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DoctrinaVoces CSJN
STC 99-19Tribunal Constitucional de España
El Tribunal Constitucional estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, lo declaró inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una “situación estable de transexualidad”.
“La presente cuestión de inconstitucionalidad, […] aunque formalmente tiene por objeto el art. 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, realmente se circunscribe al inciso ‘mayor de edad’ contenido en el párrafo primero del apartado primero del mencionado precepto, es decir, a la exigencia de mayoría de edad de la persona para poder solicitar la rectificación de la mención de su sexo en el registro civil y, complementariamente, de su nombre en consonancia con ese cambio”.
“El fondo de este proceso constitucional requiere que el Tribunal decida si reservar al mayor de edad el derecho a rectificar la mención del sexo en la inscripción del registro civil, lo que en el sistema de la Ley 3/2017 conlleva de un modo inmediato el derecho al cambio registral del nombre (párrafo segundo del art. 1.1) [y si] constituye o no una restricción desproporcionada de alguna situación jurídica de la persona menor de edad que resulte garantizada por la Constitución Española”.
“Es constante la doctrina constitucional acerca de que el principio de proporcionalidad, como presupuesto de constitucionalidad de la ley, no opera en abstracto. El Tribunal ha insistido reiteradamente que dicho principio actúa únicamente por referencia a concretos derechos fundamentales (SSTC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 5, y 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3) o a específicos principios constitucionales [STC 60/2010, de 7 de octubre, FFJJ 7 y 8 b)], derechos y principios que serían los vulnerados en caso de que el legislador los restrinja de un modo desproporcionado”.
“En coherencia con este pronunciamiento repetido en la doctrina constitucional, la citada STC 60/2010 destacó que ‘la primera cuestión que debe ser analizada como presupuesto de la comprobación de la proporcionalidad de una medida [legal] es la de cuáles son los principios o derechos constitucionales cuyo contenido se ve restringido como consecuencia de su adopción, puesto que, en caso de que no se produjera una restricción de esa naturaleza, carecería de sentido la exigencia de que la norma fuera proporcionada’”.
“El primer bien jurídico de relevancia constitucional que el art. 1.1 de la Ley 3/2007 afecta es, y así se resalta en el auto de planteamiento, el principio constitucional que garantiza el libre desarrollo de la persona (art. 10.1 CE). En efecto, la norma impugnada habilita a la persona mayor transexual a rectificar la mención registral de su sexo, y correlativamente a cambiar la constancia registral de su nombre (párrafo segundo del art. 1.1) y a ‘ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición’ (art. 5.2). Con ello está permitiendo a la persona adoptar decisiones con eficacia jurídica sobre su identidad. La propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana. Establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad. Cualquiera que se vea obligado a vivir a la luz del Derecho conforme a una identidad distinta de la que le es propia sobrelleva un lastre que le condiciona de un modo muy notable en cuanto a la capacidad para conformar su personalidad característica y respecto a la posibilidad efectiva de entablar relaciones con otras personas”.
“Este nexo entre decidir sobre la identidad de uno mismo y el goce por la persona de autonomía para organizar su propia vida y sus relaciones personales es reconocido y afirmado por diversas instituciones de nuestro entorno jurídico, lo que muestra que sobre este vínculo existe un extendido consenso y así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia tiene un valor hermenéutico especial para este Tribunal, al abordar reclamaciones en que es relevante la situación de transexualidad alude expresamente a la protección del desarrollo personal y la pone en relación con ‘el derecho a establecer y consolidar relaciones con otros seres humanos y con el entorno que le rodea’ (por todas, STEDH YY v. Turquía, de 10 de marzo de 2015). En el mismo sentido el Tribunal ha destacado en numerosas ocasiones que el concepto de «vida privada» incluye no solo la integridad física y mental de la persona, sino que también puede en ocasiones comprender aspectos de la identidad física y social del individuo. Elementos tales como la identidad de género, el nombre, la orientación sexual y la vida sexual caen dentro de la esfera personal protegida por el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Esto ha conducido a reconocer, en el contexto de la aplicación de este principio a las personas transgénero, que ello implica un derecho a la autodeterminación, que la libertad de definir la propia identidad sexual es uno de los elementos esenciales más básicos y que el derecho de las personas transgénero a su desarrollo personal y a la seguridad física y moral está garantizado en el art. 8 (STEDH AP, Garçon y Nicot v. Francia, de 6 de abril de 2017)”.
“Si […] el derecho a obtener la rectificación registral de la mención del sexo que habilita la Ley 3/2007 se orienta a la realización del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), la limitación de su disfrute exclusivamente a favor de quien sea mayor de edad, restricción que aparece consignada en su art. 1 y que deja fuera del ámbito subjetivo de tal derecho a quienes no cumplan con ese requisito de edad, supone que a éstos se les priva de la eficacia de dicho principio constitucional en lo que se refiere a decidir acerca de la propia identidad”.
“Esta restricción […] es de un grado particularmente intenso porque condiciona una manifestación de primer orden de la persona y, consecuentemente, incide de un modo principal en su dignidad como tal individuo, cuya salvaguarda es la justificación última de un Estado constitucional como el establecido en la Constitución de 1978”.
“En conclusión, el precepto legal cuestionado, en la medida que no permite a quien no reúna el requisito de mayoría de edad decidir autónomamente acerca de un aspecto esencial de su identidad, tiene una incidencia restrictiva sobre los efectos que se derivan de la cláusula de libre desarrollo de la personalidad ex art. 10.1 CE”.
“Existe, considera este Tribunal, una conexión entre la norma impugnada y esta situación que subraya el auto de planteamiento [el hecho de que la norma impugnada incida en el derecho fundamental a la intimidad personal (18.1 CE) del menor transexual, pues le expone al conocimiento público de su condición de transexual cada vez que ha de identificarse en el ámbito escolar, de relaciones con las administraciones públicas, etc.]. En realidad, excluir al menor transexual de la opción de instar la rectificación de la mención de sexo en el registro, y del correlativo cambio de nombre, tiene un efecto reflejo en el sexo y nombre que aparecen en sus documentos oficiales, y en general condiciona todas y cada una de las acciones en que la persona tiene que identificarse”.
“El Tribunal […] aprecia que la falta de equivalencia entre el sexo atribuido al nacer, que es el que accede originariamente al registro civil, y el que un individuo percibe como suyo es una de esas circunstancias particularmente relevantes que la persona tiene derecho a proteger del conocimiento ajeno. Ello se debe a que esa reserva constituye un medio eficaz de que aparezca como único y verdadero sexo el segundo de ellos –el percibido por el sujeto– y, en consecuencia, no transcienda al conocimiento público su condición de transexual.
“Se desprende de todo lo anterior que la norma impugnada también afecta a la intimidad personal ex art. 18.1 CE, a lo que debe añadirse que se trata de una profunda intromisión en ese derecho fundamental ya que se refiere a una circunstancia relativa al círculo más interno de la persona”.
“Es abundante el acervo doctrinal (por todas, STC 183/2008, de 22 de diciembre, FJ 5) que afirma, como ‘parte del contenido esencial del art. 24.1 CE’, el derecho de cualquier menor, con capacidad y madurez suficiente, a ser oído en vía judicial en la adopción de medidas que afectan a su esfera personal, y que añade que «con mayor razón, y por ser en muchos casos su presupuesto lógico, también forma parte del contenido esencial del art. 24.1 CE que se posibilite a cualquier menor, con capacidad y madurez suficiente, instar de los órganos judiciales, en cualquier orden jurisdiccional, la defensa de intereses que afecten a su esfera personal, incluso contra la voluntad de quienes ejerzan su representación legal’”.
“Más ajustada a las cuestiones que se suscitan en este proceso —por tratarse de derechos de libertad y no de prestación como es el derecho a la tutela judicial efectiva— resulta la STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5, cuando afirma que ‘desde la perspectiva del art. 16 CE los menores de edad son titulares plenos de sus derechos fundamentales, en este caso, de sus derechos a la libertad de creencias y a su integridad moral, sin que el ejercicio de los mismos y la facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia o, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su capacidad de obrar”.
“La primera parte del canon de enjuiciamiento de este proceso exige comprobar que la exclusión de los menores de edad de la rectificación de la mención registral del sexo persigue preservar algún bien o interés constitucionalmente legítimo de suficiente relevancia. La vulneración de la proporcionalidad –ha señalado este Tribunal– podría declararse ya en un primer momento del análisis «si el sacrificio de la libertad que impone la norma persigue la prevención de bienes o intereses no solo, por supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también, socialmente irrelevantes (STC 55/1996, FJ 7)”.
“[E]l Tribunal ha admitido expresamente que el art. 39 CE incorpora un mandato dirigido a los poderes públicos para que atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, estableciendo regímenes especiales de tutela allí donde el legislador, dentro del amplio margen que enmarca la Constitución, lo considere necesario. […] Por su parte, la STC 141/2000, FJ 5, declaró que ‘el estatuto del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos, que constituye un legítimo límite a la libertad de manifestación de las propias creencias mediante su exposición a terceros, incluso de sus progenitores’. Y la misma sentencia, líneas más arriba, había precisado que ‘[las] libertades y derechos de unos y otros […] deberán ser ponderados teniendo siempre presente el ‘interés superior’ de los menores de edad (arts. 15 y 16.1 CE en relación con el art. 39 CE)’. En la misma línea de las dos sentencias anteriormente referidas, la STC 64/2019 ha declarado que el interés superior del menor de edad es un objetivo constitucionalmente legítimo que puede justificar límites al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.
“[E]l interés superior del menor inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es, considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales”.
“Debe precisarse, adicionalmente, que no se opone a esta apreciación del Tribunal que en este caso la restricción del principio o derecho constitucional –la exclusión del menor transexual de la rectificación registral de la mención de sexo– se apoye en lograr un beneficio para los mismos sujetos que sufren la limitación. No lo es, en primer lugar, porque se asienta en el mandato constitucional dirigido a todos los poderes públicos de dispensar una protección especial a los menores de edad. De otro lado, la propia doctrina constitucional ya ha admitido que otras manifestaciones del agere licere de la persona, que hunden igualmente sus raíces en la cláusula de libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) y en la tutela dispensada por concretos derechos fundamentales (art. 16 CE), puedan ser objeto de limitación en aras de procurar la protección de la misma persona que sufre la restricción (entre otras, las citadas SSTC 120/1990, de 27 de junio, y 60/2010, de 7 de octubre)”.
“La segunda parte del canon de enjuiciamiento de este proceso requiere verificar si la norma legal restrictiva de derechos y principios constitucionales –la exclusión de los menores de edad de la rectificación de la mención registral del sexo– se orienta de un modo proporcionado al bien jurídico constitucional que la justifica –la tutela privilegiada de los menores de edad como categoría de personas necesitadas de especial protección–, lo que sucederá únicamente si la medida restrictiva que incorpora es adecuada (a), necesaria (b) y proporcionada en sentido estricto (FJ 9).
“El contenido normativo del art. 1.1 de la Ley 3/2007 ocasiona a los sujetos excluidos del cambio de la mención registral del sexo restricciones muy notables en los bienes jurídicos constitucionales ya indicados. Estas limitaciones, que en sí mismas revisten enorme intensidad y se proyectan sobre bienes constitucionales de la mayor transcendencia, se manifiestan de un modo agravado cuando el menor de edad presenta una «madurez suficiente», en tanto que resulta inevitable reconocerle una mayor necesidad de tutela de su intimidad personal y del espacio de decisión que le habilita para desarrollar libremente los rasgos de su personalidad”.
“La restricción legal que enjuiciamos, sin embargo, no solo da lugar a inconvenientes para ciertos principios y derechos constitucionales. Conlleva, por otro lado, determinados beneficios importantes para otros bienes jurídicos también de relevancia constitucional, ya que mediante esta restricción legal el legislador despliega la protección especial de los menores de edad que le incumbe en virtud del mandato derivado del art. 39 CE. Estos beneficios, cuya relevancia este Tribunal no desdeña, se relativizan paulatinamente según se avanza hacia la mayor edad por dos motivos. De un lado, a medida que cumple años el menor de edad adquiere mayores grados de entendimiento y, por tanto, disminuyen las necesidades específicas de protección, como se desprende de la regulación que hace el Código civil de la emancipación del menor de edad (arts. 314 y ss.). De otro lado, como argumenta el auto de planteamiento, el riesgo de remisión de las manifestaciones de transexualidad merma cuando la persona se aproxima a la edad adulta”.
“Consecuentemente, el Tribunal aprecia que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’, circunstancias que se valoran en los requisitos previstos en el art. 4 y que no han sido cuestionados en el auto de planteamiento, representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Mientras tanto, por el contrario, en estos casos se incrementan notablemente los perjuicios para su derecho a la intimidad personal y para el principio que le garantiza un espacio de libertad en la conformación de su identidad. En estas circunstancias, además, los perjuicios que estamos considerando se revelan de mayor intensidad por tratarse de una norma automática y que no contempla régimen intermedio alguno –i.e. cambio de nombre, pero no de sexo– para las situaciones de transición”.
“De este modo, el art. 1.1 de la Ley 3/2007, en la medida que se aplica también a los supuestos normativos indicados en el auto de planteamiento, sin habilitar un cauce de individualización de aquellos menores de edad con ‘suficiente madurez’ y en una ’situación estable de transexualidad’ y sin prever un tratamiento específico para estos supuestos, constituye una medida legal que restringe los principios y derechos constitucionales que venimos considerando de un modo desproporcionado, dado que los perjuicios para los mismos claramente sobrepasan las menores necesidades de tutela especial que se manifiestan en estas categorías específicas de menores de edad, por lo que procede declarar su inconstitucionalidad”.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD; LGBTIQ; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; REGISTRO CIVIL; NOMBRE; MAYORÍA DE EDAD; GÉNERO; VULNERABILIDAD; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; IDENTIDAD DE GÉNERO; DERECHOS SEXUALES; ORIENTACIÓN SEXUAL; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Doolan v. AustraliaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que Australia violó los artículos 5 (derecho a la igualdad y no discriminación), 12 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 13 (acceso a la justicia), 14 (derecho a la libertad y la seguridad), 15 (prohibición de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1. Personas con discapacidad. Igualdad. Protección jurídica. No discriminación. Ajustes razonables.
“[E]n virtud de lo dispuesto en el artículo 5, párrafos 1 y 2, de la Convención, los Estados partes deben velar por que todas las personas sean iguales ante la ley y tengan derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna, y que los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación. El Comité recuerda también que la discriminación puede ser consecuencia del efecto discriminatorio de una norma o medida carente de la intención de discriminar, pero que afecte desproporcionadamente a las personas con discapacidad. [L]a cuestión que el Comité tiene ante sí es determinar si el trato diferenciado […] es razonable, o si da lugar a un trato discriminatorio contra las personas con discapacidad” (párr. 8.3).
2. Personas con discapacidad. Personas privadas de libertad. Capacidad para estar en juicio. Capacidad jurídica. Acceso a la justicia. Garantía de imparcialidad.
“[E]n virtud de la parte II.A del Código Penal del Territorio del Norte, cuando se declara que una persona no es apta para comparecer en juicio, esta puede ser privada de libertad por tiempo ilimitado, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 43ZC del Código, la orden de supervisión se dicta por un período indefinido con ciertas condiciones relativas a su modificación, revocación o revisión completa. Se presumirá que la persona objeto de una orden de supervisión no es apta para comparecer en juicio hasta que se determine lo contrario. Entretanto, la persona no tiene ninguna posibilidad de ejercer su capacidad jurídica ante los tribunales […]. El Comité observa que durante el tiempo que el peticionario permaneció recluido, todo el procedimiento judicial se centró en su capacidad mental para comparecer en juicio, y no se le concedió ninguna posibilidad de declararse inocente o culpable de los hechos que se le imputaban. Como se aclara en el párrafo 16 de la Observación General núm. 6 (2018) del Comité relativa a la igualdad y la no discriminación, la expresión ‘beneficiarse de la ley en igual medida’ significa que los Estados partes deben eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a todos los tipos de protección de la ley y a los beneficios de la igualdad de acceso a la ley y la justicia para hacer valer sus derechos. Por consiguiente, el Comité considera que la parte II.A del Código Penal del Territorio del Norte dio lugar a un tratamiento discriminatorio […]” (párr. 8.4).
“A ese respecto, el Comité observa que, según la información que consta en el expediente, no se consultó al peticionario en ninguna de las etapas del procedimiento relativo a su internamiento y alojamiento. [E]l Comité recuerda que la Convención reconoce el derecho de las personas a no verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico en razón de su discapacidad y que la institucionalización de las personas con discapacidad como condición para recibir servicios públicos de salud mental constituye un trato diferenciado por motivos de discapacidad y que, como tal, es discriminatorio. Por consiguiente, el Comité considera que el internamiento del peticionario en una institución especial a causa de su discapacidad […] vulneró el artículo 5 de la Convención” (párr. 8.5).
“[E]l hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12 y que, en virtud del artículo 12, párrafo 2, los Estados partes tienen la obligación de reconocer que las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Según el artículo 12, párrafo 3, los Estados partes deben proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar para ejercer su capacidad jurídica. El Comité recuerda también que, en virtud del artículo 13, párrafo 1, los Estados partes deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad” (párr. 8.6).
3. Personas con discapacidad. Personas privadas de libertad. Debido proceso. Ajustes razonables. Capacidad jurídica. Acceso a la justicia. Derecho a la seguridad.
“[L]a decisión de que el peticionario no era apto para comparecer en juicio a causa de su discapacidad intelectual y psicosocial dio pie a una privación de su derecho a ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente e impugnar las pruebas presentadas contra él. El Comité considera que las autoridades del Estado parte no prestaron al peticionario ninguna forma de apoyo o ajustes para que pudiera comparecer en juicio y ejercer su capacidad jurídica. Por consiguiente, no tuvo la posibilidad de obtener una resolución en relación con los cargos que se le imputaban. El Comité considera que, si bien los Estados partes disponen de cierto margen de apreciación al determinar los ajustes procesales que han de efectuarse para permitir a las personas con discapacidad ejercer su capacidad jurídica, tienen la obligación de respetar los derechos del interesado. Esto no sucedió en el caso del peticionario, ya que no se le ofreció ninguna posibilidad ni recibió el apoyo o los ajustes que necesitaba para ejercer sus derechos de acceso a la justicia y a un juicio imparcial” (párr. 8.7).
“En cuanto a las afirmaciones del peticionario relacionadas con su privación de libertad, el Comité reafirma que la libertad y la seguridad de la persona es uno de los más valiosos derechos de los que se puede disfrutar. En particular, todas las personas con discapacidad, y especialmente las personas con discapacidad mental o psicosocial, tienen derecho a la libertad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención. [E]l encarcelamiento del peticionario se decidió, pues, en función de la evaluación realizada por las autoridades del Estado parte acerca de las posibles consecuencias de su discapacidad intelectual, sin que hubiera una condena penal, con lo que su discapacidad se convirtió en la causa fundamental de su privación de libertad. Por consiguiente, el Comité considera que la privación de libertad del peticionario constituye una violación del artículo 14, párrafo 1 b), de la Convención, conforme al cual la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso una privación de la libertad” (párr. 8.8).
4. Personas con discapacidad. Condiciones de detención. Vulnerabilidad. Trato cruel, inhumano o degradante. Violencia. Derecho a la esperanza.
“[L]os Estados partes se encuentran en una posición especial en lo que atañe a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dado el grado de control que ejercen sobre esas personas, en particular en lo que se refiere a impedir todo trato contrario al artículo 15 y proteger los derechos que se les reconocen en ese instrumento. En este contexto, las autoridades del Estado parte han de prestar especial atención a las necesidades particulares y a la posible vulnerabilidad de las personas de que se trate, entre otras cosas a causa de su discapacidad. El Comité recuerda, además, que el hecho de no adoptar las medidas pertinentes ni realizar ajustes razonables suficientes cuando lo requieran personas con discapacidad privadas de su libertad puede constituir una vulneración del artículo 15, párrafo 2, de la Convención” (párr. 8.9).
“En el presente caso, el peticionario afirma que estuvo recluido en régimen de máxima seguridad, que convivió con personas que habían sido condenadas, que se le sometió a tratamiento no voluntario y que fue objeto de actos de violencia por otros presos [...]. Teniendo en cuenta los efectos psicológicos irreparables que la reclusión indefinida puede tener sobre el afectado, el Comité considera que el internamiento indefinido de que fue objeto el peticionario constituye un trato inhumano y degradante. El Comité considera, por consiguiente, que, si bien el peticionario no ha demostrado que fue objeto de violencia por otros presos, el carácter indefinido de su internamiento, su reclusión en un centro penitenciario sin haber sido condenado por un delito, el hecho de que fuera aislado periódicamente, el tratamiento forzado que se le administró y su reclusión junto con personas condenadas constituyen una violación del artículo 15 de la Convención” (párr. 10).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; PERSONALIDAD JURÍDICA; LIBERTAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; VULNERABILIDAD; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; VIOLENCIA; DERECHO A LA ESPERANZA;
Ruiz Fuentes v. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Guatemala fue responsable por haber infringido los artículos 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4.1, 4.2 y 4.6 (derecho a la vida y prohibición de la pena de muerte),  5.1 y 5.2 (derecho a la integridad personal y prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes), 8.1, 8.2.c) y 8.2.h) (derecho a las garantías judiciales), y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, así como los artículos 1 y 6 (obligación del Estado de prevenir y sancionar la tortura) y 8 (garantía de imparcialidad en los casos de denuncias sobre torturas) de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio del peticionario.
1. Pena de muerte. Derecho a la vida. Responsabilidad del Estado. Fuerzas de seguridad. Política criminal. Principio de legalidad.
“[E]n los casos excepcionales en los cuáles está permitido a los Estados la aplicación de la pena de muerte, tal posibilidad está sujeta a un conjunto de rigurosas limitaciones. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención Americana reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable sólo en condiciones excepcionales” (párr. 78).
“La Corte destaca que el artículo 4 incorpora una tendencia abolicionista de la pena de muerte que se refleja en su numeral segundo, el cual prohíbe que se extienda su aplicación ‘a delitos a los cuales no se la aplique actualmente’ y, según el numeral 3, ‘no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido’. La finalidad que se persigue es avanzar hacia una prohibición definitiva a esta modalidad de sanción penal, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse en los Estados que han suscrito la Convención Americana. De tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención Americana, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable. En esta materia la Convención apunta hacia una progresiva eliminación, al adoptar las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión total” (párr. 80).
“[L]a regulación en el Código Penal guatemalteco del delito de plagio o secuestro ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica a los autores de tal ilícito. Al respecto, estima pertinente recordar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que la obligatoriedad de la pena capital con la que se priva al sujeto de su derecho a la vida, impide considerar si, en las circunstancias particulares del caso, esta forma excepcional de castigo es compatible con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (párr. 87).
“La Corte, al igual que lo constató en el caso Raxcacó Reyes v. Guatemala, observa que el señalado artículo 201 del Código Penal, tal como estaba redactado, tenía como efecto someter a los acusados del delito de plagio o secuestro a procesos penales en los que no se consideran –en ninguna instancia– las circunstancias particulares del delito y del acusado, tales como los antecedentes penales de éste y de la víctima, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras consideraciones del autor y del delito. La Corte concluye que, efectivamente, cuando determinadas leyes obligan a imponer la pena de muerte de manera automática no se permite distinguir entre los distintos niveles de gravedad ni las circunstancias concretas del delito específico, lo cual sería incompatible con la limitación de la pena capital a los delitos más graves, tal y como así lo recoge el artículo 4.2 de la Convención” (párr. 88).
“[E]l artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por aquélla. Es necesario reafirmar que la obligación de adaptar la legislación interna sólo se satisface cuando efectivamente se realizan las reformas necesarias y adecuadas” (párr. 92).
“[L]a observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de garantizar las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra el mismo. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas” (párr. 100).
2. Derecho a la integridad personal. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Prueba. Prueba de peritos.
“[E]l artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física como psíquica y moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se ha reconocido que la prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional” (párr. 120).
"[L]a violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo y, por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos” (párr. 121).
“[L]a Corte analizará (i) la alegada responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la presunta tortura a la que fue sometido el señor Ruiz Fuentes tras su detención el 6 de agosto del 1997 para posteriormente (ii) analizar el sometimiento del señor Ruiz Fuentes al fenómeno del ‘corredor de la muerte’ y su compatibilidad con los estándares interamericanos” (párr. 122).
“[E]l tipo de lesiones que presentaba el señor Ruiz Fuentes tienen una compatibilidad mayor con el relato de los hechos que éste efectuó, en comparación con el relato de los hechos ofrecido por el Estado […]. A lo anterior se une la prueba que obra en el expediente con respecto a las amenazas realizadas al señor Ruiz Fuentes por miembros de la policía para que no denunciara los hechos […]. En consecuencia, la Corte considera acreditado que el señor Ruiz Fuentes sufrió serias lesiones en el contexto de su detención, esto es, cuando ya estaba bajo custodia del Estado” (párr. 126-128).
“[L]a Corte debe determinar a continuación si los referidos actos fueron actos constitutivos de tortura. A la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato: (i) es intencional; (ii) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y (iii) se cometa con cualquier fin o propósito” (párr. 129).
“[H]a quedado establecido que el señor Ruiz Fuentes fue objeto de numerosos golpes durante horas con el objetivo de obtener información sobre otros secuestros. [L]os golpes infligidos al señor Ruiz Fuentes fueron perpetrados de forma intencional y sostenida en el tiempo con el objetivo de obtener una información específica. Asimismo, de la prueba ofrecida, la Corte da por demostrada la gravedad e intensidad de los severos malos tratos físicos sufridos por el señor Ruiz Fuentes. En vista de las graves lesiones que presentaba, el señor Ruiz Fuentes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia […]” (párr. 130-131).
“[S]i bien la imposición de la pena se suspendió en virtud de la referida medida provisional, ésta no generó la certeza de que no se ejecutaría la pena en un futuro, por lo que la persona condenada continuaría a la expectativa con posibilidades reales de que ello sucediera” (párr. 133).
“A continuación corresponde a la Corte determinar si los hechos sufridos por el señor Ruiz Fuentes tras su condena a pena de muerte constituyeron, en este caso en concreto, un trato cruel, inhumano y degradante a la luz del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención” (párr. 134).
“Esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto del llamado ‘fenómeno del corredor de la muerte’ [casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros v. Trinidad y Tobago y Raxcacó Reyes v. Guatemala]. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos y algunos tribunales nacionales advierten que el llamado ‘corredor de la muerte’ causa una afectación al derecho a la integridad personal por la angustia en la que se encuentran las personas condenadas a muerte, situación, que genera traumas psicológicos por la manifestación presente y creciente de la ejecución de la pena máxima, por ende, es considerado como un trato cruel inhumano y degradante. [P]ara determinar la existencia de una violación a la integridad personal derivada del fenómeno del corredor de la muerte, es necesario analizar las circunstancias personales y particulares del caso para poder valorar si un determinado trato o pena alcanzó el nivel mínimo de gravedad para calificarse como cruel, inhumano o degradante” (párr. 135).
3. Pena de muerte. Debido proceso. Derecho de defensa. Doble conforme.
“[L]la forma en la que se impone una condena a pena de muerte puee constituir un factor que determine su incompatibilidad con lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. La Corte advierte que el señor Ruiz Fuentes fue condenado a la pena capital en el marco de un procedimiento penal en el que se produjeron patentes violaciones de los artículos 4.2 y 4.6 de la Convención, y en violación de varios preceptos relativos al debido proceso en el marco del procedimiento penal […]. La Corte considera que el proceso penal al que fue sometido el señor Ruiz Fuentes, cuyo resultado además fue la imposición de la pena de muerte, pudo producirle un profundo sufrimiento, angustia, ansiedad, frustración y estrés, del cual incluso pudo derivar algún tipo de trastorno por estrés post-traumático, tal y como ha sucedido en otros casos de personas condenadas a pena de muerte” (párr. 136).
“[L]os Estados [tienen el deber] de proteger a todas las personas, evitando los delitos, sancionar a los responsables de éstos y mantener el orden público, particularmente cuando se trata de hechos como los que dieron origen al proceso penal seguido contra el señor Ruíz Fuentes, que no solo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad, y merecen el más enérgico rechazo, más aún, cuando perjudican a niñas y niños. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción” (párr. 148).
“[E]l derecho a la defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena” (párr. 151).
“[E]s deber del Estado garantizar el ejercicio pleno y libre del derecho de defensa, independientemente de que la representación sea llevada cabo por un defensor público o privado. En el presente caso, la Corte observa que la razón por la cual la prueba aportada por el señor Ruiz Fuentes no fue admitida se debió a que el memorial respectivo carecía de firma y sello abogado defensor, lo que hizo que el documento no tuviera ninguna validez en aplicación de la legalidad procesal vigente al momento de los hechos” (párr. 152).
“La Corte recuerda que ‘contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa’, en los términos del artículo 8.2.c) del tratado, es una de ‘las garantías inherentes al derecho de defensa’. Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que pretende conseguir y demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo será contraria a la Convención” (párr. 154).
“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]’. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal” (párr. 157).
“[E]l artículo 8.2.h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz; es decir, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes, y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (párr. 158).
“El Tribunal observa que la respuesta brindada por la Corte de Apelaciones se limitó a rechazar lo alegado por el recurrente sin proceder a realizar ningún tipo de revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias ni de analizar los motivos específicos e individualizados argüidos por el señor Ruiz Fuentes en su recurso de apelación […]. En consecuencia, el Tribunal considera que la negativa por parte de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de revisar las cuestiones planteadas por la defensa del señor Ruiz Fuentes constituyó en el presente caso un hecho ilícito internacional en tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo establecido en el artículo 8.2.h) ” (párr. 166).
4. Tortura. Derecho a la integridad personal. Debida diligencia.
“[A] la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. En el presente caso, la Corte considera que el Estado de Guatemala no actuó con arreglo a esas previsiones” (párr. 170).
“[L]a obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST [Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura] que obligan al Estado a ‘toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción’, así como a ‘prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Convención, los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. De acuerdo a ello, la Corte ha considerado en varias oportunidades que cuando se produce una falta al deber de investigar alegados hechos de tortura, ello también implicaba una afectación a estos artículos de la CIPST” (párr. 173).
“[L]a falta de investigación oportuna de hechos tan graves evidencia un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la integridad personal, así como una denegación de justicia, que constituyó una violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y un incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del [peticionario]” (párr. 174).
“[E]l deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Además la investigación debe ser seria, objetiva y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos” (párr. 175).
“[L]la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una posible muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. Ha especificado este Tribunal que las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: (i) identificar a la víctima; (ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; (iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; (iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y (v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del delito, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” (párr. 178).
“[A] la luz de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, [La Corte] ha indicado que en aras de garantizar la efectividad de la investigación, se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma” (párr. 179).
“[L]as autopsias tienen como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. Estas deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, así como el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesión. En el presente caso, a título de ejemplo, la Corte destaca que en dicha autopsia: (i) no se tomaron fotografías ni vídeos desde el inicio del reconocimiento externo del cadáver, ni de reconocimiento interno; (ii) no se revisó la ropa, (iii) no se embaló la ropa para realizar pruebas para detectar restos de pólvora en la ropa y (iv) no se hizo referencia a la distancia probable de disparo. La Corte también destaca que no se siguió el protocolo de Naciones Unidas ‘Protocolo de Minnesota’ o ‘Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias’” (párr. 180).
“[La Corte] considera que el Estado omitió realizar un conjunto de actos de investigación idóneos e insustituibles, que resultaron contrarios a ‘pautas objetivas’ en el procesamiento del crimen. La Corte considera que las omisiones ocurridas en la investigación del presente caso han impedido que desde el día de la muerte del señor Ruiz Fuentes hasta la actualidad no se hayan podido esclarecer los hechos ni investigado de manera diligente, juzgado, y en su caso, sancionado a los posibles responsables de los hechos, pese a que han transcurrido desde el inicio de la investigación” (párr. 183).
5. Familia. Derecho a la integridad personal. Víctima.
“[L]os familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de ‘familiares directos’ u otras personas con vínculos estrechos con las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que aquéllos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos, tomando en cuenta, entre otros elementos, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar” (párr. 188).
PENA DE MUERTE; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; FUERZAS DE SEGURIDAD; POLÍTICA CRIMINAL; PRUEBA; PRUEBA DE PERITOS; RECURSOS; RECURSO DE APELACIÓN; REVISION JUDICIAL; ORDEN PÚBLICO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; DEBIDA DILIGENCIA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; PLAZO RAZONABLE; FAMILIA; VICTIMA;
Perrone y Preckel v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina no era responsable por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, pero sí por la violación de la garantía del plazo razonable prevista en el artículo 8.1 de la Convención.
1. Acceso a la justicia. Reparación. Debido proceso. Recursos. Motivación.
“[L]a controversia en este apartado consiste en determinar si las presuntas víctimas tuvieron acceso a la justicia, a través de un recurso, con las debidas garantías judiciales, a fin de buscar una reparación de carácter individual” (párr. 113).
“Esta Corte ha reconocido, por un lado, que de existir mecanismos nacionales para determinar formas de reparación, esos procedimientos y [sus] resultados deben ser valorados [hay nota], ya que constituyen un esfuerzo por parte del Estado en dirección de un proceso colectivo de reparación y de paz social. Así también, destaca diversos documentos en el contexto internacional que reconocen expresamente el derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos de acceder a recursos y obtener reparaciones individuales; tales como la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder [hay nota], el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad [hay nota], y los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones [hay nota] (en adelante, ‘Principios Básicos’). En similar sentido, a lo establecido por esta Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la compatibilidad entre medidas colectivas e individuales [hay nota]” (párr. 116).
“En particular, esta Corte nota que en los hechos concretos de este caso, el beneficio específico que recibieron los peticionarios a través de la Ley 24.043, no fue un excluyente por parte de las autoridades para continuar con las vías judiciales que habían emprendido y se encontraban en proceso” (párr. 118).
“[E]l deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. Es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho a ser juzgado por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias [hay nota]. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad [hay nota]. Por ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar los derechos a un debido proceso y de acceso a la justicia, en relación con el artículo 25 de la Convención” (párr. 120).
“[L]os Estados tienen el deber de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Esto implica que el recurso judicial debe ser idóneo para combatir la violación, por lo que la autoridad competente debe examinar las razones invocadas por el demandante y pronunciarse en torno a ellas [hay nota]. En ese sentido, este Tribunal ha establecido que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial, no puede reducirse a una mera formalidad y omitir argumentos de las partes, ya que debe examinar sus razones y manifestarse sobre ellas conforme a los parámetros establecidos por la Convención Americana” (párr. 121).
“La Corte observa que tanto en el caso del señor Preckel como en el caso de la señora Perrone las decisiones judiciales que quedaron en firme desestimaron las solicitudes presentadas por las presuntas víctimas con base en la aplicación de la normativa interna que señalaba que no había lugar a percibir salarios por servicios no prestados. No obstante, a lo largo de los procesos judiciales el señor Preckel y la señora Perrone argumentaron de forma reiterada que la normativa interna autorizaba el pago de salarios y haberes laborales no percibidos en casos de fuerza mayor, y alegaron que su detención arbitraria (y el posterior exilio en el caso del señor Preckel) sería una causal de fuerza mayor y que por lo tanto estaba justificado el pago de los haberes dejados de percibir pese a que no habían laborado” (párr. 136).
“Sin entrar a determinar cuál era la tesis correcta a la luz del derecho interno, la Corte advierte que las decisiones judiciales que decidieron de forma definitiva las demandas presentadas por el señor Preckel y la señora Perrone motivaron de forma suficiente por qué no eran aplicable las excepciones que alegaban al principio establecido normativa y jurisprudencialmente de que no procede el pago de sueldo por funciones no prestadas” (párr. 137).
“Por lo tanto la Corte considera que tanto la Cámara de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia examinaron los hechos, alegatos y argumentos presentados por las partes sometidos a su conocimiento. En consecuencia las sentencias que quedaron en firme no incurrieron en la alegada falta de motivación” (párr. 138).
2. Plazo razonable. Acceso a la justicia. Debido proceso. Recursos.
“[L]a razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse [hay nota]. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable [hay nota], por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales [hay nota]” (párr. 141).
“Esta Corte recuerda que los cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada por la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 142).
“[P]ara estudiar la alegada violación de la garantía del plazo razonable, la Corte estima pertinente examinar la duración del procedimiento administrativo y del proceso judicial de forma conjunta, pues el trámite de la reclamación administrativa era un presupuesto necesario para acudir a la vía jurisdiccional como manifestaron las víctimas al presentar las demandas correspondientes antes el juez federal” (párr. 143).
“En cuanto a la complejidad del asunto, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios como la complejidad de la prueba, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto [hay nota]. En este sentido, en el presente caso no había pluralidad de víctimas, carecía de dificultades probatorias, y no requería llevar a cabo múltiples actuaciones administrativas o judiciales, lo que pudiera configurar un caso complejo en su propia integración. No obstante, según fue señalado por las autoridades administrativas, el caso no contaba con precedentes por sus implicaciones colectivas, lo que requirió la consulta de entidades internas [como, por ejemplo, la intervención de la Procuración Nacional del Tesoro], situación que pudo tornar compleja la resolución del asunto en un primer momento ante las autoridades administrativas. Sin perjuicio de lo anterior, ante las autoridades judiciales, el tema versaba principalmente sobre la interpretación de normas internas” (párr. 144).
“En cuanto a la actividad procesal de las partes, la Corte constata que las presuntas víctimas dieron seguimiento e impulso a sus procesos, por lo que no se desprende que su actividad haya constituido alguna forma de obstrucción o dilación indebida” (párr. 145).
“En cuanto a la conducta de las autoridades judiciales y administrativas, la Corte nota en ambos casos el prolongado período transcurrido desde la presentación inicial de las reclamaciones ante la DGI hasta su decisión definitiva en sede judicial, sin que del expediente surja información para justificarlo, más allá de la ausencia de precedentes en la materia” (párr. 146).
DELITOS DE LESA HUMANIDAD; TRABAJO; FUERZA MAYOR; SALARIO; SEGURIDAD JURÍDICA; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; MOTIVACIÓN; REPARACIÓN; RECURSOS; PLAZO RAZONABLE;
Observación General Nº 24Comité de los Derechos del Niño - CRC
1. Niños, niñas y adolescentes. Derecho penal juvenil. Culpabilidad. Vulnerabilidad.
"Los niños, niñas y adolescentes se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico como psicológico. Estas diferencias constituyen la base para el reconocimiento de una reducción en la culpabilidad penal y para desarrollar un sistema diferenciado que logre un enfoque individual. Se encuentra demostrado que la exposición al sistema de justicia penal causa daño a los niños y limita sus posibilidades de devenir en adultos responsables" (cfr. párr. 2).
"La prevención y la intervención temprana debe enfocarse en el apoyo de las familias, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad o contextos de violencia. El apoyo debe ser provisto a niños en riesgo, sobre todo quienes dejaron de asistir a la escuela, fueron excluidos o por algún otro motivo no completaron su educación [...]. Los Estados parte también deben desarrollar servicios de base comunitaria y programas que respondan a las necesidades específicas, los problemas, las preocupaciones y los intereses de los niños, y que provean asesoramiento a sus familias" (cfr. párr. 9).
"Un sistema orientado a la prevención también incluye la reducción del sistema de justicia penal a través de la despenalización de determinadas conductas de niños, como la deserción escolar, el pedir limosna o contravenciones que suelen ser resultado de la pobreza, la situación de calle o contextos de violencia familiar. Los niños y niñas también son víctimas de explotación sexual y los jóvenes que se relacionan entre sí y mantienen relaciones sexuales consensuadas a veces también son criminalizados" (cfr. párr. 12).
2. Derecho penal juvenil. Imputabilidad.
"Cuando los procesos judiciales son iniciados por una autoridad competente, los principios de juicio justo son aplicables [...]. El sistema de justicia juvenil debe ofrecer oportunidades amplias a fin de aplicar medidas sociales y educativas, y limitar estrictamente la privación de libertad desde el arresto, durante el proceso y en la condena" (cfr. párr. 19).
"Los niñas y niñas que se encuentran por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal al momento del hecho no pueden ser penalmente imputados. Aquellos que sí se sitúan por encima de la edad mínima al momento del hecho, pero son menores de dieciocho años, pueden ser imputados a través de las normas del derecho penal juvenil, en un régimen totalmente concordante con la Convención. El Comité reitera a los Estados parte que la edad relevante para la imputación es la edad al momento del hecho" (cfr. párr. 20).
"[E]l Comité destaca a los Estados que disponen una edad mínima de imputabilidad superior [a los catorce años], por ejemplo de quince o dieciséis, y sostiene que los Estados parte no deben reducir su mínimo bajo ninguna circunstancia, de acuerdo con el artículo 41 de la Convención" (cfr. párr. 22).
"[R]econoce que más allá de que la regulación de la edad mínima para la responsabilidad penal en una edad superior es importante, un abordaje efectivo también depende de la manera en que el Estado trabaja con los niños por encima y por debajo de esa edad [...]. Los niñas y las niñas bajo el mínimo de la edad establecida deben contar con asistencia y servicios acordes a sus necesidades, brindados por autoridades apropiadas y no deben ser considerados como jóvenes que cometieron delitos" (cfr. párr. 23).
"Los sistemas de justicia para niños y niñas deben proteger a aquellos jóvenes que se encuentran por debajo de los dieciocho años al momento de cometer el hecho imputado, como también a quienes alcanzan la mayoría de edad durante el juicio o la ejecución de la sentencia" (cfr. párr. 31).
"El Comité destaca a los Estados parte que aplican como regla general, o de modo excepcional, la justicia juvenil a personas de dieciocho años e incluso mayores. Este enfoque concuerda con las investigaciones de desarrollo y neurociencia que demuestran la continua evolución del cerebro hasta los primeros años posteriores a los veinte" (cfr. párr. 32)
3. Niños, niñas y adolescentes. Garantía de imparcialidad. Prueba. Carga de la prueba. Ministerio Público Fiscal. Principio de inocencia. In dubio pro reo.
"El artículo 40 (2) de la Convención contiene una lista importante de derechos y garantías destinada a asegurar que cada niño reciba un trato y un juicio justo [...]. El Comité señala que la capacitación continua y sistemática es crucial para sostener tales garantías. Los profesionales deben estar capacitados para trabajar en grupos interdisciplinarios y deben ser informados acerca del desarrollo físico, psicológico, mental y social de los niños, niñas y adolescentes, así como acerca de las necesidades especiales de la mayoría de los niños marginados" (cfr. párr. 38-39).
"La presunción de inocencia exige que la carga de la prueba se encuentre en cabeza del acusador, más allá de la naturaleza del delito. El niño tiene el beneficio de la duda y sólo resulta culpable cuando el representante del Ministerio Público Fiscal haya probado su acusación más allá de toda duda razonable. Las conductas sospechosas de los niños no deben llevar a una declaración de culpabilidad, ya que esta se puede deber a una falta de entendimiento sobre el proceso, de madurez, o relacionarse con un sentimiento de miedo u otro motivo" (cfr. párr. 43).
4. Niños, niñas y adolescentes. Debido proceso. Derecho de defensa. Derecho a ser oído.
"Los niños tienen el derecho a ser oídos de manera directa en todas las instancias del proceso y no necesariamente a través de un representante. El niño tiene derecho a permanecer en silencio y ninguna inferencia adversa debe tener lugar si decide no declarar" (cfr. párr. 45).
"Para participar del proceso de manera efectiva, un niño necesita ser asistido por todos los actores intervinientes a fin de que comprenda las acusaciones, las posibles consecuencias [...], interrogue testigos, ofrezca una versión de los hechos e intervenga en la discusión de las medidas a imponerse. Los procesos deben desarrollarse en un lenguaje que el niño comprenda en su totalidad o debe tener acceso gratuito a un intérprete" (cfr. párr. 46).
"Los Estados deben asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes cuenten con asistencia legal u otro tipo de asistencia desde el comienzo del proceso, en la preparación y la presentación de la defensa, y hasta que todas las apelaciones sean realizadas o las vías alternativas agotadas" (cfr. párr. 49).
"El Comité reitera que el tiempo entre el hecho investigado y el final del proceso debe ser lo más corto posible. A mayor duración del proceso, más se aleja el resultado de la respuesta deseada [...]. Los límites temporales deben ser más cortos que aquellos establecidos para las personas adultas, sin embargo se deben respetar todas las garantías fundamentales" (cfr. párr. 54 y 55).
5. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Autoincriminación. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Coacción
"Los Estados tienen que asegurar que los niños no sean obligados a declarar, confesar o reconocer la culpabilidad. Los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a fin de que admitan la participación en el hecho o confiesen la culpabilidad, constituyen una grave violación de los derechos del niño (Convención de los Derechos del Niño, artículo 37 a). Cualquier confesión o reconocimiento de la culpabilidad es inadmisible como prueba (Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 15)" (cfr. párr. 58).
"La coacción que conlleva una confesión o auto-incriminación está prohibida. El término ‘coaccionar’ debe ser interpretado en término amplio y no limitarse a la fuerza física. El riesgo de confesiones falsas se incrementa según la edad de los niños, niñas y adolescentes y su desarrollo, la falta de entendimiento, el miedo o el desconocimiento de las consecuencias, incluida la posibilidad de detención inducida por algún agente interviniente, así como la duración y las circunstancias de los interrogatorios" (cfr. párr. 59).
6. Recursos. Doble conforme.
"Los niños tienen derecho a que las decisiones que declaren su culpabilidad sean revisadas por un tribunal superior competente, independiente e imparcial. Este derecho a la revisión de sentencias no se limita a los delitos graves. Los Estados parte deben considerar la posibilidad de introducir medidas automáticas de revisión, en particular en casos que impliquen el registro de antecedentes penales o la privación de la libertad" (cfr. párr. 62).
7. Pena. Determinación de la pena. Principio de proporcionalidad.
"El Comité señala que la respuesta a un delito siempre debe ser proporcional, no sólo a las circunstancias y la gravedad del hecho, sino también a las circunstancias personales (edad, menor culpabilidad, circunstancias y necesidades, incluidas, si es apropiada, la salud mental del niño) […]. Un abordaje estrictamente punitivo no es acorde a los principios del derecho penal juvenil que indica el artículo 40 (1) de la Convención. Cuando los delitos graves son cometidos por niños, se deben considerar medidas proporcionales a las circunstancias del imputado y la gravedad. También se deben evaluar las necesidades para la seguridad pública […]. Siempre es prioritario el interés superior del niño como consideración primordial junto a la necesidad de promover la reintegración del niño a la sociedad” (cfr. párr. 76).
8. Niños, niñas y adolescentes. Pena. Prisión perpetua. Reinserción social.
“Ningún niño, niña o adolescente menor a los dieciocho años de edad al momento del hecho debe ser condenado a una pena de prisión perpetua sin posibilidad de acceder a institutos de libertad anticipada. El período previo a la solicitud de liberación debe ser sustancialmente menor al de los adultos […]. El Comité recuerda que los Estados parte que condenan a los niños a penas de prisión perpetua en estas condiciones deben esforzarse por alcanzar los principios establecidos en el artículo 40 (1) de la Convención. Esto significa, inter alia, que un niño condenado a una pena de prisión perpetua debe recibir educación, tratamiento y cuidado al momento de su liberación, reintegración […]” (cfr. párr. 81).
9. Niños, niñas y adolescentes. Prisión. Condiciones de detención. Interés superior del niño.
“Un niño, niña o adolescente privado de su libertad no debe ser alojado en una cárcel para adultos ya que existen demasiadas pruebas de que compromete su salud, las seguridades básicas y la posibilidad de reintegrarse en el futuro. El permiso excepcional a este principio que se encuentra establecido en el artículo 37 (c) de la Convención –‘a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño’– debe ser interpretación estrictamente y no se deben anular los intereses de los niños por la mera conveniencia de los Estados” (cfr. párr. 92).
“La regla antedicha no significa que un niño alojado en un establecimiento para jóvenes deba ser trasladado a un establecimiento de personas adultas inmediatamente después de que él o ella alcance los dieciocho años. Su permanencia en el centro de niños, niñas y adolescentes debe tener lugar en línea con su interés superior y sin contrariar el del resto de los niños del lugar” (cfr. párr. 93).
“Todo niño, niña y adolescente privado de su libertad tiene derecho a mantener contacto con su familia a través de correspondencia y visitas. Para facilitar las visitas, deben ser alojados en establecimientos lo más cercano posibles al lugar de residencia de sus familias” (cfr. párr. 94).
10. Pueblos indígenas. Costumbre. No discriminación. Justicia restaurativa.
“Está emergiendo un consenso sobre las reformas de justicia que atienden a los sistemas [no formales, de costumbres, pueblos indígenas o áreas distintas a la penal]. Teniendo en cuenta la tensión entre la justicia estatal y no estatal, además de las preocupaciones sobre los derechos procesales y los riesgos de discriminación, las reformas deben realizarse por etapas, con una metodología que implique una comprensión integral de los sistemas en cuestión y que resulte aceptable para todas las partes interesadas” (cfr. párr. 103).
“Los principios de la Convención deberían integrarse a todo mecanismo de justicia que se ocupe de los niños, y los Estados parte deberían garantizar que la Convención se conozca y se aplique. Las respuestas de la justicia restaurativa se pueden alcanzar a través de los sistemas de justicia consuetudinarios, indígenas u otros no estatales, y pueden brindar la oportunidad de aprender sobre el sistema formal de justicia juvenil” (cfr. párr. 104).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO PENAL JUVENIL; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO A SER OIDO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; DETERMINACIÓN DE LA PENA; CULPABILIDAD; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; AUTOINCRIMINACIÓN; TORTURA; DECLARACIÓN INDAGATORIA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; COACCIÓN; RECURSOS; DOBLE CONFORME; PENA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRISIÓN PERPETUA; REINSERCIÓN SOCIAL; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PUEBLOS INDÍGENAS; COSTUMBRE; NO DISCRIMINACIÓN; JUSTICIA RESTAURATIVA; PLAZO RAZONABLE;
Observaciones finales sobre Argentina (CMW)Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares - CMW
Entre sus conclusiones, el Comité señaló que el Estado argentino debe adoptar medidas inmediatas para derogar, en la instancia pertinente, el Decreto Nº 70/2017 y garantizar el respeto de las garantías procesales a las personas migrantes en pie de igualdad con los nacionales del Estado. A su vez, sostuvo que se deben resolver las cuestiones de índole administrativo sin afectar al trabajador migrante y su familia.
Por otra parte, recomendó que el Estado facilite la labor de la Defensoría General de la Nación para llevar a cabo eficazmente la promoción y protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares con arreglo a la Convención, y otorgue sin excepción, defensores independientes a los niños y niñas hijos de trabajadores migrantes, cuando sus padres o tutores están en un proceso administrativo y/o judicial. Asimismo, consideró que corresponde sancionar a quienes realicen declaraciones xenófobas que atenten o menoscaben la dignidad de las personas migrantes, tanto en el discurso político, en los mensajes de las autoridades, como en los contenidos de los medios de comunicación. Entre sus recomendaciones finales, también destacó la necesidad de investigar, enjuiciar y sancionar con prontitud e imparcialidad todos los actos de trata de personas.
1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Reforma legal. Decreto.
“El Comité expresa su profunda preocupación por la promulgación y aplicación del Decreto Nº 70/2017, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018, que la misma sentencia incluye un control de convencionalidad y cumplimiento de obligaciones internacionales que tampoco cumple dicho Decreto y así como a pesar de que tanto este Comité como el Comité de los Derechos del Niño y el Comité Contra la Tortura han recomendado su derogatoria y la mención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales motivando al Estado parte a eliminar las barreras de acceso a los derechos económicos sociales y culturales y facilitar la regularización migratoria de la población migrante. El Comité toma nota de la explicación del Estado parte de que todavía está pendiente en la Corte Suprema una decisión judicial definitiva sobre su inconstitucionalidad. Sin embargo, le preocupan gravemente las consecuencias de la aplicación del procedimiento sumario de expulsión creado por el Decreto, y en particular por estar opuesto al contenido de la Convención, lo siguiente:
a) La limitación del recurso único ante la Dirección Nacional de Migración, que concentra poderes para resolver todos los casos de faltas administrativas migratorias;
b) El proceso de notificación y la poca fiabilidad de su entrega, que es aceptada como válida sin la firma de la parte afectada;
c) La reducción a tres días hábiles para presentar un recurso de revisión judicial, ante un único organismo como es la Comisión de Migración;
d) La posibilidad de ejecutar la orden de expulsión sin un protocolo para garantizar los derechos humanos del trabajador migrante y su familia, una vez que la apelación administrativa sea definitiva o se haya denegado;
e) La posibilidad de detener a una persona desde el inicio del procedimiento sumario de expulsión hasta su conclusión, sin considerar que ninguna persona puede ser privada de libertad por su situación migratoria;
f) El requisito de que las personas sujetas a expulsión demuestren sin lugar a dudas que carecen de recursos económicos para tener derecho a la asistencia letrada gratuita;
g) El ejercicio del derecho a la unidad familiar está sujeto a la prueba de la convivencia familiar y al ‘interés económico y afectivo demostrado por el migrante’, determinado por las autoridades administrativas (artículos 29 y 62 del Decreto)” (párr. 10).
2. Derecho de defensa. Expulsión de extranjeros. Niños, niñas y adolescentes. Reforma legal. Decreto. Debido proceso. Acceso a la justicia.
“Preocupa al Comité que la Defensoría General de la Nación no pueda ejercer su mandato de promover los derechos de los trabajadores migratorios. También preocupa al Comité que se haya suspendido la asistencia legal de los defensores públicos en los procesos migratorios y particularmente en la expulsión de personas migrantes. El Comité considera muy grave la falta de patrocinio y representación legal independiente de los niños y niñas argentinos en particular y menores de edad de otras nacionalidades, que se ven involucrados en las expulsiones forzosas de sus padres o tutores” (párr. 22).
“El Comité expresa su profunda preocupación por los aspectos discriminatorios y regresivos en materia de derechos que se ha aplicado en virtud del Decreto Nº 70/2017, en particular en lo que respecta a las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de trato y la libertad de circulación. Al Comité le preocupa seriamente que el decreto haya creado un procedimiento sumario ‘acelerado’, aplicable a las personas que son objeto de una orden de expulsión, que provoca indefensión, y da un carácter únicamente administrativo a las decisiones de permanencia o expulsión que afectan la vida y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias” (párr. 30).
3. Migrantes. No discriminación. Funcionarios públicos. Medios de comunicación.
“El Comité toma nota de la labor realizada por El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, incluidas las campañas de sensibilización con enfoque a los derechos de las personas de ascendencia africana, los pueblos indígenas y los trabajadores migratorios. Sin embargo, preocupan al Comité los constantes mensajes que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad, tanto entre las autoridades como en los medios de comunicación” (párr. 28).
4. Migrantes en situación irregular. Derecho al trabajo. Fuerzas de seguridad. Violencia. LGBTIQ.
“Preocupa al Comité que la definición de trabajador migratorio que figura en la legislación del Estado parte no incluya a las personas que trabajan por cuenta propia, a menos que procedan de un Estado miembro del MERCOSUR, siendo que la mayor parte de trabajadores informales son africanos” (párr. 14).
“[P]reocupan los informes de que grupos de trabajadores migrantes, incluidos los vendedores ambulantes (‘los manteros’), en particular aquellos de origen senegalés o haitiano, los trabajadores de la industria textil, las mujeres que ejercen la prostitución y los trabajadores migrantes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales son objetos de violencia y acoso por parte de la policía. Preocupa también al Comité la aplicación de medidas punitivas a los migrantes que son vendedores informales y la falta de opciones para su regularización migratoria, siendo además víctimas de abuso de las autoridades por no contar con documentos migratorios” (párr. 32).
5. Migrantes. Trata de personas. Víctima.
“El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado parte por promover y proteger los derechos de los trabajadores migratorios en el Estado parte, en particular con respecto a la trata de personas, tanto en el plano legislativo como en el institucional” (párr. 6).
“[P]reocupa al Comité la información según la cual los trabajadores migratorios, en particular los que se encuentran en situación irregular, siguen siendo objeto de trabajo forzoso, abuso y explotación. Preocupa especialmente al Comité que los trabajadores de la industria textil, muchos de los cuales proceden de Bolivia, estén empleados sin contrato escrito, trabajen muchas horas y a menudo vivan con sus hijos en el lugar de trabajo” (párr. 36).
“El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la Ley Nº 26842 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, así como la creación del Programa nacional de rescate y acompañamiento de personas afectadas por el delito de trata. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por el escaso número de condenas por trata de personas, en particular con fines de explotación sexual. Preocupan además al Comité las denuncias de complicidad oficial o de funcionarios en los delitos de trata” (párr. 50).
6. Migrantes. Derecho a la salud.
“[A]l Comité le preocupan los informes sobre los persistentes problemas de acceso a los servicios de salud para los migrantes en situación irregular y los informes de que algunos hospitales han denunciado a los migrantes en situación irregular ante las autoridades de migración y además se les habría denegado una atención de salud adecuada” (párr. 42).
MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; REFORMA LEGAL; DECRETO; RECURSOS; PLAZO RAZONABLE; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; DERECHO AL TRABAJO; DERECHO DE DEFENSA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NO DISCRIMINACIÓN; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; FUERZAS DE SEGURIDAD; VIOLENCIA; LGBTIQ; DERECHO A LA SALUD; TRATA DE PERSONAS; VICTIMA;
SL v. BulgariaComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que Bulgaria violó los artículos 2 a) a c), y e) a g) (no discriminación, derecho a la igualdad, ajustes razonables y protección jurídica), el artículo 5 a) (funciones estereotipadas y prejuicios) y el artículo 16 1) c), g) y h)  (Igualdad en los derechos y responsabilidades en el matrimonio, protección de la familia) de la Convención, leídos junto con el artículo 1 y las Recomendaciones Generales del Comité núm. 19 (sobre la violencia contra la mujer), 21 (sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares) y 35 (sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19).
1. Género. Violencia familiar. Violencia doméstica. Violencia de género. Debida diligencia. No discriminación. Responsabilidad del Estado. Estereotipos de género.
“El Comité considera que la esencia de la presente comunicación es la denuncia de la autora de que el Estado parte no la ha protegido de manera efectiva contra la violencia doméstica, en contravención del artículo 2 a) a c) y e) a g), el artículo 5 a) y el artículo 16 1) c), g) y h), leídos junto con el artículo 1 de la Convención” (párr. 7.2).
“El Comité recuerda su recomendación general núm. 19 y su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, según las cuales la violencia de género y la violencia doméstica, que menoscaban o anulan el goce, por parte de las mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales que se les reconocen en el derecho internacional o en los diversos convenios de derechos humanos, constituyen discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. En virtud de la obligación de diligencia debida, sobre todo en la esfera privada, los Estados partes deben adoptar y aplicar medidas constitucionales y legislativas para hacer frente a la violencia de género contra la mujer cometida por agentes no estatales, también en la esfera privada y, en particular, cuando se trate de violencia doméstica, lo que comprende contar con leyes, instituciones y un sistema para abordar dicha violencia y garantizar que funcionen de manera eficaz en la práctica y que cuenten con el apoyo de todos los agentes y órganos del Estado, que tiene que hacer cumplir las leyes con diligencia. El hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las víctimas y supervivientes de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia de género contra la mujer. Tales fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos humanos. El hecho de no afrontar eficazmente la violencia de género y la violencia doméstica es perjudicial para la sociedad, y en particular para las mujeres y los niños” (párr. 7.3).
“El Comité abordó conjuntamente los artículos 5 y 16 en sus recomendaciones generales núms. 19, 21 y 35; subrayó que las disposiciones de las recomendaciones generales núms. 19 y 35, relativas a la violencia contra la mujer, eran de gran importancia para que la mujer pudiera disfrutar de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad con los hombres. En numerosas ocasiones, ha señalado que las actitudes tradicionales por las que se considera que las mujeres están subordinadas a los hombres contribuyen a la violencia contra ellas. El Comité subraya que la plena aplicación de la Convención requiere que los Estados partes no solo adopten medidas para eliminar la discriminación directa e indirecta y mejorar la situación de facto de la mujer, sino también para modificar y transformar los estereotipos de género, que constituyen tanto una causa fundamental como una consecuencia de la discriminación contra las mujeres. Los estereotipos de género se reproducen por diversos medios e instituciones, como son las leyes y los ordenamientos jurídicos, y pueden ser perpetuados por agentes estatales de todas las esferas y todos los niveles de la administración, así como por agentes privados” (párr. 7.4).
2. Género. Familia. Garantía de imparcialidad. Acceso a la justicia. Derecho a la vida privada y familiar. Estereotipos de género. Violencia de género. Debida diligencia.
“[E]n virtud de los artículos 2 y 5, el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas apropiadas para modificar o abolir no solamente las leyes y los reglamentos vigentes, sino también los usos y las prácticas que constituyan discriminación contra las mujeres, al tiempo que, según el artículo 16 1), deberá adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. En ese sentido, el Comité destaca que los estereotipos afectan al derecho de las mujeres a un juicio imparcial y que la judicatura debe tener cuidado de no establecer normas inflexibles basándose en ideas preconcebidas sobre lo que constituye violencia doméstica o por razón de género, como se señala en su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia” (párr. 7.5).
“[E]l cumplimiento por el Estado parte de las obligaciones de erradicar los estereotipos de género contraídas en virtud del artículo 2 a) a c) y e) a g) y el artículo 5 a) de la Convención, leídos junto con el artículo 16 1 c), g) y h), debe evaluarse teniendo en cuenta el grado de sensibilidad a las cuestiones de género demostrado en la tramitación de la causa de la autora por las autoridades. Por eso, en cuanto a la afirmación de la autora de que las decisiones de las autoridades se basaron en estereotipos de género, el Comité reafirma que la Convención impone obligaciones de diligencia debida a todas las instituciones estatales y que los Estados partes pueden ser considerados responsables de las decisiones judiciales que infrinjan disposiciones de la Convención” (párr. 7.6).
“El Comité observa que el Estado parte ha adoptado medidas de protección contra la violencia de género y la violencia doméstica, incluidas las previstas en la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar. Sin embargo, para que la autora pueda disfrutar de la aplicación eficaz del principio de igualdad entre las mujeres y los hombres y de los derechos humanos y las libertades fundamentales que la asisten, es necesario que todos los actores estatales, incluidos los tribunales, que están vinculados por las obligaciones del Estado parte apoyen la voluntad política expresada en esas medidas y esa ley” (párr. 7.7).
3. Género. Vulnerabilidad. Recursos. Acceso a la justicia. Reforma legal.
“El Comité señala, asimismo, que el hecho de que Estado parte no haya modificado el artículo 10 1) de la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar afectó directamente a la posibilidad de que la autora pudiera reclamar justicia y acceder a recursos y protección efectivos. El Comité señala que, en el caso presente, el hecho de que el Estado parte no haya modificado el artículo en cuestión ha dado lugar a que los tribunales no hayan tenido debidamente en cuenta los antecedentes de violencia de género y violencia doméstica de M. y hayan obviado la posición vulnerable y el sufrimiento prolongado de la autora. El Comité también considera que el caso demuestra que el Estado parte ha incumplido su deber de adoptar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en sus papeles tradicionales” (párr. 7.11).
“El Comité reconoce que la autora de la comunicación ha sufrido detrimento y daños físicos, psicológicos y materiales graves. A lo largo de todos los procedimientos del caso, la autora no obtuvo la protección jurídica que necesitaba. Aun si el Comité supone que no fue sometida directamente a violencia física de género y violencia en el hogar tras la desestimación definitiva de su denuncia que haya entrañado gastos para ella, de todas formas sufrió un grave perjuicio debido a la falta de protección jurídica e institucional y de una respuesta adecuada a la solicitud suya y de sus hijos” (párr. 7.12).
GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA DOMÉSTICA; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; MATRIMONIO; FAMILIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; AJUSTES RAZONABLES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; REFORMA LEGAL;
Medina Varela v. MéxicoComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró que México había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, 9, 12, 13 y 14, leídos conjuntamente con el artículo 4 de la Convención.
1. Personas con discapacidad. No discriminación. Acceso a la justicia. Ajustes razonables. Debido proceso.
“El Comité considera que la falta de notificación personal de la sentencia definitiva y la imposibilidad del autor de participar directamente en las diferentes etapas del procedimiento judicial desarrollado en su contra constituyeron un impedimento para que tuviera acceso a los recursos legalmente disponibles” (párr. 9.5).
“El Comité recuerda que, el artículo 5 de la Convención dispone que los Estados partes deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, y tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley sin discriminación alguna. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación. El Comité recuerda también que la discriminación puede ser consecuencia del efecto discriminatorio de una norma o medida carente de la intención de discriminar pero que afecte desproporcionadamente a las personas con discapacidad” (párr. 10.3).
“Si bien el Comité reconoce que en determinados casos puede haber excepciones a las garantías del debido proceso [hay nota], advierte que en el presente caso no existe razón alguna que justifique su incumplimiento. Asimismo, el procedimiento tampoco garantizó que se adoptaran ajustes de procedimiento para el autor. Por consiguiente, el Comité considera que la aplicación del procedimiento especial para inimputables, contenido en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, dio lugar a un trato discriminatorio en contra del autor, en violación del artículo 5, leído conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 10.4).
“[E]l Comité toma nota de la pretensión del autor que el Estado parte ha incumplido su obligación de asegurar la accesibilidad de la información durante el proceso penal ya que en la actualidad no existe información en formato accesible sobre la legislación penal. El Comité nota que el Estado parte ha omitido señalar en qué medida se ha facilitado la información relativa al proceso penal que se llevó a cabo en contra del autor en un formato accesible. Según lo establecido en el artículo 9, párrafos 1 y 2, literal f) de la Convención, los Estados partes deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a la información y para promover formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar el acceso a la información. En el presente caso, el Comité advierte que debido a su discapacidad intelectual y psicosocial el autor no fue tomado en cuenta dentro del proceso y no tuvo acceso a la información relacionada con el mismo. Toda la información relativa al procedimiento y actuaciones judiciales fue proporcionada al defensor de oficio. [E]l Comité considera que la falta de participación del autor dentro del proceso penal que se llevó en su contra y la denegación de redactar una versión sencilla de las resoluciones emitidas […], constituyen una violación del artículo 9, leído conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 10.5).
“[S]egún el artículo 13 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, en todos los procedimientos judiciales. En este caso, en repetidas ocasiones las autoridades judiciales denegaron al autor la posibilidad de ejercer sus derechos ya que (i) el autor, desde el inicio del proceso penal, no tuvo la posibilidad de participar en el procedimiento judicial, no se le permitió declarar, ni rebatir las pruebas presentadas, ni estar presente en las audiencias judiciales; (ii) no se le notificaron las resoluciones emitidas; (iii) en los intentos realizados por el autor para intervenir en el proceso, como cuando presentó un recurso de apelación en contra de la resolución [que dispuso su sujeción al Procedimiento Especial para Inimputables], y cuando solicitó que se revocara el nombramiento del defensor de oficio a fin de designar un nuevo defensor particular, el juez le denegó esta posibilidad; (iv) la aplicación del procedimiento especial para inimputables no garantizó la adopción de ajustes de procedimiento que permitieran al autor acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Incluso al momento de subsanar la falta de notificación de la sentencia definitiva, el tribunal ordenó se realizara nuevamente la notificación a través de su representante legal, negándole la posibilidad de ser parte activa dentro del proceso. Por lo tanto, el Comité considera que el Estado parte ha violado el artículo 13, leído conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 10.7).
2. Inimputabilidad. Capacidad para estar en juicio. Internación. Derecho de defensa.
“El Comité también toma nota de las alegaciones del autor que al haber sido considerado como inimputable, no le fue reconocida su capacidad jurídica para enfrentar un proceso penal en igualdad de condiciones con los demás. Al respecto, recuerda que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12, los Estados partes tienen la obligación de reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Además, tienen la obligación de proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Según, el Estado parte la determinación de sujetar al autor al procedimiento especial para inimputables fue basada en la comprensión que tenía del ilícito cometido y no significa que se decidiera sobre su capacidad jurídica. El Comité considera que al haberse declarado al autor como ‘no apto para declarar’, se le privó de la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente, impugnar las pruebas presentadas contra él, designar al abogado defensor de su elección e impugnar las resoluciones que le perjudicaron. El Comité considera que, si bien los Estados parte tienen cierto margen de apreciación para determinar los arreglos de procedimiento que permiten a las personas con discapacidad ejercer su capacidad jurídica [hay nota], deben respetarse los derechos y las garantías procesales del interesado. En el caso del autor, no tuvo esa posibilidad, ni recibió el apoyo o los ajustes adecuados para ejercer sus derechos. El Comité recuerda que de conformidad con su Observación General N°1 (2014), para que las personas con discapacidad puedan exigir el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las demás, debe reconocérseles la personalidad jurídica con la misma capacidad ante las cortes de justicia y los tribunales [hay nota]. Por lo tanto, el Comité considera que la situación que está examinando constituye una violación del artículo 12, leído conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 10.6).
“[E]l Comité observa que desde el inicio, el internamiento del autor estuvo basado únicamente en los certificados médicos y en la posible peligrosidad que representaba para la sociedad [hay nota]. El Comité recuerda que según el artículo 14, 1, b) de la Convención, ‘la existencia de una discapacidad no justifi[ca] en ningún caso una privación de la libertad’. De la misma manera, según los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, el internamiento basado en una discapacidad psicosocial o intelectual real o percibida está prohibido y los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y reparar los internamientos involuntarios o basados en la discapacidad. De acuerdo, a la documentación presentada, el argumento principal utilizado para justificar el internamiento del autor fue que es una persona con discapacidad que necesitaba un tratamiento médico. El Comité advierte además que la solicitud de externamiento que presentaron el autor y su madre fue rechazada por el juez porque no se había determinado como se llevaría a cabo el tratamiento que necesitaba el autor. De esta manera, el Comité observa que la discapacidad del autor se convirtió en la causa fundamental de su privación de libertad, así resultando en una violación del artículo 14, párrafo 1 b), de la Convención” (párr. 10.8).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DETENCIÓN DE PERSONAS; PRISIÓN; INTERNACIÓN; INIMPUTABILIDAD; CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO; DERECHO DE DEFENSA; ACCESO A LA JUSTICIA; AJUSTES RAZONABLES; NO DISCRIMINACIÓN; DEBIDO PROCESO;
RK v. EspañaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que el Estado español violó los artículos 3, 8, 12, 20, párrafo 1, y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 6 del Protocolo Facultativo.
A su vez, le recomendó:
“a) Garantizar que todo proceso de determinación de la edad de jóvenes que afirman ser niños o niñas sea acorde con la Convención y, en particular, que en el curso de dichos procesos: i) los documentos presentados por dichos jóvenes sean tomados en consideración, y en el caso de que los documentos hayan sido emitidos o confirmados por los Estados que emitieron los documentos o por las embajadas, sean aceptados como auténticos; y ii) a estos jóvenes se les asigne sin demora un representante legal cualificado u otros representantes de forma gratuita, que los abogados privados designados para representarlos sean reconocidos y que todos los representantes legales u otros representantes tengan permiso para ayudar a estas personas durante dichos procesos;
b) Garantizar que a los jóvenes no acompañados solicitantes de asilo que afirman ser menores de 18 años se les asigne un tutor competente lo antes posible para que puedan solicitar asilo como menores, incluso cuando el proceso de determinación de su edad esté aún pendiente;
c) Desarrollar un mecanismo de reparación efectivo y accesible para los jóvenes migrantes no acompañados que afirman ser menores de 18 años para que puedan solicitar una revisión de los decretos de mayoría de edad por parte de las autoridades en aquellas situaciones donde la determinación de su edad se realizó sin las garantías necesarias para proteger el interés superior del niño y su derecho a ser escuchado;
d) Capacitar a los funcionarios de inmigración, policías, funcionarios del Ministerio Público, jueces y otros profesionales competentes sobre los derechos de los menores solicitantes de asilo y de otros menores migrantes, y en particular sobre las observaciones generales núms. 6, 22 y 23 del Comité” (párr. 10).
1. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Documento Nacional de Identidad. Debido proceso. Interés superior del niño. Mayoría de edad. Prueba.
“El Comité recuerda que la carga de la prueba no recae exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más porque el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de la información pertinente. En el presente caso, el Comité toma nota del argumento del autor de que, si el Estado parte tenía dudas sobre la validez de su acta de nacimiento, debería haberse dirigido a las autoridades consulares de Guinea para comprobar la identidad del autor y no lo hizo” (párr. 8.2).
“El Comité recuerda que la determinación de la edad de una persona joven que alega ser menor de edad tiene una importancia fundamental, dado que el resultado determina si dicha persona tendrá derecho a la protección nacional como niño o será excluido de dicha protección. Del mismo modo, y de vital importancia para el Comité, el disfrute de los derechos contenidos en la Convención fluye de dicha determinación. Por ello, es imperativo la existencia de un proceso debido para determinar la edad, así como de la oportunidad de cuestionar el resultado mediante procesos de apelación. Mientras dichos procesos siguen abiertos, deberá darse a la persona el beneficio de la duda y tratarla como un niño o niña. En consecuencia, el Comité recuerda que el mejor interés del niño debiera ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad” (párr. 9.3).
“En el presente caso, el Comité observa que: a) con el fin de determinar la edad del autor, que se encontraba indocumentado a su llegada a territorio español, se le sometió a unas pruebas médicas consistentes en una osmometría de muñeca y una ortopantomografía dental, sin realizarse ningún otro tipo de pruebas complementarias, en particular pruebas psicológicas, y sin que conste que se haya realizado entrevista alguna al autor en el marco de dicho proceso; b) como resultado de esas pruebas practicadas, el hospital en cuestión determinó que la edad ósea del autor era de 19 años según el atlas de Greulich y Pyle, y una edad mínima de 18 años según la prueba ortopantomografía dental, sin establecerse ningún margen de desviación posible; c) con base a este resultado médico, la Fiscalía emitió un decreto mediante el cual determinaba que el autor era mayor de edad y; d) que la Fiscalía no consideró la documentación expedida por la Embajada de Guinea acreditando su minoría de edad, para una posible revisión del decreto que determinaba su mayoría de edad” (párr. 9.5).
“Sin embargo, el Comité observa la amplia información en el expediente que sugiere la falta de precisión de los exámenes oseométricos, que tiene un amplio margen de error y, en consecuencia, no es apropiado como el único método para determinar la edad cronológica de una persona joven que afirma ser menor de edad y presenta documentación acreditativa al efecto” (párr. 9.6).
“[E]l Comité recuerda su Observación General núm. 6 en el sentido que no solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo, sino también su maduración psicológica, que la evaluación deberá basarse en criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, y en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (párr. 9.7).
2. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído. Interés superior del niño. Representación. Vulnerabilidad. Tutor. Asistencia letrada. Traductor.
“El Comité recuerda que los Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y un intérprete en caso de necesidad, para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, tan pronto como sea posible a su llegada, a título gratuito. El Comité considera que facilitar representación para estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser escuchado [hay nota]. No hacerlo conlleva una violación de los artículos 3 y 12 de la Convención, porque el procedimiento de determinación de la edad es el punto de entrada para la aplicación de la Convención. La falta de representación oportuna puede resultar en una injusticia sustancial” (párr. 9.8).
“A la luz de todo lo anterior, el Comité considera que el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el autor, quien alegaba ser un niño, y que presentó prueba acreditativa de ello, no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención. En las circunstancias del presente caso, y en particular del examen utilizado para determinar la edad del autor, la ausencia de un representante para acompañarlo durante dicho procedimiento y la desestimación casi automática del valor probatorio del acta de nacimiento aportada por el autor, sin haber el Estado parte siquiera valorado formalmente sus datos y, en caso de duda, haberlos confirmado con las autoridades consulares de Guinea, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido el autor, en violación de los artículos 3 y 12 de la Convención” (párr. 9.9).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; MAYORÍA DE EDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DEBIDO PROCESO; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; PRUEBA; PERICIA MÉDICA; VULNERABILIDAD; TUTOR; ASISTENCIA LETRADA; TRADUCTOR;
Gorigoitía v. ArgentinaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud de los artículos 8.2. inciso h (derecho a recurrir el fallo) en relación con el artículo 2 (deber de adoptar disposiciones del derecho interno) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“El Tribunal advierte que la controversia en este caso se centra en si el Estado es responsable por la violación al derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior y al de un recurso judicial efectivo, como resultado de la respuesta de los tribunales internos a los recursos intentados por la defensa del señor Gorigoitía después de su sentencia condenatoria por el delito de homicidio simple. Adicionalmente, corresponde al Tribunal pronunciarse sobre si la legislación y prácticas en la provincia de Mendoza respecto a la casación constituyeron una violación a los artículos 2 y 28.2 de la Convención. En razón de lo anterior, la Corte evaluará la controversia en el siguiente orden: i) si la respuesta de los tribunales internos a los recursos interpuestos por la defensa del señor Gorigoitía cumplieron con las obligaciones del Estado previstas en los artículos 8.2.h) y 25.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y ii) si el marco jurídico que regulaba la casación en la época de los hechos constituye un incumplimiento del deber del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno en términos del artículo 2 de la Convención y de la cláusula federal prevista en el artículo 28 del mismo instrumento” (párr. 46).
“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]’. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal” (párr. 47).
“Además, el Tribunal ha sostenido que el artículo 8.2.h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz, es decir que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes, y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (párr. 48).
“La Corte reitera que el artículo 8.2.h) se refiere al derecho a un recurso ordinario, accesible y eficaz que no torne ilusorio el derecho de recurrir el fallo ante tribunal superior. En ese sentido, la Corte ha establecido que las formalidades requeridas no deben constituir un obstáculo para que recurso permita la revisión de las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas que podrían haber derivado en un error en la sentencia. La importancia del cumplimento de esta obligación se funda en que existe relación entre una errónea determinación de los hechos y una indebida aplicación del derecho, por lo que la revisión que se debe hacer en cumplimiento del derecho al doble conforme debe permitir al juzgador realizar un control amplio de la sentencia. Este es el planteamiento que la defensa del señor Gorigoitía realizó en su escrito de recurso de casación, el cual fue rechazado ‘in limine’ por requerir una revalorización del criterio de la Cámara Primera en materia de hechos y de valoración probatoria. En consecuencia, el Tribunal considera que la negativa por parte de la Suprema Corte de Mendoza de revisar el fondo de la cuestión planteada por la defensa del señor Gorigoitía constituyó un hecho ilícito internacional en tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo que establece el artículo 8.2.h) de la Convención” (párr. 53).
“La Corte ha establecido que el artículo 277 de la Convención contempla el deber general de los Estados Partes de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, esta Corte ha reconocido que todas las autoridades de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En relación con el artículo 28, el Tribunal ha establecido que ‘según una jurisprudencia centenaria y que no ha variado hasta ahora, un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir con una obligación internacional’” (párr. 55).
“En el presente caso el Tribunal resolvió que de la literalidad de las normas pertinentes en el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, aplicable en la época de los hechos, a través del recurso de casación, no fue posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias por un tribunal superior en el caso del señor Gorigoitía. Por lo tanto, la Corte concluyó que el Estado incumplió con el deber de revisión integral del fallo que requiere el artículo 8.2.h) de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Por las mismas razones, la Corte concluye que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 2 de la Convención. La Corte observa que el Estado no impugnó que el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza aplicado en la época de los hechos regula el recurso de casación en un sentido muy restringido y contrario a lo dispuesto por el artículo 8.2.h) de la Convención. Lo que alegó es que los tribunales deben aplicar la doctrina elaborada en el ‘fallo Casal’ en materia de revisión de un fallo condenatorio, y que existieron actos estatales posteriores dirigidos a asegurar la revisión integral en materia de casación. Al respecto, sin dejar de reconocer la importancia del ‘fallo Casal’, la Corte concluye que el Estado incumplió con la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 8.2.h) del mismo instrumento” (párr. 56).
RECURSOS; DEBIDO PROCESO; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA CONDENATORIA; ACCESO A LA JUSTICIA; ERROR JUDICIAL; DOBLE CONFORME; REVISION JUDICIAL; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; RECURSO DE CASACIÓN; MOTIVACIÓN; CUESTIONES DE HECHO;
Chaldayev v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud de los artículos 8 (derecho a la vida privada y familiar) y 14 (no discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prisión preventiva. Visitas carcelarias. Familia.
“El Tribunal recuerda que las restricciones en la frecuencia, duración y en las diversas formas de visitas por parte de familiares a las personas detenidas constituyen una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada y familiar” (cfr. párr. 59).
“Reitera que, en su jurisprudencia anterior, se ha llegado a la conclusión de que existe una violación del artículo 8 del Convenio Europeo como consecuencia de la negativa u oposición por parte de las autoridades rusas, a conceder una visita familiar a las personas detenidas en prisión preventiva y, también, debido a la separación de los visitantes por una pared. En particular, consideró que el artículo 18 de la Ley Nº 103-FZ no cumplía los criterios de ‘calidad’ y ‘previsibilidad’, pues otorgaba a las autoridades nacionales una discreción ilimitada en cuanto a las visitas en prisión sin definir las circunstancias en las que podrían ser rechazadas. El Tribunal sostuvo además que la separación de los visitantes por una pared, con el fin de evitar el contacto físico, no estaba justificada debido a la ausencia de pruebas concretas respecto de la peligrosidad de la persona detenida o de la existencia de un riesgo de seguridad o connivencia” (cfr. párr. 60).
“En referencia a las modalidades de visitas permitidas, el Tribunal confirma que el Gobierno no ha discutido que, durante esas visitas, el peticionario y sus padres fueron separados por una pared de vidrio y tuvieron que comunicarse a través de un dispositivo telefónico bajo la supervisión de un funcionario de la prisión […]. No obstante, el Tribunal considera que no es necesario pronunciarse de forma separada sobre este aspecto de la queja debido a que, en cualquier caso, no se pudo respetar el carácter íntimo de las conversaciones debido a la presencia de un funcionario” (cfr. párr. 63).
“En relación a los derechos de acceso y visita, el Estado no puede ser discrecional a la hora de introducir restricciones generales sin proporcionar un grado de flexibilidad suficiente como para determinar si las limitaciones, en cada caso particular, son apropiadas o realmente necesarias. Sin embargo, considera que en el presente caso no existió un examen preliminar sobre la naturaleza del delito o los elementos que caracterizan la situación del peticionario o, igualmente, los requisitos de seguridad vigentes en el centro de detención y, si todo ello, justificó la separación física entre el peticionario y las personas cercanas a él y, por otra parte, la presencia cercana de un funcionario de prisiones durante dichas visitas durante la detención del peticionario” (cfr. párr. 64).
2. Prisión preventiva. Visitas carcelarias. Derecho a la vida privada y familiar. No discriminación.
“Se observa que […], las personas privadas de libertad no pierden su derecho al respeto de su vida familiar, por lo que cualquier restricción a este derecho debe estar justificada en cada caso. Restricciones sobre la frecuencia, la duración y las diversas formas de visitas a la prisión tuvieron un impacto en el derecho del peticionario al respeto de su vida privada y familiar protegido por el artículo 8 del Convenio. Por consiguiente, el Tribunal admite que los hechos analizados caen ‘bajo el imperio’ del artículo 8 del Convenio, a los efectos de la aplicabilidad del artículo 14” (cfr. párr. 70).
“El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que solo las diferencias de trato basadas en una característica identificable, o ‘situación’, pueden ser discriminatorias a los efectos del Artículo 14. El término ‘cualquier otra situación’ generalmente ha recibido una interpretación amplia que no se limita a las características que son de naturaleza personal en el sentido de que son innatas o inherentes a la persona” (cfr. párr. 71).
“Recuerda que la detención preventiva sitúa a la persona en una posición jurídica distinta y que, aunque pueda imponerse contra su voluntad y suela ser temporal, es indisociable de la situación personal y de existencia del individuo […]. En este caso, se señala que el peticionario fue puesto en prisión preventiva hasta que el tribunal de apelación confirmó su condena […]. Así que, debido a que las restricciones al derecho de visitas del peticionario estaban vinculadas a su condición de acusado en prisión preventiva, considera que la detención preventiva del solicitante se enmarca en el concepto de ‘otra situación’ en el sentido del artículo 14 del Convenio” (cfr. párr. 72).
