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DoctrinaVoces CSJN
RSV (causa n°21080646256)Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1 de Santa Fe
El Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1 de la ciudad de Santa Fe absolvió a la mujer por resultar atípica la conducta imputada (juez Falkenberg).
1. Homicidio culposo. Omisión. Tipicidad. Deber de cuidado. Estereotipos de género.
“[M]ás allá de lo acordado por las partes, [corresponde] absolver a la imputada, toda vez que los hechos atribuidos a la misma resultan atípicos, ya que han sido elaborados sobre la presunta omisión de un pretendido ‘deber de cuidado’ que: a- no se encuentra debidamente detallado; b- cuyo carácter imperativo no surge de la propia imputación; y c- en su construcción subyacen estereotipos de género que resultan intolerables, en orden al comportamiento que se espera de la mujer sujeta a proceso…”.
“[L]a atribución delictiva formulada a la imputada no señala cuál es -en concreto- el deber de cuidado que la misma habría infringido…”.
“[L]a plataforma fáctica no contiene la descripción de la acción omitida y […] necesariamente debió indicarse cuál era la conducta omitida y cuál es la norma legal que otorga carácter imperativo a ese deber de cuidado […]. [T]al omisión no resulta azarosa, sino que ello obedece a la inexistencia de imperativos legales -con consecuencias penales- que impongan este tipo de obligaciones a la mujer embarazada”.
2. Embarazo. Deber de cuidado. Aborto. Dolo.
“[S]i bien desde una concepción socialmente aceptada, puede sostenerse que lo más adecuado para la madre y el feto es realizar controles previos al parto, ello en modo alguno puede considerarse como una obligación susceptible de generar consecuencias penales para ésta”.
“[E]l art. 88 del Código Penal sanciona el aborto causado por la propia mujer -o que consiente que otro se lo causare-, pero solo cuando estas acciones son dolosas. Vale decir, si por imprudencia o negligencia la mujer produce la muerte del feto, tal conducta resulta impune. No existe el delito de aborto culposo, cuando la autora es la mujer embarazada”.
“[L]as conductas de la mujer embarazada, por más descuidadas que fueran, quedan exentas de la autoridad de los Magistrados, encontrándose amparadas por el art. 19 de la Constitución Nacional, al punto que la ley 25.929 -denominada ley de ‘parto humanizado’-, solo contempla derechos y no obligaciones para la mujer embarazada”.
“[E]l pretendido deber de cuidado omitido antes del comienzo del ‘trabajo de parto’, no le era por entonces exigible a [RSV], siendo por ello, atípica esa pretendida omisión”.
“[M]enos aún podría reprochársele a [RSV] la conducta asumida al comenzar el trabajo de parto. En primer lugar, porque ello no le fue atribuido. En segundo lugar, porque resulta descabellado exigir conductas que faciliten el desarrollo del nacimiento a una persona que no es experta en la materia y no tiene por qué conocer la praxis que rodea el trabajo de parto”.
3. Estereotipos de género. Género. Homicidio culposo. No discriminación.
“[S]ubyacen en la elaboración de la imputación, diversas circunstancias que evidencian sesgos de género por parte de quienes estuvieron a cargo de la investigación, que invalidan y atentan contra el regular juzgamiento de este tipo de sucesos”.
“[L]a imputada fue sometida a proceso bajo el influjo de estereotipos de género, al ponderarse desde el comienzo de la investigación una serie de circunstancias que carecían en absoluto de relevancia jurídico penal, para fundar, sobre la base de las mismas, la presunción homicida, que luego fue morigerada por la conducta de una ‘imprudente madre’”.
“[R]esulta irrelevante para la conducta sometida a juzgamiento, que el embarazo fuera producto de una relación con una persona de nacionalidad extranjera que se volvió a su país, que el embarazo no fuera conocido por sus allegados y que no se efectuara controles ginecológicos previos”.
“[E]n relación a la novedosa atribución culposa, no cabe más que interpretar que en el reproche a tales ‘in’ conductas, subyacen […] estereotipos o preconcepciones que están fundados en la visión tradicional y propia de una cultura patriarcal en orden al rol preconcebido de la mujer; a la idea de que su realización como tal sólo puede concretarse mediante la maternidad, por estar predestinada a parir, en razón de ser un atributo que la define.
Esta naturalización -de que la mujer tiene un deber de parir por su destino biológico y, por tanto, debe saber cómo, dónde y en qué contexto hacerlo- es conteste con una visión estereotipada del papel social de la mujer como ‘buena madre’, ‘cuidadora’, ‘responsable’, de la que se espera cumpla los controles médicos obstétricos y sólo trasunta una ponderación prejuiciosa sobre la conducta esperable de [RSV], e importa criminalizar su comportamiento por no encajar en los patrones considerados ‘adecuados’ por la sociedad. Respuesta judicial, que, de concretarse, a no dudarlo, constituiría una práctica discriminatoria que no puede ser tolerada…”.
4. Violencia obstétrica. Secreto profesional. Derecho a la intimidad.
“[La denuncia efectuada por el médico del hospital] no hace más que evidenciar la violencia obstétrica posparto […], a la que fue sometida [RSV] por parte del personal del efector de salud […]. Ello impactó negativamente en la situación de la nombrada, en tanto pese a ser evidente que acudió al nosocomio en busca de ayuda tras dar a luz a su beba […] recibió por respuesta una clara violación a la confidencialidad y a la intimidad, extremo éste último expresamente contemplados en la ley de parto humanizado […], que detalla los derechos de las mujeres durante el puerperio…”.
“No cesa el deber de confidencialidad por la razón de tratarse de una muerte violenta, ya que sea cual fuere la causa, nunca existieron dudas acerca de la vinculación de [RSV] con el hecho, más allá de su atipicidad, y por tanto la divulgación efectuada por el profesional del efector público, no se encontraba amparada en ‘justa causa’ alguna…”.
5. Estereotipos de género. Debida diligencia.
“[Q]uienes [imparten] justicia [deben] concretizar el deber de debida diligencia plasmado expresamente en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y ello en la práctica […] importa tomar decisiones despojadas de ideas preconcebidas al momento de analizar los hechos sometidos a juzgamiento y las evidencias colectadas, pero además y, fundamentalmente, […] interpela a poder identificar, visibilizar y cuestionar aquéllos estereotipos que son asumidos por las partes y cuyos efectos perpetúan la vulneración de los derechos de las mujeres”.
6. Homicidio. Dolo. Homicidio culposo.
“[L]a imputación dolosa y la culposa, aunque se refieran a un mismo resultado, no son fungibles. No puede pasarse, sin más de la infracción dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, por más que el resultado sea idéntico. En el homicidio doloso: el dolo supone la voluntad de realización del resultado y la acción consumativa de él, circunstancia subjetiva que debe ser objeto de la acusación para poder ser reconstruida; la culpa, por el contrario, no reside en esa voluntad, sino en la infracción de un deber de cuidado determinante del resultado típico […].
[N]o logra comprenderse cómo con las mismas evidencias existentes al inicio de la investigación, la acusación ha decidido mutar esa calificación legal, so pretexto de no poder acreditar el dolo homicida, aunque ahora pregona tener por probada la infracción a un genérico y lacónico deber de cuidado, que como se señaló, tampoco logró precisar debidamente”.
HOMICIDIO CULPOSO; OMISIÓN; TIPICIDAD; DEBER DE CUIDADO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; EMBARAZO; ABORTO; DOLO; GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; SECRETO PROFESIONAL; DERECHO A LA INTIMIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; HOMICIDIO;
Mendez (causa N° 11112557)Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, revocó la resolución y admitió la medida cautelar. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Salud provincial que, en el plazo de cinco días, arbitrase las medidas necesarias para suministrar los tests al hogar. Además, ordenó que la entrega se realizara con la periodicidad necesaria para que se monitorease el estado de salud de las personas, hasta tanto se dictase sentencia definitiva. Finalmente, dispuso que, de acuerdo con el resultado que arrojasen los tests, se suministrasen los hisopados correspondientes (juez Spacarotel y jueza Milanta).
1. Medidas cautelares. Medidas precautorias. Emergencia sanitaria.
“[P]rocede admitir la diligencia precautoria pretendida, toda vez que, analizadas las constancias agregadas a la causa, en el delimitado marco cognoscitivo propio de las diligencias cautelares, cabe decir que, en el caso concreto, se acreditan suficientemente los requisitos para su procedencia, ponderados de conformidad a la índole de los bienes que se procuran tutelar y al compromiso que, sobre aquéllos, la no adopción de tal medida –de carácter preventivo– resulte susceptible de ocasionar […].
Cabe recordar, en primer lugar, el especial contexto actual imperante, donde el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de lo cual se tomaran diversas medidas en nuestro país –en que rige en la actualidad el aislamiento social, preventivo y obligatorio […]–, reflejando dicha coyuntura, la grave emergencia sanitaria nacional y los bienes jurídicos tutelados en ciernes (la vida y la salud, arts. 75 inc. 22 y 23 CN)”.
2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores. Vulnerabilidad. Medidas de acción positiva. Personas con discapacidad.
“[N]inguna duda cabe en cuanto a la mayor situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas mayores frente a un posible contagio de COVID-19, habiéndose elaborado desde la órbita de la autoridad sanitaria bonaerense, recomendaciones para la prevención en residencias de personas mayores de edad, al considerarla `población vulnerable´, procurando evitar la introducción del COVID-19 en tales establecimientos […].
En ese contexto, se revigoriza el mandato constitucional del artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional […], y el consecuente deber de promover medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales, en resguardo de un grupo de extrema vulnerabilidad como son los ancianos y su salud –más aún ante la presencia de alguna discapacidad…”.
3. Emergencia sanitaria. Prevención. Adultos mayores.
“Tales circunstancias tornan necesaria la adopción de medidas no sólo paliativas sino principalmente y en especial de tinte preventivas, con carácter urgente, en salvaguarda de la integridad de la población de mayor riesgo ante el virus y del equipo de salud que la asiste.
Máxime ponderando que el aludido mandato constitucional ha de aggiornarse en un marco situacional como el actual, que va variando día tras día y amerita ponderar el comportamiento, evolución y variación epidemiológica que se presenta en cada momento y lugar determinados, reflejado ello –en lo que al caso puntual de los geriátricos refiere– en cuanto resultan de público conocimiento […] los contagios ocurridos en el seno de hogares de ancianos y la gravedad de la situación epidemiológica en el área metropolitana bonaerense”.
4. Derecho a la salud. Personas con discapacidad. Medidas de acción positiva.
“[L]a solución aquí propiciada se encuentra en línea con las actuales medidas de acción que ha comenzado a implementar la autoridad sanitaria provincial, con carácter preventivo –es decir, aún ante la inexistencia de casos sospechosos y/o confirmados de COVID19–, en la medida que se ha encarado la ejecución de protocolos de acción en establecimientos geriátricos –`metodología de pooles´-, consistentes en efectuar testeos de múltiples personas mayores y equipos de salud para evaluar la incidencia del virus en tales poblaciones vulnerables […].
En ese marco, reviste relevancia recordar que el derecho a la salud representa uno de los corolarios del derecho a la vida, y su reconocimiento como prerrogativa personalísima posee expresa raigambre constitucional con la incorporación como Ley Suprema de los tratados internacionales que así lo receptan…”.
“[L]a obligación de adoptar medidas aun en subsidio desde el Poder Judicial surge clara a la luz de lo expresado –también obligatoriamente para todos los jueces y funcionarios– por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los derechos de las personas con discapacidad (CIDH. Caso `Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas´[…]), así como a mérito de lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad…”.
5. Adultos mayores. Personas con discapacidad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Control de convencionalidad. Responsabilidad del Estado.
“En tal particular contexto, ponderando los derechos comprometidos en riesgo, de una mujer mayor de avanzada edad y discapacitada, cabe adoptar un criterio protectorio en función de los bienes en juego, el compromiso vital de los mismos, su condición (acumulativa) de sujeto preferente constitucional y convencionalmente impuesto (mujer mayor y discapacitada), el alcance de las obligaciones en clave constitucional-convencional existentes y asumidas [...].
Bajo una justa hermenéutica inherente al `control de convencionalidad´ que corresponde adoptar para analizar la presente petición, es dable poner de manifiesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) […] expidió la Resolución Nº 1/20 `Pandemia y Derechos Humanos en las Américas´, en la cual no sólo advierte la afectación a la vigencia de los derechos humanos a causa de la COVID- 19, tales como la libertad, salud, integridad personal, trabajo, etc.; además, establece recomendaciones que los Estados de la Región deben considerar previamente al dictado de sus medidas de contención de la pandemia, a fin de que se respeten los derechos humanos.
En este sentido, y en particular, sobre los grupos en situación de vulnerabilidad […]s exhorta que los Estados, al momento de tomar decisiones de emergencia ante la COVID-19, deben aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a su impacto diferenciado”.
“En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), urge a los Estados a brindar una protección reforzada a las personas mayores de la región, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos, de acuerdo con la Convención Interamericana  sobre  la Protección  de  los  Derechos  Humanos de las Personas Mayores,  y  con  los  estándares  y  las  recomendaciones  de  su Resolución  No. 01/20…”.
6. Peligro en la demora. Medidas precautorias. Prevención.
“[E]l peligro en la demora surge prístino en tanto la medida procura tutelar a una persona mayor que integra –junto con los restantes ancianos alojados en el establecimiento– un grupo de riesgo por razones etarias, y que en caso de un contagio de COVID-19, presenta en general complicaciones de salud más severas que las de personas más jóvenes, en gran parte de los casos con alcances irreversibles.
Dentro de un razonable margen de probabilidades […], la medida solicitada, reluce razonable a fin de evitar un grave e inminente perjuicio que podría tornarse en una situación irreparable; ello así a los fines de asegurar la vigencia cierta del derecho a la salud y a la vida que asiste a los destinatarios de la medida, frente a un riesgo inminente, por la edad avanzada de los mismos, que sólo solicitan la atención preventiva y adecuada, para ser diagnosticados tempranamente, a fin de procurar la atención en tiempo vital de las posibles consecuencias que genera la presente pandemia para esos grupos especialmente expuestos y vulnerables al compromiso del derecho a la salud y la vida.
Por último, no se advierte que la medida precautoria ordenada pueda ocasionar una grave afectación al interés público. Antes bien, una debida estrategia sanitaria preventiva, de atención temprana de un test que diagnostique la existencia de una enfermedad, genera para el estado el conocimiento primario de posibles casos que pudieran estar ocultos, con la consiguiente y probable expansión silenciosa de la pandemia social, con efectos de graves consecuencias al sistema de salud pública”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDAS PRECAUTORIAS; EMERGENCIA SANITARIA; ADULTOS MAYORES; VULNERABILIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PREVENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Asociación Civil Protecc. Ambiental del Río Paraná (causa N° 3570)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó días y horas inhábiles e hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministros Lorenzetti, Rosatti y Maqueda y ministra Highton de Nolasco).
1. Medidas cautelares. Medio ambiente. Daño ambiental. Prevención. Principio precautorio.
“[L]as resoluciones que se refieren a medidas cautelares, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario ya que no revisten –como regla– el carácter de sentencias definitivas, principio que […] admite excepción cuando la medida dispuesta es susceptible de producir un agravio al medio ambiente que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos: 339:142).
En ese sentido, no puede dejar de señalarse que en el particular ámbito de las demandas encuadradas en lasprescripciones de la Ley General del Ambiente, la interpretación […] debe efectuarse desde una moderna concepción de las medidas necesarias para protección del medio ambiente, pues el art. 4° de esa introduce en la materia los principios de prevención del daño ambiental y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles […].
Es a la luz de estos principios que debe interpretarse el último párrafo del art. 32 de la Ley General del Ambiente en cuanto en él se dispone que en cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, que el juez también podrá disponer sin petición de parte, aun sin audiencia de la parte contraria, prestándose debida caución por los daños y perjuicios  que pudieran producirse...” (considerando 3°).
2. Prueba. Carga de la prueba. Principio precautorio. Daño ambiental.
“[A]l omitir toda referencia a la prueba aludida, el tribunal no realizó el juicio de ponderación al que obliga la aplicación del principio precautorio, según el cual, cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente” (considerando 6°).
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIO AMBIENTE; DAÑO AMBIENTAL; PREVENCIÓN; PRINCIPIO PRECAUTORIO; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA;
Balgoczki (Causa N° 402)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la resolución impugnada y declaró improcedente la extradición (ministros Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz y ministra Highton de Nolasco).
1. Extradición. Cooperación penal internacional. Prescripción. Requerimiento judicial.
“[S]egún el artículo 11, inciso a, de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, la extradición no será concedida si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la ley del Estado requirente. A tal efecto, la solicitud de extradición de un imputado debe contener referencias específicas ´acerca de la fecha´ en que se cometió el hecho delictivo (artículo 13.a.); una ´explicación´ acerca de ´las razones por las cuales la acción penal no se encuentra extinguida´ (artículo 13.c.) y el ´texto de las normas penales y procesales aplicables al caso´ en cuanto estén vinculadas al extremo en cuestión (artículo 13.e.)” (considerando 3°).
“[Hungría] no incluyó el ´texto de las normas penales y procesales´ aplicables en cuanto estén vinculadas al extremo de la prescripción de la acción penal” (considerando 5°).
“[E]n efecto, los antecedentes acompañados por la República de Hungría solo dan cuenta -en lo que se refiere al recaudo bajo examen- que ´La punibilidad prescribe el 26 de enero de 2021, la legislación que la determina es la letra b) del artículo 32 del Código Penal, la letra b) del apartado (1) del artículo 33 del Código Penal y la letra a) de la resolución de unidad jurídica en materia penal número 1/2005 del Tribunal Supremo´…” (considerando 6°).
“[A]un cuando lo expuesto pudiera interpretarse como una ´explicación´ en los términos del artículo 13.c. de la ley aplicable, ello no suple la carga de acompañar ´el texto de las normas penales y procesales aplicables´ en relación al extremo en cuestión” (considerando 7°).
“[L] a argumentación que desarrolla el señor Procurador Fiscal para proponer la subsistencia de la acción penal según el derecho extranjero no solo no explica las razones por las cuales, frente al déficit antes señalado, sería admisible su propuesta de resolver el punto con ´textos legales´ disponibles ´a través del sitio oficial de Internet de la Comisión Europea´ sino que tampoco es consistente con la ´explicación´ brindada por el país requirente de acuerdo a la reseña incluida en el considerando 6° de la resolución” (considerando 8°).
EXTRADICION; COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL; PRESCRIPCIÓN; REQUERIMIENTO JUDICIAL;
Aybar (causa N° 1581)Juzgado Federal de Gualeguaychú
El Juzgado Federal de Gualeguaychú homologó el acuerdo e impuso la obligación de donar la suma ofrecida al Hospital Centenario de Gualeguaychú (juez Viri).

1. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley. Reparación.
“[E]l 19 de noviembre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución N° 2/2019, a través de la cual la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal resolvió implementar, entras normas, el art. 22 de ese plexo normativo.
En efecto, la referida Comisión Bicameral para la Implementación del Código Procesal Penal Federal surge en el marco de las facultades otorgadas por las Leyes N°27.063 –modificada por Ley N°27.482–, Ley N°27.150 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N°257/15, en las que se establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (aprobado por la ley 27.063), será acorde al cronograma de implementación progresiva que se vaya estableciendo.
De esta manera, y por medio de la entrada en vigencia del art. 22 del C.P.P.F., se dispone que los jueces y los representantes del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el conflicto que surja como consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.
2. Emergencia sanitaria. Salud pública. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Tipicidad. Reparación.
“[A]l encartado […] se le endilga el hecho de haber infringido las ‘medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia’, lo que prima facie podría encontrar su subsunción típica en el art. 205 del Código Penal de la Nación.
La naturaleza legislativa de ese tipo penal encuentra su fundamento en la protección del bien jurídico ‘salud pública’, lo que se erige como constitutivo de un interés social […]”.
“Por lo que, desde esa perspectiva, se concluye que este tipo de delito puede quedar comprendido en la alternativa reparativa contemplada en el art. 59 inc. 6º del Código Penal en miras a resolver el conflicto suscitado, dando preferencia a la solución que mejor se adecúe al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social (conf. art. 22 del C.P.P.F.). Claramente, el encuadre al caso de la figura penal de la reparación del perjuicio se corresponde con la entelequia de la justicia restaurativa, la cual tiene en miras que el encausado responda de forma directa con el daño causado”.
“[N]o existiendo controversia entre las partes de este proceso en torno a la aplicabilidad del instituto de marras –ya que tanto acusación como defensa han fundamentado debidamente toda la argumentación de hecho y de derecho que avala la aplicabilidad del acuerdo– es que esta Judicatura acuerda con tal postura, en pos de alcanzar los fines establecidos en el Código Procesal Penal Federal arribando a una solución armónica, eficaz, veloz y pacífica del conflicto”.
“[L]a donación de los cincuenta mil pesos ($50.000) que efectuará el imputado […], deberán ser puestos a disposición del Hospital Centenario de la Ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. Ello es así, puesto que a la luz de la vinculación existente entre la reparación ofrecida con el riesgo que habría provocado el hecho cometido, y siendo que la propagación de la epidemia tiene incidencia directa sobre los recursos económicos del sistema de salud local […]. Y además de esa manera, se satisface el objetivo de brindar un servicio de justicia acorde con la significación de la infracción y comprometido con el medio local en que opera”.
CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; REPARACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; SALUD PÚBLICA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; TIPICIDAD;
Ortiz (causa n°22050)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución que había dispuesto la habilitación de la feria judicial extraordinaria (jueces Pociello Argerich, Pinto y López).
1. Hurto. Feria judicial. Acordadas. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l asunto investigado en autos no se trata de ninguno de los supuestos previstos por los arts. 149 y 150 del Reglamento para la Jurisdicción y tampoco resulta viable la habilitación de la feria extraordinaria vigente, conforme los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El delito pesquisado -hurto- no está incluido dentro de las materias específicamente previstas en las Acordadas 6/20, 14/20, punto V y Anexo I, Protocolo y Pautas para la Tramitación de Causas Judiciales durante la Feria Extraordinaria, y 18/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (asuntos vinculados con la privación de la libertad de las personas, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública –fundamentalmente las conductas que contravengan el sistema normativo de prevención y mitigación dispuesto por las autoridades nacionales competentes en el marco de la presente emergencia-, delitos migratorios, interrupción de las comunicaciones, delitos vinculados con el aprovechamiento de la calamidad, habeas corpus, delitos contra las personas, contra la integridad sexual, contra la seguridad pública y contra el orden público, así como también narcotráfico, trata de personas y delitos informáticos)”.
2. Declaración de oficio. Principio acusatorio.
“[No] existió un pedido concreto y fundado del representante del Ministerio Público Fiscal de habilitar la feria extraordinaria en estas actuaciones -uno de los supuestos que la Corte ha considerado para habilitarla- y no existe en la presente acusador particular…”.
“[A]l tener especialmente en cuenta la expresa oposición de la defensa para continuar con el trámite de las actuaciones, la habilitación de la feria efectuada de oficio por la magistrada de la instancia anterior, no luce procedente, pues tramitar en forma discrecional todos los asuntos implicaría desnaturalizar las Acordadas del Máximo Tribunal que prevalecen en la interpretación normativa”.
HURTO; FERIA JUDICIAL; ACORDADAS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; DECLARACIÓN DE OFICIO; PRINCIPIO ACUSATORIO;
Schmidt (causa N° 2309)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó el auto de decomiso y dispuso la inmediata restitución del automóvil a su titular registral (jueza Fariña y juez Candisano Mera y, en disidencia parcial, juez Amabile).
Voto de la jueza Fariña y el juez Candisano Mera
1. Emergencia sanitaria. Decomiso. Pena accesoria. Automotores. Titular registral. Restitución de bienes.
“[C]abe apuntar que en el marco que autoriza el decreto 297/2020 Poder Ejecutivo Nacional, conforme surge del art. 4 la retención preventiva, en el contexto que regula en virtud de la pandemia ocasionada por el Covid 19, procederá mientras ‘resulte necesario’. Dicha circunstancia, en el supuesto de autos, debe ser complementada además con el hecho de que si bien el solicitante no acreditó el motivo por el cual el rodado estaba en poder de la causante, sí acreditó su titularidad, y no habiendo tampoco circunstancias que por el momento lo involucren en la participación del ilícito, corresponde su examen a la luz de lo previsto por el art. 23 del CP, in fine en cuanto deja a salvo los derechos de restitución de terceros”.
En este punto, y tomando en cuenta que el decomiso es una pena accesoria de carácter retributivo, teniéndose en cuenta la circunstancia apuntada, en tanto no hay prueba alguna indiciaria, en el estado en el que se encuentra la presente investigación, de que haya conocido o debido conocer la actividad delictiva de la encartada, y que haya debido suponer el uso que se le daría al vehículo”.
2. Decomiso. Dictamen. Deber de fundamentación. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[E]l Ministerio Público Fiscal, no ha dado motivos suficientes para sostener que resulte absolutamente necesario mantener el vehículo secuestrado, razón por la cual aparece en este estado, razonable, la entrega a su titular registral en calidad de depositario y con las obligaciones inherentes a su cargo, mientras dure la presente investigación”.
Voto en disidencia parcial del juez Amabile
3. Decomiso. Automotores. Titular registral. Restitución de bienes.
“[L]os hechos objeto de investigación no resultan subsumibles en aquellos que la Ley 26.683, estableció como bienes sujetos a decomiso sin condena previa. […] Es por ello que, atendiendo al estado embrionario del proceso, frente a las previsiones del art. 23 del Cód. Penal, habiéndose acreditado la titularidad sobre el vehículo en cuestión […], y ponderando que mantener su secuestro puede repercutir desfavorablemente en su adecuada conservación y valor, […] corresponde hacer lugar a lo peticionado […].
Por otro lado, […] supeditar la entrega del rodado a cuestiones tales como, exigirle al propietario algún supuesto de excepción para la prohibición de circular, […] constituye una cuestión ajena a la presente incidencia, que nada tiene que ver con el derecho invocado por el incidentista como propietario del bien, para tenerlo bajo su custodia.
Asimismo, cabe mencionar que el esclarecimiento de las razones por las cuales un tercero se encontraba circulando en su vehículo, en presunta infracción, de ningún modo puede condicionar la devolución peticionada, más aún, cuando tales circunstancias constituyen eventualmente el tramo fáctico constitutivo del objeto procesal de los autos principales, en los cuales, incluso, no se ha dirigido imputación concreta sobre el peticionante”.
EMERGENCIA SANITARIA; DECOMISO; PENA ACCESORIA; AUTOMOTORES; TITULAR REGISTRAL; RESTITUCIÓN DE BIENES; DICTAMEN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
CF (causa N° 7640)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III
La Sala IIl de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar al recurso, revocó la sentencia y rechazó la acción promovida (jueces Vallefín y Alvarez).
1. Derecho a la información. Interés público. Internet.
“[P]uede considerarse que la publicación se hace cargo de un asunto de interés público que cuenta con protección constitucional y que impide su eliminación. Un triple orden de razones sostiene esta afirmación: a) los sujetos que intervienen; b) el ámbito en que se discuten los hechos y c) el tema que involucra”.
“No se trata entonces sólo de un estudiante –condición que no se desconoce– sino que, además, como él mismo enfatiza es un militante social que apoyó activamente consignas feministas. Es, en otras palabras, un actor de la vida política universitaria que ha hecho público su compromiso con ciertas ideas”.
2. Universidad. Política pública. Violencia de género.
“Constituye un hecho notorio que centenares de sitios semejantes actúan en Internet y que muchos de ellos nacen o se vinculan con espacios universitarios. Este fenómeno lejos de ser local se extiende por otras regiones. Difunden aportes académicos, constituyen un foro de discusión, son fuente de información sobre temas específicos y, crecientemente, un espacio de denuncia a políticas y prácticas, colectivas o individuales, que consideran contrarias a sus ideas. Se trata, entonces, de un sujeto indudablemente público”.
“[La agrupación] participa de la vida académica y política en el ámbito de la Facultad de […] la Alta Casa de Estudios de la ciudad de La Plata. Se trata de uno de los muchos sujetos que conforman el plural espacio ideológico propio de la vida universitaria. En el cometido que se propuso cumplir, decidió hacer pública la conducta que un estudiante y militante desplegó en la relación que lo vinculó sentimentalmente con una compañera también estudiante.
El discurso no está desvinculado de la política universitaria de la que tanto el actor como la Comisión son protagonistas activos. [N]o se desnuda un hecho privado sino que se procura exhibir la insostenible dualidad de conductas que le atribuyen a un militante propio…”.
“Naturalmente, el primer examen no debe prescindir del contenido de la publicación que se denuncia como agraviante y que fue transcripta íntegramente por su relevancia. En primer lugar, es necesario interpretarla en su conjunto. No se la debe fraccionar destacando expresiones que, aisladamente consideradas, no cuentan con protección constitucional. En efecto, no puede desconocerse que los calificativos de abusador, manipulador y machista –así se retrata al actor–portan un contenido injuriante. Pero, en segundo lugar, ese propósito agraviante o de deliberada intromisión en la vida privada del actor no se deriva de la publicación. Uno de sus militantes exhibe […] un inadmisible doblez en su conducta. Hay un discurso de denuncia política, no de descalificación personal”.
3. Género. Interés público. Libertad de expresión.
”La tajante división entre la esfera pública y privada, sencilla de trazar en los casos extremos, se torna más borrosa en esta causa. El feminismo, que comenzó reivindicando un lugar en el espacio público para las mujeres, la reivindicación de ciudadanía en la revolución francesa, el derecho al sufragio en el siglo XIX, ha terminado cuestionando los conceptos clásicos de lo público y lo privado, y ha llevado al espacio público temas que se han considerado exclusivos del espacio privado (planificación familiar, aborto, violencia doméstica, etc.), ensanchando de este modo el ámbito de la política […].
Se advierte entonces que esa caracterización inicial de esfera privada blindada a la difusión o al escrutinio público, se debilita. El caso exhibe […] circunstancias particulares que no tornan forzoso presentar al discurso en crisis como un acto injurioso o de intromisión indebida en asuntos particulares. Si la Corte Suprema se ha referido a los temas de interés público como las `áreas que preocupan, importan o interesan a toda la sociedad´[…], no es posible desechar de plano que esto ocurra en la causa. Por el contrario, las manifestaciones de una agrupación que enarbola la defensa de las mujeres e identidades disidentes, denunciando que un militante se involucra en prácticas incompatibles con dichos ideales, debe considerarse un discurso amparado constitucionalmente”.
4. Libertad de expresión. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Violencia de género.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos […] ha perfilado los requisitos que deben reunirse para justificar dicha restricción. Para que una determinada limitación a la libertad de expresión sea compatible con el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana, se exigen tres requisitos: a) que sea definida en forma precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material; b) que persiga objetivos autorizados por la Convención y c) que sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persigue, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr tales objetivos. Y finalmente destaca: la verificación del cumplimiento de las condiciones mencionadas se hace más exigente cuando las limitaciones recaen sobre discursos especialmente protegidos, particularmente sobre el discurso relativo a funcionarios públicos; asuntos de interés público; candidatos a cargos públicos, al Estado y a las instituciones que lo conforman”.
“La violencia contra las mujeres, en sus múltiples formas, ha derivado en un creciente número de normas dirigidas a erradicarla […]. El nutrido conjunto de medidas que el Estado reconoce y está obligado a desarrollar en virtud de la legislación vigente para proteger integralmente a las mujeres, también incide en la actividad de información, denuncia, protesta, etc. que individual o colectivamente despliegan. En otros términos, no traduce un genuino cumplimiento de los mandatos expuestos que los canales para hacer públicos dichos reclamos –hoy, predominantemente, a través del uso de Internet y, en especial, de las denominadas redes sociales– sean indebidamente restringidos o silenciados”.
DERECHO A LA INFORMACIÓN; INTERÉS PÚBLICO; INTERNET; UNIVERSIDAD; POLÍTICA PÚBLICA; VIOLENCIA DE GÉNERO; GÉNERO; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Rombola (causa N° 71954)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso y absolvió al imputado (jueces Rimondi y Bruzzone y jueza Llerena).
1. Versiones contrapuestas. In dubio pro reo. Sana crítica.
“[A]siste razón a la defensa técnica del imputado […], en punto a que existen falencias en la valoración integral de dicho material probatorio, que descalifican la conclusión a la que se arriba como acto jurisdiccional válido. [E]l a quo desatendió la regla de la sana crítica […] y los principios que la regulan por cuanto no se ocupó de desestimar, en profundidad, la versión exculpatoria del acusado y que […] deriva en un escenario que admite la duda razonable. En otras palabras, el plexo probatorio reunido no resulta suficiente para fundar un juicio de reproche en los términos allí consignados y, en consecuencia, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, […] corresponde absolver de culpa y cargo a [l imputado]”.
2. Prueba. Apreciación de la prueba. Lesiones. Informes. Pericia médica.
“[N]o es correcto afirmar, como lo hizo el tribunal oral, que la declaración de [la víctima] haya sido clara, firme y precisa, sobre todo si se la completa con sus poco asertivas manifestaciones referidas al lugar del cuerpo en donde se constató la lesión […] y que durante el debate no logró ser debidamente esclarecido por el testimonio de la denunciante. [A] diferencia de lo afirmado por el a quo, esa circunstancia sí hace a la existencia del hecho imputado cuando forma parte de su mecánica, es negada su ocurrencia por el acusado y no encuentra plena compatibilidad con el informe médico […], respecto del cual […] la fiscalía no se ocupó sanear en su controversial contenido al omitir procurar la comparecencia al debate del responsable de su confección”.
“[D]e un lado se observa poca seguridad de la declarante que, a preguntas de la fiscalía para que reconociera ‘la fotografía como la lesión que tuvo. Dice que es parecida a la que tenía. Dice que es parecida a un hematoma, un poco grande. No sabe si es el frente. Dice que cree que es la espalda porque hay una etiqueta de los jeans y cree que es en una zona posterior’ […]. De otro, ese informe médico hace referencia a que la lesión equimótica se ubica en el abdomen, flanco derecho de la persona examinada; región corporal que difícilmente haya podido ser afectada por el objeto arrojado conforme la mecánica del hecho relatada por la denunciante (recuérdese que el [objeto] habría sido arrojado desde atrás). Asimismo, y aun manteniendo el razonamiento que sigue el fallo, que refiere a un error material en la realización del informe y asigna plena validez a parte de aquél (su fotografía) sin explicar por qué debería suprimirse su texto y no su imagen cuando todas sus partes forman parte de un mismo documento –conclusión a la que se llega […], sin contar con el testimonio de la médica que lo realizó–…”.
3. In dubio pro reo. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[E]l magistrado a quo cree a quien aparece como víctima en el proceso y, a partir de esa creencia, despliega los elementos de juicio que la avalan, mediante un análisis fragmentado del material probatorio rendido en el debate”.
“En este entendimiento, que arroja un manto de duda razonable respecto de que la lesión constatada en la damnificada haya sido causada por [el imputado], […] corresponde aplicar el art. 3 CPPN”.
“Será el principio de la duda, de raigambre constitucional, el que conduzca a la absolución del nombrado, toda vez que no aparecen elementos suficientes para acreditar de manera certera la conducta típica sobre las que versó la imputación. Ello no importa descreer del testimonio de la víctima sino, por el contrario, implica sostener que, partiendo de la propia versión de [RA], existe una duda razonable de que la lesión por ella descripta y constatada hubiera sido causada por la agresión [del imputado]”.
VERSIONES CONTRAPUESTAS; SANA CRÍTICA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; IN DUBIO PRO REO; LESIONES; INFORMES; PERICIA MÉDICA;
Asesoría Tutelar N° 2 (causa N° 3264)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que por todo el tiempo en que durasen las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se suspendiese la vigencia del punto 3 del Anexo I de la Resolución N° 13/SSTES/20, en cuanto establecía requisitos para la entrega de equipos informáticos a alumnos y alumnas que asistieran a establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la CABA. Además, ordenó al GCBA que en el plazo de cinco días, entregase a todos los alumnos y alumnas un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizarlas tareas escolares que garantizasen su continuidad pedagógica en modalidad virtual.
Además, estableció que la situación de vulnerabilidad social se iba a entender automáticamente acreditada en el caso que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante fuera beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional, o bien cuando residieran en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA.
Por último, ordenó al GCBA que dispusiera la instalación en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA, de equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándarmínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existiesen impedimentos técnicos, se dispuso la entrega de un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet (juez Gallardo).
