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DoctrinaVoces CSJN
Cardozo (causa N°440)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, en forma unipersonal, homologó el acuerdo de juicio abreviado y absolvió a la imputada por falta de acusación fiscal (juez Coscia).
1. Tráfico de estupefacientes. Vulnerabilidad. Juicio abreviado. Acusación. Principio acusatorio. Deber de fundamentación. Sentencia absolutoria. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“En condiciones de dictar sentencia [se hace] lugar al pedido Fiscal General del caso. Sus argumentos superan el estándar mínimo de fundamentación puesto a cargo del Ministerio que representa y por tanto, no queda sino para este Magistrado acatar y respetar su postura como titular de la acción penal pública. Ello atento la división de funciones que postula la Carta Magna y leyes dictadas en su consecuencia, incluida, claro está, la propia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el rito procesal penal vigente, jurisprudencia aplicable de Cámara Federal de Casación Penal y la misma Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ambas judicaturas superiores de esta instancia, y profusa doctrina que también así lo explica…”.
“[L]a etapa del debate materializa principios de claro cuño acusatorio dada la exigencia de oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio, los cuales no sólo responden a un reclamo meramente legal, sino que configuran verdaderos recaudos de orden constitucional […] y en consecuencia, la función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento penal. Por otra parte la C.S.J.N. en el conocido fallo ‘Quiroga’ […] señaló que ‘si el acusador declina la prosecución del proceso el juzgador no puede suplantarlo en su rol sin romper el juego de equilibrio entre las partes, resignando la imparcialidad y afectando las garantías que la Constitución Nacional y la ley consideran vigentes desde la imputación’…”.
“[L]os jueces de los Tribunales inferiores tienen el deber de acatar la doctrina sentada por el Máximo Tribunal y solo pueden apartarse de sus decisiones cuando sea introducido […] un argumento novedoso que justifique otro análisis, circunstancia que, obviamente, no se da en autos. Por ello, atento la etapa procesal por la que transcurre el proceso, corresponde absolver libremente a la imputada por falta de acusación fiscal, sin imposición de costas procesales”.
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; VULNERABILIDAD; JUICIO ABREVIADO; ACUSACIÓN; PRINCIPIO ACUSATORIO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; SENTENCIA ABSOLUTORIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Pedernera (Causa N° 15566)Juzgado Federal Nro. 2 de Córdoba
El Juzgado Federal de Córdoba N°2 hizo lugar a la acción de amparo contra el Estado Nacional, la Municipalidad de Alta Gracia y la Provincia de Córdoba. En ese sentido, ordenó que cesaran todas las acciones y omisiones que impidieran el desarrollo urbanístico del barrio “Asociación 8 de agosto” (juez Sánchez).
1. Derecho a la vida. Derecho al acceso a una vivienda digna. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho a la alimentación. Derecho a la salud. Vivienda familiar. Principio de dignidad humana. Responsabilidad del estado.
“[E]l derecho a la vivienda digna forma parte –nada más y nada menos– que del derecho a la vida y es inescindible del cúmulo de los derechos humanos básicos reconocidos por nuestra constitución y por los tratados internacionales con igual rango, a partir de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22 de la Carta Magna.
En este sentido la doctrina ha argumentado ´El derecho a la vida se descompone en cuatro derechos esenciales, a saber: a) el derecho a la alimentación adecuada; b) el derecho a contar con agua potable; c) el derecho a la vivienda, y d) el derecho a la salud. Nuestro derecho, en breve, resulta una suerte de paradigma mayor del arquitectónico principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. No puede ser visto de manera aislada, sino en el conjunto de los derechos humanos´…”.
“[L]a Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 25, apartado 1 dispone que ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en general la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...´.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce en su art. 11 ´el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a mejorar y continuar las condiciones de existencia´.
Asimismo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su observación general 4 delimita el concepto de vivienda adecuada enunciado en el pacto mencionado, señalando que la misma no debe interpretarse ´en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte´…”.
“[A] los fines de la delimitación de este fundamental derecho es interesante reseñar lo argumentado por la Corte en el siguiente sentido: ´El acceso a la vivienda digna está íntimamente relacionado con otros derechos fundamentales dado que un individuo que no tiene un lugar donde instalarse para pasar sus días y sus noches y debe deambular por las calles no sólo carece de una vivienda, sino que también ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto tal que no está en condiciones de crear y desarrollar un proyecto de vida, tal como lo hace el resto de los habitantes. El reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa el deber concreto e inmediato del Estado de reglamentarlo e implementarlo para garantizar su efectividad, reglamentación que debe respetar tanto la finalidad como los límites impuestos por las normas de jerarquía superior, debiendo el Estado realizar el mayor esfuerzo posible para lograr, en forma progresiva y dentro de sus reales capacidades y limitaciones económicas, la plena efectividad de tal derecho a todos sus habitantes...”.
2. Vivienda. Pacto de San Jose de Costa Rica. Principio de progresividad. Principio pro homine. Responsabilidad del estado.
“[N]o debe olvidarse que el derecho a una vivienda adecuada debe garantizarse e interpretarse en el marco de dos principios de derechos fundamentales como el de progresividad y pro persona.
Respecto al primero, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) tiene establecido en su art. 26 que ´Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica; para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados´.
Respecto al segundo, la Convención dispone en su art. 29 que ´Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de los Estados….´.
En este sentido, la doctrina ha definido este principio ´como aquel por el cual, ante una pluralidad de normas aplicables a una misma situación jurídica, el intérprete debe elegir aquella que brinde una protección más favorable para la persona humana, en el sentido de darle la mayor extensión posible a las que consagran derechos y el menor alcance posible a las que posibilitan restricciones, limitaciones o suspensiones´…”.
3. Dominio. Urbanismo. Vivienda. Vivienda familiar. Vivienda única. Principio de progresividad. Perspectiva de género.
“[La ley N° 27.453 sobre el Régimen de Regulación Dominal para la Integración Socio Urbana] entiende por integración socio urbana al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
Estos bienes están sujetos incluso a expropiación y se establece un marco para la regularización dominial, disponiéndose que la finalidad de las viviendas regularizadas será la de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, contemplando el comercio familiar. La transferencia entre personas humanas sólo podrá realizarse con esa finalidad. Esto implica la prohibición absoluta de su transferencia posterior a personas jurídicas. La autoridad de aplicación gozará del derecho de preferencia ante futuros actos de disposición sobre aquellos bienes inmuebles sujetos al presente régimen…”.
“[A]ún cuando la intención de las demandadas pudo estar justificada en un primer momento por motivos lícitos como el ejercicio del poder de policía en el ámbito de las respectivas jurisdicciones, lo concreto es que en la práctica ello terminó frustrando el avance de la urbanización enclavada en el barrio 8 de Agosto y, con ello, la regularización dominial de las viviendas y el uso y goce de servicios básicos esenciales…”.
DERECHO A LA VIDA; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; DERECHO A LA SALUD; VIVIENDA FAMILIAR; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VIVIENDA; PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; PRINCIPIO PRO HOMINE; DOMINIO; URBANISMO; VIVIENDA ÚNICA; PERSPECTIVA DE GÉNERO;
H AO (Causa N° 41000199)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso e hizo lugar a la impugnación de la defensa (ministros Maqueda, Lorenzetti y ministra Highton).
1. Régimen penal juvenil. Derecho penal juvenil. Derecho procesal. Responsabilidad penal.
“[D]esde hace casi un siglo, la legislación penal de menores de nuestro país ha mantenido, de modo invariable, la decisión de excluir del régimen punitivo a aquellos individuos que aún no alcanzaron determinada edad, a partir de la adopción de un criterio de política criminal que descansa en la consideración de una presunción irrefutable, juris et de jure, de inexistencia de los requisitos intelectuales y volitivos necesarios que habilitan a fundar un juicio de responsabilidad a su respecto…”.
“[D]esde la óptica del derecho procesal, el límite etario de responsabilidad penal es examinado entre el conjunto de los denominados presupuestos procesales, cuya ausencia impide la formación del proceso como consecuencia de la regulación del derecho de fondo en la materia…”.
2. Régimen penal juvenil. Derecho penal juvenil. Responsabilidad penal. Convención sobre los Derechos del Niño. Supremacía constitucional. Derecho a ser oído. Declaración indagatoria.
“[A] partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestro sistema normativo, la necesidad de limitar la responsabilidad penal respecto de una determinada franja etaria forma parte del programa de nuestra Constitución en la materia…”.
“[No] resulta correcto buscar una justificación del acto apelado bajo el ropaje del derecho del menor a ser oído, reconocido por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. [N]inguna de las características inherentes al modo en que es reconocido el derecho en cuestión en el texto convencional puede ser predicable ante el contexto del caso bajo análisis. En primera medida, contradice la faz relativa a la posición de preferencia que se asigna al titular de la garantía, en relación con el modo en el que podrá conducir su ejercicio, el intento sostenido por los órganos judiciales intervinientes para proceder a tomar declaración indagatoria al adolescente involucrado en este proceso, frente a la expresa oposición de quienes ejercieron, en cada etapa del proceso, su defensa técnica y tutelar. Al respecto cabe agregar que ninguno de los organismos judiciales intervinientes mencionó haber percibido indicadores fácticos que determinasen la necesidad de enfrentar algún panorama diferente en lo relativo a la representación de la voluntad del menor afectado por parte de los magistrados de la Defensa Pública Oficial…”.
“[T]ampoco ha sido sopesado con detenimiento en las instancias precedentes si, en el contexto de una medida con las características señaladas, podría resultar preservado eficazmente el entorno necesario para explorar la voluntad del menor convocado en condiciones que aseguren su absoluta autodeterminación, correspondientemente con su edad y madurez. Tal como lo ha afirmado esta Corte en una oportunidad anterior, en torno a la forma elegida para ejercer el derecho sustancial de la niña o el niño a ser oído en las contiendas judiciales que los conciernen, ´la consistencia de esa audiencia y cómo debe llevarse a cabo es un asunto crucial, ya que en su puesta en práctica, se juega la vigencia misma de las finalidades que persigue la Convención´ (cf. Fallos: 335:1136 […])”.
“[A]un frente a las carencias del régimen legal vigente en términos de especificidad del procedimiento, en el marco de un sistema normativo que deja al margen a los niños y a los adolescentes hasta los dieciséis años de la potestad sancionatoria del Estado, disponiendo para su tratamiento, en caso de resultar necesario, medidas del derecho tutelar tendientes a su protección integral, debe ser contrarrestada con énfasis la noción relativa a la posibilidad de canalizar el derecho del menor a expresar su perspectiva acerca del proceso que lo involucra, mediante la utilización de un instituto de derecho procesal penal que no preserva ninguno de los rasgos esenciales de la garantía en cuestión…”.
3. Régimen penal juvenil. Derecho penal juvenil. Responsabilidad penal. Declaración indagatoria. Protección de menores.
“[En el precedente ‘García Méndez’, la Corte Suprema] subrayó la necesidad de orientar el abordaje adoptando perspectivas específicas, examinando la posibilidad, cuando resultare procedente, de ocuparse de esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, pues ello implicaría, en muchos casos, una mejor respuesta, y serviría para mitigar los efectos negativos de la continuación del procedimiento en la administración de justicia de menores…”.
“[L]a idea esbozada por el tribunal apelado y los magistrados de las instancias anteriores, acerca de que, ante la concreta ejecución del acto objeto de impugnación, pudiese finalmente emerger alguna utilidad real para la situación del menor en orden a las relaciones de prelación entre las distintas causales legales que habilitan el dictado de un sobreseimiento, no implica otra cosa que una afirmación dogmática que nunca fue apoyada en circunstancias concretas de la causa, ni relacionada con algún motivo eximente en particular...”.
“[E]n lo que respecta al grupo de los menores excluidos del sistema punitivo, [la ley Nº 22.278] se ordena de manera autosuficiente, combinando los elementos que definen la naturaleza de las medidas que eventualmente corresponde adoptar a partir de la infracción cometida, con aquellos otros relativos al modo de reunir la información pertinente para decidir sobre la necesidad y, en su caso, el alcance de la intervención estatal. Acerca de este último aspecto, el precepto legal exige a los magistrados proceder a ´la comprobación del delito´, articulando mecanismos autónomos para tomar conocimiento del menor y de sus padres, o de quienes ejerzan su tutela, y establece el método para estudiar su personalidad y las condiciones familiares y ambientales en las que se encuentre”.
“[R]esulta cuanto menos injustificada la hipótesis de que el avance de un proceso en el que se pretende desentrañar la propiedad de una importante cantidad de droga, asociada además con actos de comercio de ese material, dependa centralmente del conjetural aporte que eventualmente podría surgir de los dichos del adolescente que fue encontrado como solitario morador de la vivienda al momento de procederse al allanamiento. [I]ncluso si esto pudiera ser presentado de ese modo, [...] tampoco aparecería como una decisión ética valorable que el Estado persiga instrumentalizar a un sujeto al que expresamente preserva de su sistema represivo, reconociéndolo como merecedor de especial protección en razón de su condición, apelando a una medida que no contempla el régimen legal específico y frente a la expresa negativa de sus representantes legales…”.
4. Régimen penal juvenil. Protección de menores. Plazo razonable. Niños, niñas y adolescentes.
“[E]l tiempo y el empeño que ha insumido el debate judicial acerca de la legitimidad de una medida procesal que pretendía ser adoptada frente a la firme oposición de quienes representaban al afectado, en el contexto de un legajo criminal [...], resultó un sinsentido que terminó haciendo caer en el olvido el deber de fuente legal que imponía a los jueces la obligación de explorar la necesidad de orientar el abordaje de la situación del menor involucrado –vislumbrada con suficiente intensidad durante la ejecución de la orden de allanamiento– mediante los instrumentos de intervención del derecho tutelar”.
RÉGIMEN PENAL JUVENIL; DERECHO PENAL JUVENIL; DERECHO PROCESAL; RESPONSABILIDAD PENAL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL; DERECHO A SER OIDO; DECLARACIÓN INDAGATORIA; PROTECCIÓN DE MENORES; PLAZO RAZONABLE; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Quiroga (causa n°5694)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar de forma parcial a la impugnación. En consecuencia, anuló de forma parcial el punto dispositivo relativo a la determinación de la pena. A su vez, apartó al tribunal de origen y remitió las actuaciones a fin de que se dispusiera la integración del tribunal para que emitiera un nuevo pronunciamiento (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Principio acusatorio. Debido proceso. Reforma legal. Determinación de la pena. Monto mínimo. Ley de estupefacientes. LGBTIQ.
“[E]l art. 307, segundo párrafo del CPPF, en lo que aquí importa, dispone que los jueces no pueden imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores.
Así las cosas, cabe señalar, que las referencias al ‘acusatorio’ no permiten per se definir las concretas características del sistema frente al procedimiento penal federal. De hecho, como resulta obvio, la adopción del principio acusatorio tiene marcadas peculiaridades en el derecho procesal comparado, internacional, y de nuestra organización provincial. Expresado entonces sin más referencias, no resulta otra cosa que un argumento de naturaleza retórica y reclama una puesta en relación con reglas y directivas constitucionales y legales que hacen a la específica cuestión a resolver.
Sobre esos presupuestos, debe ingresarse en el análisis de lo postulado por el representante del Ministerio Público Fiscal en particular, sobre su naturaleza vinculante para la jurisdicción; esto es, si la imposición de una pena inferior a la escala penal prevista para el o los delitos atribuidos resulta materia disponible para la Fiscalía o, por el contrario, si altera la Constitución Nacional, provoca un supuesto de gravedad institucional o vulnera el orden público.
En el caso, de la lectura del alegato acusatorio surge que el pedido para que se le imponga a [la imputada] una pena inferior al mínimo de la figura prevista en el art. 5 inc. ‘c’ de la ley 23737, no resulta dogmática ni fue emitida en forma discrecional, sino que aparece como lógica consecuencia de una adecuada ponderación de aquellos factores relativos al ámbito estrictamente personal de la causante, los cuales repercutieron directamente con la capacidad de culpabilidad de [la imputada].
Ciertamente, para arribar a dicha conclusión el representante del Ministerio Público Fiscal, meritó su pertenencia a la Comunidad LGTBI, lo que le impidió el acceso al mercado laboral formal e informal. Además, sostuvo que las personas que pertenecen al colectivo en cuestión sufren violencia y discriminación ‘como así también criminalización por el comercio de estupefacientes’. De igual modo, tuvo en cuenta los informes médicos y socio-ambientales, y que el hecho atribuido a la imputada no se trataba de un comercio a gran escala.
De esta forma, atento a que lo sostenido por el acusador público en esta causa encuentra sustento en las probanzas ingresadas al legajo las cuales resultaron determinantes para fundar el pedido de imposición de una pena inferior a la fijada en la figura en cuestión. Así, conforme las particulares circunstancias del caso, el alegato fiscal, en lo atingente a la referida cuestión, no entra en colisión con la Constitución, ni genera un caso de gravedad institucional o de quebrantamiento del orden público, asiste razón al recurrente en cuanto a que la decisión del Tribunal de imponerle a [la imputada] una pena superior a la requerida por el fiscal, vulneró el principio acusatorio, y por ende el debido proceso…” (voto del juez Yacobucci).
2. Garantía de imparcialidad. LGBTIQ. Identidad de género. No discriminación. Violencia institucional.
“[S]e evidenció una merma en la imparcialidad basada en el menoscabo y la ausencia de resguardo por la identidad de género, ocurrida durante la pesquisa en varias oportunidades y reproducida innecesaria y acríticamente por parte del a quo.
En ese orden, debe señalarse que resultan impropias las reiteradas referencias a la imputada […] en masculino o mediante el nombre [masculino], a poco de observarse que esta denominación proviene de los informes de la prevención y no tiene relevancia probatoria en la sentencia.
Al respecto, corresponde memorar que la ley n° 26.743 (B.O. 23/5/2012) estatuye que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género (art. 1.a) y a ‘ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo’ (art. 1.c). […] Asimismo se exige que: ‘Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas […] que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados’ ‘Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a ’‘En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada’ (art. 12).
Resulta obligación de todos los órganos estatales cumplir con la norma y brindar un trato digno, sin discriminación en razón de la identidad de género. Por ese motivo, aparece especialmente grave que el requerimiento de elevación a juicio contenga la mención del nombre masculino que no se corresponde con la identidad de la encartada. Desde el comienzo de la investigación se conocía la referencia a una persona llamada [con un nombre femenino] […], por lo que no era dudoso que su identidad de género era femenina y esta debió ser respetada en todo momento.
En consecuencia, deviene particularmente impropio que las piezas judiciales reproduzcan estas menciones sin corregir la afectación a los derechos, desde que en el Ministerio Público Fiscal y en el Poder Judicial se siga desconociendo el contenido de una ley próxima a cumplir una década de vigencia y ejerciendo violencia institucional” (voto del juez Slokar).
PRINCIPIO ACUSATORIO; DEBIDO PROCESO; REFORMA LEGAL; DETERMINACIÓN DE LA PENA; MONTO MÍNIMO; LEY DE ESTUPEFACIENTES; LGBTIQ; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA INSTITUCIONAL;
NAR (Causa N° 84570)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso y revocó la sentencia (jueces Iturbide, Liberman y jueza Pérez Pardo).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Convención sobre los derechos del  niño. Derecho de familia. Filiación. Derecho a la identidad. Niños, Niñas y adolescentes. Daños y perjuicios. Daño moral. Indemización. Interés superior del niño. Ministerio Público de la defensa.
“[E]l derecho de daños no es ajeno a las cuestiones de familia. En efecto, dispone el art. 587 del Cód. Civil y Comercial que ´el daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el Capítulo 1 del Título V del Libro Tercero de este Código´.
De manera que nada obsta a que la reclamación de una indemnización en concepto de daño moral se articule conjuntamente con la demanda de filiación. Es que sería contrario a toda noción de economía procesal exigir la promoción de un nuevo juicio por daños y perjuicios sólo después de dictada la sentencia relacionada con el derecho a la identidad de una menor […].
Por otra parte, de acuerdo con lo prescripto por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable […] lo cual se vería desnaturalizado en el caso si se obligara a la actora a promover dos procesos autónomos, por separado, especialmente cuando este juicio se encuentra próximo a dictar sentencia…”.
“[E]n casos como el presente, en el que se encuentra en juego derechos de menores de edad, ha de velarse siempre por su mejor interés (art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, art. 3 de la ley 26.061 y art. 639 inc. a) del Código Civil y Comercial)…”.
“[N]o se pasa por alto que resulta poco común correr nuevamente un traslado de demanda en esta etapa del proceso. Sin embargo, los motivos antes expuestos y el prolongado tiempo que transcurrió sin que el Juzgado notificara a la Defensora de Menores la providencia atacada, convencen a […] que la decisión que se adopta responde al mejor interés de la niña…”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; DERECHO DE FAMILIA; FILIACIÓN; DERECHO A LA IDENTIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; INDEMNIZACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA;
Caminos (Causa No. 754)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación y, por mayoría, se remitió a ellos. En ese sentido, hizo lugar al recurso de queja y revocó la sentencia impugnada (voto de la ministra Highton, los ministros Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y, según su voto, el ministro Rosenkrantz).
1. Igualdad. No discriminación. Despido. Sentencia. Sentencia arbitraria.
“[A]l declarar mal concedido el recurso local, el tribunal prescindió de dar respuesta a los agravios de la actora que resultaban conducentes para la solución del litigio. A su vez, al actuar de ese modo, y sostener que el despido se produjo por el incumplimiento de obligaciones laborales a cargo de la trabajadora, el superior tribunal no solo afectó el derecho de defensa de la recurrente sino que convalidó la decisión sobre el fondo del asunto, dejando firme una interpretación de la ley 23.592 que frustra el remedio federal invocado y la garantía de igualdad y no discriminación (14 bis, 16, 17, 43 y 75, inc. 22, Constitución Nacional)”.
“En este contexto, al rechazar el recurso local, el máximo tribunal provincial no abordó suficientemente los agravios formulados por la actora (Fallos: 339:290, "S., D."; y 328:3067, "Lloveras") y mediante la invocación de una fórmula dogmática sostuvo que las alegaciones de la recurrente respecto de la violación de derechos y garantías constitucionales prescindieron de los presupuestos fácticos que rodearon el despido, respecto de lo cual valoró, en particular, el supuesto incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo de la actora, y la oferta que le efectuara la escuela de conservación de la relación laboral con otra modalidad de tareas.
Esta postura del tribunal […] desconoce los estándares vigentes para analizar los supuestos de despido discriminatorio en los términos de la ley 23.592, que debe ser interpretada en consonancia con las normas constitucionales concordantes (Fallos: 308:647, "Municipalidad de Laprida", considerando 8º), tales como el artículo 16 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad (Fallos: 334:1387, "Pellicori", considerando 6°; 332:433, "Partido Nuevo Triunfo", considerando 6º, y 333:2306 "Alvarez", considerando 5°)” (dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la mayoría).
2. Derecho al trabajo. Trabajo. Derecho a la vida privada y familiar. Despido. Igualdad. No discriminación
“[E]l a quo omitió ponderar que cualquier restricción del derecho a trabajar de un empleado, motivada en la valoración de aspectos de su vida privada que no guardan relación con las obligaciones que emergen del contrato de trabajo, puede configurar un acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
En efecto, el segundo párrafo del artículo 1 de la ley 23.592 dispone que entre los actos discriminatorios ‘se considerarán particularmente’ aquellos basados en una serie de motivos tales como la raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. La norma enumera algunas motivaciones especialmente prohibidas que, sin embargo, no son taxativas pues, aquellas conductas dirigidas a perseguir a grupos estructural o históricamente excluidos, no agotan los supuestos de conductas discriminatorias que sanciona la ley. Así, todo tratamiento arbitrario, que tenga por objeto o por resultado, impedir, obstruir o restringir o de algún modo menoscabar el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional, constituye un acto discriminatorio en los términos del primer párrafo del artículo en cuestión.
En esa línea, la norma contempla las acciones discriminatorias basadas en la ponderación negativa de conductas, hábitos, sentimientos o creencias, estado de salud, apariencia física, condiciones o características personales o formas familiares, que integran la esfera íntima y autónoma de la persona que trabaja y que, por tal razón, se encuentran reservadas a su fuero personal y deben quedar inmunes a la injerencia arbitraria del Estado y de los particulares (art. 19, Constitución Nacional; art. 11, CADH; Fallos: 338:556, "D., M. A.", considerandos 19º y 20º; y 308:2268, "Sejean'', voto de Enrique Santiago Petracchi, considerando 14° y sus citas; Corte IDH, "Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) vs. Costa Rica", sentencia del 28 de noviembre de 2012, párrs. 142-143). Estos aspectos inherentes a la vida íntima del trabajador no pueden, prima facie, acarrear consecuencias jurídicas en la relación de empleo” (dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la mayoría).
3. Contrato de Trabajo. Despido. Igualdad. No discriminación. Derecho a la intimidad.
“[L]a LCT, desde su sanción, contiene disposiciones dirigidas a preservar a los trabajadores de determinados comportamientos patronales que se reputan discriminatorios precisamente por asignar consecuencias en la esfera contractual a actos que pertenecen a la vida privada [hay cita]. Esas disposiciones pretenden evitar que la empresa someta a su propio juicio el proyecto de vida de quien trabaja bajo su dependencia económica, o le imponga paternalmente modelos o estereotipos de conducta pues, por más amplia que resulte la autoridad del empleador, las facultades de dirección deben ejercitarse con carácter funcional y la actividad de la empresa no puede utilizarse como excusa para la anulación de derechos constitucionales (arts. 65 y 68, LCT y Fallos: 333:2306, "Álvarez", considerandos 7º y 10º).
Lo expresado no implica desconocer la existencia de pautas éticas de conducta y deberes específicos para quienes prestan servicios en el ámbito educativo (v. arts. 67, segundo párrafo f), y 68 de la Ley 26.206 de Educación Nacional), pero la definición del alcance de esos deberes en un caso concreto es una labor que le corresponde realizar al juez, según las constancias probadas de la causa.
En suma, la conducta del empleador que de algún modo restringe derechos del trabajador y que resulta motivada en aspectos de su vida privada, como la elección de una pareja, que no guardan relación con las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, puede configurar un trato discriminatorio comprendido en el artículo 1 de la ley 23.592, extremo que el tribunal tiene la obligación de analizar cuidadosamente en el caso” (dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la mayoría).
4. Igualdad. No discriminación. Prueba. Apreciación de la prueba. Arbitrariedad. Contrato de trabajo.
“[A] la luz del alcance de las garantías constitucionales en juego, el tribunal debió analizar si en el sub examine existió alguna circunstancia que justifique, de manera razonable, una intromisión o restricción de la esfera de privacidad de la trabajadora.
[E]l tribunal superior hizo caso omiso de los estándares probatorios en la materia. Al respecto, la Corte Suprema ha señalado que cuando se discute la existencia de medidas discriminatorias en el ámbito de la relación de empleo, dada la notoria dificultad, por la particularidad de estos casos, para la parte que afirma un motivo discriminatorio resultará suficiente con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, supuesto en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación (Fallos: 334:1337, "Pellicori"; considerandos 6º y 11º y 337:611, "Sisnero", considerando 5º)” (dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la mayoría)
“[L]o anterior no implica desconocer la facultad constitucional de la empleadora de despedir sin causa. La garantía constitucional a la libertad de contratar incluye su aspecto negativo, es decir, la libertad de no contratar (arts. 14 y 19 de la Constitución Nacional). La facultad de despedir sin causa, no obstante, reconoce límites en la ley 23.592 y, por consiguiente, no puede encubrir un trato discriminatorio. En particular, si se denuncia que una circunstancia prima facie discriminatoria fue determinante de la disolución del vínculo, pesa sobre el empleador la carga de acreditar que dicha circunstancia no fue el móvil del despido o que resulta ajena a toda discriminación y, en caso de que sostenga que la rescisión obedece a una combinación de motivos, el tribunal debe asegurarse de que, de acuerdo a la prueba rendida, ninguno de ellos sea efectivamente discriminatorio. La necesidad de establecer si hubo realmente discriminación es crucial” (voto concurrente del Ministro Rosenkrantz).
IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; SENTENCIA; SENTENCIA ARBITRARIA; DESPIDO; DERECHO AL TRABAJO; TRABAJO; CONTRATO DE TRABAJO; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTIMIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; ARBITRARIEDAD;
MC (causa Nº 58431)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia (juezas Iturbide y Perez Pardo, y juez Liberman).
1. Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Salud mental. Capacidad. Personas con discapacidad.
“[L]a revisión periódica de la sentencia, que es una de las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 12.4), se encuentra contemplada en la ley de Salud Mental (art. 42)”.
“En la actualidad, con el Código Civil y Comercial, la capacidad jurídica solo puede ser restringida con carácter de excepción y siempre en beneficio de la persona (art. 31 inc b del CCyC), a consecuencia de lo cual la eventual limitación que pudiera establecerse al ejercicio de la capacidad civil, `siempre debe serlo con contornos acotados, es decir, referidos a actos específicos´ […].
En lo que a la terminología respecta, cabe señalar que la ley 26.657, sancionada el 25 de noviembre de 2010, utiliza el término de personas `con padecimiento mental´ –a diferencia del término `demente´ usado por el derogado Código Civil, como una reforma no discriminatoria. Es que la terminología debe en un todo adecuarse al nuevo paradigma imperante en la materia. Al respecto, el CCyC utiliza denominaciones tales como `persona con capacidad restringida´, `persona con incapacidad´, `interesado´, `persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso´ (v. arts. 23, 35, 36, entre otros) e introduce un nuevo criterio interdisciplinario que permite brindar una visión de la persona situada y contextuada en el ámbito de su interacción social.
Los principios y reglas que regulan la restricción o restricciones en materia de capacidad jurídica plasman en el nuevo Código el reemplazo de un `modelo de sustitución en la toma de decisiones´ por un `modelo de apoyo en la toma de decisiones´. Ese cambio de paradigma implica que, desde la asunción de que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones, la pregunta deja de ser si una persona puede ejercer su capacidad jurídica, para concentrarse en que necesita la persona para ejercer su capacidad jurídica […].
[L]a restricción a la capacidad deber serlo en la medida necesaria y apropiada para el bienestar (conf. Art. 1° de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 25.280), proporcional y adaptada a las circunstancias de cada persona, y sujeta a exámenes periódicos…”.
2. Sistemas de apoyo. Informes.
“El art. 12 de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no sólo prevé el `apoyo´ para la toma de decisiones, sino la implementación de `salvaguardas´ como medida complementaria. Las salvaguardas deberán ser ordenadas por el Juez y serán proporcionales al grado de las medidas que afecten a los derechos e intereses de las personas.
Este Tribunal entiende que más allá de la revisión prevista por el art. 40 del CCyC, corresponde ordenar informes anuales sobre la evolución y estado general de la interesada”.
3. Personas con discapacidad. Voto. Capacidad.
“La restricción del derecho al voto que prevé el art. 3, inciso a), del Código Electoral Nacional (texto según la ley 26.571) debe aplicarse de acuerdo con los principios y garantías que rigen para las personas con disparidad e impone una evaluación pormenorizada y específica sobre la capacidad para votar, incluso con la designación de apoyos en el caso de que la personal esté en condiciones de ejercer autónomamente ese derecho pero presente alguna dificultad para poder hacerlo, siempre que se respete su voluntad y preferencias, sin conflicto de intereses ni influencias indebidas (argumento del art. 12, inciso 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
De ese modo, se compatibiliza la norma electoral que reglamenta el ejercicio del derecho a votar por razones de capacidad con el modelo social de discapacidad que el legislador definió con posterioridad a la sanción de la ley 26.571 (artículo 3, inciso a), del Código Electoral Nacional), sin necesidad de declarar su inconstitucionalidad […].
Por ello, en función de lo que surge de los informes agregados en autos, se deja constancia que la causante podrá votar si lo desea, sin perjuicio de lo cual no podrá ser autoridad de mesa ni candidata a cargo público”.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SALUD MENTAL; CAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SISTEMAS DE APOYO; INFORMES; VOTO;
Falcon Rojas y otra (causa N° 162)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Rioja, de manera unipersonal, condenó a la pareja a una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, bajo interpretación de los criterios de equidad y justicia (juez Quiroga Uriburu).
1. Ley de estupefaciente. Determinación de la pena. Interpretación de la ley. Monto mínimo. Finalidad de la pena. Equidad. Condena condicional.
