que le corresponden en virtud de la Convención, en especial, considerando la posibilidad de que su discapacidad sea evaluada en concreto, a través de una gestión que fomente las capacidades que pueda tener para la realización de una segunda actividad u otras actividades complementarias. El Comité observa que, tratándose de una regulación que intenta tomar en consideración los diferentes grados de discapacidad de manera objetiva, a objeto de articular y coordinar, en igualdad de condiciones, las pensiones por discapacidad con la conservación del empleo, el Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona impide cualquier evaluación funcional alternativa de quienes han sido declarados con una incapacidad permanente total, afectando, a su vez, el derecho al trabajo, como sucedió en el caso alegado por el peticionario” (párr. 8.10).
“El Comité considera, por tanto, que la normativa aplicada al peticionario para impedir el pase a segunda actividad u otro diálogo encaminado a la realización de actividades complementarias de las tareas habituales del trabajo de policía es contraria a los derechos incluidos en los artículos 5 y 27 de la Convención. Además, considera que, en la medida en que el artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona impide a todos quienes han sido declarados con una incapacidad permanente total solicitar el pase a segunda actividad, el peticionario fue discriminado, por motivo de su discapacidad, en la ‘continuidad’ en el empleo público que desarrollaba, constituyendo una violación al artículo 5, que resguarda el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad, y al artículo 27, que protege el derecho trabajo y al empleo de esas personas. Con respecto al artículo 5 de la Convención, el Comité considera que el presente caso revela una de las formas de discriminación prohibidas por la Convención, ya sea considerada como una discriminación directa o una denegación de ajustes razonables. Adicionalmente, con respecto al artículo 27 de la Convención, el Comité considera que, en el presente caso, la discriminación en relación con la continuidad en el empleo deriva de la denegación de cualquier diálogo o instancia orientada a una evaluación funcional alternativa de quienes, como el peticionario, han sido declarados con una incapacidad permanente total. El Comité considera, además, que, si bien el Estado parte persigue una finalidad legítima en la articulación institucional del pase a segunda actividad de sus empleados o funcionarios públicos, la ordenanza que se le aplicó al peticionario vulnera los derechos que le corresponden en virtud de los artículos 5 y 27 de la Convención” (párr. 8.11).
“El Comité, además, constata que el Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona data del año 2002, mientras el Estado parte ratificó la Convención en el año 2008. A este respecto, el Comité advierte que la legislación interna anterior a la ratificación de la Convención por el Estado parte continúa utilizando un lenguaje propio del ‘enfoque médico’, como la utilización de los términos ‘incapacidad’ o ‘dictamen médico’, para la evaluación de la participación de las personas con discapacidad en diversos ámbitos sociales, como se ha verificado en el presente caso. El Comité advierte, además, que el Estado parte observa una gran diversidad de normativas a nivel de las comunidades autónomas o incluso dentro de un mismo ayuntamiento, y que generan situaciones discriminatorias, con motivo de discapacidad, para el tratamiento de situaciones similares. El Comité considera, por tanto, que el Estado parte debe cumplir con las obligaciones generales contempladas en el artículo 4 de la Convención para modificar y armonizar las normas internas a nivel local, autonómico y nacional, que impiden el pase a segunda actividad sin una evaluación de los problemas y oportunidades que pueden tener las personas con discapacidad, y que constituyen, a su vez, una vulneración del derecho al trabajo” (párr. 8.12).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO AL TRABAJO; EMPLEO PÚBLICO; JUBILACIÓN; JUBILACIÓN POR INVALIDEZ; NO DISCRIMINACIÓN; AJUSTES RAZONABLES; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; IGUALDAD;
Los efectos de la migración en las mujeres y las niñas migrantes una perspectiva de géneroRelator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
Entre otras cosas, el Relator Especial recomendó a los Estados que promovieran la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y garantizaran la prestación de los servicios básicos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos a fin de que no tuvieran que depender de las remesas. A su vez, consideró que los Estados debían velar por que las mujeres migrantes tuvieran acceso, en condiciones de igualdad, a recursos legales y mecanismos de denuncia; y, además, tenían que prestarles asistencia jurídica.