1. Medidas cautelares. Educación. Niños, niñas y adolescentes. Verosimilitud del derecho.
“[L]as normas recientemente dictadas parecen constituir, en lo que hace al acceso igualitario a la educación, meras expresiones de deseo que no se ven reflejadas en políticas públicas concretas, sino que, por el contrario, tendrían como resultado acentuar la desigualdad de oportunidades de los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, frente a quienes sí cuentan con los medios tecnológicos para continuar con el proceso de aprendizaje en forma remota o virtual.
Así, por ejemplo, cabe mencionar que al establecerse el mecanismo para la entrega de computadoras portátiles, netbooks y tablets a estudiantes mediante Resolución 13/MEGC/2020, se impusieron una cantidad de requisitos que, sin ninguna razonabilidad, excluyen a una gran porción de los alumnos y alumnas que carecen de recursos para obtener tales medios tecnológicos”.
“[E]l contraste entre los textos […] legales referenciados […], y la conducta del GCBA en cuanto a la implementación de medidas concretas que aseguren el acceso a la educación en condiciones de igualdad en el marco de la suspensión de clases presenciales, permite tener por acreditada, aún en el acotado marco cognoscitivo del presente proceso, la verosimilitud del derecho invocado por los actores”.
2. Emergencia sanitaria. Peligro en la demora. Tutela judicial efectiva.
“En cuanto al peligro en la demora, […] se encuentra suficientemente acreditado con la situación de hecho antes descripta, sobre todo si se tiene en cuenta que ya han trascurrido casi tres meses desde la suspensión de las clases presenciales, que a partir del día de la fecha comienza un nuevo período de aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extenderá por tres semanas más, y que las autoridades locales ya han anticipado públicamente que no está previsto por ahora el reinicio de clases en forma presencial.
La situación de emergencia es pública y notoria, […] de dilatarse la adopción de una medida tendiente a contrarrestar las omisiones del GCBA en materia de herramientas que posibiliten a todas y todos los niños y niñas continuar con el proceso de aprendizaje durante la pandemia, el daño podría ser aún más grave e irreparable de lo que ha sido hasta la fecha.
En ese orden de ideas, es dable concluir, que el requisito de peligro en la demora se encuentra claramente configurado y que la adopción de medidas cautelares en el orden de lo peticionado se evidencia como el único medio para salvaguardar adecuadamente los derechos cuya protección se persigue en el presente proceso de amparo colectivo”.
MEDIDAS CAUTELARES; EDUCACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; EMERGENCIA SANITARIA; PELIGRO EN LA DEMORA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Diaz (causa N° 8765816)Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, provincia de Córdoba
El Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco intimó a las partes a dar cumplimiento a la prohibición recíproca de presencia en el domicilio o residencia, lugar de trabajo, estudios de esparcimiento u otros lugares que frecuentasen y prohibió todo tipo de comunicación, por cualquier medio. Además, instó al señor D. para que acompañase constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico ordenado. Por último, intimó a la policía de la provincia de Córdoba a que cesare de manera inmediata la violencia indirecta de carácter institucional, económica y patrimonial que se ejercía sobre la mujer (juez Peretti).
1. Violencia familiar. Violencia de género. Retractación. Denuncia. Jurisprudencia.
“[E]l valor de la retractación en los casos de violencia familiar fue analizado por el Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia in re `Agüero´ […]. Allí se sostuvo que `…cuando se trata de juzgar ilícitos cometidos en un marco de violencia doméstica, esto es, aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar… que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad (art. 6 Ley 26.485), su estudio debe ser abordado bajo un atento criterio de amplitud probatoria en atención a las circunstancias especiales en las que se desarrolla… En efecto, en la propia dinámica de esta clase de violencia de género va ínsita la superioridad del varón que goza de la impunidad que le garantiza lo privado del ámbito intrafamiliar en que generalmente se realizan los actos, el temor de la víctima a mayores represalias y a la pérdida de los lazos familiares, la falta de crédito que se les suele asignar, etc. Este particular escenario no puede ser dejado de lado como pauta valorativa tanto al fijar los hechos como la sanción a aplicarse, puesto que el reforzamiento de la protección para las mujeres sometidas a hechos de violencia de género es una obligación asumida por el Estado a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará ley 24.632). Dicha Convención impone, como uno de los deberes de los Estados, condenar todas las formas de violencia contra la mujer (art. 7 inc. b) manda que ha sido cristalizada en nuestro derecho nacional en la Ley N° 26.485 (Ley de Protección Integral a las mujeres) y a nivel local con la Ley 9283 (Ley de violencia familiar)…´.
En el caso de marras, teniendo en cuenta tales directrices, corresponde no asignar valor alguno a la retractación ensayada por la señora V. A. G. […]. La dinámica propia del ciclo de la violencia doméstica ha dado cuenta que la denunciante está presionada y hostigada […], temerosa y con sentimiento de culpa […], forzada por circunstancias económicas e incluso laborales […].
Conforme a lo señalado, por aplicación de las directrices internacionales fijadas por la `Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer´[…], la `Convención de Belem Do Pará´[…], así como también nacionales a través de la `Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales´ (Ley N° 26.485) y Ley Provincial N° 9.283, la retractación de la víctima es vista como un indicio más que permite presumir de manera unívoca que el ciclo de violencia se encuentra instalado entre el agresor y la víctima…”.
2. Violencia de género. Violencia institucional. Revictimización. Victima. Medidas de acción positiva.
“[L]a disminución concreta de los ingresos que percibe la señora G. tienen su origen en un `Protocolo´ de la Policía de la Provincia de Córdoba que resulta aplicable para situaciones de violencia familiar o de género que se susciten entre personal en actividad y/o en situación de retiro. Al respecto, […] dicho procedimiento administrativo importa una forma de violencia indirecta (art. 4°, seg. párr. de la Ley N° 26.485), atento que la simple lectura del documento […] permite concluir sin hesitación que existe tratamiento igualitario para el denunciante y denunciada y/o agresor y víctima, circunstancia que resulta inadmisible en vigencia del plexo normativo nacional e internacional que pregona la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado […].
No cabe ninguna duda que la aplicación del referido `Protocolo´ importa una revictimización y/o una victimización secundaria y/o una doble victimización, toda vez que la denunciante, sin perjuicio de ser víctima de violencia familiar por parte del agresor, también está recibiendo un `castigo´ de su empleador (i.e., menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales), circunstancia que ha derivado en la presentación forzada de una retractación […], lo que atenta contra el derecho humano de la mujer a vivir una vida sin violencia y, específicamente a preservar su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. En síntesis, […] la aplicación del referido `Protocolo´, en el caso concreto, implica un caso manifiesto de violencia indirecta de carácter institucional por la Policía de la Provincia de Córdoba, toda vez que importa una práctica estructural que restringe la autonomía y/o libertad económica y patrimonial de la víctima de violencia familiar, con la consecuencia revictimización.
En dicho entendimiento, teniendo en cuenta las referidas directrices internacionales, […] debe adoptar[se]medidas de acción positivas con el objetivo de derribar la situación que coloca a la señora G. en situación de sometimiento, todo ello con el objetivo de lograr la igualdad sustantiva o de facto(cfr. Recomendación General N° 25, sobre el párr. 1° del art. 4° de la CEDAW). Así pues, la Policía de la Provincia de Córdoba deberá cesar con carácter urgente la violencia indirecta de carácter institucional, económica y patrimonial que está ejerciendo sobre la señora V. G., debiendo arbitrar los medios necesarios para que la denunciante no vea mermados sus ingresos mientras duren las medidas preventivas dispuestas por este Juzgado…”.
VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA DE GÉNERO; RETRACTACIÓN; DENUNCIA; JURISPRUDENCIA; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; REVICTIMIZACIÓN; VICTIMA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Silva (causa N° 1081)Juzgado Federal de Corrientes
El Juzgado Federal de Corrientes N° 1 y concedió la prisión domiciliaria al imputado (juez Vallejos).
1. Prisión preventiva. Pena. Riesgos procesales.
“La pena prevista para el ilícito que se investiga en las actuaciones principales […] excede las previsiones del artículo 316 del rito penal, razón por la cual resulta en principio legítimo presumir que el encartado habrá de intentar eludir la acción de la justicia en caso de recuperar su libertad”.
“Ahora bien, al no poder establecer causas concretas de que el imputado […] con el beneficio de una prisión domiciliaria intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones preliminares, corresponde en consecuencia otorgar una respuesta digna, justa y responsable al detenido en cuestión y resolver positiva y excepcionalmente esta cuestión”.
2. Código Procesal Penal. Reforma legal. Prisión domiciliaria.
“Conforme a la nueva normativa legal vigente, art.210, inc. j del Código Procesal Penal Federal, el arresto domiciliario allí previsto no limita su aplicación en función de la edad del imputado, su estado de salud, preñez o condición de madre de menores de cinco años o discapacitados como lo hacen los arts. 10 del CP y 32 de la ley 24.660, que aluden a la posibilidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad bajo esta modalidad. Presenta, como se observa del texto de la norma, un ámbito más amplio de aplicación”.
“Por lo tanto, en el caso se presentan razones humanitarias para la morigeración de la prisión preventiva (art.210, inc. j del Código Procesal Penal Federal). [E]n el caso se presentarían los riesgos procesales indicado en el Art. 319 C.P.P.N. en relación a los arts.221 y 222 del CPF), y de todos los elementos tomados en consideración, [resulta] necesario que se impongan las siguientes medidas de seguridad: y como es indispensable asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, corresponde la imposición combinada de las siguientes medidas de coerción previstas en el art.210 del CPF: a) la promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; b) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen; c) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; d) la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine”.
PRISIÓN PREVENTIVA; PENA; RIESGOS PROCESALES; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Soares Souza (causa N° 482)Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes hizo lugar al recurso de manera parcial, revocó la decisión y concedió la medida requerida hasta el dictado de la sentencia que decidiera el fondo de la cuestión. En tal sentido, ordenó a ANSES que recibiera las documentaciones de la mujer y sus hijos y diese trámite urgente a su solicitud, sin que la antigüedad de residencia de la actora pudiera ser motivo de negativa para la concesión de la asignación universal por hijo (juezas Badaró, Sotelo de Andreau y Spessot).
1. Seguridad social. Asignaciones familiares. Interés superior del niño. DESC. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Migrantes. Vulnerabilidad. Medidas precautorias.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado `Que el derecho al otorgamiento por parte del Estado de los beneficios de la seguridad social, con carácter integral e irrenunciable, está consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Tal manda constitucional concreta la previsión del art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que proclama que `Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social´.
A fin de hacer efectivo el reconocimiento contemplado en las referidas disposiciones, elart. 75, inc. 23 de la Carta Constitucional pone en cabeza del Congreso de la Nación el dictado de un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y a la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia […]. Que en las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales luego del examen del tercer informe presentado por Argentina como Estado […] se destacó […] la preocupación de `que los requisitos para recibir la Asignación Universal por Hijo, establecida por ley, en la práctica excluyan a ciertos grupos, como los migrantes y sus hijos, del derecho a recibir la prestación´. Se instó al Estado `a que considere la posibilidad de adoptar todas las medidas que sean necesarias para ofrecer la cobertura de la Asignación Universal por Hijo sin restricciones, especialmente en el caso de grupos de personas marginadas y desfavorecidas, como los hijos de los trabajadores migratorios en situación irregular y los hijos de las personas privadas de la libertad´ (CSJN, FLP 58330/2014 Internas de la Unidad n° 31 SPF y otros s/ habeas corpus. Sentencia del 11 de febrero de 2020).
Que, tal como lo infirió el Alto Tribunal en el Fallo de mención, de las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para el acceso al beneficio podrían existir ciertas exclusiones, como puede ser el caso de la actora y sus hijos, y hechos de parte del Estado que se contrapongan con las normas internacionales a las que nuestro país adhirió y contrasten con los fines que se tuvieron en cuenta para la creación del beneficio, el cual buscó mejorar la situación de los menores y adolescentes –pertenecientes a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal en situación de vulnerabilidad social”.
SEGURIDAD SOCIAL; ASIGNACIONES FAMILIARES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DESC; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; MIGRANTES; VULNERABILIDAD; MEDIDAS PRECAUTORIAS;
QFJM (causa N° 166)Juzgado de Familia Nº 7 de Viedma
El Juzgado de Familia N° 7 de Viedma, provincia de Río Negro, hizo lugar a la petición y fijó una cuota alimentaria provisoria a favor de la joven (jueza Dumpé).
1. Niños, niñas y adolescentes.Violencia. Violencia de género. Vulnerabilidad.
“[N]o debe perderse de vista que L. tiene un doble plus de protección por tratarse de una persona menor de edad […]  y por ser mujer […] y que aunque de las constancias del expediente surge que es su madre quien sufre directamente la violencia física por parte del Sr. P. […] ser testigo de dichos actos ubican a la adolescente en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección, sumado a que su madre, quien tiene la obligación legal de protegerla, no dimensiona la violencia y los malos tratos a los que se encuentra sometida y, por ende, no puede salir de dicho círculo….”.
2. Alimentos. Progenitor afín. Tutela judicial efectiva.
“[E]l artículo 676 del CCyC es plenamente aplicable al caso, porque […] debe conjugarse con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional de manera de realizar una mirada integral del conflicto que ya no tiene como única respuesta a la ley sino que debe estar inspirada en la Constitución y los tratados de Derechos Humanos en los que la Nación sea parte […].
A ello debe adicionarse las pautas incorporadas por las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño que integran nuestro Bloque de Constitucionalidad Federal. Así […] la OG N° 2 sobre promoción y protección de los derechos del niño, OG N° 5, OG N°13 sobre el derecho del niño, niña o adolescente a no ser objeto de ninguna forma de violencia y OG N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Haciendo hincapié, además, en la obligación del Estado Rionegrino en la pronta adopción demedidas de protección de derechos una vez verificada la amenaza o violación de los derechos amparados en el ley provincial (arts. 36 a 40 de la ley 4109)”.
3. Tutela judicial efectiva. Género. Niños, niñas y adolescentes.
“Asimismo, el artículo 5 del Código Procesal de Familia, vigente desde el pasado 2 de marzo del corriente año en todo el territorio rionegrino, impone la obligación a la judicatura de resolver el conflicto familiar con perspectiva de género.
Este es un principio interpretativo y rector de la actuación procesal y que impone a los encargados de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración, las asimetrías tanto particulares como estructurales, al decidir un asunto. Para ello, existen ciertos indicadores que deben utilizarse al momento de evaluar un asunto, a saber: `Los impactos diferenciados de las normas; La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres; Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género; La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones; La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias´…”.
“[S]i bien la convivencia con la hija de su pareja finalizó –lo que en circunstancias normales haría cesar la obligación alimentaria del progenitor afín–, en este caso L. no vive más junto a él y su madre por una causa exclusivamente imputable al Sr. P. (la violencia ejercida y aquí acreditada al menos en forma sumaria), lo que le ocasiona un daño, la ubica en una situación de vulnerabilidad y desprotección en una etapa muy significativa de su vida como es la adolescencia, agravado por el hecho de que no ha sido reconocida por su padre y su madre es su única responsable legal…”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; ALIMENTOS; PROGENITOR AFÍN; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; GÉNERO;
Carranza (causa N° 31460)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 1 hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año (jueza Prado).
1. Suspensión del juicio a prueba. Reglas de conducta.
“El instituto de suspensión de juicio a prueba consiste en un aplazamiento del curso normal del proceso (que debería finalizar con el dictado de una sentencia definitiva), mediante la asunción voluntaria del acusado de la obligación de ajustar su conducta futura al cumplimiento de determinadas pautas de comportamiento. Esta vía, que procura una solución no punitiva del conflicto, pondera la capacidad de autogobierno del imputado, al tiempo que le confiere la posibilidad de asumir un papel relevante en la reparación del daño ocasionado […].
El fiel cumplimiento de las pautas de conducta, por el plazo temporal que fije el tribunal, conduce a la culminación de manera definitiva del proceso seguido en contra del imputado. Por lo contrario, la inobservancia de todas o algunas de las pautas de conductas por parte de aquél deja latente la posibilidad de proseguir con el proceso penal, hasta el dictado de sentencia definitiva”.
2. Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal. Antecedentes penales. Principio de inocencia. Derecho penal de autor.
“En efecto, el representante del Ministerio Público Fiscal ha objetado la procedencia de la suspensión del juicio a prueba en razón de las causas penales existentes en contra del imputado […]. Sobre la base de esa circunstancia, el señor Fiscal General sostiene el criterio de que Carranza es un delincuente ocasional de delitos de similar tenor y que la eventual pena a imponerle en autos no sería de ejecución condicional, sino de cumplimiento efectivo, lo que torna inviable la suspensión del juicio a prueba.
Ahora bien, dicho reparo merece la observación de que, sobre el imputado, no pesa condena alguna, sino causas penales en curso, en estado procesal de citación a juicio, y en las que los hechos cuya comisión se le atribuyen revisten sólo el grado de probabilidad, lo que —de suyo— impide torcer la presunción de inocencia que ampara al justiciable (art. 18, CN).
De la existencia de tales procesos penales, el Fiscal General ha derivado la condición de delincuente ocasional del imputado y recordado que la probation constituye una vía alternativa de conclusión de procesos para delincuentes eventuales. Sin embargo, por su sesgo peligrosista, este juicio —propio de una concepción de Derecho Penal de autor, basada en la consideración de una vida mal orientada, proclive al delito— no puede tener acogida, siendo que Carranza carece de antecedentes penales computables a considerar en autos (art. 50 a contrario sensu, CP)”.
3. Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal. Unificación de penas. Antecedentes penales. Principio de inocencia.
“Ciertamente, el instituto de unificación de penas reglado por el artículo 58 del Código Penal viene a remediar la situación de pluralidad de pronunciamientos jurisdiccionales en relación con hechos sobre los cuales han recaído sentencias sucesivas en contra de una misma persona. En este sentido, la observación que —como objeción— introduce el representante del Ministerio Público Fiscal obliga a mirar el caso de manera cabal y concreta: las restantes imputaciones delictivas que pesan sobre el imputado atañen a hechos que se ventilan en causas penales diferentes, en la órbita de la justicia provincial y, según lo dicho, las tres se hallan en estado de citación a juicio, por lo que no ha recaído sentencia condenatoria en su contra a la fecha.
En otros términos, para considerar viable hoy el instituto de unificación de penas (art. 58, CP), y acordar así con el Fiscal General respecto del pronóstico punitivo que postula, debería darse la condición de tratarse de hechos cometidos por Carranza, acreditados con el grado de certeza, sobre los cuales hubiera recaído sentencia condenatoria firme, extremo que no se verifica en autos”.
4. Suspensión del juicio a prueba. Dictamen. Oposición fiscal. Control judicial.
“Dado que el Ministerio Público Fiscal se ha opuesto a la concesión de la probation solicitada por la defensa, conviene tener presente que la jurisprudencia y doctrina no son uniformes sobre la condición vinculante del dictamen fiscal, sino que se hallan divididas. [L]a opinión de la fiscalía se halla sometida a control de legalidad; en otros términos, entiendo que respecto de la posición fiscal cabe siempre un control jurisdiccional de logicidad y legalidad, superado el cual recién puede afirmarse que su conformidad constituye presupuesto procesal de la suspensión, por imperio de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal”.
“[L]a objeción fiscal a la procedencia de la suspensión resulta arbitraria, por carecer de respaldo legal. Los razonamientos brindados al Tribunal no explican el modo en que la imputación de la presente causa impediría —en su caso— la aplicación de una condena de ejecución condicional (art. 26, CP).
Por el contrario, dada la ausencia de antecedentes penales del imputado, así como las circunstancias y características del hecho delictivo que se le endilga —sin que esto importe adelanto de opinión al respecto—, no se avizoran razones de peso que lleven a la suscripta a presuponer que, en el eventual caso de recaer condena sobre Carranza, la misma excedería del mínimo de la escala penal prevista para el delito que se le endilga, esto es, tres años de prisión.
Por las razones dadas, […] la oposición fiscal no resulta obstáculo legal en autos para la aplicación de la suspensión del juicio a prueba y, en consecuencia, la petición formulada por la defensa debe tener acogida”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; REGLAS DE CONDUCTA; OPOSICIÓN FISCAL; ANTECEDENTES PENALES; PRINCIPIO DE INOCENCIA; DERECHO PENAL DE AUTOR; UNIFICACIÓN DE PENAS; DICTAMEN; CONTROL JUDICIAL;
BBL (causa N° 69108)Juzgado Nacional Civil Nro. 23
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 23 hizo lugar a la solicitud y concedió la adopción plena de los niños. Asimismo, y en atención a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, invitó a las partes a participar a una audiencia por la plataforma Zoom, junto con el Defensor de Menores e Incapaces, a fin de comunicarles la decisión de conformidad con lo dispuesto en la Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño (jueza Díaz Cordero).
1. Adopción. Convención sobre los Derechos del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Familia.
“La Convención de los Derechos del Niño, ya en su Preámbulo recuerda que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales […]; reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y tiene presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, `el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento´.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo destaca que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“El principio del interés superior, desarrollado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación general Nº 14 […] es el que guiará la presente decisión. El Comité señala que el objetivo del concepto de interés superior del niño significa garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño (párr. 4), que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño (Observación general Nº 5, párr. 12).
El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho (párr. 6)”.
3. Interés superior del niño. Adopción. Derecho a ser oído.
“Con respecto a la adopción […], se indica que el derecho del interés superior se refuerza aún más; no es simplemente `una consideración primordial´, sino `la consideración primordial´. En efecto, el interés superior del niño debe ser el factor determinante al tomar una decisión relacionada con la adopción.
La determinación del interés superior del niño debe comenzar con una evaluación de las circunstancias específicas que hacen que el niño sea único. Ello conlleva la utilización de algunos elementos y no de otros, e influye también en la manera en que se ponderarán entre sí. Para los niños en general, la evaluación del interés superior abarca los mismos elementos (párr. 49).
Al evaluar y determinar el interés superior de un niño o de los niños en general, debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (art. 3, párr. 2 CDN). Los términos `protección´ y `cuidado´ también deben interpretarse en un sentido amplio, ya que su objetivo no se expresa con una fórmula limitada o negativa (por ejemplo, `para proteger al niño de daños´), sino en relación con el ideal amplio de garantizar el `bienestar´ y el desarrollo del niño. El bienestar del niño, en un sentido amplio, abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad (párr. 71).
El cuidado emocional es una necesidad básica de los niños; si los padres o tutores no satisfacen las necesidades emocionales del niño, se deben tomar medidas para que el niño cree lazos afectivos seguros. (párr. 72)”.
“[L]a Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño […], que se aboca al derecho a ser oído, plasmado en el art. 12 CDN y reconocido especialmente en la Observación General N° 9 […] en su párrafo nro. 32. Allí dispone que los Estados Partes deben alentar al niño a que se forme una opinión libre y ofrecer un entorno que permita al niño ejercer su derecho a ser escuchado […]. Ello sin límite de edad […], destacando el lenguaje no verbal, y las distintas maneras en que los niños pueden expresarse.
Al [tomarse] contacto en dicha oportunidad, [se pudo] apreciar que los hermanos se encuentran integrados con el matrimonio, habiendo generando un vínculo de amor con el matrimonio C. R. L., corroborando las conclusiones de los informes de seguimiento de guarda obrantes en los autos conexos y las diferentes manifestaciones del […] matrimonio”.
ADOPCIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; FAMILIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A SER OIDO;
Caicedo Lobo (reg. N° 1125 y causa N° 93243)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión judicial y concedió la excarcelación (jueces Rimondi y Bruzzone).
1. Pena. Determinación de la pena. Antecedentes penales.
“[N]o existe a priori ningún elemento que permita inferir que la eventual sanción que le pudiera corresponder al imputado en la presente investigación vaya a superar el mínimo legal para el concurso de delitos que se le reprocha (tres años).
Corresponde aquí recordar que el imputado fue procesado por haber aportado un automóvil a dicha organización delictiva. Lo cual, sumado a que Caicedo Lobo no posee condenas previas, no permite descartar que la eventual sanción pueda ser de cumplimiento en suspenso”.
2. Excarcelación. Riesgos procesales. Arraigo. Extranjeros.
“Por otro lado, no puede perderse de vista que no resulta legítimo cargar sobre Caicedo Lobo el hecho de que existan otras personas imputadas que hayan ingresado de manera irregular al territorio nacional; […] no es objeto de controversia en este asunto que el imputado ingresó de modo legal a nuestro país y que su situación migratoria es regular…”.
“[D]ebe mencionarse que el imputado se identificó correctamente; no posee antecedentes condenatorios ni rebeldías dictadas en este u otro proceso; el domicilio que aportó fue correctamente constatado y posee un núcleo familiar consolidado en el país, compuesto por su pareja y su hija recién nacida…”.
PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; ARRAIGO; EXTRANJEROS; ANTECEDENTES PENALES;
Diaz Gonzalez (Causa n° 7062)Cámara Federal de Casación Penal, Sala III
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar de forma parcial a la impugnación, anuló el trámite de la petición in pauperis del imputado y de todo lo actuado en consecuencia y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para su sustanciación (jueces Riggi y Gemignani y jueza Catucci).
1. Recurso in forma pauperis. Derecho de defensa. Defensa material.
“De los antecedentes de la causa surge con claridad la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, durante el trámite de la instancia oral en el que el justiciable se vio privado de su legítima asistencia técnica”.
“La sustanciación de la incidencia sin otorgarle al enjuiciado la posibilidad de sostener sus propias razones y abundar en otras en apoyo de su voluntad, implica la franca violación de una de las garantías fundamentales del proceso penal”.
“[L]a omisión de dar traslado a la defensa de la petición efectuada in pauperis por el detenido, constituye un vicio del procedimiento causante de nulidad absoluta de las previstas en el artículo 167 inc. 3) del CPPN, a partir de la primigenia petición in pauperis [del imputado]”.
RECURSO IN FORMA PAUPERIS; DERECHO DE DEFENSA; DEFENSA MATERIAL;
Romero (causa N° 82876)Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 63
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 63 homologó el acuerdo, declaró la extinción de la acción penal por conciliación y sobreseyó a la persona imputada (jueza Peluffo).
1. Conciliación. Reforma legal. Vigencia de la ley. Consentimiento fiscal. Emergencia sanitaria.
“Llegado el momento de resolver sobre la cuestión […], en primer lugar [se habrá] de señalar que la actual vigencia de la medida de restricción circulatoria oportunamente dictada, y lo decidido en consonancia por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, en cuanto prioriza la práctica de actos procesales de manera remota, […] obliga a atender el asunto en la presente modalidad.
De esta forma, y atendiendo que las partes han coincidido plenamente en cuanto a la adopción de una solución alternativa al conflicto aquí ventilado, ello en los términos del art. 59 inc. 6to. del CP., solo resta a la suscripta efectuar un control negativo de la razonabilidad y legalidad de dicho acuerdo y lo dictaminado a su respecto, superado el cual, se deberá resolver en consecuencia.
En este sentido, luego de un minucioso análisis de las constancias de autos, […] el acuerdo presentado y lo postulado a su respecto por el Sr. Auxiliar Fiscal cumple los requisitos […] e incluso corrobora la voluntad de la víctima […]. Sentado ello, […] el instituto de la conciliación deviene aplicable en el caso para la solución del conflicto; ello, conforme lo disponen los art. 22 y 34 del CPPF –actualmente vigente, según la resolución n° 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal–“.
2. Incendio. Coacción. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la libertad.
“En este marco, si bien el último de los artículos mencionados, establece que la víctima e imputado podrán realizar acuerdos conciliatorios en los casos de ‘delitos patrimoniales cometidos sin grave violencia sobre las personas…’ y, en éste, [el imputado] se encuentra procesado por un delito contra la libertad –coacción– […] la solución resulta ajustada a derecho”.
“Así, toda vez que del acuerdo presentado surge que el conflicto entre el damnificado e imputado se vio superado con el pedido de disculpas, que la víctima fue debidamente informada de las consecuencias, lo que fue ratificado por el representante del Ministerio Público Fiscal que dictaminó favorablemente a la solución, y que ésta resulta aplicable al caso traído a estudio, superado el control jurisdiccional sobre la razonabilidad y legalidad, corresponde resolver en consecuencia”.
CONCILIACIÓN; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; CONSENTIMIENTO FISCAL; EMERGENCIA SANITARIA; INCENDIO; COACCIÓN; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD; DELITOS CONTRA LA LIBERTAD;
Mendez (causa N° 20131)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 concedió la excarcelación en términos de libertad asistida(juez Rofrano).
1. Condena no firme. Reincidencia. Excarcelación. Libertad asistida.
“No puede […] considerarse a Méndez como condenado por sentencia firme, sino que reviste aún calidad de imputado procesado. Ello no sería obstáculo a la aplicación en su caso de diversos institutos previstos en la ley 24.660…”.
“[T]ratándose de una pena de cinco meses de prisión, como lo es la impuesta en esta causa, con más la declaración de reincidencia, en circunstancias normales, Méndez debería cumplir intramuros la totalidad de la sanción privativa de su libertad […]. Dicho todo esto, asistiendo razón a la defensora pública coadyuvante que al día de hoy Méndez ha estado privado de su libertad un tiempo casi equivalente a cuatro meses […], el Tribunal aprecia que, en el caso particular de autos, dada la naturaleza y circunstancias del hecho imputado a Méndez, el monto de pena impuesta, el tiempo que el nombrado ha estado privado de su libertad […] y la conformidad prestada por el fiscal general, resulta de aplicación la recomendación efectuada por la Cámara Federal de Casación penal mediante Acordada 3/20…”.
2. Informes. Excarcelación. Sanciones disciplinarias.
“No habrá de requerirse a la autoridad penitenciaria el informe solicitado por el fiscal por dos razones. Una, lo exiguo del término legal para resolver esta incidencia, tratándose de una excarcelación, impide condicionar el dictado de esta resolución a la recepción de tal informe […]. La segunda, que en el caso que se hubiera iniciado respecto de Méndez un expediente disciplinario que hubiera culminado con una sanción de tal naturaleza, por imperio legal ello debió ser informado al tribunal, lo que no ha ocurrido en el caso concreto del nombrado”.
CONDENA NO FIRME; REINCIDENCIA; EXCARCELACIÓN; LIBERTAD ASISTIDA; INFORMES; SANCIONES DISCIPLINARIAS;
Bravo Paez (causa N° 243)Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por unanimidad, hizo lugar de manera parcial al recurso, revocó la prisión preventiva y concedió el arresto domiciliario al imputado (jueces Pérez Curci y Pizarro).
1. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Consentimiento fiscal.
“[E]sta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre la situación de libertad circundante al justiciable […], en el cual se confirmó el rechazo de la excarcelación solicitada. Ahora bien, las circunstancias que a la fecha se nos presentan resultan ser diversas a las consideradas en tal ocasión, por el cual se deberá analizar nuevamente la viabilidad de una morigeración de la prisión preventiva dictada en contra de este último.
En primer lugar, debemos destacar la opinión del Sr. Fiscal General, en cuanto solicita el cese de dicha medida de cautela personal. Si bien lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, dentro de los lineamientos del proceso penal vigente, aún no reviste un carácter vinculante, tal razonamiento no nos autoriza a dejar de valorar lo dictaminado por dicha autoridad, la cual no solo se encuentra facultada de promover la acción penal, sino también, cuando el caso lo amerite, desarrollar las medidas pertinentes para asegurar la realización del correspondiente juicio oral y público”.
2. Código Procesal Penal. Reforma legal. Interpretación de la ley. Prisión domiciliaria.
“[L]a posibilidad de que al imputado se le dicte una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo, contemplada aisladamente, no constituye un factor que permita concluir de contrariamente al principio de permanencia en libertad durante el proceso”.
“En esa misma sintonía, vale ponderar lo sostenido por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa Nro. 2307 (‘Minnicelli’), en cuanto precisa que las medidas de coerción establecidas en el artículo 210 del nuevo catálogo procesal tiene como finalidad incorporar medidas alternativas o sustitutivas a la privación, expresando de tal modo la necesidad de que los Estados hagan uso de otras disposiciones cautelares que no impliquen la privación de libertad de los acusados mientras dure el proceso penal. En definitiva, la normativa referida responde a un cambio de paradigma en materia de apreciación de la libertad como regla durante la sustanciación del proceso.
Asimismo, resta mencionar la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal (13/4/2020) […]. En este contexto, ante la existencia de un delito que no reviste características de violencia, la ausencia de antecedentes condenatorios computables, la constatación de arraigo familiar, la ausencia de medidas de prueba que el nombrado podría entorpecer, y la escasa cantidad de material estupefaciente secuestrado –más allá de su fraccionamiento–, corresponde morigerar la prisión ordenada a su respecto.
Por lo cual, este Tribunal entiende que de todas las pautas establecidas en el art. 210 del Código Procesal Penal Federal, incorporado mediante la implementación decidida por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, el instituto del arresto domiciliario –previsto en el inciso ‘j’ del precitado cuerpo normativo– resulta suficiente para asegurar la comparecencia del imputado y/o evitar el entorpecimiento de la investigación”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Regis (causa n° 25006079)Tribunales Orales en lo Penal Económico Nro. 1
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 otorgó al imputado la prisión domiciliaria y dispuso que se le colocase un dispositivo electrónico de vigilancia electrónica (jueces Michilini, Fornari y García Berro).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“[E]l impedimento [del imputado] de recuperarse o de recibir un tratamiento adecuado a sus patologías en el complejo penitenciario en el cual se encuentra alojado debe analizarse, en el caso concreto, a partir de las circunstancias que se presentan en la actualidad con motivo de la pandemia ‘COVID-19’ en relación a la población carcelaria y, en particular, al nombrado en su condición de paciente que sufre de insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad prostática y disminución de la agudeza visual. Asimismo, se tiene especial consideración la situación actual particular respecto del lugar en el cual […] se encuentra actualmente detenido a la luz de los últimos informes incorporados al presente”.
“[A]nte el indudable avance del virus en distintos pabellones del CPF de la CABA; como así también el hecho de haberse quebrantado los protocolos de prevención -a raíz del motín recientemente sufrido en esa misma Unidad Penitenciaria- y que esa circunstancia […] haya aumentado la exposición a un mayor riesgo de contagio […] sumado a las dificultades evidenciadas a fin de dar debido cumplimiento a los protocolos activados como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria existente […], se concluye que el riesgo de contraer la enfermedad respecto [del imputado] es sumamente concreto y elevado; máxime si se considera que ya se confirmaron casos de coronavirus de personas que se alojaban en el mismo pabellón que el nombrado”.
“En el presente caso, de acuerdo a las circunstancias actuales, evidentemente que no resultan suficientes las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario Federal con el propósito de evitar la propagación del virus dentro del establecimiento carcelario, por lo que la situación de encierro en esa Unidad configura un riesgo particular y concreto para la salud del imputado, que –como se dijo- es un paciente de riesgo al contagio del virus”.
“[E]ste tribunal ha tomado razón de las […] recomendaciones de la CIDH y la propia CFCP y […], reevaluado el caso concreto [del imputado] a raíz del planteo que motivó la formación de este incidente, en las actuales condiciones de detención en un pabellón en el cual fueron confirmados cada vez más casos de coronavirus; la condición de riesgo del nombrado frente al virus y la falta de informes sobre medidas adoptadas por las autoridades del CPF de la CABA a su respecto […] nos lleva a tomar una decisión favorable en torno al instituto cuya aplicación se solicita; máxime si se considera el dictamen favorable presentado por [la fiscalía]…”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Prisión preventiva. Derecho a la salud.
“[C]orresponde señalar que en el caso […] la modalidad de detención domiciliaria constituye la solución que permite arribar a un equilibrio entre el derecho a la salud del interno y la prisión preventiva dispuesta respecto del nombrado, a quien se le deberá implementar el sistema de vigilancia electrónica en forma inmediata…”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; PRISIÓN DOMICILIARIA; PRISIÓN PREVENTIVA;
Bustos (reg. N° 1026 y causa N° 81432)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la decisión recurrida y concedió la excarcelación al imputado bajo la prohibición de todo tipo de acercamiento o contacto con el damnificado (jueces Morín y Sarrabayrouse).
1. Prisión preventiva. Antecedentes penales. Reincidencia. Pena. Arraigo.
“[S]i bien [el imputado] en el caso que resultara condenado en esta causa podría afrontar una pena de prisión de efectivo cumplimiento, a lo que debería sumarse su declaración de reincidencia, lo cierto es que conforme surge de la certificación actuarial obrante en autos, las penas oportunamente impuestas al nombrado ya se encuentran vencidas. De igual manera, si bien registra un alias, en estas actuaciones se ha identificado correctamente.