“Las quejas del peticionario [que son objeto de examen por parte del Tribunal] referencian a aquellas disposiciones legislativas que rigen los derechos de visita. El peticionario, como persona detenida en prisión y cuya condena no es definitiva, podría beneficiarse de visitas cortas de hasta tres horas y, sin embargo, no podría beneficiarse de visitas largas, de acuerdo con el sección 18 3) de la Ley Nº 103-FZ, en la que un preso condenado que cumple su condena en una prisión tiene derecho a una visita corta de hasta cuatro horas como máximo y una visita larga de tres días también como máximo, de conformidad con el artículo 89 del CESP” (cfr. párr. 73).
“Así pues, son grupos de personas privadas de libertad en diferentes etapas del proceso penal: por un lado, aquellos cuya condena no es definitiva y, por otro, aquellos cuya condena ha adquirido fuerza de cosa juzgada. Sin embargo, el Tribunal estima que el hecho de que la situación del peticionario, que formaba parte del primer grupo, no es totalmente análoga a la de un preso condenado, perteneciente al segundo grupo, y que la existencia de diferencias fundamentadas entre los distintos grupos en el propósito de la privación de libertad, no excluye la aplicación del artículo 14 del Convenio. En otras palabras, si las personas detenidas en prisión preventiva no se encuentran en una situación similar a los presos condenados, en cuanto a los respectivos propósitos de su detención, sus situaciones pueden ser comparables en lo que respecta a su derecho a respetar su vida privada y familiar. En este contexto, el Tribunal considera y toma en cuenta las Reglas Europeas de Prisiones cuyo alcance, de conformidad con la Regla 10.1, incluye a todas las personas detenidas, es decir, tanto las personas detenidas en prisión preventiva por una autoridad judicial como aquellos privados de libertad tras una condena” (cfr. párr. 74).
“De hecho, tanto las personas privadas de libertad, como los detenidos cuya condena no es definitiva y aquellos cuya sentencia se ha convertido en cosa juzgada, continúan disfrutando de su derecho al respeto de su vida privada y familiar. Las disposiciones de la Ley Nº 103-FZ y CESP, impugnadas por el peticionario, delimitan el alcance de las restricciones a la vida privada y familiar inherentes a la privación de libertad. Por lo tanto, el Tribunal considera que el peticionario se encontraba en una situación comparable a la de un preso condenado” (cfr. párr. 75).
“Una diferencia de trato es discriminatoria si no posee una justificación objetiva y razonable. Es decir, si no persigue un objetivo legítimo o si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y los objetivos perseguidos. Los Estados parte disfrutan de cierto margen de apreciación para determinar si las diferencias, en situaciones similares, justifican la diferenciación de trato y en qué medida este margen varía según las circunstancias, las materias y el contexto. El Tribunal acepta, en principio, que se aplique un amplio margen de apreciación a las cuestiones concernientes a los presos y la política criminal” (cfr. párr. 76).
3. Prisión preventiva. Visitas carcelarias. No discriminación. Principio de proporcionalidad. Presunción de inocencia.
“[E] Tribunal considera que, de conformidad con el artículo 18.3 de la Ley Nº 103-FZ, la duración de las visitas concedidas a los detenidos ubicados en centros de detención, incluidos aquellos cuya condena no es definitiva, es una hora más corta (tres horas) que la que el artículo 89.1 del CESP reserva para los condenados (cuatro horas). Del mismo modo, la Ley Nº 103-FZ no prevé la posibilidad de que las personas detenidas en los centros de detención se beneficien de una visita prolongada, mientras que CESP, mediante la combinación de los artículos 89 y 120-131, prevé el derecho de los presos condenados a recibir al menos dos visitas de larga duración por año. Dichas restricciones a los derechos de los presos preventivos –con respecto a las visitas– son aplicables, generalmente, con independencia de las razones para situarlos en prisión preventiva, la etapa del proceso penal en su contra y a las consideraciones sobre su seguridad” (cfr. párr. 77).
“[E]l Tribunal no encuentra una justificación objetiva para tal diferencia en el tratamiento en lo que respecta a la duración de las visitas cortas y el beneficio del acceso a las visitas largas” (cfr. párr. 78).
“En referencia a la imposibilidad del peticionario de obtener una visita larga por parte de sus padres, el Tribunal considera que el régimen de detención de la persona en cuestión, como persona privada de libertad en un centro penitenciario, equivale en gran medida a la de los presos condenados, bajo tratamiento estricto, a cadena perpetua en un centro penitenciario en régimen especial. Es decir, personas condenadas por actos extremadamente reprochables y peligrosos cuya detención está dirigida a su aislamiento principalmente. Sin embargo, como ocurre con el peticionario, aunque esta categoría de presos condenados no puede disfrutar de una visita prolongada, el Tribunal estima que esta similitud de situaciones solo demuestra, más aún, la ausencia de justificación objetiva y razonable de someter al peticionario al mismo tipo de restricciones que las personas condenadas a cadena perpetua. En principio, y al menos en cierta medida, si bien no puede descartarse el establecimiento de una correlación entre la gravedad de una condena y un cierto tipo de régimen penitenciario, el Tribunal no encuentra ninguna en el caso del peticionario, cuya condena no fue definitiva y que debería haberse beneficiado del principio de presunción de inocencia” (cfr. párr. 79).
“El Tribunal tampoco encuentra ninguna justificación para la imposición de tres horas de la duración de las visitas cortas, que parece derivarse del concepto de ‘aislamiento’ […]. No obstante, el Tribunal reitera que todas las restricciones a los derechos de visita de las personas detenidas deben justificarse en cada caso particular por razones relacionadas, entre otras cosas, con el mantenimiento del orden, la seguridad o la necesidad de proteger los intereses legítimos de las investigaciones” (cfr. párr. 80).
“A este respecto, el Tribunal no puede ignorar la pertinencia de los instrumentos internacionales, en particular las normas penitenciarias europeas. Así pues, recuerda que la regla 99 establece que, a menos que una autoridad judicial haya dictado una prohibición específica por un periodo de tiempo concreto, el peticionario debe poder recibir visitas y ser autorizado a comunicarse con su familia y otras personas en las mismas condiciones que los internos penados. Además, podrá recibir visitas suplementarias y asimismo acceder más fácilmente a otras formas de comunicación” (cfr. párr. 81).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PREVENTIVA; VISITAS CARCELARIAS; FAMILIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; CONDICIONES DE DETENCIÓN; CÁRCELES; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; COSA JUZGADA; DERECHO Y DEBER DE COMUNICACIÓN; PRINCIPIO DE INOCENCIA;
Portillo Cáceres y otros v. ParaguayComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité consideró que se habían violado los artículos 17 (derecho a la vida privada y familiar) y 6 (derecho a la vida) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1. Derecho a la vida. Medio ambiente. Plaguicidas. Vida privada y familiar. Trabajadores rurales.
“El Comité recuerda que el derecho a la vida no puede entenderse correctamente si es interpretado en forma restrictiva y que la protección de ese derecho exige que los Estados adopten medidas positivas. Asimismo, el Comité recuerda su Observación general número 36, en la que estableció que el derecho a la vida también se refiere al derecho a disfrutar de una vida digna y a no ser objeto de acciones u omisiones que causen una muerte prematura o no natural, debiendo los Estados adoptar todas las medidas apropiadas para hacer frente a las condiciones generales de la sociedad que puedan dar lugar a amenazas del derecho a la vida o impedir que las personas disfruten de su derecho a la vida con dignidad, condiciones entre las cuales figura la contaminación del medio ambiente. Al respecto, el Comité observa que el Estado parte está también vinculado por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Asimismo, el Comité recuerda que los Estados partes pueden estar violando el artículo 6 del Pacto, incluso cuando esas amenazas y situaciones no se hayan traducido en la pérdida de vidas” (párr. 7.3).
“El Comité observa también los desarrollos existentes en la materia en otras instancias internacionales, en las que se reconoció que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos, y que la degradación ambiental puede afectar el goce efectivo del propio derecho a la vida. En este sentido, la degradación severa del medio ambiente ya ha conllevado a la declaración de violación del derecho a la vida” (párr. 7.4).
“En el presente caso, el Comité considera que las fumigaciones masivas con agro-tóxicos en la zona de referencia, según ha sido ampliamente documentado, constituyen amenazas a la vida de los autores que eran razonablemente previsibles por el Estado parte, dado que tales fumigaciones masivas han contaminado los ríos de los cuales los autores pescan, los pozos de los cuales beben, y los árboles frutales, cultivos y animales de cría de los cuales se alimentan. Los autores fueron hospitalizados en razón de su intoxicación, y el Estado parte no ha aportado prueba alguna para demostrar que los análisis de sangre y orina arrojaron valores dentro de los parámetros normales, y tampoco ha proporcionado una explicación alternativa sobre lo sucedido” (párr. 7.5).
“El Comité observa que los autores, trabajadores rurales miembros de una misma familia que se dedica a la agricultura familiar campesina en tierras de propiedad del Estado y administradas por una institución estatal (párr. 2.2), dependen, para su subsistencia, de sus cultivos, árboles frutales, animales de cría, así como de la pesca y recursos hídricos. Lo anterior no ha sido rebatido por el Estado parte. El Comité recuerda que el término domicilio ha de entenderse en su acepción de lugar donde una persona reside o ejerce su ocupación habitual. Asimismo, el Comité considera que los elementos anteriormente mencionados son constitutivos del modo de vida de los autores, los cuales tienen un especial apego y dependencia a la tierra, y que son elementos que pueden entrar dentro del ámbito de protección del artículo 17 del Pacto. Además, el Comité considera que no debe entenderse el artículo 17 del Pacto como limitándose a la abstención de injerencias arbitrarias, sino que también implica para los Estados partes la obligación de adoptar las medidas positivas que sean necesarias para el respeto efectivo de este derecho, frente a injerencias que provengan tanto de autoridades estatales como de personas físicas o jurídicas. En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no ejerció controles adecuados sobre actividades ilegales contaminantes. La omisión del Estado parte en su deber de proteger, reconocida por la sentencia de amparo (párr. 2.20 y 2.21), permitió que prosiguieran las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, incluido con el uso de agro tóxicos prohibidos, que causaron no solamente la contaminación del agua del pozo del domicilio de los autores, como lo reconoció el Ministerio Público, sino también la muerte de peces y animales de cría y la pérdida de cultivos y árboles frutales en las tierras en las que viven y cultivan, elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de los autores. El Comité observa, en este sentido, que el Estado parte no ha proporcionado ninguna explicación alternativa al respecto. Cuando la contaminación tiene repercusiones directas sobre el derecho a la vida privada y familiar y el domicilio, y que las consecuencias nefastas de la contaminación tienen un nivel de gravedad, en función de la intensidad o la duración de las molestias y de sus efectos físicos o mentales, la degradación del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y generar violaciones de la vida privada y familiar y del domicilio” (párr. 7.8).
2. Acceso a la justicia. Recursos. Debida diligencia. Reparación.
“[Los peticionarios] hacen notar que nunca se incorporaron a la investigación sus historias clínicas ni los resultados de sus exámenes de sangre y orina; tampoco se condenó a los presuntos responsables y la contaminación continúa; los dueños de las empresas colindantes que cometieron violaciones constatadas en el ámbito administrativo no fueron investigados en el ámbito penal; el recurso de amparo, favorable en su resolución, nunca fue implementado; ninguno de los recursos ha logrado subsanar la ausencia de barreras vivas en las fumigaciones que continúan; y no han recibido reparación. [A] más de 8 años de los hechos objeto de la presente comunicación, las investigaciones no han avanzado sustantivamente y no han permitido la reparación de los daños sufridos por los autores, en violación del artículo 2 (3) en conjunto con los artículos 6 y 17 del Pacto” (párr. 7.9).
“[E]l Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados. En este sentido, el Estado parte debe: a) investigar efectivamente y exhaustivamente los hechos; b) sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente caso; c) reparar integralmente a los autores por el daño sufrido, incluido mediante una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro” (párr. 9).
DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA SALUD; MEDIO AMBIENTE; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; EMPRESA; AGRICULTURA; PLAGUICIDAS; VULNERABILIDAD; TRABAJADORES RURALES; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; RECURSOS; REPARACIÓN;
Principios sobre Derechos Humanos y la protección de trabajadores de la exposición tóxicaRelator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos
Principio 1 - Toda persona debe estar protegida de la exposición a sustancias tóxicas en el trabajo
“Los trabajadores son especialmente vulnerables a las violaciones y abusos de sus derechos humanos, de los cuales no el menos grave es estar sujeto a la exposición a sustancias tóxicas durante su trabajo. Los ‘trabajadores’ no son solo los empleados directamente sino también los trabajadores del sector informal, así como los trabajadores por contrata, los subcontratistas, los trabajadores de agencias y todo tipo de trabajadores temporales y todas las demás personas que realizan un trabajo o actividades relacionadas con un trabajo” (párr. 23).
“Los trabajadores siguen expuestos a sustancias tóxicas conocidas, como productos químicos industriales y plaguicidas peligrosos, por diversas razones, cuando existen claramente alternativas menos peligrosas [hay nota]. Por ejemplo, las leyes y las políticas sobre higiene en el trabajo a menudo no protegen la salud. Siguen permitiendo la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas a unos niveles que son cientos, si no miles de veces mayores que los que afectan a los no trabajadores en la misma jurisdicción [hay nota]. A menudo las evaluaciones de los riesgos, cuando se efectúan, se basan en conocimientos incompletos o en suposiciones erróneas [hay nota], lo cual tiene como consecuencia unas garantías de seguridad falsas y unos efectos generalizados en la salud de los trabajadores” (párr. 24).
“Los trabajadores son un grupo vulnerables, por lo que requieren la atención especial de los Estados; sin embargo, algunos grupos de trabajadores son especialmente vulnerables, y corren así un doble peligro de ver abusados sus derechos. Los que tienen un riesgo mayor de exposición son también a menudo los más vulnerables a la explotación: los pobres, los niños y las mujeres, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad y las personas de edad. Con frecuencia son vulnerables al abuso de muchos de sus derechos humanos y pueden verse en la terrible situación de tener que elegir entre su salud y sus ingresos. Es especialmente triste e inaceptable el hecho de que su difícil situación resulta en muchos casos invisible para la mayoría de consumidores y autoridades que podrían mejorar su situación” (párr. 25).
“También debe aplicarse la prohibición de la discriminación racial en todas sus formas. Los trabajadores migrantes y temporales tienen derecho a la igualdad y a gozar del mismo trato que los nacionales en lo que respecta a la seguridad y la higiene y otras condiciones de trabajo [hay nota]. La raza o el origen étnico no debería ser nunca un factor que impidiera la realización del derecho de los trabajadores a unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Las personas con discapacidad, tienen el derecho, en condiciones de igualdad con los demás, a unas condiciones de trabajo seguras y saludables, y los derechos humanos conexos” (párr. 28).
Principio 2 - Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de los trabajadores mediante la prevención de la exposición a sustancias tóxicas
“Hay múltiples factores (véase el principio 1) que exacerban aún más la vulnerabilidad general de los trabajadores en lo que respecta a la exposición a sustancias tóxicas. Para ser efectivas, la prevención de estas situaciones de exposición y las respuestas correspondientes deben tener en cuenta la condición social, el nivel educativo, la edad, el género, el origen nacional, el origen étnico, la discapacidad y otras vulnerabilidades agravantes de los trabajadores. Deben adoptarse medidas especiales para la protección de los trabajadores en sectores de alto riesgo como la minería, la agricultura, la construcción, la energía, las fuerzas armadas, la industria manufacturera y la eliminación de desechos, entre otros, contra la exposición a sustancias tóxicas. Las políticas y programas nacionales encaminados a promover condiciones de trabajo seguras y saludables deben tener por objeto no solo el sector formal de la economía sino también el informal” (párr. 33).
Principio 3 - Las empresas tienen la responsabilidad de prevenir la exposición ocupacional a sustancias tóxicas
“Las empresas tienen la responsabilidad de evitar la exposición ocupacional a sustancias tóxicas como parte de la diligencia debida que se espera de ellas ‘para identificar, prevenir, mitigar’ su impacto sobre los derechos humanos [hay nota]. La prevención del abuso de los derechos humanos es fundamental y precede a la mitigación en los procedimientos de diligencia debida [hay nota]. Para impedir las repercusiones negativas en los derechos de los trabajadores, las empresas tienen la responsabilidad, ante todo, de prevenir toda exposición nociva mediante la eliminación de las sustancias tóxicas de sus productos y procesos de producción en la mayor medida posible” (párr. 38).
Principio 4 - La eliminación de los peligros tiene una importancia capital para prevenir la exposición ocupacional
Principio 5 - Las obligaciones y responsabilidades de prevenir la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas rigen más allá de las fronteras
“La transferencia internacional de tareas peligrosas y sucias, ya se trate de la extracción de recursos naturales, la utilización de productos químicos tóxicos y plaguicidas o la eliminación de desechos peligrosos sin medidas apropiadas de protección de los trabajadores contra la exposición a sustancias tóxicas, ha dejado a los trabajadores, sus familias y sus comunidades en trance de ver gravemente afectados sus derechos humanos. Por ejemplo, de resultas de la globalización y de otros factores, las actividades manufactureras y elaboradoras que utilizan de manera intensiva productos químicos, y que hace tiempo estaban situadas sobre todo en los países muy industrializados, se han extendido cada vez más por los países en desarrollo y los países con economías en transición debido a la globalización de las cadenas de suministro [hay nota]. La transparencia y la posibilidad de localización limitadas a lo largo de las cadenas mundiales de suministro y de valor agravan el problema de la exposición a las sustancias tóxicas y dificultan los intentos de las diversas partes interesadas de mejorar la higiene en el trabajo” (párr. 42).
Principio 6 - Los Estados deben impedir la actuación de terceros que distorsionen los datos científicos o manipulen los procesos para perpetuar la exposición
Principio 7 - La protección de los trabajadores contra la exposición a sustancias tóxicas protege a sus familias, a sus comunidades y el medio ambiente
“Cuando un trabajador está expuesto a un lugar de trabajo tóxico, las consecuencias de esta exposición no se limitan a su bienestar ni a la vulneración de sus derechos. Las consecuencias físicas y mentales de esta exposición recaen también sobre sus familias y por lo general crean un medio ambiente tóxico en sus comunidades. Por ejemplo, la contaminación del aire puede afectar no solo, la salud de los trabajadores directamente expuestos sino también la de sus hijos y de la comunidad en general. Los trabajadores que se dedican a actividades altamente tóxicas, como la minería artesanal, la eliminación de residuos y una gran variedad de actividades manufactureras (como la industria textil) y agrícolas a menudo trabajan muy cerca de sus hogares y sus comunidades, en ocasiones acompañados o ayudados por sus hijos” (párr. 49).
Principio 8 - Todos los trabajadores tienen el derecho a saber, que incluye el derecho de conocer sus derechos
“El derecho a la información es el fundamento para hacer efectivos los derechos de todos los trabajadores en lo que respecta a la exposición a sustancias tóxicas. Los trabajadores tienen el derecho de conocer, entre otras cosas, las consecuencias de dicha exposición, las medidas que se adopten para evitarla y sus derechos a este respecto. Todo trabajador tiene el derecho de conocer información actualizada acerca de su exposición efectiva y potencial a sustancias tóxicas y otras sustancias peligrosas” (párr. 53).
“La información sobre la salud y la seguridad en el trabajo debe estar disponible y ser accesible a los trabajadores en una forma que sirva efectivamente sus necesidades, teniendo en cuenta sus aptitudes, conocimientos lingüísticos y circunstancias, y debe comunicarse mediante la formación y por otros medios” (párr. 56).
Principio 9 - La información sobre la salud y la seguridad en relación con las sustancias tóxicas nunca debe ser confidencial
“Toda la información sobre salud y seguridad que se halla en poder de las entidades públicas y las empresas debe ser objeto de divulgación, sujeta tan solo a una serie restringida de limitaciones de interés público, como la protección de la privacidad o la salud pública” (párr. 62).
Principio 10 - El derecho a un trabajo seguro y saludable es inseparable del derecho a la libertad de asociación, el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva
“Los trabajadores que defienden su derecho a un trabajo seguro y saludable, entre otros derechos, tienen tanta más fuerza cuantos más son. Las enérgicas protecciones del derecho a organizarse, incluida la formación de sindicatos, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, han resultado eficaces para reforzar la protección de los trabajadores contra la exposición a sustancias tóxicas y también a otros riesgos” (párr. 64).
Principio 11 - Los trabajadores, los representantes de los trabajadores, los denunciantes de regularidades y los defensores de derechos deben estar protegidos de la intimidación, las amenazas y otras formas de represalias
Principio 12 - Los trabajadores, sus familias y sus comunidades deben tener acceso inmediato a un recurso apropiado y efectivo, que debe estar disponible desde el momento de la exposición
“Todos los trabajadores que son víctimas de infracciones o violaciones de sus derechos a causa de la exposición a sustancias tóxicas deben tener derecho al acceso a un recurso efectivo [hay nota]. Un recurso apropiado y efectivo entraña una pronta reparación por los daños sufridos, incluida la atención de la salud, una indemnización, garantías de no repetición y una capacitación apropiada para la rehabilitación, la reinserción y ajustes razonables [hay nota]. Un recurso efectivo incluye también llevar ante la justicia a las personas responsables de la exposición a sustancias tóxicas. El retraso de un recurso efectivo puede ser equivalente a su denegación” (párr. 76).
“Todo titular de derechos tiene la facultad de iniciar procedimientos judiciales para obtener una reparación apropiada ante un tribunal competente u otra instancia de acuerdo con las normas y procedimientos previstos por la ley. Los Estados deben garantizar un acceso rápido a recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos que ocurran como consecuencia de la exposición a sustancias tóxicas” (párr. 77).
“Los trabajadores más vulnerables a los efectos negativos de la exposición son a menudo los que encuentran mayores dificultades para tener acceso a recursos efectivos. Por ejemplo, es menos probable que las trabajadoras tengan acceso a recursos efectivos por la exposición a sustancias tóxicas debido a la inseguridad económica, los desequilibrios de poder, la desigualdad de acceso a la educación y a la información, las responsabilidades del cuidado de otras personas y otras funciones asociadas a su género, que agravan aún más el problema de acceder a los recursos en caso de exposición a sustancias tóxicas [hay nota]. Por consiguiente, los mecanismos para ofrecer un recurso deberían prestar especial atención al género, la edad, la condición social y otros factores que pueden impedir el acceso. Los Estados deberían intensificar las medidas para ofrecer acceso a recursos efectivos a los grupos afectados, en especial a las mujeres, ya que ellas y sus hijos experimentan los efectos de la exposición a sustancias tóxicas de manera distinta y encuentran otros obstáculos por múltiples razones sociales, económicas, legales, técnicas y culturales” (párr. 80).
Principio 13 - No debería imponerse a los trabajadores ni a sus familias la carga de probar la causa de su enfermedad o discapacidad para tener acceso a un recurso efectivo
“Imponer la carga de la prueba a las personas perjudicadas por sustancias tóxicas en el trabajo puede representar un desafío enorme y a menudo insuperable para obtener una rendición de cuentas y un acceso a un recurso efectivo por vulneraciones de sus derechos resultantes de la exposición a sustancias tóxicas [hay nota]. Si no se aborda esta cuestión, puede ser imposible hacer efectivos los derechos de los trabajadores en lo que respecta a su vida, salud e integridad física cuando se trata de la exposición a sustancias tóxicas, y fomentarse una impunidad catastrófica por la explotación de los trabajadores mediante tales exposiciones” (párr. 84).
Principio 14 - Privar a los trabajadores de su derecho a un trabajo seguro y saludable debería ser delito
“Las sanciones penales pueden ser apropiadas cuando las actividades empresariales provocan abusos de los derechos humanos de los trabajadores o cuando, al no actuar con la diligencia debida para mitigar los riesgos, se permite que ocurran tales infracciones [hay nota]. La responsabilidad penal puede desempeñar una importante función de protección pública por sus efectos disuasorios y ejecutivos, además de promover la rendición de cuentas, el acceso a un recurso efectivo y la lucha contra la impunidad” (párr. 90).
Principio 15 - Los Estados deben garantizar la rendición de cuentas por los casos transfronterizos de trabajadores perjudicados por la exposición ocupacional
DERECHO AL TRABAJO; EMPRESA; DERECHO A LA SALUD; TRABAJO INSALUBRE; TRABAJADORES RURALES; AGRICULTURA; CONTAMINACIÓN; PLAGUICIDAS; MEDIO AMBIENTE; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; RECURSOS;
La prohibición de la tortura en el contexto de la violencia domésticaRelator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Entre sus recomendaciones, el Relator señaló que los Estados deben abstenerse de promover discursos, políticas y prácticas violentas, discriminatorias o deshumanizadoras que contribuyan a la imposición de normas y estructuras sociales que sustenten y perpetúen la violencia doméstica. Asimismo, sostuvo que los Estados deberían derogar o reformar las leyes, políticas y prácticas que instigan, permiten, facilitan o toleran la violencia doméstica, por ejemplo, al permitir a los maridos “castigar” a sus esposas o hijos; al excluir la violación conyugal de la jurisdicción de la acción penal; al restringir el acceso a los derechos de divorcio, propiedad, herencia o custodia de los hijos y a las acciones judiciales conexas; o al limitar la capacidad de las víctimas para evitar la violencia doméstica, escapar de ella o protegerse de algún modo.
En ese sentido, recomendó a los Estados destinar recursos suficientes al establecimiento de teléfonos de asistencia accesibles, procesos de recopilación de datos y servicios de intervención capaces de adoptar medidas rápidas y eficaces para proteger a las víctimas tanto efectivas como potenciales y a los familiares que estén a su cargo frente a un riesgo real e inmediato de violencia doméstica. A su vez, consideró que los Estados deberían velar por que, a la hora de determinar la custodia y los derechos de visita en relación con los hijos, se tengan debidamente en cuenta los incidentes de violencia doméstica y se evalúe su gravedad de forma adecuada. En particular, los Estados tendrían que adoptar todas las medidas razonables para garantizar que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la integridad física o mental de las víctimas de violencia doméstica ni de sus hijos. Los Estados deberían adoptar todas las medidas razonables para eliminar los factores jurídicos, estructurales y socioeconómicos que pudieran aumentar la exposición a la violencia doméstica o perpetuar sus patrones.
1. Violencia doméstica. Violencia familiar. Niños, niñas y adolescentes. Género. Derecho a la integridad personal. Violencia sexual. Violencia institucional.
“La violencia doméstica es un acto perpetrado a diario contra millones de niños, niñas, mujeres y hombres de todo el mundo. Sus víctimas son personas de todas las generaciones, nacionalidades, culturas y religiones y se produce en todos los estratos socioeconómicos y educativos de la sociedad. La violencia doméstica constituye un obstáculo importante para la materialización universal de los derechos humanos y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, además, perjudica gravemente el bienestar físico, sexual, emocional, mental y social de innumerables personas y familias, desembocando a menudo en un trauma duradero, no solo para sus víctimas directas, sino también para el conjunto de las comunidades. Para infinidad de personas, el hogar se convierte en un lugar de peligro y humillación que les provoca un daño incalculable, en lugar de constituir un espacio de refugio, confianza y protección” (párr. 1).
“En esencia, el término ‘violencia doméstica’ hace referencia a ‘todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima’ [hay nota]. Además, aunque normalmente se entiende que el hogar de una persona suele ser la familia o el hogar de guarda, también puede tratarse de un entorno de cuidado común, ya sea comunitario o institucional. De acuerdo con este concepto genérico, la violencia doméstica abarca una amplia variedad de conductas abusivas que van desde la negligencia reprochable y el comportamiento abusivo, coercitivo o excesivamente controlador encaminado a aislar, humillar, intimidar o subordinar a una persona hasta diversas formas de violencia física, abuso sexual e incluso asesinato. Atendiendo a la intencionalidad, finalidad y gravedad del dolor y el sufrimiento infligidos, la violencia doméstica suele situarse nada menos que en la categoría de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (también denominados ‘tortura y malos tratos’). Por consiguiente, resulta especialmente preocupante que dicha violencia siga estando muy extendida y que se suela trivializar” (párr. 2).
2. Violencia doméstica. Violencia familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Política pública. Derecho a la integridad personal. responsabilidad del Estado. Principio de dignidad humana.
“[L]a violencia doméstica no se puede considerar un asunto privado, sino que constituye una importante cuestión de derechos humanos de interés inherentemente público que requiere un análisis desde la perspectiva de la prohibición de la tortura y los malos tratos, entre otros aspectos” (párr. 4).
“Los conceptos jurídicos internacionales de ‘tortura’ y ‘otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’ constan de dos tipos de elementos diferenciados que podrían calificarse como ‘sustantivos’ y ‘atributivos’. El elemento ‘sustantivo’ determina la conducta que equivale a tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, respectivamente, mientras que el elemento ‘atributivo’ determina el grado requerido de participación de los agentes públicos para que la tortura o los malos tratos conlleven una responsabilidad jurídica internacional por parte del Estado” (párr. 5).
“En el ámbito de la violencia doméstica, es especialmente importante distinguir entre el análisis sustantivo en torno a si dicha violencia constituye tortura y malos tratos, en el sentido genérico de esos términos según el derecho internacional, y el análisis atributivo respecto del modo en que el Estado puede incurrir en responsabilidad por su participación en tales actos, por ejemplo, a raíz de la no adopción de medidas adecuadas contra la violencia doméstica” (párr. 7).
“Desde el punto de vista sustantivo, la tortura y los malos tratos pueden adoptar muchas formas, pero, en esencia, siempre entrañan una violación de la integridad física, mental o emocional que atenta contra la dignidad humana. Con arreglo al derecho de los derechos humanos universalmente aplicable, la tortura hace referencia a la provocación intencionada a una persona indefensa de dolor o sufrimiento grave, ya sea de carácter físico o psicológico, con fines como obtener información o confesiones, castigar, intimidar o coaccionar, o bien por cualquier otra razón basada en la discriminación de cualquier tipo, mientras que los malos tratos designan otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que, a diferencia de la tortura, no exigen necesariamente una intencionalidad y finalidad por lo que respecta a los actos u omisiones, así como tampoco una determinada gravedad del dolor o el sufrimiento causados ni una impotencia por parte de la víctima” (párr. 8).
“Como demuestra el análisis de los patrones dominantes efectuado en el presente informe, la violencia doméstica supone una degradación, humillación, coartación, vejación o, en otros términos, violación de la integridad física, mental y emocional de personas que suelen encontrarse sometidas a situaciones o entornos de control y desempoderamiento. En este contexto, el dolor o sufrimiento se inflige, por lo general, de forma intencionada o incluso sistemática, con fines tales como el castigo, la intimidación o cualquier tipo de coacción, o bien constituye un medio para expresar o consolidar la discriminación de género o de otra índole. Dependiendo de las circunstancias, el dolor, la humillación y el sufrimiento provocados por la violencia doméstica pueden oscilar entre un carácter relativamente moderado y breve y una extrema gravedad y duración; no obstante, su carácter abusivo por definición hace que siempre constituyan una violación de la integridad física, mental y emocional que atenta contra la dignidad humana” (párr. 9).
“Desde una perspectiva sustantiva con arreglo al derecho internacional y al margen de las cuestiones relativas a la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual, que exigen una valoración aparte, la violencia doméstica siempre equivale, por tanto, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y, muy a menudo, a tortura física o psicológica” (párr. 10).
“[L]a violencia doméstica hace exigible una amplia gama de obligaciones en materia de derechos humanos, entre ellas la obligación de los Estados de prevenir los actos de tortura y los malos tratos dentro de su jurisdicción, incluidos los cometidos por agentes privados (artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)” (párr. 11).
3. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Responsabilidad del Estado. Víctima. Debido proceso.  
“Por ello, el Relator Especial ha señalado con anterioridad que los Estados son responsables a nivel internacional de la tortura o los malos tratos cuando no actúan con la diligencia debida para proteger a las víctimas de esos actos de violencia o cuando los legitiman, por ejemplo, al tolerar que los maridos ‘castiguen’ a sus esposas o al no tipificar como delito la violación conyugal” (párr. 12).
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el hecho de no proteger a una víctima de violencia doméstica y a sus hijos viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, concretamente el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal y el derecho a la igualdad ante la ley, en particular en aquellos casos en que dicha circunstancia se debe a la incapacidad del Estado para ejecutar una orden de alejamiento contra el esposo de la víctima [hay nota]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido una serie de obligaciones positivas de los Estados en materia de derechos humanos en relación con los actos perpetrados por agentes privados, estableciendo una norma de diligencia debida en los siguientes términos: ‘un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención’. Según la Corte, la obligación del Estado no se limita únicamente al establecimiento de un marco jurídico apropiado, sino que, en lugar de ello, dicho Estado ha de actuar para garantizar de manera efectiva el disfrute de los derechos humanos” (párr. 14).
“Por otra parte, en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), aprobada en 1994, los Estados están obligados a adoptar una serie de medidas para eliminar este tipo de violencia. Aunque en ese instrumento no se utiliza el término ‘violencia doméstica’, dicho concepto se aborda de forma más general como uno de los aspectos de la violencia contra las mujeres. Además, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), aprobado en 2011, detalla las obligaciones de los Estados con respecto a la adopción de una serie de medidas para combatir tanto la violencia contra las mujeres como la violencia doméstica. Las medidas que figuran en dicho instrumento se entienden ‘sin perjuicio de las obligaciones positivas de los Estados de proteger los derechos reconocidos en el [Convenio Europeo de Derechos Humanos] [hay nota]’” (párr. 15).
“Por definición, la violencia doméstica se produce dentro de la familia o el hogar y, por consiguiente, rara vez se considera un acto oficial del Estado. Sin embargo, en determinadas circunstancias, los funcionarios del Estado pueden ser autores directos de actos de violencia doméstica, en particular, cuando el Estado se ocupa de facilitar una vivienda, como en el caso de los orfanatos o ciertos tipos de asistencia social. Además, algunas políticas y prácticas adoptadas por el Estado pueden constituir una instigación a la tortura o los malos tratos por parte de agentes privados en el sentido de lo dispuesto en los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En el contexto de la violencia doméstica, ello puede incluir lo siguiente: el llamamiento por parte de políticos o líderes religiosos respaldados por el Estado a ‘disciplinar’ a los miembros de la familia mediante el uso de la violencia; el respaldo oficial de la violencia por razón de ‘honor’ u otras prácticas nocivas, o bien de las normas sociales que dictan dichas prácticas, en particular el control coercitivo sobre los miembros de la familia; o los discursos políticos discriminatorios que, de forma abierta, alientan la violencia y el abuso contra personas o grupos marginados por motivos de género, edad, origen, raza, religión, discapacidad u orientación sexual. La prohibición de la tortura y los malos tratos proscribe de manera inequívoca la perpetración, la instigación o el fomento de cualquier acto de violencia doméstica por parte de los funcionarios del Estado” (párr. 21).
“En el contexto de la violencia doméstica, la responsabilidad del Estado por este tipo de actos suele plantearse sobre todo en relación con el incumplimiento de la obligación positiva de aquel de velar por los derechos humanos mediante la prevención, protección, respuesta y garantía de medios de reparación frente a los abusos cometidos por agentes privados […] así como en relación con políticas y prácticas que puedan considerarse constitutivas de ‘aquiescencia’ o ‘consentimiento’ en el sentido de lo dispuesto en los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes […].El hecho de no ejercer la diligencia debida para garantizar la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la reparación de las víctimas frente a los actos de tortura y los malos tratos perpetrados por agentes privados, en particular en el contexto de la violencia doméstica, equivale a un consentimiento o aquiescencia ante esta clase de actos” (párr. 22).
“Las obligaciones positivas exigen que los Estados adopten ‘medidas eficaces’, tanto generales como específicas, de prevención, protección, respuesta y reparación de las víctimas frente a la tortura y los malos tratos. [L]os Estados incurren en una responsabilidad jurídica internacional cuando no adoptan las medidas de prevención, protección y reparación razonablemente a su alcance capaces de surtir el efecto deseado. Las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse y ejercerse de buena fe, de conformidad con el espíritu y el propósito de la prohibición […] y sin ningún tipo de discriminación [hay nota]. Dichas obligaciones pueden clasificarse de la siguiente manera:
a) Obligaciones generales. Los Estados deben establecer disposiciones jurídicas, mecanismos y procesos que protejan eficazmente a las personas frente a la tortura y los malos tratos, en particular en el contexto de la violencia doméstica […].
b) Obligaciones operacionales. Los Estados también deben adoptar medidas eficaces para proteger a las personas frente a riesgos particulares de tortura o malos tratos de los que tengan o deban tener conocimiento. Ello exige el establecimiento de vías y mecanismos efectivos de recepción, registro y atención de denuncias de tortura o malos tratos, entre ellas, las de violencia doméstica, así como la creación de servicios e instituciones capaces de impulsar y aplicar medidas de protección con rapidez y eficacia [hay nota].
c) Obligaciones de investigación y procesales. Las obligaciones de investigación y procesales requieren una investigación de todas las denuncias o sospechas verosímiles de tortura o malos tratos que ha de ser independiente e imparcial, eficaz, rápida y expeditiva; estar suficientemente expuesta al escrutinio público; ser capaz de identificar a los autores y exigirles responsabilidades; y hacer partícipes a las víctimas o sus familiares más próximos en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos durante los procesos.
d) Compensación, reparación y no repetición. Los Estados deben garantizar vías de reparación a todas las víctimas de actos de tortura u otro tipo de malos tratos, incluidas las víctimas de la violencia doméstica, así como adoptar medidas concretas para garantizar la no repetición de los hechos […]” (párr. 23).
4. Violencia doméstica. Violencia familiar. Violencia sexual. Consentimiento. Acoso sexual. Homicidio. Lesiones. Violación. Trato cruel, inhumano o degradante.
“A juicio del Relator Especial, los asesinatos provocados o precedidos por violencia doméstica, en particular por negligencia culposa o abuso físico, psicológico o emocional que derive en autolesiones, atentan, no solo contra el derecho a la vida, sino también contra la prohibición de la tortura y los malos tratos y las obligaciones positivas conexas, además de agravar el delito o la infracción en cuestión” (párr. 26).
“La violencia física en el hogar o entre los miembros de la familia, incluidos los excónyuges o exparejas, constituye un fenómeno generalizado en todo el mundo. En el contexto de la violencia doméstica, el uso de la fuerza física es siempre abusivo, salvo en circunstancias muy excepcionales, en las que resulta absolutamente necesario y proporcionado en legítima defensa o para proteger a otra persona de una muerte inminente o lesiones graves. La violencia física puede abarcar una amplia gama de transgresiones, entre otras, golpear, abofetear, empujar, dar patadas, usar medicamentos de forma indebida e imponer restricciones inadecuadas. Dicha violencia incluye todas las formas de castigo corporal, que se define como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar” (párr. 27).
“La violencia sexual abarca la violación y cualquier otro acto sexual no consensuado entre adultos, en particular cónyuges actuales y excónyuges [hay nota], así como cualquier acto de carácter sexual cometido por adultos con menores. Entre adultos, el consentimiento debe otorgarse voluntariamente en ejercicio de la libre voluntad de la persona, analizada en el contexto de las circunstancias que la rodean. El consentimiento puede estar supeditado a multitud de factores personales, como el uso de anticonceptivos o la protección contra la transmisión de enfermedades, y puede retirarse de forma unilateral en cualquier momento. La violencia sexual también abarca el acoso sexual, es decir, toda forma de comportamiento de carácter sexual no deseado, verbal, no verbal o físico cuyo objetivo o resultado sea vulnerar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo” (párr. 29).
“La violencia doméstica puede englobar varias formas de violencia psicológica o emocional de carácter grave o sistemático. A su vez, dicha violencia psicológica o emocional puede abarcar, entre otros actos, la agresión verbal, la negligencia grave, el aislamiento forzado del mundo exterior, la ridiculización constante, el uso de información privada con fines de amenaza o degradación y lo que se conoce como ‘hacer luz de gas’, una forma de manipulación psicológica que pretende lograr que una persona cuestione su propia memoria, su percepción o incluso su cordura a través de la desorientación continua, las mentiras u otros intentos de desestabilizarla y hacer que dude de sí misma. La violencia emocional y psicológica está orientada a socavar la resiliencia, la estabilidad y el bienestar de la víctima en los planos emocional y psicológico y suele ser un paso previo a la violencia física o combinarse con esta” (párr. 32).
“En opinión del Relator Especial, la violencia psicológica y emocional, incluido el control coercitivo, constituye un trato o castigo cruel, inhumano o degradante, así como un acto de tortura cuando entraña la imposición intencionada y deliberada o discriminatoria de sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 34).
5. Violencia económica. Violencia familiar. No discriminación. Trato cruel, inhumano o degradante.
“En el contexto de la violencia doméstica, la violencia económica o financiera rara vez se da aislada de otros patrones de abuso. Este tipo de violencia implica el gasto o el uso indebido de dinero u otros recursos para limitar, controlar o coaccionar a una persona, lo que puede abarcar, por ejemplo, la intromisión en la capacidad de esta para adquirir, utilizar y gestionar recursos materiales, como dinero y medios de transporte. Dicha violencia suele orientarse a lograr que la víctima dependa económicamente del agresor y aprovecharse de esta situación. Sus víctimas pueden quedarse sin recursos económicos para sufragar artículos de primera necesidad, como alimentos y ropa, así como sin acceso a una fuente de ingresos propios, lo que puede aislarlas y multiplicar los abusos sufridos, causándoles un grave sufrimiento y un daño duradero” (párr. 35).
“A juicio del Relator Especial, la violencia económica puede provocar un sufrimiento considerable y constituir un trato o pena cruel, inhumano o degradante, así como un acto de tortura en caso de que dicho abuso se produzca de forma deliberada, intencionada o discriminatoria e inflija un sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 36).
“Los denominados delitos ‘en nombre del honor’ son delitos cometidos por miembros de la familia, principalmente contra mujeres o niñas que se considera que han deshonrado a esta, en un supuesto intento de reparar el honor familiar. Cada año este tipo de delitos expone a infinidad de mujeres a un sufrimiento y un daño graves y provoca miles de asesinatos ‘por honor’ en todo el mundo [hay nota]. Como explicó en su momento la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer al respecto, ‘el honor se define desde el punto de vista de las funciones sexuales y familiares asignadas a las mujeres con arreglo a la ideología de la familia tradicional. Así, el adulterio, las relaciones anteriores al matrimonio (que pueden o no incluir las relaciones sexuales), la violación y el hecho de que una mujer se enamore de una persona que no es la ‘apropiada’ pueden constituir violaciones del honor de la familia’ […]. Además, las personas LGBTI también pueden ser víctimas de este tipo de violencia, en particular de los asesinatos ‘por honor’, cuya perpetración se produce por considerarse que han avergonzado a su familia, a menudo por transgredir las normas de género o las expectativas sociales respecto de la sexualidad y el comportamiento […]. La supuesta intención de los delitos ‘en nombre del honor’ es reparar el honor personal o familiar mediante la adopción de medidas contra el presunto culpable, lo que entraña necesariamente elementos de castigo, coerción o intimidación y, en general, está orientado a la imposición de un orden social profundamente discriminatorio” (párr. 42).
“A juicio del Relator Especial, infligir de forma intencionada y deliberada o discriminatoria dolor o sufrimiento grave a una persona indefensa con el presunto objetivo de reparar el honor personal o familiar constituye un acto de tortura o, en ausencia de uno o más de tales elementos constitutivos, un ejemplo de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (párr. 43).
6. Violencia doméstica. Trata de personas. Trato cruel, inhumano o degradante. Vulnerabilidad.
“La trata de personas entraña la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de estas con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de alguien que tenga autoridad sobre dichas personas [hay nota]. La trata de familiares es un fenómeno muy extendido en numerosas zonas del mundo que afecta principalmente a niñas y niños. De hecho, el grado de implicación de la familia en la trata de menores (un 41 %) supera en más de cuatro veces el registrado en los casos de trata de adultos (un 9 %) [hay nota]. En la práctica, la trata de familiares supone invariablemente la imposición intencionada de dolor y sufrimiento físico o mental grave, a menudo atendiendo a criterios discriminatorios, con fines de explotación coercitiva, en particular de prostitución forzada y otros abusos sexuales, matrimonio forzado, trabajo forzoso, reclutamiento forzado para formar parte de grupos armados y bandas delictivas o incluso extracción de órganos [hay nota]” (párr. 44).
“En opinión del Relator Especial, la trata de familiares constituye un ejemplo de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como un acto de tortura cuando entraña la imposición intencionada y deliberada o discriminatoria de dolor o sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 45).
7. Violencia doméstica. Derechos reproductivos. Coacción. Trato cruel, inhumano o degradante.
“Los actos de coacción contra la libertad reproductiva suelen ser cometidos por las parejas sentimentales o los miembros de la familia extensa de la víctima y entrañan un comportamiento de intromisión respecto al uso de anticonceptivos, el embarazo y otros aspectos de dicha libertad, en particular por lo que se refiere a la continuación o interrupción del embarazo. Ejemplos de coacción contra la libertad reproductiva son la destrucción o eliminación intencionada del método anticonceptivo elegido (sabotaje de métodos anticonceptivos), así como los intentos de coacción orientados a forzar el embarazo, sus resultados o el aborto. Todos esos fenómenos desembocan en graves consecuencias reproductivas, entre otras, embarazos no planeados, abortos, infecciones de transmisión sexual, embarazos con resultados negativos y traumas psicológicos [hay nota]. Las mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas suelen estar más expuestas a la coacción contra la libertad reproductiva” (párr. 51).
“A juicio del Relator Especial, dado que la coacción contra la libertad reproductiva supone una intromisión deliberada en la dignidad personal, la integridad y la autonomía de la víctima con fines coercitivos o discriminatorios y que puede infligirle dolor o sufrimiento grave, dicha coacción puede constituir un acto de tortura o, en ausencia de uno o más de tales elementos constitutivos, un ejemplo de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (párr. 53).
VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIOLENCIA FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; GÉNERO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; VIOLENCIA SEXUAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; POLÍTICA PÚBLICA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VICTIMA; DEBIDO PROCESO; CONSENTIMIENTO; ACOSO SEXUAL; HOMICIDIO; LESIONES; VIOLACIÓN; VIOLENCIA ECONÓMICA; TRATA DE PERSONAS; DERECHOS REPRODUCTIVOS; COACCIÓN; NO DISCRIMINACIÓN;
Informe sobre el maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductivaRelatoría Especial sobre la violencia contra la mujer
Entre sus conclusiones, la Relatora Especial señaló que los “Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, incluido su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental durante los servicios de salud reproductiva y el parto sin ser objeto de maltrato o violencia de género, así como de aprobar leyes y políticas apropiadas para combatir y prevenir ese tipo de violencia, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas”. Asimismo, consideró que los “Estados deben afrontar el problema del maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva y en la atención del parto desde una perspectiva de derechos humanos, y utilizarla para realizar una investigación independiente sobre las denuncias”.
1. Violencia de género. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Política pública.
El maltrato y la violencia contra la mujer no solo violan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino que también pueden poner en peligro su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física, su intimidad, su autonomía y a no sufrir discriminación” (párr. 8).
“El maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva y durante la atención del parto se examinan en el informe como parte de una forma continuada de las violaciones que se producen en el contexto más amplio de la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado, y también son consecuencia de una falta de educación y formación y de la falta de respeto a la igual condición de la mujer y a sus derechos humanos. Las mujeres y las niñas sufren ese tipo de violencia cuando solicitan otras formas de atención de la salud sexual y reproductiva como exámenes ginecológicos, el aborto, tratamientos de fecundidad y anticonceptivos y en otros contextos de salud sexual y reproductiva” (párr. 9).
“Los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer tienen además la obligación de elaborar y aplicar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación y la violencia de género contra la mujer, en particular en el ámbito de la atención de la salud. Se trata de una obligación de carácter inmediato y las demoras no pueden justificarse por ningún motivo, ni siquiera por razones económicas, culturales o religiosas” (párr. 10).
“La Relatora Especial reconoce que, aunque muchas formas de maltrato relacionadas con la atención del parto y otros servicios de salud reproductiva no son actos deliberados o intencionados de violencia contra la mujer, algunos actos u omisiones (véase el párr. 10) pueden considerarse formas de maltrato. Cabe señalar sin embargo que, en determinadas circunstancias, algunas formas de maltrato podrían constituir violencia contra la mujer en casos concretos y en función de las circunstancias, mientras que otras formas de maltrato podrían considerarse violaciones de los derechos humanos con base en las normas de derechos humanos y en la jurisprudencia en materia de derechos humanos” (párr. 13).
2. Derechos reproductivos. Consentimiento informado. No discriminación. Personas con discapacidad.
“La cesárea o el parto por cesárea es el uso de la cirugía para alumbrar a los niños cuando médicamente es necesario y cuando un parto vaginal pondría a la madre o al niño en situación de riesgo. Cuando está justificado desde el punto de vista médico, es un procedimiento que salva vidas. Sin embargo, recientemente ha habido una tendencia creciente al uso excesivo de la cesárea en todo el mundo, y en América Latina y Europa este tratamiento está sustituyendo al parto vaginal o se está eligiendo como forma preferida de alumbramiento. En muchos ordenamientos jurídicos, el interés del feto prevalece sobre los derechos de la mujer embarazada, lo que da lugar a situaciones en las que, deliberadamente, no se consulta a las mujeres en lo referente a la decisión de parir o no al niño mediante cesárea. También hay pruebas que sugieren que las mujeres se convierten en víctimas de sistemas de salud deficientes donde los servicios se planifican y gestionan centrándose en la eficacia en función de los costos y el tiempo. Además, las cesáreas pueden programarse y pueden realizarse en días laborables seleccionados, frente a los fines de semana, y los médicos suelen cobrar honorarios más altos de las compañías de seguros privadas por esta práctica [hay nota]. Cuando se practica sin el consentimiento de la mujer, una cesárea puede constituir violencia por razón de género contra la mujer, e incluso tortura” (párr. 24).
“El consentimiento informado para el tratamiento médico relacionado con los servicios de salud reproductiva y el parto es un derecho humano fundamental. Las mujeres tienen derecho a recibir toda la información sobre los tratamientos recomendados a fin de que puedan pensar y adoptar decisiones bien informadas” (párr. 32).
“El consentimiento informado es un proceso de comunicación e interacción continua entre el paciente y el personal sanitario, y una firma por sí sola no es una indicación de consentimiento informado [hay nota]. El personal sanitario debe adoptar una actitud proactiva a la hora de facilitar la información. Para que el consentimiento sea válido, debe ser voluntario, y la persona debe contar con toda la información. El consentimiento del paciente es necesario independientemente del procedimiento, y la persona puede retirar su consentimiento en cualquier momento según el principio de una atención centrada en el paciente. La información debe proporcionarse de un modo y en un idioma que sea comprensible, accesible y adecuado para las necesidades de la persona que debe adoptar la decisión. El nivel de formación, la discapacidad física o intelectual y la edad de la persona deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la manera en que debe proporcionarse tal asesoramiento e información, y deben respetarse las necesidades y las preferencias de dicha persona. Las personas con discapacidad deben recibir todo el apoyo necesario para adoptar sus decisiones. Debe ejercerse una cautela extrema, sobre todo en el caso de las personas que tienen dificultades para hacerse entender, para asegurar que las decisiones que vayan a adoptarse mediante el proceso de apoyo en dicha toma de decisiones no se conviertan en decisiones de sustitución [hay nota]” (párr. 38).
3. Estereotipos de género. Personas con discapacidad. No discriminación. Reforma legal.
“Algunos Estados aplican leyes o prácticas nacionales discriminatorias, como el requisito de obtener el consentimiento del esposo o de un tercero para que la mujer sea sometida a tratamiento médico. Esta situación discrimina a las mujeres e ignora su capacidad de toma de decisiones en favor de la decisión de un familiar o de otra autoridad institucional. Tales leyes contribuyen a la violencia y el maltrato de las mujeres en los servicios de salud reproductiva” (párr. 42).
“Algunas mujeres sufren formas interseccionales de discriminación que tienen un impacto negativo agravado, y la violencia de género puede afectar a las mujeres en distinta medida o de distintas formas, por lo que a este respecto se requieren respuestas jurídicas y normativas adecuadas” (párr. 43).
“Las mujeres y las niñas con discapacidad sufren una discriminación basada en múltiples aspectos de su identidad, como el género y la discapacidad [hay nota]. Muy a menudo se las considera asexuales o sexualmente inactivas. La Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad ha señalado además que ‘es habitual que se presione a las niñas y las jóvenes con discapacidad para que interrumpan sus embarazos debido a los estereotipos negativos acerca de su capacidad para la crianza de los hijos y por la preocupación eugenésica de que den a luz a un niño con discapacidad’” (párr. 45).
“Los nocivos estereotipos de género en el ámbito de la salud reproductiva en lo concerniente a la competencia de las mujeres para adoptar decisiones, el papel natural de la mujer en la sociedad y la maternidad limitan la autonomía y la acción individual de la mujer. Estos estereotipos surgen de sólidas convicciones religiosas, sociales y culturales y de las ideas sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad [hay nota]. Estos estereotipos nocivos se justifican además con la creencia de que el parto es un acontecimiento que exige el sufrimiento de la mujer. A las mujeres se les dice que estén felices por tener un niño sano, sin valorar en ningún momento su salud física ni su equilibrio emocional” (párr. 46).
PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS REPRODUCTIVOS; CONSENTIMIENTO INFORMADO; MÉDICOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ABORTO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; POLÍTICA PÚBLICA; REFORMA LEGAL;
Estudio mundial sobre los niños privados de la libertadAsamblea General de las Naciones Unidas
Entre sus conclusiones, el experto independiente señaló que los Estados deben crear sistemas de justicia de menores específicos con miras a la derivación, y que si no es posible adoptar medidas de derivación, debería aplicarse el principio del período más breve que proceda y, por lo tanto, no deberían poder imponerse la cadena perpetua sin posibilidad de liberación ni otras penas de encarcelamiento excesivamente largas. En este sentido, recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que ningún menor debe permanecer detenido más de 30 días sin que se presente una imputación formal, y que debe tomarse una decisión definitiva en relación con los cargos en un plazo de seis meses a partir de la fecha inicial de detención; de lo contrario, el menor debe ser puesto en libertad. Respecto de la detención de niños migrantes, sostuvo que la privación de libertad por motivos puramente relacionados con la migración no es acorde en ningún caso al contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A su vez, entre sus recomendaciones, consideró que los Estados deben invertir una importante cantidad de recursos en reducir las desigualdades y ayudar a las familias a fin de empoderarlas para que fomenten el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, incluidos los niños con discapacidad. Por otra parte, señaló que cuando la privación de libertad sea inevitable debido a las circunstancias particulares de un caso, solo se aplicará durante el período más breve que proceda.
1. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención.
“La infancia, que abarca el período transcurrido entre el nacimiento y los 18 años de edad, es la fase en la que los niños desarrollan su personalidad, sus relaciones afectivas con los demás, sus aptitudes sociales y educativas y sus talentos. El derecho internacional reconoce la familia como unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad. Los niños deberían crecer en un entorno familiar en el que reciban amor, protección y seguridad. Si por cualquier razón los niños no pueden crecer en el seno de una familia, los Estados deberán asegurarse de que reciban cuidados en un entorno de tipo familiar. El internamiento de niños en instituciones y otros centros en los que se ven o podrían verse privados de libertad es difícil de conciliar con los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño” (párr. 2).
“Es posible que muchos niños se encuentren a lo largo de su infancia en un círculo vicioso de distintas situaciones de privación de libertad, que podría comenzar en un ‘orfanato’ y continuar con distintas instituciones de supervisión educativa y de rehabilitación de toxicómanos hasta concluir con el encarcelamiento y la reincidencia […]. Privar de libertad a los niños significa privarlos de su infancia” (párr. 3).
“A los efectos del estudio, por ‘niño’ se entiende todo ser humano menor de 18 años de edad, según se indica en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ‘privación de libertad’ se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento de un niño en un establecimiento público o privado del que no se le permita salir por su propia voluntad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito” (párr. 6).
“Al elaborar el estudio, el Experto Independiente decidió aplicar la definición amplia de ‘privación de libertad’ y ‘lugares de detención’ establecida en el artículo 11, letra b), de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad de 1990 y en el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2002. Por lo tanto, el término ‘lugares de detención’ abarca todos los lugares donde los niños podrían verse privados de libertad, como los establecimientos carcelarios, las celdas policiales, los centros de prisión preventiva, los campamentos militares, los centros de asistencia social, las instituciones para personas con discapacidad o para personas adictas a las drogas o al alcohol, los ‘orfanatos’, los hogares infantiles, las instituciones encargadas de la supervisión educativa de los niños, los hospitales psiquiátricos, los centros de salud mental o los centros de detención de migrantes” (párr. 18).
“Si bien los adultos pueden ser privados de libertad legalmente por diversas razones, e incluso durante largos períodos de tiempo, en el artículo 37, letra b), de la Convención sobre los Derechos del Niño se prevén límites mucho más estrictos para los niños. Además de la norma general de que ‘ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente’, esta disposición también prevé que ‘la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda’. Por ‘medida de último recurso’ se entiende que la privación de libertad de los niños solo debe utilizarse como última opción y, en principio, debe evitarse. Si la privación de libertad, como excepción a esa norma, es inevitable y estrictamente necesaria a la luz de las circunstancias específicas del caso, entonces solo podrá aplicarse ‘durante el período más breve que proceda’” (párr. 19).
“Puesto que los niños se encuentran en la etapa formativa, cuando la privación de libertad puede tener efectos sumamente perjudiciales para su salud física y mental, su desarrollo y su vida, los Estados están obligados a aplicar soluciones no privativas de la libertad al tratar con ellos. Incluso en el caso de los niños que han cometido delitos, el artículo 40, párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que ‘se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la remisión condicional a prueba, el acogimiento familiar, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción’. Con esta amplia lista de soluciones no privativas de la libertad, la Convención sobre los Derechos del Niño indica claramente que la privación de libertad de los niños deberá evitarse en la medida de lo posible. Cuando los niños son derivados del sistema de justicia penal al sistema de asistencia social, el principio de ‘medida de último recurso’ se aplica igualmente para protegerlos de la privación de la libertad en toda clase de instituciones, en particular a aquellos con discapacidad. Los Estados deberán hacer todo lo que esté en sus manos por que los niños permanezcan dentro de la familia extensa y, de no ser posible, dentro de la comunidad en un entorno de tipo familiar” (párr. 20).
“El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que todos los niños deben tener derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta […]. El proceso de consulta puso de relieve la importancia de escuchar directamente de los niños las experiencias que han vivido […]. Muchos niños también se enfrentaban a barreras para contactar con sus familias y tenían problemas para recibir apoyo a la reintegración. Señalaron que no era fácil que les tuvieran en cuenta en las decisiones que se adoptaban sobre ellos. Los resultados indican que los niños privados de libertad sufren miedo, aislamiento, traumas y daños, además de discriminación, estigmatización y desempoderamiento” (párrs. 23 y 24).
2. Niños, niñas y adolescentes. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud. Vulnerabilidad. Condiciones de detención. Hacinamiento.
“A través de la investigación llevada a cabo para el estudio por un grupo de distinguidos académicos y profesionales de la salud, se trataron de analizar las repercusiones que tiene la privación de libertad de los niños para su salud física y mental. La investigación, basada en más de 7.000 artículos científicos, pone de manifiesto que las circunstancias específicas de la retención son directamente nocivas para la salud mental y física de los niños en todas las situaciones de privación de libertad” (párr. 26).
“Si bien hay una gran cantidad de pruebas de que los niños que sufren privación de libertad tienen una salud deficiente, los estudios demuestran que hay pocas pruebas científicas de que la retención sea el factor principal que cause los problemas de salud, ya que estos niños suelen pertenecer a los grupos más desfavorecidos y discriminados, con problemas de salud preexistentes o concurrentes” (párr. 27).
“La investigación demuestra que la exposición a condiciones de privación de libertad insalubres aumenta el riesgo de infecciones. El hacinamiento en lugares de detención junto con personas con enfermedades contagiosas e infecciones de transmisión sexual promueve su propagación. Las restricciones innecesarias al movimiento y la actividad física afectan negativamente al desarrollo físico de los niños” (párr. 28).
“Muchos de los niños privados de libertad sufren trastornos por estrés postraumático, en particular cuando se los recluye en régimen de aislamiento. El maltrato o el abandono de los niños durante la privación de libertad suelen producir o agravar problemas de salud mental y cognitiva, como la ansiedad, la depresión, el retraso del desarrollo e incluso la regresión del idioma. En algunos casos, la gravedad de los trastornos psiquiátricos de los niños durante la privación de libertad se multiplica por diez en comparación con su salud mental antes de esta” (párr. 29).
3. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Condiciones de detención. Trato cruel, inhumano o degradante.
“Los niños con discapacidad están excesivamente representados en la privación de libertad en el contexto de la administración de justicia y las instituciones. Se estima que 1 de cada 3 niños internados en instituciones tiene alguna discapacidad” (párr. 31).
“La raíz del problema suelen ser los estigmas y las ideas erróneas. Los niños con discapacidad se ven privados de libertad a fin de acceder a servicios que deben prestarse dentro de la comunidad, como la educación, la atención de la salud o la rehabilitación. Las familias suelen carecer de apoyo financiero y social para facilitar a su hijo la atención necesaria, o para poder hacer frente a la prestación de cuidados de manera ininterrumpida” (párr. 32).
“Además, esos niños también sufren formas de privación de libertad especiales relacionadas con su discapacidad. Debido al hecho o a la presunción de que sufren una deficiencia, estos niños son sistemáticamente internados en instituciones, ingresados contra su voluntad en establecimientos de salud mental y privados de su libertad en instalaciones forenses, en el hogar y en otros entornos comunitarios, a menudo en condiciones deplorables. Estas prácticas tienen lugar en un conjunto de Estados que difieren en cuanto a su situación económica y social o a su tradición jurídica. No obstante, comparten características, razonamientos y justificaciones comunes derivados del modelo médico de discapacidad” (párr. 33).
“Los niños con discapacidad privados de libertad están expuestos a un mayor riesgo de violencia, maltrato y explotación, los cuales pueden equivaler a tortura u otras formas de malos tratos, como ser inmovilizados, encadenados, aislados o golpeados por el personal como forma de control o castigo” (párr. 34).
4. Niños, niñas y adolescentes. Género. LGBTIQ. Prisión. Condiciones de detención. Estereotipos de género.
“Las niñas suelen ser delincuentes sin antecedentes penales y responder al efecto disuasorio del encarcelamiento. Otra explicación es la actitud ‘caballerosa y paternalista’ de muchos jueces y fiscales varones de los sistemas de justicia de menores que asumen, conforme a estereotipos de género tradicionales, que las niñas necesitan más protección que los niños” (párr. 36).
“Aunque la mayoría de los Estados permiten a las madres condenadas convivir en establecimientos carcelarios con sus hijos de corta edad, solo ocho Estados lo permiten explícitamente en el caso de los padres. Incluso en los territorios donde los padres que son cuidadores principales pueden convivir con sus hijos, los establecimientos carcelarios carecen (casi) por completo de ‘unidades para padres e hijos’, de modo que prácticamente ningún niño reside en ellos con su padre” (párr. 37).
“Mientras que los niños están excesivamente sujetos a la privación de libertad, las niñas suelen ser víctimas de discriminación por razón de género. La investigación llevada a cabo para el estudio muestra que las niñas tienen más probabilidades de ser detenidas por delitos en razón de la condición personal debido a su comportamiento y no en una verdadera actividad delictiva, por ejemplo, debido a la actividad sexual, el absentismo escolar y la fuga del hogar. Las niñas que viven en la calle son particularmente vulnerables, ya que a menudo son detenidas con fines de prostitución. Si los Estados tipifican el aborto como delito, las niñas se encuentran en riesgo de encarcelamiento, incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación” (párr. 38).
“Los niños pertenecientes a la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) tienen más probabilidades de ser detenidos y encarcelados por delitos en razón de la condición personal, sobre todo como consecuencia de su actividad sexual y de la expresión de su orientación sexual e identidad de género. Los niños LGBTI están excesivamente representados en los centros de justicia de menores y en las instituciones sanitarias. Por lo general, se los interna en centros de detención inadecuados desde el punto de vista del género y son especialmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo” (párr. 39).                           
5. Acceso a la justicia. Interés superior del niño. Violencia.
“Un amplio conjunto de normas internacionales de derechos humanos da testimonio de la firme determinación política y jurídica de la comunidad internacional de evitar la privación de libertad de los niños en la administración de justicia. Dicho marco jurídico ya ha contribuido a la creación de sistemas de justicia de menores especializados, a la adopción de soluciones no privativas de la libertad y a una disminución del número de niños privados de libertad. No obstante, cada año sigue habiendo por lo menos 410.000 niños privados de libertad en centros de prisión preventiva y establecimientos carcelarios. Esta cifra no incluye a los aproximadamente 1 millón de niños sometidos anualmente a detención policial” (párr. 40).
“Estos datos sugieren que la privación de libertad en el contexto de la administración de justicia sigue utilizándose de manera excesiva. Hay varias razones que explican este fenómeno, las cuales empiezan antes del sistema de justicia penal y lo trascienden (por ejemplo, la falta de sistemas de bienestar infantil eficaces, la falta de apoyo a los entornos familiares, la excesiva criminalización, la baja edad mínima de responsabilidad penal, la imposición de penas duras, la discriminación, razones socioeconómicas o la falta de recursos en la administración de justicia)” (párr. 41).
“En tiempos de globalización y complejos cambios sociales, existe una mayor necesidad de apoyar a las familias, las comunidades, las escuelas y los sistemas de bienestar infantil. Los instrumentos existentes para una cooperación interinstitucional estructurada entre los servicios de bienestar infantil, protección social, educación, salud, la aplicación de la ley y el sistema judicial, a fin de crear sistemas de protección infantil integrales y aplicar políticas de prevención e intervención temprana, siguen estando infradesarrollados o no son eficaces” (párr. 42).
“En lugar de recurrir a la prevención, los Estados suelen aplicar políticas represivas y punitivas que conducen a una criminalización excesiva. Conductas que son típicas de los niños se penalizan como ‘delitos en razón de la condición personal’, en virtud de los cuales se los acusa y detiene por absentismo escolar, abandono del hogar, desobediencia, consumo del alcohol en la minoría de edad, actividad sexual consentida entre adolescentes, comportamientos ‘disruptivos’ y prácticas contra las tradiciones y la moral” (párr. 43).
“La violencia sigue siendo endémica en todas las etapas de la privación de libertad en la administración de justicia. El uso de los castigos corporales y otros medios violentos de control y disciplina, así como el uso excesivo de medidas de inmovilización y de la reclusión en régimen de aislamiento, son prácticas que persisten en muchos Estados” (párr. 47).
6. Niños, niñas y adolescentes. Prisión. Condiciones de detención. Interés superior del niño.
“La posibilidad de que los niños residan en un establecimiento carcelario con un cuidador detenido plantea innumerables consideraciones complejas, empezando por la propia pregunta de si se debería permitir esta práctica, puesto que tanto la exposición del niño a la privación de libertad como la separación de su cuidador principal tienen consecuencias adversas” (párr. 50).
“La investigación realizada para el estudio refleja una escasez general de establecimientos carcelarios adecuados, como establecimientos con unidades materno-infantiles específicas u otras instalaciones especiales para la atención y el tratamiento pre-, peri- y posnatales” (párr. 53).
“Si llegara el momento de la separación del niño y el cuidador debido a los límites de edad impuestos para la convivencia en establecimientos carcelarios, se debe llevar a cabo una preparación cuidadosa de la partida del niño con suficiente antelación y facilitar la posibilidad de mantener el contacto. Las respuestas al cuestionario muestran que no siempre existen ese tipo de políticas o no se aplican en la práctica. Además, no siempre se tiene en cuenta el interés superior del niño ni se examinan las modalidades alternativas de cuidado” (párr. 54).
7. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Personas privadas de la libertad. Interés superior del niño. Derecho a la salud. Salud mental.
“La investigación realizada para el estudio indica que la privación de libertad de niños relacionada con la migración no puede considerarse una medida de último recurso y nunca redunda en el interés superior del niño, por lo que debería prohibirse en todos los casos” (párr. 56).
“La práctica de los Estados que no internan a niños en los centros de detención de migrantes pone de manifiesto que es posible lograr los intereses legítimos del Estado en lo relativo a la regulación de la migración mediante respuestas normativas a través de las que se aplican soluciones no privativas de la libertad. Entre ellas cabe mencionar el alojamiento abierto y adaptado a los niños en sistemas de protección infantil desconectados de las políticas migratorias y las autoridades, la facilitación de información de manera periódica, las familias de acogida y otros arreglos que dan prioridad al interés superior de los niños” (párr. 58).
“Independientemente de las condiciones de detención, las pruebas disponibles muestran que la privación de libertad por motivos de inmigración es perjudicial para la salud física y mental de los niños y los expone al riesgo de sufrir abusos y explotación sexual. Los informes han revelado que agrava los problemas de salud existentes y provoca otros nuevos, como ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y trastorno por estrés postraumático” (párr. 60).
8. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Reunificación familiar. No discriminación. Interés superior del niño.
“Entre las vías que llevan a los niños a ser separados innecesariamente de sus familias figuran la situación socioeconómica, la discriminación, la violencia en la familia y la falta de acceso a servicios esenciales (por ejemplo, sanidad, educación, rehabilitación o tratamiento). Algunos niños terminan internados en instituciones debido a una aplicación incorrecta del principio del interés superior del niño. En algunos casos, los sistemas que favorecen a las instituciones se caracterizan por el lucro o la mercantilización del cuidado infantil. Muchos Estados carecen de sistemas de control, necesarios para evitar el acogimiento de un niño bajo cuidados externos a los familiares directos y para garantizar que todo acogimiento responde a las necesidades y las preferencias del niño” (párr. 63).
“Las pruebas demuestran que las instituciones suelen caracterizarse por ser mecanismos de alojamiento intrínsecamente perjudiciales para los niños. Algunas de sus características son la separación y el aislamiento de la familia y la comunidad en general, la convivencia forzada, la despersonalización, la falta de atención individual y amor, la inestabilidad de las relaciones con los cuidadores, la falta de receptividad de los cuidadores, la falta de autodeterminación y rutinas fijas que no se adaptan a las necesidades y preferencias del niño” (párr. 64).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA SALUD; VULNERABILIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; GÉNERO; LGBTIQ; PRISIÓN; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; MIGRANTES; SALUD MENTAL; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; NO DISCRIMINACIÓN;
Tomov y otros v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud de los artículos 3 (prohibición de la tortura), 13 (derecho a un recurso efectivo) en relación al artículo 3 (trato cruel, inhumano o degradante-condiciones de detención), 6.1 (derecho al debido proceso), 38 (derecho a que el caso sea examinado), 46.2 (ejecución de sentencias) y 41 (derecho a una satisfacción equitativa) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Condiciones de detención. Traslado de detenidos. Personas privadas de libertad. Prueba. Derecho a la salud.
“Los Estados deben garantizar que todos los presos sean detenidos en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana, que las modalidades de ejecución de la medida no sometan a la persona a una angustia ni a una severa dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención y que, en vista de las necesidades prácticas de la prisión, la salud y el bienestar del prisionero estén adecuadamente garantizados. El hecho de que las malas condiciones de detención no estén dirigidas a humillar o menospreciar a la persona, no descarta de manera definitiva la conclusión de una violación del artículo 3 del Convenio. Corresponde al Estado demandado organizar su sistema penitenciario para garantizar el respeto a la dignidad de los detenidos, independientemente de las dificultades financieras o logísticas” (cfr. párr. 114).
“La evaluación de si las condiciones a las que fue sometido el peticionario excedieron el umbral de gravedad requerido para la aplicación del artículo 3 del Convenio, depende del efecto acumulativo de todas las circunstancias del caso; en particular, el período de tiempo que el peticionario pasó en esas determinadas condiciones. Dicha evaluación estima las alegaciones específicas formuladas por el peticionario, que deben estar respaldadas por pruebas apropiadas. Los principios que rigen las reglas probatorias y valoración de la carga de la prueba, en tales casos, se establecen en Ananyev y otros v. Rusia [TEDH. Aplicaciones Nº 42525/07 y 60800/08. Sentencia de 10 de enero de 2012, párrafos 139 142] y hacen especial hincapié en el papel que debe desempeñar el Estado demandado en la producción de las pruebas documentales que posee” (cfr. párr. 115).
“En relación con las normas elaboradas por las autoridades nacionales o por organizaciones internacionales –como el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT)–, el Tribunal recuerda que aunque pueden contribuir al análisis de una supuesta violación, no pueden constituir un factor decisivo a los efectos de su evaluación, en virtud del artículo 3 del Convenio. El Tribunal debe decidir sobre casos individuales a la luz de los hechos específicos, mientras que el CPT y las autoridades nacionales elaboran normas de aplicación general para evitar o prevenir violaciones similares. Sin embargo, el Tribunal examinará cuidadosamente los casos en que parece que las condiciones concretas no han respetado los estándares relevantes desarrollados por el CPT” (cfr. párr. 116).
2. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Traslado de detenidos. Condiciones de detención. Hacinamiento.
“En aras de la seguridad jurídica, y para una aplicación uniforme y predecible de los principios generales, el Tribunal considera necesario proporcionar un resumen del enfoque que debe adoptarse en aquellos casos en los que se alegue una violación del artículo 3 debido a las condiciones de transporte inhumanas y degradantes” (cfr. párr. 123).
“La evaluación de la compatibilidad con el artículo 3 no puede reducirse a un cálculo puramente numérico del espacio disponible para el preso durante su traslado. Solo una evaluación de todas las circunstancias del caso puede hacer posible aprehender con precisión la realidad experimentada por la persona transportada. Sin embargo, el transporte de detenidos en un vehículo que ofrece menos de 0,5 metros cuadrados de espacio por persona, da lugar a una fuerte presunción de violación. Un techo bajo, que obliga a los reclusos a doblarse, especialmente en habitáculos individuales, puede exacerbar su dolor físico y fatiga. La protección inadecuada contra las temperaturas externas es un factor agravante cuando las células no están suficientemente calientes o ventiladas. La fuerte presunción de violación del artículo 3 solo puede ser refutada en el caso de un traslado breve u ocasional. Por otro lado, los efectos negativos del hacinamiento deben considerarse tanto más importantes cuando el tiempo de viaje es más largo y los viajes más frecuentes, lo que refuerza la tesis de una violación” (cfr. párr. 124-126).
“En relación a los viajes largos, particularmente aquellos realizados en tren nocturno, el enfoque del Tribunal es similar al de una estadía en un lugar de privación de libertad por un período comparable. Aunque se puede tolerar un espacio reducido en el piso mediante el uso de literas, sería incompatible con lo fijado en el artículo 3 que los reclusos renunciaran a una noche de sueño debido a la falta de espacio para dormir o arreglos inapropiados para dormir. Factores como la incapacidad de proporcionar a cada interno un lugar individual para dormir, un suministro adecuado de agua potable y alimentos o un adecuado acceso a los sanitarios, agravan seriamente la situación de los internos durante sus traslados y son indicativos de una violación del artículo 3” (cfr. párr. 127).
“Finalmente, el Tribunal desea enfatizar la importancia del papel del CPT, que controla las condiciones de traslado y elabora normas para este propósito. Al decidir sobre aquellos casos relativos a las condiciones de traslado de un peticionario, el Tribunal permanecerá atento a esas normas y a su cumplimiento por parte de los Estados partes” (cfr. párr. 128).
“El Tribunal manifiesta que todos los peticionarios fueron transportados en condiciones que cumplían con los requisitos de la legislación nacional. Ninguno de ellos confirmó que los funcionarios hubieran tratado de infligirle dolor o sufrimiento. Incluso en ausencia de cualquier intención de humillar o menospreciar a los peticionarios, las condiciones concretas de su traslado en el presente caso, sin embargo, tuvieron el efecto de someterlos a una angustia de una intensidad tal que excedía el inevitable sufrimiento inherente a la detención. Estas condiciones han dañado su dignidad humana y equivalen a un trato ‘inhumano y degradante’” (cfr. párr. 141).   
“En consecuencia, ha habido una violación del artículo 3 del Convenio con respecto a todos los peticionarios, excepto en lo que respecta al traslado de la señora Punegova antes de su juicio” (cfr. párr. 142).
3. Recursos. Reparación. Traslado de detenidos. Cárceles.  
“Las denuncias interpuestas sobre condiciones de detención inhumanas o degradantes, y aquellas relativas a las condiciones de transporte de personas detenidas, son considerablemente similares en lo que respecta a los tipos de recursos teóricamente disponibles para tales agravios en el sistema legal ruso. Las conclusiones del Tribunal, con relación a la efectividad de los recursos internos en casos de condiciones de detención son, en consecuencia, aplicables al presente caso con ciertas calificaciones relacionadas con la corta duración de los transportes llevados a cabo. Se discutirán con más detalle a continuación” (cfr. párr. 144).
“El Tribunal enfatiza que para garantizar una verdadera reparación efectiva por la presunta violación de los derechos del Convenio, el marco legal para incoar tales quejas debe cumplir con los requisitos del artículo 13 y los procedimientos deben ser capaces de ofrecer una reparación adecuada a la persona agraviada” (cfr. párr. 146).
“En referencia a las denuncias que las personas detenidas pueden dirigir a los superiores de las unidades de escolta, el Tribunal observa que los superiores jerárquicos no tienen un punto de vista o criterio suficientemente independiente para considerar las denuncias que cuestionan la forma en que cumplen con su deber de mantener las condiciones de detención apropiadas en los traslados. Los detenidos también pueden dirigir sus denuncias a la oficina federal o regional del Defensor del Pueblo o a la Comisión Pública de Supervisión. Sin embargo, estos organismos no tienen autoridad para adoptar decisiones legalmente vinculantes” (cfr. párr. 147-148).
“Con anterioridad, el Tribunal determinó que los fiscales encargados de supervisar las prisiones preventivas desempeñan un papel importante en el aseguramiento de condiciones apropiadas de detención […]. Los ferrocarriles son competencia de los fiscales de transporte, que son responsables de supervisar la aplicación de la ley y garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades. No obstante, […] los informes delictivos y las órdenes que adoptan se refieren principalmente a la autoridad que supervisa y al organismo que es supervisado, y no tienen la intención de ofrecer un remedio preventivo o compensatorio a la persona que se considera a sí misma víctima. No existe una obligación legal de exigir al fiscal que escuche al peticionario o de garantizar su participación efectiva en los procedimientos posteriores. El peticionario no sería parte en ningún procedimiento y solo tendría derecho a obtener información respecto de la manera en que el organismo de supervisión tramitó la queja. Por otra parte, las personas detenidas en tránsito no parece que tengan una forma de comunicarse con un fiscal de transporte con el fin de asegurar su intervención con celeridad si las condiciones de transporte no cumplen con los requisitos legales o equivalen a un trato inhumano o degradante. En el caso del peticionario Rakov, la respuesta de la fiscalía llegó casi dos meses después de los hechos” (cfr. párr. 149).
“En referencia a la efectividad de los recursos judiciales, el Tribunal señala que con independencia de cuán diligentes sean los procedimientos ante los tribunales, generalmente terminan demasiado tarde para poner fin a una situación que involucra una violación en curso. A diferencia de las condiciones soportadas por las personas detenidas durante meses o años en una prisión preventiva o centro penal, los traslados toman un tiempo mucho más corto, de unos pocos días a unas pocas semanas. Sin embargo, el hecho de que los tribunales puedan examinar la queja sobre el fondo, incluso después de la finalización de un traslado, y establecer los hechos y ofrecer una reparación adaptada a la naturaleza de la violación, hace que el recurso judicial prima facie sea accesible y capaz, al menos teóricamente, de proporcionar una compensación adecuada” (cfr. párr. 150).
“Sin embargo, para que un recurso sea eficaz, debe estar disponible no solo en teoría sino también en la práctica, y ofrecer perspectivas razonables de ser satisfecho” (cfr. párr. 151).
4. Carga de la prueba. Responsabilidad civil.
“Las disposiciones del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual establecen normas específicas de reparación en caso de daños causados por las autoridades y agentes estatales. Exigen que el peticionario demuestre que el agravio fue causado por una acción u omisión indebida por parte de una autoridad específica o agente estatal determinado. Este requisito constituye una carga de la prueba que no se puede cumplir o que es inalcanzable en muchos casos. [En el presente caso] cada individualidad relativa a las condiciones de detención cumplía con las disposiciones reglamentarias nacionales, pero su efecto acumulativo era tal que constituía un trato inhumano en violación del artículo 3 del Convenio. Por lo tanto, era materialmente imposible responsabilizar a cualquier autoridad individual u oficial por tales condiciones, y mucho menos demostrar cualquier conducta ilícita de su parte” (cfr. párr. 152).
“Por lo tanto, existió una violación del artículo 13 del Convenio, leído conjuntamente con el artículo 3, con respecto a los peticionarios Tomov, Roshka y Barinov” (cfr. párr. 156).
5. Debido proceso. Derecho de defensa. Testimonios. Juicio justo. Derecho a ser oído. Vulnerabilidad.
“El peticionario Rakov se quejó de que se había violado su derecho a una audiencia imparcial debido a que no había tenido la oportunidad de presentar su reclamo de indemnización ante los tribunales” (cfr. párr. 157).
“El Tribunal reitera que el Código de Procedimiento Civil ruso, tal y como estaba redactado en el momento material, preveía audiencias orales ante los tribunales de apelación, y que el alcance de la revisión por parte de los tribunales de apelación no se limitaba a cuestiones de derecho, sino que también se extendía a cuestiones de hecho. Los tribunales de apelación estaban facultados para realizar una completa revisión del caso al igual que para considerar pruebas y argumentos adicionales que fueron examinados en los procedimientos en primera instancia. Dado el alcance amplio de la revisión del tribunal de apelaciones, las garantías de un juicio justo consagradas en el artículo 6 del Convenio, incluido el derecho a presentaciones orales ante el tribunal, fueron tan importantes en el procedimiento de apelación como lo fue en los tribunales de primera instancia” (cfr. párr. 161).
“En el presente caso, ya sea en primera instancia o en apelación, los tribunales nunca verificaron si la naturaleza de la queja exigía el testimonio personal del peticionario Rakov, y si su asistencia era esencial para garantizar la equidad general en el proceso. Nunca determinaron las razones de la ausencia del representante legal de Rakov ni consideraron procedimientos alternativos para permitirle ser escuchado en su ausencia como, por ejemplo, un enlace de video o una audiencia externa. [A]l  peticionario Rakov se le negó una oportunidad efectiva de presentar su postura, en violación del principio de un juicio justo” (cfr. párr. 162).
“Por lo tanto, existió una violación del artículo 6.1 del Convenio” (cfr. párr. 163).
“Sobre la existencia de un problema estructural que requiere la adopción de medidas generales: en más de 50 casos el Tribunal encontró violaciones al artículo 3 del Convenio debido a las condiciones en el transporte de detenidos. En muchos de ellos, también encontró una violación del artículo 13 debido a la falta de un recurso efectivo” (cfr. párr. 177).
“El origen del problema y las medidas generales necesarias para resolverlo:
Las violaciones reiteradas del artículo 3 derivadas de las inadecuadas condiciones de transporte constituyen un problema de una magnitud y complejidad considerables. Este es un problema multifactorial, debido a la existencia de una diversidad de factores en negativo, como la lejanía geográfica de muchos centros penitenciarios que se construyeron alejados de las principales ciudades bajo el régimen anterior, las largas distancias en cuestión, vehículos envejecidos, regulaciones, normas y estándares excesivamente restrictivos, así como la falta de transparencia durante el transporte de detenidos. Esta situación requiere la adopción a nivel nacional de medidas globales generales que deben tener en cuenta la gran cantidad de personas que actualmente están afectadas” (cfr. párr. 183).
“Vías para mejorar las condiciones de transporte:
a) Reducción respecto de la asignación a asentamientos remotos de detenidos: la necesidad de ubicar a los detenidos en instituciones lo más cerca posible de sus hogares con el fin de evitarles la exigencia de un largo viaje en tren, para reducir el número de prisioneros que viajan a destinos que son distantes y para evitar que los miembros de la familia viajen largos y costosos trayectos para visitar a sus familiares encarcelados” (cfr. párr. 186).
b) Revisar el marco normativo y la adaptación de los vehículos: las autoridades rusas han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones de transporte de los detenidos. No obstante, la disposición de las células o asientos en camionetas y vagones utilizados para viajes en tren de corta distancia debe revisarse para garantizar un espacio suficiente por persona y una distribución de los prisioneros en los compartimentos con un mayor equilibrio. Se debe evitar el uso de estancias individuales a menos que sea necesario por razones primordiales de seguridad. […]. Para viajes largos en tren, se debe prestar especial atención al aseguramiento digno de los dormitorios de los prisioneros. A cada uno de ellos les corresponde tener su propio dormitorio, así como un acceso adecuado a instalaciones sanitarias, agua potable y alimentos” (cfr. párr. 188).
“Debe fundamentarse la protección de las personas vulnerables en sus características individuales más que en su clasificación formal como grupo. Las condiciones de transporte deben ser individualizadas y ser adaptadas a las necesidades de los reclusos que no pueden ser transportados en condiciones normales, como consecuencia del estado de salud mental o características físicas, como la obesidad” (cfr. párr. 189).
6. Recursos. Debida diligencia. Reparación.
“Proporcionar recursos efectivos:
Las obligaciones impuestas a Rusia por el Convenio requieren que fije sin demora los recursos internos efectivos exigidos por el artículo 13. Para que sea efectivo el recurso, el sistema debe garantizar un tratamiento rápido y diligente de los mismos, garantizar la participación efectiva de las personas detenidas en su examen y proporcionar una amplia gama de herramientas legales con el objetivo de eliminar el incumplimiento de los requisitos establecidos. Finalmente, las personas detenidas deberían poder ejercer los recursos disponibles sin temor a castigos o represalias negativas” (cfr. párr. 190-192).
“El Tribunal considera que en todos aquellos casos en los que ya se ha establecido una violación del artículo 3, es probable que el daño al individuo se repare con una medida compensatoria. La compensación debe estar disponible para cualquier persona […] que haya sufrido un trato inhumano o degradante y haya presentado una solicitud para dicho fin. La confirmación de que las condiciones de transporte no cumplían los requisitos del artículo 3 da lugar a una fuerte presunción de que se han causado daños inmateriales a la parte perjudicada y que el monto de la indemnización por daños inmateriales no debe ser irrazonable en relación con los otorgados por el Tribunal en casos similares. En el contexto del presente caso, los tribunales internos deben considerar que, incluso en una situación en la que cada aspecto referente a las condiciones de transporte cumplía con las normas internas, su efecto acumulativo podría haber constituido un trato inhumano o degradante” (cfr. párr. 196-197).
“El Tribunal concluye de igual manera, por unanimidad, que existió una violación del artículo 38 debido a que el Estado demandado no cumplió con sus obligaciones de producir el material solicitado y la violación del artículo 6.1 debido a que un peticionario se vio privado de la oportunidad efectiva de argumentar su caso, en violación del principio de juicio justo” (cfr. párr. 196-197).   
TRASLADO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; HACINAMIENTO; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; RECURSOS; PRUEBA; REPARACIÓN; CARGA DE LA PRUEBA; RESPONSABILIDAD CIVIL; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; TESTIMONIOS; DERECHO A SER OIDO; DEBIDA DILIGENCIA; VULNERABILIDAD;
Escher v. BrasilCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Brasil era responsable por la violación de los artículos 11 (derecho a la vida privada y derecho a la honra y a la reputación) y 16 (derecho a la libre asociación) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