1. Migrantes. Derechos humanos. Tratados internacionales. Vulnerabilidad.
“[E]l marco jurídico y normativo para proteger a los migrantes internacionales no se encuentra en un único tratado o mecanismo; en cambio, está distribuido en un variado conjunto de instrumentos y de principios y normas conexos. Se espera que los Estados respeten las normas que se aplican a determinados grupos (como los migrantes, los niños y las víctimas de la trata de personas) de manera coordinada y con la debida consideración del derecho internacional de los derechos humanos, que es aplicable a todos. No obstante, al poner en práctica esos regímenes debe tenerse cuidado de no crear jerarquías de vulnerabilidad sobre la base de una categorización [hay nota]. Si bien, en principio, los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes (incluso migrantes irregulares) son colocados en distintas categorías jurídicas desde el punto de vista normativo, suelen trasladarse e instalarse en espacios físicos similares y es probable que tengan necesidades de protección semejantes, como las relacionadas con el derecho a la salud o a no ser objeto de detención arbitraria o prolongada. También es probable que los migrantes pasen por distintas categorías jurídicas durante el viaje, en particular cuando se trata de viajes migratorios largos y peligrosos” (párr. 16).
2. Migrantes. Género. Niños, niñas y adolescentes. Familia. Violencia de género. No discriminación.
“[C]ada vez es más evidente que la migración es un fenómeno influido por las cuestiones de género. Las normas específicas de género que rigen la sociedad son factores decisivos, al igual que las expectativas de género y las relaciones de poder diferenciadas por género. El impacto diferenciado de la desigualdad económica determina las razones por las que las mujeres y las niñas migran. Esos motivos varían considerablemente respecto de las razones por las que deciden migrar los hombres y los niños [hay nota]. Es igualmente importante señalar que las mujeres y las niñas migrantes son un grupo muy heterogéneo, con diferentes perfiles y características socioeconómicas” (párr. 31).
“Un factor importante que provoca la migración de las mujeres y las niñas es la expectativa en relación con el género [hay nota], ya que las familias podrían enviar a sus hijas al exterior, y no a sus hijos, si consideran que es más probable que ellas envíen remesas a sus hogares [hay nota]. [E]n lugar de tratar de cambiar completamente la jerarquía de género dentro de sus familias, las mujeres y las niñas se apropian del discurso de género prevaleciente para convencer a interesados poderosos. Por lo tanto, las mujeres plantean sus aspiraciones de migración en términos de género, presentándose como hijas que cumplen su deber y madres devotas y prometiendo remitir la mayoría de sus ingresos en el extranjero para garantizar el futuro bienestar de los familiares que se quedan [hay nota]. Las aspirantes a mujeres migrantes no son las únicas que aprovechan las expectativas y normas de género, también lo hacen los hombres, que utilizan las imágenes de género bien establecidas de ‘hombre sostén de la familia’ o de ‘autoridad’ cuando desean migrar, empleándolas para superar la resistencia” (párr. 32).
“Las altas tasas de violencia sexual y discriminación por razón de género, las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, la violencia y el acceso desigual a los derechos y recursos son motivos decisivos por los que las mujeres y las niñas emigran. Por ello, el deseo de la mujer de migrar puede estar motivado por la esperanza de eludir el control de familia o la discriminación arraigada que limita su acceso a los recursos, la educación y la participación política” (párr. 33).
3. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Derecho al trabajo. Género.          
“Las normas sociales y la discriminación por razón de género no son los únicos factores que pueden influir en la migración de las mujeres y las niñas. Las políticas laborales de los países de destino también pueden contribuir mucho a la migración de las mujeres y las niñas y no a la de los hombres y los niños. Las leyes de inmigración en algunos países hacen que sea extremadamente difícil entrar de forma regular y obtener una condición jurídica permanente. La residencia legal a menudo se basa en tener un empleo en la economía formal. Si uno de los pocos medios para entrar en un país de forma regular es mediante cuotas anuales establecidas en los sectores de la economía que tienen una aparente escasez de mano de obra, esto influye en quiénes migrarán a ese país” (párr. 36).
“Algunos de los sectores que ofrecen oportunidades de empleo formal abiertas a los migrantes están segmentados por género, clase y etnia (por ejemplo, el trabajo doméstico y los sectores de la salud y de cuidados). La demanda de mujeres migrantes en los sectores en que predominan las mujeres se ve facilitada por el ingreso de un gran número de mujeres en el mercado de trabajo de los países de destino. Dado que las sociedades siguen esperando que las tareas domésticas sean realizadas por mujeres, a menudo son atendidas por trabajadoras migratorias” (párr. 37).               