“[C]onsiderando el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y la celebración de juicio, la reinserción lograda por los encartados, y considerando, prima facie, que la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo en el presente caso y momento podría resultar perjudicial y alejarse del objetivo de las penas de prisión […] excepcionalmente y por las circunstancias y características de autos, nos encontraríamos ante un escenario entre un especial caso concreto y la rigidez impuesta por el carácter abstracto de la generalidad de la norma legal, que nos permitiría dentro de la hermenéutica jurídica recurrir a criterios de interpretación fundada en motivos de equidad”.
“[L]uego de analizado el precedente Vázquez, y las particularidades en relación a los imputados en autos, encuentro fundamento para sostener que la finalidad retributiva, preventiva general y especiales entran en crisis frente a los sujetos alcanzados por la pena en el presente caso, ya que los mismos han logrado reconstruir sus vidas, sus existencias personales en libertad. Esta reconstrucción, conforme la prueba aportada en la audiencia por la Defensa Pública, se logró a través de trabajos lícitos, respetando el derecho, con marcadores de integración laboral y social positivos, por lo que considero que extraerlos hoy de esa realidad con el fin de que transiten una pena de privación de la libertad de cumplimiento efectivo sería altamente perjudicial”.
“Esta situación fáctica imperante, me conduce al ejercicio y uso de criterios de equidad y justicia en el presente caso, por los cuales se podría extraer, excluir a los imputados del cumplimiento efectivo de la pena, corrigiendo, modificando el monto mínimo de la pena en abstracto, para poder habilitar en consecuencia su cumplimiento en suspenso en los términos del art. 26 del C.P. con la debida imposición de las reglas de conducta prescriptas por el art. 27 bis del mismo cuerpo legal”.
LEY DE ESTUPEFACIENTES; DETERMINACIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MONTO MÍNIMO; FINALIDAD DE LA PENA; EQUIDAD; CONDENA CONDICIONAL;
Gallo (Causa N° 128432)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja y dejó sin efecto el auto que denegó el recurso extraordinario (Ministros Lorenzetti, Maqueda y Rossati y la ministra Highton).
1. Notificación. Derecho de defensa. Debido proceso.
“[L]a adecuada notificación de las distintas etapas fundamentales del juicio, en especial la del pronunciamiento y la atinente al trámite previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige la garantía del debido proceso y plantear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio...”.
“[S]e advierte que durante el transcurso de la tramitación del recurso de revisión en la instancia anterior nunca se confirió intervención a las personas que podrían resultar afectadas por la pretensión sostenida por el Ministerio Público”.
NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO;
Vitale (Causa No. 73214)Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia impugnada en lo concerniente a la indemnización general, pero concedió la indemnización por daño moral (voto de las juezas Ferdman y Carambia).
1. Despido. Daño. Daño moral. Indemnización. Principio de dignidad humana. Estupefacientes.
“[S]i bien nuestra legislación establece un sistema de indemnización tarifada que como regla general satisface los daños de cualquier naturaleza, materiales y morales, que pudiera sufrir el trabajador con motivo del despido arbitrario y, ese es el criterio general establecido por la jurisprudencia mayoritaria que comparto en el sentido que si no se acreditan otros daños diferentes al simple despido, originados en hechos extracontractuales en ocasión de la ruptura del contrato de trabajo o fuera de ella o que resultarían indemnizables aún en ausencia de la relación laboral, no cabe reconocer el reclamo por tal concepto, lo cierto es que en el sub lite, no [resulta adecuada] la decisión de la magistrada de grado ya que […] los elementos arrimados a la causa permiten tener por acreditada la existencia de daños originados en hechos extracontractuales en ocasión de la ruptura del contrato de trabajo que resultarían indemnizables aún en ausencia de la relación laboral.”
“En este sentido, corresponde modificar lo decidido en la sede de origen porque si bien […] en principio la indemnización por antigüedad repara todos los perjuicios materiales y morales, ciertos o presuntos derivados del despido incausado, lo cierto es que, en este caso, la conducta asumida por la demandada constituyó un ejercicio abusivo de los poderes de organización y dirección que le impone el ordenamiento jurídico, violando el deber contractual de preservar la dignidad del actor. No resulta relevante […] analizar si la ex empleadora actuó motivada por una supuesta creencia razonable basada en denunciar la posible comisión de un delito en tanto lo fundamental es que con su proceder la accionada menoscabó los derechos fundamentales del trabajador como su dignidad y su integridad moral, por lo que dicha ilicitud debe ser receptada (cfr. Arts. 1738, 1741, 1785, 1786 y ccdtes del Código Civil y Comercial de la Nación vigentes al momento en que sucedieron los hechos y al momento de interposición de la demanda)”.
“En este orden de ideas, el daño moral representa la afrenta espiritual que objetivamente se verifica en todo ser humano a partir de un hecho cuya entidad lesiva resulta socialmente y culturalmente incontrovertida y ello se ha configurado en esta causa, dado que la demandada le imputó al actor la tenencia de sustancias prohibidas que […] no solo se demostró que el actor no estaba consumiendo ni menos aún se encontraba bajo su influencia mientras se encontraba prestando servicios para la demandada […] sino que además tampoco acreditó que tal circunstancia le hubiera implicado un perjuicio en su desarrollo empresarial dado que la accionada le permitió continuar con el cumplimiento de sus funciones de manera normal y habitual luego de haber constatado dicha presunta irregularidad, siendo además que –por tal motivo– se le inició un proceso penal al actor del cual en definitiva aquel fue sobreseído, lo cual pone de manifiesto que se ha excedido el ámbito de la mera inejecución de las obligaciones impuestas al trabajador por la Ley de Contrato de Trabajo y lo relevante es que el proceder de la accionada ocasionó la consecuente angustia y aflicción en el trabajador afectando su dignidad y honor, y por ello […] corresponderá modificar la sentencia de grado en este aspecto”.
2. Derecho al trabajo. Trabajo. Derecho a la vida privada y familiar. Despido. Daño moral.
“[L]a demandada con su actitud no solo hizo pública una situación privada del trabajador [y de posible adicción] que en nada estaba afectando su desempeño o la imagen empresarial de la aerolínea, sino que además menoscabó […] su trayectoria no solo dentro de la empresa sino también en su ámbito social y familiar, por lo que –dadas las particularidades en las cuales se desarrolló este conflicto– [es] pertinente el daño moral pretendido por el accionante como resarcimiento a un daño ocasionado por fuera del simple despido.
No [resulta] ocioso recordar que –sobre el punto– el art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone que ‘El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador, condiciones dignas y equitativas de labor (…)’”.
DESPIDO; DAÑO; DAÑO MORAL; INDEMNIZACIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ESTUPEFACIENTES; DERECHO AL TRABAJO; TRABAJO; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
Verbitsky (causa N° 1469)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso y revocó la sentencia impugnada (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti –según su voto–).
1.  Habeas corpus. Interpretación de la ley.
“[M]erece ser inicialmente recordada la doctrina del Tribunal en materia de hábeas corpus, que indica que el procedimiento aplicado a esta acción exige que se agoten las diligencias tendientes a hacer efectivo su objeto. Aunque, en rigor, la valoración de la idoneidad del curso de acción seguido por los jueces de la causa en cada caso particular, conduce a una cuestión, en principio, ajena a la instancia extraordinaria, corresponde que esta Corte intervenga para resguardar la vigencia del instituto cuando la adopción de un criterio determinado puede llegar a frustrar su esencia (confr. Fallos: 306:448; 322:2735; 323:4108, entre otros)” (voto de la ministra Highton de Nolasco y los ministros Maqueda y Lorenzetti).
2.  Condiciones de detención. Habeas corpus. Procesos colectivos. Derechos de incidencia colectiva.
“[E]n primer lugar y con relevancia esencial, de mantenerse el sentido de la resolución en crisis se estaría obligando a los defensores oficiales recurrentes y al resto de los actores involucrados en este proceso a presentar, en el futuro, sus reclamos acerca de situaciones colectivas estructurales vinculadas con las condiciones de detención de la Provincia de Buenos Aires (como los que constituyen el debate de fondo del sub lite) ante los juzgados de primera instancia de sus respectivas jurisdicciones territoriales, para que sean tramitados y resueltos individualmente.
Esa alternativa se aparta de la forma en la que se afrontó la misma posibilidad en la sentencia dictada por esta Corte en el año 2005. Resulta pertinente recordar que, en la oportunidad referida, uno de los argumentos que había escogido el tribunal apelado para denegar la procedibilidad de la acción fue, justamente, que debió haber sido ejercida individualmente ante los magistrados legalmente habilitados, en cada caso concreto (confr. ‘Verbitsky’ citado, considerando 6° del voto de la mayoría, y en igual ubicación, de la disidencia parcial del juez Fayt).
Frente a esa opción, este Tribunal subrayó la necesidad de reconocer la protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva involucrados en el hábeas corpus, rechazándose expresamente la posible dispersión de los reclamos al admitirse la acción plural reclamada en beneficio de los intereses de todos los sujetos privados de libertad en el ámbito de la provincia (confr. ibídem Punto VI, considerandos 14 a 19 de la opinión de la mayoría; y considerando 16 de la disidencia parcial del juez Fayt)”.
“[E]s dable concluir que el prudente análisis de todas las circunstancias en juego, que en su momento llevó al Tribunal a admitir una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo del reclamo y a implementar un remedio congruente con su alcance, desaconseja volver a transitar un camino que ya fue considerado ineficaz desde una perspectiva enfocada en la entidad y magnitud de las violaciones que –cuando menos– deben comenzar a ser mitigadas, en tanto exceden la eventual promoción de reclamos individuales referidos a situaciones particulares”.
“[A] criterio de este Tribunal, sin que esto implique abrir juicio sobre la solución que en definitiva corresponda adoptar al respecto, la decisión examinada pretende clausurar el proceso de hábeas corpus colectivo como tal, sin haber ponderado suficientemente el impacto que las medidas practicadas por la corte local habrían tenido, en función de la complejidad de los objetivos fijados en el precedente ‘Verbitsky’ tantas veces citado, y sin explicitar de qué manera fue evaluada la eficacia de su implementación, en relación con la permanencia de la situación generadora del conflicto que venían denunciando los actores” (voto de la ministra Highton de Nolasco y los ministros Maqueda y Lorenzetti).
3. Condiciones de detención. Hacinamiento. Procesos colectivos. Habeas corpus. Ejecución de la sentencia. Política pública.
“También en este aspecto se considera que el tribunal a quo se ha apartado de la dimensión acordada a la estructuración del proceso de ejecución de la primigenia sentencia emitida en estas actuaciones, en cuanto se le encomendó una tarea que debería mantenerse vigente mientras persistan las condiciones carcelarias que obligaron a la firme intervención de esta Corte Federal; circunstancia esta última que, a pesar de su trascendencia, no ha sido aclarada en ningún sentido en la decisión que se examina” (voto de la ministra Highton de Nolasco y los ministros Maqueda y Lorenzetti).
“[L]a dificultad que presenta la ejecución de sentencias adoptadas en procesos colectivos como el sub lite deriva, principalmente, de dos razones. La primera, remite a la naturaleza compleja y pluricausal de los conflictos abordados, cuya solución demanda la modificación de políticas públicas y/o de prácticas institucionales. La segunda radica en el tipo de obligaciones impuestas en estas decisiones, que no siempre se efectiviza en medidas concretas sino en la enunciación de objetivos generales.
Ambos aspectos explican que la ejecución de esta clase de sentencias importe un proceso prolongado y complejo, en cuyo transcurso pueden cambiar los protagonistas iniciales (el universo concreto de afectados con nombre y apellido, que suelen ser reemplazados por otros), y aun las modalidades del agravio originario (algunos problemas pueden solucionarse en el tiempo, pero aparecen otros) manteniéndose –no obstante– el cuadro crítico que promovió la presentación judicial colectiva”.
“La sistematización de los estándares que rigen estos procesos de ejecución de sentencias complejas y, eventualmente, determinan su clausura, requiere –más allá de la atención de las especificidades verificables en cada caso– distinguir dos aspectos: el institucional y el funcional.
En el plano institucional el proceso podría considerarse culminado, desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que: i) se han definido claramente las metas a cumplir; y, ii) se ha(n) establecido el(los) órgano(s) a cargo de su instrumentación, sea(n) jurisdiccional(es) o no jurisdiccional(es) (por ejemplo, otros departamentos del Estado u organismos específicos, en los supuestos en que la actuación exceda o sea ajena al ámbito de competencia propia del órgano jurisdiccional de ejecución).
En el plano funcional, el proceso podría considerarse culminado, desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que se ha comprobado un nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso que sean suficientes para frustrar razonablemente la posibilidad de reversiones que vuelvan la situación al conflictivo punto de partida. La determinación del nivel de avance funcional que permita dar por concluida la actuación de esta Corte dependerá, lógicamente, de las especiales circunstancias de cada proceso concreto”.
“[M]ás allá del cumplimiento de los aspectos relativos al plano institucional, el a quo no ha logrado demostrar adecuadamente el cumplimiento cabal del fallo de esta Corte desde un plano funcional. En esa ocasión, entre otras pautas, se instruyó a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la provincia para que, dentro de sus respectivas competencias, extremen la vigilancia para el adecuado cumplimiento de las normas que nacional e internacionalmente imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad, en especial, en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad física de los presos, del personal y de terceros; y para que ‘hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda’ (Fallos: 328:1146, considerandos 40 y 41 del voto de la mayoría).
De tal modo, el a quo no ha ponderado en forma suficiente el impacto que las medidas practicadas habrían tenido en función de los objetivos fijados en ‘Verbitsky’, y ha omitido explicar de qué manera fue evaluada la eficacia de su implementación, en referencia a la permanencia de la situación generadora del conflicto que venían denunciando los actores.
Ello resulta especialmente relevante, toda vez que oportunamente se le encomendó una tarea que debía mantenerse vigente mientras persistieran las condiciones que obligaron a la firme intervención de esta Corte Federal; circunstancia esta última que, a pesar de su transcendencia, no ha sido aclarada en la decisión que se examina.
En tal sentido, la inconsistencia de la decisión en crisis no presta sustento objetivo suficiente a las razones que motivaron al tribunal a quo a determinar que la faz ejecutiva de la sentencia dictada por esta Corte en este caso podía darse por finalizada; máxime teniendo en cuenta que los defensores públicos oficiales denuncian y documentan, en su presentación, la persistencia de la situación de superpoblación en el ámbito carcelario provincial y su crecimiento exponencial” (voto concurrente del ministro Rosatti).
HÁBEAS CORPUS; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PROCESOS COLECTIVOS; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; HACINAMIENTO; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; POLÍTICA PÚBLICA;
D´ Erario y otro (causa N° 2009)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional casó, de manera parcial, la resolución. En particular, modificó la figura de encubrimiento agravado por la de encubrimiento simple.
1. Encubrimiento. Ánimo de lucro. Robo con armas. Agravantes. Interpretación de la ley.
“En efecto, en la causa ‘Quiroga’ adherí al voto del colega Bruzzone quien, en dicha ocasión, entre otros argumentos dijo: “asiste razón a la defensa en sus críticas, pues, a mi juicio, el uso de la cosa no indica, por sí sólo, el especial elemento subjetivo, distinto del dolo, que se concreta en la expectativa de un beneficio o ganancia, que excede la mera adquisición o receptación que sanciona el artículo 277, apartado 1, inciso “c”, la cual, desde ya, implica la espuria tenencia de la cosa. Ese plus no se encuentra acreditado en el caso, ya que para verificarlo no se puede sustentar exclusivamente en el destino natural de la cosa en el rédito propio del objeto según sus condiciones intrínsecas. De las constancias de la causa no surgen datos que permitan presumir, con alguna entidad, que el imputado tenía por finalidad vender o enajenar el bien, lo que descarta la aplicación de la agravante utilizada…”.
“Dado que en el presente se verifica el mismo supuesto que en aquella oportunidad, propondré modificar la figura legal asignada a este hecho por la de encubrimiento [art. 277, 1° apartado c, del Código Penal. Sin perjuicio de lo que se dirá con relación a las sanciones impuestas” (voto de la jueza jueza Llerena, al que adhirió el juez Dias).
ENCUBRIMIENTO; ÁNIMO DE LUCRO; ROBO CON ARMAS; AGRAVANTES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Nadal (causa n°14714)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación y revocó la disposición que rechazaba la acción inhibitoria de la justicia provincial (juez Larriera y jueza Fariña). 1. Trata de personas. Explotación laboral. Usurpación. Conexidad. Seguridad jurídica. “Realizando un análisis global de la situación, se vislumbra que existen actualmente dos causas conexas que, en caso de que sean resueltas por jurisdicciones diferentes, puede arribarse a soluciones contradictorias, en tanto [existe] una causa en el fuero federal en la que se investiga el delito de trata laboral de personas, y otra ante la justicia provincial en la que se investiga el delito de usurpación de aquel predio donde residen y trabajan las víctimas de trata de la causa mencionada anteriormente”. “[T]eniendo en cuenta el devenir de los hechos mencionados, puede concluirse que aquellos no constituyen hechos divisibles entre sí, y entonces no podrían tramitar de forma independiente sin que se generen las inconsistencias y conflictos que han sido debidamente reseñados…”. “[L]a conexidad objetiva de los delitos y la identidad del objeto procesal de ambas causas resultan evidentes si se tiene en cuenta que, lo que resuelva una de las dos jurisdicciones determinará la suerte del fallo final de la causa que tramita en la otra”. “[R]esulta evidente que es el fuero federal quien posee competencia más amplia para resolver las diversas cuestiones debatidas, por lo que, todas luces, el fallo final que dicte esta jurisdicción eliminará cualquier posibilidad de strepitus fori que puedan producir los fallos contradictorios, y permitirá asegurar el derecho de defensa de los particulares, garantizando el principio de seguridad jurídica”. 2. Trata de personas. Victima. Vulnerabilidad. Excusa absolutoria. Revictimización. “[N]o debe soslayarse que en el caso de autos se encuentran en juego los derechos de las aludidas víctimas del delito de trata de personas, que está siendo investigado en este fuero federal debiendo, por lo tanto, resolver los planteos sin desconocer la jurisprudencia citada y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en relación a la protección de tales derechos. A tal efecto, cabe recordar que mediante la sanción de la ley Nº 26.364, de abril de 2008, el Estado argentino dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños («Protocolo de Palermo»)…”. “Entre sus disposiciones se halla una cláusula de no punibilidad –art. 5–, concebida para que las víctimas de trata de personas no sean sancionadas por aquellos delitos que hubiesen podido cometer mientras se encontraban en esa condición, pretendiendo evitarse con ello que aquéllas deban sufrir una pena adicional a la que ya han debido soportar como víctimas”. “De esta manera, se ha marcado la prioridad de asistencia de las víctimas tratando de impedir, a todas luces, que sean revictimizadas judicialmente y éste resulta el concreto peligro que se cierne en autos cuando, de las constancias arrimadas a la pesquisa, se advierte que el enfoque practicado en sede provincial de la cuestión desatiende y no incorpora abordaje alguno relativo a tal elemental status, pauta esencial e indispensable antes de adoptar una resolución de tal calibre respecto de las mujeres y sus hijos menores alojadas en dicho predio rural”.
TRATA DE PERSONAS; EXPLOTACIÓN LABORAL; USURPACIÓN; CONEXIDAD; SEGURIDAD JURÍDICA; VICTIMA; VULNERABILIDAD; EXCUSA ABSOLUTORIA; REVICTIMIZACIÓN;
Roa Restrepo (Causa N° 53869)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia impugnada (ministra Highton y ministros Lorenzetti, Maqueda y según su voto, minitros Rosenkrantz y Rosatti).
1. Dirección Nacional de Migraciones. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Ley de procedimientos administrativos. Actos de autoridad nacional. Motivación. Causa. Control judicial. Control de Razonabilidad.
“[E]sta Corte ha reconocido que el control judicial de los actos denominados tradicionalmente discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de actuación, por un lado, en los elementos reglados de la decisión —competencia, forma, causa, finalidad y motivación— y, por el otro, el examen de su razonabilidad […], ello no implica que el juez reemplace a la Administración, ya que dicha competencia jurisdiccional es revisora, mas no sustitutiva […].
Que, en consecuencia, la causal impediente para la permanencia en el país que justificó la orden de expulsión expresada por la Dirección Nacional de Migraciones no pudo ser reemplazada en sede judicial por una distinta, que ni siquiera fue considerada por la autoridad administrativa. Ello porque la determinación de las razones que obstan a la permanencia de un migrante en el país corresponde, según la ley 25.871, a la autoridad migratoria. En consecuencia, la legalidad de esa decisión solo debe juzgarse en base a los motivos que expresa, y no de otros.
En efecto, la concurrencia de la causal impediente hace a la motivación del acto y debe estar expuesta en él (artículo 7°, incisos b y e, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) y no puede ser modificada posteriormente por los jueces cuando su validez es cuestionada.
De lo contrario, si la apreciación de la causa del acto de expulsión pudiera ser reemplazada o sustituida por los magistrados, pasaría a ser materia de un debate judicial sobre aspectos no delimitados previamente, en lugar de constituir el antecedente necesario de la eficacia jurídica del acto, desnaturalizando así la misión del Poder Judicial […].
[E]n consecuencia, al no haber sido el supuesto del artículo 62, inciso b, de la ley 25.871 (registrar conducta reiterante) la razón de hecho y de derecho por la que se dispuso la expulsión, no resulta válido que la cámara haya introducido esa causal, no solo porque excedió el control de legalidad y razonabilidad, sino también porque la decisión adoptada implicó sustituir los motivos del acto administrativo sin la debida oportunidad de debate en sede administrativa y judicial por parte del migrante…” (ministros Maqueda, Lorenzetti y Ministra Highton).
2. Dirección Nacional de Migraciones. Migrante. Delitos. Residencia. Expulsión de extranjeros. Arbitrariedad. Sentencia arbitraria. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
“[S]i bien la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes es un tema, como regla, ajeno a esta instancia, ello admite excepción en casos en los que media manifiesto apartamiento de la relación procesal, por haberse emitido pronunciamiento sobre cuestiones no articuladas por las partes y que el juzgador no pudo considerar de oficio sin desmedro de garantías constitucionales…”.
“[N]i en sede administrativa ni en sede judicial la Dirección Nacional de Migraciones había alegado que en el caso concurría el supuesto de reiteración de delitos previsto en el artículo 62, inciso b, de la ley 25.871 como causal de cancelación de la residencia otorgada a un migrante, que tornara aplicable el artículo 29, inciso j, de ese ordenamiento. Esta última norma prevé como causal de expulsión la constatación por parte de la autoridad migratoria de la existencia de alguno de los impedimentos para la radicación en el país.
Por lo tanto, la sentencia objeto de recurso extraordinario incurrió en un supuesto de arbitrariedad sorpresiva pues se expidió sobre una causal de expulsión diferente a la considerada por la Dirección Nacional de Migraciones. De ese modo, se consumó un inequívoco apartamiento de los términos en que había quedado trabada la litis y una violación de las reglas procesales que rigen la jurisdicción revisora de los tribunales de alzada (artículos 34, inciso 4, 166, inciso 6, 271 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Y lo cierto es que tal solución no se ve amparada por el principio de iura novit curia, pues este no habilita a apartarse de lo que resulte de los términos de la demanda o de las defensas planteadas por los demandados…” (voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
3. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dirección Nacional de Migraciones. Expulsión de extranjeros. Pena. Delitos. Jurisprudencia.
“[L]as cuestiones planteadas por la Dirección Nacional de Migraciones al apelar la sentencia de primera instancia acerca de la interpretación de la causal de expulsión prevista en el artículo 29, inciso c, de la ley 25.871 encuentran adecuada respuesta en el precedente ´Apaza León´, a cuyos términos cabe remitir a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Ello es así pues se encuentra fuera de discusión que la condena penal impuesta al actor en la que se fundó el acto de expulsión no encuadra en alguna de las cinco categorías de delitos que se mencionan en el inciso —tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas—, ni alcanza el mínimo de tres años de pena privativa de la libertad allí fijado…” (voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
4. Ley de procedimientos administrativos. Procedimiento administrativo. Actos administrativos. Causa. Motivación. Principio de legalidad. Debido proceso. Razonabilidad.
“[A] la luz de nuestra arquitectura constitucional, el procedimiento administrativo no solo constituye el ámbito a través del cual se debe procurar —con justicia— la satisfacción del interés público; en paralelo, es también una instancia para la defensa de los derechos e intereses de los particulares, sujeta —inexcusablemente— a los principios de legalidad, debido proceso adjetivo y sustantivo —o razonabilidad— (artículos 18, 19 y 28, Constitución Nacional y artículo 1°, ley 19.549 […]).
[E]n resguardo de los principios, derechos y garantías constitucionales, las decisiones que adopta la administración se encuentran sujetas —como recaudo de validez— a la observancia de los requisitos esenciales previstos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.549. De este modo, y en lo que aquí concierne, el acto administrativo debe contar con una ´causa´: entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la decisión (artículo 7°, inciso b), y con su respectiva ´motivación´, esto es, la explicitación de las razones que justifican la emisión del acto (artículo 7°, inciso e).
Ambos requisitos —sin perjuicio de los restantes, claro está— se apoyan en la máxima republicana que sostiene a nuestro sistema de gobierno, constituyen una interdicción a la eventual arbitrariedad administrativa y, además, representan una garantía para que el particular pueda ejercer -en forma plena- la defensa de sus derechos e intereses. En otras palabras, la solución legislativa -al exigir una administración que justifique y funde racionalmente sus decisiones- no está haciendo otra cosa que cumplir con el equilibrio que exige la Constitución Nacional entre la tutela de los derechos por ella reconocidos y la acción administrativa, subordinada a la juridicidad, debido proceso adjetivo y sustantivo (artículos 1°, 14, 18, 19, 28, 31, 33 y cctes. Constitución Nacional)…” (voto concurrente del ministro Rossati).
5. Ley de procedimientos administrativos. Causa. Motivación del acto administrativo. Migrante. Expulsión de extranjeros. Revisión Judicial. Derecho de defensa. Seguridad Jurídica. Exceso en el pronunciamiento.
“[E]l tribunal a quo se apartó del diseño constitucional y legal antes reseñado incurriendo en arbitrariedad; en efecto, al modificar en su sede la ´causa´ y la ´motivación´ del acto administrativo impugnado, la sala desvirtuó el sistema de la ley 25.871 y asumió una competencia de la que carece, afectando el debido proceso legal y colocando al recurrente en estado de indefensión.
[L]la nueva causal de expulsión introducida por la cámara —en forma sorpresiva y en ocasión de dictar sentencia— importó una modificación improcedente de la decisión administrativa que pasó por alto que la revisión judicial debe ser llevada a cabo con estricto apego al debido proceso y a la garantía de defensa.
[E]n el fallo recurrido se desconoció que —en nuestro orden constitucional— la garantía de defensa supone otorgar a los interesados la oportunidad de ser oídos y brindar la ocasión de hacer valer sus defensas en el tiempo, lugar y forma prevista en la ley (artículo 18, Constitución Nacional […]); al tiempo que un procedimiento justo, conducido de buena fe, implica que el litigante conozca de antemano las ´reglas claras de juego´ a las que atenerse en aras de la seguridad jurídica y evitar adoptar decisiones que, de modo intempestivo, lo coloquen en estado de indefensión […].
[A]l no haber sido el supuesto del artículo 62, inciso b, de la ley 25.871 —registrar conducta reiterante— la razón de hecho y de derecho por la que se dispuso la expulsión del extranjero, no resulta válido que la cámara haya introducido esa causal, pues —con exceso del control que estaba llamada a realizar— sustituyó la causa y la motivación del acto, sin la debida oportunidad de debate en sede administrativa y judicial por parte del migrante…” (voto concurrente del ministro Rossati).
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; ACTOS DE AUTORIDAD NACIONAL; MOTIVACIÓN; CAUSA; CONTROL JUDICIAL; CONTROL DE RAZONABILIDAD; DELITOS; RESIDENCIA; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA ARBITRARIA; CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; PENA; JURISPRUDENCIA; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ACTOS ADMINISTRATIVOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBIDO PROCESO; RAZONABILIDAD; MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO; REVISION JUDICIAL; DERECHO DE DEFENSA; SEGURIDAD JURÍDICA; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO;
Castillo (causa Nº 15676)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y anuló la resolución impugnada (jueces Borinsky y Carbajo, y jueza Ledesma).
1. Prisión domiciliaria. Principio de contradicción. Principio acusatorio.
“[E]l tribunal a quo no ha fundado en forma suficiente la irrazonabilidad de la posición del Ministerio Público Fiscal relativa a la aptitud de la detención domiciliaria del imputado [...] para la neutralización de los peligros procesales”.
“[E]l Fiscal General ante esta Cámara no ha expresado su posición sobre la cuestión en trato en la oportunidad prevista por el art. 465 bis en función de los artículos 454 y 455 del C.P.P.N. –según ley 26.374–, conduce a un escenario de ausencia de contradictorio entre las partes que [...] impide la convalidación del fallo impugnado –sólo en lo que concierne al rechazo del arresto domiciliario solicitado [...]–” (voto del juez Borinsky, al que adhirió el juez Carbajo).
“[S]e advierte que el órgano jurisdiccional interviniente excedió el límite para el que estaba habilitado a expedirse. En efecto, ha mediado una afectación al modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra Constitución Nacional (arts. 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP –que expresamente ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos 7° y 15° del precedente 'Casal', Fallos 328:3399–), cuyo paradigma esencial consiste en la separación de las funciones de enjuiciamiento y postulación” (voto de la jueza Ledesma).
2. Principio de contradicción. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Garantía de imparcialidad.
“[L]a sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza no estaba autorizada a rechazar la prisión domiciliaria solicitada por el imputado, pues la parte acusadora se había expedido en sentido favorable, todo lo cual lesiona la garantía de imparcialidad del juzgador (arts. 75 inc. 22 de la CN, 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP, 10 de la DUDH, 26 de la DADDH), por afectación del principio acusatorio” (voto de la jueza Ledesma).
PRISIÓN DOMICILIARIA; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD;
OBN (causa N° 38979)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba hizo lugar a la impugnación y ordenó a la demandada que, en el plazo de 10 días hábiles, conceda la pensión no contributiva solicitada con su consecuente pago mensual (jueces Sánchez Torres y Navarro).
1. Acción de amparo. Seguridad Social. Vulnerabilidad. LGTBIQ. Tutela judicial efectiva. Personas con discapacidad. Perspectiva de género. Interpretación de la ley.
“'[E]l carácter de la discriminación varía según el contexto y evoluciona con el tiempo. Por lo tanto, la discriminación basada en otra condición social exige un planteamiento flexible que incluya otras formas de trato diferencial que no puedan justificarse de forma razonable y objetiva […]. Estos motivos adicionales se reconocen generalmente cuando reflejan la experiencia de grupos sociales vulnerables que han sido marginados en el pasado o que lo son en la actualidad'”.
“[S]e observa a las claras que el objeto del presente proceso excede los estándares establecidos por la normativa citada, que condicionan el acceso a la tuición estatal, a un porcentaje de incapacidad biológica específico, ya que esto luce insuficiente para dar efectividad a la protección de la vida, la salud y la dignidad de grupos como los que integra la actora, claramente vulnerable y objeto de tutela por parte de todos los poderes del estado”.
“[D]ebe ponderarse no sólo la incapacidad física de la persona sino también la incapacidad social ya que, encontrándose inmersa en una sociedad que la excluye por su identidad de género y las condiciones médicas que la aquejan, difícilmente podrá acceder al mercado laboral que tanto ansía con independencia de su voluntad de hacerlo”.
“[R]esulta inadmisible en el presente caso correr la mirada ante la probada dificultad de ingreso al mercado de trabajo, con la consecuente ausencia de medios para subsistir, y la precariedad habitacional y sanitaria en la que se encuentra la amparista, lo cual la coloca en una crítica situación de necesidad de asistencia que no debe ser desoída, ya que ello conllevaría juzgar de manera ciega y basada en estrictos rigores formales, situaciones que demandan de los sentenciantes una sensibilidad social de mayor envergadura”.
