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DoctrinaVoces CSJN
Kaganovskyy v. UcraniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Ucrania era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura), 5.1, 5.4 y 5.5 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Salud mental. Personas privadas de la libertad. Internación. Libertad individual. Detención de personas. Acceso a la justicia. Recursos. Vulnerabilidad.
“Para determinar si nos encontramos frente a una ‘privación de la libertad’ en el caso concreto, deben tenerse en cuenta diversos factores. Estos incluyen un elemento objetivo, que es la detención de una persona en un espacio restringido por un determinado periodo de tiempo, y un elemento subjetivo, que es la falta de consentimiento válido de la persona para el encierro” (cfr. párr. 83).
“En cuanto al elemento objetivo, el Tribunal nota que [el solicitante] permaneció durante 10 días en la unidad de supervisión intensiva sin poder salir, salvo […] cuando se le autorizó salir de la unidad para dormir en su habitación a raíz del hacinamiento. El solicitante también pudo salir de la unidad durante lapsos breves para hablar con su padre y con su abogada. Fuera de ello, permaneció todo el tiempo dentro de la unidad, que estaba cerrada con llave desde afuera y únicamente podía ser abierta por el personal de la institución; no era libre de salir, ni para salir a caminar y su contacto con el mundo exterior era muy restringido” (cfr. párr. 84).
“En lo que respecta al elemento subjetivo […] está establecido que el ingreso del solicitante a la unidad fue contra su voluntad. En efecto, no hay nada que indique que podría haberse opuesto al traslado o que, una vez allí, podría haber salido en cualquier momento” (cfr. párr. 85).
“La privación de la libertad de las personas con problemas de salud mental debe adecuarse al fin del artículo 5.1, que es prevenir la detención arbitraria […]. En particular, una persona no puede ser privada de su libertad por su cuadro de salud mental a menos que se reúnan las siguientes condiciones mínimas: debe demostrarse que padece una enfermedad mental; la enfermedad mental debe ser de un tipo o gravedad que exija la internación involuntaria; y la validez de que se mantenga a la persona internada depende necesariamente de que persista ese cuadro de salud” (cfr. párr. 97).
“Las personas detenidas tienen derecho a requerir a la autoridad judicial que revise la legalidad de su detención […]. En cuanto a las personas con enfermedades mentales graves, es fundamental garantizar su acceso a la justicia, la posibilidad de que soliciten por derecho propio una revisión de su detención y la oportunidad de ser oídos en persona o mediante alguna forma de representación” (cfr. párr. 107).
2. Salud mental. Personas privadas de la libertad. Internación. Libertad individual. Detención de personas. Condiciones de detención. Hacinamiento. Tortura.
“El estado debe garantizar que la persona detenida se encuentre en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana, que el modo de ejecución de la medida privativa de la libertad no la someta a un nivel de sufrimiento tal que exceda aquel inevitable e inherente a la detención, y que se asegure su salud y su bienestar de forma adecuada. Al momento de evaluar las condiciones de detención, deben tenerse en cuenta sus efectos acumulativos y la duración de la medida privativa de la libertad.
Un factor importante a considerar, además de las condiciones materiales, es el régimen de detención. Para determinar si un régimen restrictivo representa una violación al artículo 3, se deben analizar sus condiciones particulares, su rigurosidad y duración, el fin perseguido y los efectos que produce en la persona. La prohibición de maltrato que surge del artículo 3 aplica a todas las formas de privación de la libertad por igual, y en particular no distingue según el fin de la medida en cuestión; es irrelevante si la medida es una detención ordenada en el marco de un proceso penal o la admisión a una institución para proteger la vida o la salud de la persona” (cfr. párr. 121).
“En cuanto a las personas con enfermedades mentales […], para analizar la compatibilidad entre sus condiciones particulares de detención y el artículo 3, debe tenerse en cuenta su situación de vulnerabilidad. Frente a ellos, se exige un control más estricto para evaluar si se ha respetado la Convención” (cfr. párr. 122).
“Las condiciones [de detención del caso particular] no pueden ser consideradas adecuadas para ninguna persona privada de libertad, y menos para alguien como el solicitante, una persona con un historial de enfermedad mental […]. La naturaleza misma de la condición del solicitante lo hizo más vulnerable que cualquier persona privada de su libertad, y su detención en tales condiciones pudo haber exacerbado en cierta medida su estrés y tenido un efecto negativo en su salud” (cfr. párr. 125).
SALUD MENTAL; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; INTERNACIÓN; LIBERTAD INDIVIDUAL; DETENCIÓN DE PERSONAS; ACCESO A LA JUSTICIA; RECURSOS; VULNERABILIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; TORTURA;
Observaciones finales sobre los informes periódicos 10° a 12° combinados de Estados UnidosComité para la Eliminación de la Discriminación Racial - CERD
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial estudió el impacto del racismo sistémico en el acceso a los derechos fundamentales de las minorías étnicas y raciales. Entre sus observaciones, advirtió sobre el empleo de perfiles raciales y el uso excesivo de la fuerza contra estas minorías por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, notó con preocupación que las personas afrodescendientes e indígenas se encuentran sobrerrepresentadas en el sistema de justicia penal. Por otra parte, remarcó que las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y raciales enfrentan mayores barreras para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular vinculados al aborto seguro y legal. Sobre este punto, alertó sobre el impacto diferencial de la criminalización del aborto en las mujeres negras e indígenas. En función de sus observaciones, el Comité recomendó al Estado adoptar medidas efectivas para combatir las prácticas discriminatorias en todos los niveles de gobierno, en miras a garantizar a las minorías étnicas y raciales el ejercicio efectivo y equitativo de sus derechos fundamentales.
1. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Actos discriminatorios. Violencia institucional. Fuerzas de seguridad. Uso de la fuerza. Prevención e investigación. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Vulnerabilidad. Afrodescendientes. Pueblos indígenas.
“El Comité nota con preocupación que las fuerzas de seguridad, incluidos los agentes de la aduana y de control fronterizo, continúan empleando perfiles raciales […]. En base a su Recomendación General N° 36 (2020), el Comité exhorta nuevamente a los Estados a combatir de forma efectiva y a erradicar el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas de seguridad en todos los niveles del gobierno, mediante […] la revisión de políticas que permiten o habilitan el perfilamiento racial, la vigilancia ilegal, el monitoreo y la recopilación de información; la sanción de las personas responsables; y la reparación de las víctimas” (cfr. párrs. 18-19).
“El Comité está preocupado por la brutalidad y el uso excesivo o letal de la fuerza contra integrantes de minorías étnicas o raciales […] por parte de las fuerzas de seguridad, lo cual tiene un efecto desproporcionado contra las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas de origen latino, hispánico y asiático, y los migrantes indocumentados” (cfr. párr. 20).
“El Comité insta a los Estados a: (a) adoptar o revisar la normativa que regula el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, de modo de garantizar que se adecue al derecho y a los estándares internacionales […]; (b) mejorar la denuncia de casos que involucren un uso excesivo de la fuerza y asegurar que los casos denunciados sean investigados de manera pronta y efectiva; investigar y, en su caso, imponer una sanción adecuada a los responsables; reabrir las investigaciones cuando surja nueva evidencia; y que las víctimas o sus familias reciban una reparación adecuada” (cfr. párr. 21).
2. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Personas privadas de la libertad. Igualdad. No discriminación. Derecho penal de autor. Tutela judicial efectiva.
“Las personas pertenecientes a minorías étnicas o raciales, incluso las mujeres, se encuentran sobrerrepresentadas en el sistema de justicia penal; son detenidas, encarceladas y recluidas en confinamiento solitario en forma desproporcionada […]; y se les imponen penas más duras, incluso la prisión perpetua” (cfr. párr. 26).
“El Comité permanece preocupado por la sobrerrepresentación de minorías étnico-raciales, en especial de niños y niñas afrodescendientes e indígenas, en el sistema de justicia penal juvenil. También le resulta preocupante la tasa desproporcionada de jóvenes de minorías étnico-raciales que son procesados y condenados como adultos” (cfr. párr. 27).
“En línea con su Recomendación General N° 31 (2005), el Comité insta a los Estados parte a adoptar medidas concretas y efectivas para eliminar la discriminación racial en todas las instancias de los sistemas de justicia penal y penal juvenil […] y reducir la intervención innecesaria del sistema de justicia penal, por ejemplo, al evitar la sobrevigilancia y avanzar en medidas alternativas a la prisión frente a contravenciones menores” (cfr. párr. 28).
3. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Derecho a la salud. Aborto. Vulnerabilidad. Perspectiva de interseccionalidad.
“El racismo sistémico, sumado a factores interseccionales tales como el género, la raza, la etnia y el estatus migratorio tienen un profundo impacto en la posibilidad de las mujeres y niñas de acceder a la totalidad de servicios de salud sexual y reproductiva sin discriminación […]. Las minorías étnicas y raciales se ven afectadas de manera desproporcionada por las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna; tienen un mayor riesgo de embarazos no deseados y carecen de medios para superar las barreras socioeconómicas y de otra índole para acceder a un aborto seguro. En este contexto, el Comité observa con mucha preocupación la sentencia Dobbs. v. Jackson de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos […], que revirtió casi cincuenta años de protección del derecho de las mujeres a acceder a un aborto seguro y legal, y el profundo impacto que conlleva para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las minorías étnicas y raciales, en especial de aquellas personas de bajos recursos; así como el impacto diferencial de la legislación y de otras medidas a nivel estatal que limitan el acceso al aborto seguro y legal o que lo criminalizan” (cfr. párr. 35).
“El Comité insta al Estado a adoptar medidas adicionales para eliminar la discriminación étnica y racial en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que incorporen un abordaje interseccional y de respeto cultural, por ejemplo, en las políticas y programas orientados a eliminar las barreras de acceso a los servicios completos de salud sexual y reproductiva, y en reducir los índices altos de morbilidad y mortalidad materna que afectan a las minorías étnicas y raciales […]. El Comité también insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso seguro, legal y efectivo al aborto, en línea con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, exhorta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para reducir los riesgos que enfrentan las mujeres que buscan abortar y el personal de salud que las asisten, y garantizar que no se les impongan sanciones penales” (cfr. párr. 36).
MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; ACTOS DISCRIMINATORIOS; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; FUERZAS DE SEGURIDAD; USO DE LA FUERZA; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; VULNERABILIDAD; AFRODESCENDIENTES; PUEBLOS INDÍGENAS; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO PENAL DE AUTOR; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA SALUD; ABORTO; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; DERECHOS SEXUALES;
Torosian v. GreciaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Grecia era responsable por la violación del artículo 3 (prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su faz procesal.
1. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Fuerzas de seguridad. Prevención e investigación. Debida diligencia. Responsabilidad del Estado.
“Para que la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los agentes estatales resulte eficaz en la práctica, deben existir procedimientos que permitan la investigación de las denuncias por malos tratos infligidos a una persona bajo su control […]. A través de dicha investigación, se busca asegurar la implementación efectiva de la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en aquellos asuntos donde se encuentren involucrados agentes u órganos estatales, y garantizar que estos rindan cuentas por el maltrato producido bajo su responsabilidad” (cfr. párrs. 67 y 69).
“Cualquiera sea el tipo de investigación iniciada, las autoridades deben actuar de oficio. Además, para ser efectiva, la investigación debe permitir identificar y, en su caso, sancionar a las personas responsables. Asimismo, debe ser lo suficientemente amplia para permitir a las autoridades analizar no solo los actos de los agentes estatales que hubieran recurrido a la fuerza de forma directa e ilícita, sino también el conjunto de circunstancias en las que se enmarcaron los hechos” (cfr. párr. 71).
“Si bien se trata de una obligación de medios y no de resultado, toda deficiencia en la investigación que debilite su capacidad para determinar las circunstancias del hecho o la identidad de los responsables puede llevar a la conclusión de que no cumple con el estándar de efectividad requerido” (cfr. párr. 72).
2. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Prevención e investigación. Garantía de imparcialidad. Independencia. Debida diligencia.
“Para que una investigación pueda considerarse efectiva, es necesario que los organismos y las autoridades a cargo sean independientes de las personas investigadas. Esto implica no solo la ausencia de un vínculo jerárquico o institucional, sino además una independencia en el caso concreto” (cfr. párr. 70).
“La investigación debe ser exhaustiva, lo que implica que las autoridades deben realizar un esfuerzo serio por descubrir lo que ocurrió y no deben basarse en conclusiones apresuradas o mal fundadas para dar por finalizada una investigación. Además, la investigación debe permitir determinar si el uso de la fuerza se encontraba o no justificado en las circunstancias particulares del caso” (cfr. párr. 74).
“De lo anterior se deriva una exigencia de actuar con celeridad y con debida diligencia. Si bien pueden existir dificultades que obstaculicen el avance de una investigación en el caso particular, una respuesta rápida de las autoridades ante una denuncia de maltrato es fundamental para preservar la confianza de la sociedad en el respeto al principio de legalidad y para evitar cualquier apariencia de complicidad o tolerancia de los actos ilícitos” (cfr. párr. 75).
“En este sentido, el Tribunal observa que existen elementos que ponen en duda el carácter independiente y exhaustivo de las investigaciones en el presente caso. En primer lugar, las personas encargadas de la investigación administrativa eran colegas de los policías investigados y no fueron supervisadas por una autoridad independiente” (cfr. párr. 79).
3. Detención de personas. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Lesiones. Prevención e investigación. Prueba. Carga de la prueba. Pericia médica.
“Al momento de ser detenido, el solicitante no fue sometido a ningún examen médico. Es de fundamental importancia realizar un examen médico antes de colocar a una persona bajo custodia estatal, dado que permite saber no solo si la persona está en condiciones de ser interrogada, sino además, en caso de una posterior denuncia por maltrato o tortura, ‘desligar’ a las autoridades de las lesiones constatadas” (cfr. párr. 83).
“Cuando los hechos denunciados hubiesen ocurrido bajo el control exclusivo del Estado, como en el caso de personas detenidas, cualquier lesión producida durante aquel periodo da lugar a fuertes presunciones de hecho. La carga de la prueba recae entonces sobre el Estado: le corresponde proporcionar una explicación satisfactoria y convincente de lo ocurrido mediante la producción de prueba que permita dudar acerca del relato de la víctima […]. A falta de tal explicación, el Tribunal puede arribar a conclusiones que sean desfavorables para el Estado. Esto se justifica por el hecho de que las personas bajo control del Estado se encuentran en una situación de vulnerabilidad y el Estado tiene el deber de protegerlas” (cfr. párr. 97).
TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; FUERZAS DE SEGURIDAD; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; INDEPENDENCIA; DETENCIÓN DE PERSONAS; LESIONES; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; PERICIA MÉDICA;
Guevara Diaz v. Costa RicaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Costa Rica era responsable por la violación de los artículos 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley), 25 (protección judicial) y 26 (DESCA) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
1. Personas con discapacidad. Derecho al trabajo. Igualdad. No discriminación. Actos discriminatorios. Vulnerabilidad. Medidas de acción positiva. Ajustes razonables.
“Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto […]. [E]n la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico” (párr. 46).
“[L]as personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, los cuales deben ser garantizados de conformidad con los postulados del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Además […], la discapacidad es una categoría protegida en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, por lo que está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la discapacidad real o percibida de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona a partir de su discapacidad. Asimismo, en tanto la discapacidad es una categoría protegida en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, es el Estado quien tiene la carga de la prueba de demostrar que la diferencia de trato a una persona con discapacidad se encuentra justificado, sin fundamentar su decisión en estereotipos” (párr. 50).
“[E]n cumplimiento de los deberes de protección especiales del Estado respecto de toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, resulta imperativa la adopción de medidas positivas para la protección de los derechos, las cuales son determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones normativas o de facto sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras” (párr. 53).
“[E]l derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación establece para los Estados un deber especial de protección de los derechos de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Por esta razón, este deber abarca el respeto y la garantía del derecho al trabajo -en tanto derecho protegido por la Convención- de las personas con discapacidad -en tanto son personas en situación de vulnerabilidad-. De esta forma, los Estados deben abstenerse de realizar conductas que vulneren el derecho al trabajo como resultado de actos de discriminación, y deben adoptar medidas positivas dirigidas a lograr su mayor protección atendiendo a las circunstancias particulares de las personas con discapacidad” (párr. 61).
“Al tratarse de un ámbito de protección específicamente dirigido a las personas con discapacidad, el Estado tiene, además, un deber activo y reforzado de garantizar el pleno disfrute del derecho al trabajo, […]. Este deber especial se traduce en obligaciones que van más allá de la simple abstención de trato discriminatorio, comprendiendo un esfuerzo positivo de desarrollo de políticas públicas para la efectiva inclusión y permanencia de estas personas en sus respectivos puestos de trabajo. Es decir, más que establecer políticas para insertarlos en el mercado laboral, el poder público tiene la responsabilidad de asegurar que el propio entorno laboral se adapte para ser receptivo a este grupo social” (párr. 108 del voto concurrente del juez Mudrovitsch).
2. Personas con discapacidad. Derecho al trabajo. Igualdad. No discriminación. Actos discriminatorios. Tutela judicial efectiva. Deber de fundamentación.
“[E]xiste una obligación reforzada para los Estados de respetar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en el ámbito público. Esta obligación se traduce, en primer lugar, en la prohibición de realizar cualquier acto de discriminación por motivos de discapacidad relativas al goce de sus derechos laborales, en particular respecto a la selección y contratación en el empleo, así como en la permanencia en el puesto o ascenso, y en las condiciones laborales; y, en segundo lugar, derivado del mandato de igualdad real o material, en la obligación de adoptar medidas positivas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, las cuales deben dirigirse a remover progresivamente las barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos laborales. De esta forma, los Estados se encuentran obligados a adoptar medidas para que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los concursos públicos mediante la formación profesional y la educación, así como la adopción de ajustes especiales en los mecanismos de evaluación que permitan la participación en condiciones de igualdad, y a emplear personas con discapacidad en el sector público” (párr. 73).
“[L]a obligación reforzada de protección del derecho al trabajo para personas con discapacidad impone obligaciones específicas a las autoridades que conocen sobre los recursos presentados donde se aleguen actos de discriminación en el ámbito laboral. Esta obligación exige una diligencia rigurosa en la garantía y respeto de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de recursos administrativos y judiciales que analicen sobre violaciones al derecho al trabajo. De esta forma, en primer lugar, las autoridades deberán abstenerse de que sus decisiones se fundamenten en razonamientos discriminatorios. En segundo lugar, deberán analizar con mayor rigurosidad si el derecho al trabajo de personas con discapacidad se pudo ver afectado por actos discriminatorios de las autoridades o de terceros […]. [L]as autoridades que conozcan de estos recursos deben analizar que se demuestre suficientemente que una diferencia de trato de una persona con discapacidad es justificada, tomando especial consideración su situación de vulnerabilidad” (párr. 74).
“[D]urante la selección en el concurso […] existió una diferencia de trato hacia el señor Guevara, la cual estuvo basada en su discapacidad intelectual. Dicha diferencia se realizó sin que existiera justificación objetiva y razonable alguna que la sustentara, y fue la razón principal por la que no se nombrara al señor Guevara en propiedad para el puesto […]. Lo anterior constituyó un acto de discriminación directa en el acceso al empleo y, por lo tanto, una violación al derecho al trabajo del señor Guevara” (párr. 79).
“[P]odría resultar razonable y admisible la decisión de no nombrar a una persona con motivo de una discapacidad en caso de que ésta sea incompatible con las funciones esenciales que se van a desempeñar. No obstante, la ausencia de una justificación adecuada para decidir no nombrar a una persona con motivo de una discapacidad genera una presunción sobre el carácter discriminatorio de esta medida. Esto obliga a una fundamentación más rigurosa que determine las razones objetivas por las que se adopta dicha decisión. En este sentido, cuando las autoridades administrativas involucradas en la decisión de seleccionar al ganador del concurso para el puesto […] decidieron no nombrar al señor Guevara por motivo de su discapacidad, y en el ejercicio de ‘facultades discrecionales’ […], el Estado incumplió con el deber de realizar una argumentación suficiente que justificara dicha decisión” (párr. 80).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO AL TRABAJO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACTOS DISCRIMINATORIOS; VULNERABILIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; AJUSTES RAZONABLES; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN;
Casierra Quiñonez y otros v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 4.1 (vida), 5.1 (integridad personal), 8.1, (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Fuerzas armadas. Agresión ilegítima. Orden público. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Principio de excepcionalidad. Responsabilidad del Estado. Ley reglamentaria. Carga de la prueba.
“[S]i bien los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público en su territorio, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad oficiales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades […]. [S]ólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y, consecuentemente, hayan fracasado todos los demás medios de control” (párr. 104).
“En coherencia con lo anterior, en los casos en que resulte imperioso el uso de la fuerza, esta deberá satisfacer los principios de legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad, los que han sido definidos por la Corte en la forma siguiente: a) Legalidad: el uso excepcional de la fuerza debe estar formulado por ley y debe existir un marco regulatorio para su utilización. b) Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. c) Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o la situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. d) Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” (párr. 105).
“[E]n casos como el que ahora se analiza, en los que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales haya producido la muerte o lesiones a una o más personas, corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados” (párr. 112).
“[L]os Estados deben crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza del derecho a la vida. De ahí que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales […]. En cuanto al argumento del Estado con relación a los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Ecuador no ha demostrado que en la época de los hechos estos hubieran sido incorporados a su ordenamiento interno y fueran aplicados de forma regular por parte de las autoridades internas” (párr. 114).
“Una última cuestión que amerita pronunciamiento es lo que atañe al requisito de legalidad, en tanto, conforme a los hechos establecidos, el 7 de diciembre de 1999 el Capitán del Puerto de Esmeraldas dictó […] la orden de efectuar el ‘operativo antidelincuencial’ a partir de la cual se consumaron los hechos del presente caso. Si bien la orden hacía mención, en términos muy generales, de los ‘[procedimientos]’ que debían seguir los agentes en el marco del operativo […], la naturaleza y alcances de la disposición emitida no satisfacen el principio de legalidad exigido por la jurisprudencia interamericana, en tanto las pautas sobre el uso de la fuerza, además de ser precisas y claras, deben encontrarse previstas por ‘ley’, entendida en sentido formal, es decir, una ‘norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado’, como ‘exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana” (párr. 115).
2.  Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Fuerzas armadas. Agresión ilegítima. Armas de fuego. Necesidad racional del medio empleado. Principio de proporcionalidad.
“Según el Estado, la actuación de los militares se enmarcó en los objetivos del ‘operativo antidelincuencial’, desarrollado a solicitud de la organización de pescadores, lo que acreditaría la finalidad legítima. La Corte observa que este requisito no puede entenderse cumplido en el contexto general de la operación desarrollada y de las causas que determinaron su despliegue, sino que es preciso analizarlo conforme a las circunstancias particulares de los hechos ocurridos, pues aquella visión, además de avalar a priori cualquier uso de la fuerza con el fin de ‘contrarrestar los continuos asaltos y robos’ (como preveía la orden emanada del Capitán del Puerto de Esmeraldas), impide examinar, en concreto […], la situación y eventual riesgo o amenaza enfrentada por los agentes y la respuesta que estos habrían ofrecido ante ello” (párr. 119).
“[C]on respecto a la finalidad legítima perseguida con el uso de la fuerza, no todo uso de la fuerza implica necesariamente el uso de armas de fuego, pues los agentes y fuerzas de seguridad del Estado pueden recurrir al uso de la fuerza en múltiples situaciones en las que no es necesario el uso de las armas de fuego, tal y como puede suceder, por ejemplo, al detener a una persona en virtud de orden judicial, para evitar la comisión de un delito o para mantener el orden público en actos de naturaleza pública donde haya congregación de personas y sea necesario garantizar su seguridad” (párr. 120).
“En cuanto al objetivo de ‘neutralizar’, la Corte estima que, si bien es un fin legítimo pretender detener la embarcación para aprehender a sus ocupantes ante la sospecha de que podía ser la lancha pirata buscada –según quedó acreditado de los documentos y testimonios rendidos–, resulta desproporcionada la utilización de armas letales por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, en circunstancias que puedan poner en riesgo innecesariamente la vida y la integridad física de las personas. De esa cuenta, cuando el objetivo es neutralizar o detener, corresponde utilizar mecanismos menos gravosos, entre estos advertir e intentar persuadir a los ocupantes de la otra embarcación para que se detengan, continuar la persecución hasta darles alcance o solicitar el apoyo de otras unidades de la fuerza pública, para lo cual, entre el equipo facilitado para desarrollar el operativo se incluyó un aparato de comunicación […]. Así mismo, en cuanto al elemento de absoluta necesidad que exige verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o la situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso, era innecesario y desproporcionado como se señaló, el empleo de armas de fuego. Por el contrario, se justificaba la utilización de otros medios disponibles, menos gravosos para proteger los derechos en juego, sobre todo tomando en cuenta el parámetro que exige un mayor grado de excepcionalidad en el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, particularmente de militares contra civiles, el cual debe estar prohibido como regla general” (párr. 121).
“Así lo ha desarrollado la Corte, en el marco del análisis del requisito de absoluta necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, cuando ha indicado que también es deber del Estado ‘prever medidas menos extremas’ para lograr los objetivos trazados en el ámbito de la seguridad y el orden público, lo que exige, para la implementación de operativos como el ejecutado en este caso, que exista previa planeación, capacitación y organización, a fin de evitar, precisamente, acciones desproporcionadas por parte de sus agentes” (párr. 122).
“En definitiva, en el presente caso no fue acreditada la legalidad, la absoluta necesidad y la proporcionalidad en el uso de la fuerza letal ejercida por los infantes de marina, sin que el Estado hubiera proporcionado una explicación satisfactoria y convincente sobre lo ocurrido. La situación derivada fue el resultado del uso excesivo de la fuerza letal por los agentes estatales. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, cuando se usa fuerza excesiva, toda privación de la vida resultante es arbitraria, lo que es igualmente aplicable para el caso de violaciones al derecho a la integridad personal por las lesiones ocasionadas en el mismo contexto” (párr. 126).
USO DE LA FUERZA; FUERZAS DE SEGURIDAD; FUERZAS ARMADAS; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; ORDEN PÚBLICO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; LEY REGLAMENTARIA; CARGA DE LA PRUEBA; ARMAS DE FUEGO; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO;
La violencia y su impacto en el derecho a la saludRelatoría especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Entre sus recomendaciones, remarcó la importancia de adoptar un abordaje interseccional e integral para garantizar el derecho a la salud. En esta línea, entendió a la violencia contra las mujeres, personas no binarias y la niñez como un obstáculo para garantizar el nivel más alto posible de salud física y mental. En particular, sostuvo que el derecho a la salud conlleva el derecho a controlar y tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la salud sin violencia ni discriminación. Luego, recordó que el Estado debe adoptar medidas efectivas para proteger la salud sexual y reproductiva de todas las personas y ofrecer reparaciones adecuadas a las víctimas de violencia. Por último, llamó a los Estados a brindar una respuesta holística a la violencia a fin de garantizar el pleno disfrute del derecho a la salud.
1. Derecho a la salud. Violencia de género. Derechos sexuales. Asistencia médica. Derecho a la preservación de la salud. Salud mental. Igualdad. No discriminación. Enfoque de interseccionalidad.
“La salud y la violencia pueden [entrecruzarse] de múltiples maneras. Por un lado, la violencia tiene importantes consecuencias para la salud: puede provocar lesiones o la muerte, enfermedades mentales y el suicidio, y un mayor riesgo de problemas de salud crónicos, que a su vez dan lugar a necesidades de atención sanitaria para las personas sobrevivientes. Por otro lado, la violencia está muy presente en los propios sistemas sanitarios; en los establecimientos médicos, puede ser perpetrada por las personas que prestan servicios de salud o contra ellas” (párr. 1).
“La violencia es un obstáculo importante para la efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva, y puede violar, según el contexto, una serie de derechos humanos, como los derechos a la vida, a la salud, a no sufrir discriminación, a la igual protección de la ley, a no ser objeto de torturas ni de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo” (párr. 11).
“[E]l derecho a la salud contiene importantes libertades, como el derecho a controlar y tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la salud sin violencia, coacción ni discriminación, así como derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad de acceso a los establecimientos, bienes y servicios sanitarios sin discriminación por ningún motivo. El derecho a la salud abarca y es influido por los factores determinantes básicos de la salud, como el acceso a agua segura y potable y al saneamiento, así como por otros determinantes sociales de la salud, como la diferencia de género. También inciden en el derecho los problemas sociales, en particular la violencia y los conflictos armados” (párr. 14).
2. Derecho a la salud. Violencia de género. Violencia institucional. Violencia obstétrica. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Protección integral de la mujer. Trato cruel, inhumano y degradante.
“Los Estados violan el derecho a la salud cuando no adoptan medidas efectivas para impedir que terceras personas menoscaben el disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva, especialmente en relación con la violencia doméstica, la violación (incluida la violación conyugal), la agresión, los abusos y el acoso sexuales, también durante situaciones de conflicto, posteriores a conflictos y de transición; la violencia contra las personas LGBTIQ+ o las mujeres que tratan de abortar o de obtener asistencia posterior al aborto; prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y forzado, la esterilización forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado; y la cirugía y los tratamientos médicamente innecesarios, irreversibles e involuntarios practicados a lactantes o niños intersexuales” (párr. 20).
“[L]as violaciones de los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información, bienes y servicios en materia de salud sexual y reproductiva, son formas de violencia de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante” (párr. 49).
“La violencia estructural, con profundas raíces en las definiciones patriarcales, hegemónicas y coloniales de la sociedad y el orden social, está profundamente entrelazada con la violencia sexual y de género y con la negación del acceso de las personas sobrevivientes a la atención sanitaria y los servicios médicos” (párr. 70).
“La violencia estructural, cuando se sufre a manos de las fuerzas del orden o durante la privación de libertad, crea barreras similares al derecho al más alto nivel posible de salud. En todo el mundo, la brutalidad e impunidad policiales contribuyen a que no se denuncien casos de violencia sexual y de género y a que se perpetúe este tipo de violencia a manos de agentes y organismos encargados de aplicar la ley. Estos problemas se dan especialmente en los contextos en que se criminaliza el aborto, las relaciones entre personas del mismo sexo, la condición de persona transgénero o el trabajo sexual, o se consiente la violencia de género. La criminalización da pie a que se cometan abusos y a la explotación. Las condiciones en que se realiza el trabajo sexual exponen a las personas que se dedican a él a contraer infecciones de transmisión sexual, pero también a sufrir actos de violencia, extorsión e intimidación de sus clientes y de la policía, casi siempre sin posibilidad de recurso” (párr. 71).
3. Derecho a la salud. Violencia sexual. Violencia doméstica. Vulnerabilidad. Víctima. Asistencia médica. Acceso a la justicia. Reparación.
“[L]os Estados deben garantizar la atención de la salud física y mental a las víctimas de la violencia sexual y doméstica en todas las situaciones, en particular el acceso a servicios de prevención posterior a las agresiones, anticonceptivos de emergencia y servicios de aborto sin riesgo, y emprender campañas de información, en particular con respecto a la salud sexual y reproductiva, las prácticas tradicionales y la violencia doméstica. [E]sas obligaciones se aplican también a otras formas de violencia y […] la provisión insuficiente de recursos públicos o su mala asignación —cuando impiden el disfrute del derecho a la salud de personas o grupos, en particular los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o marginación, como las personas sobrevivientes de la violencia—, o el hecho de que no se adopte un enfoque de género (no binario) en materia de salud equivaldrían a una violación del derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva” (párr. 21).
“[T]oda persona o grupo víctima de una violación del derecho a la salud debe tener acceso a recursos judiciales efectivos o a otros recursos apropiados, tanto a nivel nacional como internacional, y […] los programas de reparación para las personas sobrevivientes de la violencia sexual, en especial la violencia sexual relacionada con los conflictos, deben proporcionar acceso a los servicios de salud” (párr. 22).
“Desde el punto de vista de la salud, no existe un único enfoque para ayudar a las personas sobrevivientes de la violencia o darles una respuesta. La violencia debe definirse de la manera más amplia posible para incluir al mayor número posible de personas afectadas, y también debe incluirse la violencia estructural. Además, para dar una respuesta basada en el derecho a la salud a las víctimas de la violencia, se debe garantizar la confidencialidad y evitar las jerarquías entre las distintas formas de violencia, personas sobrevivientes y perjuicios causados” (párr. 89).
“Las intervenciones en el campo de la salud deben enmarcarse en una respuesta multisectorial integral que tenga en cuenta las necesidades holísticas de las personas sobrevivientes de la violencia y de sus familiares, derivándolas a servicios especializados y multisectoriales, prestándoles apoyo económico y jurídico, ofreciéndoles un alojamiento seguro y una reparación, y asegurando la rendición de cuentas. El objetivo debe ser, en primer lugar, impedir la violencia, pero también proporcionar ayuda inmediata, así como a mediano y largo plazo, para mitigar los efectos de la violencia y sus consecuencias para la salud” (párr. 90).
“En virtud de su derecho a la salud, las personas sobrevivientes de la violencia, incluida la violencia sexual, deben tener acceso a la atención sanitaria necesaria (como apoyo psicológico, atención urgente tras la violación y asistencia médico-jurídica) y a los establecimientos, bienes y servicios médicos, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, que son importantes para garantizar la reparación. Para que el derecho a la salud sea una realidad, el personal sanitario debe estar debidamente capacitado y recibir el apoyo necesario, así como poder trabajar en un entorno saludable y sin violencia” (párr. 91).
DERECHO A LA SALUD; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHOS SEXUALES; ASISTENCIA MEDICA; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; SALUD MENTAL; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; DERECHOS REPRODUCTIVOS; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VIOLENCIA DOMÉSTICA; VULNERABILIDAD; VICTIMA; ACCESO A LA JUSTICIA; REPARACIÓN;
Fatullayev v. AzerbaiyánTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Azerbaiyán era responsable por la violación del artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Proceso penal. Debido proceso. Derecho de defensa. Prueba. Principio de igualdad de armas. Estupefacientes. Admisibilidad de la prueba. Apreciación de la prueba. Prueba de peritos.
“Para determinar si un procedimiento fue equitativo en su totalidad, debe considerarse […] si se respetaron los derechos de la defensa. En particular, debe examinarse si el solicitante tuvo la oportunidad de cuestionar la veracidad de la prueba y oponerse a su admisión. Además, se debe tener en consideración la calidad de la prueba y las circunstancias en las que se obtuvo, y analizar si estas circunstancias ponen en cuestión su fiabilidad o precisión” (cfr. párr. 78).
“El concepto de proceso equitativo […] incluye el principio de igualdad de armas, que requiere un ‘equilibrio justo’ entre las partes: cada parte debe tener una oportunidad razonable para presentar su caso bajo circunstancias que no lo coloquen en una desventaja frente a su contraparte” (cfr. párr. 79).
“[L]a persona imputada debe estar facultada para buscar y producir prueba ‘en las mismas condiciones’ que la fiscalía. [L]a defensa debe tener la oportunidad de desarrollar una defensa activa –por ejemplo, mediante el llamado de testigos de su parte o el aporte de otro tipo de prueba–” (cfr. párr. 80).
“El principio de igualdad de armas también es relevante en cuestiones relacionadas con la designación de peritos durante el procedimiento […]. El mero hecho de que los peritos en cuestión sean empleados por una de las partes no alcanza para tornar al procedimiento injusto. Aunque este hecho pueda dar lugar a un temor de imparcialidad, dicho temor, aunque tenga cierta relevancia, no es decisivo. No obstante, sí es decisivo el rol que ocupan los peritos durante el procedimiento, la manera en la que ejercieron sus funciones y la forma en que los jueces evaluaron su opinión experta” (cfr. párr. 81).
“Las reglas de admisibilidad no deben impedirle a la defensa cuestionar la prueba pericial de forma efectiva –en particular, introduciendo u obteniendo opiniones o informes alternativos. En determinadas circunstancias, negar un examen pericial alternativo de la prueba material puede considerarse una violación al artículo 6.1” (cfr. párr. 82).
2.  Sentencia. Motivación. Deber de fundamentación. Derecho de defensa. Prueba. Requisa. Cárceles. Apreciación de la prueba.
“[L]as sentencias de los tribunales y cortes deben indicar de forma adecuada los fundamentos en los que se basan. [D]ebe surgir de manera clara de la sentencia que se abordaron las cuestiones esenciales del caso y que se dio una respuesta específica y expresa a los argumentos que fueron decisivos para su resolución […]. Además, en casos que implican una intromisión en los derechos reconocidos por el Convenio, el Tribunal busca determinar si los fundamentos de las sentencias locales fueron automáticos o estereotipados […]. Cuando los tribunales locales dejen de lado una cuestión específica, pertinente y relevante invocada por el peticionario, es usual que dé lugar a un problema de falta de motivación judicial” (cfr. párr. 83).
“La requisa personal que se le realizó al solicitante tuvo lugar dentro del establecimiento penitenciario –lo cual implica que se encontraba bajo el control absoluto de las autoridades. Dadas estas circunstancias, el Tribunal considera verosímil el alegato de que existían muchas posibilidades de que se plantaran drogas entre sus pertenencias. [El hecho de que la requisa se realizó dentro del establecimiento penitenciario] es un elemento que el Tribunal debe tener en cuenta al evaluar la fiabilidad de la prueba decisiva en el presente caso” (cfr. párr. 91).
“[L]as circunstancias en las que se le halló droga al solicitante ponen en duda la fiabilidad de la evidencia decisiva en su contra. Además, se privó al solicitante de la posibilidad de cuestionar de forma efectiva la fiabilidad de la prueba en cuestión, oponerse a su admisión en el proceso y aportar evidencia en su defensa. Cuando el tribunal local negó las solicitudes del hombre en esta materia, vulneró su derecho a una sentencia motivada” (cfr. párr. 95).
“[S]e le negó al solicitante la posibilidad de presentar su principal línea de defensa –esto es, que las autoridades habían plantado la droga y que los procesos penales en su contra eran causas armadas. A pesar de la consistencia y la seriedad de sus alegatos, las autoridades locales no los verificaron ni investigaron y el solicitante no tuvo la oportunidad de cuestionar la prueba decisiva en su contra ni de aportar prueba en su defensa. Los tribunales locales rechazaron sus requerimientos procesales mediante decisiones infundadas” (cfr. párr. 101).
PROCESO PENAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; PRUEBA; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; ESTUPEFACIENTES; ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA DE PERITOS; SENTENCIA; MOTIVACIÓN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; REQUISA; CÁRCELES;
SP1167-2022Corte Suprema de Justicia de Colombia
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia hizo lugar al recurso y confirmó la sentencia impugnada.
1. Femicidio. Violencia de género. Tipicidad. Perspectiva de género. No discriminación. Derecho a la vida. Principio de dignidad humana.
“[E]l delito de feminicidio consiste en causar la muerte por la condición de ser mujer. Esta expresión introduce un elemento subjetivo del tipo, el cual se fundamenta en la motivación que debe llevar al sujeto activo a privar de la vida a una mujer” (párr. 44).
“Este elemento le otorga autonomía normativa al tipo de feminicidio y permite diferenciarlo particularmente del homicidio simple causado a una mujer. Así, el homicidio simple de una mujer no requiere motivación, mientras que el feminicidio sanciona la circunstancia de haber acabado con la vida de la víctima por su propia condición de mujer” (párr. 45).
“En el feminicidio, este móvil que lleva al agente a terminar con la vida de la mujer comporta no sólo una vulneración al bien jurídico de la vida, sino también la lesión a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Con este delito el legislador reprime y pretende desestimular la muerte de las mujeres con carácter discriminatorio, entendido como un acto de sujeción y dominación” (párr. 46).
“[El] elemento subjetivo del tipo, no debe entenderse de forma restringida, simplemente como un asesinato motivado por la misoginia, esto es, por el desprecio y odio hacia todas las mujeres. Pues, matar a una mujer por aversión hacia las mujeres, es el evento más obvio de un ‘homicidio de una mujer por razones de género’, dado que también se comete la conducta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra en un contexto de dominación y su causa está asociada a su instrumentalización y discriminación” (párr. 47).
“[F]rente a la violencia ejercida sobre la mujer seguida de su muerte en el marco de una relación sentimental, particularmente de parejas heterosexuales que conviven o se encuentran separadas, esta Sala ha señalado que: ‘el maltrato del hombre para mantener bajo su control y ‘suya’ a la mujer, el acoso constante a que la somete para conseguirlo, la intimidación que con ello le produce, el aumento en la intensidad de su asedio y agresividad en cuanto ella más se aproxima a dejar de ‘pertenecerle’ y la muerte que al final le causa ‘para que no sea de nadie más’, claramente es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer o ‘por razones de género’” (párr. 57).
2. Femicidio. Violencia de género. Género. Estereotipos de género. Igualdad. No discriminación. Actos discriminatorios.
“[L]a violencia contra la mujer […] es un problema estructural producto de prejuicios y estereotipos de género, asociados al lugar que la mujer ha cumplido en la sociedad a través del tiempo. Así, la mujer era identificada por su supuesta debilidad y dependencia y por el desempeño del rol de madre, cuidadora y ama de casa” (párr. 50).
“Cuando la mujer desconoce estos estereotipos que históricamente le han sido forzosamente asignados o asume comportamientos incompatibles con los esperados dentro de su estado de dominación, puede desatar en su contra rechazo y violencia. Esta violencia cumple entonces una doble función: de un lado, constituye acciones discriminatorias, y, por el otro, es una práctica instrumental dirigida a perpetuar el estado de dominación que se ejerce sobre la mujer y mantener las circunstancias de discriminación a las que ella está sometida” (párr. 52).
“[E]l procesado consideraba que su ex pareja sentimental aún ‘le pertenecía’ y por tal razón la ofendía acosaba y amenazaba con hacerle daño a [su nueva pareja] (como finalmente ocurrió), pues no aceptaba que hubiesen terminado su relación y que [la mujer] tuviera una nueva pareja” (párr. 97).
3. Femicidio. Violencia de género. Participación criminal. Instigación.
“[La expareja] hizo nacer la idea criminal en [el otro hombre], consistente en atentar contra la vida de [la mujer] a cambio de la suma de dos millones de pesos […]; es claro el vínculo entre el ataque [del hombre] contra la víctima y la inducción realizada por el procesado, consistente en una promesa económica, toda vez que el autor material no tenía motivo alguno de atentar contra la vida de [ella], y […] el procesado actúo con doble dolo, de un lado, para instigar e influir en la mente del autor material y hacer nacer la idea criminal en él y de otro lado, en que se lograra la ejecución de la conducta punible” (párr. 113).
“[A] pesar de que no hubo testigos de un acuerdo entre ambos o del pago por la comisión de la conducta punible, para declarar la existencia de la determinación no es necesario que se compruebe el pago por el encargo criminal, toda vez que lo sustancial es hacer nacer la idea criminal en el autor material, lo cual puede ocurrir a través de una promesa remuneratoria, sin que sea necesario acreditar el pago efectivo, como efectivamente ocurrió en este caso” (párr. 121).
“[E]s evidente que el ejecutor no hubiese tomado esta decisión si no hubiese mediado la influencia del sentenciado, toda vez que no existía relación entre la víctima y
[el otro hombre], quien además no tenía motivos propios para atentar contra ella” (párr. 122).
FEMICIDIO; VIOLENCIA DE GÉNERO; TIPICIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA VIDA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; IGUALDAD; ACTOS DISCRIMINATORIOS; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; INSTIGACIÓN;
Miguel Ángel Fernandez v. Argentina (informe de admisibilidad)Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la petición en relación con los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con sus artículos 1.1 y 2.
1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Admisibilidad. Acceso a la justicia. Agotamiento de los recursos internos. Recurso de revisión. Duración del proceso. Plazo razonable.
“La Comisión Interamericana ha sostenido que ‘el análisis sobre los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención debe hacerse a la luz de la situación vigente al momento en que se pronuncia sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del reclamo’ y que es muy frecuente que durante el trámite haya cambios en el estado de agotamiento de los recursos internos” (párr. 14).
“[L]uego de presentado el escrito inicial de petición la situación procesal de la presunta víctima cambió fundamentalmente a raíz de la presentación exitosa de un recurso extraordinario de revisión que llevó en diciembre de 2015 a la anulación de su condena. Sin embargo, pese a haber transcurrido casi 6 años desde entonces, la última información aportada por las partes indica que la situación de la presunta víctima todavía no se encuentra definitivamente resuelta, ya que sigue pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema se pronuncie sobre la realización de un nuevo juicio” (párr. 15).
“[L]a regla del previo agotamiento nunca debe ‘conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa’. En consecuencia, la CIDH estima procedente aplicar a la presente petición la excepción prevista en el artículo 46.2(c) de la Convención Americana. Con base en las mismas valoraciones, la Comisión Interamericana también concluye que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable en los términos del artículo 32.2 de su Reglamento” (párr. 16).
2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Admisibilidad. Proceso penal. Derecho de defensa. Principio de congruencia. Plazo razonable. Principio de lesiva. Prisión perpetua.
“[L]a CIDH reitera que –a efectos de la admisibilidad– debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos. [D]entro del marco de su mandato la Comisión Interamericana es competente para declarar admisible una petición cuando se refiere a procesos internos que podrían ser violatorios de derechos garantizados por la Convención Americana. Es decir que […] el análisis de admisibilidad se centra en la verificación de tales requisitos, los cuales se refieren a elementos que, de ser ciertos, podrían constituir prima facie violaciones a la Convención Americana” (párr. 18).
“La peticionaria alega que la presunta víctima fue condenada penalmente con base en supuestos fácticos y calificaciones delictivas que no formaron parte de la acusación, respecto a los que no tuvo oportunidad de ejercer la defensa; que le fue impuesta una pena de prisión perpetua sin posibilidad alguna de liberación, análisis de proporcionalidad o valoración de sus circunstancias personales, con base en una norma que la establecía como única pena posible para el delito por el que se le condenó; y que, pese a haber transcurrido varios años desde que la sentencia fuera anulada, la presunta víctima no ha obtenido una determinación definitiva de su situación jurídica ni indemnización por la violación de sus derechos” (párr. 19).
“La Corte Interamericana ha señalado que ‘[e]l llamado ‘principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia’ implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación’ y que ‘[p]or constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable del derecho de defensa, la Corte considera que aquél constituye una garantía fundamental del debido proceso en materia penal […]’.
El tribunal ha señalado adicionalmente que una persona sujeta a imputación penal se encuentra ‘en un estado de incertidumbre que hace necesario que su situación jurídica sea sustanciada y resuelta lo más pronto posible, a fin de no prolongar indefinidamente los efectos de una persecución penal’.
Por otra parte, la Comisión considera que no puede tachar, prima facie, de manifiestamente infundados los argumentos planteados por la peticionaria respecto a una posible incompatibilidad entre los derechos consagrados en la Convención Americana y la aplicación automática de una pena de prisión perpetua, sin valoración de las circunstancias específicas del caso o de la persona procesada” (párr. 20).
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; ADMISIBILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS; RECURSO DE REVISIÓN; DURACIÓN DEL PROCESO; PLAZO RAZONABLE; PROCESO PENAL; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE CONGRUENCIA; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; PRISIÓN PERPETUA;
Pavez Pavez v. ChileCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Chile era responsable por la violación de los artículos 1.1 (igualdad y no discriminación), 7.1 (derecho a la libertad personal), 8.1 (garantías judiciales), 11.2 (protección de la honra y de la dignidad), 24 (igualdad ante la ley), 25.1 (protección judicial) y 26 (DESCA) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Por otro lado, consideró que Chile no era responsable por la violación del artículo 23.1.c) (derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad) de la Convención.
1. LGBTIQ. Orientación sexual. Identidad de género. Derecho a la identidad. Igualdad. No discriminación. Derecho a la vida privada y familiar. Autonomía personal. Libertad personal. Principio de dignidad humana.
“[E]l derecho a la identidad […] puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y que, en tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. [E]l derecho a la identidad no puede reducirse, confundirse, ni estar subordinado a uno u otro de los derechos que incluye, ni a la sumatoria de los mismos. Por otra parte, […] el derecho a la identidad se encuentra estrechamente relacionado con la dignidad humana, con el derecho a la vida privada y con el principio de autonomía de la persona” (párr. 61).
“[E]ste derecho está íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. [E]s ineludible que el Estado y la sociedad respeten y garanticen la individualidad de cada una de [las personas], así como el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, sin otras limitaciones que las que imponen los derechos de las demás personas. Es por ello que el afianzamiento de la individualidad de la persona ante el Estado y ante la sociedad, se traduce por su facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Del mismo modo, uno de los componentes esenciales de todo plan de vida y de la individualización de las personas es precisamente la orientación sexual y la identidad sexual” (párr. 62).
“[L]a orientación sexual y la identidad sexual […] también se encuentran ligadas al concepto de libertad y a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones, así como al derecho a la protección de la vida privada. Así, frente a la orientación sexual y a la identidad sexual, este Tribunal estableció que la vida afectiva con el cónyuge o compañera permanente, dentro de la que se encuentran, lógicamente, las relaciones sexuales, es uno de los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad, en el que también influye la orientación sexual de la persona, la cual dependerá de cómo ésta se autoidentifique” (párr. 64).
“La Corte Interamericana ha reconocido que han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales numerosas personas por su orientación sexual. Del mismo modo, el Tribunal ya ha establecido que la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención. En consecuencia, el Estado no puede actuar de forma discriminatoria en contra de una persona por motivo de su orientación sexual” (párr. 68).
“[L]os derechos a la libertad personal y a la vida privada de [la peticionaria] se vieron afectados de distintas formas. En primer término, porque la revocación del certificado de idoneidad se debió precisamente a la orientación sexual […]. En este punto corresponde recordar que la orientación sexual y la identidad sexual de las personas se encuentra ligada al concepto de libertad y a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones, así como al derecho a la protección de la vida privada” (párr. 134).
2. LGBTIQ. Orientación sexual. Identidad de género. Libertad de cultos. Actos discriminatorios. Acceso a la justicia. Control judicial. Tutela judicial efectiva. Recursos judiciales.
“[E]n un Estado de derecho no pueden haber decisiones que afecten derechos humanos, que se encuentren fuera de un control de legitimidad por parte de autoridades estatales. En ese orden de ideas, si bien no cabe duda de que las comunidades religiosas pueden designar a quienes van a impartir la enseñanza sobre su propio credo, cuando ésta tiene lugar en establecimientos públicos, el Estado debe habilitar el acceso para las personas eventualmente perjudicadas en sus derechos, a una vía administrativa o jurisdiccional que permita revisar esas decisiones en cuanto habilitación para el ejercicio de la docencia. En esos ámbitos, estas decisiones deben poder contar con el debido control estatal y deben respetar los principios y garantías establecidos en la normatividad interna y de la Convención Americana” (párr. 100).
“En el presente asunto, la Corte advirtió que [la norma local] realiza una delegación incondicionada de la facultad de otorgar certificados de idoneidad a personas para ejercer la docencia religiosa en establecimientos públicos sin que exista una vía clara para impugnar este tipo de decisiones […]. En esas situaciones, el Estado no puede renunciar a su función de control y tiene la obligación de establecer reglas claras y eficaces para la protección de los derechos eventualmente afectados en estos actos dictados por delegación” (párr. 101).
“[La norma local] no puede ser interpretad[a] en el sentido de otorgar a las autoridades religiosas competencia para denegar el certificado de idoneidad con fundamento en criterios discriminatorios, lo cual sería claramente contrario a la Convención. Por esa razón la decisión de conceder o no el certificado de idoneidad por parte de las autoridades religiosas debe estar sujeta a un control posterior por parte de las autoridades estatales o a recursos idóneos y efectivos ante autoridades jurisdiccionales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas contra actos discriminatorios contrarios a la Convención” (párr. 159).
3. LGBTIQ. Educación. Igualdad. No discriminación. Libertad de cultos. Autonomía. Responsabilidad del Estado.
“[U]na educación que se imparta vulnerando derechos humanos no permite cumplir los cometidos señalados, resulta frontalmente contraria a los mismos y, por ende, violatoria del derecho a la educación. Los Estados deben adoptar acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo de niñas y niños. En el cumplimiento de estos deberes, es preciso que los Estados tengan en consideración la gravedad y las especificidades que presentan la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, todas las cuales son una forma de discriminación. [L]a prohibición de discriminación en la educación ‘se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente’” (párr. 124).
“[S]i bien la designación de profesores de un credo religioso particular por parte de las comunidades religiosas interesadas de conformidad con lo establecido en [la normativa local] podría comprender un cierto margen de autonomía, la cual sería concordante con el derecho a la libertad religiosa […], la misma no puede ser absoluta. Lo anterior se debe a que las clases de religión católica como parte de un plan de educación pública, en establecimientos educativos públicos, financiados por fondos públicos, no se encuentran dentro de los ámbitos de libertad religiosa que deben estar libres de toda injerencia del Estado puesto que no están claramente relacionadas con las creencias religiosas o la vida organizativa de las comunidades” (párr. 129).
“[L]as autoridades religiosas chilenas cuentan con una autonomía amplia a la hora de otorgar un certificado de idoneidad para dictar clases de religión, sin embargo, por ser una asignatura que forma parte de los planes de educación de niñas y niños, esas facultades que derivan directamente del derecho a la libertad religiosa, deben adecuarse a los otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. Esta competencia de las autoridades religiosas se predica también para revocar el certificado de idoneidad, siempre y cuando se respeten los derechos y obligaciones que son de imperativo cumplimiento por parte del Estado en el ámbito de la educación pública” (párr. 130).
LGBTIQ; ORIENTACIÓN SEXUAL; IDENTIDAD DE GÉNERO; DERECHO A LA IDENTIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; AUTONOMÍA; LIBERTAD INDIVIDUAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; LIBERTAD DE CULTOS; ACTOS DISCRIMINATORIOS; ACCESO A LA JUSTICIA; CONTROL JUDICIAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; RECURSOS JUDICIALES; EDUCACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Emergencia Climática. Alcance de las obligaciones interamericanas de derechos humanosComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remarcó el vínculo entre el cuidado del medio ambiente y el respeto de los derechos fundamentales, y reconoció al cambio climático como una emergencia de derechos humanos. Entre sus observaciones, señaló que la jurisprudencia del sistema interamericano reconoce la existencia de un derecho humano a un medio ambiente sano. Asimismo, consideró primordial adoptar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e interseccionalidad para diseñar políticas públicas en materia ambiental. Por último, llamó a los Estados a garantizar mecanismos efectivos para prevenir, restaurar y reparar el daño ambiental.
1. Medio ambiente. Derechos humanos. DESC. Derecho ambiental. Debida diligencia. Daño. Daño ambiental. Contaminación.
“El nexo entre cambio climático y derechos humanos es cada vez más evidente y su reconocimiento en el plano internacional ha alcanzado significativos niveles de consenso, no solo en el régimen legal que atañe al cambio climático, sino también en el régimen internacional de los derechos humanos. La base de este desarrollo yace en la existencia de una relación directamente proporcional entre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y la frecuencia e intensidad de los cambios meteorológicos, lo que supone la amplificación de los riesgos para las sociedades, las personas y los sistemas naturales” (pág. 4).
“Concretamente, tanto los impactos climáticos abruptos como los de evolución lenta […] han traído consigo una amenaza importante al disfrute de una amplia gama de derechos, inter alia, el derecho a la vida, a la alimentación, vivienda, salud, agua y el derecho a un ambiente sano. Adicionalmente, las medidas que tanto los Estados como los actores empresariales diseñen e implementen para responder a la crisis climática, incluyendo medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático, también pueden traer consigo riesgos para el disfrute pleno de los derechos humanos” (pág. 5).
“[E]l cambio climático afecta de manera directa el derecho al medio ambiente sano, el cual ha sido reconocido como un derecho humano de carácter autónomo y justiciable por la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (pág. 5).
“[E]l derecho a un ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación forma parte del conjunto de derechos que los Estados deben garantizar y proteger en razón de sus obligaciones a nivel nacional y regional. Esto a su vez implica, como lo afirma la Opinión Consultiva número 23 de la Corte Interamericana, reconocer que este derecho también tutela todos los componentes de la naturaleza como un interés jurídico en sí mismo, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección” (pág. 13).
“Los Estados deben cumplir sus obligaciones internacionales de proteger y garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que, a consecuencia de impactos ambientales, incluyendo aquellos atribuibles al cambio climático, se vean significativamente afectadas tanto individual como colectivamente. En ese sentido, al momento de cumplir sus obligaciones, deben procurar hacerlo tomando en cuenta la interdependencia e indivisibilidad existente entre todos los derechos, entendidos integralmente y de forma conglobada, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello” (pág. 13).
2. Medio ambiente. Daño ambiental. Acceso a la justicia. Tutela judicial efectiva. Debida diligencia. Prevención. Reparación. Recursos.
“Los Estados deben asegurar que las normas, políticas y acciones climáticas se construyen, actualizan y/o reexaminan de forma transparente y participativa con todos los actores sociales garantizando que las acciones climáticas no afecten negativamente los derechos de las personas, la posibilidad de presentar observaciones por medios apropiados y de controvertir las decisiones a través de medios judiciales o administrativos” (pág. 12).
“Los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar que las personas y comunidades afectadas por abusos y violaciones de sus derechos humanos producidas bajo su jurisdicción puedan acceder a mecanismos de reparación efectivos, lo que incluye la rendición de cuentas de las empresas y la determinación de su responsabilidad penal, civil o administrativa. En caso de violación de derechos como consecuencia de daño ambiental, los Estados tienen la obligación de reparar integralmente a las víctimas, lo que implica la restauración del ambiente como mecanismo de restitución integral y garantía de no repetición” (pág. 14).
“[P]ara la protección efectiva de los derechos humanos, los Estados deben tomar las medidas adecuadas para mitigar los gases de efecto invernadero, implementar medidas de adaptación y remediar los daños resultantes. Dichas obligaciones no deben desatenderse en razón de la naturaleza multicausal de la crisis climática, en tanto todos los Estados tienen obligaciones comunes pero diferenciadas en el contexto de la acción climática. Al igual que con los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales, en el contexto del cambio climático, deben garantizarse hasta el máximo de los recursos de que disponga el Estado para lograr progresivamente su plena efectividad por todos los medios apropiados” (pág. 15).
“Los Estados deben adoptar medidas inmediatas para garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales y climáticos de índole judicial o administrativa de acuerdo con las garantías del debido proceso, eliminar todas las barreras para su ejercicio y asegurar asistencia técnica y jurídica gratuita. Esto también incluye la obligación de desarrollar medidas de remediación a diferentes actores relevantes y especialmente a las personas afectadas de manera directa por la crisis climática” (pág. 21).
3. Medio ambiente. Daño ambiental. Derechos humanos. Vulnerabilidad. Perspectiva de interseccionalidad. Perspectiva de género. Pueblos indígenas. Afrodescendientes. Derecho a la información. Consulta previa.
“El cambio climático afecta a todas las personas, pero genera impactos diferenciados respecto de ellas frente al goce efectivo de sus derechos. Los Estados tienen una obligación reforzada de garantía y protección de los derechos de personas o grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o que son particularmente vulnerables a los daños e impactos adversos del cambio climático en razón que histórica y sistemáticamente han soportado la mayor carga de desigualdad estructural” (pág. 15).
“Los Estados deben adoptar de forma inmediata medidas que tengan en cuenta las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad, además de enfoques diferenciados, que hacen visibles los riesgos agravados sobre los derechos humanos contra personas, grupos y colectividades en especial situación de vulnerabilidad y exclusión histórica en el hemisferio” (pág. 15).
“Los Estados deben adoptar medidas para que la crisis climática no afecte o ponga en riesgo la protección efectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, tribales o campesinas como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protección de la vida familiar, el agua, la alimentación, el medio ambiente sano o la propiedad comunal, entre otros” (pág. 17).
“Los Estados deben respetar y garantizar sin discriminación alguna la participación significativa a través de la garantía del derecho a la consulta previa buscando el consentimiento libre, previo e informado en el diseño de los planes de acción, políticas públicas, normas y/o proyectos relacionados directa e indirectamente con la lucha contra el cambio climático. Esta participación debe tener considerar un enfoque intercultural e incorporar adecuadamente los conocimientos tradicionales y locales en materia de mitigación y adaptación y respetar el deber de acomodo en la decisión final” (pág. 17).
MEDIO AMBIENTE; DERECHOS HUMANOS; DESC; DERECHO AMBIENTAL; DEBIDA DILIGENCIA; DAÑO; DAÑO AMBIENTAL; CONTAMINACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PREVENCIÓN; REPARACIÓN; RECURSOS; VULNERABILIDAD; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PUEBLOS INDÍGENAS; AFRODESCENDIENTES; DERECHO A LA INFORMACIÓN; CONSULTA PREVIA;
Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y TribalesComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el derecho a la libre determinación desde una perspectiva de interseccionalidad e interrelación de los derechos fundamentales. Entre sus observaciones, señaló la necesidad de garantizar la igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas y de evitar los actos de criminalización, violencia y estigmatización contra sus miembros. Por otra parte, destacó el rol central del territorio para la protección de la identidad cultural y la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Asimismo, consideró fundamental garantizar la consulta previa y el consentimiento informado de estos pueblos frente a cualquier medida que pudiera afectarlos. Por último, remarcó la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas.
1. Pueblos indígenas. Autodeterminación. Igualdad. No discriminación. Perspectiva de interseccionalidad. Vulnerabilidad. Acceso a la justicia. Violencia institucional.
“De conformidad con su obligación de garantizar la igualdad ante la ley, la igualdad de trato y la no discriminación, los Estados deben establecer los mecanismos legales necesarios para proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales […]. Los derechos a la igualdad ante la ley, a la protección de la ley y a la no discriminación son violados cuando no se otorgan a los pueblos indígenas y tribales las mismas protecciones para ejercer sus derechos plena y equitativamente con los demás miembros de la población. Por tanto, el acceso a la justicia sin discriminación constituye una medida necesaria para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras, territorios, recursos naturales y otros aspectos importantes para el ejercicio de la libre determinación” (párr. 85).
“El deber de los Estados de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales también conlleva prevenir y evitar acciones que pudieran obstaculizar el goce efectivo de su derecho a la libre determinación y otros derechos, lo que incluiría el uso indebido del derecho penal o la criminalización de integrantes de estos pueblos dedicados a la defensa de sus derechos, así como prevenir actos de violencia y hostigamientos en su contra” (párr. 86).
“[E]stos actos de criminalización, agresiones y violencia tienen un impacto diferenciado y desproporcionado en los pueblos indígena y tribales. Además de la estigmatización que suele acompañar estos actos, también causan un perjuicio irreparable en el tejido social de estos pueblos. Particularmente grave son las acciones de criminalización, violencia y agresiones contra autoridades, líderes y lideresas de pueblos indígenas y tribales que desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de las tradiciones de sus pueblos y sus instituciones, sociales, políticas y culturales. Asimismo, tienen un impacto diferenciado en las mujeres indígenas por razones de género, a la vez teniendo en cuenta los importantes roles que tienen en sus comunidades y pueblos. Todos estos factores socavan el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales” (párr. 87).
“La protección de este derecho también exige a los Estados la obligación de erradicar prácticas como el racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, a través de la adopción de las medidas preventivas y correctivas necesarias. En ese sentido, los Estados deben eliminar toda forma de discriminación e intolerancia, así como adoptar acciones para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales y respetar la diversidad étnica y cultural, lo cual contribuye a fortalecer la democracia y la participación ciudadana” (párr. 120).
2. Pueblos indígenas. Autodeterminación. Derecho de propiedad. Propiedad comunitaria. Reconocimiento jurídico. Derecho a la identidad. Derecho a participar en la vida cultural. Derechos de incidencia colectiva.
“[L]a identidad cultural es el componente esencial que define a un grupo humano como un colectivo étnico-cultural diferenciado, con una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo […]. En el caso de los pueblos indígenas y tribales, uno de los componentes más importantes que determinan su identidad es su estrecha relación con su territorio ancestral y los recursos que en él se encuentran” (párr. 105).
“La identidad cultural es un derecho fundamental de naturaleza tanto individual como colectiva. En su dimensión colectiva […] es la vía de interpretación transversal para la concepción, respeto y garantía de los demás derechos de los pueblos indígenas y tribales protegidos por los instrumentos interamericanos, así como también por los ordenamientos jurídicos internos. En otras palabras, cualquier medida que adopte el Estado destinada a proteger los derechos de estos pueblos debe partir del respeto de sus formas de vida únicas y particularidades propias. Este derecho les permite ejercer plenamente su derecho a la libre determinación” (párr. 106).
“El territorio constituye un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, en consecuencia, de su identidad cultural. [L]os Estados deben considerar que los derechos territoriales protegen a su vez su ‘derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida’. Asimismo, la propiedad colectiva garantiza a los pueblos indígenas y tribales conservar su patrimonio cultural. La falta de garantía del derecho a la propiedad colectiva perjudica la preservación de sus formas de vida particulares e implica un riesgo de pérdida étnica y cultural irreparable” (párr. 112).
“[U]n componente esencial de la autonomía indígena y tribal es el control de territorios ancestrales y los recursos naturales que en ellos se encuentran. El reconocimiento y efectiva implementación de los derechos sobre la tierra y los recursos naturales son condiciones necesarias para una efectiva autonomía, y es la base para su existencia como sujetos colectivos. La tierra, el territorio y sus recursos naturales [n]o sólo son la base de su subsistencia económica, sino de su identidad cultural y bienestar espiritual. La pérdida de sus tierras y territorios ancestrales puede, por tanto, amenazar su supervivencia misma como colectivo” (párr. 131).
“[E]l derecho territorial de los pueblos indígenas y tribales procede de la posesión continuada del territorio y no de su legalización por el procedimiento de titulación. Es por ello que este derecho no está sujeto al previo reconocimiento estatal, ya que se trata de un derecho ya consagrado y en pleno ejercicio que el Estado está obligado a consolidar mediante un procedimiento de reconocimiento legal” (párr. 135).
3. Pueblos indígenas. Autodeterminación. Consulta previa. Consentimiento informado. Derecho a la información. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la identidad. Derecho a la vida.
“El derecho a la libre determinación es la premisa fundamental del derecho a la consulta y consentimiento. La obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre, informado y de buena fe siempre que disponga medidas de cualquier naturaleza que les afecten se encuentra establecida en el Convenio 169 de la OIT […], la Declaración ONU sobre pueblos indígenas […] y la Declaración Americana sobre pueblos indígenas […]. Garantizar este derecho es uno de los corolarios más elementales de la diversidad cultural y el derecho a la libre determinación” (párr. 177).
“[C]orresponde a los Estados el deber de respetar y garantizar, sin discriminación, la consulta y consentimiento ejercidas por los pueblos indígenas y tribales, basadas en su autodeterminación. Lo contrario puede conducir a que la consulta con los pueblos indígenas y tribales resulte en un mecanismo homogeneizante, que no refleje la diversidad cultural propia de cada realidad. No debe aspirarse a generar procesos estandarizados, ya sea basados en medidas legislativas o no, porque pueden tender a uniformizar a todos los pueblos sobre un patrón. Se trata, en cambio, de un diálogo intercultural constante e sistemas normativos y de derecho indígena y tribal, el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos” (párr. 180).
“[C]on frecuencia ocurre que los pueblos indígenas y tribales y sus territorios tradicionales están siendo fuertemente impactados por proyectos inconsultos. Tales proyectos dan lugar al despojo de numerosas comunidades indígenas y tribales de sus tierras, poniendo en riesgo no solamente su derecho a la libre determinación, sino también sus medios de vida tradicionales, su forma de vivir en armonía con la naturaleza, y su cultura e identidad étnica forjadas en esos territorios por miles de años” (párr. 183).
“[E]n el derecho internacional de los derechos humanos, se han reconocido expresamente supuestos en los que es obligatorio obtener el consentimiento, a saber: (i) traslado forzoso de pueblos indígenas de sus tierras y territorios; (ii) almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos en el territorio de una comunidad; y (iii) actividades militares. Adicionalmente, en el sistema interamericano, la CIDH y la Corte IDH se ha referido previamente a los supuestos de consentimiento obligatorio cuando el proyecto es a gran escala […]. De este modo, los pueblos indígenas tienen el derecho al consentimiento como requisito para el desarrollo de actividades que pongan en riesgo su supervivencia física y cultural” (párr. 186).
4. Pueblos indígenas. Autodeterminación. Autonomía. DESC. Facultad reglamentaria. Medio ambiente. Daño ambiental.
“[E]l derecho a la libre determinación comprende el derecho de los pueblos indígenas y tribales a perseguir libremente ‘su desarrollo económico, social y cultural’. Ello comprende el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades de desarrollo, y el derecho a ‘participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones’. Es decir, tienen autonomía para decidir sobre su salud, educación, medio ambiente, entre otros, desde su cosmovisión, costumbres y tradiciones propias” (párr. 193).
“[E]l control de sus sistemas propios tiene un estrecho vínculo con el rol clave que desempeñan estos colectivos en la conservación del medio ambiente, a través de sus conocimientos y saberes tradicionales que se traducen en prácticas de sostenibilidad. A través de su autogobierno, determinan sus sistemas propios de salud, soberanía alimentaria, educación, entre otros, lo que garantiza que su territorio conserve sus recursos hídricos sin contaminación y aporta al equilibrio del clima, la conservación de plantas medicinales y de los bosques” (párr. 199).
“En cuanto al derecho al medio ambiente, la CIDH recuerda que los pueblos indígenas se ven afectados desproporcionadamente por los efectos del cambio climático, a pesar de no contribuir de manera significativa con el calentamiento global. Es importante resaltar que, para que los pueblos indígenas puedan aportar a las necesarias soluciones, requieren poder controlar sus propias vidas y su futuro, lo que depende de la garantía de sus derechos a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno” (párr. 200).
“El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y tribales a la libre determinación es una premisa fundamental para el ejercicio de sus demás derechos, tanto individuales como colectivos. La CIDH ha sostenido que, para estos pueblos, la libre determinación supone ‘definir libremente su desarrollo económico, social y cultural para asegurar su existencia y bienestar como grupos diferenciados’. Ello incluye definir su propio destino en condiciones de igualdad y poder participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones que los afectan” (párr. 209).
PUEBLOS INDÍGENAS; AUTODETERMINACION; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; VULNERABILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; DERECHO DE PROPIEDAD; PROPIEDAD COMUNITARIA; RECONOCIMIENTO JURÍDICO; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA VIDA; AUTONOMÍA; DESC; FACULTAD REGLAMENTARIA; MEDIO AMBIENTE; DAÑO AMBIENTAL;
Abdi Ibrahim v. NoruegaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Noruega era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Familias. Adopción. Familia biológica. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida privada y familiar. Interés superior del niño. Derecho a la identidad. Derecho a la reunificación familiar. Protección integral de la familia.
“Una adopción conlleva, como regla general, la ruptura de los lazos familiares a tal punto que […] únicamente es admisible bajo circunstancias muy excepcionales y solo puede justificarse si se funda en una necesidad imperante que responda al interés superior del niño […]. En función de la naturaleza de estos asuntos y de la gravedad de los intereses en juego, se requiere un escrutinio más estricto con relación a estas decisiones” (cfr. párr. 149).
“En este contexto, es importante remarcar que sin importar que la madre hubiera consentido a la continuidad de la guarda […], ella y su hijo mantenían el derecho al respeto de su vida familiar bajo el artículo 8 de la Convención. El hecho de que la solicitante no hubiera solicitado la reunificación familiar no releva a las autoridades de su obligación general de evaluar el interés superior del niño en mantener sus vínculos familiares con su madre, en preservar su relación personal y, por ende, del deber de asegurarles una posibilidad de contacto” (cfr. párr. 150).
“[E]l proceso que derivó en el cese de la responsabilidad parental de la madre biológica y en el otorgamiento de la adopción muestra que las autoridades locales no procuraron un verdadero balance entre los intereses del niño y aquellos de su familia biológica, sino que se enfocaron en el interés superior del niño en lugar de intentar combinar ambos intereses. Y nunca consideraron de manera seria la posibilidad de que el niño mantuviera contacto con su familia biológica […]. En este contexto, el Tribunal no está convencido de que las autoridades competentes hayan tenido debida consideración sobre el hecho de que la peticionaria no había solicitado el levantamiento de la guarda, sino que solo se opuso a la adopción porque quería preservar su derecho de contacto con su hijo. En este sentido […], la base fáctica sobre la que se apoyó el Tribunal Superior para decidir denota deficiencias en el proceso judicial” (cfr. párr. 151).
“[A]l despojar a la solicitante de su responsabilidad parental y autorizar la adopción del niño, las autoridades locales no le otorgaron peso suficiente a su derecho a la vida familiar, en particular al interés mutuo entre madre e hijo de mantener sus vínculos familiares y personales, y por ende en la posibilidad de que mantuvieran contacto. Los fundamentos invocados en favor de la sentencia no fueron suficientes para demostrar que las circunstancias del caso eran tan excepcionales como para justificar una ruptura total y definitiva de los lazos entre la solicitante y su hijo, ni que existía una necesidad imperante derivada del interés superior del niño que justificara esta decisión. En vista de la gravedad de la interferencia y la seriedad de los intereses en juego […], el proceso judicial que derivó en la ruptura total de los lazos entre la solicitante y su hijo no se condujo de una manera que asegurara la consideración de todos sus intereses y opiniones” (cfr. párr. 162).
2. Familias. Adopción. Niños, niñas y adolescentes. Familia biológica. Derecho a la vida privada y familiar. Acceso a la justicia. Tutela judicial efectiva.
“El Tribunal no está de acuerdo con el énfasis que hizo el Tribunal Superior en la necesidad de impedir que la solicitante emplee eventualmente recursos judiciales para oponerse a la sentencia de guarda o a los arreglos de visita. Aunque puedan existir ocasiones en las que, por las circunstancias particulares del caso, la existencia de numerosos procesos judiciales conlleve una afectación al niño involucrado y por lo tanto deba ser una cuestión a evaluar, el ejercicio de recursos judiciales por parte de los padres biológicos no puede considerarse un factor a favor de la adopción de manera automática […].
[L]os derechos de los padres biológicos, incluido su derecho a acceder a la justicia para recurrir una sentencia de guarda o flexibilizar las restricciones de contacto con sus hijos, forman parte integral de su derecho al respecto de la vida familiar” (cfr. párr. 154).
3. Familias. Adopción. Niños, niñas y adolescentes. Familia biológica. Derecho a la vida privada y familiar. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Derecho a la identidad. Religión. Interés superior del niño.
“En lo que refiere a la religión musulmana de la solicitante y su deseo de que su hijo fuera criado de acuerdo con sus propias creencias religiosas y origen, debe remarcarse que el mismo Tribunal Superior reconoció que el interés en asegurar la vinculación del niño con el entorno de su hogar adoptivo tenía que equilibrarse con otros factores de gran relevancia. Aquí debe ponderarse no solo el hecho […] de que la familia adoptiva no estaba dispuesta a aceptar una adopción ‘abierta’, sino también aspectos relacionados con la etnia, cultura y religión, en especial a la luz de las diferencias entre las creencias religiosas de la familia biológica y de la familia adoptiva” (cfr. párr. 155).
“Los derechos de la solicitante bajo el artículo 8 de la Convención, interpretados a la luz del artículo 9 del mismo instrumento [libertad de pensamiento, conciencia y religión], se vinculan con la apreciación por parte de los tribunales locales de los diversos intereses que deben ser tenidos en cuenta durante la totalidad del proceso en casos de esta naturaleza, donde el interés superior del niño es primordial […] y con el consenso amplio en el derecho internacional de que las autoridades locales en estos casos tienen una obligación de medios y no de resultado […]. Sin embargo […], las decisiones posteriores que impidieron a la madre biológica tener un contacto regular con su hijo no tuvieron debidamente en cuenta su interés de permitirle al niño conservar algunos lazos con su origen cultural y religioso” (cfr. párr. 161).
FAMILIAS; ADOPCIÓN; FAMILIA BIOLÓGICA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; ACCESO A LA JUSTICIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; RELIGIÓN;
Savran v. DinamarcaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Dinamarca era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Salud mental. Vulnerabilidad. Antecedentes penales. Culpabilidad. Inimputabilidad. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de no devolución.
“Deben existir motivos muy graves para justificar la expulsión de un migrante asentado que ha pasado toda o gran parte de su infancia y juventud en un país de forma legal” (cfr. párr. 186).
“[A] causa de su estado de salud mental, el solicitante era más vulnerable que un ‘migrante asentado’ promedio que se enfrenta a una expulsión. Su estado de salud debía ser evaluado como factor determinante [al analizar la posibilidad de expulsión]” (cfr. párr. 191).
“[L]os delitos graves pueden […] constituir un ‘motivo muy grave’ que justifique una expulsión. Sin embargo, [esto] presupone que el tribunal local competente haya considerado que el migrante que tiene una enfermedad mental demostró a través de sus actos determinado grado de culpabilidad penal. El hecho de que la autoridad competente haya excluido la culpabilidad por la existencia de una enfermedad mental al momento de los hechos delictivos podría limitar el peso que se le atribuye a [este factor] para [determinar la expulsión del migrante]” (cfr. párr. 194).
“Cuando un Estado […] ordena la expulsión de un extranjero a un país […] donde su estado de salud puede deteriorarse gravemente y puede dar lugar a un trato inhumano, tiene un ‘deber de no devolución’ […]. En esos casos, el acto prohibido por el artículo 3 [prohibición de la tortura] sería el de expulsar al solicitante con indiferencia (o incluso con conocimiento) del hecho de que, a raíz de su estado de salud mental, podría ser víctima de un trato inhumano en el país al que se lo está expulsando” (cfr. párr. 18 del voto parcialmente disidente del juez Serghides).
2. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Familia. Derecho a la vida privada y familiar. Salud mental. Vulnerabilidad.
“Otro factor a ponderar [al determinar la expulsión de un extranjero] es la solidez de los lazos sociales, culturales y familiares con el país receptor y con el país de destino. [E]l Tribunal Superior no dio suficiente consideración a la extensión de la residencia del solicitante y a sus lazos con el país receptor” (cfr. párr. 198).
“[S]e debe tener en cuenta el concepto particular de familia que tienen las personas vulnerables, dado que no pueden formar su propio núcleo familiar, y resulta un factor que en consecuencia impacta en el sentido que adquiere su derecho a la vida familiar. En el presente caso no deberían haberse aplicado los criterios clásicos para evaluar si el solicitante tenía lazos familiares en Dinamarca. En las circunstancias del caso particular, se debería haber admitido un concepto amplio de familia y vida familiar” (cfr. párr. 4 del voto concurrente de la jueza Jelić).
“La negativa de las autoridades a revocar la orden de expulsión y la ejecución de la orden importaron para el solicitante una prohibición permanente de entrada a Dinamarca, donde vive toda su familia. A la luz de las circunstancias particulares del caso, esta denegación resalta la necesidad de darle una consideración adecuada a la vulnerable vida familiar del solicitante, que se encuentra en Dinamarca y no en el país al que fue expulsado” (cfr. párr. 6 del voto concurrente de la jueza Jelić).
3. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Acceso a la justicia. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad.
“Para determinar la proporcionalidad de la medida impugnada, debe evaluarse la duración de la prohibición de ingreso al país” (cfr. párr. 199).
“En el presente caso, los tribunales daneses no tenían un ámbito de discrecionalidad para revisar y limitar la duración de la prohibición de ingreso impuesta al solicitante; ni existía otro procedimiento para reconsiderar la orden de expulsión. Como resultado de la negativa a dejar sin efecto la medida, el solicitante fue sujeto a una prohibición de ingreso permanente. El Tribunal nota que esta medida era de una naturaleza muy intrusiva para el solicitante” (cfr. párr. 200).
“[B]ajo la normativa local, las autoridades administrativas y judiciales no tenían posibilidades de realizar un análisis individualizado de la duración de la exclusión del solicitante del territorio danés, que era tanto irreducible como permanente. Por lo tanto […], en las circunstancias particulares del caso, las autoridades locales no tuvieron en cuenta ni sopesaron de manera adecuada los intereses en juego” (cfr. párr. 201).
MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; SALUD MENTAL; VULNERABILIDAD; ANTECEDENTES PENALES; CULPABILIDAD; INIMPUTABILIDAD; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; FAMILIAS; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; ACCESO A LA JUSTICIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD;
La violencia de género en línea contra las mujeres y niñasOrganización de los Estados Americanos (OEA)
Entre sus recomendaciones, resaltó la importancia de adoptar un abordaje integral, multidisciplinario y holístico para diseñar políticas públicas para la prevención y tratamiento de esta forma de violencia de género. En este sentido, consideró primordial contar con intervenciones que combatan la violencia de género dentro y fuera de internet para garantizar la plena protección de los derechos humanos de las mujeres. Por último, llamó a los Estados a impulsar el empoderamiento digital y la seguridad en línea de las mujeres y niñas.
1. Género. Violencia de género. Internet. Medios de comunicación. Red social. Derecho a la privacidad. Derecho a la intimidad. Derecho a la integridad personal. Libertad de expresión. Derecho de publicar las ideas. Estereotipos de género.
“[E]n el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres definió en 2018 la violencia en línea contra las mujeres como ‘todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada’” (pág. 14).
“Se ha comprobado que, como parte del proceso continuo de violencias de género, los daños causados por actos en línea no difieren de los efectos que tiene la violencia fuera de internet, sino que inciden a corto y a largo plazo en todos los ámbitos del desarrollo individual de las mujeres, como su autonomía, privacidad, confianza e integridad” (pág. 19).
“Aunado a los efectos individuales, la violencia en línea conlleva daños colectivos e intergeneracionales y tiene costos directos e indirectos para las sociedades y las economías, dado que las víctimas y sobrevivientes no solo requieren atención médica y servicios judiciales y sociales, sino que también pueden ver disminuida su productividad y sus interacciones en la comunidad […]. Asimismo, esta violencia tiene un efecto silenciador, puesto que es una amenaza directa a la libertad de expresión de las mujeres […] y afecta su acceso y participación en línea como ciudadanas digitales activas” (pág. 20).
“Desafortunadamente, persiste una comprensión inadecuada de la seriedad de las consecuencias y los daños que la violencia en línea causa en las mujeres, daños que muchas veces se considera que ‘no son reales’ porque se verificaron en internet. Esto refleja un entendimiento erróneo del proceso continuo online-offline en que ahora se desarrolla nuestra vida, así como de las características de la serie de formas múltiples e interrelacionadas de violencias que viven mujeres y niñas en sus interacciones sociales. [T]ampoco debemos olvidar que esta violencia contribuye a la perpetuación de estereotipos de género nocivos y a la reproducción de la violencia sistémica en el nuevo mundo online-offline, al propiciar el desarrollo de tecnologías con sesgos de género” (pág. 19 y 20).
2. Violencia de género. Internet. Violencia doméstica. Vigilancia electrónica. Víctima. Protección integral de la mujer. Protección integral de la familia.
“[E]n la era digital, las formas de violencia de género persisten o se amplifican con el uso de nuevas tecnologías y que están surgiendo nuevas formas de sexismo y misoginia en línea, las cuales pueden salir del ciberespacio para convertirse en agresiones físicas contra las mujeres” (pág. 16).
“En el caso específico de las víctimas de violencia doméstica y de pareja, la violencia en línea puede disuadirlas de abandonar la relación, dado que muchas veces se sienten atrapadas en una situación de la cual no pueden escapar. Se ha documentado también que, en muchos casos, la violencia digital aumenta en el momento de la separación (no solo contra las víctimas sino también contra sus hijas o hijos, familiares, amistades o parejas sentimentales). Parecería incluso que cortar abruptamente toda comunicación o interacción digital con cierto tipo de agresores puede incrementar el riesgo para las sobrevivientes y su familia” (pág. 18).
“[E]n casos de denuncias de violencia íntima o doméstica, dado el uso recurrente de la tecnología para extender los alcances del abuso y el control, podría resultar importante notificar a las autoridades todos los eventos de violencia digital ocurridos durante la relación o con posterioridad, a fin de que puedan considerarlos en su análisis del caso y, de ser necesario, emitir órdenes de protección” (pág. 70).
3. Género. Niños, niñas y adolescentes. Violencia de género. Internet. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad.
“Si bien la violencia en línea es un fenómeno común entre mujeres y niñas que navegan el mundo digital, lo cierto es que también afecta a las mujeres de forma diferente dependiendo de otras formas de discriminación que enfrentan en su vida cotidiana por motivos de raza, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, clase social o nacionalidad” (pág. 21).
“[L]as mujeres que enfrentan discriminación fuera de internet debido a rasgos específicos de su identidad con frecuencia encuentran que la violencia y el abuso en línea contra ellas están dirigidos a esos mismos rasgos […]. Estas mujeres son particularmente vulnerables a la victimización mediante una combinación de abusos que reflejan creencias racistas, sexistas, estereotipos, prejuicios sociales e ideas sobre un supuesto orden de género” (pág. 21).
“[E]s fundamental tener presente que se deben proteger los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de internet y, en particular, reconocer el papel que desempeña en la revolución digital el derecho de las mujeres a tener acceso a internet en condiciones de igualdad y sin discriminación” (pág. 49).
4. Violencia de género. Internet. Acceso a la justicia. Tutela judicial efectiva. Prevención e investigación. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
“Aquello que entendemos como violencia en línea contra las mujeres son, de hecho, prácticas y conductas muy diversas que pueden constituir ciberdelitos o actos ilícitos que conllevan responsabilidad administrativa, civil o penal de acuerdo con el derecho de cada país” (pág. 27).
“Las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia dentro y fuera de internet, y a recibir justicia cuando se vulnera este derecho. Denunciar ante las autoridades puede permitir que los actos de violencia digital queden registrados y debidamente documentados, y agilizar el retiro de contenido dañino por parte de las plataformas de internet, sobre todo en casos de ciberacoso, doxxing o distribución no consensuada de imágenes íntimas” (pág. 69).
“[A] partir de lo previsto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia de género en línea cometida en contra de mujeres y las niñas con la debida diligencia” (pág. 70).
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; INTERNET; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; RED SOCIAL; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIGILANCIA ELECTRÓNICA; VICTIMA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ);
Digna Ochoa y familiares v. MéxicoCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que México era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y la dignidad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Además, entendió que el Estado había incumplido sus obligaciones bajo el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”).
1. Defensor. Derechos humanos. Género. Acceso a la justicia. Prevención e investigación. Debida diligencia. Perspectiva de género. Perspectiva de interseccionalidad. Estereotipos de género.
“[E]l cumplimiento del deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos en la Convención está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen las y los defensores de derechos humanos, cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho […]. A raíz de lo anterior, el Tribunal ha señalado que los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que estos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad” (párr. 100).
“En el caso de ataques dirigidos a mujeres defensoras de derechos humanos, el Tribunal considera que todas las medidas orientadas a mitigar los riesgos que corren deben ser adoptadas con perspectiva de género y con un enfoque interseccional, de tal manera que se les pueda brindar una protección integral a partir de considerar, comprender y dar un lugar central a las complejidades de las formas diferenciadas de violencia que afrontan las defensoras por su profesión y por su género […].
A efectos de garantizar un efectivo acceso a la justicia en pie de igualdad para las mujeres defensoras de derechos humanos, el Tribunal considera que los Estados deben garantizar (i) el acceso irrestricto y sin discriminación de la mujer a la justicia asegurando que las defensoras de derechos humanos reciban protección eficaz contra hostigamientos, amenazas, represalias y violencia; (ii) un sistema de justicia que se ajuste a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia, imparcialidad, integridad y credibilidad, y asegure la investigación diligente y célere de hechos de violencia, así como (iii) la aplicación, en el marco de este acceso a la justicia por parte de mujeres defensoras de derechos humanos, de mecanismos que garanticen que las normas probatorias, investigaciones y otros procedimientos probatorios jurídicos sean imparciales y no estén influenciados por prejuicios o estereotipos de género” (párr. 101).
“[L]as mujeres defensoras de los derechos humanos sufren obstáculos adicionales vinculados con la discriminación de género y son víctimas de estigmatización, se les expone a comentarios de contenido sexista o misógino o no se asumen con seriedad sus denuncias. En este sentido, en su Recomendación General núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirmó que otros factores que entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia incluyen ‘la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos’, habiendo documentado ‘muchos ejemplos de los efectos negativos de las formas interseccionales de discriminación sobre el acceso a la justicia, incluidos los recursos ineficaces, para grupos específicos de mujeres’” (párr. 125).
2. Defensor. Derechos humanos. Prevención e investigación. Debida diligencia. Derecho a la vida. Derecho a la verdad. Violencia de género. Perspectiva de género.
“[E]n casos de atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de asegurar una justicia imparcial, oportuna y oficiosa, que implique una búsqueda exhaustiva de toda la información para diseñar y ejecutar una investigación que conduzca al debido análisis de las hipótesis de autoría, por acción o por omisión, en diferentes niveles, explorando todas las líneas investigativas pertinentes para identificar a los autores. En consecuencia, ante indicios o alegaciones de que determinado hecho en contra de un defensor o defensora de derechos humanos pudo tener como móvil justamente su labor de defensa y promoción de derechos humanos, las autoridades investigadoras deben tomar en cuenta el contexto de los hechos y sus actividades para identificar los intereses que podrían haberse visto afectados en el ejercicio de las mismas, a efectos de establecer y agotar las líneas de investigación que tengan en cuenta su labor, determinar la hipótesis del delito e identificar a los autores” (párr. 100).
"[E]l Estado mexicano tenía una obligación doblemente reforzada de llevar a cabo la investigación sobre la muerte de la señora Digna Ochoa con debida diligencia, en virtud de su condición de mujer y defensora de derechos humanos y, por tanto, la investigación debía orientarse a documentar su actividad como defensora, el rol que jugaba en la comunidad y su entorno, así como la agenda que desarrollaba y la zona en que desempeñaba sus labores. De igual forma, el Tribunal considera necesario emplear herramientas metodológicas de asociación de casos para identificar patrones de sistematicidad y aplicar protocolos de investigación de muertes violentas por razones de género, en particular, aunque no haya sospecha de criminalidad y se maneje la hipótesis del suicidio, tal y como sucedió en el presente caso” (párr. 104).
“[L]a investigación absolutamente deficiente de la muerte […] por parte de las autoridades mexicanas, junto al hecho de que se hayan descartado arbitrariamente otras líneas de investigación, no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon esta muerte y, por tanto, constituyó, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa y, además, violó el derecho a la verdad de los familiares de la señora Digna Ochoa. A este respecto, la Corte reitera que el Estado está obligado a combatir la eventual situación de impunidad que podría tener lugar en el presente caso por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido respecto de las circunstancias de su muerte” (párr. 146).
3. Violencia de género. Prevención e investigación. Garantía de imparcialidad. Debida diligencia. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Víctima. Revictimización. Derecho a la imagen. Protección de la honra y de la dignidad.
“En lo que se refiere al ámbito de las investigaciones de denuncias que se les presentan, la Corte ha reconocido que los prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar dichas denuncias, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. Además, cuando se utilizan estereotipos en las investigaciones de violencia contra la mujer se afecta el derecho a una vida libre de violencia, más aún en los casos en que su empleo por parte de los operadores jurídicos impide el desarrollo de investigaciones apropiadas, denegándose, además, el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. A su vez, cuando el Estado no desarrolla acciones concretas para erradicarlos, los refuerza e institucionaliza, lo cual genera y reproduce la violencia contra la mujer. Por tanto, los Estados tienen la obligación de adoptar un enfoque diferenciado que incluya la discriminación y estereotipos de género que han acentuado históricamente la violencia contra las mujeres y personas defensoras” (párr. 124).
“[P]rácticas como las señaladas, tendientes a devaluar a la víctima en función de estereotipos negativos, en un intento de justificar los crímenes cometidos contra esta y/o encubrir a la o las personas responsables, deben ser rechazadas y calificadas como incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos […]. La Corte resalta, además, que la utilización de estereotipos por parte de las autoridades judiciales puede constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad” (párr. 128).
“[L]a investigación relativa a las circunstancias de la muerte de la señora Digna Ochoa estuvo sesgada, desde el principio, por la aplicación de estereotipos de género, donde destaca la elaboración de peritajes con base en este tipo de estereotipos que apelaban a aspectos íntimos y personales de la defensora, todo ello con el objetivo de cuestionar su credibilidad […]. Además, los referidos dictámenes pusieron el acento en la víctima y sus comportamientos, aislando e invisibilizando de esta forma los hechos del contexto en que ocurrió la muerte, desvinculándola automáticamente de su labor de defensa de derechos humanos y, en consecuencia, afectando negativamente a la investigación y a la valoración de la prueba” (párr. 129).
“Tal y como lo señala el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, una manera perversa de atacar a las defensoras de los derechos humanos es dañar su ‘honor’ o su reputación bajo diversos calificativos. El descrédito social de las mujeres lleva a su estigmatización y aislamiento. En algunos contextos, se trata de reducir a las mujeres a su papel de madres, hijas y cuidadoras, en lugar de ser consideradas agentes políticos y económicos legítimos en todos los ámbitos de la sociedad y reconocer su valiosa participación en el espacio público y sus esfuerzos por generar cambios” (párr. 139).
"[L]a violación de derechos humanos de la señora Digna Ochoa no se agotó –a los efectos del presente caso– en la deficiente investigación de los hechos que rodearon su muerte, sino que tuvo continuidad y se vio exacerbada a través de un discurso canalizado por agentes estatales encaminado a denostar su imagen pública, polarizar a la sociedad mexicana y sustentar ante la opinión pública la versión del suicidio, todo ello además haciendo uso de estereotipos de género nocivos. La Corte advierte, además, que la intromisión post mortem en la vida privada de una persona por parte de autoridades estatales, de tal manera que se afecte su derecho al respeto de la honra y dignidad, es incompatible con la Convención Americana” (párr. 140).
DEFENSOR; DERECHOS HUMANOS; GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA VERDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN; DERECHO A LA IMAGEN; PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD;
Extrabajadores del Organismo Judicial v. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Guatemala era responsable por la violación de los artículos 8.1, 8.2.b, 8.2.c (garantías judiciales), 16 (libertad de asociación), 25 (protección judicial) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Derecho al trabajo. Huelga. Despido. Debido proceso. Derecho de defensa. Derecho a ser oído. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[E]n la determinación de los derechos y obligaciones de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las personas tienen derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” (párr. 64).
“[L]as garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana suponen que las víctimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos, de manera que puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones […]. [E]n el caso concreto, esta garantía implicaba que debía darse inicio a un procedimiento en relación con cada una de las presuntas víctimas para efectos de determinar si había efectivamente participado en la huelga, durante el cual se garantizara su derecho de audiencia y de defensa” (párr. 70).
“Se desprende del Acta de la Corte Suprema de Justicia que no se tomó en cuenta la situación particular de cada persona trabajadora y que, a pesar de que la propia […] Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social advirtió de la necesidad de depurar las listas, las mismas no fueron examinadas, lo que implicó incluir a personas trabajadoras que no habían participado en la huelga […]. De esta forma, al haber ejecutado los despidos por medio de una resolución que no tomó en cuenta la situación individual de cada persona trabajadora, el empleador […] no garantizó un debido proceso a las personas trabajadoras en donde pudieran presentar pruebas y ejercer su derecho a la defensa, previo al despido” (párr. 75).
“[E]l Estado, al haber despedido a las 65 personas extrabajadoras del Organismo Judicial sin haberlas sometido a un procedimiento previo en donde pudieran conocer los cargos que se le imputaban y haber presentado pruebas de no haber participado en el movimiento de huelga, ejerciendo así su efectivo derecho de defensa, no respetó las garantías judiciales establecidas en los artículos 8.1, 8.2.b. y 8.2.c. de la Convención Americana” (párr. 76).
2. Derecho al trabajo. Derecho de huelga. Protesta. Libertad de asociación. Derecho a la organización sindical libre y democrática. Asociaciones gremiales de trabajadores.
“[E]l derecho a la huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales. Se trata de un recurso que ejercen los trabajadores y las trabajadoras como medio de presión sobre el empleador, a fin de corregir una injusticia, o bien para la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social, y a los problemas que se plantean en las empresas y que interesan directamente a los trabajadores y las trabajadoras” (párr. 109).
“La Corte Interamericana ya ha señalado la íntima relación que existe entre la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la huelga. En este sentido, […] la relación entre la libertad de asociación y la libertad sindical es una relación de género y especie, pues la primera reconoce el derecho de las personas de crear organizaciones y actuar colectivamente en la persecución de fines legítimos […], mientras que el segundo debe ser entendido en relación con la especificidad de la actividad y la importancia de la finalidad perseguida por la actividad sindical […]. En el mismo sentido, […] la protección del derecho a la negociación colectiva y a la huelga, como herramientas esenciales de los derechos de asociación y a la libertad sindical, es fundamental” (párr. 110).
“[L]a libertad de asociación protege la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programas de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. Adicionalmente, el Estado tiene el deber de garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues de lo contrario se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses” (párr. 112).
“[L]a protección de la libertad sindical cumple una importante función social, pues la labor de los sindicatos permite conservar o mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras, y en esa medida su protección permite la realización de otros derechos humanos y que, en ese sentido, la protección del derecho a la negociación colectiva y a la huelga, como herramientas esenciales de los derechos de asociación y a la libertad sindical, es fundamental” (párr. 114).
“[E]l criterio de legalidad de la huelga es un elemento central respecto de la posibilidad de ejercicio del derecho a la huelga. De esta forma, las condiciones y requisitos previos que la legislación establezca para que una huelga se considere un acto lícito, no deben ser complicados al punto de producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal. Por otro lado, este Tribunal considera posible que los Estados establezcan el cumplimiento de ciertas condiciones previas en el marco de la negociación colectiva antes de optar por el mecanismo de la huelga en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, estas condiciones deben ser razonables y en ningún momento deben afectar el contenido esencial del derecho a la huelga, o la autonomía de las organizaciones sindicales” (párr. 118).
3. Derecho al trabajo. Estabilidad. Protección contra el despido arbitrario. Derecho a la organización sindical libre y democrática. Asociaciones gremiales de trabajadores.
“[E]l ámbito de protección del derecho de libertad de asociación en materia laboral no sólo se encuentra subsumido a la protección de los sindicatos, sus miembros y sus representantes. Los sindicatos y sus representantes gozan de una protección específica para el correcto desempeño de sus funciones, pues […] la libertad de asociación en materia sindical reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores, y se enmarca en el corpus juris de derechos humanos” (párr. 115).
“[L]a estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho. [E]l Estado incumple con su obligación de garantizar el derecho al trabajo y, por ende, a la estabilidad laboral, cuando no protege a sus funcionarios estatales de separaciones arbitrarias” (párr. 131).
“En el caso concreto, las 65 presuntas víctimas eran todas personas trabajadoras del Organismo Judicial de Guatemala. Este Tribunal ha establecido que su despido fue violatorio de la garantía del derecho a ser oído y del derecho a conocer previamente la acusación y a contar con el tiempo y medio para preparar su defensa […]. Asimismo, que el Estado violó el derecho a la huelga debido a que impuso múltiples obstáculos que impidieron realizar efectivamente la huelga y que además en el caso concreto se aplicó una legislación que preveía requisitos desproporcionados para declarar la huelga […]. En virtud de todo lo anterior, la Corte estima que el despido de las presuntas víctimas constituyó también una vulneración a la estabilidad laboral, como parte del derecho al trabajo del cual eran titulares” (párr. 132).
DERECHO AL TRABAJO; HUELGA; DESPIDO; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO A SER OIDO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO DE HUELGA; PROTESTA; LIBERTAD DE ASOCIACIÓN; DERECHO A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL LIBRE Y DEMOCRÁTICA; ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJADORES; ESTABILIDAD; PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO;
Manuela y otros v. El SalvadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que El Salvador era responsable por la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 5, 5.1, 5.2, 5.6 (derecho a la integridad personal), 7.1, 7.3 (derecho a la libertad personal), 8.1, 8.2, 8.2.d, 8.2.e (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 24 (igualdad ante la ley) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Además, entendió que el Estado había incumplido sus obligaciones bajo el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”).
1. Aborto. Principio de inocencia. Garantía de imparcialidad. Género. Estereotipos de género. No discriminación. Homicidio. Culpabilidad. Prueba. Carga de la prueba. Maternidad. Violencia de género.
“En el ámbito penal, la Corte Interamericana ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que la persona acusada no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio de la persona acusada. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en la persona acusada. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que la persona acusada ha cometido el delito que se le imputa” (párr. 132).
“[E]l proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, debe constituir un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias del delito. En consecuencia, en virtud del principio de presunción de inocencia, los órganos investigadores deben investigar no solo la comisión del delito, sino también la posibilidad de que este no haya ocurrido” (párr. 135).
“[L]os prejuicios personales y los estereotipos de género pueden afectar la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima” (párr. 141).
“[Las consideraciones que emanan de la sentencia condenatoria] parten del supuesto de que Manuela era responsable del delito que se le acusaba, ya que exteriorizaban un claro prejuicio sobre la culpabilidad de Manuela, lo que a su vez genera dudas sobre la objetividad de la investigación. Adicionalmente, constituyeron un juicio de valoración personal por parte de la investigadora, basándose en ideas preconcebidas sobre el rol de las mujeres y la maternidad. Se trata de nociones basadas en estereotipos que condicionan el valor de una mujer a ser madre y, por tanto, asumen que las mujeres que deciden no ser madres tienen menos valía que otras, o son personas indeseables. En este sentido, además, se impone a las mujeres la responsabilidad de, sin importar las circunstancias, priorizar el bienestar de sus hijos, incluso sobre su bienestar propio” (párr. 144).
“[D]esde las primeras etapas de la investigación se presumió la culpabilidad de Manuela, se eludió determinar la verdad de lo ocurrido y tomar en cuenta los elementos probatorios que podían desvirtuar la tesis de culpabilidad de la presunta víctima. Este actuar, además, se vio impulsado por los prejuicios de los investigadores en contra de las mujeres que no cumplen el rol de madres abnegadas que deben siempre lograr la protección de sus hijos. En efecto, los prejuicios y estereotipos negativos de género afectaron la objetividad de los agentes encargados de las investigaciones, cerrando líneas posibles de investigación sobre las circunstancias fácticas” (párr. 146).
2. Debido proceso. Deber de fundamentación. Género. Estereotipos de género. Aborto. Maternidad. Homicidio. Principio de inocencia. Garantía de imparcialidad.
“El deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte ha precisado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y conlleva una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a adoptar una decisión. La relevancia de esta garantía se encuentra ligada a la correcta administración de justicia y a evitar que se emitan decisiones arbitrarias. Asimismo, la motivación otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática y demuestra a las partes que éstas han sido oídas” (párr. 148).
“[L]a utilización de estereotipos de género para fundamentar una decisión judicial puede demostrar que la decisión fue basada en creencias preconcebidas en lugar de hechos. Por tanto, la estereotipación puede mostrar falta de motivación, violaciones a la presunción de inocencia y comprometer la imparcialidad de los jueces” (párr. 151).
“[El tribunal local] en su sentencia descartó la posibilidad de que la muerte haya sido accidental al asumir que el instinto maternal que ha debido de tener Manuela implicaba que protegería a su hijo y que buscaría ayuda de inmediato. El tribunal realizó dicha afirmación sin contar con elementos de prueba que examinasen de manera exhaustiva el estado de salud de Manuela […], y así poder determinar fehacientemente que lo ocurrido no haya sido, por ejemplo, consecuencia de la emergencia obstétrica sufrida por Manuela. Además, el tribunal, basándose en el estereotipo de que las mujeres deben responder al instinto maternal y sacrificarse por sus hijos en todo momento, asumió que, sin importar su estado de salud, al no buscar ayuda para proteger a su hijo, el actuar de Manuela demostraba que intencionalmente quería quitarle la vida al recién nacido. En este sentido, el tribunal presumió que Manuela ha debido poner por encima de su vida, la posible vida de su hijo, incluso si se encontraba inconsciente, y presumió su mala fe al haber actuado en otro sentido” (párr. 153).
“Adicionalmente, el [tribunal local] asumió que Manuela debía sentirse avergonzada de su embarazo, por lo que supuestamente lo escondió de su familia, y presumió que esta fue la razón por la cual habría decidido causar la muerte del recién nacido. Esta presunción no se basó en elementos de prueba, sino en el estereotipo de que una mujer que tiene relaciones sexuales por fuera del matrimonio es una mujer inmoral y sin ética” (párr. 154).
“[L]a motivación del tribunal demuestra que los estereotipos de género se utilizaron para complementar la evidencia insuficiente con la que contaba. En efecto, la sentencia que condenó a Manuela incurre en todos los prejuicios propios de un sistema patriarcal y resta todo valor a las motivaciones y circunstancias del hecho. Recrimina a Manuela como si ésta hubiese violado deberes considerados propios de su género y, en forma indirecta, le reprocha su conducta sexual. Minimiza y desprecia la posible motivación de ocultar su supuesta falta para eludir la sanción de un medio tradicionalmente creado en valores androcéntricos. Por ende, constituyó una violación del derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, así como a la obligación de motivar las decisiones judiciales” (párr. 155).
3. Derecho a la salud. Derechos sexuales. No discriminación. Trato digno. Autonomía personal. Derecho a la vida privada y familiar. Estereotipos de género.
“El derecho a la salud sexual y reproductiva es parte del derecho a la salud. El derecho a la salud sexual y reproductiva se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos” (párr. 192).
“Adicionalmente, la obligación de brindar atención médica sin discriminación implica que la presunta comisión de un delito por parte de un paciente bajo ningún supuesto puede condicionar la atención médica que dicho paciente necesita. Por tanto, los Estados deben brindar la atención médica necesaria y sin discriminación para las mujeres que lo requiera” (párr. 194).
“La Corte ha reconocido que la libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género negativos y perjudiciales. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que las mujeres son vistas como el ente reproductivo por excelencia. No obstante, las mujeres tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en los servicios de salud reproductiva y en la atención obstétrica sin ser objeto de discriminación o violencia” (párr. 252).
4. Derecho a la salud. Secreto profesional. Violencia obstétrica. Violencia de género. Derecho a la intimidad. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida.
“Para que el personal médico pueda brindar el tratamiento médico adecuado, es necesario que el paciente sienta la confianza de compartir con el personal médico toda la información necesaria. Por esto es fundamental que la información que los pacientes compartan con el personal médico no sea difundida de forma ilegítima. En este sentido, el derecho a la salud implica que, para que la atención de salud sea aceptable debe ‘estar concebida para respetar la confidencialidad’” (párr. 203).
“[E]n casos como el presente, relacionados con emergencias obstétricas, la divulgación de información médica puede restringir el acceso a una atención médica adecuada de mujeres que necesiten asistencia médica, pero eviten ir a un hospital por miedo a ser criminalizadas, lo que pone en riesgo sus derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida. En efecto, en estos casos colidan en apariencia dos normas: el deber de guardar el secreto profesional y el de denunciar. Tratándose de casos de urgencias obstétricas, en que está en juego la vida de la mujer, debe privilegiarse el deber de guardar el secreto profesional. Por tanto, las afectaciones causadas por la denuncia realizada por la médica tratante en el presente caso fueron desproporcionadas frente a las ventajas que se obtuvieron mediante la misma” (párr. 224).
“En el presente caso, el personal médico priorizó la realización de la denuncia por un supuesto delito sobre el diagnóstico y tratamiento médico. Además, dicha denuncia, unida con la declaración de la médica tratante y la posterior remisión de la historia clínica de Manuela, fue utilizada en un proceso penal en su contra, en violación de sus derechos a la vida privada y a la salud. Todo ese actuar estuvo influenciado por la idea de que el juzgamiento de un presunto delito debe prevalecer sobre los derechos de la mujer, lo cual resultó discriminatorio” (párr. 255).
“[D]ada la ambigüedad de la legislación sobre el secreto profesional y el deber de denuncia, si Manuela acudía a los servicios médicos para atender la emergencia obstétrica que ponía en riesgo su salud, podía ser denunciada, como efectivamente sucedió. Someter a Manuela a esta situación, que terminó por afectar rotundamente su vida, además de discriminatoria, constituyó un acto de violencia contra la mujer. Por consiguiente, la Corte concluye que el Estado incumplió su obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación, en contravención con el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará” (párr. 259).
“[C]omo norma general limitativa de todo deber de denuncia de cualquier delito, debe respetarse la regla básica conforme a la cual –y en ningún caso- puede llevarse ese deber hasta el extremo de colocar a una persona en la disyuntiva de ser penada o dejarse morir. La jerarquía de los Derechos Humanos coloca necesariamente a la vida en posición superior a las exigencias de eficacia de cualquier administración de justicia y, en el supuesto de conflicto, sin duda debe primar el derecho a la vida por sobre el interés del Estado en penar a los infractores a su derecho” (párrs. 16 y 17 del voto concurrente del juez Zaffaroni).
5. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. No discriminación. Libertad. Trato cruel, inhumano y degradante. Prueba. Carga de la prueba.
“[L]os servicios de salud deben mantener un nivel de calidad equivalente respecto de quienes no están privados de libertad. La salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, lo cual implica obligaciones para los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno, incluyendo prácticas adecuadas, para velar por el acceso igualitario a la atención de la salud respecto de personas privadas de libertad, así como por la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de tales servicios” (párr. 236).
“[L]as personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado adecuados, que incluya espacios, equipo y personal calificado (de medicina y enfermería)” (párr. 237).
“En razón de la posición especial de garante que el Estado ejerce sobre la persona en situación de detención, y el consecuente control de los medios de prueba sobre su condición física, condiciones de detención y eventual atención médica, es el Estado quien tiene la carga probatoria de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos. La falta de entrega de los elementos de prueba que permitan esclarecer el tipo de atención recibida por una persona son particularmente graves en casos que involucren alegatos relacionados con la violación al derecho a la salud. En su condición de garante, el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido” (párr. 239).
“[E]l artículo 5.2 de la Convención establece que nadie debe ser sometido a penas crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En el presente caso, la detención de Manuela impidió que recibiera la atención médica adecuada, por lo que su pena privativa de libertad se convirtió además en una pena inhumana, contraria a la Convención” (párr. 241).
ABORTO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; HOMICIDIO; CULPABILIDAD; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; MATERNIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; DEBIDO PROCESO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS SEXUALES; AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; SECRETO PROFESIONAL; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO A LA VIDA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; LIBERTAD; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE;
Danilevich v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por la violación de los artículos 6.1 (derecho a un proceso equitativo) y 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Personas privadas de la libertad. Prisión perpetua. Derecho a la vida privada y familiar. Principio de dignidad humana. Finalidad de la pena. Reinserción social. Visitas carcelarias. Régimen de comunicación.
“La prisión, como toda otra medida privativa de la libertad, implica restricciones inherentes a la vida privada y familiar de las personas detenidas. Sin embargo, es una parte esencial del derecho al respeto de su vida privada y familiar que las autoridades penitenciarias las asistan para mantener el contacto son su familia cercana” (cfr. párr. 46).
“La reinserción, esto es, la reintegración de la persona condenada a la sociedad, es necesaria en cualquier comunidad que considere a la dignidad humana como elemento central. El artículo 8 exige a los Estados asistir a sus detenidos hasta el máximo de sus posibilidades para formar y mantener sus vínculos con personas externas al establecimiento penitenciario, a fin de promover su reinserción social” (párr 47).
“En el presente caso, el solicitante no recibió ninguna visita de sus familiares, que vivían a una distancia significativa [del establecimiento penitenciario]. [Esto] lo dejó –a falta de posibilidades de comunicarse por teléfono– con la única alternativa de comunicarse por correspondencia escrita para mantener contacto con ellos. [E]ste medio de comunicación era insuficiente por varios motivos, incluido el tiempo que demoraba el envío de la correspondencia y la dificultad para contactarse con su único hijo, que por muchos años era muy pequeño como para escribir. En función de la corta edad del hijo […], esos años eran cruciales para desarrollar el vínculo familiar entre ellos” (cfr. párr. 56).
“El Tribunal entendió en Khoroshenko que la naturaleza estricta del régimen de prisión perpetua impedía a los detenidos mantener contacto con sus familias, y por ende dificultaba su reintegración y rehabilitación en lugar de fomentarla y facilitarla. En este sentido, el Tribunal también reconoció una importancia considerable a las recomendaciones del [Comité Europeo para la prevención de la tortura] que notó que los regímenes carcelarios para penas de larga duración ‘deben buscar compensar [los efectos desocializadores del encarcelamiento] de manera positiva y proactiva” (cfr. párr. 59).
2. Personas privadas de la libertad. Prisión perpetua. Principio de proporcionalidad. Régimen de comunicación. Derecho a la vida privada y familiar.
“[L]a justificación invocada por el Estado en el presente caso […] parece implicar que las restricciones eran consecuencia de los crímenes graves cometidos por el solicitante, por los cuales este no solo había sido privado de su libertad sino también restringido en el ejercicio de otros derechos vinculados a su vida privada y familiar. Sin embargo […], durante su encarcelamiento, las personas privadas de la libertad continúan gozando de todos sus derechos y libertades fundamentales, salvo por el derecho a la libertad” (cfr. párr. 54).
“[E]l Estado no tiene la libertad de introducir restricciones generales sin admitir algún grado de flexibilidad para determinar si las restricciones son apropiadas o incluso necesarias en el caso particular. [E]l principio de proporcionalidad exige un vínculo claro y suficiente entre la aplicación de dichas medidas y la conducta y circunstancias del individuo involucrado” (cfr. párr. 58).
“En vista de lo anterior […], las restricciones a la comunicación telefónica del solicitante como parte del régimen estricto de cadena perpetua no eran ‘necesarias en una sociedad democrática’ y equivalieron a una interferencia desproporcionada en su derecho al respeto a la vida privada y familiar” (cfr. párr. 64).
3. Personas privadas de la libertad. Derecho a ser oído. Proceso civil. Audiencia. Acceso a la justicia. Debido proceso. Tutela judicial efectiva.
“El Tribunal ya ha encontrado violaciones al derecho a un proceso equitativo en casos donde los solicitantes privados de la libertad se agraviaban por su ausencia en audiencias de procesos civiles. En estos casos, el Tribunal evaluó si los tribunales locales habían analizado si la naturaleza de la controversia requería la presencia efectiva del solicitante, y si habían implementado algún arreglo de procedimiento que buscara garantizar su efectiva participación en el proceso” (cfr. párr. 69).
“La ausencia del solicitante de la audiencia de primera instancia no fue remediada en la instancia de apelaciones. [El tribunal de apelaciones] confirmó la decisión de primera instancia en su ausencia, avalando la decisión de llevar adelante la audiencia sin la presencia del solicitante. En estas circunstancias […] se privó al solicitante de la oportunidad de presentar su caso ante el tribunal de manera efectiva, para asegurar el respeto al principio de juicio equitativo” (cfr. párr. 70).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PERPETUA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; FINALIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; VISITAS CARCELARIAS; RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO A SER OIDO; PROCESO CIVIL; AUDIENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Comunidad Indígena de Campo Agua'e v. ParaguayComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos consideró que Paraguay era responsable por la violación de los artículos 17 (protección contra injerencias arbitrarias o ilegales) y 27 (derechos de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, leídos solos y en conjunto con el artículo 2 párrafo 3 (recurso judicial efectivo) del mismo instrumento. Asimismo, en voto concurrente, las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan consideraron que Paraguay era responsable por la violación del artículo 6 (derecho a la vida) del Pacto.
1. Pueblos indígenas. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Medio ambiente. Daño ambiental. Contaminación. Plaguicidas. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho de propiedad. Empresa. Responsabilidad del Estado.
“[L]os integrantes de la comunidad indígena, incluidos los autores, dependen, para su subsistencia, de sus cultivos, animales de cría, árboles frutales, caza, recolección, pesca, y recursos hídricos, elementos de su territorio en el cual habitan y desarrollan su vida privada […]. El Comité considera que los elementos anteriormente mencionados son constitutivos del modo de vida de los autores y demás integrantes de la comunidad, los cuales mantienen una especial relación con su territorio, y que son elementos que pueden entrar dentro del ámbito de protección del artículo 17 del Pacto […].
[N]o debe entenderse el artículo 17 como limitándose a la abstención de injerencias arbitrarias, sino que implica la obligación de adoptar medidas positivas necesarias para el respeto efectivo de este derecho frente a injerencias que provengan tanto de autoridades estatales como de personas físicas o jurídicas” (párr. 8.3).
“[E]l Estado parte no ejerció controles adecuados sobre actividades ilegales contaminantes, ampliamente documentadas [y] observadas por el propio Estado […]. Al no ejercer los controles adecuados, el Estado parte no impidió las contaminaciones. Dicha omisión en su deber de proteger permitió que prosiguieran por muchos años las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, incluido con el uso de agrotóxicos prohibidos, que no solamente causaron problemas de salud a los integrantes de la comunidad –incluidos niños y niñas, por darse las fumigaciones a pocos metros de la escuela en horario de clases–, sino que también contaminaron sus cursos de agua, destruyeron sus cultivos de subsistencia, provocaron la muerte de sus animales de cría, favorecieron la extinción masiva de peces y abejas, elementos constitutivos de su vida privada, familiar y domicilio […].
Cuando la contaminación tiene repercusiones directas sobre el derecho a la vida privada y familiar y el domicilio, y […] sus consecuencias tienen cierto nivel de gravedad, la degradación del ambiente afecta el bienestar del individuo y genera violaciones de la vida privada y familiar y del domicilio” (párr. 8.4).
2. Pueblos indígenas. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Medio ambiente. Daño ambiental. Propiedad comunitaria. Contaminación. Plaguicidas. DESC. Derecho a la identidad. Supresión de identidad. Consulta previa. Consentimiento informado.
“[E]n el caso de los pueblos indígenas, el disfrute de la cultura puede guardar relación con modos de vida estrechamente asociados al territorio y al uso de sus recursos, y […] ‘puede incluir actividades tradicionales tales como la pesca o la caza’; así, la protección de ese derecho ‘tiene por objeto garantizar la preservación y el desarrollo continuo de la identidad cultural’.
Como expresado también por el CESCR, la ‘fuerte dimensión colectiva de la vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable para su existencia, bienestar y desarrollo integral, y comprende el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido’. Por ende, ‘[h]ay que respetar y proteger los valores culturales y los derechos de los pueblos indígenas asociados a sus tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza, a fin de evitar la degradación de su peculiar estilo de vida, incluidos los medios de subsistencia, la pérdida de recursos naturales y, en última instancia, su identidad cultural’.
[E]l Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha afirmado que ‘la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica’, siendo su relación con la tierra un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente ‘para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras’, es decir, un requisito previo para ‘prevenir su extinción como pueblo’ […]. [E]l artículo 27, interpretado a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consagra el derecho inalienable de los pueblos indígenas a gozar de los territorios y recursos naturales que tradicionalmente han utilizado para su subsistencia alimentaria e identidad cultural” (párr. 8.6).
“[S]e requiere la adopción de medidas para asegurar la participación eficaz de los pueblos indígenas en las decisiones que les afectan. En particular, ‘es de fundamental importancia que las medidas que comprometan o interfieran con las actividades económicas de valor cultural de una comunidad indígena hayan sido sometidas al consentimiento libre, previo e informado de los miembros de la comunidad, además deben respetar el principio de proporcionalidad, de manera que no pongan en peligro la propia subsistencia de la comunidad’” (párr. 8.7).
“[L]as fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte […]. Sin embargo, el Estado parte no detuvo dichas actividades por lo que siguieron contaminando los ríos en los cuales los autores pescan, se abastecen de agua, se lavan y lavan su ropa, siguieron matando a sus animales de cría, fuente de alimentación, destruyendo sus cultivos, así como los recursos del bosque de donde recolectan y cazan […]. Por ende, [estos hechos] ponen de manifiesto una violación del artículo 27 del Pacto en perjuicio de la Comunidad Indígena de Campo Agua’ẽ.” (párr. 8.8).
3. Pueblos indígenas. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Medio ambiente. Daño ambiental. Contaminación. Derecho a la vida. Principio de dignidad humana. DESC.
“[E]l derecho a la vida no puede interpretarse de forma estrecha, y abarca el derecho ‘a una vida digna’; el Comité ha afirmado que ‘el deber de proteger la vida implica asimismo que los Estados deben adoptar medidas adecuadas para hacer frente a las condiciones generales que puedan dar lugar a amenazas directas a la vida o impedir a los individuos el disfrute de su derecho a una vida digna […]. Estas condiciones generales pueden incluir […] la degradación del ecosistema, la privación de tierras, territorio y recursos de los pueblos indígenas’” (cfr. párr. 2 del voto concurrente de las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan)
“[L]os Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y salvaguarde este derecho al proteger el acceso a condiciones que garanticen una vida digna. El derecho de los pueblos indígenas a una vida ‘digna’ fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad indígena Yakye Axa v. Paraguay, donde estableció una estrecha conexión entre el derecho a la vida y los derechos económicos, sociales y culturales” (cfr. párr. 3 del voto concurrente de las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan).
“[L]a salud de los miembros de la comunidad se vio afectada de manera crítica por el uso extensivo de pesticidas por parte de las industrias extractivas y por la falla del Estado en prevenir la degradación de su salud […]. [E]sta cuestión debería haberse analizado bajo el artículo 6 […]. [Este artículo] es aplicable incluso en ausencia de una muerte” (cfr párr. 5 del voto concurrente de las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan).
“[L]as graves consecuencias del uso masivo de pesticidas quedan cubiertas de manera imperfecta por [la provisión del artículo 27]. [L]a tarea del Comité debería haber sido determinar si la inacción y las fallas de las autoridades estatales ‘generaron condiciones que empeoraron las dificultades de acceso a una vida digna para los miembros de la […] comunidad, y si, en ese contexto, el Estado adoptó medidas positivas acordes para cumplir con esta obligación, teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraba la comunidad a causa de su estilo de vida y sus aspiraciones individuales y colectivas diferentes” (cfr. párr. 6 del voto concurrente de las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan).
PUEBLOS INDÍGENAS; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; MEDIO AMBIENTE; DAÑO AMBIENTAL; CONTAMINACIÓN; PLAGUICIDAS; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO DE PROPIEDAD; EMPRESA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PROPIEDAD COMUNITARIA; DESC; DERECHO A LA IDENTIDAD; SUPRESIÓN DE IDENTIDAD; CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; DERECHO A LA VIDA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;
Walters v. BélgicaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que Bélgica era responsable por la violación del artículo 11, párrafo 1 (derecho a una vivienda adecuada) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
1. Vivienda. Alquileres. Desalojo. Adultos mayores. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad. Responsabilidad del Estado. Derecho al acceso a una vivienda digna.
“Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con las disposiciones del Pacto y solo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales; las autoridades competentes deberán garantizar que se lleven a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad entre el objetivo legítimo de desalojo y las consecuencias de este sobre las personas desalojadas” (párr. 9.2).
“[P]ara que un desalojo sea procedente debe cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, la posibilidad del desalojo ha de estar determinada por ley. En segundo lugar, debe promover el bienestar general en una sociedad democrática. En tercer lugar, debe ser adecuada al fin legítimo mencionado. En cuarto lugar, debe ser necesaria, en el sentido de que si existen varias medidas que puedan razonablemente obtener el fin de la limitación, se debe hacer uso de la medida menos restrictiva para el derecho considerado. Finalmente, los beneficios logrados por la limitación para promover el bienestar general deben superar los efectos en el disfrute del derecho limitado. Cuanto más serios son los efectos en los derechos protegidos por el Pacto, mayor escrutinio ha de prestársele a la justificación otorgada para tal limitación. La disponibilidad de vivienda alternativa adecuada, las circunstancias personales de los ocupantes y sus dependientes, y su cooperación con las autoridades en la búsqueda de soluciones adaptadas a ellos son también factores cruciales en tal examen. Será inevitable asimismo distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras o cualquier otra entidad […].
[E]l Estado parte violará el derecho a la vivienda adecuada si dispone que la persona cuyo contrato de arrendamiento se dé por terminado debe ser desalojada de forma inmediata sean cuales sean las circunstancias bajo las que la orden de desalojo sería ejecutada. Este examen de proporcionalidad de la medida debe ser efectuado por una autoridad judicial u otra autoridad imparcial e independiente con el poder de ordenar el cese de la violación y de proporcionar un recurso efectivo” (párr. 9.3).
“[L]os desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o estén expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda. El Estado parte tiene el deber de adoptar medidas razonables para proveer vivienda alternativa a las personas que puedan quedar sin techo como consecuencia de un desalojo, independientemente de si tal desalojo ocurre a instancia de las autoridades del Estado parte o de entidades privadas, como el propietario del inmueble. En el caso de que el desalojo de una persona de su hogar tenga lugar sin que el Estado parte le otorgue o garantice una vivienda alternativa, corresponde al Estado parte demostrar que consideró las circunstancias particulares del caso y que a pesar de que tomó todas las medidas razonables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, no pudo satisfacer el derecho a la vivienda de la persona afectada” (párr. 10.1).
“La vivienda alternativa debe ser adecuada. Aun cuando la adecuación a las necesidades viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; lugar que permita el acceso a los servicios sociales (educación, empleo, atención de la salud); y adecuación cultural, de manera que se permita la expresión de la identidad cultural y la diversidad” (párr. 10.3).
2. Vivienda. Alquileres. Desalojo. Adultos mayores. Vulnerabilidad. Realidad económica. Derecho al acceso a una vivienda digna. Política pública.
“[L]os Estados partes están obligados a adoptar medidas especiales, hasta el máximo de los recursos disponibles, para garantizar a las personas de edad el pleno disfrute de todos los derechos enunciados en el Pacto. El Comité recuerda también que el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento deja claro en la recomendación núm. 19 que la vivienda destinada a los ancianos es algo más que un mero albergue y que, además del significado material, tiene un significado psicológico y social que debe tomarse en consideración. Por ello, las políticas nacionales deben contribuir a que las personas de edad permanezcan en sus propios hogares, mientras sea posible, mediante la restauración, el desarrollo y la mejora de sus viviendas y su adaptación a las posibilidades de acceso y de utilización por parte de las personas de edad. Sin esas medidas especiales, las políticas generales que pueden ser apropiadas para la población en general pueden tener un efecto desproporcionadamente negativo en el disfrute de los derechos enunciados en el Pacto en las personas de edad, especialmente en las que se encuentran en una situación socioeconómica difícil. Además, para las personas de edad, el alquiler de vivienda puede cobrar mayor importancia que para el resto de la población, especialmente si han vivido en esa vivienda durante mucho tiempo, ya que han podido construir una red social en ese barrio y el cambio de vivienda puede ser perturbador” (párr. 11.6).
“[L]as personas mayores de 64 años se ven más afectadas por la rescisión del contrato de arrendamiento que el resto de la población […]. Por lo tanto, la aplicación inflexible de [la ley de alquileres belga], teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas de edad […], podría tener un efecto desproporcionadamente negativo en las personas de edad con bajos ingresos” (párr. 12.2).
“[L]a posibilidad de un efecto desproporcionado de esa política en el derecho a una vivienda adecuada de determinadas poblaciones en situación de vulnerabilidad crea una doble obligación para cualquier Estado parte que opte por ese marco regulador. En primer lugar, el Estado parte debe establecer un mecanismo de seguimiento del efecto de la aplicación del marco jurídico en las poblaciones más vulnerables y marginadas, con el fin de introducir los ajustes necesarios para evitar un efecto desproporcionado que pueda suponer una violación del derecho a una vivienda adecuada de un grupo concreto, como las personas de edad con dificultades socioeconómicas. En segundo lugar, la política debe incluir mecanismos y flexibilidades para garantizar que la aplicación del marco jurídico no tenga un efecto desproporcionado en determinados casos” (párr. 12.3).
“[E]n el presente caso, ni las autoridades judiciales ni los servicios sociales tuvieron suficientemente en cuenta el efecto desproporcionado que un traslado forzoso podría tener en personas especialmente vulnerables, como las personas de edad que viven en una situación económica precaria. Todo ello a pesar de que el autor había vivido en el mismo apartamento durante 25 años, siempre había cumplido con sus obligaciones contractuales y ya era una persona mayor con ingresos limitados que tenía fuertes vínculos sociales con su barrio” (párr. 12.4).
“[L]as ofertas hechas al autor de una vivienda de tránsito o una residencia para personas de edad sobrepasan los límites de adecuación en materia de vivienda temporal en vista de las necesidades particulares del autor como persona de edad, especialmente porque, como se ha señalado anteriormente […], la aplicación del marco jurídico del Estado parte que permite la rescisión del contrato sin motivo impone una carga especial a las personas pertenecientes a grupos vulnerables en el mercado de la vivienda, es decir, a los grupos que tienen cada vez más dificultades para encontrar otras viviendas adecuadas en su entorno urbano. Esto es especialmente cierto en el caso de las familias de bajos ingresos con niños y de las personas de edad, cuyas posibilidades económicas son sumamente limitadas. Si bien el Estado parte tiene un poder discrecional en su regulación de los arrendamientos, al mismo tiempo está obligado a aplicar las salvaguardias necesarias para garantizar la seguridad de la tenencia, lo que exigirá soluciones de realojamiento adecuadas” (párr. 12.7).
VIVIENDA; ALQUILERES; DESALOJO; ADULTOS MAYORES; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; VULNERABILIDAD; REALIDAD ECONÓMICA; POLÍTICA PÚBLICA;
Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros v. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Guatemala era responsable por la violación de los artículos 13 (libertad de pensamiento y expresión), 24 (igualdad ante la ley) y 26 (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Pueblos indígenas. Libertad de expresión. Medios de comunicación. Igualdad. No discriminación. Derecho de publicar las ideas. Derechos de incidencia colectiva.
“La Corte ha reconocido la importancia de los medios de comunicación para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pensamiento e información. En efecto, el Tribunal ha caracterizado los medios de comunicación social como verdaderos instrumentos de la libertad de expresión, y además ha señalado que ‘[s]on los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos’” (párr. 87).
“[L]a pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertad de expresión, lo que se refleja en una obligación del Estado de proteger y garantizar este supuesto […] mediante la limitación de restricciones a la información y la búsqueda por el equilibrio en la participación, al permitir que los medios estén abiertos a todos sin discriminación, para que ‘no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos’. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para que todos los segmentos de la población puedan acceder a los medios de comunicación” (párr. 88).
“La referida obligación estatal implica necesariamente un derecho de los pueblos indígenas de verse representados en los distintos medios de comunicación, especialmente en virtud de sus particulares modos de vida, de sus relaciones comunitarias y la importancia de los medios de comunicación para los referidos pueblos” (párr. 92).
“El ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente, por cada persona que emite una opinión o trasmite una información, pero también y especialmente, se manifiesta colectivamente, debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas. En efecto, la dimensión colectiva de la libertad de expresión para los pueblos indígenas es fundamental para la realización de otros de sus derechos colectivos” (párr. 93).
“[E]xiste un derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación, con base en el contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión señalados previamente, pero también tomando en cuenta los derechos de los pueblos indígenas a la no discriminación, a la libre determinación y sus derechos culturales” (párr. 95).
2. Pueblos indígenas. DESC. Derecho a participar en la vida cultural. Medios de comunicación. Radiodifusión. Libertad de expresión. Idioma.
“[M]ás allá de posibilitar a los pueblos indígenas participar más plenamente en el discurso público, las radios comunitarias consisten en herramientas esenciales para la conservación, la transmisión y el desarrollo continuos de las culturas y lenguas indígenas” (párr. 109).
“Un elemento inherente de la participación en la vida cultural consiste en el acceso a medios de comunicación y la posibilidad de fundar medios de comunicación de forma autónoma, a través de los cuales los pueblos indígenas pueden no solo participar, sino también conocer de sus propias culturas, y contribuir con las mismas, en su propio idioma. En este sentido, la Corte ha reconocido que ‘la lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura’” (párr. 127).
“[E]ste Tribunal se ha referido al carácter instrumental que adquieren determinados derechos, como lo es la libertad de expresión, para materializar otros derechos como el de participar en la vida cultural. Desde esa perspectiva, el acceso a sus propias radios comunitarias, como vehículos de la libertad de expresión de los pueblos indígenas, se muestra como un elemento indispensable para promover la identidad, el idioma, la cultura, la auto representación y los derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas. Así, en el presente caso, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a participar en la vida cultural están íntimamente conectados, en la medida que la garantía del derecho a fundar y utilizar sus emisoras de radio, como parte del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas, es esencial para la realización de su derecho a participar en la vida cultural a través de los referidos medios de comunicación” (párr. 128).
“Negarles a esas culturas el acceso a la radiofonía en razón de la distribución del espectro conforme al mercado, implica retomar y profundizar la lesión a su existencia misma. El daño que con ello se les infiere es mucho mayor que el de cualquier otro grupo humano al que se le viole su derecho a la libertad de expresión, pues se trata de una afectación a la propia pertenencia cultural y a su correspondiente identidad (párr. 19 del voto concurrente del juez Zaffaroni).
3. Medios de comunicación. Radiodifusión. Facultad reglamentaria. Igualdad. No discriminación. Libertad de expresión.
“[L]a potestad y necesidad que tienen los Estados de regular la actividad de radiodifusión […] debe estar dirigida a garantizar una radiodifusión plural, diversa, incluyente e independiente. Además, para asegurar el goce del derecho a la libertad de expresión a un mayor número de personas o sectores sociales y, consecuentemente, la mayor circulación de opiniones e informaciones, la regulación debe ser clara, transparente y democrática” (párr. 112).
“[P]ara garantizar el derecho a la libertad de expresión, los Estados están obligados a adoptar medidas que permitan el acceso al espectro radioeléctrico a distintos sectores sociales que reflejen el pluralismo existente en la sociedad. En materia de radiodifusión sonora, esta obligación estatal se materializa mediante la adopción de medidas que permitan el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias, especialmente a las comunidades indígenas, por la importancia que tiene para ellas este medio de comunicación para difundir y conservar su cultura y teniendo en cuenta que constituyen grupos étnicamente diferenciados que se encuentran en una situación de marginación y exclusión social derivada de la pobreza y la discriminación” (párr. 117).
“[E]l Estado tenía la obligación de ‘corregir las desigualdades existentes’ y ‘promover la inclusión y la participación’ de estos pueblos. Tomando en consideración dicha obligación y el derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación, el Estado debía tomar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso a frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas, con el propósito de garantizar la igualdad material de los mismos frente a otros segmentos sociales que tienen las condiciones económicas para competir en las subastas de adquisición de frecuencias radioeléctricas” (párr. 140).
“La potestad regulatoria debe ejercerse en el marco de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, en condiciones de igualdad y sin discriminación de especie alguna. El Estado debe actuar de forma que facilite el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, evitando todo tipo de decisión que pueda considerarse una suerte de exclusión” (párr. 141).
4. Proceso penal. Necesidad racional del medio empleado. Principio de proporcionalidad. Libertad de expresión. Derecho a participar en la vida cultural.
“[L]as responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión deben responder a un objetivo permitido por la Convención Americana, tal como el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En el caso concreto, la persecución penal de las personas que operan las radios comunitarias indígenas no responde a ninguna de las finalidades antes señaladas, sino que, por el contrario, los allanamientos de las radios en cuestión y los enjuiciamientos penales afectaron los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión y a participar en la vida cultural” (párr. 166).
“[S]i bien un instrumento penal puede ser idóneo para restringir el ejercicio abusivo de determinados derechos, siempre y cuando esto sirva al fin de salvaguardar el bien jurídico que se quiere proteger, lo anterior no significa que la utilización de la vía penal para la imposición de responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión sea necesaria o proporcional en todos los casos […]. [E]l Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita, particularmente cuando se imponen penas privativas de libertad. Por lo tanto, el uso de la vía penal debe responder al principio de intervención mínima, en razón de la naturaleza del derecho penal como ultima ratio” (párr. 168).
“En este contexto, la persecución penal de las personas que operaban las radios comunitarias indígenas, al igual que los allanamientos […] y el decomiso de sus equipos de transmisión, no resulta idónea y es innecesaria. Ello porque el Estado pudo haber empleado medios menos lesivos que los previstos por el Derecho Penal, por ejemplo, procedimientos y sanciones administrativas, que asegurarían la misma finalidad, pero afectarían de forma menos gravosa a las comunidades indígenas” (párr. 169).
5. Pueblos indígenas. Medios de comunicación. Autodeterminación. Derecho a la identidad. Libertad de expresión. Derecho de publicar las ideas.
“Por un lado, el derecho a la libertad de expresión se materializa a través de los medios de comunicación social y su realización no puede prescindir de la garantía de la pluralidad y la diversidad de medios; por otro lado, los pueblos indígenas específicamente, a raíz de su particular modo de vida y los derechos que a ellos deben ser asegurados, resguardan el derecho de tener sus propios medios de comunicación, para ver sus derechos a la libertad de expresión, a participar de la vida cultural y a la igualdad ante la ley (en su doble dimensión) asegurados” (párr. 39 del voto razonado del juez Ferrer Mac-Gregor Poisot).
“[S]e establece un vínculo especial entre el derecho de las comunidades indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación y su derecho a la libre o autodeterminación, entre otros. Es decir, la garantía del primero, permite la materialización del segundo” (párr. 40 del voto razonado del juez Ferrer Mac-Gregor Poisot).
“En este contexto, la garantía del derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación configura también un instrumento de realización de su derecho a la libre determinación en tanto que les permite reafirmar su identidad cultural, su cosmovisión, ofrecer su propia narrativa, discutir los asuntos que les interesan y les afectan, practicar y difundir sus idiomas, participar en el debate público, buscar erradicar estereotipos discriminatorios muchas veces avalados por los grandes medios de comunicación, entre otros” (párr. 46 del voto razonado del juez Ferrer Mac-Gregor Poisot).
“[L]a libre determinación abarca diferentes aristas, entre ellas, la cultural. De este modo, el derecho a la libre determinación se posiciona como un derecho de carácter colectivo que tienen las comunidades indígenas —no solo en lo atinente a las tierras y territorios, que es donde mayor desarrollo y posicionamiento ha tenido el derecho a la libre determinación— y que les permite no solo controlar su pasado, presente y futuro, sino que además, les permite definir las formas en las cuales desean revitalizar su cultura, como lo es, el uso de la lengua para transmitir información” (párr. 48 del voto razonado del juez Ferrer Mac-Gregor Poisot).
PUEBLOS INDÍGENAS; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; DESC; DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL; RADIODIFUSIÓN; IDIOMA; FACULTAD REGLAMENTARIA; PROCESO PENAL; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; AUTODETERMINACION; DERECHO A LA IDENTIDAD;
Marcos Alejandro Martín v. ArgentinaComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2 c), 8.2 f), 8.2 h) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
1.  Derecho de defensa. Principio de contradicción. Prueba. Prueba testimonial. Incorporación de prueba por lectura.
“[E]l derecho a las garantías judiciales incluye el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. [E]l derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso” (párr. 26).
“Sobre la relación entre la prueba practicada y el derecho de defensa, la CIDH ha destacado el principio de contradictorio, el cual implica la intervención del inculpado en la recepción y control de la prueba. Por su parte, la Corte ha considerado como una violación del derecho de defensa, el hecho de que la defensa legal no pudiera estar presente en la realización de una diligencia fundamental en el marco de un proceso penal” (párr. 27).
“Una de las manifestaciones concretas de este derecho se [relaciona] con el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos […]. [E]ntre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La CIDH ha declarado la violación del derecho de defensa por la admisión de una declaración escrita considerada como una de las pruebas fundamentales para una sentencia condenatoria, y la imposibilidad de cuestionar dicha prueba durante todo el proceso” (párr. 28).
“[L]a declaración testimonial de [la presunta víctima] fue rendida en la etapa instructiva ante autoridad policial, sin presencia ni participación del abogado defensor […]. Conforme a los estándares indicados, el derecho de defensa debe garantizarse desde el momento en que una persona es individualizada como posible responsable de un delito, por lo que la ausencia de su abogado en la práctica de esta prueba, resulta violatoria del derecho consagrado en el artículo 8.2 c) de la Convención” (párr. 38).
“Si bien es cierto que […] el derecho a interrogar a los testigos puede ser restringido en circunstancias excepcionales, tal limitación debe estar fundamentada en razones de mucho peso, tales como el riesgo a la vida e integridad personal de los declarantes, y siempre que se dispongan medidas de compensación respecto del derecho de defensa de la persona procesada. En el presente caso, el Estado de Argentina se limitó a indicar que la incorporación por lectura de la declaración testimonial estaba permitida en la normativa interna, pero no alegó razones imperativas que justificaran dicha incorporación a la luz de la Convención Americana, a pesar de la afectación que implicaba respecto del derecho de defensa del [imputado]. [L]a sola referencia a que no fue posible localizar al detenido, en un caso de esta naturaleza, no constituye una situación que justifique la restricción en el derecho de defensa y específicamente en el derecho a interrogar testigos” (párr. 41).
2. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de inocencia. In dubio pro reo. Deber de fundamentación. Prueba. Carga de la prueba.
“Por otra parte, otro elemento fundamental del debido proceso lo constituye el principio de presunción de inocencia, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas” (párr. 31).
“La presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, de modo tal que debe recibir del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada […]. [E]llo implica que la persona acusada no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. De esta forma […], la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en la persona acusada” (párr. 32).
“[E]l derecho internacional de los derechos humanos establece que ninguna persona puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. En palabras de la Corte, ‘si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla’. En el mismo sentido […], la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia” (párr. 33).
“[L]a violación al derecho de defensa resultó especialmente grave en el presente caso, tomando en cuenta que la declaración testimonial de [la presunta víctima] tuvo un valor fundamental en la condena […]. [O]torgarle un fuerte valor probatorio a una prueba practicada en violación al derecho de defensa, y condenar fundamentalmente con base en dicha prueba, cuando no existen otros elementos de corroboración sobre aspectos esenciales para determinar la responsabilidad penal de una persona, resulta violatorio también del principio de presunción de inocencia” (párr. 47).
3. Debido proceso. Derecho de defensa. Tutela judicial efectiva. Recursos. Doble conforme.
“[El derecho a recurrir el fallo] es una garantía primordial en el marco del debido proceso legal, cuya finalidad es evitar que se consolide una situación de injusticia. El objetivo de este derecho es permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica y evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.
La Corte ha sostenido que ‘la doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado’” (párr. 35).
“[A] fin de garantizar el derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia, en situaciones en las cuales en segunda instancia se determina que una prueba fue recibida en violación del debido proceso, lo que le corresponde a dicha autoridad es declarar tal situación y devolver el caso a la autoridad inferior a fin de que excluya del proceso decisorio la referida prueba y haga una nueva determinación sobre la responsabilidad penal a la luz de la prueba restante o si corresponde la absolución. Esta nueva determinación debe poder contar con un doble conforme” (párr. 50).
4. Detención de personas. Arbitrariedad. Sentencia arbitraria. Privación ilegal de la libertad. Derecho de defensa.
“[E]n ciertas circunstancias, las violaciones a derechos humanos al momento de adoptar decisiones relacionadas con la libertad de una persona, pueden tornar arbitraria la detención que pudiere resultar de dichas decisiones. En similar sentido, la Corte ha considerado que la violación a las garantías judiciales puede generar el efecto de viciar el proceso, así como las consecuencias derivadas del mismo, incluyendo la detención de una persona” (párr. 54).
“[S]i bien la privación de libertad [del imputado] se basó en una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial, ésta devino arbitraria […]. [L]as personas sólo pueden ser objeto de una restricción a su libertad mediante sentencia basada en un proceso penal durante el cual hayan tenido la oportunidad de defenderse, situación que no se presentó en el presente caso” (párr. 55).
DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; CARGA DE LA PRUEBA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; RECURSOS; DOBLE CONFORME; DETENCIÓN DE PERSONAS; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA ARBITRARIA; PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD;
Vera Rojas y otros v. ChileCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Chile era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 19 (derechos del niño) y 26 (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Derecho a la salud. Derecho a la preservación de la salud. Seguro de salud. Asistencia médica. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Seguridad social. Empresa. Responsabilidad del Estado. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida.
“[E]l derecho a la salud impone tres tipos de obligaciones: la obligación de respetar, proteger y cumplir. La obligación de respetar significa que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que perjudiquen el derecho a la salud. La obligación de proteger exige a los Estados adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas para el derecho a la salud. La obligación de cumplir, obliga a los Estados a adoptar medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole para lograr la plena efectividad del derecho a la salud” (párr. 91).
“[L]a obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en cada Estado” (párr. 100).
“[E]l derecho a la salud se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la seguridad social. Los Estados se encuentran obligados a organizar su sistema de salud de forma tal que permita a las personas acceder a servicios de salud adecuados, los cuales además deben incluir el acceso a medidas preventivas y curativas, y el apoyo suficiente a las personas con discapacidad” (párr. 133).
“[L]a integridad personal y la vida se hallan directa e inmediatamente vinculadas con la atención a la salud humana, por lo que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración de los artículos 4, 5 y 26 de la Convención. En ese sentido, dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, estos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la seguridad social, y a los derechos de los niños y niñas, los cuales son particularmente vulnerables cuando se encuentran bajo un tratamiento que requiere cuidados paleativos y de rehabilitación ante la presencia de una enfermedad progresiva que conlleva una discapacidad para quien la padece. En consecuencia, los Estados tienen el deber de garantizar su prestación, al igual que la de regular y fiscalizar la actividad de las empresas privadas de servicios de salud, incluidos los servicios de las aseguradoras, en tanto su actuación se encuentra en la esfera de un servicio de naturaleza pública, por lo que actúa a nombre del Estado” (párr. 124).
2. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Asistencia médica. Tratamiento médico. Principio de progresividad. No discriminación.
“[L]a discapacidad es una categoría protegida en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, por lo que está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la discapacidad real o percibida de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona a partir de su discapacidad. Asimismo, la Corte ha señalado que los Estados deben proporcionar los servicios de salud necesarios para prevenir posibles discapacidades, así como prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades” (párr. 101).
“[L]os tratamientos de rehabilitación por discapacidad y los cuidados paliativos son servicios esenciales respecto a la salud infantil. Al respecto, el Tribunal advierte que el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño […] abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud, los servicios paliativos, de curación y de rehabilitación, y el derecho del niño o la niña a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud” (párr. 109).
“[L]os Estados deben garantizar los servicios sanitarios referidos a la rehabilitación y cuidados paliativos pediátricos conforme a los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad […], tomando en consideración las particularidades del tratamiento médico que requieren los niños y niñas que sufren discapacidades. En particular, respecto a la accesibilidad, la Corte considera que los tratamientos de rehabilitación y cuidados paliativos pediátricos deben privilegiar, en la medida de lo posible, la atención médica domiciliaria, o en un lugar cercano a su domicilio, con un sistema interdisciplinario de apoyo y orientación al niño o la niña y su familia, así como contemplar la preservación de su vida familiar y comunitaria” (párr. 110).
3. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la salud. Derecho a la preservación de la salud. Asistencia médica. Protección integral de niños, niñas y adolescentes.
“[E]l interés superior del niño es un concepto triple: a) un derecho sustantivo, en el sentido que el niño y la niña tienen el derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se debe poner en práctica cuando se adopte una decisión que afecte a un niño o niña; b) un principio jurídico interpretativo fundamental, de forma que las normas se interpreten de forma que satisfaga el interés superior del niño o niña; y c) una norma de procedimiento, que requiere que siempre que se adopte una decisión que afecte a niños y niñas se tome en cuenta las repercusiones que puede tener en ellos” (párr. 106).
“[E]l principio del interés superior constituye un mandato de priorización de los derechos de las niñas y niños frente a cualquier decisión que pueda afectarlos (positiva o negativamente), tanto en el ámbito judicial, administrativo y legislativo. De esta forma, el Estado debe garantizar que las normas y actos estatales no afecte el derecho de los niños y niñas a gozar el más alto nivel de salud y acceso a tratamiento de enfermedades, ni que este derecho se vea afectado por actos de terceros” (párr. 108).
“[E]l interés superior del niño siempre implica dos aspectos esenciales: el de garantía vista como límite normativo a la actividad estatal y el de protección, que se ejerce como protección de derechos. Por lo que, ante la necesidad de aplicar la norma siempre deberá procederse de la siguiente manera: (a) teniendo en cuenta los elementos objetivos que resultan de las pruebas relevadas, (b) teniendo en cuenta el elemento volitivo, en relación a respetar el derecho a ser oído del niño o niña, no es posible determinar el interés superior de la niña y el niño sin escucharlo previamente y (c) el desarrollo progresivo” (párr. 26 del voto razonado concurrente del juez Pérez Manrique).
DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; SEGURO DE SALUD; ASISTENCIA MEDICA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; SEGURIDAD SOCIAL; EMPRESA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO A LA VIDA; TRATAMIENTO MÉDICO; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Guía para el acceso a la información ambiental en contextos de industrias extractivas de minería e hidrocarburosRelatoría Especial para la Libertad de Expresión
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión analizó los principios que aseguran la protección efectiva del derecho de acceso a la información en contextos de industrias extractivas. Entre sus recomendaciones, consideró primordial el acceso a la información ambiental para garantizar la protección y ejercicio efectivo de los derechos humanos, que incluyen el derecho a la vida y el derecho a un medio ambiente sano. Asimismo, sostuvo que la producción, recolección y difusión de esta información era fundamental para prevenir el daño ambiental. Por último, llamó a los Estados a ofrecer mecanismos sencillos y rápidos para el acceso a información en asuntos ambientales, junto con recursos judiciales efectivos ante la negación de entrega de información.
1. Medio ambiente. Derecho a la información. Igualdad. No discriminación. Derecho a la vida. Vulnerabilidad. Pueblos indígenas. Afrodescendientes. Consulta previa.
“El derecho de acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos humanos, ‘particularmente, por parte de los sujetos más vulnerables’. En este sentido, el principio de igualdad y no discriminación también incluye la remoción de obstáculos para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la información de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, cuyos derechos podrían verse vulnerados con mayor frecuencia e intensidad a partir de problemáticas ambientales y falta de acceso a la información. Entre estos grupos, pueden encontrarse los pueblos indígenas y las comunidades que dependen, económicamente o para su supervivencia, fundamentalmente de los recursos ambientales” (pág. 8).
“Especial consideración merece la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales y comunidades afrodescendientes. En este caso, el acceso a la información adopta su carácter de obligación de procedimiento que permite el ejercicio de otros derechos, en particular, la consulta previa ‘dirigida a obtener su consentimiento libre e informado’ en materia de decisiones, actividades y proyectos extractivos en sus territorios’” (pág. 8).
“La degradación ambiental tiene repercusiones en el ejercicio de todos los derechos humanos, especialmente en el derecho a la vida (artículo 4 de la Convención Americana), en la medida en el que el pleno y efectivo disfrute de los derechos depende de un medio propicio. La CIDH ha considerado que uno de los efectos más graves de los proyectos o actividades extractivas, de explotación o desarrollo son las afectaciones a la vida, especialmente de miembros de pueblos indígenas” (pág. 10).
“El derecho de acceso a la información también posee un carácter instrumental, en la medida en que permite la satisfacción de otros derechos. Es preciso resaltar que, a su vez, la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva OC 23/17 destacó la relación interdependiente entre la protección al ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y resaltó que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, ‘una calidad medioambiental mínima’, dado que se podrían ver afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales” (pág. 13).
“En el contexto de industrias extractivas en territorios habitados por pueblos indígenas y tribales y comunidades afrodescendientes, la transparencia activa, como obligación de procedimiento, se concreta en las condiciones que deben rodear la ‘consulta informada’. Esto es, proveer información sobre los riesgos ambientales y de salubridad, de manera oportuna, accesible y suficiente; además, de asegurar que los pueblos y comunidades consultados ‘puedan comprender y hacerse comprender y, si resulta necesario, facilitarles intérpretes’; lo que incluye, la posibilidad de que los Estados provean de asistencia técnica, gratuita e independiente sobre las decisiones o proyectos de minería e hidrocarburos” (pág. 15).
2. Medio ambiente. Hidrocarburos. Minería. Derecho a la información. Recursos. Facultad reglamentaria. Información confidencial. Legitimación. Plazo razonable. Prueba. Carga de la prueba.
“[E]n el contexto de actividades empresariales y la protección de los derechos humanos, el derecho de acceso a la información adquiere una importancia fundamental. Al respecto, el derecho de acceso a la información ambiental comprende aquella información que sea necesaria para el ejercicio o protección de los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales, la cual debe ser suministrada de forma oportuna, accesible y completa […]. Además, en el marco de la protección del ambiente, esta obligación implica tanto la provisión de mecanismos y procedimientos para que las personas individuales soliciten la información, como la recopilación y difusión activa de información por parte del Estado” (pág. 13).
“La posibilidad de acceso a la información se establece bajo el principio de igualdad y no discriminación, lo que se traduce en que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado […]. Además, quien accede a la información tiene a su vez el derecho de divulgarla” (pág. 14).
“Los Estados tienen la obligación de responder sobre el fondo o sustancialmente a las solicitudes que sean formuladas para acceder a la información relacionada con las actividades de extracción de hidrocarburos y minería de manera completa, accesible y oportuna. En el caso de no dar cumplimiento a estas garantías, los Estados deben motivar las razones con base en las cuales se restringe el acceso a la información, con fundamento en el ordenamiento interno y las normas internacionales, en un plazo razonable” (pág. 17).
“La satisfacción del derecho de acceso a la información en el contexto de la industria extractiva de hidrocarburos y minería exige por parte de los Estados contar con un recurso especial o general sencillo y de fácil acceso para todas las personas; gratuito o de bajo costo; con plazos de respuesta cortos y razonables; que se pueda ejercer de forma oral cuando no se pueda formular por escrito; que disponga de asesoría sobre la forma y presentación de la solicitud; y que cuente con la posibilidad de remisión de oficio a la autoridad competente. Asimismo, en el caso de ser negada la solicitud, las autoridades competentes deben motivar las razones, y el daño al interés legítimo que se busca proteger, por los cuales se niega la información y se debe disponer de un recurso o impugnación de la respuesta negativa ante un órgano superior o autónomo” (pág. 18).
“Las restricciones al acceso a la información ambiental deben tener un carácter excepcional y su interpretación debe ser limitada. Su interpretación debe entenderse favorable, en tanto que, ante toda duda sobre la aplicación de las restricciones, debe prevalecer el máximo acceso a la información. De esta manera, la carga de la prueba sobre la justificación de una decisión negativa de acceso a la información corresponde al órgano, persona pública o privada encargada de dar respuesta” (pág. 18).
3. Medio ambiente. Hidrocarburos. Minería. Derecho ambiental. Derecho a la información. Empresa. Daño ambiental. Prevención. Responsabilidad del Estado.
“Asimismo, la CIDH y su REDESCA han subrayado que ‘no sólo los Estados, al ejercer sus funciones regulatorias, fiscalizadoras y judiciales, sino también las empresas, en el marco de sus actividades y relaciones comerciales, deben tener en cuenta y respetar el derecho humano a un medio ambiente sano y el uso sostenible y conservación de los ecosistemas y diversidad biológica’, esto significa, entre otras acciones, garantizar el acceso a la información ambiental, los procesos participativos y la rendición de cuentas, así como la reparación efectiva a las víctimas por la degradación ambiental, incluyendo aquella relacionada con el fenómeno del cambio climático y aquella relacionada con operaciones transnacionales de empresas en el sector extractivo a la luz de los estándares internacionales en la materia” (pág. 13).
“Asimismo, teniendo en cuenta que las empresas, como parte de la naturaleza de sus operaciones, también pueden llegar a manejar información que esté relacionada directamente con los impactos ambientales, los Estados deben instar a que tales actores privados tengan procesos específicos para generar, resguardar y/o facilitar información ambiental completa, oportuna y adecuada a la luz de las normas de derechos humanos y las regulaciones que a partir de éstas realicen los Estados” (pág. 14).
“Los Estados están obligados a entregar la máxima cantidad de información de forma oficiosa con respecto a todas las operaciones que involucran las etapas de los proyectos extractivos de minería e hidrocarburos. Además, esta obligación cobra particular importancia en casos de emergencias ambientales que requieren la difusión inmediata y sin demora de la información relevante y necesaria para cumplir con el deber de prevención” (pág. 15).
“Garantizar el acceso a la información pública con relevancia ambiental es fundamental para identificar y hacer seguimiento tanto de los impactos ambientales que implica la ejecución de proyectos extractivos, como de la afectación de los derechos de las personas y comunidades afectadas. El acceso a la información oportuna, completa y veraz les permite a las autoridades públicas, las empresas y las poblaciones evaluar los riesgos sobre los recursos naturales y los ecosistemas, de manera que se puedan anticipar acciones y decisiones preventivas que salvaguarden los derechos humanos” (pág. 22).
“Garantizar el derecho de acceso a la información en asuntos ambientales implica el cumplimiento de una serie de obligaciones por parte del Estado, lo que incluye información relacionada con la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, y aquella relacionada con las actividades e impactos ambientales generados por empresas y agentes de financiamiento e inversión, sea de forma local o transnacional […]. En el contexto de actividades extractivas de minería e hidrocarburos es pertinente reiterar que los Estados deben vigilar, prevenir y hacer respetar los derechos humanos cuando están involucrados particulares. La Corte Interamericana ha considerado que el Estado puede ser responsable internacionalmente por la imputación de violaciones a los derechos humanos ejecutados por personas físicas o empresas privadas en determinadas circunstancias” (pág. 24).
MEDIO AMBIENTE; DERECHO A LA INFORMACIÓN; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA VIDA; VULNERABILIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; AFRODESCENDIENTES; CONSULTA PREVIA; HIDROCARBUROS; MINERÍA; RECURSOS; FACULTAD REGLAMENTARIA; INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; LEGITIMACIÓN; PLAZO RAZONABLE; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO AMBIENTAL; EMPRESA; DAÑO AMBIENTAL; PREVENCIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Familia Julien Grisonas v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4.1 (vida), 5.1, 5.2 (integridad personal) y 7.1 (libertad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y con lo dispuesto en el artículo I, inciso a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Asimismo, concluyó que había violado los artículos 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con sus artículos 1.1 y 2 y con los artículos I, inciso b) y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
1. Delitos de lesa humanidad. Desaparición forzada de personas. Dictadura. Tipicidad. Prevención e investigación. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
“[L]a Corte Interamericana ha verificado la consolidación internacional en el análisis de la desaparición forzada, calificada como una grave violación de derechos humanos, por lo que su prohibición ha alcanzado el carácter de ius cogens, y cuyos elementos constitutivos son los siguientes: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada” (párr. 127).
“[L]as circunstancias descritas determinan que también en este caso fueron ejecutados actos que deben calificarse como desaparición forzada. En efecto, de acuerdo a la definición contenida en el artículo II de la CIDFP y la jurisprudencia de esta Corte, una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control o de proporcionar información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos. Por ende, la Corte considera que se configuraron los elementos de la desaparición forzada” (párr. 141).
“[E]n el análisis de [los hechos que damnificaron al señor Julien], a diferencia de lo ocurrido con el resto de miembros de la familia Julien Grisonas, las autoridades internas no fueron consecuentes con la gravedad de lo ocurrido, con el contexto en el que sucedió y, en definitiva, con la violación compleja de derechos humanos que conlleva la desaparición forzada de personas. En definitiva, la falta de aplicación del tipo penal autónomo de desaparición forzada incidió en un enfoque aislado y fragmentado de los hechos, sin atender, de manera integral, a sus múltiples elementos complejamente interconectados, lo que habría repercutido en que, hasta la fecha, no se haya esclarecido ni exista sanción respecto de lo ocurrido en perjuicio del señor Julien Cáceres” (párr. 206).
2. Delitos de lesa humanidad. Desaparición forzada de personas. Acceso a la justicia. Prevención e investigación. Plazo razonable. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
“[L]a obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana […]. [E]n casos de desapariciones forzadas, tal obligación se ve reforzada por el artículo I, inciso b), de la CIDFP. En congruencia con lo anterior, ante la particular gravedad de la desaparición forzada de personas y la naturaleza de los derechos lesionados, han alcanzado el carácter de ius cogens tanto la prohibición de su comisión, como el correlativo deber de investigar y sancionar a los responsables” (párr. 164).