“Hasta hace poco se pensaba que las mujeres migraban principalmente para unirse a su pareja o con fines de reagrupación familiar. En la actualidad, un número cada vez mayor de mujeres se desplazan solas [hay nota], principalmente para encontrar trabajo, lo cual está provocando lo que se denomina la feminización de la migración. Si bien la forma en que las mujeres migran está cambiando, hay cada vez más mujeres que encabezan la migración, es decir, son el primer miembro de la familia que migra. Es más probable que las mujeres altamente cualificadas migren solas respecto de las mujeres poco cualificadas [hay nota]. Sin embargo, algunas mujeres siguen enfrentando dificultades para abandonar sus países debido a leyes prohibitivas y discriminatorias por razón de género o normas sociales restrictivas” (párr. 39).
4. Migrantes. Violencia de género. Funcionarios públicos. Trato cruel, inhumano o degradante. No discriminación.
“Ya sea si migran de forma regular o irregular, los datos indican que las mujeres migrantes corren un gran riesgo de ser víctimas de actos de violencia, incluida la violencia de género, la explotación, la trata, la esclavitud y la detención, durante el viaje o al llegar, y por funcionarios públicos, particulares o bandas de delincuentes […]. La falta de condiciones de acogida adecuadas en algunos países tiene graves consecuencias para la salud, la dignidad y la integridad física de las mujeres [hay nota]. Algunas condiciones y prácticas pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a tortura” (párr. 43).
“En los países de destino, independientemente de su situación migratoria, las mujeres migrantes se enfrentan a formas múltiples e interseccionales de discriminación, no solo como mujeres y como migrantes, sino también por otros motivos, como la edad, la raza y el origen étnico, la nacionalidad, la religión, el estado civil y la situación familiar, la orientación sexual y la identidad de género. En consecuencia, corren riesgo de ser objeto de abuso y explotación” (párr. 44).
5. Migrantes. Reunificación familiar. Niños, niños y adolescentes.
“Ante la falta de políticas de reunificación familiar, la migración de las mujeres puede dar lugar a la separación de la familia, lo que tiene repercusiones en los niños, que crecen sin la presencia de por lo menos uno de sus cuidadores principales [hay nota]. Sin embargo, ello no significa que todas esas repercusiones sean negativas. La edad del niño en el momento en que se produce la migración es un factor importante, ya que afecta a la forma en que responde a la ausencia de uno de los progenitores [hay nota]. Hay datos que indican que la migración de una madre también puede tener un efecto positivo sobre sus hijos […]. Este efecto positivo de la migración de mujeres en el desarrollo de los niños también puede atribuirse a una combinación de empoderamiento en el hogar asociado con mayores contribuciones a los ingresos del hogar por las mujeres y la capacidad de los miembros de la familia extensa para cuidar a los hijos mientras su madre está ausente. En ese sentido, los cambios en la asignación de recursos y las negociaciones en los hogares pueden tener un impacto en las inversiones en capital humano y, en consecuencia, promover la equidad de género intergeneracional [hay nota]” (párr. 46).
6. Migrantes. Género. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Derechos sexuales. Educación. Maternidad. Aborto. No discriminación. Barreras cortafuegos.
“Las mujeres y las niñas migrantes a menudo no tienen acceso fiable a atención de la salud o a servicios de salud reproductiva en los países de tránsito y de destino. Esa falta de acceso se debe a factores como la falta de información o de educación relativa a la salud, el aislamiento o la imposibilidad de acceder a los servicios a causa de su condición jurídica, por temor a la deportación u otras consecuencias, en particular en el caso de las migrantes en situación irregular. El Relator Especial ha afirmado en numerosas ocasiones que los Estados deben asegurarse de que haya una separación estricta (protección con ‘cortafuegos’) entre los servicios públicos y las autoridades de inmigración, para que los migrantes puedan ejercer y disfrutar sus derechos sin temor a ser denunciados a las autoridades de inmigración” (párr. 60).
“Como afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general núm. 22 (2016) […] las personas migrantes pueden verse desproporcionadamente afectadas por una discriminación interseccional en el contexto de la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas específicas para garantizar que las personas migrantes tengan acceso a información, bienes y servicios sobre salud sexual y reproductiva, y velar por que las personas no sean objeto de hostigamiento por ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva” (párr. 61).