2. Género. Perspectiva de género. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[J]uzgar con perspectiva de género no resulta una 'opción' y mucho menos una 'cuestión' que debe ser introducida o solicitada en la demanda. Juzgar con perspectiva de género es un imperativo moral y ético que ha sido instituido y reglamentado internacionalmente y al cual nuestro país ha adherido por resultar indispensable a los fines de alcanzar un parámetro de justicia que no se quede sólo en la letra de la ley sino que trascienda hacia los justiciables en concreto”.
“[L]a necesidad de abordar los casos con perspectiva de género que aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se deriva de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino relativos a las declaraciones sobre derechos humanos, a los estándares internacionales fijados por los respectivos órganos de aplicación y control, y a la normativa nacional existente, que les otorga carácter constitucional. No resulta la imposición de una ideología o una 'cuestión' disponible sino de la consideración de un abordaje que permita aportar soluciones adecuadas a la conflictividad propia de cada caso”.
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emergencia sanitaria. Vulnerabilidad. LGBTIQ.
“[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 'al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas'”.
ACCION DE AMPARO; SEGURIDAD SOCIAL; VULNERABILIDAD; LGBTIQ; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; GÉNERO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; EMERGENCIA SANITARIA;
Fundación Acceso Ya (Causa N° 85682)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia impugnada. También, declaró que la resolución N° 309/SYJSU/GCBA/04 resultaba inaplicable al caso concreto por ser inconstitucional (voto de los jueces Díaz Solimine, Converset y Trípoli).
1. Accesibilidad. Personas con discapacidad. Igualdad. Vulnerabilidad.
“[L]a accesibilidad es la condición previa y fundamental para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad en igualdad de situaciones y disfrutar de manera efectiva todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, lo que debe abarcar el entorno físico”.
“[L]a ley 962 CABA 'Accesibilidad para todos', que modificó el Código de Edificación de esta ciudad se dictó, entre otros aspectos, para el cumplimiento de la mayor accesibilidad física para sus habitantes respecto de los inmuebles de uso público e indudablemente receptó las previsiones que, en torno a ellas ya existían en las leyes nacionales 22.341 y 24.314.
De ahí que, la omisión en la resolución 309/GCBA/SJYSU/04 de replicar uno de los requisitos impuestos por el art. 62 de la citada ley 962 (la acreditación de que no es posible modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones horizontales y verticales) restringe el contenido de la citada ley y permite que los establecimientos no adecuen sus condiciones arquitectónicas en pos de la accesibilidad prevista en dicha norma con el plan de mayor ajuste razonable de adaptabilidad y ello afecta los derechos de las personas con discapacidad impidiendo el cumplimiento de la directiva general de su protección, consistente en la eliminación de las barreras físicas y arquitectónicas respecto de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida”.
“[P]or la vía de la omisión de la resolución en replicar el requisito ya mencionado, se restringen derechos consagrados a nivel internacional, constitucional y local; definen circuitos segregados que reinstauran el paradigma desplazado por la Convención (CIPD) al impedir a las personas con discapacidad una vida autónoma y plena en condiciones de igualdad, limitando su circulación y acceso a espacios públicos y consecuentemente al campo de su vida social”.
2. Accesibilidad. Personas con discapacidad. No discriminación. Igualdad. Reforma legal.
“[E]l primero de enero de 2019 entró en vigencia el nuevo código de Edificación de la Ciudad (Ley 6100, BOCBA, 27/12/2018), en el cual, entre los estándares que define, se encuentra el de accesibilidad y uno de los objetivos básicos es permitir que todas las personas puedan hacer uso de un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades cognitivas o físicas siendo la accesibilidad universal, condición necesaria e imprescindible para la participación de todas las personas más allá de las posibles limitaciones que puedan tener […].
Tal ordenamiento local define a la accesibilidad en sentido amplio como la posibilidad de ingreso o egreso en igualdad de condiciones a un predio, establecimiento, inmueble y sus locales que deben encontrarse libre de obstáculos para la circulación. En sentido estricto, es el conjunto de condiciones o requisitos constructivos que posibilitan a las personas con discapacidades temporales o permanentes, ingresar y desarrollar actividades en edificios; transitar, sin interposición de desniveles que, en su caso, deben ser salvados por rampas o medios mecánicos”.
3. Personas con discapacidad. Accesibilidad. Ajustes razonables. No discriminación.
“La adaptabilidad es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo accesible a las personas con discapacidad temporal o permanente.
Por ajustes razonables se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales […]”.
“[E]l citado ordenamiento local establece exigencias mínimas de accesibilidad universal como requisito para la integración de todos los ciudadanos, sin perjuicio de sus características funcionales. Las condiciones básicas de acceso universal garantizan que todas las personas pueden utilizar un edificio, visitarlo, acceder a sus servicios y prestaciones, independientemente de sus capacidades. Las exigencias mínimas contemplan los espacios de ingreso y/o egreso a los locales de los edificios y las dimensiones de los mismos […]”.
4. Acción de amparo - actos u omisiones de particulares. Personas con discapacidad. Constitución Nacional.
“[E]n virtud de lo expuesto, en especial las normas de protección de rango internacional, nacional y local y, en tanto, en el local Tienda de Café […], las personas con discapacidad y/o movilidad reducida no pueden tener acceso correcto, incluso a las instalaciones sanitarias, configurándose en el caso una omisión que restringe derechos fundamentales en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional”.
ACCESIBILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; IGUALDAD; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; REFORMA LEGAL; AJUSTES RAZONABLES; ACCION DE AMPARO-Actos u omisiones de particulares; CONSTITUCION NACIONAL;
González Villalba (Causa N° 15728)Juzgado Federal de Dolores
El Juzgado Federal de Dolores no hizo lugar al pedido de caducidad de la instancia (juez Bava).
1. Dirección Nacional de Migraciones. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Caducidad de la instancia. Emergencia sanitaria.
“[E]l Alto Tribunal tiene resuelto que la caducidad de la instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no es un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito o para prolongar las situaciones de conflicto […] y que como la caducidad de la instancia es un modo anormal de terminación del proceso de indudable interpretación restrictiva, su aplicación debe adecuarse a esas características, sin llevar con excesivo ritualismo el criterio que la preside más allá de su ámbito propio…”.
“[L]as decisiones judiciales no pueden desentenderse del contexto en que son dictadas. La terrible y desconocida –hasta ahora–, pandemia provocada por el COVID 19 obliga a considerar que nos hallamos frente un escenario nunca antes visto. Esa excepcionalidad determina que deban adoptarse soluciones que se adecuen a la nueva realidad…”.
“En definitiva, lo que se busca mediante esta acción –rectamente un recurso–, es la revisión del acto administrativo de expulsión del país de [una persona]. Un acto que, de confirmarse, indudablemente traerá gravosas consecuencias para la migrante, merece que la judicatura lo resuelva, poniendo de ese modo fin al estado de incertidumbre de aquella…”.
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; CADUCIDAD DE LA INSTANCIA; EMERGENCIA SANITARIA;
Comunidad Mapuche Catalán (Causa N° 1490)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, revocó la sentencia apelada e hizo lugar a la demanda. A su vez, dispuso que la Provincia del Neuquén, en el plazo de 60 días, convoque y concrete una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina para oírlos y diseñar en forma conjunta con la Municipalidad de Villa Pehuenia mecanismos permanentes de participación institucional y comunicación a fin de que puedan intervenir en la determinación de las políticas y decisiones municipales (ministros Lorenzetti, Maqueda y ministra Highton con remisión al dictamen de la Procuradora General y, de manera concurrente, ministro Rosatti).
1. Pueblos indígenas. Derecho a ser oído. Constitución Nacional. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas.
“[L]a creación de un municipio es susceptible de afectar, en forma concreta y directa, a las comunidades mapuches en relación con la adecuada protección de su tierra y territorio, y con sus derechos políticos a participar en el diseño de las instituciones políticas locales ya decidir en forma autónoma sobre aspectos indispensables que hacen a la preservación de la vida indígena.
[L]a demarcación es susceptible de afectar la integridad, valor, uso o goce de sus territorios, colocándolos, por ejemplo, bajo jurisdicciones municipales diversas. Es decir, el interés de las comunidades en este caso se funda en la adecuada conservación de la tierra y el territorio que tradicionalmente ocupan (art. 75, inc. 17, Constitución Nacional y arts. 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT)” (dictamen de la Procuradora General a cuyos fundamentos remitieron los ministros Lorenzetti, Maqueda y la ministra Highton).
“[E]l actual art. 75, inciso 17, […] da cuenta de la adopción de un nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural. Esta disposición, luego de afirmar la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, les garantiza un conjunto de derechos específicos basados en el deber de asegurar 'el respeto a su identidad cultural', entre los que destaca como instrumento para hacerlos efectivos el derecho a la participación en la gestión referida a los recursos naturales y otros intereses que los afecten. Por su parte, la constitución de la Provincia del Neuquén contiene en su art. 53 una norma similar al citado art. 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Esta prerrogativa importa 'oír la voz de los pueblos indígenas' con el fin de tomar en cuenta sus intereses, opiniones y puntos de vista en determinados asuntos y prevenir posibles lesiones a su identidad cultural cuando se adopten medidas que puedan afectar su forma de vida o sus costumbres tradicionales. Esta participación debe permitir que los pueblos indígenas expresen sus inquietudes, propuestas y apreciaciones en una etapa oportuna por medio de procedimientos apropiados para resguardar sus derechos e intereses”.
“[L]a 'creación legal' de un municipio no supone un acto por el cual se hace surgir una realidad de la nada […]. Vecinos y viviendas constituyen una realidad preexistente que justifica la decisión gubernamental; por ello lo que hace el legislador es un acto de 'reconocimiento atributivo': 'reconoce' una realidad –en el caso neuquino una cantidad mínima de vecinos– y le 'atribuye' un status jurídico específico pleno de consecuencias institucionales” (voto concurrente del ministro Rosatti).
2. Pueblos indígenas. Consulta previa. Autodeterminación. Vulnerabilidad. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas.
“[E]l derecho a la consulta es, en este caso, una de las herramientas para que las comunidades indígenas gocen, de manera efectiva, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, que está previsto en la Constitución  Nacional (arts. 1 y 37) y en los instrumentos internacionales (art. 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 21, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 20, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 23, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
[L]a sola concesi6n de esas facultades a una autoridad municipal, sin cumplir con el deber de consultar a las comunidades indígenas, puede implicar un menoscabo de su derecho a la autodeterminación, así como a mantener y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, y a decidir y controlar sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural”.
“En el caso, el derecho a la participación se ve afectado no sólo por la falta de consulta previa a la sanción de la ley 2.439 sino también porque la regulación de la Municipalidad de Villa Pehuenia no prevé un mecanismo que asegure la participación permanente de las comunidades indígenas en el gobierno municipal, aun cuando se trata de una jurisdicción con gran presencia de comunidades mapuches” (dictamen de la Procuradora General a cuyos fundamentos remitieron los ministros Lorenzetti, Maqueda y la ministra Highton).
“[N]o solo no ha ‘oído’ a los pueblos y comunidades alcanzadas por dicha normativa, con carácter previo a su sanción, sino que tampoco ha contemplado la creación de mecanismos apropiados y adecuados que aseguren una participación permanente de aquellos en el diagrama del gobierno municipal creado, de modo que puedan intervenir, de manera efectiva, en la determinación de las políticas que los atañen. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas –debido a su idiosincrasia que los diferencia de la mayoría de la población– exige que el Estado diseñe, promueva y fomente diversas formas de participación que permitan a dichos sectores de la sociedad entender en los asuntos públicos que involucren sus intereses”.
“[L]a 'participación' de los pueblos y comunidades indígenas no puede ser entendida con un alcance limitado al proceso de elección de autoridades; debe asegurar una interacción adecuada, armoniosa y razonable entre la forma de vida indígena y la no indígena en la gestión gubernamental, haciendo realidad el modelo de Estado multicultural y plural que ha adoptado nuestro país” (voto concurrente del ministro Rosatti).
PUEBLOS INDÍGENAS; DERECHO A SER OIDO; CONSTITUCION NACIONAL; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; CONSULTA PREVIA; AUTODETERMINACION; VULNERABILIDAD;
PPN. Internos U4 SPF(causa n° 7825)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación y se remitió a ellos. En ese sentido, desestimó el recurso de queja (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti y ministra Highton).
1. Cuestión de derecho común. Ejecución de la pena. Leyes laborales. Cárceles. Derecho al trabajo. Salario. Licencia.
“[L]os reclamos basados en la interpretación del derecho común –carácter que ostenta la ley 24660 […]– remiten a cuestiones cuya resolución es privativa de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria.
Tal es el caso de lo decidido en las instancias anteriores con fundamento en los artículos 107, 117 Y 120 de la ley de ejecución penal, en cuanto establecen, respectivamente, que el trabajo de los internos respetará la legislación laboral y de la seguridad social vigente, que en su organización, métodos, jornadas, horarios, seguridad e higiene se atenderán las normas del trabajo libre, y que el salario será abonado en los términos establecidos en la regulación en vigor, todo lo que condujo al tribunal a quo a considerar que el tiempo trabajado se debía computar como lo dispone el artículo 152 de la ley de contrato de trabajo, es decir, incluyendo los períodos de licencias legales o convencionales y las ausencias por enfermedad u otras causas no imputables al trabajador empleado” (dictamen del Procurador General de la Nación).
2. Cuestión de derecho común. División de los poderes.
“[S]obre la posibilidad de fijar un plazo judicial a la incorporación de talleres para ampliar la oferta laboral […] el reclamo se dirige a una cuestión de derecho procesal ajena a la revisión de la Corte, en tanto la mera invocación del principio de división de poderes carente de una explicación concreta acerca de cuál sería la facultad privativa de la administración que mediante ese proceder se habrían arrogado los jueces, no basta para demostrar la existencia de una auténtica cuestión federal, ni es fundamento bastante para apreciar un supuesto de arbitrariedad” (dictamen del Procurador General de la Nación).
CUESTIÓN DE DERECHO COMÚN; EJECUCIÓN DE LA PENA; LEYES LABORALES; CÁRCELES; DERECHO AL TRABAJO; SALARIO; LICENCIA; DIVISIÓN DE LOS PODERES;
GA (causa N° 32878)Tribunal Oral de Menores Nro. 1
El Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital Federal absolvió a GA (jueza Cassara y jueces Apolo y Perelmuter).
1. Prueba. Prueba testimonial. Identificación de personas. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo.
“Todo el análisis del exiguo cuadro probatorio […] permite situar que las tareas de inteligencia llevadas a cabo, no dieron el resultado esperado, y que el testigo convocado al efecto debía ser identificado o mínimamente contar con otra prueba de cargo que lleve a dar con la identificación del sujeto que cometió el hecho ilícito, más allá de la supuesta identificación por parte de unas personas que no fueron ni siquiera descriptas y durante la audiencia de debate no se pudo precisar, como fueron localizadas.
La orfandad probatoria aludida, pese a la incorporación de los testimonios recabados, como así también los peritajes realizados, deviene de entidad precisamente dado que [el] testimonio [del policía] se erige en el único elemento incriminante directo, el que no ha podido ser verificado por otros elementos de convicción de objetiva conformación”.
“Así cabe concluir que el plexo incriminatorio conformado en la especie, por todos los factores precisados, a la luz de la sana critica racional deviene altamente endeble como para sustentar, con el debido rigor jurídico un pronunciamiento condenatorio, por lo que extremos atinentes al más elemental principio de prudencia y sensatez frente al complejo cuadro de incertidumbre que así el caso genera, son todos ellos vectores que indican en el ‘sub lite’ la adopción del temperamento previsto por el art. 3° del código de rito en cuanto a una decisión absolutoria y la inmediata libertad del encausado”.
PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; IDENTIFICACION DE PERSONAS; APRECIACION DE LA PRUEBA; IN DUBIO PRO REO;
Maidana Espindola (Causa N° 73868)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal De Córdoba Nº 1 hizo lugar al pedido de la defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 10, del Código Penal de la Nación (jueces Gavier y Falcucci, y jueza Prado).
1. Ley de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Libertad condicional. Excarcelación. Ejecución de la pena. Principio de reinserción social. Interpretación de la ley. Principio de progresividad. Igualdad.
“[L]a finalidad de reinserción social del condenado se erige como base de toda la estructura de la ejecución de la pena y piedra angular de la posterior interpretación del resto de los preceptos que la regulan, y compete al juez velar por su cumplimiento”.
“[La prohibición de acceso a la libertad condicional a las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la ley N° 23.737] conspira contra el postulado del artículo 1º de la Ley 24660, en tanto que, consagrada la finalidad de resocialización de la pena, impide otorgar la libertad condicional a condenados por los delitos de narcotráfico mencionados [...]. Ello se presenta como una franca violación a los principios generales que rigen la ejecución penal, en tanto —puntualmente— contraviene los principios reconocidos en la citada ley: reinserción social (art. 1), humanidad (art. 9), la naturaleza del sistema de progresividad de la pena (arts. 5 a 7), e igualdad ante la ley (art. 8)”.
‘’[L]a negativa de acceso a institutos de liberación anticipada a determinada categoría de personas en función del delito cometido carece de [...] razonabilidad, por cuanto no sólo coarta la posibilidad de una mejor y adecuada reinserción social, a través de un período de libertad previo al agotamiento de la pena, sino que tal limitación soslaya de plano la consideración de la actividad desarrollada por los condenados durante el cumplimiento de su pena, contraviniendo así los principios de resocialización y progresividad de la pena”.
2. Ley de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Libertad condicional. Excarcelación. Declaración de inconstitucionalidad. Igualdad. Principio de proporcionalidad.
“[T]ampoco se advierte la legitimidad de dicha distinción desde el punto de vista del orden constitucional, habida cuenta de que la citada finalidad resocializadora de la pena goza hoy de raigambre constitucional por su recepción en los tratados internacionales incorporados a la Carta Magna (arts. 5.6 CADH y 10.3 PIDCP, conforme art. 75 inciso 22, CN). Para ser válido constitucionalmente, dicho trato diferenciado debe ser compatible con la finalidad esencial de la ejecución penal, puesto que, de lo contrario, se estaría violando además el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional; 24 CADH y 15 del PIDCP, art. 8 de la Ley 24660”.
“[L]a exclusión contenida en la norma en cuestión resulta contraria a los principios de proporcionalidad (arts. 18 y 19 de la CN, 9 de la CADH y 15 del PIDCOP) y humanidad de las penas (art. 5.6, CADH)”.
“[S]e trata de un derecho del condenado que no puede ser invocado en contra de la persona privada de su libertad, ni utilizado como fundamento para el dictado de decisiones que restrinjan otros derechos fundamentales o establezcan soluciones o condiciones de detención más perjudiciales para la persona. Si se mira bien, el artículo 14 del Código Penal (en su actual redacción, Ley 27375) nuclea una serie de delitos marcados por la gravedad y/o violencia. Ahora bien, la gravedad que representan los delitos tipificados en la Ley 23737 no puede configurar, por sí solo, un criterio válido para definir el régimen de ejecución de la pena aplicable, y menos aun cuando ello importa un apartamiento a principios constitucionales’’.
“Eliminar legalmente la posibilidad de acceder al régimen de libertad condicional con estricta base en una consideración de la naturaleza del delito cometido, sin atender a extremos relativos al avance y esfuerzo durante su detención […] supone un trato desigual, al impedir que, de acuerdo a la evolución de su comportamiento, vaya obteniendo una disminución de la restricción de la libertad y mayor margen para la autodisciplina...”.
“[T]ampoco los compromisos internacionales asumidos por el país con motivo de acuerdos suscriptos en materia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes habilitan la violación o supresión de derechos o garantías consagrados en la Constitución Nacional”.
LEY DE ESTUPEFACIENTES; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; LIBERTAD CONDICIONAL; EXCARCELACIÓN; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; IGUALDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Rodríguez (causa N° 404)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, rechazó el recurso de casación (jueza Figueroa y juez Petrone).
1. Personas privadas de libertad. Tenencia de estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Ley de estupefacientes. Principio de lesividad. Derecho a la privacidad. Derecho a la intimidad.
“[L]a circunstancia de encontrarse privado de su libertad en un ámbito carcelario no excluye la aplicación de la doctrina sentada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ya citado precedente 'Arriola'”.
“[S]i bien es cierto que la situación de encierro […] importa la limitación del ámbito de disponibilidad de la persona y la extensión de su privacidad, no es menos cierto que las personas aun en la situación de encierro carcelario mantienen un ámbito de intimidad constitucionalmente resguardado, si bien reducido o limitado en orden a aquello que es 'evidentemente necesari[o] por el hecho del encarcelamiento'”.
“No puede desatenderse entonces a las circunstancias particulares de la tenencia en el caso, para determinar su efectiva trascendencia o no fuera del ámbito de privacidad de la persona, pues no se trata de la arbitrariedad de la injerencia estatal en sí, en la forma de control de aquello que la persona alojada en una dependencia penitenciaria tiene en su poder, sino de la finalidad de esa injerencia que debe estar dirigida a mantener y preservar la seguridad de ese y de todos los demás internos, lo que se vería amenazada por ejemplo, por la tenencia de armas de cualquier tipo pero no por una escasa cantidad de estupefacientes”.
“[D]ebe tenerse en cuenta que a [la persona imputada] se le secuestró una muy escasa cantidad de estupefacientes (2,2 gramos de marihuana, en 5 cigarrillos de armado casero), que aquél tenía guardados debajo de una caja, en una repisa en el interior de la celda que solo él ocupaba”.
“[N]o se evidencian en el caso la concreta afectación al bien jurídico salud pública ni daños producidos a bienes jurídicos o derechos de terceros”.
‘’Es evidente que si [la persona imputada] tenía en su poder 5 cigarrillos de marihuana (2,2 gramos) es porque de alguna manera esa sustancia había sido ingresada a la unidad pero no por ello su mera tenencia resulta un supuesto excluido de las consideraciones realizadas por nuestro Máximo Tribunal en el citado precedente 'Arriola' en términos del ámbito de privacidad resguardado por el art. 19 de la CN’’ (voto de la jueza Figueroa, a cuya decisión adhirió el juez Petrone).
“[I]ndependientemente de las razones que llevaron a la Cámara a quo a decidir del modo en que lo hizo, lo cierto que el impugnante no introdujo una crítica razonada que logre conmover el temperamento por aquella adoptado, sino que, por el contrario, los agravios por él esgrimidos únicamente demuestran una opinión diversa sobre lo debatido y resuelto por los jueces de aquel tribunal […]; decisión que, por lo demás, cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido” (voto del juez Petrone).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; LEY DE ESTUPEFACIENTES; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA INTIMIDAD;
Boudou (causa n°1302)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso, anuló la resolución impugnada y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que realizase una audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas y luego dictase un nuevo pronunciamiento (jueces Carbajo y Borinsky y jueza Ledesma).
1. Principio de contradicción. Derecho de defensa.
“[E]n el caso, se configuró una afectación al derecho de defensa […] por cuanto el órgano judicial interviniente, de manera previa a resolver, omitió dar intervención a la defensa del dictamen fiscal presentado […].Dicha circunstancia, impidió a los defensores desarrollar su estrategia defensiva, incorporar nuevos argumentos y/o explicar los puntos más importantes de su oposición, todo lo cual redundó en la afectación a su derecho constitucional de defensa técnica eficaz […].Esa afectación incluso se cristalizó en el contenido de la decisión recurrida, pues aquella ha sido fundada esencialmente en los extremos señalados por el fiscal, sobre los cuales no ha habido contradicción de la defensa. De esta manera, se observa que el juez no garantizó un ejercicio adecuado de la contradicción entre las partes”.
“[E]l principio de contradicción no puede ser entendido como una mera formalidad sino como un presupuesto de validez de la decisión adoptada por el juez en cualquier etapa del proceso.[U]na de las consecuencias que hacen a la aplicación del principio contradictorio es que la convicción del juez emane de la información que surja de esa contradicción, ya que ella ha podido ser apreciada y discutida por las partes, en su presencia”.
“En el caso, el principio de contradicción no encontró una expresión plena pues en el marco de las vistas sucesivas escritas, las defensas no han podido contradecir los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal […], de modo tal que se vieron impedidas de defenderse de esas interpretaciones, y esto, repercutió en una decisión que pospuso sus intereses”.
2. Audiencia. Derecho a ser oído. Garantía de imparcialidad. Principio acusatorio. Principio de contradicción. Reforma legal.
“[E]l déficit observado es propio de los sistemas que se rigen por la escritura, pues con el trámite del expediente resulta sumamente dificultoso que los magistrados garanticen un genuino contradictorio entre las partes respecto de todos y cada uno de los puntos de discusión. Siendo así, […] este tipo de decisiones deben ser abordadas en el marco de una audiencia oral y pública con la presencia ininterrumpida de todas las partes.
Es que el derecho a ser oído de la persona sometida a proceso –en cualquiera de sus etapas–, alcanza su expresión real en una audiencia oral frente a un juez, pues en dicho momento procesal, se encuentra en óptimas condiciones de contestar cualquier imputación que se le formula e incorporar circunstancias y argumentos que considere necesarios para hacer valer su defensa.
Desde un punto de vista constitucional, la audiencia oral y pública es el escenario más propicio para garantizar adecuadamente ese derecho pues allí se maximizan las garantías de contradicción, imparcialidad y publicidad. Asimismo, se ven ampliamente favorecidos los principios de inmediación, celeridad y concentración, que permiten arribar a decisiones de mayor calidad jurisdiccional.
En efecto, la audiencia oral fomenta la participación de las partes de un modo dinámico y transparente, permitiendo un control interno de la información que ingresa, gracias a la actividad de los adversarios que se enfrentan en una genuina contradicción litigiosa y, un control externo debido a su carácter público; todo lo cual permite arribar a decisiones de una mayor calidad y legitimidad, en preservación de los derechos constitucionales del acusado”.
“[L]os principios de contradicción, oralidad e imparcialidad constituyen las bases del sistema acusatorio que ha sido implementado con la sanción del nuevo Código Procesal Penal Federal…” (jueza Ledesma).
3. Sentencia firme. Prisión domiciliaria. Ejecución de la pena. Libertad condicional.
“[D]e la lectura de la resolución impugnada no surgen cuáles han sido los motivos por los que el magistrado de la instancia previa decidió apartarse del criterio esgrimido al conceder el arresto domiciliario [del hombre imputado].Ello así, en tanto no fue explicitada la variación de la situación fáctica que sustente tal decisión.
En este sentido, debe destacarse que la firmeza de la condena impuesta no tiene necesariamente implicancias sobre la modalidad de ejecución de la pena en detención que [el hombre] se encuentra cumpliendo en la actualidad. En la resolución impugnada tampoco se invocó ni aludió que el nombrado haya incurrido en alguno de los supuestos contemplados legalmente para la revocación de la detención domiciliaria…”.
“Aunado a ello, se advierte que, el condenado […], se encontraría próximo a cumplir con el requisito temporal previsto en el art. 13 del CP” (juez Borinsky).
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; DERECHO DE DEFENSA; AUDIENCIA; DERECHO A SER OIDO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; PRINCIPIO ACUSATORIO; REFORMA LEGAL; SENTENCIA FIRME; PRISIÓN DOMICILIARIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL;
Riquelme (causa N° 2405)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, de manera unipersonal, hizo lugar a la impugnación y dejó sin efecto la resolución (jueza Alcalá).
1. Suspensión del juicio a prueba. Contrabando de estupefacientes. Reglas de conducta. Excesivo rigor formal. Emergencia sanitaria. Maternidad.
“[S]i bien es cierto que la imputada no puso en conocimiento del Magistrado de anterior grado las circunstancias sobrevinientes y la consecuente imposibilidad de cumplir con las obligaciones impuestas, no lo es menos que el hecho de haber sido madre y posteriormente haberse declarado una pandemia a nivel mundial –con los alcances y connotaciones de público conocimiento– devienen en condiciones trascendentes y excepcionales a efectos de un análisis contextualizado de la situación debatida”.
“[M]eritando las especiales circunstancias personales y objetivas arriba expuestas, […] resulta de un excesivo rigor formal la suspensión del beneficio otrora otorgado, cuando se encuentra acreditado que las obligaciones impuestas se están cumpliendo, aun con retraso, habida cuenta las consecuencias resultantes del marco de emergencia sanitaria y las condiciones particulares de la encausada”.
2. Suspensión del juicio a prueba. Reglas de conducta. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Vulnerabilidad.
“[L]leva razón la Defensa al destacar que en el razonamiento expuesto en la resolución recurrida se ha obviado la incorporación de la perspectiva de género. Al respecto, siendo la imputada madre soltera, de joven edad y con una hija muy pequeña, no puedo dejar de valorar la especial coyuntura de vulnerabilidad que dichas circunstancias implican”.
“[La imputada] resulta una persona vulnerable y susceptible de una especial protección y, en tal entendimiento, las constancias de la causa ameritan que la misma sea resuelta conforme a los parámetros legales pero – sobre todo– con una visión humana, contextualizada y con perspectiva de género de los hechos en análisis”.
“Esta nueva mirada del derecho, rompiendo estereotipos en la metodología de aplicarlo, permite que casos como el presente encuentren adecuada respuesta, poniendo el acento en la especial situación que condicionó e influyó en el incumplimiento de las obligaciones impuestas oportunamente. [E]l análisis de la situación con una mirada desde el prisma de la justicia con perspectiva de género justifica en el sub lite la demora en la práctica de los estudios y cursos que debió llevar a cabo”.
3. Suspensión del juicio a prueba. Principio de intrascendencia de la pena. Interés superior del niño.
“[L]a pena o las consecuencias del proceso no deben trascender a la persona investigada, y no puede desconocerse que la cuestión suscitada trasciende la situación particular de la imputada y resulta susceptible de repercutir de manera desfavorable sobre su hija menor, afectando el interés superior de los niños, cuya protección goza de rango constitucional…”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES; REGLAS DE CONDUCTA; EXCESIVO RIGOR FORMAL; EMERGENCIA SANITARIA; MATERNIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Rodríguez Altamira (N° 39913)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de casación (jueces Borinsky y Carbajo). En disidencia, la jueza Ledesma hizo lugar a la impugnación, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inc. 10 de la ley N° 24.660 y 14 inciso 10 del Código Penal, y anuló la sentencia impugnada.
1. Reforma legal. Ejecución de la pena. Principio de reinserción social. Progresividad de la pena. Declaración de inconstitucionalidad.
“La ejecución de la pena privativa de la libertad se rige principalmente por un sistema progresivo que es la materialización del principio constitucional de reintegración social consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 10.3 PIDCyP y el art. 5.6 de la CADH). [T]anto la legislación como la función carcelaria y judicial deben tener en miras la reintegración social, lo que significa que cualquier decisión o norma que sea restrictiva de este postulado será contraria al fin de la ejecución de la pena”.
“[La ley de ejecución, en su artículo 1,] adopta como fin de la ejecución de la pena —y no de la pena— el ‘ideal resocializador’ [...] criterio que además se mantuvo con la modificación de la ley 27.375, aunque paradójicamente la norma luego veda el acceso a los institutos que hacen a la plena vigencia del art. 1...”.
“En función de todo lo expuesto, […] las limitaciones de los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 atentan contra la progresividad del régimen consagrado constitucional (arts. 18, 75 inc. 22, 5.6, CADH, 10.3 PIDCyP) y legalmente (artículos 6, 12, 7, 8, 14, 28, ley 24.660), en tanto importan una restricción para acceder a institutos liberatorios que hacen a la naturaleza resocializadora del modelo”.
2. Reforma legal. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Igualdad.
“El texto de los Tratados que conforman el bloque constitucional no indican ningún tipo de diferenciación con motivo del delito. Así pues, allí donde la norma de orden superior no ha efectuado distinciones, no corresponde que las leyes de inferior jerarquía lo hagan, como es del caso verificar a través de las previsiones de los artículos 14i inc. 10 del CP y 56 bis inc. 10 de la ley 24.660 al establecer un status inferior para los condenados por delitos contra 23.737. La reinserción social constituye un derecho de los condenados y es obligación del Estado garantizarla a todos ellos”.
“[L]as restricciones que establecen los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 no encuentran basamento en la conducta del condenado mientras cumple la pena, sino que se basan excluyentemente en el delito cometido contra la ley 23.737; pauta que resiente la igualdad que debería regir en el trato hacia los condenados y que anula la importancia de la conducta individual del condenado en su evolución personal hacia la reinserción social”.