1. Intervención de las telecomunicaciones. Derecho a la privacidad.

“El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que ‘el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública’.
[A]unque las conversaciones telefónicas no se encuentran expresamente previstas en el artículo 11 de la Convención, se trata de una forma de comunicación incluida dentro del ámbito de protección de la vida privada. El artículo 11 protege las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional que desarrolla. De ese modo, […] se aplica a las conversaciones telefónicas independientemente de su contenido e incluso, puede comprender tanto las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones. En definitiva, la protección a la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de comunicación”.

2. Teléfonos. Telefonía celular. Derecho a la privacidad.

“La fluidez informativa que existe hoy en día coloca al derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente. Este progreso, en especial cuando se trata de interceptaciones y grabaciones telefónicas, no significa que las personas deban quedar en una situación de vulnerabilidad frente al Estado o a los particulares. De allí que el Estado debe asumir un compromiso, aún mayor, con el fin de adecuar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales de protección del derecho a la vida privada” (párr. 113-115).

“Como las conversaciones telefónicas de las presuntas víctimas eran de carácter privado y dichas personas no autorizaron que fueran conocidas por terceros, su interceptación por parte de agentes del Estado constituyó una injerencia en su vida privada. [P]ara que resulte con-forme a la Convención Americana una injerencia debe cumplir con los siguientes requisitos: a) estar prevista en ley; b) perseguir un fin legítimo, y c) ser idónea, necesaria y proporcional. En consecuencia, la falta de alguno de dichos requisitos implica que la injerencia es contraria a la Convención” (párr. 129).

3. Intervención de las telecomunicaciones. Cadena de custodia. Información confidencial. Responsabilidad del Estado. Derecho a la privacidad.

“[L]a divulgación de conversaciones telefónicas que se encontraban bajo secreto de justicia por agentes del Estado implicó una injerencia en la vida privada, la honra y la reputación de las víctimas…” (párr. 158).

“[L]a Corte considera que guardar secreto de las conversaciones telefónicas interceptadas durante una investigación penal es un deber estatal: a) necesario para proteger la vida privada de las personas sujetas a una medida de tal naturaleza; b) pertinente para los efectos de la propia investigación, y c) fundamental para la adecuada administración de justicia. En el presente caso, se trataba de información que debía permanecer sólo en conocimiento de un reducido número de funcionarios policiales y judiciales y el Estado falló en su obligación de mantenerla con el resguardo debido” (párr. 162).

4. Intervención de las telecomunicaciones. Deber de fundamentación.

“[L]as decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente motivadas y fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Las decisiones deben exponer, a través de una argumentación racional, los motivos en los cuales se fundan, teniendo en cuenta los alegatos y el acervo probatorio aportado a los autos. El deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede variar según la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. En los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión sea emitida sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación deben demostrar que han sido ponderados todos los requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión o la negativa de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez debe ser ejercido respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra posibles ilegalidades y arbitrariedades en el procedimiento en cuestión” (párr. 139).

INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES; INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; TELÉFONOS; TELEFONÍA CELULAR; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CADENA DE CUSTODIA;
Mustafa Onder v. MarruecosComité contra la Tortura - CAT
El Comité contra la Tortura consideró que la extradición del autor a Turquía constituiría una vulneración del artículo 3 de la Convención.
1. Extradición. Tortura. Principio de no devolución.
“El Comité recuerda ante todo que la prohibición de la tortura es absoluta e imperativa y que los Estados partes en ningún caso podrán invocar circunstancias excepcionales para justificar actos de tortura [hay nota]. El principio de no devolución de personas a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que correrían el riesgo de ser sometidas a tortura, enunciado en el artículo 3 de la Convención, también es absoluto [hay nota]” (párr. 7.2).
“A los efectos de determinar si existen motivos fundados para creer que la presunta víctima correría el riesgo de ser torturada, el Comité recuerda que, con arreglo al artículo 3, párrafo 2, de la Convención, los Estados partes deben tener en cuenta todas las consideraciones del caso, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en el país al que sería expulsada. En este caso, el Comité debe, no obstante, dilucidar si el autor correría personalmente un riesgo de ser sometido a tortura de ser extraditado a Turquía. De ahí que la existencia en un país de un cuadro de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituya de por sí un motivo suficiente para establecer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura al ser devuelto a ese país; deben aducirse otros motivos que permitan considerar que el interesado estaría personalmente en peligro [hay nota]. La inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos tampoco significa que deba excluirse la posibilidad de que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en su situación particular [hay nota]” (párr. 7.3).
“[L]a obligación de no devolución existe siempre que haya ‘razones fundadas’ para creer que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura en el Estado al que vaya a ser expulsada, a título individual o en calidad de miembro de un grupo que corra el riesgo de ser sometido a tortura en el Estado de destino. En tales circunstancias, la práctica del Comité ha sido determinar que existen ‘razones fundadas’ siempre que el riesgo de tortura sea ‘previsible, personal, presente y real’ [hay nota]. Entre los indicios de riesgo personal figuran, en concreto, la afiliación o actividades políticas del autor o de sus familiares y la existencia de un auto de detención sin garantías de un trato justo y un juicio imparcial [hay nota]” (párr. 7.4).
“En el presente caso, el Comité toma nota del argumento del autor, según el cual su extradición le haría correr un considerable riesgo de ser torturado durante su detención en Turquía, en razón de su presunta pertenencia al movimiento Hizmet. En este sentido, el Comité observa que se dictó auto de detención contra el autor por pertenencia a ese movimiento, pese a negar ser miembro de él, y que, según se desprende de los informes adjuntados al expediente, es común el recurso a la tortura y los malos tratos en el caso de personas de su perfil durante su detención. El Comité observa asimismo que, según el Estado parte, no se extradita a ninguna persona si corre el riesgo de ser perseguida por motivo de su raza, religión, condición política o por su situación personal, ni siquiera si puede estar en peligro por alguno de esos motivos” (párr. 7.5).
2. Extradición. Control judicial. Arbitrariedad.
“[E]l Comité observa que, al autorizar la extradición, la Corte de Casación de Rabat no evaluó el riesgo de tortura que implicaría para el autor esa extradición, habida cuenta de la situación imperante en Turquía desde el intento de golpe de estado en julio de 2016, en particular para las personas a las que, como al autor, se les atribuye una pertenencia, presunta o real, al grupo Hizmet. El Comité observa que, según el Estado parte, Turquía presentó garantías de que se respetarían los derechos del autor, de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por este país. No obstante, no se ha explicado en modo alguno la manera en que se evaluó el riesgo de tortura para el autor a fin de garantizar que este no se viese expuesto a un riesgo de tratos que contraviniesen al artículo 3 de la Convención a su regreso a Turquía” (párr. 7.10).
“En el presente caso, de acuerdo con las consideraciones de la Corte de Casación, en cuanto órgano jurisdiccional que conoce de las extradiciones, el Comité no puede concluir que la Corte haya examinado los argumentos sobre la existencia para el autor de un riesgo presente, previsible, real y personal de ser sometido a tortura en caso de extradición a Turquía. Habida cuenta del perfil del autor en cuanto miembro, presunto o real, del movimiento Hizmet, el Comité llega a la conclusión de que, en el presente caso, las seguridades no bastan para descartar los argumentos, según los cuales puede afirmarse que el autor de la queja corre un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura de ser extraditado a Turquía, lo que constituiría, por consiguiente, una vulneración del artículo 3 de la Convención” (párr. 7.11).
MIGRANTES; EXTRANJEROS; ASILADO POLÍTICO; REFUGIADO; EXTRADICION; TORTURA; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; CONTROL JUDICIAL; ARBITRARIEDAD;
STC 4314-18Tribunal Constitucional de España
El Tribunal Constitucional, por mayoría, hizo lugar a la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada respecto a los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del art. 294.1 de la LOPJ, por vulneración de los arts. 14 y 24.2 de la Constitución. En consecuencia, la redacción final del art. 294.1 LOPJ, una vez excluidos los incisos, declarados inconstitucionales y nulos, es la siguiente: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.
En el auto de planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad (ATC 79/2018, de 17 de julio) se consideró que “…los incisos ‘por inexistencia del hecho imputado’ y ‘por esta misma causa’ podrían resultar contrarios a los derechos a la libertad personal (art. 17 CE), a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia (24.2 CE), al vincular el derecho a la indemnización por prisión preventiva solo a los supuestos en que la resolución penal determina la inexistencia del hecho imputado. En concreto, esa selección de supuestos indemnizables en el art. 294.1 LOPJ mediante los referido incisos ‘puede dejar fuera otros que debieran serlo con fundamento en las exigencias constitucionales para privar de libertad cautelarmente a una persona (art. 17 CE), introduciendo diferencias irrazonables de trato por las razones de la absolución (art. 14 CE) que irremediablemente dejan latentes dudas sobre la inocencia del sujeto no condenado en el proceso penal (art. 24.2 CE)’”.
“La selección establecida en el art. 294 LOPJ por los incisos controvertidos discrimina entre el supuesto de inexistencia del hecho imputado y el resto de supuestos de prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento. La diferencia de trato desde una perspectiva indemnizatoria entre quienes, después de sufrir prisión preventiva, no resultan condenados por haberse probado la inexistencia del hecho y quienes lo han sido por otras razones de fondo es, además, radical, pues solo los primeros pueden ver satisfecha su pretensión de ser indemnizados. Esa diferencia no solo carece de justificación desde la finalidad del precepto que recoge el derecho a la indemnización de quienes se vieron privados de su libertad en aras el interés común, sino que resulta evidentemente desproporcionada en sus consecuencias, de un carácter gravoso extraordinario, ya que quedan excluidos del derecho a la indemnización, por lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE)”.
“La jurisprudencia constitucional ha venido limitando la eficacia del derecho a la presunción de inocencia a los procedimientos sancionadores (entre muchas, SSTC 7/1998, de 13 de enero, FJ 5; 272/2006, de 25 de septiembre, FJ 2, y 70/2008, de 23 de junio, FJ 4). De forma específica se rechazó la proyección de este derecho del art. 24.2 CE a los procedimientos en que se ventila la pretensión indemnizatoria por haber padecido prisión provisional (AATC 145/1998, de 22 de junio, FJ 2, y 220/2001, de 18 de julio, FJ 1). Sin embargo, como ya se ha destacado en el fundamento jurídico segundo de esta resolución, en la STC 8/2017 –y luego en la STC 10/2017–, este Tribunal modificó su doctrina tradicional sobre el contenido y ámbito aplicativo del derecho a la presunción de inocencia para acoger la dimensión del derecho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había estimado lesionada precisamente con ocasión de procedimientos indemnizatorios por prisión provisional del art. 294 LOPJ”.
“En términos generales, la finalidad de esta dimensión, que opera como garantía de efectividad del derecho a la presunción de inocencia, es evitar que los funcionarios y las autoridades públicas traten a las personas que han sido absueltas de cargos penales o cuyos procesos penales han sido sobreseídos como si fueran de hecho culpables de la acusación formulada en su contra [por todas, STEDH. Gran Sala. 12 de julio de 2013. Allen v. Reino Unido, párrafo 94]. El ámbito de aplicación del derecho a la presunción de inocencia del art. 6.2 CEDH en esta vertiente se extiende a procesos posteriores a la absolución o archivo en los que se ventilan cuestiones que constituyen un corolario y un complemento de los procesos penales, entre los que el Tribunal Europeo sitúa la vía procedimental del art. 294 LOPJ para reclamar al Estado una indemnización por la prisión provisional sufrida no seguida de condena [SSTEDH de 25 de abril de 2006, Puig Panella v. España, párrafo 50; de 13 de julio de 2010, Tendam v. España, párrafo 36, y de 16 de febrero de 2016, asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni v. España, párrafo 39]”.
“Como precisa el tribunal de Estrasburgo [STEDH de 16 de febrero de 2016, Vlieeland Boddy, párrafos 38-40] y recuerda la STC 8/2017, FJ 7, ‘se menosprecia la presunción de inocencia si una decisión judicial que afecta a un procesado refleja la sensación de que es culpable, cuando en realidad su culpabilidad no ha sido previamente establecida legalmente. […] Una vez que la absolución es firme –aunque se trate de una absolución con el beneficio de la duda–, conforme al artículo 6.2 del Convenio, la siembra de dudas sobre la culpabilidad, incluidas aquellas respecto de las causas de la absolución, no son compatibles con la presunción de inocencia […]. El Tribunal apunta que, en aplicación del principio in dubio pro reo, ninguna diferencia cualitativa debe existir entre una absolución fundada en una inexistencia de pruebas y una absolución resultante de una constatación de la inocencia de manera incontestable. En efecto, las sentencias absolutorias no se diferencian en función de los motivos aducidos por el Juez de lo penal. Muy al contrario, en el ámbito del artículo 6.2 del Convenio, la parte resolutiva de una sentencia absolutoria debe ser respetada por toda Autoridad que se pronuncie de manera directa o incidental sobre la responsabilidad penal del interesado [Allen, anteriormente citada, párrafo 102, Vassilios Stavropoulos v. Grecia, párrafo 39, de 27 de septiembre de 2007]. Exigirle a una persona que aporte la prueba de su inocencia en el marco de un procedimiento indemnizatorio por detención provisional se presenta como irrazonable y revela un atentado contra la presunción de inocencia [STEDH Capeau v. Bélgica, párrafo 25]’”.
“[E]l Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concretado, en lo que aquí interesa, que, cuando se cuestionan las resoluciones denegatorias de la indemnización por prisión provisional instada por la vía del art. 294 LOPJ, está ‘llamado a examinar si, por su manera de actuar, por los motivos de sus decisiones o por los términos usados en sus razonamientos, el Ministerio de Justicia y las jurisdicciones de lo contencioso-administrativo han arrojado sospechas sobre la inocencia de los demandantes habiendo por ello vulnerado el principio de la presunción de inocencia’ [SSTEDH de 25 de abril de 2006, Puig Panella v. España, párrafo 54; de 13 de julio de 2010, Tendam v. España, párrafo 38, y de 16 de febrero de 2016, Vlieeland Boddy v. España, párrafo 41]. Como resultado de ese examen, el Tribunal ha considerado lesivas del derecho a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH) resoluciones administrativas y judiciales que expresaron la distinción entre la absolución por haber quedado probada la no participación en los hechos y la absolución por falta de prueba de tal participación. Destaca que ese razonamiento, a pesar de basarse en el art. 294.1 LOPJ, que solo reconoce el derecho a la indemnización cuando se absuelve o se sobresee por ausencia de los hechos imputados, ’sin matices ni reservas, deja latente una duda sobre la inocencia del demandante‘. Concluye que en tanto ’distingue entre una absolución por falta de pruebas y una absolución resultante de la comprobación de la inexistencia de hechos delictivos, ignora la previa absolución del acusado, cuya disposición debe ser respetada por todas las autoridades judiciales, cualesquiera que sean las razones dadas por el juez’ [STEDH de 13 de julio de 2010, Tendam v. España, párrafo 39; también SSTEDH de 25 de abril de 2006, Puig Panella v. España, párrafo 55; y de 16 de febrero de 2016, Vlieeland Boddy v. España, párrafos 42 y 47]”.
“En el caso de la regulación fijada en el art. 294 LOPJ, los incisos cuestionados obligan a examinar las razones en que se basa la decisión de no condenar o sobreseer en el proceso penal para identificar la concurrencia del supuesto de hecho de la norma: la inexistencia del hecho imputado. En su comprensión literal actual, limitada a la inexistencia objetiva del hecho justamente para evitar incurrir en una vulneración de la vertiente concernida del derecho a la presunción de inocencia, el precepto obliga a inferir de la resolución penal la probada no concurrencia (fenoménica o típica) del hecho delictivo para reconocer el derecho a ser indemnizado. Se diferencia entre probada inexistencia objetiva del hecho, único supuesto indemnizable, y el resto de supuestos, incluidos la falta de prueba del hecho objetivo y la inexistencia o falta de prueba de la participación. Respecto a esa delimitación, este Tribunal no ha estimado compatible con el art. 24.2 CE, interpretado conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.2 CEDH, la distinción entre los supuestos de acreditada inexistencia objetiva del hecho y los de falta de prueba de su existencia material o típica […]. En otras palabras, tanto si se identifica la selección efectuada por la referencia a la inexistencia del hecho imputado como inexistencia objetiva como si se interpreta de forma más amplia y se da cabida también a la inexistencia subjetiva, se reproduce el esquema vetado por el art. 24.2 CE de distinguir entre las absoluciones o sobreseimientos por prueba de la inocencia y por aplicación del principio de presunción de inocencia”.
“Cuando se razona que no puede reconocerse el derecho a ser indemnizado conforme al art. 294 LOPJ, en la medida en que el recurrente no ha sido absuelto o ha visto sobreseída su causa en razón de la inexistencia objetiva del hecho, se afirma, ciertamente, que no concurre el presupuesto legal de la inexistencia (objetiva) del hecho imputado. Pero al tiempo se introducen diferencias cualitativas entre los motivos de las decisiones materiales de absolución, por prueba de que no existió el hecho y por el resto de razones posibles vinculadas a la presunción de inocencia, que siembran dudas sobre la culpabilidad del absuelto. En tal sentido, aunque la decisión del caso argumente intencionadamente en estrictos términos de no concurrencia del supuesto de hecho de la norma, esa razón viene acompañada implícitamente de la afirmación de que se absolvió por otra, que será de ordinario la falta de prueba suficiente de la participación del sujeto en los hechos”.
“Como se destacó en la STC 8/2017, para decidir sobre si concurre o no responsabilidad de la Administración de Justicia por prisión provisional no seguida de condena no podrán utilizarse argumentos que directa o indirectamente afecten a la presunción de inocencia, entendiendo que viola este derecho cualquier razonamiento que ponga en duda la inocencia del demandante, como el afirmar que la razón de la absolución deriva de la aplicación de los principios del proceso penal (presunción de inocencia) y no de la inexistencia del hecho delictivo. En el mismo sentido insistimos en la STC 10/2017, FJ 4, al sostener que, cuando las resoluciones deniegan la indemnización porque se absuelve debido a la insuficiencia de la prueba practicada para generar una convicción sobre la responsabilidad criminal más allá de toda duda razonable, dichas resoluciones suscitan dudas sobre la inocencia del denunciante, de modo que se menosprecia el derecho del actor a la presunción de inocencia. En consonancia con las SSTC 8 y 10/2017, no es compatible con el art. 24.2 CE denegar la indemnización argumentando que el entonces preso provisional fue absuelto por falta de pruebas o por aplicación del principio in dubio pro reo, por más que ello sirva al tiempo para sostener que no concurre el requisito legal del art. 294 LOPJ de inexistencia del hecho imputado.
“A la luz de lo referido, no se trata de un eventual uso desafortunado del lenguaje por el operador jurídico sino, con carácter previo y determinante, del tipo de razonamiento a que obliga el tenor del art. 294 LOPJ, tanto en una interpretación restrictiva como extensiva, anclado en el examen selectivo de las razones de la absolución o el sobreseimiento tomadas de su expresión explícita o implícita en la previa resolución penal. Se excluye así la toma en consideración de otros elementos de decisión, de circunstancias relacionadas con el devenir del proceso o la conducta del reclamante, que permitan introducir los matices echados en falta en la jurisprudencia europea concernida y resolver en equidad sobre la cuestión, en su caso, incluso de forma diversa a cómo se pronunció la jurisdicción penal con ocasión de los mismos hechos [STEDH, Vlieeland Boddy v. España, párrafo 44, citando Allen v. Reino Unido, párrafo 123]. En último término, se vendría a exigir al reclamante que aporte prueba de su inocencia, lo que parece irrazonable y revela una violación del derecho [por todos, STEDH de 13 de enero de 2005, Capeau v. Bélgica, párrafo 25) a la par que supone una exigencia de imposible cumplimiento para él. La decisión sobre la solicitud se apoya en lo fijado por el Juez penal, en cuya resolución debe haber quedado constancia de que resultó probada la inexistencia del hecho, presupuesto legal de la indemnización, sin que, sin embargo, exista un derecho a ser declarado inocente [SSTC 40/1988, de 18 de marzo, FJ 4, y 202/2000, de 24 de julio, FJ 4] ni se ofrezca al demandante la posibilidad de acreditarlo en el procedimiento indemnizatorio”.
“La estructura del precepto aplicable, con los incisos ’por inexistencia del hecho imputado‘ y ’por esa misma causa‘, que remiten a las razones ofrecidas por la resolución penal para sostener la decisión que le es propia de absolución o sobreseimiento (ajena a una eventual indemnización ulterior por la prisión provisional sufrida), obliga a argumentar de forma incompatible con la dimensión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) que salvaguarda la eficacia pro futuro del previo pronunciamiento absolutorio, por lo que resultan contrarios al art. 24.2 CE. En tanto no se vislumbra una interpretación del ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ que no discrimine entre las razones de la absolución vinculadas a la presunción de inocencia, los incisos que hacen depender la indemnización de ese tipo de razonamientos conculcan el derecho a la presunción de inocencia”.
“Las conclusiones expuestas en los fundamentos precedentes conducen a estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad. Al poner en relación los problemas de constitucionalidad de la selección de supuestos indemnizables que dibujan los incisos controvertidos desde la perspectiva de los arts. 14 y 24.2 CE, se observa que circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto a los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho. Tampoco una interpretación amplia del art. 294.1 LOPJ, que reconozca el derecho a ser indemnizado tanto en caso de inexistencia objetiva como subjetiva, puede eludir las objeciones de ausencia de justificación razonable de la diferencia de trato y, sobre todo, de desproporción en las consecuencias, sin que, por lo demás, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia se mitigue, al perpetuar la distinción entre absoluciones por prueba de la inocencia y falta de prueba de la culpabilidad”.
“Los incisos del art. 294 LOPJ ‘por inexistencia del hecho imputado’ y ‘por esta misma causa’ reducen el derecho a ser compensado por haber padecido una prisión provisional acordada conforme a las exigencias constitucionales y legales en un proceso que no concluyó en condena de forma incompatible con los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia. La selección de supuestos indemnizables excluye otros abarcados por la finalidad de la previsión resarcitoria, atenta a indemnizar los daños fruto del sacrifico de la libertad de un ciudadano en aras del interés común, de modo que introduce una diferencia entre supuestos de prisión provisional no seguida de condena contraria al art. 14 CE, en tanto que injustificada, por no responder a la finalidad de la indemnización, y conducente a resultados desproporcionados. De otro lado, en tanto la referida delimitación del ámbito resarcible obedece a las razones de fondo de la absolución, establece de forma inevitable diferencias entre los sujetos absueltos vinculadas a la eficacia del derecho a la presunción de inocencia, obliga a argumentar con base en esas diferencias y deja latentes dudas sobre su inocencia incompatibles con las exigencias del art. 24.2 CE”.
“Todo ello conduce a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ‘por inexistencia el hecho imputado’ y ‘por esta misma causa’, lo que hace innecesario que nos pronunciemos acerca de si, además, conllevan una vulneración del derecho a la libertad”.
“La redacción resultante del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, es la siguiente: ‘Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios’. Una interpretación literal del precepto así depurado de su tacha de inconstitucionalidad permitiría ciertamente sostener que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución (o de sobreseimiento libre), daría lugar a indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos. Ha de advertirse que tal conclusión no se deriva de esta sentencia ni puede deducirse del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 por la sola circunstancia de que lo hayamos depurado de los incisos que lo hacían contrario a los arts. 14 y 24.2 CE. Antes bien debe entenderse que los presupuestos y el alcance de la indemnización previstos en el art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 habrán de acotarse a través de la eventual intervención legislativa y, en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su finalidad y la teoría general de la responsabilidad civil que realicen la administración y, en último término, los órganos judiciales. De modo que la doctrina de esta sentencia no solo respeta los amplios márgenes de configuración legislativa o de interpretación judicial en lo que afecta al quantum indemnizatorio, sino que tampoco impide rechazar que exista en el caso concreto derecho a indemnización en virtud de la aplicación de criterios propios del Derecho general de daños (como pueden ser la compensatio lucri cum damno o la relevancia causal de la conducta de la propia víctima)”.
“Respecto del pronunciamiento de nulidad, procede aplicar la doctrina reiterada de este Tribunal en cuya virtud, ‘en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales’. Más allá de ese mínimo dirigido a preservar la cosa juzgada, debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que —en el asunto que nos ocupa— esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme […]. En consecuencia, esta sentencia no permite revisar procesos fenecidos ni reabrir los plazos para formular reclamaciones indemnizatorias”.
REPARACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; INDEMNIZACIÓN; PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; IGUALDAD; PRINCIPIO DE INOCENCIA; SENTENCIA ABSOLUTORIA;
Marcello Viola v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por haber infringido el artículo 3 (tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“[P]ara determinar […] si el castigo conocido como ‘cadena perpetua ostensiva’ es de jure y de facto reducible, es decir, si ofrece una posibilidad de liberación y una posibilidad de reexamen o revisión, el Tribunal se centrará en la única opción disponible para el peticionario: cooperar en las actividades de investigación y enjuiciamiento llevadas a cabo por las autoridades judiciales, a fin de tener la oportunidad de solicitar y obtener su liberación” (cfr. párr. 99).
“[L]a legislación interna no prohíbe, de manera absoluta ni automática, el acceso a la libertad condicional ni a los demás beneficios propios del sistema penitenciario, sino que la subordina a la ‘colaboración con la justicia’” (cfr. párr. 101).
“[L]a situación propia del peticionario […] se sitúa entre la de cadena perpetua ordinaria […], cuya sentencia puede reducirse de jure y de facto, y la del preso que está excluido del sistema debido a un obstáculo legal o práctico, cualquier posibilidad de liberación, en violación del artículo 3 de la Convenio” (cfr. párr. 102).
“Así pues, el artículo 4 bis [Código de Procedimiento Penal italiano] determina una presunción de peligro para la persona condenada por el tipo de delito del que se le acusa. Esta peligrosidad y el vínculo con el entorno criminal de origen no desaparecerán únicamente por el encarcelamiento. El Tribunal manifiesta que […] es por esta razón que la disposición cuestionada solicita al condenado que demuestre de forma concreta, a través de su colaboración, que ha roto con el contexto criminal al que pertenece, lo que también manifestaría el resultado positivo del proceso de resocialización” (cfr. párr. 106).
“Está bien establecido por la jurisprudencia del Tribunal que la elección por un Estado de un régimen específico de justicia criminal, incluidos la revisión de las penas y las modalidades de excarcelación, están en principio fuera del ámbito de supervisión que el Tribunal debe asumir en el nivel europeo, en tanto no resulte que tal sistema contravenga los principios afirmados por el Convenio” (cfr. párr. 107).
“[S]i la represión sigue siendo uno de los propósitos del encarcelamiento, las políticas penales europeas ponen ahora el acento en el objetivo de reintegración o reinserción que persigue la detención, incluso en el caso de los presos condenados a cadena perpetua y, en particular, hacia la finalización de una sentencia privativa de libertad a largo plazo. El principio de reinserción se refleja en las normas internacionales y, actualmente, está reconocido en la jurisprudencia del Tribunal” (cfr. párr. 108).
“[Estas consideraciones] llevan al Tribunal a examinar la problemática central que surge en el caso del peticionario. Es decir, si el equilibrio entre los objetivos de la política criminal y la función de resocialización de la pena no termina, en su aplicación práctica, en la limitación excesiva de la posibilidad de excarcelación de la parte interesada y la posibilidad de que esta solicite un nuevo examen de su sentencia” (cfr. párr. 110).
“El Tribunal observa que el sistema penitenciario italiano se fundamenta en el principio de progresividad del tratamiento del preso, según el cual la participación activa en el programa de reeducación individual y el transcurso del tiempo pueden producir efectos positivos en la persona condenada y, así, promover su plena reintegración en la sociedad. A medida que evoluciona en prisión, y al admitir que lo hace, el sistema ofrece a los presos la posibilidad de beneficiarse de medidas progresivas (que van desde el trabajo en el exterior hasta la liberación condicional) que lo acompañan en su «viaje hacia la salida». Esta es una declinación de la función correctiva de la detención sustentada en la sentencia Murray” (cfr. párr. 111-112).
“De la misma manera, señala que también se manifestó que el principio de ‘dignidad humana’ impide privar a una persona de su libertad mediante restricciones en las que se le vea negada  su posible reinserción y su oportunidad de recuperar esa libertad en algún momento. Señaló que ‘un preso condenado a cadena perpetua tiene derecho a saber […] qué debe hacer para que se pueda examinar su posible liberación y cuáles son las condiciones aplicables’ [Vinter]. También manifestó que las autoridades nacionales deben dar a los presos condenados a cadena perpetua una posibilidad real de reintegrarse [Harakchiev y Tolumov]. Es notoria una obligación positiva de medios, y no de resultados, lo que implica garantizar a estos condenados la existencia de regímenes penitenciarios que sean compatibles con el objetivo de corrección y que les posibiliten avanzar hacia esta dirección [Murray]. Sobre esta cuestión, el Tribunal concluyó, de forma previa, que esta obligación se había incumplido en los casos en que fue el régimen penitenciario o las condiciones de detención las que impidieron la corrección de los detenidos [Harakchiev y Tolumov]” (cfr. párr. 113).
“Si bien era cierto que el régimen interno ofrecía a los condenados la opción de cooperar con las autoridades judiciales, el Tribunal tiene dudas sobre la libre naturaleza de esta elección y la necesidad y conveniencia de relacionar la falta de cooperación con el peligro del preso para la sociedad. La falta de cooperación no siempre puede considerarse como el resultado de una elección libre y deliberada, ni necesariamente refleja la adhesión continua a los ‘valores criminales’ o los vínculos continuos con la organización en cuestión” (cfr. párr. 116-118).
“La negativa a cooperar puede ser atribuible a otras circunstancias o consideraciones [como el miedo a represalias contra sí mismo o su familia]; por el contrario, la decisión de cooperar puede basarse en razones puramente oportunistas. En tales circunstancias, equiparar la falta de cooperación con una presunción irrefutable de peligro para la sociedad no refleja el progreso real del individuo en la rehabilitación” (cfr. párr. 120).
“[A]l considerar la colaboración con las autoridades como la única demostración posible de la ‘disociación’ de la persona condenada y de su corrección, no se tienen en cuenta el resto de elementos que posibilitan evaluar los progresos realizados por el detenido. De hecho, no es excluyente que la ‘disociación’ del contexto de la mafia pueda expresarse de forma diversa a la colaboración con la justicia” (cfr. párr. 121).
“El Tribunal estima que la personalidad de una persona condenada no permanece fija en el momento de la comisión del delito. Puede evolucionar durante la fase de ejecución de la sentencia, como la función de resocialización, que le permite revisar de forma crítica su iter criminis y reconstruir su personalidad. [P]or esta razón, la persona condenada tiene derecho a conocer qué debe hacer para que se examine su posible libertad y cuáles son las condiciones aplicables” (cfr. párr. 125-126).
“En el presente caso, el Tribunal considera que la falta de ‘colaboración con la justicia’ lleva a una presunción irrefutable de peligro que tiene el efecto de privar al peticionario de cualquier posibilidad realista de liberación […]. Se arriesga a la imposibilidad de redimirse a sí mismo: haga lo que haga en prisión, su castigo permanece inmutable y no está sujeto a control; y también corre el riesgo de que se vuelva más insufrible con el paso del tiempo [Vinter]” (cfr. párr. 127).
“Por lo tanto, fue imposible para el peticionario demostrar que su detención ya no estaba justificada por sanciones legítimas. Para equiparar la falta de cooperación con la presunción irrefutable de la peligrosidad para la sociedad, el sistema evalúa efectivamente el peligro de la persona basándose en el momento en que el delito fue cometido en lugar de tener en cuenta el proceso de resocialización y los progresos del condenado realizados desde su condena” (cfr. párr. 128).
“Es cierto que los delitos por los cuales el peticionario fue condenado se referían a un fenómeno particularmente peligroso para la sociedad. Además, la reforma penitenciaria que dio origen al régimen actual fue adoptada en 1992, en el contexto de una emergencia luego de un episodio que afectó profundamente a Italia. Sin embargo, los esfuerzos para combatir este flagelo no pueden justificar una excepción a las disposiciones del artículo 3 del Convenio, que prohíbe de forma absoluta el trato inhumano o degradante. Por lo tanto, la naturaleza de las infracciones es irrelevante en el contexto actual. Además, el objetivo final de la resocialización es prevenir la reincidencia y proteger a la sociedad” (cfr. párr. 130).
“En virtud del artículo 5 del Convenio, el Tribunal sostuvo que la presunción legal de la peligrosidad podría justificarse, especialmente cuando no es absoluta, tan pronto como sea susceptible de ser refutada por la evidencia en contrario […]. Esto es particularmente cierto en relación con el artículo 3 del Convenio, cuya naturaleza absoluta no permite ninguna excepción. Considerar la cooperación con las autoridades como el único elemento que indica que un preso ha cortado el contacto con grupos criminales y ha sido rehabilitado no tiene en cuenta otros indicadores que pueden utilizarse para evaluar su progreso” (cfr. párr. 131).
“Con respecto a la posibilidad de obtener un indulto o la liberación por razones humanitarias [como la vejez, discapacidad física o problemas de salud], el Tribunal dictaminó con anterioridad que no corresponde a lo que se incluye en el término de ‘perspectiva de liberación’, un término utilizado desde la sentencia Kafkaris [GC]” (cfr. párr. 133).
“El Tribunal recuerda que la dignidad humana […] imposibilita privar a una persona de su libertad de manera coercitiva sin colaborar al mismo tiempo para su reinserción y sin que se le pueda dar la oportunidad de que recupere en algún momento su libertad” (cfr. párr. 136).
“A la luz de los principios citados con anterioridad, […] el Tribunal considera que la pena a cadena perpetua impuesta al peticionario [denominada ‘cadena perpetua ostensiva’], limita de forma excesiva la posibilidad de liberación de la persona en cuestión y la posibilidad de reexamen de su sentencia. Por lo tanto, dicho castigo no puede describirse como reducible a los efectos del artículo 3 del Convenio. Por lo tanto, el Tribunal […] concluye que no se han respetado los requisitos  establecidos en el artículo 3” (cfr. párr. 137).
“[L]a naturaleza de la violación encontrada fue tal que el Estado debería reformar su régimen de cadena perpetua, preferiblemente mediante la introducción de modificaciones legislativas con el fin de garantizar la posibilidad de revisión de la sentencia. Esto debería permitir a las autoridades determinar si, en el curso de su sentencia, el preso ha cambiado y ha progresado hacia la rehabilitación, ya que su detención no estaba justificada por motivos penológicos, lo que le permite al condenado saber qué hacer para que se considere su liberación y qué condiciones están asociadas con él. La ruptura de las relaciones con el grupos criminal podría expresarse de manera distinta a la cooperación con las autoridades judiciales y el mecanismo automático previsto por la legislación vigente” (cfr. párr. 143).
PRISIÓN PERPETUA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; FINALIDAD DE LA PENA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; LIBERTAD; LIBERTAD CONDICIONAL; AGRAVANTES; RECURSO DE REVISIÓN; INDULTO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO A LA SALUD;
JAB v. EspañaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que España era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud del artículo 3 (interés superior del niño), 8 (preservación de la identidad), 12 (derecho del menor a expresar opinión), 20.1 (protección de los niños no acompañados privados de su medio familiar) y 24 (derecho a la salud y servicios médicos) de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 6 del Protocolo Facultativo (deber de adoptar medidas).
1. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Debido proceso. Determinación de la edad. No discriminación.
“La cuestión ante el Comité consiste en determinar si […] el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el peticionario violó sus derechos reconocidos por la Convención. En particular, el peticionario ha alegado haber sido víctima de discriminación por no haberse considerado los documentos originales y oficiales emitidos por las autoridades de su país de origen; que el proceso de determinación de su edad en ningún momento tomó en consideración el interés superior del niño; que no se ha respetado su derecho a ser oído; que no se ha respetado su identidad; y que los tratamientos que requiere no le pueden ser administrados al haber sido expulsado del sistema de protección y al no tener representante legal” (párr. 13.2).
“[L]a determinación de la edad de una persona joven que alega ser menor de edad tiene una importancia fundamental, dado que el resultado determina si dicha persona tendrá derecho a la protección nacional como niño o será excluido de dicha protección. Del mismo modo, y de vital importancia para el Comité, el disfrute de los derechos contenidos en la Convención fluye de dicha determinación. Por ello, es imperativo la existencia de un debido proceso para determinar la edad, así como para cuestionar el resultado mediante procesos de apelación. En consecuencia, el Comité considera que el mejor interés del niño debería ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad” (párr. 13.3).
“El Comité recuerda la Observación General conjunta Nº 4 [del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Observación núm. 23 (2017) del Comité de los Derechos del Niño, sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno], en el sentido de que los documentos de identidad deben de considerarse auténticos salvo que se pruebe lo contrario. Igualmente, no se debe declarar la mayoría de edad exclusivamente con base en la negativa de la persona de someterse a pruebas médicas” (párr. 13.4).
2. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Menores no acompañados. Representación. Interés superior del niño.
“El Comité recuerda su Observación General Nº 6 [sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen] en el sentido de que no solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo sino también su maduración psicológica, que la evaluación debe basarse en criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, y en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (párr. 13.6).
“[L]os Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y con capacidades lingüísticas adecuadas para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, o bien reconocer los representantes designados por ellos. El Comité considera que facilitar representación para estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser oído. Al contrario, la falta de representación oportuna puede resultar en una injusticia sustancial” (párr. 13.7).
“A la luz de todo lo anterior, […] el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el autor, quien alegaba ser un niño, no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención. En las circunstancias del presente caso, y en particular la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del autor emitidos por un país soberano, la declaratoria de mayoría de edad frente a la negativa de someterse a pruebas de determinación de la edad, y el rechazo de su representante para acompañarlo durante dicho procedimiento, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido el autor, en violación de los artículos 3 y 12 de la Convención” (párr. 13.19).
3. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Debido proceso. Derecho a la identidad. Prueba. Asistencia letrada. Vulnerabilidad.
“[L]a edad y fecha de nacimiento de un niño forman parte de su identidad y […] los Estados parte tienen la obligación de respetar el derecho del niño a preservarla sin privarlo de ninguno de sus elementos. En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no respetó la identidad del autor al negarle cualquier tipo de valor probatorio a todos los documentos oficiales aportados que acreditaban su minoría de edad, sin tan solo analizar su validez y sin haber cotejado los datos de dichos documentos con las autoridades del país de origen del autor. En consecuencia, el Comité concluye que el Estado parte violó el artículo 8 de la Convención” (párr. 13.10).
“[E]l Comité [consideró la] ausencia de protección del Estado frente a [la] situación de desamparo con grado de vulnerabilidad muy elevado, al ser menor, migrante, no acompañado y enfermo, así como la contradicción al reconocer al autor mayor de edad, pero al mismo tiempo exigirle un tutor para dispensarle tratamientos y vacunas. El Comité observa que esta falta de protección se produjo incluso después de que el autor presentara a las autoridades españolas documentos de identidad que confirmaban que era un niño. El Comité considera que lo anterior constituye una violación de los artículos 20 (1) y 24 de la Convención” (párr. 13.11).  
4. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Medidas provisionales.
“Finalmente, […] al ratificar el Protocolo Facultativo, los Estados partes se comprometen a respetar las medidas provisionales dictadas de conformidad con el artículo 6 de dicho Protocolo, medidas que previenen la producción de un daño irreparable mientras una comunicación se encuentra pendiente de examen, asegurando así la efectividad del procedimiento de comunicaciones individuales. En consecuencia, el Comité considera que la falta de cumplimiento de las medidas provisionales solicitadas constituye en sí misma una violación del artículo 6 del Protocolo Facultativo” (párr. 13.13).
5. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Reparación.
“Como consecuencia, el Estado parte debe proporcionar al autor una reparación efectiva por las violaciones sufridas, incluido ofreciéndole la oportunidad de que regularice su situación administrativa en el Estado parte. Asimismo, el Estado parte tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, asegurando que todo proceso de determinación de la edad de posibles niños no acompañados sea acorde a la Convención y, en particular, que durante dichos procedimientos se tome en consideración la documentación aportada por las personas sometidas a los mismos y que se les designe rápidamente una representación calificada y gratuita o se les tengan por designados los letrados libremente elegidos por ellas” (párr. 14).
MIGRANTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; MAYORÍA DE EDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DEBIDO PROCESO; PASAPORTE; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; PRUEBA; VULNERABILIDAD; TUTOR; ASISTENCIA LETRADA; MENORES NO ACOMPAÑADOS; REPARACIÓN;
C-508-18, C-82-19 y C-509-18Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia concluyó que “…el concepto de ‘autoridad judicial emisora’ que figura en la Decisión Marco no comprende las fiscalías de un Estado miembro, como las de Alemania, expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un Ministro de Justicia, en el marco de la adopción de una decisión relativa a la emisión de una orden de detención europea. En cambio, este concepto comprende al Fiscal General de un Estado miembro, como el de Lituania, que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y goza en ese Estado miembro de un estatuto que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea” (párr. 90).
Para llegar a tal conclusión, el TJUE recordó, con carácter preliminar, que “…tanto el principio de confianza mutua entre los Estados miembros como el principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en la confianza recíproca entre aquellos, tienen una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de esos Estados, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho…” (párr. 43).
“No obstante, el principio de reconocimiento mutuo presupone que solo las órdenes de detención europea, en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, deben ejecutarse conforme a lo dispuesto en esta. Pues bien, de ese artículo se desprende que tal orden de detención constituye una «resolución judicial», lo que exige que sea emitida por una «autoridad judicial» en el sentido del artículo 6, apartado 1, de esta” (párr. 46).
“Si bien, conforme al principio de autonomía procesal, los Estados miembros pueden designar en su Derecho nacional a la «autoridad judicial» competente para dictar órdenes de detención europea, no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro el sentido y el alcance de este concepto…” (párr. 48).
“[L]os términos «autoridad judicial», que figuran en esta disposición, no se limitan a designar a los jueces o tribunales de un Estado miembro, sino que deben entenderse en el sentido de que designan, más ampliamente, a las autoridades que participan en la administración de la justicia penal en ese Estado miembro, a diferencia, en particular, de los ministerios o de los servicios de policía, que forman parte del poder ejecutivo […]” (párr. 50).
“De ello se desprende que el concepto de ‘autoridad judicial’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, puede englobar a las autoridades de un Estado miembro que, sin ser necesariamente jueces o tribunales, participan en la administración de la justicia penal de ese Estado miembro” (párr. 51).
“De las consideraciones expuestas [párrafos 50 a 59] de la presente sentencia se desprende que debe considerarse que una autoridad, como una fiscalía, que tiene competencia, en el marco del procedimiento penal, para ejercer la acción penal contra una persona sospechosa de haber cometido un delito a fin de que sea llevada ante un tribunal, participa en la administración de la justicia del Estado miembro de que se trate” (párr. 60).
“[R]efiriéndose a la exigencia de independencia de los tribunales, los órganos jurisdiccionales remitentes albergan dudas acerca de si las fiscalías de que se trata en los procesos principales respetan esta exigencia, pues forman parte de una estructura jerarquizada que depende del ministro de Justicia del Land en cuestión y en la que este ostenta una potestad de control y dirección, incluso de instrucción, con respecto a las entidades que, como las fiscalías, están subordinadas a él” (párr. 64).
“A este respecto, procede recordar que la Decisión Marco 2002/584 pretende establecer un sistema simplificado de entrega directamente entre autoridades judiciales, destinado a sustituir al sistema de cooperación clásico entre Estados soberanos que implica la intervención y apreciación del poder político, para garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia penal en un espacio de libertad, seguridad y justicia” (párr. 65).
“En este marco, cuando se dicta una orden de detención europea para la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales, esa persona debe haber disfrutado, en una primera fase del procedimiento, de las garantías procesales y los derechos fundamentales cuya tutela deben garantizar las autoridades del Estado miembro emisor según la normativa nacional aplicable, en particular la relativa a la adopción de una orden de detención nacional” (párr. 66).
“El sistema de la orden de detención europea entraña, de ese modo, una protección a dos niveles de los derechos procesales y de los derechos fundamentales de los que debe disfrutar la persona buscada, puesto que a la tutela judicial prevista, en el primer nivel, a la hora de adoptar una resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, se añade la tutela que debe conferirse, en un segundo nivel, al emitir una orden de detención europea, la cual puede dictarse, en su caso, en un breve plazo tras la adopción de la mencionada resolución judicial nacional” (párr. 67).
“[C]uando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europea a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un juez o un tribunal, la resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, en la que se fundamenta la orden de detención europea debe satisfacer, por su parte, tales exigencias” (párr. 69).
“El cumplimiento de estas exigencias permite así garantizar a la autoridad judicial de ejecución que la decisión de dictar una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales se basa en un procedimiento nacional sujeto a control judicial y que la persona objeto de esa orden de detención nacional ha disfrutado de todas las garantías propias de la adopción de este tipo de resoluciones, en particular las derivadas de los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales a los que hace referencia el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584” (párr. 70).
“El segundo nivel de protección de los derechos de la persona reclamada […] implica que la autoridad judicial competente, en virtud del Derecho nacional, para emitir una orden de detención europea controla, en particular, el cumplimiento de los requisitos necesarios para dicha emisión y valora si, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto, dicha emisión tiene carácter proporcionado” (párr. 71).
“En efecto, es a la ‘autoridad judicial emisora’ mencionada en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, esto es, a la entidad que en último término toma la decisión de emitir la orden de detención europea, a quien corresponde garantizar este segundo nivel de protección, también cuando esa orden de detención europea se fundamenta en una resolución nacional dictada por un juez o un tribunal” (párr. 72).
“Así pues, la ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, debe estar en condiciones de ejercer esta función con objetividad, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad decisoria sea objeto de órdenes o instrucciones externas, en particular del poder ejecutivo, de modo que no exista ninguna duda de que la decisión de emitir la orden de detención europea corresponde a esa autoridad y no, en definitiva, a dicho poder” (párr. 73).
“En consecuencia, la autoridad judicial emisora debe poder aportar a la autoridad judicial de ejecución la garantía de que, a la vista de las salvaguardias previstas en el ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor, actúa con independencia al ejercer sus funciones inherentes a la emisión de órdenes de detención europea. Esta independencia exige que existan normas estatutarias u organizativas adecuadas para garantizar que la autoridad judicial emisora no se vea expuesta, a la hora de adoptar una decisión de emitir tal orden de detención, a riesgo alguno de recibir instrucciones individuales del poder ejecutivo” (párr. 74).
“Además, cuando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europea a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un tribunal, la decisión de emitir dicha orden de detención y, en particular, la proporcionalidad de esa decisión deben poder ser objeto de un recurso judicial en dicho Estado miembro que satisfaga plenamente las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva” (párr. 75).
En los asuntos acumulados C-508/18 y C-82/19 PPU: (i) la Fiscalía de Lübeck (Estado federado de Schleswig–Holstein, Alemania, asunto C-508/18) y (ii) la Fiscalía de Zwickau (Estado federado de Sajonia, Alemania, asunto C-82/19) “…se desprende ciertamente que las fiscalías alemanas están sometidas a la obligación de objetividad y deben investigar no solo en aras de probar la culpabilidad, sino también la inocencia. No es menos cierto que, según dicha información, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la GVG el ministro de Justicia dispone de una potestad de instrucción «externa» con respecto a estas fiscalías” (párr. 76).
“[E]l riesgo de que el poder ejecutivo pueda ejercer semejante influencia en la fiscalía en un caso individual no permite garantizar que, en el marco del ejercicio de sus funciones en materia de emisión de órdenes de detención europea, esa fiscalía respete las garantías mencionadas en el apartado 74 de la presente sentencia” (párr. 84).
“[La potestad de instrucción le confiere al ministro] la facultad de influir directamente en la decisión de una fiscalía de emitir o, en su caso, de no emitir una orden de detención europea. Y no desvirtúa esta consideración el hecho de que, como alegó el Gobierno alemán en la vista, la decisión de las fiscalías, como las controvertidas en el proceso principal, de emitir una orden de detención europea pueda ser objeto de recurso por la persona reclamada ante los tribunales alemanes competentes” (párr. 85).
“De lo anterior resulta que, habida cuenta de que las fiscalías de que se trata en los procesos principales están expuestas al riesgo de que el poder ejecutivo influya en su decisión de emitir una orden de detención europea, estas fiscalías no se conforman a una de las exigencias necesarias para poder tener la consideración de ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, a saber, la de presentar la garantía de actuar con independencia a la hora de emitir tal orden de detención” (párr. 88).
En el asunto C-509/18, “…el Fiscal General de Lituania puede ser calificado de ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido de la Decisión Marco, ya que el estatuto del que goza en ese Estado miembro no sólo garantiza la objetividad de sus misiones, sino que le confiere asimismo una garantía de independencia frente al poder ejecutivo a la hora de emitir órdenes europeas de detención. Ahora bien, los documentos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten determinar si las decisiones de este Fiscal de emitir una orden de detención europea pueden ser impugnadas a través de un recurso que se ajuste plenamente a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, extremo que corresponde comprobar a la Supreme Court” (párr. 56-57).
COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL; ORDEN DE CAPTURA; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PODER EJECUTIVO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; EXTRADICION; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PRUEBA; RECURSOS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; COMPETENCIA; PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL; ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA; AUTORIDAD JUDICIAL EMISORA; INDEPENDENCIA; PRUEBA DE CARGO;
Informe sobre las dimensiones de género de los Principios Rectores Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
El Grupo de Trabajo ofreció directrices a los Estados y las empresas sobre la manera de incorporar una perspectiva de género al poner en práctica los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Entre sus recomendaciones, señaló que los Estados deben aplicar el marco y las directrices de género al elaborar o revisar todas las iniciativas y medidas destinadas a aplicar los Principios Rectores. A su vez, encomendó a los Estados el incentivo de las empresas a integrar el marco y las directrices de género en su labor destinada a cumplir las responsabilidades que les incumben en materia de derechos humanos.
1. Género. LGBTIQ. No discriminación. Empresa. Estereotipos de género.
“En el presente informe, toda referencia a las ‘mujeres’ debe entenderse que incluye a las niñas, así como a las mujeres transgénero e intersexuales” (párr. 1).
“[L]os titulares de derechos no son un grupo homogéneo [hay nota]. Además, debido a las formas cruzadas y múltiples de discriminación, diferentes mujeres pueden verse afectadas de manera diferente por las actividades empresariales a causa de su edad, color, casta, clase, etnia, religión, idioma, nivel de alfabetización, grado de acceso a los recursos económicos, estado civil, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, residencia en una zona rural, situación migratoria o pertenencia a un pueblo indígena o minoría” (párr. 2).
“[D]ado que los derechos humanos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales [hay nota], tanto los Estados como las empresas deben adoptar medidas concretas para detectar, prevenir y remediar las discriminaciones y desigualdades por motivos de género en todos los ámbitos de la vida” (párr. 3).
“El término ‘género’ se refiere a los roles de los hombres, las mujeres y las personas no binarias que han sido construidos por las sociedades y a las relaciones de poder existentes entre esos grupos, que pueden verse afectados de manera diferente por las actividades empresariales. Sin embargo, teniendo en cuenta que las mujeres han sido discriminadas históricamente debido a las normas patriarcales y a las estructuras de poder, las directrices que figuran en el presente informe se centran únicamente en las mujeres, aunque el marco de género propuesto podría utilizarse en relación con cualquier grupo de titulares de derechos” (párr. 9).
“Las mujeres constituyen casi la mitad de la población mundial. A pesar de las disposiciones que proscriben la discriminación en las constituciones y leyes de muchos países, en la práctica las mujeres siguen sufriendo diversas formas de discriminación y violencia en todas las esferas de la vida debido a las normas sociales discriminatorias, las estructuras de poder patriarcales y los estereotipos de género” (párr. 11).
2. Género. No discriminación. Trabajo. Acoso sexual.
“La contribución de las mujeres a la economía no se reconoce (por ejemplo, el trabajo doméstico) o se subestima (por ejemplo, en las ocupaciones e industrias feminizadas). Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de atención a personas dependientes (por ejemplo, cuidando de los hijos, los ancianos y enfermos y las personas con discapacidad de la familia), pero la mayoría no reciben remuneración por ello. Las mujeres están excesivamente representadas en el trabajo informal, ocasional y a tiempo parcial en todo el mundo, así como en las cadenas de suministro de numerosas industrias, donde son más vulnerables a la explotación y los abusos” (párr. 12).
“Las consultas del Grupo de Trabajo confirmaron que el acoso sexual y la violencia de género están presentes en todos los ámbitos de la vida: en el hogar, en los establecimientos educativos, en el trabajo, en los deportes, en los mercados, en el transporte público, en las reuniones sociales, en el ciberespacio y en la sociedad en general” (párr. 14).
3. Género. Estereotipo de género. Publicidad.
“Las prácticas de marketing y venta de productos y servicios de muchas empresas perpetúan los estereotipos de género, normalizan las reglas sociales discriminatorias y sexualizan el cuerpo de las mujeres y lo transforman en un objeto, lo que las convierte en una mercancía más. Un ejemplo de ello es la manipulación digital de las imágenes de mujeres en los anuncios publicitarios para crear un ideal de belleza poco realista que presiona a las mujeres para que utilicen en exceso productos cosméticos, recurran a dietas poco sanas o se sometan a operaciones de cirugía estética” (párr. 15).
4. Género. No discriminación. Acceso a la justicia. Recursos. Reparación.
“Las mujeres afectadas por las actividades empresariales enfrentan obstáculos adicionales cuando tratan de acceder a una vía de reparación efectiva [hay nota]. Aun cuando las mujeres afectadas pueden acceder a ciertos mecanismos judiciales, extrajudiciales u operacionales, no son capaces de hacer valer las reparaciones adecuadas porque estos mecanismos de reparación suelen adoptar procesos neutros en cuanto al género o, aún peor, se inspiran en las normas patriarcales existentes” (párr. 19).
5. Género. Política pública. Norma jurídica. Empresa. Derechos Humanos.
“Todas las formas de discriminación señaladas reflejan la falta de integración de la perspectiva de género en las leyes, reglamentos, políticas, planes, prácticas, procesos y decisiones. Un buen ejemplo de ello es la actual práctica empresarial general de la diligencia debida en materia de derechos humanos, que es neutra con respecto al género [hay nota]. Un enfoque de género en la toma de decisiones por parte de los Estados y las empresas también debe tener en cuenta el carácter cruzado de la discriminación. Por ejemplo, una madre sola, una mujer migrante, una lesbiana, una mujer de color y una mujer con discapacidad pueden sufrir formas diferentes de discriminación y acoso sexual en el trabajo” (párr. 21).
“Los Principios Rectores contienen varias referencias al género y a las mujeres que se pueden agrupar en tres ‘ventanas de género’. La primera ventana está enmarcada por el principio general de no discriminación: los Principios Rectores deben aplicarse de manera no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta los diversos riesgos que pueden enfrentar mujeres y hombres” (párr. 36).
“La segunda ventana está conformada por las disposiciones que destacan expresamente la necesidad de integrar una perspectiva de género en determinados lugares. En el comentario al principio rector 3 se señala que los Estados deben asesorar a las empresas sobre la manera de tratar eficazmente las cuestiones de género, entre otras cosas, reconociendo los problemas específicos de las mujeres. [E]n el comentario al principio rector 20 se dispone que las empresas deben poner especial empeño en el seguimiento de la eficacia de sus respuestas a los impactos sobre las personas pertenecientes a grupos o poblaciones expuestos a mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación, y se subraya la importancia de utilizar datos desglosados por sexos cuando proceda” (párr. 37).
“El fundamento de la tercera ventana de género es el comentario al principio rector 12, en el que se señala que, de acuerdo con las circunstancias, es posible que las empresas deban tener en cuenta otras normas. Por ejemplo, las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos y deberán prestarles una atención especial” (párr. 38).
“Sobre la base de esas tres ventanas de género y de las normas internacionales relativas a los derechos de las mujeres que se han analizado en la sección III, el Grupo de Trabajo ha elaborado un marco de género para los Principios Rectores que comprende un ciclo de tres etapas aplicables a los tres pilares: la evaluación reactiva de género, las medidas transformadoras de género y las reparaciones transformadoras de género [hay nota]. La evaluación debe ser reactiva: debe ser capaz de responder a los efectos adversos diferentes, cruzados y desproporcionados en los derechos humanos de las mujeres, así como a las normas discriminatorias y a las estructuras de poder patriarcales. Las medidas y las reparaciones consiguientes deben ser transformadoras en el sentido de que deben ser capaces de introducir cambios en las normas patriarcales y en las relaciones desiguales de poder que sustentan la discriminación, la violencia de género y los estereotipos de género” (párr. 39).
“Los Estados y las empresas deben llevar a cabo periódicamente evaluaciones reactivas de género del terreno de las leyes, políticas, normas, prácticas y actividades para definir las desigualdades y discriminaciones de género existentes, así como los efectos de sus respectivas acciones u omisiones actuales y futuras en ese terreno. En ese proceso de evaluación se debe utilizar datos desglosados por sexo, recurrir a expertos sensibles a las cuestiones de género y celebrar consultas con organizaciones de mujeres, incluidas las organizaciones de base. Las conclusiones de las evaluaciones deben servir de base para que los Estados y las empresas adopten una amplia gama de medidas transformadoras de género a fin de lograr una verdadera igualdad de género en todas las esferas de la vida. Si estas medidas no alcanzan dicho objetivo, las mujeres afectadas deben disponer de reparaciones transformadoras de género. Las reparaciones deben combinar elementos preventivos, correctores y disuasorios [hay nota] y cambiar las estructuras de poder existentes que discriminan a las mujeres” (párr. 40).
EMPRESA; GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHOS HUMANOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PUBLICIDAD; TRABAJO; ACOSO SEXUAL; VULNERABILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; RECURSOS; REPARACIÓN; POLÍTICA PÚBLICA; NORMA JURÍDICA;
Informe sobre mujeres privadas de libertadGrupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
El Grupo de trabajo afirmó, entre otras cosas, que “[m]uchas formas de privación de libertad de la mujer se derivan de estereotipos perjudiciales que tratan de atrapar a la mujer en la subyugación o el silencio, de castigarla por conductas consideradas moral o sexualmente desviadas, o de sofocarla bajo un exceso de protección. Con demasiada frecuencia, esos estereotipos están consagrados en las leyes nacionales. La privación de libertad de las mujeres también está frecuentemente ligada a la violencia y al conflicto, así como a la pobreza, ya sea por la falta de recursos o por la falta de oportunidades […] poniéndolas en situaciones que conducen a su confinamiento. Tales riesgos son mayores para las mujeres que sufren formas interseccionales de discriminación, como las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas o migrantes, las ancianas, las mujeres de minorías raciales, étnicas, sexuales o de género y otras mujeres marginadas, todas las cuales tropiezan con formas adicionales de estereotipos perjudiciales y debilitantes” (párr. 76-78).
Por otro lado, entre sus recomendaciones, el Grupo propuso “…llevar a cabo actividades obligatorias, recurrentes y eficaces para el fomento de la capacidad, la educación y la formación de los funcionarios de justicia y los agentes del orden, el personal médico, los legisladores y cualquier otro agente que pueda participar en la adopción de decisiones relativas a la privación de libertad de la mujer acerca de la eliminación de los prejuicios sexistas […], promulgar leyes en virtud de las cuales haber sufrido violencia de género pueda aducirse como defensa frente a acusaciones penales y sea una circunstancia atenuante al decidir la pena […] y generar intervenciones eficaces específicas en materia de género que tengan por objeto principalmente apartar a las mujeres del sistema de justicia penal, integrar en el ordenamiento nacional las normas establecidas en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), y hacer frente los factores subyacentes que conducen a que las mujeres entren en contacto con el sistema de justicia penal” (párr. 80-84).
1. Género. Personas privadas de libertad. No discriminación.
“La privación de libertad de las mujeres es un importante motivo de preocupación en todo el mundo y viola gravemente los derechos humanos de la mujer. Con el telón de fondo de una dinámica de poder asimétrica y de una discriminación sistémica, la privación de la libertad de las mujeres, mayoritariamente de forma arbitraria y discriminatoria, constituye una práctica que vulnera la ley y las normas de derechos humanos, y a menudo se caracteriza por quedar impune” (párr. 12).
“Los aspectos de género no solo están presentes en las causas sino también en las consecuencias que tiene para las mujeres la privación de libertad, pues viven su confinamiento de maneras específicas y a menudo se exponen a ver acentuada la discriminación, la estigmatización y la violencia que sufren por motivos de género. La manera en que las mujeres viven esta privación también diferirá, no solo como resultado de la dinámica de género, sino también debido a características como la edad, la (dis)capacidad, la raza, la etnia o el estatus socioeconómico, que se combinan para generar formas de discriminación y vulnerabilidad distintas” (párr. 13).
“Al examinar los diversos contextos de privación de libertad, se observó que existían causas o temas subyacentes que se manifestaban en todas las situaciones en las que las mujeres se encontraban en confinamiento forzoso. Tales causas son las normas y los estereotipos sociales sexistas, las privaciones económicas y el haber vivido situaciones de violencia y conflicto. El resto del informe está organizado de manera que ilustra cada una de esas causas subyacentes. Cabe señalar, sin embargo, que tales causas están relacionadas entre sí y describen las manifestaciones de la discriminación a que se enfrentan las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, las cuales están entrelazadas y se refuerzan mutuamente” (párr. 15).
2. Género. No discriminación. Igualdad. Personas privadas de libertad. Estereotipos de género.
“Las causas de la privación de libertad no afectan por igual a todas las mujeres ni a todos los grupos de mujeres. En todas las sociedades y en todos los Estados hay ciertos grupos de mujeres que sufren formas de discriminación múltiples e interseccionales, y muchos de ellos son objeto de estereotipos particularmente perjudiciales o tienen más probabilidades de topar con la violencia o el conflicto, la pobreza y la marginación económica, y, por lo tanto, las mujeres de esos grupos corren un mayor riesgo de verse privadas de su libertad” (párr. 16).
“[L]os estereotipos de género socavan la igualdad de la mujer y el disfrute de sus derechos humanos en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, no es de extrañar que esos estereotipos también sean un factor importante en el hecho de que las mujeres sean privadas de libertad de manera desproporcionada o discriminatoria” (párr. 17).
3. Género. Estereotipos de género. Familia.
“Hay tres formas principales de estereotipo de género que pueden conducir y ofrecer una justificación al confinamiento de la mujer: los estereotipos relacionados con el papel de la mujer en el hogar y en público, los estereotipos relacionados con el comportamiento ‘moral’ o sexual de la mujer y los estereotipos que presentan a la mujer como débil o necesitada de protección. Los tres están profundamente arraigados en las normas patriarcales y se refuerzan mutuamente, y a menudo se combinan en beneficio o privilegio de ciertos grupos de hombres” (párr. 19).
“En el hogar, muchas sociedades e ideologías esperan de la mujer que se deje gobernar por el hombre. Dicha expectativa halla sustento en ideas que tienen que ver con la ‘diferencia entre los sexos’ o ‘la complementariedad’ que asignan al hombre el papel de proveedor (dominante) y a la mujer el papel de cuidadora (subordinada). Esa visión de la mujer como miembro subordinado de la familia puede acabar incorporada en la legislación de manera que refuerce el control masculino y restrinja la capacidad de acción y la movilidad de las mujeres, y puede conducir al confinamiento de estas […]. Los estereotipos de género también contribuyen a despojar a las mujeres de su capacidad jurídica, lo que puede dar lugar a decisiones que conduzcan a su confinamiento” (párr. 21-22).
4. Género. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Trabajo.
“La discriminación y los estereotipos también pueden dar lugar a que se denieguen las solicitudes de asilo de mujeres migrantes, lo cual las expone a un mayor riesgo de ser retenidas como migrantes o encarceladas por delitos relacionados con la inmigración […]. Los estereotipos de género en la administración de la inmigración también se manifiestan en marcos jurídicos que excluyen la consideración de la violencia vivida por las mujeres, en particular la violencia doméstica, a la hora de concederles asilo” (párr. 26).
“Las mujeres migrantes hacen frente a riesgos particulares, ya que en gran medida se ven obligadas a trabajar en puestos no cualificados, infravalorados y mal remunerados en espacios no regulados, como los hogares privados. Las trabajadoras domésticas migrantes pueden acabar privadas de redes y servicios de apoyo y con su pasaporte confiscado por su empleador” (párr. 59).
“[L]as ideas patriarcales sobre la ‘moralidad’ de la mujer y las expectativas en cuanto a su comportamiento público y privado tienen efectos perjudiciales para las mujeres en el sistema de justicia, ya que pueden ser objeto de un juicio moral basado más en las expectativas sociales que en los delitos que puedan haber cometido. Las normas estereotipadas sobre lo que constituye una conducta ‘moral’ en las mujeres también influyen en el encarcelamiento desproporcionado de mujeres por delitos relacionados con las drogas, ya que se juzga a las mujeres de manera más estricta” (párr. 31-32).
5. Género. Derechos sexuales. Orientación sexual. Identidad de género. LGTBIQ. Aborto. Vulnerabilidad.  
“Las mujeres que no encajan en las normas sexuales y de género son objeto de un control social desproporcionado debido a la percepción de que ponen en cuestión o ‘transgreden’ las normas establecidas sobre los papeles asignados a cada género y sobre la sexualidad […]. Debido a ello, presentan una mayor vulnerabilidad a la criminalización y a la privación de libertad. Incluso en los casos en que la orientación sexual o identidad de género de esas mujeres no está expresamente penada, es posible que las afectadas corran un mayor riesgo de acabar en el sistema de justicia penal. Por ejemplo, las mujeres transgénero son objeto de prácticas arbitrarias de perfilado como sospechosas de prostitución o trabajo sexual” (párr. 34).
6. Derechos sexuales. Aborto. Vulnerabilidad. Estereotipos de género.
“Las mujeres pueden verse privadas de libertad cuando no se ajustan al estereotipo de la buena madre. Esos estereotipos se manifiestan particularmente en la criminalización, detención y confinamiento de las mujeres embarazadas que consumen o se sospecha que consumen drogas. Con frecuencia se enfrentan a penas de prisión por intento de aborto, aborto espontáneo o por perjudicar al bebé mediante el consumo de drogas durante el embarazo. Además, desafiar las normas dominantes sobre qué constituye la maternidad por lo general se considera una circunstancia agravante al dictar sentencia, mientras que ser padre constituye en la mayoría de los casos una circunstancia atenuante” (párr. 38).
“En los Estados donde el aborto está penalizado, las mujeres se exponen a ser encarceladas por la decisión de interrumpir un embarazo, en algunos casos incluso cuando su propia seguridad está en peligro o cuando el feto no es viable. En algunos países, se persigue penalmente y se encarcela a mujeres incluso cuando la interrupción del embarazo no fue decisión suya, como en caso de aborto espontáneo” (párr. 40).
7. Género. Pobreza. Familia. Vulnerabilidad. Justicia penal. Reinserción social. Reincidencia.
“La feminización de la pobreza es un fenómeno ampliamente reconocido y abundantemente documentado […]. El Grupo de Trabajo ha puesto de relieve los estereotipos sobre el papel de la mujer en la sociedad que repercuten de manera importante en su participación en el mercado laboral […]. Las mujeres también tienen menos probabilidades de tener acceso a los bienes dentro del hogar, ya que a menudo se producen desigualdades en la distribución de los recursos y los derechos” (párr. 49).
“Si la pobreza se ve como un fenómeno determinado no solo por los ingresos o riqueza, sino también por las opciones, oportunidades y recursos a disposición de la persona a lo largo de su vida, la pobreza de las mujeres se revela con crudeza aún mayor. […]. Su dependencia financiera de su pareja y otros miembros de la familia aumenta su vulnerabilidad a la pobreza y las priva de voz y poder de negociación dentro del hogar. La desigualdad en el control y el acceso a los recursos, el poder, las oportunidades y los servicios es la base de la pobreza de las mujeres, que puede conducir a su privación de libertad” (párr. 50).
“La pobreza no solo determina los delitos de los que se acusa a las mujeres, sino también sus interacciones con el sistema de justicia penal, que también influyen en la probabilidad de que reciban una pena de cárcel y en la duración de dicha pena. En particular, la falta de ingresos y de riqueza limita el acceso de las mujeres a una representación letrada de calidad, lo que repercute negativamente en su capacidad para obtener resultados favorables en el sistema judicial […]. Además, una vez condenadas y encarceladas, las mujeres suelen tener menos acceso que los hombres a los servicios de rehabilitación y reintegración, debido a que en las cárceles escasean los servicios con perspectiva de género destinados a las reclusas y fuera de la prisión faltan servicios alternativos. Esto a veces conduce a que las cosas les vayan peor tras ser puestas en libertad, aumenta su riesgo de reincidencia y puede sumirlas en un ciclo de encarcelamiento recurrente” (párr. 53).
8. Género. Trabajo. Explotación laboral. Vulnerabilidad. No discriminación.
“La discriminación, los estereotipos, los cuidados no remunerados y la falta de educación limitan los puestos de trabajo a los que pueden optar las mujeres, empujándolas hacia puestos poco cualificados y hacia el sector del trabajo informal, con condiciones de explotación en el lugar de trabajo. La inmensa mayoría de los empleos femeninos se encuentran en la economía informal y, por lo tanto, las trabajadoras carecen de derechos y protecciones básicos. Así pues, el empleo de una mujer puede constituir en algunos casos una forma de privación de libertad” (párr. 58).
9. Género. Violencia. Fuerzas de seguridad. Vulnerabilidad.
“La exposición a la violencia puede aumentar el contacto de las mujeres con la policía y, por lo tanto, su riesgo de criminalización. El Grupo de Trabajo ha sabido de casos de mujeres que llamaron a la policía para denunciar un caso de violencia doméstica, pero que posteriormente acabaron detenidas y encarceladas por cargos como alteración del orden público, atentado contra la paz y el orden público, situación migratoria irregular o aborto espontáneo. Las mujeres que han sufrido casos de violencia a menudo son reacias a ponerse en contacto con los agentes del orden por temor a sufrir nuevos actos de violencia o discriminación, y permanecen en un ciclo de opresión. Este puede ser especialmente el caso de las mujeres a las que en un principio ya se declaró ‘delincuentes’, como las consumidoras de drogas, las implicadas en aspectos menores del tráfico de drogas o en la prostitución/el trabajo sexual, o las migrantes irregulares” (párr. 68).
10. Género. Violencia. Tráfico de estupefacientes.
“La violencia también puede servir de instrumento para obligar a las mujeres a participar en actividades delictivas por las que luego son encarceladas […]. Por ejemplo, en el tráfico de drogas, a menudo se recurre a la violencia para obligar a las mujeres a participar en redes de narcotráfico, donde se las utiliza de mulas y los cabecillas las tratan como artículos desechables” (párr. 69).
11. Género. Estereotipos de género. Violencia. Legítima defensa.
“Las mujeres también pueden acabar criminalizadas y privadas de libertad cuando reaccionan a la violencia que sufren tomando medidas enérgicas de legítima defensa. Cuando se las acusa de un delito tras un altercado violento, la capacidad de estas mujeres para alegar la legítima defensa puede verse mermada a causa de los estereotipos de género…” (párr. 70).
GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; VIOLENCIA; FUERZAS DE SEGURIDAD; LEGÍTIMA DEFENSA; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; JUSTICIA PENAL; REINSERCIÓN SOCIAL; REINCIDENCIA; TRABAJO; EXPLOTACIÓN LABORAL; FAMILIA; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; DERECHOS SEXUALES; ORIENTACIÓN SEXUAL; IDENTIDAD DE GÉNERO; LGBTIQ; ABORTO;
Martínez Coronado v. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Guatemala era responsable por la violación de los artículos 9 (principio de legalidad), 4.1 y 4.2 (derecho a la vida) y 8.2 c) y e) (derecho a las garantías judiciales), en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1  de la Convención Americana.
1. Pena de muerte
“[L]a Corte ha establecido reiteradamente que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho inalienable, y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al derecho de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos bajo su jurisdicción [hay nota]. Por tal razón este artículo establece un régimen claramente restrictivo de la pena de muerte, como se infiere de la lectura de sus numerales 2, 3, 4, 5 y 6. De forma tal que esta disposición revela una inequívoca tendencia limitativa y excepcional en el ámbito de imposición y de aplicación de dicha pena” (párr. 60).
“Como señaló (la Corte IDH) en la Opinión Consultiva OC-3/83: ‘[e]l asunto está dominado por un principio sustancial expresado por el primer párrafo, según el cual ‘toda persona tiene derecho a que se respete su vida’ y por un principio procesal según el cual ‘nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’. De ahí que, en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta no pueda imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito […]. La circunstancia de que estas garantías se agreguen a lo previsto por los artículos 8 y 9 indica el claro propósito de la Convención de extremar las condiciones en que sería compatible con ella la imposición de la pena de muerte en los países que no la han abolido [hay nota]“ (párr. 61).
“Desde esa perspectiva el artículo 4 de la Convención Americana en los casos excepcionales en los cuáles está permitido a los Estados la aplicación de la pena de muerte, tal posibilidad está sujeta a un conjunto de rigurosas limitaciones. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención Americana reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable sólo en condiciones excepcionales. Por último, en relación con la persona del convicto, la Convención excluye la imposición de la pena de muerte a quienes, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años o más de setenta y prohíbe su aplicación a mujeres en estado de gravidez (artículo 4.5)” (párr. 62).
“[A]simismo, el artículo 4 incorpora una tendencia abolicionista de la pena de muerte que se refleja en su numeral segundo, el cual prohíbe que se extienda su aplicación ‘a delitos a los cuales no se la aplique actualmente’ y, según el numeral 3, ‘no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido’. La finalidad que se persigue es avanzar hacia una prohibición definitiva a esta modalidad de sanción penal, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse en los Estados que han suscrito la Convención Americana” (párr. 63).
2. Peligrosidad. Principio de legalidad. Garantías judiciales. Debido proceso. Derecho de defensa. Defensor público oficial. Defensa técnica ineficaz.
“[La Corte IDH] ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse específicamente sobre la aplicación del referido artículo 132 del Código Penal y el concepto de ‘peligrosidad futura’ en el caso Fermín Ramírez v. Guatemala. En dicha Sentencia, se determinó que la referida norma era contraria a la Convención Americana, particularmente por cuanto violaba el artículo 9 de la Convención; ordenándose adecuar dicha norma al derecho internacional de los derechos humanos” (párr. 69).
“[E]l empleo del criterio de peligrosidad del agente, tanto en la tipificación de los hechos del ilícito penal cometido por el señor Martínez Coronado, como en la determinación de la sanción correspondiente, resulta incompatible con el principio de legalidad previsto en la Convención Americana. El examen de la peligrosidad del agente implica la valoración por parte del juzgador de hechos que no han ocurrido y, por lo tanto, supone una sanción basada en un juicio sobre la personalidad del infractor y no en los hechos delictivos imputados conforme la tipificación penal aplicable. En consecuencia, este Tribunal estima que el Estado es responsable por la violación al artículo 9 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio del señor Martínez Coronado” (párr. 70).
“[E]n el presente caso, [el peticionario] fue ejecutado, mediante inyección letal. Dada la aplicación de la pena de muerte impuesta con base en una norma contraria a la Convención Americana […] este Tribunal considera que el Estado es responsable de la vulneración de los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento” (párr. 71).
“[L]a Corte destaca que la vulneración del principio de legalidad en el presente caso se encuentra configurada por dos elementos: a) la indeterminación del concepto de ‘peligrosidad futura’ contenido en el artículo 132 del Código Penal, y b) la aplicación al señor Martínez Coronado de la sanción prevista (la pena de muerte) en dicha disposición” (párr. 72).
3. Debido proceso. Derecho de defensa. Defensor público oficial. Defensa técnica eficaz.
“[S]obre el contenido y el alcance de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención, este Tribunal ya se ha referido a la defensa de oficio indicando ‘la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad’. La institución de la defensa pública, a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica permite, sin duda, compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios [hay nota]” (párr. 82).
“[N]ombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados [hay nota] y se quebrante la relación de confianza. A tal fin, es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de delito de ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas [hay nota]. Entre ellas, contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional [hay nota]” (párr. 83).  
“El derecho de defensa implica que está sea eficaz, oportuna, realizada por personal técnico, que permita fortalecer la protección del interés concreto del imputado y no como un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso. Por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. En esta línea, ‘[l]a relación de confianza debe ser resguardada en todo lo posible dentro de los sistemas de defensa pública [por lo que d]eben existir mecanismos ágiles para que el imputado pueda pedir que se evalúe el nivel de su defensa y [n]ingún defensor público puede subordinar los intereses de su defendido a otros intereses sociales o institucionales o a la preservación de la `justicia´’ [hay nota] ” (párr. 84).  
“[L]a discusión jurídica que corresponde analizar se refiere a la compatibilidad con la Convención, y particularmente, con el derecho a la defensa del señor Martínez Coronado, de que el Estado le haya proporcionado una defensa común de oficio a la presunta víctima y a otro co-imputado” (párr. 85).  
“Como punto de partida la Corte constata que el artículo 95 del Código Procesal Penal indica que ‘[l]a defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en principio, inadmisible. El tribunal competente, según el período del procedimiento, o el Ministerio Público podrá permitir la defensa común cuando, manifiestamente, no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor’. Por lo tanto de conformidad con dicho texto, en principio la defensa común de los imputados tanto si es provista por sus abogados de confianza o por aquellos designados por el Estado a través de la defensa pública está prohibida y, solo se permite excepcionalmente en caso de que no exista manifiesta incompatibilidad” (párr. 86).   
“[C]orrespondería al Estado, mediante las autoridades competentes, identificar si existen dichas incompatibilidades y adoptar las medidas conducentes para que se garantice el derecho a la defensa de los co-imputados involucrados. Este principio es especialmente relevante en casos donde los imputados puedan enfrentar una condena severa, como es la pena de muerte. Por otra parte, la existencia de inconsistencias en las declaraciones realizadas por los co-imputados en el marco de un proceso penal no demuestra necesariamente una incompatibilidad en sus defensas e intereses que impida una defensa común” (párr. 87).
“[L]as inconsistencias en las declaraciones por parte de los co-imputados debieron ser advertidas por la defensa común, quien debió ponerlas en conocimiento del tribunal para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado. En razón de lo anterior, la Corte concluye que el Estado incumplió con su deber de asegurar el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado que le garantizara al inculpado los medios adecuados para su defensa, en violación de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención Americana, en la medida que la defensa común, vulneró los derechos del señor Martínez Coronado” (párr. 88).   
PENA DE MUERTE; DERECHO A LA VIDA; PELIGROSIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ;
VFC v. EspañaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas consideró que España era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud de los artículos 27, apdos. a), b), e), g), i) y k) (derecho a la no discriminación en el mantenimiento o continuidad en el empleo) en relación con el artículo 3 apdos. a), b), c), d) y e), el artículo 4, párrs. 1, apdos. a), b) y d) (obligaciones generales en virtud de la Convención) y 5, párrs. 1, 2 y 3; 13, párr. 2 (igualdad, no discriminación, ajustes razonables) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“[L]a cuestión que debe examinar el Comité es si el Estado parte ha vulnerado los derechos [del peticionario], a través de la aplicación de una norma del Ayuntamiento de Barcelona (artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona) que impide el pase a segunda actividad de quienes han sido jubilados forzosamente producto de una incapacidad permanente total para la realización de las funciones habituales de policía local” (párr. 8.2).
“El Comité recuerda que en el artículo 4, párrafo 1, apartado a), de la Convención se impone a los Estados partes la obligación general de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, incluyendo aquellos relacionados con el trabajo y el empleo. El Comité recuerda, además, que el artículo 27, párrafo 1, de la Convención exige a los Estados partes reconocer el derecho de las personas con discapacidad de conservar su empleo, en igualdad de condiciones con las demás, adoptar todas las medidas pertinentes, incluso legislativas, para prohibir la discriminación con motivos de discapacidad en la continuidad en el empleo, y velar por la realización de ajustes razonables a favor de personas que adquieran una discapacidad durante el empleo. El Comité recuerda, además, como lo señaló en su Observación General núm. 6, que para lograr la igualdad de hecho de conformidad con la Convención, los Estados partes deben velar por que no haya discriminación por motivos de discapacidad en relación con el trabajo y el empleo, haciendo referencia a los convenios pertinentes que se han celebrado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111) y el Convenio sobre la Readaptación Profesional, 1983 (núm. 159), firmados y ratificados por España. El Convenio núm. 159 de la OIT dispone en su artículo 7 que las autoridades competentes de los Estados partes deberán adoptar las medidas para proporcionar y evaluar los servicios de orientación y formación profesionales a fin de que las personas con discapacidad puedan conservar su empleo” (párr. 8.4).
“El Comité recuerda, además, que la Convención prohíbe todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, incluyendo la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación prohibida. De este modo, todas las formas de discriminación son igualmente contrarias a la Convención, y no corresponde hacer una diferencia sobre supuestos grados de gravedad en la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El Comité recuerda, además, que los ajustes razonables constituyen una obligación ex nunc, es decir, ajustes que deben realizarse desde el momento en que una persona con discapacidad requiera acceder a situaciones o entornos accesibles, o quiera ejercer sus derechos. Para ello, es necesario que el garante de los derechos entable un diálogo con la persona con discapacidad, encaminado a la inclusión de esta última en las soluciones posibles que permitan la mejor realización de sus derechos y el fomento de sus capacidades. Además, el Comité recuerda lo dispuesto en el preámbulo de la Convención acerca del necesario reconocimiento de la diversidad de las personas con discapacidad, de modo que cualquier articulación institucional del diálogo al que dan lugar los ajustes razonables debe considerar las situaciones concretas de cada persona” (párr. 8.5).
“[E]l Estado parte ha promulgado la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con el objeto de actualizar su legislación de acuerdo con los estándares de la Convención. Esta Ley estipula que, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva (art. 64, párr. 1). Entre las medidas contra la discriminación, el Comité considera las estrategias de gestión de las capacidades, que permiten a los poderes públicos fomentar las capacidades de sus funcionarios que han adquirido una discapacidad, incluyendo la realización de ajustes razonables. Si bien los ajustes razonables son obligaciones ex nunc, es decir, que surgen una vez que la persona con discapacidad así lo requiera, los Estados partes deben tomar todas las medidas preventivas que les permitan a los poderes públicos gestionar las capacidades de modo que los derechos de las personas con discapacidad se realicen de la mejor manera posible. En este sentido, para evaluar la pertinencia, idoneidad y eficacia de un ajuste razonable, es necesario tomar en consideración los costos financieros, los recursos disponibles, el tamaño de la parte que ha de realizar los ajustes (en su integralidad), los efectos de la modificación para la institución, o la consideración de los activos globales, y no solo los recursos de una determinada unidad o dependencia de una estructura orgánica. El Comité constata que, en el presente caso, la posibilidad de un diálogo encaminado a evaluar y fomentar las capacidades del peticionario dentro del cuerpo policial se vio totalmente frustrada porque su condición de funcionario le fue retirada tras haber sido jubilado forzosamente, y que no tuvo posibilidad alguna de solicitar ajustes razonables para la realización de una segunda actividad…” (párr. 8.6).
“[L]a búsqueda de un ajuste razonable tiene como objetivo ser un proceso cooperativo e interactivo entre el empleado y el empleador, tratando de encontrar la mejor adecuación posible entre las necesidades de cada uno. El Comité se ve informado por el cuerpo legislativo de varias jurisdicciones nacionales y estudios académicos para llegar a un cabal entendimiento del concepto de ajuste razonable. Para determinar qué medidas de ajuste razonable adoptar, el Estado parte debe asegurar que las autoridades públicas identifiquen qué ajustes efectivos pueden ser adoptados para permitir al empleado ejercer las actividades esenciales de sus funciones. Cuando tales medidas efectivas (que no generen una carga indebida) no puedan ser identificadas e implementadas, el pase a segunda actividad del empleado debe ser considerado como una medida de ajuste razonable de último recurso. En este contexto, es responsabilidad de las autoridades del Estado parte adoptar todas las medidas de ajuste razonable que sean necesarias para adaptar los puestos existentes a las necesidades específicas del empleado” (párr. 8.7).
“[E]l Comité observa que se descartó la posibilidad de iniciar un proceso de evaluación de las barreras que le impidieron permanecer en el cuerpo de policía, dado que el peticionario fue privado de su condición de funcionario público en el momento de su jubilación forzada, y que no tuvo ninguna oportunidad de solicitar ajustes razonables que le hubieran permitido desempeñar funciones distintas. El Comité observa asimismo que el Estado parte no ha demostrado que no hubiera otro tipo de funciones dentro del cuerpo de policía en el que servía el peticionario que este hubiera podido desempeñar” (párr. 8.8).
“[E]l pase a segunda actividad, regulado de diversas maneras en la legislación española, es la configuración o articulación institucional que pretende conciliar las obligaciones que se derivan para el Estado parte del derecho al trabajo (continuidad en el empleo) y el derecho a la igualdad y no discriminación. […] Adicionalmente, el Comité observa que, en el caso del peticionario, las calificaciones administrativas de la discapacidad realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social no analizaron el potencial que habría podido tener el peticionario en el desarrollo de una segunda actividad u otras actividades complementarias. […] Al respecto, el Comité observa que el peticionario ha visto disminuidas sus capacidades para el trabajo habitual de policía, hecho que no obsta las potenciales capacidades que podría desarrollar en una segunda actividad u otras actividades complementarias dentro del mismo cuerpo policial” (párr. 8.9).
“[L]a normativa que impidió al peticionario el pase a segunda actividad, esto es, el artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona (ordenanza), no permite resguardar los derechos que le corresponden en virtud de la Convención, en especial, considerando la posibilidad de que su discapacidad sea evaluada en concreto, a través de una gestión que fomente las capacidades que pueda tener para la realización de una segunda actividad u otras actividades complementarias. El Comité observa que, tratándose de una regulación que intenta tomar en consideración los diferentes grados de discapacidad de manera objetiva, a objeto de articular y coordinar, en igualdad de condiciones, las pensiones por discapacidad con la conservación del empleo, el Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona impide cualquier evaluación funcional alternativa de quienes han sido declarados con una incapacidad permanente total, afectando, a su vez, el derecho al trabajo, como sucedió en el caso alegado por el peticionario” (párr. 8.10).
“El Comité considera, por tanto, que la normativa aplicada al peticionario para impedir el pase a segunda actividad u otro diálogo encaminado a la realización de actividades complementarias de las tareas habituales del trabajo de policía es contraria a los derechos incluidos en los artículos 5 y 27 de la Convención. Además, considera que, en la medida en que el artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona impide a todos quienes han sido declarados con una incapacidad permanente total solicitar el pase a segunda actividad, el peticionario fue discriminado, por motivo de su discapacidad, en la ‘continuidad’ en el empleo público que desarrollaba, constituyendo una violación al artículo 5, que resguarda el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad, y al artículo 27, que protege el derecho trabajo y al empleo de esas personas. Con respecto al artículo 5 de la Convención, el Comité considera que el presente caso revela una de las formas de discriminación prohibidas por la Convención, ya sea considerada como una discriminación directa o una denegación de ajustes razonables. Adicionalmente, con respecto al artículo 27 de la Convención, el Comité considera que, en el presente caso, la discriminación en relación con la continuidad en el empleo deriva de la denegación de cualquier diálogo o instancia orientada a una evaluación funcional alternativa de quienes, como el peticionario, han sido declarados con una incapacidad permanente total. El Comité considera, además, que, si bien el Estado parte persigue una finalidad legítima en la articulación institucional del pase a segunda actividad de sus empleados o funcionarios públicos, la ordenanza que se le aplicó al peticionario vulnera los derechos que le corresponden en virtud de los artículos 5 y 27 de la Convención” (párr. 8.11).
“El Comité, además, constata que el Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona data del año 2002, mientras el Estado parte ratificó la Convención en el año 2008. A este respecto, el Comité advierte que la legislación interna anterior a la ratificación de la Convención por el Estado parte continúa utilizando un lenguaje propio del ‘enfoque médico’, como la utilización de los términos ‘incapacidad’ o ‘dictamen médico’, para la evaluación de la participación de las personas con discapacidad en diversos ámbitos sociales, como se ha verificado en el presente caso. El Comité advierte, además, que el Estado parte observa una gran diversidad de normativas a nivel de las comunidades autónomas o incluso dentro de un mismo ayuntamiento, y que generan situaciones discriminatorias, con motivo de discapacidad, para el tratamiento de situaciones similares. El Comité considera, por tanto, que el Estado parte debe cumplir con las obligaciones generales contempladas en el artículo 4 de la Convención para modificar y armonizar las normas internas a nivel local, autonómico y nacional, que impiden el pase a segunda actividad sin una evaluación de los problemas y oportunidades que pueden tener las personas con discapacidad, y que constituyen, a su vez, una vulneración del derecho al trabajo” (párr. 8.12).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO AL TRABAJO; EMPLEO PÚBLICO; JUBILACIÓN; JUBILACIÓN POR INVALIDEZ; NO DISCRIMINACIÓN; AJUSTES RAZONABLES; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; IGUALDAD;
Los efectos de la migración en las mujeres y las niñas migrantes una perspectiva de géneroRelator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
Entre otras cosas, el Relator Especial recomendó a los Estados que promovieran la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y garantizaran la prestación de los servicios básicos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos a fin de que no tuvieran que depender de las remesas. A su vez, consideró que los Estados debían velar por que las mujeres migrantes tuvieran acceso, en condiciones de igualdad, a recursos legales y mecanismos de denuncia; y, además, tenían que prestarles asistencia jurídica.
1. Migrantes. Derechos humanos. Tratados internacionales. Vulnerabilidad.
“[E]l marco jurídico y normativo para proteger a los migrantes internacionales no se encuentra en un único tratado o mecanismo; en cambio, está distribuido en un variado conjunto de instrumentos y de principios y normas conexos. Se espera que los Estados respeten las normas que se aplican a determinados grupos (como los migrantes, los niños y las víctimas de la trata de personas) de manera coordinada y con la debida consideración del derecho internacional de los derechos humanos, que es aplicable a todos. No obstante, al poner en práctica esos regímenes debe tenerse cuidado de no crear jerarquías de vulnerabilidad sobre la base de una categorización [hay nota]. Si bien, en principio, los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes (incluso migrantes irregulares) son colocados en distintas categorías jurídicas desde el punto de vista normativo, suelen trasladarse e instalarse en espacios físicos similares y es probable que tengan necesidades de protección semejantes, como las relacionadas con el derecho a la salud o a no ser objeto de detención arbitraria o prolongada. También es probable que los migrantes pasen por distintas categorías jurídicas durante el viaje, en particular cuando se trata de viajes migratorios largos y peligrosos” (párr. 16).
2. Migrantes. Género. Niños, niñas y adolescentes. Familia. Violencia de género. No discriminación.
“[C]ada vez es más evidente que la migración es un fenómeno influido por las cuestiones de género. Las normas específicas de género que rigen la sociedad son factores decisivos, al igual que las expectativas de género y las relaciones de poder diferenciadas por género. El impacto diferenciado de la desigualdad económica determina las razones por las que las mujeres y las niñas migran. Esos motivos varían considerablemente respecto de las razones por las que deciden migrar los hombres y los niños [hay nota]. Es igualmente importante señalar que las mujeres y las niñas migrantes son un grupo muy heterogéneo, con diferentes perfiles y características socioeconómicas” (párr. 31).
“Un factor importante que provoca la migración de las mujeres y las niñas es la expectativa en relación con el género [hay nota], ya que las familias podrían enviar a sus hijas al exterior, y no a sus hijos, si consideran que es más probable que ellas envíen remesas a sus hogares [hay nota]. [E]n lugar de tratar de cambiar completamente la jerarquía de género dentro de sus familias, las mujeres y las niñas se apropian del discurso de género prevaleciente para convencer a interesados poderosos. Por lo tanto, las mujeres plantean sus aspiraciones de migración en términos de género, presentándose como hijas que cumplen su deber y madres devotas y prometiendo remitir la mayoría de sus ingresos en el extranjero para garantizar el futuro bienestar de los familiares que se quedan [hay nota]. Las aspirantes a mujeres migrantes no son las únicas que aprovechan las expectativas y normas de género, también lo hacen los hombres, que utilizan las imágenes de género bien establecidas de ‘hombre sostén de la familia’ o de ‘autoridad’ cuando desean migrar, empleándolas para superar la resistencia” (párr. 32).
“Las altas tasas de violencia sexual y discriminación por razón de género, las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, la violencia y el acceso desigual a los derechos y recursos son motivos decisivos por los que las mujeres y las niñas emigran. Por ello, el deseo de la mujer de migrar puede estar motivado por la esperanza de eludir el control de familia o la discriminación arraigada que limita su acceso a los recursos, la educación y la participación política” (párr. 33).
3. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Derecho al trabajo. Género.          
“Las normas sociales y la discriminación por razón de género no son los únicos factores que pueden influir en la migración de las mujeres y las niñas. Las políticas laborales de los países de destino también pueden contribuir mucho a la migración de las mujeres y las niñas y no a la de los hombres y los niños. Las leyes de inmigración en algunos países hacen que sea extremadamente difícil entrar de forma regular y obtener una condición jurídica permanente. La residencia legal a menudo se basa en tener un empleo en la economía formal. Si uno de los pocos medios para entrar en un país de forma regular es mediante cuotas anuales establecidas en los sectores de la economía que tienen una aparente escasez de mano de obra, esto influye en quiénes migrarán a ese país” (párr. 36).
“Algunos de los sectores que ofrecen oportunidades de empleo formal abiertas a los migrantes están segmentados por género, clase y etnia (por ejemplo, el trabajo doméstico y los sectores de la salud y de cuidados). La demanda de mujeres migrantes en los sectores en que predominan las mujeres se ve facilitada por el ingreso de un gran número de mujeres en el mercado de trabajo de los países de destino. Dado que las sociedades siguen esperando que las tareas domésticas sean realizadas por mujeres, a menudo son atendidas por trabajadoras migratorias” (párr. 37).               
“Hasta hace poco se pensaba que las mujeres migraban principalmente para unirse a su pareja o con fines de reagrupación familiar. En la actualidad, un número cada vez mayor de mujeres se desplazan solas [hay nota], principalmente para encontrar trabajo, lo cual está provocando lo que se denomina la feminización de la migración. Si bien la forma en que las mujeres migran está cambiando, hay cada vez más mujeres que encabezan la migración, es decir, son el primer miembro de la familia que migra. Es más probable que las mujeres altamente cualificadas migren solas respecto de las mujeres poco cualificadas [hay nota]. Sin embargo, algunas mujeres siguen enfrentando dificultades para abandonar sus países debido a leyes prohibitivas y discriminatorias por razón de género o normas sociales restrictivas” (párr. 39).
4. Migrantes. Violencia de género. Funcionarios públicos. Trato cruel, inhumano o degradante. No discriminación.
“Ya sea si migran de forma regular o irregular, los datos indican que las mujeres migrantes corren un gran riesgo de ser víctimas de actos de violencia, incluida la violencia de género, la explotación, la trata, la esclavitud y la detención, durante el viaje o al llegar, y por funcionarios públicos, particulares o bandas de delincuentes […]. La falta de condiciones de acogida adecuadas en algunos países tiene graves consecuencias para la salud, la dignidad y la integridad física de las mujeres [hay nota]. Algunas condiciones y prácticas pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a tortura” (párr. 43).
“En los países de destino, independientemente de su situación migratoria, las mujeres migrantes se enfrentan a formas múltiples e interseccionales de discriminación, no solo como mujeres y como migrantes, sino también por otros motivos, como la edad, la raza y el origen étnico, la nacionalidad, la religión, el estado civil y la situación familiar, la orientación sexual y la identidad de género. En consecuencia, corren riesgo de ser objeto de abuso y explotación” (párr. 44).
5. Migrantes. Reunificación familiar. Niños, niños y adolescentes.
“Ante la falta de políticas de reunificación familiar, la migración de las mujeres puede dar lugar a la separación de la familia, lo que tiene repercusiones en los niños, que crecen sin la presencia de por lo menos uno de sus cuidadores principales [hay nota]. Sin embargo, ello no significa que todas esas repercusiones sean negativas. La edad del niño en el momento en que se produce la migración es un factor importante, ya que afecta a la forma en que responde a la ausencia de uno de los progenitores [hay nota]. Hay datos que indican que la migración de una madre también puede tener un efecto positivo sobre sus hijos […]. Este efecto positivo de la migración de mujeres en el desarrollo de los niños también puede atribuirse a una combinación de empoderamiento en el hogar asociado con mayores contribuciones a los ingresos del hogar por las mujeres y la capacidad de los miembros de la familia extensa para cuidar a los hijos mientras su madre está ausente. En ese sentido, los cambios en la asignación de recursos y las negociaciones en los hogares pueden tener un impacto en las inversiones en capital humano y, en consecuencia, promover la equidad de género intergeneracional [hay nota]” (párr. 46).
6. Migrantes. Género. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Derechos sexuales. Educación. Maternidad. Aborto. No discriminación. Barreras cortafuegos.
“Las mujeres y las niñas migrantes a menudo no tienen acceso fiable a atención de la salud o a servicios de salud reproductiva en los países de tránsito y de destino. Esa falta de acceso se debe a factores como la falta de información o de educación relativa a la salud, el aislamiento o la imposibilidad de acceder a los servicios a causa de su condición jurídica, por temor a la deportación u otras consecuencias, en particular en el caso de las migrantes en situación irregular. El Relator Especial ha afirmado en numerosas ocasiones que los Estados deben asegurarse de que haya una separación estricta (protección con ‘cortafuegos’) entre los servicios públicos y las autoridades de inmigración, para que los migrantes puedan ejercer y disfrutar sus derechos sin temor a ser denunciados a las autoridades de inmigración” (párr. 60).
“Como afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general núm. 22 (2016) […] las personas migrantes pueden verse desproporcionadamente afectadas por una discriminación interseccional en el contexto de la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas específicas para garantizar que las personas migrantes tengan acceso a información, bienes y servicios sobre salud sexual y reproductiva, y velar por que las personas no sean objeto de hostigamiento por ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva” (párr. 61).
“En algunos países, las mujeres migrantes son objeto de discriminación por razón de embarazo o maternidad. Pueden ser obligadas a someterse a pruebas de embarazo en el momento de la llegada; si el resultado es positivo, se desestima su solicitud o se las expulsa. Ese temor, junto con el miedo a perder su empleo, puede inducir a las mujeres migrantes embarazadas a tratar de interrumpir su embarazo, a veces utilizando medios peligrosos, especialmente en los países que penalizan la interrupción inducida del embarazo” (párr. 63).
“El acceso a la educación es un derecho humano básico de los niños y las niñas, en particular también de las niñas migrantes. Los obstáculos con que se enfrentan las niñas migrantes en el ejercicio de su derecho a la educación incluyen las barreras de idioma, la evaluación y el reconocimiento de la educación anterior, y la transferencia de las cualificaciones. Hacen frente a las dificultades adicionales por obstáculos jurídicos que dificultan la matriculación en la enseñanza debido a su situación migratoria o la de sus progenitores o a su situación de residencia” (párr. 64).
7. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Acceso a la justicia. Barrera cortafuegos. Traductor.
“Un aspecto importante de la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas migrantes es garantizar su acceso a la justicia, un desafío particular para ellas, especialmente las que se encuentran en situación irregular. Más concretamente, su acceso a la justicia también puede verse obstaculizado por barreras lingüísticas, la falta de información sobre sus derechos humanos y laborales, y el hecho de no confiar en la policía” (párr. 65).
“[L]os cortafuegos, es decir la separación estricta y efectiva entre las autoridades de inmigración y los servicios públicos, son fundamentales para que las personas migrantes puedan ejercer y disfrutar sus derechos humanos sin temor a ser denunciadas a las autoridades de inmigración. De esta forma los cortafuegos permitirán que las mujeres y las niñas migrantes que pueden ser víctimas de cualquier forma de violencia o abuso, incluida la violencia de género y el abuso sexual, denuncien los delitos, obtengan asistencia letrada y tengan acceso a los tribunales para defender sus derechos” (párr. 66).
8. Migrantes. Género. LGBTIQ. No discriminación.
“[L]os migrantes que son personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales muchas veces son objeto de discriminación y estigmatización, tanto por sus propias comunidades como por la cultura prevalente, en los países de origen como los de destino, y a lo largo de la ruta migratoria. Esas experiencias negativas pueden verse agravadas en el caso de las personas transgénero. Por ejemplo, durante su detención por la entrada y permanencia irregular en un país, las mujeres transgénero pueden verse expuestas al aislamiento social y ser objeto de violencia física y sexual, ya que normalmente se las recluye con los hombres. Este enfoque refleja en parte el alcance restringido de la definición de violencia sexual y la limitante visión binaria de ‘víctimas mujeres y autores hombres’, que no tiene en cuenta las complejas realidades de la violencia sexual ni a las víctimas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales [hay nota]” (párr. 71).
MIGRANTES; GÉNERO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; NO DISCRIMINACIÓN; TRATADOS INTERNACIONALES; FAMILIA; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; DERECHO AL TRABAJO; EDUCACIÓN; VULNERABILIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHOS SEXUALES; MATERNIDAD; ABORTO; ACCESO A LA JUSTICIA; TRADUCCIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; BARRERAS CORTAFUEGOS; LGBTIQ; TRADUCTOR; IDIOMA;
Opinión Consultiva sobre Gestación por sustituciónTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el derecho del niño al respeto de la vida privada, de acuerdo con el artículo 8, requería que la legislación nacional ofreciera la posibilidad de reconocer un vínculo legal entre el padre y los hijos con la madre con voluntad procreacional, según lo establecido en el certificado de nacimiento elaborado en el extranjero. Asimismo, sostuvo que el derecho del niño al respeto de la vida privada no exige que dicho reconocimiento se realice en el registro de nacimientos sino que se puede utilizar otro medio, como la adopción del niño por parte de la madre, siempre que el procedimiento establecido garantice que se pueda implementar de manera rápida y efectiva, de acuerdo al interés superior del niño.
1. Gestación por sustitución. Derecho a la vida privada y familiar. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[E]l Tribunal se refiere al principio esencial según el que, cuando se trata de la situación que involucra un niño, el interés superior de ese niño resulta primordial. [L]os efectos de la falta de reconocimiento del vínculo legal entre los niños concebidos [mediante la gestación por sustitución] y la madre con voluntad procreacional en la ley francesa no se limitan únicamente a los padres, que eligieron este método particular de reproducción asistida prohibida por las autoridades francesas. También afectan a los niños y niñas, ya que su derecho al respeto de la vida privada fue sustancialmente afectado” (cfr. párrs. 38 y 39).
“La falta de reconocimiento de la relación legal entre un niño nacido a través de la gestación por sustitución llevada a cabo en el extranjero y la madre con voluntad procreacional, tiene un impacto negativo sobre distintos aspectos del derecho del niño y su vida privada. [L]a falta de reconocimiento en la ley local es desventajosa para el niño, debido a que lo ubica en una posición legal incierta con respecto a su identidad en la sociedad. En particular, existe un riesgo de que a los niños se les niegue el acceso a la nacionalidad de su madre con voluntad procreacional y les resulte más difícil permanecer en su país de residencia […]; el derecho a recibir herencia respecto de la madre [también] podría verse afectado; la relación con la madre se pondría en riesgo si los padres se separaran o el padre muriera; y no tendrían protección en caso de que su madre [con voluntad procreacional] se negara a cuidarlos o dejara de hacerlo” (cfr. párr. 40).
“[E]l Tribunal considera que la imposibilidad general y absoluta de obtener el reconocimiento del vínculo entre el niño nacido a través de la gestación por sustitución y la madre con voluntad procreacional es incompatible con el interés superior del niño” (cfr. párr. 42).
2. Gestación por sustitución. Derecho a la identidad. Vulnerabilidad. Familia. Filiación. Adopción.
“[E]l margen de apreciación de los Estados varía según las circunstancias, el asunto que se trate y el contexto. [A] pesar de cierta tendencia hacia la posibilidad de reconocimiento legal de filiación en estos casos, no hay consenso en Europa sobre este tema. [C]uando un aspecto importante de la identidad se encuentra en juego, tal como el vínculo legal de filiación, el margen de apreciación que normalmente se le permite al Estado se ve restringido” (cfr. párrs. 43 y 44).
“[E]l Tribunal opina que, en una situación como la referida por la Corte de Casación en su solicitud […] el derecho al respeto de la vida privada de un niño nacido a través de la gestación por sustitución –conforme al significado del artículo 8 del Convenio– requiere que la ley local ofrezca una posibilidad de reconocimiento del vínculo legal con la madre con voluntad procreacional según el certificado de nacimiento legalmente establecido en el extranjero” (cfr. párr. 46).
“El interés del niño implica que la situación de incertidumbre respecto del vínculo legal con su madre con voluntad procreacional se resuelva tan rápido como sea posible. [H]asta que ese vínculo sea reconocido en la legislación nacional, el niño se encuentra en una situación vulnerable con respecto a varios aspectos de su derecho a la vida privada” (cfr. párr. 49).
“Sin embargo, de esto no se puede inferir que los Estados están obligados a optar por el registro de los detalles de los certificados de nacimiento legalmente establecidos en el extranjero. [E]l Tribunal considera que la elección de los medios para permitir el reconocimiento del vínculo legal entre el niño y los padres o madres con voluntad procreacional está dentro del margen de apreciación de los Estados” (cfr. párrs. 50 y 51).
“[D]ependiendo de las circunstancias de cada caso, otros medios pueden servir adecuadamente al interés superior, incluida la adopción, que, con respecto al reconocimiento de esa relación, produce efectos similares al registro de los detalles del certificado de nacimiento emitido en el extranjero” (cfr. párr. 53).
“Lo que resulta relevante es que cuando […] el vínculo entre el niño y la madre con voluntad procreacional se convierte en una realidad práctica […] debe existir un mecanismo efectivo que permita el reconocimiento de esa relación. La adopción puede satisfacer este requisito siempre que las condiciones que lo rijan sean adecuadas y el procedimiento permita tomar una decisión rápida a fin de que el niño no permanezca durante un largo período en una situación de incertidumbre legal con respecto a ese vínculo. Es evidente que estas condiciones deben incluir un análisis de los tribunales sobre el interés superior del niño según las circunstancias del caso” (cfr. párr. 54).
“En conclusión, dado el margen de apreciación permitido a los Estados sobre la elección de los medios y las alternativas al registro, la adopción […] puede ser aceptable en tanto el procedimiento establecido por la legislación nacional garantice que se implemente con rapidez y de manera efectiva, de acuerdo con el interés superior del niño” (cfr. párr. 55).
1. Gestación por sustitución. Derecho a la vida privada y familiar. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[E]l Tribunal se refiere al principio esencial según el que, cuando se trata de la situación que involucra un niño, el interés superior de ese niño resulta primordial. [L]os efectos de la falta de reconocimiento del vínculo legal entre los niños concebidos [mediante la gestación por sustitución] y la madre con voluntad procreacional en la ley francesa no se limitan únicamente a los padres, que eligieron este método particular de reproducción asistida prohibida por las autoridades francesas. También afectan a los niños y niñas, ya que su derecho al respeto de la vida privada fue sustancialmente afectado” (cfr. párrs. 38 y 39).
“La falta de reconocimiento de la relación legal entre un niño nacido a través de la gestación por sustitución llevada a cabo en el extranjero y la madre con voluntad procreacional, tiene un impacto negativo sobre distintos aspectos del derecho del niño y su vida privada. [L]a falta de reconocimiento en la ley local es desventajosa para el niño, debido a que lo ubica en una posición legal incierta con respecto a su identidad en la sociedad. En particular, existe un riesgo de que a los niños se les niegue el acceso a la nacionalidad de su madre con voluntad procreacional y les resulte más difícil permanecer en su país de residencia […]; el derecho a recibir herencia respecto de la madre [también] podría verse afectado; la relación con la madre se pondría en riesgo si los padres se separaran o el padre muriera; y no tendrían protección en caso de que su madre [con voluntad procreacional] se negara a cuidarlos o dejara de hacerlo” (cfr. párr. 40).
“[E]l Tribunal considera que la imposibilidad general y absoluta de obtener el reconocimiento del vínculo entre el niño nacido a través de la gestación por sustitución y la madre con voluntad procreacional es incompatible con el interés superior del niño” (cfr. párr. 42).
2. Gestación por sustitución. Derecho a la identidad. Vulnerabilidad. Familia. Filiación. Adopción.
“[E]l margen de apreciación de los Estados varía según las circunstancias, el asunto que se trate y el contexto. [A] pesar de cierta tendencia hacia la posibilidad de reconocimiento legal de filiación en estos casos, no hay consenso en Europa sobre este tema. [C]uando un aspecto importante de la identidad se encuentra en juego, tal como el vínculo legal de filiación, el margen de apreciación que normalmente se le permite al Estado se ve restringido” (cfr. párrs. 43 y 44).
“[E]l Tribunal opina que, en una situación como la referida por la Corte de Casación en su solicitud […] el derecho al respeto de la vida privada de un niño nacido a través de la gestación por sustitución –conforme al significado del artículo 8 del Convenio– requiere que la ley local ofrezca una posibilidad de reconocimiento del vínculo legal con la madre con voluntad procreacional según el certificado de nacimiento legalmente establecido en el extranjero” (cfr. párr. 46).
“El interés del niño implica que la situación de incertidumbre respecto del vínculo legal con su madre con voluntad procreacional se resuelva tan rápido como sea posible. [H]asta que ese vínculo sea reconocido en la legislación nacional, el niño se encuentra en una situación vulnerable con respecto a varios aspectos de su derecho a la vida privada” (cfr. párr. 49).
“Sin embargo, de esto no se puede inferir que los Estados están obligados a optar por el registro de los detalles de los certificados de nacimiento legalmente establecidos en el extranjero. [E]l Tribunal considera que la elección de los medios para permitir el reconocimiento del vínculo legal entre el niño y los padres o madres con voluntad procreacional está dentro del margen de apreciación de los Estados” (cfr. párrs. 50 y 51).