“En algunos países, las mujeres migrantes son objeto de discriminación por razón de embarazo o maternidad. Pueden ser obligadas a someterse a pruebas de embarazo en el momento de la llegada; si el resultado es positivo, se desestima su solicitud o se las expulsa. Ese temor, junto con el miedo a perder su empleo, puede inducir a las mujeres migrantes embarazadas a tratar de interrumpir su embarazo, a veces utilizando medios peligrosos, especialmente en los países que penalizan la interrupción inducida del embarazo” (párr. 63).
“El acceso a la educación es un derecho humano básico de los niños y las niñas, en particular también de las niñas migrantes. Los obstáculos con que se enfrentan las niñas migrantes en el ejercicio de su derecho a la educación incluyen las barreras de idioma, la evaluación y el reconocimiento de la educación anterior, y la transferencia de las cualificaciones. Hacen frente a las dificultades adicionales por obstáculos jurídicos que dificultan la matriculación en la enseñanza debido a su situación migratoria o la de sus progenitores o a su situación de residencia” (párr. 64).
7. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Acceso a la justicia. Barrera cortafuegos. Traductor.
“Un aspecto importante de la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas migrantes es garantizar su acceso a la justicia, un desafío particular para ellas, especialmente las que se encuentran en situación irregular. Más concretamente, su acceso a la justicia también puede verse obstaculizado por barreras lingüísticas, la falta de información sobre sus derechos humanos y laborales, y el hecho de no confiar en la policía” (párr. 65).
“[L]os cortafuegos, es decir la separación estricta y efectiva entre las autoridades de inmigración y los servicios públicos, son fundamentales para que las personas migrantes puedan ejercer y disfrutar sus derechos humanos sin temor a ser denunciadas a las autoridades de inmigración. De esta forma los cortafuegos permitirán que las mujeres y las niñas migrantes que pueden ser víctimas de cualquier forma de violencia o abuso, incluida la violencia de género y el abuso sexual, denuncien los delitos, obtengan asistencia letrada y tengan acceso a los tribunales para defender sus derechos” (párr. 66).
8. Migrantes. Género. LGBTIQ. No discriminación.
“[L]os migrantes que son personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales muchas veces son objeto de discriminación y estigmatización, tanto por sus propias comunidades como por la cultura prevalente, en los países de origen como los de destino, y a lo largo de la ruta migratoria. Esas experiencias negativas pueden verse agravadas en el caso de las personas transgénero. Por ejemplo, durante su detención por la entrada y permanencia irregular en un país, las mujeres transgénero pueden verse expuestas al aislamiento social y ser objeto de violencia física y sexual, ya que normalmente se las recluye con los hombres. Este enfoque refleja en parte el alcance restringido de la definición de violencia sexual y la limitante visión binaria de ‘víctimas mujeres y autores hombres’, que no tiene en cuenta las complejas realidades de la violencia sexual ni a las víctimas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales [hay nota]” (párr. 71).
MIGRANTES; GÉNERO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; NO DISCRIMINACIÓN; TRATADOS INTERNACIONALES; FAMILIA; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; DERECHO AL TRABAJO; EDUCACIÓN; VULNERABILIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHOS SEXUALES; MATERNIDAD; ABORTO; ACCESO A LA JUSTICIA; TRADUCCIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; BARRERAS CORTAFUEGOS; LGBTIQ; TRADUCTOR; IDIOMA;
Opinión Consultiva sobre Gestación por sustituciónTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el derecho del niño al respeto de la vida privada, de acuerdo con el artículo 8, requería que la legislación nacional ofreciera la posibilidad de reconocer un vínculo legal entre el padre y los hijos con la madre con voluntad procreacional, según lo establecido en el certificado de nacimiento elaborado en el extranjero. Asimismo, sostuvo que el derecho del niño al respeto de la vida privada no exige que dicho reconocimiento se realice en el registro de nacimientos sino que se puede utilizar otro medio, como la adopción del niño por parte de la madre, siempre que el procedimiento establecido garantice que se pueda implementar de manera rápida y efectiva, de acuerdo al interés superior del niño.
1. Gestación por sustitución. Derecho a la vida privada y familiar. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[E]l Tribunal se refiere al principio esencial según el que, cuando se trata de la situación que involucra un niño, el interés superior de ese niño resulta primordial. [L]os efectos de la falta de reconocimiento del vínculo legal entre los niños concebidos [mediante la gestación por sustitución] y la madre con voluntad procreacional en la ley francesa no se limitan únicamente a los padres, que eligieron este método particular de reproducción asistida prohibida por las autoridades francesas. También afectan a los niños y niñas, ya que su derecho al respeto de la vida privada fue sustancialmente afectado” (cfr. párrs. 38 y 39).