3. Reforma legal. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Régimen preparatorio para la liberación.
“Se ha sostenido, sin embargo, que la progresividad del régimen no se encuentra menguada pues el legislador previó una modalidad preparatoria para la liberación en el artículo 56 quater, ley 24.660.
En efecto, dicha norma establece el Régimen preparatorio para la liberación, según el cual ‘En los supuestos de condenados por delitos previstos en el artículo 56 bis, la progresividad deberá garantizarse a partir de la implementación de un régimen preparatorio para la liberación, elaborado a través de un programa específico de carácter individual, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido, que permita un mayor contacto con el mundo exterior […]’ (art. 56, quater, ley 24.660).
De la lectura de la norma se advierte la imposibilidad de considerar este programa preparatorio como una forma adecuada de garantizar el régimen progresivo, pues carece de un requisito esencial: la existencia de un mecanismo supervisado de libertad permanente antes del vencimiento de la pena.
En efecto, el art. 56 quater no prevé modalidades de libertad vigilada, sino que lo máximo que establece son salidas diurnas de un máximo de 12 horas durante los últimos 3 meses. Estas salidas de carácter transitorio no logran satisfacer el estándar mínimo necesario para considerarlas compatibles con el sistema progresivo.
Si bien la norma establece que debe garantizarse la progresividad, lo cierto es que dicho enunciado se agota en lo meramente terminológico.
Está lo suficientemente claro que mediante el artículo 56 bis el legislador tuvo la intención de eliminar la progresividad del régimen, es decir, impedir que cierto grupo de condenados accedieran a determinados institutos liberatorios, motivo por el cual es difícil de sostener que luego haya procurado garantizarlo. No se puede afirmar simultáneamente que se elimina la posibilidad de acceder a la libertad condicional y al mismo tiempo que subsiste la progresividad del modelo”.
REFORMA LEGAL; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; IGUALDAD; RÉGIMEN PREPARATORIO PARA LA LIBERACIÓN;
Escudero (causa Nº 25)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario federal, revocó la sentencia recurrida, declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyó al imputado. Además, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a que adoptara, con carácter urgente, medidas conducentes para que cesara la excesiva duración de los trámites recursivos en el fuero penal de su jurisdicción (ministra Highton de Nolasco y ministros Maqueda y Lorenzetti).
1. Condena no firme. Recursos. Duración del proceso. Plazo razonable. Debido proceso. Derecho de defensa. Cuestión federal.
“[E]n primer lugar –y sin perjuicio del tenor de los agravios planteados por la parte recurrente–, incumbe a este Tribunal expedirse sobre la cuestión federal que involucra la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. En efecto, toda vez que la prosecución de un pleito indebidamente prolongado –máxime de naturaleza penal– conculcaría el derecho de defensa de los acusados (conf. ‘Mattei’, Fallos: 272:188)”.
“[S]e ha conculcado el derecho de [el hombre imputado] a ser juzgado en un plazo razonable, toda vez que en el caso particular, tratándose de un ilícito común y que no presentaba mayores complejidades probatorias, el tiempo irrogado desde el momento del hecho y hasta la sentencia condenatoria fue inferior a un año; mientras que, hasta la fecha, la etapa recursiva –cuyo más elemental objetivo es la búsqueda de mejor derecho– ha insumido más de veintiún años sin que el encausado pueda contar con un pronunciamiento definitivo pasado en autoridad de cosa juzgada”.
“[E]l juzgamiento de un delito de muy escasa complejidad se ha extendido ya por más de veintidós años sin que se haya arribado aún a una sentencia que determine, en forma definitiva, la situación procesal [del imputado]. Como así también que la inmensa mayoría de ese tiempo (veintiún años) correspondió al trámite –todavía inconcluso– de la impugnación deducida por la defensa contra la condena primigenia y los fallos posteriores de los tribunales intermedios que la confirmaron, a cuya morosidad ha contribuido de un modo decisivo la injustificada reiteración de ‘tiempos muertos’…”.
2. Duración del proceso. Plazo razonable. Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
“[D]e igual manera, corresponde reiterar la preocupación […] en orden al problema referido a la excesiva duración de los trámites recursivos en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, exhortar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de dicha provincia, en su calidad de máxima autoridad del Poder Judicial provincial –y, por su intermedio, a los órganos que corresponda– para que adopte, con carácter de urgente, medidas conducentes a hacer cesar la problemática descripta”.

CONDENA NO FIRME; RECURSOS; DURACIÓN DEL PROCESO; PLAZO RAZONABLE; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CUESTIÓN FEDERAL; SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;
LRV (Causa N° 41224)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, Sala II
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, por mayoría, declaró desierto el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia (Jueces Gallo y Jorda).
1. Recursos. Recurso de apelación. Expresión de agravios. Deber de fundamentación. Segunda instancia. Revisión judicial. Deserción. Deserción del recurso.
“[E]sta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que —en el caso concreto— se atribuye al sentenciante […].
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo…”.
“[S]e exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído —en cuanto juzgado erróneo— como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general —dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales— puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia […].
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente…”.
2. Responsabilidad civil. Daño. Daño psicológico. Informe pericial. Apreciación de la prueba. Indemnización.
“[N]uestro ordenamiento sustantivo civil no contempla una expresa discriminación entre daño físico y daño psíquico. Por esta razón puede sostenerse —como lo hace en jurisprudencia consolidada el Superior provincial— que la expresión genérica ´daño´, resulta abarcativa de ambas especies de detrimentos.
Para tener por comprobada su existencia adquiere particular relevancia, atento sus ribetes científicos, la pericia psicológica (arg. Artículo 457 del Código Procesal).
[L]a pericia emana de profesional competente, está suficientemente fundada, es clara y explicativa y no existen datos (objetivos) que la contradigan (arts. 384 y 474 del CPCC)…”.
“[N]o existe duplicidad resarcitoria, sino condena a resarcir un daño psicológico concreto, entendiendo que el mismo puede disminuir, aunque no desaparecer, con el tratamiento indicado…”.
3. Daños y perjuicios. Daño. Daño moral. Indemnización. Reparación. Reparación y cuantificación de los rubros indemnizatorios. Género. Embarazo. Personas con discapacidad.
“[E]l eje, en torno al que gira el resarcimiento del daño moral, es el criterio de la alteración o pérdida de ´la armonía vital del individuo´ […].
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades —frustradas, por lógica, a raíz de la lesión— que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida […].
[S]u finalidad es netamente resarcitoria y no sancionatoria, por lo cual es indistinto para su fijación cual haya sido el tenor de la conducta del victimario, sino que lo trascendente es el padecimiento de la víctima.
Por lo demás, el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria, y aquella no tiene porque guardar una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico—psíquico—estético. Tal solución obedece, a la evidente diferente teleología que tiene cada uno de estos rubros…”.
“E]n casos como el presente, debe tenerse presente que los hechos pueden haber no dejado un impacto físico o psíquico permanente de consideración, pero sí generado estados de desasosiego, intranquilidad, angustia y ansiedad, en el específico contexto vivencial del reclamante (mujer, embarazada, con un problema que requiere atención y cuidados)…”.
4. Constitución Nacional. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Contrato de medicina prepaga. Usuarios y consumidores. Defensa del consumidor. Incumplimiento. Rescisión del contrato. Daño punitivo. Multas. Indemnización. Reparación y cuantificación de los rubros indemnizatorios. Derecho a la salud. Género. Perspectiva de género. Embarazo. Personas con discapacidad.
“[E]l art. 52 bis de la ley 24.240 establece que ´al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan´.
[D]ada la funcionalidad que tiene el daño punitivo —como se dijo punitiva y disuasoria de la realización de conductas perjudiciales para el consumidor— su importe es independiente de otras indemnizaciones que se fijen…”.
“[El caso refiere a] dejar sin cobertura médica, indebidamente, a una mujer, embarazada y con una problemática que exigía una atención especial. De hecho, la actora había perdido embarazos previos y la apelante no tuvo mejor idea que, aun luego de comenzar a brindarle atención, decidir rescindir su contrato.
Es que no podemos observar este tipo de cuestiones desde un lente genérico o un mirador abstracto (argumentando sobre los daños punitivos en general) sino observando las cosas en concreto. Por lo demás, los daños punitivos no constituyen una isla en nuestro ordenamiento jurídico, sino que es necesario hacerlos jugar en un contexto global.
Así entonces, y si resulta —por imperio convencional y constitucional— dispensar una adecuada protección a la mujer, mas aun cuando cursa una etapa tan sensible como lo es la de gestación y todavía mas si es una mujer que ha sufrido, antes, lo que implica la pérdida de otros embarazos, es imprescindible que el estado, en todas sus órbitas, reaccione intensamente ante este tipo de abusos.
En efecto: si la Constitución Nacional nos habla de la protección a la mujer embarazada (art. 75 inc. 23) y lo propio nos indican las convenciones internacionales (art. 12.2 CEDAW), y encuentra su desenvolvimiento normativo en la ley 25.929, no pueden convalidarse temperamentos, de ningún tipo, que impliquen una desprotección en este sentido o un trato indebido hacia la mujer embarazada.
[Y] justamente para evitar este tipo de cuestiones, en el futuro y con otras mujeres, es que aquí los daños punitivos entran en juego…”.
“[N]o existen pautas matemáticas para efectuar la cuantificación (sencillamente porque en este tipo de procesos carecemos de ella), sino que debemos operar con apoyatura en las circunstancias del caso, y especialmente en la gravedad de la situación…”.
RECURSOS; RECURSO DE APELACIÓN; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; SEGUNDA INSTANCIA; REVISION JUDICIAL; DESERCIÓN; DESERCIÓN DEL RECURSO; RESPONSABILIDAD CIVIL; DAÑO; DAÑO PSICOLÓGICO; INFORME PERICIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; INDEMNIZACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; REPARACIÓN; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; GÉNERO; EMBARAZO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CONSTITUCION NACIONAL; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CONTRATO DE MEDICINA PREPAGA; USUARIOS Y CONSUMIDORES; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; INCUMPLIMIENTO; RESCISIÓN DE CONTRATO; DAÑO PUNITIVO; MULTAS; DERECHO A LA SALUD; PERSPECTIVA DE GÉNERO;
MAM (Causa 171589)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Tercera
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la apelación y ordenó que el Banco de la Provincia de Buenos Aires reintegrara las sumas en la cuenta de ahorros al momento de la estafa, y que se abstuviera de realizar los débitos automáticos y mensuales en concepto del préstamo personal hasta la definición de la acción principal (jueces Gérez y Zampini).

1. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Vulnerabilidad. Adultos mayores. Principio pro homine.
“De las constancias obrantes en autos surge que existe una relación de consumo entre las partes del proceso. También hay una tutela efectiva que tiene la actora de raigambre constitucional y convencional (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 15 Const. Pcia. Bs. As). Así, la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, define a este grupo como ‘...aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor...’. El artículo cuarto de ese cuerpo normativo dice que los estados partes ‘...adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos...’. En cuanto a la relación de consumo, la Resolución n° 139/2020 dictada por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo de la Nación, dice en su artículo primero: ‘Establécese que a los fines de lo previsto en el Artículo 1° de la Ley N° 24.240 se consideran consumidores hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores...’.
Repárese que, entre la vulnerabilidad estándar del consumidor y las condiciones o situaciones en que se encuentran grupos de personas vulnerables como en el presente caso en relación a la condición de ‘adulto mayor’ de la actora, permite identificar en el derecho del consumidor una categoría que requiere especial protección vinculada de manera directa con la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones de consumo. La intervención de la justicia en auxilio de los más débiles resulta una exigencia axiológica y constituye expresión cabal del principio pro homine o pro persona. Desde ese enfoque, la protección del consumidor vulnerable se afianza en el nuevo el Código Civil y Comercial de la Nación, en razón que se exige que los derechos humanos encuentren eficacia concreta en la aplicación las reglas de Derecho privado [hay cita]”
2. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“En la precautoria requerida por la accionante destacamos que las medidas innovativas apuntan a situaciones jurídicas aparentemente legales o vigentes que demandan una modificación o alteración urgente, pues, de mantenerlas en esos términos, y conforme vienen funcionando, pueden causar daños irreparables en derechos fundamentales (salud, vida, propiedad, acceso a la justicia, etc.) […]. Su ‘razón de ser’, apunta la doctrina, se fundamenta en el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 18 de la Constitución Nacional que garantiza la tutela judicial continua y efectiva. De allí que no pueda ser acotada estrictamente a pautas rígidas e inamovibles. Queda en mano de los letrados de las partes y de los jueces el rol creativo de modelar las figuras que garanticen los derechos en juego teniendo en cuenta sus peculiaridades, urgencia, trascendencia, incidencia respecto de terceros, etc”.
“[H]aciendo una lectura prima facie de las constancias obrantes en el expediente, el derecho invocado por la parte actora en ¬–su presentación inicial y en la ampliación de la demanda– resulta verosímil en cuanto al ‘engaño’ del cual denuncia haber sido víctima, y también –[…] prima facie– en cuanto a la eventual responsabilidad del banco accionado”.
“Todo ello, se verifica –prima facie– con la documental acompañada. Específicamente con los resúmenes de la caja de ahorro y solicitud e ‘histórico del préstamo’. De acuerdo a la normativa de fondo el consentimiento para la suscripción del contrato de mutuo habría sido realizado por una persona distinta a la señora […]. Como se sostiene en la demanda, la entidad financiera pudo haber fallado en su deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre. Estas dos últimas cuestiones –el consentimiento y el deber de seguridad– se acreditarán en la etapa procesal oportuna y serán motivo de tratamiento al momento de dictarse la sentencia definitiva. Hoy […] –prima facie– el grado de verosimilitud suficiente para el dictado de una medida cautelar (arts. 1092, 1093, 1096, 1097, 1098, 1099 y cctes. del CCyC)”.
“De la documental acompañada surge que las cuotas que mensualmente derivan del préstamo se aproximan a veinte mil pesos mensuales mientras que los haberes que percibe como jubilada ascienden a cuarenta y cinco mil pesos mensuales. La ‘indisponibilidad’ de un porcentaje importante de sus ingresos resulta una afectación irreparable en el derecho de propiedad y a los fines cautelares entendemos que el peligro en la demora se encuentra configurado”.
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; VULNERABILIDAD; ADULTOS MAYORES; PRINCIPIO PRO HOMINE; MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Frias (causa N° 1052)Juzgado Federal de Azul Nro. 2
El Juzgado Federal de Azul N° 2 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de efectuar retenciones por el “impuesto PAIS” y retenciones por adelanto de percepción de impuesto a las ganancias sobre los consumos con tarjeta de débito hasta que finalice el tratamiento de I.B. en el exterior (juez Bava).
1. Impuesto de emergencia. Acción de amparo. Actos u omisiones de autoridades públicas. Vulnerabilidad.
“[E]l art. 36 de la ley 27541 establece que ‘Tampoco se encontrarán alcanzadas por el presente impuesto las siguientes operaciones: a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos’.
[E]l art. 1 de la Resolución General 4815/2020 de AFIP dispone que ‘No se encuentran sujetas al presente régimen de percepción las siguientes operaciones: a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos’.
[E]l grupo familiar se halla en una posición de extrema vulnerabilidad, sin poder trabajar debido a los cuidados que demanda la atención de I.B., sustentándose a través de donaciones de su comunidad y viviendo en el extranjero a fin de procurar a la niña un tratamiento experimental que atempere la grave enfermedad que la aqueja.
[L]a actitud asumida por las demandadas lesiona, restringe y amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos a la amparista. La posición evidenciada carece de toda razonabilidad, pues la expone a un derrotero interminable de tramitaciones administrativas a fin de obtener la devolución del dinero, que solo dificultan las posibilidades de su hija de continuar recibiendo el tratamiento médico en Brasil. Sin duda, ese retardo y la necesidad de garantizar el derecho a la salud de I.B. revelan la procedencia de la vía intentada”.
2. Derecho a la salud. Constitución Nacional. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Medidas de acción positiva.
“[E]l derecho a ‘la preservación de la salud', si bien no se encuentra explícitamente consagrado en nuestra Constitución Nacional […] desde siempre ha sido considerado como uno de aquellos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, es decir, integrante de la categoría de los denominados ‘derechos implícitos' de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 33 de la Constitución Nacional).
[E]l art. 25 de la 'Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad' […] establece que 'Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud'.
[E]l art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, establece entre las atribuciones del Congreso, la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, situación en la que se encuentra la menor”.
IMPUESTO DE EMERGENCIA; ACCION DE AMPARO; ACCION DE AMPARO-Actos u omisiones de autoridades públicas; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; CONSTITUCION NACIONAL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
OPK (Causa N° 8347)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, por mayoría, hizo lugar al recurso y modificó de manera parcial la sentencia impugnada. En ese sentido, extendió la cuota alimentaria en beneficio del hijo con discapacidad más allá de los 21 años (jueces Rodiño y Igoldi).
1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad parental. Alimentos. Mayoría de edad. Personas con discapacidad. Interpretación de la ley. Ley aplicable.
“[L]a obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental se extiende hasta los 21 años de edad de los hijos (art. 658 Cód. Civil y Comercial). Se trata de un deber de contenido amplio que comprende lo necesario para la satisfacción de las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir un oficio u profesión.
En este sentido, el Código Civil y Comercial mantiene la modificación que oportunamente introdujera la ley 26.579 —que conservaba la obligación alimentaria hasta los 21 años—, pese a fijarse la mayoría de edad a los 18 años. Dicho extremo encuentra su fundamento en el principio de realidad y solidaridad familiar.
[S]i bien la situación traída [referida a la extensión de la obligación alimentaria después de los 21 años para un hijo con discapacidad] no se encuentra expresamente contemplada en el Código Civil y Comercial, es sabido que las normas que el mismo dispone deben ser interpretadas en el contexto.
Así, en la especie cobra especial relevancia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual adquiriera jerarquía constitucional mediante ley 27.044. Es que dicha circunstancia nos impone a los magistrados la obligación de intervenir y resolver con perspectiva de discapacidad.
[H]a de destacarse que el artículo 28 de la Convención referida señala el derecho de las personas con discapacidad a gozar de un nivel de vida adecuado. Dicha norma establece que ´los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas adecuadas para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad´(CDPD, art.28 inc.1).
[A]demás, de la propia norma civil surgen diferentes supuestos en los que la obligación alimentaria se extiende más allá de los 21 años como, por caso, el de hijos que se capacitan (art. 663). Estas excepciones a la regla general tienen su fundamento en la solidaridad familiar que debe regir en todas las cuestiones del derecho de familia, circunstancia que debe observarse mayormente en los vínculos entre progenitores e hijos. Así se ha dicho que ´la obligación alimentaria entre parientes, se fundamenta en el principio de solidaridad familiar. (...) en todos los casos habrá de realizar una evaluación en cuanto a la vulnerabilidad de los parientes involucrados´…”.
“Puntualmente, sobre el tema traído explica Bossert que ´la cuota alimentaria establecida durante la minoría de edad se mantendrá tras la mayoridad o la emancipación, si en el respectivo juicio de alimentos se dejó acreditado que, por medio de ella, se atiende a necesidades y rubros indispensables, que el hijo no podría procurárselos, por ejemplo por incapacidad física o psíquica´ […].
En igual línea argumental se resolvió que ´ha quedado acreditado […] que existen posibilidades ciertas que le impiden procurarse su propio sustento. Y si bien ella se esfuerza para proveer las necesidades básicas, razones de fuerza mayor le imposibilitan llevar a cabo una vida totalmente independiente. Por ello no puede dejársela inerme frente a las consecuencias derivadas de su discapacidad y es su progenitor quien debe asumir el deber de asistencia fundando en el principio de solidaridad familiar’…” (voto del juez Rodiño, al que adhirió el juez Igoldi).
2. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Género. Perspectiva de género. Vulnerabilidad. Derecho de familia. Responsabilidad del estado. Cuidado personal. Alimentos. Estereotipos de género. Personas con discapacidad.
“[C]orresponde agregar la debida evaluación del caso desde una perspectiva de género, e incluso, desde una mirada donde se entrecruzan las vulnerabilidades de los sujetos involucrados.
Así, no puede dejar de señalarse que corresponde a los jueces que intervienen en los conflictos de familia el tratamiento de dichas cuestiones desde una intervención integral, y en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.
En tal particular contexto, esta Sala ya ha destacado en otros pronunciamientos la necesidad de recordar que el Estado argentino suscribió una serie de instrumentos internacionales por los cuales se ha comprometido a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia o cualquier tipo de discriminación contra la mujer, así como el de establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquéllas que hayan sido sometidas a violencia o discriminación [...].
Tales normas constituyen la estructura jurídica de la República Argentina en la materia, son de orden público y por ende de aplicación obligatoria por los jueces. Implican, en sustancia, que quienes tienen la obligación de juzgar deben hacerlo con perspectiva de género, es decir, propendiendo a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres mediante una tutela judicial efectiva, con igualdad, evitando estereotipos y evaluando el contexto de situación en el que se desarrollaron los hechos que son objeto del fallo. En dicha linea, requiere una especial consideración la situación de las mujeres que tienen a su cargo el cuidado de hijos en situación de discapacidad.
En cuanto a ello, en forma reciente el Comité de la CEDAW destacó que ‘tener hijos con discapacidad `socava la perspectiva de las mujeres de realizar su potencial de vida en mayor medida que en el caso de los hombres ́. Por lo tanto, esas mujeres dependen de sus maridos´, por lo que el organismo internacional señaló que los Estados deben tener presente que, debido a las persistencia de estereotipos y otras causas estructurales, las mujeres dedican mucho mas tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, incluído el cuidado de los hijos con o sin discapacidad (CEDAW,/C/AND/CO/4). Es decir, resulta fundamental atender la situación de las progenitoras que en virtud de la atención al cuidado de los hijos con discapacidad se hallan en desigualdad con los hombres a los fines de poder desarrollar tareas laborales. Lo que […], debe ser tenido en cuenta en el tratamiento de la materia alimentaria…” (voto del juez Rodiño, al que adhirió el juez Igoldi).
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; RESPONSABILIDAD PARENTAL; ALIMENTOS; MAYORÍA DE EDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; LEY APLICABLE; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; DERECHO DE FAMILIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CUIDADO PERSONAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO;
S L y otroJuzgado Nacional Civil Nro. 92
1. Personas con discapacidad. Igualdad. No discriminación. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“Recuérdese que la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha marcado una verdadera ruptura de paradigma en el discurso de los derechos humanos de las personas con discapacidad, dejando de lado el modelo rehabilitador o médico para acoger plenamente el modelo social de la discapacidad, por el cual se considera que las causas que originan la discapacidad son, en gran medida, sociales. Desde este enfoque se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que las demás, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia.
Este modelo se encuentra relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sentándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. Parte de la premisa de que la discapacidad es en cierta medida una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades”.
“Desde esta perspectiva, la citada CDPD se construye en torno del reconocimiento de la subjetividad de las personas con discapacidad, afirmando que deben ser tratadas como sujetos de derechos, con igual dignidad y valor que las demás, siendo obligación del Estado reconocer su titularidad en todos los derechos, pero también, fundamentalmente, su capacidad para ejercerlos por sí mismas”.
2. Personas con discapacidad. Adultos mayores. Derecho a la salud. Salud mental. Código Civil y Comercial de la Nación. Informes. Cuerpo Médico Forense.
“La directriz interpretativa de este sistema se refuerza con lo previsto por el art. 3 de la ley 26.657 y los arts. 23 y 31 incs. a) y b) del Código Civil y Comercial, que sientan como regla la presunción de la capacidad de ejercicio de los derechos y que las limitaciones a esta capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona, y el art. 38 del mismo Código, que especifica que la afectación de la autonomía personal de las personas con alteraciones mentales debe ser la menor posible. Desde otra perspectiva, el mismo art. 3º de la ley 26.657 define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Por ende, deja atrás el enfoque aislado del individuo centrado puntualmente en su afección psiquiátrica –la que hasta el presente se diagnosticaba, en general, a partir de parámetros y clasificaciones abstractas– y toma en especial consideración las particularidades del paciente y su interacción con el entorno familiar y social, en el aquí y ahora. En el particular caso de autos, la cuestión se vincula con el tratamiento que merece el binomio adultos mayores - salud mental, pues [la señora] cuenta con 94 años, y tal circunstancia es, en definitiva, la que ha motivado el inicio de este proceso”.
“En la coyuntura simbólica de nuestros tiempos modernos, la vejez goza de un gran desprestigio. Como bien se ha observado, ‘Pareciera estar encaminada a ser encasillada en alguna de las tres prisiones imaginarias en que los discursos vigentes la han depositado: la vejez excluida, la vejez protegida y la vejez negada’ [hay cita]. En este contexto, los adultos mayores son por algunos excluidos, agredidos y despreciados, o por otros –y en el mejor de los casos– caritativamente protegidos y tutelados, o simplemente negados. Sin embargo, se ha dicho que ‘aún afectado por la declinación de su fortaleza y de su salud física, el anciano puede conservar intactas y, más aún, enriquecidas por la experiencia, las facultades mentales en su mayor edad. Y es sobre estas facultades del intelecto que reposa la responsabilidad por las consecuencias de los propios actos y la capacidad de hecho. Ni la actitud básica de comprensión (el discernimiento) ni la adquirida razonabilidad de los juicios ni la posibilidad de exteriorizar las resoluciones mediante su manifestación, disminuyen por el solo transcurso de la vida, sin perjuicio de que los deterioros de estos tipos se dan frecuentemente en los ancianos’ [hay cita]”.
“Es que el deterioro de memoria asociada con la edad (DMAE) no conlleva necesariamente a lo que se conoce como ‘síndrome demencial’ o ‘demencia’, que ‘supone el deterioro de la memoria y de otras dos o más funciones cognoscitivas (orientación, sencillos cálculos, capacidad de planificar, lenguaje hablado y escrito, etc.)’; deterioro que para ser clínicamente relevante y cumplir los criterios diagnósticos ‘tiene que causar una dificultad en el desempeño de las actividades cotidianas (llamar por teléfono, orientarse en calles cercanas, hacer las pequeñas compras, responsabilizarse de la medicación, etc.); lo que, consecuentemente, lleva a la dependencia’…”.
“Dicho de otro modo: senectud no es lo mismo que senilidad. La senectud representa un estado biológico normal inherente al proceso mismo de la vida, en el que esa normalidad se traduce en declinaciones y cambios, tantos psíquicos como físicos, de carácter cuantitativo y armónico que, por ser propios de dicho estado, no pueden ser juzgados como síntomas patológicos. La senilidad, en cambio, representa la expresión patológica de la ancianidad. La senilidad es en sí un padecimiento mental, que se caracteriza por claudicaciones no sólo cuantitativas sino cualitativas, inarmónicas e irreversibles de las facultades […]. En el caso de autos, de la evaluación interdisciplinaria y de la entrevista personal mantenida con [la mujer] se infiere que se trata de una mujer lúcida, autoválida, que realiza múltiples actividades, y está perfectamente ubicada en tiempo y espacio. Con seguridad, el sometimiento de la nombrada a una exhaustiva batería de tests neurocognitivos arrojará algún tipo de deterioro propio de cualquier persona de edad, más ello en modo alguno significa que existan problemáticas vinculadas con la salud mental; mucho menos que se trate de una situación que demande la protección por parte de la ley y del aparato jurisdiccional por verificarse la existencia de riesgo para sí o para terceros”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ADULTOS MAYORES; DERECHO A LA SALUD; SALUD MENTAL; INFORMES; CUERPO MÉDICO FORENSE; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN;
Reartes (causa N° 13580)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución recurrida y envió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Borinsky y Carbajo, y jueza Ledesma).
1. Querella. Legitimación. Administración Federal de Ingresos Públicos. Consentimiento fiscal. Principio Acusatorio. Exceso en el pronunciamiento.
“El representante fiscal ante la instancia previa dictaminó que la AFIP carece de legitimación para querellar en el proceso con relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada por los cuales, oportunamente, requirió su elevación a juicio oral. […] Así también lo ha entendido el Fiscal General de Casación […] al presentar sus breves notas durante la etapa prevista en los arts. 465 bis en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N. (según ley 26.374)…”.
“Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal en ambas instancias coincidieron en que el bien jurídico en el delito de intermediación financiera no autorizada es el orden económico y financiero, entendido como la integridad del sistema financiero. Añadieron que el artículo 310 del C.P. criminaliza la infracción formal de la falta de obtención de un permiso estatal para llevar a cabo las actividades reguladas en la ley 21.526, respecto de las cuales ambos fiscales entendieron que resulta autoridad de aplicación el Banco Central de la República Argentina”.
“[E]n el caso en examen no se observa controversia entre lo solicitado por la asistencia técnica de los imputados […] y lo dictaminado concordemente por los representantes del Ministerio Público Fiscal en ambas instancias.
Por otra parte, el ‘a quo’ no ha brindado argumentos que revelen la irrazonabilidad de la posición fiscal. Y la AFIP no ha esgrimido fundamentos suficientes para sustentar su pretensión de intervenir en el proceso con relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada, en orden a los cuales formuló requerimiento de elevación a juicio el Ministerio Público Fiscal.
En dicho contexto procesal, se presenta en autos un escenario de ausencia de contradictorio entre las partes que […] impide la convalidación del fallo impugnado…” (voto del juez Borinsky, al que adhirió la jueza Ledesma).
2.  Querella. Legitimación. Deber de fundamentación. Principio de igualdad de armas.
“[L]a decisión no dio adecuado tratamiento al planteo interpuesto por la defensa y se limitó a señalar que la actuación procesal de aquella parte convalidaba la intervención de ese organismo. […] Tal análisis, sesgado, por cierto, desatendió las razones expresadas por el ahora recurrente, con apoyo en la participación restringida que las normas penales tributarias le otorgan al ente recaudador y que deben ser de interpretación restrictiva.
En ese sentido, la paridad de armas presupone un análisis exhaustivo que justifique, excepcionalmente, la intervención de otro acusador en el debate en tutela particular del interés público que ya se encuentra resguardado por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, si bien se indicó que hay una relación entre los hechos aquí investigados y aquellos que constituirían la plataforma de delitos penales tributarios cierto es que el decisorio no ha pormenorizado circunstanciadamente esa vinculación de modo tal de justificar, aun cuando la A.F.I.P. no haya requerido la elevación de la causa a juicio por tales hechos, su intervención en la etapa de plenario por delitos contra el orden económico y financiero que no son de su especialidad técnica.
A todo ello, debe adicionarse que, aun cuando se considere legítima la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el proceso, el resolutorio tampoco ha dado cuenta adecuada y fundadamente del alcance y la extensión de la intervención atendiendo que aquella parte, respecto de estos hechos, no formuló acusación mediante el correspondiente requerimiento de elevación a juicio y ha expresado no tener interés en impulsar la acción en tales términos” (voto del juez Carbajo).
QUERELLA; LEGITIMACIÓN; ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS; CONSENTIMIENTO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS;
MGAJuzgado en lo Civil y Comercial y Familia de 1° Nominación de Río Tercero
El Juzgado en lo Civil y Comercial y Familia de 1° Nominación de Río Tercero hizo lugar al reclamo de fijación de la cuota alimentaria y le ordenó al abogado del progenitor que realizara una adecuada capacitación en género, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados (jueza Sánchez Torassa).
1. Género. Estereotipos de género. Violencia de género. No discriminación.
“[Los] argumentos [esgrimidos por el demandado] en su escrito de contestación de la demanda no conforman parte de una estrategia defensiva. Por el contrario, reflejan un discurso ofensivo y humillante hacia la mujer, que patentiza las normas patriarcales que han regido las relaciones humanas de modo desigual, y que ha perjudicado, no sólo, a la mujer, sino también, a los varones.
[L]os nuevos estándares normativos y el abordaje con una perspectiva de género, obligan a las entidades estatales, entre ellas el Poder Judicial, a garantizar una protección eficaz y a eliminar la discriminación y la violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones. Para lograr tal cometido, resulta indispensable actuar con la debida diligencia, a fin de identificar y evitar la incidencia de estereotipos de género que posibiliten tolerar, ocultar y perpetuar la discriminación y violencia contra las mujeres. Dentro de este contexto, el accionar de los órganos jurisdicciones debe estar orientado a detectar, en los casos sometidos a juzgamiento, las desigualdades generadas por esos patrones socioculturales y de esa manera remediarlas.