“[D]ependiendo de las circunstancias de cada caso, otros medios pueden servir adecuadamente al interés superior, incluida la adopción, que, con respecto al reconocimiento de esa relación, produce efectos similares al registro de los detalles del certificado de nacimiento emitido en el extranjero” (cfr. párr. 53).
“Lo que resulta relevante es que cuando […] el vínculo entre el niño y la madre con voluntad procreacional se convierte en una realidad práctica […] debe existir un mecanismo efectivo que permita el reconocimiento de esa relación. La adopción puede satisfacer este requisito siempre que las condiciones que lo rijan sean adecuadas y el procedimiento permita tomar una decisión rápida a fin de que el niño no permanezca durante un largo período en una situación de incertidumbre legal con respecto a ese vínculo. Es evidente que estas condiciones deben incluir un análisis de los tribunales sobre el interés superior del niño según las circunstancias del caso” (cfr. párr. 54).
“En conclusión, dado el margen de apreciación permitido a los Estados sobre la elección de los medios y las alternativas al registro, la adopción […] puede ser aceptable en tanto el procedimiento establecido por la legislación nacional garantice que se implemente con rapidez y de manera efectiva, de acuerdo con el interés superior del niño” (cfr. párr. 55).
GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN; FAMILIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; VULNERABILIDAD; FILIACIÓN; MATERNIDAD; INSCRIPCIÓN REGISTRAL; NO DISCRIMINACIÓN; ADOPCIÓN;
Chernev v. RusiaComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que Rusia era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud del artículo 7 (prohibición de la tortura), leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“El Comité […] observa que el uso de la fuerza por la policía, que puede justificarse en determinadas circunstancias, puede considerarse contrario al artículo 7 en circunstancias en que la fuerza utilizada se considera excesiva [CDH. AHG v. Canadá. CCPR/C/113/D/2091/2011. 5/6/2013]. El Comité remite al párrafo 4 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990), en los que se establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores (párr. 6). Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (párr. 7). El Comité señala que, si bien el Estado parte informa de que llevó a cabo varias investigaciones sobre las alegaciones del autor, no se ha demostrado que esas investigaciones se emprendieran con prontitud o se realizaran eficazmente. El Comité destaca que, aunque el abogado del peticionario presentó la primera denuncia de malos tratos el 21 de junio de 2007, una semana después de la detención, la primera investigación de la denuncia no comenzó hasta el 31 de agosto de 2007. Además, no se sometió al autor a ningún examen médico forense hasta el 19 de febrero de 2009 y las autoridades tardaron en interrogar a los principales testigos y al personal médico, como lo demuestran las decisiones judiciales de 19 de septiembre de 2008 y 1 de junio de 2010, dictadas cuando las lesiones ya se habían curado y los testigos no podían recordar los detalles de los hechos en cuestión debido al tiempo transcurrido” (párr. 12.2).
“[L]a falta de realización por un Estado parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación separada del Pacto [Observación General 20 (1992) relativa a la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Observación General 31 (2004) relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. Véase también, Askarov v. Kirguistán. CCPR/C/116/D/2231/2012, 11/5/2016 y Batanov v. Rusia, CCPR/C/120/D/2532/2015, 6/10/2017]. El Comité reitera que el Pacto no reconoce el derecho de una persona a exigir que el Estado parte incoe una causa penal contra otra persona [X v. Sri Lanka. CCPR/C/120/D/2256/2013, 22/8/2017]. No obstante, considera que el Estado parte tiene el deber de investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva las presuntas violaciones de los derechos humanos, procesar a los sospechosos y castigar a los responsables de tales violaciones, así como de establecer otras formas de reparación, por ejemplo una indemnización. El Comité observa que nada de lo que consta en el expediente le permite concluir que la investigación llevada a cabo por las autoridades de las denuncias de tratos crueles e inhumanos del autor fuera pronta o eficaz” (párr. 12.3).
TORTURA; FUERZAS DE SEGURIDAD; USO DE LA FUERZA; DEBIDO PROCESO; DETENCIÓN DE PERSONAS; VIOLENCIA; TESTIGOS; PERICIA MÉDICA; CUERPO MÉDICO FORENSE;
SC y GP v. ItaliaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que Italia era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud del artículo 12 (derecho a la salud, derecho a la salud sexual y reproductiva, consentimiento informado) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, leídos conjuntamente con el artículo 2, párrafo 1 del mismo.
“[L]a comunicación plantea dos cuestiones centrales: si la transferencia de un embrión al útero de SC sin su consentimiento constituye una vulneración de su derecho a la salud; y si la incertidumbre, creada por la Ley sobre si puede o no revocarse el consentimiento para la transferencia de embriones después de la fecundación constituye una vulneración del derecho de los peticionarios al disfrute del más alto nivel posible de salud en virtud del artículo 12 y a la protección de su familia en virtud del artículo 10. Estas cuestiones jurídicas básicas requieren el examen previo de otras dos cuestiones: a) el alcance del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y su relación con la igualdad de género; y b) la determinación de cuáles son las limitaciones permitidas al artículo 12” (párr. 7.4).
1. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Género. Igualdad. No discriminación.
“El Comité recuerda que ‘el derecho a la salud sexual y reproductiva también es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos. Está íntimamente ligado a los derechos civiles y políticos que fundamentan la integridad física y mental de las personas y su autonomía, como los derechos a la vida; a la libertad y la seguridad de la persona; a no ser sometido a tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes’. El Comité recuerda también que ‘el derecho a la salud sexual y reproductiva implica un conjunto de libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva’. Además, ‘las violaciones de la obligación de respetar se producen cuando el Estado, mediante leyes, políticas o actos, socava el derecho a la salud sexual y reproductiva. Esas violaciones comprenden la injerencia del Estado con la libertad de la persona para controlar su propio cuerpo y la capacidad para adoptar decisiones libres, informadas y responsables en ese sentido [...]. Las leyes y políticas que prescriben intervenciones médicas involuntarias, coactivas o forzadas, incluida la esterilización forzada o las pruebas obligatorias del VIH/sida, la virginidad o el embarazo, también violan la obligación de respetar’” (párr. 8.1).
“‘[L]a experiencia de las mujeres sometidas a discriminación y violencia sistemáticas durante toda su vida requiere una comprensión global del concepto de igualdad de género en el marco del derecho a la salud sexual y reproductiva. La no discriminación por razón de sexo, garantizada en el artículo 2 2) del Pacto, y la igualdad de las mujeres, garantizada en el artículo 3, requieren eliminar no solo la discriminación directa, sino también la indirecta, y asegurar la igualdad formal y sustantiva. Las leyes, las políticas y las prácticas neutrales pueden perpetuar las desigualdades de género y la discriminación ya existentes contra la mujer. La igualdad sustantiva requiere que las leyes, las políticas y las prácticas no mantengan, sino que mitiguen, la desventaja inherente que experimentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva’”. (párr. 8.2).
“El Comité recuerda que, como parte de las obligaciones que corresponden al Estado parte en virtud del artículo 3, ‘incumbe a los Estados partes tener en cuenta la manera en que la aplicación de normas y principios jurídicos aparentemente neutrales en lo que se refiere al género tenga un efecto negativo en la capacidad del hombre y la mujer para disfrutar de sus derechos humanos en pie de igualdad’” (párr. 8.3).
2. Salud pública. Tratamiento médico. Consentimiento informado. Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Responsabilidad del Estado. Igualdad. No discriminación.
“El artículo 12 del Pacto no es absoluto y puede estar sujeto a las limitaciones permitidas por el artículo 4 del Pacto. El Comité recuerda que la cláusula limitativa —el artículo 4— tiene por objeto fundamental proteger los derechos de los particulares, y no permitir la imposición de limitaciones por parte de los Estados. Por consiguiente, el Estado parte que restrinja el disfrute de un derecho reconocido en el Pacto tiene la obligación de justificar la adopción de esas graves medidas en relación con cada uno de los elementos enunciados en el artículo 4. Esas restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por el Pacto, en aras de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática” (párr. 9).
“El Comité observa la primera reclamación presentada por los peticionarios en virtud del artículo 12, a saber, que consideran que se vulneró el derecho de SC a la salud cuando se la obligó a someterse a la transferencia de un embrión a su útero en contra de su voluntad. El Comité observa que esta transferencia dio lugar a un aborto espontáneo que ha sido traumático para la autora. El Comité recuerda que el derecho a la salud incluye el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre cualquier tratamiento médico al que pueda someterse una persona. Por lo tanto, las leyes y políticas que prescriben intervenciones médicas involuntarias, coercitivas o forzadas contravienen la responsabilidad del Estado de respetar el derecho a la salud. El Comité observa además que el hecho de obligar a una mujer a que se le transfiera un embrión a su útero constituye claramente una intervención médica forzada. El Comité concluye que, en las circunstancias de este caso, los hechos que se le han expuesto constituyen una vulneración del derecho de SC a la salud, consagrado en el artículo 12 del Pacto” (párr. 10.1).
“[C]uando la información pertinente presentada en una comunicación aporta indicios razonables de que una ley que afecta desproporcionadamente a la mujer contraviene la obligación del Estado parte de garantizar la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute del derecho presuntamente vulnerado, incumbe al Estado parte demostrar que ha cumplido las obligaciones que le impone el artículo 3 del Pacto” (párr. 10.2).
“El Comité observa que la Ley 40/2004, tal como se interpreta en el caso de los peticionarios, restringe el derecho de las mujeres sometidas al tratamiento a revocar su consentimiento, lo que puede dar lugar a intervenciones médicas forzadas o incluso a embarazos forzados de todas las mujeres que se someten a un tratamiento de fecundación in vitro. Considera que, aunque, presumiblemente, esta restricción del derecho a retirar el consentimiento afecta a ambos sexos, supone una carga extremadamente onerosa para las mujeres. El Comité observa que las consecuencias que puede tener para las mujeres son extremadamente graves y constituyen una violación directa del derecho a la salud y a la integridad física de la mujer. Concluye que la transferencia de un embrión al útero de SC sin su consentimiento válido constituyó una vulneración de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y de su derecho a la igualdad de género en el disfrute de su derecho a la salud, lo que constituye una violación del artículo 12 del Pacto, leído por sí solo y en conjunción con el artículo 3” (párr. 10.3).
“[E]l Comité reconoce que los peticionarios no pueden acceder a los tratamientos de fecundación in vitro. El Comité considera que de ello se desprende que la Ley  40/2004 impone una restricción al derecho de los peticionarios a la salud, ya que impide su acceso a un tratamiento de salud que de otro modo estaría disponible en el Estado parte” (párr. 11.1).
“Las restricciones a los derechos protegidos por el Pacto deben ajustarse a las limitaciones previstas en el artículo 4 del mismo. El Comité recuerda que, según el artículo 4, las restricciones deben ser compatibles ‘con la naturaleza de esos derechos’. El Comité ha llegado a la conclusión de que la prohibición de revocar el consentimiento para la transferencia de un embrión constituye una vulneración del derecho a la salud, puesto que puede dar lugar a intervenciones médicas forzadas o incluso a embarazos forzados. Esta prohibición afecta a la esencia misma del derecho a la salud y excede el tipo de restricción que se justificaría en virtud del artículo 4 del Pacto. La prohibición, o al menos la ambigüedad en cuanto a su existencia, es la causa por la que los peticionarios no pueden acceder a tratamientos de fecundación in vitro. Por consiguiente, el Comité considera que la restricción no es compatible con la naturaleza del derecho a la salud y que los hechos que le han sido expuestos ponen de manifiesto una violación del artículo 12 del Pacto con respecto a ambos peticionarios” (párr. 11.2).
“Por último, el Comité observa que la mayoría de los problemas planteados por los peticionarios en su petición están relacionados con las ambigüedades, y posiblemente incluso las incoherencias, de la normativa del Estado parte sobre la fecundación in vitro y la posible investigación con embriones y células madre. Estas ambigüedades se deben, en parte, al hecho de que la Ley 40/2004, aprobada en 2004, ha sido objeto de modificaciones importantes, aunque parciales, a raíz de varias decisiones del Tribunal Constitucional. Además, el Comité es consciente de que se trata de un ámbito en el que las opiniones de la sociedad han evolucionado considerablemente y de que la ciencia y las técnicas se encuentran en un estado de desarrollo constante. Por esas razones, y como han subrayado otros órganos de derechos humanos, los Estados deben actualizar periódicamente sus normativas para armonizarlas con sus obligaciones en materia de derechos humanos y con la evolución de la sociedad y el progreso científico. En el Estado parte, esto parece aún más urgente” (párr. 11.4).
DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); TRATAMIENTO MÉDICO; CONSENTIMIENTO INFORMADO; GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; SALUD PÚBLICA; VOLUNTAD PROCREACIONAL; FAMILIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
EB v. RumaniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el Estado rumano violó los artículos 3 (Prohibición de la tortura) y 8 (Derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Abuso sexual. Víctima. Vulnerabilidad. Debido proceso. Derecho a la vida privada y familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante.
“El Tribunal reitera que la obligación que tienen [los Estados] en virtud del Artículo 1 del Convenio, a fin de asegurar a todas las personas de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Convenio –en conjunto con el Artículo 3–, requiere que los Estados tomen medidas destinadas a garantizar que las personas bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos, incluidos los malos tratos llevados a cabo por personas particulares. Estas medidas deberían proporcionar una protección efectiva, en particular de los niños y otros grupos vulnerables, e incluir los pasos razonables para prevenir hechos de malos tratos que las autoridades conocieron o debieron conocer. En el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad, el Tribunal sostuvo que las autoridades deben mostrar una atención particular y ofrecer una mayor protección, sobre todo teniendo en cuenta que la capacidad o la disposición de esas personas a menudo se ve afectada [hay nota]” (cfr. párr. 53).
“Sobre esa base, el Tribunal considera que los Estados tienen la obligación positiva –inherente al artículo 3 del Convenio– de promulgar leyes penales que castiguen de manera efectiva el abuso sexual y aplicarlas en investigaciones y juicios efectivos” (cfr. párr. 54).
“[E]l Tribunal está convencido de que cualquier aproximación rígida al enjuiciamiento de delitos sexuales, como la exigencia de pruebas de resistencia física más allá de las circunstancias del hecho, corre el riesgo de dejar impunes a ciertos tipos de violación y pone en peligro la protección efectiva de la autonomía sexual de la persona involucrada. De acuerdo con los estándares y las tendencias contemporáneas en esa área, las obligaciones positivas de los Estados miembros en virtud de los artículos 3 y 8 del Convenio deben considerar la exigencia de penalización y el enjuiciamiento efectivo de cualquier acto sexual no consensuado, incluso en aquellos casos donde no haya resistencia física de la víctima” (cfr. párr. 56).
“En casos similares, el Tribunal ha sostenido que la presencia de dos versiones irreconciliables respecto de los hechos exige una valoración sensible del contexto y la credibilidad de cada declaración, así como la verificación de todas las circunstancias relacionadas [hay nota]. Eso puede desarrollarse a través del interrogatorio de personas que conozcan a la peticionaria o el acusado, amigos, vecinos y otras personas que puedan arrojar luz sobre la verosimilitud de las declaraciones, o mediante la intervención de un psicólogo especialista. En este contexto, las autoridades también pueden verificar si existe cualquier razón para que la víctima realice falsas acusaciones contra el presunto abusador [hay nota]. De todas maneras, el Tribunal observa que en el presente caso ninguna de estas medidas tuvo lugar a lo largo de las distintas instancias de la investigación y el juicio” (cfr. párr. 58).
2. Abuso sexual. Víctima. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad.
“[E]l Tribunal ha sostenido que la falta de una investigación apropiada o de una respuesta judicial adecuada en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes u otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad intelectual, genera un marco de impunidad que puede vulnerar las obligaciones positivas del Estado de acuerdo a lo previsto en el Artículo 3 del Convenio [hay nota]” (cfr. párr. 59).
“En tales circunstancias, el Tribunal considera que la discapacidad intelectual de la peticionaria, confirmada por documentación médica, la ubica en una situación de mayor vulnerabilidad y requiere que tanto las autoridades de investigación como los tribunales locales aumenten la diligencia en el análisis de sus declaraciones. Además, se debió haber puesto especial atención en el análisis de la validez de su consentimiento a la luz de su capacidad intelectual […]” (cfr. párr. 60).
3. Abuso sexual. Acceso a la justicia. Víctima. Derecho a la integridad personal.
“De acuerdo a lo analizado y sin intenciones de expresar una opinión sobre la culpabilidad [de la persona acusada], el Tribunal considera que la falta de una respuesta adecuada a la denuncia de violación, y el hecho de no haberse respetado adecuadamente los derechos de la peticionaria como víctima de violencia, presenta dudas sobre la efectividad del sistema penal del Estado y su conformidad con las obligaciones internacionales, y deja el procesamiento penal carente de sentido” (cfr. párr. 67).
“Estos argumentos son suficientes para concluir que las autoridades no cumplieron con sus obligaciones positivas respecto de la aplicación efectiva de un sistema de derecho penal que castiga todas las formas de violación y abuso sexual, y garantiza una protección adecuada de la integridad física de la peticionaria” (cfr. párr. 68).
ABUSO SEXUAL; VICTIMA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; ACCESO A LA JUSTICIA;
Muelle Flores v. PerúCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Perú era responsable por la violación de los artículos 8.1, 25.1, 25.2.c), 26, 5, 11.1, 21.1, y 21.2 (garantías judiciales, protección judicial, seguridad social, integridad personal, dignidad y a la propiedad privada), de la Convención Americana.
1. Debido proceso. Ejecución de sentencias. Tutela judicial efectiva.
“[L]a responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios y mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones definitivas, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. Asimismo, […] la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento” (párr. 125).
“[L]a ejecución de las sentencias debe ser regida por aquellos estándares específicos que permitan hacer efectivos los principios, inter alia, de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, y estado de derecho. La Corte también ha señalado que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora” (párr. 126).
“[E]l principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias y garantizar el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia. La Corte estima que en un ordenamiento basado sobre el principio del Estado de Derecho todas las autoridades públicas, dentro del marco de su competencia, deben atender las decisiones judiciales, así como dar impulso y ejecución a las mismas sin obstaculizar el sentido y alcance de la decisión ni retrasar indebidamente su ejecución” (párr. 127).
“Este Tribunal resalta […] la obligación de ejecutar ‘toda decisión en que se haya estima-do procedente el recurso’. Ello quiere decir que, la garantía de mecanismos eficaces de ejecución de decisiones o sentencias definitivas debe darse en relación con decisiones definitivas dictadas tanto en contra de entidades estatales como de particulares. Asimismo, es imprescindible la adopción de medidas adecuadas y eficaces de coerción, para que, de ser necesario, las autoridades que dicten las decisiones o sentencias puedan ejecutarlas y con ello lograr la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento definitivo” (párr. 128).
2. Pensión. Jubilación. Debida diligencia. Ejecución de sentencias. Privatización.
“[La] falta de regulación clara respecto de quién sería el responsable del pago de la pen-sión del señor Muelle Flores, generó una situación de incertidumbre sobre su cobro, lo cual, a su vez, generó un obstáculo en el cumplimiento y ejecución de la sentencia. El Estado tenía una obligación judicial de cumplimiento, la cual se debió mantener luego de la privatización, o al menos, se debió establecer sobre qué entidad (sea pública o privada) recaería dicha obligación de cumplimiento. Es preciso recordar que con base en las obligaciones derivadas del artículo 1.1 de la Convención, el Estado no solo tiene la obligación de respetar los derechos, sino de hacerlos respetar, por lo que aun en el supuesto de que un privado fuese el responsable del pago de la pensión del señor Muelle, el Estado tenía la obligación de garantizar que el pago de su pensión se hiciera efectivo” (párr. 134).
“En virtud de las obligaciones del Estado, la Corte estima que no solo debió cumplir con el pago de la pensión ordenado judicialmente, de manera inmediata, y con especial dili-gencia y celeridad, al tratarse de un derecho de ‘carácter alimentario y sustitutivo del salario’ […], sino que debió haber establecido expresa y claramente qué entidad se encargaría del cumplimiento de la decisión judicial ordenada antes de la privatización, esclareciendo y reconduciendo de oficio, el trámite a la entidad estatal que estaría a cargo del pago correspondiente. Ello, no sucedió en el presente caso, sino que por el contrario, dicha responsabilidad fue trasladada a la víctima” (párr. 137).
“[E]l Tribunal considera que la falta de adopción de salvaguardas normativas o de otra índole para evitar una violación de los derechos del señor Muelle Flores como consecuencia de la privatización, creó un obstáculo en relación con el cobro de la pensión reconocida judicialmente a la víctima y con la ejecución de las sentencias de amparo, lo que derivó en que el señor Muelle Flores, hasta la actualidad, no pueda gozar del pago de una pensión a la cual contribuyó y adquirió de pleno derecho” (párr. 139).
“[T]anto el cumplimiento como la ejecución de las sentencias constituyen componentes del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. De igual manera, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, debido a que el derecho a la protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado permitiera que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las par-tes. La Corte considera, que para tal efecto, dentro del deber de garantizar los medios y mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones definitivas, ‘deben establecerse mecanismos de seguimiento e imposición del cumplimiento que estén disponibles y sean accesibles en la práctica […] [como medidas coercitivas de distinta naturaleza, entre ellas,] las sanciones contra quienes dificultan el ejercicio efectivo de los derechos […]’. Ello, con-tribuiría con hacer efectivo el derecho protegido por la decisión que se busca implementar” (párr. 140).
“[E]l Estado es responsable por el incumplimiento de las sentencias dictadas a favor del señor Muelle Flores, por la creación de obstáculos derivados de la privatización, por la ineficacia del poder judicial para hacer efectivo dicho cumplimiento y para revertir los efectos negativos de la privatización, así como por la ausencia de implementación de medidas para remediar dicha situación por un periodo prolongado de tiempo […]” (párr. 149).
3. Debido proceso. Plazo razonable.
“[U]na demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales, lo cual también es aplicable a los procedimientos de ejecución de sentencias judiciales firmes. El Tribunal ha señalado que ‘la ejecución de una sentencia emitida por cualquier tribunal debe, por tanto, ser entendida como parte integral del ‘juicio’’. Es decir que, un retraso injustificado en la ejecución de una sentencia judicial puede implicar la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El Tribunal estima que, ‘como el cumplimiento debe ser considerado parte integrante de los procedimientos, este derecho debe entenderse en conjunción con la exigencia de una ‘decisión pronta’ cuando se examina la duración de un juicio o procedimiento’’ (párr. 154).
“[L]a evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, lo cual podría también incluir la ejecución de la sentencia definitiva. De esta manera, ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto” (párr. 155).
“En cuanto al plazo razonable en relación con la etapa de ejecución de sentencias, la Cor-te resalta que dicho plazo debe ser más breve debido a la existencia de una decisión firme en relación con una materia concreta. Es inadmisible que un procedimiento de ejecución de sentencia distorsione temporalmente lo resuelto en sentencia definitiva o de cualquier otro modo lo desvirtúe o vuelva inoficioso, prolongando exagerada o indefinidamente la situación litigiosa ya resuelta. Ello adquiere mayor relevancia en un proceso de ejecución de sentencias, por medio de las cuales fue reconocido a nivel interno el derecho a la seguridad social de la víctima, una persona mayor con discapacidad auditiva, debido al carácter alimentario de la prestación reclamada. En estos casos, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana, debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar con particular celeridad en la ejecución de las decisiones internas” (párr. 157).
“[…] En todo caso, la Corte considera que el impulso procesal para lograr el cumplimiento de un derecho humano (seguridad social) conforme a un mandato judicial, reconocido incluso en la Constitución peruana, no puede atribuírsele completamente a la víctima, ya que el obligado a garantizar dicho derecho es el Estado. Dado lo expuesto, existió una prolongación excesiva del proceso de ejecución y períodos de inactividad de las autoridades” (párr. 161).
“Al respecto, es dable destacar que desde las sentencias dictadas en 1993 y 1999 hasta la fecha, han transcurrido más de 26 y 19 años, respectivamente, los que en una persona de avanzada edad y carente de recursos económicos, han ocasionado un impacto en su situación jurídica. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que se encuentra suficientemente probado que la prolongación de la ejecución del proceso en este caso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurídica del señor Muelle Flores, por cuanto al retrasarse el cumplimiento de las resoluciones judiciales del caso, se afectó el desarrollo de su vida luego de su jubilación” (párr. 165).
4. Seguridad Social. Pensión. Jubilación.
“[L]a Corte se pronunciará por primera ocasión respecto del derecho a la seguridad social, en particular sobre el derecho a la pensión, de manera autónoma, como parte integrante de los DESCA y para tal efecto seguirá el siguiente orden: a) el derecho a la seguridad social como derecho autónomo y justiciable; b) el contenido del derecho a la seguridad, y c) la afectación del derecho a la seguridad social en el presente caso” (párr. 171).
“[D]el artículo 45 de la Carta de la OEA, interpretado a la luz de la Declaración Americana y de los demás instrumentos mencionados, se puede derivar elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, como por ejemplo, que es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. En particular y en el caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad social buscar proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso” (párr. 183).
“[C]on base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, y tomando en cuenta los hechos y particularidades del presente caso, las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la pensión son las siguientes: a) el derecho a acceder a una pensión luego de adquirida la edad legal para ello y los requisitos establecidos en la normativa nacional, para lo cual deberá existir un sistema de seguridad social que funcione y garantice las prestaciones. Este sistema deberá ser administrado o supervisado y fiscalizado por el Estado (en caso de que sea administrado por privados); b) garantizar que las prestaciones sean suficientes en importe y duración, que permitan al jubilado gozar de condiciones de vida adecuadas y de accesos suficiente a la atención de salud, sin discriminación; c) debe haber accesibilidad para obtener una pensión, es decir que se deberán brindar condiciones razonables, proporcionadas y transparentes para acceder a ella. Asimismo, los costos de las cotizaciones deben ser asequibles y los beneficiarios deben recibir información sobre el derecho de manera clara y transparente, especialmente si se tomara alguna medida que pueda afectar el derecho, como por ejemplo la privatización de una empresa; d) las prestaciones por pensión de jubilación deben ser garantizadas de manera oportuna y sin demoras, tomando en consideración la importancia de este criterio en personas mayores, y e) se deberá disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una violación del derecho a la seguridad social, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, lo cual abarca también la concretización material del derecho a través de la ejecución efectiva de decisiones favorables dictadas a nivel interno” (párr. 192).
5. Derecho a la integridad personal. Adultos mayores. Discapacidad.
“[E]n un contexto de no pago de la pensión reconocida judicialmente, los derechos a la seguridad social, a la integridad personal y la dignidad humana se interrelacionan, y en ocasiones, la vulneración de uno genera directamente la afectación del otro, situación que se acentúa en el caso de las personas mayores” (párr. 201).
“[L]a ausencia de recursos económicos ocasionada por la falta de pago de las mesadas pensionales genera en una persona mayor directamente un menoscabo en su dignidad, pues en esta etapa de su vida la pensión constituye la principal fuente de recursos económicos para solventar sus necesidades primarias y elementales del ser humano” (párr. 205).
“[L]a afectación del derecho a la seguridad social por el no pago de las mesadas pensiona-les implica angustia, inseguridad e incertidumbre en cuanto al futuro de una persona mayor por la posible falta de recursos económicos para su subsistencia, ya que la privación de un ingreso lleva intrínsecamente la afectación en el avance y desarrollo de su calidad de vida y de su integridad personal” (párr. 206).
“La falta de materialización del derecho a la seguridad social por más de 27 años generó un grave perjuicio en la calidad de vida y la cobertura de salud del señor Muelle, una persona en situación de especial protección por ser una persona mayor con discapacidad. La vulneración generada por la falta de pago de la pensión se extendió más allá del plazo razonable debido, y al ser este el único ingreso de la víctima, la ausencia prolongada del pago generó indefectiblemente una precariedad económica que afectó la cobertura de sus necesidades básicas, y por ende también su integridad psicológica y moral, así como su dignidad” (párr. 207).
6. Derecho a la propiedad. Pensión.
“[L]os beneficios que se derivan de la seguridad social, incluido el derecho a una pensión de vejez, forman parte del derecho de propiedad y por tanto deben estar protegidos contra la interferencia arbitraria del Estado. El derecho a la propiedad puede cubrir aún las expectativas legítimas del titular del derecho, en particular cuando haya efectuado aportes en un sistema contributivo. Con muchísima más razón, cubre los derechos adquiridos una vez perfeccionadas las condiciones para obtener un beneficio tal como la pensión de vejez, más aún cuando ese derecho ha sido reconocido a través de una sentencia judicial. Complementariamente, entre el abanico de intereses protegidos por el derecho a la propiedad, los beneficios de la seguridad social adquieren particular importancia por su ya mencionado carácter alimentario y sustitutivo del salario” (párr. 214).
“[L]a víctima no pudo gozar integralmente de su derecho a la propiedad privada sobre los efectos patrimoniales de su pensión, legalmente reconocida, entendiendo aquéllos como los montos dejados de percibir. De igual manera, debido a que el Estado aún no ha hecho efectivas las sentencias a nivel interno que ordenaron el pago de las pensiones del señor Muelle Flores, la afectación de su patrimonio continúa. Lo anterior es una consecuencia directa de la falta de cumplimiento de lo ordenado en las sentencias de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional” (párr. 217).
PENSIÓN; JUBILACIÓN; SEGURIDAD SOCIAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PRIVATIZACIÓN; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DEBIDO PROCESO; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; PLAZO RAZONABLE; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO DE PROPIEDAD;
Informe del Relator Especial sobre la tortura en su visita a la ArgentinaRelator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
El Relator recomendó, entre otras cosas, llevar a cabo una reforma exhaustiva de la administración del sistema de justicia para que se aleje de las sanciones punitivas para centrarse en la rehabilitación y la reintegración de las personas que cometieron delitos. A su vez, señaló que las autoridades deben garantizar que todos los actos de tortura infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia se tipifiquen como delito, y se castiguen con penas adecuadas a su gravedad. Por otra parte, consideró que corresponde asegurar la existencia de mecanismos de denuncia, vigilancia e investigación accesibles, totalmente independientes, proactivos, rápidos y efectivos para la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de abusos cometidos no solo por la policía y el personal penitenciario, sino también por funcionarios de todos los servicios y ramas del gobierno.
1. Tortura. Código Penal. Reforma legal. Tipicidad.
“El delito de tortura está tipificado en el artículo 144 ter del Código Penal. El Relator Especial reitera las preocupaciones expresadas por el Comité contra la Tortura acerca de la falta de  conformidad de esa tipificación con las disposiciones del artículo 1 de la Convención contra la Tortura (CAT/C/ARG/CO/5-6, párr. 9), en particular porque no incluye los criterios de intencionalidad y propósito específico como elementos definitorios del delito, no abarca el consentimiento o la aquiescencia de los funcionarios públicos y no contempla como posibles autores a otras personas que actúen en el ejercicio de funciones públicas. El Relator Especial recibió información sobre una iniciativa en curso encaminada a modificar el Código Penal y alienta encarecidamente a las autoridades competentes a que se aseguren de que la tipificación en la nueva disposición se ajuste a la definición que figura en el artículo 1 de la Convención” (párr. 9).
2. Procedimiento policial. Detención de personas. Uso de la fuerza. Vulnerabilidad.
“El Relator Especial también está seriamente preocupado porque supuestamente los agentes del orden proceden, de manera generalizada, a realizar detenciones a efectos de verificar la identidad. Al parecer, esta práctica a menudo da lugar a un uso excesivo de la fuerza y a detenciones arbitrarias para comprobar la identidad o por otros motivos ajenos a una conducta delictiva. Además, el Relator Especial expresa su alarma por la información recibida acerca del acoso violento y discriminatorio que sufren sistemáticamente los hombres jóvenes de los barrios marginados, los migrantes, los vendedores ambulantes, los líderes indígenas y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, que a menudo da lugar a detenciones arbitrarias so pretexto de una presunta actividad delictiva” (párr. 16).
“[E]l Relator Especial exhorta a todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley a que apliquen una estricta política de tolerancia cero hacia toda forma de brutalidad policial u otro uso excesivo de la fuerza, exijan una evaluación rigurosa antes de detener a una persona sospechosa de haber cometido un delito y se aseguren de que se informe inmediatamente a toda persona detenida de sus derechos y se le permita ejercerlos sin demora” (párr. 18).
3. Fuerzas de seguridad. Tráfico de estupefacientes. Detención de personas. Confesión.
“Según la información recibida, los agentes del orden están sometidos a una presión considerable para obtener resultados en las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos. El Relator Especial teme que esas expectativas supongan un incentivo peligroso que fomente el uso, por parte de los policías, de métodos coercitivos con el fin de obtener confesiones forzadas. Además, parece ser que en los organismos encargados de hacer cumplir la ley todavía se consideran aceptables la tortura y los malos tratos” (párr. 20).
“Otra razón que podría explicar la dependencia excesiva de las pruebas basadas en confesiones es que no se imparte una formación adecuada sobre métodos de investigación no coercitivos. Por consiguiente, el Relator Especial insta al Gobierno a que vele por que los agentes del orden reciban una formación adecuada en técnicas de investigación forense de base científica, que, además de ajustarse al derecho de los derechos humanos, han demostrado ser más eficaces para determinar los hechos de manera fiable” (párr. 21).
4. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Prisión preventiva. Plazo razonable. Tortura. Asistencia médica. Trabajo. Educación. Reinserción social.
“Si bien el Relator Especial acoge con satisfacción el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [hay nota], expresa preocupación porque la aplicación de este enfoque alternativo sigue siendo insuficiente para mitigar el hacinamiento carcelario. En la práctica, la privación de libertad todavía parece ser la medida rutinaria predilecta del poder judicial frente a cualquier presunto delito, a pesar de que existen medidas alternativas cuando los sospechosos no suponen una amenaza para la seguridad pública y no hay riesgo de que huyan o interfieran en la investigación” (párr. 30).
“[S]i bien la ley exige que los presos preventivos estén separados físicamente de los condenados, algunos centros no disponían de espacio suficiente para ello, por lo que los presos preventivos estaban sometidos al mismo régimen que los condenados. El Relator Especial comparte la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de que esa transformación de la naturaleza de la prisión preventiva en un castigo de facto sin condena infringe el artículo 10, párr. 2 a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (A/HRC/39/45/Add.1, párr. 33). En opinión del Relator Especial, los casos de prisión preventiva excesivamente prolongada observados durante su visita pueden constituir un trato cruel, inhumano o degradante que contraviene el derecho internacional” (párr. 33).
“El Relator Especial también se hace eco con gran preocupación de la información según la cual, a pesar de los reglamentos vigentes, el personal médico no efectúa los reconocimientos de manera concienzuda y, en particular, no pregunta sobre las lesiones ni se esfuerza por tratar de encontrar su causa” (párr. 50).
“El Relator Especial también desea subrayar la importancia de traspasar la responsabilidad en materia de asistencia sanitaria de la administración penitenciaria al Ministerio de Salud y Desarrollo Social o al ministerio de salud provincial competente, ya que la actual cadena de supervisión en los centros de reclusión no contribuye a que los profesionales de la salud documenten y denuncien casos de tortura o malos tratos con total independencia” (párr. 51).
“[L]as oportunidades laborales, educativas y recreativas revisten una importancia fundamental, no solo para el bienestar mental, emocional y físico de los reclusos, sino también para el éxito de su reintegración tras su puesta en libertad” (párr. 58).
5. Cárceles. Requisa. Familia. Mujeres. LGBTIQ. Traslado de detenidos. Tortura.
“Los reclusos de todas las instituciones visitadas señalaron que eran sometidos a registros corporales rutinarios cada vez que salían del establecimiento y volvían a entrar en él, por ejemplo antes y después de las vistas judiciales, durante las visitas de los familiares, e incluso cuando se trasladaban de una parte del establecimiento a otra. Algunos reclusos informaron de que habían sido objeto de registros corporales sin ropa y de inspecciones de orificios corporales, para lo cual a veces tenían que agacharse. La población más expuesta a ser estigmatizada o humillada por los registros son las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales” (párr. 60).
“[E]l Relator Especial desea recordar que los registros nunca deben ser más invasivos de lo necesario y deben realizarse de manera respetuosa, teniendo debidamente en cuenta factores como el género y la edad. Los registros excesivamente invasivos o humillantes efectuados únicamente con el fin de intimidar o acosar a un detenido pueden equivaler a malos tratos” (párr. 61).
“Muchos reclusos se quejaron de que estaban encarcelados lejos de sus familias, y de que la consiguiente falta de contacto con la familia se veía agravada por las visitas excesivamente breves y esporádicas y por procedimientos que los familiares consideraban humillantes. El Relator Especial expresa preocupación por las alegaciones de que los traslados a lugares de detención alejados se utilizaban como castigo o represalia contra ciertos detenidos. Desea subrayar que esos traslados punitivos no solo pueden tener consecuencias graves para la salud y el bienestar de los reclusos afectados y sus familiares, sino que también pueden constituir una pena cruel, inhumana o degradante” (párr. 62).
6. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Declaración de responsabilidad. Condiciones de detención.
“Uno de los problemas fundamentales del sistema penal de menores parece ser la clara tendencia hacia la detención y la reclusión sistemáticas de los presuntos delincuentes, aunque no hayan alcanzado la edad de responsabilidad penal, lo que los expone innecesariamente a un ambiente marcado por la violencia y el maltrato” (párr. 71).
7. Salud mental. Internación. Consentimiento informado. Condiciones de detención.
“Al Relator Especial le preocupa la supuesta utilización de terapias y tratamientos electroconvulsivos, de medicamentos como base fundamental de la terapia y de la hospitalización prolongada por razones sociales en vez de médicas. También le inquietan las irregularidades relacionadas con las historias clínicas y el hecho de que no sea necesario obtener el consentimiento informado de los pacientes para su hospitalización, que se considera oficialmente ‘voluntario’” (párr. 77).
8. Vulnerabilidad. Género. Mujeres. LGBITQ. Condiciones de detención.
“Al Relator Especial le preocupa también la falta de directrices o protocolos relativos a la atención para las mujeres embarazadas privadas de libertad. Según la información reunida, estas mujeres sufrían abusos obstétricos durante el embarazo y el parto y después de este por parte del personal penitenciario, administrativo y sanitario” (párr. 80).
“El Relator Especial se muestra también preocupado por las informaciones que dan cuenta de los registros vejatorios de personas transgénero en público o en las comisarías de policía, así como de su detención en condiciones humillantes. En particular, las comisarias provinciales no disponen de las instalaciones necesarias para mantener separadas a las personas transgénero detenidas” (párr. 81).
9. Pueblos indígenas. Protesta. Fuerzas de seguridad. Violencia institucional. No discriminación.
“El Relator Especial lamenta informar de las deplorables condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de protección adecuada de sus derechos a sus tierras tradicionales y su limitado disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales básicos. Expresa su profunda preocupación por los métodos violentos que supuestamente utilizan las fuerzas policiales para reprimir las protestas indígenas, así como por los patrones de marginación y discriminación de las personas privadas de libertad pertenecientes a los pueblos indígenas” (párr. 83).
TORTURA; CÓDIGO PENAL; REFORMA LEGAL; TIPICIDAD; FUERZAS DE SEGURIDAD; PROCEDIMIENTO POLICIAL; USO DE LA FUERZA; VULNERABILIDAD; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; DETENCIÓN DE PERSONAS; CONFESIÓN; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; PRISIÓN PREVENTIVA; PLAZO RAZONABLE; ASISTENCIA MEDICA; TRABAJO; EDUCACIÓN; REINSERCIÓN SOCIAL; REQUISA; FAMILIA; GÉNERO; LGBTIQ; TRASLADO DE DETENIDOS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; PROTESTA; NO DISCRIMINACIÓN;
DD v. EspañaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que España era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud del artículo 3 (interés superior del niño), 20 (protección de los niños no acompañados privados de su medio familiar) y 37 (no devolución, tortura y privación de libertad) de la Convención sobre los Derechos del Niño.
“La cuestión ante el Comité consiste en determinar si, en las circunstancias del presente caso, la devolución del peticionario por la Guardia Civil española a Marruecos el 2 de diciembre de 2014 violó sus derechos reconocidos en la Convención…” (párr. 14.2).
“El Comité considera que las obligaciones del Estado de proveer protección y asistencia especiales a niños no acompañados, de acuerdo con el artículo 20 de la Convención, ‘se aplican incluso con respecto a los menores que queden sometidos a la jurisdicción del Estado al tratar de penetrar en el territorio nacional’. Del mismo modo, el Comité considera que ‘el aspecto positivo de estos deberes de protección incluye también que los Estados han de tomar todas las disposiciones necesarias para identificar a los menores en situación de no acompañados lo antes posible, particularmente en la frontera’. Por lo anterior, es imperativo y necesario que, para cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 20 de la Convención y para respetar el interés superior del niño, el Estado conduzca un pro-ceso de evaluación inicial, previo a cualquier traslado o devolución, que comprenda las siguientes etapas: a) la determinación, con carácter prioritario, de la condición de menor no acompañado de la persona en cuestión y, en caso de incertidumbre, se otorgue al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal; b) la identificación del menor tras una entrevista inicial y c) el entendimiento de la situación concreta del menor y la evaluación de aspectos particulares de vulnerabilidad si los hubiere” (párr. 14.3).
“[E]n cumplimiento de las obligaciones resultantes del artículo 37 de la Convención, para velar porque ningún niño sea sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Estado no deberá trasladar a un menor ‘a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor’. Por lo anterior, el Comité considera que, de acuerdo con el artículo 37 de la Convención y a la luz del principio de no devolución, el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación previa sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable para el menor y de violaciones graves de sus derechos en el país al que será trasladado o devuelto, tomando en consideración el interés superior del niño, incluyendo, por ejemplo, ‘las consecuencias particularmente graves para los menores que presenta la insuficiencia de servicios alimentarios o sanitarios’. En particular, el Comité recuerda que ‘en el contexto de la evaluación de su interés superior y en los procedimientos de determinación de este interés superior, debe garantizarse a los niños el derecho de: a) acceder al territorio, cualquiera que sea la documentación que posean o de la que carezcan, y ser remitidos a las autoridades encargadas de evaluar las necesidades de protección de sus derechos, sin merma de las garantías procesales’ […]” (párr. 14.4).
“[E]l Comité reitera la obligación del Estado parte de no trasladar a un niño ‘a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor’ […]. El Comité considera que, a la luz de la situación de violencia contra migrantes en la zona de frontera con Marruecos y del maltrato al cual fue sometido el peticionario, no haber realizado una evaluación sobre el eventual riesgo de daño irreparable para el peticionario, antes de su deportación y no haber tenido en cuenta el interés superior del peticionario viola los artículos 3 y 37 de la Convención. […]” (párr. 14.6).
“[A] la luz de las circunstancias del caso, el no haber sometido al peticionario, en su condición de niño no acompañado, a un proceso de identificación y evaluación de su situación previo a su deportación, y no haberle dado oportunidad de presentar objeciones a su eventual deportación, viola sus derechos contemplados en los artículos 3 y 20 de la Convención” (párr. 14.7).
“[L]a forma en que se llevó a cabo la deportación del peticionario, en su condición de niño no acompañado privado de su medio familiar, en un contexto de migración internacional, habiendo sido detenido y esposado, sin haber sido escuchado, recibido asistencia legal o de un intérprete o tenido en cuenta sus necesidades, constituye tratos prohibidos por el artículo 37 de la Convención” (párr. 14.8).
MIGRANTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; VULNERABILIDAD; ABASTECIMIENTO; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; LIBERTAD; MENORES NO ACOMPAÑADOS;
Adam Harun v. SuizaComité contra la Tortura - CAT
El Comité contra la Tortura consideró que Suiza era responsable por haber infringido el derecho del peticionario en virtud del artículo 3 (prohibición de proceder a la expulsión o la devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
1. Refugiados. Derecho de asilo. Expulsión de extranjeros.
“[E]l Reglamento Dublín III se basa en el principio de que las solicitudes de asilo deben ser exa-minadas por las autoridades del Estado miembro de la Unión Europea que ha recibido la prime-ra solicitud de asilo (la solicitud es examinada por un solo Estado miembro). Sin embargo, el artículo 3, párrafo 2, de ese reglamento establece que puede ser imposible trasladar a un solicitan-te al primer país de asilo ‘debido a que hay razones fundadas para temer que existen deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes en ese Estado miembro que implican un peligro de trato inhumano o degradante’. Habida cuenta de estos elementos y a la luz del artículo 3 de la Convención, el Comité considera que el margen de apreciación dejado a los Estados en el marco de la aplicación del Reglamento Dublín impone la necesidad de llevar a cabo un examen individual de cada situación y de excluir la adopción y apli-cación de toda decisión individual de expulsión en los casos en que esta pondría a la persona en una situación de peligro real y fundado de padecer tratos o penas crueles, inhumanos o degra-dantes o actos de tortura. Por otra parte, varios órganos de protección de los derechos humanos han adoptado una interpretación similar. Así, el Comité de Derechos Humanos, en su decisión Jasin v. Dinamarca, concluyó que una decisión individual adoptada en aplicación del Reglamento Dublín entrañaba una violación de los derechos de los solicitantes consagrados en el artículo 7 del Pacto. El Comité recuerda igualmente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en una sentencia de 21 de enero de 2011 (MSS v. Bélgica y Grecia), concluyó que se había violado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos humanos porque el Estado parte había adoptado una decisión de expulsión en aplicación del Reglamento Dublín. Por consi-guiente, las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales son susceptibles de examen por el Comité porque pueden contravenir el artículo 3 de la Convención” (párr. 9.2).
2. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Principio de no devolución. Asistencia médica. Carga de la prueba.
El Comité debió evaluar si había razones fundadas para creer que el peticionario corría un riesgo personal de ser sometido a tortura o malos tratos en caso de ser expulsado a Italia. Para ello recordó  su Observación General núm. 4 (2017), “…relativa a la aplicación del artículo 3 en el contexto del artículo 22, según la cual la obligación de no devolución existe cuando haya razones fundadas para creer que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura en el Estado al cual debe ser expulsada, a título individual o en calidad de miembro de un grupo susceptible de ser torturado en el Estado de destino, y que la práctica del Comité consiste en determinar que hay ‘razones fundadas’ cada vez que el peligro es ‘previsible, personal, presente y real’. El Comité recuerda asimismo que la carga de la prueba recae en el peticionario, que debe presentar argu-mentos defendibles, es decir, argumentos fundados que demuestren que el peligro de ser some-tido a tortura es previsible, presente, personal y real. Sin embargo, cuando el peticionario se en-cuentre en una situación en la que no esté en condiciones de proporcionar detalles sobre su caso, la carga de la prueba se invierte e incumbe al Estado parte de que se trate la obligación de investi-gar las denuncias y verificar la información en la que se base la comunicación. El Comité otorga una importancia considerable a las conclusiones de los órganos del Estado parte de que se trate; sin embargo, no está vinculado por dichas conclusiones y evalúa libremente la información de que dispone, de conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes en cada caso” (párr. 9.5).
“[A]ntes de examinar la cuestión de la no devolución, los Estados partes deberían estudiar si otras formas de maltrato que correría el peligro de sufrir una persona objeto de una medida de expulsión podrían cambiar de naturaleza y constituir tortura. A este respecto, un dolor o sufri-mientos intensos no siempre pueden evaluarse objetivamente y dependen de las consecuencias físicas y/o psicológicas negativas que tengan en cada persona los actos de violencia o los malos tratos infligidos, habida cuenta de las circunstancias pertinentes de cada caso, en particular el tipo de trato, el sexo, la edad, el estado de salud y la vulnerabilidad de la víctima o cualquier otro factor o condición” (párr. 9.6).
“[I]ncumbía al Estado parte realizar una evaluación individualizada del peligro personal y real al que se vería expuesto el peticionario en Italia, habida cuenta, en especial, de su particular vulnera-bilidad en su calidad de víctima de tortura y solicitante de asilo, en vez de basarse en el postulado de que el autor estaría en condiciones de obtener un tratamiento médico adaptado” (párr. 9.9).
REFUGIADO; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DERECHO DE ASILO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; CARGA DE LA PRUEBA; ASISTENCIA MEDICA;
Yrusta, RA v. ArgentinaComité contra la Tortura - CAT
El Comité contra la Tortura consideró que la República Argentina era responsable por la violación del artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 1, y los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Convención.
1. Querella. Acceso a la justicia. Plazo razonable.
“[E]l Comité nota que de la información disponible no se deriva la existencia de una comunicación entre las autoridades de la administración provincial y los centros de asistencia judicial, con objeto de resolver el problema de la legitimación procesal o el patrocinio jurídico de las autoras para constituirse en querellantes en la causa conocida por la justicia provincial. El Comité también toma nota de que han pasado más de cinco años desde la primera petición de constitución de querellantes de las autoras, en febrero de 2013, hasta tal punto que la lesión del derecho a acceder efectivamente a la justicia y conocer la verdad de lo sucedido resulta irreversible, sin que el Estado parte haya entregado una solución satisfactoria a este respecto, ya sea permitiendo que las autoras se constituyan como querellantes o que se les reconozca de manera efectiva los derechos que les corresponden en su calidad de víctimas. El Estado parte no ha ofrecido argumentos convincentes para justificar el retraso en resolver la petición de las autoras de tener una participación efectiva en la investigación penal. Producto de la incapacidad de las autoras de obrar como querellantes, y de participar en los procedimientos judiciales e investigativos relacionados con el caso de su hermano y hacer efectivos los recursos internos disponibles […]. El Comité considera que el proceso de investigación sobre las causas de la muerte del Sr. Yrusta se ha prolongado de manera excesiva, cuestionando la efectividad que podrían haber tenido los remedios judiciales domésticos a disponibilidad de las autoras” (párr. 6.4).
“Por consiguiente, el Comité considera que los recursos internos relacionados con la petición de constitución de querellantes de las autoras han sido excesivamente prolongados, mientras que otros tipos de recursos no han estado disponibles para ellas. En vista de lo anterior, el Comité concluye que la regla de agotamiento de recursos internos no es obstáculo para la admisibilidad de las alegaciones de las autoras en el presente caso, debido a la demora excesiva y a la falta de acceso a ciertos recursos a nivel interno” (párr. 6.5).
2. Cárceles. Condiciones de detención. Traslado de detenido. Tortura.  
“[E]l Comité resalta que los Estados partes están en una posición especial de garantes de los derechos de las personas privadas de la libertad, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre ellas [hay nota]. Por lo tanto, se encuentran especialmente obligados a garantizar a las personas privadas de libertad los derechos establecidos en la Convención y a tomar medidas eficaces para que, entre otras cosas, la privación de la libertad no pueda convertirse en ningún momento en una detención en secreto y desaparición forzada, o que pueda facilitar la comisión de actos de tortura u otros malos tratos en contra de quienes están privados de libertad. [E]l Comité considera que el Estado parte ha vulnerado el artículo 2 de la Convención, al no haber adoptado medidas eficaces para impedir los eventuales actos de tortura cometidos contra el Sr. Yrusta. El Comité toma nota asimismo del argumento de las autoras según el cual se habría violado el artículo 11 porque el Estado parte no efectuó el examen necesario del tratamiento que le fue dispensado al Sr. Yrusta durante los traslados entre distintos centros penitenciarios y su detención, así como la falta de controles judiciales o ausencia de registros adecuados durante su encarcelamiento. A falta de una información convincente del Estado parte que demuestre que supervisó las condiciones de reclusión del Sr. Yrusta, el Comité llega a la conclusión de que el Estado parte ha vulnerado el artículo 11 de la Convención” (párr. 7.3).
“En este contexto, el Comité recuerda que la investigación sobre alegaciones de tortura impone la obligación del Estado parte de verificar los hechos y revelar pública y completamente la verdad, en la medida en que esa verdad no cause más daño o atente contra la seguridad y los intereses de las autoras de la presente queja” (párr. 7.9).
3. Familia. Víctima. Querella. Plazo razonable.  
“[D]e conformidad con el artículo 14 de la Convención, el concepto de ‘víctima’ comprende a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencias de actos u omisiones que constituyan una violación de la Convención [hay nota]. Este concepto de víctima también comprende a la familia inmediata, como son las hermanas del Sr. Yrusta, las autoras de la presente queja. El Comité observa que el Estado parte no presenta argumentos que permitan concluir que las hermanas del Sr. Yrusta no entran dentro de esa categoría. Más bien, el Comité considera que la angustia y el sufrimiento causados a las autoras por la falta de información que permitiera el esclarecimiento de lo ocurrido a su hermano está agravado por el no reconocimiento, de hecho, de su condición de víctima, el cual se convierte en un factor de revictimización incompatible con los principios de la Convención16. El Comité considera que, en el presente caso, el simple hecho de tardar más de cinco años en permitir que las autoras participen como querellantes en el proceso de investigación entraña, de por sí, la violación de los artículos 12, 13, y 14, párrafo 1, de la Convención. Transcurrido un plazo tan dilatado, la posibilidad de participar activa y eficazmente en el proceso se reduce considerablemente, hasta tal punto que la lesión del derecho resulta irreversible, en violación del derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener una reparación” (párr. 7.10).
CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; TRASLADO DE DETENIDOS; TORTURA; VICTIMA; QUERELLA; DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; ACCESO A LA JUSTICIA; FAMILIA; RECURSOS; PLAZO RAZONABLE;
Rooman v. BélgicaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
En la sentencia de la Gran Sala, el TEDH sostuvo que, desde principios de 2004 hasta agosto de 2017, Bélgica infringió el artículo 3 del Convenio. Además, concluyó, por unanimidad, que desde 2004 hasta agosto de 2017, violó el artículo 5 del Convenio. En ese sentido, consideró que la privación de libertad durante el período comprendido en ese periodo no tuvo lugar en un establecimiento apropiado, que pudiera brindarle atención adecuada a su estado de salud de conformidad con los requisitos del artículo 5.1.
1. Pena. Prisión. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Tratamiento médico. Vulnerabilidad. Derecho a la salud. Salud pública. Salud mental.
“Como ha señalado de manera reiterada este Tribunal, el artículo 3 del Convenio consagra uno de los valores más importantes y fundamentales de una sociedad democrática […]. En términos absolutos prohíbe la tortura o los tratos o penas inhumanos o degradantes, con independencia de las circunstancias concretas y del comportamiento de la víctima. Para que el tratamiento se encuentre dentro del alcance de esa disposición, debe alcanzar un nivel mínimo de severidad. La evaluación de este mínimo es relativa; depende de todas las circunstancias del caso, como la duración del tratamiento, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima. Se considera que el tratamiento es ‘degradante’ cuando hace despertar en la víctima sentimientos de temor, angustia o inferioridad que puedan llegar a ser capaces de romper su fortaleza física y moral, o cuando es capaz de hacer que la víctima actúe en contra de su voluntad o conciencia. Aunque si el tratamiento está destinado a humillar o degradar a la víctima, este es otro elemento a tener en cuenta, pero la ausencia de tal objetivo no puede, sin embargo, excluir definitivamente una conclusión de violación del artículo 3” (cfr. párr. 141).
“Las medidas que privan a las personas de su libertad inevitablemente implican un elemento de sufrimiento y humillación” (cfr. párr. 142).  
“[E]l artículo 3 obliga a que el Estado garantice que todos los presos sean detenidos en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que su detención y la forma de llevarla a cabo no los someta a angustias o dificultades de una intensidad que supere el nivel inevitable de sufrimiento inherente a tal medida y que, dadas las exigencias prácticas de encarcelamiento, su salud y su bienestar estén adecuadamente asegurados, entre otras cosas, proporcionándoles la asistencia médica necesaria. El Tribunal ha enfatizado que las personas detenidas están en una posición de vulnerabilidad y que las autoridades tienen el deber de protegerlas […]” (cfr. párr. 143).   
2. Personas privadas de libertad. Condiciones de detención. Asistencia médica. Tratamiento médico.
“El Convenio no contiene ninguna disposición específica sobre la situación de las personas privadas de libertad, y mucho menos las que están enfermas, pero no se excluye que la detención de una persona enferma pueda plantear un problema desde el ángulo del artículo 3 […]. En particular, el Tribunal ha sostenido que el sufrimiento derivado de una enfermedad natural, ya sea física o mental, puede estar cubierto por el artículo 3, por donde está, o por correr el riesgo de ser exacerbada por las condiciones de detención y por las que las autoridades pueden ser consideradas responsables […]. Por lo tanto, la detención de una persona enferma en condiciones físicas y médicas inadecuadas puede, en un principio, equivaler a un tratamiento contrario al artículo 3” (cfr. párr. 144).         
“Al determinar si la detención de una persona enferma es compatible con el artículo 3 del Convenio, el Tribunal toma en consideración la salud de la persona y los efectos derivados de la ejecución de su detención. Sostiene que, bajo ninguna circunstancia, las condiciones de detención deberían despertar sentimientos de miedo, angustia e inferioridad en la persona privada de libertad, capaces de humillarla y degradarla y, posiblemente, quebrar su fortaleza física y moral.  En este punto, el Tribunal reconoce que los detenidos con trastornos mentales son más vulnerables que los detenidos comunes, y que ciertos requisitos de la vida en la prisión plantean un mayor riesgo de que su salud se menoscabe, exacerbando el riesgo de sufrir un sentimiento de inferioridad y, necesariamente, una fuente de estrés y ansiedad. Considera que dicha situación requiere una mayor vigilancia para revisar si se ha cumplido el Convenio. Además de su vulnerabilidad, el análisis de la situación de estas personas en particular debe tener en cuenta, en ciertos casos, la vulnerabilidad de las mismas y, en otros casos, su incapacidad para quejarse de manera coherente o sobre cómo se ven afectados por cualquier tratamiento en particular” (cfr. párr. 145).         
“El Tribunal también tiene en consideración la adecuación de la asistencia médica y la atención que se proporciona en la detención […]. Por lo tanto, la ausencia de atención médica adecuada para las personas bajo custodia puede comprometer la responsabilidad de un Estado en virtud del artículo 3 […]. Así pues, no es suficiente que tales personas detenidas sean examinadas y se proceda a hacerles un diagnóstico. En su lugar, es esencial que el tratamiento sea adecuado para el problema y que el diagnostico también sea proporcionado” (cfr. párr. 146).               
“En este sentido, la ‘adecuación’ de la asistencia médica sigue siendo el elemento más difícil de determinar. El Tribunal reitera que, el simple hecho de que un detenido haya sido visto por un médico y que se le haya recetado una determinada forma de tratamiento, no puede llevar automáticamente a la conclusión de que la asistencia médica fue adecuada. Igualmente, las autoridades deben garantizar que se mantenga un registro exhaustivo referente al estado de salud de la persona detenida y de su tratamiento durante la detención, que el diagnóstico y la atención sean rápidos y precisos y que, cuando sea necesario por la naturaleza de su condición médica, la supervisión sea regular y sistemática e implique una estrategia terapéutica integral dirigida a tratar de manera adecuada los problemas de salud de la persona detenida o prevenir que pueda agravarse, en lugar de abordarlos de forma sintomática. También las autoridades deben demostrar que se crearon las condiciones necesarias para que el tratamiento prescrito se siga realmente. Además, el tratamiento médico proporcionado dentro de las instalaciones penitenciarias debe ser apropiado. Es decir, a un nivel comparable al que las autoridades estatales se han comprometido a proporcionar a la población en general. Sin embargo, esto no significa que a todas las personas detenidas se les garantice el mismo nivel de tratamiento médico disponible en los mejores centros de salud fuera de las instalaciones penitenciarias” (cfr. párr. 147).                  
“Cuando el tratamiento no se puede proporcionar en el lugar de detención, se debe posibilitar la transferencia de la persona detenida al hospital o a una unidad especializada” (cfr. párr. 148).                       
“[E]n el contexto del tratamiento psiquiátrico, en relación con el artículo 3, el elemento puramente lingüístico podría ser decisivo en cuanto a la disponibilidad o la administración del tratamiento adecuado, pero solo cuando otros factores no permitan compensar la falta de comunicación y, en particular, sujeto a la cooperación de la persona interesada” (cfr. párr. 151).                       
(a) La situación del tratamiento desde principios de 2004 hasta agosto de 2017  
“No hay duda de que la demora en la implementación de medidas que facilitarían la comunicación con el peticionario tuvo el efecto de privarlo del tratamiento requerido por su estado de salud […]. En particular, se considera que el contacto con el asistente de bienestar social y las reuniones con la enfermera no pueden considerarse como una medida compensatoria para ese propósito: el papel desempeñado por estas personas, si bien son importantes en términos de proporcionar ayuda al peticionario, no fue en el contexto de un seguimiento psicoterapéutico. En opinión del Tribunal, los únicos métodos previstos por las autoridades para solventar el problema de comunicación con el peticionario consistían en buscar personal de atención que hablara alemán o buscar otro centro, y ambos enfoques no tuvieron éxito. De hecho, las propias autoridades identificaron que ninguna de estas dos soluciones era factible ya que, por una parte, consideraban que no había personal de habla alemana disponible y, por otro, la peligrosidad del peticionario descartaba su ubicación en una instalación de habla alemana menos segura. Por lo tanto, parece que durante todo este período las autoridades responsables del peticionario se conformaron con la excusa de que no había especialistas de habla alemana en las instalaciones para justificar el hecho de que no estaba recibiendo el tratamiento adecuado” (cfr. párr. 156).                       
“El Tribunal considera que estos elementos son suficientes para demostrar que las autoridades nacionales no proporcionaron tratamiento para el estado de salud del peticionario. Su detención continúa […] sin una esperanza realista de cambio y sin el apoyo médico o supervisión médica adecuada durante un período de aproximadamente trece años. Una duración que puede ser vista como una prueba particularmente dolorosa que lo ha sometido a una angustia de una intensidad que excede el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención” (cfr. párr. 157).                         
“Por lo tanto, el Tribunal concluye que hubo una violación del artículo 3 del Convenio con respecto al período comprendido entre principios de 2004 y agosto de 2017” (cfr. párr. 159).                            
(b) La situación del tratamiento desde agosto de 2017  
“El Tribunal es consciente de que el peticionario es una persona vulnerable debido a su estado de salud y respecto de su detención, que su cooperación es solo un factor a tener en cuenta al examinar la efectividad del tratamiento requerido y que el deber de proporcionar una atención adecuada, sobre la base del tratamiento individualizado, recae principalmente en las autoridades pertinentes” (cfr. párr. 164).                            
“[A]unque las autoridades puedan ser criticadas por una demora considerable en la adopción de medidas destinadas a garantizar que el peticionario reciba el tratamiento adecuado, un retraso que ha llevado al Tribunal a manifestar una violación del artículo 3 para el período comprendido entre principios de 2004 y agosto 2017, parece que se ha mostrado, sin embargo, una voluntad real para remediar dicha situación […]. En este contexto, la falta de receptividad del peticionario sobre las propuestas dadas para el tratamiento psiquiátrico, no pueden ser imputadas a las autoridades […]. Por lo tanto, el Tribunal concluye que, aun existiendo ciertas deficiencias de carácter organizativo en el paquete de medidas propuestas, no se ha llegado al umbral de severidad requerido por el artículo 3 con respecto a las alegaciones del peticionario sobre el período posterior a agosto de 2017” (cfr. párr. 166).                            
“A la luz de las anteriores consideraciones, el Tribunal determina que no ha habido violación del artículo 3 bajo este encabezado” (cfr. párr. 167).                              
“Sin embargo, enfatiza que esta decisión no exime al Gobierno de su obligación de continuar adoptando todas las medidas necesarias para establecer, sin demora, el apoyo médico indicado sobre la base de una atención terapéutica individualizada y adecuada” (cfr. párr. 168).                              
3. Derecho a la libertad. Personas privadas de libertad. Derecho a la seguridad. Principio de legalidad. Arbitrariedad. Tratamiento médico. Asistencia médica.
“El peticionario, recluido en una instalación obligatoria de protección social desde enero de 2004, formuló en su demanda la queja de que no recibió tratamiento psicológico o psiquiátrico como resultado de un problema idiomático, en virtud de los artículos 3 y artículo 5 del Convenio. La Gran Sala, al igual que la Cámara, ha encontrado una violación del artículo 3 debido a la falta de tratamiento adecuado para la condición del peticionario, para el período comprendido entre enero de 2004 y agosto de 2017. Sin embargo, con respecto al artículo 5, la Cámara sostuvo que no había habido violación y descubrió que el vínculo entre el motivo del confinamiento obligatorio y la enfermedad mental del peticionario nunca se había cortado” (cfr. párr. 187).                              
“En el examen de la presente queja –en virtud del artículo 5–, la problemática ante la Gran Sala es doble. En primer lugar, es necesario clarificar si el artículo 5.1 e), paralelamente a su papel de garantizar la protección de la sociedad, contiene un aspecto terapéutico para que se cumpla el objetivo del confinamiento obligatorio. En otras palabras, debe determinar si las autoridades están obligadas, o no, a proporcionar tratamiento psiquiátrico y psicológico a una persona en confinamiento obligatorio y, de ser así, definir el alcance de la revisión del Tribunal sobre la idoneidad del tratamiento en cuestión. Igualmente, se solicita a la Gran Sala que aclare la relación entre los artículos 3 y 5 en lo que tiene que ver, a su escrutinio, con el cumplimiento de esas disposiciones en caso de que ambas denuncias se refieran a la ausencia de un tratamiento médico adecuado y, por lo tanto, puedan considerarse prácticamente idénticas” (cfr. párr. 188).                              
“Al hacerlo, el Tribunal considerará, en primer lugar, los principios jurisprudenciales aplicables en virtud del artículo 5.1 e), y cómo se han desarrollado con el tiempo a medida que el Tribunal ha examinado los casos presentados para su revisión. Luego aclarará estos principios para especificar el contenido de las obligaciones de las autoridades, en virtud de esta disposición. También describirá la interacción entre los artículos 3 y 5 en una situación como la del presente caso. Por último, examinará las circunstancias relacionadas con la reclamación del peticionario en virtud del artículo 5” (cfr. párr. 189).                                
“La jurisprudencia del Tribunal ha constatado que, para cumplir con el Artículo 5.1, la detención en cuestión debe ser ‘legal’, en primer lugar, incluida la observancia de un procedimiento prescrito por la ley. Además de estar en conformidad con la legislación nacional, dicha previsión requiere que cualquier privación de libertad deberá estar en consonancia con el propósito de proteger a la persona de la arbitrariedad. Para que se excluya la arbitrariedad, se exige que sea conforme con el propósito señalado en las restricciones permitidas por el subpárrafo pertinente del artículo 5.1, tanto en relación a la ordenación como a la ejecución de las medidas que conllevan la privación de libertad […]. Además, debe existir una relación entre el fundamento en el que se basa la privación de libertad y el lugar y las condiciones de detención” (cfr. párr. 190).                                
“En lo que respecta a la privación de libertad de las personas que padecen trastornos mentales, no puede considerarse que un individuo sea de ‘mente enajenada’ y ser privado de su libertad a menos que se cumplan las siguientes tres condiciones mínimas: en primer lugar, su alienación debe haber sido establecida de forma concluyente; en segundo lugar, el trastorno mental debe ser de un tipo o grado que justifique el confinamiento obligatorio y, en tercer lugar, la validez del confinamiento depende de la persistencia de tal trastorno” (cfr. párr. 192).                                  
“Con respecto a la segunda de las condiciones anteriores, referida a la detención de una persona con trastornos mentales, se indica que la detención puede ser necesaria no solo cuando la persona necesite terapia, medicamentos u otro tratamiento clínico para curar o aliviar su condición, sino también donde la persona necesite control y supervisión para evitar que, por ejemplo, se cause daño a sí mismo u otras personas […]. Como se señaló anteriormente, debe existir un cierto vínculo entre el terreno en el que se basa la detención y las condiciones en que tiene lugar […]. De ello se deduce que la ‘detención’ de una persona como paciente de salud mental será ‘legal’ a los efectos del artículo 5.1 e) solo si se realiza en un hospital, clínica u otra institución apropiada y autorizada para ese propósito […]. Además, el Tribunal ha tenido la oportunidad de afirmar que esta regla se aplica incluso cuando la enfermedad o afección es incurable o cuando la persona en cuestión, no es susceptible de tratamiento. Sujeto a lo anterior, el artículo 5.1 e) no se refiere, en principio, al tratamiento o las condiciones de detención adecuadas” (cfr. párr. 193).                                 
“[L]as condiciones en que una persona que sufre un trastorno mental recibe tratamiento no carecen de importancia para evaluar la legalidad de su detención” (cfr. párr. 194).  
“[E]l Tribunal ha tenido la oportunidad de definir que, en términos amplios, considera inconcebible, a primera vista, no detener a una persona con enfermedad mental en un entorno terapéutico adecuado, incluso si la enfermedad se considera incurable. La persona en cuestión podría obtener beneficios del entorno hospitalario, mientras que sus síntomas podrían empeorar o agravarse fuera de una estructura de soporte” (cfr. párr. 197).
“[E]l mero hecho de que una persona no haya sido ubicada en un centro apropiado no hace que su detención sea ilegal de manera automática, de conformidad con el artículo 5.1 del Convenio. Un determinado retraso en la admisión a una clínica u hospital se considera  aceptable si guarda relación con una disparidad entre la capacidad disponible y requerida de las instituciones mentales. No obstante, un retraso significativo en la admisión a este tipo de instituciones y por lo tanto, en el tratamiento de la persona en cuestión, afectará obviamente en las posibilidades de éxito del tratamiento, y puede llegar a constituir una violación del artículo 5 [véase Morsink v. Paises Bajos,  Aplicación Nº 48865/99, sentencia de 11 de mayo de 2004, párrafos 66-69; Brand v. Países Bajos, Aplicación Nº 49902/99, sentencia de 11 de mayo de 2004, párrafos; Pankiewicz v. Polonia, Aplicación Nº 34151/04, sentencia de 12 de febrero de 2008, párrafo 45, donde el Tribunal sostuvo que un retraso de dos meses y veinticinco días era excesivo, dados los efectos perjudiciales para la salud del peticionario respecto de su reclusión obligatoria en un centro de detención ordinario]” (cfr. párr. 198).
“[E]n el contexto de la detención preventiva ‘retroactiva’, las condiciones de detención de una persona pueden modificarse durante el transcurso de su privación de libertad, con independencia de que se base en una misma orden de detención. La detención de una persona enajenada sobre la base de la misma orden de detención puede, en opinión del Tribunal, volverse legal y, por lo tanto, cumplir con el artículo 5.1, una vez que esa persona sea transferida a una institución adecuada. Según esta interpretación del término ‘legalidad’, hay un vínculo intrínseco entre la legalidad de una privación de libertad y sus condiciones de ejecución. Esta postura es aún más comparable al enfoque adoptado en la evaluación del cumplimiento de las condiciones de detención con el artículo 3, donde un cambio en las condiciones de detención también es determinante para evaluar el cumplimiento de la prohibición del trato degradante. De ello se deduce que, el momento o el período para evaluar si una persona fue detenida en una institución adecuada para pacientes con problemas de salud mental es el período de detención en cuestión en los procedimientos ante el Tribunal, y no el momento en el que la orden de detención fue emitida [véase Ilnseher v. Alemania [GC], Aplicación Nº 10211/12 y 27505/14, sentencia de 4 de diciembre de 2018, párrafos 139 y 141]” (cfr. párr. 199).
“Además, aunque los hospitales psiquiátricos son, por definición, instituciones apropiadas para la detención de personas con enfermedades mentales, el Tribunal ha manifestado la necesidad de acompañar cualquier ubicación con medidas terapéuticas eficientes y consistentes para no privar a las personas de una posibilidad real de liberación. (Frank v. Alemania, Aplicación Nº 32705/06, 28 de septiembre de 2010)” (cfr. párr. 200).
“Para evaluar si el peticionario recibió o no la atención psiquiátrica adecuada, el Tribunal tiene en cuenta las opiniones de los profesionales de la salud y las decisiones tomadas por las autoridades nacionales en el caso individual, así como las conclusiones más generales de las instituciones a nivel nacional e internacional sobre lo apropiado o inapropiado de las alas psiquiátricas de la prisión para la detención de personas con problemas mentales” (cfr. párr. 202).
“Bajo el concepto de ‘atención o tratamiento adecuado’, a los efectos del artículo 5 del Convenio, el Tribunal verifica si se ha adoptado un enfoque individualizado y especializado [o terapéutico] para el tratamiento de los trastornos psicológicos en cuestión, de acuerdo con la información disponible en el expediente del caso […]. Además, incluso la actitud persistente de una persona privada de su libertad puede contribuir a prevenir un cambio en su régimen de detención, esto no libera a las autoridades de que tomen las iniciativas adecuadas con el fin de proporcionarle a esta persona un tratamiento adecuado a su condición, y eso lo ayudaría a recuperar la libertad” (cfr. párr. 203).
“[E]l Tribunal también ha declarado que cuando se trata de delincuentes con enfermedades mentales, las autoridades tienen la obligación de poner en práctica formas para preparar a las personas afectadas para su liberación; por ejemplo, proporcionando incentivos o animándoles a continuar con una terapia adicional, como la transferencia a una institución donde realmente puedan recibir el tratamiento necesario u otorgando ciertos privilegios si la situación lo permite” (cfr. párr. 204).
“Se considera que, a la luz de la evolución jurisprudencial y las actuales normas internacionales que unen peso significativo a la necesidad de proporcionar tratamiento para la salud mental de las personas en confinamiento obligatorio, es necesario reconocer expresamente, además de la función de protección social, el aspecto terapéutico del objetivo mencionado en el artículo 5.1 e), y así reconocer, de manera explícita, que existe una obligación de las autoridades de garantizar una terapia adecuada e individualizada, basada en las características específicas de la reclusión obligatoria, como las condiciones del régimen de detención, el tratamiento propuesto o la duración de la detención. Por otro lado, el Tribunal considera que el artículo 5, tal como se interpreta actualmente, no contiene una prohibición de la detención por discapacidad, en contraste con lo que propone el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en los puntos 6-9 de sus Directrices de 2015, relativas al artículo 14” (cfr. párr. 205).
“[L]a ‘detención’ de una persona como paciente de salud mental será ‘legal’, a los efectos del artículo 5.1 e) solo si se realiza en un hospital, clínica u otro establecimiento apropiado o autorizado para ese propósito […]” (cfr. párr. 206).
“El análisis de la jurisprudencia, en particular la desarrollada durante los últimos quince años, muestra claramente que ahora debe considerarse la existencia de un estrecho vínculo entre la ‘legalidad’ de la detención de personas que sufren trastornos mentales y la idoneidad de tratamiento previsto para su condición mental […]. La jurisprudencia actual indica claramente que la administración de una terapia adecuada se ha convertido en un requisito dentro del contexto conceptual más amplio de la ‘legalidad’ de la privación de libertad. Cualquier detención de personas con enfermedades mentales debe tener un propósito terapéutico, dirigido específicamente, y en la medida de lo posible, a curar o aliviar su estado de salud mental, incluyendo, cuando sea apropiado, la reducción o control de su peligrosidad. El Tribunal ha subrayado que, independientemente de la instalación en la que se encuentren esas personas, tienen derecho a recibir un entorno médico adecuado, acompañado de medidas terapéuticas reales, con miras a prepararlos para su eventual liberación” (cfr. párr. 208).
4. Tratamiento médico. Funcionarios públicos. Condiciones de detención. Peligrosidad. Principio de legalidad. Idioma. Derecho a la información.
“Con respecto al alcance de la atención brindada, el Tribunal considera que el nivel de atención requerido para esta categoría de detenidos debe ir más allá de la atención básica. El mero acceso a profesionales de la salud, a las consultas y la provisión de medicamentos no pueden ser suficientes para que un tratamiento se considere apropiado y, por lo tanto, satisfactorio a la luz del artículo 5. Sin embargo, el papel del Tribunal no es analizar el contenido de la atención ofrecida y administrada. Es importante para poder verificar la existencia de un camino individualizado, y el hecho de tener en cuenta las especificidades del estado mental de la persona internada, con el objetivo de prepararlos para una posible reintegración futura. En este ámbito, el Tribunal otorga a las autoridades un cierto margen de maniobra tanto para la forma como para el contenido del tratamiento terapéutico o el curso médico en cuestión” (cfr. párr. 209).
“[L]a evaluación de si una institución en particular es ‘apropiada’ debe incluir un examen de las condiciones específicas de detención, incluido el tratamiento brindado a las personas con enfermedades mentales. Por lo tanto, los casos examinados en la jurisprudencia ilustran que es posible que una institución que a priori sea inadecuada, como una estructura penitenciaria, pueda considerarse satisfactoria si proporciona una atención adecuada, y viceversa, y que, por el contrario, una institución especializada en psiquiatría, que por definición debería ser apropiada, puede no ser capaz de proporcionar la atención necesaria. Estos ejemplos llevan a la conclusión de que la administración de un tratamiento adaptado e individualizado es una parte integral de la noción de ‘establecimiento apropiado’. Esta conclusión se desprende del hallazgo ahora inevitable de que la privación de libertad a que se refiere el artículo 5.1 e) tiene una doble función: por un lado, una función social de protección y, por otro lado, una función terapéutica relacionada con el interés individual de la persona de mente inestable en recibir una forma de terapia o curso de tratamiento apropiado e individualizado. La necesidad de garantizar la primera función no debe, a priori, justificar la ausencia de medidas destinadas a cumplir la segunda. De ello se deduce que, de conformidad con el artículo 5.1 e), la decisión de negarse a liberar a una persona internada puede ser incompatible con el propósito original de la detención preventiva contenida en la sentencia si la persona en cuestión es privada de libertad porque corre el riesgo de reincidir pero al mismo tiempo no se beneficia de medidas, como la terapia adecuada, para demostrar que ya no es peligroso” (cfr. párr. 210).
“[A]l verificar la provisión de la terapia médica, la intensidad de la supervisión del Tribunal puede diferir según las alegaciones formuladas en virtud del artículo 3 o artículo 5.1. La cuestión de mantener el vínculo entre el propósito de la detención y las condiciones en que se lleva a cabo, por un lado, y si se alcanza un umbral de gravedad del tratamiento, por otro, son de diferente intensidad. Esto implica que puede haber situaciones en las que una vía terapéutica puede corresponder a los requisitos del artículo 3, pero no ser suficiente en vista de la necesidad de mantener el propósito del confinamiento y, por lo tanto, llegar a la conclusión de que ha habido una violación de artículo 5.1. Constatar la no violación del artículo 3 no conduce automáticamente a una constatación de una no violación del artículo 5.1, mientras que una constatación de violación del artículo 3 debido a la falta de atención adecuada también podría dar lugar a una conclusión de una violación del artículo 5.1 por las mismas razones” (cfr. párr. 213).
“La búsqueda de un umbral para la puesta en práctica del artículo 3, que garantice un derecho absoluto, es relativa y depende de la totalidad de las circunstancias los datos de la causa, y en particular de la duración del tratamiento, sus consecuencias físicas o psicológicas, así como el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima. Con respecto al artículo 5.1 e), la privación de libertad se decide, entre otras cosas, debido a la existencia de un trastorno mental. Para mantener el vínculo entre el propósito de esta privación de libertad y las condiciones para la ejecución de la medida, el Tribunal aprecia la idoneidad de la institución, incluida su capacidad para proporcionar al paciente la atención que necesita” (cfr. párr. 214).
“[E]l Tribunal considera, a la luz de los principios jurisprudenciales establecidos en relación con el artículo 5.1 e), que el examen de legalidad requiere igualmente la búsqueda de si el objetivo para lo cual se impuso ha continuado durante todo el período de confinamiento obligatorio. Más específicamente, debe verificarse si se ha mantenido el vínculo entre el motivo inicial de la internación y la idoneidad del tratamiento brindado: es solo bajo esta condición que la privación de libertad puede considerarse como legal. En el presente caso, teniendo en cuenta las alegaciones del peticionario de que no recibió el tratamiento médico adecuado, el Tribunal examinará la cuestión de la idoneidad del establecimiento y, en este contexto, los elementos constitutivos del tratamiento ofrecido al peticionario. Determinará si la atención brindada condujo a una mejora en el estado de salud del peticionario y una reducción en su peligrosidad, y a promover la posibilidad de liberación” (cfr. párr. 222).
“Al igual que con la denuncia que alega una violación del artículo 3, el Tribunal considera que la situación controvertida se divide en dos períodos distintos, teniendo en cuenta los hechos y las denuncias recientes formuladas a este respecto por el peticionario en sus observaciones ante la Gran Sala” (cfr. párr. 227).
(a) La privación de libertad del peticionario  desde principios de 2004 hasta agosto de 2017  
“El Tribunal considera necesario especificar también que el artículo 5.1 e) no garantiza el derecho del interno a recibir tratamiento en su propio idioma […]. Además, la legislación aplicable no exige que dichos establecimientos empleen personal bilingüe francés/alemán. Sin embargo, el Tribunal debe tener en cuenta que el derecho del peticionario a hablar, ser entendido y ser tratado en alemán fue explícitamente reconocido por el CDS en una decisión de 13 de octubre de 2009” (cfr. párr. 230).
“[E]l Tribunal observa la importancia cada vez mayor que los instrumentos internacionales para la protección de las personas con trastornos mentales otorgan a la necesidad de que las personas que se encuentran internadas bajo coacción puedan beneficiarse de un tratamiento personalizado y apropiado para cumplir con el objetivo terapéutico de la privación de libertad. A este respecto, el Tribunal se refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (13 de diciembre de 2006) y la Recomendación Nº 10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual del hombre y la dignidad de las personas con trastornos mentales (2004). Admite que es natural concebir el hecho de que los internos que se encuentran confinados de manera obligatoria deban recibir, en la medida de lo posible, toda la información necesaria sobre las propuestas de tratamiento personalizado. Por lo tanto, el Tribunal observa, de manera particular, que el memorando explicativo, relacionado con el artículo 7 de esta Recomendación, llama la atención sobre la importancia del factor lingüístico como medio para comunicar la información relacionada con el tratamiento. Descuidar este aspecto podría poner a las personas en situaciones de vulnerabilidad” (cfr. párr. 238).  
“A pesar de los repetidos hallazgos por parte de las autoridades médicas y de bienestar social, la conclusión inevitable es que era capital que el peticionario recibiera tratamiento psiquiátrico en alemán para tener la oportunidad de evolucionar con el fin de reintegrarse en la sociedad, no se tomaron medidas para implementar dicho tratamiento. Debe señalarse que la ausencia de un tratamiento individualizado adaptado a su estado de salud durante aproximadamente trece años constituía una negligencia considerable que obstaculizaba el potencial de desarrollo positivo del peticionario, todo ello suponiendo que existiera. El Tribunal considera que, teniendo en cuenta, en parte, la naturaleza indeterminada de la duración de la privación de libertad y, en segundo lugar, el estado de salud del peticionario y las solicitudes que hizo con el fin de obtener atención psiquiátrica y psicológica adecuada que le permitiera tener la esperanza de salida, las medidas adoptadas por las autoridades resultaron ser insuficientes para el tratamiento terapéutico. El Gobierno tampoco presentó argumentos suficientes para justificar la demora en establecer el tratamiento antes de 2014, ni la interrupción de la atención a fines de 2015. Las autoridades belgas han tomado medidas esporádicas para remediar la situación del peticionario, pero estos procedimientos no se incluyeron como parte de un tratamiento terapéutico o ruta de atención” (cfr. párr. 241).   
“En conclusión, en las circunstancias particulares de este caso, la falta de un tratamiento adecuado para el estado de salud del peticionario y la falta de medidas efectivas entre principios de 2004 y agosto de 2017 por parte de las autoridades para garantizar dicho tratamiento, han resultado en una ruptura en el vínculo entre el propósito de la privación de libertad y las condiciones en las que tuvo lugar; una institución [Paifve EDS] que, por lo tanto, no puede considerarse apropiada.  En consecuencia, ha habido una violación del artículo 5.1 debido a la forma en que se llevó a cabo la medida de privación de libertad desde principios de 2004 hasta finales de agosto de 2017” (cfr. párr. 242-243).   
(b)   La privación de libertad del peticionario  desde agosto de 2017
“[E]l peticionario parece mantener sus alegaciones anteriores, manifestando una falta de tratamiento, pero sin aprovechar las posibilidades que se le están ofreciendo actualmente. El Tribunal observa a este respecto que un defensor o un representante legal de una persona en confinamiento obligatorio puede desempeñar un papel constructivo en la elaboración del plan de tratamiento. Sin embargo, del expediente del caso no parece que el peticionario haya cooperado con el personal médico en la elaboración de una ruta de atención médica […].  [E]l Tribunal considera que el marco terapéutico establecido, que incluye aspectos médicos y de bienestar con el fin de preparar, en el idioma hablado por el peticionario, su reinserción en la sociedad, demuestra que se han realizado esfuerzos suficientes en esta etapa por las autoridades. Por las mismas razones, considera que las autoridades han realizado esfuerzos considerables, en la medida de lo posible y de conformidad con el Artículo 12 de la Recomendación Nº 10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, para consultar con el peticionario al elaborar el plan de tratamiento y obtener su opinión” (cfr. párr. 249).
“Por lo tanto, parece que, de acuerdo con el requisito de proporcionar una atención terapéutica adecuada, las autoridades han adoptado un enfoque multidisciplinario y, a priori, coherente, haciendo esfuerzos para enfatizar la cooperación entre los diversos actores y buscando garantizar que la vía de atención al peticionario está hecha a la medida, de forma individualizada, dadas sus necesidades de comunicación y su patología” (cfr. párr. 250).   
“En consecuencia, no ha habido violación del Artículo 5.1 del Convenio con respecto al período posterior a agosto de 2017” (cfr. párr. 253).   
“Sin embargo, en vista de la vulnerabilidad del peticionario y de su capacidad disminuida para tomar decisiones –a pesar de ser considerado capaz de discernimiento formal en la ley interna–el Tribunal considera apropiado resaltar la importancia de que las autoridades garanticen el que se tomen todas las iniciativas necesarias, a medio y largo plazo, para asegurar una atención real, incluida la atención psiquiátrica, un seguimiento psicológico y el apoyo social, de acuerdo con los requisitos del artículo 5.1 e) del Convenio, a fin de proporcionarle la perspectiva de liberación” (cfr. párr. 255).
TRATAMIENTO MÉDICO; DERECHO A LA SALUD; SALUD PÚBLICA; SALUD MENTAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DETENCIÓN DE PERSONAS; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; ASISTENCIA MEDICA; LIBERTAD; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; PELIGROSIDAD; IDIOMA; DERECHO A LA INFORMACIÓN;
X v. MacedoniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la República de Macedonia era responsable por haber violado el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y fa-miliar) del Convenio Europeo.
“[E]l Tribunal observa que los procesos que impulsó la persona peticionaria a fin de obtener una reparación de su situación se encuentran pendientes desde hace más de siete años y hasta ahora no es posible predecir cuándo concluirán. Se debe notar que el examen prolongado de las solicitudes de la persona peticionaria y la falta de reconocimiento legal sobre su género tienen consecuencias negativas a largo plazo para su salud mental, tal como indicaron los psicólogos [intervinientes]” (cfr. párr. 44).
“El Tribunal también considera que, dada la naturaleza y la particular situación de la persona peticionaria –que enfrenta una continua situación perjudicial para su vida privada–, no se puede pretender que siga esperando la resolución de los procesos que impugnó…” (cfr. párr. 45).
“De manera previa el Tribunal ha sostenido que, más allá de que el objeto esencial del Artículo 8 es la protección de los individuos contra las interferencias arbitrarias de las autoridades públicas, también debe imponer obligaciones positivas al Estado a fin de asegurar el respeto efectivo de los derechos protegidos por el Artículo 8. Este Artículo impone al Estado la obligación positiva de asegurar a sus ciudadanos el derecho al respeto de su integridad física y psicológica. Esta obligación incluye la adopción de medidas específicas, tales como la provisión de medios efectivos y accesibles para proteger el derecho al respeto a la vida privada. Estas medidas pueden incluir la adopción de un marco regulatorio sobre el cumplimiento de las normas que tiendan a la protección de los derechos de las personas, así como su debida implementación, en tanto sean apropiadas según los diferentes contextos…” (cfr. párr. 63).
“[E]l Tribunal observa que la normativa local no cuenta con una ley que permita de manera explícita la modificación del sexo y el género de una persona en el registro civil, más allá del derecho a modificar su nombre […]. Además, la legislación no impone ningún plazo ni condición para que se lleve a cabo ni establece los procedimientos a seguir” (cfr. párr. 67).
“El Tribunal considera que las circunstancias del caso demuestran vacíos legales y deficiencias serias que exponen a la persona peticionaria a una situación de angustia e incertidumbre respecto de su derecho a la vida privada y el reconocimiento de su identidad. Tal como se estableció […], la revisión prolongada de las solicitudes de la persona peticionaria –respecto de las que las autoridades nacionales tienen responsabilidad– tienen consecuencias negativas a largo plazo para su salud mental. Estas consideraciones son suficientes para que el Tribunal concluya que el marco legal actual en el Estado denunciado no provee ‘procesos rápidos, transparentes y accesibles’ para la modificación de las actas de nacimiento de personas transgénero” (cfr. párr. 70).
GÉNERO; LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; SALUD MENTAL; REGISTRO CIVIL; NOMBRE;
Informe sobre visita a la ArgentinaRelatoría Especial sobre el derecho a la alimentación
Entre sus recomendaciones, la Relatora Especial concluyó que el Estado tiene el deber de Desarrollar y adoptar un marco legislativo nacional en relación con el derecho a la alimentación basado en los derechos humanos. A su vez, señaló que deberá cumplir con sus obligaciones legales de sostener el derecho a la alimentación en tiempos de crisis económica. Asimismo, planteó la necesidad de mejorar los sistemas de control y vigilancia para evitar el uso excesivo de plaguicidas. Además, concluyó que corresponde implementar y monitorear cuidadosamente las reglamentaciones ambientales que protegen la salud humana, degradación y agotamiento del suelo y la contaminación del agua que pueden darse como consecuencia de la agricultura intensiva, así como de la cría de ganado a gran escala.
1. Derecho a la alimentación. Vivienda. Derecho a la salud. Educación. Servicios públicos. Agricultura. Exportación. Vulnerabilidad.
“[E]l derecho a la alimentación no puede lograrse sin el derecho a vivienda, educación y salud adecuados para todos, incluidos los migrantes, los pueblos indígenas, los campesinos, los niños y los adultos mayores. Como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Argentina debe utilizar ‘el máximo de los recursos de que disponga’ para asegurar la plena efectividad de los derechos que allí se consagran, incluidos los derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad social y trabajo. Este compromiso implica que el Estado tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean debidamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no se encuentran relacionados con los derechos humanos como, por ejemplo, el servicio de la deuda” (párr. 12).
“Conforme al derecho a una alimentación adecuada, todos deberían poder obtener suficientes alimentos de buena calidad, ya sea a través de sistemas de mercado, o produciendo sus propios alimentos, aprovechando la tierra y otros recursos naturales” (párr. 22).
“Aun cuando los propietarios de las tierras son los beneficiarios primarios del comercio agrícola y, en particular, de la exportación de soja (se estima que el 22 % de los ingresos provenientes de la soja van a dichos propietarios), la tenencia de la tierra se encuentra altamente concentrada. Como resultado, solo un porcentaje pequeño de la población se beneficia en forma directa del modelo agrícola actual” (párr. 25).
“El perfil productivo de la Argentina se ha tornado aún menos diverso en décadas recientes. En un esfuerzo por abordar la incertidumbre económica, la vulnerabilidad ante una inflación elevada y la deuda federal, la Argentina se ha concentrado en fomentar la inversión extranjera y las exportaciones agrícolas, creando incentivos para determinados productos básicos, en especial la soja y sus derivados. Dichas políticas económicas le han permitido a la Argentina convertirse en el principal exportador de productos agrícolas y también han perpetuado un modelo agrícola industrial que socava la seguridad alimentaria y la nutrición de la población” (párr. 26).
“La alimentación debería estar físicamente accesible para todos, incluidas las personas que viven en áreas remotas, y aquellas físicamente vulnerables, como los adultos mayores o las personas con alguna discapacidad. También debería ser posible adquirir alimentos para una dieta adecuada y culturalmente aceptable, sin comprometer cualquiera de las otras necesidades básicas como, por ejemplo, la educación, la salud o la vivienda” (párr. 42).
2. Crisis económica. Asistencia social. Vulnerabilidad. Maternidad. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad.
“En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados se encuentran obligados a establecer sistemas de protección social para proteger en forma individual a mujeres, hombres y niños contra los riesgos de empobrecimiento en casos de enfermedad, discapacidad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo, vejez, fallecimiento de un integrante de la familia, elevados costos para la atención de la salud o costos para el cuidado de los niños, la pobreza en general y la exclusión social” (párr. 47).
“En relación con el programa de comedores escolares, la crisis económica actual parece tener un impacto negativo en la calidad de los alimentos debido al incremento de los precios. Los comedores escolares son fundamentales para los niños y, especialmente en tiempos de crisis, deberían fortalecerse aún más para asegurar que los niños tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas” (párr. 53).
“La seguridad alimentaria se torna más crítica a medida que aumenta la pobreza urbana debido a la crisis económica. La evidencia indica que los pobres que viven en las áreas urbanas tienen peores índices de seguridad alimentaria y nutrición que los pobres que habitan en las zonas rurales. Como no pueden producir sus propios alimentos, son vulnerables al incremento en los precios de los alimentos. Sin duda, los pobres en áreas urbanas enfrentan una lucha diaria por alimentar a sus familias. Sin ingresos estables que resulten suficientes, los hogares luchan por brindarle a sus hijos una alimentación adecuada y nutritiva, lo que resulta en mayores niveles de desnutrición” (párr. 58).
3. Derecho a la salud. Plaguicidas. Contaminación.
“La Relatora Especial ha expresado su preocupación respecto del peligro que implican los plaguicidas, en especial los basados en glifosato, y las implicancias de estas sustancias químicas para el derecho a la alimentación (A/HRC/34/48). En 2015, la OMS declaró al glifosato como una sustancia probablemente carcinógena. La Relatora Especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas que están en contacto directo con los plaguicidas. También advierte sobre los peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición. La fumigación de plaguicidas con avionetas es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser transportadas por el viento a lugares cercanos (A/HRC/34/48). Desafortunadamente, la Argentina no ha introducido legislación efectiva ni ha aplicado sus leyes como corresponde para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación. Sin embargo, hubo solamente dos casos —Loma Senés e Ituzaingó Anexo— en que se ha juzgado y responsabilizado a productores por la contaminación con plaguicidas” (párr. 82).
“[A] la Relatora Especial le preocupan los informes sobre la exposición indirecta a los plaguicidas y sus efectos sobre la población. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata determinó que la mayoría de la población consume frutas y hortalizas que han sido fumigadas con plaguicidas [hay nota]. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) determinó que la leche de las madres que habían dado a luz en hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires contenía niveles de plaguicidas que eran un 15 % más elevados que los niveles considerados seguros por la ley” (párr. 84).
“En la Argentina parecieran no existir sistemas de monitoreo efectivos para regular la industria de los plaguicidas y controlar su uso en los agronegocios. Esta falta de monitoreo y reparación de los daños podría constituir una violación de los derechos humanos si no se abordase correctamente” (párr 85).
4. Pueblos indígenas. Desplazamiento forzado. No discriminación.
“A través de los años, y como consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida la soja, los pueblos indígenas han perdido grandes porciones de sus tierras tradicionales. Las familias indígenas se vieron forzadas a dejar las zonas en las que vivían y, en algunos casos, tuvieron que migrar hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo, sufriendo en muchas ocasiones de una discriminación sistemática. Además, el desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales de caza y la pesca” (párr. 93).
5. Explotación laboral. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la alimentación.
“El trabajo infantil en sí ya es una violación de los derechos humanos, pero también es un síntoma y una causa del recrudecimiento de la pobreza. El derecho a la alimentación de los niños puede verse socavado por las condiciones de explotación en que trabajan sus padres, en especial las madres, por los salarios bajos, horario extendido, falta de licencia por maternidad y apoyo para la lactancia materna” (párr. 99).
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; VIVIENDA; DERECHO A LA SALUD; EDUCACIÓN; SERVICIOS PÚBLICOS; AGRICULTURA; EXPORTACIÓN; VULNERABILIDAD; CRISIS ECONÓMICA; ASISTENCIA SOCIAL; MATERNIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PLAGUICIDAS; CONTAMINACIÓN; DERECHO AMBIENTAL; PUEBLOS INDÍGENAS; DESPLAZAMIENTO FORZADO; NO DISCRIMINACIÓN; EXPLOTACIÓN LABORAL;
Recomendación General Nº 2 sobre mujeres y niñas desaparecidasComité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)
Entre sus recomendaciones, el Comité de Expertas concluyó que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir de manera general y especial la desaparición de las mujeres y niñas, investigar, sancionar y erradicar esta forma de violencia tanto cuando es cometida por particulares como forzadas. A su vez, señaló la necesidad de dar seguimiento a los obstáculos judiciales que impidan a las mujeres, los familiares y/o conocidos obtener justicia, y permitirles, en la medida de lo posible, formar parte de las investigaciones y búsqueda. Además, concluyó que se deben tener en cuenta las posibles vulnerabilidades adicionales de mujeres indígenas, afrodescendientes, las que viven con discapacidades, por su orientación sexual, o identidad de género, así como otras relacionadas con interseccionalidad y diversidad de las mujeres.
1.      Desaparición forzada de personas. Trata de personas. Explotación sexual. Derecho a la vida. Vulnerabilidad. Pueblos indígenas. Migrantes.
“El Comité considera que se han identificado patrones en los cuales la desaparición de mujeres tiene características específicas que la distinguen de las desapariciones de hombres. Es una dinámica que puede preceder y formar parte de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, del femicidio/feminicidio y de la violencia sexual. En relación a las niñas se reportan también adopciones ilegales. Sin embargo, este Comité también nota que la desaparición de mujeres y niñas en sí misma es una forma de violencia contra ellas, que transciende a su familia por considerarse que no permite cerrar ningún ciclo, pues los derechos vulnerados atentan contra mucho más que el derecho a una vida libre de violencias, afectando también todos los derechos fundamentales contenidos en la Convención, incluido el derecho elemental a la vida, cuando el o los perpetradores le arrebatan la vida a la mujer desaparecida, situación analizada a lo largo del presente documento”.
“Además, el CEVI subraya que ciertas características de las mujeres tales como ser indígenas, afrodescendientes, vivir con discapacidades, su religión, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, edad, migrante, entre otras, pueden contribuir a que sean víctimas de distintas formas de violencia. Por ello, este Comité tiene en cuenta que las causas de la desaparición de mujeres y niñas deben ser analizadas desde una perspectiva de interseccionalidad”.
2.      Trata de personas. Violencia de género. Femicidio. Violencia sexual.
“El Comité nota que la desaparición de mujeres y niñas no necesariamente responde a una dinámica de conflicto armado o dictadura, que caracterizan el desarrollo jurídico de la desaparición forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La desaparición de mujeres y niñas obedece a las dinámicas enraizadas en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que son causa y consecuencia de la violencia de género contra las mismas. En este sentido, el Comité ha identificado diversos patrones de VCM, no vinculados a situaciones de conflicto armado o dictadura, que incluyen la desaparición como componente de los mismos, particularmente en la trata de personas, el femicidio/feminicidio y la violencia sexual. [L]a desaparición de mujeres es violatoria de la Convención debido a su relación con formas de violencia prohibidas por la misma, pero también es en sí misma una forma de VCM en el marco de la Convención.               
[E]l Comité considera que cuando existe un contexto de violencia generalizada contra las mujeres, entendido este desde los estándares de la Corte, así como un patrón continuado [hay nota] de desapariciones de mujeres, existe entonces participación del Estado por omisión activa. Esto conlleva que dichas desapariciones estén sucediendo bajo la tolerancia y/o aquiescencia del Estado, y por lo tanto, califiquen como desapariciones forzadas de mujeres. [A]demás, existe responsabilidad del Estado por omisión al no impedir que agentes individuales no estatales o grupos organizados en conflicto con la ley, realicen tales actos, fomentados por la permisividad y pasividad de los Estados en cuanto a la defensa de la libre circulación e integridad personal y el derecho a la vida de las mujeres.
Al mismo tiempo, este Comité sostiene que la desaparición de mujeres y niñas cometida por un particular es una forma de violencia contra las mismas, por lo que los Estados tienen la obligación general [hay nota] y especial de prevenirla”.
3.      Debida diligencia. Responsabilidad del estado. Prueba. Apreciación de la prueba. Estereotipos de género. Acceso a la justicia. Víctima. Familia.
“Si bien es cierto que el Estado no puede ser considerado internacionalmente responsable por todas las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su jurisdicción, también es cierto que la Convención contiene una serie de obligaciones reforzadas cuando se trata de casos de VCM, incluyendo la desaparición de las mismas”.
“El deber de debida diligencia contenido en la Convención además ‘exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda [hay nota]’. Para ello, los Estados deben contar con un marco jurídico apropiado que sea efectivamente aplicado y conlleve políticas de prevención y prácticas para que sus agentes actúen eficazmente al momento en el que se presentan denuncias o reportes de casos de VCM [hay nota], incluyendo de desaparición forzada o cometida por particulares. Aunado a ello, el Comité ha sostenido que los Estados deben adoptar medidas para proteger y atender a mujeres víctimas de trata de personas y sus familiares [hay nota], y, adoptar medidas para prevenir y sancionar el femicidio/feminicidio, removiendo obstáculos para que sus familiares puedan obtener justicia [hay nota]. Se destaca la necesidad de que los policías, fiscales y agentes judiciales lleven a cabo una actuación pronta e inmediata [hay nota]”.
“La utilización de estereotipos también puede afectar las investigaciones de casos y valoraciones de pruebas por lo que las pruebas relativas a antecedentes sexuales de la mujer víctima son en principio inadmisibles [hay nota]”.
“Igualmente, el Comité considera que es fundamental que se tome en cuenta la participación y opiniones de las/os familiares y/o conocidos de la mujer y de la niña desaparecidas durante la investigación y búsqueda, y que se les permita involucrarse en la misma en la medida de lo posible.
[E]l Estado deberá asegurar el acceso a la justicia, garantizando personal especializado para atenderlas durante todas las etapas procesales en cada caso concreto; contando con espacios de privacidad en comisarías, tribunales y servicios de salud; servicios legales gratuitos; sistemas de interpretación en lenguas indígenas; y, confidencialidad y protección de víctimas y testigos [hay nota], así como sistemas de interpretación en lenguas de señas u otros que se requieran”.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; TRATA DE PERSONAS; EXPLOTACIÓN SEXUAL; VIOLENCIA DE GÉNERO; FEMICIDIO; VIOLENCIA SEXUAL; DERECHO A LA VIDA; ACCESO A LA JUSTICIA; VULNERABILIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; MIGRANTES; DEBIDA DILIGENCIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VICTIMA; FAMILIA;
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantesRelator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
El Relator Especial concluyó, entre otras cosas, que “[a] pesar de que existe un consenso general acerca de que tanto la corrupción como la tortura y los malos tratos son intrínsecamente ilegales y fundamentalmente destructivos para cualquier sociedad que tolere este tipo de abusos, ambas prácticas siguen siendo generalizadas y estando profundamente arraigadas en los sistemas nacionales e internacionales de gobernanza de todo el mundo. Con una perspectiva conceptual, no todos los actos de tortura y malos tratos implican necesariamente corrupción ni están relacionados con ella, y no todos los actos de corrupción implican necesariamente tortura y malos tratos ni están relacionados con ellos. No obstante, en la práctica existe una gran variedad de contextos, subcontextos y ‘espacios’ situacionales que se caracterizan por cierto grado de interacción entre la corrupción y la tortura o los malos tratos” (párr. 62).
1. Corrupción. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Dolo. Tipicidad. Violencia. Justicia penal.
“[E]l concepto genérico de ‘tortura’ denota el acto de infligir intencionalmente dolor o sufrimiento a una persona indefensa para alcanzar un propósito particular. Así, mientras que la ilicitud de la corrupción proviene principalmente de la búsqueda de un propósito intrínsecamente ilícito (una ventaja indebida), la ilicitud de la tortura proviene principalmente del empleo de un medio intrínsecamente ilícito (infligir intencionalmente dolor o sufrimiento). Asimismo, para los fines del presente informe, cualquier otro trato o pena cruel, inhumano o degradante que carezca de uno o varios elementos constitutivos de tortura, como la exigencia de intencionalidad o de un propósito específico, la exigencia de gravedad del dolor o el sufrimiento infligidos o la exigencia de indefensión de la víctima, será considerado ‘malos tratos’” (párr. 17).
“La tortura y los malos tratos pueden adoptar formas virtualmente ilimitadas, como la violencia física o los abusos psicológicos, la privación sensorial, las posturas en tensión, la humillación, la coacción en los interrogatorios, la instrumentalización de los síntomas de abstinencia de las drogas, la negación de contacto familiar o de tratamiento médico, condiciones de detención crueles, inhumanas o degradantes o la reclusión en régimen de incomunicación durante períodos prolongados o de alguna otra forma que constituya un abuso, por citar tan solo algunas. Mientras que no todas las manifestaciones de la tortura y los malos tratos presentan la misma gravedad, intencionalidad y propósito específico, todas ellas entrañan vulneraciones de la integridad física o mental que son incompatibles con la dignidad humana y, por tanto, no pueden justificarse en ninguna circunstancia” (párr. 18).
“[M]ientras que la responsabilidad personal es un elemento indispensable de cualquier forma seria de lucha contra la corrupción o contra la tortura y los malos tratos, ninguno de esos fenómenos podrá erradicarse únicamente mediante el enjuiciamiento penal, ya que la justicia penal individualizada no puede abordar de manera apropiada los factores sistémicos y estructurales que dan lugar tanto a la corrupción como a la tortura o los malos tratos, y para responder a ello se requieren medidas sistémicas más amplias. Factores como las prácticas de reclutamiento, la capacitación, la cultura profesional, la remuneración y las condiciones de trabajo, por ejemplo, pueden contribuir de manera importante a aumentar o atenuar el riesgo de brutalidad policial y de corrupción” (párr. 22).
2. Corrupción. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Personas privadas de libertad. Vulnerabilidad. Poder judicial.
“En la gran variedad de contextos en que interactúan la corrupción y la tortura o los malos tratos, la relación entre ambos fenómenos suele ser cíclica, en tanto que uno es origen del otro y lo agrava. La corrupción no solo se utiliza a menudo deliberadamente para facilitar, perpetuar y proteger la práctica de la tortura y los malos tratos, sino que la tortura y los malos tratos también se utilizan a menudo deliberadamente para facilitar, perpetuar y proteger la práctica de la corrupción. Por ejemplo, se ha puesto de manifiesto que la corrupción en el sistema judicial socava gravemente la rendición de cuentas por vulneraciones de los derechos humanos, incluso la tortura o los malos tratos […]. Al mismo tiempo, los actos o las amenazas de tortura y malos tratos también se utilizan como forma de injerencias en el sistema judicial, incluso en relación con la investigación de casos de corrupción y las decisiones al respecto. Aunque esa interacción en que la corrupción y la tortura o los malos tratos se refuerzan mutuamente constituye un fenómeno generalizado, tiene una mayor incidencia y es más perjudicial en contextos de privación de libertad y en entornos caracterizados por la discriminación, la marginación socioeconómica u otras circunstancias en que las personas o las comunidades son vulnerables ante los abusos” (párr. 24).
“Desde una perspectiva sistémica, la corrupción y la tortura o los malos tratos pueden entenderse mejor como dos efectos concomitantes de la misma causa original, es decir, una deficiencia del sistema de gobernanza imperante para prevenir el abuso de poder mediante equilibrios y contrapesos eficaces” (párr. 25).
“[E]s decisivo asegurar, con medidas de regulación, prevención y supervisión independiente, que no se abuse de los relatos de lucha contra la corrupción para aplicar –y que no se pretenda legitimar– políticas y prácticas intrínsecamente ilícitas que son incompatibles con la prohibición de la tortura y los malos tratos y de forma más general con los derechos humanos” (párr. 26).
3. Corrupción. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Relación de causalidad. División de poderes. Principio de imparcialidad.