“La falta de reconocimiento de la relación legal entre un niño nacido a través de la gestación por sustitución llevada a cabo en el extranjero y la madre con voluntad procreacional, tiene un impacto negativo sobre distintos aspectos del derecho del niño y su vida privada. [L]a falta de reconocimiento en la ley local es desventajosa para el niño, debido a que lo ubica en una posición legal incierta con respecto a su identidad en la sociedad. En particular, existe un riesgo de que a los niños se les niegue el acceso a la nacionalidad de su madre con voluntad procreacional y les resulte más difícil permanecer en su país de residencia […]; el derecho a recibir herencia respecto de la madre [también] podría verse afectado; la relación con la madre se pondría en riesgo si los padres se separaran o el padre muriera; y no tendrían protección en caso de que su madre [con voluntad procreacional] se negara a cuidarlos o dejara de hacerlo” (cfr. párr. 40).
“[E]l Tribunal considera que la imposibilidad general y absoluta de obtener el reconocimiento del vínculo entre el niño nacido a través de la gestación por sustitución y la madre con voluntad procreacional es incompatible con el interés superior del niño” (cfr. párr. 42).
2. Gestación por sustitución. Derecho a la identidad. Vulnerabilidad. Familia. Filiación. Adopción.
“[E]l margen de apreciación de los Estados varía según las circunstancias, el asunto que se trate y el contexto. [A] pesar de cierta tendencia hacia la posibilidad de reconocimiento legal de filiación en estos casos, no hay consenso en Europa sobre este tema. [C]uando un aspecto importante de la identidad se encuentra en juego, tal como el vínculo legal de filiación, el margen de apreciación que normalmente se le permite al Estado se ve restringido” (cfr. párrs. 43 y 44).
“[E]l Tribunal opina que, en una situación como la referida por la Corte de Casación en su solicitud […] el derecho al respeto de la vida privada de un niño nacido a través de la gestación por sustitución –conforme al significado del artículo 8 del Convenio– requiere que la ley local ofrezca una posibilidad de reconocimiento del vínculo legal con la madre con voluntad procreacional según el certificado de nacimiento legalmente establecido en el extranjero” (cfr. párr. 46).
“El interés del niño implica que la situación de incertidumbre respecto del vínculo legal con su madre con voluntad procreacional se resuelva tan rápido como sea posible. [H]asta que ese vínculo sea reconocido en la legislación nacional, el niño se encuentra en una situación vulnerable con respecto a varios aspectos de su derecho a la vida privada” (cfr. párr. 49).
“Sin embargo, de esto no se puede inferir que los Estados están obligados a optar por el registro de los detalles de los certificados de nacimiento legalmente establecidos en el extranjero. [E]l Tribunal considera que la elección de los medios para permitir el reconocimiento del vínculo legal entre el niño y los padres o madres con voluntad procreacional está dentro del margen de apreciación de los Estados” (cfr. párrs. 50 y 51).
“[D]ependiendo de las circunstancias de cada caso, otros medios pueden servir adecuadamente al interés superior, incluida la adopción, que, con respecto al reconocimiento de esa relación, produce efectos similares al registro de los detalles del certificado de nacimiento emitido en el extranjero” (cfr. párr. 53).
“Lo que resulta relevante es que cuando […] el vínculo entre el niño y la madre con voluntad procreacional se convierte en una realidad práctica […] debe existir un mecanismo efectivo que permita el reconocimiento de esa relación. La adopción puede satisfacer este requisito siempre que las condiciones que lo rijan sean adecuadas y el procedimiento permita tomar una decisión rápida a fin de que el niño no permanezca durante un largo período en una situación de incertidumbre legal con respecto a ese vínculo. Es evidente que estas condiciones deben incluir un análisis de los tribunales sobre el interés superior del niño según las circunstancias del caso” (cfr. párr. 54).
“En conclusión, dado el margen de apreciación permitido a los Estados sobre la elección de los medios y las alternativas al registro, la adopción […] puede ser aceptable en tanto el procedimiento establecido por la legislación nacional garantice que se implemente con rapidez y de manera efectiva, de acuerdo con el interés superior del niño” (cfr. párr. 55).