“[T]oda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En definitiva, el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables” (párr. 167).
“[D]e acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención Americana y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. La evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse” (párr. 176).
“En lo que concierne […] a la afectación generada en las personas interesadas por la demora de los procesos, es pertinente recordar que la naturaleza pluriofensiva y continuada de la desaparición forzada genera, a su vez, una afectación permanente en los familiares de las personas desaparecidas, en este caso, [sus hijos], quienes se encuentran a la expectativa del esclarecimiento de lo ocurrido y de conocer el paradero de su padre y de su madre. Por ende, el retardo en el trámite y resolución de los procesos judiciales continúa incidiendo de manera relevante en la situación jurídica de las presuntas víctimas, lo que exige mayores esfuerzos en la agilización de las causas” (párr. 189).
“En consecuencia, la demora excesiva de los distintos procesos incoados para juzgar los hechos del presente caso generó la violación a la garantía del plazo razonable. Por su parte, en lo que concierne a los específicos hechos cometidos en perjuicio del señor Mario Roger Julien Cáceres, al estar pendiente el juzgamiento y sanción de los responsables, es decir, a 45 años de iniciada su desaparición, el Estado ha incumplido su obligación de esclarecer tales hechos, lo que determina, a su vez, el incumplimiento de lo previsto en el inciso b) del artículo I de la CIDFP” (párr. 190).
3. Delitos de lesa humanidad. Desaparición forzada de personas. Prevención e investigación. Debida diligencia. Derecho a la verdad.
“[S]in desconocer la complejidad que conlleva la búsqueda de una persona desaparecida en contextos como el ocurrido […], la obligación del Estado de investigar el paradero y, de ser el caso, localizar los restos de la señora Grisonas Andrijauskaite […] debe comprender todos los esfuerzos posibles, realizados de manera sistemática, rigurosa y con los medios adecuados e idóneos, incluso mediante la solicitud de cooperación a otros Estados, todo lo cual no se entiende cumplido a partir de lo informado” (párr. 213).
“Si bien no se ha declarado el incumplimiento de la debida diligencia en lo que atañe a las investigaciones penales, la Corte destaca el carácter autónomo de la obligación de buscar y localizar a las personas desaparecidas, la que debe ser cumplida con eficiencia, en forma integral, adecuada y diligentemente, con independencia de aquellas investigaciones. Esta obligación autónoma se encuentra estrechamente relacionada con el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos. De esa cuenta, el Tribunal concluye que el Estado no cumplió su obligación de llevar adelante una búsqueda sistemática, rigurosa y con la debida diligencia del paradero de la señora Grisonas Andrijauskaite” (párr. 214).
“[S]i bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, su naturaleza es amplia y, por tanto, su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la Convención Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso. En el presente caso, después de 45 años, se desconoce el paradero o el destino de los restos de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, y no se tiene información concluyente respecto de los de Mario Roger Julien Cáceres. En tal sentido, al no haberse efectuado todos los esfuerzos necesarios y con la debida diligencia para averiguar la suerte y, en su caso, localizar los restos de la señora Grisonas Andrijauskaite, y ante la falta de atención a los requerimientos formulados para avanzar en las labores de búsqueda de los restos del señor Julien Cáceres y la subsiguiente omisión de comunicar oportunamente y por los medios adecuados un documento técnico con información detallada que daría respuesta a tales requerimientos, esta Corte declara la violación del derecho a conocer la verdad, en perjuicio de Anatole y Victoria, hijo e hija del matrimonio Julien Grisonas. En este caso dicha violación se enmarca en los derechos de acceso a la justicia y a ser informados, conocer y participar en las labores de búsqueda que ampara a los familiares de las personas desaparecidas” (párr. 221).
4. Delitos de lesa humanidad. Desaparición forzada de personas. Reparación. Acceso a la justicia. Daños y perjuicios. Prescripción.
“[En el caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile], la Corte señaló que, ‘[e]n la medida en que los hechos que dieron origen a las acciones civiles de reparación de daños han sido calificados como crímenes contra la humanidad, tales acciones no deberían ser objeto de prescripción’. Complementa lo indicado en aquella Sentencia, con aplicación concreta para el presente caso, lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, el cual destacó que, ante la gravedad de la desaparición forzada de personas, ‘el paso del tiempo no debe utilizarse para obstaculizar la presentación de demandas civiles’” (párr. 231).
“Como cabe advertir, el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no corresponde con el estándar internacional que prohíbe la aplicación de la prescripción a las acciones judiciales promovidas para obtener reparaciones por los daños derivados de graves violaciones a los derechos humanos. Para mayor claridad, es preciso señalar que la inaplicabilidad de la prescripción se afirma tanto respecto de acciones judiciales, civiles, contencioso administrativas o de otra naturaleza, así como de procedimientos administrativos que, estando a su disponibilidad, sean instados por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a efecto de reclamar las reparaciones correspondientes” (párr. 233).
“En consecuencia, el criterio sustentado por la Corte Suprema en el caso concreto resultó violatorio de los derechos de las presuntas víctimas a reclamar judicialmente las reparaciones pertinentes por los daños ocasionados ante los graves hechos perpetrados en su contra y de sus padres biológicos, lo que vulneró su derecho de acceso a la justicia” (párr. 234).
DELITOS DE LESA HUMANIDAD; DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; DICTADURA; TIPICIDAD; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; ACCESO A LA JUSTICIA; PLAZO RAZONABLE; DEBIDA DILIGENCIA; DERECHO A LA VERDAD; REPARACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; PRESCRIPCIÓN;
González y otros v. VenezuelaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a las garantías judiciales reconocidos en los artículos 5.1, 5.2, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Principio de legalidad. Arbitrariedad. Privación ilegal de la libertad. Tutela judicial efectiva. Plazo razonable.
“La ilegalidad de una privación de libertad […] se presenta cuando no se observa la normativa interna aplicable. La Corte ha explicado que la restricción del derecho a la libertad personal ‘únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal)’” (párr. 95).
“En relación con el requisito de legalidad y las facultades policiales para la detención de personas, la Corte entiende pertinente recordar que un incorrecto actuar de fuerzas policiales representa ‘una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal’. Es preciso, entonces, que las regulaciones que determinen facultades de los funcionarios policiales relacionadas con la prevención e investigación de delitos, incluyan referencias específicas y claras a parámetros que eviten detenciones arbitrarias o contrarias a mandatos constitucionales. Las detenciones que ocurren sin flagrancia u orden judicial deben ser excepcionales, por lo que las facultades policiales para ello que estén legalmente establecidas deben ser entendidas en forma restrictiva. Asimismo, a fin de salvaguardar la excepcionalidad y estricta legalidad de una detención efectuada por la policía sin orden judicial, resulta necesario que exista la obligación legal de que los funcionarios intervinientes dejen asentadas las razones o motivos que, en aplicación de las causales que establezca la ley, habrían justificado una detención” (párr. 96).
“[L]a arbitrariedad de una privación de libertad […] no se identifica con la contradicción con la ley, sino que resulta más amplia, en tanto que incluye elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. De ese modo, resulta arbitraria la privación de libertad ejecutada por ‘causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad’” (párr. 97).
“[L]a garantía del control judicial prevista por el artículo 7.5 de la Convención […], para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse ‘sin demora’. La misma disposición, además, establece que una persona detenida debe ser ‘juzgada dentro de un plazo razonable’ o ‘puesta en libertad’ aun si continúa el proceso. El sentido de esta norma indica que las medidas privativas de la libertad durante el proceso penal son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales; en particular, la norma se refiere al de no comparecencia al juicio” (párr. 100).
2. Prisión preventiva. Principio de inocencia. Principio de excepcionalidad. Arbitrariedad. Riesgos procesales. Motivación. Deber de fundamentación. Revisión judicial.
“[S]iendo la prisión preventiva una medida cautelar, no punitiva, su aplicación se ve limitada por el principio de presunción de inocencia […], según el cual una persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. Por ello, la procedencia o legitimidad de la privación preventiva de la libertad no puede presumirse, sino que debe fundarse en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal, y no puede tener como razones suficientes, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa […]. Mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de las finalidades válidas que puede perseguir la medida equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada, ‘lo que atentaría no solo contra el derecho a la libertad personal sino también contra la presunción de inocencia contemplada en el artículo 8.2 de la Convención’” (párr. 102).
“[P]ara no resultar arbitraria una medida preventiva privativa de la libertad […], la misma debe observar diversos recaudos, entre los que se encuentran que esté sustentada no sólo en indicios de responsabilidad penal, sino que también se justifique por finalidades legítimas compatibles con el tratado: procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. La medida, además, entre otros recaudos, debe estar sujeta a revisión periódica” (párr. 114).
“[D]ada la presunción de inocencia […], es una regla general que la persona imputada afronte el proceso penal en libertad. Ya se ha dicho que mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines procesales que justifican la necesidad de cautela a través de una medida de detención, equivaldría a una pena anticipada, en transgresión a la presunción de inocencia […]. En tanto que las privaciones preventivas de la libertad se dictaron y mantuvieron sin que se acreditara el cumplimiento de los fines procesales aludidos, las mismas resultaron contrarias a esta garantía, tanto en su inicio como durante todo el tiempo que se extendieron” (párr. 120).
“[L]a autoridad judicial no efectuó un examen adecuado de los alegatos sobre la falta de prueba de posible fuga o entorpecimiento de las investigaciones. La falta de motivación adecuada al respecto implicó una negación al derecho a recurrir las detenciones, pues el mismo requiere que las autoridades judiciales realicen un análisis adecuado de la legalidad de la privación de libertad, y la mera invocación de una disposición legal no satisface este requisito” (párr. 131).
3. Personas privadas de la libertad. Prisión. Condiciones de detención. Prisión preventiva. Presunción de inocencia. Confinamiento. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[E]l artículo 5.4 de la Convención Americana […] ‘impone a los Estados la obligación de establecer un sistema de clasificación de los reclusos en los centros penitenciarios, de manera que se garantice que los procesados sean separados de los condenados y que reciban un tratamiento adecuado a su condición de persona no condenada’. Además, ha establecido que ‘la separación de los procesados y de los condenados requiere no solamente mantenerlos en diferentes celdas, sino también que estas celdas estén ubicadas en diferentes secciones dentro de un determinado centro de detención, o en diferentes establecimientos si resultara posible’” (párr. 143).
“[L]a garantía prevista en el artículo 5.4 de la Convención puede entenderse como un ‘corolario del derecho de una persona procesada a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, el cual está reconocido en el artículo 8.2 de la Convención’, pues alojar a una persona procesada junto a personas condenadas implica darle a la primera un trato correspondiente a personas cuya responsabilidad penal fue debidamente determinada” (párr. 144).
“[E]l Estado debe evitar que las medidas de protección que eventualmente se vea compelido a adoptar para proteger a las personas bajo su custodia resulten, en sí mismas, en una violación a los derechos de tales personas. En ese sentido, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ha señalado que ‘[e]l confinamiento en solitario, el aislamiento y la segregación administrativa no son métodos apropiados para garantizar la seguridad de las personas, […] y solo pueden justificarse si se utilizan como último recurso, en circunstancias excepcionales, durante el tiempo más corto posible y con unas salvaguardias de procedimiento apropiadas’. El aislamiento o segregación de una persona privada de su libertad, aun con la finalidad de brindarle protección, puede, de acuerdo a las circunstancias, constituir una vulneración de la prohibición de la tortura y malos tratos” (párr. 152).
DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PLAZO RAZONABLE; PRISIÓN PREVENTIVA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; RIESGOS PROCESALES; MOTIVACIÓN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; REVISION JUDICIAL; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN; CONDICIONES DE DETENCIÓN; CONFINAMIENTO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE;
X v. PoloniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Polonia era responsable por la violación del artículo 14 (no discriminación) en conjunto con el artículo 8 (Derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Familia. Responsabilidad parental. LGBTIQ. Igualdad. No discriminación. Orientación sexual. Identidad de género. Estereotipos de género.
“El artículo 14 protege contra el trato desigual entre personas que se encuentran en situaciones similares. A los efectos de este artículo, una diferencia de trato es discriminatoria si ‘no tiene una justificación objetiva y razonable’, esto es, si no persigue un ‘fin legítimo’ o si no hay una ‘relación adecuada de proporcionalidad’ entre el medio empleado y el objetivo buscado” (cfr. párr. 69).
“La prohibición de discriminación del artículo 14 del Convenio cubre de manera adecuada cuestiones relacionadas con la orientación sexual y con la identidad de género. [A]l igual que las diferencias por motivos de género, las diferencias basadas en la orientación sexual requieren de ‘fundamentos particularmente convincentes y de peso’ para ser justificadas. Cuando una diferencia de trato se basa en el género o la orientación sexual de una persona, el margen de apreciación del Estado es estrecho […]. Las diferencias basadas exclusivamente en cuestiones de orientación sexual son inaceptables bajo el Convenio (cfr. párr. 70)”.
“La referencia discriminatoria sobre la importancia de un modelo masculino para la crianza del niño, cuya necesidad al parecer aumentaría a medida que creciera, fue un factor decisivo para denegarle a la solicitante el cuidado de su hijo menor” (cfr. párr. 90).
“[A]l denegarle a la solicitante la plena responsabilidad parental y los deberes de cuidado respecto de su hijo menor, las autoridades locales realizaron una distinción basada, toda o en gran parte, en consideraciones relativas a su orientación sexual, una distinción que no es aceptable bajo el Convenio” (párr. 92).
2. Familia. Responsabilidad parental. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida privada y familiar. Interés superior del niño. Estereotipos de género.
“Que un progenitor y su hijo puedan disfrutar mutuamente de su compañía es un elemento esencial de la vida familiar, y las disposiciones locales que lo impidan representan una intromisión en el [Derecho a la vida privada y familiar]. Cualquier injerencia de este estilo constituye una violación al artículo salvo que sea ‘de acuerdo a la ley’, persiga un fin o fines legítimos […] y pueda ser considerado ‘necesario en una sociedad democrática’” (cfr. párr. 71).
“[E]n lo que respecta a la vida familiar del niño, existe un amplio consenso, incluso en el derecho internacional, a favor de la idea de que en todas las decisiones que involucren a niños, su interés superior resulta de suma importancia. [E]n los casos que involucran deberes de cuidado e impedimentos de contacto, el interés superior del niño debe prevalecer ante cualquier otra consideración” (cfr. párr. 86).
"[E]l Tribunal no está convencido de que los argumentos en los que se basó la justicia local fueran apropiados para alcanzar el fin propuesto de proteger el interés superior [del hijo menor]. [L]as referencias a la necesidad de un ‘modelo masculino’ se repitieron en cada etapa del procedimiento como una consideración esencial a tener en cuenta para evaluar el interés superior del niño […]. Esta visión estereotipada no se encontraba sustentada por el informe pericial, que mostraba que el hijo menor estaba bien adaptado mientras vivía con su madre y que consideraba que su hogar era con ella” (cfr. párr. 87).  
“Cuando una persona ya conformó un hogar con su pareja, la actitud de esa pareja y el rol que desempeñará en la vida cotidiana del niño que se incorpora al hogar exigen un análisis exhaustivo a la luz del interés superior del niño. Sin embargo […], en el presente caso las autoridades locales nunca examinaron las actitudes de la pareja de la solicitante ni el rol que jugaba. Fue el impacto de la relación de la solicitante con su pareja lo que fue evaluado de forma negativa para analizar sus capacidades como madre” (cfr. párr. 88).
FAMILIAS; RESPONSABILIDAD PARENTAL; LGBTIQ; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ORIENTACIÓN SEXUAL; IDENTIDAD DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Acción de inconstitucionalidad 148-2017Suprema Corte de Justicia de México
La Suprema Corte de Justicia de México declaró la invalidez del artículo 196 y de las porciones normativas pertinentes de los artículos 198 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
1. Aborto. Género. Autonomía personal. Autodeterminación. Igualdad. No discriminación. Perspectiva de género. Estereotipos de género.
“[L]a presente Acción impone –como tema central– revisar si es constitucional sancionar con pena de prisión a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo (y, en su caso, a la persona que con consentimiento de ella ejecute ese acto)” (párr. 43).
“[E]ste Tribunal Pleno guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con perspectiva de género como método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar a partir de las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. El acercamiento a la problemática definida parte de cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria” (párr. 46).
“[E]l derecho de la mujer a decidir (y cuya titularidad se extiende, por supuesto, a las personas con capacidad de gestar) es resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la noción esencial de que es intrínseco a la persona humana la disposición de su libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. El sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva” (párr. 52).
2. Aborto. Género. Principio de dignidad humana. Autodeterminación. Libertad individual.
“[E]n el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como el presupuesto esencial del resto de los derechos fundamentales en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad” (párr. 59).
“Este derecho fundamental constituye además una norma jurídica viva que no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta –en su núcleo más esencial– como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada” (párr. 60).
“Eso que llamamos dignidad de la persona humana se apoya en dos pilares, la conciencia y la libertad, como punto de partida hacia la máxima realización del libre desarrollo de la personalidad singular. En el caso específico de las mujeres, este derecho adquiere los matices connaturales a sus rasgos y a las características que las definen, de manera que su dignidad funge como precondición para que puedan decidir sobre sí mismas y su proyección hacia los demás” (párr. 61).
“La dignidad humana reconoce la especificidad de la condición femenina y —puesta en perspectiva con los elementos que enseguida serán reseñados—, se funda en la idea central de que la mujer puede disponer libremente de su cuerpo y puede construir su identidad y destino autónomamente, libre de imposiciones o transgresiones, esta concepción no puede ser de otra manera, pues parte de reconocer los elementos que definen a las personas con capacidad de gestar y el despliegue de las libertades mínimas para el desarrollo de su vida en plenitud” (párr. 62).
3. Aborto. Género. Autonomía personal. Autodeterminación. Maternidad. Estereotipos de género. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la intimidad.
“Dentro de la narrativa de la dignidad humana que, como se describió, es fuente y origen del resto de las prerrogativas de carácter específico, tienen un rol protagónico la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la protección del ámbito de la vida privada de las personas, pues consisten en la capacidad de elegir y materializar libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros o del propio poder estatal” (párr. 63).
“La autonomía y el libre desarrollo de la personalidad brindan cobertura a la ‘libertad de acción’ que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad, así como también brinda protección a una ‘esfera de privacidad’ en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. En el tópico que aquí concierne, la manifestación directa es que la decisión de la mujer de ser madre o no está tutelada por los alcances de este derecho, a partir de que ella es la única que por su intrínseca dignidad puede decidir el curso que habrá de tomar su vida, de manera tal que debe reconocerse la existencia de un margen mínimo de decisión íntima de interrumpir o continuar su embarazo” (párr. 66).
“[E]n el ejercicio del control constitucional judicial de leyes y actos del Estado, es preciso ser particularmente escrupuloso en la identificación de los casos que representan una intromisión del poder del Estado en la vida privada de las mujeres  y de las personas gestantes, pues la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad protege esta vertiente específica de conducir la vida a partir de las decisiones individuales, sin que éstas puedan ser limitadas mediante el uso del aparato estatal y menos aún del poder punitivo” (párr. 70).
“De esta forma, el derecho a decidir funge como instrumento para ejercer el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y el derecho a la vida privada, de manera que le permite a la mujer, en relación con la posibilidad de ser madre, elegir quien quiere ser, pues no puede perderse de vista que, desde esta apreciación, se reconoce que en la maternidad subyace la noción de voluntad, de deseo de que la vida personal atraviese por tal faceta. En el seno de esta controversia debe partirse del reconocimiento de la individualidad de las mujeres y su identidad, de modo que esta es la razón por la que la libertad se juzga tan personal, tan íntima, tan fundamental, lo que constituye la raíz de la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección” (párr. 72).  
“No tiene cabida, para anular el derecho a decidir, una postura de corte paternalista que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser ‘protegidas’ de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva, pues ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, plenamente consciente de las decisiones que –conforme a su proyecto de vida– son las que considera más convenientes” (párr. 73).
4. Aborto. Autodeterminación. Democracia. Libertad de cultos. Libertad de expresión.
“Si bien en una democracia del tipo deliberativo se debe aceptar la expresión de ideas de todo tipo de contenido, lo que comprende la expresión de ideas religiosas o espirituales, ello no significa que el Estado pueda hacer propias o cristalizar en su sistema jurídico reglas nutridas por ese contenido y que se corresponden con el ámbito individual y privado de las personas” (párr. 78).
“La laicidad debe ser concebida como una cualidad democrática, ya que significa que el Estado respeta y valora positivamente que las personas tengan creencias religiosas, éticas, ideológicas y de conciencia, pero se asegura que el Estado y las confesiones religiosas se encuentren separados. Esta óptica permite advertir que la constitucionalización del derecho a decidir reconoce la existencia de una multiplicidad de perfiles éticos, de conciencia y de religión, y se define como un presupuesto para la coexistencia armónica de cualquier convicción, en el sentido de que su diseño evita la imposición de cualquier visión por encima de otra, entendiendo al ser humano como racional y responsable de sus propias decisiones en pleno respeto de la propia autodeterminación” (párr. 79).
“Estás puntualizaciones son elementos clave para asegurar una convivencia plural como parte del núcleo de una sociedad democrática, de manera que es indispensable convenir en el respeto mutuo e irrestricto de las creencias y principios individuales y de la construcción personalísima de cada plan de vida y, se reitera: sin la imposición de un criterio por encima de otro, destacadamente, en aquellos tópicos sumamente complejos y que sólo pueden ser resueltos en un ámbito de privacidad y conforme a las más íntimas convicciones personales. Simultáneamente, esta posición constituye un rechazo tajante a la posibilidad de imponer –a través del uso del poder estatal– criterios que únicamente se corresponden con la conciencia individual” (párr. 82).
5. Aborto. Autodeterminación. Igualdad. No discriminación. Maternidad. Estereotipos de género. Derechos reproductivos.
“[E]l reconocimiento del derecho a elegir tiene la pretensión de eliminar la posibilidad de que exista una discriminación basada en género en materia de maternidad y derechos reproductivos. Se trata de reconocer que la mujer puede desplegar estos derechos desde sus propias características, en un plano de igualdad de género que privilegie la capacidad femenina de tomar decisiones responsables sobre su plan de vida e integridad corporal” (párr. 86).
“El derecho a decidir se construye sobre la igualdad de género que supone la eliminación de los estereotipos que pueden asignarse a la mujer en relación con su disfrute del derecho a la sexualidad. Además, en la libertad de decisión en materia reproductiva, se trata de disociar el constructo social tradicional que empató los conceptos femenino y maternidad, para subrayar que esto último ‘no es destino, sino una acción que, para ejercerse a plenitud, requiere ser producto de una decisión voluntaria’” (párr. 88).
“El mandato de igualdad jurídica del hombre y la mujer ante la ley, conforme a lo dicho, se traduce en que, frente a supuestos que garanticen que la mujer quedará sujeta a un ámbito de vida no elegido –y que impliquen que no podrá desempeñarse de la misma forma que los hombres– y otro en la que ella podrá contar con mayores oportunidades, se debe preferir este último” (párr. 104).  
6. Aborto. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Derechos sexuales. Violencia obstétrica. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la intimidad. Maternidad.
“[N]o es suficiente con tener libertad para adoptar, autónomamente, las decisiones acerca de la propia salud y la libertad reproductiva, pues es fundamental contar con la correlativa asistencia para poder ejecutarlas adecuadamente, es decir, una decisión sobre la propia salud, como terminar un embarazo, no puede ser interferida arbitrariamente y, además, debe existir toda la infraestructura para poder llevarla a cabo: servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad” (párr. 121).
“La constitucionalización del derecho a decidir, permite sostener que no tiene cabida […] un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación, lo que además conllevaría una lesión de origen a su integridad psicoemocional al limitar las posibilidades en relación con su plan y proyecto de vida, e impediría alcanzar el bienestar integral en su carácter de meta permanente del derecho a la salud” (párr. 128).
“[L]os pilares que sostienen el derecho a decidir la vida reproductiva irradian elementos que, unidos, configuran la noción de justicia reproductiva que comprende el derecho a la autodeterminación de la mujer, vinculado al principio más amplio de autonomía corporal que es el derecho a la integridad física y psicológica. La decisión de ser madre o no, una vez que ha ocurrido el momento de la concepción y conforme a la intrínseca dignidad de la mujer, se debe presumir racional y deliberada, que considera a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad en términos de realización y responsabilidad individual” (párr. 129).
“La libertad reproductiva, en su vertiente específica del derecho a decidir, implica que no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer, y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas (físicas y psicológicas), económicas, familiares, sociales, entre otras” (párr. 130).
“Los servicios de salud deben garantizar, desde la primera aproximación y contacto con la mujer interesada, que no exista una invasión a su esfera de intimidad que implique atentados contra su dignidad; en ese entendimiento, deben abstenerse por completo de utilizar técnicas que, de forma violenta o no, tiendan a cuestionar o imposibilitar el acceso a la interrupción del embarazo” (párr. 160).
7. Aborto. Derecho penal. Género. Derecho penal. Tipicidad. Principio de lesividad. Violencia de género. Protección integral de la mujer. Vulnerabilidad.
“Estimar contrario a la moral la acción de interrumpir el embarazo y, en esa medida, traducir esa valoración en el establecimiento de medidas de orden penal, no puede ser considerado un fin legítimo que sustente la racionalidad de la norma, pues el debate sobre su moralidad o inmoralidad debe reservarse al ámbito íntimo de cada persona, pero de ninguna manera debe dar contenido a la política criminal. El derecho penal, en su carácter de último recurso estatal para proteger bienes jurídicos, no debe involucrar –ni en su construcción ni en su uso– corrientes o posturas ideológicas de orden moral en relación con la interrupción del embarazo” (párr. 223).
“[L]la vía punitiva diseñada por la legislatura estatal no concilia el derecho de la mujer a decidir con la finalidad constitucional, sino que lo anula de manera total a través de un mecanismo –el más agresivo disponible– que no logra los fines pretendidos (inhibir la práctica de abortos) y, correlativamente, produce efectos nocivos como: puesta en riesgo de la vida e integridad de la mujer, criminalización de la pobreza, y descarta otras opciones de tutela de carácter menos lesivo que parten del trabajo conjunto con la mujer embarazada y que reconocen el ámbito privado en que desenvuelve el vínculo único que existe entre ella y el producto de la concepción” (párr. 228).
“En atención a que el derecho a decidir, como se vio, está construido sobre pilares con implicaciones individuales propias, la tipificación que anula por completo esa prerrogativa de la mujer se traduce –en automático– en la vulneración inmediata de todos los elementos involucrados: se trastoca la dignidad de la mujer frente al desconocimiento de sus propias características que la individualizan y la definen; se afecta trascendentalmente su autonomía y libre desarrollo de la personalidad al impedirse la posibilidad de elegir el propio plan y proyecto de vida conforme a sus íntimas convicciones; se crea un mecanismo de violencia de género que refuerza roles –la maternidad como destino obligatorio– que repercuten en la imposibilidad de alcanzar la igualdad jurídica y se lesiona su salud mental y emocional ante la imposibilidad de plantearse alternativas de decisión, de conducción de la vida propia, lo que a su vez genera el impedimento de alcanzar el más pleno bienestar” (párr. 236).
“[E]l empleo del derecho penal no puede comprender la afectación de otros derechos fundamentales sobre la pretendida finalidad de brindar cobertura total a un bien constitucionalmente relevante, tal y como fue desarrollado en esta sentencia en relación con la inexistencia de derechos y bienes de carácter absoluto” (párr. 250).
“La legitimidad del derecho penal en este caso es inexistente cuando ha excedido sus propias finalidades, no sólo no brinda la pretendida tutela al bien jurídico que busca proteger, sino que, además, se asocia a la producción de una multiplicidad de resultados perjudiciales para todos los componentes involucrados. La disposición en comento constituye un uso ilegítimo del poder coercitivo del Estado, pues se sostiene en la afectación a grupos que históricamente han visto mermados sus derechos, las mujeres, y agudiza otros escenarios de desigualdad social, como en el caso ocurre con los grupos sociales menos favorecidos en educación y económicamente, y que adolecen de precariedad en el acceso a servicios de salud, tratamientos psicológicos, y en general carecen de recursos y medios en todos los rubros previamente enunciados” (párr. 267).
ABORTO; GÉNERO; AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD; AUTODETERMINACION; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; LIBERTAD INDIVIDUAL; MATERNIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTIMIDAD; DEMOCRACIA; LIBERTAD DE CULTOS; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS SEXUALES; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; DERECHO PENAL; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VULNERABILIDAD;
Barbosa de Souza y otros v. BrasilCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Brasil era responsable por la violación de los artículos 5.1 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento y con el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
1. Violencia de género. Femicidio. Debida diligencia. Inmunidades parlamentarias. Acceso a la justicia. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“La inmunidad parlamentaria es un instituto que ha sido ideado como una garantía de independencia del órgano legislativo en su conjunto y de sus miembros, y no puede concebirse como un privilegio personal de un parlamentario. En esta medida, cumpliría el rol de garantía institucional de la democracia. No obstante, bajo ninguna circunstancia, la inmunidad parlamentaria puede transformarse en un mecanismo de impunidad, cuestión que de suceder, erosionaría el Estado de derecho, sería contrario a la igualdad ante la ley y haría ilusorio el acceso a la justicia de las personas afectadas” (párr. 100).
“[P]ara evitar una decisión arbitraria, la Corte considera que el órgano legislativo debe motivar su decisión de levantamiento o no de la inmunidad procesal. Ello, porque esta decisión, necesariamente, impactará tanto los derechos del parlamentario relacionados con el ejercicio de sus funciones, como el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las supuestas infracciones penales atribuidas a este mismo parlamentario” (párr. 110).
“[P]or tratarse de un caso relativo a la muerte violenta de una mujer […], lo cual evidentemente no está relacionado con el ejercicio de las funciones de un diputado, la posibilidad del uso político de la acción penal debió haber sido analizada con aún más detenimiento y cautela, teniendo en consideración el deber de debida diligencia estricta en la investigación y sanción de hechos de violencia contra la mujer que exige el régimen convencional. Al contrario, el Tribunal advierte que ambas resoluciones de la Asamblea Legislativa de Paraíba demuestran que el órgano legislativo no analizó ni hizo ponderación alguna entre un eventual fumus persecutionis de la acusación del Ministerio Público y el derecho de acceso a la justicia de los familiares de [la víctima] y la exigencia de investigar con debida diligencia estricta hechos de violencia contra la mujer” (párr. 120).
“[E]l marco jurídico […] en Brasil, para la fecha de los hechos, obstaculizó de forma arbitraria el acceso a la justicia de los familiares de [la víctima], al no prever los criterios que debían tomarse en cuenta en el análisis de la solicitud de licencia previa, la necesidad de motivación de la decisión o el plazo para la resolución final. Además, la falta de motivación de las dos decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa de Paraíba indica que no se procedió a la realización de un riguroso test de proporcionalidad, por el cual, se tomaría en cuenta el impacto al derecho de acceso a la justicia de las personas que podrían verse afectadas por dichas decisiones” (párr. 121).
2. Violencia de género. Femicidio. Acceso a la justicia. Debida diligencia. Tutela judicial efectiva. No discriminación. Prevención e investigación. Perspectiva de género. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).
“[C]uando existen indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género. La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia” (párr. 125).
“[L]a debida diligencia estará demostrada en el proceso penal si el Estado logra probar que ha emprendido todos los esfuerzos, en un tiempo razonable, para permitir la determinación de la verdad, la identificación y sanción de todos los responsables, sean particulares o funcionarios del Estado” (párr. 127).
“[E]l deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Además, la investigación debe ser seria, objetiva y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos” (párr. 128).
“Cabe recordar que, en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales previstas por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, con las obligaciones provenientes de la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b), dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la ‘debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer’. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección” (párr. 129).
“[E]l deber de investigar tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. A menudo es difícil probar en la práctica que un homicidio o acto de agresión violento contra una mujer ha sido perpetrado por razón de género. Dicha dificultad a veces deriva de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades sobre el incidente violento y sus causas. Es por ello que las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual, de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada. Asimismo, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género” (párr. 130).
3. Género. Estereotipos de género. Violencia de género. Femicidio. Acceso a la justicia. Garantía de imparcialidad. Igualdad. No discriminación. Revictimización.
“[L]os prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes” (párr. 144).
“El Tribunal ya se posicionó anteriormente sobre la importancia de reconocer, visibilizar y rechazar los estereotipos de género por los cuales en los casos de violencia contra la mujer las víctimas son asimiladas, por ejemplo, al perfil de una pandillera y/o una prostituta y/o una ‘cualquiera’, y no se consideran lo suficientemente importantes como para ser investigados, haciendo además a la mujer responsable o merecedora de haber sido atacada. En este sentido, ha rechazado toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza de esta, toda vez que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio discrecional y discriminatorio con base en el origen, condición y/o comportamiento de la víctima por el solo hecho de ser mujer” (párr. 145).
“En el caso sub judice, la Corte verifica que existió una intención de devaluar a la víctima por la neutralización de valores. En efecto, durante toda la investigación y el proceso penal, el comportamiento y la sexualidad de [la víctima] pasaron a ser un tema de especial atención, provocando la construcción de una imagen de [la víctima] como generadora o merecedora de lo ocurrido y desviando el foco de las investigaciones a través de estereotipos relacionados con aspectos de [su] vida personal […], que a su vez fueron utilizados como hechos relevantes para el propio proceso. El hecho de que era una mujer representó un factor facilitador de que ‘el significado de lo ocurrido se construy[era] sobre estereotipos culturales generales, en lugar de centrarse en el contexto de lo ocurrido y en los resultados objetivos que arroje la investigación’” (párr. 146).
“[L]a investigación y el proceso penal por los hechos relacionados con el homicidio de [la víctima] tuvieron un carácter discriminatorio por razón de género y no han sido conducidos con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la Convención de Belém do Pará […]. Esta situación implica que, en el presente caso, no se garantizó el derecho de acceso a la justicia sin discriminación, así como el derecho a la igualdad” (párr. 150).
VIOLENCIA DE GÉNERO; FEMICIDIO; DEBIDA DILIGENCIA; INMUNIDADES PARLAMENTARIAS; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; NO DISCRIMINACIÓN; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; PERSPECTIVA DE GÉNERO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; IGUALDAD; REVICTIMIZACIÓN;
Resolución 659/21Tribunal Supremo de España
El Tribunal Supremo de España hizo lugar al recuso, revocó la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio.
1. Derecho a la última palabra. Derecho de defensa. Defensa material. Derecho a ser oído. Debido proceso. Principio de contradicción. Juicio oral. Asistencia letrada. Prueba. Apreciación de la prueba.
“Estamos ante un trámite esencial; no solo por lo simbólico –es algo más que un rito o un broche final– sino también porque representa la salvaguarda de un derecho fundamental, derivación del principio estructural de contradicción y consiguientemente del derecho de defensa. Éste comprende no sólo la asistencia de letrado libremente elegido o nombrado de oficio, sino también el derecho del acusado a defenderse personalmente”.
“[Así como se manifestó] en la STS 282/2020, de 4 de junio, ‘El derecho a la última palabra reconocido al acusado […] se inscribe plenamente en el derecho de defensa, pues otorga a quien ostenta esa condición la oportunidad de contradecir o someter a contraste todo el proceso probatorio, añadir lo que estime pertinente para su mejor defensa y facilitar la explicación que considere más ajustada a sus pretensiones, con una perspectiva mucho más amplia que aquella de la que pudo disponer en el momento de su interrogatorio. No en vano tal intervención se produce después de haber podido compendiar lo que ha ocurrido en el debate público y contradictorio que constituye la esencia del juicio oral. Se trata de que lo último que oiga el órgano judicial antes de dictar sentencia y tras la celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del propio acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa’”.
“El derecho a la última palabra es una expresión del derecho de autodefensa: se otorga al acusado la posibilidad de que el Tribunal incorpore sus manifestaciones –que son algo más que sus declaraciones– a los elementos de juicio, para apreciar la prueba en conciencia. Por eso [la norma] al detallar los referentes que ha de ponderar el Tribunal para adoptar una decisión final habla de las manifestaciones de los procesados que vienen constituidas no solo por sus declaraciones […] sino también por estas eventuales alegaciones finales”.
“Encierra una de las expresiones más genuinas del derecho de autodefensa. En palabras de la STS 891/2004, 13 de julio ‘la atribución de tal derecho al acusado, que en tiempo pretéritos pudo tener un valor ritual y formulario, en la actual etapa constitucional constituye un derecho fundamental, con contenido y cometido bien definidos, que no puede confundirse con el derecho de asistencia letrada, pues dentro del genérico derecho de defensa se incluye como una posibilidad procesal más la autodefensa del acusado. También debe diferenciarse del derecho a ser oído que a aquél le compete, y que generalmente lo habrá sido al inicio del juicio con ocasión de su interrogatorio. Pero amén de que en el interrogatorio no posee la iniciativa el acusado, tampoco en tal momento conoce el desarrollo del juicio, con todas las incidencias. Con el derecho a la última palabra, en cambio, puede matizar, completar o rectificar, todo lo que tenga por conveniente, y que no suple su abogado defensor. A través de la última palabra tiene la posibilidad de que el Tribunal incorpore a los elementos de juicio, para apreciar en conciencia, lo manifestado por éste’".
“En ese momento el acusado asume personalmente su defensa. Puede completar o matizar lo que ha podido decir su letrado; y puede introducir nuevos argumentos defensivos, también sobre la prueba, o subrayar alguno. Las labores de defensa que asume el letrado no son exclusivas o excluyentes. Puede completarlas el acusado en ese momento. No tiene la dirección técnica el monopolio de la valoración probatoria, o argumentación defensiva, ni siquiera de la valoración jurídica. Todo lo que es defensa, cabe en la autodefensa” (párr. tercero).
“’El derecho a la última palabra del acusado no lo es a verbalizar al tribunal los hechos relevantes para asegurar su mejor posición en la sentencia, sino el derecho a transmitir al tribunal aquello que a su criterio este último debe conocer para dictar una resolución justa, sea o no decisivo para su absolución o menor condena’” (párr. cuarto).
2. Derecho de defensa. Defensa material. Derecho a ser oído. Razonabilidad.
“[E]s obvio que hay ciertas limitaciones […] que vienen impuestas por la lógica, por la pertinencia, por el debido respeto a todos los intervinientes, y por la evitación de innecesarias reiteraciones o repeticiones. Pero no por otros elementos como la incapacidad de alterar un juicio que ya estaría formado; o la presunción o comprobación de que nada decisivo se puede aportar”.
“[Los precedentes de este Tribunal] evocan el amplio contenido que cabe en ese eventual alegato final del acusado, que no podrá ser innecesariamente reiterativo, que tendrá que ser pertinente, que habrá de ajustarse a razonables exigencias de cronómetro, pero que no puede ser previamente mutilado limitando su espectro a aseveraciones estrictamente novedosas y que no incluyan ni valoraciones sobre la prueba, ni cuestiones que entran dentro de las tareas asignadas a la dirección letrada”.
“Las limitaciones impuestas por la Sala a esas manifestaciones finales del acusado, excluyendo de su contenido todo lo que fuese valoración probatoria, todo lo que supusiese explicación jurídica de una normativa sectorial, todo lo que ya hubiese sido expuesto y, en definitiva, todo lo que hubiese sido ya objeto de exposición por la defensa, no son congruentes ni con la regulación legal de ese trámite ni con su finalidad, naturaleza y sentido, ni con la doctrina jurisprudencial que hemos reseñado”.
“Podemos concluir de esa forma que hubo un menoscabo del derecho de defensa como consecuencia de la devaluación de ese trámite final en que el acusado se vio privado de la posibilidad de exponer argumentos que quería volcar y que no podemos presumir que fueran impertinentes” (párr. tercero).
3. Derecho a la última palabra. Juicio oral. Derecho de defensa. Defensa material. Nulidad. Prueba. Carga de la prueba.
“La doctrina del TC ha oscilado en cuanto a las consecuencias de la omisión o menoscabo no procedente del derecho a la última palabra […]. La STC 35/2021, de 18 de febrero, tras hacer una muy completa recopilación de la doctrina constitucional sobre ese emblemático trámite, ofrece argumentos que le llevan a precisar que no es exigible la prueba por el afectado de una indefensión material que esté ligada a ese menoscabo”.
“[En dicha sentencia, el Tribunal estableció que] ’ha de considerarse vulnerado el derecho a la defensa […] en todos los casos en los que, no habiendo renunciado expresamente a su ejercicio, se haya privado al acusado del derecho a la última palabra, sin que para ello deba este acreditar en vía de impugnación contra la sentencia, la repercusión o relevancia hipotética de cómo lo que hubiera podido expresar al tribunal, habría supuesto la emisión de un fallo distinto’".
“Este novedoso estándar nos disculpa de la difícil tarea de escudriñar mediante hipótesis cómo podría haber incidido en la sentencia el alegato que el acusado no puedo efectuar; y exime también al recurrente de la carga de esa prueba para logra la nulidad; una nulidad que se impone a la vista del desarrollo argumental realizado” (párr. cuarto).
“[H]oy es claro que la declaración de nulidad como consecuencia de defectos en el reconocimiento y respeto pleno de ese derecho a la última palabra ha de conducir a la repetición del juicio sin que puedan salvarse los trámites anteriores del plenario al no ser escindible ese mecanismo de defensa. Queda contaminada toda la decisión y, por tanto, habrá de celebrarse el juicio nuevamente ante un Tribunal distinto” (párr. quinto).
DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA; DERECHO DE DEFENSA; DEFENSA MATERIAL; DERECHO A SER OIDO; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; JUICIO ORAL; ASISTENCIA LETRADA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; RAZONABILIDAD; NULIDAD; CARGA DE LA PRUEBA;
C-294/21Corte Constitucional de Colombia
La Corte Constitucional de Colombia declaró la inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2020.
1. Prisión perpetua. Principio de dignidad humana. Finalidad de la pena. Principio de reinserción social. Condiciones de detención. Hacinamiento. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Principio de culpabilidad.
“[E]l principio de la dignidad humana comprende a la persona como un fin en sí mismo, como un ser que cuenta con unas capacidades humanas encaminadas a vivir una existencia libre de violencia y de humillaciones. La dignidad humana prohíbe a las autoridades estatales tratar a las personas como medios o instrumentos y, en cambio, les exige ejercer el poder público con el objeto de asegurar condiciones mínimas de subsistencia que ayuden a las personas a cumplir con sus proyectos y propósitos de vida” (párr. 57).
“[U]no de los ejes que materializa la dignidad humana dentro de la política criminal es el reconocimiento de la resocialización de la persona condenada como objetivo principal de la pena. A propósito de ello, ante el fenómeno agravado de hacinamiento de las cárceles y establecimientos […], la Corte reiteró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario […]. Concluyó que la situación era de tal gravedad que el sistema no estaba cumpliendo con la función de prevención especial de la pena sobre la reincorporación efectiva y sana de la persona a la sociedad” (párr. 68).
“[C]uando se ha previsto por el legislador que una conducta debe ser sancionada con una pena, ésta debe obedecer a unos fines constitucionales. Tanto la definición de la pena como su ejecución deben ser fieles a los objetivos esenciales de un Estado Social y Democrático de Derecho, pues ‘(…) el contenido y la función de la pena no se pueden configurar (…) con independencia de la existencia del orden en el que se pune, ni de la comprensión de su sentido […]’. [E]n el marco de una sociedad democrática, fundada en el principio de la dignidad humana, se debe evitar a toda costa deshumanizar al delincuente, imponiéndole penas que configuren tratos crueles, inhumanos o degradantes” (párr. 71).
“Un sistema que se funda en el valor de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos como límites al poder estatal, no puede concebir dentro de su legislación cualquier medio de castigo para un condenado, pues se reconoce a la persona ante todo como un miembro del pacto social que tiene derechos inalienables y es un sujeto capaz de autodeterminarse. Así, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes están prohibidos por el ordenamiento nacional e innumerables instrumentos internacionales […]. Estas penas, aquellas que obedecen solo a un carácter vengativo, anulan la dignidad de la persona condenada y tienen como consecuencia marginarla del pacto social, por tanto, están prohibidas por el derecho internacional y el ordenamiento interno” (párr. 73).
“[L]a función esencial de la pena es la resocialización de la persona privada de la libertad, su reintegración a la sociedad y la continuación de su proyecto de vida. De tal forma, a pesar de que el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para determinar los delitos y la gradualidad de las penas, esto debe atender a los principios de legalidad, proporcionalidad y culpabilidad” (párr. 101).
2. Prisión perpetua. Finalidad de la pena. Principio de reinserción social. Principio de dignidad humana. Autodeterminación. Principio de legalidad. Trato cruel, inhumano y degradante. Salud mental.
“La dignidad humana [i]mplica comprender al ser humano como un fin en sí mismo y reconocer su derecho de autodeterminación y autonomía. La garantía de la resocialización es una forma de materializar la dignidad humana, pues reconoce la capacidad de autodeterminación de la persona condenada y su posibilidad de volver a la vida en comunidad. En contraste con ello, la pena de prisión perpetua significa que una persona debe pasar el resto de su vida natural en prisión, significa que, debido a la gravedad de la conducta cometida, el sistema le niega a la persona su capacidad de arrepentimiento, reflexión y cambio y lo margina para siempre de la sociedad. La pena de prisión perpetua es un tipo de ejecución de pena privativa de la libertad que al final suprime la vida y genera una ‘privación de futuro, un exterminio de la esperanza’. Es utilizar al individuo como un medio, volver al sujeto una herramienta del poder punitivo del Estado para alcanzar fines sociales que se consideran más valiosos –prevención general–, desconociéndose que la dignidad humana es un valor que se cercena al impedirle al individuo que cumplió una pena, volver a la sociedad” (párr. 134).
“Como lo ha establecido la Corte Constitucional, ‘la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y a condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias, desocializadoras. El Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización’. Parte de ello, es el deber del Estado de garantizar programas de trabajo y educación que reconozcan su autodeterminación. De manera pues, que la dignidad humana tiene una relación intrínseca con el fin resocializador de la pena privativa de la libertad” (párr. 136).
“[S]e cercena la dignidad humana al flexibilizarse el principio de legalidad penal, elemento que debe ser el más estricto al momento de imponerse una pena, toda vez que de ella también depende la seguridad jurídica ‘en la medida que cualquier castigo para ser impuesto requiere necesariamente la concreción legal de su duración y de su contenido’. La pena de prisión perpetua desconoce la legalidad, y en consecuencia la certeza y determinación de la pena, pues su duración es indefinida y será condicionada a la duración de la vida de la persona condenada. Esta situación tiene una impacto altísimo en la salud mental y cognitiva de la persona, pues el hecho de no saber hasta cuándo durará ese tiempo de encierro la obliga a tomar una posición de resignación, de desesperanza y de pérdida de todos los valores individuales” (párr. 138).
“Cualquier pena que infrinja la dignidad humana de la persona es inaceptable dentro del contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho. Forzar a una persona a abandonar la esperanza de retornar a la vida libre en comunidad, configura una denegación de la dignidad humana. La pena de prisión perpetua permanente, sin posibilidad de revisión y sin alternativa real de contar con una reducción o la libertad condicional […] constituye una pena cruel, inhumana y degradante proscrita por los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Además, tratándose de personas menores de edad, la pena de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación anula las expectativas de resocialización y constituye una pena desproporcionada que viola los derechos del niño, niña o adolescente condenado” (párr. 140).
3. Prisión perpetua. Libertad. Revisión judicial. Tutela judicial efectiva. Principio de dignidad humana. Finalidad de la pena. Principio de reinserción social.
“La finalidad esencial de las penas privativas de la libertad debe ser la readaptación y reforma social de los condenados. Una pena de prisión perpetua que establece la posibilidad de revisión de la condena en determinado tiempo pareciera cumplir con esta garantía. Sin embargo, tal como fue introducida la reforma en el texto de la Carta Política, permite concluir que es incierto e indeterminado el plazo en el que se llevará acabo la revisión de la condena y se deja un amplio margen de configuración legislativa para la posibilidad de reducción del mismo. Esta situación de incertidumbre vulnera el derecho a la dignidad humana de la persona privada de la libertad, quien al recibir una condena de prisión perpetua no tendrá la certeza sobre su posibilidad de lograr una puesta en libertad (expectativa de liberación). Adicionalmente, somete al sujeto a una amenaza constante de cumplir ciertos requisitos al interior de la prisión para lograr satisfacer los estándares de resocialización que exija la autoridad judicial de forma discrecional” (párr. 146).
“El solo hecho de contemplar un mecanismo de revisión de la pena de prisión perpetua no basta para garantizar el derecho de resocialización del condenado. La expectativa de ser puesto en libertad, así como la posibilidad de revisión de la pena, deben ser reales y materialmente alcanzables” (párr. 147).
“[L]a prisión perpetua genera una anulación del ejercicio de la libertad personal y la vulneración de múltiples derechos fundamentales, que tiene como consecuencia inevitable, el desconocimiento de la dignidad humana de la persona condenada. Debe reiterarse que la esperanza de reintegración social de la persona que comete un delito, después que purgue una condena necesaria, razonable y proporcionada, es una expresión de la dignidad humana” (párr. 194).
4. Política criminal. Prisión perpetua. Niños, niñas y adolescentes. Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Principio de dignidad humana. Principio de reinserción social.
“[E]l legislador colombiano ha adoptado medidas legislativas de diferente carácter para alcanzar la protección efectiva de los derechos de los NNA y protegerlos de la comisión de delitos contra su vida, integridad y libertad sexual […]. En materia penal, el principio del interés superior del menor se ve materializado en dos dimensiones: (a) en la obligación del Estado de prevenir, investigar, juzgar y sancionar severamente los delitos cometidos contra los NNA, así como eliminar algunos beneficios del procedimiento penal y la ejecución de las penas; y (b) el deber de reestablecer los derechos de los NNA víctimas de delitos a través de medidas de reparación y rehabilitación que aseguren la no repetición de los hechos y la no revictimización” (párr. 161).
“Sin embargo, el mandato constitucional de la prevalencia de los derechos de los NNA sobre los demás y la adopción de medidas con miras a lograr su protección especial no implica cercenar otros principios de carácter constitucional o abolir el goce y ejercicio de otros derechos, como la dignidad humana del infractor. El uso del derecho penal debe ser la última ratio dentro de un Estado de Derecho fundado en la dignidad humana. Así, en caso de acudirse a la vía penal, el Estado debe garantizar que la sanción impuesta tenga como objetivo la resocialización del infractor. A la luz de estas premisas, la Corte ha establecido que una lectura articulada y armónica entre la política criminal y el principio pro infans exige ‘no llevar al extremo el tratamiento penitenciario’ con el fin de proteger los derechos de los NNA” (párr. 162).
“[E]l foco para prevenir y atacar los delitos contra la vida e integridad sexual de los NNA no puede ser únicamente una pena severa, sino un sistema de justicia que garantice procesos judiciales efectivos que disminuyan tasas de impunidad. También, medidas integrales de prevención y de atención después de la condena cumplida por el infractor” (párr. 175).
PRISIÓN PERPETUA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; FINALIDAD DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE CULPABILIDAD; AUTODETERMINACION; SALUD MENTAL; LIBERTAD; REVISION JUDICIAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; POLÍTICA CRIMINAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Informe sobre niñez, libertad de expresión y medios de comunicación en las AméricasComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el derecho a la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes a la luz del principio de autonomía progresiva, el derecho a la privacidad y el interés superior del niño. Entre sus recomendaciones, señaló que las restricciones a la libertad de expresión deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática. Asimismo, consideró primordial el acceso a Internet para garantizar la participación en la esfera pública y la educación de niños, niñas y adolescentes. Por último, llamó a los Estados a adoptar e implementar políticas que integren el acceso de estas personas a los medios digitales y a las tecnologías de la información y comunicación, junto con una plena protección de sus derechos fundamentales.
1. Niños, niñas y adolescentes. Libertad de expresión. Derecho a la información. Derecho de publicar ideas. Autonomía progresiva.
“El derecho a la libertad de expresión tiene un contenido universal y alcanza a todas las personas, y en ningún caso puede interpretarse de forma contrapuesta al derecho a la protección de la privacidad y dignidad de niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, como se ha subrayado en diversas oportunidades, todos los derechos reconocidos en la Convención Americana conforman una relación dinámica e interdependiente, al tiempo que refuerzan y complementan la protección de la infancia. En definitiva, cualquier interpretación en una esfera tan importante para el desarrollo humano como la comunicación debe perseguir el fin de promover al máximo los intereses y el desarrollo de la niñez en dicho ámbito” (párr. 3).
“El derecho a la libertad de expresión constituye un principio único que cumple una función fundamental en el desarrollo de la capacidad que tienen los niños de pensar por sí mismos los asuntos que los afectan, y de ver el mundo desde su propia perspectiva. Es por ello que, tanto la Convención Americana como la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, reconocen expresamente que los NNA son titulares de modo directo y activo del derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la libertad para buscar, recibir y difundir información, así como para hacer conocer a la sociedad sus puntos de vista sobre los temas que les afectan o interesan, más allá incluso de los canales de comunicación que ofrezca el mundo adulto” (párr. 16).
“En el caso de la niñez, se hace evidente la importancia de la doble dimensión que caracteriza la libertad de expresión, la cual ha sido explicada en numerosas oportunidades por la jurisprudencia interamericana. En la dimensión individual, este derecho permite que los NNA expresen los propios pensamientos, ideas e informaciones. Por otra parte, en la dimensión colectiva o social, permite a la sociedad, la cual incluye a los NNA, procurar y recibir cualquier información, conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y estar bien informada” (párr. 17).
2. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la información. Facultad reglamentaria. Principio de proporcionalidad. Autonomía progresiva.
“[A]l establecer [restricciones a la libertad de expresión] siempre deben satisfacerse las condiciones impuestas por la propia Convención: es decir, deben estar previstas en la ley, tener un fin legítimo y estar en consonancia con la preservación de la sociedad democrática, lo que exige que las restricciones respondan a estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad. Es a la luz de estos requisitos que deben evaluarse entonces tanto las restricciones a los derechos a la libertad de expresión y del acceso a la información por parte de los menores de edad, así́ ́como las restricciones generales que buscan protegerles” (párr. 41).
“[D]e acuerdo con el requisito de necesidad, las limitaciones correspondientes deben en todo momento circunscribirse al ámbito de interés público que se quiere tutelar: los derechos e intereses de la niñez. Para que la restricción sea legitima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar una restricción, es decir, que tal objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse en forma razonable por un medio menos restrictivo de los derechos de expresión. Por ello, hay que evitar que tales medidas puedan igualmente utilizarse para limitar el acceso por parte de adultos a contenidos que caben dentro del marco del ejercicio de la libertad de expresión” (párr. 108).
“La orientación de los adultos en materia de expresión es necesaria, pero debe reducirse a medida que los menores de edad van madurando y adquiriendo conciencia de su propio pensamiento y opinión. Esta obligación de los adultos no debe ser entendida como un límite al derecho de niños y niñas a expresar sus demandas, ideas y pensamientos” (párr. 219).
3. Niños, niñas y adolescentes. Medios de comunicación. Internet. Derecho a la información. Derecho de publicar ideas. Igualdad.
“El acceso a internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos hoy en día, incluyendo especialmente los derechos a la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión, educación, salud y cultura. Conforme su naturaleza, en tanto medio inescindible del ejercicio pleno de determinados derechos, el acceso a internet debe garantizarse universalmente, adoptando medidas para cerrar la brecha digital, promoviendo políticas de desarrollo de infraestructura” (párr. 76).
“[E]s fundamental promover y reforzar la ciudadanía digital de los NNA, a fin de garantizar su plena y futura integración en una sociedad y en un mundo en el que las nuevas tecnologías juegan ya un papel central. Sin conectividad, la niñez pierde la capacidad de acceder a una parte cada vez más significativa de la esfera pública. Asimismo, los riesgos que entraña el uso de internet deben ser atajados con políticas adecuadas, por lo que cualquier medida en este terreno no deberá suponer una limitación a la libertad de expresión y el libre acceso a la información que circula en las redes” (párr. 78).
“Los Estados deben adoptar medidas para garantizar el acceso de los NNA a Internet en todos los entornos, teniendo en cuenta el papel central que juega en la promoción de todos los derechos de la niñez, en particular del derecho a la libertad de expresión, a la participación en la vida pública y a la educación. Para ello, es indispensable adoptar medidas de diferenciación positiva para cerrar la brecha digital respecto de niños de comunidades que tienen un acceso muy limitado o carecen de él” (párr. 225).
“Los Estados en los diferentes niveles educativos deben capacitar y alfabetizar a niñas y niños en el uso de Internet y otros medios, como recurso positivo que beneficia el proceso de formación de cada niño, sin perjuicio de capacitar respecto a las medidas que pueden adoptar padres y menores de edad para proteger la dignidad y privacidad de éstos, pero sin llegar a presentarlo como un medio de comunicación negativo o peligroso” (párr. 226).
4. Niños, niñas y adolescentes. Libertad de expresión. Derecho a la privacidad. Derecho a la intimidad. Materia penal. Principio de dignidad humana. Interés superior del niño. Interés público.
“[E]l respeto a la privacidad debe ser también un principio orientador del entorno digital. El derecho a la privacidad, según el cual nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, es un presupuesto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea que debe ser protegido por la ley y estrictamente promovido en la política pública. Esto está estrechamente ligado a la obligación estatal de crear un ambiente protegido para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, toda vez que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno ejercicio del derecho a comunicarse” (párr. 83).
“[S]egún el artículo 16 de la CDN, ‘ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación’. Igualmente, el artículo 11 de la Convención Americana incluye explícitamente la protección de la vida privada, del domicilio, de las comunicaciones y de la vida familiar. Lo anterior, demuestra la importancia de que los periodistas y profesionales de la prensa observen el derecho a la intimidad de NNA al momento de fotografiarles o entrevistarles, cuya excepción sería únicamente en nombre del interés superior del niño, del interés público, y siempre que haya una autorización” (párr. 129).
“La CDN contiene previsiones en materia de tratamiento de NNA acusados o declarados culpables de infringir las leyes penales. Dichas normas deben ser interpretadas en el contexto del tratamiento de estos hechos por parte de los medios de comunicación, teniendo en consideración que a menudo se consideran como noticias o informaciones de interés público […]. En concordancia con el principio del interés superior del menor ya mencionado, se debe tener en cuenta la edad del niño, así como ‘la importancia de promover la integración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ al tomar decisiones sobre la protección de la imagen de los niños en estas situaciones” (párr. 135).
“Las normas internacionales refieren específicamente a estas hipótesis relativas a menores de edad en conflicto con la ley, y señalan que el interés prevalente y fundamental en este ámbito sería preservar debidamente la dignidad del menor afectado, evitando cualquier situación que pueda causar un daño irreparable a su dignidad y futuro desarrollo como adulto, así como, especialmente, en lo que se refiere a su integración en el marco del sistema social” (párr. 136).
“Las protecciones a la privacidad y dignidad de la niñez no son objetivos opuestos, sino complementarios, y no deben utilizarse para restringir la difusión de opiniones e informaciones de interés público” (párr. 220).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; AUTONOMÍA PROGRESIVA; FACULTAD REGLAMENTARIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; INTERNET; IGUALDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA INTIMIDAD; MATERIA PENAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERÉS PÚBLICO;
Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) v. HondurasCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Honduras era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño), 24 (igualdad ante la ley), 25.1 (protección judicial) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Empresa. Pueblos indígenas. Derechos humanos. Responsabilidad. Responsabilidad del Estado. Trabajo insalubre. Riesgos del trabajo. Vulnerabilidad. Reglamentación.
“[L]os Estados tienen el deber de prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas privadas, por lo que deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir dichas violaciones, e investigar, castigar y reparar tales violaciones cuando ocurran. Los Estados, de esta forma, se encuentran obligados a reglamentar que las empresas adopten acciones dirigidas a respetar los derechos humanos […] especialmente en relación con las actividades riesgosas. En virtud de esta regulación, las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar violaciones a derechos humanos, y adoptar medidas dirigidas a subsanar dichas violaciones” (párr. 48).
“[L]os Estados deben adoptar medidas destinadas a que las empresas cuenten con: a) políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos; b) procesos de diligencia debida para la identificación, prevención y corrección de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar el trabajo digno y decente; y c) procesos que permitan a la empresa reparar las violaciones a derechos humanos que ocurran con motivo de las actividades que realicen, especialmente cuando estas afectan a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad” (párr. 49).
“[S]on las empresas las primeras encargadas de tener un comportamiento responsable en las actividades que realicen, pues su participación activa resulta fundamental para el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Las empresas deben adoptar, por su cuenta, medidas preventivas para la protección de los derechos humanos de sus trabajadoras y trabajadores, así como aquellas dirigidas a evitar que sus actividades tengan impactos negativos en las comunidades en que se desarrollen o en el medio ambiente. En este sentido, la Corte considera que la regulación de la actividad empresarial no requiere que las empresas garanticen resultados, sino que debe dirigirse a que éstas realicen evaluaciones continuas respecto a los riesgos a los derechos humanos, y respondan mediante medidas eficaces y proporcionales de mitigación de los riesgos causados por sus actividades, en consideración a sus recursos y posibilidades, así como con mecanismos de rendición de cuentas respecto de aquellos daños que hayan sido producidos. Se trata de una obligación que debe ser adoptada por las empresas y regulada por el Estado” (párr. 51).
“[E]ste Tribunal destaca, tal como lo ha hecho la Comisión Interamericana a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), que ‘los Estados deben asegurar que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupos de personas, incluyendo a los pueblos indígenas y tribales, comunidades campesinas y poblaciones afrodescendientes como colectivo cohesionado […]’. Esto último resulta fundamental en relación con todas las empresas que realicen sus actividades que puedan afectar a personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad y, en particular, en relación con los actos de empresas transnacionales. En relación con estas últimas, el Tribunal considera que los Estados deben adoptar medidas dirigidas a garantizar que las empresas transnacionales respondan por las violaciones a derechos humanos cometidas en su territorio, o cuando son beneficiadas por la actividad de empresas nacionales que participen en su cadena de productividad” (párr. 52).
2. Trabajo. Seguridad social. Derecho a la salud. Personas con discapacidad. Higiene y seguridad en el trabajo. Riesgos del trabajo. Asistencia médica.
“[El derecho a condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias] implica que el trabajador pueda realizar sus labores en condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo cual resulta especialmente relevante cuando se trata de actividades que implican riesgos significativos para la vida e integridad de las personas, y en particular de niños” (párr. 75).
“[E]l Estado incumplió con su obligación de garantizar el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo que aseguren la seguridad, la salud y la higiene del trabajador, en la medida en que falló en su deber de prevenir accidentes de trabajo y de garantizar la aceptabilidad y calidad del ejercicio laboral de las víctimas del caso. Dicho incumplimiento resulta aún más relevante debido a la magnitud de los hechos del presente caso, que afectaron gravemente la vida y la integridad personal de los buzos, que tuvieron como consecuencia que algunos de ellos adquirieran enfermedades y discapacidades […]. En este caso, si bien Honduras cumplió con su deber de reglamentar la actividad desarrollada por las víctimas […], falló en implementar efectivamente dicha normativa, y por lo tanto en ejercer el control y fiscalización de las condiciones laborales, como medida necesaria para la prevención de accidentes y de permitir el goce de condiciones laborales justas y favorables” (párr. 78).
“[E]l derecho a la seguridad social es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. [S]i bien los elementos del derecho a la seguridad social pueden variar según diferentes condiciones, dicho derecho debe ser garantizados conforme a los principios de disponibilidad y accesibilidad, debe cubrir riesgos e imprevistos sociales, las prestaciones deben tener un nivel suficiente, y debe ser considerado en su relación con otros derechos” (párr. 90).
“Dicho sistema de seguridad social debe abarcar la atención a la salud, de forma que las personas puedan acceder a servicios de salud adecuados, los cuales además deben incluir el acceso a medidas preventivas y curativas. Asimismo, los Estados deben proporcionar prestaciones a las personas imposibilitadas a trabajar por motivos de salud, y deben garantizar protección a los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral durante el empleo u otro trabajo productivo. En este sentido, los Estados deben prestar apoyo suficiente a aquellas personas con discapacidad. Las prestaciones necesarias para la garantía del derecho a la seguridad social deben ser suficientes en importe y duración, ya sea en especie o en efectivo, para efectos de que las personas puedan ejercer sus derechos” (párr. 91).
“[L]a falta de acceso a un sistema de salud que les proveyera servicios preventivos o curativos, respecto de los accidentes que sufrieron, y de las discapacidades que surgieron en virtud de dichos accidentes, constituyó una violación del derecho a la seguridad social. La omisión total del Estado de garantizar a las víctimas del caso acceso a dicho sistema, constituyó un incumplimiento de sus obligaciones conforme al principio de disponibilidad, en tanto existía una carencia total de seguridad social en la zona de la Moskitia que les permitiera gozar de las prestaciones correspondientes a los riesgos que surgían de la pesca por buceo, y de accesibilidad, en tanto las víctimas no se encontraban cubiertas por el sistema de seguridad social, pues trabajaban en una situación de informalidad, ya que no tenían contratos de trabajo con las empresas pesqueras” (párr. 96).
3. Minorías étnicas, culturales y lingüísticas. Pueblos indígenas. Personas con discapacidad. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. Perspectiva de interseccionalidad.
“[E]l derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados” (párr. 99).
“[E]l origen étnico de las personas es una categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención, por lo que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su origen étnico. [L]a etnia se refiere a comunidades de personas que comparten, entre otras, características de naturaleza sociocultural, tales como afinidades culturales, lingüísticas, espirituales y orígenes históricos y tradicionales. Dentro de esta categoría se encuentran los pueblos indígenas, respecto de los cuales la Corte ha reconocido que tienen características propias que conforman su identidad cultural, tales como su derecho consuetudinario, sus características económicas, sociales, sus valores, usos y costumbres” (párr. 101).
“[A]un cuando la pobreza y la discapacidad no son consideradas categorías especiales de protección al tenor literal del artículo 1.1 de la Convención Americana, ello no es un obstáculo para considerar que la discriminación por estas razones está prohibida por las normas convencionales. Esto es así por dos razones: primero, porque el listado contenido en el artículo 1.1 de la Convención no es taxativo sino enunciativo; segundo, porque la pobreza bien puede entenderse dentro de la categoría de ‘posición económica’ a la que se refiere expresamente el referido artículo, o en relación con otras categorías de protección como el ‘origen […] social’ u ‘otra condición social’, en función de su carácter multidimensional, y la discapacidad está comprendida en la categoría de ‘otra condición social’” (párr. 102).
“[L]as víctimas se encontraban inmersas en patrones de discriminación estructural e interseccional, pues eran personas pertenecientes a un pueblo indígena y se encontraban en una situación de pobreza, una de ellas era un niño, algunas de ellas adquirieron discapacidades y no recibieron tratamiento médico, y no contaban con ninguna otra alternativa económica más que aceptar un trabajo peligroso que ponía en riesgo su salud, su integridad personal y su vida. [E]l hecho de que las víctimas pertenecieran a un grupo en especial situación de vulnerabilidad acentuaba los deberes de respeto y garantía a cargo del Estado. Sin embargo, el Estado no adoptó medidas orientadas a garantizar el ejercicio de sus derechos sin discriminación, y la intersección de desventajas comparativas hizo que la experiencia de victimización en este caso fuese agravada” (párr. 107).
“[E]l derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, esto es, corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus propios casos, la igualdad material. Para ello, los Estados deben enfrentar activamente situaciones de exclusión y marginación” (párr. 108).
EMPRESA; PUEBLOS INDÍGENAS; DERECHOS HUMANOS; RESPONSABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; TRABAJO INSALUBRE; RIESGOS DEL TRABAJO; VULNERABILIDAD; REGLAMENTACIÓN; TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO; ASISTENCIA MEDICA; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Sentencia T-289/21Corte Constitucional de Colombia
La Corte Constitucional de Colombia revocó la sentencia y negó el recurso de amparo.
1. Violencia de género. Victima. Libertad de expresión. Derecho de publicar las ideas. Acceso a la justicia. Denuncia. Censura. Protección integral de la mujer. Revictimización.
“[E]l derecho a una vida libre de violencia es indivisible e interdependiente respecto a otros derechos fundamentales. Ello, al punto de que su garantía se erige como un parámetro en el examen de las relaciones sociales en las que las mujeres están involucradas, el cual permite evidenciar, constatar y reprochar todos aquellos actos que conllevan una discriminación hacia ellas”.
“Una de las manifestaciones de protección de este derecho se materializa en la libertad de expresión. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Comisión IDH– ha insistido en que el ‘silencio es el mejor aliado para perpetuar los abusos y las desigualdades a los que se encuentra sujeta la mujer en todo el hemisferio’. En ese sentido, en determinados escenarios, las restricciones que existan a la posibilidad de que las mujeres puedan expresarse libremente deben ser entendidas como manifestaciones mismas de violencia”.
“[E]l silencio, como herramienta y como consecuencia de la hegemonía patriarcal, ha servido también para ocultar diferentes formas de violencia de género; motivo por el cual la libertad de expresión de las mujeres tiene un valor fundamental agregado en su protección y en virtud del cual, éste no solo implica la posibilidad de expresar hechos u opiniones libremente, sino también la posibilidad de denunciar las conductas discriminatorias de las que han sido sujetas. Así, la libertad de expresión en las mujeres se convierte en un mecanismo de defensa y denuncia contra actos que atentan contra su dignidad y que de las que son víctimas debido a su condición de mujeres”.
“[A]un cuando todas las formas de violencia contra las mujeres son condenables y reprochables, cualquier restricción que se imponga a la comunicación que hacen de haber sido víctimas de este tipo de violencias, debe ser considerada como una conducta que, en sí misma las revictimiza. Así, la violencia no finaliza con la consumación del acto que atenta contra la mujer, sino que se perpetúa al negarles la posibilidad de expresar y denunciar estos hechos” (secc. 10).
“[C]ualquier restricción que se imponga a la comunicación de denuncias por parte de quien aduce ser víctima de una determinada conducta delictiva (más aún cuando se trata de delitos sexuales), parte de la premisa de que la información que se denuncia es falsa y, por consiguiente, termina por desconocer, a priori y sin un fundamento concreto, la condición de víctima de quien denuncia […]. [E]llo no solo implicaría que la justicia adopte una postura indolente frente a la situación particular de quien aduce haber padecido los hechos de un delito, sino que supondría, además, revictimizarlo, en cuanto la persona afectada se vería privada de la posibilidad de reclamar justicia para sí y quedaría sometida a guardar silencio de lo acaecido mientras se dicta un fallo” (secc. 14.4).
2. Libertad de expresión. Género. Acceso a la justicia. Derecho de publicar las ideas. Derecho a la información. Denuncia. Violencia de género. Violencia sexual. Interés público.
“[L]a jurisprudencia constitucional ha protegido reforzadamente la libertad de expresión de las mujeres, pues a pesar de que este derecho fundamental goza de un carácter privilegiado dentro de la arquitectura constitucional, en el marco de violencia contra las mujeres este derecho se convierte en un vehículo para la garantía de otros derechos fundamentales, tales como vivir una vida libre de violencia, dentro de un contexto de machismo, sexismo y censura por parte de valores patriarcales” (secc. 10).
“[L]as denuncias públicas de violencia sexual, como la realizada por la accionante, deben ser comprendidas como manifestaciones o expresiones que tienen un carácter más que simplemente informativo, pues surgen en un contexto que […] es claramente de interés público e incluso político y buscan irrumpir en el status quo vigente. Y, para ello, se acude a actuaciones que permitan visibilizar la problemática estructural existente y en virtud de la cual históricamente ha existido una discriminación en contra de la mujer”.
“[T]oda denuncia pública que haga una mujer de haber sido víctima de abuso sexual, además de ser una denuncia (en los términos de la legislación penal), se convierte en una forma de reivindicación política de los derechos de sus congéneres, la cual le permite hacer manifiesta su inconformidad con el contexto social en el que se desenvuelve. Por ello, este tipo de expresiones deben ser concebidas como propias de un discurso de contenido político que goza de una especial protección, en cuanto comporta una problemática cuya superación es de interés público”.
“[L]a publicación cuestionada por el actor a través de este especial mecanismo de protección tiene el carácter de discurso especialmente protegido y, por tanto, su eventual restricción debe ser considerada como sumamente excepcional. Con todo, se aclara que lo expuesto hasta ahora se predica de la víctima del delito y, en concreto, de la mujer víctima de un delito sexual” (secc. 14.5).
3. Libertad de expresión. Derecho al honor. Derecho a la imagen. Principio de inocencia. Calumnias. Injurias. Medios de comunicación. Internet. Red social.
“[A] pesar de la especial protección que se ha establecido en cabeza de la libertad de expresión, existen eventos en los que este derecho puede colisionar con otros como el buen nombre y la honra de terceros y, dependiendo del caso en concreto, es posible que el primero deba ceder para poder garantizar el núcleo esencial de los otros” (secc. 11).
“[Q]uienes presuntamente han sido sujetos pasivos de un delito, tienen el derecho a denunciar públicamente los hechos que padecieron; sin que ello signifique que jurídicamente éstos deban entenderse probados y, por tanto, cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades correspondientes; tanto en lo relativo a la conducta denunciada, así como en lo atinente a la aplicación de las sanciones penales y la reparación de los daños causados, el evento en el que se demuestre que la denuncia era falsa” (secc. 14.4).
“En ese sentido, a pesar de que el actor pone de presente que sus derechos al buen nombre y a la honra se están viendo menoscabados con ocasión a la publicación realizada por la accionante en su perfil personal de Facebook […], la eventual afectación que pueda sufrir es claramente inferior a la que supondría imponer una restricción a la posibilidad de la accionada de expresar libremente los hechos que asevera haber sufrido. Pues […], mientras limitar la expresión de la accionada supondría suprimir por completo sus posibilidades de denunciar y reclamar justicia para su situación particular; permitirle a ésta expresarse libremente no tiene la capacidad de desdibujar la presunción de inocencia del actor”.
“[D]e ninguna manera [se] pretende desconocer la presunción de inocencia del actor, pues, él deberá seguir siendo considerado inocente de cualquier imputación delictiva que se haga en su contra hasta el momento en el que sea efectivamente condenado o absuelto y, por tanto, toda publicación de información que se haga de dicha situación por parte de terceros deberá estar permeada por los principios de imparcialidad y veracidad” (secc. 14.6).
VIOLENCIA DE GÉNERO; VICTIMA; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; ACCESO A LA JUSTICIA; DENUNCIA; CENSURA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; REVICTIMIZACIÓN; GÉNERO; DERECHO A LA INFORMACIÓN; VIOLENCIA SEXUAL; INTERÉS PÚBLICO; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA IMAGEN; PRINCIPIO DE INOCENCIA; CALUMNIAS; INJURIAS; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; INTERNET; RED SOCIAL;
Bedoya Lima y otra v. ColombiaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Colombia era responsable por la violación de los artículos 5, 5.1, 5.2 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8.1 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 13 (libertad de pensamiento y expresión) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 24 del mismo instrumento y con las obligaciones bajo los artículos 7.a y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”) y bajo los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

1. Género. Violencia de género. Periodismo. Libertad de expresión. Censura. Protección integral de la mujer. Derecho de publicar las ideas. Prevención e investigación. Debida diligencia. Vulnerabilidad. Perspectiva de género. Perspectiva de interseccionalidad.
“[L]os Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer” (párr. 90).
“[E]n conexión con el riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas […], al adoptar medidas de protección de periodistas, los Estados deben aplicar un fuerte enfoque diferencial que tenga en cuenta consideraciones de género, realizar un análisis de riesgo e implementar medidas de protección que consideren el referido riesgo enfrentado por mujeres periodistas como resultado de violencia basada en el género. En particular, los Estados deben observar, no solo los estándares de violencia de género y no discriminación ya desarrollados por esta Corte, sino que, además, se les imponen obligaciones positivas como las siguientes: a) identificar e investigar con la debida diligencia los riesgos especiales que corren de manera diferencial por el hecho de ser mujeres periodistas, así como los factores que aumentan la posibilidad de que sean víctimas de violencia, así como b) adoptar un enfoque de género al momento de adoptar medidas para garantizar la seguridad de mujeres periodistas, las cuales incluyen aquellas de carácter preventivo, cuando sean solicitadas, así como aquellas dirigidas a protegerlas contra represalias. La Corte considera que, dadas las circunstancias particulares del presente caso, el deber de prevención del Estado requería de una diligencia reforzada. En efecto, a la vista de los antecedentes de hecho, unido al contexto existente en la época que ocurrieron los mismos, el Tribunal nota, desde una perspectiva interseccional, que la señora Bedoya se encontraba en una situación doblemente vulnerable, por su labor de periodista y por ser mujer” (párr. 91).
“[L]as agresiones en contra de la señora Bedoya y las vulneraciones a su libertad de expresión tuvieron un impacto no solo en ella, sino también un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en sus compañeras y compañeros periodistas a la hora de ejercer su actividad. Es aquí donde entra en juego la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social. [L]a jurisprudencia de la Corte se ha referido a la existencia de este efecto [silenciador] sobre las víctimas de violencia y sobre otros periodistas que podrían tener el temor razonable de que ese tipo de violaciones a los derechos humanos se repitan, lo cual podría tener como consecuencia que autocensuren su trabajo. Pero, además, la Corte observa que este impacto en la dimensión social tuvo consecuencias diferenciadas por el hecho de que la persona atacada fuera una mujer periodista” (párrs. 110 y 112).
“Hoy existen nuevas formas de agredir a las mujeres periodistas, se ejerce contra ellas violencia en línea mediante campañas de desprestigio, de imputación de hechos falsos, todas tendientes a amedrentar, silenciar y acallar voces que son esenciales a la sociedad. Es necesario atender este tipo de violencia mediante respuestas adecuadas y eficaces” (párr. 37 del voto concurrente del juez Pérez Manrique).
2. Violencia de género. Violencia sexual. Periodismo. Prevención e investigación. Protección integral de la mujer. Medidas de seguridad. Debida diligencia. Vulnerabilidad. Responsabilidad del Estado. Perspectiva de género. Perspectiva de interseccionalidad. Integridad personal.
“[E]n el presente caso, el Estado era conocedor de la situación de riesgo real e inminente de que la señora Bedoya pudiera ser objeto de un ataque que pusiera en peligro su vida o integridad personal. [N]o consta que el Estado haya evaluado qué tipo de medidas serían adecuadas conforme a los riesgos específicos y las formas diferenciadas de violencia que enfrentaba la señora Bedoya por su profesión y por su género, ni, mucho menos, que se haya concretado la implementación de medidas encaminadas a otorgarle una protección adecuada y efectiva, lo que supuso una violación del deber de garantía respecto del derecho a la integridad personal y libertad personal” (párr. 95).
“[E]n los casos de investigación de actos de violencia dirigidos contra mujeres periodistas, el deber de debida diligencia debe ser sometido a un estricto escrutinio por dos razones. Primero, porque los Estados tienen la obligación positiva de garantizar la libertad de expresión y de proteger a personas que, por su profesión, se encuentran en una situación especial de riesgo al ejercer este derecho. Segundo, porque a este deber se le debe añadir el estándar de debida diligencia reforzada respecto de la prevención y protección de mujeres contra la violencia de género. Lo anterior debe tenerse en cuenta desde el inicio de una investigación de hechos violentos dirigidos contra ellas en el marco de su labor periodística y conlleva la obligación de identificar e investigar con la debida diligencia los riesgos especiales y diferenciados que enfrentan las mujeres periodistas por su profesión y su género, así como los factores que aumentan la posibilidad de que sean víctimas de violencia. A lo anterior se añade la obligada presunción, desde el inicio de las investigaciones, de que los hechos de violencia podrían tener un vínculo con su labor periodística. En suma […], a la hora de investigar actos de violencia dirigidos contra mujeres periodistas, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para abordar dicha investigación desde una perspectiva interseccional en la que se tengan en cuenta estos diferentes ejes de vulnerabilidad que afectan a la persona en cuestión los cuales, a su vez, motivan o potencian la diligencia reforzada” (párr. 126).