“La corrupción y la tortura o los malos tratos pueden interactuar de formas muy diferentes propias de cada contexto, cada una de las cuales requiera tal vez un conjunto de medidas adaptado por lo que respecta a la prevención, la rendición de cuentas y la reparación. [E]l Relator Especial propone distinguir seis pautas predominantes de interacción entre la corrupción y la tortura o los malos tratos [1) Exigencia de ‘ventajas indebidas’ que constituyen por sí mismas tortura o malos tratos, 2) Instrumentalización de la tortura o los malos tratos para obtener ‘ventajas indebidas’, 3) Instrumentalización de las ‘ventajas indebidas’ para fines de tortura o malos tratos, 4) Explotación de la exposición a la tortura o los malos tratos para obtener ‘ventajas indebidas’, 5) La tortura o los malos tratos como ‘efecto secundario’ previsible de la corrupción y 6) La tortura o los malos tratos y la corrupción como ‘efectos secundarios’ previsibles de otras políticas y prácticas]. Esta categorización no pretende ser exhaustiva ni estar libre de coincidencias, y mucho menos de agotar las formas en que esas interacciones pueden o deben ser descritas con diversas finalidades. Por el contrario, propone brindar un marco analítico basado en distintos grados de proximidad causal entre la corrupción y la tortura o los malos tratos y, de este modo, facilitar la identificación de medidas específicas para cada una de las pautas con objeto de prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos en entornos afectados por la corrupción, de conformidad con las obligaciones pertinentes estipuladas en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Parte I), así como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (cap. II)” (párr. 27).
“A nivel de la gobernanza sistémica, la corrupción y la tortura o los malos tratos pueden entenderse mejor como dos efectos concomitantes de la misma causa original, es decir, el fracaso del sistema de gobernanza imperante a la hora de prevenir el surgimiento y el ejercicio de un poder incontrolado. [S]iempre que exista una conexión causal entre las deficiencias sistémicas de gobernanza y la corrupción, la tortura y los malos tratos, independientemente de que esa conexión sea o no intencional o deliberada, la obligación legal internacional de adoptar medidas sistémicas de reparación puede considerarse una consecuencia directa de la obligación de los Estados de adoptar medidas eficaces para la prevención de la tortura y los malos tratos y de la corrupción” (párr. 48).
“Una de las causas más fundamentales de la corrupción y de la tortura o los malos tratos cometidos, facilitados o tolerados a todos los niveles de la autoridad del Estado es la ausencia de un sistema eficaz de equilibrios y contrapesos y de una estricta separación de poderes entre las ramas ejecutiva, judicial y legislativa del Gobierno […]. Por ejemplo, en todo el mundo, los jueces, fiscales, parlamentarios y dirigentes políticos se muestran a menudo renuentes a investigar de manera imparcial o a presentar acusaciones de corrupción, tortura o malos tratos contra tribunales inferiores, servicios de seguridad militares o civiles o autoridades administrativas y, por el contrario, suelen mostrar una actitud que oscila entre la tolerancia y la complicidad y que es irreconciliable con su mandato democrático” (párr. 49-50).
“En general, el efecto más fundamentalmente destructivo de esas deficiencias sistémicas de gobernanza es la paulatina creación de sistemas, entornos y ‘espacios’ situacionales en que es posible abusar impunemente del poder, lo cual crea un terreno abonado para la propagación de la corrupción y, a través de las pautas de interacción correspondientes, también para la práctica incontrolada de la tortura y los malos tratos. Por consiguiente, si bien las medidas de lucha contra la corrupción y la tortura o los malos tratos a nivel de funcionarios, instituciones y procesos concretos siguen siendo indispensables, la única perspectiva realista para erradicar ambos fenómenos consiste en abordar efectivamente las deficiencias sistémicas de gobernanza subyacentes que propician ambas formas de abusos” (párr. 52).
“Más allá de la necesidad de un sistema de equilibrios y contrapesos, la lucha contra la corrupción, la tortura y los malos tratos exige un marco normativo e institucional internacional y nacional eficaz y su aplicación rigurosa, incluso mediante el fomento de las mejores prácticas, como las investigaciones forenses y los métodos de interrogatorio no coercitivos […]. La falta del necesario marco normativo e institucional contra la corrupción y la tortura o los malos tratos, y/o de la voluntad política y la capacidad sistémica para hacerlo eficaz, es un impedimento fundamental para la erradicación de esos abusos y de sus manifestaciones, que se refuerzan mutuamente” (párr. 53).
4. Corrupción. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Financiamiento. Servicios públicos. Fuerzas de seguridad. Uso de la fuerza. Salario. Condiciones de detención.
“[L]a financiación insuficiente de los servicios públicos, que incluye unas infraestructuras y un equipo deficientes y la insuficiencia de personal y deficiencias de remuneración y capacitación, aumenta significativamente el riesgo de corrupción y abusos. Los riesgos de tortura y malos tratos que surgen en conjunción con la corrupción son particularmente elevados cuando se autoriza a servicios e instituciones públicos con recursos escasos a utilizar la fuerza y la coacción, como sucede con las fuerzas armadas y la policía, la guardia de fronteras, el personal penitenciario y, en algunos contextos, los agentes de seguridad privada contratados por servicios públicos. En los centros de detención, la insuficiencia de personal, infraestructura y suministros a menudo degrada considerablemente las condiciones generales de detención y crea un terreno abonado para los ciclos de corrupción, discriminación y tortura o malos tratos. En esas instalaciones, el personal penitenciario tiende a delegar parte de la disciplina interna a reclusos dominantes y a establecer sistemas de intercambios corruptos en que se cambian dinero o favores por ‘privilegios’ como la protección frente a la violencia, el alivio de condiciones de detención crueles, inhumanas o degradantes o el acceso a suficientes alimentos, agua, artículos higiénicos y atención médica, o a visitas de abogados y familiares. Por el contrario, se ha observado que unos procesos rigurosos de reclutamiento y capacitación y una remuneración apropiada del personal penitenciario contribuyen a reducir o erradicar la corrupción endémica y la tortura o los malos tratos” (párr. 56).
5. Corrupción. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Vulnerabilidad. Género. Pueblos indígenas. Personas con discapacidad. HIV. Migrantes.
“[L]a corrupción constituye una violación de los derechos de todos los afectados, pero tiene consecuencias desproporcionadas para las personas pertenecientes a grupos expuestos a riesgos especiales, como las minorías, los pueblos indígenas, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad, las personas con VIH/sida, los refugiados, los reclusos, las mujeres, los niños y las personas que viven en la pobreza […]. Efectivamente, siempre que existen comunidades, grupos o personas marginados por los prejuicios, la exclusión social y la falta de empoderamiento económico, su situación suele verse agravada por una mayor exposición tanto a la corrupción como a la tortura o los malos tratos, lo que incluye prácticas generalizadas o sistemáticas de extorsión, violencia de género, detenciones arbitrarias y denuncias o confesiones forzadas. Al mismo tiempo, las políticas de ‘mano dura contra la delincuencia’ exponen a los grupos más marginados a una espiral descendente de brutalidad casi inevitable […]. En la práctica, esos abusos casi nunca son objeto de investigación, enjuiciamiento y resolución, lo cual da lugar a ‘espacios’ sociales de impunidad casi completa y denegación de justicia” (párr. 57-58).
6. Corrupción. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Personas privadas de libertad. Prisión preventiva. Hacinamiento.
“Las denominadas políticas de ‘mano dura contra la delincuencia’, que penalizan excesivamente los delitos no violentos, no solo son contraproducentes en la medida en que no reducen las tasas de delincuencia a largo plazo sino que también crean entornos propicios para la corrupción y la tortura o los malos tratos. Por ejemplo, la penalización y la imposición obligatoria de medidas de detención con fines de investigación o punitivas por cruzar una frontera de manera irregular, por delitos de poca importancia relacionados con las drogas o por otras infracciones frecuentes pero no violentas llevan inevitablemente a privar de libertad a un número excesivo de personas, a períodos prolongados de detención a la espera de juicio y al hacinamiento y la insuficiencia de recursos en los centros de detención, con todas las manifestaciones mencionadas de corrupción y abusos que cabe esperar en esas situaciones” (párr. 59).
“Por otra parte, la tramitación caso por caso de los delitos de poca importancia se suele dejar a discreción de la policía, lo cual alienta la extorsión o la práctica de la tortura para obtener confesiones forzadas. También se generan ‘espacios’ similares de corrupción, abusos e impunidad a causa de las prácticas generalizadas de detención administrativa prolongada o indefinida de migrantes irregulares o de internamiento involuntario de personas de edad o personas afectadas por una discapacidad psicosocial real o percibida. A fin de evitar la corrupción y la tortura o los malos tratos en el contexto de unas medidas excesivas de privación de libertad e internamiento forzado, los Estados deberían formular políticas y prácticas que abordaran de manera exhaustiva los desafíos que se plantean en ámbitos tan diversos como la prevención del delito, la gestión de las migraciones y la atención social, que deberían evitar cualquier medida de privación de libertad o de internamiento involuntario que no sea legítima, estrictamente necesaria y proporcionada a las circunstancias” (párr. 60).
CORRUPCIÓN; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; ABUSO DE AUTORIDAD; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; EMPRESA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PODER JUDICIAL; DIVISIÓN DE LOS PODERES; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; DOLO; TIPICIDAD; VIOLENCIA; JUSTICIA PENAL; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; FINANCIAMIENTO; SERVICIOS PÚBLICOS; USO DE LA FUERZA; FUERZAS DE SEGURIDAD; SALARIO; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PREVENTIVA; HACINAMIENTO; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; GÉNERO; PUEBLOS INDÍGENAS; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; HIV; MIGRANTES;
Ilgiz Khalikov v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por haber violado el artículo 3 (prohibición de la tortura) tanto en el aspecto sustantivo (trato inhumano)  como en su aspecto procesal (investigación efectiva) del Convenio Europeo.
1. Debido proceso. Responsabilidad del Estado. Funcionario público. Fuerzas de seguridad. Debida diligencia. Prueba.
“[E]l artículo 1 del Convenio, tomado en relación con el artículo 3, impone la obligación positiva a los Estados de garantizar que las personas dentro de su jurisdicción estén protegidas contra el trato inhumano o degradante, con independencia de si ese comporta-miento es llevado a cabo por funcionarios del Estado o por actores privados. Esta obligación conlleva, de modo particular, la protección de la integridad física y el bienestar de las personas que se encuentren bajo custodia o control exclusivo de las autoridades, así como de las decisiones que puedan adoptar de manera razonable para prevenir un riesgo real e inmediato de maltrato de las que las autoridades tuvieron o debieron haber tenido cono-cimiento” (cfr. párr. 30).       
“Posee gran relevancia para el presente caso la obligación positiva de llevar a cabo una investigación efectiva en una reclamación sobre malos tratos, que se aplica de igual forma en los comportamientos realizados por agentes del Estado o por particulares que están bajo su control. Para ser efectiva, la investigación debe ser pronta y exhaustiva. Las autoridades no deben basarse en conclusiones apresuradas o infundadas para concluir su investigación y deben adoptar todas las medidas razonables con el fin de asegurar la evidencia relacionada con el incidente, incluyendo –particularmente– pruebas forenses. Cualquier deficiencia en la investigación que menoscabe la capacidad para establecer la causa de las lesiones o la identidad de las personas responsables pondrá en riesgo la in-fracción del estándar normativo” (cfr. párr. 31).
“Las autoridades deben iniciar un proceso penal y realizar una investigación tan pronto como una denuncia creíble de malos tratos les llegue a su examen. En el presente caso, la duración de la investigación fue llevada a cabo tarde, ya que condujo a la pérdida de un tiempo valioso y minó su capacidad para la obtención y análisis de las pruebas relativas a malos tratos. Dicha investigación resultó insuficiente y no se realizó ningún esfuerzo serio para aclarar todas las circunstancias del tiroteo o para establecer la responsabilidad del mismo […]. El Tribunal considera que no se ha investigado de manera efectiva la negativa de las autoridades a iniciar un proceso penal, a la luz de las alegaciones creíbles de incumplimiento del deber de protección de la integridad física que el peticionario inmediatamente les comunicó” (cfr. párr. 35 –36).
2. Traslado de detenidos. Trato cruel, inhumano o degradante. Derecho a la integridad física.      
“[E]l Tribunal considera que [la herida de bala en la pierna del peticionario] es lo suficientemente grave como para equipararla a un tratamiento inhumano, bajo el alcance del artículo 3 del Convenio” (cfr. párr. 32).
“Aun a pesar de que las lesiones sufridas por el peticionario fueron accidentales, no lo fue su presencia en la zona no segura del furgón. Fue el resultado de la decisión de los oficia-les del convoy de transportar a más detenidos de los permitidos y de los que podían acomodarse en el mismo. Como consecuencia de lo anterior, el peticionario tuvo que viajar acompañado de los guardias al no tener disponible una celda separada para su transporte. Esa decisión violaba el reglamento general que prohibía a los convoyes exceder su capacidad en función de su diseño. También se violó la regulación específica referente a la disposición de presos particularmente vulnerables en celdas separadas, y según las diferentes categorías como, por ejemplo, los ex agentes de la ley, tal y como sucedía con el peticionario. Él no se habría lesionado si lo hubieran colocado en un área segura, tal y como requerían las regulaciones aplicables” (cfr. párr. 38).
“El Tribunal reitera que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas que razonablemente se esperan con el fin de evitar un riesgo real e inmediato sobre la integridad física de un detenido y de las que las autoridades tenían, o debían haber tenido, conocimiento. Con respecto al carácter absoluto del derecho garantizado, el Artículo 3 también puede aplicarse cuando el peligro provenga de personas o grupos de personas que no sean funcionarios públicos. La evaluación de si las autoridades han brindado la protección adecuada debe tener en cuenta que, en el contexto de la detención, tanto el agresor como la víctima están bajo el control de las autoridades, a diferencia de los casos en que ambos están en libertad” (cfr. párr. 39).
“Las reglas sobre la transferencia de detenidos fueron diseñadas para la prevención de incidentes relacionados con la seguridad, como sucede en el caso en cuestión. Dichas reglas limitaron el número de detenidos que podían ser transportados juntos con el objetivo de reducir el riesgo de un intento concertado para dominar a los oficiales encargados de su escolta. Las normas también tenían como objetivo evitar los casos de violencia entre los detenidos mediante la separación de los más vulnerables. En este caso, los oficia-les no tuvieron en cuenta los riesgos de seguridad que podía conllevar el transporte de un número mayor de detenidos en relación con la capacidad del furgón. Con independencia de que trataron de ahorrar combustible o el esfuerzo de un viaje adicional, actuaron sin tener en cuenta las normas establecidas para proteger el bienestar y la integridad física de los detenidos durante los traslados. Bajo tales circunstancias, el Estado debe considerarse responsable por no proporcionar la protección adecuada para la integridad física del peticionario durante el traslado” (cfr. párr. 40).
TRASLADO DE DETENIDOS; DEBIDO PROCESO; DENUNCIA; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; CÁRCELES; FUERZAS DE SEGURIDAD; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRUEBA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Google LLCTribunal Supremo de España
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España no hizo lugar a la impugnación.
“[L]a libertad de información prevalece sobre los derechos de la personalidad, cuando la noticia difundida por medios digitales es veraz y se refiere a hechos con relevancia pública, que son de interés general”.
“[E]l Tribunal de instancia ha realizado una interpretación que no resulta irrazonable o arbitraria […] al considerar que en este concreto supuesto debe prevalecer el derecho a la protección de datos personales del reclamante (que había ejercitado el derecho de cancelación de datos perso-nales ante Google) frente a la libertad de información, teniendo en cuenta que la noticia que era objeto de difusión a través del buscador Google carecía de uno de los requisitos que deben con-currir para considerar legítimo el ejercicio de la libertad de información, cual es el de su veracidad, al ser inexactos los datos publicados”.
“[E]l reconocimiento al derecho al olvido digital comporta otorgar al interesado la facultad de solicitar ante la entidad proveedora de servicios de motor de búsqueda en internet […] que can-cele, suprima o prohíba la indexación de aquellos datos de la lista de resultados proporcionada por el motor de búsqueda obtenidos a partir de su nombre que se revelen inexactos, en la medi-da que cabe impedir injerencias ilegítimas en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a la protección de datos personales”.
“La exigencia de tutelar el derecho a la información […] no puede suponer vaciar de contenido la protección debida del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, así como el derecho a la protección de datos personales, cuando resulten afectados significativamente por la divulga-ción de noticias en internet”.
“[D]ebe garantizarse la protección del derecho al olvido digital […] en aquellos supuestos en que la información que es objeto de difusión, y cuya localización se obtiene a través de motores de búsqueda en internet contenga datos inexactos que afectan en lo sustancial a la esencia de la noti-cia”.
“La persona afectada por una supuesta lesión del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen está legitimada para fundamentar válidamente una acción de recla-mación ante la entidad proveedora de los servicios de motor de búsqueda en internet o ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando los resultados del motor de búsqueda ofrez-can datos sustancialmente erróneos o inexactos que supongan una desvalorización de la imagen reputacional que se revele injustificada por contradecir los pronunciamientos formulados en una resolución judicial firme”.
DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO AL OLVIDO; DERECHO A LA INFORMACIÓN; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; INTERNET; RED SOCIAL;
Informe sobre la situación de las defensoras de los derechos humanosRelator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Entre sus recomendaciones, el Relator señaló que los Estados deben proteger “…los derechos de las defensoras, entre otras cosas adoptando una postura pública contra todos los agentes estatales y no estatales que violan esos derechos[, ]abordar la discriminación sistémica y estructural y la violencia que sufren las defensoras [y fortalecer y apoyar] el liderazgo de las mujeres y los enfoques feministas y centrados en la comunidad respecto de la protección”.
A su vez, identificó una serie de prioridades que las defensoras de derechos humanos destacaron a través del intercambio que hace al desarrollo del informe:
Prioridad 1 - Reconocer públicamente la importancia de la participación igualitaria y activa de las defensoras de los derechos humanos a todos los niveles y en todas las instituciones de la sociedad, destinando recursos al logro de ese objetivo de conformidad con el principio de igualdad sustantiva.
Prioridad 2 - Asegurarse de que las defensoras de los derechos humanos tengan libertad de circulación y dispongan de espacios seguros y canales de comunicación que les permitan reunirse regularmente e intercambiar ideas, experiencias, recursos, tácticas y estrategias
Prioridad 3 - Crear un entorno seguro y propicio para que las mujeres y todos los demás defensores de los derechos humanos promuevan y protejan los derechos humanos, velando por que todos los agentes no estatales respeten los derechos humanos y por que todos los agentes estatales los respeten, protejan y cumplan.
Prioridad 4 - Documentar e investigar todas las formas de riesgo, amenazas y ataques contra las defensoras de los derechos humanos, asegurándose de que se enjuicie a los autores, tanto si se trata de agentes estatales como de agentes no estatales, y de que las defensoras tengan acceso a recursos efectivos, que incluyan reparaciones en las que se tenga en cuenta el género.
Prioridad 5 - Desarrollar mecanismos e iniciativas de protección que incorporen los siete principios del Relator Especial en los que se basan las buenas prácticas en materia de protección.
Prioridad 6 - Reconocer que la seguridad debe entenderse de manera integral y que abarca la seguridad física, la seguridad digital, la seguridad ambiental, la estabilidad económica, la libertad de practicar creencias culturales y religiosas y el bienestar mental y emocional de las defensoras y sus familiares y seres queridos.
Prioridad 7 - Reconocer que en las comunidades y los movimientos de derechos humanos existen sexismo y discriminación contra las mujeres, las niñas y los defensores que no se ajustan a las normas de género y adoptar medidas para hacerles frente
Prioridad 8 - Asegurar que la financiación permita a las defensoras, en sus distintas circunstancias, promover y proteger los derechos humanos de manera continua, sostenible y eficaz.
1. Género. Igualdad. No discriminación. Estereotipos de género. Violencia. Vulnerabilidad. Protección integral de la mujer.
“Las mujeres de todo el mundo han desempeñado un papel crucial en la promoción de los derechos humanos. No solo han configurado la estructura del actual sistema internacional de derechos humanos y desempeñado funciones de liderazgo en los gobiernos, la sociedad civil y las empresas, sino que también llevan a cabo actividades cotidianas ‘en pequeños lugares, cerca de casa’ que resultan en el disfrute de toda una serie de derechos humanos. Aunque a menudo se las ignora, las mujeres han estado a la vanguardia del cambio social a lo largo de la historia” (párr. 1 y 2).
“Gracias a las décadas de acción de las defensoras feministas, las mujeres de muchos lugares gozan hoy de mayor igualdad, por ejemplo ante la ley y en la política, la educación, los lugares de trabajo, el matrimonio y el hogar. Gracias a las defensoras feministas, más mujeres pueden disfrutar del derecho al voto, el derecho a la autonomía corporal, el derecho a la privacidad, el derecho a la vida familiar, los derechos sexuales y reproductivos y muchos otros derechos” (párr. 5).
“No obstante, muchas defensoras siguen corriendo graves riesgos en su práctica de los derechos humanos. Suelen correr los mismos riesgos que los defensores, ya que también son objeto de restricciones de sus derechos y libertades fundamentales y viven en los mismos medios sociales, culturales y políticos que determinan las respuestas relacionadas con los derechos humanos. Sin embargo, es frecuente que las defensoras se enfrenten a riesgos y obstáculos adicionales y diferentes que tienen que ver con el género, son interseccionales y obedecen a estereotipos de género arraigados y a ideas y normas profundamente asentadas sobre quiénes son las mujeres y cómo deben ser. Por ejemplo, las mujeres pueden ser estigmatizadas por acciones por las que, en cambio, se ensalza a los hombres. Las mujeres no suelen ser consideradas agentes de cambio, sino víctimas vulnerables o personas que necesitan la protección de otros, por lo general hombres. Los derechos de las mujeres a promover y proteger los derechos humanos siguen siendo cuestionados por quienes creen que las mujeres no tienen esos derechos o que solo deben luchar por ellos de manera limitada y circunscrita” (párr. 6).
“Como han observado las defensoras de los derechos humanos, las mujeres son atacadas por promover y proteger los derechos humanos tanto por su identidad como por lo que hacen […].El presente informe se centra en las mujeres que se dedican a la promoción y la protección de los derechos humanos. Las referencias que en él se hacen a las mujeres incluyen también a las niñas y a las personas que no se ajustan a las normas de género, a las que también afectan los constructos sociales sobre las mujeres que promueven y protegen todo tipo de derechos” (párr. 11 y 12).
“En su observación general núm. 36 (2018) sobre el artículo 6 del Pacto, relativo al derecho a la vida, el Comité de Derechos Humanos afirma que la obligación de proteger el derecho a la vida exige que los Estados partes adopten medidas especiales para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, cuya vida corra especial riesgo por amenazas concretas o pautas preexistentes de violencia, como los defensores de los derechos humanos. Asimismo, el Comité señala que el artículo 6 refuerza también las obligaciones de los Estados partes en virtud del Pacto y del Protocolo Facultativo de proteger a las personas contra represalias por promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos, en particular mediante la cooperación y la comunicación con el Comité, y que los Estados partes deben adoptar las medidas necesarias para responder a las amenazas de muerte y brindar una protección adecuada a los defensores de los derechos humanos, en particular mediante la creación y el mantenimiento de un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos” (párr. 15).
“En el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se dispone que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: a) votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y c) participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país” (párr. 16).
“Los Estados tienen la obligación de proteger a las defensoras de los derechos humanos y garantizar un entorno seguro y propicio para las actividades relacionadas con los derechos humanos. [L]a Asamblea General aprobó por consenso una resolución histórica sobre las defensoras de los derechos humanos, la resolución 68/181, en la que instó a los Estados a, entre otras cosas, proteger a las defensoras de los derechos humanos, respetar y apoyar sus actividades, condenar y prevenir las violaciones y abusos de sus derechos humanos, así como la violencia y la discriminación contra ellas, crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos con una perspectiva de género, asegurar que puedan participar en protestas pacíficas, velar por que la promoción y la protección de los derechos humanos no se tipifiquen como delito y abstenerse de realizar ningún acto de intimidación o represalia contra ellas o contra sus familiares y asociados por cooperar con instituciones internacionales” (párr. 19).
“En los últimos años se han registrado en los espacios intergubernamentales importantes logros relacionados con la igualdad de género. Sin embargo, también se ha observado una mayor resistencia a la labor de las defensoras de los derechos humanos, a diversos niveles y en múltiples espacios […]. En los últimos años ha habido una preocupante proliferación de discursos misóginos, sexistas y homófobos que, pronunciados por dirigentes políticos prominentes, han normalizado la violencia contra las mujeres y las personas que no se ajustan a las normas de género. Las defensoras de los derechos humanos señalan que se enfrentan a una represión, violencia e impunidad crecientes, a pesar de los compromisos oficiales de los Estados de respetar, proteger y cumplir sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos, sin discriminación. Hay casos en los que agentes estatales han intervenido en ataques directos contra las defensoras de los derechos humanos y sus familias, en particular mediante campañas de difamación, acoso judicial y criminalización” (párr. 24).
“Los constructos sociales de género están determinados por el patriarcado y la heteronormatividad [hay nota]. El patriarcado, que privilegia a los hombres en las relaciones sociales, suele traducirse en el desempoderamiento de las mujeres y su exclusión de los procesos de adopción de decisiones. Las ideas patriarcales circunscriben la forma y el momento en que las mujeres pueden hacer oír su voz y ejercer su influencia en las esferas privada y pública. De manera similar, la heteronormatividad, que privilegia la heterosexualidad y la rígida definición de las identidades de género, las sexualidades y las relaciones de género, refuerza las claras distinciones entre hombres y mujeres. Las ideas heteronormativas hacen invisibles a las personas que no se ajustan a las normas de género y reproducen expectativas concretas sobre cómo deben las mujeres y los hombres expresar su sexualidad y su género; las personas que no se ajustan son calificadas de ‘desviadas’, ‘anormales’ o ‘pervertidas’. Los defensores de los derechos humanos cuyas acciones se perciben como un desafío a los sistemas patriarcal y heteronormativo suelen enfrentarse a amenazas y ataques porque cuestionan la forma de entender la identidad de las mujeres y su lugar y papel, que se dan por sentados, y perturban las relaciones de poder basadas en el género” (párr. 29).
“Una manera eficaz de atacar a las defensoras de los derechos humanos es dañar su ‘honor’ o su reputación. El descrédito social de las mujeres lleva a su estigmatización y aislamiento. En algunos contextos, las mujeres suelen verse limitadas a su papel de madres, hijas y cuidadoras, en lugar de ser consideradas agentes políticos y económicos legítimos en todos los ámbitos de la sociedad. En particular, en las sociedades conservadoras se ridiculiza a las defensoras por sus esfuerzos por generar cambios. Se las califica de ‘malas madres’, ‘difíciles’, ‘desvergonzadas’, ‘ruidosas’, ‘desagradables’ o ‘brujas’. Se las tacha de ‘infieles’, ‘ateas’, ‘guerrilleras’, ‘separatistas’, ‘quintacolumnistas’, ‘traidoras’, ‘antinacionalistas’ o ‘terroristas’” (párr. 37).
“El descrédito social es una táctica eficaz porque aliena a las mujeres, y hace con frecuencia que sus familiares, colegas y vecinos se vuelvan contra ellas. Cuando las familias y las comunidades son la principal fuente de protección, esa táctica puede dejar a las defensoras de los derechos humanos indefensas ante ataques físicos y psicológicos. Como resultado de ello, algunas se limitan a las actividades permitidas por las costumbres y la tradición, que están menos estrictamente reguladas por ley” (párr. 39).
2. Género. Internet. No discriminación.
“Las defensoras de los derechos humanos son frecuentemente objeto de acoso, violencia y ataques en Internet, que incluyen amenazas de violencia sexual, agresiones verbales, comentarios sobre su sexualidad, ‘doxing’ (publicación en Internet por terceros de información privada sobre una persona) y descrédito social. Ese tipo de abusos se producen en comentarios que se hacen en artículos de prensa, blogs, sitios web y medios sociales. El terror y las calumnias de los que son objeto las mujeres en Internet también pueden dar lugar a agresiones físicas. Las defensoras de los derechos humanos han sido vilipendiadas utilizando vídeos falsos en los que se combinan imágenes y vídeos mediante manipulación informática para hacerles decir y hacer cosas no han dicho ni hecho. Con frecuencia, las mujeres no pueden defenderse de tales actos” (párr. 45).
3. Género. Personas con discapacidad. No discriminación. Ajustes razonables.
“Las defensoras con discapacidad suelen tener más dificultades para defender sus derechos debido a su discapacidad y a los efectos de esta en su vida. Dependiendo de su discapacidad y de las barreras de la sociedad en la que viven, pueden enfrentarse a obstáculos relacionados con la comunicación, la interacción social y el acceso a la información y a espacios de diálogo, así como con la precariedad económica. Para poder desarrollar su activismo, pueden necesitar ajustes razonables y apoyo específico como acompañamiento, apoyo humano o técnico y transporte. Las personas con discapacidades como el autismo pueden no percibir las señales de peligro y ser más vulnerables a violaciones y abusos” (párr. 66).
4. Estereotipos de género. Género. No discriminación.
“Las defensoras promueven los derechos tanto individual como colectivamente. Sacan fuerzas y apoyo unas de otras, de sus familias y de sus comunidades. No hay atajos para crear movimientos diversos, inclusivos y pujantes de defensoras. Para ello es necesario desmantelar por completo los nocivos estereotipos de género y reinventar el mundo de manera que las formas de entender el género no se utilicen para legitimar el sometimiento y la marginación de las mujeres. También se requiere un análisis interseccional de las relaciones de poder que aclare cómo interactúa el género con factores como la edad, la raza, la etnia y la discapacidad hasta repercutir en los riesgos y obstáculos a los que se enfrentan las defensoras y su espacio para la acción. Todo el mundo debe poner en cuestión los nocivos estereotipos de género y reflexionar sobre cómo afectan las expectativas, los prejuicios conscientes e inconscientes y las acciones a los derechos y las libertades de las mujeres en distintas circunstancias. Para ello es preciso que los agentes estatales cumplan sus obligaciones jurídicas y que los agentes no estatales colaboren con ellos. Se necesitan reconocimiento, compromiso, recursos y cambios estructurales” (párr. 85).
GÉNERO; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; LGBTIQ; PROTESTA; VIOLENCIA; POLÍTICA PÚBLICA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; AJUSTES RAZONABLES;
JH v. AustraliaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró que los presentes hechos constituían una denegación de justicia en violación del artículo 5, apartados 2 y 3 (igualdad y no discriminación) y 21 b) y e) (libertad de expresión y de opinión y acceso a la información) de la Convención.
1. Jurado. Personas con discapacidad. No discriminación. Igualdad. Ajustes razonables.
“La definición de discriminación por motivos de discapacidad que figura en el artículo 2 de la Convención dice explícitamente que ‘incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables’ […]. A ese respecto, el Comité recuerda que la discriminación puede resultar del efecto discriminatorio de una regla o medida que es literalmente neutral o no tiene el propósito de discriminar, pero que afecta desproporcionadamente a las personas con discapacidad [hay cita]. De conformidad con el artículo 5, párrafo 2, los Estados partes deben prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizar a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, y, según el párrafo 3 de ese artículo, los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables, disposición destinada a promover la igualdad y eliminar la discriminación” (cfr. párr. 7.3).
“A este respecto, el Comité recuerda además que, en virtud del artículo 2 de la Convención, la expresión ‘ajustes razonables’ significa los ajustes y modificaciones necesarios y pertinentes que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales [hay nota]. El Comité considera que, al evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas de ajuste, los Estados partes gozan de cierto margen de apreciación [hay nota]. Sin embargo, los tribunales de los Estados partes deben garantizar que esa evaluación se haga de manera minuciosa y objetiva, incluyendo todos los elementos pertinentes, antes de llegar a la conclusión de que las medidas de apoyo y adaptación constituirían una carga desproporcionada o indebida [hay nota]” (cfr. párr. 7.4).
“[E]l Comité observa que los ajustes proporcionados por el Estado parte para las personas con deficiencias auditivas no permitirían a la peticionaria formar parte de un jurado en igualdad de condiciones con los demás […]. Por consiguiente, el Comité considera que los argumentos del Estado parte no son suficientes para concluir que suministrar a la peticionaria interpretación Auslan habría constituido una carga desproporcionada o indebida. Además, si bien el principio de confidencialidad de las deliberaciones del jurado debe observarse, el Estado parte no proporciona ningún argumento que justifique que no pudo hacerse ningún ajuste, como un juramento especial prestado ante un tribunal, para permitir a los intérpretes Auslan cumplir sus funciones sin afectar a la confidencialidad de las deliberaciones del jurado. Basándose en la información que tiene ante sí, el Comité considera que el Estado parte no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar un ajuste razonable a la peticionaria y concluye que la negativa a suministrar interpretación Auslan sin evaluar minuciosamente si constituiría una carga desproporcionada o indebida, equivale a discriminación por motivos de discapacidad […]” (cfr. párr. 7.5).
2. Personas con discapacidad. Libertad de expresión. Lengua de señas.
“[E]l Comité recuerda que, conforme al artículo 21 b) de la Convención, los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación, entre ellas aceptar y facilitar la utilización por las personas con discapacidad de todos los modos, medios y formatos accesibles de comunicación en las relaciones oficiales. Además, el artículo 21 e) de la Convención estipula que esas medidas pertinentes incluyen el reconocimiento y la promoción de la utilización de lenguas de señas. El Comité recuerda además que, conforme al artículo 2 de la Convención, la ‘comunicación’ incluye los lenguajes y los modos, medios y formatos alternativos de comunicación, que obviamente incluyen la interpretación Auslan [hay nota]. En ese contexto, el Comité considera que un jurado es una persona que detenta una responsabilidad pública en la administración de justicia en interacción con otras, entre ellas los demás jurados y los oficiales de justicia, y que esa interacción constituye ‘relaciones oficiales’ en el sentido del artículo [hay nota]. En vista de ello, el Comité considera que la negativa a proporcionar a la peticionaria el formato de comunicación que necesitaba para permitirle cumplir su deber de jurado y, por lo tanto, expresarse en relaciones oficiales, constituye una vulneración del artículo 21, apartados b) y e), de la Convención” (cfr. párr. 7.7).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACCESIBILIDAD; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; AJUSTES RAZONABLES; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; JUICIO POR JURADOS; LENGUA DE SEÑAS;
Arias Leiva v. ColombiaComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos consideró que Colombia era responsable por haber infringi-do los derechos del peticionario en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto, y dictaminó  que los hechos manifestaban una violación de los artículos 14, párrafo 5 (de-recho a la igualdad ante la ley, derecho a un juicio justo ante un tribunal imparcial), y 25 (derecho a participar en asuntos públicos, al voto y a ser elegido y acceder al servicio público) del Pacto.
1. Sentencia condenatoria. Recursos. Doble conforme.
“[E]l artículo 14, párrafo 5, del Pacto establece que una persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. El Comité recuerda que la expresión ‘con-forme a lo prescrito por la ley’ no tiene la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la discreción de los Estados partes. Si bien la legislación de un Estado parte puede disponer en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal. En el presente caso, el Estado parte no ha señalado la existencia de un recurso disponible para que el peticionario pueda solicitar que el fallo condenatorio y condena fueran revisados por otro tribunal […]” (párr. 11.4).
2. Corrupción. Administración pública. Pena. Inhabilitación. Derechos políticos. Debido proceso. Proporciona-lidad.
“[E]n el artículo 25 del Pacto se reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a la función pública. Cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Esta-do, el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. El Comité recuerda también que si el motivo para suspender el derecho a votar y a presentarse a cargos electivos es la condena por un delito, dicha restricción debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. El Comité recuerda también que, cuando esa condena sea claramente arbitraria o equi-valga a un error manifiesto o a una denegación de justicia, o las actuaciones judiciales que den lugar a la condena vulneren el derecho al debido proceso, la restricción de los derechos ampara-dos por el artículo 25 podría volverse arbitraria” (párr. 11.6).
“[E]l 17 de julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia declaró culpable al peticionario de los deli-tos de malversación de fondos por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Dado que el peticionario fue condenado por delitos que afectaban el patri-monio del Estado, la Corte también condenó al peticionario a la inhabilitación para el ejercicio de la función pública […]. En este marco, el Comité debe determinar si la inhabilitación de por vida sobre los derechos del peticionario en virtud del artículo 25, aplicada después de cumplir la pena principal, es compatible con el Pacto. A este respecto, el Comité considera que constituye un fin legítimo para los Estados partes luchar contra los actos de corrupción, proteger el erario y, por tanto, el interés público, con el fin de preservar el orden democrático. De esta manera, un Estado parte puede perseguir el legítimo interés de restringir el acceso al ejercicio de la función pública a aquellas personas condenadas por delitos de corrupción. Con ese fin, el Estado parte puede imponer inhabilitaciones de por vida a derechos en virtud del artículo 25 del Pacto únicamente en casos excepcionales, en relación con delitos graves, y cuando se justifique por las circunstancias individuales de la persona sentenciada. Cualquier inhabilitación debe estar fundada en motivos objetivos y ser previsible […]. Habiendo establecido la responsabilidad penal del peticionario, la Corte Suprema de Justicia automáticamente impuso una inhabilitación de por vida sobre sus derechos bajo el artículo 25 del Pacto […]. La duración de esta inhabilitación excede considera-blemente la duración de la pena principal del peticionario. El Comité observa que la inhabilitación establecida en el artículo 122 de la Constitución es formulada en términos amplios y no está suje-ta a ningún límite temporal y que, por otro lado, las condiciones para imponer dicha restricción son también formuladas de forma general, limitando así su previsibilidad. Más aún, […], el Co-mité observa que la Corte Suprema de Justicia no realizó una evaluación individualizada significa-tiva de la proporcionalidad de la restricción a los derechos del peticionario en virtud del artículo 25 del Pacto. En la parte resolutiva de su sentencia, en la que se impuso la inhabilitación en cues-tión, la Corte no consideró explícitamente las particulares circunstancias de los graves delitos por los que el peticionario fue sentenciado. La Corte tampoco fundamentó de qué forma las particu-lares circunstancias del caso podían justificar la imposición de una inhabilitación de por vida. En vista de ello, el Comité considera que la información disponible no le permite concluir que, en el presente caso, las restricciones de por vida impuestas a los derechos del peticionario en virtud del artículo 25 del Pacto por la Corte Suprema de Justicia sean proporcionales…” (párr. 11.7).
SENTENCIA CONDENATORIA; RECURSOS; DOBLE CONFORME; CORRUPCIÓN; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; PENA; INHABILITACIÓN; DERECHOS POLÍTICOS; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Murtazaliyeva v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el Estado ruso no violó el artículo 6.1 y 6.3 d) (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo.
1. Debido proceso. Derecho de defensa. Renuncia al ejercicio de un derecho.
“Ni la letra ni el espíritu del Artículo 6 del Convenio impiden a una persona renunciar bajo su propia voluntad a las garantías de un juicio justo, ya sea de manera expresa o tácita. Sin embargo, para que sea efectiva a los fines del Convenio, esa renuncia debe establecerse de manera inequívoca y realizarse con las salvaguardas mínimas según su importancia. Una renuncia no tiene que ser explícita, sino que debe ser voluntaria y constituir una renuncia con conocimiento de un derecho. Antes de que se pueda decir que –a través de su conducta– una persona acusada renunció implícitamente a un derecho importante según el Artículo 6, debe demostrarse que pudo haber previsto razonablemente cuáles serían sus consecuencias. Además, la renuncia no debe ser contraria a ningún interés público importante” (cfr. párr. 117).
2. Prueba testimonial. Testigo. Incorporación de prueba por lectura. Renuncia al ejercicio de un derecho. Abogado. Asistencia letrada. Derecho de defensa.
“[L]a peticionaria, asistida por su defensa técnica, consintió la lectura de las declaraciones del testigo […]. De manera significativa, la peticionaria no cuestionó la precisión de los registros relevantes del juicio, ni alegó que no había contado con el beneficio del asesoramiento legal apropiado sobre el asunto” (cfr. párr. 119).
“Teniendo en cuenta los registros del juicio, debe notarse que la defensa había acordado de manera inequívoca la lectura de las declaraciones [del testigo] previas al juicio. El último día del examen de las pruebas, el abogado [defensor] solicitó al tribunal que convocara al testigo. El juez, presidente del tribunal, informó a las partes que este testigo no se encontraba disponible, por lo que el fiscal solicitó que las declaraciones del testigo previas al juicio […] sean leídas. El abogado [defensor] no se opuso a la lectura, y [su otro abogado defensor lo] aceptó explícitamente” (cfr. párr. 122).
“Las consideraciones previas son suficientes para que el Tribunal concluya que la peticionaria, al aceptar la lectura de las declaraciones del testigo previas al juicio […] y al no insistir en su solicitud de que sea escuchado ante el tribunal, renunció a su derecho a examinar ese testigo en particular […]. Sobre este aspecto, el Tribunal reitera que la peticionaria fue asistida por dos abogados y el juez le preguntó explícitamente si estaba pre-parada para resolver su caso en ausencia del testigo, curso de acción que ella no objetó. También observa que la peticionaria tuvo la posibilidad de comentar las declaraciones [del testigo], pero no presentó ninguna objeción sustancial a su contenido […]. Además, el Tribunal no considera que el caso presentó cuestiones de interés público que impidieran que las garantías procesales específicas fueran suspendidas. No se puede discernir ninguna razón para dudar que la renuncia de la peticionaria constituyó una renuncia con cono-cimiento de un derecho y que ella pudo, con la asistencia de sus dos abogados, haber pre-visto razonablemente las consecuencias de su conducta” (cfr. párr. 127).
INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; PRUEBA TESTIMONIAL; TESTIGOS; PRUEBA; ABOGADO; ASISTENCIA LETRADA; RENUNCIA AL EJERCICIO DE UN DERECHO;
Informe sobre el reconocimiento de derechos de personas LGBTIComisión Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH elaboró este nuevo informe “…que combina la interdependencia y universalidad de los derechos humanos, con la visión de la seguridad integral dirigida a las personas LGBTI, visión que comprende no sólo la protección contra la violencia física, psicológica y sexual, sino que también incluye la posibilidad de que puedan planificar y fortalecer sus capacidades individuales. Este informe contiene directrices para la construcción de una sociedad más justa e incluyente, basada en el respeto a la orientación sexual, identidad de género –real o percibida– y diversidad corporal, y toma como base el reconocimiento de derechos específicos que traducen de forma efectiva la protección integral y la garantía del derecho a la dignidad concreta de las personas LGBTI, para que puedan tener la posibilidad de realizar sus planes de vida con plena autonomía y respeto a su voluntad”.
1. LGBTI. Identidad de género. Género. Matrimonio igualitario.
Tanto en el primer capítulo como en el segundo, “…la Comisión identifica los estándares desarrollados sobre el derecho de las personas LGBTI y los avances alcanzados en relación al reconocimiento de los derechos de las personas cuya orientación sexual, identidad de género –real o percibida– y diversidad corporal desafían el patrón heteronormativo y cisnormativo de las sociedades”. No obstante, evalúa que este reconocimiento “…no es suficiente en espacios en los que no se verifica la aplicación efectiva y práctica de estos derechos en las vidas de las personas. La Comisión Interamericana, en ese marco, hace un llamado a todos los Estados Miembros de la OEA para que respeten y apliquen los estándares contenidos en la Opinión Consultiva Nº 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referidos al derecho de las personas a tener su identidad de género auto percibida reconocida y a los derechos de las personas LGBT al matrimonio igualitario”.
2. LGBTI. Orientación sexual. No discriminación. Acceso a la justicia. Vulnerabilidad. Con-sentimiento informado.
En el tercer capítulo, la CIDH se enfoca en “…la protección integral de los derechos de las personas LGBTI. Al respecto, observa que, pese a que siguen existiendo diversas for-mas de discriminación y violaciones de derechos humanos en contra de las personas LGBTI, en los últimos años se han desarrollado diversos avances en la región en beneficio de este grupo. Dichos avances se han materializado a través de políticas públicas, decisiones judiciales, leyes y proyectos de ley, los que tienen distintos niveles de implementación en los distintos países del hemisferio. En particular, este informe compila las informaciones recibidas sobre la recolección de datos, los derechos a la participación democrática y política, a la educación, a la salud, a la seguridad personal, al acceso a la justicia y al bienestar económico. Aunque no sean exhaustivos, dichos ejes temáticos presentan prácticas de garantía de los derechos existentes en los distintos ámbitos de la vida de personas LGBTI.
“[L]a falta de efectividad de muchas medidas adoptadas por los Estados tiene que ver principalmente con deficiencias en el diseño, elaboración e implementación de dichas medidas, así como con la ausencia de mecanismos eficaces de evaluación. Para un avance más eficaz en la protección de los derechos de las personas LGBTI, la Comisión resalta la crucial importancia de que los Estados desarrollen mecanismos adecuados de recolección de datos, con especial atención en la segregación de información en cuanto a las personas pertenecientes al acrónimo LGBTI, así como tener en cuenta los tipos específicos de vulnerabilidad a las que están sometidas. Asimismo, la CIDH recomienda a los Estados que promuevan una cultura de derechos para combatir los prejuicios sociales y culturales arraigados en las sociedades del continente americano y que sigan desarrollando la protección integral de los derechos de las personas LGTBI”.
Por otra parte, entre las medidas de protección integral, la CIDH “…ha recibido información sobre diversas medidas adoptadas por los Estados de la región que garantizan la protección del derecho a la identidad y el reconocimiento de orientaciones sexuales, identidades de género –reales o percibidas–, y características sexuales diversas de las aceptadas por la sociedad”, todo ello pese a que la adopción o la modificación de legislación en sí mismas no necesariamente resultan en el establecimiento de condiciones que garanticen el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBTI. La CIDH recomienda a los Estados que “el reconocimiento de la identidad de género de toda persona tome como elemento central el consentimiento informado  –sin que se exijan requisitos que pueden ser patologizantes – y que sea rápido y efectivo”.
La CIDH también identifica “…las buenas prácticas existentes en la región, referentes a la participación democrática y política de las personas LGBTI. Considera que la participación efectiva de las personas LGBTI es fundamental para asegurar la efectividad de la legislación, políticas y programas destinados a mejorar las condiciones para el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. Una de las maneras más positivas, mediante las cuales la CIDH considera que los Estados pueden impulsar la participación democrática de las personas LGBTI en las acciones estatales, es a través de la participación efectiva de estas personas en los espacios e instancias de decisión sobre las respectivas políticas públicas, a fin de garantizar que su propia visión sea considerada respecto de la inclusión y respeto a sus derechos”.
3. LGBTI. Educación. Educación inclusiva. No discriminación.
Con miras a garantizar el pleno desarrollo de la personalidad de las personas LGBTI y reconocer su derecho de participar en forma efectiva en una sociedad democrática y pluralista, la CIDH “…analiza exhaustivamente el derecho a una educación inclusiva y no discriminatoria, Sin embargo, […] observa con preocupación la persistencia de la violencia y la discriminación contra estudiantes y profesionales LGBTI en el sector educativo, y la necesidad de establecer mecanismos eficaces de prevención, protección y denuncia. En este sentido, la CIDH insta a los Estados a que asuman su rol de garante de una sociedad libre de todas las formas de prejuicio, discriminación y violencia, y emprendan esfuerzos dirigidos al desarrollo de un proyecto educativo adecuado en los ambientes formales de educación, al mismo tiempo que deben impulsar un proceso de cambio cultural en todos los sectores de la sociedad en general”.
4. LGBTI. Derecho a la salud. VIH. Vulnerabilidad.
La CIDH sistematiza “…la información recibida sobre medidas adoptadas en algunos Estados de la región, incluyendo aquellas orientadas a garantizar el acceso integral a la salud para las personas LGBTI y atención especial a las personas trans e intersex. Además, la Comisión observa que varios países presentaron información sobre el reconoci-miento del derecho a la salud únicamente, o principalmente, vinculada al VIH. Al respecto, advierte que no es el ‘ser LGBTI’ lo que facilita la infección por el VIH; por el contrario, es la discriminación y la vulnerabilidad enfrentadas por la población LGBTI lo que la torna más vulnerable al contagio. La CIDH urge a los Estados a diseñar e implementar medidas integrales a fin de garantizar el derecho de las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales, a acceder a los servicios de salud sin ser sometidas a discriminación o violencia”.
5. LGBTI. Violencia. Acceso a la justicia. Recursos. Debida diligencia. Garantía de imparcialidad.  
Respecto a la seguridad personal, “…la CIDH continúa preocupada por los altos índices de violencia que se registran en la región contra personas LGBTI, o aquellas personas percibidas como tales, así como por la ausencia de una respuesta estatal efectiva frente a dicha problemática. No obstante, en el informe la Comisión reconoce que varios Estados Miembros de la OEA han adoptado medidas tendientes a enfrentar la violencia contra las personas LGBTI, a partir de una comprensión de que esta violencia es social y contextualizada, y que la motivación de los perpetradores es compleja y multicausal, y que no se trata de situaciones individuales o aisladas. En ese sentido, varios Estados de la región han adoptado legislación que criminaliza de manera específica la violencia por prejuicio contra las personas LGBTI, o que establece agravantes para casos de crímenes cometidos contra esta población. La CIDH reitera la importancia de que los Estados del continente americano emprendan esfuerzos hacia la concreción de las recomendaciones emitidas por la Comisión sobre violencia contra personas LGBTI”.
En referencia al acceso a la justicia por parte de las personas LGBTI en el continente, la CIDH afirma que “…siguen teniendo grandes barreras y desafíos, pero algunos Estados han presentado medidas para cambiar esta situación. Una de las medidas concretas que los Estados de la región vienen adoptando en aras de proveer una respuesta judicial efectiva frente a violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI es la creación de unidades especializadas de investigación y la capacitación de funcionarios del sistema de administración de justicia”.
Sin embargo, advierte que “…la sensibilización de los operadores de justicia es sólo un paso inicial hacia el acceso efectivo a la justicia de las personas LGBTI, que depende de la existencia de recursos agiles y efectivos, la creación y aplicación práctica de protocolos específicos para una debida actuación, así como de investigaciones serias e imparciales. En este contexto, la CIDH urge a los Estados a actuar con la debida diligencia para pre-venir, investigar, procesar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos perpetradas por actores estatales o privados contra las personas LGBTI, a través de medidas integrales y efectivas que promuevan la investigación rigurosa, y aseguren el acceso afectivo a la justicia de la población LGBTI, en particular cuando han sido sometidos a actos de violencia y discriminación.
En cuanto al reconocimiento de derechos de las personas LGBTI, “la CIDH se ocupó de las medidas adoptadas por los Estados para garantizar el acceso y control de recursos económicos. La Comisión ha resaltado que la discriminación que afecta a las personas LGBT en las sociedades de la región las inserta en un ciclo de exclusión que tiende a culminar en la pobreza por falta de acceso a servicios, oportunidades y prestaciones socia-les. Así, para que las personas tengan acceso y control de recursos económicos, la CIDH insta a los Estados a adoptar medidas integrales para abordar de manera efectiva la discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBTI que viven en la pobreza, y a continuar dedicando esfuerzos y recursos para erradicar la pobreza”.
“En virtud de la importancia de contextualizar las medidas efectivas al reconocimiento de derechos identificadas en este informe, en la situación integral que afecta a las personas LGBTI, el capítulo cuarto observa y analiza los desafíos que les continúan impidiendo el pleno ejercicio de sus derechos. Si bien se han identificado diversos avances en relación a la protección de las personas LGBTI en la región sobre varios aspectos, la CIDH ha expresado su preocupación ante la persistencia de retos en el reconocimiento de los derechos de las personas. La Comisión recuerda que siguen existiendo Estados en el continente que criminalizan relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo y el uso de prendas de vestir socialmente atribuidas a otro género. En ese sentido, si bien la CIDH reconoce la falta general de la aplicación de estas leyes, la Comisión reafirma que su simple existencia fomenta una cultura de violencia, hostilidad, discriminación y, graves violaciones a derechos. La Comisión lamenta que esas normas sigan vigentes en violación de las obligaciones internacionales de los Estados relativas al derecho a la igualdad y no discriminación y urge a que los Estados revisen las normas existentes y deroguen o dejen sin efecto, las disposiciones legales que constituyan discriminación en razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o diversidad corporal”.
Finalmente, expresa su preocupación “…con el avance de sectores anti –derechos LGBTI en la región, inclusive en el seno de los poderes del Estado, que se traduce en la adopción de leyes y otras medidas estatales contrarias a los derechos de las personas LGBTI. Asimismo, observa con cautela la proliferación de campañas de desinformación y manifestaciones promovidas por sectores contrarios al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el continente. Al mismo tiempo, la CIDH reconoce la importancia de los avances destacados en este informe. Sin embargo, urge a los Estados a que actúen con la debida diligencia para evitar que los desafíos existentes resulten en una protección incompleta de los derechos de las personas LGBTI en la región. En ese sentido, al final del presente informe, la Comisión emite recomendaciones a los Estados Miembros de la OEA en cuanto a la protección integral de las personas de orientación sexual, identidad de género –real o percibida–, o diversidad corporal en el hemisferio”.
LGBTIQ; GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; MATRIMONIO IGUALITARIO; DERECHO A LA IDENTIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; ORIENTACIÓN SEXUAL; DERECHOS SEXUALES; EDUCACIÓN; DERECHO A LA SALUD; HIV; DERECHO A LA SEGURIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; VULNERABILIDAD; CONSENTIMIENTO INFORMADO; EDUCACIÓN INCLUSIVA; VIOLENCIA; RECURSOS; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; DEBIDA DILIGENCIA;
Recomendación General Nº 1 sobre legítima defensa y violencia contra las mujeresComité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)
1. Violencia de género. Legítima defensa
“[L]a violencia contra las mujeres en la región continúa siendo una realidad y que es particularmente visible en lo que respecta al feminicidio/femicidio y, especialmente, aunque no exclusivamente, a la violencia cometida por parejas o exparejas sentimentales en contra de las mujeres”.
A su vez, puso especial atención en la situación problemática de las “mujeres que han terminado con la vida o le han provocado una lesión a sus agresores al ser víctimas de agresiones ilegítimas en el ámbito de sus relaciones interpersonales, ello abarcaría al ámbito doméstico y aquellos actos defensivos frente a agresiones de violencia en razón del género. Esto, de la mano con la existencia de problemas estructurales en el acceso a la justicia para las mujeres en la región, ha causado que muchas de estas mujeres sean procesadas penalmente por el delito de homicidio o de lesiones en sus múltiples tipos, a pesar de haber actuado en defensa de sus propias vidas, e incluso de las de sus hijas o hijos”.
En la presente Recomendación General, el CEVI analizó las obligaciones internacionales de los Estados Parte de la Convención respecto de asegurar el acceso de las mujeres a la argumentación de la legítima defensa en aquellos casos en los que como respuesta a la situación de violencia vivida, hayan incurrido en dicha conducta. Para ello, el Comité consideró los requisitos para la configuración de legítima defensa de acuerdo a la teoría del derecho penal –desde el derecho comparado– tomando en cuenta resoluciones emitidas por tribunales nacionales en la región y los estándares de la Convención. Dichos requisitos son los siguientes: 1) existencia de una agresión ilegitima, 2) inminencia o actualidad de la agresión, 3) necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión y 4) requisito de falta de provocación.
Posteriormente, enfatizó que “la legítima defensa supone una reacción a una agresión ilegítima que ponga en riesgo un bien jurídico protegido, como son la vida y la integridad personal. Sostener que es el comportamiento de la mujer el que origina la agresión ilegítima desnaturaliza la legítima defensa y refuerza estereotipos negativos de género, e ignora el prólogo de la Convención que menciona cómo la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres”
2. Estereotipos de género
“[L]a persistencia de los estereotipos de género y la falta de aplicación de la perspectiva de género al juzgar este tipo de casos podría llevar a valorar de manera inadecuada el comportamiento de las mujeres en situaciones de violencia basada en el género al momento de valorar la presencia o no de los requisitos de la legítima defensa”.
El CEVI recalcó la importancia de “erradicar los estereotipos de género en los razonamientos, actitudes y actuaciones de los funcionarios públicos, especialmente los del sector justicia pues estos tienen graves implicaciones para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas […]”. Sobre este aspecto, recordó que “juzgar con perspectiva de género implica ser conscientes de la existencia de los estereotipos de género y de la obligación de erradicarlos. La Corte Interamericana ha encontrado que ‘es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas’ […]. En ese sentido, la Recomendación General Nº 33 del Comité de la CEDAW sobre el acceso de las mujeres a la justicia, apunta la necesidad de una sensibilización de género de jueces y demás profesionales responsables de la aplicación de la ley”.
3. Apreciación de la prueba
Por otro lado, en relación a la valoración de pruebas con perspectiva de género aplicada a procesos penales y legítima defensa, el CEVI llamó la atención sobre “la necesidad de reconocer la existencia de una situación estructural de discriminación hacia las mujeres, que las impide gozar de sus derechos en pie de igualdad con los hombres. Esto demanda un esfuerzo en la valoración de las pruebas en situaciones de legítima defensa; especialmente, cuando la legítima defensa se alega en el marco de relaciones abusivas y en el ámbito doméstico […]. La centralidad de la valoración de pruebas con perspectiva de género queda particularmente clara al analizarse la jurisprudencia sobre la legítima defensa en relación con la violencia contra las mujeres […]. [L]os estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado sobre la valoración de pruebas son herramientas útiles para valorar las pruebas con perspectiva de género”.
A modo de conclusión, el CEVI señaló que “la perspectiva de género en los procesos de juzgamiento donde las mujeres víctimas de violencia son acusadas de matar o lesionar a sus agresores en legítima defensa de sus derechos o de terceros (esto último incluye cuando las mujeres defienden la vida o integridad física de sus hijos, hermanos, madres y está relacionado con el femicidio en relación ya que como sabemos el agresor en vez de matarla a ella intenta matar a personas de su círculo íntimo como acto de sufrimiento hacia la mujer), exige un cambio de paradigma o cristal con el que se deben valorar los hechos e interpretar la ley penal y procesal […]”. Por otra parte, consideró necesario “incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas con los mismos estándares tradicionalmente utilizados para la legitima defensa en otro tipo de casos, ya que la violencia a la que se ven sometidas por el agresor en razón de su género, tiene características específicas que deben permear todo el razonamiento judicial de juzgamiento. Para ello la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe ser una herramienta útil”.
“[L]os Estados Partes de la Convención Belem Do Pará deben tomar todas las medidas adecuadas para que la administración de justicia se haga en consonancia con los postulados de la Convención y que en caso de ser necesario, los Estados deben realizar la armonización legal necesaria para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. El CEVI también considera que la creación e implementación de protocolos sobre investigación y juzgamiento con perspectiva de género son favorables para atender los casos aquí descritos, y recuerda que estos pueden ser herramientas útiles para asistir a las y los operadores de justicia en actuar con debida diligencia”.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA DE GÉNERO; LEGÍTIMA DEFENSA; HOMICIDIO; FEMICIDIO; FEMICIDIO VINCULADO; ACCESO A LA JUSTICIA; APRECIACION DE LA PRUEBA; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO;
Órdenes Guerra y otros v. ChileCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Chile era responsable por la violación de los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 (derechos a las garantías judiciales y protección judicial) de la Convención Americana.
“En particular, en casos de graves violaciones de derechos humanos y de manifiesta obstrucción de justicia, este Tribunal ha considerado que ‘en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción[ penal,] así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas’ [hay nota]. Tales institutos jurídicos o disposiciones son inadmisibles cuando ‘pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos [hay nota]’” (párr. 77).
“Según señaló la Comisión, el recurso judicial disponible en la jurisdicción chilena para acceder a una indemnización por violaciones a los derechos humanos es la acción civil de indemnización. En todos los casos de las víctimas, las autoridades judiciales rechazaron sus demandas en aplicación del instituto de la prescripción de la acción civil. Tales decisiones se encuentran en firme” (párr. 86).
La Corte Interamericana consideró que las apreciaciones realizadas por la Comisión eran razonables en el sentido que “…la aplicación de tal figura en estos casos constituyó una restricción desproporcional en la posibilidad de obtener una reparación, señalando que ello no implica un pronunciamiento genérico sobre dicha figura sino únicamente respecto de la aplicación de la misma a crímenes de lesa humanidad. Así, consideró que, si bien el principio de seguridad jurídica busca coadyuvar al orden público y la paz en las relaciones sociales, el derecho a un recurso judicial para obtener una reparación por crímenes de lesa humanidad no va en desmedro de este principio, sino que lo fortalece y contribuye a su optimización” (párr. 87).
“[L]a razón de ser de la inconvencionalidad de aplicar la figura de prescripción de la acción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos se relaciona con el carácter fundamental que tiene el esclarecimiento de los hechos y la obtención de justicia para las víctimas. Por ello, la Comisión señaló que no encuentra razones para aplicar un estándar distinto a un aspecto igualmente fundamental como es la reparación en este tipo de casos, por lo cual las acciones judiciales de reparación del daño causado por crímenes internacionales no deberían estar sujetas a prescripción. En razón de las fechas en que ocurrieron o comenzaron a ocurrir, la Comisión consideró que las violaciones primarias respecto de las cuales las víctimas de este caso buscan una reparación, todas a partir de septiembre de 1973, hacen parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, por lo cual la aplicación de la figura de prescripción a sus acciones civiles de reparación constituyó un obstáculo en el acceso efectivo a la justicia para hacer efectivo su derecho a ser reparadas” (párr. 88).
“[E]l hecho ilícito que generó su responsabilidad internacional [del Estado] se configuró por el rechazo, por parte de los tribunales de justicia nacionales, de acciones civiles intentadas por las víctimas de reparación de daños ocasionados por actos calificados como crímenes de lesa humanidad, con base en la aplicación de la figura de la prescripción, alegada como excepción por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco chileno. Tal criterio impidió que los tribunales analizaran en su mérito la posibilidad de determinar una indemnización por los daños y perjuicios morales ocasionados a las víctimas, restringiendo la posibilidad de obtener una reparación justa. Es decir, no hay duda de que en este caso las violaciones de derechos reconocidos en la Convención se produjeron por una serie de decisiones de órganos judiciales del Estado que impidieron a las víctimas acceder materialmente a la justicia para reclamar su derecho de obtener una reparación” (párr. 90).
“[E]l Tribunal ha considerado que, en escenarios de justicia transicional, en los cuales los Estados deben asumir su deber de reparar masivamente a números de víctimas que pueden exceder ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación. En esos contextos, esas medidas de reparación deben entenderse en conjunto con otras medidas de verdad y justicia, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos relacionados, entre otros, con su legitimidad y efectiva capacidad de reparación integral de las mismas [hay nota]. El hecho de combinar reparaciones administrativas y judiciales, según cada Estado, puede ser entendido como de carácter diferente (excluyente) o complementario y, en este sentido, podría tomarse en cuenta, en una vía, lo otorgado en la otra. No obstante, en el caso chileno se entiende que, según el criterio jurisprudencial prevaleciente, ambos tipos de reparaciones son complementarios entre sí y no se descontaría, en la vía judicial, lo otorgado en aplicación de programas administrativos de reparaciones” (párr. 98).
“[E]l criterio jurisprudencial prevaleciente actualmente a nivel interno, acerca del carácter complementario y no excluyente de reparaciones otorgadas en vías administrativa y judicial, es razonable en relación con el derecho de víctimas de graves violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia para solicitar una declaratoria judicial de responsabilidad estatal, ya sea para que se efectúe una determinación individual de daños o, en su caso, para cuestionar la suficiencia o efectividad de reparaciones recibidas con anterioridad” (párr. 100).
DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO; PRESCRIPCIÓN; DICTADURA; REPARACIÓN; AMNISTÍA; RECURSOS; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Medidas provisionales respecto de Brasil, Asunto Instituto Penal Plácido de Sá CarvalhoCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 63.2 de la Convención Americana, requirió a Brasil que adoptase inmediatamente todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todas las personas privadas de libertad en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.
“[D]ado que es innegable que las personas privadas de libertad en el IPPSC pueden estar su-friendo una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el inherente a la mera privación de libertad, por un lado, resulta equitativo reducir su tiempo de encierro, para lo cual debe atenerse a un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida en la parte antijurídica de su ejecución. Las penas ilícitas, no por su antijuridicidad dejan de ser penas y, lo cierto es que se están ejecutando y sufriendo, cir-cunstancia que no puede obviarse para llegar a una solución lo más racional posible dentro del marco jurídico internacional” (párr. 120).
“[L]a degradación en curso obedece a la superpoblación del IPPSC, cuya densidad es del 200%, o sea, que duplica su capacidad, de ello se deduciría que duplica también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o de medida preventiva ilícita realmente sufrida se les computase a razón de dos días de pena lícita por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes” (párr. 121).
“Considera la Corte que la solución radical, antes mencionada, que se inclina por la inmediata libertad de los presos en razón de la inadmisibilidad de penas ilícitas en un Estado de derecho, si bien es firmemente principista y en la lógica jurídica casi inobjetable, desconoce que sería causa de una enorme alarma social que puede ser motivo de males aún mayores” (párr. 122).
“Cabe presuponer en forma absoluta que las privaciones de libertad dispuestas por los jueces del Estado, a título penal o cautelar, lo han sido en el previo entendimiento de su licitud por parte de los magistrados que las dispusieron, porque los jueces no suelen disponer prisiones ilícitas. Sin embargo, se están ejecutando ilícitamente y, por ende, dada la situación que se continúa y que nunca debió existir pero existe, ante la emergencia y la situación real, lo más prudente es reducir-las en forma que se les compute como pena cumplida el sobrante antijurídico de sufrimiento no dispuesto ni autorizado por los jueces del Estado” (párr. 123).
“La vía institucional para arbitrar este cómputo tomando en cuenta como pena el sobrante anti-jurídico de dolor o sufrimiento padecido, la deberá escoger el Estado conforme a su derecho interno, no siendo la Corte competente para señalarla […]. No obstante, la Corte recuerda que, conforme a los principios del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado no podrá alegar incumplimiento por obstáculos de derecho interno” (párr. 124).
“La aplicación de este cómputo no exime tampoco al Estado de la obligación de redoblar los esfuerzos para que, incluso con la reducción poblacional que provoque, logre condiciones dignas de ejecución penal para la población que no alcance la libertad, pese a computársele como pena o prevención la parte antijurídica de su ejecución” (párr. 125).
“Tampoco la Corte excluye la posibilidad de que el Estado arbitre también otros medios sustitu-tivos de la privación de libertad para contribuir a resolver la sobrepoblación del IPPSC, sino que en tal sentido también insta al Estado a llevar a cabo el máximo de esfuerzo posible para hacer cesar la actual situación” (párr. 126).
“[E]l daño emergente de la eventual violación del artículo 5.6 de la Convención Americana se habría producido en el plano de la realidad, o sea que, el deterioro de las personas privadas de libertad opera en ellas de modo totalmente inverso al señalado en la Convención Americana, es decir, que las condiciones del IPPSC, lejos de promover la reinserción social de los presos en vistas a una convivencia pacífica y respetuosa de la ley y de los derechos de los otros habitantes, en muchos casos habría operado en sentido contrario, reforzando la desviación de conducta de las personas sometidas a las observadas condiciones degradantes. Por lamentable que sea la con-secuencia, el mal está hecho y es indispensable tenerlo presente y en cuenta al decidir acerca de la medida a adoptar en el presente caso” (párr. 127).
“Las desviaciones de conducta generadas por condiciones degradantes de ejecución de privacio-nes de libertad ponen en peligro los derechos y bienes jurídicos del resto de la población, porque genera en alguna medida un efecto reproductor de delincuencia. La Corte no puede ignorar esta circunstancia y, al menos, respecto de los derechos fundamentales, se le impone formular un distinto tratamiento para el caso de presos condenados o imputados por delitos o supuestos delitos contra la vida, la integridad física o de naturaleza sexual, si bien tomando en cuenta que esas desviaciones secundarias de conducta no se producen inexorablemente, lo que requiere un tratamiento particularizado en cada caso” (párr. 128).
“[L]a reducción del tiempo de prisión compensatoria de la ejecución antijurídica, conforme al cómputo antes señalado para la población penal del IPPSC en general, en el caso de imputados o condenados por delitos contra la vida, la integridad física o sexuales, deberá quedar supeditada en cada caso a un examen o peritaje técnico criminológico que indique, según el pronóstico de conducta resultante y, en particular, con base a indicadores de agresividad de la persona, si co-rresponde la reducción del tiempo real de privación de libertad en la forma señalada del 50%, si éste no es aconsejable en razón de un pronóstico de conducta totalmente negativo o si debe abreviarse en menor medida que el 50%” (párr. 129).
NOTA: La Corte consideró ilustrativo tomar en cuenta las sentencias más significativas que, ante situaciones como la presente, pronunciaron tres máximas instancias judiciales de Estados miem-bros de la Organización de Estados Americanos y una del Tribunal Europeo de Derechos Hu-manos.
• Corte Constitucional de Colombia: Sentencia T-388/13 (2013).
• Suprema Corte de los Estados Unidos: Casos Coleman v. Brown (1990) y Plata v. Brown (2001).
• Supremo Tribunal Federal de Brasil: Súmula Vinculante Nº 56 (2016).
• TEDH. Torregiani y otros v. Italia (2013).
MEDIDAS CAUTELARES; CÁRCELES; PENA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRISIÓN; DERECHO A LA VIDA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; HACINAMIENTO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL;
Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco v. MéxicoCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que México era responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2 y 11 (derecho a la integridad personal, vida privada, y a no ser sometido a  tortura), de los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (derecho a la libertad personal), 8.1  y 8.2 literales b, d y e, y 25.1  (derecho a la defensa, a las garantías judiciales y a la protección judicial), de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma. Igualmente, responsable por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
“En el presente caso, la Corte examinará (i) el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la afectación al derecho de reunión; (ii) la violencia sexual y violaciones sexuales cometidas en perjuicio de las once mujeres y su calificación como tortura en este caso; (iii) el uso de la violencia sexual como un arma de control de orden público; (iv) el empleo de estereotipos en la represión y atención a la denuncia de abusos por parte de las víctimas; (v) la violencia médica experimentada por las víctimas, y (vi) la discriminación por razones de género que se dio en este caso” (párr. 158).
1. Uso de la fuerza. Derecho de reunión. Control social. Fuerzas de seguridad. Policía. Abuso de poder. Orden público.
“La Corte ha reconocido que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser necesario [hay nota]. Si bien los agentes estaduales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, incluso la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores [hay nota]” (párr. 159).
“La Corte ha recurrido a los diversos instrumentos internacionales en la materia y, en particular, a los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley [hay nota] y al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley [hay nota], para dotar de contenido a las obligaciones relativas al uso de la fuerza por parte del Estado [hay nota]. Los Principios Básicos sobre empleo de la fuerza establecen que ‘[a]l dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario’, mientras que ‘[a]l dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9’ [hay nota]. En este sentido, las normas internacionales y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido que ‘los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras’ [hay nota]” (párr. 160).
“Este Tribunal recuerda que el uso de la fuerza acarrea obligaciones específicas a los Estados para: (i) regular adecuadamente su aplicación, mediante un marco normativo claro y efectivo; (ii) capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, los límites y las condiciones a los que debe estar sometido toda circunstancia de uso de la fuerza, y (iii) establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza [hay nota]” (párr. 161).
“Tomando en cuenta lo anterior, la Corte ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, en los términos siguientes [hay nota]” (párr. 162).
“[L]a Corte advierte que, contrario a lo alegado por el Estado, su responsabilidad no surge solamente de algunos actos de agentes estatales que actuaron fuera de los límites de sus competencias. La responsabilidad del Estado por el uso excesivo de la fuerza en este caso también surge por la omisión de las autoridades en prevenir estas violaciones” (párr. 166).
“Si bien los Estados gozan de un cierto grado de discreción al evaluar el riesgo al orden público, a efectos de disponer el uso de la fuerza, esa discrecionalidad no es ilimitada ni carece de condiciones, particularmente cuando se trata de reuniones, protestas o manifestaciones protegidas por el artículo 15 de la Convención [hay nota]. Corresponde al Estado demostrar que adoptó las medidas estrictamente necesarias y proporcionales para controlar el riesgo percibido al orden público o a los derechos de las personas, sin restringir o violentar innecesariamente el derecho a la reunión pacífica de las demás personas [hay nota]. Al respecto, esta Corte ya ha señalado que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles [hay nota]” (párr. 167).
“[E]n el presente caso, es claro que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales no era legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable […] en cuanto a la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluye que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, una supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos, conllevan violaciones a los artículos 5 y 11 de la Convención […]” (párr. 170).
“[A]l respecto, la Corte toma nota de lo indicado por el ex Relator de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión y asociación, según el cual ‘cuando la violación del derecho a la libertad de reunión pacífica es un factor habilitante e incluso determinante o una pre condición para la violación de otros derechos […], también inevitablemente se ve afectado el derecho a la libertad de reunión pacífica y ello merece ser reconocido’ [hay nota]. Además, como sucede con otros derechos con una dimensión social, se resalta que la violación de los derechos de los participantes en una reunión o asamblea por parte de las autoridades, ‘tienen graves efectos inhibitorios [chilling effect] sobre futuras reuniones o asambleas’, en tanto las personas pueden optar por abstenerse para protegerse de estos abusos, además de ser contrario a la obligación del Estado de facilitar y crear entornos propicios para que las personas pueden disfrutar efectivamente de su derecho de reunión [hay nota]” (párr. 172).
“[E]sta Corte estima que ambos derechos (derecho de reunión y de expresión) están intrínsecamente relacionados. Como se mencionó previamente, el ejercicio del derecho de reunión es una forma de ejercer la libertad de expresión […]. A juicio de este Tribunal, la violación del derecho de reunión podría generar una afectación a la libertad de expresión. No obstante, para que se configure una violación autónoma de la libertad de expresión, distinta al contenido inherente del derecho de reunión, sería necesario demostrar que la misma fue afectada más allá de la afectación intrínseca a la violación declarada del derecho de reunión” (párr. 173).
“[E]l derecho a la reunión pacífica asiste a cada una de las personas que participan en una reunión. Los actos de violencia esporádica o los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento tienen un carácter pacífico [hay nota]. Por ello, las autoridades estatales deben extremar sus esfuerzos para distinguir entre las personas violentas o potencialmente violentas y los manifestantes pacíficos [hay nota]. Una gestión adecuada de las manifestaciones requiere que todas las partes interesadas protejan y hagan valer una amplia gama de derechos [hay nota]. Además, aunque los participantes en una reunión no actúen de forma pacífica y, como resultado de ello, pierdan el derecho de reunión pacífica, conservan todos los demás derechos, con sujeción a las limitaciones normales [hay nota]” (párr. 175).
2. Violencia sexual. Violación. Tortura. Integridad personal. Tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“[E]n casos que involucran alguna forma de violencia sexual, se ha precisado que las violaciones a la integridad personal conllevan la afectación de la vida privada de las personas, protegida por el artículo 11 de la Convención, la cual abarca la vida sexual o sexualidad de las personas [hay nota]. La violencia sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de las personas, supone una intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente las decisiones respecto a con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas [hay nota]” (párr. 179).
“Siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la Corte ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno [hay nota]” (párr. 181).
“Asimismo, siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del derecho penal internacional como en el derecho penal comparado, este Tribunal ha considerado que la violación sexual es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril [hay nota]. Para que un acto sea considerado violación sexual, es suficiente que se produzca una penetración, por superficial que sea, en los términos antes descritos [hay nota]. Además, se debe entender que la penetración vaginal se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo del agresor u objetos, de cualquier orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, así como el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la concepción de que cualquier tipo de penetración, por superficial que sea, es suficiente para que un acto sea considerado violación sexual. La Corte entiende que la violación sexual es una forma de violencia sexual [hay nota]” (párr. 182).
“En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima [hay nota]. Además, esta Corte ha resaltado cómo la violación sexual de una mujer que se encuentra detenida o bajo la custodia de un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente [hay nota]” (párr. 183).
“Una vez determinado que las once mujeres de este caso fueron víctimas de violencia sexual, y siete de ellas además de violación sexual, corresponde a la Corte determinar si esta violencia además constituyó tortura” (párr. 190).
“[L]a jurisprudencia de la Corte ha determinado en numerosos casos que la violación sexual es una forma de tortura [hay nota]. Este Tribunal ha considerado que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, y en términos generales, la violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre [hay nota]. Para calificar una violación sexual como tortura deberá atenerse a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada caso [hay nota]” (párr. 193).
“A fin de establecer si las agresiones sufridas por las once mujeres en este caso constituyeron actos de tortura, corresponde examinar si se trataron de actos: i) intencionales, ii) que causaron severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) fueron cometidos con cualquier fin o propósito” (párr. 194).
“En el presente caso, es claro que los policías actuaron deliberadamente en contra de las once mujeres. Dada la naturaleza sexual de la violencia ejercida, la repetición y similitud de los actos cometidos en contra de las distintas mujeres, así como las amenazas e insultos que profirieron en su contra, para la Corte es evidente que dichos actos fueron intencionales” (párr. 195).
“Por otra parte, en cuanto a la severidad del sufrimiento, este Tribunal ha reconocido que la violencia sexual cometida por agentes estatales, mientras las víctimas se encuentran bajo su custodia, es un acto grave y reprobable, en el cual el agente abusa de su poder y se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima, por lo que puede causar consecuencias psicológicas severas para las víctimas [hay nota]. Además, resalta que en este caso, las víctimas fueron reiteradamente amenazadas, en el curso de su detención y traslados al penal, de que serían asesinadas, violadas sexualmente o receptoras de peores abusos de los que ya se les venía infligiendo. Asimismo, respecto a las violaciones sexuales, esta Corte ha reconocido que constituyen experiencias sumamente traumáticas que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima ‘humillada física y emocionalmente’, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas [hay nota]. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas [hay nota]. Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales […]” (párr. 196).
“[L]a gravedad de la violencia sexual en este caso, además de su calificación como tortura, surge también por el hecho que se utilizó como una forma intencional y dirigida de control social. En el marco de conflictos armados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [hay nota], tribunales penales internacionales [hay nota] y tribunales nacionales [hay nota] han reconocido que la violencia sexual con frecuencia ha sido utilizada como una táctica de guerra “destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico’ [hay nota]. Esta Corte se ha referido a la forma como la violencia sexual se ha utilizado en los conflictos armados como un medio simbólico para humillar a la parte contraria o como un medio de castigo y represión. En este sentido, ha resaltado cómo la utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección, pues las consecuencias de la violencia sexual suelen trascender de la víctima” (párr. 200).
“[L]os agentes policiales instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. Cosificaron a las mujeres para humillar, atemorizar e intimidar las voces de disidencia a su potestad de mando. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, como si junto con los gases lacrimógenos y el equipo anti motín, constituyeran sencillamente una táctica adicional para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado. Este tipo de conductas en el mantenimiento del orden público, más que reprochable, es absolutamente inaceptable. La violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad en un Estado obligado por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana contra la Tortura a adoptar, ‘por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar’ la violencia contra las mujeres” (párr. 202).
3. Violencia. Atención médica.
“La Corte ha reconocido cómo ciertos tratos crueles, inhumanos o degradantes e inclusive torturas se pueden dar en el ámbito de los servicios de salud [hay nota]. De igual forma, ha hecho hincapié en el rol de importancia que tienen los médicos y otros profesionales de la salud en salvaguardar la integridad personal y prevenir la tortura y otros malos tratos [hay nota]. Particularmente en casos como el presente, la evidencia obtenida a través de los exámenes médicos tiene un rol crucial durante las investigaciones [hay nota]” (párr. 206).
“[L]a Corte observa que los médicos que atendieron a las mujeres víctimas del presente caso incurrieron en un trato denigrante y estereotipado, el cual resultó particularmente grave, por la posición de poder en que se encontraban, por el incumplimiento de su deber de cuidado y la complicidad que mostraron al negarse a registrar las lesiones sufridas, pero más importante aún por la particular situación de vulnerabilidad en la que se encontraban teniendo en cuenta que habían sido víctimas de tortura sexual por parte de agentes policiales y estos médicos en muchos casos resultaban la primera persona a quien intentaron denunciar las violaciones cometidas y que, al negarse a registrarlas o revisarlas comprometieron significativamente las investigaciones posteriores, [hay nota]. Este Tribunal estima que el trato recibido por parte de los médicos constituye un elemento adicional de la violencia sexual y discriminatoria a la que fueron sometidas las víctimas” (párr. 207).
“[L]a Corte encuentra que la gravedad de la violencia sexual en este caso se ve extremada porque esta forma especialmente reprochable y discriminatoria de violencia fue utilizada por agentes estatales como una forma de control del orden público para humillar, inhibir e imponer su dominación sobre un sector de la población civil que los policías, lejos de proteger, trataron como un enemigo que debían doblegar, sin importar si para ello usaban a las mujeres detenidas como una herramienta más en su estrategia de orden público” (párr. 209).
4. No discriminación. Género. Estereotipos de género.
“[L]a Corte estima que la violencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer [hay nota]. Tanto la Convención de Belém do Pará, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su órgano de supervisión, han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación [hay nota]. En el presente caso, la Corte estima que la violencia física cometida contra las once mujeres constituyó una forma de discriminación por razones de género, en tanto las agresiones sexuales fueron aplicadas a las mujeres por ser mujeres. Si bien los hombres detenidos durante los operativos también fueron objeto de un uso excesivo de la fuerza, las mujeres se vieron afectadas por formas diferenciadas de violencia, con connotaciones y naturaleza claramente sexual y enfocado en partes íntimas de sus cuerpos, cargada de estereotipos en cuanto a sus roles sexuales, en el hogar y en la sociedad, así como en cuanto a su credibilidad, y con el distintivo propósito de humillarlas y castigarlas por ser mujeres que presuntamente estaban participando en una manifestación pública en contra de una decisión de autoridad estatal” (párr. 211).
“Un estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales [hay nota]” (párr. 212).
“La Corte ya ha señalado cómo justificar la violencia contra la mujer y, de alguna manera, atribuirles responsabilidad en virtud de su comportamiento es un estereotipo de género reprochable que muestra un criterio discriminatorio contra la mujer por el solo hecho de ser mujer [hay nota]. En el presente caso, las formas altamente groseras y sexistas en que los policías se dirigieron a las víctimas, con palabras obscenas, haciendo alusiones a su imaginada vida sexual y al supuesto incumplimiento de sus roles en el hogar, así como a su supuesta necesidad de domesticación, es evidencia de estereotipos profundamente machistas, que buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica, y donde el salir de estos roles, para manifestar, protestar, estudiar o documentar lo que estaba pasando […] era motivo suficiente para castigarlas con distintas formas de abuso” (párr. 216).
“[L]os Estados deben adoptar medidas activas y positivas para combatir actitudes estereotipadas y discriminatorias […]. En la medida en que estas conductas se basan en prejuicios y patrones socioculturales profundamente arraigados, no basta una actitud pasiva por parte del Estado o la simple sanción posterior, lo cual ni siquiera ha ocurrido en este caso. Es necesario que el Estado implemente programas, políticas o mecanismos para activamente luchar contra estos prejuicios y garantizar a las mujeres una igualdad real. Cuando el Estado no desarrolla acciones concretas para erradicarlos, los refuerza e institucionaliza, lo cual genera y reproduce violencia contra la mujer [hay nota]” (párr. 218).
5. Libertad Personal. Garantías Judiciales. Detención. Notificaciones. Derecho de defensa. Arbitrariedad. Prisión preventiva.
“[P]ara evaluar la legalidad de una privación de libertad bajo la Convención Americana, le corresponde al Estado demostrar que la misma se realizó de acuerdo a la legislación interna pertinente, tanto en lo relativo a sus causas como al procedimiento. Específicamente con respecto al supuesto de flagrancia, este Tribunal ha señalado que es el Estado quien tiene la carga de demostrar que la detención se realizó en flagrante delito [hay nota]. La Corte estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal, toda vez que no acreditó la situación de flagrancia requerida por la normativa interna y con base en la cual habrían sido detenidas” (párrs. 236-237).
“[L]as detenciones colectivas pueden constituir un mecanismo para garantizar la seguridad ciudadana cuando el Estado cuenta con elementos para acreditar que la actuación de cada una de las personas afectadas se encuadra en alguna de las causas de detención previstas por sus normas internas en concordancia con la Convención [hay nota]. Es decir, deben existir elementos para individualizar y separar las conductas de cada uno de los detenidos y que, a la vez, exista el control de la autoridad judicial [hay nota]” (párr. 239).
“[E]n el caso de detenciones colectivas el Estado debe fundamentar y acreditar, en el caso concreto, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona individual y que la detención sea estrictamente necesaria, y por tanto no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del acusado a un grupo determinado” (párr. 240).
“[L]a Corte considera que, a efectos de evitar la arbitrariedad en las detenciones colectivas, los Estados deben: (i) individualizar y separar las conductas de cada una de las personas detenidas, de forma de demostrar que existen indicios razonables, basados en información objetiva, de que cada persona detenida se encuadra en alguna de las causas de detención previstas en sus normas internas acordes con la Convención; (ii) ser necesaria y proporcional para garantizar algún propósito permitido por la Convención, tales como el interés general, así como (iii) estar sujeta a control judicial, además de las demás condiciones del artículo 7 de la Convención Americana” (párr. 241).
“[L]a detención podrá tornarse arbitraria si en su curso se producen hechos atribuibles al Estado que sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos del detenido [hay nota]” (párr. 243).
“Respecto al derecho reconocido en el artículo 7.4 de la Convención Americana, esta Corte ha dicho que el mismo alude a dos garantías para la persona que está siendo detenida: i) la información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de los cargos. La información de los ‘motivos y razones’ de la detención debe darse ‘cuando ésta se produce’, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. Asimismo, esta Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención y que no se satisface el artículo 7.4 de la Convención si solo se menciona la base legal si la persona no es informada adecuadamente de las razones de la detención, incluyendo los hechos y su base jurídica, no sabe contra cuál cargo defenderse y, en forma concatenada, se hace ilusorio el control judicial [hay nota]” (párr. 246).
“[P]ara que la medida privativa de la libertad no se torne arbitraria debe cumplir con los siguientes parámetros: i) que su finalidad sea compatible con la Convención; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, es decir, absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido; iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida, y v) cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención [hay nota]. Asimismo, la Corte reitera que la privación de libertad del imputado sólo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia [hay nota]. El peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto [hay nota]” (párr. 251).
“[L]a prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, y que es una medida cautelar, no punitiva [hay nota]. Por ello, debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. Las autoridades nacionales son las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades internas deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia [hay nota]” (párr. 255).
“La Corte ha establecido que, de conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) [hay nota]. Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables [hay nota]” (párr. 267).
6. Debida diligencia. Denuncia. Victima. Revictimización.
“La Corte ha especificado que en una investigación penal por violencia sexual es necesario que i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del género que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso, y vii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación [hay nota]” (párr. 272).
“En cuanto a las entrevistas que se realicen a una persona que afirma haber sido sometida a actos de tortura, la Corte ha referido que: i) se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad; ii) no debe exigirse a nadie hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómoda al hacerlo; iii) se debe documentar durante la entrevista la historia psicosocial y previa al arresto de la presunta víctima, el resumen de los hechos narrados por ésta relacionados al momento de su detención inicial, las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba durante su permanencia bajo custodia estatal, los malos tratos o actos de tortura presuntamente sufridos, así como los métodos presuntamente utilizados para ello, y iv) se debe grabar y hacer transcribir la declaración detallada [hay nota]. Por otro lado, la entrevista que se realiza a una presunta víctima de actos de violencia o violación sexual deberá realizarse en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, y deberá registrarse de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición [hay nota]” (párr. 273).
“[E]n casos donde existen indicios de tortura, los exámenes médicos practicados a la presunta víctima deben ser realizados con consentimiento previo e informado, sin la presencia de agentes de seguridad u otros agentes estatales. Igualmente, al tomar conocimiento de actos de violencia contra la mujer, es necesario que se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea. Dicho examen deberá ser realizado de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia de género [hay nota]. Por otro lado, los médicos y demás miembros del personal de salud están en la obligación de no participar, ni activa ni pasivamente, en actos que constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; tienen la obligación de plasmar en sus informes la existencia de prueba de malos tratos, de ser el caso, y deben adoptar medidas a fin de notificar posibles abusos a las autoridades correspondientes o, si ello implica riesgos previsibles para los profesionales de la salud o sus pacientes, a autoridades ajenas a la jurisdicción inmediata. Del mismo modo, el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos [hay nota]” (párr. 275).
“[E]sta Corte ya ha remarcado que los Estados tienen el deber de recuperar y preservar el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables [hay nota]” (párr. 278).
“[E]n cuanto a la investigación de casos de tortura, el Protocolo de Estambul señala que resulta ‘particularmente importante que [el] examen [médico] se haga en el momento más oportuno’ y que ‘[d]e todas formas debe realizarse independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el momento de la tortura [hay nota]. No obstante, dicho Protocolo advierte que, ‘[p]ese a todas las precauciones, los exámenes físicos y psicológicos, por su propia naturaleza, pueden causar un nuevo traumatismo al paciente provocando o exacerbando los síntomas de estrés postraumático al resucitar efectos y recuerdos dolorosos’ [hay nota]” (párr. 281).
“Este Tribunal ha entendido que constituyen obstáculos a la marcha de un proceso investigativo, entre otros: los actos de coacción, intimidaciones o amenazas a testigos, investigadores, o jueces, que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos o encubrir a los responsables de los mismos [hay nota]; las irregularidades y dilaciones injustificadas que se originen en la falta de voluntad y compromiso de las autoridades competentes para asumir los respectivos procesos penales [hay nota]; la falta de acceso de las víctimas, sus familiares o sus representantes a las investigaciones y procesos [hay nota]; la alteración, ocultamiento y destrucción de prueba por parte de agentes del Estado [hay nota], así como los intentos de soborno y el robo de evidencias; [hay nota] la falta de colaboración de entidades estatales con las autoridades encargadas de la investigación [hay nota], especialmente la negativa de aportar información amparándose en el secreto del Estado [hay nota]; la intervención de la jurisdicción militar para conocer hechos que constituyen violaciones a derechos humanos [hay nota], y la aplicación de leyes de amnistía [hay nota]” (párr. 287).
“Esta Corte ha establecido que los Estados tienen el deber de realizar una investigación por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de los responsables, cualquiera que haya sido su participación en los hechos [hay nota]. Así, deben evitarse omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación [hay nota] de tal forma que se pueda garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma [hay nota]. En este sentido, a los fines de determinar si un Estado ha cumplido con su obligación de investigar a todas las personas penalmente responsables, esta Corte ha referido que es necesario analizar (i) la existencia de indicios sobre la participación de los presuntos responsables, y (ii) si hubo una actuación diligente o negligente en la indagación de tales indicios [hay nota]” (párr. 292).
“La Corte señala que respecto de la posibilidad de menor responsabilidad penal para los responsables de la cadena de mando, no es válido el argumento de que se ha omitido toda investigación sobre una eventual responsabilidad por violación del deber de cuidado por parte de los superiores, en razón de que los tipos de tortura y de violación sexual exigen dolo y no admiten la forma culposa” (párr. 299).
“Conforme al principio de que a cada participante en un delito le corresponde solo la responsabilidad por su injusto personal, es verdad que los autores materiales, instigadores y cómplices de los delitos de tortura y violación sólo pueden incurrir en esos injustos con dolo directo o eventual y, aún más, que la violación es un tipo en que solo puede incurrir como autor quien lo comete en forma directa y personal (llamado de propia mano), como también que en el injusto reprochable a esos agentes no pueden computarse como concurso ideal las lesiones sufridas por las víctimas, puesto que quedan consumidas por la violencia exigida por esos tipos, lo que queda aún más de manifiesto cuando, por lo general, los tipos de esos delitos las mencionan como agravantes del ilícito al igual que el posible resultado de muerte” (párr. 300).
“Este Tribunal ha afirmado, en relación a la violación sexual, que dada la naturaleza de esta forma de violencia no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho [hay nota]” (párr. 315).
“[E]ste Tribunal también advierte los efectos revictimizantes del trato esterotipado y discriminatorio recibido por las mujeres […]. Al respecto, este Tribunal ha expresado que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género. Aún más, el consentimiento de la víctima resulta indispensable en cualquier peritaje o examen que se le practique a la víctima de tortura y/o violencia sexual […]. En consecuencia, la Corte estima que la investigación de la tortura y violencia sexual cometida contra las mujeres víctimas del presente caso no fue conducida con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la Convención de Belém do Pará […]” (cfr. párr. 316-317).
7. Familiares
“[L]os familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas [hay nota]. Al respecto, la Corte ha señalado que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes, así como hermanos y hermanas [hay nota], siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso […]” (párr. 320).
VIOLENCIA; VIOLACIÓN; TORTURA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO DE REUNIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; ABUSO DE AUTORIDAD; ORDEN PÚBLICO; LIBERTAD; DETENCIÓN DE PERSONAS; NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; ARBITRARIEDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; NO DISCRIMINACIÓN; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ASISTENCIA MEDICA; DEBIDA DILIGENCIA; DENUNCIA; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN; FAMILIA; VIOLENCIA SEXUAL; USO DE LA FUERZA;
Toranzo Gomez v. EspañaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que España era responsable por haber violado el artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo.
“En el presente asunto el Tribunal se enfrenta a la necesidad de lograr el equilibrio entre los dos derechos del Convenio: el derecho a la libertad de expresión con arreglo al artículo 10 del Con-venio y el derecho al respeto a la vida privada con arreglo al artículo 8 del Convenio” (cfr. párr. 53).
“Al Tribunal no se le exige determinar si el peticionario fue sometido a tortura o no. La cuestión fundamental es más bien si las declaraciones del peticionario pertenecían al tipo de expresión que merecen ser protegidas con arreglo al artículo 10 del Convenio, lo que es en última instancia deci-sión del Tribunal, además de tener en cuenta las conclusiones de los tribunales españoles al res-pecto” (cfr. párr. 54).
“En opinión del Tribunal, incluso si hubiera que admitir que el peticionario utilizó un estilo que pudo haber implicado cierto grado de exageración, el Tribunal señala que el peticionario se quejó del trato recibido por parte de las autoridades durante su encierro. Aspecto que, independiente-mente del hecho de que el peticionario fuera responsable de dicha situación, debe haberle provo-cado cierto sentimiento de angustia, miedo y sufrimiento mental y físico” (cfr. párr. 56).
“El Tribunal indica que las declaraciones del peticionario deben considerarse en su contexto. En el presente caso, sus declaraciones no se referían a aspectos de la vida privada de los policías como tal, sino más bien a su comportamiento como autoridades públicas. No cabe duda de que el comportamiento de los agentes en ejercicio de su autoridad pública y las posibles consecuen-cias sobre el peticionario y terceras partes son cuestiones de interés público” (cfr. párr. 57).
“[E]ste Tribunal indica que el peticionario, mediante la minuciosa descripción de dichos méto-dos, no dejó margen para que la opinión pública imaginara algo diferente a lo que ocurrió. De hecho, el Tribunal considera que nada en este asunto sugiere que las alegaciones del peticionario no fueran formuladas de buena fe y con vistas a lograr el objetivo legítimo de debatir una cues-tión de interés público” (cfr. párr. 58).
“Este Tribunal constata que la expresión ‘tortura’ utilizada por el peticionario no puede interpre-tarse como un juicio de valor, cuya veracidad no es susceptible de ser probada. Dichos juicios de valor pueden ser excesivos en ausencia de base objetiva pero, a la vista de los elementos anterio-res, no parece ser este el caso. De hecho, la base objetiva en cuestión se encuentra en las senten-cias dictadas […] que describían claramente los métodos policiales. La descripción de los hechos según los tribunales nacionales se corresponde en esencia con la descripción del peticionario. Este Tribunal considera que el peticionario utilizó la palabra ‘tortura’ de forma coloquial con el objetivo de denunciar los métodos policiales y lo que consideró un uso excesivo y despropor-cionado de la fuerza por parte de la policía, y el maltrato que consideró haber recibido por parte de la policía y de los bomberos” (cfr. párr. 59).
“[N]i en las resoluciones de los tribunales nacionales ni en las observaciones del Gobierno se menciona si las declaraciones del peticionario provocaron consecuencias negativas reales a los policías” (cfr. párr. 60).
“En opinión del Tribunal, la pena [impuesta por el tribunal local] puede provocar un ‘efecto pa-ralizante’ en el ejercicio de la libertad de expresión del peticionario ya que puede haberle disuadido de criticar la actuación de la policía” (cfr. párr. 64).
“[E]ste Tribunal señala que restringir el derecho del peticionario a criticar la actuación de los po-deres públicos imponiendo la obligación de respetar escrupulosamente la definición legal de tor-tura establecida en el Código Penal español supondría una importante carga para el peticionario (así como para el ciudadano medio), socavando de forma desproporcionada su derecho a la libertad de expresión y a criticar públicamente lo que consideraba una actuación desproporciona-da por parte de la policía y el maltrato por parte de los bomberos” (cfr. párr. 65).
“[E]ste Tribunal considera que la sanción impuesta al peticionario carecía de justificación adecua-da y que la normativa aplicada por parte de los tribunales nacionales no aseguró un equilibrio equitativo entre los derechos pertinentes y los correspondientes intereses” (cfr. párr. 66).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; INTERÉS PÚBLICO; DESALOJO; VIVIENDA; PROTESTA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Trujillo Calero v. EcuadorComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
El Comité DESC consideró que la denegación de la jubilación especial de la peticionaria constituyó una violación del artículo 9 del Pacto (derecho a la Seguridad Social) y que las condiciones de la afiliación voluntaria impuestas, en tanto trabajadora del hogar no remunerada, por las que se determinó la invalidez de su afiliación y sus aportaciones, constituyeron un trato discriminatorio con relación a su derecho a la seguridad social (artículo 2, párrafo 2, y 3).
1. Seguridad Social
El Comité recordó que “el derecho a la seguridad social es fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana [y] conlleva importantes consecuencias financieras para los Estados pero estos tienen la obligación de asegurar, al menos, la satisfacción de niveles mínimos indispensables de este derecho. Entre otros, deben asegurar el acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca a todas las personas y familias un nivel mínimo indispensable de prestaciones, sin discriminación alguna” (párr. 11.1-11.2).
El Comité señaló que “el artículo 9 del Pacto implícitamente reconoce el derecho a las prestaciones de vejez. Los Estados están obligados a prestar especial atención al fomento y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad, para lo cual deben tomar las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez obligatorios” (párr. 11.3).
2. Pensión. Jubilación
En este sentido, el Comité destacó que “[l]os Estados tienen cierto margen para adoptar las medidas que consideren necesarias para que toda persona disfrute del derecho a la seguridad social, entre otros, con el fin de asegurar que los sistemas de pensiones de jubilación sean eficientes, sostenibles y accesibles a todas las personas. Los Estados pueden entonces establecer requerimientos o condiciones que los peticionarios tengan que cumplir para ser afiliados en cualquiera de los esquemas de seguridad social y para recibir una pensión de jubilación u otra prestación, siempre que las condiciones sean razonables, proporcionadas, claras y transparentes. Estas condiciones deben ser comunicadas oportuna y suficientemente a la población para que el acceso a una pensión por jubilación sea previsible. Cuando el incumplimiento de estos requisitos o condiciones acarrea como sanción el cese de afiliación de la seguridad social, ya sea gestionada por una entidad pública o privada, corresponde al Estado parte demostrar que tal sanción es razonable y proporcional” (párr. 12.1).
“La legislación nacional debe especificar la gama, las condiciones de elegibilidad y los niveles de prestación. Aunque en los sistemas jurídicos de varios Estados partes la ley se presume conocida por todas las personas, los Estados deben garantizar el derecho de todo afiliado a solicitar, recabar y recibir información con relación a su derecho a la seguridad social, incluyendo su pensión o futura pensión de jubilación, y tomar todas las medidas necesarias para que las instituciones, públicas o privadas, encargadas de gestionar la seguridad social proporcionen a los afiliados información oportuna y adecuada, entre otros, sobre la validez de sus cotizaciones y cualquier cambio en su condición de afiliado” (párr. 12.2).
“Si un plan de seguridad social exige el pago de cotizaciones, estas deben definirse por adelantado y los costos directos e indirectos relacionados con las cotizaciones deben ser asequibles para todos y no deben comprometer el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto” (párr. 12.2).  
3. No discriminación
“Toda persona tiene derecho a la seguridad social, pero los Estados deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, como las mujeres” (párr. 13.1).
“El Comité recuerda que el Pacto prohíbe toda discriminación, de hecho o de derecho, directa o indirecta, que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho a la seguridad social. La discriminación indirecta hace referencia a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que influyen de manera desproporcionada en los derechos del Pacto afectados por los motivos prohibidos de discriminación” (párr. 13.2).
“Los Estados deben entonces tomar medidas efectivas y revisarlas en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social. Asimismo, deben tomar medidas para que, en la práctica, el hombre y la mujer disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales en pie de igualdad, por lo que sus políticas públicas y legislación deben tener en cuenta las desigualdades económicas, sociales y culturales que de hecho sufren las mujeres. Los Estados deben entonces tomar en ocasiones medidas especiales en favor de la mujer, con objeto de mitigar o suprimir las condiciones que han provocado la persistencia de la discriminación” (párr. 13.3).  
“Los Estados deben revisar las restricciones de acceso a los planes de seguridad social para cerciorarse de que no discriminan de hecho ni de derecho a las mujeres. En particular, los Estados deben tener en cuenta que, debido a la persistencia de estereotipos y otras causas estructurales, las mujeres dedican un tiempo mucho mayor que los hombres al trabajo no remunerado. Los Estados deben adoptar medidas para corregir los factores que impiden a las mujeres cotizar en los planes de seguridad social que condicionan las prestaciones a las cotizaciones, o asegurarse de que los planes tengan en cuenta esos factores en la elaboración de las fórmulas de prestaciones, por ejemplo, teniendo en cuenta los períodos dedicados, especialmente por las mujeres, a criar a los hijos y a atender a los adultos a su cargo. Acceso a prestaciones no contributivas por vejez” (párr. 13.4).
“En virtud del artículo 9 del Pacto los Estados están obligados a adoptar planes no contributivos u otras medidas de asistencia social para prestar apoyo a las personas y los grupos que no puedan hacer suficientes cotizaciones para su propia protección” (párr. 14.1).
“En el cumplimiento de sus obligaciones mínimas con relación al derecho a la seguridad social establecido en el Pacto, los Estados deben establecer prestaciones no contributivas por vejez, servicios sociales y otros tipos de ayuda para todas las personas mayores que, al cumplir la edad de jubilación prescrita en la legislación nacional, no tengan cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, o por cualquier otra causa no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otro tipo de prestación o ayuda de la seguridad social y carezcan de cualquier otra fuente de ingresos. En los planes no contributivos, también debe tenerse en cuenta el hecho de que las mujeres tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres; que a menudo son las únicas responsables del cuidado de los hijos; y que, con mayor frecuencia, carecen de pensiones contributivas” (párr. 14.3).
“Para que un Estado parte pueda atribuir el incumplimiento de sus obligaciones mínimas a la falta de recursos disponibles, deberá demostrar que ha hecho todo lo que está a su alcance para utilizar todos los recursos a su disposición, en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, estas obligaciones mínimas” (párr. 14.3).
4. Proporcionalidad
“El Comité considera que para cualquier trabajador independiente con ingresos monetarios, aunque sean irregulares, puede llegar a ser inadecuado y desproporcionado que sea desafiliado por no haber podido cotizar durante seis meses seguidos; con mayor razón dicha sanción resulta desproporcionada para la peticionaria, quien en ese momento era una trabajadora del hogar no remunerada” (párr. 17.1).
“La anterior situación, que de por sí implica una violación del derecho a la seguridad social de la peticionaria, se ve agravada por el hecho de que las autoridades del Estado parte no le ofrecieron una medida alternativa, que garantice un nivel adecuado de vida para su vejez […], debido a que el Estado parte no dispone de un esquema integral de pensiones por vejez de carácter no contributivo […], que cubra a aquellas personas que no puedan acceder a las prestaciones contributivas. El resultado fue que a la peticionaria le fue negado, desconociendo sus expectativas legítimas, el acceso a una pensión contributiva, mientras que el Estado parte no le ofrecía, alternativamente, ninguna forma de pensión no contributiva” (párr. 18).
5. No discriminación. Mujeres. Género
“El Comité recuerda que el Pacto prohíbe toda discriminación, de hecho o de derecho, directa o indirectamente, que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho a la seguridad social. El Comité nota que la peticionaria es una adulta mayor, con una crítica situación económica y problemas de salud, y que la intersección de las discriminaciones alegadas en razón de género y edad la hace particularmente vulnerable a ser discriminada en comparación con la población en general. Esto implica que el examen sobre una posible discriminación requiere un nivel de escrutinio particularmente especial o estricto” (párr. 19.2-19.3).
“El Comité considera que cuando en una comunicación se presenta información relevante que indica prima facie la existencia de una norma legal que, aunque formulada de una manera neutral, de hecho podría estar afectando claramente a un más alto porcentaje de mujeres que hombres, corresponde al Estado parte demostrar que tal situación no constituye una discriminación indirecta por razón de género” (párr. 19.4).