[L]a defensa afirma que […] reside junto a sus cuatro hermanos y su madre, con quienes mantiene una relación familiar, afirmación que no ha merecido ninguna observación ni en el dictamen de la fiscalía ni en la resolución recurrida. También […] se encuentra detenido desde el 4 de noviembre de 2019,  es decir, lleva al momento actual más de seis meses en prisión preventiva. En cuanto a la persona que sería la víctima del hecho, pese a las notificaciones entabladas desde esta Cámara, no fue posible conocer su opinión”.
2. Riesgos procesales. Excarcelación. Caución. Víctima. Código Procesal Penal. Reforma legal.
“[L]os riesgos procesales derivados de la pena en expectativa y una posible intimidación a la víctima pueden ser suficientemente neutralizados mediante la imposición de una caución real, cuyo monto deberá fijar el a quo; y la prohibición de todo tipo de acercamiento y contacto con el damnificado de acuerdo con las reglas de los arts. 320, 324, CPPN, y 210, CPPF; sin perjuicio de las restantes medidas que el tribunal interviniente crea conveniente fijar, para garantizar la sujeción [del imputado] al proceso en virtud de lo dispuesto por los arts. 310, CPPN y 210, CPPF…”.
3. Emergencia sanitaria. Excarcelación.
“[L]a concesión de la libertad debe efectivizarse previa suscripción del acta compromisoria por parte del [imputado], en la que se comprometa a cumplir las medidas de aislamiento vigentes, dispuestas por la autoridad sanitaria nacional, como así también las que puedan dictarse con posterioridad. Además, se hace saber que deberá cumplirse con la adopción por parte del Servicio Penitenciario Federal de todas las medidas tendientes a reducir las posibilidades de que el COVID19 se extienda desde el contexto penitenciario a la comunidad (según la guía de actuación para la prevención y control de esa enfermedad elaborado por ese organismo) y las demás pautas aplicables al caso emanadas de la autoridad sanitaria “.
PRISIÓN PREVENTIVA; ANTECEDENTES PENALES; REINCIDENCIA; PENA; ARRAIGO; RIESGOS PROCESALES; EXCARCELACIÓN; CAUCIÓN; VICTIMA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; EMERGENCIA SANITARIA;
Ramírez (Causa n°12773)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 17 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 hizo lugar a la aplicación del estímulo educativo, redujo en doce meses los plazos previstos para el avance en el sistema de progresividad e incorporó al imputado al régimen de libertad asistida (juez Valle).
1. Libertad asistida. Estímulo educativo. Ejecución de la pena.
“[N]o hay razones para excluir el régimen de la libertad asistida de los beneficios del estímulo educativo. Reducir la vigencia de este instituto a los períodos indicados en el artículo 12 de la ley 24.660 implica desconocer el sentido de su creación y el dato inobjetable de que el instituto que se reclama se encuentra dentro del período de cumplimiento de pena y está también sujeto a plazos”.
“[L]a libertad asistida es un egreso anticipado y es un tramo de la ejecución de la pena”.
2. Libertad asistida. Informes. Cómputo del tiempo de detención.
“[En este caso no] es que no se quiera requerir [los informes], sino que la autoridad penitenciaria no los puede hacer, sencillamente porque [el imputado] tiene una condena firme pero, como recurrió el cómputo de vencimiento de pena, la sentencia no fue comunicada a la justicia nacional de ejecución penal ni al Servicio Penitenciario Federal. Por lo tanto, sigue con el régimen de procesado”.
“[S]i no se comunicó es porque el Sistema de Gestión Judicial impide sortear un juzgado de ejecución penal sin cómputo firme. Dicho con otras palabras, la demora no es atribuible [al imputado], quien, en todo caso, ejerció su derecho a objetar el cómputo”.
3. Reinserción social. Libertad asistida.
“Reconocidos o no a los fines del estímulo educativo, lo real es que [el imputado] a lo largo del 2018 y 2019 realizó una significativa cantidad de cursos con cargas horarias de importancia. En síntesis, ha demostrado un progreso desde su ingreso a la vida intramuros que permite asegurar su adecuada reinserción social”.
“[L]a incorporación [del imputado] al régimen de la libertad asistida es viable normativa y técnicamente y no existe ninguna prueba que indique que su egreso pueda constituir un grave riesgo para el condenado o la sociedad”.
LIBERTAD ASISTIDA; ESTÍMULO EDUCATIVO; EJECUCIÓN DE LA PENA; INFORMES; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; REINSERCIÓN SOCIAL;
BEN (causa N° 77311)Juzgado Nacional Civil Nro. 25
1. Alimentos. Familia. Solidaridad. Emergencia sanitaria. Cuidado personal.
“La cuota alimentaria se fija para atender las necesidades ordinarias de la vida, es decir a las que se sucede regularmente de acuerdo a las circunstancias del alimentado al momento de fijarla o convenirla. Sin embargo, en el curso de la vida pueden subvenir necesidades que no aparecen cubiertas por la cuota ordinaria, por cuanto no fueron previstas al momento de establecerla. Basado en ello se considera procedente reclamar una cuota extraordinaria de alimentos para enfrentar dichas necesidades sobrevinientes. […]
En efecto, la cuota extraordinaria se halla destinada a satisfacer en forma concreta determinadas necesidades del alimentado originadas en gastos imprevistos y también aquéllos que fueron previsibles pero que no acostumbran a suceder asiduamente. […]
En la especie la fijación de alimentos extraordinarios destinados a gastos que exceden los cotidianos y habituales del beneficiario […] se funda en la imperiosa necesidad de prestar colaboración y contención familiar a quien tiene el cuidado exclusivo del adolescente y afronta todos sus gastos, frente a la situación emergencia sanitaria que enfrenta el país.
Es que, en esta instancia extraordinaria, más que nunca es necesario apelar al principio de solidaridad familiar que informa toda nuestra legislación en la materia y que impone a los adultos adoptar todas las conductas necesarias para sostener el bienestar de sus hijos generando un ambiente de colaboración mutua y evitando desencuentros que solo generan incertidumbre y zozobra en el ánimo de aquellos a quienes deben proteger, educar y proporcionarles todo lo necesario para que no deban enfrentar dificultades innecesarias. Así, […] en esta especial, extraordinaria e imprevisible situación sanitaria, social y familiar que atraviesa la humanidad ese principio de solidaridad, en el caso concreto de autos, se traduce en una decisión equitativa que conjugue las distintas circunstancias que atraviesan las partes y la adecuada satisfacción de los derechos de su hijo.
En este sentido, cabe ponderar que las situaciones excepcionales como la que se atraviesa mundialmente –pandemia Covid 19–, requieren de un plus de protección para que el desarrollo del adolescente no se torne ilusorio e insuficiente”.
ALIMENTOS; FAMILIA; SOLIDARIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; CUIDADO PERSONAL;
Schuster (causa N° 88895062)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora revocó de manera parcial la resolución impugnada y admitió la medida cautelar peticionada consistente en la inmediata asistencia terapéutica del joven durante toda la semana escolar y la vigencia del año calendario escolar (jueces Igoldi y Rodiño).
1. Personas con discapacidad. Educación. Igualdad. No discriminación.
“En particular —y muy especialmente— cabe considerar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad asegura el derecho a la educación sin discriminación, y sobre la base de la igualdad de las oportunidades, a fin de desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades esenciales y la diversidad humana.
La norma convencional, de jerarquía constitucional, establece expresamente que al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: `a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión´; definiciones que demuestran con elocuencia la importancia que en nuestro derecho interno se le asigna a la protección que se procura en la especie…”.
2. Emergencia sanitaria. Educación.Telecomunicaciones. Derecho a la salud.
“[L]a declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud (covid-19) y el consecuente estado de crisis sanitaria dispuesto tanto en el ámbito Nacional como en el de la provincia de Buenos Aires […] motivó el dictado de normas excepcionales, tales como las referidas a la limitación de la circulación y al aislamiento social, preventivo y obligatorio; siendo notorio que tales restricciones han repercutido en todas actividades […] del país, entre las que naturalmente se encuentran las correspondientes al sistema educativo, con la consecuente suspensión de actividades escolares `presenciales´[…].
Sin embargo, […] es dentro de ese marco excepcional que las autoridades educativas, docentes, alumnos y padres se encuentran transitando un camino de innovación, intensificando los esfuerzos destinados a aprovechar de la mejor manera posible las funcionalidades tecnológicas disponibles, utilizando herramientas novedosas como las `clases virtuales´ por medios telemáticos (classroom, zoom, microsoft teams, whatsapp, telegram, google meet, etc), a fin de que los alumnos puedan continuar —en la medida de lo posible—, con el proceso de aprendizaje escolar.
De modo que, en el contexto descripto, y sin perjuicio de entender que lejos de mitigarla la ausencia de clases refuerza la necesidad de asistencia profesional del joven […]; en rigor […], se trata aquí de remover los obstáculos para que su condición de salud no sea un impedimiento para su desarrollo, ni se constituya en motivo —de hecho, e injusto— para su exclusión de la escuela primaria, gratuita y obligatoria que el Estado Argentino tiene el deber de garantizar.
En suma, en función de todo ello, […] encontrándose `prima facie´ acreditados a criterio de este Tribunal los presupuestos necesarios para el andamiento de la medida cautelar requerida por la amparista, corresponderá entonces atender sus quejas y revocar esta parcela del pronunciamiento apelado”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EDUCACIÓN; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; TELECOMUNICACIONES; DERECHO A LA SALUD;
CFA (causa N° 13680)Juzgado Nacional Civil Nro. 10
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 10 fijó en concepto de alimentos provisorios la suma de $50.000. Además, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que se continuase abonando la obra social de forma completa y el total de la cuota escolar junto con el comedor de la institución educativa a la que concurrían las niñas. Finalmente, habilitó a notificación de la resolución a través de la aplicación “Whatsapp” (jueza Córdoba).
1. Emergencia sanitaria.Medidas de acción directa. Principio de excepcionalidad. Notificación.
“[L]as circunstancias extraordinarias […] imponen por intermedio del Poder Judicial la disposición de acciones inmediatas mediante la aplicación de los remedios previstos por el Derecho de nuestro país, que en modo alguno pueden resultar de carácter arbitrarios.
“Es por ello y en aplicación de las herramientas interpretativas que brinda la Doctrina […], a efectos cumplir con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuestas por el DNU 297/2020, en uso de las facultades otorgadas por las normas del Derecho vigente para el cumplimiento de los deberes […] con el objeto de que se cumplan las finalidades establecidas en las normas superiores que rigen en nuestro país y detentan jerarquía constitucional (art. 39 de la Convención de los Derechos del Niño y 75 inc. 22 de la CN), [se dispone] la flexibilización de las reglas procedimientales vigentes, por resultar ello imprescindible para el efectivo cumplimiento del deber asistencial alimentario por parte de los progenitores respecto a sus hijas”.
EMERGENCIA SANITARIA; MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; NOTIFICACIÓN;
Harada (causa n° 46278)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución que había desestimado la causa por inexistencia de delito (jueces Pociello Argerich y Lucini).
1. Querella. Víctima. Legitimación. Código Procesal Penal. Reforma legal.
“[M]ás allá del criterio que [se venía] sosteniendo en cuanto a la posibilidad de la querella de actuar en solitario, sin el impulso de quien reviste el carácter de titular de la acción penal pública, con la implementación de parte del nuevo Código Procesal Penal Federal, en especial las disposiciones de los artículos 80 y 81, el legislador ha zanjado definitivamente la cuestión al garantizar a la víctima el pleno ejercicio de sus derechos, aún cuando el Ministerio Público Fiscal adopte una postura desincriminante y la víctima no hubiera intervenido como querellante en el proceso (inc. j, art. 80, CPPF), estableciendo así una actuación activa de dicha parte en el proceso […] y conforme las directivas de la ley 27.372”.
2. Administración fraudulenta. Sociedades comerciales. Tipicidad.
“[N]o se advierte maniobra de infidelidad en la administración de las empresas o fraude que pueda ser subsumida en figura penal alguna, sino que el motivo de su reclamo gira en torno a la falta de exhibición de documentación, no se liquidaban honorarios ni se distribuían utilidades, el impedimento de ingresar a las sedes sociales en su carácter de socio y la falta de realización de asambleas para la renovación de las autoridades de las sociedades y que se había asentado su presencia en asambleas a las que no había concurrido, además de haberse generado contratos de locación con valores insignificantes”.
“Del repaso que el juez a quo realizó de los diferentes expedientes de trámite ante la justicia comercial y laboral, no surge desvío alguno de dinero ni irregularidad tal que excediera el tratamiento de la ajena sede y habilitara la intervención del fuero penal; pues los conflictos suscitados son de índole societaria que están siendo tratados por los jueces competentes en la materia, cuestión que no ha logrado desvirtuar la querella ante este tribunal”.
QUERELLA; VICTIMA; LEGITIMACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA; SOCIEDADES COMERCIALES; TIPICIDAD;
Martinez Gonzalez (causa N° 86655)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar al apartamiento solicitado y remitió las actuaciones a fin de que se sortearan los magistrados que integrarían la sala para resolver el recurso de apelación (juez González Palazzo).
1. Garantía de imparcialidad. Debido proceso. Recusación.
“[E]l prejuzgamiento presupone que el juez recusado hubiese emitido una opinión sustantiva sobre el resultado del proceso sin jurisdicción para hacer tal clase de declaraciones, o que teniendo en general jurisdicción para pronunciarse sobre el caso, lo hubiese hecho sin estar llamado a decidir una cuestión o incidente actual. Pues los jueces no prejuzgan cuando juzgan en tiempo oportuno de lo que han sido llamados a decidir, sin exceder las pretensiones que habilitaron su jurisdicción”.
“Si bien en esos términos, la recusación de los colegas no estaría objetivamente comprendida en ninguno de los supuestos previstos en el art. 55 del C.P., en aras de preservar la garantía de la imparcialidad su enunciado no puede ser considerado exhaustivo. Además de los motivos allí enumerados pueden admitirse otros en la medida en que las circunstancias del caso concreto pudieran dar lugar a que los intervinientes se vean enfrentados a una duda razonable sobre la imparcialidad de sus jueces”.
“Las especialísimas circunstancias del caso –en particular el yerro en la notificación del auto de mérito a la defensa de Martínez González, ajeno a los magistrados recusados,– y los términos de su intervención en la que arribaron a un juicio global –aunque provisorio– sobre la existencia de los hechos objeto de imputación, extensivo al nombrado, como también de la prueba que los sustentan, podrían dar lugar a la duda que el recusante alberga”.
GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; DEBIDO PROCESO; RECUSACIÓN;
Lutz (causa N° 4444)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, por unanimidad, hizo lugar al planteo, dispuso el cese de la prisión preventiva y ordenó su inmediata libertad (jueces Alonso González, Ceroleni y Rojas de Babaro).
1. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Excarcelación. Consentimiento fiscal.
“[A]nte la coincidencia de posturas de la defensa y el MPF, la perspectiva y disquisiciones del Tribunal se hallan acotadas a lo meramente formal, dependiendo exclusivamente de lo que las partes expongan para resolver”.
“Sobre ello, entonces, no cabe introducir mayores especulaciones, y deberá estarse a las manifestaciones de las partes. El encausado deberá cumplir con las condiciones que se le impondrán; bajo caución juratoria y que se dejarán constancia en el auto de soltura. En las actuales circunstancias que vive nuestro país, se ha sumado otro elemento central, y es la pandemia provocada por coronavirus COVID-19 por la cual todos los habitantes del país estamos llevando a cabo un aislamiento social, preventivo y obligatorio que se ha prorrogado […] por lo que procede imponer como condición el efectivo acatamiento a dicha normativa de carácter sanitario (arts.5° de la ley 24.390 y 27 bis del CP)”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; CONSENTIMIENTO FISCAL;
CELS (causa N° 3187)Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó cautelarmente al GCBA que:
a) arbitrase los medios para que dotase a todas las personas internadas en los hospitales psiquiátricos monovalentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hospital Borda, Moyano, Alvear y Tobar) de equipos de protección personal que correspondan, barbijos y/o cubre bocas, así como todo insumo necesario de cuidado y prevención del contagio del COVID 19. También, elementos de higiene y seguridad (jabón, toallas, alcohol en gel) tanto en servicios cuanto en pabellones y consultorios externos, así como del resto de los elementos que los protocolos de salud vigentes indiquen para los hospitales monovalentes de salud mental;
b) elaborase un protocolo de actuación específico frente a la existencia del COVID 19 para los hospitales psiquiátricos monovalentes, debiendo considerarse la situación particular que atraviesan las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran internadas, respetándose el decálogo de derechos que surgen del art. 7 de la ley 26657. En ese sentido, indicó que informase y acreditase el modo en que implementarán las unidades febriles de urgencia (UFU) y las unidades transitorias de aislamiento (UTA);
c) informase y acreditase si se han intensificado las tareas de limpieza y si se encontrase utilizando los instrumentos necesarios para desinfectar los servicios de acuerdo con las recomendaciones de prevención e higienización vigentes a la fecha, indicándose concretamente el modo en que se desinfectan los servicios de cada hospital y sectores comunes, y si los hospitales cuentan con servicio de limpieza las 24 horas del día.
d) informase y acreditase el modo como se garantiza el derecho a la comunicación de los pacientes internados en los hospitales psiquiátricos, tanto con sus familiares como con sus defensores, debiéndose indicarse concretamente si la totalidad de los servicios y consultorios de los hospitales Borda, Moyano, Alvear y Tobar cuenta con telefonía fija, si se permiten realizar llamados, con qué frecuencia y en su caso bajo qué modalidad. Además, para el caso de que tal derecho no estuviera garantizado, ordenó que arbitrase los medios para que se garantizase la libre accesibilidad de comunicación con el exterior de las personas internadas.
e) informase al tribunal si se ha puesto en conocimiento de los usuarios y/o personas internadas en los hospitales monovalentes de salud mental de las medidas de prevención y cuidado que deben adoptar en punto a evitar la propagación y contagio del virus.
f) Informase y acreditase los talleres, terapias ocupacionales y actividades recreativas con las que cuenta cada nosocomio (Hospital Borda, Hospital Moyano, Hospital Alvear y Hospital Tobar García), frecuencia de las mismas, cuáles han debido ser suspendidas, si se permite el ingreso de acompañantes terapéuticos y/o familiares, si las salidas se encuentran permitidas y en qué casos (jueza Petrella).
1. Derecho a la salud. Salud mental. Reglas de Brasilia.
“[E]l derecho a la salud es un derecho humano fundamental, y que en la materia existen competencias concurrentes entre Nación y provincias. Por ello, los distintos estados cuentan con amplias facultades de regulación y control en materia de salud, con el único límite de no restringir aquello que ha sido reconocido a nivel nacional“.
“[L]a Ley Nacional de Salud Mental nro. 26.657 en tanto asegura la protección del derecho a la salud mental de todas las personas, [reconoce] que ésta es un proceso determinado por componentes históricos, biológicos, socioeconómicos, culturales y psicológicos cuya preservación implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos. Asimismo, se establece que el eje de las políticas públicas sobre el particular deberá ser puesto en la singularidad de las personas”.
“La recepción jurisprudencial ha sido importante y ha abordado las distintas aristas de esta problemática. La CSJN ha afirmado que el Estado Nacional es el garante del derecho de preservación de la salud […] sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales[…]. `El principio de actuación subsidiaria que rige en esta materia se articula con la regla de la solidaridad social, pues el estado debe garantizar una cobertura asistencial a todos los ciudadanos, sin discriminación social, económica cultural o geográfica y ello impone su intervención cuando se encuentra superada la capacidad de previsión de los individuos o pequeñas comunidades´ […].
A su vez, este pronunciamiento debe hacerse eco de las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad, particularmente en cuanto a la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, y aplicando las pautas allí previstas a lo largo del proceso, así como de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales que integran la Ley nacional de Salud Mental (art. 2), específicamente los Nros. 12. 13 y 14”.
2.Emergencia sanitaria. Salud mental. Vulnerabilidad.Control de internación.
“[E]n el marco de la pandemia por la que atraviesa la sociedad, los problemas de las personas con padecimientos mentales no han resultado una prioridad. En efecto, a la hora de dictar las normas de salud pública vinculadas al COVID-19, no se ha siquiera mencionado la problemática de las personas citadas, máxime aquellas que están internadas en Hospitales Monovalentes, muchas de las cuales constituyen población de riesgo por su condición de salud y además ya estaban sometidas a una situación de encierro. Ello no hace más que confirmar […] que las personas con padecimientos mentales constituyen uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, especialmente por estar invisibilizadas y naturalizada su condición de encierro. Cientos de personas están privadas de su libertad ambulatoria y de otros tantos derechos por el mero hecho de estar enfermas. En un momento en que desde los gobiernos se propicia el aislamiento social obligatorio para todos […] hace décadas que las personas internadas en los hospitales monovalentes de la CABA están aisladas y son invisibles para todos.
En efecto, las personas con trastornos mentales constituyen una parte vulnerable de la sociedad y se enfrentan al estigma, la discriminación y la marginación, lo que aumenta las posibilidades de que se violen sus derechos humanos…”.
“La omisión del estado local en materia de obra pública, de políticas sanitarias, de cumplimiento de preceptos constitucionales en materia de salud mental así como el cumplimiento de las normas referidas a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en cabeza del estado local, sí resultan competencia de la justicia contenciosa de la Ciudad”.
3. Emergencia sanitaria.Salud mental. Vulnerabilidad. Medidas de acción positiva.
“[L]os trastornos de salud mental pueden aumentar el riesgo de infecciones, incluida la neumonía […] En segundo lugar, una vez infectados con el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que da como resultado COVID-19, las personas con trastornos mentales pueden estar expuestas a más barreras para acceder a servicios de salud oportunos, debido a la discriminación asociada con problemas de salud mental en entornos de atención médica. Además, las comorbilidades del trastorno de salud mental a COVID-19 harán que el tratamiento sea más desafiante y potencialmente menos efectivo. Por último, la epidemia de COVID-19 ha causado una epidemia paralela de miedo, ansiedad y depresión.
Las personas con afecciones de salud mental podrían verse influidas de manera más sustancial por las respuestas emocionales provocadas por la epidemia de COVID-19, lo que resulta en recaídas o empeoramiento de una afección de salud mental ya existente debido a la alta susceptibilidad al estrés en comparación con la población general. Las epidemias nunca afectan a todas las poblaciones por igual y las desigualdades siempre pueden impulsar la propagación de infecciones. Para paliar tales problemas, la salud pública debe propiciar una atención adecuada y necesaria a las personas con trastornos de salud mental en la epidemia de COVID-19…”.
4. Derecho a la salud. Principio de dignidad humana.
“En orden a todo ello […] –más allá del derecho a la salud en general y a la salud mental en particular– el principal derecho que encuentro conculcado en el caso de marras, y es en el que fundamentalmente[se basará] este decisorio, es el derecho a la dignidad, toda vez que en las condiciones en las que viven los internos de los hospitales psiquiátricos de la Ciudad en el marco de la pandemia actual, se advierte claramente su violación. [E]l derecho a la dignidad va aun más allá que el derecho a la vida, ya que se engloba en el llamado `derecho a la dignidad de la vida´ […].
Por otro lado, la desaferentación afectiva psicológica y social sostenida en el tiempo puede generar síntomas de deterioro cognitivo y motriz que cursan con la propia patología y llevan a las personas a una exclusión que constituye una afrenta a la dignidad humana. Ese ser marginado tiene derecho a transitar su enfermedad en otras condiciones y es el Estado –a través del derecho– quien tiene que garantizar que la violación al derecho humano no se configure evitando el confinamiento que excluye y descompone al sujeto frente a sus habilidades de interacción convirtiéndolo en objeto. Ello se evita mediante el cambio de paradigma que proponen los Tratados Internacionales, la Ley de Salud Mental Nacional y la de la Ciudad”.
5. Medidas cautelares. Peligro en la demora.
“[E]l peligro en la demora resulta del potencial peligro que puede significar para un colectivo vulnerable la posibilidad de contagio […]. En este punto devienen aplicables todas las recomendaciones formuladas por la Comisión, pero particularmente las que abarcan a las personas en situación de extrema vulnerabilidad como aquellas con padecimientos mentales…”.
“[E]n cuanto al peligro en la demora y ante el marco fáctico que toda la comunidad argentina está atravesando debido a la pandemia oportunamente así declarada por la Organización Mundial de la Salud y, luego, por la restricción de circulación y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, resulta evidente la situación relatada […] da cuenta de la situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas con padecimientos mentales y por ende la necesidad de actuar con la premura que amerita lo aquí peticionado”.
6. Derecho a la salud. Salud mental. Verosimilitud del derecho.
“En síntesis, la verosimilitud del derecho también es evidente a la luz del elenco de normas que protegen el derecho a la salud mental, interpretado armónica y simultáneamente con aquellas que prevén la emergencia sanitaria derivada del COVID19 […].
En el caso de marras, la garantía que conlleva una tutela eficaz en el marco de los tratados internacionales de protección que resultan aplicables a nivel local por conducto del art. 10 de la CCABA impone una obligación al estado, en tanto se trata de hechos que involucran […] a un grupo en especial situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad psicosocial.
En las condiciones reseñadas, tomando en consideración el hecho de que el peligro en la demora surge evidente en el marco de la emergencia sanitaria que se está viviendo, no resulta irrazonable concluir en que serían mayores los perjuicios que se causarían en el caso de que no se concediera la cautelar peticionada...”.
DERECHO A LA SALUD; SALUD MENTAL; REGLAS DE BRASILIA; EMERGENCIA SANITARIA; VULNERABILIDAD; CONTROL DE INTERNACIÓN; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; MEDIDAS CAUTELARES; PELIGRO EN LA DEMORA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
CNMD (causa N° 13017)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso, revocó la decisión y dispuso la habilitación de feria judicial extraordinaria (jueces Picasso, Li Rosi y Molteni).
1. Emergencia sanitaria. Feria judicial. Habilitación. Acordadas. Alimentos.
“Las razones de urgencia que determinan la habilitacióndel feriado judicial son aquellas que entrañan para los litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional. Por lo tanto, la intervención de los tribunales de feria tiende, en principio, a asegurar únicamente el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de medidas ya decretadas, motivo por el cual, para que proceda aquella habilitación, deben concurrir estrictamente los supuestos contemplados por el art. 153 del Código Procesal, que –como se sabe– son de excepción […]
Ahora bien, el pto. 4 de la Acordada 4/2020 de la CSJN del16/3/2020, dejó claramente establecido que, en razón de la pandemia de COVID19 (coronavirus), la modalidad de escritos enviados a través del sistema lex 100 `con habilitación de días y horas inhábiles´[…] está reservada a los casos de urgencia donde el acceso a la justicia no admita demora. Es por ello que en su resolución de fecha 20 de marzo, el Tribunal de Superintendencia expresamente estableció que la habilitación de días y horas inhábiles lo es para cuestiones de familia muy urgentes.
Por lo demás, el día 19 de marzo de corriente año se dictó el decreto 297/2020, prorrogado mediante decreto 325/2020, 355/2020, 408/2020 y 459/2020 [….].Que tal circunstancia motivó el dictado de la Acordada n°6/2020, expte. 1207/2020, mediante la cual la CSJN estableció […] feria extraordinaria, respecto de todos los tribunales federales y nacionales y demás dependencias que integran este Poder Judicial de la Nación […].
Las mentadas normas refieren que a los fines de habilitar dicho receso `se deberá tenerse especialmente en consideración, entre otras, las siguientes materias: […] b) no penal: asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género, amparos – particularmente los que se refieran a cuestiones de salud´.A partir de lo expuesto y dado el tenor del pedido formulado,que encuadra dentro de los motivos de urgencia que justifican la habilitación dela feria judicial, corresponde admitir lo solicitado y dejar sin efecto la resolución recurrida”.
EMERGENCIA SANITARIA; FERIA JUDICIAL; HABILITACIÓN; ACORDADAS; ALIMENTOS;
Raña (causa N° 32094)Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, por unanimidad, hizo lugar al recurso y modificó la calificación legal por la de cultivo para consumo personal. A su vez, dispuso que el juzgado revisara la medida de coerción dispuesta (juezas Ermili y Oyhamburu y juez Dalto).
1. Cultivo de estupefacientes. Cannabis. Tipicidad. Dolo. Tráfico de estupefacientes.
“No resulta posible acreditar el propósito subjetivo que la figura requiere, esto es el destino ilegítimo del cultivo de plantas destinadas a producir estupefacientes en los términos del artículo 5 inciso a) de la ley 23737”.
“La valoración probatoria que […] lleva a proponer al Acuerdo el cambio de calificación legal solicitado por la Defensa no se ve afectada –en este caso– por la cantidad de cannabis sativa incautada (ya sea en hojas, flores, ramas, raíces) o porque la vivienda posea cámaras de seguridad, o tenga un perímetro de rejas de una altura superior a los tres metros con alambres de tres hilos.
Tampoco alcanza para demostrar el dolo de tráfico […] que en una habitación junto a un ropero hubiese seis cajas de cartón que contenían flores o cogollos de Cannabis Sativa; que en otra habitación se encontrasen otras cajas, latas frascos y bolsa de residuos que contenían también flores o cogollos, como así también una bolsa con fertilizante para el cultivo. Ello es así porque […] se requiere cierta cantidad de la sustancia para la preparación del aceite y […] no todo lo secuestrado sirve a tales fines. [N]o se pudo acreditar el dolo de tráfico exigido por el tipo subjetivo en cuestión”.
“[N]o se pudo constatar la comercialización que requiere la figura penal endilgada. Tampoco surge […] la concurrencia de presuntos compradores a la vivienda del imputado ni otras circunstancias que indicaran que en el domicilio se desarrollaran actividades sospechosas. En este marco es que adquiere trascendencia el relato del procesado…”.
“Por otra parte, el lugar donde fueron halladas las plantas, flores, ramas, hojas, raíces o los frascos de aceite revela indudablemente que se produjo en lugares de exclusivo acceso del procesado de autos, es decir en su esfera íntima de custodia y dominio”.
“Para el reproche de la infracción al Art. 5 inc. a) de la Ley 23.737, debe suponerse una finalidad de comercio en el cultivo, siembra o guarda, o que estos comportamientos sean parte de un tramo de la cadena de comercialización de estupefacientes. O sea que se trate de actos que integren de algún modo la cadena de tráfico de estupefacientes. Y donde el sujeto activo exteriorice un dolo de tráfico”.
“Singular atención debe prestarse al concepto de ‘escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias’ que acuña el anteúltimo párrafo del artículo 5 de la ley 23737, la cual indudablemente tiene que ir de la mano con la posibilidad de producción que puede obtenerse de la superficie y cantidad de la siembra en cuestión, así como también debe considerarse el ciclo temporal necesario para que esa siembra o cultivo dé sus frutos y pueda ser utilizado para el consumo”.
2. Cannabis. Derecho a la salud. Tratamiento médico.
“A estas circunstancias debe adunarse los efectos positivos del tratamiento con el aceite de Cannabis que surge del informe producido por la Asesoría pericial departamental”.
“[L]a salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios…”.
“[E]n los últimos años se ha observado un creciente interés médico (pero especialmente, de pacientes y de sus familiares, y organizaciones no profesionales), en el potencial terapéutico de derivados o productos del cannabis como analgésico (en caso de dolor crónico neuropático), como antiemético (náuseas y vómitos postquimioterapia), como anticonvulsivante/antiepiléptico (en epilepsia refractaria), y como orexígeno (en pacientes con HIV/SIDA y cáncer). Actualmente, se ha sumado la investigación preclínica y clínica en enfermedades degenerativas neurológicas (esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, corea de Huntington y enfermedad de Alzheimer), en epilepsia refractaria, en dolor crónico (especialmente neuropático) y en glaucoma. Este interés conllevó a un amplio y extenso debate sobre su real utilidad terapéutica, frente a la importante promoción de su uso manifestada por distintas asociaciones no profesionales de pacientes para el uso de preparados de dicha planta (por ejemplo: aceites de cannabis)”.
CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; CANNABIS; TIPICIDAD; DOLO; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO;
VEP (causa N° 30917)Juzgado Nacional Civil Nro. 4
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 4 hizo lugar al planteo de V. y dispuso que se instrumentase un período de alternancia de convivencia de las niñas con sus progenitores. Además, dispuso que los progenitores debían asegurar que sus hijas estuviesen equipadas con elementos de seguridad, como barbijos, máscaras faciales o antiparras, guantes, y calzado y ropa para ser retirados y lavados. Por último, dispuso que las medidas dispuestas se extendieran mientras durase el aislamiento y mientras se extendiese la interrupción de la actividad escolar presencial (juez Hagopián).
1. Familia. Género. Igualdad. No discriminación. Maternidad. Cuidado personal.
“[C]obra particular relevancia señalar lo dispuesto en el art. 5 de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer que en su art. b dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para `Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos´.
Sentado ello, en autos se advierte que las tareas de cuidado cotidiano de L. y V. han recaído exclusivamente sobre la progenitora desde el inicio del ASPO […], y que si bien el progenitor ha manifestado haberse involucrado en las necesidades de las pequeñas, lo cierto es que lo ha hecho de forma virtual o a la distancia”.
2. Familia. Solidaridad. Cuidado personal.
“[C]orresponde señalar que el principio de solidaridad familiar debe iluminar las resoluciones de casos como el de autos. Al respecto, se ha definido que la solidaridad implica adhesión a la causa, situación o necesidad de otro; el principio de solidaridad se cuenta entre aquellos que en ninguna circunstancia puede suspenderse, por su utilidad práctica en situaciones extremas como habituales y porque recoge una noción presente en la sociedad […].
[R]esulta justo, razonable y acorde al principio de solidaridad familiar, que los progenitores alternen los cuidados de L. y V., de forma tal de distribuir más equitativamente las tareas de cuidado de las hijas, mientras dure el ASPO, y fundamentalmente mientras se extienda la interrupción de la actividad escolar presencial”.
“Sentado ello […] corresponde agrupar estos días de convivencia y cuidado asumidos por el progenitor, para evitar la multiplicación de traslados mientras dure el ASPO, y fundamentalmente mientras se extienda la interrupción de la actividad escolar presencial. Máxime, teniendo en cuenta, por un lado, la cercanía entre los domicilios de la madre y el padre, y por el otro, que esta modalidad permitiría al progenitor atender la explotación agropecuaria referida y a su propia madre”.
3. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“Finalmente, debe ponerse de resalto que la Decisión Administrativa 703/2020 […] incorporó al listado de excepciones al cumplimiento `del aislamiento social, preventivo y obligatorio´ y a la prohibición de circular, a las personas involucradas en el traslado de niños, niñas y adolescentes, al domicilio del otro progenitor o progenitora o referente afectivo, siempre que ello sea en el interés superior del niño, niña o adolescente, pudiendo realizarse este traslado una vez por semana […].
Con relación a esta normativa, […] –dentro de este contexto sanitario fluctuante– no corresponde aferrarse al pie de la letra, con rigorismo manifiesto a determinaciones administrativas generales, sino realizar una interpretación adecuada del texto, que respete el espíritu de las normas superiores sin hacer daño a las niñas”.
FAMILIA; GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; MATERNIDAD; CUIDADO PERSONAL; SOLIDARIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Cortez, BM (causa N° 20131)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 revocó las sanciones disciplinarias impugnadas (jueces Giménez Uriburu y Costabel y jueza Namer).

1. Cárceles. Sanciones disciplinarias. Prueba. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo.
“[L]os fundamentos de ambas sanciones se circunscriben exclusivamente a dichos de los agentes del servicio penitenciario, los que están contextualizados en un escenario en el cual no existió la posibilidad de contar, como dice la defensa, con dichos ajenos a los agentes que acrediten tal circunstancia”.
“[C]onsiderando las circunstancias y el contexto en que el imputado habría efectuado las manifestaciones que le fueron imputadas, sería de utilidad contar con otros testimonios que respalden las exposiciones de los agentes, que permitan conocer al tribunal mayores detalles sobre el modo y alcance de los dichos, a fin de evaluar su encuadre como hecho susceptible de sanción administrativa.