“[L]a investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. El Tribunal recuerda que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Por ende, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género” (párr. 135).
“En el presente caso, el Tribunal observa que, tratándose de una mujer periodista víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales tendrían que haber obrado con mayor diligencia en el marco de la recolección de prueba, de las investigaciones, y de los procedimientos judiciales sobre los hechos del presente caso, toda vez que de estas actuaciones judiciales dependía investigar y sancionar a los responsables de unos graves actos de violencia contra la mujer –y violencia sexual en particular– que, además, suponían un claro ataque contra la prensa en general. [El] paso del tiempo vino a perpetuar esa situación y sensación, tanto individual de la señora Bedoya, como colectiva –de la prensa y la sociedad colombiana–, de impunidad de este tipo de delitos en un contexto, además, de elevada y alarmante violencia contra los y las periodistas” (párr. 145).
“[L]a prevención de [las] violaciones pasa, necesariamente, porque los crímenes cometidos contra periodistas y, sobre todo aquellos que pongan en peligro su vida y/o integridad física, no queden en la impunidad. Y es que esta impunidad, tal y como se ha razonado previamente, no solo tiene un efecto directo sobre la víctima o víctimas de los ataques, sino que además tiene un impacto social. Este impacto se ve diferenciado, además, por el género” (párr. 150).
3. Violencia de género. Periodismo. Acceso a la justicia. Prevención e investigación. Víctima. Revictimización. Prueba. Prueba testimonial.
“[L]lama la atención de este Tribunal lo indicado por la señora Bedoya con respecto a la primera declaración que realizó ante la Fiscalía, en tanto la describió como ‘inhuman[a]’, toda vez tuvo que realizarla en presencia de al menos cinco hombres, lo cual además provocó que en un primer instante no comunicara que también había sufrido actos de violencia sexual” (párr. 136).
“El Tribunal observa que la referida declaración incumplió el deber del Estado referido a que la misma se realizara en un ambiente ‘cómodo y seguro’ y, además, contribuyó a que la señora Bedoya no pudiera aportar en esos primeros momentos toda la información sobre lo sucedido, en claro detrimento de la investigación penal de los hechos” (párr. 137).
“A lo anterior se une el excesivo número de ocasiones en las que tuvo que declarar la señora Bedoya -hasta en 12 ocasiones-, tal y como ha sido reconocido por el Estado. En casos de violencia sexual, la Corte ha destacado que la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o re-experimentación de la profunda experiencia traumática a la víctima” (párr. 139).
“A la vista de todo lo anterior, el Tribunal concluye que la investigación penal por los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000 tuvo un carácter discriminatorio por razón de género” (párr. 140).
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; PERIODISMO; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; CENSURA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA;
Palacio Urrutia y otros v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 13 (libertad de pensamiento y expresión), 22 (derecho de circulación y residencia), 25 (protección judicial) y 26 (DESC) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Periodismo. Libertad de expresión. Medios de comunicación. Derecho de publicar las ideas. Derecho a la información. Derechos políticos. Interés público. Cuestiones políticas.
“[L]a libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, ‘es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática’. Este derecho no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. De esta forma, cualquier condición, restricción o sanción en esta materia deben ser proporcionales al fin legítimo que se persigue” (párr. 87).
“[E]l ejercicio profesional del periodismo no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. En ese sentido, el Tribunal ha considerado que, para que la prensa pueda desarrollar su rol de control periodístico debe no solo ser libre de impartir informaciones e ideas de interés público, sino que también debe ser libre para reunir, recolectar y evaluar esas informaciones e ideas. Lo anterior implica que cualquier medida que interfiera con las actividades periodísticas de personas que están cumpliendo con su función obstruirá inevitablemente con el derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva” (párr. 94).
“[S]e necesita la concurrencia de al menos tres elementos para que una determinada nota o información haga parte del debate público, a saber: a) el elemento subjetivo, es decir, que la persona sea funcionaria pública en la época relacionada con la denuncia realizada por medios públicos; b) el elemento funcional, es decir, que la persona haya ejercido como funcionario en los hechos relacionados, y c) el elemento material, es decir, que el tema tratado sea de relevancia pública” (párr. 113).
“[E]n el marco del debate sobre temas de interés público, el derecho a la libertad de expresión no solo protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En este sentido, la Corte advierte que el artículo 19.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que ‘[n]adie podrá ser molestado a causa de sus opiniones’. De esta forma, si bien las expresiones del señor Palacio Urrutia fueron extremadamente críticas de la actuación del entonces Presidente respecto de los hechos del 30 de septiembre de 2010, y la posibilidad de otorgar un indulto a aquellas personas involucradas, eso no implica que su discurso quede desprotegido bajo la óptica de la libertad de expresión. Por el contrario, bajo los estándares que esta Corte ha establecido, un artículo de opinión que se refiere a un asunto de interés público, goza de una protección especial en atención a la importancia que este tipo de discursos tienen en una sociedad democrática” (párr. 115).
2. Periodismo. Libertad de expresión. Derecho de publicar las ideas. Derecho a la información. Derecho al honor. Denuncia. Censura. Calumnias. Injurias. Acción penal. Acción civil.
“[L]a recurrencia de funcionarios públicos ante instancias judiciales para presentar demandas por delitos de calumnia o injuria, no con el objetivo de obtener una rectificación, sino de silenciar las críticas realizadas respecto a sus actuaciones en la esfera pública, constituye una amenaza a la libertad de expresión. Este tipo de procesos, conocidos como ‘SLAPP’ (demanda estratégica contra la participación pública), constituye un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado y controlado por los Estados, con el objetivo de permitir el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación ‘ante el recurso estratégico a la justicia, por parte de entidades comerciales y personas físicas, contra la participación pública, a fin de presionar a los periodistas e impedirles que hagan reportajes críticos y/o de investigación’” (párr. 95).
“[L]a persecución penal es la medida más restrictiva a la libertad de expresión, por lo tanto su uso en una sociedad democrática debe ser excepcional y reservarse para aquellas eventualidades en las cuales sea estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques que los dañen o los pongan en peligro, pues lo contrario supondría un uso abusivo del poder punitivo del Estado. Es decir, del universo de medidas posibles para exigir responsabilidades ulteriores por eventuales ejercicios abusivos del derecho a la libertad de expresión, la persecución penal sólo resultará procedente en aquellos casos excepcionales que sea estrictamente necesaria para proteger una necesidad social imperiosa” (párr. 117).
“En efecto, el uso de la ley penal por difundir noticias de esta naturaleza produciría directa o indirectamente, un amedrentamiento que, en definitiva, limitaría la libertad de expresión e impediría someter al escrutinio público conductas que infrinjan el ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, hechos de corrupción, abusos de autoridad, etc. En definitiva, lo anterior debilitaría el control público sobre los poderes del Estado, con notorios perjuicios al pluralismo democrático. En otros términos, la protección de la honra por medio de la ley penal que puede resultar legítima en otros casos, no resulta conforme a la Convención en la hipótesis previamente descrita” (párr. 118).
“Esto no significa que, en el supuesto antes señalado, es decir respecto de un discurso protegido por su interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido. Eventualmente la conducta periodística podría generar responsabilidad en otro ámbito jurídico, como el civil, o la rectificación o disculpas públicas, por ejemplo, en casos de eventuales abusos o excesos de mala fe. De toda forma, tratándose del ejercicio de una actividad protegida por la Convención, se excluye la tipicidad penal y, por ende, la posibilidad de que sea considerada como delito y objeto de penas. A este respecto, debe quedar claro que no se trata de una exclusión de la prohibición por justificación o especial permiso, sino del ejercicio libre de una actividad que la Convención protege en razón de resultar indispensable para la preservación de la democracia” (párr. 119).
“[E]l temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o, como en el presente caso, publica información sobre un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público” (párr. 125).
“[E]l discurso de opinión que trata sobre asuntos de interés público goza de una protección especial, y […] la penalización de la difamación no es la única medida –ni la idónea– para proteger la honra y el buen nombre. Por el contrario, se advierte el reconocimiento de la vía civil o el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta como mecanismos adecuados de protección al honor, siendo el enfoque más favorable para la libertad de expresión. Una interpretación avanzada del artículo 13 de la Convención Americana –acorde a las realidades fácticas de nuestros tiempos, y al avance del derecho regional e internacional en la materia– permite interpretar el alcance de la libertad de expresión de manera más amplia a lo señalado en el presente caso, estableciendo que la penalización de los discursos de opinión y de interés público se encuentra prohibida por la Convención Americana, siendo la vía civil y el derecho de respuesta el medio adecuado para la protección de la honra y el buen nombre” (párr 32 del voto concurrente de Ferrer Mac-Gregor Poisot).
PERIODISMO; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DERECHOS POLÍTICOS; INTERÉS PÚBLICO; CUESTIONES POLÍTICAS; DERECHO AL HONOR; DENUNCIA; CENSURA; CALUMNIAS; INJURIAS; ACCIÓN PENAL; ACCIÓN CIVIL;
Villarroel Merino y otros v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 7.1, 7.2, 7.3. 7.5, 7.6 (derecho a la libertad personal), 8.1, 8.2 (garantías judiciales) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Prisión preventiva. Libertad individual. Principio de excepcionalidad. Riesgos procesales. Arbitrariedad. Motivación. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad.
“[L]a prisión preventiva es la medida más severa que se puede imponer a una persona imputada, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional. Adicionalmente, la privación de libertad de una persona imputada o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, la regla general debe ser que el imputado afronte el proceso penal en libertad” (párr. 83).
“El artículo 7.2 de la Convención Americana establece que ‘nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas’ […]. [A]l remitir a la Constitución y leyes establecidas ‘conforme a ellas’, el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’ en dicho ordenamiento en cuanto a las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. Si la normativa interna, tanto en el aspecto material como en el formal, no es observada al privar a una persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana” (párr. 85).
“[N]adie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad [...]. [S]e requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad” (párr. 86).
“[P]ara que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que: i) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; ii) la medida restrictiva de la libertad cumpla con los cuatro elementos del ‘test de proporcionalidad’, es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y iii) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas” (párr. 87).
“[C]ualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria. La decisión judicial debe fundamentar y acreditar –de manera clara y motivada– la existencia de indicios suficientes que prueben la conducta delictiva de la persona. Ello resguarda la presunción de inocencia. Además, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva” (párr. 91).
2. Prisión preventiva. Recursos. Revisión judicial. Tutela judicial efectiva. Deber de fundamentación. Debido proceso. Principio de inocencia. Carga de la prueba. Razonabilidad. Principio de legalidad.
“[L]a detención o prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe valorar si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de la detención, además de si se ha respetado la razonabilidad del plazo. De lo contrario, el juez deberá ordenar inmediatamente la libertad del privado.
Recae en las autoridades nacionales aportar los motivos suficientes por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, lo cual debe estar fundado en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia” (párr. 92).
“Uno de los principios que limitan la prisión preventiva es el de presunción de inocencia […], según el cual una persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De esta garantía se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos de la privación preventiva de la libertad tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado, quien además debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado. En la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva se debe verificar la presencia de los fines procesales convencionales exigibles, de lo contrario supone la aplicación de una pena anticipada” (párr. 93).
“[E]l artículo 7.6 de la Convención tiene un contenido jurídico propio, que consiste en tutelar de manera directa la libertad personal o física, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad […]. [E]stos recursos no solo deben existir formalmente en la legislación, sino que deben ser efectivos, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención. De lo contrario, la actividad judicial no significaría un verdadero control, sino un mero trámite formal, o incluso simbólico, que generaría un menoscabo de la libertad del individuo. Más aún, el análisis de la legalidad de una privación de libertad ‘debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana’” (párr. 110).
“[E]n las decisiones […] mediante las cuales [la Corte Nacional de Justicia Policial] denegó los recursos interpuestos no se mencionan los fundamentos que sustentaron los recursos ni se hizo pronunciamiento alguno al respecto […]. [La Corte] no fundamentó debidamente la decisión ni se pronunció sobre la legalidad o no de la detención, ni sobre el mantenimiento de la medida […]. Por lo tanto, en este caso el amparo interpuesto no permitió un verdadero control de la libertad de las presuntas víctimas, ya que no se examinó la legalidad de la detención […], ni se pronunció expresamente sobre el mantenimiento de tal medida” (párr. 112).
3. Prisión preventiva. Arbitrariedad. Principio de legalidad. Igualdad. No discriminación.
“[El artículo] del Código de Procedimiento Penal referente a la detención en firme […], plantea dos categorías: a) aquellas personas procesadas por los delitos con una pena mayor a un año, que no fueran calificadas como presuntas encubridoras, a las cuáles se les debía imponer la medida cautelar de detención en firme, y b) aquellas personas procesadas por delitos con una pena menor a un año o calificadas presuntas encubridoras, o incluso sin esos requisitos, cuando no se les hubiere emitido el llamamiento a juicio que podían ser sujetas a otras medidas cautelares. Esta diferencia de trato no estaba fundada en ninguna finalidad legítima a la luz de los estándares establecidos por este Tribunal para justificar la imposición de la detención preventiva y, por lo tanto, resulta arbitraria” (párr. 101).
“[E]se trato diferenciado no puede ser justificado de manera razonable de acuerdo a los fines convencionales de las medidas coercitivas que implican la privación de la libertad personal. [N]o consta en el expediente ninguna justificación o motivación formal de parte de la autoridad judicial para ordenar la prisión en firme de las presuntas víctimas, ni se encuentra una justificación para mantenerla, lo que implicó para las presuntas víctimas una restricción discriminatoria y arbitraria de la libertad personal” (párr. 102).
PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD INDIVIDUAL; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; RIESGOS PROCESALES; ARBITRARIEDAD; MOTIVACIÓN; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; CARGA DE LA PRUEBA; RAZONABILIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN;
La libertad de opinión y expresión de las mujeres en InternetRelatoría especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
La Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión analizó los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para hacer efectivo su derecho a la libertad de expresión en entornos digitales. Entre sus observaciones, advirtió sobre el impacto de la violencia digital, las denuncias penales, los discursos de odio y la desinformación en la censura del discurso de las mujeres. En particular, analizó la violencia digital como una forma de violencia de género que presenta características especiales y que requiere una respuesta estatal inmediata. Asimismo, consideró fundamental la adopción de medidas para reducir la brecha digital y garantizar el acceso de las mujeres a Internet y a información de interés público. Por último, llamó a los Estados y a las empresas a fomentar entornos digitales seguros que permitan un pleno ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres.
1. Género. Violencia de género. Violencia de género digital. Libertad de expresión. Internet. Derecho de publicar las ideas. Censura. Igualdad. No discriminación. Calumnias. Injurias.
“Los actos y las amenazas de violencia física, sexual y psicológica para silenciar a las mujeres y las personas de género no conforme son las manifestaciones más extremas de la censura de género. Las periodistas, defensoras de los derechos humanos, políticas y activistas feministas son sometidas particularmente a actos y amenazas de violencia física y psicológica, incluidas amenazas de muerte y violación, por expresarse o simplemente por ser mujeres que desempeñan un papel de liderazgo. En algunos contextos, las manifestantes y activistas detenidas corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual o de género a manos de las fuerzas del orden o de seguridad” (párr. 17).
“[C]ada vez son más las mujeres que, al denunciar públicamente a presuntos autores de actos de violencia sexual en línea, son demandadas por injurias o acusadas de difamación criminal o falsa denuncia de delitos. El uso del sistema de justicia como arma para silenciar a las mujeres alimenta la impunidad y socava la libertad de expresión” (párr. 22).
“La igualdad de género y la libertad de opinión y de expresión se refuerzan mutuamente y son indivisibles, interdependientes y esenciales para el logro de la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. Por ello, resulta preocupante que muchos Estados no respeten, protejan y hagan efectivo el derecho de las mujeres, en pie de igualdad, a la libertad de opinión y de expresión” (párr. 100).
“La forma más generalizada y perniciosa de censura por razón de género es el uso de la violencia sexual y de género, el discurso de odio y la desinformación en línea para silenciar a las mujeres. Las plataformas digitales han proporcionado un espacio esencial para la participación y el activismo de las mujeres, pero también han perpetuado las estructuras de poder basadas en el género, normalizando los ataques sexualizados en línea. Las políticas, periodistas, defensoras de los derechos humanos y activistas feministas, especialmente aquellas con identidades marginadas interseccionales, son objeto de ataques por agentes estatales y no estatales de manera desproporcionada. El objetivo es intimidarlas y expulsarlas de las plataformas y de la vida pública. Esto tiene graves consecuencias para los derechos humanos, la diversidad en los debates públicos y los medios de comunicación y, en última instancia, para la democracia y el desarrollo” (párr. 102).
2. Violencia de género. Violencia de género digital. Internet. Medios de comunicación. Red social. Protección integral de la mujer. Derecho a la imagen. Derecho a la intimidad. Derecho a la integridad personal. Derecho al honor.
“La violencia de género en línea abarca tanto el discurso como el comportamiento nocivo, suele ser de carácter sexista o misógino e incluye amenazas digitales o incitación a la violencia física o sexual. La sextorsión, el doxing, el troleo, la intimidación y el acoso en línea, el hostigamiento criminal en línea, el acoso sexual en Internet y la difusión no consensuada de imágenes íntimas han sido definidos como formas digitales de violencia contra la mujer por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Estos actos de violencia también pueden entrañar campañas de desprestigio, el sabotaje electrónico, la suplantación de la identidad de la víctima en línea y el envío de mensajes ofensivos en su nombre” (párr. 20).
“Los perjuicios que ocasionan la violencia en línea, el discurso de odio sexista y la desinformación son reales y diversos, ya que afectan la salud mental y física de las personas que son objeto de esos actos, menoscaban su confianza y autonomía, las estigmatizan, y generan miedo, vergüenza y daños profesionales y para la reputación. En casos extremos, las amenazas en línea pueden llegar a derivar en violencia física e incluso asesinatos” (párr. 23).
“La violencia de género en línea tiene algunas características particulares que la diferencian de la violencia en el mundo real. Los actos de violencia pueden ser realizados en cualquier momento y desde cualquier lugar por agresores primarios, y ampliados por agresores secundarios, utilizando espacios y herramientas digitales que aumentan en gran medida el ritmo, la velocidad, la reproducción y la permanencia de los actos, lo que tiene importantes efectos en los supervivientes. Las leyes vigentes en materia de violencia contra las mujeres y las niñas no son adecuadas para abordar estas particularidades” (párr. 64).
“Es imperioso hacer que los espacios digitales sean seguros para las mujeres. La interdependencia de los derechos humanos establece que no debe tener que elegirse entre el derecho de las mujeres a no sufrir violencia y el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Para preservar esa libertad y, al mismo tiempo, proteger a las mujeres frente a la violencia y el odio se necesita un triple enfoque: en primer lugar, una interpretación del derecho a la libertad de expresión y de opinión con perspectiva de género; en segundo lugar, un enfoque calibrado para garantizar que las respuestas se ajusten al nivel de daño o amenaza; y, en tercer lugar, una comprensión clara de lo que constituye la violencia de género en línea” (párr. 103).
3. Género. Libertad de expresión. Internet. Derecho a la información. Medidas de acción positiva. Igualdad. No discriminación.
“La desigualdad en el acceso a Internet es un gran obstáculo para el empoderamiento de las mujeres, especialmente de las que están excluidas de otros espacios públicos, como las personas de género no conforme o las jóvenes de sociedades tradicionales […]. Dentro de los países, la brecha digital puede atravesar otros ejes de discriminación, por ejemplo la raza y el origen étnico” (párr. 34).
“Los Estados tienen la obligación no solo de respetar la libertad de opinión y de expresión, sino también de eliminar proactivamente las barreras estructurales y sistémicas que obstaculizan la igualdad, incluida la violencia sexual y de género, y que impiden a las mujeres disfrutar plenamente de la libertad de opinión y de expresión” (párr. 48).
“Este derecho abarca el derecho a acceder a la información, incluso de los organismos públicos, y obliga a los Estados a responder a las solicitudes de información de la población o de los medios de comunicación y a publicar de manera proactiva y difundir ampliamente la información que reviste un gran interés público […]. Si bien las mujeres han empleado su derecho de acceso a la información para reclamar otros derechos y exigir la rendición de cuentas, muchas de ellas afrontan importantes obstáculos estructurales, como la falta de educación, de acceso a Internet y de conocimientos digitales, la pobreza y la ‘pobreza de tiempo’, así como normas culturales y jurídicas que no consideran correcto que las mujeres soliciten información a las autoridades públicas” (párr. 54).
“La falta de datos sobre los géneros, o el hecho de que muchos Estados no proporcionen información desglosada, es incompatible con la obligación de los países de defender el derecho a la información. Tampoco se ajusta a los compromisos de los países en materia de igualdad de género. La ausencia de datos desglosados producidos por los Estados y el sesgo que esto genera no solo socavan el derecho a la información, sino también pueden sesgar la formulación de las políticas y repercutir en el goce de diversos derechos humanos” (párr. 55).
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; INTERNET; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; CENSURA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CALUMNIAS; INJURIAS; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; RED SOCIAL; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; DERECHO A LA IMAGEN; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA INFORMACIÓN; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
MA v. DinamarcaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Dinamarca era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Migrantes. Derecho a la reunificación familiar. Residencia. Derecho a la vida privada y familiar. Facultades discrecionales. Interés superior del niño. Trato cruel, inhumano y degradante.
“Se encuentra bien establecido en el derecho internacional que un Estado tiene la potestad de controlar la entrada de extranjeros a su territorio y su residencia allí, sujeto a sus obligaciones convencionales. El Convenio no asegura el derecho de un extranjero de entrar o residir en un país en particular” (cfr. párr. 131).
“[E]n lo que respecta a la inmigración, no puede entenderse que el artículo 8 imponga al Estado la obligación general de respetar la elección del país de residencia de una pareja casada o de autorizar la reunificación familiar en su territorio. Sin embargo, en un caso que involucre tanto la reunificación familiar como la inmigración, el alcance de la obligación del Estado de admitir a su territorio a los familiares de sus residentes variará de acuerdo a las circunstancias particulares de las personas involucradas y al interés general, y está sujeto al equilibrio justo que debe lograrse entre los intereses contrapuestos involucrados. Los factores a tener en cuenta en este contexto son la medida en la que la vida familiar se vería irrumpida por la separación, la extensión de los vínculos formados en el país de residencia, si hay obstáculos insuperables en el camino de la familia que reside en el país de origen y si existen cuestiones de control migratorio” (cfr. párr. 132).
“[E]xiste un amplio consenso, incluso en el derecho internacional, a favor de la idea de que en todas las decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes, su interés superior es de importancia fundamental. Si bien este interés no puede ser decisivo por sí mismo, se le debe conceder un peso significativo” (cfr. párr. 133).
“La situación de violencia generalizada en un país puede ser de tal intensidad como para concluir que cualquier repatriado correría un riesgo real de sufrir malos tratos según el artículo 3 por su mera presencia allí. La naturaleza absoluta del derecho consagrado en el artículo 3 no admite excepciones, justificaciones ni equilibrios de intereses. En consecuencia, una mayor afluencia de migrantes no puede eximir a un Estado de la obligación que surge de esta disposición […]. En principio, este factor también puede reducir el margen de apreciación de los Estados para lograr un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos de la reunificación familiar y el control de la inmigración a la luz del artículo 8” (cfr. párr. 145).
2. Migrantes. Derecho a la reunificación familiar. Intereses legítimos. Principio de proporcionalidad. Tutela judicial efectiva.
“[S]e debe reconocer a los Estados un margen de apreciación amplio para decidir si exigen un período de espera para la reunificación familiar solicitada por personas a quienes no se les ha reconocido la condición de refugiadas pero que gozan de una protección subsidiaria o, como el solicitante, de protección temporaria” (cfr. párr. 161).
“Sin embargo, el margen de apreciación de los Estados en este aspecto no puede ser ilimitado y debe examinarse a la luz de la proporcionalidad de la medida […]. Aunque no puede considerarse que el artículo 8 imponga a un Estado la obligación general de conceder la reunificación familiar en su territorio […], el objeto y fin de la Convención exigen una lectura y aplicación de sus disposiciones que torne a sus exigencias prácticas y efectivas, no teóricas e ilusorias en su aplicación al caso particular” (cfr. párr. 162).
“[L]a evaluación de dicho equilibrio justo debe integrar un proceso de toma de decisiones que salvaguarde de manera suficiente la flexibilidad, rapidez y eficiencia necesarias para cumplir con el derecho del solicitante al respeto de la vida familiar” (cfr. párr. 163).
“[L]o principal de esta cuestión es si las autoridades locales […], al rechazar la solicitud de reunificación familiar del solicitante debido al período de espera exigido de tres años, lograron un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos del individuo y de la comunidad en su conjunto” (cfr. párr. 165).
“[La norma danesa] no permitía una evaluación individualizada del interés a la unidad familiar de acuerdo con la situación concreta de las personas interesadas, más allá de las muy limitadas excepciones incluidas en [la norma]. Tampoco preveía un examen de la situación en el país de origen en vista a determinar la perspectiva real de retorno o los obstáculos para ello” (cfr. párr. 192).
“Así, para el solicitante, el marco legal y el período de espera obligatorio de tres años operaron como un requisito estricto que lo forzaron a soportar una separación prolongada de su esposa sin tener en cuenta las consideraciones sobre la unidad familiar que podían surgir a partir de la esperable duración de los obstáculos para la reunificación. En estas circunstancias, no se puede decir que el solicitante tuvo la posibilidad real de contar con una evaluación individualizada sobre si un período de espera inferior a tres años estaba justificado por consideraciones de unidad familiar bajo la norma local aplicable” (cfr. párr. 193).
MIGRANTES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; RESIDENCIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; FACULTADES DISCRECIONALES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; INTERESES LEGÍTIMOS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas africanas y afrodescendientes contra el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridadAlta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analizó el impacto del racismo estructural en el marco de las prácticas de las fuerzas de seguridad. Entre sus observaciones, advirtió que el uso de prejuicios, estereotipos y perfiles raciales por parte de los agentes estatales deriva en una mayor criminalización y vulneración de derechos para las personas africanas o afrodescendientes. Asimismo, remarcó que la respuesta institucional ante el uso ilegítimo de la fuerza con motivos discriminatorios es deficiente debido a que no da lugar a una efectiva sanción de los responsables ni a una adecuada reparación de las víctimas. En función de ello, impulsó a los Estados a modificar las leyes y prácticas que tienen un impacto diferencial en las personas africanas o afrodescendientes en miras a garantizar un sistema de seguridad y justicia libre de discriminación.
1. Afrodescendientes. Fuerzas de seguridad. Violencia institucional. Actos discriminatorios. Derecho penal de autor. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. Perspectiva de interseccionalidad. Detención de personas. Arbitrariedad.
“La deshumanización de las personas afrodescendientes –una práctica anclada en la construcción social de la raza, creada para justificar la esclavitud, los estereotipos raciales y otras prácticas dañosas– ha sostenido y fomentado una tolerancia hacia la discriminación racial, la desigualdad y la violencia. Los discursos que asocian a las personas africanas o afrodescendientes, inclusive a los migrantes, con actividades criminales o con temores vinculados a la economía o la seguridad nacional siguen utilizándose para justificar normas y prácticas que rigen los sistemas de justicia penal, la política migratoria y el control fronterizo” (cfr. párr. 15).
“El racismo estructural y la práctica dañosa y degradante de asociar a la comunidad negra con la criminalidad y la delincuencia también moldean las interacciones de las personas afrodescendientes con las fuerzas de seguridad y con el sistema de justicia penal. La falta de datos oficiales desagregados impide un correcto análisis del verdadero impacto que tiene dicha asociación” (cfr. párr. 24).
“La elaboración de perfiles raciales es una práctica frecuente en diversas regiones, empleada en particular para justificar controles de identidad, detenciones y registros discriminatorios. Existen también preocupaciones en relación con la inteligencia artificial, vinculadas al uso de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial para rastrear y controlar grupos demográficos específicos en el marco de las tareas de prevención policial […]. Diversos informes señalan que el uso de perfiles raciales da lugar a detenciones y encarcelamientos desproporcionados, inclusive por delitos vinculados con drogas, y a la imposición de penas más graves” (cfr. párr. 25).
“Los prejuicios, los estereotipos y la elaboración de perfiles raciales tienen un papel recurrente en las tareas de prevención e investigación policial. Las representaciones o percepciones erróneas y estereotipadas acerca de qué o quién es ‘peligroso’ todavía impactan en el contexto del mantenimiento del orden público. Esta situación se ve agravada cuando confluyen cuestiones interseccionales. Los estereotipos raciales han dado lugar a usos ilegítimos de la fuerza” (cfr. párr. 31).
“Un gran número de Estados no cuenta con leyes y políticas eficaces que proporcionen directivas claras sobre el uso de la fuerza conforme el derecho internacional de los derechos humanos. Esta falta de claridad aumenta el riesgo de violaciones y obstaculiza la sanción de los responsables. Las fuerzas de seguridad rara vez rinden cuentas por las violaciones de derechos humanos y delitos cometidos contra personas afrodescendientes, en parte debido a investigaciones deficientes, a una falta de supervisión independiente y de mecanismos de denuncia y sanción, y a una ‘presunción de culpabilidad’ generalizada contra las personas afrodescendientes. Los procesos disciplinarios suelen ser inadecuados, ineficaces o no están sometidos a una supervisión independiente, y rara vez conducen a una sanción apropiada de los responsables” (cfr. párr. 33).
2. Afrodescendientes. Fuerzas de seguridad. Violencia Institucional. Derecho penal de autor. No discriminación. Acceso a la justicia. Prevención e investigación. Tutela judicial efectiva.
“La respuesta institucional ante las faltas cometidas con motivos raciales es sistemáticamente débil. Si bien algunos Estados han producido estudios e investigaciones con recomendaciones claras para el cambio, las propuestas no se han incorporado en la formulación de políticas públicas. En consecuencia, existe un alto riesgo de que se repitan estos ciclos y patrones problemáticos. En la mayoría de los casos, las investigaciones y resoluciones judiciales no tienen en cuenta el papel que la discriminación racial y los prejuicios institucionales pueden jugar en las muertes [de personas africanas y afrodescendientes]” (cfr. párr. 34).
“La conducta de los agentes de seguridad debe alinearse con el derecho internacional de los derechos humanos […]. Los procedimientos independientes de supervisión y sanción deben garantizar que los códigos de conducta y otras políticas no tengan un impacto diferencial en determinados sectores de la sociedad, y abordar los prejuicios inconscientes mediante políticas y formación efectiva y continua. La perpetuación del racismo sistémico a través de acciones individuales que pueden percibirse como discrecionales pero que afectan desproporcionadamente a las personas en función de su raza u origen étnico debe cesar” (cfr. párr. 38).
“Es fundamental adoptar medidas sólidas para poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas y sus familias conforme el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados deben llevar a cabo investigaciones efectivas, imparciales y oportunas ante las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza u otras violaciones, imponer castigos proporcionales y ofrecer garantías de no repetición. Además, los Estados deben establecer mecanismos de supervisión independientes con métodos estandarizados para reportar y supervisar el uso de la fuerza. Los Estados también deben publicar datos, desagregados por raza u origen étnico de las víctimas, sobre el uso de perfiles raciales, las muertes y las lesiones graves vinculadas al mantenimiento del orden público y sobre los procesos y condenas derivados de ellos” (cfr. párr. 40).
“Los Estados deben reformar sus leyes, políticas, procedimientos y prácticas para restringir el uso de la fuerza por parte de los agentes encargados del mantenimiento del orden público conforme los principios internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, en particular los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y no discriminación, y adoptar medidas efectivas para proteger los derechos a la vida y a la seguridad personal” (cfr. párr. 41).
“Los Estados deben prohibir y abordar el uso de perfiles raciales en las prácticas policiales […]. Es fundamental eliminar las leyes y prácticas que actúan como incentivos para perpetuar la discriminación racial en la actuación policial y en el sistema de justicia penal. La aplicación discriminatoria del derecho penal debe combatirse en todas las etapas, incluso mediante la reforma de las políticas, leyes y prácticas sobre drogas que tienen resultados discriminatorios” (cfr. párr. 42).
AFRODESCENDIENTES; FUERZAS DE SEGURIDAD; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; ACTOS DISCRIMINATORIOS; DERECHO PENAL DE AUTOR; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; DETENCIÓN DE PERSONAS; ARBITRARIEDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1-2018Suprema Corte de Justicia de México
La Suprema Corte de Justicia de México, por mayoría, hizo lugar al recuso y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud en su porción normativa “sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos” (jueces Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Zaldívar Lelo de Larrea). Asimismo, ordenó a la COFEPRIS autorizar y regular en lo sucesivo la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis y THC con fines recreativos.
1.  Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Cultivo de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Salud pública. Legislación sanitaria. Autorización administrativa. Derecho a la vida privada y familiar. Alcance. Autonomía personal. Principio de reserva.
“[El artículo 235 de la Ley General de Salud] prevé que el uso de [cannabis] sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo” (párr. 73).
“[La Ley General de Salud], si bien permit[e] el uso del THC y sus variantes estereoquímicas para fines médicos, no elimina el problema de constitucionalidad, pues persiste la prohibición del uso de esa substancia con fines recreativos en el último párrafo del artículo 247” (párrs. 74 y 75).
“[C]on la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (párr. 90).
“[E]n lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis […] y del psicotrópico ‘THC’ […], en conjunto conocido como ‘marihuana’” (párr. 91).
“[A]l emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros” (párr. 93).
2. Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. División de los poderes. Congreso Nacional. Salud pública. Legislación sanitaria. Supremacía Constitucional.
“[E]sta Suprema Corte de Justicia de la Nación exhorta al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros, sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dar mayores lineamientos respecto de las políticas que el legislador, en uso de su libertad política, decida tomar al respecto” (párr. 95).
“[Q]ue el Poder Judicial haya determinado de forma reiterada que una norma es inconstitucional es un hecho que la autoridad emisora, generalmente el Poder Legislativo, debe tomar en serio. Ciertamente, tiene una obligación de analizar con cuidado la norma y las consideraciones de la jurisprudencia”.
“[E]ste diálogo entre Poderes [no puede resultar] un obstáculo para la supremacía constitucional, al contrario. [E]l diálogo contribuye al modelo deliberativo de democracia que establece nuestra Constitución, así como al modelo de separación de poderes que, es cierto, exige pesos y contrapesos, pero también colaboración para cumplir con las finalidades y derechos constitucionales” (voto aclaratorio del juez González Alcántara Carrancá).
ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; SALUD PÚBLICA; LEGISLACIÓN SANITARIA; AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; ALCANCE; AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD; PRINCIPIO DE RESERVA; DIVISIÓN DE LOS PODERES; CONGRESO NACIONAL; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL;
Mahanoy Area School District v. BLCorte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, por mayoría, hizo lugar al recurso y confirmó la sentencia apelada (jueces Breyer, Roberts, Alito, Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett).
1. Libertad de expresión. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Establecimiento educativo. Facultad reglamentaria. Derecho a la vida privada y familiar. Responsabilidad parental. Prueba. Carga de la prueba.
“La regulación del discurso fuera del establecimiento educativo, cuando se suma a su regulación dentro del establecimiento, importa abarcar todo lo que un estudiante diga a lo largo de una jornada de 24 horas. Ello implica que los tribunales deben ser más escépticos con respecto a los esfuerzos de una escuela para regular lo que se diga fuera del establecimiento, dado que de otro modo podría llevar a que un estudiante no pueda pronunciarse con libertad. Cuando se trata de un discurso de contenido político o religioso que se realiza fuera de la escuela o de un programa o actividad escolar, la escuela tendrá una carga probatoria mayor para justificar su intervención”.
“[N]o existen razones para considerar que los padres de [la joven estudiante] hubieran delegado a las autoridades escolares su control sobre [su] comportamiento […] mientras ella se encontraba en [un almacén el fin de semana en que publicó las imágenes]. Además, la vulgaridad en las publicaciones […] contenía un mensaje, una expresión de frustración y una crítica hacia la escuela y la comunidad de porristas. Sumado a ello, la escuela no demostró que efectuara ningún esfuerzo general para prevenir el uso de lenguaje y gestos vulgares de sus alumnos fuera del aula. En conjunto, estos hechos nos llevan a concluir que el interés de la escuela en enseñar buenos modales no es suficiente, en este caso, para sobreponerse al interés de [la estudiante] en ejercer su libertad de expresión”.
“Como dijimos en Tinker, ‘para que el Estado, representado por las autoridades escolares, pueda justificar la censura de una expresión de opinión en particular, debe ser capaz de demostrar que su acción fue causada por algo mas que el mero deseo de evitar la incomodidad y molestia que siempre acompañan a una opinión impopular’” (cfr. voto de los jueces Breyer, Roberts, Alito, Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett).
“Durante la jornada escolar, la escuela debe tener la autoridad suficiente para proteger a todas las personas dentro del establecimiento, y por lo tanto las escuelas deben poder prohibir los discursos de amenaza y acoso […]. Pero incluso cuando los estudiantes estén dentro del establecimiento educativo en horario escolar, no se encuentran privados de su derecho a la libertad de expresión”.
“Mientras la decisión de inscribir a un estudiante en una escuela pública pueda ser considerado como conferirle a la institución autoridad para regular parte de su discurso fuera del establecimiento […], la inscripción no puede ser entendida como una transferencia total de responsabilidad parental sobre el discurso del estudiante. En nuestra sociedad, son los padres y no el Estado quienes tienen la responsabilidad y el deber primordial de criar, educar y formar el carácter de sus hijos” (cfr. voto concurrente de los jueces Alito y Gorsuch).
2.  Libertad de expresión. Derecho de publicar las ideas. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Derecho a la información. Medios de comunicación. Internet. Red social. Interés público.
“Nuestra democracia representativa solamente funciona si protegemos el ‘mercado de ideas’. Este libre intercambio permite una opinión pública informada que, al llegar a los legisladores, da lugar a la sanción de leyes que reflejen la voluntad del pueblo. Esa protección debe incluir la protección de opiniones impopulares, dado que las opiniones populares requieren menor protección”.
“Al dejar de lado el lenguaje vulgar [del discurso de la joven], un oyente escucharía una crítica al equipo de porrismo, a sus entrenadoras y al colegio –en pocas palabras, una crítica a las reglas de una comunidad de la que forma parte–. Esta crítica no involucraba cuestiones que colocaran al discurso fuera de la protección ordinaria de la Primera Enmienda. Las publicaciones […] aunque vulgares, no alcanzaban a representar una provocación […]. Y aunque utilizó palabras y gestos vulgares, su discurso no fue obsceno […]. Por el contrario, […] pronunció el tipo de discurso al que, de ser adulta, la Primera Enmienda brindaría fuerte protección”.
“Debemos considerar además cuándo, dónde y cómo habló [la joven estudiante]. Sus publicaciones aparecieron fuera de horario escolar desde una ubicación externa a la escuela. No identificó a la escuela en sus publicaciones ni se dirigió hacia ningún miembro de la comunidad escolar con lenguaje vulgar ni ofensivo. Además, trasmitió su discurso a través de su celular personal, a una audiencia que consistía de su círculo privado de amigos de Snapchat. Estos aspectos de su discurso, aún cuando este corriera el riesgo de ser conocido por las autoridades escolares, disminuyen el interés de la escuela en castigar los dichos de [la estudiante]” (cfr. voto de los jueces Breyer, Roberts, Alito, Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett).
“[E]xiste una categoría de discurso que en casi todos los casos excede la facultad regulatoria de una escuela pública. Este es el discurso de un estudiante que no se encuentra dirigido de manera expresa ni directa a la escuela ni a sus administradores, docentes o estudiantes, sino que refiere a asuntos de interés público, incluyendo temas delicados como la política, la religión o las relaciones sociales. El discurso sobre tales temas se encuentra en el centro de la esfera de protección de la Primera Enmienda”.
“El presente caso […] solo supuso una crítica (aunque de manera vulgar) a la escuela y a una actividad extracurricular. Un discurso desfavorable sobre una escuela o sobre uno de sus programas es distinto al discurso que critica o burla a un individuo en particular, y […] la justificación de la escuela para castigar los dichos de [la joven] era débil” (cfr. voto concurrente de los jueces Alito y Gorsuch).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; EDUCACIÓN; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; FACULTAD REGLAMENTARIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; RESPONSABILIDAD PARENTAL; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; DERECHO A LA INFORMACIÓN; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; INTERNET; RED SOCIAL; INTERÉS PÚBLICO;
HM v. EspañaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que España era responsable por la violación de los artículos 2 (no discriminación), 3.1 (interés superior del niño) y 28 (educación) de la Convención sobre los Derechos del Niño.
1. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Igualdad. No discriminación. Interés superior del niño.
“[D]e acuerdo con el artículo 2 de la Convención, los Estados partes deben respetar y asegurar el acceso a la educación de todos los niños y niñas bajo su jurisdicción sin distinción alguna. Al mismo tiempo, en tanto el disfrute de los derechos contenidos en la Convención fluyen del acceso a una educación, es imperativo que en todo proceso que busque la escolarización de un niño, su mejor interés sea una consideración primordial” (párr. 12.2).
“[E]l derecho a la educación ‘es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos’ y […] tal es su importancia, que la Convención no solo consagra el derecho de todo niño a acceder a una educación (artículo 28) sino también un ‘derecho individual y subjetivo a una determinada calidad de la educación’. El Comité considera asimismo que el derecho a la educación debe ser garantizado a todos los niños y niñas en edad de escolarización obligatoria independientemente de su nacionalidad o situación administrativa” (párr. 12.4).
“[L]a discriminación vedada por el artículo 2 de la Convención puede ser ‘de forma manifiesta o larvada’. Ello implica que la discriminación pueda ser de jure o de facto así como también directa o indirecta. En el presente caso, como ha quedado acreditado en los hechos, existió una diferenciación de facto directa basada en la situación de irregularidad administrativa [del niño] y, por ende, por su origen nacional […]. Ante la falta de justificación por el Estado parte de dicha distinción basada en la situación administrativa [del niño], el Comité considera que [su] no escolarización durante casi dos años constituyó una violación a su derecho a la no discriminación” (párr. 12.8).
2. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Igualdad. No discriminación. Debida diligencia. Plazo razonable. Discrecionalidad. Facultad reglamentaria. Residencia. Prueba.
“[L]a documentación aportada por la autora para solicitar la escolarización de [su hijo] constituye, como mínimo, un indicio de su residencia que genera la obligación positiva del Estado parte de llevar a cabo las averiguaciones necesarias para confirmar su residencia efectiva. En el presente caso, el Comité observa que la Policía Nacional confirmó la residencia efectiva de [del niño], tras su visita a su domicilio, en noviembre de 2020, es decir, casi 18 meses desde la solicitud de escolarización interpuesta por la autora. El Comité considera que, además de la obligación de escolarizar inmediatamente [al niño] ante la confirmación de su residencia efectiva en Melilla, el Estado parte debe llevar a cabo todas las medidas necesarias para la confirmación de su residencia efectiva de forma expedita. En el presente caso, el Comité no puede considerar que 18 meses sea un plazo razonable para el cumplimiento de dicha obligación” (párr. 12.7).
“[L]os Estados tienen la obligación de respetar y asegurar el derecho a la educación de todos los niños y niñas bajo su jurisdicción sin discriminación alguna. La realización de este derecho no puede estar sujeta a discreción, más allá de la verificación de la residencia efectiva” (párr. 12.9).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; EDUCACIÓN; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DEBIDA DILIGENCIA; PLAZO RAZONABLE; DISCRECIONALIDAD; FACULTAD REGLAMENTARIA; RESIDENCIA; PRUEBA;
Guerrero, Molina y otros v. VenezuelaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1, 5.2 (derecho a la integridad personal), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (derecho a la libertad personal), 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y con los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
1. Fuerzas de seguridad. Violencia. Violencia institucional. Uso de la fuerza. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. Actos discriminatorios. Derecho penal de autor. Presunción de inocencia.
“[R]esultan discriminatorias las lesiones a derechos basadas en la pertenencia, real o supuesta, de una persona a un grupo con características determinadas. En este sentido, conforme ha expresado este Tribunal, ‘la discriminación efectuada en razón de una de las categorías señaladas a título ilustrativo en el artículo 1.1 de la Convención, amerita una particular o peculiar consideración’, en tanto que el respectivo hecho ilícito que su ejercicio significa tiene lugar en razón de características de la víctima, o de lo que ella ‘representa o parece ser y que es lo que la distingue de las demás personas’” (párr. 92).
“En este sentido, la prohibición de discriminación relacionada con personas jóvenes, se encuentra tutelada por la Convención Americana. Al respecto, la Corte advierte que los hechos del caso, vinculados al contexto establecido de violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, muestran que las violaciones a derechos humanos cometidas contra Jimmy Guerrero tuvieron por base la percepción de que él pertenecía al grupo poblacional determinado por esas características” (párr. 93).
“[E]ste Tribunal ha advertido que ‘[e]l empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones discriminatorias’. En ese sentido, que tales fuerzas sustenten de hecho su actuación en ‘perfiles’ de las personas basados en estereotipos, tal como puede ser atribuir a alguien la sospecha de un comportamiento ilícito por ser joven o pobre, puede dar lugar a acciones discriminatorias lesivas de los derechos de la persona afectada. Las mismas pueden implicar el irrespeto directo de los derechos o también su falta de garantía, inclusive en el marco de procesos judiciales, por ejemplo, cuando la falta de actuación respecto a violaciones a derechos humanos sufridas por ciertas personas se debe a una normalización o naturalización de las condiciones o actos discriminatorios a los que frecuentemente se ven sometidas” (párr. 94).
“[L]a serie de actuaciones policiales que se analizan en esta Sentencia involucran hechos carentes de sustento legal, respecto a los cuales, por tal razón y por el modo en que se produjeron, resulta razonable asumir que estuvieron motivados en la percepción de los funcionarios policiales de que el señor Guerrero podría presentar algún peligro o merecía ser castigado o maltratado […]. [L]a conducta policial contra Jimmy Guerrero, que resultó lesiva de sus derechos, conforme se precisa más adelante, tuvo por base concepciones estereotipadas, que resultaban de atribuir a hombres jóvenes en situación de pobreza una supuesta peligrosidad, o la probable realización de conductas ilícitas” (párr. 97).
“[E]n atención al principio de no discriminación, los Estados ‘no puede[n] permitir por parte de sus agentes, ni fomentar en la sociedad […] prácticas que reproduzcan el estigma de que […] jóvenes pobres están condicionados a la delincuencia, o necesariamente vinculados al aumento de la inseguridad ciudadana’. Por el contrario: tienen ‘la obligación de asegurar la protección de los […] jóvenes afectados por la pobreza que estén socialmente marginados y, especialmente, evitar su estigmatización social como delincuentes’. La Corte considera que el presente caso refleja el incumplimiento de estos deberes, y que los hechos que vulneraron los derechos de Jimmy Guerrero tuvieron un sustento discriminatorio, en el que confluyeron, de modo interseccional, factores diversos, vinculados a la pobreza y a la edad, que hacen a la ‘condición social’ atribuida a la víctima, en los términos del artículo 1.1 de la Convención” (párr. 98).
2. Fuerzas de seguridad. Libertad individual. Privación ilegal de la libertad. Abuso de autoridad. Actos discriminatorios. Derecho penal de autor. Principio de legalidad. Arbitrariedad.
“[U]n ‘incorrecto actuar’ de funcionarios policiales, ‘en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal’, que cuando se concreta ‘genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida’. En ese sentido, para conminar dicha amenaza, resulta imprescindible que el Estado, a través de sus agentes, observe su ‘deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción’” (párr. 102).
“La ilegalidad de una privación de libertad se presenta cuando no se observa la normativa interna aplicable, tanto en el aspecto material como formal. La arbitrariedad, por su parte, no se equipara a la contradicción con la ley, sino que resulta más amplia, pues incluye elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Así, resulta arbitraria la privación de libertad ejecutada por ‘causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad’. El uso de preconceptos sobre una persona o su comportamiento, o el empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, sobre la supuesta peligrosidad de ciertos grupos sociales y la pertenencia de una persona a los mismos, puede dar lugar a actuaciones discriminatorias que serán, por consiguiente, manifiestamente irrazonables y arbitrarias” (párr.  104).
“Las detenciones fueron […] arbitrarias. En primer término porque […] se realizaron de modo imprevisible y, al menos en el último caso, por medio de agresiones físicas que resultaron un medio desproporcionado para ejecutar la detención. Además, en segundo lugar, las detenciones se insertaron en una serie más amplia de actos cometidos por funcionarios policiales, que, a su vez, son acordes con una situación contextual de violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza […]. [E]l actuar policial en las tres detenciones analizadas obedeció a preconceptos sobre Jimmy Guerrero, que implicaban considerarlo, en forma injustificada, como delincuente o peligroso, con base en percibir su pertenencia a un grupo etario, económico y social. Las tres detenciones, entonces, resultaron discriminatorias y arbitrarias” (párr. 109).
3. Fuerzas de seguridad. Violencia. Violencia institucional. Uso de la fuerza. Derecho a la integridad personal. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Vulnerabilidad.
“[S]i bien el examen médico realizado señaló lesiones de carácter ‘leve’ y ausencia de secuelas […], ello, por sí mismo, no descarta la posibilidad de padecimientos graves, que no deben ser considerados solo en su carácter físico. En este último aspecto, por cierto, los hechos muestran que el señor Guerrero sufrió fuertes agresiones, que tuvieron que causarle intensos dolores y malestar. Además, debe recabarse en el alto grado de angustia y temor que produjeron […]. Todo lo anterior se inserta en una serie de actos cometidos por personal policial contra él o sus familiares […], que incluyeron amenazas de muerte. Por lo referido, es razonable asumir que Jimmy Guerrero experimentó un profundo temor de ser privado de su vida. Las dolencias físicas que tuvo, entonces, se vieron complementadas con graves sufrimientos mentales, dado el impacto psicológico causado por el modo en el que se cometieron las agresiones y la situación en la que se insertaron” (párr. 117).
“Es evidente la intencionalidad de los vejámenes infringidos al señor Guerrero. Tuvieron, además, una finalidad o propósito específico. Al respecto, lo sucedido se enmarca en un contexto de violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza. El mismo tenía por base el prejuicio de que tales personas, por su pertenencia a un sector social, resultaban ‘peligrosas’ […]. El ataque, entonces, tuvo un sustento discriminatorio, siendo que los funcionarios policiales buscaron amedrentar y castigar al señor Guerrero con base en preconceptos ligados la posición económica y condición social” (párr. 118).
“[R]esulta particularmente grave el ensañamiento de los funcionarios policiales con el cuerpo del señor Guerrero, lo cual es otra manifestación de la violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, y además refleja la convicción de los agresores de que su conducta no les acarrearía consecuencias ulteriores, debido al alto grado de impunidad que caracterizaba estas agresiones […]. Los actos en cuestión, muestran que los funcionarios policiales infligieron un trato denigrante al cuerpo de Jimmy Guerrero al golpearlo y arrastrarlo atado a un automóvil. La Corte ya ha indicado que el modo en que se trate a cuerpos de personas fallecidas puede, según las circunstancias del caso, dar cuenta de un trato denigrante en perjuicio de la persona fallecida, así como de sus familiares, y entiende que es lo que ha ocurrido en este caso” (párr. 127).
4. Fuerzas de seguridad. Violencia. Violencia institucional. Prevención e investigación. Debida diligencia. Independencia. Principio de imparcialidad.
“[L]os criterios de independencia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar las circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para interponer una acción penal” (párr. 141).
“[C]onsta en los hechos que, en diversas denuncias presentadas por Jimmy Guerrero antes de su muerte, se señaló a personal del CICPC como responsable de actos en su contra. Si bien no se ha identificado a los responsables de la muerte de los señores Guerrero y Molina, ha quedado establecido que se trató de personal policial y, dados los antecedentes aludidos, no puede descartarse a priori que hubiera funcionarios del CICPC involucrados. De este modo, varias diligencias de investigación fueron realizadas por un organismo cuyo personal pudo haber tenido participación en los hechos. La Corte entiende, entonces, que lo expresado pudo haber influido en irregularidades en la investigación, lo que es un elemento que perjudica la debida diligencia en las actuaciones” (párr. 143).
FUERZAS DE SEGURIDAD; VIOLENCIA; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; USO DE LA FUERZA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; ACTOS DISCRIMINATORIOS; DERECHO PENAL DE AUTOR; PRINCIPIO DE INOCENCIA; LIBERTAD INDIVIDUAL; PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD; ABUSO DE AUTORIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; INDEPENDENCIA; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD;
JL v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Violencia sexual. Violación. Derecho a la integridad personal. Prevención e investigación. Debida diligencia. Plazo razonable.
“[E]l artículo 8, al igual que el artículo 3 [prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes], impone a los Estados la obligación positiva de adoptar disposiciones penales que tipifiquen y sancionen de manera efectiva cualquier acto sexual no consentido, que comprende los casos donde la víctima no opone resistencia física, y de implementar de manera concreta estas disposiciones mediante investigaciones y enjuiciamientos efectivos” (cfr. párr. 117).
“[L]a obligación positiva que incumbe al Estado en virtud del artículo 8 de proteger la integridad física de la persona exige, en casos de tal gravedad como la violación, disposiciones penales eficaces, y puede extenderse por tanto a cuestiones relativas a la eficacia de la investigación penal llevada a cabo para implementar dichas disposiciones.
En cuanto a la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva […], se trata de una obligación de medios y no de resultado. Si bien este requisito no exige que todo proceso penal finalice en una condena ni en el dictado de una sentencia determinada, las autoridades judiciales locales en ningún caso deben estar dispuestas a dejar impunes los ataques contra la integridad física y moral de las personas, para preservar la confianza pública en el respeto del principio de legalidad y para evitar cualquier apariencia de complicidad o tolerancia hacia actos ilícitos.
En este contexto, también se encuentra implícita una exigencia de celeridad y debida diligencia. Más allá del resultado del proceso, los mecanismos de protección previstos en el derecho interno deben operar en la práctica dentro de un plazo razonable que permita concluir el examen de fondo sobre los asuntos concretos sometidos a las autoridades” (cfr. párr. 118).
2. Violencia sexual. Prueba testimonial. Víctima. Revictimización. Derecho de defensa. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. Estereotipos de género.
“[L]os Estados deben organizar su proceso penal de manera de no poner en riesgo de manera indebida la vida, libertad o seguridad de los testigos, en particular de las víctimas llamadas a declarar. Por lo tanto, los intereses de la defensa deben ser sopesados con los de los testigos o las victimas que sean llamados a declarar.
[L]a víctima de un delito de carácter sexual suele vivir el proceso penal como un desafío, en particular cuando debe enfrentarse al imputado en contra de su voluntad […]. Por ese motivo, en el marco de procesos penales de esta naturaleza, pueden adoptarse medidas especiales de protección para proteger a las víctimas […]. Las disposiciones en cuestión implican una asistencia adecuada a la víctima durante el proceso penal, con el objetivo de protegerla de una revictimización” (cfr. párr. 119).
“La forma en la que se interroga a una presunta víctima de delitos sexuales debe permitir un justo equilibrio entre su integridad personal y dignidad y el derecho de defensa garantizado al imputado. Si bien el imputado debe poder defenderse cuestionando la credibilidad de la presunta víctima o señalando eventuales inconsistencias en su relato, el contrainterrogatorio no debe ser utilizado como mecanismo para intimidar o humillar a la presunta víctima” (cfr. párr. 128).
“[E]n el caso, la cuestión de la credibilidad de la solicitante era particularmente crucial […]. Sin embargo, [el Tribunal Europeo] no ve cómo la condición familiar de la presunta víctima, sus relaciones sentimentales, su orientación sexual o incluso su elección de vestimenta o sus actividades artísticas y culturales podrían ser relevantes para valorar su credibilidad o la responsabilidad penal de los imputados. En consecuencia, no puede considerarse que estos ataques a la vida privada e imagen de la solicitante se encontraban justificados por la necesidad de garantizar el derecho de defensa de los imputados” (cfr. párr. 138).
3. Violencia de género. Víctima. Revictimización. Sentencia. Estereotipos de género. Derecho a la imagen. Derecho a la vida privada y familiar.
“[L]a obligación positiva de proteger a las presuntas víctimas de violencia de género también impone el deber de proteger su imagen, dignidad y vida privada, inclusive mediante la no divulgación de información y datos personales que no guarden relación con los hechos […]. En este sentido, la facultad de los jueces de expresarse libremente en sus decisiones, que es una manifestación […] del principio de independencia judicial, se encuentra limitada por la obligación de proteger la imagen y la vida privada de los justiciables contra todo ataque injustificado” (cfr. párr. 139).
“[E]l lenguaje y los argumentos empleados por el tribunal de apelaciones transmiten los prejuicios sobre el rol de la mujer que existen en la sociedad italiana, y pueden representar un obstáculo para la protección efectiva de los derechos de las víctimas de violencia de género a pesar de contar con un adecuado marco legislativo” (cfr. párr. 140).
“[L]os procedimientos y las sanciones penales juegan un rol crucial en la respuesta institucional a la violencia de género y en la lucha contra la desigualdad de género. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades judiciales eviten reproducir estereotipos de género en sus decisiones, y que eviten minimizar la violencia de género y revictimizar a las mujeres mediante el uso de un discurso moralizador que pueda desalentar la confianza de las víctimas en el sistema de justicia” (cfr. párr. 141).
VIOLENCIA SEXUAL; VIOLACIÓN; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; PLAZO RAZONABLE; PRUEBA TESTIMONIAL; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; SENTENCIA; DERECHO A LA IMAGEN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
La detención arbitraria en relación con las políticas de fiscalización de drogasGrupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria analizó el impacto de las políticas públicas en materia de drogas en el ejercicio de los derechos humanos de las personas vinculadas a este tipo de delitos desde una perspectiva de interseccionalidad. Entre sus observaciones, advirtió sobre el aumento de casos de detención arbitraria de consumidores y señaló la necesidad de garantizar la proporcionalidad en la respuesta penal. Por otra parte, destacó el rol central de la medicina en el tratamiento de las adicciones y desaconsejó la criminalización como respuesta al consumo de estupefacientes. Asimismo, consideró fundamental garantizar procedimientos policiales y judiciales libres de discriminación para evitar la estigmatización de personas en situación de vulnerabilidad.  Por último, aconsejó la despenalización del consumo de estupefacientes y su tratamiento como un problema de salud y no como una cuestión penal.
1. Estupefacientes. Detención de personas. Prisión preventiva. Arbitrariedad. Libertad individual. Principio de legalidad.
“[L]a prohibición absoluta de la privación arbitraria de la libertad y las salvaguardias para evitar esos casos son válidas para todas las personas, incluidas las que son aprehendidas, detenidas o acusadas de delitos relacionados con las drogas y las que se someten a rehabilitación por causa de drogodependencia, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es preciso que todas las políticas en materia de drogas respondan a un objetivo necesario, proporcionado y legítimo. El encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas debe ser una medida de último recurso y, en principio, sólo debe emplearse para los delitos graves, mientras que en el caso de infracciones menos graves debe recurrirse a mecanismos alternativos a la sanción penal o al enjuiciamiento” (párr. 4).
“La llamada guerra contra las drogas ha acarreado un gran y desproporcionado aumento de detenciones y encarcelamientos por delitos relacionados con las drogas. Algunos Estados han ido mucho más allá de lo que exigen los tratados internacionales de fiscalización de drogas en cuanto a la criminalización y las penas asociadas, mientras que otros han demostrado un celo excesivo en la aplicación de las disposiciones de dichos tratados en lo referente a la tipificación como delito de estas conductas. Esta desproporción en las medidas frecuentemente ha comportado vulneraciones generalizadas de los derechos humanos que han entrañado un aumento de las detenciones arbitrarias” (párr. 8).
“Otra grave preocupación es el uso excesivo de la prisión preventiva por delitos relacionados con las drogas. En varios Estados, aun cuando no exista ningún requisito legal para la reclusión de oficio, en la práctica las personas detenidas por delitos relacionados con las drogas suelen permanecer en prisión preventiva. En algunos Estados, las personas acusadas de delitos relacionados con las drogas pueden ser recluidas en prisión preventiva durante meses o incluso años […]. El Grupo de Trabajo ha expresado su preocupación por los regímenes de detención preventiva que contemplan la reclusión a la espera de juicio de presuntos narcotraficantes durante largos períodos” (párrs. 18 y 19).
2. Estupefacientes. Detención de personas. Requisa. Actos discriminatorios. Tenencia de estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Arbitrariedad. No discriminación. Vulnerabilidad.
“La realización de pruebas aleatorias para detectar drogas y las prácticas de interceptación en vía pública y cacheo pueden utilizarse como formas de identificar a los consumidores de drogas o a los que tienen drogas en su poder, con el fin de detenerlos. Estas prácticas se alejan notablemente del requisito de causa probable para los registros legales y constituyen una merma considerable del derecho humano a la seguridad de la persona. Determinar quién debe ser sometido a una prueba o registro para detectar la tenencia de drogas puede ser una decisión muy subjetiva, a menudo basada en el aspecto físico, el sexo, la edad, la raza, el origen étnico o la condición de inmigrante o trabajador sexual de una persona” (párr. 11).
“La guerra contra las drogas puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas. Su impacto suele ser mayor en los pobres, pero también suele superponerse a la discriminación que practican las fuerzas del orden contra grupos vulnerables. Se ha hecho referencia a este fenómeno como la interseccionalidad de las diferentes formas de discriminación, que agudiza la situación de desventaja. El Grupo de Trabajo ha observado que la criminalización del consumo de drogas facilita que el sistema de justicia penal despliegue discriminatoriamente toda su capacidad de actuación contra los consumidores de drogas, toda vez que los agentes de la autoridad suelen poner en su punto de mira a miembros de grupos vulnerables y marginados, como las minorías, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas con sida y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. También pueden ser vulnerables las personas sin hogar, los trabajadores del sexo, los migrantes, los jóvenes, los desempleados y los ex convictos. El Grupo de Trabajo ha alentado a los Estados a que tomen medidas para prohibir las prácticas discriminatorias en la aprehensión y detención de miembros de grupos vulnerables y marginados en sus esfuerzos de lucha contra la droga” (párr. 51).
3. Estupefacientes. Pena. Determinación de la pena. Ejecución de la pena. Principio de proporcionalidad. Necesidad racional del medio empleado. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento.
“El Grupo de Trabajo ha expresado su preocupación por la falta de proporcionalidad en las penas impuestas por delitos relacionados con las drogas. Las penas mínimas de obligada imposición y la desproporcionada larga duración de las penas previstas para los delitos relacionados con las drogas […] han contribuido a crear situaciones de encarcelamiento excesivo y hacinamiento en las prisiones” (párr. 36).
“El Grupo de Trabajo ha pedido una reforma para garantizar que las penas impuestas por delitos relacionados con las drogas observen el principio de proporcionalidad. El Grupo de Trabajo recomendó que ‘a fin de cumplir el requisito de que la pena sea proporcionada, los Estados deben revisar su política y su legislación en materia penal con el objetivo de reducir las penas mínimas y máximas y despenalizar el consumo personal de drogas y los delitos menores relacionados con drogas” (párr. 38).
“[E]l encarcelamiento excesivo por delitos relacionados con las drogas contribuye de forma significativa al hacinamiento en las cárceles y puede poner en cuestión el cumplimiento del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, así como de otras normas como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok)” (párr. 39).
“Algunos Estados no permiten que los convictos por delitos relacionados con drogas puedan acogerse a la posibilidad de la condena condicional, la libertad condicional, el indulto o la amnistía, medidas que pueden aplicarse en el caso de los condenados por otros delitos. Algunos Estados no permiten la reducción de la pena por trabajo o estudios tratándose de delitos relacionados con drogas. El Grupo de Trabajo ha recomendado a los Estados que eliminen esas limitaciones” (párr. 44).
4. Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Legalización. Adicción. Derecho a la salud.
“El Grupo de Trabajo ha afirmado que ‘todos los Estados deben evitar la tipificación como delito del consumo de drogas’, y que ‘los Estados deben revisar sus políticas penales y su legislación en esta materia con el objetivo de [...] despenalizar el consumo personal de drogas y las infracciones menos graves relacionadas con ellas’. El consumo de drogas y la drogodependencia no deben tratarse como un asunto penal, sino como un problema de salud, por lo que de abordarse con medidas basadas en derechos, en particular medidas basadas en el derecho a la salud consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Grupo de Trabajo ha afirmado que ‘el consumo de drogas o la drogodependencia no es justificación suficiente para una medida como la privación de libertad’” (párr. 122).
“La Relatoría Especial sobre el derecho a la salud ha constatado que la criminalización disuade a las personas que consumen drogas de acceder a los servicios de salud, agrava la estigmatización y socava las iniciativas de promoción de la salud” (párr. 124).
ESTUPEFACIENTES; DETENCIÓN DE PERSONAS; PRISIÓN PREVENTIVA; ARBITRARIEDAD; LIBERTAD INDIVIDUAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; REQUISA; ACTOS DISCRIMINATORIOS; TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; LEGALIZACIÓN; ADICCIÓN; DERECHO A LA SALUD;
Informe sobre la violación como una vulneración grave, sistemática y generalizada de los derechos humanosRelatoría Especial sobre la violencia contra la mujer
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer ofreció directrices a los Estados sobre la manera de adecuar la figura de la violación y su persecución penal a los estándares internacionales de derechos humanos. Entre sus recomendaciones, señaló que la tipificación de la violación debe centrarse en el concepto de consentimiento y que debe proteger a todas las personas sin discriminación. Asimismo, consideró primordial el acceso a la justicia de las víctimas de violación. En ese sentido, propuso la persecución penal de oficio y la ampliación del período de prescripción de esta figura. Por último, llamó a los Estados a evitar la revictimización durante el proceso penal, en particular en lo relativo a la producción y valoración de la prueba.
1. Violencia sexual. Derecho a la integridad personal. Violación. Tipicidad. Género. No discriminación. Igualdad. Estereotipos de género. Tortura.
“En la actualidad, el marco de derechos humanos y la jurisprudencia internacionales reconocen la violación como una violación de los derechos humanos y una manifestación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas que podría equivaler a tortura. De conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, la violación puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio cuando se dan los demás elementos del crimen” (párr. 9).
“Tradicionalmente, la violación se tipificaba como un delito específico de género consistente en la penetración vaginal de las mujeres solamente. En la actualidad, las normas internacionales de derechos humanos han ampliado el alcance de las disposiciones sobre la violación para abarcar a todas las personas y todos los actos de penetración de carácter sexual” (párr. 67).
“Las disposiciones del derecho penal sobre la violación deben proteger a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Los hombres, los niños y las personas de género diverso también deben estar protegidas por la legislación. Ahora bien, la violación es una forma de violencia de género que afecta predominantemente a las mujeres y las niñas, lo que requiere una aplicación con perspectiva de género de disposiciones neutrales al respecto” (párr. 72).
“Los Estados deben incluir entre las circunstancias agravantes las situaciones siguientes: que el agresor sea o haya sido cónyuge o pareja de la víctima o sea un familiar suyo, o que haya abusado de su poder o autoridad sobre la víctima; que la víctima fuera vulnerable o se pusiera en situación de vulnerabilidad, o fuera menor de edad, o que el acto se cometiera en presencia de un menor de edad; que el acto provocara daños físicos y/o psicológicos a la víctima; que el acto fuera cometido por dos o más personas; y que el acto se cometiera en repetidas ocasiones, con el uso de la violencia o con el uso o la amenaza del uso de un arma” (párr. 90).
“Los Estados deben derogar otras leyes que discriminen a la mujer y que, directa o indirectamente, contribuyan a crear lagunas legales y estereotipos en la tipificación y el enjuiciamiento de los casos de violación” (párr. 114).
2. Violencia sexual. Derecho a la integridad personal. Violación. Tipicidad. Consentimiento. Niños, niñas y adolescentes.
“En los últimos 30 años, la inclusión explícita de la falta de consentimiento en la definición de la violación se ha convertido en un elemento central y constitutivo, como establecen el artículo 36 del Convenio de Estambul, la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y, en cierta medida, el Estatuto de Roma, y como expone el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación general núm. 35 (2017) (párr. 29 e)” (párr. 73).
“Los Estados deben incluir de manera explícita la falta de consentimiento como elemento fundamental de su definición de la violación. El uso de la fuerza o la amenaza de usarla constituyen una prueba clara de la falta de consentimiento, pero la fuerza no es un elemento constitutivo de la violación. Los Estados deben especificar que el consentimiento ha de darse voluntariamente, como resultado de la libre voluntad de la persona, teniendo en cuenta el contexto de las circunstancias que lo rodean. Las relaciones sexuales sin consentimiento deben ser consideradas un delito de violación en todas sus definiciones […].
Las disposiciones penales sobre la violación deben especificar las circunstancias en que la determinación de la falta de consentimiento no se requiere o el consentimiento no puede darse; por ejemplo, cuando la víctima se encuentra en una institución como una cárcel o un centro de detención, o está incapacitada permanente o temporalmente debido al consumo de alcohol y drogas […].
La legislación que tipifica la violación debe establecer que el consentimiento de los menores de 16 años es irrelevante, y que cualquier relación sexual con una persona que no alcance la edad de consentimiento es una violación (violación de menores), en la que no es necesario determinar la falta de consentimiento” (párr. 85).
“Los Estados deben garantizar una educación adecuada a la edad de los niños y adolescentes sobre la autonomía sexual y los derechos humanos, incluida la importancia de comprender la falta de consentimiento (el principio ‘no es no’) y de promover el consentimiento afirmativo (el principio ‘sí es sí’)” (párr. 117).
3. Violencia sexual. Violación. Acceso a la justicia. Debido proceso. Delitos de acción pública. Prescripción.
“En su recomendación general núm. 35 (2017), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a los Estados partes que iniciaran acciones penales de oficio para enjuiciar a los presuntos infractores de manera justa, imparcial, oportuna y rápida. Del mismo modo, el Convenio de Estambul exige a las Partes que garanticen que la investigación y los procedimientos judiciales se lleven a cabo sin demoras injustificadas, teniendo en cuenta los derechos de la víctima en todas las fases del proceso penal, y que el enjuiciamiento de los casos de violación no dependa totalmente de la presentación de una denuncia o demanda por la víctima” (párr. 93).
“El delito de violación debe perseguirse de oficio, sin que las facultades discrecionales de los fiscales sean demasiado amplias, y el inicio de acciones penales no debe depender únicamente de la denuncia de la víctima […]. El enjuiciamiento debe llevarse a cabo sin demoras injustificadas” (párr. 94).
“No se debe establecer ningún plazo de prescripción para iniciar acciones judiciales por delitos de violación, tanto si se cometen en situaciones de conflicto como en tiempos de paz. Cuando existan plazos de prescripción, estos deben prolongarse para permitir la recuperación de las víctimas/sobrevivientes y nunca deben impedir el acceso a la justicia. En el caso de las víctimas infantiles, los plazos de prescripción deben permitir, como mínimo, el inicio de las actuaciones después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad” (párr. 107).
4. Violencia sexual. Violación. Prueba. Carga de la prueba. Prueba testimonial. Victima. Revictimización.
“La aplicación del criterio de prueba del derecho penal, ‘más allá de toda duda razonable’, en los casos de violación está estrechamente relacionada con la definición de violación. Por ejemplo, si la definición de violación requiere la prueba del uso de la fuerza o la coacción, la carga de esa prueba recae en las víctimas, lo que da lugar a la impunidad de los autores, ya que ese delito suele cometerse en privado y puede no provocar daños físicos visibles. Por otra parte, si la definición de violación se basa en la falta de consentimiento, la carga de la prueba se comparte con el autor o se traslada en parte a él, por lo que se requiere un criterio de prueba diferente al de más allá de toda duda razonable” (párr. 95).
“El testimonio de la víctima, sustentado en una evaluación física y psicológica del daño y valorado junto con las pruebas existentes, no debe requerir más corroboración para ser considerado como prueba […].
Los Estados deben adoptar otras medidas para apoyar a la víctima y proteger su intimidad, evitar el contacto entre la víctima y el agresor, permitir que la víctima testifique en la sala del tribunal sin estar presente o, al menos, sin la presencia del presunto infractor (en particular, mediante el uso de las tecnologías de la comunicación), proporcionar asistencia jurídica, facilitar intérpretes cuando sea necesario e informar a las víctimas si el agresor huye o queda en libertad” (párr. 100).
“Las normas sobre las pruebas para iniciar acciones penales deben cambiar significativamente a fin de reducir la impunidad de los autores y aumentar el índice de casos enjuiciados, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas de la revictimización” (párr. 113).
“Los Estados deben proporcionar servicios y apoyo adecuados a las víctimas de violación, como centros de atención urgente a víctimas de violación, órdenes de protección y medidas de ayuda provisionales, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto, incluidas medidas de reparación a las víctimas, de conformidad con las normas e informes internacionales de derechos humanos” (párr. 115).
VIOLENCIA SEXUAL; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; VIOLACIÓN; TIPICIDAD; GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; TORTURA; CONSENTIMIENTO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA; PRESCRIPCIÓN; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN;
AI v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Derecho a la vida privada y familiar. Protección integral de la familia. Adopción. Derecho a la reunificación familiar. Familia biológica. Responsabilidad parental.
“[P]ara un progenitor y su hijo, estar juntos conforma un elemento fundamental de la vida familiar, y las disposiciones internas que se lo impidan constituyen una injerencia en el derecho amparado por el artículo 8 de la Convención […]. Tal injerencia importa un desconocimiento a este artículo a menos que esté ‘prevista por la ley’, persiga uno o más objetivos legítimos […] y pueda considerarse una medida ‘necesaria en una sociedad democrática’” (cfr. párr. 83).
“[E]n caso de separación, la unidad familiar y la reunificación de la familia conforman cuestiones inherentes al derecho al respeto de la vida privada y familiar […]. Por lo tanto, toda autoridad pública que ordenase medidas de ejercicio de responsabilidad parental que restrinjan el derecho a la vida familiar tiene asimismo la obligación positiva de adoptar medidas que permitan la reunificación familiar siempre que sea posible. Además, todo acto de ejercicio de la responsabilidad parental temporal debe ser coherente con su objetivo esencial: reunir a los padres biológicos y al hijo. La obligación positiva de adoptar medidas que permitan la reunificación familiar tan pronto como sea posible se impone a las autoridades competentes desde el inicio de las medidas sobre el ejercicio de la responsabilidad parental y con fuerza cada vez mayor, pero siempre debe ponderarse frente al deber de considerar el interés superior del niño. Además, los vínculos entre los miembros de una familia y las posibilidades de una reunificación exitosa se verán debilitados en caso de imponer obstáculos que impidan la reunión accesible y regular de los interesados” (cfr. párr. 86).
“[S]e debe ejercer un ‘control más riguroso’ sobre las restricciones adicionales al ejercicio de la responsabilidad parental, como las impuestas por las autoridades a los derechos de visita de los padres, y sobre las garantías destinadas a asegurar la protección efectiva de los derechos de los padres y niños al respeto de su vida familiar. De hecho, estas restricciones adicionales representan un riesgo de cortar las relaciones familiares entre los padres y un niño pequeño” (cfr. párr. 89).
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Familia. Protección integral de la familia. Derecho a la reunificación familiar. Derecho a la identidad.
“[E]n los casos en que los intereses del niño y los de sus padres estén en conflicto, el artículo 8 requiere que las autoridades nacionales alcancen un justo equilibrio entre estos intereses y que, al hacerlo, concedan especial importancia al interés superior del niño, que según su naturaleza y gravedad puede imponerse al interés de los padres. En efecto, solo ‘circunstancias totalmente excepcionales’ pueden provocar la ruptura del vínculo familiar” (cfr. párr. 87).
“[E]l margen de apreciación reconocido a las autoridades competentes variará según la naturaleza de las cuestiones controvertidas y la gravedad de los intereses en juego como, por un lado, la importancia de proteger a un niño de una situación considerada muy peligrosa para su salud o su desarrollo y, por otro lado, el objetivo de reunificar a la familia tan pronto como las circunstancias lo permitan” (cfr. párr. 88).
“[D]e manera general, el interés superior del niño exige que se preserven los vínculos entre él y su familia salvo que esta última haya demostrado ser indigna: romper este vínculo es arrancar al niño de sus raíces. En consecuencia, solo circunstancias totalmente excepcionales pueden conducir a la ruptura del vínculo familiar, y se debe hacer todo lo posible para mantener los vínculos personales y, en su caso, para ‘reconstituir’ la familia […].
Existe un importante consenso internacional respecto a que el niño no debe ser separado de sus padres contra su voluntad a menos que las autoridades competentes decidan que esta separación es necesaria a la luz del interés superior del niño, siempre sujeto a revisión judicial y de acuerdo con las leyes y procedimientos aplicables. Además, corresponde a los Estados establecer garantías procesales prácticas y efectivas para asegurar la protección e implementación del interés superior del niño” (cfr. párr. 98).
3. Vulnerabilidad. Trata de personas. Maternidad. Protección integral de la mujer. No discriminación.
“[L]as decisiones controvertidas se adoptaron en un contexto en el que la solicitante era víctima de trata. Si bien las autoridades le brindaron asistencia sanitaria y social […], los tribunales no consideraron la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba al evaluar su aptitud para ser madre y su solicitud de mantener el contacto con sus hijos. Cuando un caso involucra a personas en situación de vulnerabilidad, las autoridades deben prestar especial atención y brindarles una mayor protección” (cfr. párr. 102).
“[D]ada la relevancia de los intereses en juego, correspondía a las autoridades competentes evaluar con mayor profundidad la vulnerabilidad de la solicitante durante el proceso en cuestión” (cfr. párr. 103).
“Además, de las decisiones de los tribunales locales se desprende que la aptitud de la solicitante para ser madre se evaluó sin tener en cuenta su origen nigeriano ni el modelo de vínculo entre padres e hijos que se puede encontrar en la cultura africana, incluso, a pesar de que esto se remarcó con gran fuerza en el informe de expertos” (cfr. párr. 104).
DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; ADOPCIÓN; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; FAMILIA BIOLÓGICA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; FAMILIAS; DERECHO A LA IDENTIDAD; VULNERABILIDAD; TRATA DE PERSONAS; MATERNIDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; NO DISCRIMINACIÓN; REVINCULACIÓN;
Guachalá Chimbo y otros v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 11 (dignidad), 13 (acceso a la información), 24 (igualdad ante la ley) y 26 (salud) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación los artículos 1.1 (obligación de respetar y garantizar derechos sin discriminación) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento. Además, concluyó que era responsable por la violación de los artículos 7.6 (recurso efectivo), 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención en relación con su artículo 1.1.
1. Igualdad. No discriminación. Personas con discapacidad. Actos discriminatorios.
“[L]a discapacidad es una categoría protegida por la Convención Americana. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la discapacidad real o percibida de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona a partir de su discapacidad” (párr. 79).
“[L]a discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva” (párr. 85).
“[L]as personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad” (párr. 87).
2. Derecho a la salud. Personas con discapacidad. Principio de progresividad. Ajustes razonables. Vulnerabilidad.
“La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral” (párr. 100).
“[L]a naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección del derecho a la salud incluyen aspectos que tienen una exigibilidad inmediata, así como aspectos que tienen un carácter progresivo […]. [E]n relación con las primeras (obligaciones de exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en general avanzar hacia la plena efectividad de los DESCA” (párr. 106).
“[E]l cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar el derecho a la salud deberá dar especial cuidado a las personas en situación de pobreza. En este sentido, los Estados deberán tomar medidas para que los tratamientos necesarios para prevenir discapacidades no sean una carga desproporcionada para los hogares más pobres” (párr. 148).
“[T]omando en cuenta las circunstancias particulares del presente caso […], los ajustes razonables necesarios para lograr la igualdad material requerían una atención preferente […] mediante el proveimiento gratuito de los medicamentos prescritos para su tratamiento médico y el seguimiento médico adecuado. Al no otorgarle dichos medicamentos, no se tomaron las medidas necesarias para prevenir la aparición de discapacidades y reducir las posibilidades del aumento de las mismas” (párr. 177).