PENSIÓN; JUBILACIÓN; SEGURIDAD SOCIAL; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; GÉNERO;
Beuze v. BélgicaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Bélgica era responsable por haber violado la disposición prevista en el artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) en sus incisos 1 (derecho a ser oído) y 3 (derecho de defensa) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de imparcialidad.
“El Tribunal reitera que la protección proporcionada por el Artículo 6 inc. 1 y 3 (c), que se encuentra en el corazón del presente caso, se aplica a toda persona sujeta a un ‘imputación penal’. Una ‘imputación penal’ existe desde el momento en que un individuo es oficialmente notificado por la autoridad competente de una declaración sobre la comisión de un delito, o desde que su situación se ve sustancialmente afectada por las acciones tomadas por las autoridades como resultado de una sospecha en su contra” (cfr. párr. 119).
“La imparcialidad de un juicio penal debe ser garantizada bajo cualquier circunstancia. Tal como el Tribunal lo ha señalado en numerosas ocasiones, los requisitos de un juicio justo deben ser examinados teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos como un conjunto y no sobre las bases de una consideración aislada de un aspecto o incidente particular. De todas maneras, no se puede descartar que un factor específico pueda ser tan decisivo como para permitir evaluar la imparcialidad del juicio en una etapa inicial del proceso” (cfr. párr. 120 y 121).
“Los derechos mínimos garantizados por el Artículo 6 inc. 3 no son fines en sí mismos: su objetivo intrínseco es contribuir a garantizar la imparcialidad de los procesos penales como un conjunto” (cfr. párr. 122).
“No está en duda que la detención de una persona bajo custodia es el punto de partida para el derecho de defensa. Este derecho resulta aplicable tan pronto como hay una ‘imputación penal’ y, en particular, desde el momento del arresto de la persona sospechosa, más allá de que sea o no entrevistada, o participe en cualquier otra medida de investigación durante el período relevante” (cfr. párr. 124).
“El acceso a un abogado en la instancia previa al juicio también contribuye a la prevención de la denegación de justicia y, sobre todo, al cumplimiento de los objetivos del artículo 6, en particular la igualdad de armas entre las autoridades de investigación o enjuiciamiento y el acusado” (cfr. párr. 125).
“El Tribunal ha reconocido que el acceso inmediato a un abogado constituye un importante contrapeso a la vulnerabilidad de los sospechosos bajo custodia policial. Dicho acceso también es preventivo, ya que provee una garantía fundamental en contra de la coerción y el maltrato de los sospechosos por parte de la policía” (cfr. párr. 126).
“El Tribunal ha considerado que es inherente a la garantía contra la autoincriminación, el derecho a guardar silencio y el derecho a la asistencia legal que una persona ‘acusada de un delito penal’, en el sentido del artículo 6, tenga derecho a ser informado de estos derechos, sin los cuales la protección garantizada no sería práctica ni efectiva” (cfr. párr. 129).
2. Derecho de defensa. Autoincriminación.
“A la luz de la naturaleza de la garantía contra la autoincriminación y el derecho a guardar silencio, el Tribunal considera que en principio no puede haber justificación para no notificar a un sospechoso de sus derechos. En caso de que eso suceda, de todas maneras, el Tribunal debe analizar si, a pesar de esta vulneración, el procedimiento en su conjunto fue justo. El acceso inmediato a un abogado capacitado para proporcionar información sobre los derechos procesales puede ser la manera de prevenir injusticias derivadas de la ausencia de cualquier notificación oficial de esos derechos. Sin embargo, cuando se demora el acceso a un abogado, la necesidad de que las autoridades de la investigación notifiquen al sospechoso de su derecho de defensa, su derecho a permanecer en silencio y la garantía contra la autoincriminación cobran especial importancia” (cfr. párr. 130).
3. Derecho de defensa. Asistencia letrada. Defensa técnica ineficaz.
“El Artículo 6 inc. 3 (c) no especifica la manera de ejercer el derecho de acceso a un abogado o su contenido. Mientras deja a los Estados la elección de los medios para garantizar que sea asegurado en sus sistemas judiciales, el alcance y contenido de ese derecho debe ser determinar de acuerdo con el objetivo del Convenio, es decir, para garantizar derechos que son prácticos y efectivos” (cfr. párr. 131).
“El nombramiento de un abogado defensor no garantiza por sí mismo la eficacia de la asistencia que él o ella pueda proporcionar a un acusado y para ese fin, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos” (cfr. párr. 132).
“Los sospechosos deben poder tomar contacto con un abogado desde el momento en que son detenidos bajo custodia. Por lo tanto, debe ser posible para una persona sospechosa consultar con su abogado antes de una entrevista o incluso cuando no la haya” (cfr. párr. 133).
“El Tribunal ha encontrado en una serie de casos en los que los sospechosos tienen derecho a que su abogado esté físicamente presente durante sus entrevistas policiales iniciales y siempre que sean interrogadas en los siguientes procedimientos previos al juicio. Dicha presencia física debe permitir que el abogado brinde asistencia efectiva y práctica en lugar de una meramente abstracta, y en particular para garantizar que los derechos de defensa del sospechoso entrevistado no se vean perjudicados” (cfr. párr. 134).
“El criterio sobre las ‘razones de peso’ es riguroso: teniendo en cuenta la naturaleza fundamental y la importancia del acceso temprano al asesoramiento legal, en particular en la primera entrevista policial, las restricciones sobre este acceso están permitidas sólo en circunstancias excepcionales, deben ser de carácter temporal y basarse en una evaluación individual de las circunstancias particulares del caso” (cfr. párr. 142).
DETENCIÓN DE PERSONAS; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DERECHO DE DEFENSA; ASISTENCIA LETRADA; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; AUTOINCRIMINACIÓN; CONDICIONES DE DETENCIÓN; VULNERABILIDAD;
YB y NS v. BélgicaComité de los Derechos del Niño - CRC
El Comité de los Derechos del Niño consideró que Bélgica era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud de los artículos 3 (interés superior del niño), 10 (derecho a la reunificación familiar) y 12 (derecho a expresarse libremente) de la Convención.
1. Niños, niñas y adolescentes. Visado. Residencia. Derecho a ser oído.
“En el presente caso […] las decisiones de las autoridades de inmigración belgas de denegar el visado se basaron fundamentalmente en el hecho de que la kafala no daba derecho a la residen-cia y de que los peticionarios no habían demostrado: a) que CE no podía ser acogida por su familia biológica en Marruecos; b) que los peticionarios no podían velar por su educación deján-dola en Marruecos; y c) que los peticionarios reunían las condiciones financieras necesarias para responder a las necesidades de CE. Sin embargo, el Comité señala que esos argumentos son de carácter general y reflejan una falta de examen de la situación concreta de CE y, en particular, del hecho de que es hija de padre desconocido y fue abandonada por su madre biológica al nacer, por lo que la posibilidad de ser acogida por su familia biológica parece poco realista y, de todos modos, no se ha confirmado […]. En particular, aparte de la relación jurídica creada por la kafala, las autoridades de inmigración no parecen haber tenido en cuenta ni el hecho de que la peticiona-ria haya vivido con CE desde su nacimiento ni los lazos familiares que habrían surgido natural-mente de facto a lo largo de los años como resultado de esta convivencia” (párr. 8.5).
“’[E]l artículo 12 no impone ningún límite de edad al derecho del niño a expresar su opinión y desaconseja a los Estados partes que introduzcan por ley o en la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que lo afectan [...] El niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto [...]’. Recuerda asimismo que ‘si la decisión no tiene en cuenta el punto de vista del niño o no concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo con su edad y madurez, no respeta la posibilidad de que el niño o los niños participen en la determinación de su interés superior [...]. El hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación vulnerable (por ejemplo, los niños con discapacidad, los pertenecientes a grupos minoritarios y los migrantes) no le priva del derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior. La adopción de medidas concretas para garantizar el ejercicio en pie de igualdad de los derechos de los niños en ese tipo de situa-ciones debe someterse a una evaluación individual que dé una función a los propios niños en el proceso de toma de decisiones’” (párr. 8.7).
“[E]l Comité no comparte la opinión del Estado parte de que no es necesario tomar en conside-ración las opiniones del niño en el marco de un procedimiento relativo a su permiso de residen-cia, sino todo lo contrario. En el presente caso, las consecuencias de este procedimiento son de suma importancia para la vida y el futuro de CE, ya que afectan directamente a su posibilidad de vivir con los peticionarios como una familia” (párr. 8.8).
“[E]l Estado parte no tuvo en cuenta de manera específica el interés superior del niño al evaluar la solicitud de visado para C. E. y no respetó su derecho a ser escuchada, lo que contraviene los artículos 3 y 12 de la Convención” (párr. 8.8).
2. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la reunificación familiar. Interés superior del niño.
“[E]l artículo 10 de la Convención no obliga a los Estados partes a reconocer de manera general el derecho a la reunificación familiar de los niños acogidos en régimen de kafala. Sin embargo, el Comité opina que, al evaluar y determinar el interés superior del niño a los efectos de aceptar o rechazar la solicitud de residencia de CE, el Estado parte está obligado a tener en cuenta los lazos de facto existentes entre la niña y los peticionarios (en particular, la peticionaria), que se han desa-rrollado sobre la base de la kafala. El Comité recuerda que, a la hora de valorar la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones como elemento que debe tenerse en cuenta al evaluar el interés superior del niño, ‘el término ‘familia’ debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local (art. 5)’” (párr. 8.11).
“Dado que no se han tenido en cuenta los lazos familiares establecidos de facto en el presente caso y que el tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud de visado por los peticio-narios ha superado los siete años, el Comité concluye que el Estado parte no ha cumplido su obligación de atender la solicitud de los peticionarios, que equivale a una solicitud de reunificación familiar, de manera positiva, humanitaria y expeditiva, garantizando que la presentación de tal petición no traiga consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares, lo que constituye una vulneración del artículo 10 de la Convención” (párr. 8.12).
“El Estado parte tiene la obligación de examinar de nuevo la solicitud de visado para C. E. de manera urgente y positiva, garantizando que el interés superior del niño sea una consideración primordial y que C. E. sea escuchada. Al considerar el interés superior del niño, el Estado parte debería tener en cuenta los lazos familiares forjados de facto entre C. E. y los peticionarios. También tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro” (párr. 9).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; FAMILIA; RESIDENCIA; DERECHO A SER OIDO; VISADO; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR;
Observación general Nº 36Comité de Derechos Humanos - CCPR
1. Derecho a la vida. Arbitrariedad. Debida diligencia.
“El artículo 6 reconoce y protege el derecho a la vida de todas las personas. Se trata de un derecho máximo que no permite ningún tipo de derogación, incluso en situaciones de conflictos armados o emergencias públicas que pongan bajo amenaza la existencia de la nación [hay nota]. El derecho a la vida tiene una importancia crucial para los individuos y para la sociedad. Es el más preciado por el bien que conlleva para los seres humanos, así como constituye un derecho fundamental [hay nota] cuya protección efectiva es un prerrequisito para el goce de todos los derechos humanos restantes” (cfr. párr. 2).
“El derecho a la vida no debe ser interpretado de manera restrictiva. Alude a los derechos de las personas de librarse de los actos y las omisiones que puedan causar la muerte no natural o prematura, así como implica permitir el desarrollo digno de la vida. El artículo 6 garantiza este derecho para todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción, incluyendo las personas procesadas o condenadas por crímenes graves” (cfr. párr. 3).
“La privación de la vida abarca todo daño o lesión intencional [hay nota] o prevenible, causado por un acto o por una omisión. Va más allá de la lesión a la integridad física o mental, o su amenaza” (cfr. párr. 6).
“Los Estados parte deben respetar el derecho a la vida y tienen el deber de abstenerse de realizar conductas que conlleven la privación arbitraria de la vida. Los Estados parte también deben garantizar el derecho a la vida y, con debida diligencia, proteger la vida de las personas contra las privaciones causadas por personas o entidades, más allá de que su conducta no sea atribuible al Estado [hay nota]. La obligación de los Estados parte en el respeto y la garantía del derecho a la vida se extiende hacia situaciones que implican amenazas previsibles y que pueden provocar la pérdida de la vida. Incluso, puede haber violación del artículo 6 cuando tales amenazas y situaciones no conlleven la pérdida de la vida” (cfr. párr. 7).
2. Aborto. Salud pública. Salud mental. Tratamiento médico.
“Si bien los Estados pueden tomar medidas para regular la interrupción voluntaria del embarazo, tales disposiciones no deben dar lugar a la violación del derecho a la vida de una mujer o niña embarazada, ni a sus otros derechos del Pacto. Por lo tanto, las restricciones a la posibilidad de abortar no deben, inter alia, poner en peligro sus vidas, someterlas a un dolor o sufrimiento físico o mental que viole el artículo 7 [prohibición de la tortura], discriminarlas, o interferir arbitrariamente en su privacidad. Los Estados deben proporcionar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o la niña embarazada se encuentre en peligro, o cuando el hecho de llevar el embarazo a término causase un dolor o sufrimiento considerable a la mujer o niña embarazada, especialmente cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, o no es viable [hay nota]. A su vez, en todos los demás casos, los Estados no pueden regular el embarazo o el aborto de manera contraria a su deber de garantizar que las mujeres y las niñas no tengan que realizar abortos inseguros y, en consecuencia, deben revisar su marco legislativo [hay nota]. Por ejemplo, no deben tomar medidas como la criminalización de los embarazos de mujeres solteras ni aplicar sanciones penales contra mujeres y niñas que se sometan a un aborto [hay nota], o contra los servicios de salud que intervengan en su práctica, ya que tomar tales medidas obliga a las mujeres y niñas a recurrir a un aborto inseguro. Los Estados no deberían introducir nuevas barreras y deberían eliminar las barreras existentes [hay nota] que niegan el acceso efectivo de mujeres y niñas al aborto seguro y legal [hay nota], incluidas las barreras causadas por el ejercicio de la objeción de conciencia [hay nota]. Los Estados también deben proteger de manera efectiva la vida de las mujeres y las niñas contra los riesgos para su salud mental y física asociados con los abortos inseguros” (cfr. párr. 8).
3. Detención de personas. Fuerzas de seguridad. Derecho a la vida.
“Los Estados parte deben tomar todas las medidas posibles para prevenir la privación arbitraria de la vida a cargo de las fuerzas de seguridad. Estas medidas incluyen una legislación apropiada que controle el uso de la fuerza letal de los funcionarios a cargo de la aplicación de la ley, procesos diseñados para garantizar que las acciones de aplicación de la ley se planifiquen adecuadamente, de manera coherente con la necesidad de minimizar el riesgo que representan para la vida humana [hay nota], informes obligatorios, la revisión e investigación de incidentes letales [hay nota] y de otros incidentes potencialmente mortales, y el abastecimiento de las fuerzas de seguridad responsables del control de multitudes con medios efectivos ‘menos letales’ y equipamiento de protección adecuado para evitar recurrir a la fuerza letal” (cfr. párr. 13).
“Cuando un Estado parte autoriza a particulares o entidades privadas a emplear la fuerza con consecuencias potencialmente letales, tiene la obligación de garantizar que se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 y seguirá siendo responsable de cualquier incumplimiento [hay nota]. Entre otras cosas, el Estado debe limitar rigurosamente los poderes otorgados a los actores privados y garantizar medidas estrictas y efectivas de monitoreo y control” (cfr. párr. 15).
“El deber de proteger el derecho a la vida también incluye la obligación de los Estados de adoptar toda legislación apropiada, u otras medidas, a fin de proteger la vida contra todas las amenazas razonablemente previsibles, incluidas las que emanen de particulares y entidades privadas” (cfr. párr. 18).
4. Vulnerabilidad. Género. LGBTIQ. Personas con discapacidad. Ajustes razonables.
“El deber de proteger el derecho a la vida requiere que los Estados parte tomen medidas especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad, cuyas vidas se encuentran bajo un riesgo particular debido a amenazas específicas [hay nota] o patrones prexistentes de violencia. Esto incluye [entre otros], a los defensores de derechos humanos, los periodistas, las víctimas de violencia de género y trata de personas, las personas indígenas y LGBTI” (cfr. párr. 23).
“Las personas con discapacidad, incluidas las discapacidades psicosociales e intelectuales, también tienen derecho a medidas específicas de protección para garantizar su ejercicio efectivo del derecho a la vida en igualdad de condiciones con los demás [hay nota]. Dichas medidas de protección incluirán la disposición de ajustes razonables cuando sean necesarios para garantizar el derecho a la vida, garantizar el acceso de las personas con discapacidad a instalaciones y servicios esenciales [hay nota] y normas específicas diseñadas para evitar el uso injustificado de la fuerza por agentes de seguridad contra personas con discapacidad” (cfr. párr. 24).
5. Deber de investigación. Garantía de imparcialidad. Reparación.
“Un elemento importante en la protección del derecho a la vida, tal como lo establece el Pacto, es la obligación de los Estados parte de investigar los hechos que conozca sobre privaciones arbitrarias de la vida. Y, cuando resulte apropiado, realizar los juicios correspondientes ante las denuncias del uso excesivo de la fuerza con consecuencias letales [hay nota]. El deber de investigar también surge en aquellas circunstancias en las que el uso de la fuerza potencialmente letal conlleva un riesgo serio de privación de la vida, incluso cuando ese riesgo no se materialice” (cfr. párr. 27).
“Las investigaciones de violaciones del artículo 6 [hay nota] siempre deben ser independientes, imparciales, rápidas, efectivas y transparentes [hay nota], y en caso de que se compruebe la existencia de violación, se debe proveer una reparación integral que incluya –según las circunstancias particulares del caso– medidas de compensación, reparación y satisfacción. Los Estados parte también se encuentran bajo la obligación de prevenir hechos similares en el futuro” (cfr. párr. 28).
“La pérdida de la vida ocurrida bajo custodia, por causas no naturales, crea una presunción de privación arbitraria de la vida sobre las autoridades del Estado, que sólo puede ser refutada luego de realizar una investigación adecuada que establezca la conformidad de los hechos con las obligaciones establecidas en el artículo 6” (cfr. párr. 29).
6. Extradición. Expulsión de extranjero. Principio de no devolución. Derecho a la vida.
“El deber de respetar y garantizar el derecho a la vida requiere que los Estados parte se abstengan de deportar, extraditar o transferir personas a países en los que existan motivos suficientes para considerar que existe un riesgo real de que su derecho a la vida según el artículo 6 del Pacto pueda ser violado [hay nota]. Tal riesgo debe ser de naturaleza personal [hay nota] y no puede derivarse simplemente de las condiciones generales en el Estado receptor, excepto en los casos más extremos [hay nota]” (cfr. párr. 30).
“La obligación de no extraditar, deportar o cualquier modo de transferencia de conformidad con el artículo 6 del Pacto puede ser más amplia que lo establecido por el principio de no devolución del derecho internacional de los refugiados, ya que también puede requerir la protección de extranjeros que no tienen la calidad de refugiado. Sin embargo, los Estados deben permitir que todos los solicitantes de asilo que denuncian un riesgo real de violación de su derecho a la vida tengan acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado que podría ofrecerles protección contra la devolución” (cfr. párr. 31).
7. Medio ambiente. Daño ambiental. Empresa. Responsabilidad del Estado.
“La degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo no sostenible constituyen algunas de las amenazas más serias sobre la posibilidad de que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar el derecho a la vida [hay nota]. En base a las obligaciones ambientales del derecho internacional, los Estados parte deben informar la situación en relación con el artículo 6 del Pacto, así como el desarrollo de sus obligaciones bajo la normativa ambiental internacional [hay nota]. La obligación de respetar y asegurar el derecho a la vida, en particular la vida digna, depende de las medidas tomadas por los Estados a fin de preservar el medio ambiente y protegerlo contra la polución y el cambio climático generado por los actores públicos y privados. Los Estados deben asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, desarrollar e implementar los estándares sustantivos sobre medio ambiente […] y notificar los desastres naturales y las emergencias climáticas a otros Estados involucrados a fin de establecer canales de cooperación” (cfr. párr. 62).
DERECHO A LA VIDA; DETENCIÓN DE PERSONAS; FUERZAS DE SEGURIDAD; ABUSO DE AUTORIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; REPARACIÓN; ARBITRARIEDAD; EXTRADICION; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; VULNERABILIDAD; GÉNERO; LGBTIQ; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; AJUSTES RAZONABLES; ABORTO; DERECHO A LA SALUD; SALUD PÚBLICA; SALUD MENTAL; TRATAMIENTO MÉDICO; MEDIO AMBIENTE; EMPRESA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Munir Al Adam v. Arabia SauditaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró que hubo violación de los artículos 13 (acceso a la justicia de las personas con discapacidad), 15 (protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 16 (protección contra la explotación, la violencia y el abuso) y 25 (derecho a la salud) de la Convención.
1. Personas con discapacidad. No discriminación. Cárceles. Condiciones de detención. Tortura.
“El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 15, párrafos 1 y 2, de la Convención, se establece que ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También recuerda que, una vez presentada una denuncia de malos tratos contrarios al artículo 15, el Estado parte debe investigarla con celeridad e imparcialidad [hay nota]. El Comité observa que, a pesar de los evidentes indicios de que el autor fue torturado y de las denuncias presentadas por sus familiares y sus representantes en ese sentido, el Estado parte no ha presentado información alguna que demuestre que las autoridades hayan investigado efectivamente esas denuncias concretas. El Comité observa que el Estado parte no ha refutado ninguna de esas alegaciones. En estas circunstancias, el Comité entiende que debe dar el debido crédito a las alegaciones del autor y concluye que la exposición de los hechos pone de manifiesto una violación de los derechos que amparan al autor en virtud del artículo 15 de la Convención” (párr. 11.2).
“[L]las personas privadas de libertad no deben ser sometidas a penurias o a restricciones distintas de las inherentes a la privación de la libertad; deben ser tratadas de acuerdo con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), entre otras disposiciones [hay nota]. El Comité considera que el trato dispensado al autor durante su reclusión vulnera su derecho a un trato humano y respetuoso con la dignidad inherente al ser humano, y es constitutivo de violencia y abuso, en contravención del artículo 16 de la Convención” (párr. 11.3).
2. Personas con discapacidad. Derecho a la salud. Acceso a la justicia. No discriminación. Ajustes razonables.
“El Comité recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1), de la Convención, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos. Eso implica respetar todos los componentes del derecho a un juicio imparcial, incluido el derecho a estar representado y a no ser sometido a ninguna presión física o psicológica directa o indirecta por parte de las autoridades investigadoras a fin de obtener una confesión de culpabilidad” (párr. 11.4).
“De conformidad con el artículo 4, el Estado parte tiene también la obligación de promover el acceso efectivo a la justicia de todas las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A este respecto, el Comité recuerda que los derechos y las obligaciones en materia de igualdad y no discriminación enunciados en el artículo 5 suscitan una consideración especial con respecto al artículo 13 que, entre otras cosas, exige ajustes de procedimiento. Estos ajustes difieren de los ajustes razonables en que no están limitados por la desproporcionalidad. En el caso del autor, el Estado parte tiene, por lo tanto, la obligación de realizar todos los ajustes que sean necesarios para permitirle participar de manera efectiva en el proceso, teniendo en cuenta su discapacidad auditiva. El Comité señala que, de acuerdo con la información disponible, el Estado parte no ha adoptado ninguna medida a este respecto. En vista de ello, concluye además que el Estado parte vulneró los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 13, párrafo 1, leído por separado y conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 11.5).
3. Personas con discapacidad. Derecho a la salud. Condiciones de detención.
“El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 25 b) de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades. A la luz de esta disposición, leída conjuntamente con el artículo 14, párrafo 2, de la Convención, el Comité recuerda que los Estados partes tienen la responsabilidad especial de garantizar la observancia de los derechos humanos cuando las autoridades penitenciarias ejercen un control o un poder significativos sobre personas con discapacidad privadas de su libertad por un tribunal. En el presente caso, el autor tuvo que esperar más de cuatro meses para acceder a los servicios de atención de la salud que había solicitado; las autoridades del Estado parte le denegaron la intervención quirúrgica que necesitaba para evitar la pérdida total de la audición en su oído derecho, pese a haber sido informadas de la urgencia de esta intervención; y, como consecuencia de ello, el autor perdió efectivamente toda audición en su oído derecho. Por consiguiente, el Comité llega a la conclusión de que el Estado parte vulneró los derechos que asistían al autor en virtud del artículo 25 b) de la Convención” (párr. 11.6).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CÁRCELES; TORTURA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; CONTROL JUDICIAL; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; NO DISCRIMINACIÓN; AJUSTES RAZONABLES;
Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de ArgentinaComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR
En el presente informe, el Comité DESC planteó sus principales preocupaciones y recomendaciones en diferentes materias. Entre ellos, aludió a la respuesta del Estado a la crisis financiera actual e instó a desarrollar una estrategia a largo plazo con el fin de reducir la pobreza, con especial foco en las personas y grupos desfavorecidos, y respetar el principio de no regresión en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (cfr. párr. 5-6).
Además, preocupado por el alto número de abortos peligrosos en Argentina, solicitó adoptar medidas para garantizar que en todas las provincias se facilite el acceso y el cuidado de niñas y mujeres que acuden al aborto en los casos previstos por la ley vigente, liberalizar las condiciones para el aborto legal y no criminalizar a las mujeres. El Comité lamentó que no se haya aprobado la despenalización del aborto y mostró su preocupación por la falta de marco normativo e institucional para garantizar servicios de salud adecuado a las personas intersex (cfr. párr. 55-56). Por lo demás, pidió garantizar la plena protección de las mujeres víctimas de violencia (cfr. párr. 39-40) y fortalecer las políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos y la trata de personas (cfr. párr. 41-42).
Asimismo, el Comité recomendó al país a llevar a cabo el desarrollo de una política integral de protección de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales y combatir la impunidad en dichos casos. También urgió a concluir los procesos de demarcación y concesión de títulos de propiedad a las comunidades indígenas y garantizar consultas para obtener el consentimiento libre, previo e informado ante prácticas empresariales que puedan perjudicarlos (cfr. párr. 13-21).
En el contexto laboral, el Comité instó a adoptar medidas concretas para reducir el desempleo y disminuir la cantidad de trabajadores en el sector informal y garantizar el derecho a formar y registrar sindicatos, y a prevenir y reprimir cualquier tipo de represalias en este contexto (cfr. párr. 31-34).
El Comité DESC concluyó que el país debe eliminar las barreras legales y administrativas que impiden el acceso de los migrantes a políticas sociales, facilitar su regularización y garantizar ayuda humanitaria en casos de vulnerabilidad (cfr. párr. 26-27). E
n temas de educación, el informe instó a garantizar el acceso universal a la educación, prevenir el abandono escolar e implementar una educación bilingüe intercultural para las comunidades indígenas (cfr. párr. 61-62).
Finalmente, solicitó al Estado asegurar el acceso igualitario a un servicio de salud de calidad, enfatizó en asuntos como la salud mental y la alimentación, y realizó recomendaciones en temas como el cambio climático, la explotación de recursos naturales y su regulación, entre otros múltiples temas (cfr. párr. 43)
DESC; VULNERABILIDAD; ABORTO; SALUD PÚBLICA; MEDIO AMBIENTE; PUEBLOS INDÍGENAS; CONSENTIMIENTO INFORMADO; MIGRANTES; SALUD MENTAL; IGUALDAD; VIOLENCIA; GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; EDUCACIÓN; LGBTIQ;
SV. v. ItaliaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la República de Italia era responsable por haber violado el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo.
“El Tribunal considera que la obligación de agotar los recursos internos requiere que los peticionarios tengan acceso a los recursos disponibles y suficientes para proporcionar una reparación en relación con las violaciones alegadas. La existencia de esos recursos debe ser lo suficientemente segura no sólo en la teoría sino también en la práctica” (cfr. párr. 39).
“El Tribunal reitera que el concepto de ‘vida privada’ es un término amplio que no es susceptible de una definición exhaustiva. Incluye no solo la integridad física y psicológica de una persona, sino que a veces también puede abarcar aspectos de la identidad física y social de una persona. Los elementos como la identidad de género, los nombres, la orientación sexual y la vida sexual se encuentran dentro de la esfera protegida por el artículo 8 de la Convención” (cfr. párr. 54).
“[E]llo implica que, en el contexto de la aplicación de esa disposición a las personas transgénero, se debe reconocer la inclusión de un derecho a la libre determinación, derecho sobre el que la libertad de definir la identidad sexual es uno de los elementos básicos más esenciales” (cfr. párr. 55).
“El Tribunal reitera que si bien el objeto esencial del Artículo 8 es proteger a la persona de las interferencias arbitrarias de las autoridades públicas, ello no obliga simplemente al Estado a abstenerse de tal injerencia: además de este compromiso negativo, puede haber obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar” (cfr. párr. 60).
“[A] diferencia de lo resuelto en el caso ‘A.P., Garçon and Nicot v. Francia’, el presente caso no se trata de una interferencia sobre el derecho de la peticionaria al respeto de su integridad física” (cfr. párr. 65).
“[E]l Tribunal observa que el rechazo de la solicitud de la peticionaria se basó en argumentos puramente formales que no tuvieron en cuenta sus circunstancias particulares. Por ejemplo, las autoridades no tomaron en cuenta el hecho de que se encontraba en un proceso de cambio de género desde hacía muchos años y que su apariencia física y su identidad social era femenina desde hacía mucho tiempo” (cfr. párr. 70).
“En las circunstancias del presente caso, el Tribunal no encuentra qué motivos de interés público pudieron haber justificado una demora de más de dos años y medio para modificar el nombre de los documentos oficiales de la peticionaria a fin de adaptarlos a la realidad de su situación social, que había sido reconocida por el [tribunal que en un primer momento autorizó la cirugía]. Sobre este aspecto, reafirma el principio del Convenio sobre la necesidad de que la protección de los derechos no sea teórica o ilusoria, sino práctica y efectiva” (cfr. párr. 71).
“[E]l Tribunal observa la estricta naturaleza del proceso judicial aplicable al momento de los hechos para el reconocimiento del cambio de identidad de género, que por un tiempo irrazonable sometió a la peticionaria a una situación anómala en la que sufrió humillación, ansiedad y vulnerabilidad” (cfr. párr. 72).
“[E]l Tribunal considera que la imposibilidad de obtener un cambio de nombre por un período de dos años y medio, debido a que el proceso de cambio de género no se había completado mediante una cirugía, representa un fracaso del Estado en su obligación positiva de garantizar el derecho de la peticionaria a que se respete su vida privada” (cfr. párr. 75).
GÉNERO; LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PLAZO RAZONABLE; RECURSOS; REGISTRO CIVIL; NOMBRE;
Guachalá Chimbó y familia v. EcuadorComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por haber infringido los derechos del peticionario y su familia en virtud de los artículos 3, 4.1, 5.1, 7.1, 7.3, 8.1, 13.1, 24, 25.1 y 26 (derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, igualdad y no discriminación, salud, garantías judiciales y protección judicial, respectivamente) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Igualdad. No discriminación. Responsabilidad del Estado.
“[T]oda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, es titular de una protección especial. Ello en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos” (párr. 113).
“[L]a Corte ha indicado que ‘no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad’” (párr. 114).
“[E]s obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad. Ello a efectos de garantizar que las limitaciones normativas o de facto que perpetúan o profundizan dicha vulnerabilidad y exclusión, sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras” (párr. 115).
“[E]n relación al principio de igualdad y no discriminación el sistema interamericano no sólo recoge una noción formal de igualdad, limitada a exigir criterios de distinción objetivos y razonables y, por lo tanto, a prohibir diferencias de trato irrazonables, caprichosas o arbitrarias, sino que avanza hacia un concepto de igualdad material o estructural que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas afirmativas de equiparación. Ello implica la necesidad de trato diferenciado cuando, debido a las circunstancias que afectan a un grupo desventajado, la igualdad de trato suponga suspender o limitar el acceso a un servicio, bien o el ejercicio de un derecho” (párr. 119).
“[L]a CIDH recuerda que tener una discapacidad aumenta la probabilidad de estar en situación de pobreza, debido a que la discriminación que se deriva de vivir con esta condición puede conllevar a la exclusión social, la marginación, la falta de estudios y el desempleo” (párr. 120).
2. Personas con discapacidad. Salud mental. Capacidad.
“La Corte ha sostenido que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad de goce) y de deberes” (párr. 123).
“[E]l derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica tiene como uno de sus componentes a la capacidad jurídica, es decir, el derecho de cada persona para tomar decisiones y crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas” (párr. 124).
“En relación con el contenido del derecho a la capacidad jurídica, el Comité CDPD [Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas] ha señalado que es un atributo universal inherente a todas las personas en razón de su condición humana y debe mantenerse para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Al respecto, el Comité CDPD ha señalado que con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos no hay ninguna circunstancia que permita privar a una persona del derecho al reconocimiento como tal ante la ley, o que permita limitar ese derecho” (párr. 125).
“En ese sentido, ‘el hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica’. El Comité CDPD ha sostenido que la CDPD ‘deja en claro que el ‘desequilibrio mental’ y otras denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica (ni la capacidad legal ni la legitimación para actuar)’” (párr. 126).
“Ello implica para los Estados la obligación de asegurar que el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no esté limitado de modo distinto al de las demás personas” (párr. 127).
“[L]os regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutivas y la negación de la capacidad jurídica han afectado y siguen afectando de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad cognitiva o psicosocial. Ello en tanto en muchos Estados se mantiene una concepción médica de las personas con discapacidad al considerarlas como objetos de derecho y que no pueden decidir por sí mismas para tomar sus decisiones” (párr. 128).
3. Personas con discapacidad. Salud mental. Capacidad. Internación. Arbitrariedad.
“[L]a negación de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad y su privación de libertad en instituciones contra su voluntad, sin su consentimiento o con el consentimiento del sustituto en la adopción de decisiones, es una práctica que ‘constituye una privación arbitraria de la libertad’. [E]n ningún caso los Estados deben permitir que se institucionalice a una persona con base en la presencia real o percibida de una discapacidad psicosocial o bajo el supuesto de ‘constituir un peligro para ella misma o para los demás’” (párr. 135-137).
“[E]l Comité CDPD ha sostenido que los Estados deben eliminar dichas prácticas y establecer un mecanismo para examinar los casos en que se haya internado a personas con discapacidad en un entorno institucional sin su consentimiento expreso. Asimismo, los Estados deben proceder a la desinstitucionalización, y todas las personas con discapacidad deben recobrar la capacidad jurídica, con los apoyos correspondientes, y poder elegir dónde y con quién vivir. Los deberes del Estado en este punto se vinculan con el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, establecido en el artículo 19 de la CDPD. La institucionalización de una persona en un centro de salud mental puede constituir un obstáculo para tal objetivo fundamental y, como se ha indicado, constituir una privación de libertad arbitraria en los términos de la Convención Americana. Un elemento de la arbitrariedad de dicha privación de libertad, tiene lugar cuando la misma tiene lugar en incumplimiento de los estándares sobre consentimiento informado que se refieren más adelante. Cabe destacar en este punto que en casos de personas con discapacidad mental el consentimiento no se configura con el brindado por un tutor o familiar. En todo caso, como se analiza más adelante, cualquier excepción a la obligación de obtener el consentimiento informado debe basarse en una situación concreta y excepcional de emergencia en el caso particular, situación que en ningún caso puede configurarse por el sólo hecho de tener una discapacidad mental. En este sentido, en un caso como el presente existe una relación directa entre el derecho al consentimiento informado con los alcances que se precisarán a continuación, y la arbitrariedad de una privación de libertad en una institución de salud mental en incumplimiento de dicho derecho” (párr. 138).
4. Personas privadas de libertad. Internación. Derecho a la integridad personal. Responsabilidad del Estado.
“En cuanto al derecho a la integridad personal, la Corte ha señalado que Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias tendientes a hacer frente a las amenazas a la integridad física de las personas. La CIDH resalta que, en casos de personas privadas de libertad, como las personas institucionalizadas en centros de salud mental, los Estados tienen una obligación reforzada de garantizar su integridad personal debido a que se encuentran bajo su custodia” (párr. 140).
“[S]e debe tomar en cuenta la posición especial de garante que asume el Estado con respecto a personas que se encuentran bajo su custodia o cuidado, como las personas institucionalizadas en centros de salud mental, a quienes el Estado tiene la obligación positiva de proveer las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna […]. De esta forma, el personal de los centros de salud mental deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las personas con discapacidad institucionalizadas, siendo igualmente aplicable el carácter reforzado de las obligaciones del Estado como consecuencia de su posición especial de garante de los derechos de las personas bajo su custodia” (párr. 141).
5. Derecho a la salud. Consentimiento informado. Derecho a la integridad personal. Asistencia médica. DESC. Principio de progresividad.
“Tanto la CIDH como la Corte se han pronunciado sobre la relación existente entre los derechos a la integridad personal y el derecho a la salud. La Corte Interamericana ha interpretado en reiteradas oportunidades que el derecho a la integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana y que ‘la falta de atención médica adecuada’ puede conllevar a su vulneración. La Comisión considera que esta intrínseca relación constituye una manifestación de la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. En palabras de la Corte, ambos grupos de derechos deben ser ‘entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello’” (párr. 143).
“[L]a Comisión entiende que el artículo 26 de la Convención Americana impone diversas obligaciones a los Estados que no se limitan a una prohibición de regresividad, el cual es un correlato de la obligación de progresividad, pero no puede entenderse como la única obligación justiciable en el sistema interamericano bajo esta norma. Así, la Comisión afirma que teniendo en cuenta el marco interpretativo del artículo 29 de la Convención Americana, el artículo 26 visto a la luz de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, se desprenden, al menos las siguientes obligaciones inmediatas y exigibles: i) obligaciones generales de respeto y garantía, ii) aplicación del principio de no discriminación a los derechos económicos, sociales y culturales, iii) obligaciones de dar pasos o adoptar medidas para lograr el goce de los derechos incorporados en dicho artículo y iv) ofrecer recursos idóneos y efectivos para su protección” (párr. 151).
“[E]l derecho a la salud constituye una de las normas económicas y sociales mencionadas en el artículo 26 de la Convención y, en ese sentido, los Estados partes se encuentran en la obligación de procurar el desarrollo progresivo del mismo, así como de respetar, garantizar y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo tal derecho” (párr. 155).
“Sobre los contenidos del derecho a la salud, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que todos los servicios, bienes e instalaciones de salud deben cumplir con requisitos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Tanto la Comisión como la Corte han tomado en cuenta estos conceptos y los han incorporado al análisis de diversos casos. En ese marco, y teniendo en cuenta los hechos antes descritos, para la CIDH los Estados deben asegurar la disponibilidad de establecimientos y servicios adecuados de salud mental, los cuales deben encontrarse integrados a los servicios generales de salud, limitando el enfoque de atención psiquiátrica segregada, centralizada y de larga duración” (párr. 156).
“[P]ara la CIDH los Estados a través de sus sistemas de salud deben empoderar a las personas con necesidades particulares de salud mental, en el que se priorice la defensa de sus propios intereses, se busque un mayor control e independencia sobre su salud, se promueva su inclusión en la comunidad, y ofrezca tratamientos basados en sus derechos y apoyo psicosocial que los protejan de prácticas médicas nocivas que contribuyen a su exclusión o maltrato” (párr. 157).
6. Derecho a la información. Consentimiento informado. Asistencia médica. Derecho a la salud.
“[L]a CIDH ha reconocido que el derecho de acceso a la información –que a su vez se encuentra comprendido bajo el artículo 13 de la Convención Americana– es un elemento indispensable para que las personas puedan estar en condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas respecto de aspectos íntimos de su salud, cuerpo y personalidad, incluyendo decisiones sobre la aplicación de procedimientos o tratamientos médicos. En este sentido, se ha referido de forma particular al consentimiento informado como un principio ético de respeto a la autonomía de las personas, que requiere que éstas comprendan las distintas opciones de tratamiento a su disposición y sean involucradas en la atención de su salud” (párr. 158).
“La CIDH ha precisado que el consentimiento informado es un proceso apropiado de divulgación de toda la información necesaria para que un paciente pueda tomar libremente la decisión de otorgar o (negar) su consentimiento para un tratamiento o intervención médica. Este proceso procura asegurar que las personas vean sus derechos humanos plenamente respetados en el ámbito de la salud, y puedan llevar a cabo elecciones verdaderamente libres” (párr. 160).
“Una interpretación sistemática de los estándares aplicables en esta materia permite establecer que un proceso de consentimiento informado debe incluir los siguientes tres elementos, íntimamente relacionados entre sí: i) informar sobre la naturaleza del procedimiento, opciones de tratamiento y alternativas razonables, que incluye los posibles beneficios y riesgos de los procedimientos propuestos; ii) tomar en cuenta las necesidades de las personas y asegurar que comprendan la información brindada; y iii) asegurar que el consentimiento que se brinde sea libre y voluntario. El cumplimiento de este proceso incluye la adopción de medidas de carácter legislativo, político y administrativo y se extiende a los médicos, los profesionales de la salud y los trabajadores sociales, tanto de hospitales públicos como privados, como de otras instituciones de la salud y centros de detención” (párr. 163).
“En relación con el primer elemento del proceso de consentimiento informado –informar sobre la naturaleza del procedimiento, opciones de tratamiento y alternativas razonables, que incluye los posibles beneficios y riesgos de los procedimientos propuestos–, la Comisión ha señalado que la información que se brinde a la paciente debe ser completa, accesible, fidedigna, oportuna y oficiosa” (párr. 164).
“Respecto del segundo elemento del consentimiento informado – tomar en cuenta las necesidades de la persona y asegurar que comprenda la información brindada – la CIDH observa que los profesionales médicos tienen un deber importante de asegurar la comprensión de la información impartida, con la finalidad de que el paciente o su representante adopte una decisión verdaderamente informada respecto de la intervención y/o tratamiento propuesto” (párr. 165).
“En lo que atañe al tercer elemento del consentimiento informado –asegurar que el consentimiento que se brinde sea libre y voluntario–, la Comisión estima que para ser efectivo, el consentimiento debe ser otorgado a través de un proceso libre de toda coerción o manipulación […]. La Comisión reconoce que si bien el consentimiento puede ser otorgado de forma verbal o escrita, para efectos de salvaguardar los derechos involucrados, el Estado debe tomar medidas para facilitar que el consentimiento conste por escrito” (párr. 166).
“[P]ara la CIDH el consentimiento libre e informado es un elemento fundamental para garantizar el derecho a la salud; en particular, en el ámbito de la salud mental las medidas coercitivas perpetúan los desequilibrios de poder en las relaciones entre pacientes y sus cuidadores y facilita situaciones de abuso, estigma y discriminación” (párr. 169).
“Debido a ello todo el personal médico y sanitario debe velar por que se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad. Ese personal debe garantizar también, en la medida de sus posibilidades, que los asistentes, familiares o personas encargadas de prestar apoyo no sustituyan a las personas con discapacidad en sus decisiones ni tengan una influencia indebida sobre ellas. De esta forma, deben asegurar que i) se proporcione información exacta y accesible sobre las opciones de servicios disponibles; ii) se ofrezcan alternativas no médicas; y iii) se proporcione acceso a apoyo independiente” (párr. 171).
7. Internación. Consentimiento informado. Derecho a la salud. Salud mental. No discriminación.
“[L]a CIDH subraya que ‘si bien algunas formas de internamiento, como la retención en hospitales y en centros psiquiátricos y otros centros médicos, pueden constituir en la práctica una privación de libertad, virtualmente todas las formas de internamiento que se producen sin el consentimiento informado de la persona representan una vulneración del derecho a la salud’. Esto debido a que los centros de reclusión e internamiento en general no son considerados entornos terapéuticos adecuados por dificultar el establecimiento de relaciones no violentas, respetuosas y saludables y por afectar los factores determinantes básicos y sociales de la salud mental como es el entorno físico, psicosocial, político y económico. Asimismo, la CIDH observa que la actuación del centro médico estuvo influenciado por estereotipos sobre las personas con discapacidad mental para decidir autónomamente respecto de su propia salud, el internamiento y medicación realizadas sin su consentimiento son expresiones claras del predominio de tratamientos discriminatorios en los servicios de salud mental que privan a las personas con algún tipo de discapacidad mental de poder decidir sobre su propio cuerpo y salud” (párr. 177).
“[E]l Estado no permitió al señor Guachalá que ejerza su derecho a la capacidad jurídica a efectos de decidir sobre su ingreso al hospital psiquiátrico, debido a que no proveyó al señor Guachalá los apoyos necesarios para garantizar dicho derecho y que pudiera brindar su consentimiento informado respecto de su internamiento en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara. Por el contrario, Ecuador restringió el derecho del señor Guachalá a decidir sobre su institucionalización basándose exclusivamente en su discapacidad lo que representa una forma de discriminación” (párr. 178).
“[L]a CIDH encuentra que el centro médico realizó una intervención paternalista injustificada toda vez que, al cercenarle su capacidad jurídica sin buscar obtener su consentimiento previo, libre, pleno e informado, restringió la autonomía, integridad y salud del señor Guachalá para tomar una decisión sobre su salud mental mediante el tratamiento médico ejercido. La CIDH tampoco encuentra que el Estado ecuatoriano haya facilitado tratamientos alternativos a la medicación e internamiento no consentidos, por ejemplo, evaluando la conveniencia de intervenciones psicosociales eficaces en el ámbito comunitario dirigidas a garantizar su salud mental. En definitiva, en el presente caso la omisión del Estado en la materia es de carácter absoluto y refleja una concepción de los trastornos mentales que los equiparan automáticamente a una discapacidad y, a su vez, de una concepción de las personas con discapacidad mental que las equipara a la ausencia de autonomía para la toma de decisiones sobre su salud y tratamiento, situación que configura una forma de discriminación” (párr. 182).
“La Comisión recuerda, en primer lugar, que el señor Guachalá se encontraba institucionalizado en un centro de salud público, es decir, bajo la custodia del Estado. En dicho escenario, conforme a la jurisprudencia reiterada de la CIDH y la Corte, lo que sucede con una persona respecto de la cual el Estado tiene el deber especial de garante, se presume responsabilidad estatal salvo que el propio Estado aporte una explicación convincente y satisfactoria de lo ocurrido” (párr. 185).
“[L]a Corte ha reiterado que la falta de investigación de alegadas afectaciones cometidas a una persona cuando existen indicios de participación de agentes estatales, ‘impide que el Estado presente una explicación satisfactoria y convincente de los [hechos] alegados y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados’. De esta forma, la Corte ha tomado dicha falta de esclarecimiento como un factor a tomar en cuenta para acreditar la alegada afectación y la consecuente responsabilidad internacional” (párr. 186).
8. Debido proceso. Recursos. Acceso a la justicia. Debida diligencia. Plazo razonable. Habeas corpus.
“[E]l derecho a las garantías judiciales implica que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos ‘tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento’. Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte ha establecido lo siguiente: […] obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación por el daño sufrido […]. [E]l artículo 25 constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática […]” (párr. 192).
“Es importante resaltar que la Corte ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo 25.1 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos. Ello implica que se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida” (párr. 193).
“Al respecto, el Comité de la CDPD ha sostenido que ‘el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica es esencial para el acceso a la justicia’. Asimismo, la Corte Interamericana en el caso Furlan y familiares v. Argentina resaltó la importancia del acceso a justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. En ese sentido, consideró que los Estados deben adoptar las medidas pertinentes para priorizar la atención y resolución de procedimientos relacionados con personas con discapacidad de manera que se garantice la pronta resolución y ejecución de los mismos” (párr. 195).
“La Corte ha indicado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y llevada a cabo con la debida diligencia. La CIDH recuerda que desde las primeras diligencias los Estados se encuentran obligados a actuar con toda acuciosidad. Ello se debe a que las primeras diligencias de la investigación son elementos fundamentales para el buen curso de la investigación judicial. De esta forma, la Corte ha señalado que ‘todas esas exigencias, así como criterios de independencia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial’” (párr. 195).
“[T]oda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a una desaparición, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales. Ello a efectos de ordenar medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse” (párr. 198).
“Asimismo, la Corte resaltó que en situaciones de privación de la libertad como las del presente caso, el hábeas corpus representa, dentro de las garantías judiciales indispensables, el medio idóneo para determinar la situación y el paradero de la persona desaparecida, así como para controlar el respeto a su vida y proteger su integridad personal. La CIDH recuerda que en casos de alegada desaparición no ‘resulta razonable o diligente ni constituye un recurso efectivo la mera verificación formal con los registros oficiales de detenidos como la ocurrida en el presente caso, o la aceptación como verdadera de la negación de la detención por los presuntos responsables sin una verificación objetiva, imparcial e independiente de la misma’. Tomando en cuenta que la privación de libertad de una persona en un centro de salud mental puede constituir una detención arbitraria en los términos de la Convención, la Comisión considera que los recursos de habeas corpus también deben estar diseñados para enfrentar este tipo de situaciones en los que se alega la necesidad de controlar la privación de libertad en tales centros y/o determinar el destino o paradero de una persona en custodia como consecuencia de una institucionalización como la ocurrida en el presente caso” (párr. 199).
“El artículo 8.1 de la Convención Americana establece como uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. En este sentido, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Corresponde al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular. En ese sentido, la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal y a la luz de los cuatro elementos que ha tomado la Corte en su jurisprudencia, a saber: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; y iii) la conducta de las autoridades judiciales; y iv) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 210).
“[L]a CIDH considera que a fin de que un argumento de complejidad sea procedente, es necesario que el Estado presente información específica que vincule directamente los elementos de complejidad invocados con las demoras en el proceso. Ello no ha sucedido en el presente caso. La Comisión recuerda lo indicado por la Corte en el sentido de que el retardo en el desarrollo de la investigación no puede justificarse en razón de la complejidad del asunto cuando existen posibles hipótesis de lo sucedido que no han sido investigadas, tal como sucede en el presente caso y ya fue expuesto en este informe” (párr. 211).
“[P]ara determinar la razonabilidad del plazo se debe considerar la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo así como los intereses en juego. La Comisión considera que en casos de alegada desaparición el paso del tiempo incide de manera particularmente relevante en la situación de la víctima, pues de una pronta y eficiente respuesta estatal puede depender la materialización del riesgo a su vida e integridad personal. Igualmente, la Corte ha sostenido que en casos de personas con discapacidad, es imperante tomar las medidas pertinentes, como por ejemplo la priorización en la atención y resolución del  procedimiento por parte de las autoridades a su cargo, con el fin de evitar retrasos en la tramitación de los procesos, de manera que se garantice la pronta resolución y ejecución de los mismos” (párr. 214).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; SALUD MENTAL; PERSONALIDAD JURÍDICA; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; LIBERTAD; CONSENTIMIENTO INFORMADO; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; FAMILIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; INTERNACIÓN; DEBIDO PROCESO; RECURSOS; DEBIDA DILIGENCIA; PLAZO RAZONABLE; HÁBEAS CORPUS; DESC; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; ARBITRARIEDAD;
Álvarez Giraldo v. ColombiaComisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Colombia era responsable por haber infringido los derechos de la peticionaria en virtud de los artículos 5.1 (derecho a la integridad personal), 11.2 (protección de la honra y de la dignidad), 8.1 (derecho a las garantías judiciales), 24 (igualdad ante la Ley) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con las obligaciones estatales consagradas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
1. Igualdad. No discriminación. Responsabilidad internacional del Estado. Arbitrariedad.
“La jurisprudencia de la Corte Interamericana y las decisiones de la Comisión han señalado reiteradamente que el derecho a la igualdad y no discriminación ‘constituye el eje central y fundamental del sistema interamericano de derechos humanos’, y que éste genera ‘obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados’. [C]ualquier tratamiento discriminatorio al margen de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, genera la responsabilidad internacional del Estado, pues existe un ‘vínculo indisoluble’ entre dicha obligación y el principio de igualdad y no discriminación” (párr. 154).
“[A]mbos conceptos se encuentran íntimamente relacionados, pues ‘el elemento de igualdad es difícil de desligar de la no discriminación’, y que existe ‘un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación’. De esta forma, el artículo 1.1 de la Convención Americana ha sido utilizado para interpretar el contenido del artículo 24 del mismo instrumento en cuanto al alcance del término ‘discriminación’, considerando los efectos que puede tener la invocación de las ‘categorías’ expresamente mencionadas en el artículo 1.1, en el análisis de razonabilidad utilizado para determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por vulnerar el artículo 24 de la Convención Americana” (párr. 157).
“En cualquier análisis de una presunta situación de discriminación, es necesario tomar en cuenta que no toda diferencia de trato es discriminatoria. La Corte ha marcado la diferencia entre ‘distinciones’ y ‘discriminaciones’, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser ‘razonables y objetivas’, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos” (párr. 160).
“Teniendo en cuenta que la evaluación de si una distinción es ‘razonable y objetiva’ se efectúa caso por caso, tanto la Comisión y la Corte, así como otros tribunales y organismos internacionales, han acudido a la utilización de un juicio escalonado de proporcionalidad que incluye los siguientes elementos de análisis: (i) la existencia de un fin legítimo; (ii) la idoneidad, es decir, la determinación de si existe una relación lógica de causalidad de medio a fin entre la distinción y el fin que se persigue; (iii) la necesidad, esto es, la determinación de si existen alternativas menos restrictivas e igualmente idóneas; y (iv) la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, el balance de los intereses en juego y el grado de sacrificio de uno respecto del otro” (párr. 161).
2. Orientación sexual. Estereotipos de género. Identidad de género. Razonabilidad. Vulnerabilidad.
“Basándose en la interpretación evolutiva de los tratados como ‘instrumentos vivos’ […], la CIDH ya estableció que la orientación sexual es una categoría sospechosa de discriminación bajo los criterios de no discriminación contenidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana, y en tanto, toda distinción basada en la misma debe ser examinada bajo un estándar de escrutinio estricto. Asimismo, la Corte Interamericana ha indicado que la expresión ‘cualquier otra condición social’ del artículo 1.1. de la Convención debe ser interpretada en la perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo” (párr. 162).
“Cuando las distinciones se encuentran basadas en estas categorías, existe un consenso en el sentido de que el análisis que se utiliza para medir la razonabilidad de la diferencia de trato es especialmente estricto. Esto se debe a que por su naturaleza, dichas categorías son consideradas ‘sospechosas’ y por lo tanto se presume que la distinción es incompatible con la Convención Americana. En tal sentido, sólo pueden invocarse como justificación ‘razones de mucho peso’ que deben ser analizadas de manera pormenorizada. Este análisis estricto es precisamente la garantía de que la distinción no se encuentra basada en los prejuicios y/o estereotipos que habitualmente rodean las categorías sospechosas de distinción” (párr. 163).
“[E]s común que la determinación de estas categorías coincida con grupos o sectores de la población que han sido históricamente discriminados y/o sometidos a desigualdades estructurales en el ejercicio y goce de sus derechos. En este sentido, la Comisión considera que el Estado tiene un deber reforzado de protección y garantía, que busca ‘condenar las prácticas que tienen el efecto de crear o perpetuar en nuestra sociedad una posición subordinada para ciertos grupos’” (párr. 164).
“[C]uando ciertos grupos de mujeres son discriminadas con base en ‘más de un factor’, pueden verse expuestas a un mayor riesgo de violación de sus derechos humanos, lo que exige de parte del Estado medidas especiales que ofrezcan una protección reforzada. Este principio de ‘protección reforzada’ se encuentra consagrado en distintos instrumentos internacionales destinados a combatir la violencia y todas las formas de discriminación contra la mujer. Dicha protección especial exige de los Estados obligaciones positivas para asegurar la eliminación de cualquier práctica o disposición discriminatoria contra las mujeres” (párr. 165).
“[L]a valoración de estos aspectos en la actuación del Estado requiere la aplicación de un análisis estricto, siendo que la orientación sexual y el sexo son categorías sospechosas y, en el sentido mencionado en las secciones precedentes, la actuación Estatal con base en ellas se presume incompatible con la Convención Americana” (párr. 166).
3. Régimen de visitas. Personas privadas de libertad. Cárceles. LGTBIQ. Estereotipos de género. Derechos reproductivos.
“[E]l derecho a la visita íntima no puede tener a la reproducción humana como único objetivo, dejando de lado el ejercicio de la sexualidad en sí misma, independiente de fines reproductivos. Ello tiene una particular relevancia en relación con los estereotipos negativos sociales asociados al ejercicio de la sexualidad por parte de las mujeres, por un lado, y de las mujeres lesbianas por el otro. En particular, la CIDH toma nota del estigma que existe socialmente respecto de la sexualidad femenina, a la cual se le adscribe socialmente menor valor” (párr. 173).
“[L]a Comisión entiende que semejante supuesto [que el permitir una visita íntima entre personas del mismo sexo hubiera posibilitado una ‘suplantación de persona’, lo cual habilitaría la supuesta fuga de las personas privadas de libertad] sería factible únicamente ante la completa ausencia de las más básicas medidas de seguridad en un ámbito carcelario, llevando implícito el absurdo razonamiento de que el personal penitenciario corrobora el ingreso y egreso de visitantes tan sólo con base en su sexo. Por otro lado, con esta lógica, idénticos problemas surgirían con la visita de cualquier mujer a la institución de reclusión femenina. En relación con este punto, la Comisión entiende pues que no ha existido relación de causalidad entre el medio implementado y el fin buscado, lo cual evidencia la falta de idoneidad de la medida adoptada” (párr. 175).
“[E]n relación con la restricción de las visitas de Marta Lucia para la ‘protección de derechos de terceros’, entre ellos ‘los cónyuges, compañeros permanentes e hijos/as de las demás internas’, la Comisión encuentra que dicho razonamiento puede operar tan sólo sobre la base de prejuicios y estereotipos respecto de las relaciones afectivas y/o sexuales entre personas del mismo sexo. Si bien de los hechos probados surge que las autoridades aducían que las demás internas ‘rechazaban actos sexuales entre mujeres’, el Estado no puede actuar sobre la base de estas visiones estereotipadas, utilizándolas como justificación para la restricción de derechos de las personas bajo su jurisdicción” (párr. 176).
4. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la intimidad. Libertad. Orientación sexual. Arbitrariedad.
“[E]l concepto de vida privada debe entenderse como de amplio alcance, pues abarca todas las esferas de la intimidad y autonomía de un individuo, y el desarrollo de su identidad. En este marco, las decisiones de una persona sobre su vida sexual, se entienden como un componente fundamental de su vida privada, pues la sexualidad es ‘una parte integral de la personalidad de todo ser humano [y] su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad emocional, placer, ternura y amor’. Dentro de esta noción es claro que se incluye la orientación sexual de una persona y las conductas que despliega en el ejercicio de su sexualidad acorde con dicha orientación. Estos son aspectos que tienen un ‘nexo claro’ con el plan de vida de una persona, incluyendo su personalidad y sus relaciones con otros seres humanos y, en general, con el ‘concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones’” (párr. 185).
“[L]a orientación sexual de una persona constituye un componente fundamental de la vida privada de una persona, el cual debe estar libre de injerencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público. En este sentido, el respeto por la orientación sexual de una persona conlleva necesariamente el respeto al derecho de expresar libremente dicha orientación sexual, como parte del libre desarrollo de la personalidad, necesario en el proyecto de vida de una persona. De igual manera, las circunstancias que interfieren en la posibilidad de una mujer de decidir asuntos relativos al ejercicio de su sexualidad, deben estar libres de conceptos estereotipados sobre el alcance y contenido de este aspecto de su vida privada, especialmente cuando se combinan con la consideración de su orientación sexual” (párr. 186).
“Por su parte, la disposición contenida en el artículo 11.2 de la Convención, tiene como objetivo principal ofrecer una protección a las personas de las acciones del Estado que, de forma ‘arbitraria o abusiva’, interfieran en el ejercicio de este derecho, teniendo en cuenta que dicha interferencia puede comprender elementos de ‘injusticia, imposibilidad de predecir y la falta de razonabilidad’” (párr. 187).
“[L]a protección ofrecida por el artículo 11.2 de la Convención prohíbe interferencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público, que afecten aspectos de la vida sexual de una persona, incluyendo su orientación sexual y el ejercicio de su sexualidad. En este sentido, la Corte Europea ha establecido que ante este tipo de situaciones, los Estados deben, en todo caso, ofrecer razones de mucho peso y convincentes para justificar una interferencia de las autoridades en base a la orientación sexual de una persona” (párr. 188).
5. Personas privadas de libertad. Cárceles. Condiciones de detención. Principio de reinserción social.
“Si bien el disfrute de algunos de los derechos de una persona que se encuentra bajo custodia del Estado pueden verse afectados, ello no significa que se extingan de forma absoluta por el acto mismo de la privación de libertad, sino que se establece una relación de sujeción especial, en la cual le corresponde al Estado garantizar el ejercicio de estos derechos, y la persona por su parte queda sujeta a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que debe observar. De esta forma, aunque existe indiscutiblemente una dependencia de la persona que se encuentra privada de libertad a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde se halla recluida, la actividad de las autoridades penitenciarias no debe exceder las limitaciones derivadas de los fines que persigue la privación de libertad, ni aún en el ámbito del poder disciplinario que su mandato les confiere” (párr. 189).
“[H]a sido ampliamente aceptado en el derecho internacional que uno de los derechos básicos que debe ser garantizado a las personas privadas de libertad, es permitir que éstas mantengan contacto con el mundo exterior, dentro de las limitaciones legítimas que conlleva el encarcelamiento. Este derecho comprende el mantenimiento del contacto personal y directo de la persona que se encuentra recluida con sus familiares, parejas y otras personas, lo que constituye además una ‘condición indispensable para su resocialización y reincorporación a la sociedad’” (párr. 191).
“[L]a obligación positiva reservada al Estado de crear condiciones que aseguren el mantenimiento de las relaciones interpersonales de una persona bajo su custodia, atiende a que se relaciona con un ámbito de su vida privada y su intimidad, que es absolutamente propio de cada individuo y una esfera que nadie puede invadir. Desde esta perspectiva, la Comisión considera que la consecuencia lógica que resulta de fijar la resocialización como uno de los fines previstos para el régimen de privación de libertad, es que el respeto a la vida privada no es sólo uno de los derechos cuyo ejercicio debe hacerse efectivo aún bajo dicho régimen, sino que la supresión absoluta del mismo desvirtuaría la razón de ser de la aplicación de penas privativas de libertad en el ejercicio del poder punitivo del Estado” (párr. 192).
6. Régimen de visitas. Personas privadas de libertad. Derecho a la integridad. Familia. Principio de dignidad humana. Vulnerabilidad. LGTBIQ.
“En casos de las personas privadas de libertad, […] las restricciones al derecho a la vida privada y familiar de éstas, tienen legitimidad en la medida en que se derivan de la naturaleza misma del encarcelamiento, ajustándose a los requisitos ordinarios y razonables del mismo. En ese sentido, una de las formas a través de las cuales se materializa el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar de las personas privadas de libertad, es la concesión de un régimen de visitas periódicas, que reúna los requisitos establecidos por las autoridades, en el marco de las competencias que les son atribuidas para hacer cumplir los fines esenciales de la privación de libertad” (párr. 193).
“Sobre este aspecto, la Comisión ha establecido que ‘el derecho de visita es un requisito fundamental para asegurar el respeto de la integridad y libertad personal de los internos y, como corolario, el derecho de protección a la familia de todas las partes afectadas’” (párr. 194).
"Dentro de este concepto del derecho a recibir visitas […] se ha reconocido específicamente el derecho a la visita íntima de las personas privadas de libertad, siendo ésta la forma de garantizar el ejercicio de la sexualidad, como el ámbito más íntimo de la persona que no puede ser suprimido en forma absoluta” (párr. 195).
“[E]l ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan del principio que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana de toda persona. En este sentido, existen ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legalmente menoscabados por el ejercicio del poder público. Ello sugiere que los Estados pueden limitar los derechos de las personas privadas de libertad, incluyendo el derecho a la vida privada, de una manera que sea compatible con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, y que no excedan las limitaciones derivadas de los fines de la privación de libertad. La CIDH ha establecido que el Estado debe asegurar que las visitas íntimas se realicen en condiciones mínimas de privacidad, higiene, seguridad y respeto por parte de las autoridades penitenciarias” (párr. 196).
“[E]n el contexto en el que se desarrolla el funcionamiento de un establecimiento penitenciario, no es sólo razonable sino necesario que las autoridades penitenciarias exijan el cumplimiento de ciertas condiciones y requisitos, como una de las formas que le permite al Estado cumplir con su obligación de ejercer el control efectivo de los centros de reclusión. Sin embargo, la imposición de requisitos para que las personas privadas de libertad puedan acceder al derecho de visita íntima, debe realizarse de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado” (párr. 197).
“Lo anterior incluye la protección especial que debe brindar el Estado a aquellas personas bajo su custodia que puedan verse expuestas a una situación particular de vulnerabilidad, por pertenecer a grupos que históricamente han sido sometidos a discriminación, como por ejemplo las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). En ese sentido, la especial situación de garante que asume el Estado frente las personas privadas de libertad, exige crear las condiciones necesarias para superar cualquiera obstáculo que generalmente, impiden el acceso a ciertos derechos producto del contexto de discriminación al que se ven expuestas, sobre todo teniendo particularmente en cuenta que bajo estas circunstancias, es el Estado el que tiene la obligación de garantizar un control efectivo sobre la forma como se desenvuelve la vida de las personas en un centro penitenciario” (párr. 198).
7. Debido proceso. Derecho a ser oído. Garantía de imparcialidad. Recursos. Estereotipos de género. LGTBIQ. No discriminación.
“[P]ara que un recurso judicial pueda ser considerado efectivo, resulta de especial relevancia el debido cumplimiento de las garantías del debido proceso, entre éstas específicamente la garantía de imparcialidad de los jueces que los integran. Así la Corte ha establecido que el derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. En este marco, la imparcialidad supone que el juez que interviene en un caso particular se aproxime a los hechos ‘de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad’” (párr. 210).
“Al respecto, la Comisión destaca lo establecido por la Corte en cuanto a que la determinación de si un Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales por la actuación de sus órganos judiciales, implica que se deba examinar dichas actuaciones en el marco de los respectivos procesos internos, considerados éstos como un todo para determinar si la integralidad del procedimiento, se ajustó a la Convención Americana” (párr. 211).
“[L]as visiones estereotipadas contra las personas homosexuales no sólo legitimaron la actuación prejuiciosa y particularmente discriminatoria de las autoridades penitenciarias en perjuicio de Marta Álvarez, sino que […] fueron subsiguientemente corroboradas por el poder judicial, lo cual contribuyó a promover y perpetuar dichos prejuicios. De ello se desprende que, en el presente caso, el Poder Judicial colombiano no adoptó decisiones basadas exclusivamente en el ordenamiento jurídico vigente en ese momento, sino que realizó bajo una ponderación ilegítima sobre la trascendencia de los prejuicios discriminatorios y los supuestos niveles de tolerancia en la sociedad sobre cierto tipo de conductas” (párr. 213).
“[La peticionaria] no fue escuchada con las debidas garantías en la demanda de tutela instaurada para la protección de sus derechos fundamentales, no contó con la garantía de imparcialidad y, en suma, le fue negado un acceso efectivo a la justicia. Al respecto, la CIDH reitera que ‘existe una relación entre la garantía de imparcialidad que debe regir todas las actuaciones judiciales a la luz del artículo 8.1 de la Convención Americana, y el uso de prejuicios discriminatorios para fundar una decisión’” (párr. 214).
8. Derecho a la integridad personal. Condiciones de detención. No discriminación. Vulnerabilidad. Arbitrariedad. Fuerzas de seguridad.
“[L]a restricción impuesta a Marta Álvarez para ejercer el derecho de visita íntima constituyó un trato discriminatorio que interfirió de forma arbitraria en su vida privada. Teniendo esto en consideración, la Comisión estima que dicha restricción en los términos en los que fue dispuesta, es decir de forma absoluta, prolongada y con base en estereotipos y prejuicios discriminatorios, resultó en un trato incompatible con el deber del Estado de asegurar que la privación de libertad no cause ‘angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención [y que] su salud y bienestar estén adecuadamente asegurados’, de manera que se garantice el respeto a la dignidad de la persona bajo las mismas condiciones aplicables a aquellas que no se encuentran bajo régimen de detención” (párr. 218).
“La Comisión considera que el lenguaje utilizado por las autoridades para justificar asuntos relacionados con su situación denotan claramente que existía una fuerte aversión estigmatizante y discriminatoria en su perjuicio, lo que hizo que se ubicara en una situación de particular indefensión ante la conducta desplegada por las funcionarias y los funcionarios cuya responsabilidad era la de garantizar el respeto y protección de sus derechos” (párr. 224).
“El conjunto de estas circunstancias, analizadas de manera transversal en la situación de Marta Álvarez, permiten determinar la existencia de un ambiente hostil contra su identidad, su orientación sexual y la expresión de la misma, contra las actividades de defensa y promoción de derechos de gays y lesbianas que llevó a cabo y contra los reclamos que formulaba, tanto ante las autoridades administrativas como judiciales. Este ambiente hostil fue el marco y la base del trato discriminatorio que recibió Marta Álvarez durante la privación de libertad” (párr. 225).
RÉGIMEN DE VISITAS; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; LGBTIQ; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; ARBITRARIEDAD; FUERZAS DE SEGURIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO A SER OIDO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; RECURSOS; FAMILIA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTIMIDAD; LIBERTAD; ORIENTACIÓN SEXUAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; IDENTIDAD DE GÉNERO; RAZONABILIDAD;
López Soto y otros v. VenezuelaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 8.1, 11, 24 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (derechos a la integridad personal, prohibición de la tortura, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, igualdad ante la ley y protección judicial), en relación con las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, en perjuicio de Linda Loaiza López Soto.
1. Responsabilidad del Estado. Debida diligencia. Denuncia. Carga de la prueba. Convención de Belém do Pará
“El centro de la controversia se relaciona con el hecho de que los actos fueron cometidos por particulares. Por lo tanto, además de cuestionar su caracterización como tortura por no haber intervenido un funcionario público en la comisión de los mismos, se ha negado que pudieran ser atribuibles al Estado y generar su responsabilidad internacional. Por consiguiente, la Corte está llamada en este caso a determinar la posible atribución de responsabilidad internacional al Estado por los actos cometidos por particulares“(párr. 125).
“[L]a obligación de garantizar presupone el deber de los Estados de prevenir violaciones a los derechos humanos, inclusive aquellas cometidas por terceros particulares. No obstante, un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción, como se desarrollará posteriormente […]“ (párr. 130).
“[L]os Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias [hay nota]. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia [hay nota]. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c) de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer [hay nota]. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en que el Estado no intervenía [hay nota]“ (párr. 131).
“En suma, para que surja la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de una obligación de debida diligencia para prevenir y proteger los derechos de un individuo o grupo de individuos determinado frente a particulares, es necesario, primeramente, establecer el conocimiento por parte del Estado de un riesgo real e inmediato y, en segundo término, realizar una evaluación respecto de la adopción o no de medidas razonables para prevenir o evitar el riesgo en cuestión. Al analizar la razonabilidad de las acciones implementadas por el Estado, la Corte valora, por un lado, aquellas dirigidas a abordar la problemática de la violencia contra las mujeres en términos generales y, por el otro, aquellas adoptadas frente a un caso concreto una vez determinado el conocimiento del riesgo de una grave afectación a la integridad física, sexual y/o psicológica de la mujer, e incluso a su vida, el cual activa el deber de debida diligencia reforzada o estricta“ (párr. 141).
“[E]l deber de debida diligencia estricta ante la desaparición de mujeres exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido [hay nota]“ (párr. 142).
“[L]a noticia de un secuestro o de una desaparición de una mujer debe activar el deber de debida diligencia reforzado del Estado, toda vez que esas circunstancias generan un escenario propicio para la comisión de actos de violencia contra la mujer, e implican una particular vulnerabilidad a sufrir actos de violencia sexual, lo que de por sí conlleva un riesgo a la vida y a la integridad de la mujer, independientemente de un contexto determinado. Así lo reconoce la propia Convención de Belém do Pará en su artículo 2, al enlistar el secuestro como una de las conductas comprendidas dentro del concepto de violencia contra la mujer“ (párr. 145).
“Como fue establecido anteriormente, el derecho internacional de los derechos humanos impone una obligación de debida diligencia estricta en la prevención de la violencia contra la mujer. Esta obligación implica, por un lado, la adopción de medidas de carácter general, en el plano normativo e institucional; y por el otro, la debida diligencia en la respuesta estatal ante la noticia de una desaparición o secuestro de una mujer. La Corte advierte que, en el presente caso, se verifica el incumplimiento de estas dos facetas de la obligación de prevención por parte del Estado“ (párr. 151).
“Una constancia escrita que dé cuenta de la formulación de una denuncia no es el único modo de probar el conocimiento del riesgo, sino que pueden ser suficientes las declaraciones de quienes manifiesten haberlas interpuesto, siempre que sean consistentes con relación a los aspectos fundamentales. Además, la Corte resalta que, de acuerdo a su jurisprudencia [hay nota], las declaraciones de las presuntas víctimas no pueden ser descartadas por el mero hecho de tener un interés en el resultado del proceso, sino que deben apreciarse junto con el resto de los elementos probatorios. Este criterio se condice con el sistema de valoración probatoria adoptado por la Corte, que es la sana crítica, en el cual el juzgador examina libremente las pruebas incorporadas al proceso de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia, sin que se encuentre predeterminado el peso probatorio de cada una de ellas“ (párr. 155).
“[S]i bien corresponde a la parte demandante la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio […]. Por lo tanto, no puede descartarse la posibilidad de que efectivamente hayan existido otras denuncias, pues aunque es un hecho negativo el que se trata de probar –la no recepción o procesamiento de las denuncias–, es posible también la demostración del hecho positivo susceptible de evidencia[…]“ (párr. 163).
“De acuerdo a todo lo analizado previamente, la Corte estima que no es posible considerar al Estado como responsable directo de los actos sufridos por Linda Loaiza, sino que su responsabilidad se deriva de la reacción insuficiente y negligente de los funcionarios públicos que, al tomar conocimiento del riesgo, no adoptaron las medidas que razonablemente era de esperarse por lo que no cumplieron con la debida diligencia para prevenir e interrumpir el curso de causalidad de los acontecimientos, sino que además su accionar causó alerta en el agresor. Ello, sumado a la posterior omisión total para prevenir adecuadamente las agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales sufridas por Linda Loaiza, pese a conocer la identidad de la persona denunciada, demuestra una actitud tolerante frente a situaciones que por sus características constituyen un riesgo de violencia contra la mujer“ (párr. 169).
2. Esclavitud sexual. Violación. Integridad personal. Libertad. Principio de dignidad humana. Autonomía.
“La esclavitud sexual es una forma particularizada de esclavitud, en la que la violencia sexual [hay nota] ejerce un rol preponderante en el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona. Por tal motivo, en estos casos los factores relacionados con limitaciones a la actividad y a la autonomía sexual de la víctima constituirán fuertes indicadores del ejercicio del dominio. La esclavitud sexual se diferencia así de otras prácticas análogas a la esclavitud que no contienen un carácter sexual. Asimismo, el elemento de la esclavitud es determinante para diferenciar estos actos de otras formas de violencia sexual. Al identificar tales conductas como una forma de esclavitud, se tornan aplicables todas las obligaciones asociadas a la naturaleza jus cogens de su prohibición, esto es, a su carácter absoluto e inderogable [hay nota]“ (párr. 176).
“En igual sentido, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud ha concebido la esclavitud sexual como una forma de esclavitud, al definirla como ‘el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos, incluida la disponibilidad sexual mediante la violación u otras formas de abuso sexual’ [hay nota]. En esta línea, sostuvo que el adjetivo ‘sexual’ hacía hincapié en el elemento de violencia sexual en el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, de modo tal que ‘las limitaciones de la autonomía [, así como] de la facultad de decidir sobre asuntos relacionados con la propia actividad sexual e integridad corporal’, eran factores determinantes de una situación de esclavitud sexual [hay nota]“ (párr. 177).
“[L]a Corte interpreta que la esclavitud sexual, como violación de derechos humanos, se encuentra comprendida por la prohibición del artículo 6 de la Convención. Ello independientemente de la existencia de un contexto determinado. Además, la Corte ha afirmado que ‘la constatación de una situación de esclavitud representa una restricción sustancial de la personalidad jurídica del ser humano y podría representar, además, violaciones a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la dignidad, entre otros, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso’. En el presente, la Corte entiende que son de relevancia, además de los artículos 3, 7 y 22, los artículos 5 y 11 de la Convención, en tanto existe una conexión intrínseca entre la integridad física y psicológica con la autonomía personal y la libertad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la sexualidad [hay nota]“ (párr. 178).
“[L]a Corte considera que para catalogar una situación como esclavitud sexual es necesario verificar los siguientes dos elementos: i) el ejercicio de atributos del derecho de propiedad sobre una persona, y ii) la existencia de actos de naturaleza sexual que restringen o anulan la autonomía sexual de la persona“ (párr. 179).
“En conclusión, en el presente caso se dan los dos elementos expuestos, lo que lleva a la Corte a la convicción de que, efectivamente, el agresor no solo ejerció los atributos del derecho de propiedad sobre Linda Loaiza, sino que ello se combinó con la ejecución de diversos actos de violencia sexual constantes y de dimensiones pavorosas. De acuerdo a lo expuesto, este Tribunal considera necesario visibilizar el carácter ‘sexual’ de la esclavitud ejercida en este caso, y así reconocer esta modalidad más específica que afecta desproporcionadamente a las mujeres, en tanto exacerba las relaciones de subordinación y dominación históricamente persistentes entre hombres y mujeres. Es por ello que constituye una manifestación de la discriminación contra la mujer, en contravención de la protección estricta que opera en virtud del artículo 1.1 de la Convención por motivos de sexo y género [hay nota]“ (párr. 181).
3. Tortura. Tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Además, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que la violación y otras formas de violencia sexual pueden configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso actos de tortura si se satisfacen los elementos de la definición [hay nota]“ (párr. 184).
“[L]a violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta [hay nota]. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo y, por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos [hay nota]“ (párr. 185).
“A la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato: i) es intencional; ii) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometa con cualquier fin o propósito [hay nota]“ (párr. 185).
“De la prueba recibida se desprende que el propósito del agresor era intimidarla, anular su personalidad y subyugarla. En definitiva, afirmar una posición de subordinación de la mujer, así como su relación de poder y dominio patriarcal sobre la víctima, lo cual evidencia el propósito discriminatorio. En esta línea, la Corte ha resaltado el rol trascendental que ocupa la discriminación al analizar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y su adecuación a la figura de la tortura y los malos tratos desde una perspectiva de género [hay nota]. Por ende, la Corte determina que Linda Loaiza fue sometida a actos de tortura física, sexual y psicológica, de conformidad con los tres elementos que esta Corte ha enlistado y en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana“ (párr. 188).
“Al no haber sido cometidos dichos actos directamente por un funcionario público, su calificación como tortura ha sido puesta en disputa por el Estado. Sin embargo, es pertinente recordar que la definición adoptada por esta Corte se refiere sólo a tres elementos [hay nota], los cuales han sido satisfechos en este caso. En efecto, en razón de que el artículo 5.2 de la Convención Americana no precisa lo que debe entenderse como ‘tortura’, la Corte ha recurrido tanto al artículo 2 de la CIPST, como a otras definiciones contenidas en los instrumentos internacionales que prescriben la prohibición de la tortura [hay nota], para interpretar cuáles son los elementos constitutivos de la tortura [hay nota]. Al adoptar dichos elementos, la Corte no fijó un requisito de que el acto tuviera que ser cometido por un funcionario público“ (párr. 189).
“En suma, la Corte entiende que, de la propia manera en que están redactados dichos instrumentos, la configuración de la tortura no se encuentra circunscripta únicamente a su comisión por parte de funcionarios públicos ni que la responsabilidad del Estado solo pueda generarse por acción directa de sus agentes; prevé también instancias de instigación, consentimiento, aquiescencia y falta de actuación cuando pudieran impedir tales actos“ (párr. 192).
4. Estereotipos de género. Violencia sexual. Género. Convención de Belém do Pará. No discriminación. Debido proceso. Víctima. Revictimización.
“Adicionalmente, es preciso resaltar que, en el marco de la interpretación del artículo 5.2 de la Convención, la Corte ha entendido que, tanto la interpretación sistemática como la evolutiva, juegan un rol crucial en mantener el efecto útil de la prohibición de la tortura […]“ (párr. 193).  
“En el marco del método sistemático, es necesario considerar otros instrumentos interamericanos, como la Convención de Belém do Pará. Al respecto, la Corte nota que la violencia contra la mujer puede en ciertos casos constituir tortura y, además, que la violencia contra la mujer abarca también la esfera privada. Por lo tanto, de acuerdo a los postulados de la Convención de Belém do Pará, es preciso reconocer que actos intencionales que acarrean a la mujer sufrimientos graves de carácter físico, sexual o psicológico cometidos por un particular pueden configurar actos de tortura y merecen un reproche adecuado a su gravedad para alcanzar el objetivo de su erradicación“ (párr. 194).   
“En suma, a partir del marco normativo de la Convención de Belém do Pará que debe permear la interpretación evolutiva de las conductas y actos de violencia contra la mujer que pueden encuadrarse como tortura, la Corte considera que no pueden excluirse los actos de violencia contra la mujer perpetrados por particulares, cuando aquellos son cometidos con la tolerancia o aquiescencia estatal por no haberlos prevenido de forma deliberada, como ocurre en este caso“ (párr. 197).   
“La Corte ha establecido que, de conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1) […]. Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables [hay nota].En casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará [hay nota]“ (párr. 217).  
“Adicionalmente, la Corte recuerda que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementarlas medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c) de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer (supra párr. 131). Por otra parte, el artículo 2 de la Convención requiere la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención [hay nota]“ (párr. 218).  
“Por otra parte, la Corte advierte que, en materia de violencia contra la mujer, existen ciertos obstáculos y restricciones que deben enfrentar las mujeres al momento de recurrir ante las autoridades estatales, que impiden el ejercicio efectivo de su derecho de acceso a la justicia [hay nota]. En este sentido, la falta de formación y de conocimiento en materia de género por parte de los operadores estatales de las instituciones relacionadas con la investigación y administración de justicia, y la vigencia de estereotipos que restan credibilidad a las declaraciones de las mujeres víctimas, constituyen factores fundamentales que, junto a los altos índices de impunidad en casos de esta naturaleza [hay nota], conllevan a que las mujeres decidan no denunciar hechos de violencia o no proseguir con las causas iniciadas [hay nota]. A estos factores debe adicionársele la falta de acceso a un asesoramiento letrado de calidad y de servicios capaces de brindar asistencia social y de acogida a las víctimas, como así también la falta de adopción de medidas de protección inmediata por parte de los funcionarios estatales que intervienen en este tipo de hechos [hay nota]“ (párr. 220).  
“La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia [hay nota]. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Por ende, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género [hay nota]“ (párr. 223).  
“Es por ello que, en materia de violencia contra la mujer, la debida diligencia por parte de los órganos estatales, en pos de garantizar el acceso a la justicia, implica que los Estados cuenten con un marco normativo de protección y de prácticas que permitan una actuación y respuesta eficaz ante denuncias por hechos de esta naturaleza. En este orden, el fortalecimiento de las instituciones que intervienen en este tipo de casos, también constituye una pieza fundamental para asegurar reacciones estatales efectivas y no revictimizantes“ (párr. 224).  
“[L]a falta de un marco legal especializado que asegurara la intervención de funcionarios policiales y judiciales debidamente capacitados para la tramitación e investigación de denuncias por casos de violencia contra la mujer en todas sus modalidades y ámbitos de ocurrencia, como así también la inexistencia de reglas concretas capaces de orientar a los operadores tanto en la recolección de evidencias como en el tratamiento de las víctimas, constituyeron factores fundamentales que contribuyeron tanto a las fallas y omisiones constatadas en el proceso de investigación […], como así también en la revictimización de Linda Loaiza López Soto […]“ (párr. 226).  
“[U]na diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable [hay nota], es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido [hay nota]. En efecto, es el Estado quien tiene la carga de la prueba para mostrar que la diferencia de trato entre la víctima de un delito que ejerce la prostitución, y otra que no, se encuentra justificada, sin fundamentar su decisión en estereotipos [hay nota]“ (párr. 231).  
“La Corte reitera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales“ (párr. 235).  
“[L]os prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. Cuando se utilizan estereotipos en las investigaciones de violencia contra la mujer se afecta el derecho a una vida libre de violencia, más aún en los casos en que su empleo por parte de los operadores jurídicos impide el desarrollo de investigaciones apropiadas, denegándose, además, el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. A su vez, cuando el Estado no desarrolla acciones concretas para erradicarlos, los refuerza e institucionaliza, lo cual genera y reproduce la violencia contra la mujer“ (párr. 236).  
“[P]rácticas como las señaladas, tendentes a devaluar a la víctima en función de cualquier estereotipo negativo y neutralizar la desvaloración de eventuales responsables, deben ser rechazadas y calificadas como incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, el Tribunal rechaza toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza de ésta, toda vez que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio discrecional y discriminatorio con base en el comportamiento de la víctima por el solo hecho de ser mujer“ (párr. 239).  
“En casos de violencia sexual, la Corte ha destacado que la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o re-experimentación de la profunda experiencia traumática a la víctima. A tal fin, en casos de violencia contra la mujer, resulta necesario que durante las investigaciones y la sustanciación de los procesos de enjuiciamiento, se tomen ciertos resguardos al momento de las declaraciones de las víctimas, como así también en ocasión de realizarse experticias médicas o psicológicas, especialmente cuando se tratan de víctimas de violencia sexual“ (párr. 241).  
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; LIBERTAD; VIOLACIÓN; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); NO DISCRIMINACIÓN; VICTIMA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DEBIDA DILIGENCIA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRUEBA; DENUNCIA; DEBIDO PROCESO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; REVICTIMIZACIÓN; ESCLAVITUD SEXUAL;
Acceso efectivo a la justicia de las personas migrantes - InformeRelator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
Entre sus recomendaciones, el Relator Especial concluyó que los Estados tienen el deber de proteger a las personas migrantes en todas las etapas del proceso migratorio y de proporcionarles acceso a la justicia para obtener reparación por cualquier trato discriminatorio o violación de los derechos humanos. Asimismo, señaló que el acceso efectivo a la justicia incluye como garantías de un debido proceso el derecho a la asistencia jurídica y representación legal, el derecho a la información y a contar con un intérprete, el derecho a la asistencia consular y el acceso a recursos y reparación. Además, concluyó que las barreras cortafuegos constituyen mecanismos esenciales que permiten que las personas migrantes ejerzan sus derechos humanos sin temor a ser denunciadas a las autoridades migratorias.
1. Acceso a la justicia. Derecho de defensa. No discriminación. Principio de no devolución.
“El acceso efectivo a la justicia es el derecho que tiene toda persona, sin discriminación, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y de restitución de los derechos. El acceso a la justicia cumple una doble función, al ser un derecho fundamental inherente a toda persona y un principio que establece obligaciones para los Estados, particularmente el garantizar que toda persona pueda acudir ante los tribunales a reclamar que se protejan sus derechos. Los Estados, en aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, entre los cuales se encuentra el derecho de acceso a la justicia y a un debido proceso” (párr. 7).
“La representación legal de las personas deriva del concepto de debido proceso, ambos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los artículos 7, 8 y 11 establecen que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen derecho a igual protección de la ley […]. Del artículo 10 se desprende que para ello es necesario contar con asistencia jurídica y representación legal especializada, así como gratuita para quienes no pueden acceder a ella. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que la persona migrante en situación regular solo podrá ser expulsada en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, por lo que esta podrá exponer las razones que la asistan en contra de su expulsión y hacerse representar ante la autoridad competente (art. 13) […]. El Relator Especial subraya que las personas migrantes gozan de un derecho a contar con asistencia jurídica técnica, la cual debe ser proveída por el Estado gratuitamente a aquellas personas que no puedan pagarla, haciendo verdaderamente operativo el derecho a un debido proceso” (párr. 10).
“La garantía del acceso a la justicia y su relación con el debido proceso es especialmente relevante en casos de desplazamiento forzado y en la determinación de la calidad de refugiado. El riesgo de una persona de ser devuelta al lugar donde su vida o su libertad se encuentran amenazadas implica que los Estados deben tener especial consideración de estas garantías, en particular el principio de no devolución, para evitar la violación de sus derechos humanos. Aunque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no establece expresamente un derecho al debido proceso en los procesos de reconocimiento de la calidad de refugiado, son aplicables los estándares internacionales de derechos humanos en materia de garantías procedimentales” (párr. 16).
2. Migrantes. Acceso a la justicia. Traductor. Derecho a la información.
“El derecho a la información es fundamental para poder ejercer otros derechos como el acceso a la justicia […]. A menudo las personas migrantes tampoco son debidamente informadas de aspectos relacionados con el procesamiento de sus datos y tienen dificultades para entender la información que reciben” (párr. 17).
“Para el efectivo acceso a la justicia de las personas migrantes, es primordial que los Estados pongan a disposición los recursos económicos y humanos necesarios para proveerles información en un idioma que puedan comprender cabalmente sobre los procedimientos y las garantías procesales que pueden incoar frente a la vulneración de sus derechos humanos. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares reconoce el derecho de las personas migrantes a ser asistidas gratuitamente por intérprete en caso de detención (art. 16) o de ser acusadas de haber cometido un delito (art. 18)” (párr. 18).
3. Acceso a la justicia. Asistencia consular. Personas privadas de la libertad.
“La asistencia consular también es esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas migrantes. Ella resulta especialmente acuciante cuando se trata de personas privadas de libertad, indistintamente de que lo sean en virtud de motivos penales o migratorios, ya que a menudo incide de manera decisiva en el respeto a las garantías procesales […]. La asistencia consular también es muy importante en el ámbito laboral, ya que con frecuencia las personas migrantes son víctimas de graves abusos en materia laboral, pudiendo alcanzar la trata y explotación. De allí la relevancia de que los Estados proporcionen asistencia consular al respecto, mediante la creación de agregadurías laborales u otros mecanismos” (párr. 21).
“El derecho a la asistencia consular constituye primordialmente un derecho de la persona migrante y solo condicionadamente del Estado de origen, ya que la persona puede preferir no contactar a su Estado por temor de persecución u otras razones. La obligación del Estado receptor incluye el informar sin dilación a la persona migrante detenida bajo su jurisdicción acerca de su derecho a ser asistida por funcionarios consulares del país de la que es nacional y de su derecho a comunicarse con las autoridades consulares de su país, así como a recibir de forma efectiva la asistencia consular” (párr. 22).
4. Expulsión de extranjeros. Derecho de defensa. Procedimiento administrativo. Revisión judicial. Recursos.
“El tipo de autoridad a la que se tiene acceso en las relaciones migratorias con el Estado incide directamente en el ejercicio del acceso efectivo a la justicia. En situaciones de denegación de entrada, solicitudes de refugio y deportación, en algunos Estados el acceso es confiado solamente a una autoridad administrativa. En otras, a una autoridad administrativa y a una judicial por la vía de los recursos procesales” (párr. 24).
“El acceso a una revisión judicial de la detención de migrantes y solicitantes de asilo también se ve impedida por la eliminación de garantías procesales como la revisión judicial de oficio de las órdenes de detención y las escasas probabilidades de recurrir de manera exitosa contra las mismas mientras la persona afectada se encuentra en un centro de detención previo a la devolución” (párr. 31).
“En los últimos años algunos Estados han adoptado reformas que afectan a la independencia y efectividad de los órganos de revisión de las decisiones de denegación de asilo […]. Asimismo, derogaciones de las reglas generales de procedimientos administrativos también se dan en las instancias de revisión de solicitudes de asilo, en detrimento de las personas solicitantes. En particular, varios países han limitado el número de instancias de revisión disponibles para las personas demandantes de asilo con el fin de agilizar los procedimientos” (párr. 32).
5. Barreras cortafuegos. Servicios públicos. Educación. Derecho a la salud.
“Las barreras cortafuegos consisten en la separación real y estricta entre el control migratorio y otros servicios públicos e implican que las autoridades migratorias no puedan acceder a la información acerca del estatus migratorio de las personas que acuden a los servicios públicos y que las instituciones encargadas de la prestación de estos no tengan la obligación de indagar ni de compartir la información acerca del estatus migratorio de los usuarios [hay nota]. Entre estas últimas se hallan las instituciones prestadoras de servicios en materia de educación, sanidad, seguridad y asistencia social, protección laboral, policía y sistema judicial. Al ser el único mecanismo que permite que las personas migrantes ejerzan y disfruten de sus derechos humanos sin temor a ser denunciadas a las autoridades migratorias, las barreras cortafuegos constituyen una consecuencia ineludible de las obligaciones que tienen los Estados de proteger frente a la discriminación a todas las personas bajo su jurisdicción, de acuerdo a las normas y estándares internacionales de derechos humanos” (párr. 33).
“El establecimiento de barreras cortafuegos es fundamental para garantizar el acceso de las personas migrantes a la justicia, ya que una de las causas de su dificultad para acceder a un recurso efectivo ante los tribunales es su temor a que en el procedimiento se revele su estatus migratorio y, en su caso, ser detenidas y posteriormente deportadas [hay nota]. En este sentido, las barreras cortafuegos permiten que quienes están en situación migratoria irregular y temen ser descubiertos y expulsados, o que se encuentran en situaciones jurídicas precarias y temen quedar en situación irregular, puedan efectivamente denunciar los delitos de los que son víctimas o testigos, conseguir asistencia letrada y acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, lo cual, además, permite luchar contra la impunidad” (párr. 34).
6. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Reforma legal. Debido proceso. Asistencia letrada.
“Las personas solicitantes de asilo se enfrentan a dificultades específicas para acceder a la justicia, tales como procedimientos de asilo expeditivos con menos garantías y limitaciones al recurso de apelación respecto de a denegaciones de asilo […]. Además, existen procedimientos especiales que se aplican dependiendo del perfil de la persona solicitante, su ruta migratoria y el punto de entrada, con garantías inferiores a los ofrecidos en los procedimientos ordinarios (es decir, plazos inferiores para recurrir contra una decisión negativa de concesión de asilo, aplicación de la detención mientras se resuelve el recurso de apelación, falta de acceso a asistencia legal). En algunos países, las derogaciones de reglas generales aplicables a las personas solicitantes de asilo han sido declaradas inconstitucionales” (párr. 45).
“La suspensión automática de la ejecución de una denegación de asilo en primera instancia y el consiguiente procedimiento de devolución, así como el derecho a permanecer en el país durante el tiempo necesario para presentar recurso de apelación y obtener una decisión sobre el mismo, constituyen una garantía fundamental para las personas solicitantes de asilo” (párr. 46).
7. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Menores no acompañados.
“Los niños, niñas y adolescentes son uno de los eslabones más débiles dentro de un flujo migratorio, en especial si no están acompañados por sus padres, familiares, o un adulto responsable y de confianza que los proteja de abusos, violencia y explotación, entre otros riesgos. Si a esto se suma la falta de información que pueden tener los niños, niñas y adolescentes respecto a los mecanismos de denuncia y las instituciones a las cuales acudir en caso de sufrir una vulneración, el no saber leer ni escribir, o incluso encontrarse en una sociedad que no valora sus opiniones debido a su corta edad, el derecho de acceso a la justicia y su protección por parte de los Estados adquiere especial relevancia” (párr. 58).
“Cuando se trata de los niños, niñas y adolescentes, el acceso a la justicia debe entenderse bajo la óptica del interés superior, lo que obliga a remover los obstáculos que tienen para acceder a la justicia como la falta de mecanismos de denuncia asequibles y adaptados, el lenguaje técnico, la desconfianza en las personas adultas, o el no saber escribir o leer, entre muchos otros” (párr. 59).
“Los niños migrantes no acompañados se enfrentan a numerosas dificultades a la hora de acceder a la justicia, tales como la falta de acceso a guardianes, asistencia y asesoramiento legal, así como acceso a la información, la falta de procedimientos para la determinación del interés superior del niño, y problemas relacionados con los procedimientos de determinación de edad” (párr. 61).
MIGRANTES; REFUGIADO; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; TRADUCTOR; DERECHO A LA INFORMACIÓN; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; ASISTENCIA CONSULAR; ASISTENCIA LETRADA; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; REVISION JUDICIAL; RECURSOS; BARRERAS CORTAFUEGOS; SERVICIOS PÚBLICOS; EDUCACIÓN; DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; MENORES NO ACOMPAÑADOS; IDIOMA;
Novotny v. República ChecaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que República Checa era responsable por haber violado las disposiciones previstas en el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“El Tribunal ha determinado que el artículo 8 resulta aplicable más allá de que transcurra el plazo legal para realizar la impugnación de paternidad en casos de existir vínculo matrimonial, o cuando el nacimiento tenga lugar por fuera de un matrimonio pero el integrante de la pareja reconozca la paternidad. También es aplicable en los casos de niños nacidos en el marco de un vínculo matrimonial” (cfr. párr. 42).
“[D]ebido a que el peticionario realizó la impugnación en base a pruebas biológicas nuevas, existe un vínculo entre su deseo de que se revoque la decisión que estableció la paternidad y su vida privada. El Tribunal observa que la esencia del reclamo del peticionario no es que el Estado debió abstenerse de actuar, sino que debió haber tomado medidas adecuadas para resolver con certeza la cuestión de su vínculo con la niña” (cfr. párr. 43).
“El Tribunal observa que, de acuerdo a su jurisprudencia, el artículo 8 del Convenio abarca –con sujeción a las limitaciones admisibles– el derecho del padre putativo a iniciar un procedimiento para impugnar la paternidad que, según pruebas científicas, no es suyo” (cfr. párr. 45).
“En este sentido, el Tribunal considera que el peticionario tiene el legítimo derecho a tener al menos la oportunidad de negar la paternidad de un niño que, en base a pruebas científicas, no es suyo y que también puede tener interés en saber la identidad de su padre biológico” (cfr. párr. 47).
“De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, una situación en la que prevalece una presunción legal sobre la realidad biológica no podría ser compatible con la obligación de garantizar un ‘respeto’ efectivo a la vida privada y familiar, incluso teniendo en cuenta el margen de apreciación de los Estados. En este sentido, el Tribunal concluye que no se ha logrado un equilibrio justo entre los intereses del peticionario y de la sociedad. En consecuencia, el sistema legal interno fracasó en garantizar al peticionario el ‘respeto’ a su ‘vida privada’” (cfr. párr. 50).
DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; FILIACIÓN; IMPUGNACIÓN A LA PATERNIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA IDENTIDAD;
Kartvelishvili v. GeorgiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Georgia era responsable por haber violado las disposiciones previstas en el artículo 6.1 y 6.3 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para llegar a tal conclusión, el TEDH manifestó que “…el deber de los tribunales a nivel interno, según la legislación nacional, es  tomar en consideración todas las circunstancias propias de un caso penal, tanto a favor como en contra del acusado, de manera objetiva y exhaustiva […] además de cualquier evidencia física y/o declaraciones de testigos que puedan llegar a corroborar o refutar los hechos propios del caso y que, de manera obvia, fueron relevantes para los fines de un juicio justo. Existe un deber similar, incorporado en el artículo 6.1 del Convenio, por el cual se espera de un tribunal penal –obligado por el principio fundamental in dubio pro reo–, que lleve a cabo el proceso sin ninguna idea preconcebida sobre la culpabilidad del acusado y, en caso de duda, siempre decida a favor de este último “ (cfr. párr. 62).
“[E]l Tribunal considera que la solicitud del peticionario de que sus compañeros de celda fueran examinados ante el tribunal no fue del todo excesiva; sin embargo, era directamente relevante para la base fáctica de la acusación en su contra, así como para reforzar su línea de defensa” (cfr. párr. 63).
Además, observó que “…la negativa de los tribunales nacionales (tanto de primera instancia como de apelación) respecto de convocar a los compañeros de celda del peticionario como testigos, se basó en que no se explicaron los motivos por los cuales habría sido importante escuchar las pruebas de los testigos en cuestión, que los testigos no eran personas dignas de confianza porque cumplían condenas penales o que los hechos ya habían sido suficientemente probados". No obstante, dichos motivos, “…constituyen una negación del deber […] de examinar el caso sin ninguna idea preestablecida referente a la culpabilidad o inocencia del acusado y, en el supuesto de que exista duda, siempre decidir a favor de este último. Es por ello que no pueden considerarse como razones adecuadas y suficientes, a la luz de la jurisprudencia emanada del Tribunal de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 3, letra d) del Convenio. A raíz de la injustificada negativa de los tribunales internos de escuchar las pruebas de los testigos a favor del peticionario, se le denegó la única oportunidad que tenía de impugnar de manera efectiva la columna vertebral de la acusación formulada contra él. En cuanto a las pruebas restantes (el vídeo de la requisa,  el registro escrito de la búsqueda en la celda del peticionario y la incautación del cuchillo), no representaron ninguna evidencia adicional e independiente y por ello no fueron concluyentes respecto de la culpabilidad del peticionario. Por lo tanto, no puede afectar a la evaluación general  de la imparcialidad del procedimiento” (cfr. párr. 64).
“El Tribunal considera que la negativa de los tribunales nacionales a interrogar a los testigos de la defensa, sin tener en cuenta la posible pertinencia de su testimonio, hizo que el juicio en su conjunto fuera injusto y que, en consecuencia, se produjese una violación de los artículos 6.1 y 3 d) del Convenio” (cfr. párr. 65).
REQUISA; TESTIGOS; IN DUBIO PRO REO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DEBIDO PROCESO; EXAMEN DE TESTIGOS;
Navtej Singh Johar y otrosSuprema Corte de India
La Suprema Corte de India declaró la incompatibilidad de la Sección 377 con los artículos 14 (igualdad ante la ley), 15.1 (prohibición de discriminación), 19.1.a (libertad de expresión) y 21 (vida y libertad personal) de la Constitución en los casos de relaciones sexuales con consentimiento.
El fallo dejó sin efecto el precedente que regía esta materia, “Suresh Koushal”. En ese caso, la Corte había decidido que la Sección 377 era constitucional porque “la población LGBT comprendía solo una fracción minúscula del total” (párr. 253. ii).
Por el contrario, en esta ocasión, el tribunal –por mayoría– consideró que “[e]l rol de las Cortes gana importancia cuando los derechos afectados pertenecen a una clase de personas o a un grupo minoritario que fue privado hasta de sus derechos más básicos desde tiempos inmemoriales” (párr. 253. iii). En este sentido, aclaró que la “moral social no puede ser usada para violar los derechos fundamentales siquiera de una sola persona, dado que la base de la moral constitucional descansa en el reconocimiento de la diversidad” (párr. 253.v). Además, la Suprema Corte estableció su visión de la Constitución como transformativa, es decir, como “…un instrumento vivo y orgánico, capaz de expandirse de acuerdo con las necesidades cambiantes de la sociedad” (párr. 253. iii). Es por esto que afirmó que “…aceptar el punto de vista de Suresh Koushal [...] equivaldría a tomar una medida retrógrada con respecto a la interpretación progresiva de la Constitución” (párr. 253. ix). Esto último porque, previamente, la Alta Corte de Delhi en el caso “Naz Foundation” había declarado la inconstitucionalidad de la Sección 377. En cuanto a los derechos vulnerados por la norma penal, la Corte se refirió a que “[c]ualquier discriminación con base en la orientación sexual de una persona implicaría una violación al derecho fundamental de la libertad de expresión” (vii). “Bajo el principio de autonomía, el individuo tiene soberanía sobre su cuerpo” y “su intimidad en privado está librada a su elección” (párr. 253. x). Esta “expresión de su elección, además de ser una faceta de su dignidad, es también un componente esencial de su libertad” (138). Asimismo, “…la orientación sexual [...] es un atributo esencial de su privacidad” (párr. 163).
La Suprema Corte reiteró lo dicho en el fallo “R. Rajagopal” acerca de que “…el derecho a la privacidad está implícito en el derecho a la vida y a la libertad, garantizado […] por el Artículo 21, y es un ‘derecho a que te dejen tranquilo/a’, dado que un/a ciudadano/a tiene derecho a que se proteja su privacidad, la de su familia, matrimonio, la procreación, la maternidad, la posibilidad de dar a luz y de educar, entre otras cosas” (párr. 154). “Al violar los derechos a la dignidad y la privacidad, la Sección 377 debe ser analizada bajo los artículos 14 y 19 de la Constitución” (párr. 253. xiii). “La gran diferencia entre la Sección 377 y la Sección 375 es el elemento de ausencia de consentimiento que fue incorporado de manera elaborada en […] la Sección 375” (párr. 217). Que ese elemento no estuviera presente en la 377 tuvo como consecuencia que “los actos sexuales consentidos [...] entre personas LGBT fueran desafortunadamente perseguidos, lo cual resulta discriminatorio y constituye un trato desigual hacia la comunidad LGBT y es, entonces, violatorio del artículo 14”(párr. 253.xiv). La Sección 377 es “…manifiestamente arbitraria, dado que se convirtió en un arma odiosa para el acoso de la comunidad LGBT al someterla a discriminación y trato desigual”. Por esa razón, dicha Sección debe ser “parcialmente derogada por ser violatoria del artículo 14” (párr. 253.xv).“El examen de la Sección 377 a la luz del artículo 19.1.a revela que importa una restricción irrazonable en virtud de que la decencia pública y la moralidad no pueden ampliarse más allá de un límite lógico o racional y no pueden aceptarse como motivos razonables para vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión y elección de la comunidad LGBT. Las relaciones carnales consentidas entre personas adultas, sean homosexuales o heterosexuales, en un espacio privado, no dañan en modo alguno la decencia o la moral públicas. Es por es que la Sección 377 [...] viola el artículo 19.1.a de la Constitución” (párr. 253.xvi).
LGBTIQ; CÓDIGO PENAL; ORIENTACIÓN SEXUAL; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
Domina y Bendtsen v. DinamarcaComité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró que los criterios utilizados para el rechazo resultaban indirectamente discriminatorios para las personas con discapacidad en virtud de los artículos 5, inc. 1 y 2 (Igualdad y no discriminación) leído por separado y en relación con el artículo 23 inc. 1 (Respeto del hogar y la familia).
1. No discriminación. Ajustes razonables
“El Comité recuerda que en virtud del artículo 2, párrafo 3 de la Convención, la discriminación por discapacidad se define como ‘cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables’. El Comité también recuerda que una ley que se aplica de manera neutral puede tener un efecto discriminatorio cuando no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas involucradas. El derecho a no ser discriminado en el goce de los derechos garantizados por la Convención puede violarse cuando los Estados, sin una justificación objetiva y razonable, no tratan de manera diferente a las personas cuyas situaciones son significativamente diferentes [hay nota]. El Comité recuerda que la discriminación indirecta basada en la discapacidad significa que las leyes, las políticas o las prácticas parecen neutrales en su valor nominal pero tienen un impacto negativo desproporcionado en una persona con discapacidad. Ocurre cuando una oportunidad que parece accesible en realidad excluye a ciertas personas debido a que su estado no les permite beneficiarse de la oportunidad en sí [hay nota]. El Comité observa que un tratamiento es indirectamente discriminatorio si los efectos perjudiciales de una norma o una decisión afectan exclusiva o desproporcionadamente a personas de una raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, estado nacional u origen social, situación financiera, nacimiento u otro estado particular [hay nota]. Ser una persona con discapacidad se encuentra dentro de dicho estado” (cfr. párr. 8.3).
Dentro de sus recomendaciones, el Comité consideró que el Estado se encontraba bajo la obligación de (i) proporcionar un recurso efectivo a los peticionarios y (ii) abstenerse de expulsar a la peticionaria a Ucrania y garantizar que se respete el derecho de los peticionarios a la vida familiar en el Estado parte. A su vez, concluyó que el Estado de Dinamarca se encontraba bajo la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir violaciones similares en el futuro (cfr. párr. 9).
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SEGURIDAD SOCIAL; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; RESIDENCIA; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
Toussaint v. CanadáComité de Derechos Humanos - CCPR
El Comité de Derechos Humanos consideró que Canadá era responsable por haber infringido los derechos de la peticionaria en virtud de los artículos 6 (derecho a la vida) y 26 (derecho a la igualdad y no discriminación) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1. Vida. Salud. Atención médica.
“El Comité recuerda que en su Observación General núm. 6 señaló que el derecho a la vida había sido con mucha frecuencia interpretado en forma restrictiva y que no podía entenderse correctamente de esa manera y que la protección de ese derecho exigía que los Estados adoptasen medidas positivas. El Comité considera que el derecho a la vida se refiere al derecho de las personas a no ser objeto de actos u omisiones cuya intención o expectativa sea causar su muerte prematura o no natural, así como a disfrutar de una vida con dignidad. Además, la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el derecho a la vida abarca toda amenaza y situación de amenaza que pueda tener por resultado la pérdida de la vida. Los Estados partes pueden estar infringiendo el artículo 6 del Pacto incluso cuando esas amenazas y situaciones no se hayan traducido en la pérdida de vidas. En particular, como mínimo, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar acceso a los servicios existentes de atención de la salud razonablemente disponibles y accesibles, toda vez que la falta de acceso a esos servicios expondría a la persona a un riesgo razonablemente previsible que podría acarrear la pérdida de la vida” (párr. 11.3).
“[E]l Comité observa que tanto el Tribunal Federal como el Tribunal Federal de Apelación reconocieron que, pese a la atención que recibió la peticionaria, esta estuvo expuesta a una grave amenaza para su vida y su salud por haber sido excluida de la cobertura del Programa Federal […]” (párr. 11.4).
“A la luz de las graves consecuencias que sufrió la peticionaria al denegársele la cobertura de atención de la salud ofrecida en el marco del Programa Federal desde julio de 2009 hasta abril de 2013, de las que se dan pruebas en su comunicación y que fueron examinadas exhaustivamente por los Tribunales Federales, el Comité concluye que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los derechos que asisten a la peticionaria en virtud del artículo 6” (párr. 11.5).
2. Migrantes. No discriminación. Igualdad.
“El Comité recuerda su Observación General núm. 18 (1989), relativa a la no discriminación, en la que reafirmó que, en virtud del artículo 26, se reconocía a todas las personas la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley, se prohibía cualquier discriminación en virtud de la ley y se garantizaba a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Si bien el artículo 2 limita el ámbito de los derechos que han de protegerse contra la discriminación a los previstos en el Pacto, el artículo 26 no establece dicha limitación y prohíbe la discriminación de hecho o de derecho en cualquier esfera sujeta a la normativa y la protección de las autoridades públicas. El Comité recuerda asimismo que en su Observación General núm. 15 (1986), relativa a la situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, señaló que la norma general era que se garanticen todos y cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación entre nacionales y extranjeros. Si bien el Pacto no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar en el territorio de un Estado parte ni de residir en él, el Comité también afirmó que los extranjeros tenían un ‘derecho inherente a la vida’. Por consiguiente, los Estados no pueden hacer una distinción, a los fines de respetar y proteger el derecho a la vida, entre los migrantes regulares y no regulares [Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva núm. OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003]. En términos más generales, el Comité también recuerda que no toda diferenciación fundada en los motivos enunciados en el artículo 26 supone discriminación, en la medida en que se base en criterios razonables y objetivos y que con ella se persiga un fin legítimo con arreglo al Pacto” (párr. 11.7).
“[E]n las circunstancias particulares del caso en que, tal como alega la peticionaria, admiten los tribunales nacionales y no refuta el Estado parte, la exclusión de la peticionaria de la atención ofrecida en el marco del Programa Federal podía conducir a la pérdida de la vida o a consecuencias negativas irreversibles para su salud, la distinción establecida por el Estado parte a los efectos de la admisión al Programa Federal entre quienes se encontraban en situación legal en el país y quienes no habían sido admitidos plenamente en el Canadá no se basa en criterios razonables y objetivos y, por consiguiente, constituye una discriminación con arreglo al artículo 26” (párr. 11.8).
MIGRANTES; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; IGUALDAD; IGNORANCIA; NO DISCRIMINACIÓN;
Goriunov v. MoldaviaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Moldavia era responsable por haber violado la disposición prevista en el artículo 3 (prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Tal como el Tribunal lo ha establecido en distintas ocasiones, el artículo 3 del Convenio consagra uno de los valores más fundamentales de la sociedad democrática. Prohíbe en términos absolutos la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, más allá de las circunstancias y el comportamiento de la víctima” (cfr. párr. 28).
“Los malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de severidad para ser analizados dentro del ámbito de aplicación del artículo 3. La valoración de ese mínimo es relativa; depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración del trato, los efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima” (cfr. párr. 29).
“El trato es considerado ‘degradante’ en los términos del artículo 3 cuando humilla a un individuo, muestra una falta de respeto sobre su dignidad humana, o cuando implica sentimientos de temor, angustia o inferioridad capaz de quebrantar la moral y la resistencia física de un individuo” (cfr. párr. 30).
“En lo que respecta a las medidas de restricción, como el uso de esposas, estas no suelen alcanzar una  afectación de acuerdo al artículo 3 del Convenio (‘tratos degradantes’) cuando la medida se ha impuesto en relación a un arresto o una detención legítima y no implica el uso de la fuerza, o la exposición pública, que exceda lo que razonablemente se considere necesario según las circunstancias. En este sentido, es importante, por ejemplo, si hay razones para creer que la persona involucrada se resistiría al arresto o se fugaría, causaría lesiones o daños, o suprimiría evidencia” (cfr. párr. 32).
“[E]l Tribunal concuerda con el argumento del peticionario sobre la repercusión negativa que el uso de las esposas generaba sobre otras personas detenidas, a quienes no se les requería su uso. Si bien no hubo una exposición realmente pública del peticionario usando esposas (debido a que todos los que lo vieron probablemente eran personas detenidas o que trabajaban en la prisión), el Tribunal no puede excluir que, especialmente para un detenido condenado a una pena de prisión extensa, su apariencia y su relación con otros presos –e incluso con el personal penitenciario– pueden ser importantes para su autoestima. Por lo tanto, cualquier medida que disminuya tal autoestima o autopercepción a la vista de los demás, especialmente cuando dura por largos períodos de tiempo, debe considerarse como potencialmente ‘degradante’. La determinación final sobre el hecho de que la medida tuvo efectivamente ese efecto dependerá de las circunstancias generales” (cfr. párr. 33).
“[E]l equipo directivo de la prisión no indicó ningún riesgo en materia de seguridad a fin de decidir la sanción […]. La imposición del uso de esposas fue decidida cuatro meses después de que al peticionario se le descubra el celular. El Tribunal considera que si la posesión ilegítima del celular implicaba un riesgo real sobre la seguridad, la medida debía haberse tomado de manera inmediata. No está claro qué riesgo implicaba cuatro meses después de que se le encuentre. De cualquier manera, las autoridades de la prisión nunca dieron una explicación sobre este aspecto” (cfr. párr. 34 y 35).
“El Tribunal también considera que el uso de esposas aparentemente fue aplicado por un período indeterminado de tiempo, ya que la decisión del equipo directivo de la prisión no especificó cuánto iba a durar la medida o qué circunstancias provocarían una revisión sobre la necesidad de continuar o no con la sanción” (cfr. párr. 36).
“[L]a naturaleza de la medida, tal como se señaló con anterioridad, no se encontraba relacionada con ningún riesgo en materia de seguridad pero aparentemente fue aplicada a fin de obligar al peticionario a comportarse de un modo específico. Esto confirma que fue una sanción que contenía objetivos punitivos y preventivos” (cfr. párr. 37).
“El Tribunal concluye que el peticionario fue sancionado a través del uso de esposas cada vez que salía de su celda en ausencia de cualquier argumento o evidencia que demuestre un riesgo en materia de seguridad, aparentemente con objetivos  punitivos y preventivos y sobre la base de una orden que excedió los límites de la normativa jurídica. Él debió haberse sentido injusta y desproporcionadamente castigado, lo que convierte su apariencia diaria con las esposas frente a las otras personas presas en una afectación de su dignidad humana. Por estas razones, el Tribunal considera que el peticionario fue sometido a ‘tratos degradantes’ de acuerdo con el Artículo 3 del Convenio” (cfr. párr. 41).
PENA; PRISIÓN; EJECUCIÓN DE LA PENA; REQUISA; SANCIONES DISCIPLINARIAS; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE;
Vizgirda v. EsloveniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Eslovenia era responsable por haber violado el artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo. En particular, los párrafos 1 (derecho a ser informado sobre la acusación en su contra) y 3 (derecho a contar con un intérprete).