En ese sentido, si bien los preventores hacen alusión a la falta de compostura [de la persona] en la forma de dirigirse hacia ellos, también lo es, como lo dice en su descargo el imputado, que de los dichos surgían manifestaciones de desacuerdo con sus condiciones de detención; motivo por el cual, resulta imposible con las pruebas obrantes en el sumario, discriminar si se está ante una queja válida del imputado en el marco de su libertad de expresión por un cambio de pabellón en contra de su voluntad, o ante una falta de respeto o compostura hacia el personal del Servicio Penitenciario Federal, tipificada como infracción. Es por ello que, considerando las particulares características de los casos en estudio, […] el cuadro probatorio no tiene entidad suficiente para confirmar las sanciones impuesta…”.
CÁRCELES; SANCIONES DISCIPLINARIAS; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Merret (causa n° 40620)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba N° 1 ordenó el extrañamiento del imputado y declaró extinguida su pena (jueza Prado).
1. Emergencia sanitaria. Expulsión de extranjeros.
“[A] los fines del extrañamiento de un ciudadano extranjero condenado en el país, [se] requiere […] que el interno haya cumplido con la mitad de la pena y no cuente con causa penal abierta que habilite su detención o condena pendiente, pudiendo ser extrañado del país por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, con declaración de extinción de la pena por el juez de ejecución penal”.
“[D]ados el escaso tiempo que resta para acceder [al extrañamiento] (poco más de tres meses) y los términos de la petición de la defensa —del que surge la posibilidad concreta de su embarque en vuelo de repatriación de ciudadanos ingleses, programado para el 12.05.2020—, corresponde decidir sobre la procedencia de una anticipación de la medida de extrañamiento, en función de las recomendaciones efectuadas por la Cámara Federal de Casación Penal, así como de la emanada [del] [Comunicado 66/20 de la Comisión IDH], ambas motivadas en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional por pandemia —COVID-19—, por concurrir en el caso circunstancias que motivan atención”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Expulsión de extranjeros.
“[E]l Tribunal de Alzada expresó su preocupación —mediante la [Acordada N° 3/20]— y definió después —en [la Acordada 9/20]— ciertos parámetros de actuación para guiar la intervención de los órganos jurisdiccionales frente a los desafíos que plantea la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en el contexto de la pandemia de Coronavirus (COVID-19). Postuló así diversas medidas de alcance general que implican alternativas al encierro, sea para quienes se encuentran en prisión preventiva o para quienes se hallan condenados”.
“En [la Acordada 9/20], el tribunal casatorio hizo hincapié en la importancia de la adopción de medidas alternativas al encierro, con los mecanismos de control y monitoreo correspondientes. Puntualizó en tal sentido una serie de hipótesis de procedencia, siendo de interés las del punto 2: b) personas condenadas por delitos no violentos y estén próximas a cumplir la pena impuesta; d) personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos; y f) personas con mayor riesgo para la salud frente a la pandemia. En el caso de autos, [el imputado] cuenta con 62 años de edad y padece Diabetes […], lo que indica que integra el denominado grupo de riesgo ante la pandemia ocasionada por coronavirus…”.
“[El imputado] ha sido condenado —mediante sentencia firme— por un delito no violento y se halla a poco más de tres meses de cumplir la mitad de la pena, lo cual le permitiría ser extrañado conforme en los términos del art. 64 inciso ‘a’ de la ley 25.871”.
“[D]ada la proximidad de la fecha de su extrañamiento en los términos desarrollados con anterioridad, a lo que se añade el actual contexto de excepción que se transita a nivel mundial, puede afirmarse —en consonancia con el dictamen fiscal— que su situación encuadra en los supuestos contemplados en la [Acordada 9/20] de la Cámara Federal de Casación Penal”.
EMERGENCIA SANITARIA; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; CÁRCELES; HACINAMIENTO;
MJL (causa N° 16887)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la decisión y dispuso que la notificación ordenada fuera cumplida por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp a través de un teléfono celular de la titularidad de la Defensoría General de la Nación (jueza Guisado y Juez Rodríguez).
1. Género. Protección integral de la mujer.Violencia de género.
“El primer elemento a tener en cuenta es que se trata de una mujer. Su condición de vulnerabilidad se encuentra expresamente reconocida por nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 23), razón por la cual su consideración resulta insoslayable a la hora de establecer pautas de mayor o menor rigurosidad referidas a las formalidades exigibles en los procesos específicamente promovidos para la tutela de sus derechos”.
“A ello se agrega que su situación y la de todo el grupo familiar ha sido valorada por el cuerpo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica como de altísimo riesgo. Por lo tanto, las medidas para proteger su integridad psicofísica fueron dictadas en el marco del artículo 26 de la ley 26.485, que tiene entre sus objetivos primordiales –artículo 2, inciso f]– el de garantizar `el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia´. Esta norma interna, desde luego, es coherente con los deberes previamente asumidos por el Estado Nacional a nivel convencional para establecer procedimientos judiciales que resguarden a las mujeres de cualquier tipo de agresión […]. En definitiva, […] el poder judicial constituye la primera línea de defensa para la protección de los derechos de las mujeres y por eso la importancia de que su respuesta resulte efectiva e idónea…”.
2. Reglas de Brasilia. Acceso a la justicia.Violencia de género.
“La necesidad de simplificar el acceso a los procesos judiciales y de facilitar una tramitación ágil y oportuna en los casos de violencia contra las mujeres también surge de las `100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad´, cuyo seguimiento fue expresamente postulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la acordada 5/2009. Además de los números 19 y 20, que contienen pautas de actuación generales similares a las hasta aquí descriptas, importa destacar que las nuevas tecnologías ocupan un papel preponderante al establecerse que `se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad´(regla número 95)”.
“[E]l acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia no supone únicamente el dictado de medidas de protección para su integridad psicofísica. Por el contrario, es necesario que esas decisiones vengan acompañadas de herramientas ágiles, dinámicas, versátiles, etcétera, que permitan comunicarlas y verificar su cumplimiento con la mayor rapidez y eficiencia posible. La tecnología tiene entonces un rol indiscutible en esa última etapa para garantizar una tutela judicial efectiva”.
3. Emergencia sanitaria. Telecomunicaciones. Notificación. Derecho de defensa.
“[L]a emergencia pública en materia sanitaria declarada a partir del decreto 260/2020 y el posterior aislamiento social, preventivo y obligatorio instaurado por el decreto 297/2020 y sus prórrogas han alterado profundamente la vida de todos los integrantes de la sociedad…”.
“[D]eben flexibilizarse las normas procesales de acuerdo con lo previsto por el artículo 706 inciso a] del Código Civil y Comercial y compatibilizarse el estado de emergencia actual con los derechos de las partes, tanto en lo que hace a la tutela de la integridad de la apelante como también al de defensa del denunciado […]. En esa ponderación, este colegiado considera razonable la propuesta elevada por el abogado patrocinante integrante del Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género consistente en que la notificación sea realizada por medio de la aplicación WhatsApp a través de un teléfono celular de titularidad de la Defensoría General de la Nación…”.
GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VIOLENCIA DE GÉNERO; REGLAS DE BRASILIA; ACCESO A LA JUSTICIA; EMERGENCIA SANITARIA; TELECOMUNICACIONES; NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA;
Roig Vargas (causa N° 12574)Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, de manera unipersonal, concedió el arresto domiciliario al imputado (jueza Rojas).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“[A]nalizadas las circunstancias de la causa y antecedentes de salud del procesado y teniendo especial atención [al] diagnóstico médico del médico de la Unidad Penal, […] la solicitud de prisión domiciliaria debe prosperar. Ello así, teniendo en cuenta que la amenaza del padecimiento de COVID 19 es real y ante situaciones como la del procesado Roig Vargas el Estado debe resguardar su derecho a la salud.
En efecto, en nuestra función de control de la situación de los detenidos y en miras a procurar su mayor protección frente a la amenaza de la enfermedad que asola al mundo entero, debemos tomar medidas que en lo posible neutralicen el grave riesgo que la misma implica. [E]sto debe direccionarse a aquellos internos que por sus condiciones de salud preexistentes y/o edad forman parte del grupo vulnerable frente al coronavirus, pudiendo, en caso de infección agravarse su cuadro. Y aún si este no fuera el caso, atento a que por su enfermedad pueden llegar a requerir una atención médica externa -habitualmente en una dependencia hospitalaria-, a su reingreso podrían favorecer la propagación y el contagio masivo de la población carcelaria.
Debe tenerse presente que la concesión de la prisión domiciliaria se trata de una facultad del órgano judicial que se debe evaluar en los términos de lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley 24.660, […] normas que hoy deben interpretarse a la luz de la emergencia sanitaria nacional. En función de ello, y resultando un paciente de riesgo el procesado Roig Vargas, se hace aconsejable que el nombrado, prosiga cumpliendo la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario, ello hasta tanto este Tribunal estime que el peligro para sí y para terceros se encuentra neutralizado”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Prisión preventiva. Riesgos procesales.
“[E]l nombrado reviste la calidad de procesado, hace más de un año que viene cumpliendo su prisión preventiva y desde el inicio de la causa mostró una actitud de sujeción al proceso y colaboración, en tanto reconoció su intervención en los hechos y explicó los motivos que lo llevaron a incurrir en los mismos. De modo alguno [esto implica una manifestación] sobre la responsabilidad del nombrado, pero por cierto esta actitud, a la luz de los hechos investigados hace aplicable el criterio sostenido por la Cámara Federal de Casación Penal en orden a tener en cuenta ciertos parámetros para adoptar medidas alternativas al encierro en el marco de la grave situación generada por la pandemia de COVID-19.
En este sentido, a través de las Acordadas N° 2/20, 3/20 y reiterando y ampliando sus argumentos en la N° 9/20 la Excma. Cámara Federal de Casación Penal pone especial énfasis a la emergencia penitenciaria realizando recomendaciones vinculadas a la adopción de medidas alternativas al encierro, respecto de, entre otros, ‘personas en prisión preventiva [+ …que no representen un riesgo procesal significativo…’”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; PRISIÓN DOMICILIARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES;
Koutsovitis (causa N° 3010)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 de la CABA declaró su incompetencia y, como medida precautelar, ordenó al GCBA que: a) elaborase un plan de contingencia ante posibles emergencias sanitarias que garantizase la entrega de agua para todos los usos en los barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; b) incrementase la entrega de agua a granel para todos los usos (consumo directo, manipulación de alimentos, higiene personal, higiene del hogar, etc) en los barrios que no contasen con suministro continuo de agua corriente; y c) elaborase e implementase un protocolo de actuación que brindase pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias, junto a medidas preventivas que las familias debiesen adoptar para evitase el riesgo sanitario. Finalmente estableció que la medida rigiese hasta que el tribunal competente resolviese la procedencia de la medida cautelar solicitada (juez Otheguy).
1. Medidas cautelares. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Peligro en la demora.
“[C]orresponde analizar la procedencia de la medida cautelar requerida en el marco de lo previsto por el art. 179 del CCAyT, en virtud de que, en la duda, dado los dichos de la actora y de la demandada para un área tan vasta, respecto de derechos esenciales como los de salud y vida, corresponde tener por configurado el peligro en la demora.
Dicho artículo reconoce validez a las medidas cautelares que se ordenen por un tribunal incompetente siempre que se hayan dispuesto de conformidad con las prescripciones del CCAyT y que inmediatamente después de requerido, se remitan las actuaciones al tribunal que sea competente“.
“En el mismo sentido, cabe poner de manifiesto que, si bien en el supuesto de autos la medida requerida implica resolver, aunque en forma provisoria, sin debate previo una cuestión litigiosa que involucra la resolución de la cuestión de fondo debatida, cierto es que a ello debe contraponerse la posible afectación de derechos esenciales.
Asimismo, [se] ha reconocido la posibilidad de dictar resoluciones precautelares como provisiones temporarias o in extremis, cuya finalidad también es la preservación del objeto procesal, haciendo prevalecer razones de urgencia por sobre otros requisitos de viabilidad, sin que por ello proceda prescindir absolutamente de una ponderación sobre la existencia del derecho pretendido, aunque más no sea de forma somera en el terreno de lo hipotético […].
[E]l tribunal en el acotado marco de conocimiento que el dictado de la presente medida exige, advierte que la prudencia aconseja tener en cuenta la urgencia que preanuncia el peligro en la demora.El rango de los valores en juego torna viable dicha medida […] con carácter provisional, toda vez que se encontrarían configurados los requisitos de procedencia del remedio procesal intentado”.
2. Emergencia sanitaria.
“La incidencia de la disponibilidad de agua en la higiene de manos, medida considerada técnicamente conducente para disminuir la circulación del Corona Virus Covid 19, sumado al incremento público y notorio en los últimos días de la cantidad de casos de personas contagiadas del mencionado virus en los barrios populares de la Ciudad […], permite inferir la urgencia que preanuncia un relevante peligro en la demora suficiente para disponer una medida precautelar, con el fin de evitar que eventualmente se torne ilusorio el derecho reclamado por la parte al tiempo de que el tribunal competente se pronuncie respecto la medida cautelar requerida”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA VIDA; PELIGRO EN LA DEMORA; EMERGENCIA SANITARIA;
Macaroff (causa N° 6556)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, de manera unipersonal, concedió la prisión domiciliaria a la imputada (juez Aguerrido).
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Informes. Familia. Vulnerabilidad.
“[E]l acusador público nada dijo sobre los numerosos informes que valoran la dimensión del vínculo materno filial y sobre las necesidades e implicancias que derivan de esa relación en la primera edad de las niñas y niños. Obran agregados una pluralidad de dictámenes de profesionales que dan cuenta de la conveniencia de que la señora Macaroff se reúna con sus hijos y profundice el vínculo materno filial…”.
“De los informes se desprende un tránsito de los niños desde la ciudad de Bahía Blanca hacia la ciudad de Santa Rosa, y viceversa, modificándose constantemente sus cuidadores, quedando en ocasiones al cuidado de personas cuya aptitud distan de ser las ideales, reproduciéndose situaciones de inestabilidad y victimización secundaria”.
“En suma, la totalidad de la información que […] proviene de los especialistas técnicos, versa sobre la vulnerabilidad que aqueja al grupo familiar, y los equipos interdisciplinarios referidos son contestes en ofrecer propuestas que faciliten encuentros entre los niños y su madre, a raíz de una distancia entre ellos que sin dudas se encuentra en la actualidad agravada dada la suspensión de los espacios terapéuticos y las visitas a la unidad penitenciaria producto de la situación pandémica atravesada. La concesión de la medida puesta en examen, se exhibe como el primer paso tendiente a reorganizar la vida familiar y paliar la difícil situación descripta”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Género.
“En otra línea de análisis, relativa a la situación de emergencia sanitaria actual, si bien la salud –al menos la física¬ de la imputada- no hace integrante de la población de riesgo, existen numerosas recomendaciones en la región que orientan a explorar medidas de morigeración del encierro penitenciario por integrar el no menos vulnerable colectivo de mujeres con hijos en su primera edad.
Así, es dable mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 10 de abril de 2020 la Resolución No. 1/2020,por medio de la cual recomendó a los gobiernos de los Estados miembros, con relación a las personas privadas de la libertad, ´...45. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad…´.
A todo evento, la Cámara Federal de Casación Penal mediante acordada 9/20, motivada por la coyuntura pandémica atravesada y la situación de hacinamiento y otras gravísimas carencias estructurales consabidas de los establecimientos carcelarios, dispuso ´...Recomendar a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro…´”.
3. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Principio de inocencia.
“[No se comparte] lo manifestado por el sr. Fiscal en el sentido de que […] se encuentra elevada a juicio justamente por hechos que se le enrostran con relación a miembros de su familia, todo lo cual arrojaría que resultan evidentes los peligros procesales que conllevaría el hecho de que las eventuales víctimas de los delitos convivan con su victimaria, lo cual […] generaría una sospecha grave de intento de obstaculización de la averiguación de la verdad, habida cuenta del dominio ejercido […] sobre las víctimas –cuyos testimonios son piezas claves del proceso-.
La pretensión de la acusación de mantener vigente el encierro cautelar con base en dichos argumentos, importa sin dudas alterar la naturaleza misma de la detención preventiva en pena anticipada, trato que no se compadece con los postulados y principios de un estado de derecho. Será el debate el ámbito donde en forma oral, pública y con plena posibilidad de contradicción cada una de las partes en paridad de oportunidades podrá hacer valer sus pretensiones y derechos por ante el tribunal. Las imputaciones en una persona que no ha tenido su juicio –debate oral que tampoco puede pronosticarse como de pronta realización– no alteran su estado jurídico de inocencia…”.
4. Prisión domiciliaria. Familia. Principio de intrascendencia de la pena. Interés superior del niño.
“En esta etapa preparatoria del juicio, no podemos formarnos ningún juicio sobre las hipótesis fácticas e intervenciones de la acusada, teniendo como datos objetivos el agotamiento de la investigación preliminar, la condición de mujer y madre de la encartada, la emergencia penitenciaria y sanitaria declaradas y las recomendaciones vigentes nacionales e internacionales que favorecen en supuestos como los de análisis la morigeración de la prisión preventiva”.
“[E]l pedido de arresto domiciliario peticionado […] beneficiará a una mejor organización familiar y resultará una medida que restablecerá los vínculos parentales, los que se verán fortalecidos con la morigeración del encierro carcelario”.
“[E]l régimen de detención domiciliaria resulta una opción válida. [El] art. 32 de la Ley 24.660 […] debe ser ponderado junto con los preceptos con jerarquía constitucional incorporados a nuestra Carta Magna […], específicamente, el principio rector del ´interés superior del niño´ contenido en el artículo 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño”.
“[S]e encuentra en juego –por aplicación extensiva a esta etapa de privación preventiva de la libertad sin sentencia de condena– la interpretación y vigencia del principio de intrascendencia de la pena […]. Al evaluar esta tensión de derechos obrante en autos, [se observa] por un lado los conocidos intereses de la sociedad de perseguir los presuntos ilícitos con el fin de esclarecer su comisión, y eventualmente de ejecutar las penas impuestas con el fin de resocializar, y por el otro aquel principio de intrascendencia de la pena […].
En aras de respetar esa previsión internacional y comulgar los intereses en juego, […] corresponde recurrir a esta alternativa al encierro, haciendo lugar a la concesión de una medida que tiende a tutelar ambos extremos: aquel en que se ubica la sociedad y acabadamente descripto, y el conformado por las necesidades de los niños y el núcleo familiar”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INFORMES; FAMILIA; VULNERABILIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; GÉNERO; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA;
Roitberg (causa N° 3125)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar de manera parcial y ordenó al GCBA (Ministerio de Salud) que arbitrase los medios necesarios para que previniese, detectase y evitase el contagio y propagación del virus COVID 19 entre los asistentes y residentes del centro de integración (juez Furchi).
1. Medidas cautelares. Medida cautelar autosatisfactiva. Verosimilitud del derecho.
“[D]ebe recordarse que el caso sometido a estudio se trata de una medida autosatisfactiva y los requisitos para su procedencia deben ser valorados por el juez con la mayor prudencia.
En efecto, la jurisprudencia ha indicado que `la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la demora, y que dentro de aquellas la innovativa constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión...´”.
2. Derecho a la salud. Salud pública.
“[E]s dable memorar que el derecho a la salud tiene rango constitucional y que su privación o restricción manifiestamente ilegítima abre la vía del amparo […].Ello, así, en tanto `la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas´ [...].
Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirma el derecho a la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida– y destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de medicina prepaga…”.
3. Emergencia sanitaria. Medida cautelar autosatisfactiva. Peligro en la demora. Interés público.
“En cuanto al peligro en la demora, ha sido definido por la doctrina como `el riesgo probable de que la tutela jurídica definitiva que aquél aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes´…”.
“Así las cosas, de las constancias relatadas en la causa por la Sra. Defensora y a partir de los hechos que son de público conocimiento, se infiere que este requisito se encuentra acreditado, en tanto la velocidad de contagio del COVID 19 resulta exponencial.
A su vez, se debe tener en cuenta que el rechazo de la medida solicitada es susceptible de acarrear consecuencias más dañinas a los peticionarios y a sus hijos que los eventuales perjuicios que su admisión podría producir a su adversaria […].
En este aspecto, es preciso destacar que no se advierte que la concesión de la tutela cautelar pretendida pueda ocasionar una frustración del interés público, ni que pueda afectar la prestación de un servicio público o perjudicar una función esencial de la administración”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA CAUTELAR AUTOSATISFACTIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; DERECHO A LA SALUD; SALUD PÚBLICA; EMERGENCIA SANITARIA; PELIGRO EN LA DEMORA; INTERÉS PÚBLICO;
Talavera (causa N° 11677)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata confirmó la decisión (jueces Álvarez y Lemos Arias).
1. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“En forma liminar cabe señalar que las medidas cautelares, por su naturaleza jurídica, no exigen el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino el de su verosimilitud. La finalidad del instituto cautelar, no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad […].
Por otro lado, los recaudos para la procedencia genérica de las medidas precautorias previstos por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar”.
2. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Medidas precautorias. Control judicial.
“Dentro de  [las medidas cautelares], la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad […].
En tal sentido, es de la esencia de la medida cautelar innovativa enfocar sus proyecciones en tanto dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva  […].
[…] Todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de la revisión judicial; pero ello no obsta a que se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos […], frente a la iniquidad ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta de una norma […] o de un acto de la administración [...]. Por eso, si bien en principio las medidas cautelares no proceden contra el actuar de la Administración, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan sus actos, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles“.
3. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Vulnerabilidad.
“[C]abe señalar que como consecuencia de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo al brote del virus COVID19 como una pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 260/2020, mediante el que amplió la emergencia pública en materia sanitaria […]. Frente al recrudecimiento de la situación epidemiológica a escala internacional, dictó el decreto 297/20 por medio del que ordenó el `aislamiento social, preventivo y obligatorio´, prorrogado por los decretos 325/2020, 355/2020 y 408/2020”.
“En este contexto el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dictó la Resolución 62/2020 por medio del cual se creó el `PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ARGENTINOS EN EL EXTERIOR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS´, para los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional […].
De acuerdo al programa, se autoriza a quien esté a cargo de cada representación argentina en el exterior a adoptar medidas que garanticen a las personas mencionadas: a. Hospedaje; b. Alimentación; c. Asistencia sanitaria; y d. Toda otra necesidad básica. No obstante, ello aclara que sólo podrán ser asistidos en virtud del programa `quienes se encuentren incursos en una situación de vulnerabilidad que no les permita resolver la cuestión por sus propios medios´ […].
La normativa descripta […] da cuenta de la realidad que azota a nuestro país como al resto de la comunidad internacional y es dictada a fin de salvaguardar la salud de toda nuestra población. Este entramado de normas responde a las evaluaciones y evoluciones que los distintos organismos competentes van definiendo en este marco excepcional de pandemia por la que transita”.
“Por ello, corresponde la adopción de medidas tendientes al aseguramiento de sus necesidades básicas de asistencia, las que se deben canalizar en el marco del `Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el Marco de la Pandemia de Coronavirus´ instrumentado [por el] Ministerio de Relaciones Exteriores”.
MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; MEDIDAS PRECAUTORIAS; CONTROL JUDICIAL; EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; VULNERABILIDAD;
Plata (causa N° 133323)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso interpuesto, anuló la decisión impugnada y remitió las actuaciones al juzgado de ejecución para que dictara una nueva resolución (jueces Rimondi y Bruzzone).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento.
“Lleva razón la defensa al postular la falta de fundamentación del decisorio recurrido. Ante todo, vale reparar que la solicitud que intenta morigerar las condiciones de detención del condenado encuadra en los extremos previstos en los incisos a) y d)del artículo 32 de la Ley n° 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad ya que [el imputado] tiene 78 años y se encuentra dentro de la nómina de internos con riesgo de salud (Covid-19), según listado provisto por el SPF.
En efecto, de acuerdo al listado de internos en grupos de riesgo, [el imputado] se encuentra registrado [dentro] del Complejo Penitenciario Federal V, que tiene superpoblación 101,13%. Vista la situación en los términos expuestos, [resultan] deficientes las razones esgrimidas por el a quo al rechazar el pedido de la defensa, las que –como correctamente individualiza la recurrente– recaen principalmente en la observación del bien jurídicamente protegido por la norma infringida en la ocasión por el condenado, creando una división de acuerdo a los bienes jurídicos afectados por los delitos cometidos, sin respaldo legal”.
2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores.
“Tampoco se explica por qué la alusión a la gravedad del hecho atribuido resulta suficiente para denegar la petición de la defensa respecto de un condenado que supera holgadamente los setenta años a los que la normativa hace referencia. [El imputado] tiene una edad muy avanzada, 78 años, es decir 8 por encima del límite fijado por ley 24.660, cuestión que, además, resulta relevante dentro de la emergencia sanitaria que estamos sufriendo, en el que, como es de público y notorio, la mortalidad aumenta sustancialmente en personas de edad avanzada”.
3. Prisión domiciliaria. Abuso sexual. Víctima.
“[E]l resolutorio se ha ocupado de desestimar el peligro para la salud del condenado que […] es por el momento conjetural, pero ha omitido señalar cuales serían los eventuales obstáculos para que cumpla la pena en el domicilio consignado […].Ello resulta indispensable para cumplir con los fines establecidos en el art. 1 de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, más aúnen un caso de abuso sexual intrafamiliar como el presente.Consecuentemente, corresponde el reenvío del asunto al juez a quo, para que evalúe debidamente esa alternativa”.
“Este panorama deberá ser evaluado, en función de las características del caso (abuso intrafamiliar), previa notificación y consulta a la víctima,conforme lo ordena la Ley 27.372, a quien se le deberá hacer saber, a sus efectos, cuál es el domicilio que ha ofrecido [el imputado] para cumplir con su arresto. En definitiva, esas cuestiones habrán de tener incidencia en la concesión o no de la morigeración solicitada, más alláde la gravedad del hecho del que fue encontrado responsable…”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; ADULTOS MAYORES; PRISIÓN DOMICILIARIA; ABUSO SEXUAL; VICTIMA;
Ferreira (causa n° 19781)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, de manera unipersonal, concedió el arresto domiciliario al imputado (juez Aguerrido).
1. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria.
“[C]orresponde [expedirse] sobre [el pedido de arresto domiciliario] […] haciendo foco en las circunstancias excepcionales en las que se encuentra el mundo entero ante la pandemia declarada el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud ante la propagación del virus COVID-19…”.
“[L]a situación debe ser valorada con extrema delicadeza y siguiendo las recomendaciones dadas por la C.F.C.P. en la [Acordada 9/20]”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Responsabilidad del Estado.
“[H]asta el presente no han sido reportados casos de la enfermedad […] en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado el condenado, más teniendo en especial consideración en la inestable y cambiante situación que atravesamos en la actualidad respecto a la pandemia mundialmente conocida, […] [corresponde] evaluar la situación [del imputado] a la luz de la ‘Emergencia en materia penitenciaria’ declarada en el mes de marzo de 2019…”.
“[C]abe recordar que el Estado como responsable de los establecimientos de detención se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de las personas que se encuentren bajo su custodia, lo cual implica salvaguardar el derecho a la salud y el bienestar de los reclusos”.
3. Salidas transitorias
“[D]ebe [sumarse] la circunstancia de tratarse de un condenado que ha cumplido más de la mitad de la condena, en condiciones temporales de acceder al beneficio de salidas transitorias, tornando viable acceder a la prisión domiciliaria solicitada”.
4. Familia. Niños, niñas y adolescentes. Prisión domiciliaria.
“[E]l núcleo familiar primario del condenado integrado por su pareja y tres hijos menores de edad […] distante a más de 300 kilómetros del lugar de alojamiento del nombrado […]. Ello sumado los magros ingresos informados con los que cuenta su grupo familiar, torna imposible el contacto en el establecimiento penitenciario.
Por lo que, en aras de favorecer la unión y el acercamiento familiar, teniendo en consideración los derechos de los niños y con el fin de salvaguardar los mismos, [se considera que] la concesión de la medida solicitada habrá de restablecer el vínculo paterno-filial”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; SALIDAS TRANSITORIAS; FAMILIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Quiroga Torrico (causa n° 154036)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, concedió al imputado la libertad condicional y reenvió la causa al juzgado de origen para que fijase las reglas de conducta que se le debían imponer (jueces Rimondi y Bruzzone).
1. Libertad condicional. Reinserción Social. Informes. Servicio Penitenciario Federal.
“[E]l SPF no dio cumplimiento a lo ordenado anteriormente por esta Sala […] lo que, a ciencia cierta, ha repercutido negativamente en el pronóstico de reinserción social [del imputado]. En este sentido, la resolución impugnada que no ha contemplado estas circunstancias, ha incumplido con lo ordenado en la resolución […] [previa] de esta Sala, y esto basta por sí sólo para hacer lugar al recurso de casación interpuesto y revocarla”.
2. Emergencia sanitaria. Hacinamiento. Libertad condicional.
“[D]esde el primer rechazo de la libertad condicional solicitada en favor [del imputado] al día de la fecha, han transcurrido aproximadamente dos años. Por otro lado, se debe remarcar que varias de las circunstancias existentes al momento de la impugnación, se han visto modificadas”.
“[El imputado] se encuentra actualmente alojado en la U­12 del SPF […] que, como es de público y notorio conocimiento, el país (y el mundo) se encuentra atravesando una crisis sanitaria generada por el virus Covid­19”.
“[E]n el listado de internos en grupos de riesgo se encuentra incluido el recurrente, en […] la Unidad 12 del SPF, que además tiene sobrepoblación con una taza de 106,25% de ocupación, con los siguientes factores de riesgo: etario e insuficiencia cardíaca. Bajo estas circunstancias, se evidencia, […] que el imputado integra la nómina de agentes de riesgo respecto del contagio de coronavirus”.
LIBERTAD CONDICIONAL; REINSERCIÓN SOCIAL; INFORMES; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL; EMERGENCIA SANITARIA; HACINAMIENTO;
Flores (causa n° 661)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 12 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 hizo lugar a la morigeración de la prisión preventiva y concedió a la imputada el arresto domiciliario (jueces Marquez y Medina y jueza Moscato).
1. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Riesgos procesales.
“[S]i bien […] el impacto que provoca en la acusada cumplir una hipotética pena privada de su libertad, constituye una pauta objetiva de valoración que permite sostener el riesgo procesal de fuga por parte de la justiciable, lo cierto es que la situación epidemiológica actual, declarada como pandemia a nivel mundial, […] aconseja evaluar con mayor flexibilidad cada caso […], teniendo como principal objetivo su protección frente al COVID-19”.
2. Interés superior del niño. Cárceles. Hacinamiento. Prisión domiciliaria.
“[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a los Estados a enfrentar la situación de las personas privadas de libertad en la región y sugirió evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en grupos de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.
“[La imputada] es madre de tres hijos menores de edad […] quienes se encuentran al cuidado de su abuela […] extremo que denota una excepcionalidad para el caso de estudio”.
“[E]l caso en estudio requiere no solo ponderar la actual coyuntura de crisis sanitaria sino también las múltiples normas de derecho internacional y de derecho interno en las que, reiteradamente, se alude al interés superior del niño y a la importancia de la relación madre/hijo”.
“[En la] reciente [Acordada 5/2020] […] el tribunal superior recomendó a los magistrados del fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal se extremen los recaudos para coadyuvar a la pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente la situación de las mujeres que se encuentran al cuidado de hijos menores”.
“[S]i bien los riesgos procesales […] obstaculizan la procedencia de su excarcelación, el contexto particular de [la imputada] torna procedente la morigeración pretendida por la defensa, a partir de lo dispuesto en el artículo 210 del CPPF y […] la aplicación de la medida dispuesta en el inciso ´j´ de dicha norma, es suficiente para garantizar que la imputada continúe a derecho. Como toda medida de morigeración demanda una cuota de confianza, [que] en el contexto fijado [se encuentra] en la referencia al domicilio aportado y los datos de contacto de su referente.
Ello surge […] como la medida más adecuada a fin de no conculcar el interés superior del niño, el que se erige como principio rector; y se avizora como la solución más favorecedora al crecimiento, desarrollo y contención del grupo familiar, a la par que se complementa con principios de contenido humanitario y sanitario que aminoren su escenario de riesgo frente a la actual coyuntura sanitaria y de hacinamiento carcelario”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; CÁRCELES; HACINAMIENTO; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Gutierrez (causa N° 34336)Juzgado Federal de 1a Instancia en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Morón
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 2 hizo lugar al habeas corpus y encomendó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal la instalación y/o conversación de las líneas de telefonía pública del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz en bidireccionales (juez Rodríguez).
1. Personas privadas de la libertad. Cárceles.Incomunicación. Principio de reinserción social.Igualdad.
“[L]a comunicación de las personas privadas de la libertad es uno de los derechos que conforman [el] trato digno que se les debe y forma parte esencial de su resociabilización permitiéndoles mantener sus vínculos familiares y contacto con sus defensas”.
“[E]l derecho a la comunicación con el exterior y por ende al trato digno no se encuentran resguardados.Asimismo, se haya afectado el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) de los internos alojados en el Complejo Penitenciario Federal Nro. 2 de Marcos Paz con relación a sus pares de otras unidades tales como el Complejo Penitenciario nro. 1 de Ezeiza y C.A.B.A, entre otros”.
“En este sentido, debe destacarse que –tal como ya se ha indicado en el marco del presente expediente-, existen otras unidades penitenciarias que cuentan con el servicio de líneas bidireccionales activas, respecto de las que no existió impedimento para su conversión., motivo por el cual no existe controversia acerca de la necesidad de que se preste análogo servicio en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz”.
2. Emergencia sanitaria.Incomunicación.
“[V]ale recordar la particular situación por la cual atraviesa no solo nuestro país sino el mundo entero. La expansión a escala mundial del denominado CORONAVIRUS (COVID19), ha determinado que la Organización Mundial de la Salud lo catalogue como pandemia, recomendando la adopción de medidas de contención y control en cada uno de los países”.
“Los presentantes […] apuntaron las dificultades y limitaciones que por diversas y variadas realidades producen un menoscabo en el correcto ejercicio del derecho a la comunicación de los internos alojado en le CPF II de Marcos Paz y el exterior -vínculos familiares y sociales, Tribunales, Defensores, Organismos de Derechos Humanos, Asistentes Sociales, etc.
Ante esta situación excepcional, corresponde exhortar a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal para que -a través de las herramientas, instrumentos y/o protocolos que posean o que puedan crearse al efecto-, garantice el efectivo ejercicio de ese derecho, teniendo especial consideración al contexto de Emergencia Sanitaria Nacional en el que nos hallamos inmersos como Sociedad y las dificultades y limitaciones expuestas a lo larga de éste considerando; ello hasta tanto se implemente la conversión de las líneas telefónicas en bidireccionales”.
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; INCOMUNICACIÓN; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; IGUALDAD; EMERGENCIA SANITARIA;
Godoy (causa N° 18051)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso de casación, casó la sentencia impugnada y concedió la excarcelación al imputado (jueza Llerena y jueces Bruzzone y Rimondi).
1. Excarcelación. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Situación de calle.
“[E]sta Sala sostuvo que la situación de calle en la que se encontraba el imputado (pues ahora su compromiso es residir con su progenitora) no puede ser un elemento dirimente para negar la concesión del instituto, sino que, en todo caso, debe considerarse al momento de establecer el medio por el cual se va a asegurar su comparecencia al proceso, en particular contemplando que existen medidas alternativas y menos gravosas para neutralizar el riesgo procesal, como aquellas contempladas en los arts. 310, 320 y ss. del CPPN.
En este caso, la resolución impugnada fundó el riesgo de elusión a partir de la falta de domicilio estable, pero se observa que esta situación ha sido superada satisfactoriamente mediante la posibilidad de Godoy de residir con su madre. En este sentido, puede descartarse una voluntad de falsear sus datos relativos al domicilio; por el contrario, lo que se evidencia es una situación de vulnerabilidad que, al menos parcialmente, podría verse mermada por el ofrecimiento de su madre de que viva en su domicilio…”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento.
“Además de ello, las particulares circunstancias que estamos viviendo (epidemia de Covid­19 en progreso con riesgo de circulación del virus dentro de cárceles sobrepobladas) nos colocan en una carrera contra el tiempo…”.
“[E]n esta excepcional situación de emergencia que atraviesa el mundo entero, dos son las medidas que deben atenderse: el cuidado especial hacia las personas que integran los grupos de riesgo (por la gran mortalidad que han evidenciado), por un lado, y la preservación de la distancia de seguridad entre las personas, a efectos de evitar la propagación del virus, por otro.