1. Gestación por sustitución. Derecho a la vida privada y familiar. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[E]l Tribunal se refiere al principio esencial según el que, cuando se trata de la situación que involucra un niño, el interés superior de ese niño resulta primordial. [L]os efectos de la falta de reconocimiento del vínculo legal entre los niños concebidos [mediante la gestación por sustitución] y la madre con voluntad procreacional en la ley francesa no se limitan únicamente a los padres, que eligieron este método particular de reproducción asistida prohibida por las autoridades francesas. También afectan a los niños y niñas, ya que su derecho al respeto de la vida privada fue sustancialmente afectado” (cfr. párrs. 38 y 39).
“La falta de reconocimiento de la relación legal entre un niño nacido a través de la gestación por sustitución llevada a cabo en el extranjero y la madre con voluntad procreacional, tiene un impacto negativo sobre distintos aspectos del derecho del niño y su vida privada. [L]a falta de reconocimiento en la ley local es desventajosa para el niño, debido a que lo ubica en una posición legal incierta con respecto a su identidad en la sociedad. En particular, existe un riesgo de que a los niños se les niegue el acceso a la nacionalidad de su madre con voluntad procreacional y les resulte más difícil permanecer en su país de residencia […]; el derecho a recibir herencia respecto de la madre [también] podría verse afectado; la relación con la madre se pondría en riesgo si los padres se separaran o el padre muriera; y no tendrían protección en caso de que su madre [con voluntad procreacional] se negara a cuidarlos o dejara de hacerlo” (cfr. párr. 40).
“[E]l Tribunal considera que la imposibilidad general y absoluta de obtener el reconocimiento del vínculo entre el niño nacido a través de la gestación por sustitución y la madre con voluntad procreacional es incompatible con el interés superior del niño” (cfr. párr. 42).
2. Gestación por sustitución. Derecho a la identidad. Vulnerabilidad. Familia. Filiación. Adopción.
“[E]l margen de apreciación de los Estados varía según las circunstancias, el asunto que se trate y el contexto. [A] pesar de cierta tendencia hacia la posibilidad de reconocimiento legal de filiación en estos casos, no hay consenso en Europa sobre este tema. [C]uando un aspecto importante de la identidad se encuentra en juego, tal como el vínculo legal de filiación, el margen de apreciación que normalmente se le permite al Estado se ve restringido” (cfr. párrs. 43 y 44).
“[E]l Tribunal opina que, en una situación como la referida por la Corte de Casación en su solicitud […] el derecho al respeto de la vida privada de un niño nacido a través de la gestación por sustitución –conforme al significado del artículo 8 del Convenio– requiere que la ley local ofrezca una posibilidad de reconocimiento del vínculo legal con la madre con voluntad procreacional según el certificado de nacimiento legalmente establecido en el extranjero” (cfr. párr. 46).
“El interés del niño implica que la situación de incertidumbre respecto del vínculo legal con su madre con voluntad procreacional se resuelva tan rápido como sea posible. [H]asta que ese vínculo sea reconocido en la legislación nacional, el niño se encuentra en una situación vulnerable con respecto a varios aspectos de su derecho a la vida privada” (cfr. párr. 49).
“Sin embargo, de esto no se puede inferir que los Estados están obligados a optar por el registro de los detalles de los certificados de nacimiento legalmente establecidos en el extranjero. [E]l Tribunal considera que la elección de los medios para permitir el reconocimiento del vínculo legal entre el niño y los padres o madres con voluntad procreacional está dentro del margen de apreciación de los Estados” (cfr. párrs. 50 y 51).
“[D]ependiendo de las circunstancias de cada caso, otros medios pueden servir adecuadamente al interés superior, incluida la adopción, que, con respecto al reconocimiento de esa relación, produce efectos similares al registro de los detalles del certificado de nacimiento emitido en el extranjero” (cfr. párr. 53).
“Lo que resulta relevante es que cuando […] el vínculo entre el niño y la madre con voluntad procreacional se convierte en una realidad práctica […] debe existir un mecanismo efectivo que permita el reconocimiento de esa relación. La adopción puede satisfacer este requisito siempre que las condiciones que lo rijan sean adecuadas y el procedimiento permita tomar una decisión rápida a fin de que el niño no permanezca durante un largo período en una situación de incertidumbre legal con respecto a ese vínculo. Es evidente que estas condiciones deben incluir un análisis de los tribunales sobre el interés superior del niño según las circunstancias del caso” (cfr. párr. 54).