1.      Proceso penal. Extranjeros. Traductor.

“De acuerdo con el párrafo 3 (a) del artículo 6 de la Convención, toda persona acusada de un delito penal tiene derecho a ‘ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada en su contra’. Si bien esta disposición no especifica que la información relevante deba ser proporcionada por escrito o traducida por escrito para un acusado extranjero, señala la necesidad de prestar especial atención a la notificación de la acusación a la persona involucrada. Una acusación tiene un papel crucial en el proceso penal, ya que es desde ese momento que el acusado se encuentra formalmente notificado de la base fáctica y legal de la imputación en su contra. Un acusado que no esté familiarizado con el idioma utilizado por el tribunal puede estar ante una desventaja práctica si la acusación no se traduce a un idioma que comprenda” (cfr. párr. 75).

“A su vez, el párrafo 3 (e) del artículo 6 establece que cada acusado tiene derecho a la asistencia gratuita de un intérprete. Ese derecho se aplica no sólo a las declaraciones orales hechas en la audiencia del juicio, sino también al material documental y a los procedimientos previos al juicio” (cfr. párr. 76).

“Un acusado que no puede entender o hablar el idioma utilizado por un tribunal tiene, por lo tanto, el derecho a la asistencia gratuita de un intérprete para la traducción o interpretación de todos los documentos o las declaraciones que consten en los procedimientos iniciados en su contra y que le resulten necesarios a fin de entender o bien para realizar presentaciones en el idioma de la corte y, de ese modo, tener el acceso a un proceso equitativo” (cfr. párr. 77).

“Sin embargo, el párrafo 3 (e) no conlleva el requisito de una traducción por escrito de todos los elementos de prueba escrita o documentos oficiales del procedimiento. En ese sentido, cabe señalar que el texto de las disposiciones relevantes se refiere a un ‘intérprete’ y no a un ‘traductor’. Esto sugiere que la asistencia lingüística –en su aspecto oral– puede satisfacer los requisitos de la Convención” (cfr. párr. 78).

2.      Debido proceso. Derecho de defensa. Traductor.

“[L]a asistencia prestada para la interpretación debe ser tal que permita al acusado conocer el caso en su contra y defenderse. En particular, que se encuentre en condiciones de presentar su versión de los hechos ante el tribunal […]. Sobre este aspecto, el Tribunal considera que la obligación de las autoridades competentes no se encuentra limitada a la designación de un intérprete ya que, si tiene conocimiento de las circunstancias particulares, puede extenderse a un control posterior sobre la idoneidad de la interpretación” (cfr. párr 79).

“[C]orresponde a las autoridades involucradas en el proceso –en particular a los tribunales nacionales– determinar si la imparcialidad del juicio requiere, o ha requerido, el nombramiento de un intérprete para asistir a la persona acusada. En opinión del Tribunal, este deber no se limita a situaciones en las que la persona acusada de nacionalidad extranjera realice explícitamente una solicitud de interpretación. Desde la importancia del derecho a un proceso equitativo dentro de una sociedad democrática […], esta situación surge cuando existen motivos para sospechar que el acusado no conoce lo suficiente el idioma del proceso, por ejemplo, o si él o ella no es un ciudadano nacional ni residente del país en el que se llevan a cabo. También sucede cuando se prevé utilizar una tercera lengua para la interpretación. En esas circunstancias, la competencia del acusado en el tercer idioma debe determinarse antes de que se tome la decisión de utilizarlo con fines de interpretación” (cfr. párr. 81).

“El Tribunal observa que la importancia de verificar las necesidades de interpretación del acusado para garantizar el derecho a un proceso equitativo se ha reconocido también en la Directiva 2010/64/EU del Parlamento Europeo […]” (cfr. párr. 82).

“[E]l hecho de que la persona acusada tenga un dominio básico del lenguaje del proceso o, como en el caso, una tercera lengua en la que interpretación esté disponible, no debe impedir que esa persona se beneficie de la interpretación en un idioma que él o ella entienda lo suficientemente bien como para ejercer plenamente su derecho de defensa […]. En particular, el considerando 22 de la Directiva establece que la interpretación y traducción debe facilitarse en la lengua materna del acusado o en cualquier otra lengua que entienda o hable, con objeto de permitir el pleno ejercicio del derecho a la defensa y con el objeto de salvaguardar la equidad del proceso” (cfr. párr. 83).

“Por último, el Tribunal destaca la importancia de advertir en el expediente cualquier procedimiento realizado y la decisión tomada respecto de la verificación de las necesidades para la interpretación, la notificación del derecho a un intérprete […] y la asistencia provista por un intérprete, tanto para la traducción oral como para el resumen oral de los documentos, a fin de evitar cualquier duda posterior en la causa […]” (cfr. párr. 85).

[T]anto la notificación del derecho a un intérprete como el ejercicio los demás derechos que hacen a la garantía de defensa en juicio […]

deben ser llevados a cabo en un lenguaje que el peticionario entienda […]” (cfr. párr. 87).

“[E]l Tribunal no dispone de ninguna precisión sobre el hecho de que se haya consultado al peticionario para saber si entendió la interpretación y la traducción escrita en ruso lo suficientemente bien como para realizar su defensa de manera efectiva en ese idioma” (cfr. párr. 91).

“[A]lgunas declaraciones básicas del peticionario durante el juicio oral, presumiblemente en ruso […] no pueden ser consideradas suficientes para demostrar que se encontraba en condiciones de llevar a cabo su defensa efectiva en ese lenguaje” (cfr. párr. 95).

“El Tribunal enfatiza que la notificación del derecho a contar con un intérprete era parte integral del deber de las autoridades de proporcionar al peticionario asistencia adecuada en su idioma a fin de asegurar el derecho a un proceso equitativo […]” (cfr. párr. 99).
EXTRANJEROS; MIGRANTES; TRADUCTOR; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; IDIOMA;
Savva Terentyev v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por haber violado el artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo.
“En el presente caso, el aspecto central gira en torno a saber si al momento de publicar el comentario, el peticionario conocía o debía haber conocido –si fuera necesario, con el asesoramiento legal adecuado– que su actuar podría conllevar una responsabilidad penal […]. El Tribunal reconoce que en el área bajo estudio, puede resultar difícil enmarcar las leyes con precisión absoluta y se puede requerir un cierto grado de flexibilidad para permitir que los tribunales [locales] evalúen si una acción en particular puede ser considerada capaz de incitar al odio y la enemistad […]. Se ha sostenido que en cualquier sistema legal –incluido el derecho penal– por muy clara que sea la redacción de una norma, habrá una necesidad inevitable de interpretación por parte de los tribunales, cuya función judicial es precisamente dilucidar los puntos oscuros y disipar cualquier duda que pueda permanecer respecto de la interpretación de la legislación” (cfr. párr. 56).
“[L]a libertad de expresión constituye una de las bases esenciales de las sociedades democráticas y una de las condiciones básicas para su progreso y la realización personal de cada individuo. De acuerdo al párrafo 2 del Artículo 10, esta norma resulta aplicable no sólo a la ‘información’ o las ‘ideas’ que se reciban favorablemente o se consideren inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que ofendan, conmocionen o molesten. Tales son las demandas de ese pluralismo, tolerancia y apertura sin las cuales no hay una ‘sociedad democrática’” (cfr. párr. 61).
“[E]l párrafo 2 del Artículo 10 del Convenio presenta un margen escaso para restringir el discurso político o el debate sobre cuestiones de interés público. Desde el punto de vista del Tribunal, se requieren razones importantes para justificar tales restricciones, ya que las restricciones de carácter general impuestas para casos individuales sin duda afectarían el respeto de la libertad de expresión en el Estado involucrado” (cfr. párr. 62).
“[E]n primer lugar, las autoridades nacionales deben evaluar si existe una necesidad suficiente como para justificar esa interferencia y, para ello, disponen de cierto margen de apreciación. Sin embargo, el margen de apreciación se combina con la supervisión que el Tribunal hace de la ley y de las decisiones que la aplican, incluso cuando son adoptadas por tribunales independientes. Por lo tanto, el Tribunal está facultado para dictar la decisión final sobre la compatibilidad de una ‘restricción’ con la libertad de expresión tal como se encuentra protegida por el Artículo 10” (cfr. párr. 63).
“La función de supervisión del Tribunal no se encuentra limitada a comprobar si las autoridades nacionales ejercieron su rol con razonabilidad, cuidado y de buena fe. Más bien debe examinar la intervención evaluando el caso de manera integral y debe determinar si las razones invocadas por las autoridades nacionales para justificarla eran ‘relevantes y suficientes’, y si la medida adoptada era ‘proporcional’ al objetivo legítimo perseguido” (cfr. párr. 64).
“El Tribunal reitera que si el lenguaje ofensivo alcanza niveles de degradación, puede situarse por fuera de la protección de la libertad de expresión; pero el uso de frases vulgares no es decisivo en la evaluación de una expresión ofensiva, ya que puede ser utilizada para propósitos meramente estilísticos. Para el Tribunal, el estilo constituye parte de la comunicación y el modo de expresarse, y se encuentra protegido junto con la discusión de ideas y la comunicación de información” (cfr. párr. 68).
“El Tribunal señala que no toda manifestación que pueda percibirse como ofensiva o insultante por individuos particulares o grupos de pertenencia justifica una condena penal de prisión. Mientras que esos sentimientos son comprensibles, por sí solos no pueden conformar los límites de la libertad de expresión. Únicamente se puede hacer una distinción significativa entre el lenguaje ofensivo protegido por el Artículo 10 del Convenio y aquel que se encuentra por fuera del derecho a la tolerancia en una sociedad democrática a través de un examen cuidadoso del contexto en que las palabras ofensivas, insultantes y agresivas tienen lugar […]. Por lo tanto, el aspecto central del presente caso es analizar si las declaraciones del peticionario, leídas de manera integral y en su contexto, podrían ser consideradas como una promoción de la violencia, el odio o la intolerancia (cfr. párr. 69).
“[L]a discusión del caso giró en torno a la presunta participación de la policía en el silenciamiento y la opresión de la oposición política durante el período de una campaña electoral y, por lo tanto, implicaba un asunto de interés general y público, en un contexto en el que las restricciones a la libertad de expresión debían ser analizadas de manera estricta [...]. La Corte también reafirma que es particularmente importante que en el período previo a un proceso electoral las opiniones y la información de todo tipo puedan circular libremente” (cfr. párr. 70).
“El Tribunal señala que el pasaje [del comentario referido a Auschwitz] contiene un tono particularmente agresivo y hostil. Sin embargo, no se encuentra convencido de que –tal como lo consideraron los tribunales locales– pueda ser interpretado como un llamado para que ‘los miembros de la policía sean exterminados por los ciudadanos’ […]. Más bien fue utilizado como una metáfora provocativa, en la que el peticionario afirmó con furia su deseo de ver una policía ‘limpia’, sin oficiales corruptos […] y fue su apelación emotiva para que se tomen medidas en pos de mejorar la situación” (cfr. párr. 72).
“[E]n particular, los sobrevivientes del Holocausto y especialmente aquellos que lograron escapar de Auschwitz pudieron haber sido ofendidos por tal manifestación. [D]e todos modos, el Tribunal observa que la protección de los derechos de los sobrevivientes al Holocausto nunca fue considerada por los tribunales locales entre las razones para condenar al peticionario” (cfr. párr. 73).
“A su vez, el Tribunal considera que la policía –una agencia de orden público– difícilmente pueda ser descripta como una minoría desprotegida o un grupo que sufra una opresión o una desigualdad histórica, o que enfrenta prejuicios profundamente arraigados, hostilidad y discriminación, o que es vulnerable por alguna otra razón y, por lo tanto, pueda requerir una mayor protección contra los ataques cometidos mediante insultos, la ridiculización o la calumnia” (cfr. párr. 76).
“Desde la perspectiva del Tribunal, dado que pertenece a las fuerzas de seguridad de un Estado, la policía debe demostrar especialmente un mayor grado de tolerancia a los discursos ofensivos, excepto que provoque acciones ilegales e inminentes sobre sus integrantes y los exponga a un riesgo real de violencia física. Solo en un contexto muy delicado de tensión, conflicto armado y lucha contra el terrorismo o motines con muertes en las cárceles, el Tribunal ha comprobado que ciertas declaraciones podrían alentar una violencia capaz de poner en riesgo a los integrantes de las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, ha aceptado que la intervención se encontraba justificada” (cfr. párr. 77).
“[C]on anterioridad, el Tribunal ha sostenido que las expresiones generadas por usuarios en Internet proveen una plataforma sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión […]. De acuerdo a su accesibilidad y a la capacidad de almacenar y comunicar gran cantidad de información, Internet juega un rol importante en la mejora del acceso a noticias y facilita la divulgación de información en general. Es aún más cierto que el riesgo de afectación del ejercicio y goce de los derechos y las libertades humanas que conlleva el contenido y las comunicaciones en Internet es mayor que el que posee la prensa, los discursos ilegítimos, incluido el discurso de odio y los llamados a la violencia. Estos se pueden difundir como nunca antes, en todo el mundo, en cuestión de segundos, y algunas veces permanece disponible en línea […]. Al mismo tiempo, está claro que el alcance y el impacto potencial de una declaración publicada en línea con un número reducido de lectores, no es el mismo que el de una declaración publicada en las páginas web principales o más visitadas. Por lo tanto, es esencial determinar el nivel de alcance al público de una publicación en línea para analizar su potencial de influencia” (cfr. párr. 79).
INTERNET; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; RED SOCIAL; DERECHOS POLÍTICOS; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD;
Cuscul Pivaral y otros v. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Guatemala era responsable por la violación de los artículos 26, 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Derecho a la salud, Principio de no discriminación, Derecho a la vida, Derecho a la integridad personal, Derecho a las garantías judiciales y a ser juzgado en un plazo razonable).
1. Interpretación del artículo 26 CADH
“[L]a Corte considera que el sentido corriente que ha de atribuirse a la norma prevista en el artículo 26 de la Convención es que los Estados se comprometieron a hacer efectivos ‘derechos’ que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos (en adelante ‘la Carta de la OEA’). En ese sentido, este Tribunal advierte que si bien la Carta de la OEA consagra ‘principios’ y ‘metas’ tendientes al desarrollo integral, también se refiere a ciertos ‘derechos’, tanto de manera explícita como implícita” (párr. 78).
2. Derecho a la salud
“La Corte reitera que de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA se deriva el derecho a la salud [hay nota]. La Corte reitera la naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección de este derecho, tanto en lo que respecta a aquellos aspectos que tienen una exigibilidad inmediata, como aquellos que tienen un carácter progresivo [hay nota]. Al respecto, la Corte recuerda que, en relación con las primeras (obligaciones de exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud [hay nota]. Respecto a las segundas (obligaciones de carácter progresivo), la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho [hay nota], en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados [hay nota]” (párr. 98).
“[L]a salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y […] todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. El Tribunal ha precisado que la obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población [hay nota]” (párr. 105).
“[L]a Corte concluye que el derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. El cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar este derecho deberá dar especial cuidado a los grupos vulnerables y marginados, y deberá realizarse de conformidad con los recursos disponibles de manera progresiva y de la legislación nacional aplicable” (párr. 107).
“[E]l Tribunal ha considerado que los Estados deben adoptar medidas dirigidas a regular el acceso a los bienes, servicios e información relacionados con el VIH, de modo que haya suficientes prestaciones y servicios de prevención y atención de los casos de VIH. También ha señalado que los Estados deben tomar las medidas necesarias para asegurar a todas las personas el suministro de y la accesibilidad a bienes de calidad, servicios e información para la prevención, tratamiento, atención y apoyo del VIH, incluidos la terapia antirretrovírica y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y tecnologías relacionadas seguras y eficaces para la atención preventiva, curativa y paliativa del VIH, de las infecciones oportunistas y de las enfermedades conexas [hay nota]” (párr. 108).
“[E]l derecho a la salud de las personas que viven con el VIH incluye el acceso a bienes de calidad, servicios e información para la prevención, tratamiento, atención y apoyo de la infección, incluida la terapia antirretrovírica y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y tecnologías relacionadas seguras y eficaces para la atención preventiva, curativa y paliativa del VIH, de las enfermedades oportunistas y de las enfermedades conexas, así como el apoyo social y psicológico, la atención familiar y comunitaria, y el acceso a las tecnologías de prevención” (párr. 114).
3. Igualdad. No discriminación
“La Corte resalta que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados [hay nota], como es el caso de las personas que viven con el VIH [hay nota]. La adopción de medidas positivas se acentúa en relación con la protección de personas en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo, quienes deben tener garantizado el acceso a los servicios médicos de salud en vía de igualdad [hay nota]” (párr. 130).
“[L]a dimensión progresiva de protección de los DESCA, si bien reconoce una cierta gradualidad para su realización, también incluye un sentido de progreso, que requiere la mejora efectiva de las condiciones de goce y ejercicio de estos derechos, de forma tal que se corrijan las desigualdades sociales y se facilite la inclusión de grupos vulnerables. En esta lógica, la obligación de realización progresiva prohíbe la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para lograr la protección integral de los derechos, sobre todo en aquellas materias donde la ausencia total de protección estatal coloca a las personas ante la inminencia de sufrir un daño a su vida o su integridad personal. Este riesgo ocurre en relación con personas que viven con el VIH que no reciben atención médica adecuada. Por ende, la Corte considera que el Estado incumple sus obligaciones convencionales de realización progresiva al no contar con políticas públicas o programas que de facto –y no sólo de jure– le permitan avanzar en el cumplimiento de su obligación de lograr la plena efectividad del derecho a la salud” (párr. 146).
4. Plazo razonable
“[E]ste Tribunal advierte la insuficiencia de la respuesta de la Corte de Constitucionalidad, pues no bastaba que se pronunciara respecto a la omisión del Presidente de responder la solicitud de los accionantes, sino que era necesario que se pronunciara sobre el aspecto central que motivó la presentación del amparo, que era el riesgo que existía al derecho a la salud y a la vida de los accionantes por la falta de acceso a tratamiento médico” (párr. 177).
“Asimismo, la Corte advierte que la Corte de Constitucionalidad no exteriorizó la justificación por la cual consideró que la medida tomada por el Presidente de destinar quinientos mil quetzales para la atención medica de las personas que viven con el VIH, era suficiente para considerar que había cesado la cuestión de constitucionalidad planteada en el fondo. Tal y como se mencionó con anterioridad, las presuntas víctimas no sólo se inconformaron con la omisión del Presidente de dar contestación a su carta, sino que en dicha comunicación solicitaron atención médica y tratamiento antirretroviral para las personas diagnosticadas con el VIH, lo cual debió ser materia de estudio por la Corte de Constitucionalidad. En concreto, dicha Corte debió analizar si la medida planteada por el Presidente era efectiva para garantizar los derechos en juego” (párr. 178).
“[L]a Corte considera que se encuentra suficientemente probado que la prolongación del proceso en este caso, dadas sus características, incidió en la situación jurídica de las personas accionantes, pues derivado del retraso en la resolución del caso también se retrasó la posibilidad de entrega de antirretrovirales lo cual generó un riesgo para sus derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida. En consecuencia, en atención a la duración y las características del proceso, así como de la actuación de las presuntas víctimas y de las autoridades, y al hecho de que el paso del tiempo influyó en la situación jurídica de los accionantes, la Corte concluye que el trascurso de aproximadamente 6 meses en la sustanciación de la acción de amparo […] constituyó una violación al plazo razonable que plantea el artículo 8.1 de la Convención Americana” (párr. 186).
5. Familia
[L]a Corte constata que los familiares han experimentado sentimientos de dolor, angustia e incertidumbre por la falta de atención médica oportuna, especialmente la falta de acceso a medicamentos, así como sentimientos de frustración e impotencia por no tener los recursos económicos para proveerle del tratamiento necesario a sus familiares [hay nota]. De igual forma, algunos de ellos han sido testigos del deterioro de la salud de sus seres queridos, teniendo algunos incluso que afrontar la muerte de algunos de éstos [hay nota]” (párr. 192).
“El Tribunal también observa que la falta de atención médica afectó la dinámica familiar de las víctimas, pues algunos familiares de éstas se vieron obligados a modificar sus horarios laborales [hay nota], abandonar o suspender sus estudios y/o migrar a Estados Unidos para hacerse cargo del apoyo económico [hay nota] y manutención [hay nota] de su familiar que vive con el VIH, ocasionando con ello rupturas familiares [hay nota], detrimento a su economía y afectaciones a su proyecto de vida […]. En ese sentido, la Corte reitera que el derecho a la salud de las personas que viven con el VIH incluye la atención médica interdisciplinaria, a la cual deben tener acceso también los familiares para abordar esos sentimientos, lo que en el presente caso no sucedió” (párr. 193).
DESC; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; DERECHO A LA SALUD; HIV; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; VULNERABILIDAD; ACCION DE AMPARO; PLAZO RAZONABLE; ASISTENCIA MEDICA; FAMILIA; VICTIMA;
Niños y niñas migrantes afectados por la política ‘Tolerancia cero’ respecto de los Estados Unidos de AméricaComisión Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH requirió a Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar, integridad personal e identidad de los niños, niñas y adolescentes y que garantizara la comunicación regular con sus familiares. Por otro lado, requirió al Estado que brindara asistencia médica y psicológica a los niños que se encontraban en esa situación y que se asegurara de que recibieran apoyo consular y servicios de intérpretes en caso de ser necesario. Finalmente, estableció que el Estado debía suspender todo tipo de procedimiento que pudiera resultar en la separación de un niño y su familia, y adoptar inmediatamente las medidas tendientes a asegurar la reunificación de los que ya hubieran sido separados.“[E]s probable que la separación prolongada de los niños de sus familias tenga un fuerte impacto en los lazos afectivos que estos mantienen con sus parientes, dando como resultado aflicciones emocionales y psicológicas, las que podrían afectar su integridad personal al poner en riesgo el desarrollo equilibrado de su personalidad. En este sentido, el sistema interamericano ha sostenido que, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la identidad está vinculado con el derecho a la vida familiar, debido al rol que tiene la familia en la combinación de atributos y características que posibilitan la individualización de la persona en sociedad. Además, las circunstancias concretas y el contexto específico en el que se da la separación entre un niño y su familia tiene un impacto distinto en la integridad personal y el desarrollo integral y equilibrado. Las condiciones personales del niño, tales como su edad y nivel de desarrollo, también son importantes…” (cfr. párr. 27). “[L]a familia contribuye decisivamente al bienestar de los niños y a su desarrollo integral y equilibrado en el aspecto físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. En ese sentido, la separación de los niños y sus familias podría poner en riesgo el desarrollo y la evolución de sus habilidades. En este sentido, la Declaración [Americana de los Derechos y Deberes del Hombre] y la Convención Americana, en los artículos VI y 17.1, respectivamente, reconocen a la familia como el núcleo de protección de la infancia y la adolescencia y le confieren un papel importante para garantizar la atención, el bienestar y la protección de los niños y adolescentes siendo el espacio natural para su crecimiento y desarrollo, particularmente en las primeras etapas de sus vidas. […] Además, el Estado tiene la obligación, no solo de establecer y ejecutar en forma directa las medidas de protección del niño, sino que también debe favorecer de manera integral el desarrollo y la unión familiar. Así las cosas, los niños deben permanecer con sus familias, a menos que existan motivos de fuerza mayor que justifiquen su separación, de acuerdo al interés superior del niño…” (cfr. párr. 28). “[L]a separación legal de los niños y sus familias solo pueden proceder de forma excepcional si se encuentran debidamente justificadas de conformidad con el interés superior del niño y si son temporales”(cfr. párr. 29). La CIDH recordó que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares junto con el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General Conjunta Nº 3/22 y la Nº 4/23, determinaron que “…la ruptura de la unidad familiar puede ocurrir cuando se expulsa a uno o ambos progenitores, de manera tal que la separación de las familias debido a violaciones a leyes migratorias implica una restricción desproporcionada” (cfr. párr. 29).“[L]as circunstancias específicas en contextos migratorios en los cuales tienen lugar las separaciones entre niños y sus familias pueden tener consecuencias potencialmente negativas en su integridad personal y en su desarrollo integral y equilibrado. La separación física forzada de los niños, niñas y adolescentes de sus padres biológicos y/o otros familiares cercanos –adultos que son sus tutores inmediatos y con quienes mantienen un estrecho vínculo afectivo de seguridad y confianza— es de por sí negativa. Lo que es más, si sucede en un contexto de incertidumbre respecto de la situación actual y futura, la falta de conocimiento del lugar de destino, y la ausencia de cualquier tipo de contacto—todo esto un país desconocido sin una red de contención integrada por adultos en los que los niños confíen—, las consecuencias sin incluso más dañinas a su integridad personal y a su desarrollo…” (cfr. párr. 30).
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; MIGRANTES; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; MEDIDAS CAUTELARES; ASISTENCIA CONSULAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL;
Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU) - InformeRelatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
La Relatora Especial señaló la responsabilidad primordial que tienen los Estados a fin de velar por que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos de manera segura y por que se exija la rendición de cuentas por las violaciones cometidas contra los defensores indígenas. A su vez, manifestó que los proyectos de desarrollo en gran escala son los principales factores que impulsan la intensificación de los ataques y la criminalización de los pueblos indígenas.
1. Pueblos indígenas. Derecho de propiedad. Propiedad comunitaria.
“Las agresiones y la criminalización afectan a una amplia gama de derechos humanos. Las causas y los efectos de la criminalización y la violencia que afectan a los pueblos indígenas deben entenderse y abordarse en el marco concreto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Esas fuentes jurídicas internacionales reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos nacionales tradicionales, a su autogobierno, a sus culturas y a sus modos de vida. Para los pueblos indígenas, la mayoría de esos y otros derechos humanos se disfrutan colectivamente como muestra de la relación especial con sus tierras, territorios y recursos naturales tradicionales, la cual constituye la base de su identidad colectiva y de su supervivencia física, económica y cultural” (párr. 12).
“La libre determinación es un principio general de suma importancia para los pueblos indígenas, ya que afirma su derecho a realizar libremente su desarrollo económico, social y cultural. El derecho a la libre determinación está consagrado en el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas […]” (párr. 16).
“La falta de garantía de los derechos sobre la tierra constituye la causa principal de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma el derecho de esos pueblos a poseer y controlar sus tierras y territorios en los artículos 25, 26, 27 y 32, mientras que el Convenio núm. 169 de la OIT consagra los derechos territoriales de los pueblos indígenas en los artículos 14 a 19” (párr. 17).
2. Pueblos indígenas. Empresas. Derechos Humanos. Protesta.
“Las empresas transnacionales y otras empresas mercantiles deben respetar los derechos humanos, como se establece en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para ‘Proteger, Respetar y Remediar’, que se asientan en tres pilares: el deber del Estado de proteger frente a los abusos contra los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y la necesidad de disponer de un recurso efectivo para las víctimas de los abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas. El Principio 18 exige que las empresas determinen y evalúen las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos mediante consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados como parte integrante de su obligación de respetar los derechos humanos” (párr. 26).
“La intensificación de la competencia por los recursos naturales protagonizada por las empresas privadas, a veces con la complicidad del Gobierno, ha dado lugar a que las comunidades indígenas que intentan proteger sus tierras tradicionales pasen a ser los principales objetivos de una persecución” (párr. 27).
“Como ha documentado la Relatora Especial, los casos de criminalización y violencia surgen, en la mayoría de los casos, cuando los dirigentes indígenas y los miembros de sus comunidades manifiestan su oposición a proyectos de gran envergadura en relación con las industrias extractivas, la agroindustria, las infraestructuras, las presas hidroeléctricas y la tala de árboles. En otros casos, los modos de vida y de subsistencia de los pueblos indígenas son consideradas ilegales o incompatible con las políticas de conservación, lo que da lugar a la prohibición de los medios de vida tradicionales y a la detención, el encarcelamiento, el desalojo forzoso y las violaciones de otros derechos humanos de los pueblos indígenas. Este tema lo estudió en su informe a la Asamblea General (A/71/229)” (párr. 28).
“Una causa fundamental de la actual intensificación de las agresiones es la falta de respeto por los derechos colectivos sobre la tierra de los pueblos indígenas y el hecho de no ofrecer a las comunidades indígenas una tenencia segura de la tierra, lo que a su vez redunda negativamente en su capacidad de defender con eficacia sus tierras, sus territorios y sus recursos frente a los daños causados por los proyectos en gran escala […]” (párr. 30).
“La relegación de los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad de las tierras tradicionales genera tensiones, seguidas de violencia y criminalización, a medida que los pueblos indígenas pasan a ser intrusos u ocupantes ilegales de sus propias tierras y se les imputan cargos penales por ‘usurpación’ u ocupación ilegal, al tiempo que pueden ser desalojados por la fuerza y expulsados de las tierras de las que dependen su subsistencia, su cohesión social y cultural y sus tradiciones espirituales” (párr. 32).
“La Relatora Especial está particularmente preocupada por el rápido aumento de esos proyectos, por lo general financiados mediante acuerdos de inversión internacionales y bilaterales, ya que los beneficios financieros recaen principalmente en los inversores extranjeros, quienes tienen poco o ningún respeto por los derechos de las comunidades indígenas locales y la protección del medio ambiente. Con demasiada frecuencia, esos proyectos dan lugar a que los pueblos indígenas se vean aún más marginados y atenazados por la pobreza a medida que se destruyen sus recursos naturales […]” (párr. 34).
“La intensificación de las agresiones contra los pueblos indígenas tiene lugar en el contexto de una estructura de poder desigual, en la que las empresas privadas ejercen una influencia considerable en los Estados y se aseguran de que los reglamentos, las políticas y los acuerdos de inversión sirven para promover la rentabilidad de sus actividades empresariales. La complejidad de las estructuras empresariales en la economía mundial representa un nuevo problema, ya que hay niveles complejos y opacos de propiedad que obstruyen el acceso a la información y los esfuerzos encaminados a lograr que el sector privado rinda cuentas en relación con la diligencia debida en materia de derechos humanos” (párr. 35).
3. Pueblos indígenas. Consulta previa. Consentimiento informado.
“La Relatora Especial está profundamente preocupada por la persistente tendencia mundial a no tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas que manifiestan sus inquietudes por los efectos negativos de los proyectos de desarrollo en sus tierras. Esos proyectos frecuentemente se ejecutan sin consultar con los pueblos indígenas interesados ni se recaba su consentimiento libre, previo e informado […]” (párr. 36).
4. Pueblos indígenas. Entidades privadas. Testigos. Falso testimonio.
“Se han señalado a la atención de la Relatora Especial diversas situaciones en que las entidades privadas han suministrado información falsa o formulado acusaciones infundadas contra los defensores indígenas. Según diversos informes, los jueces y fiscales han contribuido a la aplicación irregular del derecho penal al aceptar falsos testimonios, dictar mandamientos judiciales sin pruebas suficientes, permitir que prosperen acciones judiciales infundadas e interpretar indebidamente la ley para incriminar a los defensores indígenas. Aunque los legisladores tal vez no intervengan directamente en la criminalización, contribuyen, mediante la aprobación de leyes que reprimen indebidamente manifestaciones de derechos tales como la libertad de expresión y reunión o promulgan legislación que incluye vagas definiciones de los delitos, entre los que cabe mencionar algunos graves como el de terrorismo [hay nota]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado preocupación respecto de los prejuicios y estereotipos existentes en los considerandos de la jurisprudencia nacional respecto del procesamiento de pueblos indígenas con arreglo a la legislación contra el terrorismo, como en el caso del pueblo mapuche en Chile [hay nota]” (párr. 46).
5. Pueblos indígenas. Protesta. Terrorismo.
“Antes de la imputación de cargos, suelen organizarse campañas de difamación y desprestigio en los medios sociales contra los pueblos indígenas, sus dirigentes y sus comunidades, acusándolos de actuar contra el desarrollo y contra el interés nacional. El discurso de odio basado en el racismo y la discriminación alimenta ese tipo de actuación. En el peor de los casos, los medios sociales representan a los pueblos indígenas como miembros de bandas de delincuentes, guerrilleros, terroristas y amenazas a la seguridad nacional. Las campañas de difamación suelen ser organizadas por sectores empresariales […], con el apoyo abierto o encubierto de funcionarios públicos corruptos cuyos intereses financieros se ven afectados por la defensa de sus tierras por los pueblos indígenas” (párr. 47).
6. Pueblos indígenas. Detención de personas. Acusación. Prueba. Derecho de defensa. Traductor.  
“En ocasiones, las órdenes de detención se emiten sobre la base de deficientes normas relativas a las pruebas y testimonios no corroborados de testigos, sin que existan vínculos claros entre las acusaciones y los hechos denunciados. A veces, en las acusaciones no se especifica la responsabilidad individual por los hechos denunciados, como, por ejemplo cuando las órdenes de detención son dictadas contra varios miembros de la comunidad, a todos los cuales se acusa de ser responsables de un único hecho delictivo, como un asesinato, sin referirse a su papel individual; esto parecería ser una forma de castigo colectivo contra toda una comunidad. En algunos casos, no se ejecutan deliberadamente las órdenes de detención, sino que se dejan en suspenso, con lo que pende perpetuamente sobre la persona indígena afectada la amenaza de ser detenida cuando se considere conveniente para las autoridades” (párr. 49).
“Con frecuencia no se respetan las garantías procesales y los pueblos indígenas se encuentran en una situación especialmente desfavorecida, ya que es posible que no dispongan de los medios necesarios para obtener asistencia letrada. Es probable que no estén en condiciones de pedir la asistencia de un intérprete, ya que en la mayoría de los países en que se hablan lenguas indígenas rara vez se dispone de servicios de interpretación o no existen en el sistema judicial, al tiempo que los sistemas de justicia ordinarios tampoco prestan mucha atención, si es que la prestan, a las costumbres, las tradiciones y los ordenamientos jurídicos de los pueblos indígenas. El enjuiciamiento de las personas indígenas se caracteriza por períodos prolongados de prisión preventiva, que a veces duran varios años, sobre todo en el caso de los dirigentes indígenas. Su objetivo estratégico es privar de voz a las comunidades. Aunque sean absueltas esas personas, rara vez se les conceden reparaciones” (párr. 50).
“[M]ediante la emisión de órdenes de detención contra dirigentes indígenas sobre la base de acusaciones infundadas y vagas, el Estado pretende limitar su capacidad para seguir desempeñando su importante función de representantes de la comunidad. La estigmatización de los líderes indígenas, a los que se tilda de delincuentes, da a entender que no son respetables representantes de la comunidad, genera una humillación personal e intenta aislarlos dentro de la comunidad y perturbar la cohesión social […]” (párr. 74).
7. Pueblos indígenas. Prisión preventiva. Condiciones de detención. Familia.
“Hay miembros de pueblos indígenas que frecuentemente son recluidos en dependencias de detención, lejos de sus familias y comunidades. La larga duración de la prisión preventiva y de los juicios produce efectos a largo plazo en los medios de vida de la familia, ya que la persona detenida puede ser el principal sostén de la familia o tal vez se vea impedida de proceder a la siembra o a la recolección en las estaciones correspondientes. Tras haber sido testigos de los efectos de los juicios, otros miembros de la comunidad pueden sentirse obligados a poner fin a sus actividades de defensa de cuestiones que interesan a la comunidad por temor a las represalias y a que se les imputen delitos. En tales casos, las acciones penales habrán conseguido la desestabilización de la organización política y social de las comunidades indígenas afectadas. A este respecto, es particularmente preocupante el encausamiento de dirigentes indígenas tradicionales, culturales o espirituales, quienes desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de las tradiciones de sus pueblos y sus instituciones sociales, políticas y culturales” (párr. 76).
8. Pueblos indígenas. Estereotipos de género. Violencia de género.
“[L]as mujeres indígenas a las que se criminaliza sufren efectos relacionados con el género. Las campañas de desprestigio contra las mujeres indígenas suelen difundir rumores de que son mujeres de conducta deshonrosa y mala reputación que vulneran las tradiciones indígenas participando en actividades públicas y defendiendo intereses de la comunidad. El objetivo de esa difamación es desempoderar a las mujeres y aislarlas de sus familias y comunidades. Si bien la mayoría de las personas indígenas a las que se imputan cargos son hombres, las mujeres son las más afectadas por la ausencia de estos, ya que tienen que asumir por sí solas todas las funciones de obtención de recursos para mantener a la familia, incluidos los alimentos y los medios para enviar a sus hijos a la escuela” (párr. 78).
PUEBLOS INDÍGENAS; NO DISCRIMINACIÓN; EMPRESA; DERECHOS HUMANOS; PROPIEDAD COMUNITARIA; MEDIO AMBIENTE; CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; PROTESTA; DERECHO AL ACCESO A LA JURISDICCIÓN; VULNERABILIDAD; FALSO TESTIMONIO; DETENCIÓN DE PERSONAS; ACUSACIÓN; PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; TRADUCTOR; PRISIÓN PREVENTIVA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; FAMILIA; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; IDIOMA;
Hoti v. CroaciaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Croacia era responsable por haber violado las disposiciones previstas en el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“[L]a Corte reitera que el artículo 8 protege, inter alia, el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior y, a veces, puede abarcar aspectos de la identidad social de un individuo. Por lo tanto, la totalidad de los vínculos sociales entre un migrante y la comunidad en la que vive, forma parte del concepto de vida privada según el artículo 8…” (cfr. párr. 119).
“[E]l Tribunal reitera que, en ciertos casos, las medidas que restringen el derecho a residir en un país pueden implicar una violación del artículo 8 del Convenio si generan una repercusión desproporcionada en la vida privada o familiar, o en ambas, de las personas involucradas […]. Además, el Tribunal ha sostenido que en algunos casos, como en el aquí tratado, el artículo 8 puede implicar una obligación positiva para asegurar un disfrute efectivo de la vida privada y/o familiar del solicitante [...]. Sobre este aspecto, es útil reiterar que los límites entre las obligaciones positivas y negativas del Estado en virtud del artículo 8 no son objeto de una definición precisa. No obstante, los principios aplicables son similares. En ambos casos, debe tenerse en cuenta el equilibrio que debe lograrse entre el interés general y los intereses del individuo; y en ambos contextos el Estado goza de cierto margen de apreciación…“ (cfr. párr. 122).
“La obligación positiva en virtud del artículo 8 puede interpretarse como una imposición a los Estados de proporcionar medios eficaces y accesibles para proteger el derecho al respeto de la vida privada y/o familiar…” (cfr. párr. 123).
“[D]ada la naturaleza del reclamo del solicitante y el hecho de que, en lo principal, corresponde a las autoridades nacionales garantizar el cumplimiento de la obligación que se deriva del Convenio, el Tribunal considera que la cuestión principal que debe examinarse en el presente caso es si, teniendo en cuenta las circunstancias en su conjunto y de conformidad con el artículo 8, las autoridades croatas proporcionaron un procedimiento efectivo y accesible o una combinación de procedimientos que le haya permitido al solicitante abordar las cuestiones relacionadas con su estadía en Croacia con el debido respeto a los intereses de su vida privada…“ (cfr. párr. 124).
“El Tribunal observa que no cabe duda de que el demandante disfruta de la vida privada en Croacia. Llegó a Novska a los diecisiete años y ha vivido allí desde entonces, es decir, durante casi cuarenta años [...]. Ha trabajado en diferentes trabajos y acumulado lazos sociales en la comunidad local donde vive [...]. Actualmente, tiene cincuenta y cinco años y no tiene vínculos con ningún otro país o lugar de residencia y, mientras tanto, ha perdido el contacto con todos sus familiares…“ (cfr. párr. 125).
“[A]unque nominalmente esté disponible para él, la perspectiva del solicitante de encontrar un empleo se ve obstaculizada de facto sin la regularización de su estatus de residencia. Por lo tanto, está desempleado y sobrevive ayudando en las granjas [...], lo que sin duda afecta negativamente la posibilidad de que obtenga un seguro de salud o derechos de seguridad social [...]. En estas circunstancias, especialmente en vista de la edad avanzada del solicitante y del hecho de que ha vivido en Croacia durante casi cuarenta años sin tener ningún vínculo formal o de facto con ningún otro país, el Tribunal acepta que la incertidumbre de su estado de residencia tiene repercusiones adversas en su vida privada“ (cfr. párr. 126).
DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; NACIONALIDAD; MIGRANTES; REFUGIADO; APÁTRIDA;
Benitez Balmori (Masacre de Curuguaty) (Sentencia nº 293)Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Penal
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay absolvió a todas las personas imputadas.
“[Restringir el recurso de casación por pena insuficiente] postularía el absurdo de que el penado deba anhelar condena superior a la impuesta para obtener dicho beneficio. […] Hallamos dicha circunstancia nula y por demás inaceptable a la luz del principio de igualdad” (voto del juez Martínez Prieto).
“[E]l control de admisibilidad que el tribunal de sentencias debía realizar versaba sobre el cumplimiento de las reglas del anticipo jurisdiccional de la prueba y de las reglas para la producción de pericias. Las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, se encuentran reguladas en el Art. 320 CPP; aquí se establece que, cuando sea necesario practicar reconocimientos, reconstrucciones, inspecciones, o pericias, que por su naturaleza y características deben ser considerados como actos definitivos e irreproducibles, la diligencia será realizada por el juez, el cual deberá citar a todas las partes para que tengan la oportunidad de intervenir. Por su parte, la realización de las pericias se encuentra regulada en los Arts. 214 a 225 CPP. En el marco de estos artículos, específicamente en el Art. 219, se establece que debe otorgarse un plazo a las partes para que estas tengan la oportunidad de proponer un perito y para proponer puntos de pericia”.
[E]xiste una confusión acerca de aquello que el tribunal de alzada puede y no puede controlar. Es cierto que nuestro proceso penal, en lo que respecta al objeto principal del juicio oral, adopta un sistema de única instancia de hechos. Esto puede corroborarse con el primer párrafo del Art. 467 CPP, en donde se establece que `[e]l recurso de apelación contra la sentencia definitiva solo procederá cuando ella se base en la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal´ (las negritas son mías), dejándose así implícitamente fuera del objeto del recurso la revalorización de la prueba producida en el juicio oral, pues esta revaloración excedería un control meramente jurídico del fallo. Se sostiene que la adopción de este sistema tiene su fundamento en el principio de inmediación, ya que el tribunal de segunda instancia no puede percibir directa o personalmente la producción de la prueba. No obstante, creo que a esta imposibilidad de revalorar pruebas se le ha dado un alcance mayor a aquel que en realidad debe tener.
[L]a única forma con la cual sería posible que el tribunal de alzada revalore las pruebas del juicio para reconfirmar los hechos acreditados por el tribunal de mérito, es que se lleve a cabo una audiencia pública en la cual se vuelvan a producir todas las pruebas. Esto sin embargo sería finalmente una repetición del juicio oral que desnaturalizaría el carácter revisor de la segunda instancia y que además, difícilmente brindaría mayores garantías puesto que nadie puede asegurar que la valoración probatoria llevada a cabo en segunda instancia será mejor que la de primera.
[E]l estándar de la sana crítica ayuda a eliminar la arbitrariedad en el ejercicio del poder punitivo estatal, pues obliga que la explicación que otorga el tribunal sobre la valoración probatoria sea plausible y controlable, es decir permite que un tercero que lea la sentencia pueda entender por qué el tribunal de mérito consideró tal o cual hecho como probado, que pueda convencerse de esta conclusión, y que con ello sepa concretamente por qué se ha condenado o absuelto a una persona.
[E]ste entendimiento sobre la materia revisable por el tribunal de alzada, en mi opinión, se enmarca en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca un mejor cumplimiento del derecho al recurso consagrado en el Art. 8.2.h. del Pacto de San José de Costa Rica, el cual integra nuestro ordenamiento jurídico en una jerarquía superior a la de nuestro CPP. En el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, la CIDH ha sentado la postura de que `[i]ndependientemente de la denominación que se le da al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida´…”.
“Este camino de interpretación es similar al camino que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en el fallo `Casal´ […]. En dicho fallo la Corte Suprema del vecino país, buscando adaptar su recurso de casación (homólogo en nuestra legislación a la apelación especial) al Pacto de San José de Costa Rica, ha echado mano a la teoría alemana de la `capacidad de rendimiento´ […], estableciendo que la alzada debe revisar todo lo que le es posible, quedando fuera por tanto solo aquello que surge directamente de la inmediación.
[L]as heridas mortales que presentan los campesinos fallecidos, son similares a las que presentan los policías fallecidos, surgiendo así una cuestión que, en mi opinión, debía haber sido analizada y aclarada por el tribunal de sentencias. Esto es así, porque en la sentencia de condena se atribuye a los acusados la muerte de los policías, simplemente sosteniéndose que los acusados contaban con escopetas, que estas escopetas eran aptas para realizar disparos, y que las heridas de los policías fallecidos fueron causadas por pedigones de escopetas. Sin embargo, el hecho de que los citados campesinos hayan fallecido por heridas similares a la de los policías, indica que en el enfrentamiento (a menos que los campesinos se hayan disparado entre sí) alguien más disparo escopetas, cuestión que no fue mencionada en lo más mínimo por el tribunal de sentencias en su fundamentación. Con todas estas inconsistencias, llego a la conclusión de que efectivamente el tribunal de sentencias no ha seguido las reglas de la sana critica para la acreditación de los hechos, puesto que muchas de sus afirmaciones no tienen sustentos en las pruebas producidas en el juicio y oral, y porque ha omitido valorar prueba relevante” (voto del juez Sánchez al que adhirió el juez Martínez Prieto).
“[L]a conclusión del Tribunal de alzada que califica parte del hecho como asociación criminal, no tiene consistencia, pues la presentación del acta de conformación de una comisión vecinal, no lo justifica, pues la ilicitud de la conformación de la comisión no debe presumirse. En efecto, tal afirmación no se compadece con el inc. 1º, del art. 219 del CP, por lo que inviabiliza también al inc., 2º circunstancia que permite afirmar que esta parte del decisorio de alzada es defectuosa”.
“El caso de autos, refiere un enfrentamiento, vía reacción, entre las fuerza de seguridad y una turba de supuestas invasores, es una circunstancia `que no presenta dudas´, pues la profusa documentación, filmaciones, fotografías, testimonios, etc., producidos en juicio, así lo confirman. Tampoco ofrece margen de dudas que los acusados y casasionistas fueron componentes y hasta líderes de la mencionada turba, y así, las bajas ocurridas en ambos sectores tienen igual consistencia, pero de ahí en más la orfandad probatoria es la que campea, pues no se ha arrimado, ni producido evidencias, que puedan confirmar que determinada arma fue percutida para acabar con la vida de persona concreta y que el causante del disparo fue A, B o Z, acusado” (voto del juez Rolón Fernández).
DERECHO DE PROPIEDAD; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD; HOMICIDIO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; IGUALDAD; RECURSOS; RECURSO DE APELACIÓN; PRUEBA; PRUEBA ANTICIPADA; INFORME PERICIAL; ADMISIBILIDAD; APRECIACION DE LA PRUEBA; SANA CRÍTICA; DERECHO DE DEFENSA; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE CONGRUENCIA;
Dridi v. AlemaniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Alemania era responsable por haber violado el artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo. En particular, los párrafos 3.b (disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa) y 3.c (ser asistido por un abogado defensor).
1. Audiencia. Notificación.
“[D]e acuerdo a las circunstancias del presente caso, el hecho de haber llevado a cabo mediante notificación pública las citaciones para comparecer ante el tribunal local no fue suficiente para posibilitar la asistencia del peticionario a la audiencia de apelación. De ese modo, existió una violación a los derechos del peticionario establecidos en el artículo 6 del Convenio” (cfr. párr. 33).
2. Derecho de defensa
“El Tribunal recuerda que el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa de las personas imputadas, como lo dispone el tercer párrafo (b) del artículo 6, y el derecho a una defensa técnica eficaz, en base al párrafo 3 (c) del artículo 6 del Convenio, son elementos que integran el concepto de proceso equitativo […]. Debido a que los requisitos del artículo 6 deben considerarse como aspectos particulares del derecho a un proceso equitativo garantizado en el párrafo 1, el Tribunal evalúa las denuncias relacionadas con estos derechos considerando ambas disposiciones de manera conjunta” (cfr. párr. 37).
“El Tribunal considera que el abogado de la defensa no había renunciado al derecho a ser convocado de una manera que le permitiese preparar la defensa de su asistido y concurrir a la audiencia” (cfr. párr. 38).
“Las consideraciones previas son suficientes para permitir que el Tribunal concluya que el abogado del peticionario no tuvo la oportunidad adecuada para acceder al expediente del caso una vez programada la audiencia y a fin de preparar su defensa, ni para asistir a la audiencia de apelación” (cfr. párr. 39).
DERECHO DE DEFENSA; DEFENSOR; NOTIFICACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO A LA INFORMACIÓN;
Vyshnyakov v. UcraniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
La Gran Sala del Tribunal Europea de Derechos Humanos consideró que Ucrania era responsable por haber violado el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) en relación con la falta de ejecución de la sentencia que otorgó al padre el derecho al contacto con su hija.
1. Derecho a la vida privada y familiar. Interés superior del niño.
“El Tribunal observa que el disfrute mutuo de los padres y la compañía de los hijos de cada uno constituye un elemento fundamental de la ‘vida familiar’ de acuerdo al sentido del artículo 8 del Convenio” (cfr. párr. 34).
“El objeto esencial del artículo 8 es proteger al individuo contra las acciones arbitrarias de las autoridades públicas. Además, existen obligaciones positivas inherentes a un ‘respeto’ efectivo de la vida familiar. En ambos contextos, se debe tener en cuenta el equilibrio justo entre los intereses en conflicto del individuo y la comunidad, incluidos otros terceros interesados, y el margen de apreciación del Estado. El Tribunal ha declarado reiteradamente que, en cuestiones relacionadas con la custodia, los intereses de los niños son de suma importancia. El interés superior del niño debe ser la principal consideración y puede, según la naturaleza y su seriedad, prevalecer por sobre el de los progenitores” (cfr. párr 35).
2. Ejecución de la sentencia
“El Tribunal observa que el peticionario inició procesos civiles a fin de obtener una determinación judicial con respecto al acceso de sus derechos, luego intentó ejecutar la decisión y realizó distintas presentaciones ante la policía debido a sus intentos fallidos para ver y pasar tiempo con la niña” (cfr. párr. 39).
“El Tribunal considera que el primer intento del peticionario para hacer cumplir la decisión del tribunal tuvo lugar cuando la madre y la niña se mudaron a otra ciudad. De todas maneras, la administración del Estado no realizó ningún acuerdo de cumplimiento, ya que el procedimiento para la ejecución de una sentencia de esas características no estaba especificado por ley” (cfr. párr. 40).
“[U]n nuevo intento de ejecución de la sentencia fue iniciado, pero este se limitó a la notificación formal de la decisión a la madre, sobre la que ella ya estaba perfectamente al tanto. En opinión de los empleados del Estado, esta única acción constituyó una ejecución total de la sentencia y esta interpretación del alcance de los acuerdos de cumplimiento fue confirmada por los tribunales nacionales” (cfr. párr. 42).
3. Tutela judicial efectiva. Principio de proporcionalidad
“En estas circunstancias, el Tribunal considera que durante todo el período en que la sentencia fue vinculante para las partes, las autoridades nacionales no tomaron las medidas necesarias, suficientes y rápidas para garantizar al peticionario el derecho de acceso a su hija. La sentencia permaneció sin el respaldo de los procedimientos de ejecución requeridos durante más de seis años” (cfr. párr. 45).
“[L]as deficiencias de las autoridades nacionales, en particular la forma inapropiada en que las autoridades locales dispusieron el cumplimiento de la sentencia sobre el acceso a la niña, no sólo fueron resultado de la actitud inadecuada de los funcionarios a cargo de la ejecución de la sentencia. La falta de desarrollo de un marco legislativo y administrativo también contribuyó a esas fallas. En particular, la normativa con la que contaba el país al momento del hecho resultaba insuficiente para facilitar los acuerdos de cumplimiento que involucran a los profesionales a cargo de los cuidados de niños y la familia. Tampoco preveía medidas apropiadas específicas que podrían haberse aplicado, en base al principio de proporcionalidad, para garantizar el cumplimiento coercitivo de la sentencia judicial que otorgó derechos de contacto” (cfr. párr. 46).
RÉGIMEN DE VISITAS; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; FAMILIA;
Lozovyye v. RusiaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por haber violado el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Notificación. Víctima. Familia.
“[E]n situaciones parecidas a las analizadas en el presente caso, donde las autoridades estatales estaban al tanto de una muerte, pero no otros miembros del grupo familiar, existe una obligación dirigida a las autoridades pertinentes de emprender al menos acciones razonables para garantizar que los miembros de la familia supervivientes sean informados”(cfr. párr. 38).
“En lo que respecta al marco legal pertinente, no existía ninguna obligación explícita de las autoridades respecto de notificar a los familiares de una persona que hubiera fallecido como resultado de un acto criminal; aunque si existía cierta obligación de buscarlos con el fin de otorgarles el estatus de víctima […]. Es cierto que el artículo 42 § 8 del CCrP [Código Ruso de Procedimiento Penal] […] impuso a las autoridades una cierta obligación de llevar a cabo la búsqueda de los familiares de fallecidos en un contexto criminal en la que se les asigna la condición de víctima. Además, la sección 12 (1) de la Ley de entierro y asuntos funerarios estipuló que el entierro de un difunto sólo podía ser realizado dentro de los tres días de la determinación de la causa de la muerte si no hubiera cónyuge, pariente o legítimo representante capaz de hacer los arreglos funerarios necesarios” (cfr. párrs. 40).
2. Debida diligencia. Derecho a la vida privada y familiar.
“[E]xistían diversas maneras a través de las cuales las autoridades podían haber identificado a los peticionarios como padres del señor M. Lozovoy; sin embargo, no lo hicieron. El Tribunal de Distrito enumeró una serie de documentos y elementos de prueba que podrían haber facilitado a las autoridades la información necesaria para localizar a los peticionarios (registros de llamadas; amistades de la víctima; documentos oficiales adjuntados al expediente del caso penal, etc.). El gobierno no dio explicaciones de por qué no fueron utilizadas por la fiscalía o la policía” (cfr. párr. 44).
“[L]a decisión de enterrar al hijo de los peticionarios y de asignar en el procedimiento penal el estatus de víctima a un representante de las autoridades municipales, se hizo antes de que la búsqueda por parte de los familiares terminara oficialmente” (cfr. párr. 45).
“Bajo estas circunstancias, y dada la información personal sobre el señor M. Lozovoy que estuvo a disposición de las autoridades nacionales después de su muerte, el Tribunal concluye que las autoridades no actuaron con la debida diligencia y, por lo tanto, no cumplieron con su obligación positiva en el presente caso” (cfr. párr. 46).
NOTIFICACIÓN; VICTIMA; FAMILIA; DEBIDA DILIGENCIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de su misión a la ArgentinaGrupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (ONU)
El Grupo de Trabajo analizó el marco institucional y jurídico respecto de los lugares de privación de la libertad en la República Argentina. Sobre este aspecto, destacó la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (ley Nº 26.827). En ese sentido, señaló que “…la supervisión independiente periódica de todos los lugares de privación de libertad contribuye significativamente a la reducción de los casos de detención arbitraria. Las autoridades argentinas deberían redoblar sus esfuerzos para velar por el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención de conformidad con el Protocolo Facultativo a nivel local (provincial)” (párr. 17).
Asimismo, se refirió a lo decido por la CSJN en el caso “Fontevecchia”. Al respecto, recordó que “[l]a Argentina es miembro de la Organización de los Estados Americanos. En 1984, ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en febrero de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en que declaraba que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podían traer consigo la revocación automática de las sentencias dictadas por la Corte Suprema. El Grupo de Trabajo expresa preocupación por esta interpretación que incide negativamente en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país” (párr. 21).
1. Detención de personas El Grupo de Trabajo "... tomó conocimiento de las amplias facultades de la policía para privar a las personas de libertad sobre la base de la sospecha de la comisión de un delito o para verificar la identidad. Si bien la legislación aplicable exige una evaluación rigurosa de la policía para determinar la necesidad de detener a una persona bajo sospecha de haber cometido un delito, y limita estrictamente la duración de la detención, [hay nota] ello no se aplica a menudo en la práctica. La posibilidad de detener a una persona sobre la base de la sospecha de la comisión de un delito se utiliza ampliamente de manera discriminatoria y subjetiva, es decir, orientándose a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como los niños de la calle, los miembros y los dirigentes de comunidades indígenas, los migrantes, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y otras personas" (párr. 26).
"[E]l proceso de verificación de identidad suele ser muy breve, pero puede durar hasta 12 horas. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observó que, si bien esos casos de detención en la práctica pueden llevar solo unos minutos, también pueden prolongarse de la noche a la mañana, e incluso pueden durar todo un fin de semana. Además, esa detención no parece ser considerada por las autoridades como privación de libertad, sino solo como ‘retención de una persona’, que es una de las atribuciones de la policía necesaria, entre otras cosas, para fines de ‘control demográfico’. El Grupo de Trabajo recuerda que la cuestión de si una situación particular constituye privación de libertad es, en primer lugar y ante todo, una cuestión de hecho: si una persona no puede abandonar un lugar a voluntad, la situación constituye privación de libertad y deben aplicarse todas las salvaguardias pertinentes para evitar las detenciones arbitrarias y los posibles malos tratos, así como concederse una indemnización a las personas cuyo derecho a la libertad ha sido vulnerado (párr. 28).
2. Prisión preventiva En relación al carácter excepcional del uso de la prisión preventiva –conforme a la ley Nº 24.390– el Grupo de Trabajo constató que “…este marco jurídico no se refleja en la práctica del poder judicial, que tiende a conceder la mayoría de las solicitudes de prisión preventiva. Como resultado de ello, las personas detenidas en espera de juicio representan alrededor del 60% de los detenidos en el sistema de justicia penal en la Argentina. En algunas instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo, esa cifra era aún mayor. Por ejemplo, en el momento de la visita, y de acuerdo con los datos proporcionados por los funcionarios de la institución, el 75% de las detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza se encontraban en prisión preventiva” (parr. 31). En ese sentido, expresó su preocupación por “…la larga duración de la prisión preventiva y la alta proporción de personas detenidas bajo este régimen en la población carcelaria, y [observó] que existe una necesidad urgente de revisar esa práctica en la Argentina, tanto a nivel federal como provincial (párr. 34).
3. Prisión domiciliaria – Vigilancia electrónica "[S]igue habiendo un elevado porcentaje de personas en prisión preventiva, que en gran medida se debe a que las posibilidades de utilizar alternativas a la detención son muy restrictivas en la práctica. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo tuvo conocimiento de que en la provincia de Buenos Aires, la aplicación de medidas alternativas a la detención desde que se aprobaran las enmiendas introducidas en la Ley núm. 11922 sobre el Código de Procedimiento Penal solo fue posible en tres casos: para las personas mayores de 70 años; para las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las mujeres
que se ocupan de sus hijos; y para las personas con graves problemas de salud. Estas opciones limitadas para la aplicación de medidas alternativas a la detención hace que en la práctica estas sean ineficaces. Además, si bien la ley concede a los jueces facultades discrecionales para ordenar medidas alternativas a la privación de libertad en otros casos excepcionales, esa discrecionalidad es muy restrictiva y, de hecho, muy rara vez se utiliza en la práctica" (párr. 37).
4. Cárceles – Sanciones disciplinarias “[C]ualquier uso de una sanción disciplinaria debe ir precedida de un proceso judicial, en el que la persona en cuestión tenga el derecho a defenderse, así como el derecho a apelar la pena impuesta. La situación descrita por el Grupo de Trabajo se asemeja a la privación de libertad de personas queya están privadas de libertad, mediante su aislamiento de facto en celda. Es fundamental que este tipo de privación de libertad vaya acompañada de salvaguardias para garantizar que no sea arbitraria y que se disponga de mecanismos eficaces, accesibles e independientes de presentación de quejas a fin de proporcionar reparación” (párr. 45).
5. Régimen penal juvenil “[L]a privación de libertad de cualquier persona menor de 18 años debe ser una medida de último recurso y que siempre debe cumplir plenamente las garantías previstas en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, independientemente de que ocurra en el entorno de la justicia penal o en otros entornos, como los de la atención de la salud o la detención de migrantes” (párr. 48).
“[H]ay menores recluidos en los denominados ‘centros de admisión’, que suelen ser centros de transición hacia la detención en el sistema de justicia penal una vez que cumplen 18 años. Las condiciones de privación de libertad en esos lugares son totalmente inadecuadas, con limitados servicios de educación, formación profesional y actividades útiles, lo que afecta negativamente a la capacidad de los niños y su interés en la rehabilitación. En la actualidad, la disponibilidad de la mayoría de esas actividades depende de la buena voluntad del personal encargado de las instalaciones, lo cual es encomiable, pero no sostenible a largo plazo. Además, en algunos casos, los ‘centros de admisión’ están tan alejados que es muy difícil para los padres mantenerse en contacto con sus hijos” (párr. 51).
6. Salud mental – Medidas de seguridad “[D]e conformidad con el artículo 34 del Código Penal, se podía aplicar una medida de seguridad junto con la pena impuesta a las personas con discapacidad psicosocial. Esas personas suelen ser enviadas a centros de atención de la salud mental de un establecimiento penitenciario para que sean tratadas y, en la práctica, su permanencia en esos centros es ilimitada. Se llevan a cabo evaluaciones periódicas a cargo de un equipo multidisciplinario, pero la decisión final sobre la puesta en libertad de la persona recae en el poder judicial y, por consiguiente, no se basa en la evaluación médica del estado de salud de la persona en cuestión. El poder judicial debe realizar una evaluación de la ‘peligrosidad del individuo’, pero hay una gran reticencia a poner en libertad a esas personas, puesto que no existen directrices sobre el modo en que esa evaluación debe llevarse a cabo y esta no abarca un componente médico […]. El Grupo de Trabajo subraya que las instituciones penitenciarias no son adecuadas para la atención de las personas con discapacidad psicosocial, especialmente a largo plazo” (párr. 62).
7. Migrantes En relación al dictado del DNU Nº 70/2017 el Grupo de Trabajo sostuvo que esta norma “…autoriza la privación de libertad desde el inicio del procedimiento sumarísimo, eliminando el principio de excepcionalidad, y permite la detención antes de la orden de expulsión. El período de detención permitido se ha ampliado a 60 días, con la posibilidad de una prórroga indefinida por el tiempo que duren las actuaciones. También hay restricciones sobre el acceso a la asistencia jurídica gratuita y las condiciones para interponer un recurso se han reducido considerablemente. En el marco del nuevo decreto, la detención es la norma y la libertad la excepción, en contra de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párr. 66).
8. Recomendaciones Entre sus conclusiones, el Grupo de Trabajo recomendó al Gobierno de la Argentina la investigación rápida e independiente de las denuncias de tortura y malos tratos; garantizar el respeto de las salvaguardias de protección contra los casos de detención arbitraria; revisar de manera urgente la práctica de la prisión preventiva en todo el país, tanto a nivel federal y provincial; permitir y alentar al poder judicial a que aplique medidas alternativas a la detención en todos los casos posibles, y especialmente en los casos en que enviar a una persona a un establecimiento de privación de libertad implicaría su envío a un establecimiento en condiciones de hacinamiento o inadecuadas; establecer un sistema de justicia de menores coherente, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño; revisar y aclarar el término “peligrosidad”, que figura en el Código Penal –su artículo 34 en particular– con el fin de fijar un umbral elevado de “peligrosidad” para el internamiento de los pacientes y hacer que los mecanismos de examen existentes acerca de la necesidad de mantener la detención sean eficaces en la práctica.
DETENCIÓN DE PERSONAS; PRISIÓN PREVENTIVA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; IGUALDAD; VIOLENCIA; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; SANCIONES DISCIPLINARIAS; PRISIÓN DOMICILIARIA; VIGILANCIA ELECTRÓNICA; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MIGRANTES; SALUD MENTAL; MEDIDAS DE SEGURIDAD;
Debida diligencia de las empresas en materia de DDHH Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
“En el presente informe, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, se propone resaltar los siguientes aspectos: a) las características clave de la diligencia debida en materia de derechos humanos; b) las deficiencias y dificultades actuales; c) las buenas prácticas emergentes y d) la forma en que los principales interesados —los Estados y la comunidad de inversores, en particular— pueden contribuir a una aplicación en mayor escala de la diligencia debida en materia de derechos humanos” (párr. 4).
“En la práctica, la diligencia debida en materia de derechos humanos es un tema que abarca una amplia variedad de cuestiones (dado que las actividades de las empresas pueden tener efectos adversos sobre todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos) y de actividades (pues la diligencia debida entraña diversas etapas y procesos)” (párr. 9).
“La debida diligencia en materia de derechos humanos [e]s un modo de gestionar en forma proactiva los riesgos reales y potenciales de los efectos adversos en los derechos y la dignidad de las personas. [E]sto implica un conjunto de procesos interrelacionados, que debería incluir los cuatro componentes básicos siguientes [hay nota]:
               a) identificar y evaluar los efectos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos que la empresa haya causado o contribuido a causar a través de sus actividades, o que guarden relación directa con las operaciones, los productos o los servicios prestados por sus relaciones comerciales;
               b) Integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en los procesos pertinentes de la empresa, y adoptar las medidas adecuadas conforme a su participación en el impacto […];
               c) Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas y los procesos adoptados para contrarrestar estos efectos adversos sobre los derechos humanos a fin de saber si están dando resultado;
               d) Comunicar de qué manera se encaran los efectos adversos y demostrar a las partes interesadas –en particular a las afectadas– que existen políticas y procesos adecuados […]” (párr. 10).
“Si una empresa determina que ha causado o contribuido a causar efectos adversos, una parte fundamental de su responsabilidad es la de proveer o contribuir a proveer la reparación de esos efectos mediante procesos legítimos, que pueden consistir en mecanismos judiciales y extrajudiciales del Estado, así como mecanismos de reclamación no estatales […]. Esos mecanismos son esenciales para la eficacia de la diligencia debida y refuerzan la prevención, pues ayudan a las empresas a detectar las dificultades y los problemas sistémicos y a atender las reclamaciones en una etapa temprana, evitando que se agraven” (párr. 12).
“Características descriptivas de la diligencia debida en materia de derechos humanos:
               a) Deben atenderse, ante todo, para prevenir los efectos adversos sobre los derechos humanos;
               b) Deben ser proporcionales a la gravedad y probabilidad del efecto adverso […];
               c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los Derechos Humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas” (párr. 13).
“[L]a diligencia debida es fundamental como base de lo que debería hacer cualquier empresa para dar cumplimiento a su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esta idea va mucho más allá del mero hecho de no ocasionar daños. El concepto de respeto empresarial, tal como se establece en los Principios Rectores, requiere la adopción de medidas proactivas para prevenir y subsanar los efectos perjudiciales. El objetivo principal de la diligencia debida en materia de derechos humanos es la prevención de los efectos adversos sobre las personas” (párr. 17).
“Ningún argumento de ‘viabilidad comercial’ puede eximir a las empresas de la responsabilidad de proceder con diligencia debida en materia de derechos humanos. El hecho de no ejercer la diligencia adecuada con miras a evitar riesgos para las personas no solo suele conllevar un costo humano, sino que sus consecuencias se vuelven en contra de las empresas [hay nota]” (párr. 19).
“Desde la aprobación de los Principios Rectores, en 2011, por el Consejo de Derechos Humanos, la diligencia debida en materia de derechos humanos se ha transformado en una norma de conducta aplicable a todas las empresas […]” (párr. 20).
“Las evaluaciones de referencia y calificación de desempeño […] revelan que la mayoría de las empresas [….] no aplica prácticas que cumplan con los requisitos establecidos por los Principios Rectores. Posiblemente este hecho señale que la gestión de riesgos para los trabajadores y las comunidades es inadecuada, a pesar de haber más conciencia y compromiso […]” (párr. 25).
“La dificultad más grande sigue siendo la falta de liderazgo del Gobierno para resolver las deficiencias de gobernanza. Una cuestión fundamental es que los Gobiernos anfitriones no cumplen con su obligación de proteger los derechos humanos, ya sea por no aprobar una legislación que se ajuste a las normas internacionales del trabajo y derechos humanos, o por aprobar leyes que no son compatibles ni efectivas para la aplicación de  leyes que protejan a los trabajadores y las comunidades afectadas [...]. Si bien algunos Gobiernos han introducido legislación en materia de diligencia debida o divulgación de información, dichas iniciativas no son homogéneas […]. Los Gobiernos no ofrecen la orientación necesaria para ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos ni apoyo específico para las empresas del ámbito nacional, incluidas las pequeñas y medianas empresas […]. La falta de coherencia de las políticas en las prácticas gubernamentales forma parte de todo este escenario, y los Gobiernos no dan el ejemplo en las funciones que desempeñan como actores económicos […]” (párrs. 31-34).
“La diligencia debida en materia de derechos humanos en las empresas se ha transformado en la norma de conducta esperada para todas las empresas comerciales. Un pequeño grupo de entidades pioneras van abriendo el camino y aparecen nuevas prácticas. No obstante, aún se necesita hacer considerables esfuerzos, pues la mayoría de las empresas del mundo siguen sin conocer, sin tener capacidad o sin mostrar voluntad para aplicar la diligencia debida en materia de derechos humanos, tal como deben hacerlo para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Con vistas al futuro, la principal dificultad es ampliar la escala de las buenas prácticas emergentes y a la vez sortear las brechas y los obstáculos que subsisten. Para ello, será preciso el esfuerzo concertado de todas las partes. Los datos disponibles que revelan cuáles son los principales impulsores del cambio en las prácticas empresariales —más allá de los pioneros— sugieren que los inversores y los Gobiernos cumplen un papel fundamental. En el caso particular de los Gobiernos, encarar y subsanar las deficiencias de mercado y gobernanza son aspectos inherentes a sus obligaciones” (párr. 92).
“El Grupo de Trabajo recomienda que los Estados utilicen todos los instrumentos a su alcance para subsanar las deficiencias de mercado y las brechas de gobernanza a fin de impulsar la diligencia debida en materia de derechos humanos como parte de las prácticas empresariales habituales y velar por su armonización con los Principios Rectores; esto implica, por ejemplo:
               a) Utilizar la legislación con el objeto de crear incentivos para el ejercicio de la diligencia debida —entre otros, a través de requisitos obligatorios—, teniendo a la vez en cuenta elementos que permitan impulsar una aplicación eficaz por parte de las empresas y promover reglas de juego uniformes;
               b) Utilizar el papel que cumplen como actores económicos para promover la diligencia debida en materia de derechos humanos, por ejemplo, incorporando la diligencia debida en la materia a las operaciones de las empresas y los organismos estatales que promueven el comercio y la inversión, y a la contratación pública;
               c) Promover una mayor coherencia dentro de los Gobiernos en materia de políticas y, a ese efecto, adoptar planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos o fortalecer su ejecución;
               d) Proveer orientación a las empresas —incluidas las pequeñas y medianas— sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos, adaptándola a los contextos locales;
               e) Actuar como facilitadores de plataformas de múltiples interesados con vistas a promover el diálogo sobre los riesgos para los derechos humanos que se relacionan con la empresa y las formas de afrontarlos, y a fortalecer la vigilancia y la rendición de cuentas, entre otros, en el contexto de cada sector” (párr. 93).
“El Grupo de Trabajo recomienda que las empresas comerciales:
               a) Si ya han adoptado políticas y procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos basados en los Principios Rectores, continúen en ese camino y procuren enriquecer constantemente los enfoques interactuando con las partes interesadas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, las entidades defensoras de los derechos humanos y los sindicatos, y manejándose con transparencia respecto de la gestión de los efectos potenciales y reales;
               b) Si aún no han aplicado enfoques relativos a la diligencia debida en materia de derechos humanos, sencillamente empiecen, por ejemplo, evaluando sus efectos potenciales y reales en los derechos humanos; evaluando qué procesos existentes no están a la altura de los requisitos, y creando un plan de acción a fin de establecer procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos para sus propias actividades y cadenas de valor en consonancia con los Principios Rectores, lo que incluye el aprendizaje de las buenas prácticas emergentes en su propio sector y otros;
               c) Contemplen enfoques que les permitan hacer uso de su influencia colectiva, en especial cuando enfrenten cuestiones de derechos humanos de naturaleza sistémica” (párr. 94).
“El Grupo de Trabajo recomienda que las entidades de la comunidad inversora apliquen la diligencia debida en materia de derechos humanos como parte de su propia responsabilidad a la luz de los Principios Rectores; que exijan más sistemáticamente el ejercicio de la diligencia debida en materia de derechos humanos a las empresas en las que invierten; y que coordinen con otras organizaciones y plataformas a fin de lograr coherencia y una interacción significativa con las empresas” (párr. 95).
DEBIDA DILIGENCIA; EMPRESA; DERECHOS HUMANOS; POLÍTICA PÚBLICA;
MB v. Secretaria de Estado de Trabajo y Pensiones (caso Nº 451) Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la Directiva 79/7/CEE “debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exige que una persona que ha cambiado de sexo cumpla no solo criterios de carácter físico, social y psicológico, sino también el requisito de no estar casada con una persona del sexo que ha adquirido a raíz del cambio de sexo, para poder optar por una pensión estatal de jubilación a partir de la edad legal de jubilación de las personas del sexo adquirido” (cfr. párr. 54).
El Tribunal señaló, para empezar, que “en el presente asunto no se plantea la cuestión de si el reconocimiento jurídico de un cambio de sexo puede supeditarse con carácter general a la anulación de un matrimonio celebrado antes del cambio de sexo”. Sin embargo, afirmó que, “aunque el reconocimiento jurídico del cambio de sexo y el matrimonio son cuestiones de la competencia de los Estados miembros en materia de estado civil, éstos deben respetar el Derecho de la Unión, especialmente el principio de no discriminación, al ejercer su competencia en este ámbito” (cfr. párr. 27-29).
“Conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esta última Directiva, en atención a su objeto y a la naturaleza de los derechos que pretende proteger, debe aplicarse igualmente a las discriminaciones que tienen lugar como consecuencia del cambio de sexo de la persona interesada […]. A este respecto, aun cuando […], corresponde a los Estados miembros determinar los requisitos para el reconocimiento jurídico del cambio de sexo de una persona, procede declarar que, a efectos de la aplicación de la Directiva 79/7, debe considerarse como personas que han cambiado de sexo a las personas que hayan vivido durante un período significativo como personas de un sexo distinto del de su nacimiento y que se hayan sometido a una operación de cambio de sexo” (cfr. párr. 35).
El Tribunal, para comprobar si la situación de una persona que haya cambiado de sexo después de haberse casado es comparable a la situación de una persona que haya mantenido su sexo de nacimiento y esté casada, recordó que “la exigencia del carácter comparable de las situaciones no requiere que las situaciones sean idénticas, sino que basta con que sean análogas […]” (cfr. párr. 41). En ese sentido, destacó que “el carácter comparable de las situaciones no debe apreciarse de manera global y abstracta, sino de un modo específico y concreto, teniendo en cuenta todos los elementos que las caracterizan, especialmente a la luz del objeto y la finalidad de la normativa nacional que establezca la distinción controvertida y, en su caso, de los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca dicha normativa nacional […]” (cfr. párr. 42).
El Tribunal de Justicia señaló que “el requisito de anulación del matrimonio para que pueda concederse una pensión estatal de jubilación a partir de la edad legal de jubilación de las personas del sexo de que se trate se aplica únicamente a las personas que hayan cambiado de sexo”, por lo que concluyó que “la normativa británica confiere un trato menos favorable a las personas que hayan cambiado de sexo después de haberse casado que a las personas que hayan conservado su sexo de nacimiento y estén casadas” (cfr. párr. 48).
Por lo que se refiere a la excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva, el Tribunal declaró que “dicha disposición no permite que los Estados miembros traten de manera diferente a una persona que ha cambiado de sexo después de haberse casado y a una persona que ha conservado su sexo de nacimiento y está casada, en lo que respecta a la edad que determina la obtención de una pensión estatal de jubilación” (cfr. párr. 51). “Por consiguiente, la normativa controvertida en el litigio principal constituye una discriminación directa por razón de sexo y está, por tanto, prohibida por la Directiva 79/7” (cfr. párr. 52).
PENSIÓN; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; IDENTIDAD DE GÉNERO; MATRIMONIO; SEGURIDAD SOCIAL; ESTADO CIVIL; RECONOCIMIENTO JURÍDICO;
Coman y otros v. RumaniaTribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH
1. Derecho a la libre circulación. Residencia
La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la Directiva 2004/38 “se aplica a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia” (párr. 19).
“[Esta normativa] únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos de aquel del que es nacional y no puede dar soporte a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que este es nacional” (párr. 20).
“Sin embargo, como el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones, aunque, en el plano formal, el órgano jurisdiccional remitente haya limitado sus cuestiones prejudiciales a la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2004/38, esta circunstancia no impide que el Tribunal de Justicia le facilite todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles para enjuiciar el asunto de que conoce, con independencia de que el órgano jurisdiccional remitente haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de sus cuestiones prejudiciales” (párr. 22).
“A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en determinados casos, los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, que no podían disfrutar, en virtud de las disposiciones de la Directiva 2004/38, de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que ese ciudadano era nacional, podían no obstante disponer de tal derecho sobre la base del artículo 21 TFUE, [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea] apartado 1” (párr. 23).
“[E]l Tribunal de Justicia ha declarado que cuando, con ocasión de la residencia efectiva del ciudadano de la Unión en un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional, en virtud y con observancia de los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38, se desarrolla o se consolida una convivencia familiar en ese Estado miembro, el efecto útil de los derechos que el artículo 21 TFUE, apartado 1, confiere al ciudadano de la Unión de que se trate exige que la conviv