3. Derecho a la salud. Derecho a la información. Personas con discapacidad. No discriminación. Salud mental. Personalidad jurídica. Consentimiento informado. Libertad individual. Sistemas de apoyo.
“El consentimiento informado es un elemento fundamental del derecho a la salud […]. [L]a violación del derecho al consentimiento informado implica no solo una violación del derecho a la salud, sino también al derecho a la libertad personal, el derecho a la dignidad y la vida privada, y el derecho al acceso a la información” (párr. 110).
“[E]l reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad implica no negar su capacidad jurídica y proporcionar acceso [al] apoyo que la persona pueda necesitar para tomar decisiones con efectos jurídicos” (párr. 116).
“La capacidad jurídica adquiere una importancia especial para las personas con discapacidad cuando tienen que tomar decisiones fundamentales en lo que respecta a su salud. En este sentido, someter a una persona con discapacidad a un tratamiento de salud sin su consentimiento informado puede constituir una negación de su personalidad jurídica” (párr. 117).
“[L]a discapacidad real o percibida no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse, y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. En efecto, la discapacidad de un paciente no debe utilizarse como justificación para no solicitar su consentimiento y acudir a un consentimiento por representación” (párr. 120).
“[E]l Estado utilizó la discapacidad de la presunta víctima para justificar que era innecesario su consentimiento informado para el internamiento y administración forzada de tratamientos médicos, lo cual, no solo profundizó las barreras en su entorno que le impedía ejercer sus derechos de manera efectiva, sino que además constituyó discriminación en razón de la discapacidad” (párr. 173).
4. Desaparición forzada de personas. Personas privadas de la libertad. Internación. Salud pública. Prevención e investigación. Responsabilidad del Estado.
“[E]n los entornos institucionales, ya sea en hospitales públicos o privados, el personal médico encargado del cuidado de los pacientes, ejerce un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. Este desequilibrio intrínseco de poder entre una persona internada y las personas que tienen la autoridad, se multiplica muchas veces en las instituciones psiquiátricas […]. Los Estados tienen el deber de supervisar y garantizar que en toda institución psiquiátrica, pública o privada, sea preservado el derecho de los pacientes de recibir un tratamiento digno, humano y profesional, y de ser protegidos contra la explotación, el abuso y la degradación” (párr. 90).
“[E]l desconocimiento del paradero de un paciente que estaba bajo la custodia del Estado, siendo medicado y con una solicitud expresa de vigilancia, demuestra que las autoridades estaban siendo, al menos, negligentes […]. Si bien un paciente puede decidir de forma informada no continuar con un tratamiento, los hospitales deben tomar medidas para prevenir que las personas que se encuentran bajo su cuidado abandonen el centro de salud de forma repentina y sin conocer los riesgos que pudiese implicar no continuar con el tratamiento que estaba recibiendo” (párr. 161).
“En virtud de la posición de garante del Estado frente las personas en su custodia […], existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. Este mismo principio es aplicable a casos donde una persona se encuentra bajo custodia estatal y se desconoce su paradero posterior. Recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados” (párr. 163).
“La circunstancia de que la víctima de este caso no se hallase en un establecimiento ‘cerrado’, en el sentido de que los pacientes no tenían impedida la salida del manicomio, no significa que no haya estado privado de libertad, como tampoco es significativo a este respecto que a ese establecimiento hubiese ingresado voluntariamente o con consentimiento de la madre […]. La libertad de la persona se limita o suprime tanto por medios físicos como químicos y, en el presente caso la víctima se hallaba claramente privada de libertad por medios químicos, según la alta dosis prescripta por la médica tratante”.
“El concepto jurídico de desaparición forzada de personas no exige que los funcionarios públicos hubiesen privado de libertad con el dolo de hacer desaparecer a la persona. Es sabido que en muchos casos ampliamente conocidos este dolo ‘ab initio’ no existe […]. El dolo que se exige en los funcionarios es ‘ex post factum’, o sea, subsecuente a lo que haya sucedido con la víctima y que se ignora”.
“[E]n cada caso es menester evaluar las circunstancias particulares que hagan más o menos verosímil la versión de la ‘salida’ y, en el caso concreto, todos los indicios, marcadamente graves, precisos y concordantes, convergen en la escasísima probabilidad de confirmar esa hipótesis, que no pasa de un mero dicho de quienes supuestamente serían los primeros sospechosos” (voto concurrente del juez Zaffaroni).
5. Desaparición forzada de personas. Derecho a la vida. Prevención e investigación. Tutela judicial efectiva. Derecho a la verdad. Delitos de acción pública. Prescripción. Debida diligencia.
“[L]a obligación de investigar la desaparición de una persona que se encontraba en custodia estatal debe asumirse ex officio; es decir, su inicio no puede estar supeditado a la iniciativa procesal de los familiares de las víctimas” (párr. 188).
“La investigación de lo sucedido al señor Guachalá Chimbo incluye la obligación de determinar la suerte o destino de la víctima y la localización de su paradero. En el presente caso, la búsqueda además debía tomar en cuenta la especial vulnerabilidad en la que se encontraba el señor Guachalá Chimbo al momento de su desaparición” (párr. 190).
“[T]anto el cumplimiento como la ejecución de las sentencias constituyen componentes del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. De igual manera, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución […]. En este sentido, se advierte que, al no haberse realizado acciones investigativas de forma inmediata tras la decisión del Tribunal Constitucional, el recurso de hábeas corpus no tuvo en la práctica ninguna efectividad” (párr. 210).
“[T]oda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad […]. Si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, aquel tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la Convención Americana” (párr. 213).
“[L]a desaparición forzada no es un delito instantáneo, sino permanente o continuo, es decir que tiene un estado consumativo que, tratándose de una omisión, comienza en el momento en que surge el deber de actuar del sujeto activo, o sea, el deber de dar cuenta del paradero o destino de la persona, y se extingue en el momento en que se tiene conocimiento de eso. Hasta que no se produzca este último efecto no comienza a correr la prescripción de la acción penal por el delito de desaparición forzada, de modo que, en el presente caso, el Estado tiene la obligación de investigar y en su caso procesar y penar a sus autores” (voto concurrente del juez Zaffaroni).
IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACTOS DISCRIMINATORIOS; DERECHO A LA SALUD; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; AJUSTES RAZONABLES; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; SALUD MENTAL; PERSONALIDAD JURÍDICA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; LIBERTAD INDIVIDUAL; SISTEMAS DE APOYO; DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; INTERNACIÓN; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO A LA VIDA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DERECHO A LA VERDAD; DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA; PRESCRIPCIÓN; DEBIDA DILIGENCIA;
Vicky Hernández y otras v. HondurasCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Honduras era responsable por la violación de los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4.1 (vida), 5.1 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8.1 (garantías judiciales), 11 (vida privada), 13 (libertad de expresión), 18 (nombre) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 8, 24 y 25 del mismo instrumento. Asimismo, consideró que Honduras era responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 7.a (abstención de cualquier acción o práctica de violencia) y 7.b (debida diligencia) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
1. LGBTIQ. Identidad de género. No discriminación. Igualdad. Actos discriminatorios. Derecho a la identidad. Reconocimiento jurídico.
“[L]a orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención. En consecuencia, el Estado no puede actuar de forma discriminatoria en contra de una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género” (párr. 67).
“[L]a violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha persona se auto-identifica o no con una determinada categoría. Esta violencia, alimentada por discursos de odio, puede dar lugar a crímenes de odio” (párr. 70).
“[L]a identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad, al derecho a la vida privada y a la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. En ese sentido, el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura y malos tratos” (párr. 116).
“[E]l hecho de que [la mujer] no tuviera la oportunidad de reflejar su identidad de género y su nombre elegido en su documento de identidad, de conformidad con su género auto-percibido, tuvo probablemente un impacto significativo en el marco de las investigaciones […]. Además, esa falta de reconocimiento de su identidad de género auto-percibida, pudo, de forma más amplia, fomentar una forma de discriminación y de exclusión social por expresar dicha identidad” (párr. 122).
“[E]l derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género y a que los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de identidad sean acordes o correspondan a la definición que tienen de sí mismos, se encuentra protegido por la Convención Americana […]. Lo anterior significa que los Estados deben respetar y garantizar a toda persona, la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros. En esa línea, lo expresado implica necesariamente, que las personas que se identifiquen con identidades de género diversas deben ser reconocidas como tal. Además, el Estado debe garantizarles que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones en función de esa misma identidad” (párr. 124).
2. LGBTIQ. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Estado de sitio. Suspensión de garantías. Fuerzas de seguridad. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación.
“En relación con la muerte de [la mujer], esta Corte constata, en primer lugar, que la misma tuvo lugar mientras estaba vigente un toque de queda […], horas durante [las que], en principio, las personas debían permanecer en sus casas y solamente las patrullas de policía y fuerzas militares estaban presentes en las calles. En consecuencia, al momento de la muerte de [la mujer], el Estado ejercía un control absoluto de los espacios públicos y de los movimientos de personas en los mismos” (párr. 87).
“Sobre los toques de queda y las suspensiones de garantías en términos generales, corresponde recordar que […] éstas constituyen situaciones excepcionales y que durante su vigencia resulta lícito para el Estado aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a las autoridades a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse” (párr. 88).
“[I]nvestigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad internacional del Estado y […] si se llegare a comprobar cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables, esto implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida […]. [L]a ausencia de mecanismos efectivos de investigación de violaciones del derecho a la vida y la debilidad de los sistemas de justicia para afrontar dichas violaciones pueden propiciar, en los Estados, un clima de impunidad respecto de las mismas, y, en ciertos contextos y circunstancias, pueden llegar a configurar situaciones generalizadas o graves esquemas de impunidad, estimulando y perpetuando, así, la repetición de las violaciones” (párr. 97).
“A lo expresado se suma la obligación reforzada que tienen los Estados de investigar las afectaciones a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos como lo son los colectivos que defienden los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres trans, más aún cuando esas vulneraciones a sus derechos se producen en el marco de un toque de queda en el cual la fuerza pública es la única autorizada a circular por las calles” (párr. 98).
“En el presente caso, el Tribunal constata que, si bien no es posible determinar con toda certeza que en los hechos del caso estuviesen implicados agentes de la policía, existen varios indicios de la participación de agentes estatales en esos hechos que se suman a un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales, que apuntan a una responsabilidad del Estado por una violación al derecho a la vida y a la integridad de [la mujer]” (párr. 100).
3. Prevención e investigación. No discriminación. Garantía de imparcialidad. LGBTIQ. Estereotipos de género. Prostitución. Vulnerabilidad. Debida diligencia. Revictimización.
“[C]uando se investigan actos violentos, como los homicidios, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas que sean razonables para develar si existen posibles motivos discriminatorios. Esta obligación implica que, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer lo que sea razonable de acuerdo con las circunstancias, en aras de recolectar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para descubrir la verdad y emitir decisiones completamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación. La falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios, puede constituir en sí misma una forma de discriminación” (párr. 107).
“[L]as autoridades no tuvieron en cuenta en el marco de la investigación, los elementos que indicaban que el hecho podría estar vinculado con la identidad de género de la víctima, con la circunstancia de que ella era una mujer trans trabajadora sexual. Tampoco se tuvo en cuenta su actividad en defensa de las mujeres trans ni la posible participación de agentes estatales. Asimismo, las autoridades no tuvieron en consideración los indicios que apuntaban a una posible agresión o violencia sexual que podría haber sufrido [la mujer] ni el contexto de discriminación y violencia contra personas LGBTI o el contexto de violencia policial en contra de personas LGBTI particularmente mujeres trans trabajadoras sexuales” (párr. 108).
“[L]os prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. La Corte considera que lo mismo puede ocurrir en casos de estereotipos por la expresión de género e identidad de género” (párr. 114).
“[D]urante la etapa de la investigación del homicidio […], las autoridades hondureñas emplearon de manera sistemática estereotipos y prejuicios de género […]. En efecto, se ha mencionado supra que, en el marco de las diligencias de investigación, se hizo caso omiso de su identidad de género auto-percibida, y no se siguieron las lógicas de investigación de acuerdo a las cuales se podría haber analizado su muerte como una posible manifestación de violencia de género y discriminación debido a su identidad trans femenina” (párr. 121).
4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém Do Pará). Interpretación de los tratados. LGTBIQ. Identidad de género. Debida diligencia.
“[A]tendiendo a una interpretación evolutiva, la Corte estima que el ámbito de aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans, como sucede en este caso” (párr. 133).
“[A]l aplicar este Tratado, [la Corte Interamericana] desarrolló la noción de debida diligencia reforzada. Esto implica aplicar una perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de casos de violencia cometida contra las mujeres, incluyendo la violencia contra las mujeres trans, así como evitar la impunidad crónica que envía un mensaje de tolerancia y permite la repetición de los hechos” (párr. 134).
“[L]os derechos de las mujeres trans se encuentran amparados por la Convención de Belém do Pará […] por una razón de peso: las mujeres trans son mujeres. Lo relevante para su identificación, tal como ya ha señalado la Corte en su jurisprudencia constante, es su autopercepción como tales” (párr. 1, voto concurrente del juez Pazmiño Freire).
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; ACTOS DISCRIMINATORIOS; DERECHO A LA IDENTIDAD; RECONOCIMIENTO JURÍDICO; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; ESTADO DE SITIO; SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PROSTITUCIÓN; VULNERABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; REVICTIMIZACIÓN; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS;
G v. GCorte Suprema del Reino Unido
La Corte Suprema del Reino Unido hizo lugar al recurso y revocó la sentencia impugnada. En ese sentido, consideró que la niña se encontraba protegida por la garantía de no devolución y que no podía ser restituida a su país de origen hasta que no se resolviera su solicitud de asilo.
1. Refugiado. Niños, niñas y adolescentes. Derecho de asilo. Principio de no devolución. Restitución internacional de personas menores de edad. Plazo razonable.
“Existe un riesgo considerable de que la demora en resolver una solicitud de asilo, que puede durar meses o incluso años, frustre la restitución de niños bajo el Convenio de La Haya de 1980 dado que para el momento en que el procedimiento de asilo finalice, puede haber un daño irreparable en la relación entre el niño y el progenitor que quedó en el extranjero” (cfr. párr. 3).
“La restitución inmediata de los niños que han sido trasladados o retenidos de forma ilícita es uno de los objetivos del artículo 1 de la Convención de La Haya de 1980, y los Estados parte están obligados a adoptar medidas efectivas para implementar estos objetivos conforme su artículo 2. La obligación de implementar este objetivo se funda en la presunción de que la pronta restitución del niño sustraído promueve los intereses de la niñez además de los intereses individuales del niño” (cfr. párr. 68).
“[L]os Estados parte del Convenio tienen el deber de garantizar, en lo posible, el ‘tratamiento prioritario’ de los pedidos de restitución de menores […]. Esta obligación se extiende no solo a los tribunales sino también a todas aquellas entidades involucradas de forma directa o indirecta en los procedimientos del Convenio de La Haya de 1980. Esto implica que se extiende a todos aquellos involucrados en la investigación y determinación de cualquier solicitud de asilo relacionada” (cfr. párr. 69).
2. Refugiado. Niños, niñas y adolescentes. Derecho de asilo. Principio de no devolución. Restitución internacional de personas menores de edad. Protección de personas menores de edad. Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Derecho a la integridad personal.
“El artículo 13(b) [del Convenio de La Haya de 1980] se enfoca en la existencia de un riesgo para el niño: si existe un grave riesgo de que la restitución lo exponga a un daño físico o psicológico, o que de cualquier manera lo exponga a una situación intolerable, el origen de ese riesgo y cómo se originó son irrelevantes” (cfr. párr. 61).
“Aunque el foco está en el niño, se encuentra ampliamente reconocido que la situación del niño puede verse afectada de forma directa o indirecta por la situación del progenitor con el que se encuentra, de modo que de que la situación de este último puede ser de suma relevancia para establecer el ‘grave riesgo’ que establece el artículo 13(b)” (cfr. párr. 62).
“Al momento de ponderar [la solicitud de asilo y un pedido de restitución internacional de menores], un factor relevante a considerar es si el progenitor que se encuentra en el país de origen es ‘el presunto autor de la persecución en la que el solicitante funda su requerimiento de asilo’” (cfr. párr. 171).
3. Refugiado. Niños, niñas y adolescentes. Derecho de asilo. Principio de no devolución. Restitución internacional de personas menores de edad. Restitución de hijo. Tutela judicial efectiva. Responsabilidad del Estado.
“Se planteó ante esta Corte que una orden de restitución no era una forma de ‘devolución’ sino que el tribunal solo se pronunciaba sobre el deseo de la niña de permanecer en el Reino Unido. [E]sta aproximación es incorrecta en tanto ignora el efecto principal de una orden de restitución, que es el retorno del niño al país del que busca refugiarse” (cfr. 129).
“Un solicitante de asilo está amparado por el principio de no devolución mientras espera la resolución de su solicitud, de modo que hasta que el pedido de protección internacional sea resuelto por la autoridad competente, no se puede ejecutar ninguna orden de restitución bajo el Convenio de La Haya de 1980. Los Convenios no son independientes entre sí, sino que deben operar en conjunto” (cfr. párr. 134).
“La protección que brinda el principio de no devolución […] se extiende a los refugiados que son reconocidos como tales recién en la instancia de apelación. Esta situación se funda en la naturaleza declarativa del estatus de refugiado. Entonces, implementar una orden de restitución de un niño bajo el procedimiento del Convenio de La Haya de 1980 cuando tuviera una solicitud de asilo apelada incumple las obligaciones internacionales del Reino Unido” (cfr. párr. 148).
“Un proceso de apelación impulsado a nivel local no puede considerarse un remedio efectivo si durante su sustanciación un niño es efectivamente restituido al país del que busca refugiarse por disposición del Convenio de La Haya de 1980. En este sentido, una apelación impulsada a nivel local impide la ejecución de una orden de restitución emitida bajo el procedimiento del Convenio de La Haya de 1980” (cfr. párr. 152).
REFUGIADO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO DE ASILO; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD; PLAZO RAZONABLE; PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; RESTITUCIÓN DE HIJO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Informe sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de personas afrodescendientesComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofreció directrices a los Estados para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes en un contexto de racismo y discriminación estructural. En su informe, señaló que el principio de igualdad y no discriminación debe pensarse desde un enfoque de interseccionalidad. Asimismo, consideró primordial el acceso a la justicia de las personas afrodescendientes y la eliminación del perfilamiento racial en la actuación policial y judicial. Por último, convocó a los Estados a promover el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la población afrodescendiente en las Américas; en particular en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, cultura, alimentación, propiedad colectiva, medio ambiente sano y recursos naturales, agua potable y saneamiento básico.
1. DESC. Derechos humanos. Igualdad. No discriminación. Afrodescendientes. Desigualdad social. Vulnerabilidad. Derecho a la identidad. Medidas de acción positiva.
“[T]anto los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son derechos humanos indivisibles, que en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación, son imperativos que trasladan a todos los Estados la prohibición de diferencia de trato arbitraria, y la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados” (párr. 8)
“[L]a igualdad y la no discriminación se erigen como principios rectores de los derechos humanos y se correlacionan de forma intrínseca entre sí. La jurisprudencia interamericana, ha señalado que la igualdad se desprende de la naturaleza humana y no se desliga de la dignidad esencial personal, por lo que considera incompatible con la superioridad en privilegios de un grupo humano respecto de otros. Asimismo, la Corte Interamericana ha sido enfática en subrayar que, conforme a lo dispuesto en la CADH, hay una coexistencia indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, y los principios de igualdad y no discriminación” (párr. 26).
“[L]a discriminación estructural y las desigualdades raciales que impactan desproporcionalmente a personas afrodescendientes requieren por parte de los Estados de la región, la implementación de políticas y acciones afirmativas focalizadas en esta población; así como la eliminación de mecanismos, extrínsecos e intrínsecos, que soporten estereotipos basados en el origen étnico-racial; con miras a visibilizar y superar la negación de la persistencia de la discriminación racial en la sociedad actual” (párr. 58).
“[C]omo consecuencia de esa discriminación estructural, persisten patrones de racismo institucional que se reflejan en la invisibilización de grupos históricamente excluidos en los procesos de elaboración de políticas públicas, y consecuentemente, en la negación implícita y explícita de la existencia de esta población como parte de la sociedad. Por consiguiente, el respeto por la autoidentificación de las poblaciones étnico-raciales es el primer paso para el reconocimiento de sus derechos y su efectiva garantía; la falta de identificación de estas profundiza las brechas de desigualdad y la exclusión” (párr. 60).
“[E]l disfrute efectivo de los DESCA de la población afrodescendiente es una condición necesaria para disminuir las brechas existentes de desigualdad y la erradicación de la pobreza que las afecta. De allí que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas de acción afirmativa que incluya específicamente a las personas afrodescendientes dentro de sus políticas sociales y económicas” (párr. 149).
2. Igualdad. No discriminación. Perspectiva de interseccionalidad. Vulnerabilidad. Afrodescendientes. Perspectiva de género. Medidas de acción positiva.
“[L]a interseccionalidad expondría lo que se invisibiliza cuando las categorías como género y raza se conceptualizan separadas unas de otras. De esta manera, los Estados se encuentran obligados a formular políticas públicas con enfoque en derechos humanos y perspectiva interseccional de manera que se reconozca la diversidad étnico-racial de la región, y así garantizar el derecho al desarrollo sostenible en condiciones de igualdad y no discriminación” (párr. 48).
“[R]esulta esencial visibilizar la relación entre diferentes categorías de vulnerabilidad (edad, género, estatus migratorio, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, origen socioeconómico, entre otras) que al interseccionarse con el origen étnico-racial afrodescendiente configuran patrones de discriminación racial estructural. En este entendido, la CIDH reafirma que el análisis de interseccionalidad es clave para la comprensión de las violaciones de derechos humanos contra personas afrodescendientes y permite la construcción de respuestas efectivas y oportunas para la materialización y garantía de sus derechos” (párr. 50).
“[L]a precarización en la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes es una consecuencia de la permanencia del ciclo de pobreza multidimensional y desencadena violaciones interdependientes e interseccionales a sus derechos humanos, y por consiguiente a su propio desarrollo. Este contexto requiere por parte de los Estados medidas de protección integral y holística en todos los niveles y en todos los ámbitos; las cuales deben incluir enfoques de género y de interculturalidad” (párr. 242).
3. Acceso a la justicia. DESC. Igualdad. Afrodescendientes. Tutela judicial efectiva.
“[L]os Estados deben asegurar que todas las personas afrodescendientes tengan pleno acceso a la protección y a recursos efectivos, ante las instituciones de administración de justicia competentes y otras entidades de Estado, contra todo acto de discriminación racial, así como el derecho requerir reparación justa y adecuada por los daños ocasionados por este tipo de actos” (párr. 96).
“[E]xiste una relación directa entre la idoneidad de los recursos judiciales disponibles y la posibilidad real de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, la cual está atravesada por contextos de desigualdad y exclusión estructural que imposibilita que ciertos sectores sociales en condición de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia. Además […], existen obligaciones de remoción de obstáculos económicos que impiden la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las cuales incluyen asistencia jurídica y defensa pública gratuita, la cobertura de los costos del proceso, la accesibilidad a la locación de tribunales o espacios de administración de justicia; así como obligaciones de garantizar el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva” (párr. 97).
“[E]l acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho, por lo que se rige por los principios universales de igualdad y no discriminación, y además es un derecho indispensable para la materialización otros derechos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Por consiguiente, la Comisión insta a los Estados a disponer de los recursos judiciales competentes y necesarios para que la población afrodescendiente pueda acceder a la justicia, de forma efectiva, oportuna e idónea, tomando en consideración apoyos económicos para quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema” (párr. 120).
“[L]os derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos humanos autónomos e interdependientes, exigibles a los Estados de la región de manera directa. En términos generales, existe la obligación atribuible a los Estados, de conformidad con los estándares internacionales en la materia, de garantizar su acceso y disfrute, como una condición ineludible para la satisfacción de otros derechos humanos; de manera especial a grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las desigualdades históricas y estructurales, como es el caso, de las personas afrodescendientes” (párr. 241).
4. Afrodescendientes. Fuerzas de seguridad. Violencia institucional. Derecho penal de autor. Detención de personas. Arbitrariedad. Vulnerabilidad. Perspectiva de género.
“[L]a situación de pobreza y pobreza extrema que enfrentan las personas afrodescendientes dificulta las posibilidades de acceso a la justicia de forma plena y efectiva, obstaculizando el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, colocándoles en situación de desventaja frente al resto de la población, por la exposición más frecuente al crimen y a la violencia institucional” (párr. 100).
“[Q]uienes se encuentran en condiciones de pobreza son de manera desproporcionada objeto de prácticas policiales excesivas, pues el origen étnico-racial, como se ha insistido, junto con la mayor inestabilidad política, social y económica, en algunos países de la región, puede condicionar el uso arbitrario de la fuerza. Al respecto la Comisión ha señalado que la condición de raza a menudo sirve como un indicador y está profundamente relacionada con la pobreza. Dicha situación se traduce en el incremento de multas y arrestos en estas comunidades, creando un círculo vicioso de pobreza y criminalización” (párr. 101).
“La CIDH además observa la existencia de una sobrerrepresentación de las mujeres afrodescendientes en el sistema de justicia penal, lo cual obedece a una suma de factores subyacentes, como el racismo estructural, controles policiales con sesgo racista, la pobreza y consecuentemente la falta de oportunidades educativas y de empleo” (párr. 107).
“El Sistema Interamericano ha sido enfático en el combate del perfilado racial y en el reconocimiento de las reparaciones a las que haya lugar por la comisión de dichos hechos. Recientemente la Corte Interamericana en el caso Acosta Martínez y otros vs. Argentina, condenó al Estado considerando que el arresto y la detención del señor Acosta Martínez no sólo fueron ilegales sino también arbitrarios. De hecho, la Corte destacó que la acción policial estuvo motivada más por el perfil racial que por la sospecha de haber cometido un delito […]. Finalmente, el Estado reconoció que el caso de Acosta Martínez no se trata de un hecho aislado, sino que ‘es paradigmático de la persecución y estigmatización del colectivo afrodescendiente en ese país’. Los hechos del caso se inscriben entonces en un contexto tanto de discriminación racial como de violencia policial contra la población afrodescendiente en Argentina en la época de los hechos, contexto que aún existe en la actualidad” (párr. 116).
5. Afrodescendientes. Género. Perspectiva de interseccionalidad. Acceso a la justicia. Igualdad. No discriminación. Perspectiva de género.
“Sobre la intersección de la situación de mujeres afrodescendientes y el acceso a la justicia, la CIDH ha destacado cómo las mujeres afrodescendientes enfrentan serios obstáculos para acceder a la justicia; reconocer esta situación implica considerar su cosmovisión, realidades particulares, tradiciones culturales, historia singular de discriminación y racismo. La Comisión también ha resaltado que la administración de la justicia en los países mesoamericanos debe contemplar la diversidad cultural y social de las víctimas en el procesamiento de sus casos. El tratamiento homogéneo a las mujeres en los sistemas justicia resulta en una invisibilización de las mujeres afrodescendientes” (párr. 117).
“[L]a CIDH ha llamado la atención sobre los vacíos, irregularidades y deficiencias en la investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia contra mujeres afrodescendientes que conllevan a patrones de impunidad. La Comisión reitera que los sistemas de justicias deben atender las necesidades específicas de las mujeres afrodescendientes quienes han padecido una historia de discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social debido a su género y origen étnico racial, enfrentando desafíos para acceder a instancia de protección judicial” (párr. 141).
“[L]a situación de pobreza que afecta de manera particular a las mujeres afrodescendientes en las Américas impacta de forma directa sus derechos a la igualdad y no discriminación, el acceso a la justicia, acceso y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, económicos, culturales y ambientales. En ese sentido, la CIDH comprende que los datos referenciados evidencian que las mujeres afrodescendientes enfrentan mayores riesgos en una proyección futura, a partir de las condiciones de vida precarias subsisten en la región que les afecta desproporcionalmente. La Comisión hace un llamado a los Estados del hemisferio a formular e implementar políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las niñas y mujeres afrodescendientes incorporando un enfoque interseccional e intercultural” (párr. 142).
DESC; DERECHOS HUMANOS; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; AFRODESCENDIENTES; DESIGUALDAD SOCIAL; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA IDENTIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; FUERZAS DE SEGURIDAD; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; DERECHO PENAL DE AUTOR; DETENCIÓN DE PERSONAS; ARBITRARIEDAD; GÉNERO;
Feilazoo v. MaltaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Malta era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes), 5.1 (detención legal) y 34 (demandas individuales) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Hacinamiento. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. Prueba. Carga de la prueba.
“[L]os malos tratos deben alcanzar un umbral mínimo de gravedad para recaer dentro de la esfera de protección del artículo 3 del Convenio. La valoración de este umbral mínimo es relativa; depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración del maltrato, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima. Además, para determinar si un trato es ‘degradante’ en los términos del artículo 3, se debe analizar si tiene por objeto humillar y menospreciar a la persona involucrada y si este trato ha afectado de manera adversa su personalidad en una forma incompatible con el artículo 3. Sin embargo, la ausencia de este propósito degradante no permite descartar por sí sola una violación al artículo 3 de manera conclusiva” (cfr. párr. 80).
“[E]l Estado debe garantizar que la persona es detenida en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana, y que la forma y método de ejecución de la medida de detención no someten al individuo a sufrimientos de una intensidad que excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención […]. Al evaluar las condiciones de detención, se deberá tener en cuenta el efecto acumulado del conjunto de estas condiciones, así como las denuncias particulares realizadas por el solicitante […]. También deberá considerarse la duración del periodo de detención en dichas condiciones” (cfr. párr. 81).
“La extrema falta de espacio personal en los lugares de detención es un aspecto de gran peso a considerar para determinar si las condiciones de detención denunciadas eran ‘degradantes’” (cfr. párr. 82).
“[A]demás de la necesidad de contar con suficiente espacio personal, existen otros aspectos de las condiciones físicas de detención que son relevantes para evaluar el cumplimiento del artículo 3 […]. Tales factores incluyen la posibilidad de realizar ejercicio al aire libre, el acceso a luz natural o aire, la ventilación del espacio, y el cumplimiento de requisitos sanitarios e higiénicos básicos” (cfr. párr. 83).
“[L]os casos donde se denuncian condiciones de detención inadecuadas no se prestan a una aplicación estricta del principio affirmanti incumbit probatio (quien alega algo debe probarlo), porque en estos casos solo el Estado demandado tiene acceso a información capaz de corroborar o refutar dichas afirmaciones […]. Una vez que la Corte notifica la denuncia del solicitante al Estado, la carga de recolectar y producir la prueba pertinente recae sobre este último. Una falla de su parte en presentar prueba convincente sobre las condiciones materiales de detención puede dar lugar a una presunción favorable sobre las afirmaciones del solicitante” (cfr. párr. 85).
2. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Confinamiento. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de proporcionalidad.
“[S]i bien el confinamiento en un contenedor por sí solo puede no equivaler a un trato inhumano y degradante, la limitada iluminación y ventilación denunciadas por el solicitante son motivo de preocupación. Estas condiciones de confinamiento se habrían agravado por el limitado o inexistente tiempo de ejercicio otorgado […]. No tener acceso al exterior ni tiempo de ejercicio son factores de valor considerable cuando se combinan con las demás condiciones de detención” (cfr. párr. 90).
“[D]urante aquellos setenta y cinco días que estuvo confinado en un contenedor […], pero en especial durante los primeros cuarenta y cinco días de ese período en que ni siquiera podía salir para hacer ejercicio, el solicitante fue sometido a un aislamiento de facto, aunque no fuera de jure. De todas maneras, los principios generales aplicables son los mismos […], en especial, se deben tener en cuenta las condiciones particulares del aislamiento, la severidad de la medida, su duración, el propósito perseguido y sus efectos en la persona involucrada.
Asimismo, la duración del periodo de aislamiento requiere un examen cuidadoso de su justificación, la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada en relación con otras medidas alternativas, las garantías ofrecidas al solicitante contra la arbitrariedad y las medidas adoptadas por las autoridades para asegurarse que las condiciones físicas y psicológicas del solicitante le permitían permanecer en aislamiento” (cfr. párr. 91).
3. Personas privadas de la libertad. Expulsión de extranjeros. Debida diligencia. Razonabilidad. Principio de legalidad. Arbitrariedad.
“El artículo 5 consagra un derecho humano fundamental, que es la protección de la libertad personal contra la injerencia arbitraria del Estado […]. El texto del artículo deja en claro que la protección que confiere es aplicable a todas las personas [y] que ninguna privación de la libertad será licita si no encuadra en uno de los supuestos [previstos por la norma]. Uno de tales supuestos […] permite al Estado controlar la libertad de las personas extranjeras en contextos migratorios” (cfr. párr. 101).
“Sin embargo, cualquier privación de la libertad que encuadre bajo este supuesto estará justificada sólo mientras exista un procedimiento de expulsión o extradición en proceso. Si tales procedimientos no se llevan a cabo con la debida diligencia, la detención dejará de estar justificada” (cfr. párr. 102).
“La privación de la libertad también debe ser ‘lícita’. Cuando se discute la ‘legalidad’ de la detención, incluso cuando se discute si se ha seguido un ‘procedimiento previsto por la ley’, la Convención remite en especial a la legislación nacional y establece la obligación de conformarse a las reglas sustantivas y procedimentales de tales normas, pero requiere además que cualquier privación de la libertad se ajuste al propósito del artículo 5, que es proteger a los individuos contra la arbitrariedad” (cfr. párr. 103).
“Es un principio fundamental que ninguna detención arbitraria pueda ser compatible con el artículo 5.1, y la noción de arbitrariedad […] excede la falta de conformidad con la legislación nacional, de forma que una privación de la libertad puede ser legal de acuerdo a la normativa interna pero aun así arbitraria y por tanto contraria a la Convención […]. Para evitar ser considerada arbitraria, la detención […] debe llevarse a cabo de buena fe; tener un vínculo estrecho con los fundamentos de la detención invocados por el Estado; el lugar y las condiciones de detención deben ser apropiadas; y la duración de la detención no debe exceder lo razonablemente necesario para los fines que persigue” (cfr. párr. 104).
“[L]a única medida que adoptaron las autoridades durante [el período de detención en espera a la deportación] fue escribirles a las autoridades nigerianas para solicitar la emisión de documentos de viaje […]. [E]n estas circunstancias, no puede considerarse que las autoridades hayan actuado de forma activa y diligente en miras a lograr la deportación del solicitante […]. Por lo tanto, las autoridades locales deberían haber tenido en claro […] que la deportación no era factible. Además […], el Estado admitió que la deportación ya se había tornado improbable” (cfr. párrs. 108 y 109).
“Lo anterior permite al Tribunal concluir que los fundamentos de la detención del solicitante –medida adoptada en miras a su deportación– no se mantuvieron válidos durante la totalidad del periodo de privación de la libertad” (cfr. párr. 110).
4. Acceso a la justicia. Debido proceso. Derecho de defensa. Derecho de representación. Defensa técnica ineficaz. Responsabilidad del Estado.
“Debe existir un marco institucional adecuado para garantizar la representación legal efectiva de los usuarios de la defensa pública y la suficiente protección de sus intereses […]. Asignar un defensor para representar a una de las partes del proceso no asegura por sí mismo la eficacia de la defensa técnica […]. También es esencial que el sistema de defensa pública ofrezca a los individuos garantías sustantivas para protegerlos contra la arbitrariedad” (cfr. párr. 125).
“[E]l desarrollo del caso es, en esencia, una cuestión entre la persona defendida y su abogado, sea este un defensor público o un abogado privado, y por lo tanto no puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado salvo circunstancias excepcionales […]. [Sin embargo], los errores de los abogados pueden resultar una defensa técnica ineficaz, y por lo tanto dar lugar a la responsabilidad del Estado, cuando fueran críticos para el acceso a la justicia del defendido e insalvables en la medida que no fueran subsanados por actos de las autoridades o de los mismos tribunales” (cfr. párr. 126).
“En efecto, en el presente caso una abogada fue asignada luego de haberse notificado al Estado demandado de las denuncias en su contra […]. De todas maneras, aquello no fue suficiente para salvaguardar el derecho del solicitante a efectuar una presentación individual ‘de manera efectiva’ […]. Alcanza con remarcar que la defensora del solicitante no mantuvo el contacto regular y confidencial requerido entre abogada y cliente. Más llamativo aún, abandonó su mandato sin informar a su representado (ni al Tribunal) y sin haber obtenido la revocatoria de su designación […]. Como resultado, en incumplimiento de su mandato, no efectuó presentaciones en nombre de su representado cuando le fueron solicitadas, lo que podría haber perjudicado de manera irreparable la situación del solicitante” (cfr. párr. 127).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; CONFINAMIENTO; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DEBIDA DILIGENCIA; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO DE REPRESENTACIÓN; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
EstradaCorte Superior de Justicia de Lima
La Corte Superior de Justicia de Lima hizo lugar parcialmente a la acción y declaró inaplicable el art. 112 del Código Penal peruano al caso. A su vez, ordenó al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud de Perú respetar la decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento de la eutanasia.
1. Libertad. Muerte digna. Autonomía personal. Derecho a la vida.
“La libertad está […] consagrada en nuestra Constitución, ella es también inherente al ser humano y la libertad significa la autonomía de tomar decisiones, incluso la de vivir. Vivir así, no es un deber, ser libre sí lo es y en esa medida puede proyectar su vida, también su muerte. La libertad, empero, es también un bien que puede ser limitado […]. [E]l Estado es un límite a su libertad, pero es también garante de ella. Al ser límite y garante, es posible que legisle, o decida mediante actos concretos esos límites y, estos son excepcionales” (párr. 99).
2. Muerte digna. Autonomía personal. Derecho a la vida. Principio de dignidad humana. Libertad. Principio de proporcionalidad.
“[E]xiste el derecho a una vida digna, que tiene como base a la libertad y autonomía; empero, la misma validez de este concepto, implica que exista el derecho a proyectar su vida y en ese proyecto pensar en su final, lo que la demandante considera; una muerte digna. […] El mismo derecho que sostiene la libertad de vivir o de vivir con libertad, sostiene el derecho a concluirla, si la vida carece de dignidad, de morir cuando aún la vida es digna o de no pasar una situación de indignidad que arrastre a la muerte indefectiblemente” (párr. 105).
“[E]n principio es válido tomar esta doctrina [del doble efecto] para analizar la licitud del suicidio asistido, en tanto, la prohibición absoluta anularía derechos como la dignidad, la autonomía y la libertad, los mismos que deben incluirse en la mensura de la proporcionalidad, considerando además que no existe, como ya hemos señalado derechos absolutos y que el derecho a la vida, igualmente tiene límites o situaciones de excepción” (párr. 136).
“[La] dignidad es un derecho fundamental de primerísimo orden, reconocido también en casi todos los sistemas jurídicos del mundo y que, puede anteponerse al derecho a la vida inclusive, si se considera que el derecho a la vida humana tiene límites, establecidos en la propia ley, mientras que la dignidad, es un derecho que no debería tener límites aceptables en el derecho; sin embargo, no es posible sostener que uno sea excluyente del otro, pues la vida biológica es base para el nacimiento del derecho a la dignidad, aun cuando la dignidad pudiera extenderse hasta más allá de su existencia biológica.
[E]n la medida que, su razón, es el referente o medida de sus derechos, debe reconocerse también su autonomía y su autopercepción de su dignidad, pues la dignidad, si bien es inherente a la persona; desde el derecho y desde el respeto de la sociedad; es también un bien que debe ser percibido por la propia persona que, debe ser dirigido por ella misma para que realmente exista. Así, la discapacidad y el sufrimiento por causa de la enfermedad y la discapacidad puede afectar el derecho a la dignidad, pero solo en su faz de la autopercepción, más no en la faz externa; por consiguiente; debe existir un espacio de disposición de su titular, en uso de su libertad fáctica y jurídica. […] En el caso de la muerte asistida, existiendo una causal distinta al suicidio puro, que es el principio de solidaridad con el dolor ajeno en casos extremos, como el que nos ocupa, esa libertad fáctica pasa a ser un derecho que permite la limitación de esa obligación de protección del Estado, un límite también a su legitimidad para perseguir el delito y una obligación de viabilizar, dentro de un sistema de garantías y atención prestacional” (párr. 179).
3. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. Muerte digna. Libertad.
“La lectura constitucional […] determina la importancia de la dignidad y al punto que precede al derecho a la vida, sin perder de vista que la libertad, en sus diversas expresiones, es también un bien protegido, un derecho fundamental; […] de donde se puede colegir que, por encima de la vida biológica, lo que el Estado protege y promueve es la dignidad de la persona, su libertad, siendo su integridad física (La vida biológica), un aspecto de los derechos de la persona humana” (párr. 150).
“[E]l derecho a la dignidad, determina al juzgador, al derecho y al Estado la máxima protección de la dignidad de las personas, del bien jurídico; vida, de la integridad física y psicológica de las personas y si se establecen límites al bien jurídico; vida, estos deben ser excepcionales […] empero, en el caso de la muerte digna, encontramos que se trata de una condición especial, de afectación de otros derechos fundamentales de la persona, como la dignidad, la autonomía, la libertad, entre otros, situación que es determinante para configurar el nacimiento de un derecho a tomar decisión […]. Este derecho, siendo un derecho derivado de otros derechos, mencionados, si bien no llega a ser un derecho fundamental, es uno que permite abrir esta situación excepcional a la protección penal del derecho a la vida” (párr. 154).
“[L]a eutanasia activa directa, no puede ser un derecho fundamental, sino que solo algunas de sus excepcionales circunstancias puede ser no punible, estableciéndose debidamente la proporcionalidad de las circunstancias de excepcionalidad, por situación extrema, a fin de proteger otros derechos de la persona” (párr. 155).
LIBERTAD; MUERTE DIGNA; AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD; DERECHO A LA VIDA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL;
El Ayoubi y El Azouan Azouz v. EspañaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que España era responsable por la violación del artículo 11, párrafo 1 (derecho a una vivienda adecuada) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
1. Vivienda. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo. DESC. Política pública. Realidad económica. Responsabilidad del Estado.
“El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 11.1).
“La obligación de proveer una vivienda alternativa a los desalojados que la requieran implica que […] los Estados partes tomen todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para satisfacer este derecho. Los Estados partes pueden optar por políticas muy diversas para lograr ese propósito. Sin embargo, cualquier medida adoptada debe ser deliberada, concreta y orientada lo más claramente posible hacia el cumplimiento de este derecho, de la forma más expedita y eficaz posible. Las políticas de vivienda alternativa en el caso de desalojos deben ser proporcionales a la necesidad de las personas afectadas y la urgencia de la situación y deben respetar la dignidad de la persona. Además, los Estados partes deben tomar medidas, de forma coherente y coordinada, para resolver fallas institucionales y causas estructurales de la falta de vivienda” (párr. 12.2).
2. Vivienda. Desalojo. Vulnerabilidad. Derecho a la propiedad. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad.
“Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto y solo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad entre el objetivo legítimo de desalojo y las consecuencias de este sobre las personas desalojadas” (párr. 11.2).
“Cuanto más serio es el impacto en los derechos protegidos por el Pacto, mayor escrutinio ha de prestársele a la justificación otorgada para tal limitación. La disponibilidad de vivienda alternativa adecuada, las circunstancias personales de los ocupantes y sus dependientes, y su cooperación con las autoridades en la búsqueda de soluciones adaptadas a ellos son también factores cruciales en tal examen” (párr. 11.3).
“[L]os desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda” (párr. 12.1).
3. Vivienda. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo. Derecho de propiedad. Principio de proporcionalidad. No discriminación.
“El Comité considera que los Estados partes, con el fin de racionalizar los recursos de sus servicios sociales, pueden establecer requerimientos o condiciones que los peticionarios tengan que cumplir para recibir prestaciones sociales, como una vivienda alternativa. Igualmente, los Estados pueden tomar medidas para proteger la propiedad privada y evitar las ocupaciones ilegales y de mala fe de inmuebles. Sin embargo, las condiciones para acceder a los servicios sociales deben ser razonables y estar cuidadosamente diseñadas, no solo para evitar posibles estigmatizaciones, sino también porque cuando una persona requiere una vivienda alternativa, su conducta no puede ser en sí misma una justificación para que el Estado parte le deniegue vivienda social. Además, la interpretación y aplicación por los tribunales y las autoridades administrativas de normas sobre el acceso a la vivienda social o al alojamiento alternativo deben evitar perpetuar la discriminación y estigmatización sistémicas contra quienes viven en la pobreza y ocupan, por necesidad o de buena fe, predios sin tener el título legal para hacerlo” (párr. 13.1).
“[E]l Juzgado no hizo un balance entre los beneficios de la medida en ese momento, en este caso la protección del derecho a la propiedad de la entidad titular del inmueble, y las consecuencias que esta medida podría tener sobre los derechos de las personas desalojadas. El análisis de la proporcionalidad de un desalojo, por tanto, no solo implica el examen de las consecuencias de la medida sobre las personas desalojadas, sino también la necesidad del autor de recuperar la posesión de la propiedad. Será inevitable distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras, como es el caso actual. Encontrar que un desalojo no es una medida razonable en un momento concreto no significa necesariamente que no se pueda emitir una orden de desalojo contra los ocupantes. No obstante, los principios de razonabilidad y proporcionalidad pueden requerir que la orden de desalojo se suspenda o posponga para evitar exponer a las personas desalojadas a situaciones de indigencia o a violaciones de otros derechos contenidos en el Pacto” (párr. 14.5).
VIVIENDA; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; DESALOJO; DESC; POLÍTICA PÚBLICA; REALIDAD ECONÓMICA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO DE PROPIEDAD;
VCL y AN v. Reino UnidoTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Reino Unido era responsable por la violación del artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado) y 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Trata de personas. Servidumbre. Trabajo esclavo. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Debida diligencia. Medidas de acción positiva. Responsabilidad del Estado. “[T]anto el tráfico nacional como transnacional de seres humanos, con independencia de si está o no relacionado con la delincuencia organizada, entra en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio [SM v. Croacia]. De esta manera, no es necesario identificar si el trato denunciado por el peticionario constituye ‘esclavitud’, ‘servidumbre’ o ‘trabajo forzoso [u] obligatorio’ [Rantsev v. Chipre y Rusia]” (cfr. párr. 148). “La conducta examinada sólo puede dar lugar a una cuestión en virtud del artículo 4 del Convenio si están presentes todos los elementos constitutivos de la definición de trata contenida en el artículo 3.a) del Protocolo de Palermo y en el artículo 4.a) del Convenio contra la Trata (a menudo descritos como ‘acción’, ‘medios’ y ‘finalidad’, aunque no es necesario demostrar los ‘medios’ en el caso de un niño). Concretamente, si una situación incluye todos los elementos constitutivos [de la definición de trata] es una cuestión de hecho que debe examinarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes del caso […]. De la misma manera, si un individuo se ofrece voluntariamente para trabajar es una cuestión de hecho que debe examinarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes. No obstante, el Tribunal ha dejado manifiestamente claro que cuando un empresario emplea su poder abusivamente o se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de sus trabajadores para explotarlos, éstos no trabajan voluntariamente. Así pues, el consentimiento previo de la víctima no es suficiente para descartar la caracterización del trabajo como trabajo forzoso [Chowdury y otros v. Grecia]” (cfr. párr. 149). “Las obligaciones positivas de los Estados miembros en virtud del artículo 4 del Convenio se deben interpretar a la luz del Convenio contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa y entender que exigen no sólo la prevención sino también la protección de las víctimas y la investigación […]. El artículo 4 implica una obligación positiva específica para los Estados miembros de sancionar y perseguir de manera eficaz cualquier acto destinado a mantener a una persona en una situación de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso u obligatorio […]. Para cumplir con esta obligación, los Estados miembros deben establecer un marco legislativo y administrativo para prevenir y castigar la trata y proteger a las víctimas” (cfr. párrs. 150-151). “En determinadas circunstancias, el artículo 4, al igual que los artículos 2 y 3 del Convenio, puede exigirle a un Estado que adopte medidas operativas con la finalidad de proteger a las víctimas, o a las posibles víctimas de trata. Para que surja una obligación positiva de adoptar medidas en un caso concreto, debe demostrarse que las autoridades conocían, o deberían haber conocido, las circunstancias que originaron una sospecha fundada de que una persona había sido, o corría el riesgo real e inmediato de ser, víctima de trata o de explotación en el sentido del apartado a) del artículo 3 del Protocolo de Palermo y del apartado a) del artículo 4 del Convenio contra la Trata. Cuando así fuere, existirá una violación del artículo 4 del Convenio en tanto las autoridades no tomen las medidas apropiadas en el ámbito de sus competencias para sacar a la persona de esa situación o riesgo” (cfr. párr. 152). “En lo que respecta a la naturaleza de las medidas operativas exigibles por el artículo 4 del Convenio, el Tribunal ha considerado pertinente que el Convenio contra la Trata de Seres Humanos exija a los Estados miembros que adopten una serie de medidas para prevenir la trata y proteger los derechos de las víctimas. Las medidas de prevención incluyen medidas para reforzar la coordinación a nivel nacional entre los distintos organismos de lucha contra la trata y para desalentar la demanda de todas las formas de explotación de personas. Las medidas de protección incluyen facilitar la identificación de las víctimas por parte de personas cualificadas y asistirlas en su recuperación física, psicológica y social” (cfr. párr. 153). “De la misma manera que los artículos 2 y 3, el artículo 4 también conlleva una obligación de procedimiento para investigar situaciones de posible trata. La obligación de investigar no depende de una denuncia de la víctima o de los familiares; una vez que el asunto ha llegado a conocimiento de las autoridades, éstas deben actuar de oficio” (cfr. párr. 155). “De lo anterior se deduce que el marco general de las obligaciones positivas del artículo 4 incluye 1) el deber de establecer un marco legislativo y administrativo para prohibir y castigar la trata; 2) en determinadas circunstancias, el deber de adoptar medidas operativas para proteger a las víctimas, o posibles víctimas de trata; y 3) una obligación procesal para investigar las situaciones potenciales de trata. Generalmente, los dos primeros aspectos de las obligaciones positivas pueden nominarse como sustantivos, mientras que el tercer aspecto designa la obligación procesal (positiva) de los Estados” (cfr. párr. 156). 2. Trata de personas. Víctima. Prueba. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. “Es evidente que no puede deducirse ninguna prohibición general de procesar a las víctimas de trata respecto del Convenio contra la Trata de Personas o de cualquier otro instrumento internacional. De hecho, las disposiciones de ‘no castigo’ del artículo 26 del Convenio contra la Trata, el artículo 8 de la Directiva contra la Trata y el artículo 4, apartado 2, del Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT […] contienen dos calificaciones importantes: la víctima de trata debe haber sido obligada a cometer la actividad delictiva; y, cuando así sea, las autoridades nacionales deben tener derecho, sin estar obligadas, a no someter a juicio. Aunque la coacción no parece ser un elemento necesario para que un niño entre en el ámbito de aplicación del artículo 26 del Convenio contra la Trata de Seres Humanos, o del artículo 8 de la Directiva contra la Trata de Seres Humanos, no existe nada en ninguno de los dos instrumentos que pueda interpretarse como un impedimento para el procesamiento de los niños víctimas de trata en cualquier circunstancia” (cfr. párr. 158). “No obstante, el Tribunal considera que, en determinadas circunstancias, el procesamiento de las víctimas, o de las víctimas potenciales de trata, puede estar en contradicción con el deber del Estado de adoptar medidas operativas con el fin de protegerlas. Esto es, cuando tenga conocimiento, o deba tenerlo, de circunstancias que den lugar a una sospecha fundada de que una persona ha sido objeto de trata. En opinión del Tribunal, el deber de adoptar medidas operativas en virtud del artículo 4 del Convenio tiene dos objetivos principales: proteger a la víctima de trata de nuevos daños y facilitarle su recuperación. Es axiomático que el procesamiento de las víctimas de trata sería perjudicial para su recuperación física, psicológica y social, y podría dejarlas potencialmente vulnerables para volver a ser víctimas de la trata en un futuro. No sólo tendrían que pasar por las dificultades propias de un proceso penal, sino que una condena penal podría crear un impedimento para su posterior integración en la sociedad. Además, la privación de libertad impediría su acceso al apoyo y los servicios previstos en la Convención contra la Trata” (cfr. párr. 159). “La pronta identificación de la víctima o posible víctima de trata es de suma importancia para que el procesamiento de una víctima demuestre el respeto de las libertades garantizadas por el artículo 4. De ello se desprende que, tan pronto como las autoridades tengan conocimiento, o deban tenerlo, de las circunstancias que dan lugar a una sospecha fundada de que una persona sospechosa de haber cometido un delito puede haber sido objeto de trata o de explotación, debe ser evaluada sin demora por personas formadas y cualificadas para tratar con víctimas de trata. Dicha evaluación debe fundamentarse en los criterios identificados en el Protocolo de Palermo y en el Convenio contra la Trata (es decir, que la persona haya sido objeto de un acto de captación, transporte, traslado, acogida o recepción, mediante la amenaza basada en la fuerza u otra forma de coacción, con fines de explotación), teniendo en cuenta específicamente que la amenaza en base a la fuerza y/o coacción no es necesaria cuando la persona es un menor” (cfr. párr. 160). “[D]ado que la condición de una persona como víctima de trata puede afectar a la existencia de pruebas suficientes para el procesamiento […], cualquier decisión debería tomarse, en la medida de lo posible, una vez que el personal cualificado haya realizado una evaluación de la trata. Esto posee una importancia capital cuando se trata de niños. Así pues, dado que los niños son especialmente vulnerables, el Tribunal ha reconocido que las medidas aplicadas por el Estado para protegerlos contra los actos de violencia (que entran en el ámbito de aplicación de los artículos 3 y 8) deben ser efectivas e incluir tanto las medidas razonables para prevenir los malos tratos de los que las autoridades tenían, o deberían haber tenido, conocimiento, como la disuasión efectiva contra las violaciones graves a la integridad personal […]. Dichas medidas deben estar orientadas a garantizar el respeto de la dignidad humana y a proteger el interés superior del menor […]. Dado que la trata amenaza la dignidad humana y las libertades fundamentales de sus víctimas […], de igual manera ocurre con las medidas de protección contra los actos que entran en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio” (cfr. párr. 161). “Una vez que el personal cualificado haya realizado una evaluación de la trata, cualquier decisión judicial posterior tendría que tenerla en cuenta. Si bien el fiscal podría no estar obligado por las conclusiones de dicha evaluación, tendría que tener razones claras, suficientes y coherentes con la definición de trata contenida en el Protocolo de Palermo y en el Convenio contra la Trata para estar en desacuerdo con ella” (cfr. párr. 162). 3. Debido proceso. Prueba. Apreciación de la prueba. Proceso penal. Asistencia letrada. Defensa técnica ineficaz. Niños, niñas y adolescentes. Víctima. “En reiteradas ocasiones, el Tribunal ha enfatizado sobre la importancia que tiene la fase de investigación para la preparación del proceso penal, ya que las pruebas obtenidas durante esta fase determinan el marco en el que se considerará el delito imputado durante el juicio […]. Igualmente, ha reconocido que la persona imputada se encuentra habitualmente en una posición de especial vulnerabilidad durante esa fase del proceso, cuyo efecto aumenta debido a que la legislación sobre el procedimiento penal tiende a ser cada vez más compleja, especialmente en lo relacionado a las normas que rigen la obtención y el uso de las pruebas. En la mayor parte de los casos, esta particular vulnerabilidad sólo puede equilibrarse adecuadamente con la asistencia de un abogado […]. La equidad en los procedimientos judiciales requiere que un imputado pueda hacer valer las garantías específicas asociadas a la asistencia jurídica. De esta forma, el abogado deberá asegurar sin restricciones los aspectos básicos y fundamentales de la defensa de esa persona: discusión del caso, organización de la defensa, recabamiento de pruebas favorables al imputado, preparación del interrogatorio, apoyo al defendido en momentos de dificultad y la verificación de las condiciones de detención” (cfr. párr. 195). “Aunque las víctimas de trata no estén exentas de persecución penal, la condición de una persona como víctima de trata puede afectar a la existencia de pruebas suficientes […] y a la conveniencia de hacerlo en base al interés público […]. Por lo tanto, las pruebas relativas a la condición de víctima de trata son un ‘aspecto fundamental’ de la defensa que ésta debe tener la posibilidad de obtener sin restricciones” (cfr. párr. 196). “[S]i bien la defensa debe estar atenta a los indicadores de la trata, el hecho de que no reconozcan los mismos o no actúen en consecuencia no puede eximir al Estado y a sus agentes de su responsabilidad de hacerlo. [E]l Tribunal ha sostenido, aunque en el contexto del artículo 6.3 c) del Convenio, que las autoridades nacionales competentes están obligadas a intervenir en caso de que el defensor no proporcione una representación efectiva […]. Aunque ninguno de los peticionarios ha invocado dicho artículo, de la jurisprudencia se desprende que el Estado no puede escudarse en las deficiencias del abogado de oficio cuando dichas deficiencias equivalen a una ‘falta manifiesta de representación efectiva’” (cfr. párr. 198). “En el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio, es el Estado el que ostenta la obligación positiva de proteger a las víctimas, así como de investigar las situaciones potenciales de trata. [E]sa obligación positiva se origina por la existencia de circunstancias que den lugar a una sospecha fundada de que una persona ha sido víctima, y no por una denuncia presentada por la víctima potencial o en su nombre […]. Por lo tanto, el Estado no puede depender de la falla de un representante legal o en el hecho de que un imputado, especialmente un menor de edad, no comunique a la policía o a su representante legal que ha sido víctima de trata. [L]os niños víctimas de trata son un grupo especialmente vulnerable que puede no ser consciente de que ha sido víctima de trata, o que puede tener demasiado miedo para revelar esta información a las autoridades […]. En consecuencia, no se les puede exigir que se autoidentifiquen ni se les puede penalizar por no hacerlo” (cfr. párr. 199). “Ni la letra ni el espíritu del artículo 6 del Convenio impiden que una persona renuncie por su propia voluntad, expresa o tácitamente, al derecho a las garantías de un juicio justo. Sin embargo, para que dicha renuncia sea efectiva a los términos del Convenio, debe establecerse de forma inequívoca, no debe ser contraria al interés público y debe ir acompañada de unas garantías mínimas en base a su importancia […]. Además, no debe estar contaminada por la coacción […]. Sobre los acuerdos de culpabilidad y condena, el Tribunal ha sostenido que al no impugnar un cargo penal, un peticionario puede renunciar a su derecho a que se examine el fondo de la causa contra él. Sin embargo, la decisión de aceptar un acuerdo de culpabilidad debe ir acompañada de las siguientes condiciones: a) la negociación deberá aceptarse con el pleno conocimiento de los hechos del caso, de las consecuencias jurídicas y de forma realmente voluntaria; y b) el contenido de la negociación y la equidad en el acuerdo alcanzado entre las partes deben ser objeto de un control judicial suficiente […]” (cfr. párr. 201). “[E]n cada caso concreto, el cumplimiento de las exigencias de un juicio justo debe examinarse teniendo en cuenta el desarrollo del proceso en su totalidad y no sobre la base de una consideración aislada sobre un aspecto o un incidente concreto, aunque no puede descartarse que un factor específico sea tan decisivo que permita apreciar la equidad del juicio en una fase anterior del proceso” (cfr. párr. 205). “Aunque los peticionarios invocaron el artículo 4 del Convenio, el Tribunal no consideró sus casos a través del prisma de las obligaciones positivas del Estado en virtud de dicho artículo. Por el contrario, se limitó a un examen relativamente estrecho. Al desestimar los recursos de ambos peticionarios, el Tribunal de Apelación dejó claro que un imputado dispone de una oportunidad para dar sus instrucciones a sus asesores jurídicos y que sólo ‘en los casos más excepcionales’ el tribunal consideraría apropiado permitir al imputado adelantar nuevas instrucciones sobre los hechos a efectos de un recurso contra la condena […]. En opinión del Tribunal, tal enfoque penalizaría a las víctimas de la trata por no identificarse inicialmente como tales y permitiría a las autoridades ampararse en su propio incumplimiento del deber que les impone el artículo 4 del Convenio de adoptar medidas operativas para protegerlas” (cfr. párr. 208).
TRATA DE PERSONAS; SERVIDUMBRE; TRABAJO ESCLAVO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VICTIMA; PRUEBA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DEBIDO PROCESO; APRECIACION DE LA PRUEBA; PROCESO PENAL; ASISTENCIA LETRADA; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ;
Ramazan Demir v. TurquíaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Turquía era responsable por la violación del artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Libertad de expresión. Derecho a la información. Personas privadas de la libertad. Internet. Condiciones de detención. Cárceles.
“El Tribunal ha reconocido de manera consistente el derecho de las personas a recibir información de interés general […]. [E]l derecho a recibir información en esencia prohíbe que el Estado impida que una persona reciba información que otros deseen o estén dispuestos a comunicar” (cfr. párr. 30).
“El valor de servicio público de Internet y su importancia para el disfrute de los derechos humanos ha sido reconocido [por diversos instrumentos internacionales]. [E]stos desarrollos reflejan el rol fundamental que juega internet en la vida cotidiana de las personas. En efecto, un número creciente de servicios y de información sólo se encuentran disponibles en internet” (cfr. párr. 33).
“Cualquiera fueran los motivos específicos invocados por el solicitante para requerir acceso a internet, no puede ignorarse que además su demanda encuadra sin duda dentro de los objetivos de formación y reinserción que justifican el acceso a internet de las personas detenidas de acuerdo a la normativa interna, en especial dada su profesión jurídica y la naturaleza de los sitios de internet a los que deseaba acceder” (cfr. párr. 37).
“[D]ado que la normativa interna ya preveía el acceso de las personas detenidas a determinados sitios de internet con fines de formación y reinserción, la restricción al acceso del solicitante a los sitios de internet que no contenían más que información jurídica útil para su desarrollo y rehabilitación en función de su profesión y de sus intereses, constituye una injerencia en el ejercicio de su derecho a recibir información” (cfr. párr. 38).
2. Libertad de expresión. Derecho a la información. Internet. Sentencia. Deber de fundamentación. Razonabilidad.
“[C]orresponde a los tribunales locales verificar si los motivos invocados por las autoridades para justificar la medida impugnada resultaban ‘pertinentes y suficientes’ en las circunstancias del caso […]. [P]ara determinar si la necesidad de la medida quedó establecida de manera convincente en el presente caso, se debe prestar especial atención a la fundamentación esgrimida por el juez local al considerar el recurso interpuesto por el solicitante” (cfr. párr. 43).
“Al analizar las sentencias emitidas por las autoridades locales en el presente caso, el Tribunal constata que estas parecen fundarse esencialmente en [su normativa interna] para restringir el acceso del solicitante a los sitios web en cuestión. Sin embargo […], las autoridades no han ofrecido fundamentación suficiente sobre por qué el acceso del solicitante a dichos sitios web no podía considerarse relevante para su formación y reinserción, ni en qué caso el acceso a internet de los detenidos sí estaba autorizado por las disposiciones invocadas” (cfr. párr. 45).
“Ni las autoridades judiciales ni el Estado explicaron por qué la medida impugnada, en las circunstancias particulares del caso, era necesaria en vista al objetivo legítimo de mantener el orden y la seguridad dentro del establecimiento penitenciario y de prevenir el crimen […]. Las medidas necesarias para que los detenidos puedan utilizar internet bajo el control de las autoridades penitenciarias ya habían sido adoptadas, en todo caso, en el marco de los programas de formación y reinserción. Incluso si las consideraciones de seguridad invocadas por las autoridades nacionales fueran consideradas pertinentes […], las jurisdicciones nacionales no efectuaron un análisis detallado de los riesgos de seguridad que habrían resultado del acceso del solicitante a los sitios web mencionados, incluso cuando se trataba de sitios de acceso público y que el solicitante sólo hubiera accedido a estos sitios bajo control de las autoridades y de acuerdo a las condiciones que estas determinaran” (cfr. párr. 46).
“[E]l Estado no ha demostrado que los motivos invocados por las autoridades judiciales para justificar la medida impugnada eran pertinentes ni suficientes, ni que dicha medida fuera necesaria en una sociedad democrática” (cfr. párr. 47).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; INTERNET; CONDICIONES DE DETENCIÓN; CÁRCELES; SENTENCIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RAZONABILIDAD;
Jurcic v. CroaciaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Croacia era responsable por la violación del artículo 14 (no discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en conjunción con el artículo 1 del Protocolo N° 1 (derecho a la propiedad) del mismo instrumento.
1. No discriminación. Género. Actos discriminatorios. Principio de proporcionalidad. Necesidad racional del medio empleado.
“El artículo 14 ofrece una protección contra el trato diferenciado, sin justificación objetiva y razonable, de individuos en situaciones análogas o de similitud relevante. En otras palabras, el requerimiento de demostrar una posición análoga no implica que los grupos comparados sean idénticos […]. [U]na diferencia en el trato es discriminatorio si ‘no tiene justificación objetiva y razonable’, esto es, si no persigue un ‘objetivo legítimo’ o si no existe una ‘relación razonable de proporcionalidad’ entre el medio empleado y el fin que se busca” (cfr. párr. 62).
“[F]uera de las medidas transitorias diseñadas para corregir desigualdades históricas […], deberán presentarse razones de gran peso para que pueda considerarse que una diferencia de trato en razón del sexo es compatible con el Convenio […]. En consecuencia, cuando una diferencia de trato se basa en el sexo, el margen de apreciación reconocido al Estado es estrecho, y en tal situación el principio de proporcionalidad no sólo requiere que la medida elegida se adecue a la realización del fin perseguido, sino que además se debe demostrar que era necesaria según las circunstancias” (cfr. párr. 65).
2. Derecho al trabajo. Género. Estereotipos de género. Igualdad. Actos discriminatorios. Embarazo. Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Protección integral de la mujer.
“[E]l embarazo de una mujer no puede ser considerado de por sí un comportamiento fraudulento. Además, […] las obligaciones económicas impuestas al Estado durante el embarazo de una mujer no pueden constituir por sí mismas razones de suficiente peso como para justificar un trato diferenciado por motivos de sexo” (cfr. párr. 73).
“[A]un cuando la disponibilidad de la persona empleada sea una precondición para la adecuada prestación de un contrato de trabajo, la protección otorgada a una mujer durante su embarazo no puede depender de si su presencia en el trabajo durante la maternidad es esencial para el correcto funcionamiento de su empleador, ni del hecho de que ella se vea temporalmente impedida de realizar el trabajo para el que fue contratada […]. Introducir medidas de protección a la maternidad es esencial para salvaguardar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo” (cfr. párr. 76).
“[S]olicitarle a una mujer información sobre sus planes o posibilidad de embarazo u obligarla a reportar estas cuestiones al momento de una contratación también equivale a una discriminación directa por motivos de sexo” (cfr. párr. 81).
“[L]a Corte no puede más que expresar preocupación por la connotación de las conclusiones de las autoridades locales, que implicaban que las mujeres no deberían trabajar ni buscar trabajo durante su embarazo o ante la mera posibilidad de ello […]. Los estereotipos de género de este tipo presentan un obstáculo serio a la realización de una igualdad de género sustantiva” (cfr. párr. 83).
“Negarse a emplear o a reconocer beneficios laborales a una mujer embarazada a raíz de su situación equivale a una discriminación directa por motivos de sexo, que no puede ser justificada por los intereses económicos del Estado” (cfr. párr. 84).
NO DISCRIMINACIÓN; GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; DERECHO AL TRABAJO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; IGUALDAD; EMBARAZO; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER;
González Etayo v. EspañaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que España era responsable por la violación del artículo 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su aspecto procesal.
1. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación. Prueba.
“[C]uando un individuo afirma de manera argumentada haber sufrido malos tratos a manos de la policía u otros servicios comparables del Estado en contra de lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio, dicha disposición en conjunción con el deber general impuesto al Estado por el artículo 1 del Convenio de ‘reconocer a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos (...) en el Convenio’, exige, implícitamente, que se lleve a cabo una investigación oficial efectiva. Dicha investigación […] debe poder conducir a identificar y, en su caso, sancionar a los responsables. De lo contrario, a pesar de su importancia fundamental, la prohibición legal general de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes sería ineficaz en la práctica y sería posible en ciertos casos que los funcionarios del Estado violaran, con una impunidad casi absoluta, los derechos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción” (párr. 46).
“[L]a gravedad de los delitos denunciados por el demandante merecía una investigación exhaustiva por parte del Estado, que condujera al esclarecimiento de los hechos, a la identificación y, en su caso, a la sanción de los responsables” (párr. 48).
“[C]uando existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades competentes del Estado proceder a una investigación pronta e imparcial” (párr. 60).
2. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Personas privadas de la libertad. Incomunicación. Vulnerabilidad. Control judicial. Prevención e investigación. Prueba.
“Una investigación eficaz es tanto más necesaria cuanto que, como en el presente caso, el demandante se encontraba, durante el período en que se produjeron los presuntos malos tratos, en una situación de total ausencia de comunicación con el mundo exterior, situación que exigía un mayor esfuerzo por parte de las autoridades nacionales para establecer los hechos denunciados […]. [L]a obtención de elementos de prueba adicionales sugeridos por el demandante, y en particular la identificación y la audiencia de los agentes encargados de su vigilancia durante su custodia policial incomunicada, podría haber contribuido al esclarecimiento de los hechos, en uno u otro sentido, como lo exige la jurisprudencia del Tribunal” (párr. 60).
“El Tribunal subraya la situación de especial vulnerabilidad de las personas detenidas en régimen de incomunicación, lo que exige que se adopten medidas adecuadas de control judicial y se apliquen rigurosamente con el fin de evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos” (párr. 62).
“[C]orresponde a los jueces competentes en materia de custodia policial incomunicada adoptar un enfoque más proactivo de las facultades de supervisión de que disponen” (párr. 63).
TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; PRUEBA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; INCOMUNICACIÓN; VULNERABILIDAD; CONTROL JUDICIAL;
X e Y v. RumaniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rumania era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la identidad. Identidad de género. LGBTIQ. Derecho a la integridad personal. Responsabilidad del Estado. Obligaciones de hacer. Interés público.
“[E]l derecho a la vida privada engloba la identidad de género como un aspecto de la identidad personal. Esto concierne a todos los individuos y comprende a las personas transgénero como los solicitantes, quieran o no someterse al tratamiento de cambio de sexo aprobado por las autoridades” (cfr. párr. 106).
“[S]i bien el objetivo esencial del artículo 8 es proteger al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no alcanza con ordenarle al Estado que se abstenga de efectuar injerencias semejantes: a esta obligación de carácter más bien negativo se le adicionan obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo de la vida privada o familiar. [E]l artículo 8 impone a los Estados la obligación positiva de garantizar a sus ciudadanos el derecho al respeto efectivo de su integridad psicofísica. Tal obligación puede importar la adopción de medidas específicas, tales como la implementación de un procedimiento efectivo y accesible en vista de proteger el derecho a la vida privada o la creación de un marco regulatorio que instaure un mecanismo judicial y de ejecución destinado a proteger los derechos de las personas, así como la implementación de estas medidas en el caso concreto” (cfr. párr. 146).
“Los principios generales aplicables a la evaluación de las obligaciones positivas del Estado son comparables a aquellos que rigen la evaluación de sus obligaciones negativas [...]. En ambos casos, se debe tener en cuenta el equilibrio a alcanzar entre el interés general y los intereses particulares del individuo involucrado. Por otra parte, en lo que refiere a la ponderación entre intereses contrapuestos, el Tribunal ha señalado la importancia particular que revisten las cuestiones que hacen a uno de los aspectos más importantes de la vida privada como es el derecho a la identidad de género, ámbito en el que los Estados tienen un margen de apreciación estrecho” (cfr. párr. 148).
2. LGBTIQ. Identidad de género. Derecho a la identidad. Derecho a la integridad personal. Reconocimiento jurídico. Autodeterminación. Registro civil. Tratamiento médico.
“En el presente caso, se desprende de la prueba del expediente que los tribunales locales constataron que los solicitantes eran personas transgénero en base a información detallada sobre sus condiciones psicológicas y médicas, así como su estilo de vida social. En particular, constataron que se habían sometido a tratamientos hormonales y que se habían realizado una vasectomía antes o durante el proceso judicial. A pesar de ello, se negaron a reconocer el cambio de género o autorizar la adecuación de este y otros datos en el registro civil por no haberse sometido a intervenciones quirúrgicas sobre sus órganos genitales [...]. Los tribunales consideraron así que el principio de autodeterminación no era suficiente para hacer lugar a las solicitudes de cambio de género” (cfr. párr. 159).
“[L]os solicitantes no se centraron en particular sobre el efecto esterilizante de la intervención quirúrgica requerida, aunque reconocieron que podía dar lugar a este resultado. En cualquier caso, [...] la intervención quirúrgica de cambio de sexo en órganos genitales que los tribunales les exigía afecta de forma manifiesta la integridad física de los interesados” (cfr. párr. 161).
“[E]n el marco de los procedimientos iniciados, los tribunales locales no fundamentaron en absoluto cuál sería la naturaleza exacta del interés general que exigiría negar el reconocimiento jurídico del cambio de género. Tampoco efectuaron una ponderación entre este interés general y el interés de los solicitantes al reconocimiento de su identidad de género dentro del margen de apreciación concedido, por estrecho que fuera. En estas condiciones, el Tribunal no puede determinar cuáles son los motivos de interés general que condujeron al rechazo de la adecuación entre la identidad de género y su mención correspondiente en el registro civil” (cfr. párr. 164).
“El Tribunal observa en este punto una rigidez en el razonamiento con respecto al reconocimiento de la identidad de género, que colocó a los hombres en una situación inquietante que les provocó, durante un período irrazonable y continuo, sentimientos de vulnerabilidad, humillación y ansiedad. [L]os tribunales locales ubicaron a los solicitantes que no deseaban someterse a una intervención quirúrgica de cambio de sexo en un dilema irresoluble: o se sometían a esta intervención quirúrgica contra su voluntad y renunciaban al ejercicio pleno de su derecho a la integridad física, que surge del derecho a la vida privada [...], o renunciaban al reconocimiento de su identidad de género, que también se enmarca en el derecho a la vida privada. El Tribunal observa aquí un quiebre en el justo equilibrio que deben mantener los Estados entre el interés general y los intereses de las personas involucradas” (cfr. párr. 165).
“Las consideraciones precedentes son suficientes para permitirle al Tribunal concluir que la negación de las autoridades locales al reconocimiento jurídico del cambio de género sin una intervención quirúrgica de cambio de sexo representó una intromisión injustificada en el derecho al respeto de su vida privada” (cfr. párr. 167).
DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA IDENTIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; LGBTIQ; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; OBLIGACIONES DE HACER; INTERÉS PÚBLICO; RECONOCIMIENTO JURÍDICO; AUTODETERMINACION; REGISTRO CIVIL; TRATAMIENTO MÉDICO;
Kargakis v. GreciaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Grecia era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad. Cárceles. Condiciones de detención. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la salud. Derecho a la preservación de la salud. Asistencia médica. Derecho a la integridad personal.
“[E]l deber de cuidar a los reclusos enfermos durante su encarcelamiento impone a los Estados la obligación particular de garantizar que el recluso reciba la atención médica necesaria y de adecuar, en su caso, las condiciones generales de detención a su estado de salud particular” (cfr. párr. 58).
“[L]a falta de atención médica adecuada puede, en principio, constituir un trato contrario al artículo 3 de la Convención […]. El Tribunal exige, en primer lugar, la supervisión médica adecuada del enfermo y la adecuación del tratamiento medico prescripto a su situación particular […]. Además, la diligencia y la frecuencia con la cual la atención médica es dispensada al interesado son dos elementos a tener en consideración para medir la compatibilidad de su trato con las exigencias del artículo 3 de la Convención” (cfr. párr. 59).
“[L]a penitenciaría de Diavata no cuenta con comedor y los reclusos se ven obligados a comer en sus celdas, sentados sobre sus camas. Por otra parte, [el solicitante] afirma que no tenía acceso al patio de ejercicio, que este no estaba adaptado a las necesidades de personas con discapacidad, que su alimentación no era adecuada a su condición de diabético y que debía compartir su celda con fumadores, a pesar de que sus médicos habían recomendado lo contrario” (cfr. párr. 75).
“[L]as condiciones de detención del solicitante, teniendo en especial consideración su discapacidad y la duración de su detención, lo han sometido a dificultades de una intensidad que exceden el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la privación de libertad” (cfr. párr. 76).
2. Acceso a la justicia. Tutela judicial efectiva. Libertad condicional. Excarcelación. Condiciones de detención. Control judicial.
“[S]i el juez de instrucción finalmente decidió la libertad condicional del solicitante, fue solo luego de haber verificado que este ya no corría el riesgo de cometer nuevos delitos. Por otra parte, el juez no efectuó ningún análisis de las condiciones de detención ni de los problemas de salud del solicitante, a pesar de que la fiscalía había remarcado el índice de discapacidad y los problemas cardíacos graves del solicitante, y considerado que la prolongación de su detención en un establecimiento penitenciario podía resultar mortal debido a las malas condiciones de las prisiones griegas” (cfr. párr. 82).
“En el presente caso, el recurso interpuesto por el solicitante […] no le garantizó un remedio efectivo, ya que, más allá de su puesta en libertad, el juez de instrucción no respondió a los agravios del solicitante relativos a sus condiciones de detención” (cfr. párr. 83).
3. Acceso a la justicia. Debido proceso. Plazo razonable. Prisión preventiva. Excarcelación. Complejidad del asunto. Duración del proceso.
“[L]a cuestión de si se ha respetado el derecho ser juzgado en plazo razonable debe evaluarse a la luz de las circunstancias del caso, en particular la complejidad del procedimiento, la manera en la que fue llevada adelante por las autoridades locales y por el solicitante y la dificultad que representaba para este último […]. Al examinar una solicitud de liberación, la complejidad de las cuestiones médicas u otras involucradas pueden ser un factor a tener en cuenta para evaluar el respeto al requisito de ‘plazo razonable’ […]. Sin embargo, la complejidad de un expediente, por excepcional que fuera, no puede eximir a las autoridades locales del cumplimiento de sus obligaciones esenciales en virtud de esta disposición” (cfr. párr. 92).