[L]a forma en la que el [demandado] pretende justificar la improcedencia del reclamo […] permite encuadrar el presente como un caso sospechoso de género. Un caso es sospechoso de género cuando la posición asumida por cada una de las partes, en el marco de una situación conflictual entre un varón y una mujer, responda a una distribución de roles basados en estereotipos de índole patriarcal. De esta manera, las manifestaciones formuladas por el demandado en su escrito de contestación de demanda reflejan un evidente menosprecio para quien fue su esposa y compañera en un proyecto de vida en común y es la madre de sus hijas. Ello no es más que una visión androcéntrica, que resulta intolerable en los tiempos que corren, de absoluta igualdad entre los varones y las mujeres…”.
2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Protección integral de la mujer. Violencia de género. Actos discriminatorios. Familia.
“[L]a conducta del demandado, reflejada en los términos transcriptos, representa un supuesto de violencia simbólica, consagrado en el art. 5, inc. 5, ley 26485 de ´Protección Integral a las Mujeres´, en tanto dispone que: Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: […] Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. En este contexto, la perspectiva de género cobra particular relevancia en el tratamiento de la presente causa; lo contrario implicaría cohonestar una discriminación en contra de la mujer, dentro de las relaciones familiares.
[L]os arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenan los actos de discriminación hacia la mujer por su condición de tal y en contraposición con el varón. Asimismo, imponen al Estado conductas concretas a los fines de modificar patrones socioculturales basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y en funciones estereotipadas de varones y mujeres. Parámetros similares surgen de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Do Belem do Pará). Esta Convención consagra el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado...”.
3. Género. Estereotipos de género. Principio de dignidad humana. Alimentos. Cuidado personal. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]as palabras empleadas por el [demandado], al referirse al reclamo impetrado por la progenitora a favor de sus hijas como destinado a atender aspectos personales de su vida privada, representan una mirada estereotipada en la distribución de roles del varón y de la mujer, que desconoce el verdadero alcance de los cuidados personales de los hijos. En efecto, considerar que la progenitora efectúa un reclamo alimentario a favor de sus hijas, encubriendo la pretensión de atender sus propios gastos personales, implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que realiza [la actora] quien ha asumido el cuidado personal de sus hijas, no sólo en beneficio de ellas, sino también del [demandado].
[E]sta concepción de la mujer, propia de una cultura patriarcal, –se insiste– no puede ser tolerada, porque toda mujer tiene derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona; máxime cuando [la actora] es la madre de sus hijas, también mujeres y comprendidas dentro de aquel grupo al que se ha referido en aquellos términos.
[S]e encomienda al [demandado] que, en las futuras presentaciones a efectuar en los estrados del tribunal y en su relación con [su ex pareja], respete la dignidad inherente a su persona, despojada de padrones estereotipados en la distribución de sus roles en el cuidado personal de sus hijas…”.
4. Convención Sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Género. Estereotipos de género. Abogado. Asistencia letrada. Tribunal de disciplina.
“[P]ara la presentación de sus pretensiones, las partes cuentan con asistencia letrada y, por lo tanto, las defensas y argumentos deben ser plasmados en un todo de acuerdo con la legislación y principios vigentes. Por tal motivo, […] corresponde ordenar al letrado, […], a que realice una adecuada capacitación en cuestiones de género, a los fines de que internalice los principios antes mencionados y modifique los patrones socioculturales de conducta para alcanzar la eliminación de los perjuicios y prácticas que se encuentran basados en la inferioridad o superioridad de cualquier de los sexos o en las formas estereotipadas de hombres y mujeres (art. 5, inc. 9, CEDAW), todo ello bajo apercibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados”.
5. Responsabilidad parental. Cuidado personal. Alimentos. Capacidad contributiva. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a carga alimentaria es una consecuencia derivada de la responsabilidad parental (art. 658, CCCN). Esto significa que, en virtud del ejercicio de una paternidad responsable, los progenitores deberán arbitrar los recursos económicos, para que los hijos satisfagan sus necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio (cfr. art. 659 del CCCN). De este modo, a los fines de determinar el monto de los alimentos, ha de tenerse en cuenta las necesidades del niño, niña o adolescente involucrado y los ingresos de los padres (arts. 646, 658 y 659, CCCN), puesto que debe existir un equilibro entre las necesidades que la cuota tiende a cubrir y la aptitud del obligado para cumplir con esa finalidad…”.
“[E]l cuidado personal de [las niñas] es ejercido por su progenitora […]. Esta circunstancia compensa la parte de la [actora] en el deber alimentario, sumado al aporte económico en sí mismo; aportes que aun cuando no se encuentran cuantificados, resultan presumibles en el particular. Y ello independientemente del desarrollo por parte de la progenitora conviviente de cualquier actividad laboral. Esto es así ya que, en orden a lo establecido por el art. 660, CCCN, la [actora], al haber asumido el cuidado personal de [las hijas] ya realiza un aporte a la manutención en las tareas cotidianas, las que tienen un valor económico en sí mismas que no puede dejar de ser contemplado. Si bien es cierto que la madre también está obligada al mantenimiento de sus hijos, se encuentra razonablemente más limitada para generar mayores ingresos al efecto, dado al tiempo que debe destinar al cuidado de sus hijos […]. Por consiguiente, el hecho que la [actora] haya asumido el cuidado personal de la adolescente y de la niña admite una distribución de los montos de manera diferente.
[C]uando hablamos de capacidad contributiva nos referimos, no sólo a las capacidades actuales para generar ingresos, sino además, a la aptitud o a la potencialidad para responder por la obligación alimentaria […]. El progenitor […] desempeña trabajos productivos que le generan ciertos ingresos para contribuir mensualmente con dinero con la prestación alimentaria…”.
GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; ACTOS DISCRIMINATORIOS; FAMILIA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ALIMENTOS; CUIDADO PERSONAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ABOGADO; ASISTENCIA LETRADA; TRIBUNAL DE DISCIPLINA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; CAPACIDAD CONTRIBUTIVA;
OMC Y OTRO (CAUSA N° 939)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I
La sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada y confirmó lo decidido por el juzgado de primera instancia (voto de los jueces Álvarez y Lemos Arias). 1. Derecho a la salud. Medicina prepaga. Obra social. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño. Vulnerabilidad. “A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), la Corte ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga”. “[E]n el caso de autos [se debe] atender a los derechos de una niña menor de edad. Por tal razón, deviene aplicable la Convención sobre Derechos del Niño, de máxima jerarquía constitucional, convertida en ley 23.849. [Ella] reconoce a todos los niños el derecho intrínseco a la vida y, en la máxima medida posible, a la supervivencia y al desarrollo (art. 6), al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación (art. 24); a los niños impedidos mental o físicamente, a disfrutar de una vida plena y decente, y a recibir cuidados especiales (art. 23). A su turno, establece el compromiso de los Estados Partes de asegurarles la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (art. 3), resaltando que para dar efectividad a los derechos reconocidos, se han obligado 'hasta el máximo de los recursos' de que dispongan (art. 4)”. 2. Derecho a la salud. Medicina prepaga. Obra social. Igualdad. Plan médico obligatorio. Asistencia médica. “[L]a Ley N° 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. [Dicho seguro] ha sido organizado dentro del marco de una concepción 'integradora' del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden 'su participación en la gestión directa de las acciones' (art. 1). Su objetivo fundamental es 'proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación...'. Asimismo, 'se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye...' (art. 2)”. “[C]orresponde señalar, respecto a la determinación de la responsabilidad por el Plan Médico Obligatorio, que una interpretación global de la normativa constitucional e internacional de derechos humanos, permite razonablemente concluir que dicho plan fija el límite inferior del universo de las prestaciones que deben otorgar los agentes del Servicio de Salud a sus afiliados, tanto respecto de las Obras Sociales como de las empresas de medicina prepaga. No puede desconocerse la necesidad de su continua actualización de conformidad con las necesidades sociales, el descubrimiento de nuevas patologías, y los concretos padecimientos que puedan indicar una u otra prácticas según el cuadro de cada paciente”. “[E]l apego estricto al mentado programa colisionaría con el derecho a la salud y a gozar de una real y concreta asistencia médica y terapéutica. [Esto] halla su sustento en la pluralidad de normas de carácter constitucional que resultan prevalentes frente a la resolución ministerial que establece el piso mínimo de prestaciones obligatorias para los agentes de salud, que de ninguna forma puede considerarse taxativo”.
DERECHO A LA SALUD; MEDICINA PREPAGA; OBRA SOCIAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; ASISTENCIA MEDICA;
Escobar (Causa N° 23388)Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia (voto de los jueces Lozano y Gallego).
1. Acción de amparo. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Excesivo rigor formal. Peligro en la demora.
“[E]ste tribunal desde su creación se ha autoimpuesto la adopción de criterios elásticos de ponderación para evitar, salvo supuestos de notoria significación, la sanción a que se refiere el art. 266 del CPCC, de modo que no se desnaturalice la garantía de la doble instancia por causa de un excesivo rigorismo formal”.
“[La demandada] no plantea una divergencia con el tratamiento prescripto por los médicos que asisten al menor, sino únicamente el cumplimiento de un recaudo del cual no tiene ningún respaldo normativo y así, frente a esta situación, cabe reiterar el criterio expuesto por el tribunal en ocasión de resolver la apelación deducida contra la medida cautelar dictada en autos […], según el cual, principalmente en situaciones de urgencia, como ocurre en este supuesto, corresponde priorizar lo que el galeno interviniente evalúa con relación a la confiabilidad de la prescripción indicada a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”.
2. Personas con discapacidad. Tratamiento interdisciplinario. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Obra social. Plan médico obligatorio.
“[E]l tratamiento de la patología del menor es abordado por un equipo profesional interdisciplinario entre los que, también, se incluye un médico neurólogo y un nutricionista quienes efectúan el seguimiento de la dieta cetogénica, ilustrando su médica pediatra […] la necesidad de aquella y de la leche para el caso del menor, con la cual la queja del recurrente queda desprovista de todo sustento”.
“[L]a falta de inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de la leche especial objeto de reclamo, en tanto se trata de una cuestión que no fue propuesta al magistrado de grado, este tribunal se ve impedido de expedirse al respecto (art. 277 del CPCC)”.
ACCION DE AMPARO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; OBRA SOCIAL; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; PELIGRO EN LA DEMORA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA SALUD; EXCESIVO RIGOR FORMAL; PLAN MEDICO OBLIGATORIO;
Rodríguez (Causa N° 21366)Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó parcialmente la sentencia porque la niña no se encontraba entre los derechohabientes enumerados por la ley. Asimismo, ordenó que la ANSeS arbitrara los medios necesarios para otorgarle una prestación similar y en la proporción que le hubiese correspondido como derechohabiente, no inferior al haber mínimo garantizado (voto de los jueces Jiménez y Tazza).
ARGUMENTOS
1. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Derecho a los beneficios de seguridad social. Convención sobre los Derechos del Niño. Pensión. Leyes previsionales.
“Se encuentra por demás probado que la [niña] se hallaba 'a cargo' de la causante, es decir que conforme lo describe la ley se encontraría dentro de la calificación elaborada por el legislador, sin embargo el art. 53 es taxativo al enumerar a los derechohabientes que revisten la calidad de tales sólo por el hecho descriptivo de la ley, es decir que no se constituyen en sujetos con derecho a pensión por la sola circunstancia de estar 'a cargo', sino que deben ajustarse al Nomen Iuris que establece el art. 53 de la ley 24.241”.
“[N]o resulta ajeno […] el respeto a los derechos sociales de índole constitucional, que con mayor propósito de firmeza deben ponderarse en ancianos, personas con discapacidad o menores de edad –como es el caso de Autos–.
Reconoce la Convención sobre los Derechos del niño […] la obligación de los Estados Partes, de reconocer 'a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social', y adoptar 'las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre' (Art. 26)”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Vulnerabilidad. Seguridad social. Derecho a los beneficios de seguridad social. Leyes previsionales. Pensión. Guarda de niños.
“[L]a Seguridad Social, debe amparar no solo a los trabajadores, o a aquellos que instituidos por la ley como derechohabientes, poseen aptitud para adquirir el beneficio de pensión ante la contingencia de la muerte, sino que además debe atender también a toda aquella persona que se halle frente a una situación que lo ponga en riesgo, afectando la calidad de vida, la salud o la manutención, como sucede en el caso de Autos, recuérdese que [la niña] ha perdido a ambos progenitores, quedando a cargo de su abuela, también fallecida y finalmente bajo la guarda de su tío”.
“[S]i bien la [niña] no se encuentra dentro del Nomen Iuris que establece el art. 53 de la ley 24.241, y que por ello, conforme [la jurisprudencia] emanada del más Alto Tribunal, no posee el derecho a la pensión derivada tras el fallecimiento de su abuela, [se debe analizar] el caso en un contexto holístico del derecho, en armonía con los principios generales que rigen en materia previsional, la Constitución Nacional, así como la Convención de los derechos del niño”.
3. Seguridad social. Derechos Humanos. Principio pro homine. Justicia social. Excesivo rigor formal.
“[L]os órganos jurisdiccionales administrativos, han de extremar los recaudos para dar cumplimiento a los estándares que en materia de derechos humanos se introdujeron, como es el principio pro homine y el in dubio pro justitia socialis, que imponen al operador jurídico desechar aquellas pautas de interpretación contrarias a los principios mencionados.
[T]odo el orden socioeconómico, desde la Constitución y los instrumentos internacionales, hacia abajo, se enraíza en lo que es la pauta axial del derecho constitucional contemporáneo: los derechos humanos. Sabido es que la persona humana y sus derechos invisten centralidad, y que toda interpretación del sistema jurídico que la involucra ha de girar en su protección y defensa”.
“[L]a seguridad social '[…] tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales, por lo que el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares de cada caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones vinculadas con la materia'”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; SEGURIDAD SOCIAL; PENSIÓN; DERECHO A LOS BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL; LEYES PREVISIONALES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; GUARDA DE NIÑOS; DERECHOS HUMANOS; PRINCIPIO PRO HOMINE; JUSTICIA SOCIAL; EXCESIVO RIGOR FORMAL;
Cisneros (causa N° 6229)Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas declaró la nulidad de la decisión apelada y dispuso la inmediata devolución de los efectos del condenado (jueces Vázquez y Bosch, y jueza Marum).
1. Decomiso. Interpretación de la ley. Sentencia firme. Debido proceso. Cosa juzgada.
“De la letra [del artículo 23 del Código Penal] se desprende que resulta una obligación del Juez pronunciarse respecto del decomiso, en caso de corresponder, en el momento de dictar la condena, sin que la disposición legal requiera petición de parte alguna e incluso, cuando como en el caso de autos, nada dijera al respecto el acuerdo de juicio abreviado, por tratarse de una consecuencia legal propia de la condena”.
“[A]siste razón a la defensa, cuando señala que la a quo se ha pronunciado sobre el decomiso luego de que la sentencia condenatoria dictada contra [el condenado] se encontraba firme, lo que resulta violatorio del debido proceso y de la garantía de cosa juzgada, […] ello en razón de que la oportunidad procesal para pronunciarse acerca de la condena y sus consecuencias precluyó, y en virtud de ello, modificar su alcance, es claramente violatorio de las garantías constitucionales antes mencionadas por lo que el pronunciamiento deviene inválido, y corresponde declarar su nulidad conforme lo dispuesto en los arts. 77 y ccdtes del CPP CABA”.
DECOMISO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; SENTENCIA FIRME; DEBIDO PROCESO; COSA JUZGADA;
Cejas (reg. N° 197 y causa N° 5742)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (juez Carbajo y jueza Ledesma).
“[S]i bien el presente no encuadra estrictamente en [las disposiciones previstas por el inciso f de los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley de Ejecución], ello no implica per se el rechazo de esta morigeración de cumplimiento de la pena fuera de la cárcel, pues el sentido de las normas atiende a circunstancias de índole humanitarias, amalgamándolas con el caso concreto y teniendo en cuenta fundamentalmente los principios de interés superior del niño y pro homine, entre las que se encuentran aquéllas en las que los niños –sin perjuicio de ser mayores de 5 años– puedan hallarse en una situación de desamparo o desprotección tal que amerite su concesión”.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la consideración rectora del interés superior del niño –establecida por la Convención sobre los Derechos del Niño–, ‘… lejos de erigirse en una habilitación para prescindir de toda norma jurídica superior, constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos…’ (Fallos 324:975)”.
“[P]ara la concesión de la prisión domiciliaria debe hacerse un análisis integral de las peculiaridades que rodean al pedido pues, como se advierte, el texto del art. 32 de la ley 24.660 establece que el juez ‘podrá’ disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria […]. Tal conclusión se impone a partir de la existencia de ese verbo –‘podrá’– empleado por el legislador y guarda coherencia con la conocida pauta de interpretación según la cual la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820 y 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149 y 327:769) y que este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937 y 312:1484) […]. Por tanto, resulta claro que se trata de una facultad encomendada por el legislador al juez, quien deberá evaluar, luego del análisis global de las constancias del expediente, si resulta razonable conceder el instituto peticionado”.
“[N]o puede colegirse de modo automático que la pertenencia a una comunidad indígena acredite por sí sola la situación de vulnerabilidad del grupo familiar [del detenido]. Empero […] en autos se ha delineado un peculiar panorama de fragilidad y padecimientos que impone conocer más de cerca la situación de su familia antes de pronunciarse acerca del instituto que se procura obtener. [A]ntes de determinar el curso del pronunciamiento que resolverá la cuestión debatida, [debe] indagarse con mayor profundidad cuál es la situación de los hijos del requirente, como paso previo imprescindible para dilucidar si se encuentra o no menoscabado el interés superior del niño como fue denunciado en autos y debe garantizarse.
En esa línea, invalidado el resolutorio en estudio y reenviada la causa a su sede, corresponderá que el órgano a cargo de la ejecución de la pena disponga que, con la celeridad que el caso amerita, se practique un amplio y pormenorizado informe socio ambiental por parte de profesionales de la entidad especializada pertinente, en el lugar de su residencia […]. Cumplida que sea esa medida, deberá oírse a todas las partes interesadas, con carácter previo a que se decida nuevamente acerca de la procedencia del instituto propiciado” (voto del juez Carbajo al que adhirió la jueza Ledesma).
PRISIÓN DOMICILIARIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; ANALOGÍA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; IGUALDAD; VULNERABILIDAD;
RFJ (causa N° 63633)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J
La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia respecto de la cuestión de fondo y elevó la cantidad fijada como indemnizatoria del daño moral (juezas Scolarici y Verón).

1. Libertad de prensa. Real malicia. Derechos personalísimos. Derecho a la intimidad. Daños y perjuicios. Daño moral. Femicidio.
“[P]retender que la libertad de prensa constituya una causa de justificación de todo tipo de publicaciones, so pretexto del servicio de información pública, significa tanto como otorgarle a aquella un bill de indemnidad […], de allí que puedan priorizarse otros derechos de la persona contra actos, expresiones o imágenes éticamente degradantes que hayan sido publicados y que afecten su dignidad”.
“[E]n el caso de autos, no se configuran los presupuestos de aplicación de la doctrina de la real malicia, pues no se encuentra en discusión la exactitud de los hechos o dichos, sino que se centra en el presunto ejercicio abusivo de la potestad de informar, por exceder el medio periodístico los límites externos que el ordenamiento jurídico prevé con el fin de que la actuación en cada situación en concreto de este derecho, como de todos los demás derechos normativamente consagrados resulte razonable”.
“[L]os derechos personalísimos se extinguen con la muerte, lo cierto es que hay determinadas situaciones en que algunos de esos derechos pueden prolongarse más allá de la vida del sujeto […]. En este tipo de casos, la sola demostración de la violación de su memoria justifica la procedencia de la acción que puedan entablar los descendientes de las personas fallecidas, no se advierte que la publicación de las fotografías del cuerpo sin vida de la menor […] responda a la crónica de un hecho noticioso que respalde la necesidad de acompañar la divulgación de las fotografías en la forma que se hizo, por lo que, sin descartar que la noticia del aberrante crimen revistió un significativo interés general para la sociedad, debido al estupor que produjo, surge diáfano que la demandada excedió el alcance y los límites del derecho a la libertad de prensa”.
2. Libertad de prensa. Derecho a la información. Derecho a la intimidad. Femicidio.
“[D]e las constancias de autos no solo queda evidenciada la violación de un deber de cuidado periodístico, sino que se han traspuesto sin ningún tipo de tapujos los límites jurídicos del derecho de información, máxime que no puede dejar de ponderarse que en el caso nos encontramos frente a un delito aberrante de una menor de edad, por lo que la empresa periodística debió poner especial énfasis en la tutela del resguardo de su intimidad”.
“[L]a intimidad, comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar de amistad, sino también a otros aspectos de la personalidad espiritual física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse”.
3. Libertad de prensa. Derecho a la intimidad. Femicidio. Victima. Revictimización. Daños y perjuicios.
“[L]os argumentos de la demandada en torno a la finalidad de 'generar conciencia y compromiso' acerca de los femicidios en Argentina, carecen de virtualidad para exonerarla de responsabilidad, pues al hacerlo sin autorización previa, se traducen en un sacrificio inaceptable que únicamente ha recaído sobre el aquí actor y los restantes integrantes de su esfera familiar. La revictimización del actor por parte del medio periodístico, quien ya había padecido la lamentable pérdida de su hija en las siniestras circunstancias en que ocurrió, resulta inaceptable”.
“[N]o basta que la información fuese veraz o que las fotografías resultasen auténticas o que en ellas no se alcance a identificar la persona de la hija del accionante, sino que lo relevante y que no fue tenido en consideración por la demandada es que la difusión de las imágenes no debía resultar lesiva a la memoria y dignidad de la menor y de sus parientes, ofensa que causa un irremediable daño al progenitor, aquí demandante”.
LIBERTAD DE PRENSA; REAL MALICIA; DERECHOS PERSONALÍSIMOS; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; FEMICIDIO; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN;
Sandoval Subiabre y otro (Causa N° 24329)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación (jueces Barroetaveña y Petrone, y jueza Figueroa). 1. Nulidad procesal. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[E]l instituto de las nulidades procesales tiene por objeto resguardar el debido proceso y la defensa en juicio. En este orden, es criterio inalterado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que para que prospere la declaración de nulidades procesales se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia...” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
2. Estupefacientes. Requisa. Procedimiento policial. Identificación de personas. Deber de fundamentación.
“[L]a actividad policial no resultó acorde a las normas procesales por cuanto no se encontró debidamente justificada en una sospecha fundada de conformidad con los requisitos exigidos por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación”.
“[U]na actuación al amparo de la situación prevista en el art. 230 bis, supone –como requisito indispensable– la existencia de previos indicios objetivamente acreditados, que razonablemente autoricen a inferir que una persona oculta en su cuerpo, en las pertenencias que lleva consigo o en el vehículo en el que se traslada, objetos o cosas directamente relacionadas con un delito”.
“[S]i al agente de prevención determinadas conductas de una persona humana le generaron un estado de sospecha es necesario que las describa fehacientemente. Luego de ello, son los jueces quienes tienen que determinar si las circunstancias alegadas por el agente objetivamente podían generar en su ánimo un estado de sospecha” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
3. Derecho a la intimidad. Requisa. Procedimiento policial.
“[L]a presencia de un vehículo automotor, con dos ocupantes, ubicado a la vera de un río, en horas de la noche, no necesariamente resultan circunstancias que justifiquen una requisa. En el caso, los agentes de policía no dieron una explicación suficiente que fundamente cuál fue la conducta de los imputados que los llevó al estado de sospecha requerido por la norma. Por el contrario, de las constancias del expediente digital se observa que los ocupantes del vehículo se identificaron inmediatamente” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
“[E]l hecho de observar un vehículo estacionado a orillas del río no autorizan -de manera aislada- a identificar y requisar a una persona, ya que el ámbito de intimidad sólo cede frente a circunstancias que de manera previa o concomitante, y de modo razonable y objetivo, justifiquen una intromisión estatal de la naturaleza de la aquí cuestionada, circunstancia que [...] no se advierte del caso” (jueza Figueroa).
4. Principio de dignidad humana. Derecho a la intimidad. Razonabilidad. Constitución Nacional - Derecho y garantías.
“[L]a razonabilidad de la medida aquí sometida a inspección jurisdiccional no puede ni debe meritarse por el resultado que la misma eventualmente arrojó. Ello implicaría convalidar cualquier intromisión del poder punitivo en la esfera privada de las personas o afectación a la dignidad humana, bajo falsos pretextos de eficacia, contrariando garantías fundamentales que gozan de especial protección constitucional”.
“[E]l derecho a la intimidad y al respeto de la dignidad humana se encuentran debidamente resguardados en los artículos 1, 18, 19, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y su custodia por parte del Poder Judicial de la Nación deviene imprescindible para no vulnerar garantías básicas del Estado Moderno frente a la pretensión represiva estatal” (jueza Figueroa).
NULIDAD PROCESAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; ESTUPEFACIENTES; REQUISA; PROCEDIMIENTO POLICIAL; IDENTIFICACION DE PERSONAS; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DERECHO A LA INTIMIDAD; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RAZONABILIDAD; CONSTITUCION NACIONAL-Derechos y garantías;
Rodriguez (Causa n°12570)Cámara Federal de Casación Penal - voto unipersonal
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación de la fiscalía y confirmó la absolución de la imputada (jueza Ledesma).
1. Vulnerabilidad. Género. Violencia de género. Igualdad. No discriminación.
“[A]tento a las especiales condiciones y circunstancias de vida de [la mujer imputada], nos encontramos ante un supuesto de especial vulnerabilidad de la mujer en un contexto de violencia de género y necesidad económica, cuyo análisis no puede limitarse únicamente a las disposiciones del art. [34] inc. 3 del Código Penal, sino que debe incluir los principios rectores de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que conforman nuestro bloque constitucional […]. Así pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado concretamente que las mujeres cabeza de familia son personas en estado de vulnerabilidad…”.
“[A]ún cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y no discriminación…”.
“[E]l análisis del presente caso requiere un enfoque integrador que incluya la perspectiva de género en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer […] y la ley 26.485, que imponen el deber de facilitar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y garantizar la asistencia a las mujeres víctimas de violencia, además de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres…”.
“Desconocer la situación de necesidad que primó sobre [la mujer imputada], quien […] se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal”.
2. Estado de necesidad. Género. Vulnerabilidad.
“[S]i bien el Ministerio Público Fiscal postula una interpretación dogmática y objetiva del estado de necesidad justificante, lo cierto es que dicho análisis no puede prescindir de los factores sociales de género, pobreza y violencia que gobiernan la sociedad actual y que se acentúan en determinadas regiones”.
“[S]e observa como primer agravio, la ausencia en el caso de un mal inminente por no encontrarse en juego la vida de la niña. [L]a inminencia del mal, en este caso, está determinada por la imposibilidad de [la mujer imputada] –debido a su situación de vulnerabilidad– de asumir con la premura que el médico le había indicado el tratamiento reconstructivo de la mano de su hija. Desde esta perspectiva, resulta claro que cuanto antes se opere mayores posibilidades tendrá de mejorar su calidad de vida”.
3. Violencia de género. Vulnerabilidad.
“[E]l fiscal puso en duda que [la mujer imputada] se encontrara en estado de vulnerabilidad o fuera víctima de violencia de género. [M]ás allá de que [la mujer imputada] efectivamente contara con la tarjeta [de su expareja] y su salario de 8000 pesos –salario que no alcanza ni mínimamente para cubrir las necesidades básicas de un grupo familiar–, no debemos olvidar que el sufrimiento psicológico actual de [la mujer imputada] también es una consecuencia directa del ejercicio de violencia física que sufrió durante 6 años en su ambiente familiar por parte de su expareja”.
“[E]l fiscal hace un análisis parcializado de las circunstancias, argumentando insuficientemente que es posible vivir y abastecer las necesidades de su familia con el salario de 8.000 pesos de su expareja, a quien, además, le cedía parte de ese dinero […]. Por otro lado, desconoce por completo el sufrimiento emocional y el hostigamiento psicológico que aún persistía sobre [la mujer imputada]. Extremo que por sí sólo constituye un grave escenario de violencia de género en los términos de las Convenciones citadas y que surge con claridad del informe psicosocial…”.
4. Transporte de estupefacientes. Género. Estado de necesidad. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes.
“[La fiscalía] cuestionó la ponderación de bienes efectuada por el juez haciendo alusión a la especial gravedad del delito que se le imputa vinculado al tráfico de estupefacientes y a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en la persecución de dichos delitos. Ahora bien, sin desconocer la trascendencia que reviste la persecución de ese tipo de criminalidad, no debe pasar inadvertido que, nos encontramos ante un supuesto de una mujer que actuó como ‘mula’ o ‘correo humano’”.
“[E]n la medida que el estado de necesidad presupone necesariamente un conflicto de intereses, lo decisivo debe ser el merecimiento de protección de un bien concreto, en una determinada situación social, lo que permite al juzgador ponderar las circunstancias sociales y personales, en detrimento de una valoración que podría ser pura objetividad dogmática y absoluta injusticia para la suerte del caso…”.
“En el caso, [la mujer imputada] está a cargo de la manutención, cuidado y contención de sus dos hijos menores, en un contexto de violencia de género y con una situación socioeconómica desfavorable –en los términos de la Convención–, producto de las ocasionales y precarias actividades laborales a las que ha podido acceder, y que además no ha completado sus estudios secundarios […]. En esta tesitura, es que debe afrontar con carácter urgente la cirugía que el médico le prescribió a su hija.
Teniendo en cuenta el contexto analizado, resulta evidente, la diferencia que existe entre los bienes jurídicos en juego. Por un lado, en términos abstractos se encuentra involucrada la salud pública (el bien protegido y tutelado en la Ley de Estupefacientes N° 23.737) –en este caso por el transporte de una cantidad inferior a un kilo de cocaína que era transportado por una mujer ‘mula’ en su cuerpo–, y por el otro, en términos bien concretos, la calidad de vida e integridad psicofísica de su hija de tan solo dos años que se encuentra en la etapa de desarrollo. En consecuencia, no existen dudas […] que, en este particular supuesto, la calidad de vida e integridad psicofísica de su hija era el bien con mayor protección legal.
Más aún si tenemos en cuenta la incidencia psicológica que la malformación también produce en la vida de su hija y la carga emocional que eso conlleva sobre [la mujer imputada]. [No es posible] dejar de lado las presiones sociales y culturales que recaen sobre el rol materno de la mujer, que inevitablemente impactan en su estado emocional y juegan un rol significativo a la hora de decidir la ponderación de intereses en juego.
Desde esta perspectiva, no [se advierten] fisuras en el razonamiento del tribunal, que tras observar y ponderar las circunstancias sociales y personales que expresan la situación de vulnerabilidad y violencia en la que se encontraba [la mujer imputada], consideró que ‘eligió’ un mal menor para salvar la integridad psicofísica de su hija”.
5. Estado de necesidad. Vulnerabilidad. Género. Violencia institucional.
“[E]l fiscal consideró que el dinero proveniente del delito no era la única alternativa posible para operar a su hija. [La mujer imputada], no estaba inserta en el mercado de trabajo formal y su cobertura social era muy precaria. […]En este contexto, cabe preguntarse ¿qué posibilidades reales tenía [la mujer imputada] de actuar de un modo alternativo para que su hija no vea disminuido su proyecto de vida? Para responder este interrogante no debemos perder de vista las diferencias que existen entre hombres y mujeres para hacer frente a la pobreza. […] Atendiendo a estas circunstancias, y sólo desde su posicionamiento, [es posible] comprender las dificultades que concretamente tuvo [la mujer imputada] para recurrir a otros medios menos lesivos”.
“[P]rescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad, para analizar la procedencia del estado de necesidad justificante, no sólo nos llevaría a incurrir en una posible causa de violencia institucional por omisión de la dimensión de género, sino también a efectuar una interpretación in malam partem, en contraposición con los principios de legalidad, pro homine y pro libertate que operan en nuestro sistema de garantías como límites al abuso del poder penal del Estado”.
“[L]as especiales condiciones de vida de [la mujer imputada] producto de la situación de violencia y vulnerabilidad económica que padecía, así como la ausencia de posibilidades para acceder a un trabajo mejor remunerado, redujeron sus posibilidades de elección para actuar conforme a derecho. En ese contexto, […] la posibilidad de obtener dinero mediante actividades vinculadas a delitos de drogas fue, para [la mujer imputada], la única alternativa posible para resolver el problema de salud de su hija de dos años”.