“En conclusión, dado el margen de apreciación permitido a los Estados sobre la elección de los medios y las alternativas al registro, la adopción […] puede ser aceptable en tanto el procedimiento establecido por la legislación nacional garantice que se implemente con rapidez y de manera efectiva, de acuerdo con el interés superior del niño” (cfr. párr. 55).
GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN; FAMILIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; VULNERABILIDAD; FILIACIÓN; MATERNIDAD; INSCRIPCIÓN REGISTRAL; NO DISCRIMINACIÓN; ADOPCIÓN;
Chernev v. RusiaComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que Rusia era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud del artículo 7 (prohibición de la tortura), leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“El Comité […] observa que el uso de la fuerza por la policía, que puede justificarse en determinadas circunstancias, puede considerarse contrario al artículo 7 en circunstancias en que la fuerza utilizada se considera excesiva [CDH. AHG v. Canadá. CCPR/C/113/D/2091/2011. 5/6/2013]. El Comité remite al párrafo 4 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990), en los que se establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores (párr. 6). Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (párr. 7). El Comité señala que, si bien el Estado parte informa de que llevó a cabo varias investigaciones sobre las alegaciones del autor, no se ha demostrado que esas investigaciones se emprendieran con prontitud o se realizaran eficazmente. El Comité destaca que, aunque el abogado del peticionario presentó la primera denuncia de malos tratos el 21 de junio de 2007, una semana después de la detención, la primera investigación de la denuncia no comenzó hasta el 31 de agosto de 2007. Además, no se sometió al autor a ningún examen médico forense hasta el 19 de febrero de 2009 y las autoridades tardaron en interrogar a los principales testigos y al personal médico, como lo demuestran las decisiones judiciales de 19 de septiembre de 2008 y 1 de junio de 2010, dictadas cuando las lesiones ya se habían curado y los testigos no podían recordar los detalles de los hechos en cuestión debido al tiempo transcurrido” (párr. 12.2).
“[L]a falta de realización por un Estado parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación separada del Pacto [Observación General 20 (1992) relativa a la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Observación General 31 (2004) relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. Véase también, Askarov v. Kirguistán. CCPR/C/116/D/2231/2012, 11/5/2016 y Batanov v. Rusia, CCPR/C/120/D/2532/2015, 6/10/2017]. El Comité reitera que el Pacto no reconoce el derecho de una persona a exigir que el Estado parte incoe una causa penal contra otra persona [X v. Sri Lanka. CCPR/C/120/D/2256/2013, 22/8/2017]. No obstante, considera que el Estado parte tiene el deber de investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva las presuntas violaciones de los derechos humanos, procesar a los sospechosos y castigar a los responsables de tales violaciones, así como de establecer otras formas de reparación, por ejemplo una indemnización. El Comité observa que nada de lo que consta en el expediente le permite concluir que la investigación llevada a cabo por las autoridades de las denuncias de tratos crueles e inhumanos del autor fuera pronta o eficaz” (párr. 12.3).
TORTURA; FUERZAS DE SEGURIDAD; USO DE LA FUERZA; DEBIDO PROCESO; DETENCIÓN DE PERSONAS; VIOLENCIA; TESTIGOS; PERICIA MÉDICA; CUERPO MÉDICO FORENSE;
SC y GP v. ItaliaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que Italia era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud del artículo 12 (derecho a la salud, derecho a la salud sexual y reproductiva, consentimiento informado) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, leídos conjuntamente con el artículo 2, párrafo 1 del mismo.
“[L]a comunicación plantea dos cuestiones centrales: si la transferencia de un embrión al útero de SC sin su consentimiento constituye una vulneración de su derecho a la salud; y si la incertidumbre, creada por la Ley sobre si puede o no revocarse el consentimiento para la transferencia de embriones después de la fecundación constituye una vulneración del derecho de los peticionarios al disfrute del más alto nivel posible de salud en virtud del artículo 12 y a la protección de su familia en virtud del artículo 10. Estas cuestiones jurídicas básicas requieren el examen previo de otras dos cuestiones: a) el alcance del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y su relación con la igualdad de género; y b) la determinación de cuáles son las limitaciones permitidas al artículo 12” (párr. 7.4).
1. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Género. Igualdad. No discriminación.
“El Comité recuerda que ‘el derecho a la salud sexual y reproductiva también es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos. Está íntimamente ligado a los derechos civ