Trasladados estos principios generales al tema que nos ocupa, debe destacarse que la intensidad moderada de la eventual sanción a imponer (prisión de seis meses a seis años) coloca al interno en una situación particular frente a la sobrepoblación reinante en los institutos del SPF. En particular, en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza en la que se encuentra detenido se verifica sobreocupación, por lo que la posibilidad de desarrollar las medidas de prevención necesarias en esta emergencia sanitaria se ven evidentemente reducidas. Tampoco puede soslayarse que el contexto impide que se fije una fecha de juicio a la brevedad…”.
EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; PELIGRO DE FUGA; SITUACIÓN DE CALLE; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO;
Aguilar Fernández (causa N° 18051)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 concedió el arresto domiciliario al imputado (jueces Basso, Ríos y Machado Pelloni).
1. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Interpretación de la ley.
“Si bien desde una óptica interpretativa literal de la norma, el caso traído a estudio no se adecua al supuesto previsto en el art. 32, inc. ‘f’, de la ley 24.660 y art. 10, inc. ‘f’, del CP, lo cierto es que, el máximo tribunal de la república ha sostenido la primacía de la interpretación teleológica de la norma […]. Es así, que no sólo [se debe limitar]  a analizar la letra de la norma en forma literal o gramatical, sino que, en pos de garantizar una efectiva administración de justicia, es misión de los magistrados indagar sobre la voluntad del legislador al momento de su dictado, o bien la finalidad con la cual fue creada.
Sobre el particular, [no puede dejar de tenerse] en cuenta la singular situación en la que se encuentra el encartado con relación al estado de salud tanto de su pareja como así también de su hijo. [L]a finalidad de la norma no es otra que respetar el interés superior del niño, de conformidad con lo estipulado por el art. 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño por sobre otros intereses […], el cual, a la luz de las constancias de la causa, sin el debido acompañamiento paterno-filial por parte [del imputado] no podrá ser garantizado.
Es claro entonces, que en este caso no [se puede] hallar como óbice a la concesión de la prisión domiciliaria el hecho de que el imputado solicitante sea de sexo masculino, pues se estaría obviando nuestra tarea de realizar la debida exégesis que ‘mejor asegure los grandes objetivos para los que  [la norma] fue dictada´…”.
“Al respecto, con relación al caso en estudio, [se considera atinado] señalar que, si bien la situación de […] Aguilar Fernández no encuadra exactamente en el supuesto establecido en [el inciso] ‘f’ de los artículos antes citados, se encuentra en juego el interés superior del niño, por lo cual, teniendo en cuenta la finalidad de la normativa indicada, se impone conceder su arresto domiciliario, en tanto la presencia paterna resulta necesaria para atenderlo en virtud de su condición y porque la madre padece de problemas de salud que le impiden hacerse cargo del menor por sí sola”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
GFM (causa N° 40788)Juzgado Nacional Civil Nro. 23
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 23 declaró de oficio la inconstitucionalidad del art.2 de la Resolución 132/2020 del Ministerio de Desarrollo Social.Asimismo, dispuso con carácter cautelar la modificación provisoria del régimen de comunicación y estableció que el Sr. T. trasladase a Z. al domicilio materno el 28 de abril y la retirase el día 8 de mayo de 2020. Por último dispuso que, una vez reiniciada la actividad judicial, cualquiera de las partes podía solicitar una audiencia a fin de modificar el régimen de comunicación acordado (jueza Diaz Cordero).
1. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Traslado de personas. Niños, niñas y adolescentes. Declaración de inconstitucionalidad.
“[R]esulta inadmisible que el Ministerio de Desarrollo Social mediante la citada Resolución restrinja los derechos de locomoción de los niños, niñas y adolescentes –como lo hace– desnaturalizando los alcances del DNU, lo que resulta irrazonable. Es que, el Ministro  carece de facultades y por ende de legitimación para adoptar normas que interpreten o limiten los derechos individuales, modificando los alcances del DNU.
Dicha Resolución es por ende inaplicable e inconstitucional ya que fue dictada sin legitimación para hacerlo y por tanto soslayando los mandatos constitucionales.Es que, al dictar dicha norma, la mencionada cartera estatal se excedió en sus facultades, pues modificó lo dispuesto en el DNU 297/2020 cuando no existe posibilidad de subdelegación legislativa, ni ella se concretó. Tal accionar vulnera el principio de división de poderes.
La sola lectura de su articulado, revela que lo allí dispuesto no constituye una mera instrucción interna para la administración, sino que aparece por su contenido y alcance, como una clara disposición normativa, pues, en rigor, modifica un aspecto sustancial del régimen consagrado por el DNU […], restringiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran exceptuados en el art. 6, inc. 5 del señalado Decreto.
Ello además, en violación con lo que dispone el art. 103 de la Carta Magna en cuanto establece que los ministros no pueden por si solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.  Por otro lado el art.76 de la Constitución Nacional limita la competencia delegativa del Poder Legislativo, autorizando esa delegación solo en el Presidente”.
2. Reglamentación de los derechos. Control judicial. Declaración de inconstitucionalidad.
“La culminación del control judicial de constitucionalidad consiste en declarar la validez o invalidez constitucional de normas legales, reglamentarias, convencionales o de otra índole de los poderes públicos[…].Recuérdese que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, –aquí Resolución Ministerial que amplía y complementa, aunque también restringe un DNU– comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella…”.
“[L]a declaración de inconstitucionalidad es la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse al órgano jurisdiccional, ya que ella configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico […].
En consecuencia y dado que la resolución ministerial […] trasunta el despliegue de una facultad que exhorbita las potestades reconocidas al Ministerio, pues modifica sustancialmente el DNU dictado por el Presidente del Poder Ejecutivo, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la Resolución 132 del Ministerio de Desarrollo Social”.
3. Régimen de comunicación. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“Teniendo en cuenta la existencia del DNU que incluye entre las excepciones a quienes deban atender a adolescentes y las demás normas precedentemente mencionadas, […] corresponde en el caso arbitrar medidas efectivas a fin garantizar que Z. vuelva a mantener contacto directo con su progenitora, tomándose todos los recaudos necesarios a efectos de asegurar su integridad física y emocional.
Si bien [debe tenerse] en cuenta las manifestaciones del Sr. T. en cuanto a que Z. mantiene asiduo contacto con la Sra. [M]. mediante video llamadas, no [puede dejarse] de advertir que el régimen de contacto directo se encuentra interrumpido de forma permanente hace más de un mes entre madre e hija. En tal sentido, […] la falta de adopción de medidas que puedan mitigar esta situación generaría un perjuicio aún mayor para las partes y principalmente para Z., en desmedro de su interés superior…”.
EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; TRASLADO DE PERSONAS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; REGLAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS; CONTROL JUDICIAL; RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Burgos (causa N° 22000420)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia,de manera unipersonal, concedió la prisión domiciliaria al hombre (juez Guanziroli).
1. Prisión domiciliaria. Personas privadas de la libertad.
“[L]a prisión domiciliaria […] es una alternativa para situaciones especiales que prevé el ordenamiento jurídico argentino en relación con la ejecución de la pena privativa de la libertad.Deriva de la sustitución de una modalidad de cumplimiento de la prisión, por otra atenuada y de conformidad con las circunstancias del caso, dado que la privación de libertad continúa rigiendo bajo circunstancias diversas y acorde a las condiciones objetivas del sujeto. ´Se trata de una modalidad de ejecución del encierro, pues es detención y no de una suspensión de la ejecución, lo que corresponde en su caso a una condena condicional´”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“[E]n el contexto de urgencia sanitaria mundial y nacional se ha declarado la Emergencia Sanitaria […] y se han adaptado los institutos jurídicos a la especial situación de los detenidos. [V]istas las recomendaciones y medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial en relación con la resolución adoptada por la Organización Mundial de Salud (OMS) que declarara la pandemia por aparición del Coronavirus -2019 Ncov (COVID-19) y lo decidido por la Cámara Federal de Casación Penal en la Acordada 3/2020, corresponde resguardar en especial a aquellas personas privadas de su libertad, que por sus condiciones de salud preexistente y/o edad, forman parte del grupo vulnerable frente a la enfermedad, pudiendo fundadamente agravarse su cuadro en caso de contraerla.
Y aquí se encuentra verificado grave riesgo de contraer la enfermedad, que requiere condiciones de higiene, aislamiento y cuidados que no podrían brindársele con eficiencia en el instituto carcelario donde se halla y que tornarían difícil su atención y más en el caso de producirse el contagio, debiéndose asegurar el derecho a la salud no sólo del peticionante, sino de toda la población intramuros, sin perjuicio de los recaudos que ha tomado la autoridad penitenciaria con el objetivo de minimizar el peligro de contagio interno, pero que de producirse expone a todos y en diferente grado de gravedad conforme su edad y comorbilidades”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD;
Sánchez (causa n° 51441)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 1 concedió al imputado la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica hasta su incorporación al régimen de libertad condicional y, a partir de esa fecha, su excarcelación (jueza Prado).
1. Excarcelación. Progresividad de la pena.
“[D]ado que [la] condena no se halla firme […], corresponde abordar el estudio […] del instituto de excarcelación, según previsión del artículo 317 inciso 5 del CPPN. Ello, en función de que esta disposición legal establece que podrá concederse la excarcelación cuando el imputado hubiere cumplido en detención un tiempo que, de encontrarse firme la condena, le permitiría obtener la libertad condicional, siempre que se hubieran observado los reglamentos carcelarios”.
“Con relación a la exigencia de ‘observancia regular de los reglamentos carcelarios’, los informes emitidos por el Organismo Técnico Criminológico del Establecimiento Penitenciario […] dan cuenta que […] su calificación de concepto ha sido regular. […] Además, la División de Seguridad informa que ha presentado una conducta diez…”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Libertad condicional. Excarcelación.
“[D]ado el escaso tiempo que resta para acceder a [la excarcelación] (tres meses), corresponde decidir sobre la procedencia del instituto de detención domiciliaria”.
“[Se debe] reexaminar hoy [el pedido de prisión domiciliaria] en función de las nuevas recomendaciones efectuadas por [la CFCP], así como de la emanada de [la Comisión Interamericana de Derechos Humanos] […], ambas motivadas en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional por pandemia —COVID-19—…”.
“[E]n función de las actuales circunstancias, la Cámara Federal de Casación Penal expresó su preocupación —mediante [la Acordada 3/20]— y definió después —en [la Acordada 9/2020]— ciertos parámetros de actuación para guiar la intervención de los órganos jurisdiccionales frente a los desafíos que plantea la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en el contexto de la pandemia de Coronavirus […]. Postuló así diversas medidas de alcance general que implican alternativas al encierro, sea para quienes se encuentran en prisión preventiva o para quienes se hallan condenados”.
“[El imputado] fue condenado —mediante sentencia no firme— por un delito no violento, como es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. [S]i bien los delitos de narcotráfico resultan per se graves, […] —dentro de ese universo de ilícitos— los de tenencia resultan menos lesivos […]. [R]esulta próxima su posibilidad de acceder al instituto de libertad condicional; por lo que […] su situación se halla asimismo en el marco de los supuestos contemplados en [la Acordada 9/2020]…”.
3. Emergencia sanitaria. Excarcelación. Antecedentes condenatorios. Prisión domiciliaria. Vigilancia electrónica.
“[Respecto a] que el interno registra dos condenas anteriores […] el nombrado no fue declarado reincidente […]. En cuanto a la fuga del nombrado […] mientras gozaba de salidas transitorias […] dicha circunstancia no puede constituir al presente un obstáculo para acceder a una morigeración de modalidad de detención, en especial a la luz de los informes positivos recientemente emitidos por el Servicio Penitenciario […] así como frente a la posibilidad de adoptar en el concreto dispositivos tecnológicos de monitoreo”.
“[T]eniendo especialmente en cuenta el actual contexto de excepción que se transita, […] la modalidad más apropiada de cumplimiento del tiempo de encierro que resta al nombrado —hasta el 29 de julio próximo— es la prisión domiciliaria. Por ende, […] procede la morigeración de la detención que viene sufriendo, a través de su concesión desde el día de la fecha y por el lapso referido”.
EXCARCELACIÓN; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; LIBERTAD CONDICIONAL; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VIGILANCIA ELECTRÓNICA;
Poma Choque (causa n° 6356)Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 concedió al imputado la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica (juez Canicoba Corral).
1. Emergencia sanitaria. Hacinamiento. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria.
“[L]a situación de emergencia sanitaria actual aunada a las condiciones de superpoblación carcelaria, presentan una situación excepcional que respaldan el camino a adoptar, en ese caso en particular”.
“[El Comunicado 66/20 de la Comisión IDH] […] exhorto una reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad. […] También, se argumentó sobre la base de lo señalado por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que las personas privadas de la libertad son más vulnerables al contagio por coronavirus (COVID-19), por lo que recomendó dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad para detenidos con perfiles de bajo riesgo…”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Personas privadas de la libertad. Hacinamiento.
“[L]os nuevos lineamientos de la Cámara Federal de Casación Penal, […] marcan un rumbo en cuanto a la implementación de las herramientas legales invocadas para resguardar adecuadamente el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad ante la situación sanitaria que se vive, por tratarse de seres humanos más expuestos al contagio del COVID19, ante la imposibilidad de cumplir estrictamente con el aislamiento social como consecuencia de la superpoblación carcelaria, ya declarada”.
“[E]s dable advertir que resulta de aplicación el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal que establece las medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva”.
3. Transporte de estupefacientes. Riesgos procesales. Vigilancia electrónica.
“[Las] conductas acreditadas […] no atentan directamente y gravemente contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, la libertad personal o seguridad individual, y la propiedad. La ausencia de una conducta violenta es merituada para el dictado de la presente, como una de las pautas importantes que se dan por satisfecha…”.
“[T]ampoco se avizora que el arresto domiciliario solicitado ponga en peligro el éxito de la investigación pendiente, atendiendo a que a esta altura […] se han incorporado a la instrucción múltiples pruebas ordenadas. Por demás, el beneficio pretendido ya ha sido otorgado a otros consortes de causa y se encuentran en trámite nuevas solicitudes ante la emergencia sanitaria…”.
“También se cuenta con el recurso de colocar un dispositivo electrónico para el control de la medida, lo que coadyuva a asegurar su estricto cumplimiento…”.
EMERGENCIA SANITARIA; HACINAMIENTO; PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; RIESGOS PROCESALES; VIGILANCIA ELECTRÓNICA;
Altamirano (causa n° 5174)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes otorgó al imputado la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica (jueza Rojas de Badaró y jueces Alonso y Ceroleni).
1. Derecho a la salud. Hacinamiento. Emergencia sanitaria.
“[El imputado] se encuentra comprendido en el denominado grupo de riesgo de acuerdo a los parámetros fijados por el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto de la pandemia de coronavirus COVID-19. Esto implica que un eventual contagio puede acarrear consecuencias fatales.
Esto se compadece con la opinión de la Cámara Federal de Casación Penal, fundada en las regulaciones nacionales, los informes y recomendaciones de organismos internacionales, tendientes a descomprimir el hacinamiento y la sobrepoblación en las unidades penales o de las fuerzas de seguridad, que recomendó la aplicación de medidas alternativas al encierro para evitar un masivo contagio del agresivo virus COVID- 19”.
2. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud. Vulnerabilidad.
“El caso particular subjudice debe zanjarse por razones humanitarias, que […] inclinan a otorgar la prisión domiciliaria, debido a la pandemia y riesgos de vida que acechan ante la posibilidad de que contraiga el virus”.
“[E]l Estado como garante de las personas en condiciones de encierro debe resguardar adecuadamente el derecho a la salud, dado que ello constituye una situación de vulnerabilidad…”.
3. Cárceles. Hacinamiento. Emergencia sanitaria.
“Si bien el Servicio Penitenciario Federal ha impuesto una serie de protocolos y directivas tendientes a prevenir la pandemia adentro de las unidades carcelarias […], no [es posible] soslayar la emergencia carcelaria dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución N° 184/19 del 25/03/19, que promovía medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, constituidos -entre otros- por personas con problemas de salud.
En este escenario, los grupos de riesgo deberán necesariamente durante la emergencia sanitaria ser separados, o externados de los establecimientos penitenciarios”.
4. Prisión domiciliaria. Vigilancia electrónica.
“Contemplando la situación esencialmente humanitaria y extrema que significa la pandemia mundial, con la situación particular del encausado, la premura del caso no debe impedir la adopción de medidas precautorias y de control, como la prohibición de salida del país, y la aplicación de pulseras o tobilleras electrónicas para despejar el riesgo de fuga”.
“[C]on el objeto de minimizar los riesgos de fuga, como medidas cautelares debe prohibirse la salida del país del imputado, y requerir a las autoridades correspondientes el control electrónico del cumplimiento de la prisión domiciliaria”.
DERECHO A LA SALUD; HACINAMIENTO; EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; VULNERABILIDAD; CÁRCELES; VIGILANCIA ELECTRÓNICA;
Lutz (causa N° 13448)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral Federal de Neuquén hizo lugar al planteo, redujo en nueves meses los plazos para el avance en el régimen progresivo de la pena y concedió la prisión domiciliaria (juez Cabral).
1. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Estímulo educativo.
“[D]e conformidad con lo previsto por el art. 140 de la ley 24.660, corresponde hacer lugar a la pretensión. En el marco de lo dispuesto en el inciso a) deben reducirse los plazos para el avance de LUTZ a través de las distintas fases y periodos de la progresividad del sistema penitenciario en un (1) mes (por la conclusión del ciclo lectivo anual –CBC-), y en función del inciso b), en ocho (8) meses (dos meses por cada curso de formación profesional realizado). En total, la reducción será de nueve (9) meses, debiendo estarse en cada caso a la imperativa concurrencia de las demás condiciones requeridas por la ley”.
“En orden a la segunda petición –esto es, la concesión de la prisión domiciliaria–, dada la excepcionalidad del escenario en que […] toca decidir y las particularidades del caso en trato, [resulta] razonable el pedido de la Defensa”.
“Conforme surge de las actuaciones, la interna cuenta con calificación Conducta Ejemplar 10 y Concepto Bueno 6 y se encuentra en fase de Confianza. Asimismo, […] ha hecho un gran esfuerzo para superarse a través de la educación, y para avanzar a través de las distintas fases y periodos de su progresividad”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria.
“En virtud de estos indicadores, sumados a la proximidad de la fecha para su acceso a la libertad condicional (8 meses), […] en la presente situación de emergencia decretada a nivel nacional –en la que se encuentran suspendidas las salidas de los encarcelados, como así también el régimen de visitas–, a efectos de no restringir el avance de su progresividad en el régimen de resocialización, la modalidad más apropiada de cumplimiento del encierro que le resta hasta el 19 de diciembre del corriente año, es la prisión en su domicilio…”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; ESTÍMULO EDUCATIVO; EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Bacigalupo (causa N° 3061)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ministerio de Salud– a que acreditase en el plazo de 48 horas en qué efector de salud procedería a internar al actor a fin de realizarla intervención quirúrgica. Además, ordenó que se le brindase asistencia médica durante el post operatorio y el tratamiento de la enfermedad (juez Trionfetti).
1. Derecho a la vida. Derecho a la salud.Autonomía personal.
“[L]a vida de las personas y su protección –en particular, el derecho a la salud– constituyen un bien fundamental. Se trata de bienes que configuran un presupuesto y una plataforma de otros derechos humanos. Más que un derecho no enumerado […] el derecho a la vida es un valor implícito, toda vez que el ejercicio de los demás derechos que el ordenamiento jurídico reconoce en forma expresa requiere necesariamente de él y, por tanto, lo supone.A su vez, el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de la autonomía personal…”.
“[L]a protección de la salud es uno de los principios fundamentales en cualquier Estado moderno, principio que se plasma en la actualidad como un derecho de toda persona a exigir aquellas prestaciones básicas que en materia de salud le garanticen su dignidad como ser humano”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Salud pública. Tratamiento médico. Verosimilitud del derecho.
“[E]l frente actor solicita en concreto una protección cautelar que garantice el acceso al servicio público de salud por parte del estado local, a fin de que se le extraiga un tumor renal […] y se brinde la atención médica-hospitalaria correspondiente y que, en definitiva, que su condición de salud no empeore, no solo mientras transcurren las diversas etapas procesales, sino mas bien durante el plazo en el cual transcurre el `Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio´ dispuesto en todo el país”.
”Tales circunstancias, apreciadas dentro del limitado marco de abordaje propio delas medidas cautelares, […] llevan a tener por acreditado, al menos en esta etapa liminar del proceso, el recaudo de la verosimilitud en el derecho invocado, pues no puede perderse de vista que si bien el país se encuentra transitando una pandemia y por ello se han adoptado medidas excepcionales, pero precisamente esas medidas se hallan encaminadas en gran parte a posibilitar que el sistema de salud permita también atender casos ajenos al COVID-19 pero que resulten relevantes y urgentes; y la vida y la salud en riesgo de un ser humano resulta ser de esta clase de supuestos”.
3. Tratamiento médico. Tutela judicial efectiva.Peligro en la demora.
“En cuanto al recaudo del peligro en la demora, como ha dicho la Cámara de Apelaciones del fuero, rememorando una clásica doctrina que indica que `los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar´ […].
[E]l peligro en la demora surge manifiesto, dada la gravedad que implica la imposibilidad de contar con la atención médica que asegure el restablecimiento de la salud del paciente o, al menos, neutralice los riesgos de ver su vida en peligro. [D]e no accederse a lo solicitado, existe la posibilidad de que se ocasione un perjuicio irreparable por la duración del proceso hasta el dictado dela sentencia definitiva. En este orden de cosas, el dictado de una medida innovativa que anticipe el objeto mediato de la pretensión resulta indispensable. En tal sentido, cobra preeminencia el estándar convencional de tutela jurisdiccional efectiva a fin de orientar el sentido de esta resolución”.
DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA SALUD; AUTONOMÍA PERSONAL; EMERGENCIA SANITARIA; SALUD PÚBLICA; TRATAMIENTO MÉDICO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
PPN (registro N° 242 y causa N° 10082)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, anuló la decisión y concedió la prisión domiciliaria a la mujer (jueces Slokar, Mahiques y Yacobucci).
1. Emergencia sanitaria. Cámara Federal de Casación Penal. Jurisprudencia.
“[E]sta Cámara Federal de Casación Penal dictó la Acordada Nº 2/20 […], a fin de satisfacer los estándares internacionales en materia de tutela de mujeres, niños y niñas especialmente en el contexto actual de emergencia penitenciaria formalmente declarada. Luego, en consonancia con ello, por Acordada 3/20 […], esta Cámara supo expresar su preocupación respecto de la situación de las personas privadas de libertad, en razón de las particulares características de propagación y contagio y las actuales condiciones de detención en el contexto de la declarada emergencia penitenciaria, lo que posibilita inferir ‘las consecuencias sobre aquellas personas que, además, deban ser considerados dentro de un grupo de riesgo’.
[…] Por tanto, se encomendó el preferente despacho para la tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes y encomendó a las autoridades competentes la adopción de un protocolo específico para la prevención y protección del CORONAVIRUS COVID-19 en contexto de encierro. Más recientemente, el pleno de este cuerpo, con fecha 13 de abril ppdo., dictó la Acordada 9/20, mediante la cual se efectuaron una serie de recomendaciones a los tribunales de la jurisdicción a fin de que adopten medidas alternativas al encierro”.
2. Emergencia sanitaria. Personas privadas de la libertad. Cárceles. Hacinamiento.
“[E]l hiperencarcelamiento que repercute –entre otros tantos extremos- particularmente en la salud de la población, plantea la imperiosa necesidad de despoblar, esto es, liberar la mayor cantidad de privados de libertad -comenzando racional y ordenadamente por los inocentes, las madres al cuidado de hijos, los que purgan penas leves, los más vulnerables físicamente, con criterio restrictivo frente a atentados graves y [con] especial consideración de la víctima- antes de que el COVID-19 desate una masacre en la infraestructura precaria de los establecimientos y haya de lamentarse el costo de innumerables vidas. La privación de la libertad nunca puede entrañar privación de la salud, mucho menos de la existencia.
Ese, y no otro, constituye el basamento jushumanitario del pronunciamiento del pleno, llamado a detener el ‘encruelecimiento’ del encierro en respuesta al llamamiento formulado por múltiples organizaciones internacionales, en cuanto han advertido que las personas privadas de la libertad están expuestas a una mayor vulnerabilidad al COVID-19 con relación a la población en general, en razón de estar confinadas en condiciones de hacinamiento. A más, tampoco debe omitirse que las personas en prisión tienen mayores índices de morbilidad que la población general y están más expuestas a factores de riesgo debido a las condiciones deficitarias de higiene, la mala nutrición y la prevalencia de patologías base sin el adecuado tratamiento médico.
En definitiva, se transita el trágico escenario de la emergencia dentro de la emergencia, con derivaciones que deben adoptarse de inmediato por imperio de la responsabilidad judicial que dimana del art. 18 constitucional”.
3. Emergencia sanitaria. Cárceles. HIV. Derecho a la salud.
“[S]e recibió en esta Cámara el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación relativo a la población penal alojada en el Servicio Penitenciario Federal sobre los internos con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-COVID 19, que incluye en su nómina a la causante. […] Bajo estas premisas, no mediando controversia sobre la situación de salud de N. P. P., se advierte que la hipótesis en trato se enmarca dentro del supuesto previsto en el punto dispositivo 2.f de la mentada Acordada CFCP 9/20.
Por otra parte, la argumentación ensayada en la decisión censurada en relación a las medidas adoptadas por el servicio penitenciario para mantener a resguardo a la población carcelaria, no arroja de ningún modo certeza sobre la eliminación absoluta del riesgo de que el virus ingrese en algún momento en el ámbito carcelario, ello en virtud del alto grado de contagio que presenta el COVID-19, más aún en un ámbito de máximo contactos estrechos en donde no se restringió de modo completo la circulación”.
“Desde esta óptica, el argumento relativo a que aún no se ha constatado la presencia de la enfermedad en la institución carcelaria y que ello es potencial resulta definitivamente errado, en tanto la respuesta a ese respecto devendría tardía, a partir de la modalidad de transmisión masiva que caracteriza al virus COVID-19, siendo que, en las particularidades de la especie, la debilidad del sistema inmunológico que presenta la encarcelada pondría gravemente en riesgo su propia existencia, configurándose en el caso una situación irreversible.
Asimismo, el judicante hizo alusión a que la peticionaria recibe el tratamiento correspondiente por su patología HIV, extremo que no guarda inmediata relación con el objeto de la pretensión de esta incidencia, toda vez que lo determinante es que su condición de salud, aun bajo tratamiento en modo adecuado, la coloca en una situación de particular riesgo frente al COVID-19, en razón de verse comprometido el sistema inmunológico en un ámbito como el prisional […].  Bajo estas previsiones, la detención domiciliaria constituye la solución aceptable para el caso, donde el encierro institucionalizado implica un grave riesgo en la salud, como se ha advertido en la especie”.
4. Emergencia sanitaria. Cáceles. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[C]abe relevar que la Corte IDH indicó que la pertenencia a un colectivo LGTBI merece ser contemplada como una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida especialmente en el contexto sanitario presente, tanto más frente a la crisis carcelaria denunciada.
En definitiva, la Corte IDH ha llamado a los Estados a atender las problemáticas planteadas por la pandemia respetando los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas y, desde ese plano, la interpretación de las problemáticas planteadas en el caso no [escapa] de una mirada con perspectiva de género. Como mandato, la Corte IDH ponderó que las personas pertenecientes al colectivo LGTBI frente al contexto actual de la pandemia, se ven afectados en forma desproporcionada porque se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, más aún en aquellos casos donde estén privados de su libertad”.
5. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria. Consentimiento fiscal. Principio acusatorio.
“[E]l fiscal general ante esta instancia, prestó su conformidad en el marco de un incidente sobre la ejecución de la pena, etapa en la que la intervención judicial está orientada a asegurar la resolución imparcial de las pretensiones que aquel solicite.
[A] los fines de evaluar la procedencia de los casos contemplados en la Acordada CFCP 9/20 de esta Cámara, y de acuerdo con el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, habrán de ponderarse en el caso, el carácter y gravedad del delito imputado como las condiciones concretas de su ejecución. En referencia a P. P., esta resultó condenada al mínimo de la pena prevista para la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de lo que se infiere una menor significación ofensiva como lo consigna la propia sentencia condenatoria […]. En orden al tiempo de detención sufrido, […] la interna se halla próxima a una primera evaluación de la posibilidad de obtener la libertad condicional.
En consecuencia, y por fuera de cualquier otro extremo que pudiera merecer un examen jurisdiccional, los argumentos que determinaron al fiscal a pronunciarse en favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria, superan el test de razonabilidad y legalidad y deben ser atendidos en esta sede”.
EMERGENCIA SANITARIA; CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL; JURISPRUDENCIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; HACINAMIENTO; HIV; DERECHO A LA SALUD; LGBTIQ; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO;
BX (causa N° 1328)Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia de Juan José Castelli, provincia de Chaco
El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familiade Juan José Castelli, Chaco, autorizó que TX y AXcirculasencon la finalidad de llevar adelante el proceso de vinculación con la niña y su posterior traslado hasta la ciudad de Juan José Castelli (juez García Veritá).
1. Emergencia sanitaria. Excepciones. Adopción.Interés superior del niño.
“[E]l marco de acceso a los derechos que prevé como horizonte de políticas públicas para las infancias el instituto adoptivo, no puede restringirse a ningún otro tiempo su concreción, que aquel que imponga la niña”.
“[D]urante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, este juzgado ha resuelto que a los fines de apartarse del decreto 297/20PEN, el mismo debe ser derribado con prueba alguna o con argumento legal alguno que redunde en interés superior de las niñas.[E]n este caso […] no se dan los supuestos prohibitivos del Decreto 297/20, toda vez que el inc. 5 del art. 6 de dicho instrumento, prevé este supuesto de forma general”.
“[E]s […] tarea constitucional fundamental integrar dicha norma a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, especialmente el art. 20 CIDN, y del art. 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, considerando que la presente resolución, más que autorizar, explicita y declara que la excepción del inc. 5 art. 6 Dto. 297/20PEN, contiene la norma suficiente para que los pretensos adoptivos continúen su proceso de vinculación con la niña, autorizándoles a circular para tal fin”.
“[E]n ese entendimiento, y sopesando la situación de acelerar la vinculación o materializar un marco de ejercicio de derechos para el desarrollo integral de la adopción, y con ella de los derechos de la niña, la fórmula de decisión surge palmaria. El rol de la Justicia de las familias es acompañar la vinculación de los pretensos adoptivos y la niña, sin apurar ni condicionar los tiempos de ella...”.
EMERGENCIA SANITARIA; ADOPCIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
VRB (causa N° 21710)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión recurrida y concedió el arresto domiciliario al imputado.
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[N]o obstante el hecho de que V.R. no encaja en la literalidad de ninguno de los incisos [del artículo 32 de la ley N° 24.660], las circunstancias particulares acreditadas en el marco de esta incidencia, especialmente referidas a la situación de sus hijos, amerita excepcionalmente un trato favorable a su pedido. […] En efecto, el principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los menores, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de la infancia y a la promoción y preservación de sus derechos…”.
2. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Vulnerabilidad. Derecho a la reunificación familiar. Género.
“En esa línea, la Cámara Federal de Casación Penal en su Acordada N° 2/20 sobre mujeres madres o embarazadas en los centros penitenciarios federales sostuvo que ‘el estudio de cada caso requerirá -previo escuchar a las partes- la estricta aplicación de un enfoque consistente con el interés superior del niño para el análisis de procedencia de medidas alternativas y morigeradas, del arresto domiciliario, de los institutos liberatorios de la ley 24.660…’.
Y aunque […] la solicitud de autos se refiere a un individuo de sexo masculino, se estima que como todo padre, él es también un sostén fundamental para la crianza de los hijos, indispensable -en el caso- porque se demuestra que la madre se encuentra superada por un contexto adverso y el corto tiempo de vida del segundo bebé, cuando el mayor no llega a los cinco años.
Sobre tales bases y como se anticipó, existe en autos una situación de vulnerabilidad de la pareja del interno y de sus dos hijos […].Tales circunstancias […], llevan a considerar que la nombrada es la única persona adulta a cargo de los niños, cuya subsistencia depende de los ingresos percibidos por el cobro de una indemnización (se infiere que por el despido de su trabajo) y una Asignación Universal por Hijo, lo que se agrava desde que cuenta con un hijo recién nacido, ya que mengua su capacidad para realizar tareas laborales con normalidad”.
3. Derecho a la reunificación familiar. Emergencia sanitaria.
“Por otro lado, cabe resaltar que B.V.R.es primario en la comisión de delitos y se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal NOA III en la ciudad de Güemes, provincia de Salta, mientras que su familia reside a más de 2800 kilómetros en la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, resultando imposible que los menores tengan contacto con su padre, más aun en este contexto de emergencia sanitaria ocasionado por la pandemia del virus Covid-19, que veda en gran medida la circulación de personas.
[E]l criterio propiciado […] es en base a las razones explicitadas, ajenas al tramo de los argumentos defensista que involucran la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Es que no se ha justificado, ni menos aún probado (siquiera someramente) que el solicitante padezca alguna dolencia, o se verifique a su respecto circunstancia o condición objetiva especial que permita encuadrarlo en alguno de los grupos de riesgo cuidadosamente seleccionados en la Acordada de la Cámara Federal de Casación Penal N° 9 de 2020, a los fines de una consideración favorable a las medidas alternativas al encierro”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PRISIÓN DOMICILIARIA; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; GÉNERO; EMERGENCIA SANITARIA;
SST (causa N° 2354)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala de feria A
La Sala de Feria A de la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la resolución apelada, hizo lugar a la medida solicitada y dispuso que la obra social demandada cubriese el 100% de los gastos que demandasen las prestaciones de medicación y la de tratamiento oftalmológico indicadas al adolescente (jueces Gusmán, Gottardi y Uriarte).
1. Derecho a la salud. Feria judicial. Emergencia sanitaria.
“[T]eniendo en cuenta que se encontraría en riesgo el derecho a la salud del menor beneficiario, quien además, se encuentra bajo tratamiento médico […],cabe juzgar que en la especie concurren los referidos requisitos para que el Tribunal habilite la Feria Judicial, aunque limitada sólo al estudio de las cuestiones que tengan que ver con aquellas prestaciones médicas cuya práctica fuere compatible con el plexo normativo sancionado por el Poder Ejecutivo destinado a combatir la pandemia del coronavirus COVID 19”.
2. Certificado Único de Discapacidad. Obras sociales. Verosimilitud del derecho.Excesivo rigor formal.
“[E]n cuanto al vencimiento del certificado de discapacidad a que hace referencia el artículo 10 de la Ley N° 24.901 –circunstancia que llevó al Juez a que fallara así como lo hizo–, […] no puede sostenerse que la carencia de la vigencia temporal del referido instrumento funcione como un eximente para que [la obra social] se deslindara de aquellas obligaciones a las que se encuentra constreñida por imperio de la propia ley.
Si bien es cierto que hasta el momento no le fue extendida la renovación del certificado, también lo es que el menor cuenta con el turno para la realización del examen médico pertinente, de manera que no escapa al Tribunal que las actuales condiciones de circulación y parálisis del funcionamiento normal de la administración pública, y más precisamente las prioridades fijadas por el Ministerio de Salud de la Nación en materia sanitaria, podrían dificultar […] la obtención de aquél instrumento.
De allí que el extremo apuntado por el`a quo´ para decidir del modo que lo hizo en cuanto a la ausencia de verosimilitud, no puede ser compartido por esta Sala de feria.Tal conclusión se refuerza si se repara en que la Obra Social conocía la situación del menor beneficiario hasta el instante en que sobrevino el fenecimiento de su vigencia, en tanto se encontraba brindándole la cobertura de las prestaciones antes referidas […]
Desatender esta realidad por una sumisión mecánica a un requisito administrativo –el que además se encuentra en pleno trámite de renovación–,importaría incurrir en un ritualismo excesivo con la consiguiente alteración de los valores en juego y subalternización de aquel al cual debe reconocerse supremacía”.