VULNERABILIDAD; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ESTADO DE NECESIDAD; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA INSTITUCIONAL;
Vázquez y otros (causa N° 27987)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación y anuló parcialmente la decisión en lo referido al monto de la pena impuesta y su modalidad de cumplimiento (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Ley de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Determinación de la pena. Interpretación de la ley. Equidad. Finalidad de la pena. Principio de proporcionalidad.
“[L]a hermenéutica jurídica contempla situaciones donde se verifica un conflicto entre el especial escenario del caso concreto y la rigidez impuesta por el carácter abstracto o la generalidad de los términos usados en el enunciado legal […]. En esa línea, la Corte ha indicado que ´razones de equidad y justicia´ aconsejan al juez tomar en cuenta aspectos de la privación de la libertad que van más allá de los límites del enunciado literal. [L]a interpretación en equidad resulta procedente cuando se verifica que la literalidad del texto, por su naturaleza general, aplicada al caso concreto, produce un resultado injusto o irrazonable que obsta a su progreso. No se trata de que la norma en si misma sea injusta o irrazonable, o que las circunstancias del proceso no se correspondan con sus previsiones, sino que su improcedencia en términos materiales acontece en la instancia operativa. En ese nivel, se determina que la excepcionalidad del caso provoca, que la generalidad de la escala punitiva, colisione con los propios objetivos buscados por el legislador de cara a la situación particular.
[Bajo esa lógica] corresponde efectuar una interpretación en equidad para corregir el monto mínimo de esa pena en abstracto, readaptando la punibilidad de la sanción privativa de libertad, de modo tal que habilite su cumplimiento en suspenso. [También] de ese modo […] se satisfacen los criterios retributivos y preventivos generales positivos del injusto culpable demostrado y, al mismo tiempo, se aseguran funciones preventivo especiales congruentes con la proporcionalidad, que impiden una pena cuya falta de necesidad la haría contraria a los valores constitucionales” (voto del juez Yacobucci).
2. Determinación de la pena. Finalidad de la pena. Reinserción social.
"[Debe observarse] como indicador relevante, el paso del tiempo entre el hecho comprobado, la concreción del juicio penal y, en definitiva, la pena impuesta [...]. No es como pretende la parte, que la escala penal mínima lesione de manera evidente la culpabilidad del condenado. Lo que sucede es que las finalidades retributivas, preventivo generales y especiales entran en crisis frente al sujeto alcanzado por la pena, cuando han transcurrido casi seis años desde el ilícito y el culpable ha reconstruido su existencia personal en libertad, manteniendo la fidelidad al derecho y mostrando marcadores de integración social y laboral positivos.
[R]esultaría probablemente contrario a los objetivos de reinserción social –satisfechos los preventivo generales positivos y retributivos– que [la persona], después de largos años en libertad, integrado según surge de las constancias traídas a consideración y habiendo incluso reconocido el hecho, se vea ahora extraído de esa situación para cumplir una pena que ha dejado de mostrarse como enteramente necesaria en su ejecución" (voto del juez Yacobucci).
3. Determinación de la pena. Principio acusatorio. Garantía de imparcialidad. Juicio abreviado. Ministerio público Fiscal.
“[T]al lo explicitado en la crítica impugnaticia, se impone evocar que: ´…la característica principal del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio previsto por nuestra Constitución Nacional implica: ‘…la división de poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir’ […].
También debe señalarse que: ´la garantía de la separación, así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad […] del juez respecto a las partes de la causa, que […] es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio´ […]” (voto del juez Slokar).
LEY DE ESTUPEFACIENTES; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; DETERMINACIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; EQUIDAD; FINALIDAD DE LA PENA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; JUICIO ABREVIADO; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
Brugger (Causa N° 5514)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por unanimidad, hizo lugar al recurso de apelación y modificó parcialmente la demanda. A su vez, incrementó el monto de la indemnización por daño moral (jueces Uriarte, Gusman y Antelo).
1. Estado nacional. Gendarmería Nacional. Fuerzas de seguridad. Responsabilidad. Elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Accidentes del trabajo. Accidentes in itinere. Contrato de trabajo. Cumplimiento de un deber. Obligación de seguridad.
“[E]l apelante parece desconocer la responsabilidad que emerge del deber de indemnidad que el empleador tiene respecto de su empleado, que se extiende al trayecto que lo lleva de su hogar al trabajo y luego de regreso. El accidente sufrido en el ámbito laboral y en el curso del desempeño de las funciones propias o con motivo de ellas –que incluye el accidente in intinere–, implica infracción al deber de seguridad que incumbe al principal respecto de sus dependientes en orden a la preservación de su integridad psicofísica, deber que es inherente al contrato –llámese de trabajo o de empleo público– que vinculara a las partes y preexistente al infortunio.
[V]ale la pena recordar que la obligación de seguridad es aquella en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o sus bienes sanos y salvos a la expiración del contrato […]. El dependiente tiene protección constitucional y legal por su condición de tal, y dicha protección alcanza su máxima expresión con este deber de seguridad que impone resultado.
[L]a propia Corte Suprema de Justicia de la Nación […] ha planteado la necesidad de evitar discriminaciones impropias equiparando al Estado con cualquier empleador que se sirve de trabajo ajeno y que, por tanto, debe afrontar los accidentes sufridos por sus dependientes ínterin el cumplimiento de sus tareas.
[T]oda vez que aparecen configurados en el caso los presupuestos de la responsabilidad que el demandante le ha endilgado a la demandada [Gendarmería Nacional], esto es, la existencia de un daño, la relación de causalidad del perjuicio y los hechos que le dieron origen –calificados administrativamente como ´en servicio´–, y su imputabilidad a la accionada en razón de su responsabilidad objetiva, no cabe más que confirmar la atribución de responsabilidad a cargo de la parte demandada, tal como ha resuelto la sentencia apelada…”.
2. Fallecimiento del trabajador. Indemninización. Daños y perjuicios. Daño moral. Daño psicológico. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Valor vida.
“[E]n lo tocante al único agravio de la parte actora –monto acordado por daño moral–, cabe señalar que en supuestos de la naturaleza de este litigio la existencia del daño moral no requiere prueba específica, porque está en el curso natural y ordinario de las cosas que la pérdida de un hijo lesione la afectividad de los padres que lo sobreviven, sin que pueda imaginarse situación con mayor repercusión espiritual, sobre todo cuando la muerte se produce en circunstancias inesperadas y trágicas, como aconteció en este caso […].
A los fines de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio del daño moral, como así también la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste…”.
ESTADO NACIONAL; GENDARMERÍA NACIONAL; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; ACCIDENTES DE TRÁNSITO; ACCIDENTES IN ITINERE; CONTRATO DE TRABAJO; CUMPLIMIENTO DE UN DEBER; OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD; FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR; INDEMNIZACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; DAÑO PSICOLÓGICO; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; VALOR VIDA;
Cohendoz (Causa N° 44634)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B
La Sala B, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por mayoría, modificó la sentencia recurrida. En este sentido, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios exclusivamente contra el médico obstetra, el instituto médico y la obra social de la actora (juez Parrilli y Ramos Feijoo).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Defensa del consumidor. Derecho a la salud. Asistencia médica. Ley aplicable. Interpretación de la ley.
“[C]omo el hecho dañoso que da origen a este proceso sucedió antes de la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial, este caso debe juzgarse aplicando las disposiciones del Código Civil, texto según decreto-ley 17.711. Sin embargo, en lo que respecta al centro médico y la Obra Social, su responsabilidad se juzgará bajo las normas del nuevo Código, en la medida que sean más favorables al consumidor y las de la ley 24.240, pues como proveedores del servicio médico se encontraban obligados a observar el deber de seguridad en la atención de la actora y su hija (artículos 2, 3 y 5 LDC 24.240 y art. 1093 CCCN)…”.
2. Asistencia médica. Responsabilidad. Responsabilidad médica. Daños y perjuicios. Reparación. Prueba. Informe pericial. Carga de la prueba. Apreciación de la prueba. Sana crítica.
“[N]o resulta factible hacer responsables a los médicos en forma objetiva como pretende el recurrente. Aquí no hay un obrar colectivo, sino sucesivos actos médicos de profesionales y especialidades –algunos de los cuales ni siquiera han sido traídos a juicio– que, en todo caso, concurrieron al resultado dañoso.
En consecuencia, respecto de los profesionales demandados si se pretende el resarcimiento de los perjuicios sufridos debe acreditarse no sólo que estos han existido, sino la relación de causalidad entre el obrar negligente de aquel a quien se imputa su producción y tales perjuicios […].
La carga de la prueba de esos extremos recae sobre la actora aunque no puede soslayarse la cooperación que debe brindar la parte que goza de facilidad probatoria, en este caso los demandados, en la búsqueda de la justicia…”.
“Referente a la demostración de los presupuestos de responsabilidad cabe observar que, en este tipo de juicios, la prueba pericial médica deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos […].
Además, tal relevancia de la prueba pericial se sustenta en que si bien las normas adjetivas no acuerdan el carácter de prueba legal al dictamen de los peritos y su fuerza probatoria debe juzgarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica (cfr. art. 386 y 477 del Código Procesal) lo cierto es que cuanto mayor es la particularidad del conocimiento, menor es la posibilidad de apartarse de lo dictaminado por los expertos…”.
3. Relación de causalidad. Médicos. Responsabilidad médica. Mala praxis. Culpa. Daño. Prueba. Apreciación de la prueba. Obra social. Asistencia médica. Defensa del consumidor. Usuarios y consumidores. Prestación de servicio. Deber de cuidado. Deber de asistencia. Seguridad social.
“[F]rente a esa complejidad, que especialmente presenta la demostración de la relación de causalidad en la culpa médica, doctrina y jurisprudencia han flexibilizado o aligerado la prueba de la interconexión entre el hecho o factor eficiente y el daño a fin de que la responsabilidad médica no se torne ilusoria […].
En ese sentido, se ha dicho que, cuando es imposible tener certeza o exactitud por la complejidad del caso, el juez podrá tener por acreditada la relación de causalidad si existen elementos probatorios que permitan deducir con un grado de suficiente probabilidad, que la conducta del médico resultó idónea para producir el daño...”.
“[E]s que, entre dichas entidades [Instituto médico y la obra social] y [la actora] se configuró una relación de consumo (art. 3 de la ley 24.240) que hace aplicable estatuto del consumidor aun cuando no haya sido invocado por la demandante (art. 42 de la Constitución Nacional y art. 65 ley citada).
De manera que tanto [su obra social] como su prestadora (I.M.O) eran responsables directos de garantizar el cuidado y seguridad de la actora y su hija, finalmente fallecida, aun cuando se hubiesen valido de terceros para el cumplimiento de la prestación comprometida […].
“[E]n cuanto a [la obra social], sin perjuicio de su encuadre en la apuntada relación de consumo, no puedo dejar de observar que tal como ha señalado la Corte Federal, en la actividad de las obras sociales ha de verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere un carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios, ni subestime la función que compete a los profesionales que participen en la atención brindada en las aludidas entidades. El adecuado funcionamiento del sistema médico asistencial no se cumple tan sólo con la yuxtaposición de agentes y medios o con su presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos ellos se articulen activamente en cada momento y en relación a cada paciente; porque cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el sistema y un acto fallido en cualesquiera de sus partes, sea en lo que hace a la prestación médica en sí como a la sanitaria, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su control […].
“[E]s claro que probada la culpa del médico en la atención de la paciente se configurara la violación del deber de seguridad y el incumplimiento contractual de manera irrefragable, pero también lo es, que no será necesario probar esa culpa en todos los casos para que respondan, pues también deberán hacerlo al incumplir otras obligaciones que integran el plan prestacional, como […] ha sucedido en este caso, al no haber demostrado que el instituto demandado contara con un programa de vigilancia epidemiológica y control de infecciones y un comité de control de infecciones hospitalarias, para evitar la infección hospitalaria…”.
4. Embarazo. Malas praxis. Tratamiento médico. Responsabilidad médica. Prueba. Informe pericial. Sana crítica.
“[E]l Sr. Juez se equivoca cuando desecha la prueba pericial de obstetricia y afirma que ‘la cuestión que se discute en autos se encuentra referida al tratamiento médico que se brindó a la menor y a partir de ello la eventual responsabilidad de los demandados en su fallecimiento’ centrándose en el análisis de la pericial de neonatología.
Las máximas de experiencia y la lógica, que integran la sana crítica (art. 386 del CPCCN) permiten afirmar que la sola rotura prematura de las membranas (RPM) no es signo suficiente para concluir en que la cesárea debe realizarse en forma inmediata como lo hiciera el Sr. Juez. Además, aquí estábamos ante una gestación de 28 semanas lo cual imponía intentar prolongar al máximo el período de latencia, es decir el transcurrido entre la rotura prematura de las membranas y el nacimiento. Así parecen haberlo entendido los médicos que atendieron [a la actora] ese mismo día a poco que se repare –como atinadamente lo señala el apoderado de la actora– que la ruptura de las membranas se produjo unas ocho horas antes al comienzo de la cesárea…”.
5. Daño. Tratamiento médico. Asistencia médica. Relación de causalidad. Prueba. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad.
“[S]egún la Organización Mundial de la Salud, las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), también denominadas infecciones «nosocomiales» u «hospitalarias», son aquellas contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. Las IAAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno en el que reciban atención sanitaria, y pueden aparecer también después de que el paciente reciba el alta.
Precisado lo anterior sobre el origen intrahospitalario del germen y su probable vía de ingreso al organismo parece oportuno señalar que ´como la prueba misma de la relación causal en cuanto al origen del contagio de una infección intrahospitalaria puede llegar a ser diabólica, si se prueba el contacto físico entre el actuar y menoscabo que presenta el enfermo y no se puede conocer a ciencia cierta cuál fue la causa del daño ello no será obstáculo para que los magistrados, a tenor de los elementos de convicción aportados y las circunstancias del caso, puedan dar por cierta la existencia de la relación causal, ya que, por ser en extremo dificultosa la demostración de ella, toca aligerar o flexibilizar las exigencias probatorias´ […].
En consecuencia, si el Instituto Médico de Obstetricia es el único centro médico en que estuvo internada la niña desde que nació hasta que contrajo la sepsis, la circunstancia que se haya producido el contagio por un germen que se determinó que es intrahospitalario y exógeno al paciente, sumado a que no se acreditó la existencia de un plan de control de infecciones hospitalarias, permite inferir el incumplimiento de las medidas de seguridad necesarias y que con la debida asepsia ello podría haberse evitado […].
[A]ún cuando no puede afirmarse sin hesitar que el obrar de los demandados desencadenara la muerte de la niña, a poco que se repare que se trataba de un embarazo de riesgo con antecedentes de parto prematuro, lo cierto es que las pruebas producidas generan convicción en punto a que la realización intempestiva de la cesárea […] – sin la suficiente maduración pulmonar del feto, sin verificar que se presentaba una concreta situación de riesgo de rotura uterina en la madre que la justificase y sin suministrar una dosis de rescate de corticoides– colocó a la niña en una situación de mayor vulnerabilidad que, al concurrir causalmente con la posterior infección hospitalaria por ´staphylococcus epidermidis´, privó a la recién nacida de una chance cierta de sobrevida…”.
6. Valor vida. Daño patrimonial indirecto. Daño psicológico. Daño moral. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales.
“[L]a Corte Federal ha dicho que la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes […].
A la luz de lo referido, lo que se valora no es la vida misma sino las consecuencias que se generan hacia otros sujetos; precisamente por el cese de la posibilidad de esta actividad creadora en el futuro que la muerte elimina. O sea, que corresponde desentrañar la eventual privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la niña podía haber llegado a reportar a la actora…”.
“[L]as lesiones a la psiquis no constituyen una categoría autónoma, puesto que tales lesiones pueden conculcar intereses de índole patrimonial o moral […]. El daño psicológico puede implicar, ante todo, un daño patrimonial indirecto, en tanto genera deterioros orgánicos que impidan o dificulten el ejercicio habitual de las actividades laborativas de la víctima; pero además, en todo caso, inflingen un daño extrapatrimonial directo, al disminuir o afectar la integridad personal del damnificado, por lo que también es reparable el daño moral que trasunte el deterioro psíquico o afectivo de la persona en su vida de relación…”.
“[E]s que la pérdida de un ser querido, sobre todo cuando se trata de un familiar cercano, ocasiona de por sí un daño moral evidente, que se padece en la parte afectiva del patrimonio moral y se concreta en el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia y el temor por las consecuencias de lo irreparable. La muerte del cónyuge que integra nuestra vida, de los padres que nos dotaron de ella y guiaron los primeros pasos, de los hijos que son un desprendimiento de la propia vida, acarrean daños morales imborrables…”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; RESPONSABILIDAD; RESPONSABILIDAD MÉDICA; DAÑOS Y PERJUICIOS; REPARACIÓN; PRUEBA; INFORME PERICIAL; CARGA DE LA PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; SANA CRÍTICA; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; MÉDICOS; MALA PRAXIS; CULPA; DAÑO; OBRA SOCIAL; USUARIOS Y CONSUMIDORES; PRESTACION DE SERVICIO; DEBER DE ASISTENCIA; DEBER DE CUIDADO; SEGURIDAD SOCIAL; EMBARAZO; TRATAMIENTO MÉDICO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; VALOR VIDA; DAÑO PATRIMONIAL INDIRECTO; DAÑO PSICOLÓGICO; DAÑO MORAL; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES;
Internos U.R. III y U.R. II del CPF V (causa N° 678)Juzgado Federal de 1a Instancia de Neuquén Nº 2
El Juzgado Federal de Neuquén N° 2 hizo lugar a la acción por haberse configurado un agravamiento en las condiciones de detención vinculado con la modalidad de las requisas. Asimismo, exhortó a las autoridades del complejo para que dichos procedimientos se ejecuten en cumplimiento de la normativa vigente y garanticen el respeto de la dignidad humana (juez Villanueva).
1. Ejecución de la pena. Cárceles. Hábeas corpus. Procesos colectivos. Condiciones de detención.
“[La] vía intentada resulta idónea para salvaguardar los derechos que se aducen conculcados, y que -por tratarse del modo en cómo se ejecutan los procedimientos- involucra a toda la población del establecimiento carcelario. [L]a decisión que se adoptará tendrá un alcance general, no sólo porque de lo contrario aparecería repugnado un elemental principio de igualdad sino también para evitar un eventual dispendio de actividad jurisdiccional”.
2. Ejecución de la pena. Cárceles. Requisa. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Derecho a la integridad personal. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[U]n exceso de [las] facultades [del Servicio Penitenciario Federal] quitarles su vestimenta [a las personas destinadas] hasta el desnudo en un sitio no del todo adecuado –por tratarse de celdas compartidas, en las que se alojan con pares y a las que accede personal penitenciario–, pues no quedan dudas que su dignidad es afectada de manera flagrante.
Lo observado resulta innecesario, por cuanto existiendo dispositivos electrónicos destinados a la detección de objetos metálicos peligrosos –incluso aparatos de telefonía móvil–, bien se puede acudir al uso de estos para el adecuado control de las funciones asignadas al personal de requisa”.
“[E]l método de control escogido –aunque la autoridad alegara su carácter excepcional, razonado en la posible introducción al pabellón de elementos peligrosos–, no solo lesiona el derecho a la integridad física y moral de las personas […] y el derecho a la protección de la honra y la dignidad […], sino que también resultan contrarias a la finalidad de prevención especial positiva que orienta la ejecución penal […], debiendo agregar[se] los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas…”.
“[R]esulta necesario destacar que el Protocolo General de Registro e Inspección del Servicio Penitenciario Federal […] establece como regla el registro superficial, consistente en una inspección corporal tendiente a detectar todo elemento no permitido que pueda ocultarse entre las prendas de vestir y/u objetos personales mediante la utilización de dispositivos tecnológicos y, de manera subsidiaria, autoriza el registro manual […], estableciendo de modo excepcional el registro integral […], y agrega que tal modalidad integral consiste en la inspección corporal, luego de haber sido invitado a desvestirse en forma parcial, no quedando en ninguna circunstancia en completa desnudez…”.
“[E]n aquellos casos que la coyuntura carcelaria –razones de necesidad y urgencia– requiera acudir a la vía excepcional, debe darse estricto acatamiento al procedimiento diseñado por la normativa que rige la materia, indicando el proceder adoptado, razones que lo motivaron y el personal interviniente, además de labrar las actuaciones que correspondan a partir del resultado obtenido, con comunicación a las autoridades. Ello, de conformidad con lo establecido en la Regla 51 (Reglas Mandela)…”.
“[D]e conformidad con cuanto se ha señalado respecto de la desnudez de los internos, indudablemente significó un agravamiento en sus condiciones de detención fundado en una afectación a la intimidad y dignidad de las personas alojadas, por especial impacto a su pudor”.
3. Ejecución de la pena. Cárceles. Requisa. Prueba. Registro en video. Servicio Penitenciario Federal.
“[A] los efectos de cumplir cabalmente con el [´Protocolo de uso de cámaras portátiles audiovisuales´], es que [se ordena] al Director del CPF V que –en lo sucesivo– arbitre las medidas necesarias para que el personal de requisa ajuste el procedimiento de filmación a lo establecido en el Anexo I, debiendo captarlo íntegramente desde su inicio hasta su finalización, eso es, el momento de ingreso, permanencia y salida de los agentes, permitiendo la identificación de cada una de las celdas, reiterando lo asentado en el protocolo de mención, en lo atinente a que la instrucción de documentar el procedimiento de manera que sirva como elemento probatorio, no solo de las denuncias efectuadas por los internos sino también frente a posibles falsas acusaciones al personal”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; CÁRCELES; HÁBEAS CORPUS; PROCESOS COLECTIVOS; CONDICIONES DE DETENCIÓN; REQUISA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRUEBA; REGISTRO EN VIDEO; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL;
Habeas corpus CPF V (causa Nº 628)Juzgado Federal de 1a Instancia de Neuquén Nº 2
El Juzgado Federal de Neuquén N° 2 hizo lugar al habeas corpus correctivo, amplió su alcance a toda la población carcelaria y dispuso que en el término de treinta días el CPF V subsanara las falencias verificadas por la inspección bromatológica (juez Villanueva).
1. Habeas corpus. Cárceles. Condiciones de detención. Derecho a la salud. Derecho a la alimentación. Principio de dignidad humana.
“No puede desconocerse que es alto el riesgo de propagación de enfermedades infectocontagiosas –algunas de ellas de carácter grave, tal como la leptospirosis– ante la presencia de roedores y sus excrementos mezclados en el pan, como así también las cucarachas y gorgojos que deambulan en los sectores que fueran objeto de inspección. Tampoco [se puede] soslayar [que] si Bromatología hubiera advertido tal gravedad, la decisión a tomar hubiera sido otra: la de clausurar las instalaciones y no asignar un plazo para remediar tales falencias; estimo más bien que al tratarse de un establecimiento de elaboración de productos –en el caso, panificación– y constatadas las falencias […] se optó por intimar al Servicio Penitenciario a solucionarlas, estableciendo plazos para ello”.
“No cabe duda pues, que ha habido un desmedro de los derechos esenciales de los accionantes –que incluye a toda la población del CPF V, toda vez que se hornea el pan una vez al día– al carecer este producto y las instalaciones donde se manufactura de las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas […]. Es deber del Estado organizar sus estructuras y [las] conductas de sus funcionarios de modo tal que garanticen, efectivamente, la satisfacción de los derechos de los detenidos a una alimentación acorde a su dignidad personal y a [la] necesidad de preservación de su salud integral”.
HÁBEAS CORPUS; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;
Cerron Ruiz (Causa N° 38120)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el recurso extraordinario concedido (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
1. Sentencia condenatoria. Doble conforme. Revisión judicial. Recurso de casación.
“[E]n ‘P., S. M. y otro’ (Fallos: 342:2389), se estableció que ante el dictado de una sentencia condenatoria en sede casatoria, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado debe ser salvaguardada directamente en dicho ámbito mediante la interposición de un recurso de casación que deberán resolver otros magistrados que integren ese tribunal, sin necesidad de que el imputado deba previamente recurrir a esta Corte para obtener una decisión que ordene que tenga lugar dicha revisión” (considerando 1°).
2. Sentencia condenatoria. Notificación. Revisión judicial.
“[E]n atención a que en dicho precedente también se precisó que el criterio jurisprudencial allí establecido no se aplicaría a las causas en que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal casatorio hubiera sido notificada con anterioridad a su dictado, a los efectos de no contrariar el criterio explicitado, ni tampoco vulnerar los derechos de los recurrentes, corresponde remitir nuevamente las actuaciones a la instancia de origen, para que la defensa de la imputada pueda obtener la revisión del fallo condenatorio mediante la interposición del recurso correspondiente; habilitándose a tal efecto los plazos pertinentes a partir de la notificación de la radicación de los autos en el tribunal casatorio” (considerando 2°).
SENTENCIA CONDENATORIA; DOBLE CONFORME; REVISION JUDICIAL; RECURSO DE CASACIÓN; NOTIFICACIÓN;
Malla Agüero y otros (causa N° 7113)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Mendoza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza, por mayoría, unificó las penas correspondientes e impuso una pena de seis años de prisión (jueces Cortés y Salinas).

“[La persona] habría sido abusada sexualmente por una persona encargada de su custodia, mientras ella se encontraba en una celda del Servicio Penitenciario Federal privada de su libertad. […] De este modo, el hecho de no agravar la respuesta punitiva por encima de lo solicitado por la defensa constituye una nueva forma de dar una respuesta estatal que busque atenuar las consecuencias de un ataque sexual perpetrado por un agente del mismo Estado”.
“[L]a especial condición de víctima que actualmente reviste [la persona condenada] integra las condiciones personales fijadas como parte de los índices de mensuración punitiva previstos por los Arts. 40 y 41 del Código Penal. […] Se trata de una especial condición de vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta, de conformidad con las previsiones de las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. […] Son las propias Reglas de Brasilia las que instan a las autoridades a adoptar medidas adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito sufrido (Regla Nº 12)”.
CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; UNIFICACIÓN DE PENAS; ABUSO SEXUAL; DETERMINACIÓN DE LA PENA; VULNERABILIDAD;
Zumbay (causa Nº 3546)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar al recurso de apelación y ordenó a la ANSeS que abonase en forma inmediata la Asignación Universal por Hijo suspendida hasta tanto se resolviese el trámite principal (jueces Rabbi Baldi Cabanillas, Sola Espeche y French).
1. Medidas cautelares. Medida de no innovar. Peligro en la demora.
“[C]abe recordar que `las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces, y si bien para descartarlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus bonis iuris, siendo admisibles en tanto y cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable´ […].
Pues bien, el art. 230 del CPCCN dispone que `podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicios, siempre que: 1°) El derecho fuera verosímil. 2°) Existiere peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3°) La cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria´.
Por medio de esta se trata de `asegurar la inalterabilidad de la situación de hecho existente mientras se sustancia el proceso principal, en tanto su modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible (art. 230, inc. 2°, del CPCCN), de tal manera que no pueda cambiarse de estado la cosa objeto del juicio para que no sea trabada la acción de la justicia´ […]. `Se observa que la medida tiene un objeto inmediato, a saber: que no se modifique ni altere la situación fáctica o jurídica. Y un objeto mediato: que al momento de la sentencia pueda ésta cumplirse si el derecho le es reconocido al litigante, despejando la posibilidad de que se torne ilusorio el derecho que pueda corresponderle, evitando así un perjuicio irreparable´ como el que derivaría de `la concreta realización de actos o hechos cuyas consecuencias se prevén como definitivamente perjudiciales´…”
2. Medida de no innovar. Actos administrativos. Medidas precautorias. Peligro en la demora.
“Asimismo, corresponde puntualizar que `si bien por vía de principio, la prohibición de innovar –como la dispuesta en autos–, no procede respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles´ […] por lo que en esos supuestos, la apreciación de las circunstancias particulares del expediente a los fines de la ponderación de los requisitos que hacen a la admisibilidad de la medida solicitada debe examinarse con mayor severidad y con carácter restrictivo […].
Finalmente, cabe reseñar que para acceder a la medida precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la justifique, el que debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros […], siendo este presupuesto aún más exigible cuando la petición cautelar coincide con la petición de fondo, en tanto su concesión implicaría desnaturalizar la finalidad asegurativa que inspira el instituto provisorio, cuando no existan circunstancias que justifiquen un adelanto de jurisdicción”.
3. Medidas cautelares. Responsabilidad del Estado. Verosimilitud del derecho.
“[E]l supuesto de autos se encuentra dentro de las prescripciones previstas por el art. 14 inc. 1° puntos a), b) y c) de la ley 26.854 que viabiliza el dictado de medidas cautelares en contra del Estado Nacional ante la inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico concreto y específico a cargo de la demandada frente a `la fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública exista´.
Así, pues, en el limitado y provisorio marco de conocimiento propio del instituto en examen, aparece configurado el requisito que atañe a la verosimilitud del derecho con el grado antes referido, ya que se está frente a una cuestión que permite en el estado actual de discusión y análisis tener por acreditado un mejor derecho de la actora frente a un acto administrativo que, en principio, resultaría arbitrario”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA DE NO INNOVAR; PELIGRO EN LA DEMORA; ACTOS ADMINISTRATIVOS; MEDIDAS PRECAUTORIAS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Guaita (Causa N° 26887)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, Sala II
La sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón confirmó tanto la medida cautelar impuesta como la resolución apelada (voto de los jueces Jordá y Gallo).
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Convención sobre los Derechos del Niño. Educación. Establecimiento educativo. Emergencia sanitaria. Vulnerabilidad. Acción de amparo.  
“[H]ay algo que necesariamente [se debe] ponderar: la cuestión a decidir aquí involucra derechos de niños, niñas y adolescentes. En casos así, una pauta fundamental a tener en cuenta es aquella que nos indica que debe prevalecer su interés superior, por sobre el de otros sujetos involucrados (art. 3 CIDN)”.
“[S]i bien el impacto concreto en cada caso, deberá ser objeto de prueba, como pauta general, la situación de emergencia genera, en una primera aproximación (propia de las providencias cautelares), al menos una presunción (art. 163 inc. 5 CPCC) de incidencia desfavorable en la economía de las personas”.
“[El] mantenimiento del acceso a la educación debe […] ser interpretado ampliamente, y no de manera estrecha o restrictiva; así, debemos leerlo en el sentido del mantenimiento en las condiciones en que se venía dando con anterioridad la actividad educativa, incluso persistiendo dentro de la misma comunidad.
Es que si al impacto que, de por sí, genera la situación sanitaria sobre los NNA le sobreagregamos el de cambio de institución educativa, con todo lo que ello implica para su desarrollo, estaríamos desatendiendo la necesidad de protección [y] su interés superior”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Emergencia sanitaria. Ministerio de Educación y Justicia. Establecimiento educativo. Medidas cautelares. Medida de no innovar. Verosimilitud del derecho.
“[D]ebemos abrevar en las recomendaciones formuladas por el Ministerio de Educación. [Entre ellas el ministerio ha recomendado] 'FLEXIBILIZAR, REPROGRAMAR O EXTENDER LAS FECHAS DE LOS VENCIMIENTOS DE PAGO de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses), y SUPRIMIR LAS MULTAS y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio'”.
“[D]e este modo, la decisión de no reservar las vacantes, con la consecuencia de disponer la no continuidad de los NNA en la institución educativa, por motivos económicos, cuando el establecimiento parece no haber cumplido, en forma cabal las […] recomendaciones ministeriales, hacen a la verosimilitud del derecho”.
“[E]n cuanto al acatamiento de la cautelar decretada si bien es cierto que podría generarse alguna cuestión interpretativa (en relación a si se trata de una medida de no innovar o innovativa) el sentido final de la misma es claro en cuanto a que, para acatarla, la recurrente debe actuar lo conducente para que los NNA sean matriculados para este ciclo lectivo y puedan comenzar a cursarlo allí; ello, se insiste, independientemente de que se ventilen —en otro ámbito— las cuestiones económicas pendientes con los progenitores”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; EDUCACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; EMERGENCIA SANITARIA; VULNERABILIDAD; ACCION DE AMPARO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; MEDIDAS CAUTELARES; MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA; MEDIDA DE NO INNOVAR;
Jiménez (causa N° 22058)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar al recurso de casación y anuló la resolución impugnada. A su vez, extendió el alcance de la decisión a las restantes personas involucradas (jueces Petrone y Barroetaveña, y jueza Figueroa).