“En los procedimientos de apelación ante jurisdicciones ordinarias iniciados contra una orden de detención adoptada por un tribunal de primera instancia, las demoras de más de tres o cuatro semanas atribuibles a las autoridades son susceptibles de originar un problema desde el punto de vista de la exigencia de celeridad […], a menos que esta demora se justifique de manera excepcional por las circunstancias del caso” (cfr. párr. 95).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; ACCESO A LA JUSTICIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; LIBERTAD CONDICIONAL; EXCARCELACIÓN; CONTROL JUDICIAL; DEBIDO PROCESO; PLAZO RAZONABLE; PRISIÓN PREVENTIVA; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; DURACIÓN DEL PROCESO;
Lars-Anders Ågren y otros v. SueciaComité para la Eliminación de la Discriminación Racial - CERD
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas consideró que Suecia era responsable por la violación del artículo 5.d) v) (derecho a la propiedad) y 6 (derecho a la protección judicial y acceso a la justicia) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 1. Pueblos indígenas. Propiedad comunitaria. Derecho a la vida. “El Comité recuerda que, en su Recomendación General Nº 23 (1997), exhorta a los Estados partes a que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos” (párr. 6.5). “[C]omo razón de ser de esos principios, la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Su ‘relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras’. A este respecto, la efectividad de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas puede ser también un requisito previo para el ejercicio del derecho a la vida, como tal, y para ‘prevenir su extinción como pueblo’” (párr. 6.6). 2. Pueblos indígenas. Igualdad. No discriminación. Derecho de propiedad. Principio de proporcionalidad. Derecho a la identidad. Debida diligencia. Responsabilidad del Estado. “[P]asar por alto el derecho inherente de los pueblos indígenas a utilizar sus tierras y gozar de derechos sobre estas y no adoptar medidas apropiadas para garantizar en la práctica el respeto de su derecho a dar un consentimiento libre, previo e informado cuando sus derechos puedan verse afectados por proyectos que se lleven a cabo en sus territorios tradicionales constituye una forma de discriminación, ya que anula o menoscaba el reconocimiento, el goce o el ejercicio, por los pueblos indígenas, en igualdad de condiciones con los demás, de los derechos sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales y, por ende, su identidad” (párr. 6.7). “El Comité ha recomendado repetidamente que se adoptara legislación que reconociera y protegiera los derechos tradicionales de los samis sobre la tierra, teniendo en cuenta el carácter esencial de la cría de renos para el modo de vida del pueblo indígena de Suecia, y que se consagrara en la legislación el derecho al consentimiento libre, previo e informado, con arreglo a las normas internacionales” (párr. 6.9). “[E]l Comité considera que, aun cuando el derecho a la propiedad no es absoluto, los Estados partes deben respetar el principio de proporcionalidad al limitar o regular los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, teniendo en cuenta la condición particular de estos pueblos, […] de manera de no poner en peligro la propia subsistencia de la comunidad y de sus miembros” (párr. 6.10). “La prohibición de la discriminación enunciada en la Convención exige que los Estados partes garanticen a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción el goce de iure y de facto de los mismos derechos. Según el artículo 2, párrafo 1 c), cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista. Los Estados deben adoptar medidas positivas para permitir la efectividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya sea eliminando los obstáculos restantes o aprobando legislación y adoptando medidas administrativas específicas para cumplir las obligaciones que les impone la Convención” (párr. 6.13). “[E]n su Recomendación General Nº 23 (1997), el Comité ha exhortado a los Estados Partes a que reconozcan y respeten la cultura, la historia, el idioma y el modo de vida de los pueblos indígenas como un factor de enriquecimiento de la identidad cultural del Estado y a que garanticen su preservación, dado que esta se ha visto y sigue viéndose amenazada. El Comité recuerda que los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra difieren del derecho de propiedad contemplado en el derecho civil, y considera que el pastoreo de renos no es un ‘ejercicio recreativo al aire libre’ […] sino un elemento central de la identidad cultural y medio de vida tradicional de los peticionarios” (párr. 6.14). “De hecho, el reconocimiento de los derechos de las comunidades samis sobre la tierra y su derecho colectivo a la cría de renos, fundados en el uso inmemorial, suponen la obligación de respetar y proteger esos derechos en la práctica. La necesidad de salvaguardar sus culturas y medios de vida son algunas de las razones por las que los Estados partes deberían adoptar medidas concretas para que los samis sean consultados y participen efectivamente en la adopción de decisiones. El Comité recuerda que en su Recomendación General Nº 32 (2009) aclaró que los ‘derechos distintos’ inadmisibles deben distinguirse de los derechos aceptados y reconocidos por la comunidad internacional para asegurar la existencia y la identidad de grupos tales como minorías, pueblos indígenas y otras clases de personas cuyos derechos se aceptan y reconocen también en el marco de los derechos humanos universales. El derecho a las tierras que ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas son derechos permanentes, reconocidos como tales en los instrumentos de derechos humanos, incluidos los adoptados en el ámbito de las Naciones Unidas y sus organismos especializados” (párr. 6.15). 3. Pueblos indígenas. Consulta previa. Consentimiento informado. No discriminación. Responsabilidad del Estado. “El Comité ha reafirmado con frecuencia la concepción de que la falta de consultas apropiadas con los pueblos indígenas puede constituir una forma de discriminación racial y puede quedar comprendida en el ámbito de aplicación de la Convención. El Comité adhiere al enfoque de derechos humanos del consentimiento libre, previo e informado, en tanto norma derivada de la prohibición de la discriminación racial, que constituye la principal causa subyacente de la mayor parte de la discriminación de que son objeto los pueblos indígenas” (párr. 6.16). “[C]orresponde a los Estados partes presentar pruebas de que cumplen esta obligación, ya sea directamente, organizando y realizando consultas de buena fe con la finalidad de llegar a un consenso, o indirectamente, proporcionando garantías suficientes de participación efectiva de las comunidades indígenas y velando por que toda tercera parte tenga debida y realmente en cuenta los argumentos sustantivos planteados por las comunidades indígenas. El Comité considera que, en este contexto, la obligación de consultar es responsabilidad del Estado y no puede delegarse sin supervisión en una empresa privada, mucho menos en la misma empresa que tiene un interés comercial en la explotación de los recursos en el territorio de los pueblos indígenas. Como observó el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, tal delegación a una empresa privada de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, además de que no absuelve al Estado de la responsabilidad que le incumbe en última instancia, puede no ser conveniente e incluso ser problemática, dado que los intereses de la empresa privada son en general fundamentalmente lucrativos y, por lo tanto, no pueden estar en plena consonancia con el interés superior de los pueblos indígenas afectados. En la presente comunicación, al delegar el proceso de consulta en la empresa minera sin garantías efectivas, y no cumplir por ende su deber de respetar los derechos sobre la tierra de la comunidad sami Vapsten de pastores de renos, el Estado parte incumplió sus obligaciones internacionales” (párr. 6.17). “[L]os estudios de impacto ambiental y social deberían formar parte del proceso de consulta con los pueblos indígenas. Estos estudios deberían ser realizados por entidades independientes y técnicamente competentes, con anterioridad al otorgamiento de una concesión para cualquier proyecto de desarrollo o inversión que afecte a los territorios tradicionales. Sobre la base de estos estudios, debe procederse a las consultas desde las primeras fases, antes del diseño del proyecto y no solo cuando haga falta obtener una aprobación, sin la idea preconcebida de que el proyecto debe necesariamente llevarse a cabo, y con una comunicación constante entre las partes. El Comité recuerda que, dado que el Estado parte ha determinado y admitido que existe incertidumbre acerca de las repercusiones en la comunidad sami Vapsten de pastores de renos, este tiene una responsabilidad aún mayor, en el contexto del proceso de otorgamiento de las concesiones, de imponer condiciones estrictas a los estudios y supervisar su realización, con miras a limitar todo lo posible el impacto en la cría de renos. Las autoridades administrativas han invocado la necesidad de establecer un equilibrio entre la actividad minera y la cría de renos. Sin embargo, el procedimiento no lo permite, ya que —según el Estado parte— cuando un prospector ha descubierto un yacimiento potencialmente rentable, el primer paso para iniciar las operaciones mineras es solicitar una concesión de explotación. En la decisión de concesión se determina quién tiene derecho a extraer los metales o minerales y este derecho también se aplica con respecto al propietario y sin su consentimiento; en ello radica la principal finalidad del sistema de concesiones” (párr. 6.18). “El desarrollo y la explotación de los recursos naturales, en tanto interés público legítimo, no permite a los Estados partes eximirse de su obligación de no discriminar a una comunidad indígena que depende de la tierra mediante la aplicación mecánica de un procedimiento de consulta, sin las suficientes garantías o pruebas de que el consentimiento libre, previo e informado de los miembros de la comunidad puede procurarse y conseguirse efectivamente” (párr. 6.20). 4. Propiedad comunitaria. Reparación. Debida diligencia. Revisión judicial. “[E]n los casos en que se ha privado a los pueblos indígenas de las tierras y territorios de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, el Estado parte debería adoptar medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios” (párr. 6.27). “[L]a imposibilidad de obtener una revisión judicial eficaz de una decisión que cuestiona el derecho fundamental de los pueblos indígenas al territorio tradicional es consecuencia de que el Estado parte trate a las comunidades indígenas como particulares propietarios de tierras afectados por operaciones mineras, sin tener debidamente en cuenta el carácter posiblemente irreversible de los efectos que esas operaciones puedan tener en las comunidades indígenas” (párr. 6.28).
PUEBLOS INDÍGENAS; PROPIEDAD COMUNITARIA; DERECHO A LA VIDA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO DE PROPIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO A LA IDENTIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; REPARACIÓN; REVISION JUDICIAL;
STCC 8892-2020Tribunal Constitucional de Chile
El Tribunal Constitucional de Chile declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la expresión “en forma absoluta” contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la ley N° 21.226. 1. Emergencia sanitaria. Juicio oral. Videoconferencia. Debido proceso. Acceso a la justicia. “[L]os juicios mediante plataformas electrónicas se han convertido en el medio que los diferentes Estados han preferido para administrar la justicia en el contexto de la enfermedad por COVID-19, lo cual ha significado ir adoptando un modelo de ‘justicia digital’, que ha transformado la forma en la que desarrollan la actividad jurisdiccional los Tribunales” (párr. 7). “[N]o se contiene en el requerimiento de estos autos un cuestionamiento general y abstracto al uso de herramientas tecnológicas de tipo telemático o videoconferencia para actuaciones procesales. En efecto, el uso de la videoconferencia en actuaciones procesales específicas es, en sí mismo, un avance en materia de acceso a la justicia, en el marco de un sistema jurisdiccional que ya lleva años con tramitación electrónica. Así, no debe dejar de reconocerse que el uso de la video conferencia es una herramienta útil en diversos actos procesales en los cuáles su uso no genera inconvenientes de afectación de garantías del derecho a defensa. Sin embargo, el avance tecnológico y el uso de herramientas informáticas no puede significar el sacrificio ni la degradación de las garantías mínimas del debido proceso, cuya mayor intensidad se manifiesta por necesidad en el sistema procesal, y dentro de él, reconociendo como punto cúlmine de su nivel de garantía al juicio oral penal” (párr. 11). “[L]a legislación ha asumido un nuevo paradigma de justicia digital, mas en cuanto a los principios y formas de manifestación de la misma los estándares específicos no han sido previstos por el legislador, habiéndose limitado a asegurar su desarrollo conforme al debido proceso, siendo misión de este tribunal determinar en un ejercicio de control concreto cuando podría afectarse por legislador y con qué intensidad, para constatar así si concurre o no un vicio que atenta en contra del debido proceso…” (párr. 12). 2. Derecho de defensa. Asistencia letrada. Juicio oral. Videoconferencia. “[L]a Corte ha considerado que la imposibilidad o las limitaciones en el derecho a defenderse personalmente o a través de un defensor impiden que, en los hechos, el imputado cuente con los medios para preparar su defensa, en los términos del artículo 8.2.c de la Convención Americana, lo cual es particularmente relevante en el presente caso, ya que los juicios orales telemáticos implican una limitación importante o significativa en la comunicación con el defensor…” (párr. 16). “De este modo no puede preterirse que la interdicción de la indefensión es un principio general (en nuestro sistema su consagración es sencilla: la defensa letrada no puede ser interferida, es inviolable, es irrenunciable y es elemento del racional y justo procedimiento […]) y que en ese orden toda hipótesis de indefensión puede ser total o parcial, debiendo además agregarse que al estar la actividad jurisdiccional regida por el principio de legalidad del juzgamiento y por el deber de motivación de la sentencia, el derecho de defensa necesariamente debe incluir la asistencia letrada, y se ha sostenido que esa asistencia ha de cumplir las condiciones de ser concreta y efectiva, lo que no se satisface con el mero nombramiento de un abogado defensor […]. Tal asistencia, no puede reducirse a una formal y mera designación de abogado patrocinante ni a un mero consejero distante y virtual mediante mensajería instantánea, sino que […] debe poder concretarse en la ‘acción de estar o hallarse presente’ en la diligencia realizada, con posibilidades ciertas de que esta concurrencia pueda resultar en asesoría efectiva y no un puro formulismo de comparecencia y contemplación, carente de acción y sin significación real” (párr. 17). “[E]l legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad” (párr. 18). “[A]l encomendar a la ley el arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos, se tuvo en consideración el que una materia tan relevante no pudiera ser alterada ni por vía administrativa ni por otro mecanismo, asegurando que las personas que lo requieran, puedan en los hechos ejercer su derecho al asesoramiento y defensa jurídica. [L]o cual incluye también a la degradación de los estándares del derecho a defensa por vía legislativa, en la medida que está dotado de un contenido esencial, que no puede ser sometido a condiciones, exigencias o gravámenes que impidan su libre ejercicio, en función de la garantía del contenido esencial de los derechos del numeral 26° del artículo 19 de la Carta Fundamental” (párr. 29). 3. Videoconferencia. Juicio oral. Derecho de defensa. Principio de inmediación. Principio de contradicción. “[E]l uso de videoconferencia puede generar afectaciones en la dimensión de inmediación formal en el procedimiento…” (párr. 33). “[E]n el caso de marras la cuestión constitucional dice relación con la satisfacción, en el contexto de la utilización de videoconferencias en la audiencia de juicio relativa al caso sublite, del estándar de diferentes principios presentes en torno al debido proceso, todos los cuales deben concurrir de forma absoluta en el desarrollo de cualquier controversia sometida al conocimiento de un tribunal, previamente establecido y competente. Lo anterior se traducirá en el hecho que el defensor pueda ejercitar en el juicio el conjunto de facultades que la ley otorga para percibir los cargos y la prueba, así como para mantener contacto directo y en tiempo real con su representado, ofrecer y presentar la prueba, así como poder expresar de forma clara e ininterrumpida sus fundamentos durante el debate en el desarrollo del juicio” (párr. 35). “[C]omo se colige de la presente sentencia, la contradicción en el proceso penal representa un pilar central, pues significa tanto la presencia ininterrumpida de los jueces durante todo el juicio oral, siendo la ausencia de uno de los jueces causal de nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dicte en el […]. En el mismo sentido, la presencia del fiscal debe ser ininterrumpida, siendo la ausencia de éste también una causal de nulidad en contra de la sentencia definitiva que fuere dictada en el contexto de dicho juicio” (párr. 38). “En el mismo orden, la presencia del acusado al inicio de la audiencia es un requisito indispensable para dar inicio al juicio oral, pues en caso de la ausencia de éste procederá la suspensión de la audiencia […]. A reglón seguido, cabe destacar que será un elemento de la esencia de esta etapa del proceso la comparecencia ininterrumpida del defensor, siendo la ausencia de este también una causal para deducir recurso de nulidad […], lo cual debe ser entendido a la luz de la funcionalidad del pleno ejercicio del derecho a defensa como elemento de validez de la actividad procesal penal, lo cual presupone que ese pleno ejercicio se refiere a las dimensiones formal y material de su ejercicio, pudiendo incluso ser declarado el abandono de la defensa por un ejercicio negligente o insuficiente de la misma” (párr. 38). “[E]l principio contradictorio tiende a cautelar la presencia física de quienes son parte esencial del proceso, cuestión que a propósito de los juicios orales a través de plataformas electrónicas varía, toda vez que la presencia física es reemplazada por la comparecencia virtual, la que está supeditada, en lo relativo a su calidad, intermitencia de la conexión, protección frente a la intromisión de terceros a la red, al servicio otorgado por el prestador de internet, así como a los software de seguridad que el usuario posea, cuestiones todas que dependerán tanto de la capacidad económica del interviniente, o bien de la calidad del servicio entregado por el prestador que corresponda, limitando la posibilidad de que las partes puedan hacer valer sus derechos o intereses legítimos por motivos que les son del todo ajenos, cuestión que también puede afectar a los integrantes del tribunal de juicio oral, que se conectan al juicio telemático de igual forma” (párr. 39). 4. Derecho de defensa. Prueba. Principio de inmediación. Videoconferencia. “Este principio a su vez se manifiesta en el otorgamiento a los sujetos procesales de su derecho a formular los alegatos iniciales para exponer sus pretensiones y defensas […]. Sin embargo, no se agota solamente en ello, pues el derecho a la prueba, a su producción y al examen y objeción de la prueba contraria son además elementos del derecho a defensa eficaz y también de un debido proceso, lo cual incluye como parte esencial la interrogación y la contrainterrogación de los testigos y peritos que se presenten durante el juicio oral…” (párr. 40). “[U]n juicio telemático solo garantiza que es imposible verificar el cumplimiento de esta prohibición de lectura [declaración de testigos y peritos]. En efecto, en una sala de audiencias, el examen de vista a corta distancia permite constatar que no hay lectura, mas en un juicio telemático, la pantalla de un computador puede contener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, incluyendo mensajería instantánea y documentos de texto, que pueden ser leídos mirando la misma pantalla donde está la aplicación de video conferencia, lo cual abre pie a la posibilidad incluso de declaraciones de testigos digitadas en tiempo real, sin que el tribunal tenga como siquiera examinar o precaver tal circunstancia, lo cuál además puede ocurrir respecto de peritajes, haciendo desaparecer el valor y funcionalidad de las reglas de oralidad e inmediación como herramientas de contra examen y escrutinio de probanzas, elemento esencial del derecho a defensa, e impidiendo al tribunal formarse convicción a través del examen de la actitud y expresión corporal real del deponente, que no puede siquiera ser percibida al verse solo su rostro dirigido a la pantalla” (párr. 41). “[L]a dimensión material de la inmediación se ve relativizada y degradada por los juicios telemáticos, pues la transmisión por pantalla y el enfoque solamente en el rostro acompañado de la voz pasa a ser un sucedáneo de la más completa e inmediata percepción presencial, siendo este mecanismo de videoconferencia una suerte de ‘mediación telemática en tiempo real’, también denominable como ‘presencia virtual’ que es tenido en principio por una equivalencia de presencialidad, pero sin los elementos de percepción presencial, pues ni siquiera el campo visual puede ser el mismo y tampoco se puede percibir si se cumple o no la prohibición de lectura de libretos” (párr. 44). “[S]i se excluye –a lo menos parcialmente– la inmediación a consecuencia de que la norma impugnada obliga a hacerlo mediante la mediación telemática, se expone al acusado a un juicio en el cual eventualmente podrá ver vulnerados sus derechos […], al no poder comunicarse directamente y en tiempo real con su defensor, lo que se traduce en no poder interactuar con él en el escrutinio y examen de las pruebas que sostienen la imputación en su contra, privándolo de comunicarle oportunamente circunstancias que sólo él puede observar y constatar” (párr. 45). “[E]l juicio telemático puede resultar en una degradación del principio de inmediación, en la medida que el mismo ‘ordena que el tribunal del juicio perciba a través de sus propios sentidos, de forma directa, sin intermediarios, la información que proviene de la fuente directa donde ésta se encuentra registrada, de modo que no se produzcan mayores filtros interpretativos que el propio y esencial a la fuente de la prueba de que se trate’ […]. De esta forma, inmediación no es solamente presencia ininterrumpida del tribunal, sino que el impedimento de lecturas también es uno de sus elementos” ” (párr. 48). “Por otra parte, inmediación significa ausencia de mediación, sea personal o mediante cosas, incluyendo la lectura y la tecnología. De esa forma, nuevamente se observa que la ‘presencia’ no es real sino ‘virtual’ al no haber sala común en que las personas interactúen por sus propios sentidos sino mediante la web sin una percepción completa y directa. A su vez, el computador y el soporte de la video conferencia son el ‘medio’ que permite el pretendido contacto, que es a su vez parcial, de tal manera que estamos en presencia de una suerte de ‘mediación telemática’ en tiempo real o ‘sincrónica’, que puede significar ‘inmediatez’ en tiempo real pero que en cuanto a sus caracteres dista de ser inmediación procesal en el sentido estricto de su dimensión material. En este sentido, al estimar ‘necesario’ los órganos colegisladores la dictación de una norma legal expresa que autorizara los juicios orales por zoom, reconocieron expresamente que no tenían cobertura legal habilitante suficiente en el Código Procesal Penal, lo cuál debe ser entendido a la luz de la afectación del derecho a defensa respecto de inmediación, oralidad y contradictorio…” (párr. 48). “[U]n proceso penal en única instancia requiere forzosamente de un alto estándar de inmediación, oralidad, escrutinio y contradicción mediante actividad procesal de parte, principios que pasan así a ser necesidades del debido proceso, motivo por el cual en la presente sentencia serán reconocidas como elementos integrantes de la garantía constitucional del debido proceso penal en el sistema chileno plasmado en el Código Procesal Penal. A su vez, si los principios de oralidad, inmediación, unidos al contradictorio hacen necesario resolver en única instancia para no resucitar la superada mediación. Así, la única instancia reconocerá su justificación en el pleno respeto y ejercicio de las garantías de oralidad, inmediación y contradictorio, acompañada además del control horizontal propio de un tribunal colegiado, de tal manera que si todas o bien alguna de dichas garantías se ven degradadas o no se respetan, el juzgamiento penal en única instancia se puede volver ilegítimo, al desaparecer los contrapesos y romperse el fino equilibrio que son necesarios para legitimar la actividad punitiva” (párr. 53). 5. Derecho de defensa. Debido proceso. Declaración de inconstitucionalidad. “[S]i el ejercicio de defensa se ve obstaculizado por un ‘impedimento absoluto’, ello significa que no se puede ejercer de ninguna forma, lo que significa que esa es una hipótesis de indefensión total, cuestión que en el derecho chileno no era necesario proscribir por la Ley N°21.226, pues la interdicción de la indefensión ya es parte de las garantías de la dimensión constitucional del debido proceso penal, además de sancionarse en el Código de diversas formas, dentro de las cuáles cabe mencionar al menos la nulidad de lo obrado en indefensión (sea por vía incidental o recursiva) y el abandono de la defensa” (párr. 55). “[S]i lo buscado por el artículo 9° de la Ley N° 21.226 era reforzar los estándares del derecho a la defensa, amén de dar continuidad al ejercicio de la jurisdicción en esta materia, para una pronta y cumplida administración de justicia, como impone el artículo 76 de la Constitución, de sus normas resulta una paradoja, pues frente a afectaciones calificables como ‘no absolutas’ ni ‘totales’ del ejercicio del derecho a defensa, el precepto cuestionado es una regresión” (párr. 56). “Es decir, la judicatura sí tenía atribuciones ordinarias y suficientes para ponderar afectaciones parciales o ‘no absolutas’ del ejercicio del derecho a defensa ‘en cualquier etapa del procedimiento’, sin necesidad de que se dictara la Ley N° 21.226, que solamente vino a autorizar los juicios telemáticos y en el precepto cuestionado a cercenar la ponderación de impedimentos ‘no absolutos’” (párr. 57). “[E]s evidente que el precepto cuestionado limitó las atribuciones ordinarias que la jurisdicción de cautela tiene en el artículo 10 del Código Procesal Penal, impidiendo la ponderación de impedimentos ‘no absolutos’ para ejercer el derecho a defensa como factor de suspensión de juicios orales y permitiendo la realización de los juicios en todas las otras hipótesis de afectación del derecho a defensa, lo que significa que el legislador ha dispuesto mediante el precepto que se declarará inaplicable validar afectaciones a un derecho a defensa que la Constitución Política proclama como inviolable, deviniendo así en ineficaces, tautológicas y vacuas todas las otras proclamaciones normativas en orden a que los juicios telemáticos han de realizarse con pleno respeto a los derechos fundamentales…” (párr. 58). “Así, declarada la inaplicabilidad caso a caso, y no siendo cuestionada general ni abstractamente la autorización legislativa para juicios orales penales telemáticos, serán los tribunales del fondo los que deberán ponderar si la afectación de derechos y garantías en el caso concreto invocado es o no de la entidad suficiente para determinar si se accede o no a la realización o a la suspensión del juicio oral telemático en el caso específico, en función de lo que se acredite respecto de la degradación o limitación del ejercicio de los derechos del imputado privado de libertad, sobre todo en materia de defensa y debido proceso. Debe tenerse presente además, que la suspensión o el reagendamiento seguirán regidas por las normas del artículo 7 de la misma Ley N° 21.226, lo cual despeja toda duda acerca de la validez de lo que se obre al fijar un estándar expreso y eventualmente suspender en cada caso concreto” (párr. 61). “[L]a declaración de inaplicabilidad del precepto cuestionado se revela como esencial y necesaria para poder dar cumplimiento a los estándares de debido proceso a que el Estado de Chile se encuentra obligado en el sistema penal, ya que solo así se podrán ponderar en sede de recurso de nulidad los impedimentos no absolutos de ejercicio del derecho a defensa…” (párr. 63).
EMERGENCIA SANITARIA; JUICIO ORAL; VIDEOCONFERENCIA; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO DE DEFENSA; ASISTENCIA LETRADA; PRINCIPIO DE INMEDIACION; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRUEBA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Recomendación General Nº 36Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - CERD
El Comité presentó las siguientes recomendaciones para que las fuerzas de seguridad de los 182 países adheridos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial puedan combatir los prejuicios raciales en el desempeño de su labor. 1. No discriminación. Fuerzas de seguridad. Inteligencia artificial. Reconocimiento facial. Migrantes. Personas con discapacidad. Minorías culturales, étnicas o lingüísticas. Detención de personas. Principio de legalidad. Debido proceso. Vulnerabilidad. Revictimización. Uso de la fuerza. Libertad de expresión. Derecho a la privacidad. Medidas de acción positiva. Zonas de frontera. Definición y comprensión del perfil racial “No hay ninguna definición universal de discriminación por perfil racial en el derecho internacional de los derechos humanos. No obstante, al ser un fenómeno persistente en todas las regiones del mundo, diferentes organismos e instituciones internacionales y regionales de derechos humanos han adoptado definiciones de perfiles raciales que tienen los siguientes elementos comunes: a) son cometidos por las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley; b) no están motivados por criterios objetivos o de razonabilidad; c) se basan en motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico o motivos de intersección basados en la religión, sexo o género, orientación sexual e identidad de género, discapacidad y edad, situación migratoria, trabajo u otra situación; d) se utilizan en contextos específicos como control migratorio, actividad delictiva, antiterrorismo u otra actividad que presuntamente viole o puede derivar en violación de la ley” (cfr. párr. 13). “El perfil racial se comete a través de actos o comportamientos tales como las detenciones arbitrarias, registros, controles de identidad, investigaciones y arrestos” (cfr. párr. 14). “A los efectos de esta Recomendación General, la discriminación por perfil racial se entiende tal y como se menciona en el párrafo 72 del Programa de Acción de Durban; es decir, ‘la práctica de los agentes de policía y otros funcionarios encargados del cumplimiento de la ley de basarse, en uno u otro grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico como motivo para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si una persona realiza actividades delictivas’. Por ende, a menudo la discriminación racial se cruza con otros motivos como la religión, el sexo y el género, la orientación sexual y la identidad de género, la discapacidad y la edad, la situación migratoria, el trabajo u otra situación” (cfr. párr. 18). “La elaboración de perfiles raciales por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley también puede incluir, inter alia, redadas, controles fronterizos personalizados, registros domiciliarios, selección de objetivos para vigilancia, operaciones para mantener o restablecer la ley y el orden o decisiones migratorias. Estas acciones pueden darse de diferentes formas en el contexto de operaciones de vigilancia urbana y de lucha contra el terrorismo” (cfr. párr. 19). “La elaboración de perfiles raciales está vinculada a estereotipos y prejuicios que pueden ser conscientes o inconscientes, individuales, institucionales y estructurales. Los estereotipos se configuran como violación del derecho internacional de los derechos humanos cuando se ponen en práctica supuestos estereotipados para quebrantar el disfrute de los derechos fundamentales” (cfr. párr. 20). Principios y obligaciones generales de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial “La práctica en torno al uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas de seguridad viola los principios fundamentales de los derechos humanos, que se fundamentan en: a) la no discriminación por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos otros motivos que se cruzan; b) igualdad ante la ley. También puede violar el debido proceso y el derecho a un juicio justo con las debidas garantías” (cfr. párr. 21). “En virtud del artículo 6 de la Convención, los Estados Partes se encuentran obligados a garantizar una protección efectiva contra todo acto de discriminación racial. En consecuencia, los Estados Partes deben adoptar medidas preventivas con el fin de garantizar que las autoridades e instituciones públicas no se involucren en comportamientos de discriminación racial. Además, el artículo 6 exige que los Estados Partes garanticen recursos efectivos contra cualquier acto de discriminación racial. Los Estados Partes están obligados a garantizar que su ordenamiento jurídico interno contenga mecanismos adecuados y efectivos para corroborar que se ha producido un perfil racial y finalizar dicha práctica. Además, los Estados Partes deben garantizar el derecho a solicitar una reparación o satisfacción equitativa y adecuada por los daños sufridos como consecuencia de la discriminación […]. Deben asegurarse que este derecho se pueda hacer cumplir de manera efectiva. En vista de que en la práctica la elaboración de perfiles raciales afecta comúnmente a miembros de un grupo o colectivos en particular, se anima a los Estados Partes para que consideren la posibilidad de establecer mecanismos para la aplicación colectiva de los derechos en el contexto de la discriminación en base al perfil racial” (cfr. párr. 24). Consecuencias derivadas de la discriminación racial “La discriminación en base al perfil racial y la incitación al odio están íntimamente relacionadas y, por ello, a menudo el Comité ha abordado estas dos formas de discriminación de forma simultanea. La difusión de ideas basadas en el odio racial o étnico, el manejo constante del discurso de odio en los medios de comunicación y el uso de un discurso político racista por parte de los funcionarios públicos contribuyen a exacerbar la discriminación y los estereotipos por parte de las fuerzas de seguridad. Los grupos étnicos víctimas del discurso de odio se convertirán también en objetivo de la discriminación por perfil racial. Por otro lado, el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas de seguridad muestra a los grupos racialmente discriminados como más propensos a cometer delitos, lo que influirá en el discurso público y contribuirá al aumento de la difusión del odio racista” (cfr. párr. 27). “La discriminación racial por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley tiene consecuencias de gran magnitud en todos los niveles de la administración del sistema de justicia, particularmente en el fuero penal. La elaboración de perfiles raciales puede tender a: a) la criminalización excesiva sobre determinadas categorías de personas amparadas por la Convención; b) la consolidación de asociaciones erróneas estereotipadas entre delincuencia y etnia junto con el desarrollo de prácticas abusivas; c) tasas de privaciones de libertad desproporcionadas […]; d) mayor vulnerabilidad […] al uso de la fuerza o abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad; e) la disparidad de los actos de discriminación racial y aquellos delitos motivados por prejuicios y f) un punitivismo más severo por parte de los tribunales contra esas comunidades, entre otros” (cfr. párr. 30). Perfiles algorítmicos, prejuicios y discriminación racial “Con mayor frecuencia, los avances en torno al desarrollo tecnológico han llevado a que las acciones de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley están determinadas o informadas por perfiles algorítmicos. [Estos perfiles] pueden incluir macrodatos, automatización en la toma de decisiones y herramientas o métodos de inteligencia artificial. Si bien estos desarrollos tienen el potencial de aumentar la precisión, la eficacia y la eficiencia de las decisiones y acciones de las fuerzas de seguridad, existe un riesgo importante de que también puedan reproducir y consolidar sesgos y agravar o dar lugar a prácticas discriminatorias. Como consecuencia de la opacidad sobre los análisis de algoritmos y toma de decisiones, particularmente cuando se emplean métodos de inteligencia artificial, los resultados discriminatorios en la elaboración de perfiles a menudo pueden ser menos obvios y más difíciles de detectar que los basados en decisiones humanas y, por tanto, más difíciles de cuestionar. Además de la opacidad, los defensores de los derechos humanos no se encuentran tecnológicamente equipados para identificar estas prácticas de sesgo discriminatorio” (cfr. párr. 31). “Para el sesgo existen varios puntos de partida que podrían integrarse en los sistemas de creación de perfiles algorítmicos. Estos van desde la manera en que se diseñan estos sistemas, las decisiones sobre el origen y el alcance de los conjuntos de datos […], los sesgos sociales y culturales que los desarrolladores pueden incorporar, los modelos de inteligencia artificial en sí mismos y la forma en que los resultados se implementan en la práctica. En particular, cuando los siguientes factores se relacionan con los datos en cuestión, pueden contribuir a ciertos resultados negativos: a) que los datos utilizados incluyan información sobre características protegidas; b) que incorporen la denominada ‘información de representación’. Por ejemplo, los códigos postales indican a menudo y, de forma indirecta, la raza u origen étnico en los casos de zonas segregadas en las ciudades; c) los datos utilizados estén sesgados en contra de un grupo, o que d) los datos utilizados sean de mala calidad, como consecuencia de que estén mal seleccionados, incompletos, sean erróneos o estén desactualizados” (cfr. párr. 32). “Surgen riesgos cuando se utiliza la elaboración de perfiles algorítmicos para determinar la probabilidad de la actividad delictiva en determinadas localidades, por determinados grupos o incluso por personas. La vigilancia predictiva, que presagia la posibilidad de eventos futuros en base a datos históricos, puede fácilmente producir resultados discriminatorios. Particularmente cuando los conjuntos de datos utilizados adolecen de uno o más de los defectos descritos con anterioridad. Por ejemplo, el historial de arrestos en un vecindario puede reflejar prácticas policiales con prejuicios raciales. Si se incorporan a un modelo policial predictivo, estos datos corren el riesgo de encauzar las predicciones futuras en la misma dirección sesgada, lo que lleva a una vigilancia excesiva del mismo vecindario, lo que a su vez puede provocar más arrestos en la misma área, creando un circuito que se retroalimenta de forma peligrosa” (cfr. párr. 33). “Se ha informado sobre la existencia de mecanismos parecidos en los sistemas judiciales. Al aplicar una pena, es común decidir si alguien debe ser enviado a prisión, liberado mediante el pago de una fianza o recibir otra sanción. Por ello, los Estados recurren al uso de perfiles algorítmicos con el fin de predecir las posibilidades de que un individuo pueda cometer uno o más delitos con posterioridad. Las autoridades, con el fin de evaluar el grado de ‘peligro’ que representa la persona, recaban información sobre sus antecedentes penales, sus familiares y amigos, sus condiciones sociales, incluido su historial laboral y académico, todo a partir de una puntuación proporcional elaborada por el algoritmo y que permanece en secreto generalmente” (cfr. párr. 34). “El incremento del uso de tecnologías de reconocimiento y vigilancia facial para rastrear y controlar datos demográficos específicos genera preocupaciones en relación con muchos derechos humanos, incluido el derecho a la privacidad, la libertad de reunión pacífica y asociación, la libertad de expresión y libertad de circulación. Están diseñados para identificar de forma automática a las personas en función de su geometría facial, lo que puede generar patrones de personas en función de motivos discriminatorios como la raza, color, origen nacional o étnico o género. Las cámaras equipadas con tecnología de reconocimiento facial en tiempo real se usan ampliamente con el objetivo de marcar y rastrear a las personas, permitiéndole a los gobiernos y a otros mantener registros de los movimientos de un gran número de individuos, basándose posiblemente en características protegidas. Además, se ha demostrado que la precisión de la tecnología de reconocimiento facial puede diferir según el color, la etnia o el género de las personas clasificadas y que puede derivar en una discriminación” (cfr. párr. 35). “En algunos casos, se emplean algoritmos en las pruebas de ADN para determinar la etnia o nacionalidad de las personas. Los resultados de esta prueba de ADN pueden llevar a la elaboración de perfiles. El Comité observa, en consonancia con la comunidad científica, que no existen vínculos directos entre la composición del ADN de una persona y su origen étnico o nacionalidad. Por lo tanto, el Comité condena el uso de perfiles de ADN por parte de los Estados y las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente en las zonas fronterizas. Además, las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley han utilizado los resultados de la elaboración de perfiles de ADN para hacer afirmaciones falsas de que ciertas minorías étnicas son más propensas a la violencia y, por tanto, han sido objeto de prácticas policiales discriminatorias” (cfr. párr. 36). Recomendaciones del Comité: a) Medidas legislativas y normativas “Los Estados deben desarrollar e implementar leyes y políticas de manera efectiva que definan y prohíban la discriminación en base al perfil racial por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley. [A]segurarse que los organismos encargados del cumplimiento de la ley desarrollen directrices detalladas para las prácticas de detención y registro […], a fin de prevenir la discriminación en base al perfil racial” (cfr. párr. 38-39). “De conformidad con el artículo 6 de la Convención, los Estados deben garantizar a todas las personas que se encuentren en su jurisdicción la protección jurídica y recursos efectivos contra todo acto de discriminación racial que viole sus derechos humanos y libertades fundamentales contrarios a la Convención, así como el derecho de perseguir una reparación o satisfacción equitativa y adecuada por los daños sufridos como consecuencia de dicha discriminación” (cfr. párr. 40). “Se insta a los Estados a que adopten enfoques centrados en las víctimas y coordinen eficazmente los servicios de apoyo a través de la promoción de modelos de cooperación entre las autoridades, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que representan a los grupos que experimentan formas cruzadas de discriminación. El Comité destaca la interconexión entre el artículo 5 a) y el artículo 6 de la Convención y observa que las autoridades judiciales y otros órganos que imparten justicia deben involucrarse y ser consultados en estos procesos para prevenir la perpetuación del efecto de discriminación racial en los procesos penales” (cfr. párr. 41). b) Educación y formación en derechos humanos “Los Estados deben desarrollar programas de capacitación obligatorios y especializados para los organismos encargados del cumplimiento de la ley con el fin de sensibilizar a sus funcionarios sobre el impacto de los prejuicios en su trabajo y puedan demostrar cómo garantizar una conducta carente de sesgo discriminatorio. [L]as capacitaciones deberán evaluarse y actualizarse periódicamente para garantizar que tengan los impactos deseados” (cfr. párr. 42). “La educación y la formación en materia de derechos humanos son fundamentales para garantizar que las fuerzas de seguridad no discriminen. Las instituciones nacionales de derechos humanos, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, pueden desempeñar un papel fundamental en su formación y en la auditoría de nuevas herramientas tecnológicas que puedan llevar a la discriminación, así como la identificación de otros riesgos en la práctica” (cfr. párr. 45). c) Policía comunitaria “Los Estados deben adoptar medidas para garantizar que la información pública de la policía y otros organismos encargados del cumplimiento de la ley esté basada en estadísticas confiables y objetivas y no perpetúe estereotipos y prejuicios contra los grupos étnicos que son víctimas de discriminación” (cfr. párr. 49). d) Datos desglosados “Los Estados deberían recopilar y supervisar periódicamente datos desglosados, de forma cuantitativa y cualitativa, referentes a la manera en la que se aplica la ley pertinente, como controles de identidad, detenciones de tráfico o registros fronterizos, que incluyan información sobre los motivos discriminatorios, incluidas sus formas de intersección, así como el motivo de la acción policial y su resultado. Las estadísticas anónimas generadas por tales prácticas deben ponerse a disposición de la sociedad y discutirse con las comunidades locales. Estos datos deben recopilarse de acuerdo con las normas y principios de derechos humanos, como las normas de protección de datos y sus garantías de privacidad. Esta información no debe utilizarse indebidamente” (cfr. párr. 50). “Los Estados también deben protegerse contra el procesamiento automatizado de datos personales, consistente en el uso de datos personales para evaluar determinados aspectos personales relacionados con una persona física. Particularmente, para analizar o predecir aspectos relacionados con el desempeño de esa persona física en su lugar de trabajo, sobre su situación económica, salud, preferencias personales, intereses, confiabilidad, comportamiento, ubicación o circulación” (cfr. párr. 51). e) Responsabilidad “Los Estados deben generar un mecanismo de denuncia independiente de las fuerzas de seguridad y otras agencias adyacentes para recibir las quejas relacionadas con la discriminación racial y la xenofobia, así como de perfiles raciales y étnicos de ciudadanos. Este organismo tendrá la facultad de investigar con celeridad y eficacia los supuestos casos y trabajará en conjunto con la sociedad civil y los órganos de vigilancia de los derechos humanos. También informará públicamente sobre sus conclusiones, de acuerdo con las normativas de protección de datos y los derechos fundamentales. Este organismo debe tener en cuenta las necesidades especiales de las personas con discapacidad en el caso de discriminación interseccional” (cfr. párr. 52). “Los incidentes de discriminación por perfil racial cometidos por los organismos encargados del cumplimiento de la ley deben investigarse eficazmente conforme a las normas internacionales de derechos humanos, los responsables deben ser procesados y, si son condenados, deben ser sancionados con las penas apropiadas debiéndose otorgar una indemnización a las víctimas” (cfr. párr. 54). “Los Estados deben garantizar que los altos funcionarios responsables de los organismos encargados del cumplimiento de la ley promuevan políticas y prácticas no discriminatorias dentro de sus organismos y supervisen rigurosamente la conducta de su personal, haciéndolo responsable de las faltas de conducta por parte del mecanismo de supervisión interno e independiente” (cfr. párr. 55). “Los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y órganos de igualdad, las organizaciones civiles y los miembros de la sociedad deberían tener la posibilidad de denunciar las prácticas discriminatorias de los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Los miembros de la sociedad deberían poder presentar denuncias a través de mecanismos independientes” (cfr. párr. 57). f) Inteligencia artificial “Los Estados deben asegurar el total cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos relacionadas con los sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos utilizados con fines de aplicación de la ley. Así pues, antes de proveerse o desplegar dichos sistemas, los Estados deberían adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean acordes para determinar su propósito y regular con la mayor precisión posible los parámetros y salvaguardias que eviten violaciones de derechos humanos. En particular, estas medidas deben tener como objetivo evitar que el despliegue de estos sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos socave el derecho a no ser discriminado, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la presunción de inocencia, los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho a la intimidad, la libertad de circulación, libertad de reunión pacífica y asociación, protección ante un arresto arbitrario y otras intervenciones y el derecho a un recurso efectivo” (cfr. párr. 58). “Antes de emplear la tecnología de reconocimiento facial, los Estados deben evaluar cuidadosamente su impacto en los derechos humanos […]. [L]os Estados deberían considerar un período piloto bajo la supervisión de un organismo independiente que integre a personas que representen la composición diversa de la población, y pueda mitigar cualquier caso de identificación errónea y elaboración de perfiles según el color de piel” (cfr. párr. 59). “[L]os sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos implementados con fines policiales deben diseñarse para ser transparentes y permitir que los investigadores y la sociedad civil puedan acceder a su cifrado para su escrutinio. Debería haber una evaluación y un seguimiento continuos del impacto de esos sistemas en los derechos humanos a lo largo de todo su ciclo de vida, y los Estados deberían tomar las medidas de mitigación adecuadas si se identifican riesgos o daños a los derechos humanos […]. [D]ebería incluir evaluaciones de impacto comunitario. Los grupos potencialmente o realmente afectados, junto con los expertos de mayor relevancia, deben ser incluidos en los procesos de evaluación y mitigación” (cfr. párr. 60). “Los Estados deberían tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la transparencia en el uso de sistemas de perfiles algorítmicos. Esto incluye la pública divulgación de su uso junto con explicaciones suficientes sobre la forma en que funcionan, qué conjuntos de datos se están utilizando y qué medidas existen para prevenir o mitigar los daños a los derechos humanos” (cfr. párr. 61). “Los Estados deben implementar medidas para garantizar que los órganos de supervisión independientes tengan el mandato de auditar el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte del sector público y evaluarlas en función de los criterios desarrollados conforme a la Convención; para garantizar que no están consolidando las desigualdades ni generando resultados discriminatorios. Los Estados también deben asegurarse de que el funcionamiento de dicho sistema sea monitoreado y evaluado regularmente, a fin de identificar las deficiencias y tomar las medidas correctivas necesarias. Cuando el resultado de la evaluación indica un alto riesgo de discriminación u otras violaciones de derechos humanos, los Estados deben tomar medidas para evitar el uso de dicha tecnología” (cfr. párr. 62). “Los Estados deben asegurarse de que todos los casos de sesgo algorítmico sean debidamente investigados y sancionados” (cfr. párr. 65). “[L]as empresas que desarrollan, venden u operan sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos con fines de aplicación de la ley tienen la responsabilidad de involucrar a personas de diversas disciplinas como la sociología, las ciencias políticas, la informática y el derecho para definir los riesgos y garantizar el respeto de los derechos humanos. Como parte del cumplimiento de esta responsabilidad, los Estados deben alentar a las empresas a llevar a cabo procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos…” (cfr. párr. 66). “En el proceso de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos, las empresas deben prestar especial atención a los factores relacionados con los datos descritos en el párrafo anterior. La selección de datos de capacitación y el diseño de sus modelos deben realizarse de manera que se eviten resultados discriminatorios y otros impactos adversos sobre los derechos humanos. Además, las empresas deben buscar la diversidad, la equidad y otros medios de inclusión en la fuerza laboral mediante el desarrollo de sistemas de perfiles algorítmicos. Las empresas también deben estar abiertas a auditorías de terceros independientes de sus sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos. Cuando se haya evaluado que el riesgo de discriminación u otras violaciones de los derechos humanos es demasiado alto o imposible de mitigar, incluso debido a la naturaleza del uso previsto o previsible por parte de un Estado, los agentes del sector privado no deben vender ni implementar un sistema de elaboración de perfiles algorítmicos” (cfr. párr. 67).
NO DISCRIMINACIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; INTELIGENCIA ARTIFICIAL; RECONOCIMIENTO FACIAL; MIGRANTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; DETENCIÓN DE PERSONAS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; REVICTIMIZACIÓN; USO DE LA FUERZA; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA PRIVACIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; ZONAS DE FRONTERA; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Recomendación General Nº 38Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW
El Comité presentó las recomendaciones con el fin de aclarar la obligación de combatir la discriminación contra las mujeres y las niñas, y crear las condiciones adecuadas para que puedan gozar plenamente de sus derechos. De la misma manera, estableció las orientaciones prácticas para llevar a cabo intervenciones contra la trata basadas en un enfoque que incorpora una perspectiva de género e interseccional como prioridad estratégica. Asimismo, instó a los Estados partes a detectar, ayudar y proteger a las víctimas supervivientes de la trata, impedir su revictimización y garantizar su acceso a la justicia. 1. Trata de personas. Género. Igualdad. No discriminación. Violencia de género. Explotación sexual. Violencia sexual. Niños, niñas y adolescentes. Prostitución. Víctima. Vulnerabilidad. Estereotipos de género. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Zonas de frontera. Expulsión de extranjeros. Personas con discapacidad. Minorias culturales, étnicas y religiosas. Pueblos indígenas. Apátrida. Refugiado. Acceso a la justicia. Revictimización. Debido proceso. Debida diligencia. Asistencia letrada. Interés superior del niño. Asistencia médica. Trabajo. Principio de no devolución. Emergencia sanitaria. Internet. Red social.
Marco jurídico “[L]a discriminación contra las mujeres y las niñas abarca la violencia de género, cuya prohibición se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario. El Comité reconoce la naturaleza específicamente de género de las diversas formas de trata de mujeres y niñas y sus consecuencias, entre otras cosas respecto de los daños sufridos, y reconoce también que la trata y la explotación de la prostitución de mujeres y niñas es indudablemente un fenómeno que hunde sus raíces en la discriminación estructural por razón de sexo, que constituye violencia de género y que con frecuencia se ve agravado en los contextos del desplazamiento…” (párr. 10). “[L]a realidad de la trata de mujeres y niñas va más allá del alcance del Protocolo contra la Trata de Personas, como es el caso reciente de las tendencias y el papel de la tecnología de la información y las comunicaciones, los medios sociales y las aplicaciones de mensajería en la captación de mujeres y niñas y su explotación. El Comité reconoce que la definición de trata de personas no se restringe a aquellas situaciones en que se ha recurrido a la violencia física o se ha privado a la víctima de la libertad personal. [E]l abuso de una posición de vulnerabilidad y el abuso de poder son los medios más comunes utilizados para cometer el delito de la trata y que las víctimas suelen ser objeto de múltiples formas de explotación” (párr. 12). “Los Estados partes tienen la obligación jurídica de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención a toda persona que esté bajo su autoridad o control efectivo, aunque no se encuentre en sus respectivos territorios. La obligación directa de los Estados partes de prevenir, investigar, enjuiciar y castigar los actos de trata de mujeres y niñas y de ofrecer reparación a las víctimas se extiende a los actos u omisiones de todos los autores, incluidos particulares, familiares y parejas, agentes y funcionarios estatales, organizaciones y empresas, así como agentes no estatales, incluidos los grupos terroristas armados” (párr. 17). Causas fundamentales de la trata de mujeres y niñas “Descubrir, atacar y eliminar las siguientes causas fundamentales es un componente clave de la obligación de los Estados partes de prevenir la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial: a) la discriminación de género sistémica que crea las injusticias económicas y sociales que sufren de manera desproporcionada las mujeres y las niñas; b) las situaciones de conflicto y las emergencias humanitarias, incluido el consiguiente desplazamiento; c) la discriminación en los regímenes de migración y asilo; y d) la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata” (párr. 18). Injusticia socioeconómica “La trata de mujeres y niñas tiene sus raíces en la discriminación por razón de sexo y género, la desigualdad estructural por razón de género y la feminización de la pobreza. Las mujeres y las niñas más vulnerables a la trata son las que pertenecen a grupos marginados, como las que viven en zonas rurales y remotas, las pertenecientes a comunidades indígenas y de minorías étnicas, las mujeres y niñas con discapacidad, las mujeres y niñas en situación de migración irregular, así como las desplazadas, apátridas o en riesgo de apatridia, las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo, incluidas aquellas cuyas solicitudes han sido rechazadas, las mujeres y niñas que viven en situaciones de conflicto o de posconflicto o que proceden de ellas y las niñas privadas de cuidados o en acogimiento, y su vida se caracteriza por una grave privación de sus derechos” (párr. 20). “Las mujeres y las niñas siguen siendo el principal objetivo de los tratantes para formas específicas de explotación, debido a la omnipresencia y la persistencia de las desigualdades de género y edad que dan lugar a que la condición económica, social y jurídica de las mujeres y las niñas sea inferior a la que disfrutan los hombres y los niños. En el origen de la trata de mujeres y niñas se pueden hallar violaciones de todos los derechos contemplados en la Convención, las cuales deben solventarse como parte de un enfoque transformador que empodere a las mujeres y las niñas mediante la promoción de la igualdad de género y de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales…” (párr. 21). Discriminación en los regímenes de migración y asilo “Las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata en todas las etapas del ciclo migratorio: en tránsito, en los centros de acogida y alojamiento, en las fronteras y en los países de destino. Además, a su regreso, pueden sufrir represalias y revictimización” (párr. 22). “Las políticas de migración y asilo discriminatorias o específicas para cada sexo que establecen medidas como un mayor control de fronteras, la denegación de entrada, la devolución sumaria, la expulsión o la detención limitan la circulación de las mujeres y las niñas que huyen de crisis y zonas de conflicto. También aumentan su vulnerabilidad a todas las formas de explotación, en particular en los puntos de tránsito…” (párr. 24). “[L]a violencia de género contra las mujeres y las niñas es una de las principales formas de persecución que estas sufren y puede ser motivo para concederles la condición de refugiadas y permisos de asilo o residencia por motivos humanitarios […]. [L]as mujeres y las niñas refugiadas son muy vulnerables a la trata y necesitan protección internacional, especialmente contra la devolución” (párr. 25). “Las disposiciones neutras en cuanto al género en las políticas migratorias de los Estados contribuyen a limitar el acceso de las mujeres a vías de migración segura y regular y a oportunidades de trabajo regular y decente en los países de tránsito y de destino. La capacidad de las mujeres para migrar se ve aún más restringida por los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, la discriminación y la explotación en la contratación, la falta de trabajo decente disponible y la limitada información fiable sobre la migración. Asimismo, las migrantes se enfrentan a la discriminación indirecta a raíz de las leyes de migración que establecen requisitos tales como unos ingresos mínimos obligatorios para obtener un visado. Dado que las mujeres suelen trabajar en empleos mal remunerados e inseguros, es difícil que algunas de ellas satisfagan esos criterios” (párr. 26). “Un número desproporcionado de mujeres migrantes tienen empleo informal y precario, en particular en sectores clasificados como ‘poco calificados’, como los servicios de cuidados, domésticos y de manufactura. En esos sectores, las normas y políticas de migración específicas para cada sexo se entrecruzan con la discriminación racial y perpetúan los estereotipos de sexo sobre qué constituye ‘trabajo de mujeres’ y la discriminación contra las mujeres. Esos mercados laborales segregados por género no ofrecen condiciones de trabajo decentes y seguras, porque forman parte de la economía informal no regulada o, cuando están regulados, ofrecen menos protección que los sectores que cumplen normativas nacionales” (párr. 28). Demanda que propicia la explotación y conduce a la trata “La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. Las pertinaces normas y estereotipos sobre la dominación masculina y la necesidad de imponer el control o poder masculino hacen insoslayables los roles patriarcales de género y el sentimiento de superioridad, la coacción y el control sexuales por parte de los hombres, lo que alimenta la demanda de explotación sexual de las mujeres y las niñas […]. La necesidad de atajar la demanda que propicia la explotación sexual reviste especial importancia en el contexto de la tecnología digital, que expone a las posibles víctimas a un mayor riesgo de ser objeto de trata” (párr. 30). Uso de la tecnología digital en la trata “Las tecnologías digitales ofrecen nuevas posibilidades de tener un efecto positivo en la sociedad, y, al mismo tiempo, plantean nuevos problemas de seguridad a nivel individual y estatal […]. Los canales de demanda, a través de los medios sociales, la web oscura y las plataformas de mensajería, proporcionan acceso fácil a las posibles víctimas, lo cual aumenta su vulnerabilidad” (párr. 36). “El uso de la tecnología digital para la trata plantea problemas especiales durante las pandemias mundiales. En el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), los Estados partes se enfrentan a un aumento de la trata en el ciberespacio, lo que abarca un aumento de la captación para fines de explotación sexual en línea, la demanda de contenido de abusos sexuales infantiles y la trata de niños con fines sexuales facilitada por la tecnología” (párr. 37). Asistencia y protección para las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata “El derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados obligaciones positivas de detectar a las víctimas de la trata, un deber que les incumbe firmemente, independientemente de si la víctima no se identifica a sí misma como tal. Con frecuencia, las víctimas están ocultas en zonas no públicas, como residencias particulares, fábricas y granjas aisladas, y prostíbulos. Los profesionales de primera línea suelen carecer de la formación necesaria para comprender y detectar todos los tipos de víctimas, incluidas las supervivientes de la explotación sexual, y atender a las víctimas adecuadamente y actuar en respuesta a las formas interseccionales de explotación. En las zonas críticas con corrientes migratorias mixtas faltan espacios adecuados y confidenciales donde llevar a cabo la detección, con personal capacitado e intérpretes, que pueden evaluar rápidamente los indicadores de vulnerabilidad y prestar el apoyo adecuado. Las víctimas supervivientes suelen ser reacias a identificarse a sí mismas como tal o a revelar la identidad de los tratantes por temor a represalias, debido a la falta de información sobre el delito y dónde denunciarlo y al miedo a colaborar con las autoridades, entre otras cosas por temor a ser detenidas, enjuiciadas, castigadas y deportadas” (párr. 38). “Las víctimas de la trata necesitan servicios de apoyo de gran calidad y disponibilidad inmediata, los cuales deben ser inclusivos y accesibles, incluir acceso a información sobre sus derechos, los servicios médicos, psicológicos, sociales y jurídicos de que disponen y la forma de acceder a ellos, y a un alojamiento seguro y adecuado” (párr. 40). “Los Estados partes están obligados a proteger a las víctimas de la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, frente a la revictimización, lo que incluye ofrecer a las víctimas la garantía de que se las protegerá del retorno forzoso” (párr. 41). Acceso de las víctimas a la justicia “Se debe velar por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata, incluidas aquellas sin condición de inmigrantes, tengan acceso a la justicia de una forma equitativa y no discriminatoria, lo que incluye el enjuiciamiento de los autores y la provisión de recursos jurídicos. No obstante, puede que los sistemas de justicia existentes tiendan más a violar los derechos de las mujeres que a protegerlos, entre otras cosas sometiendo a las víctimas a criminalización, estigmatización, revictimización, acoso y posibles represalias” (párr. 42). “El artículo 2 b) de la Convención obliga a los Estados partes a proporcionar recursos adecuados y efectivos, entre ellos la restitución, la recuperación, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición, a las mujeres cuyos derechos protegidos por la Convención hayan sido violados. Las víctimas de la trata suelen tener grandes dificultades para reclamar una indemnización y otras formas de reparación, incluida la indemnización por daños y perjuicios, que compense el agravio sufrido, entre otros casos en aquellos en que se condiciona a la cooperación con las fuerzas del orden; las víctimas no tienen acceso a asistencia y representación letrada de gran calidad, sensible a las cuestiones de género y que tome en consideración los traumas; los permisos de residencia están vinculados a procesos de justicia penal y la repatriación se produce antes de que se soliciten u obtengan recursos civiles; la víctima soporta la carga de la prueba en las demandas civiles; no se identifica a las personas supervivientes de la trata como víctimas de un delito a efectos de las reparaciones que se deben en virtud de la ley; y no se ofrece ninguna indemnización pecuniaria o el producto de los delitos no se redistribuye entre las víctimas” (párr. 43). “Entre los obstáculos al enjuiciamiento figuran la falta de procedimientos judiciales especiales que se adapten a las necesidades de las víctimas, deficiencias en la calidad de los sistemas de justicia, entre ellas el prejuicio sexista y el discurso de culpabilización de las víctimas en los tribunales, resultantes en sentencias o decisiones discriminatorias, la aceptación social explícita o implícita de la violencia de género contra la mujer, las demoras y la excesiva duración de los procedimientos, la corrupción de los funcionarios del Estado y su implicación en el delito, y la ignorancia de la demanda de todas las formas de explotación, incluida la explotación sexual” (párr. 44). “El carácter transnacional de la trata de personas y la migración exige la cooperación de todos los países afectados y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada a fin de proteger los derechos de las víctimas. Los Estados partes tienen el deber de aceptar y facilitar el retorno voluntario de sus nacionales que hayan sido víctimas de la trata en el extranjero” (párr. 45). “El Comité condena el uso de intervenciones contra la trata para justificar la violencia contra grupos específicos de mujeres, en particular en el caso de las redadas violentas y las operaciones de provocación policial llevadas a cabo por las fuerzas del orden con miras a desmantelar las redes de trata” (párr. 46). Recomendaciones “Adoptar un enfoque transformador, que promueva la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a fin de poner fin a las condiciones estructurales y sistémicas que privan a las mujeres y las niñas de sus derechos fundamentales y, como consecuencia, las ponen en situaciones de vulnerabilidad a todas las formas de trata y explotación sexual” (párr. 49). “Reducir el riesgo de la trata erradicando la desigualdad de género generalizada y pertinaz que da lugar a que la condición económica, social y jurídica de las mujeres y las niñas sea inferior a la que disfrutan los hombres y los niños, mediante la adopción de políticas económicas y públicas que prevengan la carencia de opciones en materia de medios de vida sostenibles y niveles de vida básicos para las mujeres y las niñas” (párr. 50). “Promulgar leyes que protejan a las mujeres y presten asistencia efectiva a las víctimas del maltrato en el hogar, revisar el derecho de familia y encarar las prácticas socioculturales, incluidos los arreglos intrafamiliares, que aumentan la exposición de las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual” (párr. 52). “Establecer un marco de migración segura y con perspectiva de género para proteger a las mujeres y las niñas migrantes, incluidas aquellas en situación migratoria irregular, frente a las violaciones de sus derechos humanos en todas las etapas de la migración…” (párr. 56). “Prevenir la trata y la explotación sexual en todas las instalaciones donde se alojan mujeres y niñas desplazadas, entre otras cosas capacitando al personal de las instalaciones para detectar a las posibles víctimas, y garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas creando alojamientos e instalaciones exclusivos para su sexo…” (párr. 67). “Adoptar una política de tolerancia cero frente a la trata, la explotación sexual, el trabajo forzoso, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, sobre la base de las normas internacionales de derechos humanos, que se dirija a grupos como las fuerzas armadas nacionales, las fuerzas de mantenimiento de la paz, la policía de fronteras, los funcionarios de inmigración, los agentes humanitarios y otros funcionarios de organizaciones internacionales y organizaciones internacionales de la sociedad civil” (párr. 68). “Garantizar el acceso a procedimientos de denuncia y mecanismos de reparación en los casos de violaciones de los derechos humanos” (párr. 69). “Pedir a las empresas de medios sociales y plataformas de mensajería que rindan cuentas por exponer a las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual mediante el uso de sus servicios. Requerir que esas empresas definan los controles pertinentes para mitigar esos riesgos y establezcan la estructura y los procedimientos de gobernanza adecuados para poder ser ágiles en su respuesta y proporcionar información a las autoridades competentes en la medida necesaria” (párr. 71). “Iniciar la detección proactiva de la producción de contenido en línea relativo a abusos sexuales durante la pandemia de COVID-19 y, después, cooperar con las empresas tecnológicas en la creación de herramientas automatizadas para detectar la captación en línea e identificar a los tratantes, y fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado para afrontar el incremento de la incidencia de este delito a raíz de la pandemia” (párr. 73). “Pedir que las plataformas interactivas digitales intercambien información a fin de facilitar la cooperación internacional en la lucha contra la trata y la explotación sexual, y ayudar en las actividades de aplicación de la ley” (párr. 74). “Afrontar los efectos colaterales adversos de las actividades de lucha contra la trata velando por que no se detenga arbitrariamente a mujeres y niñas inocentes, ni se las someta a malos tratos ni a acusaciones falsas, en particular las mujeres pertenecientes a grupos marginados y las que ejercen la prostitución, entre otras cosas mediante redadas llevadas a cabo por las fuerzas del orden con miras a desmantelar redes de trata” (párr. 76). “La detección de las víctimas o presuntas víctimas y su remisión a servicios de asistencia deben estar a cargo de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de todas las esferas pertinentes, cuya composición pueda adaptarse a las circunstancias de cada caso, y no deben ser dirigidas exclusivamente por las autoridades policiales o de inmigración ni estar condicionadas a que se emprendan actuaciones penales ni a su resultado, sino que deben basarse en las vulnerabilidades personales y sociales de las víctimas y posibles víctimas” (párr. 78). “Impartir capacitación actualizada y consecuente a profesionales de todas las esferas pertinentes sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas y las diversas formas de explotación de las mujeres y las niñas…” (párr. 79). “Reforzar la capacidad de los sistemas de atención de la salud para detectar, en una fase temprana, a las mujeres y las niñas que corren el riesgo de ser objeto de trata y las víctimas de la trata, independientemente de su situación migratoria, e intervenir al respecto, garantizando el acceso confidencial y seguro a una atención de la salud gratuita, sobre la base de una atención que tome en consideración los traumas y se centre en las supervivientes, de conformidad con las normas internacionales” (párr. 80). “Evaluar los efectos del marco jurídico y normativo nacional, en particular con respecto a la aplicación de los marcos de inmigración, asilo, trabajo, salud, educación y protección social a las víctimas de la trata, para velar por que no afecten negativamente a la detección, la asistencia, la protección, la inclusión social y la reintegración de las víctimas y no aumenten la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la trata, la trata reiterada, la detención, el retorno forzoso u otros agravios” (párr. 82). “Mejorar la colaboración, la coordinación y el intercambio de conocimiento transfronterizos entre las autoridades de control de fronteras, aplicación de la ley, protección infantil y protección social y las organizaciones no gubernamentales, a fin de proporcionar a las mujeres y las niñas desplazadas y migrantes centros y servicios de acogida adecuados y suficientes…” (párr. 84). “Velar por que todas las medidas de gobernanza adoptadas en las fronteras internacionales, incluidas las destinadas a hacer frente a la migración irregular y combatir la delincuencia organizada transnacional, respeten el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones arbitrarias y colectivas” (párr. 85). “Desarrollar la capacidad del personal de las fuerzas del orden, incluidos los funcionarios de policía, inmigración y control de fronteras, así como los profesionales que trabajan en las zonas, o cerca de ellas, donde se encuentran las mujeres y las niñas que se enfrentan a la migración por situaciones de dificultad y al desplazamiento o corren el riesgo de hacerlo…” (párr. 86). “Aplicar un marco de diligencia debida a la evaluación de riesgos realizada por equipos multidisciplinarios para detectar a las mujeres y las niñas víctimas de la trata y protegerlas frente a nuevas violaciones de sus derechos…” (párr. 87). “Por motivos humanitarios y de derechos humanos, proporcionar acceso a asistencia letrada gratuita y conceder, cuando sea posible, un período de reflexión y recuperación, y un permiso de residencia hasta que se produzca la identificación oficial para que las mujeres víctimas de la trata y las personas a su cargo puedan participar en las medidas de recuperación y reintegración, que deben ser inclusivas y accesibles y no estar supeditadas a su participación en el proceso de justicia penal ni a que los tratantes sean condenados, entre otras un acceso de emergencia y a más largo plazo, que sea adecuado, individualizado y sensible a las cuestiones de género, esté adaptado a las necesidades de los niños y tome en consideración los traumas, a alojamiento, prestaciones sociales, oportunidades de educación y empleo, atención médica de gran calidad, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva y apoyo psicológico, la expedición de documentos oficiales de identidad de forma gratuita, medidas de reunificación familiar y procedimientos de asilo, cuando proceda. Conceder a las niñas víctimas permisos de residencia de duración indefinida, conforme a su interés superior, para facilitar el acceso a una solución duradera que sea sostenible y segura a largo plazo” (párr. 92). “Velar por que el principio del interés superior del niño sea una consideración primordial en la adopción de decisiones sobre todas las niñas que son víctimas de la trata, incluidas las no nacionales, por que se respete su derecho a ser oídas, por que se les garantice el acceso a servicios de protección y apoyo que sean adecuados a su desarrollo y edad, integrados e interdisciplinarios y que incluyan coordinación asistencial individualizada, a la localización de familiares y a la reunificación de los niños no acompañados y separados, y por que no se criminalice ni detenga nunca a los niños. Llevar a cabo determinaciones de la edad solo como medida de último recurso y de manera multidisciplinar, científica y culturalmente apropiada, adaptada a las necesidades de los niños, sensible a las cuestiones de género y, en el caso de todas las niñas no acompañadas o separadas, supervisadas por un tutor calificado” (párr. 96). “Contrarrestar las actitudes estereotipadas y la discriminación contra las mujeres y las niñas víctimas de la trata y la explotación sexual, en particular las migrantes, impartiendo capacitación, que tome en consideración los traumas, sea sensible a las cuestiones de género y esté adaptada a las necesidades de los niños, a las personas encargadas de prestar servicios de asistencia y protección, entre ellas las autoridades competentes a nivel local y estatal, los organismos de protección infantil, las autoridades de embajadas y consulados, los empleadores y las agencias de contratación públicas y privadas, y los agentes de policía, los funcionarios de fronteras, el personal de inmigración, los inspectores de trabajo, los trabajadores sociales y los profesionales sanitarios” (párr. 97). “Velar por que ninguna de las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata, sin excepción, sea objeto de arresto, acusación, detención, enjuiciamiento o sanción ni sea castigada de otro modo por la entrada o la estancia irregular en países de tránsito y destino debido a la falta de documentación o por su participación en actividades ilícitas en la medida en que esta sea consecuencia directa de su condición de víctima de la trata. El principio de no penalización: a) Debe consagrarse en la legislación y aplicarse mediante una capacitación adecuada para garantizar que los equipos de respuesta puedan detectar a las víctimas de la trata a fin de prestarles socorro; b) No debe obligar a las víctimas a aportar pruebas ni a testificar a cambio de inmunidad de enjuiciamiento, reparación o servicios; c) Debe facilitar a las víctimas de la trata la interposición de un recurso para eliminar sus antecedentes penales en los casos en que hayan sido condenadas por delitos cometidos como consecuencia directa de su condición de víctimas de la trata” (párr. 98). “Proporcionar a todas las mujeres y las niñas información accesible, en un formato que comprendan, sobre sus derechos en virtud de la Convención y su Protocolo Facultativo, las disposiciones jurídicas que las protegen de la trata y la explotación y los recursos jurídicos correspondientes de que disponen para presentar denuncias de violaciones de esos derechos, la forma de acceder a ellos, sus derechos a asistencia y protección continuadas, entre otras cosas mediante teléfonos de asistencia ininterrumpida y asistencia letrada gratuita, asesoramiento y representación en procesos judiciales y cuasijudiciales en todos los campos del derecho” (párr. 99). “Velar por que se facilite el acceso a mecanismos de denuncia y de justicia inclusivos que tengan en cuenta la edad y las cuestiones de género, entre otras cosas mediante la provisión de ajustes procedimentales y en función de la edad, para todas las mujeres y las niñas víctimas de la trata, incluidas las no ciudadanas, proporcionando vías eficaces para buscar protección y reparación por las violaciones de sus derechos mediante la creación de las condiciones adecuadas para presentar denuncias sin temor a represalias, arresto, detención ni deportación” (párr. 100). “Velar por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata tengan derecho ejecutorio a recursos jurídicos asequibles, accesibles y oportunos por conducto de los tribunales penales, civiles y laborales y de procedimientos administrativos…” (párr. 101). “Garantizar a todas las mujeres y las niñas víctimas de la trata una vista imparcial y el debido proceso en los procedimientos administrativos y judiciales, incluidos los procedimientos de detención y expulsión, asegurándose de que sean oídas, informadas y consultadas durante toda la vista y de que tengan acceso a ajustes, apoyo y protección adecuados, que tomen en consideración los traumas, la edad y las cuestiones de género, y estén adaptados a su cultura, de manera que puedan testificar contra sus tratantes” (párr. 102). “Salvaguardar el derecho a la intimidad de las niñas víctimas de la trata, velando por que estén constantemente informadas y puedan ejercer su derecho a ser oídas. Velar por su derecho a una protección especial en las actuaciones judiciales mediante la prestación de asistencia jurídica especializada y adaptada a las necesidades de los niños a fin de simplificar los procedimientos de testificación y prevenir traumas adicionales, entre otras cosas asignando defensores de las víctimas, trabajadores sociales o tutores legales” (párr. 103). “Se alienta a los Estados partes a que sistematicen su cooperación judicial y en materia de justicia penal, entre otras cosas armonizando los procedimientos jurídicos de asistencia judicial recíproca, extradición y decomiso y devolución del producto del delito, con los países de origen, tránsito y destino para la trata de mujeres y niñas” (párr. 107).
TRATA DE PERSONAS; GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA DE GÉNERO; EXPLOTACIÓN SEXUAL; VIOLENCIA SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PROSTITUCIÓN; VICTIMA; VULNERABILIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; ZONAS DE FRONTERA; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; PUEBLOS INDÍGENAS; REFUGIADO; APÁTRIDA; ACCESO A LA JUSTICIA; REVICTIMIZACIÓN; DEBIDO PROCESO; DEBIDA DILIGENCIA; ASISTENCIA LETRADA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; ASISTENCIA MEDICA; TRABAJO; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; INTERNET; RED SOCIAL; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Mota Abarullo y otros v. VenezuelaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida); 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 (derecho a la integridad personal, inclusive respecto a los mandatos de separación de personas condenadas y procesadas y adultas y menores de edad, así como sobre la finalidad de las penas de privación de libertad) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana. Igualmente, la Corte declaró la responsabilidad de Venezuela por la violación de los artículos 5.1 (derecho a la integridad personal), 8.1 (derecho a las garantías judiciales) y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención, en perjuicio de los familiares de las cinco víctimas.
1. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Condiciones de detención. Interés superior del niño.
“[L]a privación de libertad de niñas o niños debe utilizarse como `medida de último recurso’. Debe llevarse a cabo de modo que permita cumplir la finalidad de reintegración de la medida, que es inclusiva de una educación que le permita prepararlo para su regreso a la sociedad” (párr. 80).  
“De lo anterior se desprende que, en tanto el régimen especial para niñas o niños resulte relevante, su ejecución debe efectuarse de modo que permita cumplir la finalidad aludida. Sobre el particular la Corte ha señalado que, `conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante la ejecución de las medidas o sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de 18 años de edad que hayan cometido delitos y que, conforme a la legislación interna, sean imputables’. Esto tiene sustento en que, como ha indicado el Comité de los Derechos del Niño, `[l]a aplicación de un método estrictamente punitivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil enunciados en el artículo 40, párrafo 1, de la Convención [sobre los Derechos del Niño]. Se debe tener en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial, así como la necesidad de promover su reintegración en la sociedad’” (párr. 81).
“[L]as obligaciones relevantes del Estado respecto a los cinco jóvenes fallecidos, que iniciaron a partir de su vinculación al sistema de justicia y su privación de libertad cuando ellos eran menores de 18 años, corresponden a aquellas atinentes a los derechos de las niñas o niños, de conformidad con el artículo 19 de la Convención. En ese sentido, a fin de cumplir la finalidad socio-educativa que resulta propia de medidas adoptadas respecto a niños o niñas que hubieren cometido infracciones a la ley penal, incluso cuando implican la privación de libertad, procede extender el régimen especial de adolescentes a quienes cumplan 18 años de edad mientras se encuentran cumpliendo dichas medidas. En ese sentido, la sola circunstancia de cumplir 18 años no sustrae a los jóvenes sometidos a privación de libertad en establecimientos para adolescentes de la especial protección que debe proporcionales el Estado. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que `[l]os sistemas de justicia juvenil […] deben ampliar la protección a los niños que eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito pero que alcanzan esa edad durante el juicio o el proceso de imposición de la pena’” (párr. 85).
“Es preciso enfatizar que, si bien las víctimas del presente caso habían cumplido 18 años cuando ocurrió el incendio en su celda, su privación de libertad era consecuencia de infracciones a la ley penal cometidas cuando eran menores de edad. En consecuencia, el principio de especialidad […] determina que la sanción se rija en su ejecución conforme al estatuto personal vigente a la fecha de la comisión del ilícito. El principio de especialidad se aplica en cuanto a la determinación de las medidas y sanciones e impone condiciones de ejecución diferenciadas durante toda su implementación” (párr. 86).
2. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Responsabilidad del Estado. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Interés superior del niño.
“[Q]uien sea privado de su libertad `tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle [los] derecho[s] a la vida y a la integridad personal’. La restricción de los mismos `no sólo no tiene justificación fundada en la privación de libertad, sino que también está prohibida por el derecho internacional’. El Tribunal ha explicado también que, […] frente a personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia, más aún si se trata de niños. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” (párr. 88).
“Esta condición de garante del Estado, lleva a que éste deba procurar a las personas privadas de la libertad `condiciones mínimas compatibles con su dignidad’, lo que resulta necesario para `proteger y garantizar’ su vida e integridad. Al respecto, este Tribunal ya ha hecho notar que `ha incorporado en su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad’” (párr. 89).
“Lo anterior, requiere que se garanticen adecuadamente condiciones de seguridad durante la privación de libertad. El Estado, en ese sentido, debe prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación del derecho a la integridad personal o del derecho a la vida” (párr. 90).
“La posición de garante aludida, a su vez, presenta modalidades especiales en el caso de niños o niñas. Frente a tales personas privadas de la libertad, el Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. En ese sentido, este Tribunal ha ya tenido en cuenta que `los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen en el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño’. La protección de la vida del niño `requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su detención o prisión’. Lo anterior requiere que los Estados adopten medidas eficientes para evitar la violencia, inclusive actos de amotinamiento o similares, como así también situaciones de emergencias” (párr. 91).
“[L]os Estados tienen una obligación de `desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida y el derecho a gozar las condiciones mínimas de una vida digna, especialmente cuando se trata de niños y niñas, quienes requieren una atención especial por parte del Estado’” (párr. 92).
3. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Hacinamiento. Derecho a la integridad personal. Condiciones de detención.
“[E]l hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal y que obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios. Además, `no permite que los adolescentes desarrollen una vida digna mientras se encuentran privados de libertad, [lo que] cobra especial relevancia en virtud de la obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana’” (párr. 94).
“La regla de separación de niños o niñas y personas adultas en establecimientos de detención o reclusión debe aplicarse y entenderse de conformidad con lo anterior. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha reconocido que: `[e]sta norma no significa que una persona internada en un centro para niños deba ser trasladada a una institución para adultos inmediatamente después de cumplir los 18 años, sino que debería poder permanecer en dicho centro si ello redunda en su interés superior y no atenta contra el interés superior de los niños internados en el centro’” (párr. 82).
“La Corte ha dicho […] que `para proteger la vida e integridad personal’ de niños privados de libertad debe existir, como mínimo, una separación por categorías de edad, naturaleza de la infracción cometida y entre jóvenes procesados y aquellos cuya situación ya ha sido resuelta, de manera que los internos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes sectores dentro del establecimiento. En consonancia con lo dicho anteriormente, `[e]l criterio principal para separar a los diversos grupos de menores [de 18 años de edad] privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales’” (párr. 84).
“En lo que se refiere a la separación de internos por categorías, la misma debe realizarse, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 5.4 y 5.5 de la Convención, `entre procesados y condenados y entre los menores de [18 años de] edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición’. Además de lo ya expuesto […] sobre la separación entre adolescentes y adultos, la Corte ha aclarado que `la separación de los procesados y de los condenados requiere no solamente mantenerlos en diferentes celdas, sino también que estas celdas estén ubicadas en diferentes secciones dentro de un determinado centro de detención, o en diferentes establecimientos si resultara posible’” (párr. 96).
“Asimismo, los Estados deben extremar los cuidados en consideración a las especiales características de las instituciones totales para niños, niñas y adolescentes, en particular el mayor riesgo de conflictividad violenta por efecto de su etapa psicológica evolutiva” (párr. 97).  
“En ese marco, los centros de privación de libertad de adolescentes deben ser seguros, lo que, entre otros factores, implica que garanticen la protección de las personas alojadas en ellos contra situaciones de riesgo; que, en caso de ser cerrados, tengan una población lo menos numerosa posible; que cuenten con `locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y la dignidad humana’, y que estén diseñados de modo que `reduzcan al mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de los locales’. Además, debe recordarse que la Corte ha establecido que el Estado, en su función de garante[,] debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que pondría[n] en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia. En este sentido, el Estado debe incorporar en el diseño, estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de los centros de detención, todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia [o] incendios y en el evento que se produzcan estas situaciones se pueda reaccionar con la debida diligencia, garantizando la protección de los internos o una evacuación segura de los locales. Entre esos mecanismos se encuentran sistemas eficaces de detección y extinción de incendios, alarmas, así como protocolos de acción en casos de emergencias que garanticen la seguridad de los privados de libertad” (párr. 98).
“En este sentido, los Estados no deben proveer a los presos o internos, ni permitir que tengan en sus celdas, pabellones o ámbitos cerrados de alojamiento, colchones u otros elementos análogos que no sean ignífugos, especialmente los de materiales muy tóxicos en casos de combustión, como el poliuretano. Asimismo, deben tomar las medidas necesarias para que la autoridad de vigilancia tenga siempre, a su inmediata disposición y en verificadas condiciones de uso, las llaves o dispositivos que permitan la rápida apertura de celdas, pabellones o ámbitos cerrados. Además, es menester mantener en perfectas condiciones de funcionamiento extinguidores y otros dispositivos de combate de incendio en toda institución total” (párr. 99).
4. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Finalidad de la pena. Reinserción social. Educación. Trabajo.
“[L]as penas de privación de libertad deben cumplir la finalidad prevista en el artículo 5.6 de la Convención a la luz de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño […]. En relación con esta disposición, en el caso Mendoza y otros v. Argentina, la Corte recordó que el artículo 5.6 señala que `[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados’, y determinó que las penas impuestas a niños o niñas por la comisión de delitos deben perseguir la reintegración de tales personas a la sociedad. Este Tribunal ha señalado también que `la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos’. Los niños recluidos deben contar con programas y actividades que permitan su desarrollo sano” (párr. 102).
“El cumplimiento de la finalidad prevista en [en el artículo 5.6 de la Convención] supone que la privación de libertad se desarrolle en condiciones adecuadas, que no resulten lesivas de los derechos de las personas penadas, lo que resulta particularmente relevante respecto a niños y niñas. De ese modo, la observancia del inciso 6 del artículo 5 de la Convención tiene relación con el cumplimiento, respecto de personas penadas privadas de su libertad, de los demás incisos de ese artículo. La Corte ha indicado, en ese sentido, que condiciones de encierro que conduzcan a un deterioro de la integridad física, psíquica o moral pueden, de acuerdo al caso y a su gravedad, ser `contrarias a la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del […] artículo [5 de la Convención]’” (párr. 104).  