DERECHO A LA SALUD; FERIA JUDICIAL; EMERGENCIA SANITARIA; CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD; OBRAS SOCIALES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; EXCESIVO RIGOR FORMAL;
Arando (causa N° 1328)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 hizo lugar a la medida y ordenó al gobierno que garantizase a las personasuna vivienda digna para su hospedaje. Además, indicó que en caso de hacerlo mediante su inclusión en alguno de los planes existentes, las cuotas que se abonasen fueran suficientes para cubrir en forma íntegra el alojamiento. Por último, señaló que el gobierno debía asistirlas y orientarlas en la búsqueda de un lugar habitacional con el objeto de evitar que se encontrase insatisfecho el derecho a la vivienda por discriminación en razón de su condición de género (juez Gallardo).
1. Derecho al acceso a una vivienda digna. Subsidio. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“[L]a verosimilitud en el derecho invocada encuentra sustento en lo que la propia Carta Magna local establece en su artículo 31, al reconocer el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, para lo cual exige resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de bajos recursos”.
“A su vez el peligro en la demora aparece manifiesto en la actitud de la Administración, que a través de la falta de una respuesta pronta, eficiente y eficaz que dé solución a la gravísima situación padecida por les amparistas, les coloca en una situación de emergencia habitacional crítica y extrema vulnerabilidad social. Máxime si se tiene en cuenta el delicado cuadro de salud de padecen las actoras […]. Pues carecen de los elementos más esenciales para llevar una vida digna, encontrándose expuestas a diario a un altísimo riesgo para su integridad física y psíquica”.
2. LGBTIQ.  Vulnerabilidad. Tutela judicial efectiva.
“Asimismo, aún en el estrecho marco cognoscitivo de este tipo de medidas, a lo largo del íter procesal transcurrido en autos se han añadido informes que dan cuenta de las imposibilidades fácticas que padecen las personas trans al intentar insertarse en el mercado formal del trabajo. Lo que deriva, desde luego, en la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas y por ende, habitar una vivienda digna.
Es que obviamente no puede ignorarse la problemática que suma a la parte actora la condición de personas trans; no resulta necesario exigir mayor demostración que sus dichos para tener conocimiento de la discriminación que sufre día a día quienes integran este colectivo al tratar de acceder al mercado formal laboral y a algún lugar de habitación donde puedan guarecerse...”.
“[L]a intervención estatal que se requiere mediante la medida cautelar peticionada debe ser ordenada de manera inminente y sin ningún tipo de dilación. Ello, atento la necesaria respuesta jurisdiccional que exige la situación descripta –máxime en el contexto pandémico y su consecuente orden de guardar cuarentena–, no obstante las decisiones que en futuro se adopten en el marco de la causa principal y con el alcance colectivo que corresponda imprimirle”.
3. Emergencia sanitaria. Desalojo.
“Lo dicho, obviamente, no implica para el caso puntual –en el que les peticionaries, si bien no han sido desalojades se encuentran vulnerable ante un eventual lanzamiento de hecho del lugar donde residen– desconocer los términos del flamante decreto nacional nº 320/2020, por el cual se ordenó la suspensión de la ejecución de sentencias de desalojos por el plazo allí previsto.
Sin embargo, descreer las manifestaciones del Defensor […] por el simple capricho de aferrarse a la vigencia de una norma, implicaría tanto como la torpeza de desconocer que existe una realidad, dinámica e irregular desde luego, que muchas veces se da de bruces con lo que las autoridades han deseado que suceda”.
DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; SUBSIDIO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; LGBTIQ; VULNERABILIDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; EMERGENCIA SANITARIA; DESALOJO;
Acordada 5.2020Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en pleno
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional recomendó a los tribunales del fuero criminal y correccional de la Capital Federal que extremasen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la superpoblación carcelaria. En ese sentido, sostuvo que se debían atender con prioridad los grupos de riesgo (jueces Morin, Bruzzone, Días, Sarrabayrouse, Rimondi, Huarte Petite, Jantus, y Magariños y jueza Llerena).
1. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Cámara Nacional de Casación Penal. Jurisprudencia.
“[E]sta cámara ha puesto de resalto que la privación de la libertad durante el proceso constituye una medida excepcional, que sólo se encuentra justificada cuando no exista un medio menos lesivo para alcanzar su finalidad […]. Por ello ha insistido en que ésta sólo resulta legítima cuando en el caso se ha evaluado fundadamente que concurren los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento, pero que es ajena a su naturaleza la pretensión de su utilización como mecanismo de prevención de la comisión de nuevos delitos”.
“De igual modo, si se analizan los fallos dictados por esta cámara […] es posible advertir una marcada tendencia hermenéutica destinada a promover la aplicación efectiva de los institutos que regulan la libertad anticipada en el contexto del tratamiento penitenciario. La ausencia de seguimiento de tales pautas de itnerpretación por algunos de los órganos jurisdiccionales […] ha generado [que la cámara se aboque a] la resolución de casos que podrían haber sido prontamente definidos mediante la adopción de medidas alternativas a la prisión”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Emergencia. Hacinamiento. Derecho a la salud.
“La situación, empero, resulta más delicada en la circunstancia actual, ya que la superpoblación existente favorecería la propagación del virus dentro de las cárceles”.
“[L]os documentos internacionales hacen referencia a la sobrepoblación carcelaria en general. Para el caso de Argentina a nivel nacional se cuenta con el informe elaborado por el SPF que da cuenta de un índice de sobrepoblación determinado, lo que ya sería suficiente para adoptar medidas urgentes, pero que es refutado en su presentación por Procurador Penitenciario…”.
“[Se debe] administrar una situación de emergencia inédita en la que el Estado es garante de la salud de los internos en un contexto de sobrepoblación carcelaria + COVID-19”.
3. Emergencia sanitaria. Hacinamiento. Excarcelación. Prisión domiciliaria. Economía procesal.
“[La cámara tiene una función específica como miembros de un Poder del Estado, que […] en su calidad de órgano revisor último de las decisiones adoptadas en el ámbito penal nacional tiene una doctrina uniforme en el sentido de que la regla es la libertad durante el proceso así como también respecto de la efectiva aplicación de los institutos vinculados a la libertad anticipada en el marco de la ejecución penal, que el objetivo de descomprimir las cárceles cuando no concurran los requisitos que la autoricen también puede ser obtenido mediante la utilización del encarcelamiento domiciliario y, por último, que la economía procesal aparece como un elemento de juicio relevante a la hora de decidir”.
PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL; JURISPRUDENCIA; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; EMERGENCIA; HACINAMIENTO; DERECHO A LA SALUD; EXCARCELACIÓN; PRISIÓN DOMICILIARIA; ECONOMÍA PROCESAL;
Negri (causa N° 2895)Juzgado Federal de Rawson Nº 2
1. Emergencia sanitaria. Excepciones. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Tipicidad.
“[L]os hechos objeto de la presente investigación […] se encuentran excluidos del ámbito típico regulado por los arts. 205 y 239 del C.P. Es que, tal como lo planteó el Ministerio Público de la Defensa y lo remarcó el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con la prueba reunida en el expediente, ha quedado adecuadamente probado que, al momento de producirse la intervención policial, [el imputado] se encontraba exceptuado de cumplir con el ´aislamiento social, preventivo y obligatorio´ impuesto por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus sucesivas prórrogas y modificatorias. Por tal motivo, su comportamiento no sólo no estaba prohibido, sino que se encontraba expresamente autorizado por el ordenamiento jurídico vigente…”.
EMERGENCIA SANITARIA; EXCEPCIONES; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; TIPICIDAD;
CEMB (causa N° 12516)Juzgado Nacional Civil Nro. 102
El Juzgado Nacional Civil N° 102 hizo lugar de manera parcial a lo solicitado y estableció que, con carácter cautelar y hasta que el niño retomase la actividad escolar, permaneciese alternadamente una semana con cada progenitor. Por otro lado, dispuso que el progenitor conviviente permitiese el contacto diario por medios virtuales del hijo con el progenitor no conviviente. Por último, estableció que ambos progenitores debían abstenerse de cualquier acción u omisión que perturbase de alguna forma el régimen de contacto (juez Montesano).
1. Interés superior del niño. Interpretación de la ley. Derecho y deber de comunicación.
“[E]l interés superior del niño […] amerita interpretar tales normas [Decreto 297/2020 y concordantes] de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos y los principios y valores jurídicos (art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación). En concreto, se trata de interpretar los alcances del aislamiento social en su posible colisión con las directivas del art. 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño y artículo 652 del Código Civil y Comercial de la Nación, normas que reconocen el derecho y deber a una fluida comunicación entre el padre no conviviente y su hijo menor de edad”.
2. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[A]tañe al Tribunal buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encausando los trámites por las vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela jurisdiccional […] [E]sta problemática exige acciones firmes, a efectos de proveer a N. una pronta restitución de sus derechos vulnerados.
En esta misma línea de pensamiento […] se condujo el Ministerio de Desarrollo de la Nación, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quien mediante la Resolución 132/2020 reglamentó ciertas excepciones al aislamiento social en el caso de asistencia de niños, niñas y adolescentes por sus progenitores o tutores. La norma establece que el progenitor, referente afectivo o familiar que tenga a su cargo realizar el traslado deberá́ tener en su poder una declaración jurada a fin de ser presentada a la autoridad competente, junto con el Documento Nacional de Identidad del niño, niña o adolescente, a los fines de corroborar la causa del traslado […].
[E]l principio de protección del interés superior del niño permite interpretar, en este caso concreto y específico, que resulta de aplicación la excepción del art. 6 inc. 5to del Decreto 297/2020, reglamentada por el art. 2 inc. a de la Resolución 132/2020, en cuanto el lugar más adecuado para que N. cumpla el aislamiento obligatorio es alternadamente el domicilio de ambos progenitores, en la forma que en la parte resolutiva se determina, ponderando para ello muy especialmente que ambos padres son contestes en que lo mejor para N. es la alternancia entre ambos domicilios, el derecho que reconoce el art. 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño y que la previsión normativa de traslados múltiples autorizada para ciertos casos permite en la especie la interpretación que se propicia”.
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DERECHO Y DEBER DE COMUNICACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Correa Lujan (causa 80145)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 19 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19, de manera unipersonal, concedió la excarcelación al imputado bajo caución juratoria y dispuso su inmediata libertad (juez Paduczak).
1. Condena no firme. Prisión preventiva. Pena. Vencimiento.
“[A]l hallarse [el imputado] cumpliendo prisión preventiva, su situación debe examinarse desde la perspectiva del artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación, a los fines de una eventual libertad. Y, en ese sentido, se advierte que sólo restan unos pocos días para que la sanción -no firme- que le fue impuesta, resulte agotada.
En efecto, a las veinticuatro horas del próximo día veintinueve de abril del año dos mil veinte, la situación quedará comprendida por el supuesto establecido en el inciso 4° de la norma invocada. En razón de ello, ese día [el imputado] debería recuperar su libertad en el marco de la presente causa”.
2. Emergencia sanitaria. Excarcelación.
“[A] lo expuesto se le suma las recomendaciones enviadas […] por la Presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal […] mediante las cuales se encomienda arbitrar los recaudos necesarios para resolver la situación de aquellas personas privadas de la libertad en el actual contexto de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, tal como se consignó en la Acordada 3/20 de esa misma Cámara…”.
“A su vez, en la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal, se ha recomendado la adopción de medidas alternativas al encierro […]. Es evidente, entonces, que deben extremarse los esfuerzos a los fines de procurar ajustar los criterios jurídicos a la actual situación de emergencia que atraviesa la sociedad, con base a las recomendaciones del máximo Tribunal en materia penal”.
“Desde esa perspectiva, se advierte sin dificultad que el caso [del imputado] puede quedar incluido en los casos reseñados […]: pena no firme de corta duración, delito no violento e inminencia de agotamiento de su condena no firme”.
“Por tales razones, [se optará] por anticipar la liberación [del imputado] por agotamiento de su condena, y [se dispondrá] su inmediata excarcelación […]. Todo ello […] en la inteligencia de que la excepcional situación de gravedad sanitaria y carcelaria, en un escenario de pandemia internacional, debe hacer ceder la rigidez formal frente a la realidad de los hechos, con el propósito de evitar males mayores”.
CONDENA NO FIRME; PRISIÓN PREVENTIVA; PENA; VENCIMIENTO; EMERGENCIA SANITARIA; EXCARCELACIÓN;
Bartolini (causa N° 12958)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 15 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15 sobreseyó a los imputados y dispuso su inmediata libertad (juez Martín).
1. Detención de personas. Requisa. Procedimiento policial.
“[S]i se supiera cómo ayudó[la mujer], ello tampoco se puede derivar de pruebas válidas. Obsérvese que de la descripción que hizo el MPF en el requerimiento de juicio, pero también […] en el auto procesamiento y prisión preventiva, […] la ven desde el Centro de Monitoreo Urbano recién después de las 12,12 hs. cerca [del imputado]. Eso motivó que a las 13,32 hs. les observaran nuevamente y decidieran detener [al imputado] y también a [la mujer]. A ella no sólo la detuvieron, sino que le revisaron la bolsa que llevaba, sin que hubiera explicación alguna sobre motivos suficientes para eso”.
“No hay ninguna razón que hubiera autorizado a detener a [la mujer] por estar cerca de una persona que dos horas antes habría realizado una acción que consideraron delito, pero menos aun para revisarla”.
“Es claro, que sólo se puede privar de libertad y revisar a una persona con la orden judicial que, además tiene que estar motivada. Además, se deriva que sólo en casos de urgencia, la policía puede detener o revisar, y que esa urgencia no es cualquiera sino la que establecen los arts. 284 y 231bis. En este caso, era evidente que [la mujer] no estaba intentando un delito de acción, ni fugandose de una detención previa, ni tenía ´indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación´¬más allá de lo difuso que esa pauta pueda ser¬. Como se dijo, tampoco estaba intentando un delito, tampoco se la observó después de haber cometido uno o cuando perseguían por ello, ni se la veía con objetos o rastros que permitieran sostener razonablemente que acababa de participar de un delito”.
2. Participación criminal. Prueba. Apreciación de la prueba. Deber de fundamentación.
“No es menor que en la resolución que define el procesamiento y prisión preventiva se valore, respecto de [la imputada] que es pareja [del hombre] como un elemento que acredita la participación”.
“Más allá de que el acuerdo previo no está soportado en ninguna prueba, y sin considerar otras connotaciones que esa afirmación tiene, no es menor destacar que la situación de convivencia se obtuvo a partir del interrogatorio policial. En efecto, ese dato se logró porque la policía interrogó a [los imputados] al momento de pedirles el domicilio en el acta de detención, y sobre todo al momento de requerirles que informen con quien viven y donde para hacer el informe social, todo ello sin presencia de su defensa. Ello suele ser una práctica policial y judicial, que debería revisarse, pero que aun manteniéndose no podría ser tomada como prueba en contra de las personas acusadas por el mismo que debería garantizar sus derechos durante la investigación previa.
“[E]s casi absurdo explicar las razones de su sobreseimiento. Fue detenida sin razones previas y fue revisada sin motivos. Además fue acusada de una colaboración cuya acción no se describió, y que no se intentó ni mínimamente demostrar la vaga referencia al acuerdo previo. Además se usó como único argumento la propia declaración de ella y su pareja. Si todo ello fuera soslayado, además hay que enfrentarse al problema que implica afirmar que colaboró con la conducta de alguien que el MPF lo acusó de algo que no puede ser objeto de condena por un delito”.
3. Robo. Tipicidad. Principio de legalidad.
“[E]l hecho acusado por el MPF en el requerimiento de juicio, y que anteriormente definiera el juez […] a cargo de la acusación ¬gracias al sistema inquisitivo que aún se mantiene en el sistema federal, y a las prácticas de quienes lo maximizan¬, establece una descripción de hechos que no puede admitirse en la etapa de juicio”.
“[L]a conducta descripta en el requerimiento de juicio ¬que pone límite a la actuación del tribunal y a la del propio MPF salvo la excepción establecida en el art. 381 CPPN¬ no puede ser considerada como típica del delito de robo. En el art. 164 CP, el delito de robo exige el apoderamiento de una cosa mueble total o parcialmente ajena, y que ello afecta el derecho de propiedad de otra persona. A su vez el Código Civil y Comercial de la Nación define esos elementos en el cuarto capítulo del título preliminar…”.
“Es decir que para que ese apoderamiento pueda ser considerado delito es necesario saber que la cosa era ajena y no un objeto que había sido perdido o abandonado; pero además que ese objeto tenía valor económico; y que esa pérdida le generó a su titular un perjuicio patrimonial que éste reconoce como tal.
Sin saber si el objeto que se parecía a un teléfono celular efectivamente lo era, y funcionaba, como para que tuviera valor en dinero y pudiera ser definido como una cosa; y sin saber de quién era y, en su caso, si su apoderamiento afectó ¬según la apreciación de la propia titular del derecho¬ su propiedad, no es posible decir que la conducta fuera delito. Esas cuestiones las debe probar quien acusa, es decir, el MPF. El propio que en la acusación ya afirmó que no lo sabe.
Esas cuestiones no podrán ser averiguadas no sólo porque no se realizaron las pruebas necesarias en su momento, sino porque el propio acusador dice en su acusación que no lo sabe. Es decir, definió su objeto procesal diciendo que no tiene certeza sobre algunas cuestiones, con tanta mala puntería que justo sobre ello, la ley exige esa certeza para condenar. Es por ello que, así definido el objeto procesal, aun probando todas las proposiciones fácticas tal como fueron incluidas, no podría condenar [al imputado] sin afectar el principio de legalidad o el de inocencia”.
4. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Pena.
“Mucho se ha dicho ya sobre la necesidad de demostrar peligros procesales de fuga o de obstaculizar la investigación, como requisito para establecer una medida cautelar de la gravedad de la prisión preventiva. En el caso es difícil pensar en una fuga por parte de dos personas con tres niños y una niña, que viven en una misma casa […]. Pensar en la obstaculización de la investigación en este caso es otra cara más del absurdo. El principal obstáculo lo generó quien decidió no saber quién era la mujer […], y sobre ello nada aportaron [los imputados].
Pero además se ha señalado la importancia de la escala penal del delito acusado para considerar, al menos desde la perspectiva de evitar la mayor irracionalidad, la prisión preventiva extendida por delitos que no conllevan penas muy elevadas”.
“En este caso se duplicó el mínimo, pero además debía considerarse algo de una importancia enorme: la declaración de la pandemia de coronavirus (COVID¬19) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y analizada en su aplicabilidad local por los decretos del PEN 260/2020, 297/2020 y los siguientes que dispusieron o prolongaron el aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese contexto, no es menor evaluar las implicancias que esa ituaciónn podría tener en un contexto de encierro, y los deberes funcionales de quienes autorizan o no las prisiones preventivas en este contexto”.
5. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Emergencia.
“Esto que parece una descripción propia del terreno del absurdo, y como ejemplo de una burocracia extraña, tiene como ´lado b´ la prisionización de dos personas en época de emergencia penitenciaria ¬lo que quiere decir con hacinamiento¬ y en el inicio de un período de emergencia sanitaria ¬que nos exige distanciamiento social¬…”.
“[L]o descripto, ¬propio de las prácticas de los sistemas inquisitivos¬ se desarrolló, en su último tramo en una de las situaciones más intranquilizadoras de la situación carcelaria. [Se espera] que no pase de una profunda intranquilidad frente a la emergencia sanitaria, y que no haya contagios masivos de COVID¬19 en las prisiones…”.
“En tal contexto general, y aún sin detenerlos en las absurdas particularidades del caso, era necesario considerar la situación en esa excepcionalidad. En efecto, la situación de excepcionalidad para todas las personas es aún más evidente para quienes se hallan privadas de libertad en las condiciones carcelarias conocidas, aun cuando se tomaran los recaudos sanitarios dispuestos.
Es por ello que el caso debía haber sido ser resuelto inmediatamente, al menos, con una medida cautelar no privativa de libertad, y ello no sólo por la inexistencia de peligros procesales, o por la situación de [la mujer] de tener niños y una niña a su cargo, sino también para que la tasa de superpoblación carcelaria disminuyera en resguardo del derecho a la salud de las otras personas que deberán continuar prisionizadas. Ese es el sentido de la recomendación: bajar drásticamente los niveles de hacinamiento que tienen las cárceles de la región. No es poco relevante volver a recordar que en nuestro país se declaró formalmente la emergencia en materia penitenciaria en el año 2019.
Obsérvese qué contradictorio resulta imponer un aislamiento social obligatorio a toda la población, y a la vez, mantener personas privadas de libertad en establecimientos carcelarios que declaran formalmente que superan el cupo de personas que podrían estar en ellos”.
“[E]n las actuales condiciones de las prisiones y en la situación de pandemia declarada, el más alto nivel de salud física, y también mental, posible, para quienes están en grupos de mayor riesgo es disponer su detención en el domicilio en la medida en que ello pueda ser adecuadamente controlado, pero también disponer lo necesario para que quienes estén en condiciones de no estar detenidas descompriman el nivel de hacinamiento, para aliviar la eventual emergencia sanitaria”.
DETENCIÓN DE PERSONAS; REQUISA; PROCEDIMIENTO POLICIAL; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ROBO; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; PENA; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; EMERGENCIA;
Quiroga Aguero (causa N° 51141)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4, de manera unipersonal, concedió la prisión domiciliaria al imputado (juez Báez).
1. Condena no firme. Principio de inocencia. Ejecución de la pena.
“[E]n el caso que lo que no está firme es, en definitiva, la penalidad correspondiente a la materialidad del hecho juzgado por este tribunal y en todo caso a la que determinó la unificación de penas […] y la declaración de reincidencia […]. Así, sin perjuicio de cualquier distinción al respecto, la situación encuadra según los alcances del art. 11 de la ley 24.660 que establece que ´esta ley es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad...´. [L]os fundamentos de la modalidad morigerada requerida aluden a razones estrictamente de índole humanitaria y no guardan relación directa con la coyuntura actual, inmerso el país en una situación de emergencia sanitaria a causa de la proliferación del virus COVID¬19…”.
2. Adultos mayores. Personas con discapacidad. Prisión domiciliaria.
“[L]os problemas de salud del padre del imputado son una certeza; resulta que por estos días se adunó la circunstancia de que a su vez la madre del imputado […], también de edad avanzada: 71 años¬ sufre padecimientos de salud; se dijo que sufrió dos accidentes cerebro vasculares y que su salud en general ha quedado deteriorada […] y, por ende, se le dificultaría, además de su situación personal, asistir a su marido: en concreto, todo eventual cuidado recaería en la persona de [la hermana del imputado].
En este contexto, más allá de las consideraciones del Sr. Fiscal General por la negativa, [se debe] acceder al pedido de la defensa, por aplicación del principio favor libertatis, atento a que la enfermedad sobreviniente de la madre del imputado implica redoblar los esfuerzos para sostener la asistencia de ambos progenitores, situación que encuadra […] en la última hipótesis del art. 32 de la ley 24.660, que establece que ´(e)l Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria (...) la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo´, más allá de que aún Quiroga Agüero no ha asumido tal posición, por encontrarse en todo caso privado de su libertad y por contar sus padres con el auxilio de la [hermana]. No existiría en el caso, en efecto, una determinación legal que preceda a la asunción de dicho rol…”.
3. Interpretación de la ley. Género. Estereotipos de género. Igualdad. No discriminación. Emergencia sanitaria.
“[No se comparte] el argumento de que el cuidado de los padres de Quiroga Agüero podría seguir estando a cargo de su hermana. Sobre todo en el contexto de aislamiento social obligatorio, las necesidades de colaboración de [la hermana] son seriamente atendibles. La presencia del imputado en el domicilio de sus padres de manera permanente permitirá proteger la salud de su hermana y su familia, quien, de este modo, podrá espaciar sus visitas y reducir su circulación en la vía pública.
En este sentido, cabe destacar que, si bien es cierto que la situación del imputado no se ajusta exactamente a los supuestos previstos en la ley, comparto lo sostenido por la defensa en cuanto a la ´taxatividad´ […]. Más allá de que la referencia a la ´madre´ reproduce estereotipos de género en relación con la responsabilidad por las tareas de cuidado, la interpretación taxativa de dicha norma invisibiliza los múltiples vínculos que pueden dar lugar a obligaciones de asistencia al interior de una familia. Sobre todo en el contexto actual […], el cuidado de los adultos mayores, cuenten éstos o no con certificado de discapacidad, es una tarea de vital importancia para la sociedad que redunda en una sobrecarga de trabajo para las familias. Pretender que el imputado no pueda asumir la responsibilidad por el cuidado de sus padres en razón de su género resultaría discriminatorio y contrario al derecho constitucional e internacional de los derechos humanos”.  
CONDENA NO FIRME; PRINCIPIO DE INOCENCIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PRISIÓN DOMICILIARIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA;
Tuboeff (causa N° 12327)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9, de manera unipersonal, concedió el arresto domiciliario a la mujer (jueza Dieta de Herrero).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“Tuoeff sufrió en los últimos meses episodios de espasmos bronquiales compatibles con un cuadro asmático y […], si bien se encuentra recibiendo medicación, a raíz de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID 19 resulta imposible programar una interconsulta con un neumonólogo. Tal circunstancia hace que […] Tuboeff pueda considerarse en riesgo. […] Asimismo, la División Asistencia Social del CPF IV elaboró un informe en el que se concluye la conveniencia de que […] Tuboeff cumpla la detención en su domicilio”.
2.  Prisión domiciliaria. Consentimiento fiscal.
“Por su parte, dada vista al representante del Ministerio Público, el Sr. Fiscal ha prestado su conformidad a la petición del defensor. […] En ese sentido, habiéndose constatado los extremos invocados por la defensa de Tuboeff, el domicilio en el que viviría y que cuenta con un referente de su núcleo familiar que está dispuesto a brindarle espacio y contención, […] corresponde hacer lugar al pedido de la Defensa”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; PRISIÓN DOMICILIARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL;
Aguirre Lezcano (causa N° 19402)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión impugnada y otorgó la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica (jueces Pinto y López).
1. Prisión preventiva. Antecedentes penales. Prisión domiciliaria. Consentimiento fiscal.
“[L]a pena prevista para el delito que se le atribuye, no permite encuadrar su situación en ninguna de las dos hipótesis contempladas en el artículo 316 aplicable en función del artículo 317, inciso 1º, del C.P.P.N, en tanto el máximo supera los ocho años de prisión allí establecido, y la pena eventual a imponer no podría ser dejada en suspenso debido a los antecedentes que el imputado registra”.
“[D]e resultar condenado en la presente causa, la misma no sería de ejecución condicional y, eventualmente, debería cumplir el resto de la condena anteriormente impuesta y la presente, además de poder ser declarado reincidente.
De tal manera, resultan acertados los argumentos expuestos por el fiscal de grado al señor juez a quo en cuanto a que la excarcelación solicitada por la defensa del causante no sería procedente a la luz de los riesgos procesales previstos en el art. 319 del C.P.P.N., sin perjuicio de que en su dictamen el Fiscal […] dejó asentada su opinión favorable con el instituto de la prisión domiciliaria bajo control electrónico”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria.
“De acuerdo a la situación de emergencia sanitaria producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la situación de salud particular del imputado según lo detallado en los informes que obran en el expediente principal (padece de HIV) y siguiendo los lineamientos fijados por la Cámara Federal de Casación Penal en la acordada 9/20 del 13/4/2020, se entiende que en el caso se puede aplicar la prisión domiciliaria como sustituto a la imposición de la prisión preventiva junto a un control electrónico del nombrado (art. 210 incs. ‘i’ del CPPN), debido a que se trata de una persona en prisión preventiva y con varias condenas previas por hechos delictivos de escasa lesividad y no violentos (puntos 2 y 3 de la acordada de la CFCP), sin que sea indispensable contar con el informe del Cuerpo Médico Forense que se ha ordenado en el marco del incidente de prisión domiciliaria”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; ANTECEDENTES PENALES; PRISIÓN DOMICILIARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL;
Pehuenche (causa N° 16782)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca
El Tribunal Oral Federal de General Roca, de manera unipersonal, concedió el arresto domiciliario al imputado (juez Bracco).
1. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Libertad condicional.
“[E]l incidentista ha sido condenado en autos a una pena única de corta duración que no supera los tres años de prisión. […] A ello se aduna que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal, el 23 de junio próximo estaría en condiciones temporales de acceder al régimen de libertad condicional”.
“[S]e trata de un condenado a una pena de corta duración que ha comenzado a desarrollar el tratamiento penitenciario hace poco menos de seis meses, que en ese corto período ha demostrado avances dentro del régimen de la progresividad y que en aproximadamente dos meses se hallaría en condiciones temporales de acceder a institutos de libertad anticipada”.
2. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Riesgos procesales. Prisión domiciliaria. Emergencia sanitaria.
“[L]a situación del nombrado encuadra por una doble vía dentro de las previsiones efectuadas en la Acordada nro 9/20, pues a la ya referida pena de corta duración que le fuera impuesta (recomendación 2.c), se le añade que en junio próximo muy probablemente reunirá los requisitos legales para acceder a la libertad condicional (recomendación 2.d).
[No se advierte] riesgo de evasión en la concesión de la prisión domiciliaria, pues más allá de tratarse de una pena de corta duración, lo cierto es que la actitud asumida por el justiciable durante el proceso que se siguiera en su contra permiten aventar cualquier tipo de duda al respecto. […] Nótese que incluso luego de haber sido condenado a una pena de cumplimiento efectivo, se mantuvo a derecho y fue detenido en su propio domicilio una vez firme la sentencia recaída, permitiendo la inmediata ejecución de la sanción que se le impusiera”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL; RIESGOS PROCESALES; PRISIÓN DOMICILIARIA; EMERGENCIA SANITARIA;
Personas privadas de la libertad (causa n°102555)Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala I
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires amplió la resolución emitida el 8 de abril a fin de que los tribunales ejecutaran de forma inmediata las medidas liberatorias, aunque el pronunciamiento que las había dispuesto no hubiese adquirido firmeza (juez Borinsky).
1. Emergencia sanitaria. Recursos. Efecto suspensivo. Sentencia firme. Ejecución de sentencia. Prisión domiciliaria.
“[E]n los fundamentos de [Personas privadas de la libertad (causa N° 102558)] se dice expresamente que: ‘[…] las libertades concedidas quedan exceptuadas de la regla que impone el efecto suspensivo de los recursos, por lo que en consecuencia, deben ser efectivizadas de forma inmediata, situación que debe entenderse compatible con el otorgamiento de medidas morigeradoras’, pero tal disposición no fue incluida en el dispositivo, correspondiendo ampliar lo resuelto haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza”.
EMERGENCIA SANITARIA; RECURSOS; EFECTO SUSPENSIVO; SENTENCIA FIRME; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Dantes (causa n° 20058)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución y dispuso que de forma semanal personal policial concurriera al parador donde estaba alojado para verificar su presencia en el lugar (juez Lucini y jueza Laíño).
1. Emergencia sanitaria. Excarcelación. Riesgos procesales. Situación de calle. Riesgo de fuga.
“[La libertad del imputado] debe ser examinada en el contexto de la emergencia sanitaria dispuesta. Por un lado en caso de que incumpla lo ordenado se revocaría la decisión en examen, ordenándose de inmediato su detención […], pero por otro el traslado a una unidad de detención implicaría un riesgo en particular que debe ser despejado y descartada la posibilidad de concurrencia de parte del imputado al tribunal, para asegurar la realización del juicio deberá semanalmente personal policial concurrir [al parador], a fin de constatar su presencia en el lugar”.
“La decisión de trasladar al imputado a un parador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que cumpla con el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo […] diluye considerablemente el riesgo de fuga, máxime si se atiende a las medidas de seguridad generales adoptadas por el Gobierno Nacional y por las autoridades de la ciudad”.
EMERGENCIA SANITARIA; EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; SITUACIÓN DE CALLE; PELIGRO DE FUGA;
Leyes (causa N° 3341)Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 2
El Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 2 concedió la prisión domiciliaria al hombre hasta que cesara el estado de emergencia sanitaria y sujeto a la aplicación de un dispositivio de monitoreo electrónico (jueza Bisceglia).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“[S]e advierte que la reforma a la ley 24.660 ha ampliado los supuestos de prisión domiciliaria con un fin humanitario. […] Así, es menester acreditar en el caso concreto que la prisionización afectará la salud de un modo tal que le impida recuperarse, tratarse adecuadamente o importe un trato indigno, inhumano o cruel, ello toda vez que no puede permitirse el ejercicio del poder punitivo so riesgo cierto de vida. […] Ahora bien, a la fecha nos encontramos ante una particular situación sanitaria en la que las exigencias previstas por la norma deben ser atenuadas”.
“[L]as conclusiones […] vertidas [en el informe del Cuerpo Médico Forense] resultan contestes con el informe de la junta evaluadora de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal en el que se afirmara el diagnóstico de tuberculosis pleural en tratamiento y queratocono bilateral […] . Frente a tal diagnóstico concluyó en la pertinencia de conceder la prisión domiciliaria”.
“[L]a presente emergencia sanitaria junto con las expresas recomendaciones de la Alzada federal en la Acordada 9/2020 […] obligan a atenuar las exigencias previstas por la norma para conceder el instituto pretendido. En efecto, es la preservación del derecho a la salud frente a la posibilidad de contagio y riesgo cierto de vida el norte a tener en cuenta”.
2. Vigilancia electrónica
“[R]esulta relevante destacar que se adoptará el sistema de vigilancia electrónica que provee la Dirección Nacional de Readaptación Social, no sólo con el propósito de controlar a la persona, sino para que interdisciplinariamente también se ocupe de brindar asistencia social y actuar de enlace con la asistencia médica que pudiera necesitar en nosocomios o instituciones extramuros”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; PRISIÓN DOMICILIARIA; VIGILANCIA ELECTRÓNICA;
Lanzieri (causa N° 3045)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 14 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2° y 3° de la resolución. (juez Fastman)
1. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Adultos Mayores. Categorías sospechosas. Declaración de inconstitucionalidad.
“[A] poco que se repare en la a lectura del bloque conformado por las diversas normas de rango constitucional, por un lado […] y de rango superior a las leyes, por el otro, en el caso específico de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, y se efectúe con aquel el debido contraste de los arts. 2 y 3 de la resolución aquí cuestionada. La imposición a todo adulto mayor de 70 años de edad, de la necesidad de comunicarse con el servicio de atención ciudadana al número 147, previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, tal como lo prevé el DNU 297/2020, resulta una exigencia más gravosa para ese colectivo de personas, que para el resto de la población, que extralimita los contornos de las medidas de aislamiento del conjunto de los habitantes. Como tal, debe ser analizada bajo lo que la doctrina y la jurisprudencia han tenido a bien caracterizar como ´categorías sospechosas´. Máximo, cuando ese aviso tendrá únicamente una vigencia temporal de 48 horas […], lo que obligaría a una nueva gestión con igual cometido.
Por clasificaciones o categorías `sospechosas´ se entiende aquellos supuestos en los que el legislador establece distinciones a partir de determinados factores, las que pueden responder a prejuicios o estereotipos que tienen el efecto de excluir del legítimo ejercicio de un derecho a categorías enteras de personas. Típicos ejemplos de esta categorización son los de raza y religión. En épocas más recientes, la noción fue extendida a las distinciones de género, y a otras tales como la discapacidad…”.
“En estos especiales supuestos, la presunción de inconstitucionalidad que rige sobre tales decisiones solo podría eventualmente ser superada si el Estado ofrece una prueba de suficiente entidad sobre los fines que habría intentado resguardar y sobre los medios que ha utilizado al efecto. En cuanto a los primeros, deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos, será insuficiente una genérica `adecuación´ a los fines, sino que deberá juzgarse si los promueven efectivamente y, además, si no existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada […].
El escrutinio en estos casos debe ser más severo. Tiene dicho el TSJ porteño que a la edad, en cuanto cualidad de las personas físicas, el orden jurídico le atribuye diversos efectos cuya validez constitucional depende en cada caso de su razonabilidad, y que se encuentra prohibido, en cambio, efectuar distinciones irrazonables, es decir aquellas que importen una discriminación o una segregación. Las razones que justifican la distinción deben necesariamente ser aportadas por el órgano estatal que crea la regla que la incluye […].