1. Juicio abreviado. Ley de estupefacientes. Arbitrariedad. Pena. Determinación de la pena. Nulidad.
“[P]or la calificación de los hechos imputados y por los que fueran llevados a juicio, en abstracto, las partes se encontraban impedidas de celebrar un acuerdo en los términos del art. 431 bis del rito, al encontrarse ausente un elemento esencial para su viabilidad, esto es, que el fiscal pudiese estimar suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años de prisión.
[L]a transgresión a las normas que gobiernan el procedimiento de juicio abreviado, surgen palmarias en tanto el acuerdo celebrado entre las partes contiene penas que exceden lo estipulado por el instituto”.
“[L]a sentencia ha sido dictada mediante un mecanismo abreviado no contemplado legalmente para casos como los que tratan estas actuaciones. [Por este motivo] corresponde descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, ello es así, por cuanto la doctrina de la arbitrariedad exige que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, extremo que no ha sido observado en el caso” (voto de la jueza Figueroa).
2. Juicio abreviado. Nulidad. Interpretación de la ley. División de los poderes.
“[N]o le compete al Poder Judicial ampliar la letra de la ley a supuestos no contemplados.
Sostener lo contrario implicaría arrogarle al Poder Judicial decisiones de política criminal que, por disposición constitucional, le corresponden al Poder Legislativo”.
“[I]mponer penas superiores a ese tope mencionado en este juicio especial no sólo está prohibido por la norma, sino que además desnaturaliza por completo el fin de la misma.
[E]n el caso ha existido un exceso de jurisdicción al aplicarse el procedimiento abreviado a un supuesto no previsto legalmente” (voto del juez Petrone).
“[E]l instituto del juicio abreviado regulado en nuestro código de procesal federal, a diferencia del codificado en otras legislaciones procesales provinciales, establece como límite para acceder a un final acordado que el delito se conmine con una pena que no alcance los seis años de prisión”.
“[C]abe memorar que no es posible dejar librado al azar la posibilidad de que aquellos que formen parte de un proceso adquieran la potestad de modificar alguna de las reglas contenidas en un código –salvo por la vía constitucional correspondiente–, en tanto sus disposiciones están orientadas, entre otras cuestiones, al resguardo del orden público” (voto del juez Barroetaveña).
JUICIO ABREVIADO; LEY DE ESTUPEFACIENTES; ARBITRARIEDAD; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DIVISIÓN DE LOS PODERES;
GEN (Causa Nº 3951)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, por unanimidad, revocó la decisión e hizo lugar al emplazamiento filial. A su vez, ordenó adicionar en las partidas de nacimiento el apellido de la mujer accionante (jueces Igoldi y Rodiño).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Vigencia de la ley. Intertemporalidad de las leyes. Ley anterior. Ley aplicable. Interpretación de la ley.
“[Surge de] las constancias reunidas en autos que [el] procedimiento médico fue realizado en forma anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley [Código Civil y Comerical de la Nación] (13/03/2015, fs. 77), aunque sus efectos más relevantes se produjeron con posterioridad, tal como el nacimiento de los niños […] acontecido el día 13/11/15.
De modo que resulta entonces importante precisar la ley que regirá el caso, pues se trata de una situación jurídica no contemplada en la anterior normativa. Así, explica Kemelmajer de Carlucci que ´(...) en opinión de Roubier, las leyes que crean situaciones nuevas, que no existían antes, deben ser asimiladas pura y simplemente a las leyes relativas a la constitución; o sea, rige la ley vigente al momento de la constitución (...)´por ser una consecuencia inmediata y una norma procesal, es de aplicación inmediata el art. 577 […]. Es decir, que conforme lo señalado, el presente caso ha de analizarse bajo la óptica del nuevo ordenamiento puesto que el nacimiento de los niños se produjo en vigencia del mismo…”.
2. Código Civil y Comercial de la Nación. Familia. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Voluntad procreacional.
“[L]a normativa introducida por el nuevo digesto [artículos 560 y 562 del Código Civil y Comercial] señala como elemento determinante de este tipo filial la existencia del consentimiento previo, libre e informado. Sin embargo, no puede dejar se observarse que dicho elemento es la consecuencia material de la existencia de una voluntad procreacional o voluntad parental anterior. Es decir, que en los procesos como el presente deben existir dos elementos, que si bien se encuentran estrechamente vinculados, presentan distinta naturaleza. Así, podríamos considerar a la voluntad procreacional como el elemento subjetivo presente en el proceso de las técnicas de reproducción humana asistida (en adelante TRHA), mientras que el consentimiento informado constituye su materialización formal, es decir, consiste en el elemento objetivo.
En este sentido se ha señalado que el elemento más relevante en la determinación de la filiación del niño nacido por TRHA es el de la voluntad o decisión de que ese ser naciera, no sólo en cuanto causa eficiente última e infungible, sino porque los demás elementos, biológicos, pueden ser sustituidos todos. Lo que nadie puede suplir en cada caso concreto para un determinado nacimiento, es el acto de voluntad en ese sentido de una pareja. El hijo nace por su exclusiva decisión de que nazca, causa suficiente e insustituible, y por tanto, la más relevante: sin ella, ese hijo no hubiera nacido […].
Es que en este tipo filial, la voluntad procreacional adquiere especial relevancia, que lo coloca por encima del elemento biológico. Por ello, se ha comenzado a hablar de parentalidad voluntaria o voluntad procreacional. ´Las TRHA han provocado una nueva vuelta a la verdad voluntaria en la que la filiación ya no se determina por el elemento genético o biológico, sino por el volitivo´ […].
Las [dos mujeres] conforman un vínculo familiar estable y que en las mismas ha existido el deseo y voluntad de tener hijos. Es decir, […] el elemento volitivo ha existido en el proyecto familiar de las peticionantes, lo que me convence de la existencia de la voluntad procreacional necesaria para el tipo filial en estudio…”.
3. Tratamiento médico. Derechos del paciente. Consentimiento informado. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Voluntad procreacional. Niños, niñas y adolescentes.
“[E]ste consentimiento constituye el elemento material que exterioriza la voluntad procreacional de quienes se someten a la práctica de las TRHA. Se trata de un derecho humano fundamental que consiste en ´la declaración de voluntad efectuada por un paciente, por la cual éste decide prestar su conformidad y someterse a un procedimiento o intervención quirúrgica, que se le propone como medicamente aconsejable, luego de haber recibido información suficiente al respecto´ […].
Ha de destacarse que en el caso de las TRHA el consentimiento informado cumple una doble función: Por un lado constituye un acto personalísimo por el cual el usuario de la TRHA decide someterse a ella, y por el otro, es el documento formal por el que se instrumenta la voluntad procreacional e instituye la filiación derivada de estas técnicas. Es decir, se trata de un elemento formal que además de ser previo, libre e informado debe cumplir con otras características como son: ser personal, especifico, actualizado, manifiesto o expreso, etc.
En cuanto a ello, y en virtud de la asimetría existente en la relación médico-paciente se ha señalado que es el profesional quien debe tener en cuenta las circunstancias de los pacientes, debiendo personalizar la información teniendo una comunicación abierta y sincera. ´Lo ideal sería que la personalización genere un consentimiento informado redactado para cada personas en particular con base en su caso concreto y no se trate de un simple formulario preimpreso´ […].
En igual sentido se destacó que de conformidad con la ley 14/2006 se exige a los médicos y los responsables de los centros o servicios sanitarios donde se realizan las TRHA informen previamente de las consecuencias de ellas, de sus posibles resultados, de los riesgos previsibles, así como también de cuantas consideraciones de carácter biológico, jurídico, ético o económico pudieran afectar a los usuarios…”.
4. Código Civil y Comercial. Reforma legal. Ley anterior. Ley aplicable. Consentimiento informado. Inscripción registral.
“[A]l momento de la práctica (13/03/15) no se encontraba aún vigente el Código Civil y Comercial, ni la exigencia del consentimiento previo, libre e informado, por lo cual este requisito no era, en ese momento, exigible a las usuarias. En este sentido, en un interesante precedente se sostuvo que ‘ ahora bien, este requisito fuente de la filiación por las TRHA, surge a partir del 01.08.2015 y recordemos que la inseminación se realizó el día 24.abril.2015 (doc.14) mal podría entonces pretendérseles a las Sras. P. y L. que hayan dado cumplimiento con la exigencia del mismo para inscribir a la niña con doble filiación´.
[A]simismo, la doctrina destaca que es sabido que antes del CCyC la mayoría de los centros médicos no involucraban —erróneamente— a la pareja mujer de quien se sometía a técnicas de reproducción, en especial cuando ésta no aportaba material genético, aunque la voluntad procreacional estaba presente de facto.
[R]eiterando que el consentimiento informado se trata de un derecho humano del paciente, formal, específico y, naturalmente, circunstanciado, por lo que debe tener en cuenta las características especiales de la persona sometida a tratamiento y todo lo relativo a la misma, debiendo incluso señalarse e informarse a la paciente todo lo concerniente a la filiación que ha de surgir en virtud del mismo; es que entiendo que el genérico agregado en autos no cumplió adecuamente esa finalidad, permitiendo incluso presumir la existencia de información allí no contemplada ni consignada.
[N]o puede hacerse recaer sobre la peticionante un requisito que no era legalmente exigible al momento de iniciarse la práctica a la que fuera sometida —por no encontrarse previsto en la legislación vigente a este tiempo—, ni tampoco, y en especial, sobre los niños […] las consecuencias derivadas de la inexistencia de un consentimiento real y adecuadamente informado…”.
5. Convención sobre los derechos del niño. Código Civil y Comercial de la Nacion. Derecho a la identidad. Derecho a la información. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Técnicas de reproducción humana asistida.
“[N]o puede dejar de destacarse que en todo proceso en que se encuentren involucrados intereses de niños, niñas y/o adolescentes, el norte que debe guiar la decisión es su superior interés (art. 3 CDN, art. 3 ley 26.061, art. 4 ley 13.298). Este principio fundamental debe ser entendido como ´la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos´(Conf. art.3 ley 26.061).
[S]e encuentra en juego el derecho de identidad de los niños […], por cuanto los mismos merecen poder acceder a la información adecuada sobre su origen. Como es sabido, el derecho a la identidad comprende diversos aspectos de la vida y personalidad del titular, y en tal sentido, se ha señalado que posee una faz estática y una faz dinámica: la primera se refiere al origen genético-biológico de la persona, y la segunda, en cambio, se configura por lo que constituye el patrimonio cultural y vital de la personalidad y su desarrollo histórico-existencial.
Se trata de un derecho humano fundamental con reconocimiento convencional (conf. art. 7 CDN) y que en sentido amplio excede al factor biológico. Así se sostiene que ´la identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos pues en ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros seres humanos (...)´[…].
En el caso particular de las TRHA se produce una disociación entre los elementos genéticos, biológico y volitivo, por lo cual garantizar el derecho a la identidad implica asegurar al niño nacido su verdad genética, biológica y voluntaria.
[E]en el caso de mantenerse el rechazo de la acción intentada se estaría afectando el derecho de los niños […] a poder acceder oportunamente a la información referida a su origen. Es decir, el derecho a saber que han nacido a través de un proceso de reproducción asistida heteróloga y con ello la posibilidad de ejercer su derecho a la información previsto por los arts. 563 y 564 del Código Civil y Comercial […]. Se debe agregar su derecho a conocer quienes han ejercido la voluntad procreacional para su concepción y nacimiento, esto es, el derecho que tienen a saber que han sido deseados por las peticionantes…”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; VIGENCIA DE LA LEY; INTERTEMPORALIDAD DE LAS LEYES; LEY ANTERIOR; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; FAMILIA; FILIACIÓN; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); VOLUNTAD PROCREACIONAL; TRATAMIENTO MÉDICO; DERECHOS DEL PACIENTE; CONSENTIMIENTO INFORMADO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; REFORMA LEGAL; INSCRIPCIÓN REGISTRAL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Fleitas (causa N° 13141)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación y absolvió al imputado (jueces Sarrabayrouse y Morin).
“[S]i la función del Derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos y debe ser la última ratio del sistema, la conducta desplegada por Fleitas no afectó el patrimonio del negocio porque no sólo las cuatro frutas que intentó llevarse no representan un valor económico significativo, sino porque también fueron recuperadas de inmediato. Las características del hecho, además, revelan la inexistencia de una acción que por sus características disvaliosas justifique la intervención del Derecho penal, si se toma en cuenta la falta de violencia o fraude en la conducta reprochada”.
“[No] puede pasarse por alto el nudo central que exhibe el asunto con independencia del enfoque dogmático a que se adopte y la concepción sobre la función y los fines del Derecho penal: la aplicación del castigo penal en contextos de desigualdad, esto es, la concreta situación social y personal de Fleitas […], que excede la sola consideración para la medición de la pena…” (voto del juez Sarrabayrouse).
“[En el precedente Catule] se puso de manifiesto que los criterios para resolver acerca de la aplicación de este principio [principio de insignificancia] no se agotaban en el valor económico de la cosa sustraída sino que también se debía tomar en consideración, entre otras cosas, las características del hecho, las condiciones personales del imputado, el daño concreto producido en relación con las características de la víctima, la proporcionalidad entre la respuesta estatal y la magnitud de la infracción, la racionalidad de los actos de gobierno, los principios de lesividad y ultima ratio, el funcionamiento del sistema penal, en especial en lo que se refiere al proceso de selectividad y la inadecuada utilización de recursos humanos escasos”.
“[A] pesar del aparente ingreso de la conducta al tipo, [cabe] concluir que, por imperio del principio de insignificancia, corresponde excluirla del tipo de hurto por el que Fleitas fue condenado”.
“[T]ambién se manifiesta aquí la distorsión de un sistema que se dedica a atender mediante la intervención de jueces, fiscales y defensores, casos de mínima alteración del orden social en detrimento de la utilización de los escasos recursos humanos al procesamiento de causas de alto impacto” (voto del juez Morín).
HURTO; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; DESIGUALDAD SOCIAL; PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA;
Aquino (Causa N° 3421)Cámara Federal de Apelaciones de Posadas
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas rechazó el recurso y confirmó la sentencia (juez Boldú y juezas Cáceres de Mengoni y Tyden de Skanata).

1. Administración Nacional de la Seguridad Social. Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Legitimación. Legitimación procesal. Falta de legitimación pasiva.
“[D]e los agravios expuestos por la demanda recurrente, la cuestión gira en torno a la legitimación pasiva para ser parte del proceso.
[A] éste respecto la doctrina ha dicho que la legitimación procesal o legitimación en causa ‘es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hayan en una determinada relación con el objeto del litigio, y, en virtud de lo cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso´ […].
Por lo tanto, la falta de legitimación se configuraría cuando alguna de las partes en litigio no es titular de la relación jurídica sustancial que da origen a la causa, sin perjuicio de que la pretensión tenga o no fundamento.
[S]in perjuicio de que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es un organismo distinto de la ANSES aquí demandada, la acción deducida persigue el restablecimiento del beneficio suspendido, es decir que guarda interés en el resultado del presente proceso. Por lo tanto la capacidad de la accionada para ser accionada resulta adecuada…”.
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO; LEGITIMACIÓN; LEGITIMACIÓN PROCESAL; FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA;
CR del V (causa Nº 156909)Tribunal de Familia, Vocalía V, San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Familia Vocalía V dispuso la continuación del proceso de vinculación diagnóstica entre la pareja y la adolescente R. y les otorgó por el plazo máximo de seis meses la guarda con fines de adopción de los otros niños (jueza María Julia Garay).
1. Adopción. Guarda con fines de adopción. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Autonomía progresiva. Derecho a ser oído.
“[E]l principio de tutela judicial efectiva establecido en el art. 706 del CCyCN en relación a los procesos de familia, tiene entre sus fundamentos y premisas el tiempo oportuno en la toma de decisiones. El interés superior de niños, niñas y adolescentes (art. 706 inc. c del CCyCN) nos obliga a tomar medidas razonables en tiempos razonables (art. 29 inc. 3 de la Constitución Provincial)”.
“[D]e los requisitos establecidos en el art. 613 del CCyCN, se advierte que el informe de p. 70/71 del Equipo Interdisciplinario de este Tribunal, al otorgarse la guarda de vinculación diagnóstica a los pretensos adoptantes, da cuenta que la pareja mostró 'herramientas y cualidades parentales adecuadas para cada situación que fue surgiendo dentro del grupo fraterno, pudiendo ofrecer contención, acompañamiento, escucha activa, organización en las tareas, juegos, comenzando a observarse los inicios de una dinámica familiar atravesada por el afecto'”.
“El art. 613 del CCyCN, en su último párrafo, nos obliga a escuchar la opinión de R. y a tenerla en cuenta según su edad y grado de madurez. R. es una adolescente de 15 años de edad, próximos a cumplir 16 años […] Tiene la madurez suficiente como para empezar a decidir sobre su destino. Su decisión de no ser adoptada y de mantenerse institucionalizada, si bien no es vinculante para este Tribunal […] será respetada en esta instancia a fin de no provocar un desgaste prematuro de la relación con sus pretensos adoptantes”.
“[L]a voluntad que pueda tener R., quien se encuentra en plena adolescencia, solo puede tener consecuencias en relación a ella; pero no en relación a sus hermanos menores, dado que todos afirmaron estar bien con H. y E. y querer irse a Buenos Aires con ellos, por lo que se les debe asegurar el derecho a vivir en una familia adoptiva en la cual conformar su derecho a la identidad. Así, el art. 11 de la ley 26.061, al hablar del derecho a la identidad, establece que los niños, niñas y adolescentes, en tanto sea imposible que ellos convivan y tenga relación directa con sus padres y familiares, de manera excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley”.
2. Reglas de Brasilia. Sentencia. Acceso a la justicia.
“Comunicación en lenguaje claro. La Acordada 69/2012 del Superior Tribunal de Justicia adhiere a la 100 Reglas de Brasilia. La misma establece en su Regla 60 que 'En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas'. Siendo así, el derecho al acceso a la justicia, a la educación y a la cultura de los cinco hermanos, parte del derecho a entender los actos judiciales que se realizan en relación a ellos”.
ADOPCIÓN; GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AUTONOMÍA PROGRESIVA; DERECHO A SER OIDO; REGLAS DE BRASILIA; SENTENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA;
Clínica DS (Causa N° 6883114)Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 4° Nominación de la Ciudad de Córdoba
El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 4° Nominación de la ciudad de Córdoba hizo lugar a la demanda y declaró que la mujer fue víctima de violencia de género modalidad obstétrica tipo psicológica y física por omisión (jueza Wallece).
1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Vulnerabilidad. Género. Violencia de género. Estereotipos de género. No discriminación. Derecho a la salud. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Embarazo. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[E]l el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a través de la Recomendación general N° 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer (por la que se actualiza la recomendación general N° 18) señaló que ´Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer,.., son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante´ (párrafo 18).
[E]l sistema interamericano cuenta con una norma genérica en la Convención Americana de Derechos Humanos ´Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes....´. (art. 5 1 y 2) y, a su vez, un sistema singularizado para las mujeres en la Convención de Belém Do Para, que establece: ´El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye: a—el derecho a la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y b— el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación´ (art.6). Destaca como deber del Estado el de ´abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación’ (art. 7 inc. a) y resalta la situación de vulnerabilidad de la mujer en razón de diferentes circunstancias en particular ´...objeto de violencia cuando está embarazada (art. 9) […]’”.
2. Protección integral de la mujer. Violencia de género. Derechos reproductivos. Violencia obstétrica. Médicos. Derecho a la información. Trato digno. Trato cruel, inhumano y degradante. Aborto.
“[L]a Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), define a la violencia obstétrica como: ´[a]quella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad a lo previsto en la Ley 25.929´ (art. 6 inc. e). De la sola lectura del artículo se desprende que la definición incluye no solo a los profesionales actuantes durante el proceso del parto, sino también a todo el personal que forma parte de un servicio y que tiene trato con este proceso reproductivo de la mujer (médicos, enfermeros/as, psicólogos/as, camilleros/as, personal administrativos, servicios hospitalario, administrativo, de maestranza, etc.). Cualquier persona de las arriba referidas, integrante o no del equipo de salud, que se desempeñen en la institución, puede ejercer violencia hacia la mujer durante la atención del preparto, parto y pos parto y pos aborto —sea punible o no— conforme el art. 6 inc. e del Decreto Reglamentario 1011/2010, y esta violencia puede manifestarse de diferentes maneras: física que incluye prácticas invasivas y suministro de medicación no justificadas, trato deshumanizado, grosero, humillación, falta de atención o consideración, intervenciones médicas injustificadas sobre el cuerpo de la mujer, falta de información sobre prácticas médicas, falta del pedido de consentimiento informado o la negación al derecho a estar acompañada durante todo el proceso del parto, inclusive si el mismo fue a través de una cesárea. Puntualmente, este decreto reglamentario establece que se entiende por trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no…”.
“[D]efinimos violencia obstétrica como el proceso de preparto, parto y posparto en dónde a la mujer gestante no se le respeta el derecho: ´a la información, al trato digno, respetuoso e individual, propugnándose su libertad de elección respecto de la persona que la acompañará durante los controles prenatales, el trabajo de parto y el posparto, anteponiéndose el parto natural a las prácticas invasivas y de suministro de medicación, sin perjuicio de la necesidad y obligatoriedad de la utilización de esta práctica cuando lo ameriten el estado de salud de la parturienta y/o la persona por nacer con la previa voluntad de la madre expresamente manifestad por escrito en caso que se requiera someterla a un examen o intervención cuyo propósito sea la investigación, bajo protocolo aprobadopor el Comité de Bioética’…”.
3. Derecho a la salud. Derechos del paciente. Consentimiento informado. Derecho a la información. Embarazo. Daño psicológico.
“[La mujer] no fue debidamente informada respecto a su situación de salud contrariándose el art. 2. inc c y e ley 25.929 [Derecho de padres e hijos durante el trabajo de parto]: siendo que es un derecho esencial estar al corriente de la delicada situación de salud de sí misma y el embarazo que cursaba, no se le explicó las razones de algunos de sus síntomas, por caso los ‘movimientos’ que ella sentía en su vientre y que la predisponían a vincular tales movimiento con la viabilidad del embarazo que cursaba: ´cuando entraron la primera vez le dijeron que estaba bien que era prematuro, que en ningún momento le dijeron que había algún riesgo’…”.
“[N]o se le entrega Información Sanitaria ni informa el protocolo que se le aplicaba: ´...Todo lo referido habría transcurrido en una sala de pre parto, sin conocer la joven el protocolo de intervención, sin contar con la información respecto a los pasos que seguiría dicha internación...´. [La mujer] no es una niña, es una adulta enmarcada en un delicado proceso médico, lo que no significa tener anulada sus funciones cognitivas, solo necesitaba una explicación adecuada […], siendo que el derecho a la información sanitaria lo es antes y/o durante el proceso médico…”.
“[La mujer] se encontró con un desenlace no asumido emocional ni racionalmente, por no haber sido acompañada en su singularidad, como lo indica el art. 2. inc b ley 25.929: una información adecuada a esta paciente, hubiera permitido incorporar, cognitivamente, los hechos que afrontaba, y, con el debido acompañamiento afectivo y terapéutico, asumir desde otro lugar el desgarro de su pérdida…”.
“[N]o contó con el acompañamiento, durante la totalidad del parto, de una persona de su confianza como le garantiza el art. 2. inc g ley 25.929: en el momento más crítico de su situación, no solamente se encontraba carente de acompañamiento profesional, sino que se le indicó a quienes la acompañaban rotativamente, que se retiraran. Ella en soledad transitó tan desgarradora situación…”.
4. Documentos. Documentos públicos. Falsificación de documentos. Partida de defunción. Incumplimiento. Derecho a la información. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[La mujer] no recibió copia de su historia clínica en tiempo y forma, contrariando el art. 14 ley 26.529: siendo tal información de su propiedad, la Clínica Privada del Sol S.A., fue renuente a entregarle la referida copia, generando desvelos adicionales para ejercer sus derechos más elementales.
[R]ecibió copia de su historia clínica dónde constan datos inexactos en infracción al art. 15 inc c ley 26.529: luego de transitar el proceso de alumbramiento sin vida de un modo extremadamente traumático, se le entrega la copia del documento que refleja tal doloroso transe con información que no refleja la verdad de los hechos, incluso reconocido por la propia demandada […].
[N]o recibió en un tiempo lógico, los restos del parto, configurando trato inhumano y cruel en infracción al art. 5 CDDH y art 5 CADH: la entrega de los restos de quien fuera dada a luz, está rodeada de los más siniestros aspectos, no solo por el estado de su entrega (sin estar cubierta de líquido conservante) y con sospechas de propender así, deliberadamente, a su desnaturalización temprana […].
[R]ecibió los restos del parto sin la debida documentación [partida de defunción]: la documentación que acredite la identidad de los restos del parto sin vida […], es necesaria para su disposición final, negándose injustificadamente la Clínica Privada del Sol S.A., a la entrega de la misma, dando los involucrados versiones incoherentes entre sí y carente de justificación legal. Se trataría de una práctica de la Clínica Privada del Sol S.A. sin respaldo legal…”.
5. Género. Perspectica de género. Violencia de género. Violencia obstétrica. Responsabilidad por omisión. Tortura. Derecho a la información. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Daño psicológico. Documentos públicos. Partida de defunción. Derechos del paciente.
“[D]e los hechos relatados cabe tener prima facie por configurado un supuesto de VIOLENCIA DE GENERO bajo la modalidad obstétrica, traducida en el caso concreto en violencia tipo física (dolor físico innecesario por omisión de cuidados) y psicológica por parte de la Clínica Privada del Sol S.A., por intermedio de sus profesionales y dependientes, hacia la persona de la [mujer], incurriendo en una palmaria violación a los derechos y garantías fundamentales de la joven madre y a un indebido ejercicio de las funciones que le competen como institución que debe prestar un servicio de salud. [La mujer] transitó en la Clínica Privada del Sol S.A. un proceso de parto en las antípodas del parto humanizado, se le proporcionó un parto deshumanizado y deshumanizante […].
El comportamiento de la Clínica Privada del Sol S.A. con posterioridad a tal evento, que gira en torno a la entrega de los restos del alumbramiento sin vida y la documentación correspondiente [historia clínica y partida de defunción], fue cuando menos negligente y cruel, asimismo vivido […] como una verdadera tortura…”.
“[La mujer] es violentada en su condición de mujer, […], es materia de violencia de género modalidad obstétrica física (dolor innecesario por omisión de paliativos) y psicológica […] se le desconocieron los derechos como paciente […] , arraigándose la Clínica Privada del Sol S.A. al más arcaico paternalismo médico, realizando prácticas obstétricas sin previa consulta y sin ofrecerles ningún tipo de información sobre las implicancias de las mismas, infantilizando a la paciente, anulando e inhibiendo toda posibilidad […] de tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. [La mujer] no es una cosa: es una humana con derechos, una ciudadana con derechos, una paciente con derechos, y una parturienta con derechos. El proceso de alumbramiento, incluso de aborto, no ingresa a la mujer en una situación de disolución de su condición de humanidad y sujeto de derechos…”.
“[U]rge que los profesionales del equipo de salud de la Clínica Privada del Sol S.A. y su Comité de Bioética, avancen hacia los marcos teóricos y prácticas de parto respetado, por ello deberán recibir capacitación que incorpore una perspectiva de género en este tan sensible reducto del mundo sanitario, incluso cuando el alumbramiento verse sobre un nacimiento sin vida o una interrupción legal del embarazo, con especial direccionamiento a las implicancias bioéticas…”.
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VULNERABILIDAD; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; EMBARAZO; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; TORTURA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; MÉDICOS; DERECHO A LA INFORMACIÓN; TRATO DIGNO (LEY DE DERECHOS DEL PACIENTE); DERECHOS DEL PACIENTE; CONSENTIMIENTO INFORMADO; DAÑO PSICOLÓGICO; DOCUMENTOS; DOCUMENTOS PÚBLICOS; FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS; PARTIDA DE DEFUNCIÓN; INCUMPLIMIENTO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD POR OMISION;
Peralta (reg. N° 92 y causa N° 17833)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró improcedente el recurso de inconstitucionalidad (jueces Magariños, Jantus y Huarte Petite).
1. Jurisdicción y competencia. Conflicto de competencia. División de los poderes.
“[E]l impugnante pretende modificar las reglas de competencia, a los efectos de la revisión de la condena confirmada respecto de la imputada, atento a que, de momento, los poderes legislativos nacional y local no han sancionado las leyes de jurisdicción y competencia cuyo dictado permanece en la órbita de sus facultades, y el recurrente considera conducente y necesaria su modificación. Ello, sin duda, no puede prosperar.
[P]ostula, mediante la articulación del recurso de inconstitucionalidad, que esta Cámara suplante ese proceso político, republicano y democrático, por una imposición pretoriana sustentada en su desacuerdo o discrepancia con los tiempos y con los resultados vinculados a las tareas que se encuentran en desarrollo y que incumben a otros departamentos de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cláusula transitoria segunda de la Constitución local, y arts. 6 y 8 de la ley nacional 24.588.
Ello atenta contra la misión más delicada del Poder Judicial, esto es, saber mantenerse dentro de sus atribuciones, evitando enfrentamientos estériles con los restantes poderes (Fallos, 155:248; 254:43; 263:267 y 282:392, entre muchos otros); y respetando –en especial– las atribuciones propias del Congreso de la Nación en tanto representante del pueblo (Fallos: 339:1077; 342:917, etc.). Los jueces no pueden apartarse del principio primario de sujeción a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por este (Fallos: 313:1007 y sus citas). De otro modo podría arribarse a una interpretación que –sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal– equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 279:128; 300:687; 301:958; 321:1434; 323:3139)”.
2. Jurisdicción y competencia. Federalismo. División de poderes. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l Máximo Tribunal no ha desarticulado por vía de precedente a la justicia nacional, sino que ha establecido que su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar convenios de transferencia, para cuya conclusión deben intervenir los poderes políticos, tal como aquí se ha afirmado”.
“Más allá de advertir los desajustes institucionales que emergerían de la demora de las autoridades federales o provinciales en cumplir con los ‘mandatos de hacer’ establecidos constitucionalmente como estructurantes del federalismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación continuó ejerciendo competencia para resolver las innumerables impugnaciones interpuestas contra las decisiones de esta Cámara…”.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido de modo reiterado sobre los límites impuestos a los jueces en punto a la prohibición de usurpar funciones legislativas y la necesidad de respetar las competencias asignadas por el modelo republicano consagrado en la Constitución Nacional”.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación lejos de usurpar ámbitos funcionales reservados constitucionalmente a otros departamentos de gobierno, procedió a requerir a los Poderes Ejecutivos Nacional y local que, a través de los organismos correspondientes, adoptaran las medidas que son de su propia incumbencia”.

JURISDICCION Y COMPETENCIA; CONFLICTO DE COMPETENCIA; DIVISIÓN DE LOS PODERES; FEDERALISMO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
DRR (causa Nº 40665)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso y confirmó la sentencia apelada (juezas Bonari, Gauffin, Ovejero Cornejo, y jueces Catalano, López Viñals, Samsón, Vittar y Aguilar).
1. Establecimiento educativo. Derecho de admisión. Derecho de enseñar y aprender. Igualdad.
“[R]esulta pertinente señalar que la cuestión gira en torno al ejercicio del derecho de admisión por parte de la institución educativa.
Conforme lo señala la doctrina, el derecho de admisión y el derecho de elegir a los docentes constituyen el núcleo de la libertad de enseñanza, porque ambas facultades están directamente relacionadas con los fines y objetivos de quien enseña y organiza sociedades educativas. Por cierto, el derecho de admisión no puede ejercerse de modo arbitrario o intempestivo, de modo tal que interfiera con el derecho a la educación…”.