“En esta línea, la Observación General No. 24 del Comité de los Derechos del Niño plantea que la privación de libertad es una medida de último recurso. Cuando la persona menor de 18 años de edad sea condenad debe recibir una educación, un tratamiento y una atención con miras a su puesta en libertad, su reintegración social y el desempeño de una función constructiva en la sociedad” (párr. 105).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; CONDICIONES DE DETENCIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; HACINAMIENTO; FINALIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; EDUCACIÓN; TRABAJO;
Olivares Muñoz y otros v VenezuelaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación del artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 y 5.2 (derecho a la integridad personal), 8.1 (derecho a las garantías judiciales) y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Igualmente, la Corte declaro la responsabilidad del Estado por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en lo que concierne a la obligación de investigar posibles actos de tortura. 1. Derecho a la vida. Fuerzas de seguridad. Responsabilidad del Estado. “[L]os Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones [al derecho a la vida] y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra este. Así, la protección activa del derecho por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean estas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas” (párr. 86). “[L]os Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida, y establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción” (párr. 87). 2. Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Cárceles. Personas privadas de la libertad. Derecho a la seguridad. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Responsabilidad del Estado. “Respecto de las personas privadas de libertad, la Corte ha señalado que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. A su vez, la Corte recuerda que, conforme a su jurisprudencia, en todo caso de uso de la fuerza por parte de agentes estatales que hayan producido la muerte o lesiones a una o más personas, corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados. Del mismo modo, la jurisprudencia constante de este Tribunal ha reconocido que existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales” (párr. 89). “[E]ste Tribunal ha reconocido que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, están facultados para emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento, de ser necesario. Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores. A partir de lo anterior, la Corte ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad: 1) Legalidad: el uso excepcional de la fuerza debe estar formulado por ley y debe existir un marco regulatorio para su utilización. 2) Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. 3) Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. 4) Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” (párr. 92). “[E]l uso de la fuerza por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional resultó arbitrario, en tanto no se habrían cumplido las exigencias de finalidad legítima y absoluta necesidad en su empleo, a lo que se añade que no fue advertido grado alguno de resistencia o agresión por parte de los internos, lo que evidencia la falta de proporcionalidad en la actuación de los agentes” (párr. 100). 3. Fuerzas de seguridad. Cárceles. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Debida diligencia. Personas privadas de la libertad. Uso de la fuerza. “[L]a Corte recuerda la relevancia que tiene la idoneidad y debida capacitación del personal penitenciario, con especial énfasis en el personal encargado de la seguridad de los centros de privación de libertad como medida para garantizar un trato digno hacia las personas internas, evitando con ello los riesgos de actos de tortura y de todo trato cruel, inhumano o degradante. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se refiere en esta Sentencia respecto de la actuación de órganos policiales o militares en labores de seguridad, custodia o vigilancia en centros penitenciarios” (párr. 102). “En tal sentido, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas prevén que el personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares. Asimismo, refieren que en los lugares de privación de libertad deberá disponerse de personal calificado y suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia y custodia, asignándoles los recursos y el equipo necesarios para que puedan desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas; dicho personal deberá recibir instrucción inicial y capacitación periódica especializada, incluyendo en su formación, por lo menos, capacitación sobre derechos humanos, sobre derechos, deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones, y sobre los principios y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la fuerza, armas de fuego, así como sobre contención física” (párr. 103). “[L]as funciones de seguridad, custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad deben encontrarse a cargo, preferentemente, de personal de carácter civil específicamente capacitado para el desarrollo de las labores penitenciarias, distinto a los cuerpos policiales y militares. No obstante, cuando excepcionalmente se requiera la intervención de estos últimos, su participación debe caracterizarse por ser: 1) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; 2) Subordinada y complementaria a las labores de las autoridades penitenciarias; 3) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y 4) Fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces” (párr. 107). “[D]e conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el que se ve precisado por los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST. De esa cuenta, el Tribunal ha señalado que el artículo 8 de la CIPST establece claramente que, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal” (párr. 134). 4. Debida diligencia. Acceso a la justicia. Debido proceso. Informes. Pericia médica. “[E]l derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables. [E]l deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. En tal sentido, se ha indicado que para que una investigación sea efectiva en los términos de la Convención, debe llevarse a cabo con la debida diligencia, la cual exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De esa cuenta, en aras de garantizar la efectividad de la investigación se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación” (párrs. 119-120). “[L]a eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una posible muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En tal sentido, ha especificado que las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del delito, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” (párr. 121). “[C]uando el Estado tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva” (párr. 122). “En cuanto a las autopsias médico legales, el Tribunal recuerda que tienen como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. Asimismo, se debe fotografiar adecuadamente el cuerpo, tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio, y después de desvestirlo, documentar toda lesión” (párr. 126). 5. Plazo Razonable. Complejidad del asunto. Duración del proceso. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. “[U]na demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. El Tribunal ha establecido que la evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, lo cual podría también incluir la ejecución de la sentencia definitiva. Así, ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que este no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto. El Tribunal reitera, además, que se debe apreciar la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte la sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse” (párr. 123). “[L]a falta de esclarecimiento de los hechos ha demorado más de 16 años, desde la fecha de su consumación. Si bien el asunto incluye un número considerable de víctimas, la Corte advierte que todas eran personas internas en la cárcel de Vista Hermosa, quienes se encontraban bajo custodia del Estado, siendo testigos otros internos en el mismo centro; en tal sentido, la complejidad del caso no justificaría la demora. En cuanto a la actividad procesal del interesado en obtener justicia, la Corte constata que el proceder de los apoderados judiciales de Lorenza Josefina Pérez, previo a que se dictara el sobreseimiento de su pretensión, fue razonable, sin incidir en la prolongación indebida de la causa […]. [E]s notable la prolongación injustificada del proceso, con evidentes periodos de inactividad, en particular de 2006 hasta 2012. Así, ante la falta de explicación por parte del Estado, y dada la omisión en la remisión de la prueba para mejor resolver, se colige que durante dicho lapso el expediente judicial habría quedado inactivo” (párrs. 127-129). “[D]espués de más de 16 años, los responsables de los hechos no han sido sancionados ni han sido reparadas las violaciones a derechos humanos ocasionadas. Al respecto, la Corte recuerda que ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de los delitos que impliquen violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Asimismo, ha señalado que el Estado está obligado a combatir esta situación por todos los medios disponibles, pues la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares” (párr. 131).
DERECHO A LA VIDA; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; USO DE LA FUERZA; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PERSONAS JURÍDICAS; DERECHO A LA SEGURIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; INFORMES; PERICIA MÉDICA; PLAZO RAZONABLE; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; DURACIÓN DEL PROCESO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO;
Cwik v. PoloniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Polonia era responsable por la violación del artículo 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. “El Tribunal reitera que la prohibición de la tortura y los tratos o penas inhumanas o degradantes es un valor fundamental en las sociedades democráticas […]. Es también un valor propio de la civilización, vinculado de forma estrecha al respeto de la dignidad humana, que forma parte de la esencia misma del Convenio […]. La prohibición en cuestión es absoluta, pues no se admite ninguna excepción a la misma, ni siquiera en caso de emergencia pública que amenace la vida de la nación o en las circunstancias de mayor complejidad, como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, con independencia de la conducta de la persona afectada […]” (cfr. párr. 60). “En la evaluación sobre si una persona ha sido ‘sometida a […] un trato’ que es ‘inhumano o degradante’ en el sentido del artículo 3, el enfoque general del Tribunal ha sido hacer hincapié en que el trato debe alcanzar un nivel mínimo de gravedad para que entre en el ámbito de esta disposición. La evaluación de ese nivel es relativa y dependerá de todas las circunstancias del caso, principalmente la duración del trato, sus efectos físicos o mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima […]” (cfr. párr. 61). “Someter a una persona a malos tratos que alcancen ese nivel mínimo de gravedad suele implicar una lesión corporal real o un sufrimiento físico o mental de gran intensidad. No obstante, incluso en ausencia de esas características, cuando el trato humilla o envilece a un individuo, mostrando una falta de respeto o menoscabando su dignidad humana, o que despierte sentimientos de miedo, angustia o inferioridad capaces de quebrar la resistencia moral y física de un individuo, puede ser entendido como degradante y también caer dentro de la prohibición establecida en el artículo 3. Puede bastar con que la víctima sea humillada a sus propios ojos, aunque no a los ojos de los demás […]” (cfr. párr. 62). “En virtud del artículo 1 del Convenio, la obligación de los Estados parte de garantizar a toda persona sometida a su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Convenio, en relación con el artículo 3, exige que los Estados adopten medidas destinadas a garantizar que las personas sometidas a su jurisdicción no sean sometidas a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, incluidos los malos tratos administrados por particulares […]. Estas medidas deben garantizar una protección eficaz e incluir medidas razonables para evitar los malos tratos de los que las autoridades tenían o deberían haber tenido conocimiento […]. Sin embargo, el alcance de las obligaciones positivas del Estado podría diferir entre los casos en los que el trato contrario al artículo 3 del Convenio ha sido infligido mediante la participación de agentes del Estado y los casos en los que la violencia fue infligida por particulares […]” (cfr. párr. 63). 2. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la vida. Funcionarios públicos. “[L]a prohibición de malos tratos establecida en el artículo 3 protege a toda persona con independencia del hecho de que dichos malos tratos sean administrados por un funcionario público o un particular, siempre que una determinada forma de malos tratos haya alcanzado el nivel mínimo de gravedad exigido en virtud de esta disposición […]. El Tribunal ha confirmado recientemente la aplicabilidad del criterio del umbral de gravedad a los malos tratos infligidos por particulares […]” (cfr. párr. 66). “Esto también lo confirma el enfoque del Tribunal en los casos de expulsión, en los que se aceptó, debido al carácter absoluto del derecho garantizado, que el artículo 3 se aplicaba no sólo al peligro que emanaba de las autoridades del Estado, sino también cuando el peligro emanaba de personas o grupos de personas que no eran funcionarios públicos (agentes no estatales) […]” (cfr. párr. 67). “[E]l artículo 3 del Convenio consagra un derecho absoluto. Siendo absoluto, no puede haber una ponderación de otros intereses frente a él, como la gravedad del delito investigado o el interés público en una persecución penal efectiva, pues hacerlo desvirtuaría su carácter absoluto. Ni la protección de la vida humana ni la obtención de una condena penal pueden obtenerse a costa de comprometer la protección del derecho absoluto a no ser sometido a malos tratos prohibido por el artículo 3, ya que ello sacrificaría esos valores y desacreditaría la administración de justicia […]” (cfr. párr. 68). “A este respecto, el Tribunal señala además que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General nº 20, de 10 de marzo de 1992, relativa a la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, consideró que el Estado Parte tenía el deber de ofrecer a todas las personas protección contra los actos prohibidos por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso por parte de personas que actuaran a título privado […]” (cfr. párr. 69). 3. Debido proceso. Prueba. Admisibilidad de la prueba. Derecho de defensa. “En virtud del artículo 19 del Convenio, el Tribunal manifiesta que su función consiste en velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados con el Convenio. En particular, no es su función ocuparse de los errores de hecho o de derecho cometidos supuestamente por un órgano jurisdiccional nacional […]. Aunque el artículo 6 garantiza el derecho a un juicio justo, no establece ninguna norma sobre la admisibilidad de las pruebas como tal, que es una cuestión que se regula principalmente en el derecho nacional […]” (cfr. párr. 70). “Así pues, no es función del Tribunal determinar, como cuestión de principio, si determinados tipos de pruebas –por ejemplo, las obtenidas ilegalmente en términos de derecho interno– pueden ser admisibles. La cuestión que debe responderse es si el procedimiento en su conjunto, incluida la forma en que se obtuvieron las pruebas, fue justo. Esto implica un examen de la ilegalidad en cuestión y, cuando se trata de la violación de otro derecho del Convenio, de la naturaleza de la violación constatada […]” (cfr. párr. 71). “Con el fin de determinar si el procedimiento fue justo en su conjunto, también debe considerarse si se han respetado los derechos de la defensa. En particular, debe examinarse si el demandante tuvo la oportunidad de impugnar la autenticidad de las pruebas y de oponerse a su utilización. Además, debe tenerse en cuenta la calidad de la prueba, así como las circunstancias en las que se obtuvo y si estas arrojan dudas sobre su fiabilidad o exactitud. Aunque no surge necesariamente ningún problema de equidad cuando las pruebas obtenidas no están respaldadas por otro material, cabe señalar que cuando las pruebas son muy sólidas y no hay riesgo de que no sean fiables, la necesidad de pruebas de apoyo es, en consecuencia, menor […]. Además, a este respecto, el Tribunal concede importancia al hecho de que las pruebas hayan sido o no decisivas para el resultado del procedimiento […]” (cfr. párr. 72). 4. Debido proceso. Garantía de imparcialidad. Prueba. Admisibilidad de la prueba. Tortura. Confesión. “[S]e aplican consideraciones particulares respecto del uso de pruebas obtenidas en violación del artículo 3 en un proceso penal. El uso de tales pruebas, obtenidas como resultado de una violación de uno de los derechos fundamentales y absolutos garantizados por el Convenio, siempre plantea serias cuestiones en cuanto a la imparcialidad del proceso, incluso si la admisión de dichas pruebas no fue decisiva para asegurar una condena […]” (cfr. párr. 73). “Así, en el contexto de casos relativos a malos tratos por parte de funcionarios públicos, el Tribunal ha sostenido que la admisión como prueba de declaraciones obtenidas como resultado de tortura o de otros malos tratos en violación del artículo 3 para establecer los hechos relevantes en un proceso penal hace que el proceso sea injusto en su conjunto. Esto es independiente del valor probatorio de las declaraciones e independientemente de si su uso fue decisivo para asegurar la condena del acusado […]” (cfr. párr. 75). “Lo anterior también aplica para el uso de pruebas reales recabadas como resultado directo de actos de tortura […]; no obstante, la admisibilidad de dichas pruebas, obtenidas como resultado de un acto calificado como trato inhumano en violación del artículo 3, pero que no llega a ser tortura, solo vulnerará el artículo 6 si se ha demostrado que la violación del artículo 3 tuvo relación en el resultado del proceso contra el acusado, es decir, que tuvo un impacto en su sentencia o condena” (cfr. párr. 76). “Estos principios se aplican no sólo cuando la víctima del trato contrario al artículo 3 es el propio acusado, sino también cuando se trata de terceros” (cfr. párr. 77).
TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DERECHO A LA VIDA; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; DEBIDO PROCESO; PRUEBA; ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONFESIÓN;
SMA v. EspañaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que España era responsable por la violación de los artículos 3 (interés superior del niño), 8 (preservación de la identidad), 12 (opinión del niño) y 20 párrafo 1 (protección y asistencia de los niños privados de su medio familiar) de la Convención sobre los Derechos del Niño.
1. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Mayoría de edad. Derecho a la identidad. Prueba. Apreciación de la prueba. Prueba de nacimiento. Acceso a la justicia. Debido proceso. Interés superior del niño. Protección de menores.
“[L]a determinación de la edad de una persona joven que alega ser menor de edad tiene una importancia fundamental, dado que el resultado determina si dicha persona tendrá derecho a la protección nacional como niño o será excluida de dicha protección [...]. Por ello, es imperativa la existencia de un proceso debido para determinar la edad, así como la oportunidad de poder cuestionar el resultado de este proceso mediante apelación.
Mientras dichos procesos siguen abiertos, deberá darse a la persona el beneficio de la duda y tratarla como un niño o niña. En consecuencia, […] el mejor interés del niño debiera ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad” (párr. 7.7).
“[L]a fecha de nacimiento de un niño forma parte de su identidad y […] los Estados partes tienen la obligación de respetar el derecho del niño a preservarla sin privarlo de ninguno de sus elementos. En el presente caso, […] el Estado parte no respetó la identidad del autor al negarle cualquier tipo de valor probatorio al certificado de nacimiento que acreditaba su minoría de edad, sin tan solo analizar su validez y sin haber cotejado los datos de dichos documentos con las autoridades del país de origen del autor, máxime cuando el autor no era solicitante de asilo y no existían motivos para pensar que el contacto con dichas autoridades pudiera conllevar riesgo alguno para él” (párr. 7.15).
2. Mayoría de edad. Prueba. Apreciación de la prueba. Interés superior del niño. Prueba de nacimiento. Pericia médica. Partida de nacimiento. Presunciones.
“[L]os documentos disponibles deben considerarse auténticos salvo prueba contraria […]. Debe concederse el beneficio de la duda a la persona que se está evaluando. En el presente caso, […] la documentación oficial presentada por el autor, a saber, su certificado de nacimiento, no fue impugnada por el Estado parte” (párr. 7.8).
“El Comité observa también la amplia información en el expediente que sugiere la falta de precisión de los exámenes oseométricos, que tienen un amplio margen de error y, en consecuencia, no son apropiados como el único método para determinar la edad cronológica de una persona joven que afirma ser menor de edad y presenta documentación acreditativa al efecto” (párr. 7.10).
“[N]o solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo, sino también su maduración psicológica […], la evaluación deberá realizarse con criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, y en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (párr. 7.11).
3. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Mayoría de edad.  Derecho a ser oído. Interés superior del niño. Representación. Asistencia letrada. Vulnerabilidad.
“[L]os Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y un intérprete en caso de necesidad, para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, tan pronto como sea posible a su llegada, a título gratuito. [F]acilitar representación para estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser escuchado, no bastando para ello el rol desempeñado por la Fiscalía de Menores” (párr. 7.12).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; MAYORÍA DE EDAD; DERECHO A LA IDENTIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA DE NACIMIENTO; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD; PERICIA MÉDICA; PARTIDA DE NACIMIENTO; PRESUNCIONES; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; ASISTENCIA LETRADA; VULNERABILIDAD;
V.A. v. SuizaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que Suiza era responsable por la violación de los artículos 3 (interés superior del niño) y 12 (opinión del niño) de la Convención sobre los Derechos del Niño.
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Expulsión de extranjeros. Protección de menores.
“[L]a Convención reconoce la interdependencia y la igualdad de importancia de los distintos derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) que permiten a todos los niños desarrollar su capacidad mental y física, su personalidad y su talento en la mayor medida posible. Recuerda asimismo que el interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de la Convención, es un concepto triple que constituye al mismo tiempo un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento” (párr. 6.5).
“Al considerar el interés superior de los niños, el Estado parte debería tener en cuenta los lazos sociales creados por [los hijos de la peticionante] desde su llegada y los posibles traumas que hayan experimentado debido a los múltiples cambios en su entorno, tanto en Azerbaiyán como en Suiza. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones semejantes en el futuro” (párr. 9).
2. Derecho a ser oído. Interés superior del niño. Representación. Derecho de asilo. Expulsión de extranjeros. Acceso a la justicia.  
“[E]l artículo 12 de la Convención garantiza el derecho de los niños a ser escuchados, ya sea directamente o por medio de un representante, en todo procedimiento judicial o penal que los afecte. Recuerda sin embargo que dicho artículo no impone ningún límite de edad al derecho del niño a expresar su opinión, y desaconseja a los Estados partes que introduzcan por ley o en la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que lo afectan.
El Comité no comparte el argumento del Estado parte de que [los niños] no debían ser escuchados porque sus intereses coincidían con los de su madre. Recuerda que la determinación del interés superior del niño requiere que la situación de los niños se evalúe por separado, independientemente de los motivos por los que se haya presentado la solicitud de asilo de sus padres” (párr. 7.3).
“[A]l no haber entrevistado a [los niños] en relación con estos hechos, que pueden tener para ellos consecuencias muy distintas a las que ha sufrido su madre, las autoridades nacionales no actuaron con la debida diligencia para evaluar su interés superior” (párr. 7.4).
“[E]l Comité le recomienda [al Estado] que vele por que los niños sean escuchados sistemáticamente en el contexto de los procedimientos de asilo, y que los protocolos nacionales aplicables a la expulsión de niños se ajusten a la Convención” (párr. 9).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; DERECHO DE ASILO; ACCESO A LA JUSTICIA;
Sahlin v. SueciaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que Suecia era responsable por la violación de los artículos 5 (derecho a la igualdad y no discriminación) y 27 (derecho al trabajo) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 1. Personas con discapacidad. Lengua de señas. Trabajo. No discriminación. Igualdad. Accesibilidad. Ajustes razonables. “El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 27 a), e), g) e i) de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; emplear a personas con discapacidad en el sector público; y velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. El Comité recuerda además que, según el artículo 2 de la Convención, por `ajustes razonables’ se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (cfr. párr. 8.4). “[E]l artículo 5 de la Convención prohíbe todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, incluida la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación prohibida que no puede ser objeto de realización progresiva. Así pues, todas las formas de discriminación son igualmente contrarias a la Convención, y no corresponde hacer una diferencia sobre supuestos grados de gravedad en la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El Comité recuerda, asimismo, que los ajustes razonables constituyen una obligación ex nunc, es decir, ajustes que deben realizarse desde el momento en que una persona con discapacidad requiera acceder a situaciones o entornos que no le resultan accesibles, o quiera ejercer sus derechos. Para ello, es necesario que el garante de los derechos entable un diálogo con la persona con discapacidad, encaminado a la inclusión de esta última en las soluciones posibles que permitan la mejor realización de sus derechos y el fomento de sus capacidades” (cfr. párr. 8.5). “[A]l evaluar la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas de ajuste, los Estados partes disponen de cierto margen de discrecionalidad. También considera que, en general, corresponde a los tribunales de los Estados partes en la Convención evaluar los hechos y las pruebas en un caso determinado, a menos que se constate que la evaluación fue claramente arbitraria o equivalió a una denegación de justicia” (cfr. párr. 8.6). “[E]l hecho de no haber informado al peticionario de que las medidas financiadas por el Estado eran insuficientes para sufragar los ajustes necesarios para que pudiera desempeñar las funciones del puesto al que se había presentado impidió todo proceso de consulta y consideración de medidas alternativas de ajuste. En otras palabras, se descartó la posibilidad de mantener un diálogo con el fin de evaluar y desarrollar la capacidad del peticionario para ocupar un puesto permanente de profesor, ya que el proceso de contratación se canceló antes de que se pudiera llevar a cabo cualquier consulta y consideración de medidas de ajuste alternativas” (cfr. párr. 8.7). “Esta falta de diálogo afectó a las actuaciones judiciales, durante las cuales los razonamientos se centraron en el coste de la interpretación de la lengua de señas, sin considerar otras posibles medidas de ajuste…” (cfr. párr. 8.8). “[L]a búsqueda de un ajuste razonable tiene por objeto ser un proceso cooperativo e interactivo entre el empleado y el empleador, tratando de encontrar la mejor adecuación posible entre las necesidades de cada uno. Para determinar qué medidas de ajuste es razonable tomar, el Estado parte ha de asegurarse de que las autoridades públicas identifiquen qué ajustes efectivos pueden adoptarse para permitir al empleado llevar a cabo las actividades esenciales de sus funciones […]. El Comité no se pronuncia en lo que respecta a los resultados de una consideración adecuada de las medidas de ajuste alternativas y de las `otras medidas de financiación’. No obstante, considera que las autoridades competentes no adoptaron todas las medidas disponibles para promover la realización del derecho al trabajo de las personas con discapacidad” (cfr. párr. 8.9). “[La falta de provisión de la interpretación de lengua de señas] no tuvo en cuenta el efecto negativo de la evaluación del Tribunal en términos más generales, al desalentar a posibles empleadores de que consideraran la posibilidad de contratar a personas con deficiencias auditivas para puestos similares al que se presentó el peticionario” (cfr. párr. 8.10). “[L]as decisiones e intervenciones de las autoridades del Estado parte limitaron la posibilidad de que personas con discapacidad fueran seleccionadas para puestos que exigieran la adaptación del entorno laboral a sus necesidades. En particular, considera que la evaluación que hizo el Tribunal de lo Laboral de la medida de apoyo y adaptación solicitada respaldó la denegación de un ajuste razonable, lo que dio lugar a una exclusión discriminatoria de facto del peticionario del puesto para el que se había presentado…” (cfr. párr. 8.11).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; LENGUA DE SEÑAS; TRABAJO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; ACCESIBILIDAD; AJUSTES RAZONABLES;
Muhammad y Muhammad v. RumaniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rumania era responsable por la violación del artículo 1 (garantías procesales en caso de expulsión de extranjeros) del Protocolo N° 7 a la Convención Europea de Derechos Humanos.
1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Delitos que comprometen la seguridad de la nación. Debido proceso. Información confidencial. Suspensión de garantías. Derecho a la información. Principio de contradicción. Principio de igualdad de armas.
“[U]n extranjero no puede desafiar de manera significativa los alegatos de las autoridades locales que sostienen que la seguridad nacional está en peligro, ni hacer valer de manera razonable los motivos contra su expulsión sin conocer los elementos fácticos relevantes que han conducido a las autoridades locales a considerar que el interesado representa un peligro a la seguridad nacional” (cfr. párr. 126).
“[A]un cuando la seguridad nacional estuviera en peligro, una medida de expulsión debe ser sometida a algún tipo de proceso contradictorio, y puede prever, de ser necesario, limitaciones procesales adecuadas respecto de la utilización de información clasificada […]. [E]sto implica que […] se garantiza al extranjero un derecho a ser informado, preferentemente por escrito y de manera que pueda defenderse de forma efectiva del contenido de  los documentos y de la información sobre la que se funda la autoridad nacional competente para decidir sobre la expulsión, sin prejuicio de la posibilidad de imponer, de ser necesario, restricciones debidamente justificadas en cuanto a ese tipo de información” (cfr. párr. 128).
“[A]un cuando la seguridad nacional o el orden público estuvieran en peligro, sólo serían legítimas las limitaciones a los derechos procesales que no atentaran contra su esencia” (cfr. párr. 134).
“[L]as partes en un litigio que puedan ser fácilmente contactadas por las autoridades tienen derecho a recibir información oficial con un nivel de especificidad y de precisión adaptado a las particularidades del litigio en cuestión y del alcance de sus derechos procesales” (cfr. párr. 174).
2. Debido proceso. Suspensión de garantías. Arbitrariedad. Deber de fundamentación. Razonabilidad.
“La arbitrariedad que implica la negación del Estado de derecho […] es intolerable tanto en materia de derechos procesales como en materia de derechos sustantivos” (cfr. párr. 118).
“El Tribunal admite que pueden existir motivos debidamente justificados, tales como la necesidad de proteger la seguridad nacional, para imponer restricciones a los derechos procesales de los extranjeros […]. En una sociedad democrática regida por el Estado de derecho, la valoración de la necesidad de imponer [estas] restricciones debe estar rodeada de garantías contra la arbitrariedad. A este efecto, es necesario que la decisión que imponga tales restricciones sea debidamente motivada y que exista un procedimiento que permita controlar los motivos de manera apropiada, especialmente cuando estos no son informados a la persona involucrada” (cfr. párr. 139).
3. Expulsión de extranjeros. Derecho de defensa. Información confidencial. Derecho a la información. Derecho de representación.
“[L]os extranjeros deben poder hacerse representar ante la autoridad competente para decidir sobre su expulsión. Esto implica ante todo la existencia de normas legales en el derecho interno que aseguren para los extranjeros una posibilidad efectiva de hacerse representar. La posibilidad de hacerse representar por un abogado, o incluso por un abogado especializado en la materia habilitado a acceder a los documentos clasificados del expediente del caso que no son accesibles al extranjero involucrado, es un factor compensatorio importante” (cfr. párr. 154).
“[L]a presencia de los abogados de los peticionarios ante el Tribunal Superior, sin ninguna posibilidad de conocer las acusaciones contra sus asistidos, no era capaz de asegurar su defensa efectiva” (cfr. párr. 191).
MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DELITOS QUE COMPROMETEN LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN; DEBIDO PROCESO; INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS; DERECHO A LA INFORMACIÓN; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; ARBITRARIEDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RAZONABILIDAD; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO DE REPRESENTACIÓN;
Aghdgomelashvili y Japaridze v. GeorgiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Georgia era responsable por la violación del artículo 3 (derecho a no ser sometido a torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) en conjunción con el artículo 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. LGBTIQ. Identidad de género. Procedimiento policial. Igualdad. No discriminación. Fuerzas de seguridad. Abuso de autoridad. Debida diligencia. “[L]a responsabilidad internacional del Estado por aquella violencia motivada por el odio y cometida por sus fuerzas de seguridad, al igual que su obligación de investigar la existencia de un posible nexo entre un motivo discriminatorio y un acto de violencia, pueden analizarse bajo los aspectos sustantivos y procesales del artículo 3 del Convenio. No obstante, también pueden ser analizadas en virtud de las obligaciones derivadas del artículo 14 […] con el fin de asegurar sus valores fundamentales sin discriminación consagrados en el artículo 3 […]. De hecho, debido a la conjunción de ambas disposiciones, aspectos como los del presente caso pueden ser examinados en el marco de una sola de las dos disposiciones, sin que surja ninguna cuestión separada en la otra. También pueden requerir un examen simultáneo en virtud de ambos artículos. Esta es una cuestión que debe decidirse en cada caso concreto a la luz de los hechos y la naturaleza de los alegatos presentados” (cfr. párr. 35). “El Estado, en virtud del artículo 1 del Convenio, asume el deber general de `garantizar a todas las personas dentro de [su] jurisdicción los derechos y libertades definidos en [el] Convenio’. Implícitamente debe existir una investigación oficial y efectiva cuando una persona hace una afirmación creíble y razonable de que ha sufrido un trato violatorio del artículo 3 a manos de la policía u otras autoridades similares, entre otros. En principio, para que una investigación sea considerada `eficaz’, esta debería dirigirse al esclarecimiento de los hechos del caso y a la identificación de un castigo para los responsables. No se trata de una obligación en cuanto a objetivos sino a los medios empleados. Las autoridades deben tomar las medidas que estén razonablemente a su alcance para la obtención de las pruebas relativas al incidente que incluyen, entre otras cosas, el testimonio de testigos presenciales, pruebas periciales, etc. Cualquier deficiencia en la investigación que socave su capacidad para establecer la causa de las lesiones o la identidad de las personas responsables provocará el riesgo de incumplimiento de esta norma. También en este contexto está implícito un requisito de celeridad y rapidez razonable […]. En general, una respuesta rápida de las autoridades en la investigación de las denuncias de malos tratos se considera esencial para mantener la confianza de la sociedad en el mantenimiento del estado de derecho y para prevenir cualquier apariencia de colusión o aquiescencia de actos ilícitos. La tolerancia de las autoridades hacia este tipo de actos no puede minar la confianza pública en el principio de legalidad y el mantenimiento del estado de derecho por parte del Estado” (cfr. párr. 37). “[A]l investigar incidentes violentos como los malos tratos, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas razonables para desenmascarar posibles motivos discriminatorios. [D]eben hacer todo lo que sea razonable en función de las circunstancias para recopilar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para el esclarecimiento de la verdad y emitir decisiones totalmente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia inducida, por ejemplo, de intolerancia racial o religiosa, o violencia motivada por actos discriminatorios en base al género” (cfr. párr. 38). “[H]asta la fecha, la investigación del abuso policial no ha dejado como resultado aspectos concluyentes. Este retraso es prohibitivo en sí mismo, incompatible con las obligaciones estatales en virtud del artículo 3 en base a la realización de una investigación efectiva; sobre todo porque la tarea para identificar a los responsables de los presuntos malos estaba lejos de revestir dificultad. Tampoco las peticionarias han podido involucrarse en la investigación penal de manera significativa, ya que ni siquiera han sido declaradas víctimas, a pesar de sus numerosas solicitudes para tal fin” (cfr. párr. 39). “[L]a prolongación de la investigación manifiesta la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades nacionales para examinar el rol homofóbico y/o transfóbico desempeñado en el presunto abuso policial. Existía una necesidad urgente de realizar una investigación significativa sobre la posibilidad de que la discriminación hubiera sido el factor motivador detrás de la conducta de los agentes de policía, dada la hostilidad bien documentada contra la comunidad LGBT en el país en el momento de los hechos […], y a la luz del discurso de odio de los agentes de policía durante el incidente” (párr. 40). 2. Trato cruel, inhumano y degradante. Fuerzas de seguridad. Abuso de autoridad. Uso de la fuerza. Principio de dignidad humana. Razonabilidad. Responsabilidad del Estado. “[E]l artículo 3 no solo se limita a actos de maltrato físico sino que también cubre la imposición de sufrimiento psicológico. Así pues, un trato puede calificarse de `degradante’ –y por tanto entrar en el ámbito de la prohibición fijada en el artículo 3 del Convenio– si en la víctima se provocan sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, si se humilla o se degrada a una persona ante los ojos de la víctima y/o los ojos de otras personas, sea o no sea el propósito, si se quiebra la resistencia física o psíquica para actuar en contra de su voluntad o conciencia o si muestra una falta de respeto o menoscabo de la dignidad humana […]. Además, cuando una persona confronta con las fuerzas de seguridad encargadas del cumplimiento de la ley, el uso de la fuerza física que no haya sido estrictamente necesario menoscaba la dignidad humana. Las palabras `en principio’ no pueden interpretarse de manera que puedan existir situaciones en las que no se requiera de tal determinación porque no se haya alcanzado el umbral de gravedad. Dado que la injerencia en la dignidad humana ataca la esencia misma del Convenio, cualquier conducta por parte de las fuerzas de seguridad dirigida a una persona y que menoscabe la dignidad humana constituye una violación del artículo 3 del Convenio” (párr. 42). “[C]on independencia de que determinados actos sean perpetrados o no por agentes del Estado o por particulares, tratar la violencia y la brutalidad con una voluntad discriminatoria de la misma forma que casos que no tienen tales connotaciones, sería pasar por alto la naturaleza específica de actos que son particularmente lesivos de los derechos fundamentales. La ausencia de distinción en la forma en que se manejan situaciones que son esencialmente diferentes puede constituir un trato injustificado incompatible con el artículo 14 del Convenio” (párr. 44). “[Q]ueda por determinar si el Estado debe ser considerado responsable en virtud del artículo 3, en relación con el artículo 14 del Convenio, por el abuso policial cometido durante el incidente del 15 de diciembre de 2009. En tal evaluación, dos cuestiones que se encuentran interrelacionadas deben ser respondidas: (i) si los actos impugnados de los agentes de policía alcanzaron o no el umbral de severidad requerido para caer en el ámbito de prohibición del artículo 3, en conjunción con el artículo 14 del Convenio; y (ii) si el odio homofóbico y/o transfóbico fue o no un factor causal en la conducta impugnada de los agentes de policía” (párr. 46). “[E]l Tribunal no duda en responder afirmativamente a ambas preguntas dado que: 1) deliberadamente los agentes de policía habían humillado y degradado a las mujeres recurriendo al discurso de odio y profiriendo insultos; 2) su comportamiento contenía amenazas de divulgar su orientación sexual real y/o percibida, en un país en el que la comunidad LGBT se encontraba en una situación preocupante, así como una amenaza de uso de la fuerza física; y 3) el único propósito de los registros sin ropa era hacer que las peticionarias y el resto de mujeres se sintieran avergonzadas y humilladas y así castigarlas por su asociación con la comunidad LGBT. Los comentarios homofóbicos hechos por las mujeres policías en el curso de los registros pueden tomarse como prueba adicional del propósito abusivo” (párrs. 47-48). “A la luz de lo anterior, el Tribunal concluye que la conducta totalmente inadecuada de los agentes de policía durante el allanamiento de la oficina […] fue motivada por el odio homofóbico y/o transfóbico y, sin lugar a dudas, debe haber despertado en las peticionarias sentimientos de temor, angustia e inseguridad que son incompatibles con el respeto a su dignidad humana. Tal comportamiento alcanzó el umbral de gravedad exigido por el artículo 3, en conjunción con el artículo 14 del Convenio” (párrs. 49-50).
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; PROCEDIMIENTO POLICIAL; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; ABUSO DE AUTORIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; USO DE LA FUERZA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RAZONABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
WMC v. DinamarcaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que Dinamarca era responsable por la violación del artículo 3 (interés superior del niño) de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, dictaminó que la devolución de la familia a China constituiría una violación a los artículos 6 (supervivencia y desarrollo) y 8 (preservación de la identidad) del mismo instrumento.
1. Expulsión de extranjeros. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Refugiado. Principio de no devolución. Protección de menores. Acceso a la justicia. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Prueba. Carga de la prueba.
“El Comité recuerda su observación general núm. 6 en la que afirma que los Estados no trasladarán al niño a un país en el que haya motivos fundados para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para él, por ejemplo, pero no solo, del tipo de los contemplados en los artículos 6 [supervivencia y desarrollo] y 37 [tortura y privación de libertad] de la Convención […].
[L]as obligaciones antedichas de no devolución son aplicables con independencia de que las violaciones graves de los derechos garantizados por la Convención sean imputables a actores no estatales o de que las violaciones en cuestión sean directamente premeditadas o sean consecuencia indirecta de la acción o la inacción. La evaluación del riesgo de dichas violaciones graves deberá efectuarse teniendo en cuenta la edad y el género y siguiendo el principio de precaución, de manera que, cuando existan dudas razonables de que el Estado receptor no pueda proteger al niño frente a esos riesgos, los Estados partes deben evitar expulsarlo” (párr. 8.3).
“[E]l interés superior del niño debe ser una consideración primordial en las decisiones relativas a la expulsión de un niño y […], en esas decisiones, debe velarse por que, en el marco de un procedimiento con las correspondientes garantías, el niño esté a salvo y se le proporcione un disfrute de sus derechos y una atención adecuados.
[L]a carga de la prueba no recae únicamente en el autor de la comunicación, especialmente teniendo en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre pueden acceder a las pruebas en igualdad de condiciones y que frecuentemente solo el Estado parte tiene acceso a la información pertinente. En el presente caso [el Estado] no parece haber verificado suficientemente, por medios que no pongan en peligro la situación de la autora y de sus hijos en su calidad de solicitantes de asilo, si el certificado de nacimiento danés bastaría a los efectos de la inscripción en el hukou y, de no ser así, qué otros procedimientos se requerirían para que los niños obtuvieran sus certificados de nacimiento chinos, qué probabilidad tendrían de obtenerlos y cuánto tiempo tendrían que esperar para ser inscritos en el hukou […]. [E]stas cuestiones son particularmente pertinentes debido a los numerosos requisitos administrativos exigidos para la obtención de un certificado de nacimiento y la complejidad de los procedimientos de inscripción en China, y que la inscripción del nacimiento está vinculada al hukou. Asimismo, a juicio del Comité, el Estado parte no tuvo en consideración cómo quedarían asegurados los derechos de los niños a la educación y la atención de la salud mientras estuviera pendiente su inscripción o de haberla” (párr. 8.6).
2. Expulsión de extranjeros. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. DESC. Derecho a la salud. Educación. Derecho de enseñar y aprender. Derecho a la vida. Derecho a la identidad.
“[E]l Comité toma nota de las afirmaciones de la autora de que, de ser expulsados a China, sus tres hijos, nacidos fuera del matrimonio, correrían el riesgo de ser separados de ella por la fuerza y no serían inscritos en el hukou, requisito para asegurar su acceso a servicios sanitarios, educativos y sociales” (párr. 8.4).
“[L]a mayoría de los miembros de la Junta de Apelaciones para Asuntos de Refugiados consideraron que era de esperar que resultara muy difícil que los hijos de la autora fueran inscritos en el hukou, al menos durante un tiempo, durante el cual tendrían, por tanto, un trato menos favorable que otros niños chinos en lo que se refiere a servicios de atención médica, educativos y sociales” (párr. 8.5).
“[E]l Estado parte no tuvo debidamente en cuenta el interés superior del niño al evaluar el presunto riesgo de que los hijos de la autora no fueran inscritos en el hukou en caso de ser expulsados a China, ni adoptó las salvaguardias adecuadas para asegurar el bienestar del niño tras ser devuelto, lo que contraviene el artículo 3 de la Convención” (párr. 8.8).
“Teniendo en cuenta que en China la inscripción en el hukou es esencial para tener acceso a servicios de atención de la salud, educativos y sociales, y se requiere como medio para acreditar la identidad, y que hay muchas dificultades para inscribir en él a los hijos nacidos fuera del matrimonio, el Comité considera que la decisión del Estado parte de expulsar a los hijos de la autora constituiría una vulneración de su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, reconocido en el artículo 6, y de su derecho a preservar su identidad, consagrado en el artículo 8 de la Convención” (párr. 8.9).
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; REFUGIADO; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; DESC; DERECHO A LA SALUD; DERECHO DE ENSEÑAR Y APRENDER; DERECHO A LA IDENTIDAD;
Calleja Loma y Calleja Lucas v. EspañaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que España era responsable por la violación de los artículos 7 (protección de niños, niñas y adolescentes con discapacidad), 15 (protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 17 (derecho a la integridad personal), 23 (derecho a la vida privada y familiar) y 24 (derecho a la educación), leídos solos y conjuntamente con el artículo 4 (obligaciones generales) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 1. Personas con discapacidad. Educación. Educación inclusiva. Igualdad. No discriminación. Niños, niñas y adolescentes. “El Comité recuerda que, `de conformidad con el artículo 24, párrafo 1, los Estados partes deben velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación mediante un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, que incluya los ciclos educativos de preescolar, primaria, secundaria y superior, la formación profesional y la enseñanza a lo largo de la vida, y las actividades extraescolares y sociales, y para todos los alumnos, incluidas las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás’. El Comité también recuerda que `la inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias de la educación para superar los obstáculos con la visión de que todos los alumnos de los grupos de edad pertinentes tengan una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa y el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias’. Igualmente, […] `el derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser objeto de segregación y a que se realicen los ajustes razonables, y debe entenderse en el contexto de la obligación de proporcionar entornos educativos accesibles y ajustes razonables’” (párr. 8.4). “[P]ara dar cumplimiento al artículo 4, párrafo 1, apartado b), de la Convención, los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan el artículo 24. Cuando sea necesario, se habrán de derogar o modificar las leyes, los reglamentos, las costumbres y las prácticas discriminatorias de forma sistemática y con arreglo a plazos establecidos” (párr. 8.7). “[L]a decisión administrativa de matricular [al niño] en un centro de educación especial, sin tener en cuenta la opinión de sus padres, sin haber explorado de forma efectiva la adopción de ajustes razonables que pudieran seguir asegurando su inclusión en el sistema de educación ordinario, sin haber acordado peso al informe del psicólogo clínico y de la asistente técnico educativa, y sin haber tenido en cuenta las alegaciones de los autores con respecto a los actos de discriminación y abusos sufridos por [el niño] en el centro de educación ordinaria al que asistía, constituyen una violación de sus derechos bajo el artículo 24, leído solo y conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 8.8). 2. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida privada y familiar. “En cuanto a las alegaciones relacionadas con el artículo 23, leído conjuntamente con el artículo 4, el Comité toma nota de la pretensión de los autores de que el Estado parte vulneró su derecho a una vida familiar al haber interpuesto una denuncia contra los padres por abandono de familia, en razón de que se opusieron a llevar a su hijo al Centro Educativo Especial […]. El Comité observa la afirmación de los autores de que si la denuncia hubiera prosperado podría haber conllevado la perdida de la patria potestad de los padres en favor de su hijo. El Comité también observa que, de acuerdo con la información disponible […], el Juzgado impuso a los padres [del niño] como medida cautelar, que prestaran una fianza […]. El Comité considera que dicha fianza supuso una carga económica excesiva para los padres [del niño] que se agregó a las tensiones generadas en el contexto de su lucha a favor de los derechos de su hijo a una educación inclusiva, y que sin duda repercutió negativamente en su bienestar individual y familiar” (párr. 8.9). “[E]l Comité recuerda que en su Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo instó al Estado parte a `[v]igilar que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones’” (párr. 8.10). 3. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Debida diligencia. “[S]egún el artículo 15 de la Convención, ninguna persona puede ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que los Estados parte deben de tomar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité recuerda también que según el artículo 17 de la Convención, toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás” (párr. 8.12). “[E]l Comité observa que, en su segunda denuncia, los autores incluyeron como elemento nuevo la información contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en cuanto a las declaraciones de las madres de compañeros [del niño] prestando testimonio sobre los abusos sufridos y la afirmación del Tribunal según la cual `pudo haber incluso un funcionamiento anormal’ en el centro escolar. El Comité considera que […] las autoridades del Estado parte tenían la obligación de proceder a una investigación efectiva y exhaustiva sobre estas alegaciones, lo cual no se llevó a cabo” (párr. 8.13). “[D]e conformidad con el artículo 4 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación general de tomar todas las medidas necesarias para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad” (párr. 8.15).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EDUCACIÓN; EDUCACIÓN INCLUSIVA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA;
GL v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por la violación del artículo 14 (no discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en conjunción con el artículo 2 del Protocolo Nº 1 (derecho a la educación) del mismo instrumento. 1. Educación. Derecho a la vida privada y familiar. No discriminación. Igualdad. Responsabilidad del Estado. “El Tribunal recuerda que […] en una sociedad democrática el derecho a la educación es indispensable para la realización de los derechos humanos y ocupa un lugar fundamental […], y es uno de los servicios públicos más importantes de un Estado moderno. [A] la hora de decidir cómo regular el acceso a la educación, el Estado debe poner en equilibrio las necesidades educativas de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción con su capacidad limitada para satisfacerlas. Sin embargo, el Tribunal no puede ignorar el hecho de que, a diferencia de otras prestaciones públicas, la educación es un derecho directamente protegido por el Convenio” (cfr. párr. 49). “[A]l interpretar y aplicar el artículo 2 del Protocolo Nº 1, el Convenio se debe leer en su conjunto e interpretarse de manera que se favorezca su coherencia interna y la armonía entre sus distintas disposiciones […]. Por ello, el artículo 2 del Protocolo Nº 1 debe interpretarse, entre otros, a la luz del artículo 8 del Convenio, que establece el derecho de toda persona ‘al respeto de su vida privada’…” (cfr. párr. 50). “En referencia a la prohibición [de discriminación] establecida en el artículo 14 del Convenio, el Tribunal reitera que consiste en tratar de forma diferente a personas que se encuentran en situaciones comparables sin una justificación objetiva y razonable, y que el trato diferenciado carece de ‘justificación objetiva y razonable’ cuando no persigue una ‘finalidad legítima’ o cuando no existe ‘una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida’ […]. Sin embargo, el artículo 14 no prohíbe a un Estado parte tratar de forma diferente a los grupos para corregir ‘desigualdades de hecho’ entre ellos; de hecho, en determinadas circunstancias es la ausencia de un trato diferenciado para corregir una desigualdad lo que, si no se basa en una justificación objetiva y razonable, puede dar lugar a una violación de dicha disposición […]. Además, los Estados parte gozan de un cierto margen de apreciación para determinar si las diferencias entre situaciones que, por lo demás, son similares, justifican las distinciones de trato y en qué medida…” (cfr. párr. 52). 2. Educación inclusiva. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. No discriminación. Igualdad. “Al examinar un caso en virtud del artículo 14 del Convenio, el Tribunal debe tener en cuenta la evolución del Derecho internacional y europeo y reaccionar, por ejemplo, a cualquier consenso que pueda surgir en estos niveles en cuanto a las normas que deben alcanzarse […]. A este respecto, en el ejercicio del derecho a la educación, señala la importancia que tienen los principios fundamentales de universalidad y no discriminación, consagrados reiteradamente en los textos internacionales […]. Además, subraya que estos instrumentos reconocen que el medio más adecuado para garantizar estos principios fundamentales es la educación inclusiva, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades para todos, incluidas las personas con discapacidad […]. La educación inclusiva es, por tanto, un componente incuestionable de la responsabilidad internacional de los Estados…” (cfr. párr. 53). “[C]uando una restricción de los derechos fundamentales se aplica a una categoría de población especialmente vulnerable, y que ha sufrido una discriminación importante en el pasado, el margen de apreciación de que dispone el Estado se reduce considerablemente y sólo consideraciones muy sólidas deberían llevarle a aplicar la restricción en cuestión. El Tribunal ya ha identificado varias de estas categorías vulnerables que son víctimas de un trato diferenciado por sus características o situación, incluida su discapacidad […]. Además, todas las acciones relacionadas con los niños con discapacidad deben perseguir, de forma prioritaria, el interés superior del niño […]. Sin embargo, en cualquier caso, con independencia del margen de apreciación que le corresponda al Estado, es tarea del Tribunal pronunciarse en última instancia sobre el cumplimiento de las exigencias del Convenio…” (cfr. párr. 54). “[E]n virtud del artículo 15 de la Carta Social Europea […], los Estados deben ‘promover la plena integración y participación en la vida social [de las personas con discapacidad], en particular mediante medidas, incluidas las ayudas técnicas, destinadas a superar los obstáculos referentes a la comunicación y a la movilidad’ […]. En el presente caso, la peticionaria debería haber recibido una asistencia especializada destinada a promover su autonomía y comunicación personal y a mejorar su aprendizaje, su vida interpersonal y su integración en el centro escolar para evitar el riesgo de marginación. El Tribunal recuerda que, en su Recomendación Rec (2006) 5 […], el Comité de Ministros subrayó que ‘dar a las personas con discapacidad la oportunidad de participar en las estructuras educativas generales es importante no sólo para ellas, sino también para las personas no discapacitadas, que así tomarán conciencia de que la discapacidad es parte de la diversidad humana’” (cfr. párr. 69). “[L]as autoridades no trataron de determinar las necesidades reales de la peticionaria y las soluciones susceptibles de satisfacerlas para permitirle asistir a la escuela primaria en condiciones equivalentes, en la medida de lo posible, a las que disfrutan los demás niños, sin imponer una carga desproporcionada o indebida a la administración […]. Además, el Tribunal considera que la discriminación sufrida por la menor es más grave al haber tenido lugar en el contexto de la enseñanza primaria, que constituye la base de la educación y de la integración social y de las primeras experiencias de convivencia, y que es obligatoria en la mayoría de los países…” (cfr. párr. 70-71). 3. Educación inclusiva. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad. Ajustes razonables. No discriminación. “El Tribunal considera […] que el artículo 14 de la Convención debe interpretarse a la luz de los requisitos establecidos en los textos mencionados [Carta Social Europea y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y, particularmente, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Según este instrumento, los ajustes razonables a los que tienen derecho las personas con discapacidad son ‘las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida’ realizadas ‘cuando se requieran en una situación particular’ para el ‘disfrute o ejercicio del derecho, sobre la base de la igualdad con los demás y de todos los derechos humanos y libertades fundamentales’ […], y la discriminación por motivos de discapacidad ‘incluirá todas las formas de discriminación, incluida la denegación de ajustes razonables’. La finalidad de los ajustes razonables es corregir las desigualdades de hecho…” (cfr. párr. 62). “Aunque no corresponde al Tribunal definir los ‘ajustes razonables’ […] que deben aplicarse en el ámbito de la educación para satisfacer las necesidades educativas de las personas con discapacidad, las autoridades nacionales están en mejor posición para hacerlo […]. Sin embargo, es importante que los Estados presten especial consideración a sus decisiones en este ámbito, dado el impacto de estas decisiones en los niños con discapacidad, cuya especial vulnerabilidad no puede ignorarse…” (cfr. párr. 63). “[L]as autoridades nacionales no contemplaron en ningún momento la posibilidad de que la falta de recursos o la necesidad extraordinaria de dar prioridad a la atención de las personas que padecen una patología grave se compensara no con una modificación de los ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades de los niños con discapacidad, sino con una reducción de la oferta educativa distribuida equitativamente entre los alumnos sin discapacidad y los discapacitados, a pesar de que el Tribunal de Casación ya había destacado este aspecto en sus sentencias […]. Así pues, el Tribunal considera que a la luz del modelo de educación inclusiva adoptado en Italia, en el que todos los alumnos están inscritos en el mismo flujo, y de la jurisprudencia del Tribunal de Casación, toda restricción presupuestaria debe tener una repercusión equivalente en la oferta educativa para los alumnos discapacitados y no discapacitados” (cfr. párr. 68).
EDUCACIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; EDUCACIÓN INCLUSIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AJUSTES RAZONABLES;
Fernández Prieto y Tumbeiro v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los artículos 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento, en perjuicio de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro, y por la violación a los artículos 24 (igualdad ante la ley) y 1.1 (deber de no discriminación) de la Convención, en perjuicio del señor Tumbeiro.
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Nulidad. Principio de legalidad. Interpretación de la ley.
“[L]a libertad y la seguridad personal constituyen garantías para la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. De esta forma, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. La finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos requiere que el Estado legisle y adopte diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de esos agentes estatales, en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida” (párr. 64).
“[E]l contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. [L]a restricción del derecho a la libertad personal únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal). Esto así, en mérito de que es la propia Convención la que remite al derecho interno del Estado en cuestión, motivo por el que tal remisión no supone que la Corte deje de fallar de acuerdo a la Convención, sino precisamente que debe hacerlo conforme a ella y no según el referido derecho interno. La Corte no realiza, en tal eventualidad, un control de constitucionalidad ni tampoco de legalidad, sino únicamente de convencionalidad” (párrs. 65-66).
“[E]n cuanto al requisito de legalidad de la detención, el Tribunal ha señalado que, al remitir a la Constitución y leyes establecidas ‘conforme a ellas’, el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’ en dicho ordenamiento en cuanto a las `causas’ y `condiciones’ de la privación de la libertad física” (párr. 67).
a) Fernández Prieto
“[En relación con el análisis de la legalidad de la detención del señor Fernández Prieto, cabe destacar que] el artículo 4 del Código de Procedimientos, vigente en la época en que el señor Fernández Prieto fue detenido, disponía que `[e]l Jefe de la Policía de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener a las personas que sorprendan in fraganti delito y a aquellas contra quienes hayan indicios vehementes o semivehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente’. El artículo 184.4 de la misma norma establecía que `[…] en los delitos públicos, los funcionarios tendrán las siguientes obligaciones y facultades: Proceder a la detención del presunto culpable en los casos mencionados en el artículo’” (párr. 68).
“[E]l Tribunal advierte que, en momento alguno durante el procedimiento seguido en contra del señor Fernández Prieto, los agentes policiales manifestaron –ni justificaron– que la interceptación del automóvil tenía como base alguna de las tres hipótesis previstas por el artículo 4 de dicho código, o en cualquier otra norma, para realizar una detención sin orden judicial. Los agentes de la policía se limitaron a señalar que los sujetos que estaban en el vehículo tenían una `actitud sospechosa’. Resulta claro que la presunta `actitud sospechosa’ no era un supuesto asimilable a la flagrancia o bien a un posible `indicio vehemente o semiprueba de culpabilidad’, como exigía la citada norma” (párr. 70).
“[E]sta omisión de justificar la detención del señor Fernández Prieto en alguna de las causales legales es claramente un incumplimiento del requisito de legalidad, pues los policías realizaron un acto que constituyó una restricción a la libertad personal del señor Fernández Prieto –en tanto obligaron a detener el vehículo en el que viajaba, posteriormente lo obligaron a descender de él, procedieron a realizar un registro y, finalmente, lo privaron de su libertad– actuando más allá de las facultades habilitantes que establecía el Código de Procedimientos para realizar dichos actos sin orden judicial. Asimismo, la Corte advierte que los tribunales internos que resolvieron sobre la legalidad de la interceptación del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto, el registro del mismo y su posterior detención tampoco se pronunciaron sobre cómo esta se encuadraba en alguna las hipótesis previstas por el Código de Procedimientos en Materia Penal, sino que la validaron considerando que los policías actuaron en cumplimiento de su tarea de prevención del delito y por las pruebas obtenidas en virtud de dicha actuación” (párr. 71).
“[L]as diversas sentencias a nivel interno que se pronunciaron sobre la validez de la interceptación y registro del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto se basaron en consideraciones relacionadas con la eficacia en la prevención del delito y con argumentos de naturaleza consecuencialista (los cuales validaban la actuación policial en virtud de los resultados obtenidos, es decir de las pruebas recabadas), sin tomar en consideración si la actuación de la policía se encuadraba dentro de los supuestos habilitantes previstos por el Código de Procedimientos para realizar una detención sin orden judicial. La Corte considera que, con independencia de la legitimidad de las razones mencionadas por los distintos tribunales que conocieron sobre el caso para justificar el registro y posterior detención como una cuestión de cumplimiento del deber de prevención del delito, o bien porque las pruebas obtenidas en virtud de ella podrían demostrar la culpabilidad del señor Fernández Prieto, de las propias sentencias se confirma que la interceptación y posterior registro y detención no fue realizada en aplicación de la legislación vigente” (párr. 74).
b) Tumbeiro
“[En relación con la detención del señor Tumbeiro, la Corte recordó que], el Código Procesal Penal de la Nación, vigente a partir de octubre de 1992, y por lo tanto vigente en la época de la detención del señor Tumbeiro en 1998, establece en su artículo 284 que `los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aún sin orden judicial’, a: a) quien `intentare un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad, en el momento de disponerse a cometerlo’; b) quien se `fugare, estando legalmente detenido’; c) de manera excepcional, contra quien `hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención’, y d) quien `sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad…’. Asimismo, la Ley 23.950, que modificó la Ley Orgánica Para la Policía Federal de 1958, dispone que, fuera de los casos establecidos en la normativa procesal penal, no se podrá detener a las personas sin orden de juez competente, salvo si: `[…] existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad…’” (párr. 76-77).
“[D]e conformidad con la Ley 23.950, la retención temporal con fines de identificación debe estar debidamente fundada en circunstancias que `hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional’. En ese sentido, en el caso concreto, el Tribunal considera que ninguna de las razones que dio la policía para retener al señor Tumbeiro y solicitarle su identificación constituían en sí mismas, o en conjunto, hechos o informaciones suficientes y concretas que permitan a un observador razonable inferir objetivamente que probablemente había cometido o estaba por cometer un hecho delictivo o contravencional. Por el contrario, las razones que motivaron la detención con fines de identificación del señor Tumbeiro parecieron responder a preconceptos sobre cómo debe verse una persona que transita en un determinado lugar, cómo debe comportarse ante la presencia policial, y qué actividades debe realizar en ese lugar” (párr. 79).
2. Fuerzas de seguridad. Procedimiento policial. Derecho penal de autor. Igualdad. No discriminación. Arbitrariedad. Principio de legalidad.
“La Corte recuerda que los estereotipos consisten en preconcepciones de los atributos, conductas, papeles o características poseídas por personas que pertenecen a un grupo identificado. El empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones discriminatorias y, por consiguiente, arbitrarias” (párr. 80).
“Ante la ausencia de elementos objetivos, la clasificación de determinada conducta o apariencia como sospechosa, o de cierta reacción o expresión corporal como nerviosa, obedece a las convicciones personales de los agentes intervinientes y a las prácticas de los propios cuerpos de seguridad, lo cual comporta un grado de arbitrariedad que es incompatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana. Cuando adicionalmente estas convicciones o apreciaciones personales se formulan sobre prejuicios respecto a las características o conductas supuestamente propias de determinada categoría o grupo de personas o a su estatus socio-económico, pueden derivar en una violación a los artículos 1.1 y 24 de la Convención” (párr. 81).
“El uso de estos perfiles supone una presunción de culpabilidad contra toda persona que encaje en los mismos, y no la evaluación caso a caso sobre las razones objetivas que indiquen efectivamente que una persona está vinculada a la comisión de un delito. Por ello, la Corte ha señalado que las detenciones realizadas por razones discriminatorias son manifiestamente irrazonables y por tanto arbitrarias. En este caso, el contexto sobre detenciones arbitrarias en Argentina, el reconocimiento expreso de responsabilidad internacional por parte del Estado, y la falta de explicaciones sobre el carácter sospechoso atribuido al señor Tumbeiro más allá de su nerviosismo, su manera de vestir y el señalamiento explícito de que esta no era propia de la zona `de gente humilde’ por la que caminaba, evidencian que no hubo indicios suficientes y razonables sobre su participación en un hecho delictivo, sino que la detención se efectuó prima facie debido a la sola circunstancia de no reaccionar del modo en que los agentes intervinientes percibían como correcto y utilizar un atuendo juzgado por ellos como inadecuado con base en una preconcepción subjetiva sobre la apariencia que debían resguardar los habitantes del área, lo que comporta un trato discriminatorio que torna en arbitraria la detención” (párr. 82).
“[L]os tribunales internos que resolvieron sobre la legalidad de la detención del señor Tumbeiro la validaron considerando que los policías actuaron de manera prudente y razonable y en cumplimiento de su deber de prevención del delito. Al respecto, la Corte estima que una actuación originariamente inconvencional no puede derivar, en función de los resultados obtenidos, en la formulación válida de imputaciones penales. En ese sentido, la Corte recuerda que ante la solicitud de nulidad planteada por la defensa con base en la ilegalidad de la detención y requisa personal del señor Tumbeiro, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 señaló que ‘la detallada y convergente versión de los hechos que dan preventores y testigos no puede dejar de ser tenida en cuenta para fundar la intervención policial que dio lugar al descubrimiento de un caso de flagrancia delictiva consistente en la tenencia de cocaína por parte de Tumbeiro’” (párr. 83).
“[E]l artículo 7.2 de la Convención exige no solo la existencia de regulaciones que establezcan las `causas’ y `condiciones’ que autoricen la privación de la libertad física, sino que es necesario que esta sea lo suficientemente clara y detallada, de forma que se ajuste al principio de legalidad y tipicidad […]. Al respecto, este Tribunal ha señalado que `la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor pues, de no ser así las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en que se expresan el reproche social y las consecuencias de este’” (párr. 89).
“[E]s necesario que las regulaciones que determinen las facultades de los funcionarios policiales relacionadas con la prevención e investigación de delitos, incluyan referencias específicas y claras a parámetros que eviten que una interceptación de un automóvil o una detención con fines de identificación se realice arbitrariamente. Por lo que en aquellas disposiciones en que exista una condición habilitante que permita una detención sin orden judicial o en flagrancia, además de que esta cumpla con los requisitos de finalidad legítima, idoneidad y proporcionalidad, debe contemplar la existencia de elementos objetivos, de forma que no sea la mera intuición policíaca ni criterios subjetivos, que no pueden ser verificados, los que motiven una detención. Esto significa que la legislación habilitante para este tipo de detenciones debe dirigirse a que la autoridad ejerza sus facultades ante la existencia de hechos o informaciones reales, suficientes y concretas que, de manera concatenada, permitan inferir razonablemente a un observador objetivo que la persona que es detenida probablemente era autora de alguna infracción penal o contravencional. Este tipo de regulaciones deben, además, ser acorde al principio de igualdad y no discriminación, de forma tal que evite la hostilidad en contra de grupos sociales en virtud de categorías prohibidas por la propia Convención Americana” (párr. 90).
“[L]a verificación de elementos objetivos antes de realizar una interceptación de un vehículo o una detención con fines de identificación se vuelve particularmente relevante en contextos como el argentino, donde la policía ha normalizado prácticas de detenciones por sospecha de criminalidad, justificando dicha actuación en la prevención del delito, y donde adicionalmente los tribunales internos han convalidado este tipo de prácticas” (párr. 96).
“El Tribunal recuerda que la interceptación del automóvil del señor Fernández Prieto y la detención con fines de identificación del señor Tumbeiro incumplieron con el requisito de legalidad al haber sido realizadas incumpliendo con los supuestos habilitantes por la ley para realizar dichos actos y fueron en cambio avaladas en función del deber de prevención del delito y de las pruebas obtenidas […]. Sin embargo, la Corte considera que, aun en el supuesto de que la acción policial se hubiera enmarcado en los supuestos de excepción de detención sin orden judicial en la normativa vigente, la forma genérica e imprecisa en que estaban contemplados al momento en que ocurrieron los hechos permitía que cualquier tipo de ‘sospecha’ de la autoridad fuera suficiente para requisar o detener a una persona. De esta forma, el Tribunal observa que el artículo 4 del Código de Procedimientos, el artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación, y el artículo 1 de la Ley 23.950, son normas significativamente ambiguas en lo que respecta a los parámetros que permiten detener a una persona sin orden judicial ni estado de flagrancia. En definitiva, la ausencia de parámetros objetivos que legítimamente pudiesen justificar una detención sobre la configuración de los elementos previstos por la normativa, y la inexistencia de una obligación posterior de justificar un registro o una requisa con independencia de los resultados obtenidos por la misma, generaron un espacio amplio de discrecionalidad que derivó en una aplicación arbitraria de las facultades en cabeza de las autoridades policiales, lo cual además fue avalado mediante una práctica judicial que convalidó dichas detenciones sobre la base de criterios generales como la prevención del delito o ex post por las pruebas obtenidas” (párr. 97).
3. Control de convencionalidad. Interpretación de los tratados. Responsabilidad del Estado.
“[E]l artículo 2 de la Convención contempla el deber general de los Estados Partes de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, esta Corte ha reconocido que todas las autoridades de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos” (párr. 99).
“Respecto al control de convencionalidad, el Tribunal ha señalado que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un `control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Por tanto, en la creación e interpretación de las normas que faculten a la policía a realizar detenciones sin orden judicial o en flagrancia, las autoridades internas, incluidos los tribunales, están obligadas a tomar en cuenta las interpretaciones de la Convención Americana realizadas por la Corte Interamericana respecto a la necesidad de que las mismas se realicen en cumplimiento con los estándares en materia de libertad personal, los cuales han sido reiterados en el presente capítulo” (párr. 100).
“En consecuencia, este Tribunal concluye que tanto el Código de Procedimientos, con fundamento en el cual fue interceptado el vehículo en el que se transportaba el señor Fernández Prieto, como el Código Procesal Penal de la Nación y la Ley 23.950, con sustento en los cuales el señor Tumbeiro fue detenido con fines de identificación, adolecían de deficiencias normativas en la regulación de los supuestos que supuestamente autorizaban dicha actuación policial. Pese a ello, las sentencias judiciales emitidas en ambos casos justificaron la actuación policial con base en dicha normativa” (párr. 101).
4. Requisa. Derecho a la privacidad. Derecho a la vida privada y familiar. Orden judicial.
“La Corte ha precisado, respecto al artículo 11 de la Convención Americana, que, si bien esa norma se titula `Protección de la Honra y de la Dignidad’, su contenido incluye, entre otros, la protección de la vida privada. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad personal y familiar protegido por dicho precepto se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que las pertenencias que una persona lleva consigo en la vía pública, incluso cuando la persona se encuentra dentro de un automóvil, son bienes que, al igual que aquellos que se encuentran dentro de su domicilio, están incluidos dentro del ámbito de protección del derecho a la vida privada y la intimidad. Por esta razón, no pueden ser objeto de interferencias arbitrarias por parte de terceros o las autoridades” (párr. 102).
“En tanto las restricciones al derecho a la vida privada deben, como primer requisito para no ser catalogadas como abusivas o arbitrarias, estar `previstas en la ley’ y, en este caso, la inspección sin orden judicial de un vehículo detenido en un control policial no estaba contemplada expresamente en la normativa procesal vigente, la Corte estima que el registro del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto constituyó una injerencia ilegal en su vida privada y un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno” (párr. 103).
“En lo que respecta al señor Tumbeiro, el Tribunal considera que un registro corporal puede tener una incidencia y constituir una afectación a la protección de la honra y la dignidad. Por esta razón, los registros corporales que realicen las autoridades a personas detenidas deben realizarse en debida consideración a los límites impuestos por la Convención Americana” (párr. 104).
“[L]a requisa personal del señor Tumbeiro constituyó una injerencia ilegal a su vida privada que además resultó arbitraria y desproporcionada en la medida que: a) la norma invocada para su justificación resultaba imprecisa y contraria al principio de tipicidad porque no definía los supuestos de urgencia para proceder a una requisa sin orden judicial; b) incluso si se omitiera dicha indefinición normativa, los agentes policiales nunca acreditaron una situación de urgencia, máxime porque la finalidad inicial de la detención era la comprobación de su identidad, cuya información fue facilitada por el propio señor Tumbeiro y comprobada vía radial por los agentes policiales; c) la ‘sospecha’ basada en el estado emocional o la idoneidad o no de la reacción o forma de vestir del señor Tumbeiro constituye una apreciación subjetiva que, ante la ausencia de elementos objetivos, de ningún modo demuestra la necesidad de la medida; d) aun si se admitiera que lo anterior constituye un motivo suficiente o ‘urgente’ para proceder con la requisa, el hecho de que la misma excediera el palpamiento superficial sobre la ropa del señor Tumbeiro y este fuera obligado a desnudarse resulta desproporcionado, pues supuso una grave afectación de la intimidad del señor Tumbeiro sin que la medida persiguiera satisfacción de bienes jurídicos relevantes” (párr. 108).
“[L]as requisas corporales solo pueden ser efectuadas previa orden judicial debidamente motivada. Sin perjuicio de ello, si bien pueden existir situaciones excepcionales en las que la prevención del delito como un fin legítimo cuya consecución es atribuida a los cuerpos de seguridad estatales, y ante la imposibilidad de procurar una orden judicial previa, pueda justificar la práctica de una requisa, la Corte estima que esta en ningún caso puede resultar desproporcionada y tampoco puede superar el palpamiento superficial de las ropas de una persona, implicar su desnudez o atentar contra su integridad” (párr. 109).

DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; FUERZAS DE SEGURIDAD; DERECHO PENAL DE AUTOR; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ARBITRARIEDAD; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; REQUISA; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; ORDEN JUDICIAL;
Acosta Martínez y otros v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 5.2 (prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (derecho a la libertad personal) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de José Delfín Acosta Martínez, así como por la violación a los artículos 8.1 (garantías judiciales y debido proceso) y 25.1 (protección judicial) en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Ángel Acosta Martínez y Blanca Rosa Martínez.
Ante la Corte Interamericana, Argentina realizó un reconocimiento total de responsabilidad en relación a las conclusiones de la Comisión en su Informe de Fondo. Sin embargo, fue necesario proceder a determinar y precisar los alcances de la responsabilidad estatal en relación con la ilegalidad y la arbitrariedad de la privación de libertad del señor José Delfín Acosta Martínez.
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Derecho penal de autor. Control de convencionalidad.
“[L]a libertad y la seguridad personal constituyen garantías para la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. Si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. La finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos requiere que el Estado legisle y adopte diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de estos agentes estatales, en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida” (párr. 75).
“[E]l arresto y la detención de José Delfín Acosta Martínez se realizó en aplicación del Edicto Policial sobre Ebriedad. De esta forma, es a partir de esta normativa y de las normas procesales aplicables al momento de los hechos en la Ciudad de Buenos Aires que se debe analizar si se cumplieron los requisitos establecidos por el artículo 7.2 de la Convención” (párr. 78).
“Este artículo 7.2 reconoce, primeramente, la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Esta reserva de ley implica, en primer lugar, una garantía formal, en el sentido de que toda restricción de la libertad debe emanar de una ‘norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de leyes’. Pero también implica, en segundo lugar, un aspecto material, el principio de tipicidad que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’, las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. De esta forma, la propia Convención remite al derecho interno del Estado concernido para poder analizar el cumplimiento del artículo 7.2. Tal remisión no implica que la Corte deje de fallar de acuerdo a la Convención, ni que realice un control de constitucionalidad o de legalidad de la normativa interna. Únicamente implica un control de convencionalidad, amparado, además, en los artículos 1.1 y 2 de la Convención” (párr. 79).
2. Detención de personas. Edictos. Ebriedad. Principio de legalidad. Tipicidad. Interpretación de la ley.
“El arresto del señor Acosta Martínez se efectuó en aplicación de los Edictos Policiales y el Reglamento de Procedimientos Contravencionales. Esta normativa no se ajusta al principio de legalidad y tipicidad tal y como ha sido entendido por esta Corte en su jurisprudencia. Al respecto, este Tribunal ha establecido que, ‘la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor pues, de no ser así las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en que se expresan el reproche social y las consecuencias de este’. De esta forma, es necesario que el ámbito de aplicación de conductas punibles esté delimitado de la manera más clara y precisa que sea posible” (párr. 83).
“En el caso concreto, el Edicto de Ebriedad y otras Intoxicaciones no cumplía con este mandato de certeza, pues señalaba como conducta sancionable encontrarse ‘en completo estado de ebriedad’, redacción que, además de ser ambigua e indeterminada dejaba un amplio margen de discrecionalidad para su aplicación por parte de las autoridades. La completa ebriedad no es un comportamiento empíricamente verificable sino que está sujeto a un juicio de valor por parte de las autoridades policiales encargadas de dar cumplimiento al edicto” (párr. 84).
“Asimismo, la ebriedad, sancionada por el Edicto de marras, es más una condición transitoria de una persona, que una conducta. Esta Corte ya ha considerado que el ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de las características o condiciones personales del agente y no del hecho cometido ‘sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática, por el Derecho penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía’” (párr. 85).
“Por otra parte, el Edicto Policial […] castigaba la mera condición de estar ebrio, sin hacer referencia a que la conducta desplegada por el infractor afectase o pusiese en peligro a sí mismo o a terceros. Sobre el particular, cabe señalar que el derecho contravencional, al igual que el derecho penal, corresponde al ejercicio del poder punitivo del Estado, lo cual resulta evidente en este caso pues la sanción prevista implicaba la privación de la libertad” (párr. 86).
“En una sociedad democrática el poder punitivo estatal sólo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques que los dañen o pongan en peligro. La ebriedad, tal como aparecía tipificada por el Edicto en cuestión, por sí sola no afecta derechos de terceros, por lo que su sanción no busca proteger bienes jurídicos individuales o colectivos. A menos que el estar ebrio se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto, lo que sin duda alguna resulta contrario a la Convención, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al ejercicio del ius puniendi estatal, el cual tiene como límite infranqueable la libre determinación y la dignidad de la persona, los cuales constituyen los pilares básicos de todo ordenamiento jurídico” (párr. 87).
“[E]l artículo 2 de la Convención señala el deber que tiene los Estados Parte en la Convención de adecuar su legislación interna a las obligaciones derivadas de la Convención. En este sentido, la Corte ha señalado que: [s]i los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. De lo contrario, incurren en violación del artículo 2 de la Convención” (párr. 89).
3. Procedimiento policial. Detención de personas. Afrodescendientes. No discriminación.
“[L]os agentes de policía actuaron movidos más por un perfil racial, que por una verdadera sospecha de comisión de un ilícito. El carácter amplio de la normativa de los edictos policiales les permitió, a posteriori, justificar su intervención y darle una apariencia de legalidad. Sin embargo, estas motivaciones demuestran el carácter arbitrario de la detención del señor Acosta Martínez” (párr. 93).
“A la hora de analizar las motivaciones del arresto y privación de libertad del señor Acosta Martínez, se debe tomar en cuenta el contexto de discriminación racial y persecución policial que vivían las personas afrodescendientes en Argentina […]. De la misma manera, la amplitud de las normas que facultan a la policía a privar de libertad sobre la base de edictos que sancionan características más que conductas, terminan siendo utilizadas arbitrariamente y con base en prejuicios y estereotipos de ciertos grupos que coinciden con aquellos históricamente discriminados.
En efecto, tal como lo subraya el Informe del 2015 del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas: Los agentes de policía y de inmigración y los funcionarios de prisiones a menudo actúan basándose en perfiles raciales y étnicos, en muchas formas distintas y perniciosas. También puede suceder que las políticas oficiales faciliten prácticas discrecionales que permiten que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dirijan selectivamente sus actuaciones hacia grupos o personas basándose en el color de su piel, en su vestimenta, en su vello facial o en el idioma que hablan. A veces también existe un sesgo implícito que motiva la utilización de criterios raciales y étnicos en la actuación de las fuerzas del orden. Aunque algunos estudios han demostrado la ineficacia de la utilización de perfiles raciales y étnica, los funcionarios siguen recurriendo a esa práctica” (párrs. 94-95).
“El programa de acción de Durban define los perfiles raciales como ‘la práctica de los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de basarse, en uno u otro grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico como motivo para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si una persona realiza actividades delictivas’. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha hecho referencia a estas prácticas definiéndolas como ‘los interrogatorios, las detenciones y los cacheos basados de facto exclusivamente en el aspecto físico del individuo, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia a un grupo racial o étnico, o cualquier otra categorización que pueda hacerle particularmente sospechoso’” (párr. 96).
“En su sexto período de sesiones, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana examinó el tema de la elaboración de perfiles raciales. El Grupo de Trabajo reconoció que elaborarlos viola el derecho a la no discriminación y recordó que las normas internacionales y regionales dejan sentado que la discriminación racial en la administración de justicia es ilícita. El Grupo de Trabajo destacó, además, que se ha admitido que los perfiles raciales son un problema específico debido a que sistemática e históricamente han estado dirigidos contra las personas de ascendencia africana, lo que tiene consecuencias graves puesto que se crean y perpetúan una estigmatización y estereotipos profundamente negativos de los afrodescendientes como criminales en potencia. Asimismo, consideró que en la mayoría de los casos en que se han utilizado perfiles raciales, no se ha logrado mejorar la situación de seguridad y se ha perjudicado mucho a la población de ascendencia africana y otros grupos vulnerables” (párr. 97).  
“Las manifestaciones de la utilización de perfiles raciales también pueden estar ligadas a la normativa o la práctica interna. En efecto, como lo señaló el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, ‘puede suceder que las políticas oficiales faciliten prácticas discrecionales que permiten a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dirijan selectivamente sus actuaciones hacia grupos o personas basándose en el color de su piel, en su vestimenta, en su vello facial o en el idioma en que hablan’” (párr. 98).  
“El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que una privación de libertad tiene motivos discriminatorios ‘cuando resultaba evidente que se había privado a las personas de su libertad específicamente en función de las características distintivas reales o aparentes, o a causa de su pertenencia real o presunta a un grupo diferenciado (y a menudo minoritario)’. El Grupo de Trabajo considera como uno de los factores a tomar en cuenta para determinar la existencia de motivos discriminatorios, si ‘[l]as autoridades han hecho afirmaciones a la persona detenida o se han comportado con ella de manera que indique una actitud discriminatoria’. De esta forma, una detención basada en el uso de perfiles raciales sería claramente discriminatoria” (párr. 99).   
“En el caso concreto los agentes policiales justificaron la detención del señor Acosta Martínez en su supuesto estado de ebriedad. De esta forma, al utilizar una normativa tan amplia como los Edictos contra la ebriedad, en realidad se encubrió la utilización de un perfil racial como motivo principal para su detención y, por consiguiente, se puso de manifiesto la arbitrariedad de su privación de libertad. En efecto, este Tribunal ha señalado que las detenciones realizadas por razones discriminatorias son, por consiguiente, arbitrarias” (párr. 100).   

DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; DERECHO PENAL DE AUTOR; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; EDICTOS; EBRIEDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; TIPICIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; AFRODESCENDIENTES; NO DISCRIMINACIÓN;
Urrutia Laubreaux v. ChileCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Chile era responsable por la violación de los artículos 13.2 (libertad de pensamiento y de expresión), 8.1, 8.2.b), 8.2.c) (garantías judiciales y debido proceso) y 9 (principio de legalidad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 1. Libertad de expresión. Funcionarios públicos. Garantía de imparcialidad. Independencia. “La Convención Americana garantiza el derecho a la libertad de expresión a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración. Respecto a personas que ejercen funciones jurisdiccionales, la Corte ha señalado que, debido a sus funciones en la administración de justicia, la libertad de expresión de los jueces y juezas pueden estar sujetos a restricciones distintas y en sentidos que no afectarían a otras personas, incluyendo a otros funcionarios públicos” (párr. 82). “Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura […] reconocen que ‘los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura’. Asimismo, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial establecen que ‘[u]n juez, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión pero, cuando ejerza los citados derechos y libertades, se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura’. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo ha señalado que ciertas restricciones a la libertad de expresión de los jueces son necesarias en todos los casos donde la autoridad e imparcialidad de la judicatura pudieran ser cuestionadas…” (párr. 83). “El objetivo general de garantizar la independencia e imparcialidad es, en principio, un fin legítimo para restringir ciertos derechos de los jueces. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial’. En este sentido, el Estado tiene la obligación de regular que sus jueces y tribunales cumplan con dichos preceptos. Por tanto, resulta acorde con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces, con la finalidad de proteger la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, como un ‘derecho o libertad de los demás’. La compatibilidad de dichas restricciones con la Convención Americana debe ser analizada en cada caso concreto, tomando en cuenta el contenido de la expresión y las circunstancias de la misma. Así, por ejemplo, expresiones realizadas en un contexto académico podrían ser más permisivas que las realizadas a medios de comunicación” (párr. 84). “[E]l artículo 13.2 de la Convención Americana establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, deben cumplir con los siguientes requisitos de forma concurrente: (i) estar previamente fijadas por ley, en sentido formal y material; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana (‘el respeto a los derechos a la reputación de los demás’ o ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas’), y (iii) ser necesarias en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad)” (párr. 85). “En el presente caso, tal como lo señaló la Corte Suprema de Chile, el trabajo académico […] constituyó un ejercicio de su libertad de expresión. Este Tribunal considera que, si bien la libertad de expresión de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales puede estar sujeta a mayores restricciones que la de otras personas, esto no implica que cualquier expresión de un Juez o Jueza pueda ser restringida. En este sentido, no es acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por la presunta víctima en el presente caso” (párr. 89). 2. Control de convencionalidad. Responsabilidad del Estado. Sanciones diciplinarias. “[E]l Estado es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, en su caso, reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos” (párr. 90). “El referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa […]. En este sentido, la Corte ha señalado que la responsabilidad estatal bajo la Convención solo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho, y de reparar por sus propios medios los daños ocasionados. En consecuencia, el Tribunal ha establecido que los Estados no son internacionalmente responsables cuando han reconocido la comisión de un hecho ilícito internacional, han cesado la violación, y han reparado las consecuencias de la medida o situación que lo configuró” (párr. 91). “[L]a decisión de la Corte Suprema de Chile […] reconoció la violación a la libertad de expresión y ordenó dejar sin efecto la sanción impuesta […]. Dicha sanción fue posteriormente eliminada de la hoja de vida […]. En relación con lo anterior, la Corte recuerda que el control de convencionalidad […] es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Los jueces y órganos judiciales deben prevenir potenciales violaciones a derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, o bien solucionarlas a nivel interno cuando ya hayan ocurrido, teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana. Solo en caso contrario pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad. En ese sentido, un adecuado control de convencionalidad a nivel interno fortalece la complementariedad del Sistema Interamericano y la eficacia de la Convención Americana al garantizar que las autoridades nacionales actúen como garantes de los derechos humanos de fuente internacional” (párrs. 92-93). “[L]a decisión de la Corte Suprema de Chile constituyó un adecuado y oportuno control de convencionalidad de la sanción de amonestación privada impuesta […] en tanto reconoció, cesó y reparó parcialmente la violación al derecho a la libertad de expresión en perjuicio del señor […]. La Corte Suprema de Chile tomó en debida consideración los estándares desarrollados por este Tribunal en relación con los límites a las restricciones permitidas por el artículo 13 de la Convención para así garantizar adecuadamente la libertad de expresión […] al a) dejar sin efecto la sanción impuesta, y b) ordenar la eliminación de la misma de la hoja de vida de la presunta víctima” (párr. 94). “No obstante, este Tribunal advierte que la sanción se mantuvo en la hoja de vida del señor […] por más de 13 años, lo cual razonablemente afectó su carrera judicial. Al respecto, la Corte advierte que de acuerdo a la legislación chilena vigente al momento de los hechos la imposición de una ‘amonestación privada’ tiene como consecuencia que el o la jueza sancionada no pueda ser calificada en la lista ‘Sobresaliente’. La calificación de los jueces con base en la acumulación de puntos influye en la preferencia que se tiene en los nombramientos en propiedad, en la promoción de los jueces a cargos superiores, y en el nombramiento a plazas distintas […]. Este daño no ha sido reparado por el Estado de Chile. En consecuencia, la Corte advierte que no se ha subsanado totalmente la violación del derecho a la libertad de expresión del señor Urrutia Laubreaux” (párr. 95). 3. Debido proceso. Acusación. Sanciones disciplinarias. Derecho de defensa. Derecho a ser oído. Garantía de imparcialidad. “[L]as garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana hacen parte del elenco de garantías mínimas que debieron ser respetadas para adoptar una decisión que no fuera arbitraria y resultara ajustada al debido proceso […]. Adicionalmente, en casos de procesos disciplinarios en contra de jueces, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. En el caso Reverón Trujillo v. Venezuela, la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como ‘esencial para el ejercicio de la función judicial’” (párrs. 103-104). “El ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. De la independencia judicial derivan las siguientes garantías: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas” (párr. 105). “Respecto a la garantía contra presiones externas, la Corte ha señalado que el Estado debe abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes y adoptar acciones para evitar que tales injerencias sean cometidas por personas u órganos ajenos al poder judicial” (párr. 106). “Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se procederá a analizar: 1) el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, y 2) el derecho a contar con una autoridad disciplinaria imparcial y el derecho a la protección judicial” (párr. 111). “El derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación en materia penal contempla que debe realizarse una descripción material de la conducta imputada que contenga los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el acusado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan tanto en materia penal como en los otros órdenes señalados en el artículo 8.1 de la Convención, a pesar de que la exigencia en los otros órdenes puede ser de otra intensidad o naturaleza. Como parte de las garantías mínimas establecidas en el artículo 8.2 de la Convención, el derecho a contar con comunicación previa y detallada de la acusación se aplica. Ahora bien, cuando se trata de un proceso disciplinario sancionatorio el alcance de esta garantía puede ser entendido de manera diversa, pero en todo caso implica que se ponga en conocimiento del sujeto disciplinable cuales son las conductas infractoras del régimen disciplinario que se le imputan” (párr. 113). “Este Tribunal advierte que en ningún momento previo a la imposición de la sanción el señor […] fue informado del inicio de un proceso disciplinario en su contra, de las normas presuntamente infringidas ni se le brindó un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de dichas normas […]. Lo anterior tuvo como consecuencia que la presunta víctima no estuviera al tanto de que estaba siendo objeto de un proceso disciplinario, ni los hechos que se le imputaban. Esta falta de información constituyó una violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, contenida en el artículo 8.2.b) de la Convención Americana” (párr. 115). “El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial’. La garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. En este sentido, esta garantía implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia y que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario, consistente, por ejemplo, en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes. Por su parte, la denominada imparcialidad objetiva involucra la determinación de si la autoridad judicial cuestionada brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. La garantía de imparcialidad es aplicable a los procesos disciplinarios llevados a cabo en contra de jueces” (párr. 118). “[E]ste Tribunal considera que los ministros de la Corte Suprema que conocieron de la apelación no reunían elementos objetivos de imparcialidad para resolver sobre la misma” (párr. 124). 4. Principio de legalidad. Sanciones disciplinarias. Independencia. Discrecionalidad. Seguridad jurídica. “Con relación al principio de legalidad, la Corte ha señalado que también tiene vigencia en materia disciplinaria, no obstante, su alcance depende considerablemente de la materia regulada. La precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver. Del mismo modo, esta Corte expresó en el caso López Mendoza v. Venezuela que los problemas de indeterminación del tipo sancionatorio no generan, per se, una violación de la Convención, es decir, que el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma, siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad con el fin de brindar una adecuada protección para que una interferencia arbitraria no se produzca” (párrs. 129-130). “[E]l proceso disciplinario tuvo carácter sancionatorio, por lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, son aplicables las garantías del artículo 9 de la Convención. Adicionalmente, tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas, el cumplimiento con el principio de legalidad es aún más importante ya que constituye una garantía contra presiones externas a los jueces y, por ende, de su independencia” (párr. 131). “Este Tribunal considera que la Corte Suprema de Chile al sancionar al señor […] utilizando el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales [sobre la prohibición de ‘publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados] utilizó una norma que permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma en violación del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención” (párr. 135). “[N]ormas como la presente vulneran no solo el principio de legalidad sino también la independencia judicial. En efecto, independientemente de la imprecisión en la formulación legal de la norma de referencia, esta Corte no puede dejar de observar que la garantía para todo habitante, de ser juzgado por el juez ‘independiente’ del artículo 8.1 de la Convención, presupone la existencia de jueces ‘independientes’, es decir, que todo Estado respete la independencia judicial” (párr. 136). “Si bien es obvio que existen limitaciones inherentes a la función judicial en cuanto a sus manifestaciones públicas, en especial referidas a los casos sometidos a sus decisiones jurisdiccionales, no deben confundirse éstas con las que hacen a la crítica que pueda dirigir a los otros jueces y, menos aún, a la defensa pública de su propio desempeño funcional” (párr. 137). “Prohibir a los jueces la crítica del funcionamiento del Poder del Estado de que forman parte, que implica necesariamente la crítica a la conducta de otros jueces, o requerirle que para eso solicite la autorización del Presidente del máximo tribunal y, más aún, que deba actuar de la misma forma cuando se trata de defender su propia actuación judicial, implica una opción por un modelo de Poder Judicial jerarquizado en forma de corporación, en que los jueces carecen de independencia interna, con la tendencia a la subordinación incondicional a la autoridad de sus propios órganos colegiados, lo que si bien formalmente puede pretenderse limitado al ámbito disciplinario, en la práctica redunda, por temor inherente a este poder, en un sometimiento a la jurisprudencia llamada ‘superior’ y paraliza la dinámica interpretativa en la aplicación del derecho” (párr. 138). “[E]l artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención. Dicho deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades u obstaculicen su ejercicio. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías” (párr. 139). “La Corte advierte que en virtud del artículo 2 de la Convención, el Estado estaba obligado a suprimir las normas que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por tanto, existió una omisión del Estado al mantener vigente dicha norma. Esta omisión conllevó a una violación del artículo 2 de la Convención y afectó la seguridad jurídica y los derechos de la presunta víctima al momento de determinarse la sanción” (párr. 140).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; INDEPENDENCIA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; SANCIONES DISCIPLINARIAS; DEBIDO PROCESO; ACUSACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO A SER OIDO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DISCRECIONALIDAD; SEGURIDAD JURÍDICA;
Munteanu v. MoldaviaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Moldavia era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) y 14 (igualdad y no discriminación), leído en relación al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Violencia de género. Violencia familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la vida privada y familiar. Responsabilidad del Estado. Medidas de acción positiva. “[L]os malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad para que entren en el ámbito de protección del artículo 3. La valoración de este nivel mínimo es relativa ya que depende de las circunstancias del caso, la naturaleza y contexto del tratamiento en cuestión, su duración, sus efectos físicos y psicológicos y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima…” (cfr. párr. 60). “Una vez que se ha demostrado que el tratamiento alcanzó el umbral de gravedad exigido por el artículo 3 del Convenio, el Tribunal debe examinar si las autoridades estatales han cumplido con sus obligaciones positivas en virtud del artículo 1 del mismo instrumento, leído en conjunto con el artículo 3, a fin de garantizar que las personas dentro de su jurisdicción estén protegidas contra cualquier forma de malos tratos, incluso cuando dicho trato sea ejecutado por particulares” (cfr. párr. 61). “Estas obligaciones positivas, que se encuentran interrelacionadas, incluyen: a) la obligación de establecer y aplicar en la práctica un marco jurídico adecuado que brinde protección contra los malos tratos por parte de particulares; b) la obligación de adoptar aquellas medidas razonables que cabría esperar con el fin de evitar un riesgo real e inmediato de maltrato del que las autoridades sabían o deberían haber sabido; y c) la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva cuando se ha planteado una denuncia discutible de malos tratos” (cfr. párr. 62). “La injerencia de las autoridades en la vida privada y familiar puede resultar necesaria para proteger la salud y los derechos de una persona o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias […]. Esto requiere que los Estados mantengan y apliquen en la práctica un marco legal adecuado que brinde protección contra actos de violencia por parte de particulares” (cfr. párr. 63). “Algunas de las lesiones [de la peticionaria] fueron bastante graves, como una herida de arma blanca y una fractura de mandíbula […], mientras que otras fueron causadas con tanta frecuencia que representan, a juicio del Tribunal, un maltrato sistemático que fue interrumpido únicamente mientras IM estaba en prisión. Además, el temor a nuevas agresiones era lo suficientemente grave como para hacer que la peticionaria experimentara un sufrimiento y ansiedad equivalentes a un trato inhumano en el sentido del artículo 3 del Convenio. De la misma forma, es evidente que el menor no sólo sufrió como resultado de presenciar la violencia contra su madre, sino que también fue agredido físicamente por su padre […]. En tales circunstancias, la Corte considera que el artículo 3 del Convenio es aplicable al presente caso. Por lo tanto, debe determinar si la actuación de las autoridades en respuesta a las denuncias de los peticionarios cumplió con los requisitos de dicha disposición” (cfr. párr. 64-67). 2. Medidas de acción positiva. Debida diligencia. Responsabilidad del Estado. Denuncia. Medidas de seguridad. Igualdad. No discriminación. Actos discriminatorios. “[L]as obligaciones positivas de los Estados en virtud del artículo 3 incluyen, por un lado, el establecimiento de un marco legislativo destinado a prevenir y sancionar los malos tratos por parte de particulares y, por otro, cuando exista conocimiento de un riesgo inminente de malos tratos sobre una persona o cuando ya se hayan producido, aplicar las leyes pertinentes en la práctica, con el fin de proteger a las víctimas y sancionar a los responsables” (cfr. párr. 68). “[L]as autoridades estatales tienen la responsabilidad de tomar medidas de protección en forma de disuasión efectiva frente a violaciones graves a la integridad personal de una persona por parte de un miembro de su familia o de una pareja […]. La interferencia de las autoridades en la vida privada y familiar puede resultar necesaria para proteger la salud y los derechos de la víctima o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias […]. Se debe evaluar el riesgo de una amenaza real e inmediata, teniendo debidamente en cuenta el contexto particular de la violencia doméstica. En tal situación, no se trata solo de la obligación de brindar protección general a la sociedad, sino de tener en cuenta la recurrencia de sucesivos episodios de violencia dentro de la familia […]. En muchos casos, la Corte encontró que incluso cuando las autoridades no permanecieron totalmente pasivas, no llegaron a cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 3 del Convenio, debido a que las medidas adoptadas no impidieron que el abusador perpetrara más violencia contra la víctima” (cfr. párr. 70). “Es evidente que a pesar de las numerosas denuncias y órdenes de protección adoptadas, las autoridades hicieron muy poco para proteger eficazmente a los peticionarios sobre el riesgo constante de violencia, como se hizo más evidente después de cada caso de malos tratos e incumplimiento de las órdenes de protección […]. La multa impuesta por violar una de las órdenes de protección […] no tuvo ningún efecto en su comportamiento. Lo anterior es suficiente para que la Corte concluya que las autoridades no cumplieron adecuadamente con su obligación positiva de prevenir la amenaza real e inmediata de violencia doméstica contra los peticionarios” (cfr. párr. 73-74). “[L]a violencia intrafamiliar afecta principalmente a las mujeres; además, la actitud generalizada de las autoridades locales genera un ambiente propicio para la violencia doméstica, tanto en la forma en que se trata a las mujeres en las comisarías cuando denuncian violencia intrafamiliar como la pasividad judicial para brindar protección efectiva a las víctimas […]. En consecuencia, que el Estado no proteja a las mujeres de la violencia doméstica viola su derecho a la protección igualitaria de la ley ya que este incumplimiento no necesita ser intencional” (cfr. párr. 80). “[L]a combinación de los factores anteriores demuestra claramente que las acciones de las autoridades no fueron una simple falla o retraso en el tratamiento de la violencia contra la peticionaria sino la condonación de esa violencia, lo que refleja una actitud discriminatoria hacia ella como mujer” (cfr. párr. 82).
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; DEBIDA DILIGENCIA; DENUNCIA; MEDIDAS DE SEGURIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACTOS DISCRIMINATORIOS;
Resolución Nº 4/2020. Derechos Humanos de las personas con COVID-19Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1. Emergencia Sanitaria. Responsabilidad del Estado. Derecho a la Salud. Asistencia médica. Tratamiento médico. Principio de dignidad humana. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Derecho a la vida.
“Los Estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19, inclusive mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario, que reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de todos los poderes públicos de los Estados” (párr. 1).
“La finalidad principal de toda atención o servicio de salud y cuidado dirigido a personas con COVID-19 es la protección de la vida, la salud, tanto física como mental, la optimización de su bienestar de forma integral, el no abandono, el respeto de la dignidad como ser humano y su autodeterminación haciendo uso del máximo de los recursos disponibles, para el mejor cuidado y tratamiento posible. En ningún caso las personas deben ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al existir una prohibición absoluta e inderogable al respecto” (párr. 2).
“Para dar una primera respuesta adecuada, los centros de salud de atención primaria, como espacios de relevancia de contacto sanitario, deben contar con los elementos esenciales incluyendo provisión de información, prevención, atención y tratamiento médico esencial…” (párr. 9).  
“Los Estados deben garantizar la provisión de tratamiento intensivo y prestaciones médicas de hospitalización para las personas con COVID-19 en situaciones de urgencia médica donde se encuentre en riesgo la vida si no se da el soporte vital requerido […]. Con el fin de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos a la vida y a la salud de las personas con COVID-19, los Estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad, en condiciones de igualdad, respecto de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar tales derechos en el contexto de pandemia” (párr. 10-11).
“Para la protección del derecho a la salud de las personas con COVID-19 es necesario reconocer y garantizar el derecho a recibir una prestación adecuada de los servicios de salud mediante un marco normativo y protocolos de atención y tratamiento con parámetros claros de atención” (párr. 18).
“Para la protección del derecho a la vida y al tratamiento de las personas con COVID-19, los mecanismos de cooperación entre los Estados requieren que los mismos destinen esfuerzos prioritarios para la investigación científica; en particular, aquellas investigaciones relativas a las secuencias genéticas y mutaciones del SARS-COV-2, a las vacunas y medicamentos para su tratamiento, el desarrollo de equipo de protección personal, así como el constante flujo de información con respeto a los estándares de la bioética pertinentes en la materia” (párr. 28).  
2. Vulnerabilidad. Igualdad. No discriminación. Arbitrariedad. Principio de proporcionalidad. Género. Pueblos indígenas. Afrodescendientes. Adultos mayores. Personas privadas de libertad, Personas con discapacidad. Migrantes. LGBTIQ, Niñas, niños y adolescentes.
“Para la implementación de acciones diferenciadas en el acceso oportuno a servicios y bienes de salud de las personas con COVID-19 en situación de pobreza, especialmente en asentamientos informales o en situación de calle, como en otras condiciones de exposición a la extrema vulnerabilidad o exclusión, los Estados deben garantizar la gratuidad del diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación” (párr. 15).  
“Los Estados deben dirigir esfuerzos para la más amplia cobertura posible a nivel geográfico, tomando en cuenta las particularidades de cada zona. En cuanto a las personas con COVID19 con riesgo a la vida y amenazas serias a su salud que viven en zonas rurales o lugares alejados, y con mayores obstáculos de acceso a servicios especializados, como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes tribales, deben generarse acciones específicas para identificarlas y construir estrategias de asistencia en transporte, alojamiento y acceso esencial al agua y a la alimentación” (párr. 16).   
“En el tratamiento y atención de las personas indígenas con COVID-19, debe tomarse en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta sus cuidados preventivos, sus prácticas curativas y sus medicinas tradicionales. Del mismo modo, los Estados deben asegurar un adecuado enfoque intercultural en el tratamiento y atención de las comunidades afrodescendientes tribales” (párr. 17).
“Para proteger a las personas con COVID-19, los Estados deben guiar las medidas que adopten bajo los principios de igualdad y no discriminación de conformidad con los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos” (párr. 3).
“Las decisiones relativas a la salud y cuidado de las personas con COVID-19, deben adoptarse e implementarse sin ningún tipo de discriminación arbitraria basado en alguno de los motivos reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos; esto debe ser particularmente considerado respecto a ciertos colectivos, como las personas mayores o las personas con discapacidad. Una diferencia de trato es contraria al derecho internacional cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Ello es aplicable, incluso en el tratamiento médico respecto de las personas que tienen condiciones médicas o enfermedades que hayan sido ocasionadas o se vean agravadas por la propia afectación por el virus” (párr. 23).  
“Para superar el estigma social asociado con COVID-19 y posibles comportamientos discriminatorios hacia personas que se perciben hayan estado en contacto con el virus, se deben adoptar de forma inmediata medidas que tengan en cuenta las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad, además de enfoques diferenciados, que hacen visibles los riesgos agravados sobre los derechos humanos contra personas, grupos y colectividades en especial situación de vulnerabilidad y exclusión histórica en el hemisferio, tales como personas en situación de pobreza o de calle, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, comunidades tribales, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, refugiadas y otras en situación de movilidad humana, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, y mujeres, teniendo especialmente en cuenta a aquellas que estén embarazadas o sean víctimas de violencia de género” (párr. 24).    
3. Consentimiento informado. Derecho a la información. Consulta previa. Derecho a la privacidad. Tratamiento médico. Niños, niñas y adolescentes.
“Cualquier tipo de tratamiento médico de las personas con COVID-19 debe recabar el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas. Cuando esté comprobado que su condición de salud no se lo permita, es necesario contar con el consentimiento de sus familiares o representantes. Dicha regla sólo admite como excepción una situación de urgencia donde se encuentre en inminente riesgo la vida y le resulte imposible a la persona con COVID-19 adoptar una decisión en relación con su salud. La urgencia o emergencia se refiere a la inminencia de un riesgo y, por ende, a una situación en que la intervención es necesaria ya que no puede ser pospuesta, excluyendo aquellos casos en los que se puede esperar para obtener el consentimiento. Respecto de niños, niñas o adolescentes con COVID-19 deberán ser consultados y su opinión debe ser debidamente considerada por sus familiares, responsables y por el equipo de salud” (párr. 19).  
“Toda persona con COVID-19 tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos les suministren información oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismos, y fidedigna, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades específicas. Cualquier investigación en seres humanos relacionada con COVID-19 debe recabar el consentimiento previo, libre e informado de la persona. Toda persona tiene el derecho a negarse a participar en la investigación y a retirar su consentimiento en cualquier momento” (párr. 20-21).  
“Para el adecuado ejercicio de los derechos de las personas con COVID-19, los Estados tienen la obligación positiva de informar de manera proactiva a las personas sobre sus derechos frente a los prestadores de salud, así como los mecanismos de protección existentes. Esto también incluye la obligación de facilitar el conocimiento y acceso a información culturalmente adecuada y particularmente accesible a los distintos grupos de población sobre medidas de prevención y de atención de salud en este contexto. El derecho de acceso a la información de las personas afectadas comprende la información sobre su historia clínica, la etiología, la sintomatología, las formas de transmisión, y posibles tratamientos, entre otros aspectos” (párr. 32-33).  
“En el desarrollo de aplicaciones de geolocalización y de alerta a la exposición al COVID-19, los Estados deben controlar que los actores públicos o privados que presten este servicio recaben el consentimiento informado de las personas con COVID-19 cuyos datos personales sean incorporados a los mismos […]. [D]eberán realizar una evaluación previa y pública del impacto que tienen en la privacidad de las personas afectadas por el virus las aplicaciones tecnológicas y herramientas de georreferenciación que se proyecten desarrollar para preservar la salud, a los efectos de justificar de forma fundada el beneficio de esas herramientas frente a otras alternativas que afecten en menor medida la privacidad” (párr. 34-35).  
“El almacenamiento de datos de las personas con COVID-19 debe estar limitado al fin legítimo y limitado de contener y revertir la pandemia, por el tiempo estrictamente necesario y estarán desvinculados de la identidad y otros aspectos personalísimos” (párr. 36).  
4. DESC.  Trabajo. Despido. Derecho a la alimentación. Aguas. Desalojo. Vivienda. Educación.
“Las personas con COVID-19 deben ser protegidas contra el despido injustificado, tanto en el ámbito público como en el privado, como garantía de la estabilidad laboral, lo que incluye medidas especiales dirigidas a proteger los derechos y condiciones derivados de la misma” (párr. 42).  
“Los Estados deben asegurar prioritariamente el suministro de agua y alimentos en cantidades adecuadas a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema con COVID-19, especialmente las que no tengan acceso al agua, ni a la adquisición de víveres de primera necesidad. Asimismo, se recomienda prever la adecuación de espacios temporales dignos para el aislamiento o cuidado de las personas con COVID-19 que lo requieran, particularmente aquellas en situación de pobreza, viviendo en la calle o en asentamientos informales o precarios. Entre otras medidas, también pueden implementar la suspensión de desalojos, de pagos de renta o hipotecas, o cualquier alivio para que las personas con COVID-19 puedan cumplir con las disposiciones sanitarias que correspondan” (párr. 43).  
“Para el goce pleno del derecho a la educación de las personas con COVID-19, bien por sufrir la enfermedad directamente o en el núcleo de sus familias, los Estados deben prever dentro de los diferentes niveles de sus sistemas educativos, la implementación de medidas que mitiguen la posible interrupción de los estudios y se enfoquen en la reducción del abandono de los mismos. Así como atenuar otras consecuencias derivadas directamente de la pandemia, tomando especialmente en consideración el papel de la escuela en los entornos más vulnerables, como proveedora de higiene, salud o alimentos” (párr. 44).  
5. Acceso a la justicia. Debida diligencia. Plazo razonable.
“Para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas con COVID-19 deben asegurarse recursos dirigidos a investigar de manera seria, oportuna y diligente las afectaciones a sus derechos, que incluyen irregularidades en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación médica recibida, atención médica en instituciones sin la debida habilitación o no aptas en razón de su infraestructura o higiene, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades” (párr. 45).   
“Para investigar en forma diligente las violaciones de derechos de las personas con COVID-19, se deben realizar todas las diligencias indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación, tales como el debido registro y cuidado del historial clínico, la autopsia y los análisis de restos humanos. Estas actividades deben realizarse de forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” (párr. 46).   
“Los procesos relacionados con denuncias de afectaciones a los derechos de las personas con COVID-19 así como la ejecución de las sanciones deben ser decididos en un plazo razonable. Cuando lo que se encuentra en juego en el proceso judicial es de crucial importancia para salvaguardar los derechos de la persona afectada, los Estados deben actuar con celeridad y diligencia excepcional, aun cuando este tipo de casos pueda significar cierto nivel de complejidad” (párr. 47).   
“Para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables se debe hacer uso de todas las vías disponibles; la falta de determinación de responsabilidad penal, no debe impedir la investigación de otros tipos de responsabilidades y determinación de sanciones, tales como las administrativas o disciplinarias” (párr. 48).  
EMERGENCIA SANITARIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; TRATAMIENTO MÉDICO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; GÉNERO; PUEBLOS INDÍGENAS; AFRODESCENDIENTES; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; MIGRANTES; LGBTIQ; CONSENTIMIENTO INFORMADO; DERECHO A LA INFORMACIÓN; CONSULTA PREVIA; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DESC; TRABAJO; DESPIDO; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; AGUAS; DESALOJO; VIVIENDA; EDUCACIÓN; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Valle Ambrosio y otro v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación del artículo 8.2.h (derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Debido proceso. Recursos. Revisión judicial. Arbitrariedad. Cuestiones de hecho. Recurso de casación.   
“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante al alcance y contenido del artículo 8.2.h de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]’. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal” (párr. 42).
“[E]l artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz, es decir, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes, y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (párr. 43).
“[E]l artículo 468 del CPPC, encargado de regular los motivos para poder interponer el recurso de casación, solo habilitaba dos supuestos específicos en los que éste procedía, a saber: (i) la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva y (ii) la inobservancia de las normas contenidas en el propio CPPC bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad. La Corte observa […] que tal y como se encontraba regulado el recurso de casación, de la literalidad de las normas no era posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias por un tribunal superior, tal y como sucedió en el presente caso” (párr. 54).
DEBIDO PROCESO; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; ARBITRARIEDAD; CUESTIONES DE HECHO; RECURSO DE CASACIÓN;
La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)
1. Emergencia sanitaria. Violencia de género. Violencia sexual. Niños, niñas y adolescentes. Violencia familiar. Acceso a la justicia. Denuncia. Debida diligencia. Medidas de acción positiva. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Migrantes. Personas con discapacidad. LGBTIQ. Derecho a la salud. Personas privadas de la libertad. Derecho a la información. Capítulo I. Patrones de violencia acentuados por el COVID-19: “La región americana ha visto un incremento sustancial en noticias relativas a la muerte violenta de mujeres […], de llamadas a los servicios de auxilio […], de denuncias de violencia sexual contra niñas […], de embarazos en niñas menores de 14 años […], de limitaciones a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres […], en el marco de una ya limitada capacidad de los Estados para abordar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones”. “[A]lgunos de estos patrones obedecen a un aumento de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, frente al aumento de la vulnerabilidad al convivir con los agresores. Sin embargo, también se han generado otros elementos relevantes como la ausencia de espacios colectivos como la escuela, el trabajo o los centros de cuidados para adultos y adultas mayores, que afecta, de manera directa, las herramientas con las que cuentan las niñas y las mujeres adultas, así como las mujeres con discapacidad para la detección de casos de violencia o la recepción de información para enfrentarla y denunciarla. De otro lado, una cultura instalada que percibe las situaciones de pareja o expareja como algo privado podría estar generando un aislamiento mayor y una ausencia generalizada de mecanismos de apoyo, acompañamiento y rescate a mujeres que ya estaban en riesgo de violencia”. Capítulo II. Medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas: “En este marco, se presentan algunas propuestas de medidas que pueden implementarse para la prevención y atención inmediata de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas que se están acentuando a partir de la pandemia, enfocadas en los siguientes rubros: a) políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres; b) acceso a la justicia; c) fortalecimiento institucional […]”. “a) Políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres Para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia, es necesario que los Estados también lleven a cabo acciones específicas que se centren en el aumento de la violencia provocada por las medidas implementadas para reducir el contagio del COVID-19. Algunos ejemplos de este tipo de medidas son los siguientes: • Aumentar la capacidad de los albergues y refugios existentes, con las debidas garantías sanitarias. Declarar[los] como servicios esenciales […] y establecer medidas administrativas y judiciales que permitan separar a los agresores del hogar con las debidas garantías de protección para las mujeres y las niñas […]. • Establecer casas de acogida para mujeres y niñas migrantes que no pueden movilizarse y no tienen opciones de espacios seguros durante las cuarentenas. • Generar equipos de reacción inmediata para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género, con posibilidades reales de proteger a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia. • Generar un mecanismo especial dentro de la policía y/o fiscalía de delitos informáticos para identificar los casos de explotación sexual en línea y otros tipos de violencia en línea contra las mujeres, acrecentados con motivo de las cuarentenas. • Proteger la privacidad e integridad de las niñas y niños en relación con las clases en línea a través de plataformas seguras. Estas aulas virtuales deben contar con canales de denuncia de violencia en línea que sean atendidas de manera inmediata. • Crear mecanismos de alerta de género que identifiquen contextos de violencia y generen medidas de respuesta inmediata y focalizada. • Mejorar capacidad de acceso a la telefonía inteligente y a la mensajería silenciosa para acceder a información y generar mecanismos de protección a las mujeres que viven violencia, para asegurar el acceso a medidas como: botones de pánico, activación de micrófono, geolocalización, así como cualquier otra medida que asegure su protección. • Declarar las líneas de atención a la violencia y centros de respuesta psicológica, psicosocial y jurídica existentes como servicios indispensables y reforzarlos, priorizando la atención en línea y por teléfono. • Garantizar la movilización de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares y dispensar la necesidad de autorización especial y pago de multas para esos casos. • Realizar inspección directa o indirecta a las casas de las mujeres y las niñas sobre las que se tengan antecedentes de violencia. • Asegurar la atención de emergencia para casos de violencia sexual y prevención de embarazo. • Asegurar acceso a la información sobre consejería y servicios relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la provisión de anticonceptivos modernos de corta y larga duración, incluida la anticoncepción de emergencia. Del mismo modo, garantizar que todas las mujeres tengan acceso al parto sin riesgos y a la atención prenatal y posnatal, durante la pandemia. • Facilitar y difundir estratégicamente los diferentes medios para denunciar la violencia de género, como mensajes de texto, páginas de Internet o estrategias en las farmacias, supermercados o cualquier otro establecimiento a los que sí se pueda acceder en caso de cuarentena, así como cualquier otro medio que no ponga en riesgo a la mujer al ser vista o escuchada por sus victimarios y que sea accesible para toda la población tomando en cuenta toda la diversidad de las mujeres y las niñas. • Informar estratégicamente sobre las medidas que se están tomando y la forma en que se están implementando, incluyendo información clara en el idioma oficial y lenguas indígenas, lengua de señas, braille, así como hacerlos disponibles por escrito en formatos como Word o PDF, además de incluir descripción por escrito junto con toda comunicación gráfica, de tal manera que las mujeres conozcan las posibles puertas de salida a la violencia a las que se enfrentan […]. • Fortalecer los observatorios de igualdad y equidad de género para contar con información oportuna que permita prevenir y atender a tiempo la violencia contra las mujeres y las niñas […]. • Publicar guías de recomendaciones fáciles de implementar para las mujeres en situación de violencia durante la cuarentena y las personas que forman parte de sus comunidades, de tal forma que toda la sociedad pueda involucrarse en la prevención de la violencia de género”. “b) Políticas públicas para el acceso a la justicia [R]esulta fundamental que la justicia resulte accesible para las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito formal y material. El acceso formal concierne a la operatividad de los tribunales y el alcance de sus ámbitos de competencia en contextos de restricciones en su funcionamiento debido a la pandemia, mientras el ámbito material concierne a la cercanía de estos servicios legales para todas las mujeres afectadas. En cuanto al ámbito formal, si bien no se cuenta con información sobre casos en que los derechos a un debido proceso y a un recurso efectivo se hayan suspendido, lo cierto es que los distintos poderes judiciales han adoptado medidas para limitar su funcionamiento bajo esquemas que limitan sus operaciones a ‘funciones esenciales’ o que permiten dar trámite únicamente a ‘casos urgentes’. Esta situación podría poner en riesgo el acceso a la justicia para mujeres y niñas. En este sentido, se proponen las siguientes medidas para mitigar el impacto de las medidas tomadas por los poderes judiciales de la región, en el marco de la pandemia del COVID-19: • Extender automáticamente las medidas de protección otorgadas a las mujeres y niñas víctimas de violencia durante las cuarentenas sin que deba primar procedimiento alguno. • Hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para generar, difundir e implementar masivamente herramientas que permitan el acceso remoto a los órganos de procuración e impartición de justicia […]. • Modificar o interpretar requisitos procesales en aras de facilitar notificaciones y la realización y desahogo de actuaciones judiciales, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico y redes sociales, así como mediante la utilización de videoconferencias. • Se debe implementar el uso de las nuevas tecnologías para recibir las denuncias, como WhatsApp, Facebook e Instagram, y otras aplicaciones en línea para garantizar medidas de protección, así como la generación de comisarías virtuales. • Implementar medidas como buzones o ventanillas en los tribunales y en puntos estratégicos como supermercados o farmacias para la presentación de denuncias sin necesidad de que se tenga contacto físico con servidoras y servidores públicos, así como una línea telefónica gratuita para el seguimiento de los casos, para quienes no tengan acceso a herramientas tecnológicas para la actuación remota. • Facilitar mecanismos virtuales para la evaluación del riesgo de mujeres y niñas que viven violencia, y a través de estas herramientas determinar el grado de inseguridad o de riesgo que tiene la sobreviviente de padecer más violencia en el futuro. • Facilitar información y flexibilizar procedimientos para el uso de pruebas no tradicionales para los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, como grabaciones en celulares, fotografías de las consecuencias de la violencia, llamadas a las líneas de contención emocional o de emergencia, entre otras. • Asegurar la continuidad operativa de las defensorías y cualesquiera instancias de orientación, asesoría y representación jurídica para mujeres y niñas, particularmente quienes sufran casos de violencia, incluso mediante esquemas de actuación a distancia. • Revisar y, en su caso, ampliar los catálogos de casos que sean susceptibles de trámite judicial para atender a mujeres y niñas. En este sentido, es importante no excluir del catálogo de asuntos urgentes los asuntos en materia familiar pues mucha de la violencia directa o indirecta que se está incrementando en este momento se encuentra normada en los códigos civiles u otras normas referentes a la familia. Por ejemplo, el dictado, ejecución y supervisión de algunas medidas de protección, o la obtención de pensiones alimenticias o compensatorias, y otras garantías de protección de derechos como el acceso a la salud y a la seguridad social. • Atender que, en cuanto al ámbito penal, pese a que múltiples casos catalogados como urgentes son de esa naturaleza, hay indicios de que la atención se centra en el procesamiento de nuevos casos. Los expedientes abiertos con anterioridad (incluidos los de medidas de protección a mujeres y niñas) se encuentran en impunidad por falta de seguimiento por motivo de la pandemia, lo que genera un mensaje de permisibilidad y un riesgo de exposición de las víctimas frente a sus agresores. • Valorar la posibilidad de implementar beneficios preliberacionales, medidas sustitutivas de prisión y un uso restrictivo de la prisión preventiva que permitan que las mujeres, especialmente quienes no estén siendo procesadas o no hayan sido condenadas por delitos graves, así como para quienes estén en una situación especial de vulnerabilidad o que se encuentren junto con sus hijas e hijos pequeños dentro de la prisión. • Evitar que las personas encarceladas por violencia de género obtengan libertad condicionada por motivo de la pandemia”. “c) Políticas públicas para el fortalecimiento institucional Para implementar adecuadamente las medidas para prevenir, atender y sancionar efectivamente la violencia contra las mujeres y las niñas ante la pandemia, es necesario que los Estados fortalezcan su institucionalidad y su capacidad de respuesta rápida ante la crisis. Para ello, es necesario que se implementen medidas como las siguientes: • Incluir a las expertas y autoridades encargadas de las políticas nacionales en materia de violencia contra las mujeres en los gabinetes que gestionan la crisis actual y la post crisis relacionada con la pandemia. • Generar desde el gabinete o consejo conformado para atender la crisis, una política de Estado que derive en un plan de contingencia integral para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres con medidas concretas […]. • Involucrar a las organizaciones de sociedad civil especializadas que representan a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad a participar de las decisiones gubernamentales y de política pública, para que estas cuenten con perspectiva de género y de derechos humanos y con una perspectiva intersectorial que permita visualizar y atender a las mujeres con discapacidad, embarazadas, en situación de exclusión o precariedad, privadas de libertad, migrantes, LGBTI, víctimas de trata, trabajadoras domésticas, entre otras. Asimismo, financiar el trabajo de las organizaciones de sociedad civil que den atención a mujeres víctimas de violencia. • Mantener fortalecidas todas las áreas administrativas y judiciales que atienden la violencia contra las mujeres, con todos los recursos humanos, materiales y económicos necesarios, y que se les permita adecuar, de manera inmediata, sus procedimientos a las características de la pandemia para asegurar la prevención, atención, investigación y sanción de los actos que violen los derechos humanos de las mujeres y las niñas. • Implementar las medidas de forma articulada y bajo protocolos establecidos con todas las autoridades relevantes tales como poder judicial, defensorías del pueblo, ombudsperson, procuradurías de derechos humanos, ministerios del trabajo, áreas encargadas de grupos vulnerables, programas sociales, económicos y financieros, la fuerza policial, y demás áreas de administración de justicia. • Ejecutar las medidas acordadas asegurando que su implementación alcance a todos los sectores de la población y zonas del país, a través de enlaces territoriales que aseguren la implementación en todas las localidades de los países y no solo a nivel nacional […]. • Promover acuerdos con actores sociales relevantes como empresas privadas, medios de comunicación, fundaciones, organizaciones sociales, entre otras, para fomentar la cooperación en las medidas planteadas para disminuir la violencia contra las mujeres…”.
EMERGENCIA SANITARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA FAMILIAR; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; MIGRANTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; LGBTIQ; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DENUNCIA; DEBIDA DILIGENCIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
S.M. v. CroaciaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Croacia era responsable por la violación del artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado) del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su faz procesal.
1. Trata de personas. Prostitución. Explotación sexual. Trabajo esclavo.
“[E]l concepto de trata de personas abarca la trata de seres humanos, sea nacional o trasnacional, esté vinculada o no al crimen organizado, en tanto los elementos constitutivos de la definición internacional de trata de personas estén presentes, según la Convención contra la Trata de Personas y el Protocolo de Palermo” (cfr. párr. 296).
“[L]a noción de ‘trabajo forzoso’ bajo el artículo 4 del Convenio busca proteger contra supuestos de explotación grave tales como la prostitución forzada, con independencia de si, en las circunstancias particulares del caso, están vinculados a un contexto específico de trata de personas” (cfr. párr. 300).
“[E]l elemento de ‘fuerza’ puede englobar formas sutiles de coerción identificadas en la jurisprudencia del Tribunal […] así como aquellas identificadas por la OIT y en otros instrumentos internacionales” (cfr. párr. 301).
2. Trata de personas. Debido proceso. Proceso penal. Prevención e investigación. Prueba. Víctima. Responsabilidad del Estado.
“El marco general de obligaciones positivas que surgen del artículo 4 incluye: (i) el deber de poner en marcha un marco legislativo y administrativo para prohibir y sancionar la trata de personas; (ii) el deber de adoptar medidas operativas para proteger a las víctimas o potenciales víctimas de trata, en determinadas circunstancias; y (iii) una obligación de procedimiento de investigar las situaciones de potencial trata de personas” (cfr. párr. 306).
“Estas obligaciones de procedimiento refieren, ante todo, al deber de las autoridades de iniciar y conducir una investigación efectiva […]. [E]sto implica iniciar y conducir una investigación capaz de llevar a la determinación de los hechos, a la identificación y –en su caso– sanción de los responsables” (cfr. párr. 313).
“[C]onforme su obligación de procedimiento, las autoridades deben actuar de oficio una vez que el caso ha llegado a su conocimiento. En particular, no pueden dejar la responsabilidad de conducir la investigación a la iniciativa de la víctima” (cfr. párr. 314).
“[L]as autoridades deben adoptar todas las medidas razonables que sean posibles para recolectar evidencia y esclarecer las circunstancias del caso. En particular, las conclusiones de la investigación deben basarse en un análisis exhaustivo, objetivo e imparcial de todos los elementos relevantes. El hecho de no seguir una línea evidente de investigación socava en gran medida la posibilidad de determinar las circunstancias del caso y de identificar a los responsables” (cfr. párr. 316).
“Existe un riesgo al depender de manera exclusiva del testimonio de la víctima, que lleva a la necesidad de clarificar y –de ser apropiado– sustentar las declaraciones de la víctima con otros medios de prueba” (cfr. párr. 344).
“[L]as múltiples deficiencias en la conducción del caso por parte de la fiscalía socavaron de manera fundamental la posibilidad de las autoridades locales –incluidos los tribunales intervinientes– de determinar la verdadera naturaleza del vínculo entre la peticionaria y el acusado, y si había sido explotada por él tal como alegó” (cfr. párr. 345).
TRATA DE PERSONAS; PROSTITUCIÓN; EXPLOTACIÓN SEXUAL; TRABAJO ESCLAVO; DEBIDO PROCESO; PROCESO PENAL; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; PRUEBA; VICTIMA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Guzmán Albarracín y otras v. EcuadorCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal) y 11 (derecho a la protección de la honra y de la dignidad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la misma manera, del artículo 13 del Protocolo de San Salvador (derecho a la educación), en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (respetar y garantizar los derechos sin discriminación) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, también fue declarado responsable por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos, conforme con los artículos 7.a, 7.b y 7.c de la Convención de Belém do Pará. También se consideró a Ecuador como responsable por la violación del artículo 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la madre y hermana de la víctima. 1. Educación. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Abuso de autoridad. Vulnerabilidad. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. “[U]na educación que se imparta vulnerando derechos humanos no permite cumplir los cometidos señalados, resulta frontalmente contraria a los mismos y, por ende, violatoria del derecho a la educación. Los Estados deben adoptar acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo de niñas y niños. En el cumplimiento de estos deberes, es preciso que los Estados tengan en consideración la gravedad y las especificidades que presentan la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, todas las cuales son una forma de discriminación. Las niñas y niños, tienen, entonces, derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Por otra parte, como indicó el Comité DESC, la educación debe ser ‘accesible’ a todas las personas, ‘especialmente a [quienes integran] los grupos m[á]s vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos’. Dicho Comité resaltó también que la prohibición de discriminación en la educación ‘se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente’” (párr. 118). “Dado lo anterior, los Estados deben `adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia y abuso, incluidos los abusos sexuales, […] en las escuelas por el personal docente’, que goza, por su condición de tal, de una situación de autoridad y confianza respecto de estudiantes e incluso de sus familiares. Debe tenerse en cuenta, al respecto, la particular vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, considerando que ellas `con frecuencia están expuestas a abuso sexual por parte de […] hombres mayores’. En relación con lo expuesto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados tienen la `obligación estricta’ de adoptar todas las medidas apropiadas para tratar la violencia contra niños y niñas. La obligación `se refiere a una amplia variedad de medidas que abarcan todos los sectores públicos y deben aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir toda forma de violencia’, incluso mediante la aplicación de sanciones efectivas por su realización’” (párr. 119). “[L]a vinculación sexual fue obtenida por el aprovechamiento de la relación de poder y confianza […]. En este marco, estereotipos de géneros perjudiciales, tendientes a culpabilizar a la víctima, facilitaron el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la relación de confianza, para naturalizar actos que resultaron indebidos y contrarios a los derechos de la adolescente” (párr. 131). “[E]l derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación y, como ha señalado el Comité DESC, `entraña un derecho a una educación sobre la sexualidad y la reproducción que sea integral, que no sea discriminatoria, que esté basada en pruebas, que sea científicamente rigurosa y que sea adecuada en función de la edad’. Una obligación estatal relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva es brindar ‘educación e información integrales’, teniendo en cuenta `las capacidades evolutivas de los niños y los adolescentes’. Dicha educación debe ser apta para posibilitar a las niñas y los niños un adecuado entendimiento de las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consentimiento para tales vínculos y el ejercicio de las libertades respecto a sus derechos sexuales y reproductivos” (párr. 139). 2. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida privada y familiar. Violencia sexual. Debida diligencia. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará). “Los derechos a la integridad personal y a la vida privada, receptados en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, conllevan libertades, entre las que se encuentra la libertad sexual y el control del propio cuerpo, que pueden ser ejercidas por personas adolescentes en la medida en que desarrollan la capacidad y madurez para hacerlo” (párr. 109). “La Corte, teniendo en cuenta las disposiciones mencionadas [artículos 1, 2, 6 y 7 de la Convención de Belém do Pará], ha explicado que la ‘violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer’, que se relaciona con la `manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres’. Los deberes establecidos en la Convención de Belém do Pará complementan y especifican las obligaciones establecidas en la Convención Americana para cumplir los derechos establecidos en éste tratado. Al respecto, el Tribunal ha establecido que `los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres’, lo que incluye `contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias’. El carácter `integral’ de la estrategia de prevención refiere a que la misma contemple la `prevén[ción de] los factores de riesgo y a la vez [el] fortalec[imiento de] las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer’” (párr. 113). “[C]on base en las pautas ya expresadas [de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño], corresponde entender como violencia sexual contra la mujer o la niña no solo actos de naturaleza sexual que se ejerzan por medio de la violencia física, sino también otros de esa naturaleza que, cometiéndose por otros medios, resulten igualmente lesivos de los derechos de la mujer o la niña o le causen daño o sufrimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la violencia sexual contra la mujer puede presentar diversos grados, de acuerdo a las circunstancias del caso y diversos factores, entre los que pueden encontrarse las características de los actos cometidos, su reiteración o continuidad y la vinculación personal preexistente entre la mujer y su agresor, o la subordinación de ella a éste a partir de una relación de poder. También pueden resultar relevantes, de acuerdo al caso, condiciones personales de la víctima, como ser una niña. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, que no los priva de su derecho a medidas de protección” (párr. 124). 3. No discriminación. Igualdad. Violencia sexual. Violencia de género. Abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes. Estereotipos de género. Género. Acceso a la justicia. “La violencia sufrida, además, conllevó una forma de discriminación. Ya se ha indicado que la violencia de género y la violencia contra la mujer implican una forma de discriminación […], prohibida por el artículo 1.1 de la Convención Americana. Además, la violencia sexual contra niñas no sólo expresa una discriminación prohibida en razón del género, sino que también puede resultar discriminatoria en función de la edad. Si bien este elemento no está comprendido en el artículo 1.1 de la Convención Americana en forma explícita, dicha norma señala la prohibición de discriminación basada en `otra[s] condici[ones] social[es]’ distintas de las que lista, las que, en forma general, se evidencian respecto a grupos que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad. Este es el caso de niñas y niños, quienes pueden verse afectados en forma desproporcionada y particularmente grave por actos de discriminación y violencia de género. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha expresado que la discriminación basada en diversos motivos, incluso el `sexo’, `bien sea de forma manifiesta o larvada, atenta contra la dignidad humana del niño´, y puede `debilitar’, e incluso destruir su capacidad `de beneficiarse de las oportunidades de la educación’. En ese sentido, la Corte ha señalado que el `impacto’ de la `violencia sexual’ en `las niñas, niños y adolescentes víctimas’, puede `verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima’” (párr. 141). “[E]n virtud de la obligación de no discriminar, los Estados están `obligados […] a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas’. Por eso, `[l]os Estados deben invertir en medidas proactivas que promuevan el empoderamiento de las niñas e impugnen las normas y los estereotipos patriarcales y otras normas y estereotipos de género perjudiciales, así como en reformas jurídicas, para hacer frente a la discriminación directa e indirecta contra las niñas’. Este deber tiene vinculación con los artículos 19 de la Convención Americana y 7.c de la Convención de Belém do Pará […]. Por lo expuesto, los actos de acoso y abuso sexual cometidos contra PGA no solo constituyeron, en sí mismos, actos de violencia y discriminación en que confluyeron, de modo interseccional, distintos factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación, como la edad y la condición de mujer. Esos actos de violencia y discriminación se enmarcaron, además, en una situación estructural, en la que pese a ser la violencia sexual en el ámbito educativo un problema existente y conocido, el Estado no había adoptado medidas efectivas para revertirlo…” (párr. 142). “Los efectos de la violencia contra niñas o niños pueden resultar sumamente graves. La violencia contra niños o niñas tiene múltiples consecuencias, entre ellas, `consecuencias psicológicas y emocionales (como sensaciones de rechazo y abandono, trastornos afectivos, trauma, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima)’, que pueden derivar incluso en suicidio o intentos de cometerlo […]. Resulta trascendente cómo sean las relaciones de una persona adolescente con personas adultas importantes en su vida, pues si las mismas son inadecuadas, de acuerdo a la gravedad del caso, pueden llegar a impulsar, en forma directa o indirecta, actos suicidas […]. En el presente caso, es claro que el Estado no solo no adoptó acciones para proteger a PGA, sino que directamente irrespetó sus derechos, no solo por los actos directos de violencia sexual, sino también por la tolerancia al respecto por parte de la institución educativa a la que asistía” (párrs. 156-157). “[L]os estereotipos de género se refieren a: una pre–concepción de `atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales’” (párr. 188). “Los estereotipos y prejuicios operaron en las consecuencias del proceso, en cuanto no fue decidido teniendo en cuenta la perspectiva de género para resolver conforme lo dispone la Convención de Belém do Pará. Los estereotipos `distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la eventual revictimización de las denunciantes” (párr. 189). “[La sentencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, de 2 de septiembre de 2005, que consideró la conducta del Vicerrector como un delito de estupro y no de acoso sexual] muestra con claridad un análisis sesgado con base en preconceptos de género. En primer término, porque descarta la comisión de un delito a partir de evaluar la supuesta conducta de la víctima, haciéndola responsable del `principio de la seducción’. Eso muestra el entendimiento de que el hecho de requerir `favores docentes’ implicaba, per se, que la víctima diera lugar a actos de `seducción’, lo que implícitamente conlleva atribuirle, al menos de modo parcial, responsabilidad en lo que finalmente ocurrió. Lo anterior denota un entendimiento de la mujer, que en este caso era una niña, como `provocadora’ y permite la violencia sexual y discriminatoria ejercida en el hostigamiento, eximiendo de responsabilidad al victimario por ello […]. De este modo, la decisión señalada, en forma implícita, avaló conductas de acoso sexual contra una niña, al no considerar que las mismas incluyen la `preparación’ del abuso posterior, mediante la utilización de una situación de poder por parte del perpetrador” (párr. 191). “Por otra parte, al calificar la conducta de `estupro’, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil se refirió a requisitos de `honestidad’ y `doncellez’, lo que implican la evaluación de la conducta previa de la víctima. Es decir, implica un juzgamiento de la víctima, conceptualmente previo a la evaluación del accionar del victimario. De ese modo, el delito se configura en la medida en que la mujer afectada cumpla determinados requisitos de conducta, exigidos de conformidad a preconceptos de género, es decir, a prejuicios sobre las conductas pretendidamente debidas por una mujer o esperadas de ella por su condición de tal” (párr. 192). “[U]na diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Es el Estado quien tiene la carga de la prueba para mostrar que la diferencia de trato entre la víctima de un delito que cumpla con el requisito de `honestidad’ y `doncellez’, y otra que no ostenta esa calidad, se encuentra justificada, sin fundamentar su decisión en estereotipos” (párr. 193). 4. Debido proceso. Plazo razonable. Debida diligencia. Complejidad del asunto. Duración del proceso. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. “En casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b, dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”. (párr. 177). “Si bien es cierto que a efectos de analizar el plazo razonable de una investigación y de un procedimiento, en términos generales la Corte debe considerar la duración global de un proceso hasta que se dicte sentencia definitiva, en ciertas situaciones particulares puede ser pertinente una valoración específica de sus distintas etapas. Este Tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 181). “En primer término, sobre la complejidad del caso, debe señalarse que ofrece elementos de complejidad la indagación de violencia sexual cuando la víctima no puede brindar su declaración […]. En lo referente a la actividad procesal de las personas interesadas, la Corte nota que no hay evidencia de que los familiares de PGA hubieran realizado acciones que dificultaran el avance de las investigaciones […]. En lo que respecta a la conducta de las autoridades judiciales […], hubo diversos aspectos en que la conducta estatal no siguió pautas de debida diligencia. Asimismo, la Corte advierte que existieron retrasos en las investigaciones que obedecieron a la inactividad de las autoridades […]. En lo relativo a la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, este Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve […]. En el presente caso, tratándose de una niña víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales tendrían que haber obrado con mayor diligencia en el marco de las investigaciones y de los procedimientos judiciales sobre los hechos…” (párrs. 182-186).
EDUCACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; VULNERABILIDAD; DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; VIOLENCIA SEXUAL; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; GÉNERO; ABUSO SEXUAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; PLAZO RAZONABLE; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; DURACIÓN DEL PROCESO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO;
Bostock v. Clayton County, GeorgiaCorte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
La Corte Suprema resolvió que un empleador que despide a un empleado simplemente por ser homosexual o transgénero viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La sentencia fue emitida con 6 votos a favor y dos en disidencia. Fue redactada por el juez Neil M. Gorsuch, y a ella adhirieron los jueces John G. Roberts, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El primer voto disidente fue redactado por el juez Samuel A. Alito, al que se adhirió el juez Clarence Thomas. El segundo voto disidente fue del juez Brett M. Kavanaugh.
LGTBIQ. Igualdad. No discriminación. Despido. Trabajo. Interpretación de la ley. Vulnerabilidad. Identidad de género. Estereotipos de género. Orientación sexual. Principio de legalidad.
“En determinadas ocasiones, pequeños actos pueden llegar a tener consecuencias inesperadas […]. En nuestro tiempo, pocas disposiciones legislativas de carácter federal alcanzan a la Ley de Derechos Civiles de 1964 en cuanto a importancia. Dicha ley, en su Título VII, prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad de origen. En esta ocasión, debemos resolver si un empleador puede despedir a alguien por el solo hecho de ser homosexual o transgénero. La respuesta es clara. Un empleador que despide a una persona por ser homosexual o transgénero la despide por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, que es exactamente lo que prohíbe el Título VII” (cfr. pág. 2).
“Quienes aprobaron la Ley de Derechos Civiles no pudieron haber anticipado que su trabajo conduciría a este resultado en particular. Probablemente, no pensaban en muchas de las consecuencias en la aplicación de la Ley que se han hecho evidentes a lo largo de los años, incluyendo la prohibición de discriminación por motivos de maternidad o la prohibición del acoso sexual de los empleados masculinos. Pero los límites interpretativos de los redactores no son motivo para ignorar las exigencias de la ley. Cuando los términos expresos de una norma nos ofrecen una respuesta y las consideraciones ajenas al texto [extratextuales] sugieren otra, no existe duda. Sólo la palabra escrita es ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio” (cfr. pág. 2).
“Normalmente, este tribunal interpreta una ley de acuerdo con el significado público habitual de las palabras en el momento de su aprobación. Después de todo, sólo las palabras en el texto constituyen una ley aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente. Si los jueces pudieran añadir, remodelar, actualizar o desvirtuar antiguos términos legales amparándose tan sólo en fuentes extratextuales y en su propio imaginario, nos arriesgaríamos a modificar leyes fuera del procedimiento legislativo reservado a los representantes del pueblo. Le negaríamos al pueblo el derecho de seguir descansando en el significado original de la ley, en la que confiaban cuando ejercitaban sus derechos y obligaciones” (cfr. pág. 4).
“[Se ha] de determinar el significado ordinario del mandato contenido en el Título VII, según el cual será: `ilegal […] para un empleador rehusar la contratación o despedir a cualquier individuo, o discriminar a cualquier individuo en lo referente a sus retribuciones, términos, condiciones o privilegios laborales en base a la raza, color, religión, sexo o nacionalidad de origen” (cfr. pág. 4).
“Del significado común y generalizado del lenguaje de la norma en el momento de la adopción de la ley, emerge un principio claro: un empleador vulnera el Título VII cuando, de forma intencional, despide a un empleado basándose en parte en el sexo. Es indiferente que factores ajenos al sexo contribuyan a la decisión. También es indiferente si el empleador trata a las mujeres como grupo de la misma forma que a los hombres, igualmente como grupo. Si el empleador, de manera intencionada, se basa en el sexo de un individuo cuando acuerda cesarle (o, dicho en otras palabras, si de cambiar el sexo del empleado se hubiera alcanzado un resultado diferente) se produce una vulneración de la ley. El mensaje del Título VII es `simple, pero importante’: el sexo de un trabajador en concreto `no es relevante para la selección, evaluación o retribución de los trabajadores’” (cfr. pág. 9).
“Para los casos sometidos a análisis, el mensaje de la norma es sencillo e igualmente crucial: que un individuo sea homosexual o transgénero no es relevante para las decisiones relativas al empleo. Esto se debe a que es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a esa persona por motivos de sexo […]. [E]l sexo del empleado juega un papel inequívoco e inadmisible en la decisión de despido” (cfr. pág. 9).
“[I]ndisociablemente, la homosexualidad y el estado transgénero están vinculados con el sexo. No porque estén relacionados con el sexo en un sentido vago, o porque la discriminación sobre la que se fundamenta tenga un impacto diverso en un sexo o en otro, sino porque discriminar debido a estos motivos requiere que un empleador, de manera intencional, trate a los empleados de manera diferente debido a su sexo” (cfr. pág. 10).
“Tampoco importa el hecho que, cuando un empleador trata peor a un empleado debido a su sexo, puedan existir otros factores que contribuyan a su decisión […]. Cuando un empleador despide a un empleado porque es homosexual o transgénero, pueden estar en juego dos factores causales: tanto el sexo del individuo como algo más (el sexo por el que se siente atraído o con el que se identifica). Sin embargo, esto carece de importancia en el Título VII. Si el empleador no hubiera despedido al empleado de no ser por su sexo, se cumple el estándar de causalidad de la norma y se podría exigir responsabilidad” (cfr. pág. 10).
“[L]a discriminación intencional basada en el sexo viola el Título VII, incluso si se configura como un medio para lograr el objetivo final del empleador de discriminar a los empleados homosexuales o transgénero. Sencillamente, no se puede obviar el papel que juega aquí la voluntad: así como necesariamente el sexo es una causa cuando un empleador discrimina contra empleados homosexuales o transgénero, un empleador que discrimina en base a estos motivos posee la voluntad de basarse en el sexo para su toma de decisiones […]. Sin duda, el objetivo final de ese empleador podría ser discriminar sobre la base de la orientación sexual. Pero para lograr ese propósito, el empleador debe, intencionalmente, tratar de peor forma a un empleado en base a su sexo (cfr. pág. 10).
“[U]n empleador que discrimina a los empleados homosexuales o transgénero aplica necesaria e intencionalmente reglas basadas en el sexo” (cfr. pág. 14).
“[U]n empleador no escapa de su responsabilidad por demostrar que trata a hombres y mujeres de manera comparable como grupos. [Un empleador] que despide de forma intencionada a un empleado homosexual o transgénero en parte debido al sexo de ese individuo viola la ley, incluso si el empleador está dispuesto a someter a todos los empleados homosexuales o transgénero a la misma regla” (cfr. pág. 15).
“Un empleador que comunica que no empleará a nadie que sea homosexual, por ejemplo, tiene la intención de penalizar a los empleados varones por sentirse atraídos por hombres y a las mujeres por sentirse atraídas por las mujeres” (cfr. pág. 17).
“Al discriminar a las personas homosexuales, el empleador penaliza intencionalmente a los hombres por sentirse atraídos por hombres y a las mujeres por sentirse atraídas por mujeres. Al discriminar a las personas transgénero, el empleador discrimina, inevitablemente, a las personas con un sexo marcado por el nacimiento y otro en la actualidad” (cfr. pág. 18).
“Debido a que la homosexualidad y el estado transgénero no se pueden encontrar en esa lista [características protegidas del Título VII: raza, color, religión, sexo y origen nacional], y porque son conceptualmente distintos del sexo, los empleadores han argumentado que están excluidos implícitamente del alcance del Título VII. Dicho de otra manera, si el Congreso hubiera querido abordar estos asuntos en el Título VII, lo habría hecho con una referencia específica. [Sin embargo] estamos de acuerdo en que la homosexualidad y el estado transgénero son conceptos distintos del sexo. Pero, como hemos argumentado, la discriminación basada en la homosexualidad o el estado transgénero necesariamente implica una discriminación basada en el sexo; lo primero no puede suceder sin lo segundo […]. En cambio, cuando el Congreso elige no incluir ninguna excepción a la regla general, los tribunales aplican la regla general. [Es así] como este Tribunal siempre se ha aproximado al Título VII. El `acoso sexual’ es conceptualmente distinto de la discriminación sexual, pero puede caer dentro del alcance del Título VII […].  Lo mismo sucede con la `discriminación por maternidad’” (cfr. pág. 19).
“Tal vez el examen de causalidad sencillo y convencional debería aplicarse en todos los demás supuestos del Título VII, sin embargo, no opera cuando se trata de casos que involucran a empleados homosexuales y transgénero. Aquí, el examen es demasiado determinante para captar los matices” (cfr. pág. 20).
LGBTIQ; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VULNERABILIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ORIENTACIÓN SEXUAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DESPIDO; TRABAJO;
Spoltore v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación del artículo 8.1 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable) y 25.1 (obligación de respetar y garantizar dichos derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 41 y 45 de la presente Sentencia. Argentina también fue declarada responsable por la violación del el artículo 26 (derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador), en relación con los artículos 8.1 y 25.1 del mismo instrumento y en los términos de los párrafos 82 a 102 de la presente Sentencia.
1. Responsabilidad del Estado. Agotamiento de los recursos internos. Recursos. Plazo razonable. Carga de la prueba.
“La Corte ha señalado, en algunas ocasiones, que al haberse efectuado un reconocimiento de responsabilidad, el Estado ha aceptado la plena competencia del Tribunal para conocer del caso, por lo que la interposición de la excepción preliminar asociada al no agotamiento de los recursos internos, resulta, en principio, incompatible con el referido reconocimiento. En el presente caso, el Estado fue enfático en señalar que el reconocimiento de responsabilidad se realizaba de forma subsidiaria, en caso de no prosperar la presente excepción preliminar. Asimismo, se recuerda que en virtud de la naturaleza complementaria del sistema interamericano, los Estados tienen que tener la posibilidad de resolver en sus tribunales internos las posibles infracciones a los derechos consagrados en la Convención. Esta posibilidad se asegura por medio del requisito de admisibilidad de agotar los recursos internos. Mediante el reconocimiento de responsabilidad realizado, el Estado aceptó que la duración del proceso entre el señor Spoltore y una empresa privada fue excesiva. No obstante, dicho reconocimiento de responsabilidad no incluye ninguna aceptación de hechos relativa a que se hubieran agotado los recursos internos por la violación a la Convención Americana aceptada por el Estado, o que fuera aplicable alguna de las excepciones establecidas por la Convención al agotamiento de recursos internos. Por tanto, la Corte no considera que sean incompatibles en este caso…” (párr. 21).
“[L]a regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Lo anterior significa que no solo deben existir formalmente esos recursos, sino que también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención. [U]na objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión, luego de lo cual opera el principio de preclusión procesal. Al respecto, el Tribunal reitera que no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento, de modo tal que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado. A partir de lo anterior, en el presente caso, la Corte considera necesario examinar: a) si la excepción de agotamiento de los recursos fue presentada en el momento procesal oportuno, y b) la existencia de recursos idóneos y efectivos para agotar la jurisdicción interna” (párr. 22-24).
“[A] diferencia de otros casos donde se alega una violación del plazo razonable, en el presente caso el alegado ilícito internacional se habría producido durante dicho proceso laboral. Por tanto, para cumplir con el agotamiento de los recursos internos era necesario agotar algún recurso que le brindara la oportunidad al Estado de resolver la situación en sede interna” (párr. 29).
“Esta Corte advierte que estos recursos [recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad] no eran capaces de atender el daño causado por la alegada demora del proceso laboral. En este sentido, respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires establece que debe ‘fundamentarse en alguna de las siguientes causas: a) Que la sentencia haya violado la ley o la doctrina legal, y b) que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley de la doctrina legal’. Este recurso puede ‘rectificar errores de derecho en los que pudieran incurrir las cámaras de apelaciones y los tribunales colegiados de instancia’. Por otra parte, el recurso extraordinario de nulidad tiene como fin dejar sin efecto una decisión, en cuyo caso se remite la causa a otro tribunal para que la decida nuevamente” (párr. 29).
“[E]l Estado tiene la carga de la prueba de demostrar la disponibilidad, idoneidad y efectividad práctica del recurso que alega debió agotarse. Además, Argentina reconoció que el recurso de daños y perjuicios no ha sido utilizado en casos de demoras judiciales excesivas en procesos laborales. Por tanto, este Tribunal considera que era una carga excesiva para la presunta víctima exigirle que agotara un recurso que no había sido utilizado en la práctica para los fines que el Estado alega que tendría. En consecuencia, se desestima la presente excepción preliminar” (párr. 35).
2. Derecho al trabajo. Derecho a la salud. Acceso a la justicia. Daños y perjuicios. Duración del proceso. Enfermedades profesionales.
“[E]n el presente caso, el problema jurídico planteado por los representantes se relaciona con los alcances del derecho al trabajo, y en particular sobre el contenido del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, entendido como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana” (párr. 82).
“[C]omo parte integrante del derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, se encuentra ‘la prevención de accidentes y enfermedades profesionales’ como medio para garantizar la salud del trabajador” (párr. 94).
“[C]on base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador, y tomando en cuenta los hechos y particularidades del presente caso, la Corte concluye que este se refiere al derecho del trabajador a realizar sus labores en condiciones que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar este derecho, los Estados, entre otras obligaciones, deben asegurar que los trabajadores afectados por un accidente o enfermedad profesional prevenible tengan acceso a mecanismos adecuados de reclamación, como los tribunales, para solicitar una reparación o indemnización” (párr. 99).
“[El peticionario] tras sufrir dos infartos, inició un proceso en contra de la empresa donde trabajaba para que se reconociera dichos padecimientos de salud como una enfermedad profesional y se le otorgara una indemnización […]. Por ello, resulta irrazonable que las autoridades judiciales hayan tardado doce años en dilucidar si le asistía derecho en la demanda por enfermedad profesional contra su empleador” (párr. 101).
“[E] el acceso a la justicia es uno de los componentes del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador […]. Esta Corte ha señalado que los derechos laborales y el derecho a la seguridad social incluyen la obligación de disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a su violación con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las relaciones laborales. Esto mismo es aplicable al derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador” (párr. 102).
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS; RECURSOS; ACCESO A LA JUSTICIA; PLAZO RAZONABLE; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO AL TRABAJO; DERECHO A LA SALUD; DAÑOS Y PERJUICIOS; DURACIÓN DEL PROCESO; ENFERMEDADES PROFESIONALES;
Roche Azaña y otros v. NicaraguaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Nicaragua era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida) y 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los hermanos Roche Azaña. También de los artículos 8.1 (derecho a las garantías judiciales y debido proceso) y 25 (derecho a la protección judicial), en relación con el artículo 1.1, en perjuicio del peticionario y sus padres. El Tribunal además concluyó que el Estado era responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los padres del peticionario. 1. Uso de la fuerza. Fuerzas de seguridad. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad. Derecho a la vida. Zona de frontera. Responsabilidad del Estado. “[E]l uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. El Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control. En los casos en los que resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad: i. Legalidad: El uso excepcional de la fuerza debe estar formulado por ley y debe existir un marco regulatorio para su utilización. ii. Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. iii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. iv. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” (párr. 53). “[L]os Estados deben crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza del derecho a la vida. De allí que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales. [E]l uso de la fuerza debe ser regulado en el marco de un sistema que provea garantías efectivas contra un uso arbitrario y excesivo de la misma, cuestión que no sucedió en el presente caso” (párr. 55-56). “[C]on respecto al segundo requisito [finalidad legítima], la Corte señala que, en principio, no todo uso de la fuerza implica necesariamente el uso de armas de fuego. Efectivamente, los agentes y fuerzas de seguridad del Estado pueden recurrir al uso de la fuerza para multitud de situaciones en las que no es necesario el uso de armas de fuego, tal y como puede suceder al detener a una persona en virtud de orden judicial, para evitar la comisión de un delito o por la comisión de un delito flagrante; o, por ejemplo, para mantener el orden público en actos de naturaleza pública donde haya congregación de personas y garantizar así su seguridad. [L]a Corte advierte que, de conformidad con la prueba obrante en el presente caso, se desprende que la finalidad de los disparos efectuados por los agentes estatales fue ocasionar intencionalmente un daño, tanto a la furgoneta como, sobre todo, a las personas que iban en su interior” (párr. 60). “[N]o se puede concluir que quede acreditado el requisito de ‘absoluta necesidad’ para utilizar la fuerza contra personas, cuando estas no representan un peligro directo, ‘inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura’. [L]a Corte observa que en el presente caso se pudieron emplear medios menos lesivos para detener la furgoneta y, por tanto, no se cumplió con el requisito de necesidad” (párr. 62). “En cuanto al análisis de proporcionalidad, la Corte ya ha considerado que durante el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención, todo ello con el objetivo de minimizar el uso de la fuerza y las fatalidades que se pudieran presentar” (párr. 63). “[L]a Corte reitera que el lugar en el que se estableció el dispositivo de control era próximo a una zona fronteriza internacional. En este sentido, es importante recalcar que el respeto a los derechos humanos debe constituir el núcleo de todas las medidas de protección de fronteras. Por tanto, el Tribunal considera que los agentes estatales debieron tener en cuenta estas circunstancias al emplear el uso de la fuerza, sobre todo en razón de que no se podía visualizar hacia adentro de la furgoneta para descartar la posibilidad real de que transportara personas y que éstas estuvieran en una situación de particular riesgo” (párr. 64). “[R]esulta asimismo llamativo que las armas utilizadas fueron armas tipo AK, esto es, armas de guerra […]. La Corte considera que, en el presente caso, el uso de este tipo de fusiles de asalto fue incompatible con la función de control alegada por el Estado, y ello por no cumplir con el criterio de proporcionalidad” (párr. 68). “[E]n todo caso de uso o despliegue de la fuerza, en el que agentes estatales hayan producido la muerte o lesiones de una persona, corresponde analizar el uso legítimo de la fuerza, puesto que ‘corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados’. [L]a Corte considera que el Estado no ha logrado acreditar la existencia de un peligro inminente de tal magnitud que justificara el uso de armas de fuego, y mucho menos el uso de armas de guerra” (párr. 69). “[E]n el presente caso no se acreditó la legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad ni proporcionalidad del uso de la fuerza ejercido. Efectivamente, la situación ocasionada fue el resultado del uso desproporcionado de la fuerza imputable al Estado por el actuar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (párr. 70). “[C]uando los agentes estatales emplean la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada, como en el presente caso, dando lugar a la pérdida de la vida, se considera que se ha producido una privación arbitraria de la misma” (párr. 71). 2. Recursos. Acceso a la justicia. Derecho a ser oído. Notificación. Migrantes en situación irregular. Vulnerabilidad. Debido proceso. “[D]e conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables” (párr. 84). “Por otro lado, esta Corte ha desarrollado el derecho a ser oído, previsto en el articulo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones. La Corte ha reconocido que el derecho a ser oído comprende dos ámbitos: por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos, hacer planteamientos, aportación de prueba y, en síntesis, hacer valer sus derechos). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión se produzca a través de un procedimiento que satisfaga el fin para el cual fue concebido” (párr. 85). “El Estado justificó la ausencia de participación del señor Roche Azaña en el hecho de que la legislación obligaba a recabar todos los elementos de prueba en diez días desde que se dictó la resolución que daba apertura al proceso penal. Sin embargo, la Corte advierte que el hecho de que se debiera recabar prueba en un plazo determinado no obstaba para que se notificara al señor Roche Azaña de todas las siguientes etapas del proceso y permitirle así poder intervenir en las mismas en el caso de que lo estimara oportuno” (párr. 89). “El Estado […] señaló que todos los actos del procedimiento penal fueron notificados al Procurador Penal, quien ejercía la representación de la vindicta pública y desarrolló todas las diligencias pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de sus responsables. La Corte considera que el ejercicio de la acción pública por un Procurador Penal no debería haber sido óbice para que la presunta víctima o la parte perjudicada hubieran también participado en el proceso penal, máxime cuando la propia legislación nicaragüense así lo habilitaba. Al respecto, la Corte recuerda que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana suponen que las víctimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos, de manera que puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones” (párr. 90). “[D]ebe tener especial consideración el hecho de que […] Roche Azaña era una persona migrante, que, por las características del presente caso, se encontraba en una clara situación de vulnerabilidad. La Corte recuerda que el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Asimismo, la Corte considera que los Estados tienen el deber de asegurar que todas las personas que hayan sufrido abusos o violaciones de los derechos humanos como resultado de las medidas de gobernanza de fronteras tengan un acceso equitativo y efectivo a la justicia, acceso a un recurso efectivo, a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, así como a información pertinente sobre las violaciones de sus derechos y los mecanismos de reparación. En el marco de las operaciones realizadas en zonas fronterizas, los Estados tienen el deber de investigar y, cuando proceda, enjuiciar los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos, imponer penas acordes con la gravedad de los delitos, y tomar medidas para garantizar que no se repitan” (párr. 91). “[L]a condición de migrante del señor Roche Azaña tuvo un impacto fundamental en su ausencia de participación en el proceso […]. El Tribunal advierte que, al menos durante esos cinco meses en los que el señor Roche Azaña permaneció en Nicaragua, éste no fue informado por parte del Estado de la existencia de un proceso penal en contra de los autores de los disparos, ni le fue prestada ningún tipo de asistencia técnica que pudiera compensar el desconocimiento de un sistema legal -extranjero y ajeno para él- que supuestamente le amparaba. Lo anterior, con el objetivo de que […] pudiera hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (párr. 92). “El señor […] Roche Azaña se encontraba, por tanto, en una situación de desigualdad real debido a su estatus migratorio que obligaba al Estado a adoptar determinadas medidas especiales que contribuyeran a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidieron la defensa eficaz de sus intereses por el mero hecho de ser migrante. Cuando no existen estas medidas para garantizar un efectivo e igualitario acceso a la justicia de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, difícilmente se puede afirmar que quienes se encuentran en esas condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (párr. 93). 3. Víctima. Derecho a la integridad personal. Familia. “[L]os familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de ‘familiares directos’ u otras personas con vínculos estrechos con las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que aquellos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos, tomando en cuenta, entre otros elementos, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar. [E]ste Tribunal considera que, como consecuencia directa de (i) la muerte del señor […] Roche Azaña, junto con el posterior traslado de su cadáver a Ecuador, y (ii) las heridas causada a […] Roche Azaña, junto con las secuelas que le causaron de por vida, los padres de los hermanos Roche Azaña padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral” (párr. 100-101).
USO DE LA FUERZA; FUERZAS DE SEGURIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DERECHO A LA VIDA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ZONAS DE FRONTERA; RECURSOS; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO A SER OIDO; NOTIFICACIÓN; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; VULNERABILIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; FAMILIAS;
Genero v. ItaliaComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que Italia era responsable por la violación de los artículos 25.c (acceso igualitario a la función pública) y 26 (igualdad y no discriminación) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1. Género. Estereotipos de género. Igualdad. No discriminación. Principio de proporcionalidad. “El Comité recuerda su Observación General Nº 18 […] sobre la no discriminación, en la cual ese término se define como `toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas’. [L]a prohibición de la discriminación se aplica tanto en el ámbito público como en el privado y que el efecto discriminatorio de una norma o medida que es aparentemente neutra o no tiene propósito discriminatorio puede dar lugar a una violación del artículo 26. No obstante, no toda distinción, exclusión o restricción por los motivos enumerados en el Pacto constituye discriminación, siempre que esa distinción se base en criterios razonables y objetivos y persiga un propósito que sea legítimo con arreglo al Pacto” (párr. 7.3). “[E]l requisito de una estatura mínima no diferenciada de 165 cm, muy superior a los 161 cm del supuesto promedio nacional de estatura femenina, impide presentarse a las oposiciones al Cuerpo Nacional de Bomberos a la mayoría de las mujeres italianas, incluida ella misma. [Este requisito] restringe el acceso al Cuerpo Nacional de Bomberos. Aunque redactada en términos aparentemente neutros, en Italia esa restricción afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que miden considerablemente menos que los hombres en promedio y la estatura mínima requerida se sitúa entre ambos promedios, por lo que excluye a la mayoría de las mujeres e incluye a la mayoría de los hombres” (párr. 7.4). “Si bien reconoce que el Estado parte puede tener un interés legítimo en garantizar la eficacia del Cuerpo Nacional de Bomberos y admite que las actividades que realizan los bomberos pueden requerir una determinada condición física, el Comité observa que ni el Estado parte ni los tribunales administrativos nacionales han justificado qué importancia concreta tiene medir al menos 165 cm para el desempeño eficaz de esas tareas, ni por qué otras características físicas, como la complexión, la fuerza muscular y la masa metabólica activa, no pueden compensar el hecho de no alcanzar la estatura requerida. A este respecto, en el momento en que se presentó esta comunicación, [la peticionaria] había trabajado satisfactoriamente como bombera temporal durante 17 años, a lo largo de los cuales había participado en varios equipos de rescate y desempeñado las mismas funciones que el personal permanente” (párr. 7.5). “[E]l requisito de una estatura mínima de 165 cm exigido por la ley a los candidatos al Cuerpo Nacional de Bomberos constituye una restricción que no es necesaria ni proporcional al objetivo legítimo perseguido. Por consiguiente, el Comité concluye que, a la luz de su efecto desproporcionado en el acceso de las mujeres al Cuerpo Nacional de Bomberos, esa disposición, así como su aplicación […], constituyen una forma de discriminación indirecta por motivos de género que vulnera el artículo 26 del Pacto” (párr. 7.6). “[R]esulta discriminatorio establecer requisitos de estatura diferentes para los bomberos permanentes y los temporales. [E]xigir una menor estatura a los bomberos temporales implicará inevitablemente que haya más candidatos, sobre todo mujeres, que cumplan los requisitos para ser bomberos temporales pero no para ser personal permanente, aunque desempeñen las mismas funciones, como se establece en la legislación nacional […]. El Comité considera que ello no constituye un nuevo motivo de discriminación, sino que refuerza la discriminación de género antes señalada” (párr. 7.7). 2. Función pública. No discriminación. Acceso a la justicia. Medidas de acción positiva. “[E]l Comité recuerda que, de conformidad con su Observación General Nº 25 […], sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, `[p]ara garantizar el acceso [a la función pública] en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos’. Y, además, que `[r]eviste especial i