Asimismo […] ha dicho que `...cuando está en juego el derecho a la igualdad, el contenido propio del juicio de razonabilidad y proporcionalidad encuentra su eje en la presunción de consentimiento […]. Así, lo que debe ser razonable y proporcionado no son los fines y medios que seleccionó el legislador considerados en general, sino tomados como elementos para medir si es posible presumir el consentimiento del destinatario para legitimar la imposición dispuesta por el órgano depositario de la voluntad popular. [C]omo no resulta posible asumir que la ley opera bajo el halo del consentimiento inicial de los destinatarios, es la autoridad pública la que debe demostrar los motivos por los que un régimen dado podría dispensar un trato diverso que suponga imponer cargas o privar de beneficios a grupos definidos, por ejemplo, a partir de la religión que profesan o su origen étnico y, pese a ello, ser constitucionalmente válido […]. La presunción de consentimiento opera como pauta objetiva para instrumentar el control de la cláusula de igualdad. Establecer si esa pauta se verifica, para determinar la validez de una norma, depende de un juicio empírico. En cambio, el control de razonabilidad desligado de referencias concretas, remite a una noción más bien inasible y tan variable como la cantidad de operadores que formulen el control…´”.
2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores. No discriminación. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso `Poblete Vilches y otros vs. Chile´ […] sostuvo que, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana no son permitidos tratos discriminatorios, `por motivos de raza, color, sexo, […] posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social´. Al respecto, los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión del término `otra condición social´ para incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. Así, la Corte ha señalado que la edad, es también una categoría protegida por esta norma. En este sentido, la prohibición por discriminación relacionada con la edad cuando se trata de las personas mayores, se encuentra tutelada por la Convención Americana.
Cabe recordar también lo señalado recientemente en la `DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20´ […] bajo el título: ´Covid-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales´…”.
3. Actos discriminatorios. Adultos mayores. Circulación territorial.
“Desde esta perspectiva, la medida […] importa una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población. En síntesis, están aquellos que cumplen tareas esenciales y pueden seguir circulando para desempeñarlas, con el permiso correspondiente; por el otro, están las excepciones generales a partir de las cuales la mayoría de los ciudadanos podemos salir a adquirir bienes de primera necesidad y, a partir de esta nueva norma local, existiría un nuevo grupo, con mayores restricciones a sus libertades individuales, y para quienes el aislamiento pasaría a tener una intensidad superior. Desde la óptica judicial ello conlleva una lesión a los derechos y garantías constitucionales ya reseñados y, como tal, no supera el test de constitucionalidad.
[E]n definitiva, con la herramienta planteada en el art. 1°, se tiende a medidas de protección y cuidado, mientras que con el sistema del art. 2° se disminuye la autonomía personal y la capacidad de decisión, solo en función de la edad. Nótese que en los considerandos se señaló que el propósito está dado por otorgar una especial protección de las personas mayores en pos de morigerar el impacto que pudiera tener la enfermedad en este grupo, y no se ha fundado en la preservación de otros bienes jurídicos, que ameriten otro tipo de ponderación”.
EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; ADULTOS MAYORES; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; ACTOS DISCRIMINATORIOS; CIRCULACIÓN TERRITORIAL;
Saintotte (causa N° 34021792)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
El Tribunal Oral Federal de Corrientesdispuso el cese de la prisión del imputado bajo caución juratoria (jueces Amado Ceroleni y Alonso y jueza Rojas de Badaro).
1.Prisión preventiva. Riesgos procesales. Excarcelación. Emergencia sanitaria.
“[D]eben tenerse en cuenta los parámetros que la Cámara Federal de Casación Penal indicó como válidos: riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, entendiéndose que ello es consecuencia de un análisis global de la situación procesal y condiciones personales del imputado.
[E]n las actuales circunstancias que vive nuestro país, se ha sumado otro elemento central, y es la pandemia provocada por coronavirus COVID-19 por la cual todos los habitantes del país están llevando a cabo un aislamiento social, preventivo y obligatorio, debido a que no existe tratamiento para esta enfermedad sino solamente medidas tendientes a frenar el contagio del virus”.
2. Cárceles. Emergencia. Hacinamiento.
“En este contexto, el máximo tribunal penal del país ha dispuesto que se flexibilicen las medidas e institutos, profundizándose la evaluación caso por caso para descomprimir la situación que se vive en algunas unidades penitenciarias que tienen sobrepoblación y hacinamiento de internos. Para ello cabe recordar que antes de la declaración de emergencia sanitaria, ya regía la emergencia carcelaria, que ahora se halla en crisis por los embates de la pandemia”.
PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; EXCARCELACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; EMERGENCIA; HACINAMIENTO;
Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco (causa N° 1331) (Cám)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó el recurso y confirmó la sentencia impugnada (juezas Denogens y Alcalá)
1. Emergencia sanitaria. Competencia federal. Medida cautelar innovativa.
“[L]a concreta determinación de la competencia para resolver en definitiva en un amparo resulta relevante desde que garantiza una pronta resolución y no sucesivos traslados entre órganos judiciales, tornándose así ineficaz y estéril la tutela del derecho que se denuncia como vulnerado o amenazado, lo que conspira contra la rápida y eficaz decisión que debe existir en esta materia. Por ello, frente al pedido de medida cautelar, la solución que más se adecua a dicho principio consiste en concederla o denegarla y remitir, con posterioridad, los autos al juez competente con la celeridad que la situación amerita…”.
“[N]o puede prosperar el agravio que se expone con base en que la medida decretada anticipa la decisión de mérito por coincidir con la sentencia final que el justiciable desea obtener. En efecto, si bien la Corte Suprema ha considerado a la medida cautelar innovativa como una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y que por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión […], lo cierto es que en ciertas ocasiones […] existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada.
[E]llo resulta así pues es de la esencia de esos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones –en tanto dure el litigio– sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.
[E]l mencionado anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de ese tipo de medidas cautelares, no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie –según el grado de verosimilitud– los probados intereses de aquél y el derechoconstitucional de defensa del demandado…”.
2. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Salud pública. Excepciones.
“[E]n virtud de las circunstancias de público conocimiento, se dictaron los sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia, que fueron ampliando la emergencia [sanitaria] y una serie de normas que establecieron las actividades exceptuadas, consideradas esenciales, entre las que se encuentran las que involucran al personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, entre otras. Todo ello constituyó una política de Estado en orden a resguardar la salud pública ante la expansión del virus, siendo los médicos y enfermeros un pilar fundamental en esa lucha.
Como lo reseña la señora jueza a quo, en aserto no idóneamente controvertido, ante la situación de pandemia, los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados tuvieron por fundamento la potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y tendían a mitigar su impacto en el sistema sanitario. Para ello se establecieron medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorias, previendo además quiénes estarían exceptuados de dicha prohibición, entre los que se encuentra el personal de la salud por reputar a este grupo como esencial en la emergencia. Todo ello, es de remarcar, en virtud de la expresa delegación efectuada por el Congreso a dicho Poder”.
3. Legislación sanitaria. Competencia federal. Razonabilidad. Control de razonabilidad.
“De allí que la Circular N° 6/2020 del Comité de Crisis de la provincia de Corrientes […] no resulta compatible, en principio, con los dispositivos emanados del PEN, dictados […] por expresa delegación del Congreso. En tales condiciones, no superaría el test de razonabilidad que establece la norma del art. 28 de la Constitución Nacional. Ello en tanto que del invocado art. 10 del Decreto 297/20 no surge la facultad del referido Comité para modificar los DNU emanados del Poder Ejecutivo Nacional, estableciendo `casos sospechosos´ que en este primer análisis […] resultan incompatibles con las normas de orden nacional, cuanto más si se repara que es el Ministerio de Salud de la Nación la autoridad de aplicación de las medidas dispuestas (art. 2 Dto. 260/20).
Tal proceder tampoco aparecería autorizado por el art. 128 de la CN, toda vez que dicha norma se ha entendido como una limitación de las autonomías provinciales en el sentido de que los gobernadores han asumido el deber de mantener el principio de supremacía establecido en el art. 31 de la CN. De lo que se trata es del despliegue de varias obligaciones específicas en orden a la preservación del sistema de supremacía constitucional. En primer lugar, cabe a los gobernadores, como jefe de los estados locales, cumplir en el ámbito de las provincias con los mandatos del bloque de constitucionalidad que incluyen los Tratados de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22); en segundo término, les cabe no bloquear, interferir u obstaculizar directa o indirectamente lo establecido en las leyes dictadas por el Congreso, en los decretos emanados del Poder Ejecutivo o en las decisiones judiciales…”.
4. Medidas cautelares. Salud pública. Verosimilitud del derecho. Legitimación procesal.
“[L]a disposición provincial importa interferir en los derechos consagrados en el art. 14 CN de una forma más intensa de lo que lo hiciera el Poder Ejecutivo Nacional. Derechos que la apelante considera priorizados en el decisorio que se revisa.
Tal agravio no resulta acorde a los claros términos de la jueza a quo, que lejos de basarse únicamente en los derechos personalísimos y económicos de los agentes de salud nucleados en las asociaciones amparistas, señaló expresamente que la Circular 6/20 es susceptible de aparejar consecuencias directas e inmediatas sobre la salud pública de la región…”.
“Las circunstancias descriptas configuran el fumus bonis iuris que viabiliza la cautelar decretada, recaudo que […] no se ve enervado por la simple alegación de la presunción de legitimidad de que gozan los actos de la Administración Pública”.
“Por último, […] no aparece prima facie acreditada la falta de legitimación de las mismas para incoar la medida, tema que excede el limitado ámbito cognoscitivo del proceso cautelar, y que es propio de la causa principal. Sin perjuicio de lo cual, cabe puntualizar que la Corte Nacional ha reconocido la legitimación de asociaciones de profesionales médicos que demandaron soluciones a graves deficiencias de un hospital público, considerado éste un bien colectivo a fin de que los ciudadanos tengan acceso a la salud…”.
EMERGENCIA SANITARIA; COMPETENCIA FEDERAL; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; LEGISLACIÓN SANITARIA; SALUD PÚBLICA; EXCEPCIONES; RAZONABILIDAD; CONTROL DE RAZONABILIDAD; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; LEGITIMACIÓN PROCESAL;
Boveda (causa N° 40681)Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 1
El Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1 concedió la prisión domiciliaria al imputado (juez Pérez Arias).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“La inminente propagación del virus, su réplica en las condiciones de encierro, la situación particular de cada interno, la armonización de las normas de distintos rangos y experticias (más aún las referidas al brote de COVID 19 y la afectación que provoca en los individuos), los informes proporcionados por profesionales en cada materia y las eventuales consecuencias de las decisiones judiciales a adoptar, forman un plexo que deberá ser interpretado de manera conjunta y abordar la controversia suscitada en ese contexto, bajo parámetros extraordinarios y no bajo una mirada rígida de la legislación involucrada o aplicable, en la medida que una situación extraordinaria como esta requiere de parámetros de ponderación y de decisiones extraordinarias”.
“[C]orresponde analizar el alcance de los art. 10.a. del CP y 32.a. de la Ley 24.660, a los fines de una eventual concesión extraordinaria de prisión domiciliaria y, en esa línea, ponderar la condición de enfermo que podría hacer operativo el instituto en relación con la imposibilidad de tratar adecuadamente la dolencia. [L]os dispositivos legales deberán ser interpretados a la luz del escenario transversal existente y en armonía con la normativa dictada por la administración pública a su respecto, lo cual no implica una modificación sustancial del marco normativo que regula el instituto ni la atribución de facultades que corresponden al poder legislativo, sino el establecimiento de criterios y parámetros de valoración sobre la base del contexto en el que fue solicitado”.
“En ese marco, se ha identificado dentro del colectivo global de personas privadas de libertad, un subgrupo de especial vulnerabilidad frente a la propagación del COVID19. Así, patologías informadas con anterioridad sobre un interno en concreto, que podrían no generar consecuencias en el contexto ordinario, deben ser miradas en el escenario de referencia. Por lo tanto, se considerarán en primer término las personas incluidas en el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación relativo a la población penal alojada en el Servicio Penitenciario Federal como internos con riesgo de salud a partir del Coronavirus COVID19”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Derecho a la salud.
“Además, se tendrá en cuenta que la administración penitenciaria cuenta con infraestructura para la atención médica y sanitaria inmediata, como el Hospital Penitenciario Central y el Centro especializado de Enfermedades Infecciosas (Unidad Nro. 21 del SPF), posibilidad a la que se suma la […] posible atención y/o alojamiento en establecimiento hospitalario extramuros. Sin embargo, la capacidad de atención del sistema de salud intramuros se encuentra también condicionada a la propagación del virus, no solo por la infraestructura y los recursos con los que cuenta sino en razón de la cantidad de población total del penal (independientemente a disposición de qué tribunal se encuentren) y el número al que ascienda el grupo vulnerable, entre otros factores.
En consecuencia, existe un riesgo real, actual y cierto que afecta la salud de la población carcelaria en general y de quienes tienen patologías preexistentes en particular. Lo que aún permanece en una esfera potencial y desconocida, son las consecuencias o efectos que podría provocar la concreción de ese riesgo en un resultado, lo cual dependerá de la efectividad de las medidas que se adopten para reducir las posibilidades de transmisión del brote”.
“Por otro lado, la afirmación según la cual la población intramuros ya se encuentra aislada y no tiene contacto con el exterior, constituye también una visión parcializada de la realidad. Si lo observamos bajo la perspectiva de emergencia sanitaria, los internos no se encuentran aislados absolutamente: el personal penitenciario va y viene a sus domicilios, ingresa mercadería para abastecer los centros carcelarios, etc. El altísimo grado de contagiosidad del virus, que se transmite por micro gotas que pueden sobrevivir varios días en las superficies, requiere que el traspaso de exterior a interior se realice en condiciones extremas de asepsia que, incluso cuando se han maximizado los esfuerzos de las autoridades ministeriales y penitenciarias mediante la aplicación de protocolos y aumento de medidas de higiene, no puede garantizarse en prisión.
En consonancia con ello, deben evaluarse los resultados potenciales de la propagación del brote intramuros; la experiencia de la comunidad internacional deja en evidencia que excluirlos del análisis es lo que provoca escenarios catastróficos. El COVID19, dentro de los establecimientos carcelarios, además de afectar directa y especialmente a los integrantes del grupo vulnerable, puede resultar en la afectación indirecta de otros eventuales contagiados. El sistema de salud carcelario deberá doblar esfuerzos para atender a los primeros, pudiendo provocar que casos de gravedad baja se tornen de alta complejidad en razón de falta de insumos y personal, por haber sido destinados a los pacientes vulnerables”.
3. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“[E]l condenado se encuentra efectivamente incorporado al listado de personas con riesgo de salud por coronavirus Covid19 elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, siendo que los profesionales intervinientes de la Unidad N º 5 del S.P.F, han dado cuenta e informado de manera puntual que el sentenciado pertenece al grupo de personas vulnerables, determinando un mayor riesgo de complicaciones graves en caso de ser afectado por la enfermedad viral que nos ocupa COVID19”.
“[Este juzgado ha sostenido que se ponderará] ‘priorizando positivamente delitos leves o de menor trascendencia, penas cortas y/o proximidad para el vencimiento de la pena impuesta y cualquier otra circunstancia relevante que surja del legajo’, extremos que se verifican en la especie entonces y en relación a la situación particular de Boveda, en el sentido que ha sido condenado a una pena de once meses de pena privativa de libertad, en orden al delito de robo simple y cuyo vencimiento operará el día 7 de mayo próximo. […] Que esto va en sintonía asimismo con las ‘recomendaciones’ efectuadas por la Cámara Federal de Casación Penal en la Acordada 9/2020…”.
“En atención a ello y sin perjuicio de que Boveda se trata de una persona de 36 años de edad, es decir con un rango etario muy por debajo de la edad señalada por el Ministerio de Salud de la Nación en consonancia con las apreciaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud y que la afección preexistente que padece (Asma bronquial), no se trata de aquellas severas respecto de las cuales el eventual resultado permita una ponderación extraordinaria y que no pueda ser atendida igualmente de manera rápida y efectiva dentro del establecimiento y/o con posibilidades de alojamiento en hospital intramuros o extramuros y con el apoyo eventual del sistema público de salud, se imponen de adverso los extremos señalados. […] Que a ello se suma la reseña social formulada por el área pertinente de la unidad de alojamiento, en la cual se certifica que el nombrado cuenta con un domicilio extramuros verificado […] como así también que cuenta con la conformidad [de la] madre del interno para recibirlo en su hogar”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; PRISIÓN DOMICILIARIA; CONDICIONES DE DETENCIÓN;
Moya (causa N° 3040)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 14 hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al GCBA que adoptara las medidas necesarias para proporcionar a los trabajadores de la salud del hospital una adecuada protección y proveerlos de los elementos de protección (EPP) necesarios para evitar el contagio del COVID-19. Además, ordenó a la ART que diera cumplimiento de las normas de higiene, seguridad, control y supervisión del empleador (juez Fastman).
1. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Salud pública. Higiene y seguridad en el trabajo.
“[S]e exceptuaron del cumplimiento de [la] medida de aislamiento y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según allí se detalla […]. Entre ellas, se enumera al personal de la Salud […] [Se] estableció que `[e]n todos estos casos, los empleadores y empleadoras [debían] garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores´[…]. Luego, por decreto 147-GCBA-2020 se estableció que el MINISTERIO DE SALUD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita son áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19…”.
2. Aseguradora de riesgos de trabajo. Higiene y seguridad en el trabajo. Riesgos del trabajo.
“[E]l decreto-ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo prevé que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores[...]. Asimismo, la ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, que rige la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo, enumera entre sus objetivos la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo […] y dispone que los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART, están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo […].
A su vez, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán establecer exclusivamente para cada una de las empresas o establecimientos considerados críticos, de conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación, un plan de acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medidas: a) La evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución; b) Visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo y del plan de acción elaborado en cumplimiento de este artículo; entre otras”.
“[E]n el marco de la emergencia de esta pandemia la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo efectuó una serie de recomendaciones para los trabajadores exceptuados de la cuarentena, que abarcan  desde  las  recomendaciones  generales […], hasta la provisión a los trabajadores de todos los elementos de higiene y seguridad que sean necesarios y adecuados para el desarrollo de la tarea y la reposición de Elementos de Protección Personal (EPP), seleccionados de acuerdo con la actividad y tarea a desarrollar por el trabajador...”.
“En cuanto a los elementos de protección personal (EPP), los describe como aquellos elementos de uso personal e individual, que conforman una barrera física entre el agente de riesgo, en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el trabajador. Los EPP principales son el protector ocular, el facial, el respiratorio –según la distancia y posición de trabajo frente a las personas– los guantes y la protección delcuerpo […].
Así, el documento señala que `[e]n ciertas situaciones como por ejemplo personal de salud, donde exista riesgo de proyección de fluidos corporales en múltiples direcciones se deberán utilizar ambos E.P.P. es decir protector ocular y protección facial´[…]. En cuanto a la protección del cuerpo, indica que `se proveerá este tipo de protección a los trabajadores que puedan estar en contacto con superficies presuntamente contaminadas con el virus (todas aquellas que puedan estar en contacto con público en general o personas que no hayan mantenido controles médicos para verificar la aparición de síntomas por haber contraído el virus), así como para todo trabajador de fuerzas de seguridad, personal médico y auxiliares que realicen controles sobre personas que puedan haber viajado desde el exterior del país´…”.
“Finalmente, el GCBA estableció una serie de protocolos y recomendaciones destinados al personal de salud para el manejo frente a situaciones riesgosas. En particular, expidió las `Recomendaciones para el uso de los equipos de protección personal (EPP)´, documento en el que detalla, en función de las patologías y las diferentes circunstancias, los elementos de protección personal que debe ser utilizados...”.
3. Medidas cautelares. Emergencia sanitaria. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“[N]o caben dudas sobre la verosimilitud en el derecho en cuanto a contar con todas las medidas y elementos que resulten necesarios para evitar el contagio del COVID-19 en ocasión de sus funciones, y que dichas medidas y elementos deben ser diseñados y proveídos por el GCBA en tanto empleador, y su control, ejercido por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo […].
A ello se suma la concurrencia del peligro en la demora, basada en el riesgo que implica que continúen desarrollando sus labores expuestos al riesgo de contagio del virus COVID-19. Por ende, la tutelar precautoria requerida en el escrito de inicio habrá de prosperar”.
EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; SALUD PÚBLICA; HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO; LEYES LABORALES; ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO; RIESGOS DEL TRABAJO; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Gutierrez (causa N° 3084)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes concedió la prisión domiciliaria al imputado (jueza Rojas de Badaró y jueces Alonso y Ceroleni).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Prisión domiciliaria.
“[E]n cuanto a la prisión domiciliaria, las excepcionales circunstancias que se viven en el país en relación a la pandemia por coronavirus COVID-19, merecieron que el Estado nacional dispusiera la emergencia sanitaria […] y especialmente para el tema que nos ocupa, la Acordada 9/20 de la CFCP que hace referencia a las medidas oficiales del Estado nacional, pero también a los informes y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia […] y que han creado un marco de referencia en la coyuntura para analizar bajo ese prisma medidas tendientes a descomprimir las unidades penitenciarias, y lugares de detención en los predios de distintas fuerzas de seguridad. […] Lo descripto se profundiza teniendo en cuenta la emergencia carcelaria existente con anterioridad […] que ya describía la situación de superpoblación y hacinamiento en las cárceles del país”.
“En este sentido expresamente la Ac. 9/20 subraya que el Estado es garante de la salud de la población carcelaria, sin perjuicio del análisis jurisdiccional de cada caso concreto. […] En consecuencia, dadas las excepcionales circunstancias sanitarias del país a raíz de la pandemia por coronavirus COVID-19, la CFCP entendió que para aquellas personas que no representen un riesgo procesal significativo, y no estén imputadas por delitos violentos acorde con las características particulares de cada proceso, los tribunales deberán adoptar medidas alternativas al encierro en unidades carcelarias”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Consentimiento fiscal. Principio acusatorio.
“[D]ada la dirección que transita el entramado procesal y constitucional hacia el proceso adversarial, resulta primordial la opinión del Ministerio Público Fiscal, que ha dictaminado favorablemente para que en el caso bajo análisis el encausado continúe la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria. De allí que, en coincidencia con el rol del actor penal público en el proceso y las específicas instrucciones que surgen del Acuerdo 9/20 de la CFCP, corresponde otorgar […] la prisión domiciliaria, en la que deberá continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional a instancias de las autoridades sanitarias”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; PRISIÓN DOMICILIARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO;
Morales (causa N° 6519)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca concedió el arresto domiciliario al imputado (jueces Aguerrido, Díaz Lavaca y Venditti).
1. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud.
“Concretamente en lo que al [imputado] respecta, sus antecedentes referidos a problemas respiratorios son claros y no […] dejan lugar a dudas respecto del riesgo que corre con relación al virus que recorre nuestro país y por lo tanto queda encuadrado en uno de los supuestos del listado de personas que, por determinadas condiciones son consideradas personas de riesgo, puntualmente, por padecer de la [enfermedad] EPOC/Asma”.
2. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Código Procesal Penal. Reforma legal. Dictamen.
“[L]as disposiciones [del Código Procesal Penal Federal] que adquirieron vigencia en la materia, esto es, los arts. 210, 221 y 222, deben interpretarse en forma auténtica o contextual a la luz del art. 226 de dicho cuerpo, el cual en un claro sentido de tutela a los eventuales detenidos, prescribe –al analizar las cuestiones atinentes a la revocación o sustitución de las medidas coercitivas ya dispuestas, como lo es en este caso–, que ‘El juez, de oficio o a petición del imputado o su defensa, dispondrá la revocación o sustitución de la medida de coerción que hubiere sido impuesta, cuando hayan desaparecido los presupuestos en que se hubiere fundado su imposición’ […].
Esta prerrogativa otorgada al juez en lo relativo a su posibilidad de revisión de las medidas coercitivas dispuestas, […] permite sin dudas concluir que la nueva vista fiscal es prescindible, más aún en el presente caso en que se encuentra acreditada la urgencia que debe dispensarse en el traslado.
En suma, la profusa legislación de emergencia dictada por el ejecutivo nacional, sumado a la ya existente en forma previa a los recientes eventos […] conducen a resolver en favor de la concesión de la medida solicitada, esto es, del arresto domiciliario del señor…”.
EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO A LA SALUD; PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; DICTAMEN;
Luna (causa N° 81000857)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca concedió, de manera unipersonal, el arresto domiciliario a la mujer bajo la modalidad de vigilancia electrónica (juez Bracco).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Salidas transitorias. Interés superior del niño.
“[L]a evolución de la pandemia condujo a la adopción de diversas medidas que afectan a la sociedad en su conjunto, restringiéndose la libre circulación de las personas, con la suspensión de actividades escolares, laborales, académicas, deportivas y de esparcimiento en general, y con la disposición de permanencia obligatoria de las personas en los respectivos hogares. A su vez, y dado los protocolos y actuaciones implementados por el Servicio Penitenciario Federal para evitar la propagación del virus en el ámbito carcelario, es que en el caso puntual de quienes se encuentran privados de libertad se adoptaron diversas medidas, entre ellas la suspensión temporaria de beneficios tales como las salidas transitorias”.
“A ello se agrega, como una circunstancia novedosa, las recomendaciones efectuadas por la Cámara Federal de Casación Penal a través de su reciente Acordada 9/20 […], que si bien no dejan de ser meras recomendaciones efectuadas por el tribunal superior sin ser decisiones jurisdiccionales, lo cierto es que conjugadas con todo lo expuesto anteriormente me convencen  de la conveniencia de conceder el arresto domiciliario en este caso concreto”.
“[S]e advierte que la condenada se encontraba en una situación más favorable que la planteada por el tribunal casatorio, por cuanto ya estaba usufructuando debida y responsablemente el régimen de salidas transitorias con el fin de afianzar el vínculo materno con sus hijos y en particular con el menor de edad, y que a causa de la emergencia sanitaria se vieron suspendidas, afectándose en este caso concreto el interés superior del niño”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Interpretación de la ley. Vulnerabilidad.
“[L]a coyuntura incide directamente en el actual contexto en que se encuentra el menor […], pues fácil es advertir la situación de desamparo y vulnerabilidad en la que se halla en el presente, quien se ve privado de la contención que le brindaba el establecimiento escolar, sin poder concurrir a ningún tipo de actividad, viendo menguados sus recursos materiales y alimentarios, situación que se ve agravada aún más por la suspensión de las salidas transitorias que usufructuaba su madre, pues ve imposibilitado todo contacto con ella y que, sin lugar a dudas, hacen más notoria la falta de vínculo diario con ambos progenitores”.
“La sociedad en su conjunto está padeciendo las consecuencias de dicho aislamiento y las dificultades que ello trae aparejado para la vida cotidiana, lo que indefectiblemente se ve agravado y perjudica aún más a los sectores de menores recursos, que ven diezmados e incluso suprimidos sus ingresos, con dificultad de obtención de alimentos y de acceso a los servicios de salud y que en el caso del hijo menor de la incidentista, se encuentra, además, privado de la protección y contacto de sus padres”.
“Siendo ello así, y si bien el menor supera los cinco años de edad previstos por la norma (pues ya ha alcanzado la edad de 10 años), lo cierto es que las especiales circunstancias en la que se encuentra […], imponen analizar la cuestión indefectiblemente bajo la perspectiva del interés superior del niño, conforme lo imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por la República Argentina”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; SALIDAS TRANSITORIAS; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PRISIÓN DOMICILIARIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VULNERABILIDAD;
Nast (causa n°85000124)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, otorgó al imputado la prisión domiciliaria (jueces Yacobucci y Mahiques).
1. Prisión domiciliaria. Deber de fundamentación.
“[E]l nombrado tiene 66 años de edad y […], conforme lo alegado por la defensa y lo referido por las autoridades de la Unidad 31 del SPF, presenta diversos y complejos problemas de salud […]. Esas particulares condiciones configuran uno de los supuestos previstos en el inciso ‘a’ del art. 32 de la ley Nº 24.660.
En relación con aquello, la resolución recurrida carece de un fundamento discursivamente sustentable y sólo exhibe una motivación dogmática y aparente, defecto que abastece una de las causales de arbitrariedad definidas en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, infringiendo el artículo 123 del CPPN en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Adultos mayores.
“Corresponde atender […] a la situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del [COVID-19] y las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia –[Acordada N° 3/20 y Acordada 9/20]- y en ese marco, a las consecuencias sobre las personas detenidas consideradas dentro del grupo de riesgo, entre las que, sin hesitación, se encuentra [el imputado] debido a su avanzada edad y su múltiples patologías preexistentes, entre las que cabe señalar las de naturaleza respiratoria.
Lo hasta aquí expuesto impone dar una inmediata respuesta a fin de resguardar adecuadamente el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las personas en condición de encierro, ante su situación de vulnerabilidad […] para hacer cesar esta actual y excepcional situación de riesgo”.
3. Prisión domiciliaria. Delitos de lesa humanidad.
“[E]l tiempo de detención que viene observando [el imputado] no exterioriza una expresión de impunidad por los graves hechos que se le imputan y que, en casos como el presente, debe ser evaluado con particular atención, conforme las obligaciones del Estado Argentino en la materia”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; ADULTOS MAYORES; DELITOS DE LESA HUMANIDAD;
MMA (causa N° 16057)Juzgado de Familia N° 5 de La Matanza
El Juzgado de Familia N° 5 de La Matanza autorizó la reunión virtual de los efectores del Sistema de Protección de Derechos del Niño involucrados. También dispuso que se celebrase por plataforma digital, con el fin de motorizar la causa dejándose constancia de carácter técnico, preliminar y de concurrencia virtual voluntaria por los mismos. (jueza Herrán).
1. Emergencia sanitaria. Telecomunicaciones.
“[D]eben flexibilizarse las normas procesales y compatibilizarse el estado sanitario actual, la debida protección de la integridad de los distintos efectores del estado, Poder Judicial, hogares y Ministerio Público que intervienen en autos […] y autorizar con las posibilidades tecnológicas que se cuentan las [medidas] necesarias para garantizarse la efectiva comunicación de los efectores involucrados […].
Apelando asimismo a la lealtad y buena fe procesal que debe reinar en todo proceso de familia, con especial readecuación [a la] situación social y sanitaria que resulta de público y notorio conocimiento[…], atendiendo a la calidad de los actores intervinientes y el loable fin de la reunión virtual que se pretende”.
2. Adopción. Interés superior del niño. Niños, niñas y adolescentes.
“Que en esta línea de ideas, merece recordarse que el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior.
Los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños…”.
EMERGENCIA SANITARIA; TELECOMUNICACIONES; ADOPCIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Comisión de cárceles (reg. N° 389 y causa N° 19607)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala de turno
La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional autorizó a la Procuración Penitenciaria de la Nación a actuar como “Amigo del Tribunal”. Además  hizo lugar a la impugnación, anuló la decisión impugnada y lo actuado en consecuencia y dispuso que el juzgado que cumpliera con el trámite previsto en la ley N° 23.098 (jueces Morin, Sarrabayrouse y Días).
1. Amicus curiae. Procuración Penitenciaria de la Nación.
“La Procuración Penitenciaria de la Nación es una agencia estatal creada en el ámbito del Congreso de la Nación cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, comprendidos comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales (art. 1 de la ley 25.875).
Entre las facultades del Procurador Penitenciario se encuentra la de realizar recomendaciones o propuestas de alcance particular o general cuando compruebe actos, hechos u omisiones que lesionen derechos de los internos indicados en el artículo primero para evitar la reiteración de hechos de esa naturaleza…”.
2. Habeas corpus. Audiencia. Debido proceso. Derecho a ser oído. Derecho de defensa.
“[S]e advierte que, frente a esta denuncia de que se configuraría un agravamiento de las condiciones de detención en los términos del inc. 2 del art. 3 de la ley 23.098, correspondía desplegar el pertinente trámite procesal a la acción, con la audiencia oral establecida en el art. 14, que posibilitara la presencia de las partes y, particularmente, el ejercicio del derecho de ser oído, a contar con asistencia letrada y a poder alegar sobre la prueba producida, a fin de garantizar, de este modo, una defensa eficaz.
La razón de ser de estas disposiciones, violadas en el caso, se hace evidente a la luz de la disconformidad expresada por los accionantes en relación con la información aportada y sobre la cual se basó la decisión de rechazo, quienes recién contaron con la posibilidad de manifestarla en el recurso de casación, instancia inadecuada a ese fin. […] Esta discrepancia con el contenido de los informes coincide con aquello relatado en la presentación efectuada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, sobre la base del informe de monitoreo realizado por esa institución”.
3. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Habeas corpus.
“Esto da cuenta de la importancia que tenía en un caso como el presente, donde la naturaleza del reclamo consiste en discutir la suficiencia de ciertas medidas adoptadas al interior del sistema penitenciario vinculadas con la prevención de contagio del virus ‘COVID-19’, escuchar a los accionantes para evaluar la verosimilitud de los intereses subjetivos cuya afectación se denuncia”.
AMICUS CURIAE; PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN; HÁBEAS CORPUS; AUDIENCIA; DEBIDO PROCESO; DERECHO A SER OIDO; DERECHO DE DEFENSA; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN;
Asesoria Tutelar N° 2 (causa N° 2697)Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II
La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso y confirmó la decisión (jueces Centanaro y Lima y  jueza Díaz).
1. Emergencia sanitaria. Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. Derecho a la salud. Salud mental.
“[C]abe señalar que el argumento en el que el recurrente basa su cuestionamiento se concentra en que, al determinarse trámite colectivo para los presentes actuados, la magistrada de grado vulneró el principio de congruencia. Pues bien, el tribunal no advierte, en el marco de situación que toca resolver, de qué manera podría asumirse un criterio tal. Es que la situación se reduce a una cuestión de lógica meridiana: si —hasta el momento y más allá de lo que se decida en relación a las eventuales modificaciones que puedan existir en base a la publicidad dispuesta— la parte actora es el Ministerio Público Tutelar, el objeto litigioso comprende a menores y usuarios —mayores— del sistema de salud mental que se encuentran en una situación determinada (condición de externación de hospitales públicos y derivación a otros establecimientos por carecer de contención familiar o recursos) y dicha rama del Ministerio Público tiene asignado el rol preminente de defensa de los intereses, justamente, de ese grupo de personas, no hay fundamento alguno que pudiera avalar una tesitura como la pretendida por el apelante. Ello así, claro está, como corolario del estado de situación actual y de la intervención a la que quedó ceñida el tribunal”.
“[L]as medidas ordenadas por la magistrada de grado, al cabo, son consecuencia del trámite colectivo que incluso el GCBA, si bien de modo sinuoso (en alguna oportunidad de modo explícito, en otra implícito), requirió se imprimiera a los presentes actuados.
En síntesis, con el alcance de conocimiento al que quedó sometido el tribunal conforme la situación en la que corresponde pronunciarse, por el momento no hay motivos para asumir que las medidas adoptadas resultan discordantes con el trámite asignado al proceso. Ello sumado a que ambas ramas del Ministerio Público ante la Cámara intervinientes no han formulado petición alguna que pudiera implicar la necesidad de avanzar sobre otras cuestiones que la aquí abordada”.
EMERGENCIA SANITARIA; ACCION DE AMPARO; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; DERECHO A LA SALUD; SALUD MENTAL;
Muñoz (causa N° 13838)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, de manera unipersonal, concedió el arresto domiciliario bajo la modalidad de vigilancia electrónica (juez Falcone).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud.
“[A]nte la situación actual que atraviesa el país, emergencia penitenciaria y sanitaria, aunado al estado de salud del nombrado, corresponde rever su permanencia en establecimiento carcelario, ello por ser éste un espacio que no ayuda a la estabilidad médica del detenido, sino que aumenta el riesgo de empeoramiento…”.
“[D]ebe primar para la resolución del presente caso no solo que la administración penitenciaria obturó la posibilidad de un adecuado control de la patología por la cual fuera intervenido quirúrgicamente –cáncer de colón– y frustró la real posibilidad de su adecuado seguimiento, ello por la emergencia penitenciaria y sanitaria que limitó los controles médicos al servicio de salud intramuros en virtud”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Adultos mayores. Derecho a la salud. Vulnerabilidad. Prisión domiciliaria.
“[L]a falta de control y seguimiento del cáncer de colon intervenido quirúrgicamente, aunado a la edad del nombrado -67 años- son factores de riesgo que colocan [al imputado] en una situación de vulnerabilidad frente al COVID-19 tornando su detención en unidad penal en un trato cruel, inhumano y degradante, corresponde hacer lugar a la morigeración solicitada por la defensa […] y autorizar el traslado del nombrado desde el Complejo Penitenciario Federal nro. II – Marcos Paz al domicilio […] para que continúe con los controles médicos adecuados en el Hospital Municipal de Necochea, con debida autorización del suscripto, debiendo permanecer el citado interno en dicho domicilio cumpliendo el resto de la pena privativa de libertad que le queda por cumplir…”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; ADULTOS MAYORES; VULNERABILIDAD; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Acordada 9.20 CFCPCámara Federal de Casación Penal, en pleno
La Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, recomendó la estricta aplicación de las Acordadas 2/2020 y 3/2020. Además, recomendó a los tribunales que adoptasen medidas alternativas al encierro respecto de personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad, no violentos o que no representasen un riesgo procesal significativo; personas condenadas por delitos no violentos que estuviesen próximas a cumplir la pena impuesta; personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; personas en condiciones de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas; y personas con mayor riesgo para la salud (jueza Ledesma, jueces Hornos, Slokar, Yacobucci, Borinsky, Petrone, Barroetaveña, Mahiques, Gemignani y Carbajo y –por su voto– jueza Figueroa).
1. Emergencia sanitaria. Personas privadas de la libertad.
“[L]a situación pandémica del coronavirus (COVID-19) tiene la potencialidad de afectar particularmente a personas que se encuentran privadas de su libertad, máxime teniendo en cuenta las condiciones actuales de emergencia carcelaria formalmente declarada [que] exigen la adopción de medidas concretas por parte de los poderes del Estado para el adecuado resguardo de uno de los sectores más vulnerables, sobre quienes, además, existe un deber de garantía, que exige –en estas especiales circunstancias- un abordaje humanitario”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Además, a raíz del incremento del volumen de casos relacionados con el COVID19 que ingresan a conocimiento de la Cámara, que se multiplica exponencialmente día a día, y teniendo especialmente en cuenta el comunicado 66/20 de la Comisión IDH […] y el llamado del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instando a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia […], resulta necesario dictar una Acordada relativa a esta temática, sin perjuicio de que cada caso concreto deberá ser resuelto jurisdiccionalmente”.
“[S]urgen diversas medidas a recomendar desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, para aliviar la situación de hacinamiento carcelario con el fin de disminuir los factores de riesgo y facilitar la atención sanitaria ante casos de COVID 19. Por el otro, para responder al entorno de aquellos internos que están dentro de alguno de los grupos de vulnerabilidad frente a la pandemia. En uno y otro supuesto las decisiones han de estar reguladas por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, han de distinguirse entre los estándares con los que se pondera la sobrepoblación penitenciaria y aquellos con los que se analiza la especial vulnerabilidad de algunas de las personas privadas de su libertad”.
EMERGENCIA SANITARIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Salgado Utus (causa n° 159577)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala de turno
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación e incorporó al imputado al régimen de libertad condicional (jueces Morin y Sarrabayrouse).
1. Ejecución de la pena. Consejo Correccional. Informes. Libertad condicional.
“[E]n el contexto positivo en el cual se desarrolla la ejecución de la pena [del imputado] el juez de ejecución no aportó suficientes razones para apartarse de las consideraciones del Consejo Correccional ni puso en crisis el razonamiento que lo llevó a dictaminar del modo expuesto. En consecuencia, las conclusiones a las que arribó el Equipo Interdisciplinario luego de llevar a cabo una entrevista con el condenado por videoconferencia, no pueden primar sobre los informes del Consejo Correccional, que es la institución que ha realizado el seguimiento del interno a lo largo de la ejecución de la pena impuesta [hay nota]”.
“[R]especto de la valoración de la falta de arrepentimiento del condenado alegada por el Equipo Interdisciplinario en su informe, […] en un contexto en el cual el condenado cumple con todos los requisitos establecidos por la ley para acceder al régimen de libertad condicional, la falta de reflexión y/o arrepentimiento, no puede constituir la premisa central de un razonamiento válido que conduzca a rechazar el egreso anticipado, máxime cuando –tal como propuso la autoridad penitenciaria­ el condenado podría continuar el tratamiento en el medio libre…”.
2. Expulsión de extranjeros. Libertad condicional.
“[E]n lo que hace a la orden de expulsión del territorio nacional dictada en contra [del imputado] que aún no se encuentra firme, […] el juez de ejecución ha denegado la libertad condicional sobre la base de un requisito no exigido por la ley que rige el caso”.
“[E]l a quo realizó una arbitraria valoración de las constancias de la causa, lo cual implicó a su vez que incurriera en una errónea aplicación de la ley sustantiva acerca de los requisitos exigidos para la incorporación al régimen de libertad condicional, circunstancia que habilita a esta alzada a casar la resolución impugnada y resolver el caso con arreglo al derecho aplicable”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; CONSEJO CORRECCIONAL; INFORMES; LIBERTAD CONDICIONAL; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS;
Juri (causa n°528)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral Federal de Neuquén concedió la prisión domiciliaria al imputado hasta su incorporación al régimen de libertad condicional (juez Cabral).
1. Emergencia sanitaria. Libertad condicional. Progresividad de la pena. Prisión domiciliaria.
“[D]ada la excepcionalidad del escenario […] y las particularidades del caso […], [resulta] razonable el pedido de la Defensa…”.
“En virtud de [la calificación de conducta y concepto], sumados a la proximidad de la fecha para su acceso a la libertad condicional, a efectos de no restringir el avance de su progresividad en el régimen de resocialización, […] la modalidad más apropiada de cumplimiento del encierro que le resta hasta el 1 de diciembre del corriente año, es la prisión en su domicilio en las condiciones que a continuación se indican”.
EMERGENCIA SANITARIA; LIBERTAD CONDICIONAL; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; PRISIÓN DOMICILIARIA;
González de la Vega (causa n°53030004)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Córdoba
El Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 2 concedió la prisión domiciliaria al imputado por el término de treinta días, prorrogable por treinta días más, de acuerdo a la situación epidemiológica y el avance de la pandemia (jueza Costa).
1. Emergencia sanitaria. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud. Interpretación de la ley.
“[L]a razón por la cual corresponde revisar la modalidad de ejecución de la privación de su libertad responde a situaciones excepcionales derivadas de un fenómeno global que ha puesto en alerta a las más altas autoridades de la nación, direccionando la aplicación de una serie de acciones tendientes a evitar la propagación del virus Covid-19, generador de la pandemia que se expande sin reconocer barreras, muros ni fronteras. En la emergencia, se han dictado diferentes resoluciones que constituyen nuevas pautas de interpretación al momento de considerar la situación de las personas que por su situación de encierro son más vulnerables a la agresividad de la epidemia”.
“[E]l Estado debe resguardar el derecho a la salud a las personas en condición de encierro por su especial situación de vulnerabilidad. El Ministerio de Salud de la Nación determinó que las personas que padecen determinadas de patologías constituyen un grupo de riesgo susceptible de padecer complicaciones serias frente al avance de la pandemia Covid-19”.
“[A]l momento de evaluar cada caso particular, en orden a la morigeración de la modalidad de ejecución de la privación de la libertad debe tenerse en cuenta: a) La pertenencia de los imputados al grupo de la población denominada de riesgo conforme listado emitido por […] la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; b) La situación de salud concreta y condiciones personales de los pretensores -por ejemplo edad y contextura física- con controles. c) Los cuidados regulares y excepcionales de la emergencia garantizados por el Estado. d) La probabilidad o no -NO CERTEZA- de que en caso de registrarse casos de Covid-19, pueda ser afrontada la situación aplicando protocolos específicos para cada caso, propendiendo a la protección de la salud y atención adecuada de los internos. e) La posibilidad de garantizar los puntos c) y d) en el domicilio donde se cumplirá la prisión domiciliaria”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud. Adultos mayores.
“[E]s tarea irrenunciable y prioritaria del Estado en el ejercicio de la función judicial encaminada hacia el régimen de ejecución penitenciaria, a la luz de los principios de igualdad ante la ley y razonabilidad […], el tomar todas las medidas preventivas, cuando el caso particular así lo exige […] para evitar la catástrofe que significa la pérdida de una sola vida humana o el daño irreparable a la salud del interno que se encuentre bajo el régimen de ejecución de una medida de coerción privativa de la libertad”.
“[L]as condiciones individuales [del imputado], que fueran reseñadas en informes médicos […] y su edad setenta y cuatro […] años, lo colocan en una situación de riesgo cierto y comprobable frente a un posible contagio dentro de la población carcelaria, por lo que, entiendo que en la emergencia y de manera transitoria y preventiva debe concederse el beneficio de la prisión domiciliara a [al imputado], por el término de treinta […] días, prorrogable por treinta […] días más, de acuerdo a la situación epidemiológica existencia y el avance de la pandemia”.
3. Ejecución de la pena. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana.
“Mantener la medida de coerción en las condiciones en que el imputado se encuentra cumpliendo en la actualidad alcanzaría, en el caso concreto, los estándares de inhumanidad de las penas censuradas, prohibidas y condenadas…”.
“[L]a ejecución de la pena aparece como ‘cruel’ e ‘inhumana’ cuando resulta desproporcionada o irrazonable en su rigor por el daño que ocasiona o el peligro en que pone al sujeto que la cumple y los bienes jurídicos que actualiza a través de su ejecución -sobre todo cuando puede ser sustituida por otra menos lesiva, sin afectar con ello los fines resocializadores de la sanción penal- presentándose de este modo insalvablemente lesiva al valor fundamental y constitutivo del ordenamiento jurídico que resulta ser la dignidad de la persona humana, último cimiento de todo Derecho y poder por éste concedido”.
“[L]a modalidad de la prisión domiciliaria solicitada […] en favor [del imputado], se presenta a todas luces como la medida más adecuada y razonable para el caso; puesto que, si bien no lo neutraliza, disminuye notablemente el riesgo de contagio del coronavirus y con ello el peligro para su vida, integridad física o salud, al reducir drásticamente a partir de su implementación las circunstancias de encierro y contacto interpersonal múltiple que se presenta tan perniciosa para la  indemnidad del nombrado en las circunstancias de emergencia…”.
EMERGENCIA SANITARIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA SALUD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PRISIÓN DOMICILIARIA; ADULTOS MAYORES; EJECUCIÓN DE LA PENA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;
Linari (causa N° 14216)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 concedió el arresto domiciliario al imputado (jueces Giménez Uriburu, Gorini y Méndez Signori).
1. Emergencia sanitaria. Informes. Derecho a la salud.
“[E]n el actual contexto de la pandemia de COVID-19 y con las restricciones impuestas a consecuencia de ello, se ha visto frustrada la posibilidad de realizar los informes periciales [...]  para dar sustento a su pedido, y cuya realización se encontraba pendiente para una vez que se recibieran las actuaciones solicitadas a la Unidad nro. 34 del SPF por lo que, a esta altura, se torna forzoso expedirse sin ellos.
Sumado a ello, la restricción para que Linari sea trasladado extramuros a efectos del cambio periódico de la bolsa prostática que tiene colocada -a causa de estas mismas imposiciones derivadas del COVID-19-, situación que se agrava por la ausencia de profesionales de la salud especialistas en la patología que padece dentro de la Unidad nro. 34, imponen analizar el arresto domiciliario solicitado a la luz de los elementos con los que hoy contamos.
En base a esta dinámica cambiante y teniendo en cuenta que obran en el expediente diversos informes médicos del imputado […] es que [se considera] innecesario disponer la realización de informes adicionales ya que [se entiende] que existen sobrados elementos que permiten [ilustrar] acerca de las patologías que padece y el tratamiento que requiere…”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Traslado de detenidos. Prisión domiciliaria.
“[L]a gravedad de las patologías que padece el imputado, puntualmente la afección prostática […], impone la necesidad de su periódico traslado extramuros, circunstancia esta última que, enmarcada en el contexto de la pandemia actual, resulta de especial valoración”.
“[Se ven] dos escenarios posibles: el primero es que los traslados periódicos de Linari continúen durante la vigencia de la cuarentena, en razón del tratamiento que requiere y las limitaciones para su atención evidenciadas por la Unidad nro. 34 del SPF; el segundo es que aquellos se suspendan por las restricciones derivadas de la pandemia, a fin de disminuir la circulación del virus y minimizar las posibilidades de contagio […].
La primera de las hipótesis planteadas implicaría, sin lugar a dudas, un palmario riesgo de contagio para el propio Linari y, como consecuencia lógica de ello, también para los internos que comparten el pabellón y lugares comunes en su lugar de encierro, circunstancia que las autoridades penitenciarias han evaluado al momento de disponer distintas restricciones en lo que hace al contacto del ámbito carcelario con el exterior.
En lo que hace a la segunda posibilidad, que hoy presenta un mayor grado de certeza a la luz de lo informado por la Dirección de Sanidad del SPF y el hecho de que no se hayan solicitado otros traslados desde el día 27 de marzo pasado, traería aparejada un agravamiento de las condiciones de salud del imputado, derivado de la imposibilidad de que su patología pueda ser tratada adecuadamente en el establecimiento en que se encuentra alojado. […] Es este el escenario que justamente ha previsto el legislador en el inciso a) del artículo 10 del Código Penal, como el artículo 32 de la ley 24.660…”.
EMERGENCIA SANITARIA; INFORMES; DERECHO A LA SALUD; TRASLADO DE DETENIDOS; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Unión de Trabajadores de la Educación de Capital (causa N° 3018)Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 hizo lugar a la acción y ordenó al GCBA que adoptase las medidas necesarias para que prevenga el contagio de los trabajadores y trabajadoras docentes exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, exigió que les proporcionase una adecuada protección y les proveyera los elementos de protección necesarios para que evitasen el contagio del COVID-19. Por último, ordenó a la ART que diera cumplimiento a las normas de higiene, seguridad, control y supervisión (juez Scheibier).
1. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Riesgos de trabajo. Educación.
“[D]entro de la emergencia sanitaria que aqueja al país, los docentes se encuentran afectados al cumplimiento de las resoluciones indicadas y, concretamente, aquellos encargados de la entrega de la Canasta Escolar Nutritiva desarrollan un servicio esencial en la emergencia que los exceptúa del aislamiento social preventivo y obligatorio […].
Dicho nivel de exposición al contagio del coronavirus obliga a los empleadores a garantizar un marco sanitario adecuado, en lineamiento con las recomendaciones comunicadas por las autoridades de la salud”.
“[N]o solo la resolución 108/2020 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN –a la que al Ciudad adhirió por resolución 1482/MEDGC20– prescribió que, en caso que se mantuvieran en funcionamiento los comedores escolares, deberían observarse las disposiciones de higiene y salubridad, sobre distancias mínimas y toda otra que la autoridad sanitaria disponga durante este período excepcional. También la resolución 2020-105-APN-ME del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN instó a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, […] a observar los procedimientos de limpieza y desinfección de los edificios, el mobiliario y los equipamientos afectados a las actividades educativas y garantizar la provisión de suministros y las medidas de salud y seguridad protocolizadas”.
“[E]n el marco de la emergencia de esta pandemia la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo efectuó una serie de recomendaciones para los trabajadores exceptuados de la cuarentena, que abarcan desde las recomendaciones generales (higienizar frecuentemente las manos, mantener una distancia social de mínimo un metro), hasta la provisión a los trabajadores de todos los elementos de higiene y seguridad que sean necesarios y adecuados para el desarrollo de la tarea y la reposición de Elementos de Protección Personal (EPP), seleccionados de acuerdo a la actividad y tarea a desarrollar por el trabajador. Y que en caso de ser necesario la entrega de alimentos, deberá entregarse mediante un sistema donde no haya contacto directo entre trabajador y quien lo recibe.
En cuanto a los elementos de protección personal (EPP), los describe como aquellos elementos de uso personal e individual, que conforman una barrera física entre el agente de riesgo, en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el trabajador. Los EPP principales son el protector ocular, el facial, el respiratorio –según la distancia y posición de trabajo frente a las personas– los guantes, la protección del cuerpo…”.
2. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Emergencia sanitaria. Educación. Enfermedades profesionales. Derecho a la salud.
“[N]o caben dudas sobre el derecho que le asiste al colectivo actor de contar con todas las medidas y elementos que resulten necesarias para evitar el contagio del COVID-19 en ocasión de sus funciones, y que dichas medidas y elementos deben ser diseñadas y proveídos por el empleador –GCBA– y, el control sobre ello, ejercido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo […] más allá del encuadre o no de `enfermedad profesional´ que pudiera hacerse en caso de que el trabajador se infectase en el desempeño de sus tareas.
Por otro lado, las circunstancias excepcionales de pandemia que atraviesa el mundo entero y, concretamente, este país, obligan a intensificar la aplicación de toda recomendación y/o medida sanitaria tendiente a resguardar el derecho a la salud y a la vida de los trabajadores expuestos, con especial atención a las formuladas con relación a la pandemia precitada”.
“[L]a pretensión cautelar de la parte actora de que se adopten las medidas necesarias para prevenir contagios y se les proporcione una adecuada protección a los docentes expuestos mediante la entrega de elementos de protección personal (EPP) responde a la obligación del GCBA de asegurar las medidas sanitarias adecuadas para el desarrollo sus funciones laborales, con especial atención al contexto actual […]. Por tanto, cuenta con la verosimilitud en el derecho requerida para su procedencia”.
3. Medidas cautelares. Peligro en la demora. Emergencia sanitaria. Riesgos de trabajo.
“[C]on relación al peligro en la demora cabe destacar que a fin de que resulten admisibles las medidas cautelares, la doctrina y la jurisprudencia exigen la concurrencia de ambos requisitos, si bien puede alguno de ellos encontrarse morigerado ante la fuerte presencia del otro.
En efecto, se ha sostenido que los presupuestos mencionados se relacionan de tal modo que, a mayor verosimilitud del derecho, corresponde no ser tan riguroso en la apreciación del peligro del daño y –viceversa– cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable la exigencia respecto del `fumus´ se puede atemperar […].
En el caso, dicho requisito encuentra basamento en el riesgo que implica que cada día que pasa el colectivo actor continúe desarrollando sus labores expuesto al riesgo de contagio del virus COVID-19 que dio origen a esta pandemia acuciante, con consecuencias que podrían ser irreparables en su derecho a la vida y/o a la salud”.
EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; RIESGOS DEL TRABAJO; EDUCACIÓN; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; ENFERMEDADES PROFESIONALES; DERECHO A LA SALUD; PELIGRO EN LA DEMORA;
Personas privadas de la libertad (causa N° 102558)Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala I
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires hizo lugar al arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves que se encontrasen en situación de riesgo por edad o patologías preexistentes, fueran mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias, identificadas en los listados aportados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad (juez Violini). 1.Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Prisión domiciliaria. “[L]a situación de pandemia mundial existente, por un lado, y la necesidad de resguardar la vida de los internos y detenidos, pero también de garantizar la seguridad de la sociedad toda, por el otro, se erigen como factores excepcionales que habilitan el dictado de reglas comunes de actuación para el territorio provincial, lo que habilita la injerencia de esta Sede de modo originario. Ello, en el marco de la Recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (No 066/20), en tanto urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad, por lo que no considerarla podría llevar a la generación de responsabilidad internacional para el Estado Argentino. La conjunción de los tres aspectos antes mencionados (la pandemia decretada y la necesidad de resguardar los bienes jurídicos vida y seguridad), aunado al hecho de que el público y notorio hacinamiento existente en las Unidades Penitenciarias y Comisarías de la Provincia (lo que impide que las personas alojadas mantengan entre sí las distancias aconsejadas para evitar el contagio), […] llevan a considerar prudente hacer uso de los distintos listados aportados por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, ambos de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de acatar las Recomendaciones de los Organismos Internacionales, y con el objetivo de descongestionar los centros de detención. Con esta premisa de base, […] en primer lugar a las personas que, conforme dichos listados o y las actualizaciones que se vayan agregando, se encuentran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, como así también a las mujeres embarazadas o madres alojadas con sus hijos en las Unidades Penitenciarias, y que se encuentran condenadas o imputadas en orden a delitos leves. En este caso, […] la solución más equitativa consiste en la concesión del arresto domiciliario a las personas contenidas en dichos listados o respecto de las que se verifiquen las situaciones apuntadas, arresto que deberá aplicarse e implementarse desde los Juzgados y Tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. “Por otro lado, respecto de las personas que se encuentren en situación de riesgo, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves,[…] corresponde disponer que cada situación sea analizada por parte del Juzgado o Tribunal que tiene a su cargo a cada prevenido, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario […] o bien, asegurando el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado”. 2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores. “Corresponde asimismo reiterar y disponer la prohibición de mantener alojadas en comisarías a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad”. 3. Prisión preventiva. Condena no firme. Prisión domiciliaria. Víctima. “[Resulta] oportuno encomendar a los Jueces de Garantías, Jueces Correccionales y Tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados […], considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y quellos cometidos en un contexto de violencia de género […] y disponer que los Jueces de Ejecución que tengan a disposición condenados sin sentencia firme, en los casos en que los procesados y condenados se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional, y que a su vez cumplan las demás exigencias impuestas, evalúen la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; PRISIÓN DOMICILIARIA; ADULTOS MAYORES; PRISIÓN PREVENTIVA; CONDENA NO FIRME; VICTIMA;
MAM (causa N° 15804)Juzgado de Paz de Coronel Pringles
El Juzgado de Paz de Coronel Pringles hizo lugar a la medida cautelar y estableció la vigencia del acuerdo conforme lo solicitado.
1. Emergencia sanitaria. Derecho y deber de comunicación. Régimen de comunicación. Interés superior del niño.
“[E]s cierto que en virtud del decreto 297/20, rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo cual en virtud de cuestiones sanitarias, en principio los derechos de comunicación se encuentran suspendidos, por lo menos de la forma tradicional […], no es menos cierto que estas nuevas situaciones […], nos obliga a adaptarnos a esta nueva forma de vida mientras rija la situación mencionada, por lo cual los progenitores deben buscar en principio, la forma de comunicarse con sus hijos a través del uso de los medios tecnológicos de comunicación…”.
“[C]abe mencionar que el Ministerio de Desarrollo Social, ha dictado la resolución 132/2020 la cual clarifica los motivos por los cuales podrían ser trasladados los niñes de un domicilio a otro. Estipula tres supuestos, los cuales estarían exceptuados del aislamiento […]
[L]a situación descripta por el inciso b [cuando uno de los progenitores por razones laborales, de asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor deba ausentarse del hogar  en el que se encuentra el niño, niña o adolescente; pueda trasladarlo del domicilio del otro progenitor, familiar o referente afectivo], se ajusta perfectamente a la realidad familiar que se presenta en este expediente. En el mismo encuentran contemplados los intereses que se tuvieron en cuenta a la hora de promulgar el decreto de asilamiento social y obligatorio, las excepciones allí establecidas y el derecho superior del niño”.
2. Régimen de comunicación. Peligrosidad. Traslado de personas.
“[E]n cuanto a los motivos y propuestas formuladas por el Sr. M., las mismas prácticamente no encuentran racionalidad alguna. En primer lugar, las explicaciones en cuanto a los miedos que pesan sobre él, por el peligro de contagio para el resto de su familia caen en saco roto por la misma propuesta que formula. [N]o explica como el peligro de contagio sería menor, si él mismo se traslada al domicilio de la Sra. A., estar ahí dos días y luego regresar a su vivienda [...].
Asimismo corresponde hacer una salvedad con respecto a la comunidad en la que vivimos. Hay que tener en cuenta que una cosa es trasladar a niñes de un lugar a otro, con progenitores que pueden vivir a kilómetros de distancia lo cual implica para varios de ellos tener que utilizar transporte público, que en la ciudad de Coronel Pringles, donde prácticamente no se utilizan medios públicos de transporte, en razón de las pequeñas distancias, lo que conlleva que los peligros sanitarios sean mínimos”.
EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO Y DEBER DE COMUNICACIÓN; RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PELIGROSIDAD; TRASLADO DE PERSONAS;
Curry (causa N° 76579)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala de Feria
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento.
“[M]ás allá de haberse hecho referencia a la cuantía de la pena que podría recaer y a las rebeldías que registra el acusado para sostener la vigencia de los peligros procesales que remiten a su posible fuga en caso de recuperar la libertad, lo determinante del caso es que desde el último examen de la situación han variado sustancialmente las circunstancias del encierro cautelar del nombrado. En efecto, el imputado […] integra la ´Nómina de internos con Riesgo de salud (COVID-19)´ –confeccionada por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal–, a lo que se suma que estamos en presencia de un caso que se encuadra dentro de las previsiones del art. 316, en función del art. 317, inc. 1° CPPN y que, por lo demás, su lugar de alojamiento (CPF II) cuenta con un 107,97% de población carcelaria, lo cual implica que el lugar de alojamiento se encuentra excedido, conforme informe del SPF aportado por la defensa…”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Además, […] el imputado lleva poco más de ocho meses y medio de prisión preventiva y que no resulta posible la fijación de fecha de juicio a la brevedad, en virtud de la situación de emergencia sanitaria que es de público conocimiento. Por otra parte, la desestimación de medidas alternativas a la prisión preventiva se sustentó en la afirmación dogmática acerca de que éstas resultarían insuficientes, sin apoyo en los elementos objetivos del caso.
Lo dicho demuestra que la sentencia implicó una errónea interpretación de las normas que regulan la libertad durante el proceso. Así, la decisión adoptada constituye una errónea aplicación de las normas que rigen la libertad durante el proceso, en el particular contexto actual de emergencia sanitaria que implica a una persona que pertenece a la población de riesgo…”.
“[E]n virtud de la pandemia por Covid19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanosurgió a los Estados a enfrentar la situación de las personas privadas de la libertad en la región y, entre sus recomendaciones, sugirió evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; PRISIÓN PREVENTIVA; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Nuñez (Causa N° 16862)Juzgado Federal Nro. 3 de Mar del Plata
El Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3 otorgó la prisión domiciliaria al imputado (juez Inchausti).
1. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria.
“[L]os motivos que justificaron su prisión preventiva […] por sobre otras medidas permanecen incólumes […]. Sin embargo, en cuanto a la modalidad […] debe ser vuelta a analizar a partir de circunstancia excepcionales de público conocimiento, como lo son las medidas que se están adoptando en el país contra el virus Covid-19 y la emergencia penitenciaria formalmente declarada (Acordada [3/2020] de la Cámara Federal de Casación Penal). Ello impone, por razones humanitarias, la necesidad de adoptar medidas para mitigar los riesgos de personas privadas de su libertad mayores de sesenta años o que presenten cuadros médicos que los coloquen en una situación de riesgo.
En virtud de ello, y toda vez que está acreditado que tiene sesenta y cinco años, que se encuentra incorporado al listado elaborado por la Dirección Nacional del SPF como persona en situación de riesgo antes, corresponde conceder el arresto domiciliario…”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; ADULTOS MAYORES;
Diaz (causa n° 84971)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 20 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 ordenó que se realizase un informe social en el domicilio aportado por el imputado y un informe de viabilidad técnica para el control electrónico del cumplimiento de la medida. Además, indicó que, si en los informes no se registraban impedimentos, se dispusiera su arresto domiciliario. En ese caso, dispuso que de forma previa a su traslado se controlara si el imputado presentaba síntomas de contagio de COVID­19 (juez Martín).
1. Emergencia sanitaria. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud.
“[C]on relación al pedido de detención domiciliaria, […] la actual situación vinculada a la pandemia declarada, hace que determinadas cuestiones deban ser analizadas en un marco de excepcionalidad para preservar, de la mayor y mejor manera posible, la salud física y psíquica de las personas privadas de libertad, y muy especialmente cuando concurren ciertas situaciones en particular”.
2. Emergencia sanitaria. Ejecución de la pena. Cárceles. Prisión domiciliaria.
“No surge […] que [el imputado] se halle en alguna situación de mayor riesgo para su salud que el resto de la población detenida en un establecimiento carcelario. Sin embargo, no es menor que [el imputado] haya sido condenado a una pena que habrá de cumplirse en la segunda mitad del mes de mayo, es decir, que debería cumplir el último tramo de su condena con el momento en que, según se dice, se espera el pico más alto de propagación de la enfermedad”.
“[N]o hay dudas que la situación [del imputado] no es de una gravedad extrema, y que no encuadra en las condiciones establecidas por el art. 10 CP o del art. 32 de la ley 24660 para disponer una prisión domiciliaria, pero ello no puede ser considerado como única variable para no disponer su encarcelamiento en el domicilio”.
“[D]iversas instituciones y organizaciones, entre las que se halla la ComisiónIDH y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura han requerido evaluar alternativas a la prisión en cárceles para diversos grupos de mayor riesgo o para casos de penas cortas o prontas a finalizar su cumplimiento”.
3. Abuso sexual. Violencia de género. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento.
“El caso [del imputado] es un supuesto de delito que da cuenta de violencia de género, con connotaciones sexuales. Ello es algo de relevancia. Sin embargo, no puede obviarse que fue condenado a la pena mínima de ese delito, sin agravantes, que no estaría en contacto con la persona damnificada, y que ineludiblemente recuperaría su libertad dentro de un mes, cuando la cantidad de contagios se haya extendido”.
“[E]l caso [del imputado] debe ser resuelto con una detención domiciliaria por dos cuestiones. La primera para que no transite el último tramo de días de una condena, que además ha sido corta, en un lugar con hacinamiento y mayor riesgo para la salud. [A]demás, debe disponerse ello para procurar, sin afectación al cumplimiento de una pena de encierro, que la tasa de superpoblación carcelaria disminuya en resguardo del derecho a la salud de las otras personas que deberán continuar prisionizadas. Ese es el sentido de la recomendación: bajar drásticamente los niveles de hacinamiento que tienen las cárceles de la región. No es poco relevante recordar que en nuestro país se declaró formalmente la emergencia en materia penitenciaria en el año 2019.
Obsérvese qué contradictorio resulta imponer un aislamiento social obligatorio a toda la población, y a la vez, mantener personas privadas de libertad en establecimientos carcelarios que declaran formalmente que superan el cupo de personas que podrían estar en ellos. En esa línea obsérvese que [el imputado] está detenido en el CPF I de Ezeiza, y que en el informe de fecha 26 de marzo el SPF declaró que esa prisión esta superpoblada en un 122,30%, alojando a 2419 personas, de las cuales, al menos a ese momento, 230 integraban el grupo de mayor riesgo por sus condiciones de vulnerabilidad”.
“[E]n las actuales condiciones de las prisiones y en la situación de pandemia declarada, el más alto nivel de salud física, y también mental, posible, para quienes están en grupos de mayor riesgo es disponer su detención en el domicilio en la medida en que ello pueda ser adecuadamente controlado, pero también disponer lo necesario para que quienes estén en el último tramo de penas cortas descompriman el nivel de hacinamiento, para aliviar la eventual emergencia sanitaria”.
EMERGENCIA SANITARIA; HACINAMIENTO; CÁRCELES; VIOLENCIA DE GÉNERO; ABUSO SEXUAL; PRISIÓN DOMICILIARIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD;
Tanquía (reg. N° 375 y causa N° 91578)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala de turno
La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, casó la decisión recurrida y concedió la excarcelación a la imputada bajo caución juratoria (jueces Jantus y Sarrabayrouse).
1. Excarcelación. Riesgos procesales. Antecedentes condenatorios. Pena. Deber de fundamentación.
“[S]in perjuicio de los antecedentes condenatorios que registra la imputada que imposibilitarían el supuesto de que ante una eventual condena a recaer en estas actuaciones ésta sea dejada en suspenso, lo cierto es que el monto punitivo a imponer nunca superará los ocho años de prisión, con lo cual no se presentan los presupuestos objetivos que el legislador establece y a partir de los cuales presume la existencia de riesgos procesales. […] A ese razonamiento, se suma que la imputada fue identificada correctamente en el marco de este proceso y que cuenta con un domicilio al que iría a residir junto a su madre y su hija de cuatro años de edad […]. Además, no registra rebeldías ni otros procesos en trámite.
Ante este cúmulo de indicadores, la jueza del caso no ha explicado de manera concreta y fundada por qué razón una medida menos gravosa que la privación de la libertad no constituye una alternativa viable en el caso. […] Por lo demás, tampoco se ha llevado a cabo un adecuado examen de proporcionalidad de la medida cautelar dispuesta, en función de que al momento de resolver la incidencia, el tiempo mínimo de detención resultante de la escala penal aplicable ya se encontraba excedido.
En ese marco, […] la decisión recurrida no se sustentó en una inferencia válida sobre la configuración de riesgos procesales, puesto que los extremos aludidos, frente a los restantes que también se constataron, no constituyen una pauta suficiente para cercenar la libertad de la imputada durante el proceso”.
2. Emergencia carcelaria. Excarcelación. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“A todo ello, se aduna la particular circunstancia vinculada a la pandemia COVID19, sobre la cual, recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Comunicado de prensa n° 66 urgió a los Estados a enfrentar la situación de las personas privadas de la libertad en la región y, entre sus recomendaciones, sugirió evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva. […] En definitiva, se advierte que la jueza a quo ha incurrido en una errónea aplicación de las normas que regulan la libertad durante el proceso al confirmar el rechazo de excarcelación”.
EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; PENA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Passarelli (causa n°277)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria (juez Falcone).
1. Personas privadas de su libertad. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud. Emergencia sanitaria.
“[S]urge del informe médico de la U.5 –Gral. Roca, Rio Negro-, que [el imputado] padece de antecedentes de hepatitis C y HIV, recibiendo tratamiento sintomático para cuadro de hepatitis c y tratamiento con antirretrovirales para HIV. […], encuadrando las patologías que padece dentro de los grupos de riesgo propiciados por el Ministerio de Salud y el Servicio Penitenciario Federal.
Cabe tener presente que la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por [la Acordada N° 3/20] encomendar el preferente despacho para la urgente tramitación de cuestiones referidas a persona privadas de su libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de condiciones preexistentes y [el imputado] por su edad, y por las patologías preexistentes que padece, HIV y HEPATITIS C, se encuentra dentro de dos de los grupos de riesgo, volviéndolo más vulnerable y expuesto al contagio del coronavirus COVID-19, siendo el ámbito carcelario un espacio propicio para ello.
Teniendo ello presente, las patologías de base que padece, la edad del nombrado, y la actual emergencia sanitaria y penitenciaria declarada, y a fin de minimizar los efectos negativos del encierro en aquellas personas que integran alguno de los grupos de riesgo […] y en particular evitar un eventual contagio con el coronavirus COVID-19, que de permanecer en un centro de detención, por ser un sujeto vulnerable por las patologías señaladas, se encuentra más propenso a sufrir una infección que la población común, corresponde hacer lugar a la morigeración solicitada por la defensa y adherida por el Sr. Fiscal”.
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN DOMICILIARIA; DERECHO A LA SALUD; EMERGENCIA SANITARIA;
Diaz (causa N° 5420)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 hizo lugar al pedido de morigeración de la detención y concedió la prisión domiciliaria a la imputada (jueza Namer y jueces Giménez Uriburu y Costabel).
1. Interés superior del niño. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria.
“[S]i bien el supuesto legal en el que la defensa encuadra la situación de su asistida no se presenta estrictamente en el caso sub examine, lo cierto es que las circunstancias relevadas […] conducen a conceder la morigeración de la medida cautelar que [la imputada] viene cumpliendo, al día de hoy, en un establecimiento penitenciario. Es que, tal como alegó la defensa, la situación de los niños […]impone que, pese a superar el límite etario normativamente establecido, la imputada […] continúe detenida en el domicilio aportado por la parte.
Debe recordarse que, previo a su detención, [la mujer] se encontraba a cargo de sus dos hijos, quienes a partir de la formación de esta causa evidentemente se vieron afectados por la detención de su progenitora; si bien la mera circunstancia de tener dos hijos menores no podría producir la procedencia automática del beneficio impetrado, […] en el caso, luego de la detención […], su grupo familiar se vio desmoronado y los derechos de los menores fueron especialmente afectados”.
“[A]nte la primacía que debe regir sobre los Derechos del Niño, […] y teniendo en cuenta la opinión favorable del Ministerio Público Fiscal, como así también lo resuelto […] por la Cámara Federal de Casación Penal en cuanto instó a que los tribunales evaluaran de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas cautelares alternativas a la detención en los claustros penitenciarios, […] los riesgos procesales, oportunamente ponderados por el Juzgado instructor al dictar la prisión preventiva, hoy pueden ser neutralizados con una medida cautelar menos gravosa”.
2. Violencia de género. Prisión domiciliaria.
“En tal sentido, y afectos de resguardar la integridad de la imputada al momento de encontrarse nuevamente residiendo en su domicilio, se hará saber lo que aquí se resuelve al Juzgado [donde tramita el expediente por amenazas], a los fines que estime corresponder. Sin perjuicio de ello, se requerirá a la autoridad competente que se arbitren los medios necesarios para que Díaz cuente con un dispositivo de botón anti pánico”.
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO;
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