“[E]sta Corte ha señalado respecto del ejercicio del derecho de admisión que en atención a las características y naturaleza del servicio educativo –y de los instrumentos internacionales y la normativa local que tutelan los derechos de niñas, niños y adolescentes– resulta inconcebible que la negativa a matricular o reinscribir a un alumno se funde exclusivamente en la voluntad de una institución educativa, presentada bajo la denominación de derecho de admisión, y no en razones objetivas debidamente probadas. El derecho de admisión –o de permanencia– más allá de cualquier reglamentación que pudiese existir, debe ser ejercido en forma razonable, respetando el principio de igualdad. Con este alcance debe entenderse el ejercicio regular de tal derecho, ya que los derechos subjetivos son reconocidos como medios de obtención de fines, por lo que pierden su carácter legítimo cuando se los ejerce contrariando dicha finalidad o el espíritu que fundamenta su reconocimiento […].
En definitiva, el derecho de admisión debe ejercerse regularmente, esto es, sin contrariar los fines que justifican su existencia o más llanamente, de modo que no sea abusivo…”.
2. Enseñanza privada. Derecho de admisión. Razonabilidad.
“Cuando un instituto de enseñanza privada expresa las causas que se oponen a la rematriculación de un alumno, corresponderá ponderar la razonabilidad de los argumentos puestos de manifiesto a la luz del conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos, así como de normas locales, vinculados con los derechos del niño y el derecho a la educación, y las particulares características del sistema educativo, en especial en cuanto se vinculan con el interés estatal que lo informa […].
Estamos en presencia de un caso de negativa de rematriculación debido a una conducta que se evalúa reprochable del padre de los/as alumnos/as hacia las autoridades del colegio, es decir, que el motivo por el cual se decide la no matriculación de los/as alumnos/as es ajena a éstos.
Y si bien el contrato educativo puede ser interrumpido por decisión unilateral de la institución privada, tal como surge de la cláusula 15 de la copia del Contrato de Enseñanza acompañado por los amparistas y no desconocido por la demandada, dicha facultad no debe ejercerse de manera abusiva”.
3. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho de enseñar y aprender.
“En ese sentido, es menester considerar los efectos que la no rematriculación de los hijos de los actores en el colegio al que concurren desde el jardín de infantes puede tener en ellos. Así, corresponde puntualizar que la exclusión de un niño de su entorno cotidiano, fundamentalmente a determinada edad, repercute de forma negativa en la conformación de su personalidad, con particular incidencia en la manera de sociabilizar y de relacionarse con las autoridades. Este daño –de muy difícil ponderación– abarca las dificultades que puedan acontecer a consecuencia del cambio escolar, que incluyen, además del desarraigo propio de la exclusión de su entorno, los problemas de adaptación a la nueva comunidad escolar.
Una vez admitido el alumno en una determinada institución, ésta asume compromisos respecto de su proceso educativo y por tanto debe garantizar su continuidad en ella, –salvo razones objetivas que justifiquen distinto proceder–, pues es en este momento de su vida donde se definen aspectos esenciales que condicionarán toda la vida posterior del educando, a la idea que éste se va haciendo de sí mismo a través de su tránsito por la escuela y la incidencia de ese autoconcepto en su desarrollo personal […].
Por lo tanto, se advierte un considerable perjuicio en la vida de los niños, provocado a raíz de un acontecimiento totalmente ajeno a ellos, y que los tiene como los principales afectados. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, establece en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño (art. 3.1). Y el fin público que persiguen los institutos educativos públicos de gestión privada debe tener como norte aquel interés, no contemplado en la decisión adoptada por el colegio”.
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; DERECHO DE ADMISIÓN; DERECHO DE ENSEÑAR Y APRENDER; IGUALDAD; ENSEÑANZA PRIVADA; RAZONABILIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Saucedo (causa N° 11337467)Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 14ta Nominación de Rosario
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 14ta Nominación de Rosario hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó resarcir a la actora por el enriquecimiento sin causa (juez Quaglia).
1. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Unión convivencial. Género. Perspectiva de género. Prueba. Carga de la prueba. Carga dinámica de la prueba.
“[E]l planteo [de la carga de la prueba respecto de los hechos controversiales] debe plantearse desde la perspectiva de género, y en clave de Derechos Humanos. En efecto, existe un imperativo constitucional y supranacional que demanda hacer efectiva la igualdad que las normas pregonan (arg. arts. 1, 2 y 3 CCyC), existiendo patrones socioculturales que imponen considerar especialmente las circunstancias del caso, donde no se definen los derechos…”.
“[L]a perspectiva de género se evidencia como una herramienta esencial para eliminar desigualdades creadas a partir de condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas a partir del sexo biológico. Constituye una de las medidas especiales destinadas a eliminar la desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, a los fines de garantizar una igualdad real por sobre la meramente formal (art. 4.1, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–), y «modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres» (art. 5.a, CEDAW).
En el caso, entre los efectos concretos y palpables que debe otorgar la perspectiva de género se plantea el de morigerar las cargas probatorias, llegando aún a su inversión, siendo el demandado el que tiene que probar que la diferencia de trato económico dentro de la unión convivencial generada se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir un fin legítimo.
[P]esando sobre el demandado en este caso concreto la acreditación de las razones que imponen la exclusión económica de la conviviente dentro del vínculo generado, especialmente ante la existencia de normas […] que brindan una solución diferente…”.
2. Código Civil y Comercial de la Nación. Enriquecimiento sin causa. Obligaciones. Familia. Derecho de familia. Unión convivencial. Responsabilidad civil.
“[E]l instituto [enriquecimiento sin causa] debe considerarse una fuente autónoma de obligaciones, fuente que naturalmente puede resultar aplicable (de configurarse sus presupuestos) en el ámbito del derecho de familia […].
De esta forma, la disposición establecida en el art. 1716 CCyC (deber de no dañar) resulta plenamente aplicable en este ámbito y, naturalmente da lugar a la reparación del daño que se cause.
[P]or lo que resultan aplicables a las relaciones de familia, las normas que regulan la responsabilidad civil. Esta opción responde a la convicción que el Derecho de Familia es Derecho Privado.
[L]o reseñado aplica, evidentemente, al supuesto de las uniones convivenciales, donde si bien el inicio y el fin de la convivencia de hecho constituyen de un derecho de libertad, es individualizable un límite: la solidaridad y la buena fe. Violado ese límite, el ejercicio abusivo de la libertad deviene ilícito y no puede faltar aquella forma mínima de tutela representada por el resarcimiento de daño…”.
“[D]ebe acreditarse que el demandado se ha enriquecido patrimonialmente, el empobrecimiento del actor, la relación causal existente entre ambos, la ausencia de justificación sobre dicho enriquecimiento y la inexistencia de otras vías jurídicas adecuadas para satisfacer la pretensión…”
3. Código Civil y Comercial de la Nación. Trabajo en el hogar. Aportes. Género. Perspectiva de género.
“[C]onforme las constancias acompañadas a la causa no cabe duda alguna que la actora realizó aportes concretos y directos en las tareas de reparación, acondicionamiento y mejora del inmueble.
Ello fue desarrollado a través de aportes directos efectuados por terceros cuyas tareas sólo pueden justificarse en razón del vínculo existente con la actora […].
Pero también coloró a través de la prestación de aportes económico indirectos a partir de las tareas que desarrollaba en el hogar (expresamente reconocidas por el demandado) y el trabajo en el negocio de su padre…”.
“[L]as tareas vinculadas a los denominados «quehaceres del hogar», tienen un valor económico, que debe ser reconocido de manera efectiva y palpable. Así lo reconoce expresamente el art. 660 del CCyC. «El trabajo no remunerado es esencial para que cada día se reproduzca la fuerza de trabajo, sin la cual el sistema no puede subsistir. Es decir, el funcionamiento económico se recuesta en la existencia de ese trabajo, que como muestran múltiples encuestas, está muy mal distribuido entre varones y mujeres. Esta situación, además de ser injusta, implica una serie de desventajas a la hora de la participación económica de las mujeres, y explica la persistencia de la desigualdad económica del género. Se lo llama técnicamente trabajo de reproducción. La reproducción humana ha sido y es realizada por la mujer, lo que permite la supervivencia de individuos y sociedades» [.] «También se utiliza el término trabajo de la reproducción en lugar de trabajo doméstico, por considerarse que la denominación tiene un alcance mayor al atribuido habitualmente a este último tipo de tareas. Así, puede afirmarse que el escenario de la actividad de reproducción es el hogar y la familia, por lo cual también se lo llama trabajo de cuidado».
Se destaca que el art. 660 CCyC visibiliza a nivel normativo el contenido económico de dichas tareas, las que objetivamente insumen una cantidad de tiempo real que se traduce en valor económico, ya que el tiempo, en una sociedad compleja como la contemporánea, es una de las variables de mayor, sino exclusivo, contenido económico. El mismo CCyC en su art. 455 dispone que se debe considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.
Naturalmente los aportes reseñados aliviaban proporcionalmente al demandado quien podía destinar el dinero a la construcción de la casa […] –que finalmente quedó en su patrimonio y hoy posee– y/o a mejorar el vehículo que poseía…”.
4. Patrimonio. Unión convivencial. Enriquecimiento sin causa. Interpretación de la ley. Compensación económica. Género. Perspectiva de género.
“[L]a jurisprudencia ha encontrado en el enriquecimiento sin causa la vía adecuada para encauzar las divergencias patrimoniales entre concubinos, por no haberse podido probar, y por lo tanto, encuadrar en otras situaciones jurídicas. En tal sentido, si no se admitiera el enriquecimiento sin causa, importaría consagrar una inmoralidad mayor; por lo que su aplicación evitaría perpetrar un daño irreparable…”.
“[D]icho enriquecimiento […] se vincula claramente con el empobrecimiento padecido por la actora la que si bien no sufrió el desplazamiento de un bien de su patrimonio hacia el del demandado o el de un tercero (pérdida de un bien), sufrió la pérdida de una expectativa de las ventajas o ganancias que conllevaría principalmente el hogar propio […].
En efecto, la separación le ha generado la pérdida de una ganancia o beneficio que esperaba percibir, la que se evidencia en clara correlación con el enriquecimiento generado, ambos en apropiada relación causal ya que de no haber existido la relación afectiva la actora no habría aportado elemento alguno.
De esta forma, corresponde reconocer jurídicamente el esfuerzo que la actora puso tanto en construir la casa que sería el hogar que integraba el proyecto de vida en común de la pareja […].
Dicho reconocimiento conlleva evitar el despojo total de los aportes de uno de los miembros, que beneficiaría sin causa al otro. En caso contrario habría una transmisión patrimonial de uno de los integrantes de la unión hacia el otro, sin ninguna contraprestación lícita que se constituya como causa del negocio jurídico. El principio del enriquecimiento sin causa aparece nítido en su aporte para solucionar los conflictos patrimoniales entre convivientes, de cara a la ruptura de la unión…”.
“[E]n el caso concreto, y a partir de este juzgamiento que se impone con perspectiva de género a través de los mandatos constitucionales y convencionales, se exige considerar ciertas pautas que no pueden soslayarse porque se relacionan directamente con la situación de las partes, tanto del deudor –en cuanto a su capacidad de pago–, como de la acreedora. En tal sentido, y como ya ha determinado cierta jurisprudencia […], corresponde aplicar analógicamente las pautas para la fijación judicial de la compensación económica desarrolladas en el art. 525 CCyC…”.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; UNIÓN CONVIVENCIAL; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA; OBLIGACIONES; FAMILIA; DERECHO DE FAMILIA; RESPONSABILIDAD CIVIL; TRABAJO EN EL HOGAR; APORTES; PATRIMONIO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; COMPENSACIÓN ECONÓMICA;
SEE (causa Nº 96658)Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II
La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia apelada (jueces Carnota y jueza Dorado).
1. Derecho a la salud. Jurisprudencia. Medidas de acción positiva. Medida cautelar innovativa.
“El Alto Tribunal de la Nación ha señalado en numerosos precedentes que `La preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (arts. 42 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional)´ (CSJN, `Institutos Médicos 26/03/2019´; Fallos: 342:459). También ha enfatizado el Tribunal Cimero que `El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo este el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional; el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental.´ (CSJN: `Nobleza Piccardo S.A.I.C. Y F. C/ Santa Fe, Provincia de S/Acción Declarativa´, sentencia del 27/10/2015; Fallos: 338:1110).
En otro orden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el caso `Furlán y familiares v. Argentina´ (sentencia del 31 de agosto de 2012), lo siguiente: `Toda persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos´; y con no menos contundencia, más adelante puntualizó: `No basta con que el Estado se abstenga de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particularidades necesarias de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad.´ […].
Un diáfano perfil proteccionista que rodea a nuestra Constitución Nacional no puede estar ausente en casos como el planteado en autos, pues exige de parte del juzgador su aplicación al caso concreto, para que la peticionante de autos, pueda gozar, aunque provisoriamente y hasta tanto quede resuelto el fondo de la cuestión, un servicio de salud adecuado, oportuno y de acuerdo con sus necesidades.
Por ello, con los elementos de prueba aportados y pudiéndose ver afectado el crecimiento y desarrollo de la menor, encuentro acreditados los requisitos del art. 230 del CPCC y procedente la medida cautelar innovativa solicitada”.
2. Salud pública. Derecho de propiedad. Personas con discapacidad.
“No resulta óbice a ello, las afirmaciones que realiza la accionada respecto a la afectación de derecho de propiedad y/o desvío de fondos, pues es deber del Estado garantizar la salud pública con la comunidad en general y la Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo descentralizado en la órbita de la Secretaria de Discapacidad de la Presidencia de la Nación (Decreto 698/2017), encargado del diseño, coordinación y ejecución general de las políticas en materia de discapacidad, y de la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad”.
DERECHO A LA SALUD; JURISPRUDENCIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; SALUD PÚBLICA; DERECHO DE PROPIEDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
VJA (Causa N° 40879)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso interpuesto por la Obra Social y confirmó la medida innovativa dictada (jueces Catalano, Samsón, Vittar, Viñals y Aguilar, y juezas Bonari, Ovejero Cornejo, Gauffin y Faraldo).

1. Medidas cautelares. Derecho a la salud. Interpretación de la ley.
“[L]a finalidad de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la posibilidad de una posterior sentencia favorable. Es decir, se trata de impedir la eventual frustración de los derechos de las partes con el objeto de que no resulten inocuos los pronunciamientos que dan término al litigio. Están Destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra…”.
“[E]l ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre ellos el de preservación de la salud, no necesita justificación alguna, sino por lo contrario, es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada […]. A lo que corresponde agregar que el estándar de interpretación fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación impone si se halla en juego la subsistencia de un derecho social, de principal rango y reconocimiento, tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales incorporados con esa jerarquía en el art. 75 inc. 22,  ante la interposición del mecanismo también consagrado constitucionalmente en el art. 43 con el objeto de garantizar de un modo expedito y eficaz su plena vigencia y protección, procede exigir de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia a fin de no tornar utópica su aplicación…”.
2. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho.
“[L]a cautelar dispuesta no luce desprovista de fundamentos como invoca el recurrente, si se tiene en consideración el estadio procesal para su dictado, puesto que, como es sabido, estas medidas no exigen de la magistratura el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. Dicho análisis no entraña más que un juzgamiento acerca de la probabilidad de la existencia del derecho debatido, toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del pronunciamiento final a dictarse oportunamente [...].
Debe tenerse presente además que la articulación de una medida cautelar innovativa conjuntamente con la acción de amparo, procura una solución inmediata para una situación que se presenta con características de urgencia o impostergabilidad y fundada en un suficiente `fumus bonis iuris´, pero no se agota con su otorgamiento”.
3. Acción de amparo. Medidas precautorias. Medida de no innovar. Certificado Único de Discapacidad.
“[E]s pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sentado que la acción de amparo no actúa como una simple medida de no innovar […], teniendo en consideración que no es una acción que se agota en la traba de la medida precautoria […]. Ello es así, dado que la medida cautelar adoptada en el proceso de amparo en el que ha mediado ulterior oposición de la demandada, queda librada a la decisión final que –según admita o desestime el amparo–, convertirá la cautelar en definitiva o producirá la decadencia de tal medida.
Dado lo antes expuesto, cabe concluir que los argumentos señalados del recurrente no logran conmover la razonabilidad de lo decidido, en tanto, más allá de la alegada falta del certificado de discapacidad, no se ha cuestionado el diagnóstico de la enfermedad que padece el actor y su incidencia crónica y degenerativa, cuestión que, ante la eventual implicancia en el deterioro de la salud de aquél, justificó la concesión de la cautelar”.
4. Seguridad social. Solidaridad previsional.
“[L]os agravios relativos a la pretendida afectación del principio de solidaridad contributiva del sistema de seguridad social resultan inatendibles pues [...] la simple invocación de manera ligera y abstracta de tal principio no es suficiente para tener por acreditada la afectación patrimonial de la estructura misma del sistema de salud que el I.P.S.S está obligado a garantizar […] valoración ésta que [...] se efectúa en el marco de provisoriedad que caracteriza a las medidas cautelares y sin perjuicio de lo que se resuelva en el principal sobre la cuestión de fondo.
[C]on relación a qué debe entenderse por cobertura integral, esta Corte dijo que, de cara al sentido de las palabras, se tiene que `integral´ significa `global; total´ […] y por lo tanto comprensiva del 100% y no solo de una parte o fracción de la cobertura…”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; ACCION DE AMPARO; MEDIDAS PRECAUTORIAS; MEDIDA DE NO INNOVAR; CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD; SEGURIDAD SOCIAL; SOLIDARIDAD PREVISIONAL;
LMA (causa N° 40919)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso y confirmó la sentencia (jueces Catalano, Samsón, Vittar, Viñals y Aguilar, y juezas Bonari, Ovejero Cornejo, Gauffin y Faraldo).
1. Accion de amparo. Interpretación de la ley. Derecho a la vida. Derecho a la salud.
¨[A] tenor de los dispuesto por el art. 87 de la Constitución de la Provincia, la acción de amparo procede ante actos u omisiones ilegales de la autoridad o de particulares restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícita o implícitamente allí consagrados. La viabilidad de esta acción requiere, en consecuencia, la invocación de un derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional, pero además que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima, y que el daño no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías […].
El amparo, por lo demás, constituye un proceso excepcional que exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño grave sólo eventualmente reparable por este procedimiento urgente y expeditivo. Debe tratarse de una vulneración de garantías constitucionales, pues la razón de ser de la acción de amparo no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen la función que la ley les encomienda, sino proveer el remedio adecuado contra arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución…”.
“[E]l goce de la salud, entendido en sentido amplio, importa la defensa del derecho a la vida y a la preservación de aquélla, que dimana de normas de la más alta jerarquía (cfr. Preámbulo y arts. 31, 33, 42, 43 y 75 inc. 22 de la C.N.; 3º y 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12.1 y 12.2 ap. 'd' del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4.1, 5.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)“.
2. Convernción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Personas con discapacidad. Derecho a la salud. Estado. Responsabilidad del estado.
“[E]xisten leyes específicas de protección ante la enfermedad que aqueja al hijo de la demandante: la Ley nacional 24901 denominada Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, […] y la Ley provincial 7600 que adhiere al sistema de la ley nacional […].
[L]a Ley provincial 7600, en el art. 3°, establece en forma expresa que las personas con discapacidad que carecieran de cobertura de obra social o de la seguridad social, serán atendidas por el Estado provincial con un sistema prestacional que contemple las prestaciones básicas de atención integral enunciada en la Ley 24901. Por su parte, dicha norma determina en su articulado un sistema de prestaciones básicas de atención integral a las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, a los fines de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
En este mismo sentido, la Ley 7965, de adhesión de la Provincia de Salta a la Ley nacional 26689 de Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes, en su art. 4°, dispone que las que carecieran de cobertura de obra social o de la seguridad social, serán atendidas por el Estado provincial en las prestaciones determinadas en la Ley nacional 26689.
[E]l derecho a la preservación de la salud es una obligación impostergable que tiene la autoridad pública, quien debe garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada ‘medicina prepaga’”.
“[L]as argumentaciones relacionadas a cuestiones ajenas a la peticionante, como lo son la relativa a que el Programa ´Incluir Salud´ es asistido financieramente por el Estado nacional, por lo que depende de una transferencia presupuestaria o que para adquirir las sondas uretral debe observarse el procedimiento dispuesto por la Ley de Contrataciones de la Provincia, no constituyen justificación válida para no observar lo que, de acuerdo a la normativa vigente antes reseñada, constituye una obligación del Estado provincial”.
“[C]omplementa el bloque de protección, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado por Ley 26378, la cual, por Ley 27044 […] posee jerarquía constitucional.
El propósito de ella es ´promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente´ (art. 1°). En este orden, el Estado se comprometió a adoptar –entre otras– todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella”.
3. Convenicion sobre los Derechos del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Interes superior del niño.
“[E]l interés de un menor debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos de gobierno (art. 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño). Esta norma expresamente dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior del menor…”.
ACCION DE AMPARO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA VIDA; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ESTADO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Arabel Zeta (causa N° 7113)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Mendoza
El Tribunal Oral Federal de Mendoza N° 2, por unanimidad, hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria (jueces Salinas, Cortes y Naciff).
1. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria. Víctima. Abuso sexual. Servicio penitenciario Federal. Responsabilidad del Estado. Vulnerabilidad. Reglas de Brasilia.
“[L]a condición que hoy detenta [la mujer] de víctima de un ataque sexual permite la aplicación de las previsiones de la Ley 27372, al prescribir que una persona víctima de delitos tiene, entre otros derechos, el de ´requerir medidas de protección para su seguridad… a través de los órganos competentes´ (Art. 5, inc. d). En estos casos, la propia ley presume la existencia de peligro, por tratarse de una víctima de delitos contra la integridad sexual (art. 8, Ley 27372)”.
“[L]a concesión del instituto solicitado opera como una respuesta estatal que busque atenuar las consecuencias de un ataque sexual perpetrado por un agente del mismo Estado”.
“Como ha dicho de manera constante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene en este punto una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. En este particular contexto de subordinación tiene una responsabilidad especial de asegurar a las personas bajo su control las condiciones que les permitan resguardar su dignidad”.
“Desconocer la especial condición de víctima que actualmente reviste [la mujer] implicaría una nueva violación estatal a sus derechos”.
“Son las propias Reglas de Brasilia las que instan a las autoridades a adoptar medidas adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito sufrido (Regla Nº 12). En esta inteligencia […] la concesión de la prisión domiciliaria permitiría tal mitigación, aminorando la condición de vulnerabilidad que hoy sufre la causante”.
“[E]l Estado Nacional, a través de este Tribunal Oral, estará dando una respuesta compensatoria del daño causado por otro representante de ese mismo Estado”.
2. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud. Salud mental.
“Corresponde […] apartarse del estricto criterio normativo y analizar el Art. 32, inc. a) de la ley 24.660 con apego a principios de jerarquía constitucional y convencional”.
“La Organización Mundial de la Salud ha dicho que ´la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad´. De esta manera, si bien la norma mencionada admite la concesión del instituto solicitado para los casos de enfermedades que no puedan tratarse dentro del penal, cabe aplicarla al presente caso en el que la salud de [la mujer] –en el sentido integral mencionado– no puede ser debidamente atendida en el establecimiento”.
3. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria. Perspectiva de género. Interés superior del niño. Principio de intrascendencia de la pena.
“Corresponde [...] hacer lugar a la prisión domiciliaria solicitada no sólo por aplicación del Art. 32, inc. f) de la ley 24.660 […] sino también por imperio de principios de jerarquía constitucional y convencional, como el referido interés superior del niño”.
“[A] partir de los roles tradicionalmente asignados, las tareas de cuidado de otras personas recaen principalmente sobre las mujeres –especialmente hijos e hijas– funciones que se ven obligadas a cumplir de una manera desproporcionada en relación a los varones. Esto no debería ser así, pero para revertirlo debemos visualizarlo”.
“[A]l tener asignada exclusivamente la tarea de cuidado de su familia, su separación por la detención implica un impacto directo en la vida cotidiana de la niña y el niño, que puede morigerarse con decisiones como las que aquí se adoptan”.
“Esta medida tiene por objeto procurar que la hija y el hijo de [la mujer] puedan crecer en un contexto menos vulnerable, de modo tal que el cumplimiento de la condena de su madre no se proyecte hacia ellos generando consecuencias en su desarrollo integral”.
4. Ejecución de la pena. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Reforma legal. Código Procesal Penal.
“La respuesta punitiva de Tribunal no debe ser más gravosa que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal, y ello vale para todo el procese desde el inicio hasta la etapa de la ejecución de la pena, si podríamos apartarnos del criterio Fiscal si este fuera arbitrario o infundado pero en este caso el mismo está minuciosamente fundado y detalladamente citado el derecho aplicable”.
“[Debido a que] la potestad punitiva del estado está en cabeza del Ministerio Público Fiscal y […] el nuevo código procesal penal federal ha establecido un rol del juez que debe ser propio de un sistema acusatorio es por lo tanto imposible para […] ir más allá que el Ministerio Público y si el Fiscal General de la Provincia de Mendoza en un dictamen bien fundado exige la domiciliaria de la defendida el límite del poder punitivo se ha demarcado claramente”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PRISIÓN DOMICILIARIA; VICTIMA; ABUSO SEXUAL; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VULNERABILIDAD; REGLAS DE BRASILIA; DERECHO A LA SALUD; SALUD MENTAL; PERSPECTIVA DE GÉNERO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA; PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL;
PJC (causa Nº 24873)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala de Feria
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a los recursos y estableció que el período vacacional del actor con el niño F. debía ser en la provincia de Formosa. Además, determinó que se mantuviese el vínculo paterno con el niño por los medios telemáticos a disposición mientras se encontrase con la madre y, de igual modo, con la progenitora cuando el niño se encontrase con el padre (juezas Pérez Pardo y Bermejo, y juez Fajre).
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Responsabilidad parental.
“[L]os niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos que merecen especial tutela en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 23). Por ese motivo, debe considerarse al interés superior de ellos, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3, párrafo 1) y en el actual Código Civil y Comercial de la Nación (art. 706, inc. c).
Como se ha expuesto, `el interés al que refiere la fórmula no alude a una noción abstracta aplicable en forma sistemática e idéntica a todas las situaciones, requiriéndose en consecuencia que el intérprete emita su juicio de valor sobre cuál es, en el caso, el interés superior del niño, sopesando las características del supuesto que se presenta a su intervención, en el que debe contextualizarse el análisis. En cualquier caso, de entre las decisiones posibles, la que mejor responda al superior interés del niño será aquélla que garantice que se respeten sus derechos humanos fundamentales y su condición de sujeto de derecho.´ […].
Al respecto, cabe poner de resalto que el art. 642 del Código Civil y Comercial de la Nación contempla los desacuerdos entre los padres respecto de las decisiones relacionadas con la vida de los hijos menores de edad y establece que, ante ellos, el juez debe decidir el diferendo.
En tal sentido, la norma citada se integra con los arts. 639 y 706 del mismo cuerpo legal, en cuanto a que toda decisión que deba adoptar el magistrado actuante en la materia debe tener en cuenta el interés superior del niño”.
2. Emergencia sanitaria. Traslado de personas. Niños, niñas y adolescentes.
“[D]adas las condiciones del contexto sanitario actual ante el rebrote de la pandemia de Covid, las medidas de confinamiento y aislamiento dispuestas por las autoridades públicas nacionales y provinciales –en particular las relacionadas con el tránsito de personas entre diferentes jurisdicciones–; con todos los trastornos que ello implica, tornan desaconsejable el desplazamiento del niño F. fuera del lugar donde reside actualmente”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RESPONSABILIDAD PARENTAL; EMERGENCIA SANITARIA; TRASLADO DE PERSONAS;
De la serna (causa Nº 6920)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala de Feria
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión recurrida (jueces Alvarez y Lemos Arias).
1. Peligro en la demora. Derecho a la preservación de la salud.
“[E]l peligro en la demora se encuentra configurado, dada la potencialidad dañosa que podría representar para la preservación en la salud de las personas que habitan el barrio `15 de diciembre´, la falta de agua potable como así también la utilización de `pozos ciegos´ precarios no evacuados, que constituyen una fuente indiscutible de inaceptable menoscabo sanitario y habitacional.
En tales condiciones, el peligro en la demora resulta manifiesto desde que se encuentra comprometida la vida e integridad física de los habitantes del lugar. Recuérdese al respecto que la Constitución reconoce expresamente entre los derechos sociales los correspondientes a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos. En consonancia con ello y en virtud de lo dispuesto en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida y expresado que existe en cabeza de las autoridades públicas una obligación impostergable de garantizarlos con acciones positivas…”.
2. Medidas cautelares. Aguas corrientes. Daño. Verosimilitud en el derecho.
“[L]a operatividad de las medidas cautelares como la señalada –disponibilidad de agua potable y sanitización de pozos– se encuentra determinada por la necesidad de proteger un derecho que todavía no es cierto para evitar la consumación de perjuicios irreparables.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido una cierta correlación entre los requisitos de procedencia para la concesión de las medidas cautelares de alcance como la antes apuntada disponiendo que `…cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad o irreparable, el rigor de las formas se puede atenuar´ […].
En virtud de lo expuesto, el plano del sumario cognitio hace suponer prima facie la existencia de un planteo audible, respecto a la existencia de un riesgo de daños de extrema gravedad o irreparable; lo cual determina atenuar el examen de la verosimilitud.
En ese entendimiento no resulta posible soslayar el grave contexto fáctico que se presenta en la especie […], caracterizado por una situación que comprometería los más elementales derechos humanos –a la vida, a la salud y a la dignidad–.
En ese específico contexto de provisionalidad –por un lado– y gravedad –por otro–, las mejoras y medidas ordenadas –de índole sanitaria en sustancia– se inscriben, ciertamente, en la necesidad de que se atienda a la impostergable protección del derecho a la salud de los accionantes y los demás habitantes del barrio”.
3. Medidas precautorias. Aguas corrientes. Salud pública.
“[E]n la decisión precautoria no se ha dispuesto el tendido de redes de agua potable en el barrio. Con relación al agua potable, cabe precisar que en virtud de los derechos en juego y el peligro en la demora, la demandada deberá procurar agua potable para los habitantes del lugar, mediante bidones, camiones cisternas o por las vías que considere aptas al efecto de facilitar el acceso a una fuente de agua segura. A similar conclusión se arriba en relación a la limpieza de los desagües cloacales cuya realización se encomendara, pues en consonancia con la transitoriedad aludida y la gravedad de la situación sanitaria, no es posible colegir de la decisión el alcance que le asigna el recurrente.
La Res. 898/2001 del Registro del Ministerio de Salud de la Nación establece, entre otras cuestiones, que las políticas estatales tienen por objetivo primero y prioritario asegurar el acceso a la salud, entendiendo por tales al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación, sean éstos de carácter público estatal, no estatal o privados; con fuerte énfasis en el primer nivel de atención.
Cabe enfatizar que el agua se constituye como un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud de las personas. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Así, entre otros Tratados Internacionales, la `Convención sobre los Derechos del Niño´ de jerarquía constitucional exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades mediante el suministro de agua potable salubre (art. 24°, 2.c.)”.
PELIGRO EN LA DEMORA; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; MEDIDAS CAUTELARES; AGUAS CORRIENTES; DAÑO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; MEDIDAS PRECAUTORIAS; SALUD PÚBLICA;
Perez Gonzalez (causa Nº 4253)Cámara Federal de Apelaciones de Salta
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó el recurso de apelación (jueces Rabbi Baldi Cabanillas, French y Castellanos).
1. Medidas cautelares. Derecho a la salud. Verosimilitud del derecho.
“[E]l recurso en examen debe ser analizado partiendo de la base de que la cautelar solicitada –en el marco del proceso de amparo– consiste en que se ordene a la demandada una real e integral cobertura médica asistencial consistente en la provisión de un acompañante terapéutico y/o enfermero/a a favor de un menor de edad durante las 24 horas, todos los días de la semana. Es decir, que nos conduce a tratar un asunto vinculado al derecho a la salud que, derivado del derecho a la vida, tiene jerarquía constitucional, al ser reconocido implícitamente en el art. 33 y de modo explícito en diferentes tratados internacionales en los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”.
“[R]esulta importante destacar que `las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su función y si bien para acogerlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario verosimilitud en el derecho invocado, siendo admisibles en tanto y en cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece fundada y la reclamación de fondo se muestra viable y jurídicamente tutelable´ […], circunstancias que, conforme lo apuntado, concurren en el presente caso, en el que ante la eventual concreción de un daño irreparable se debe otorgar una inmediata protección frente a la situación en la que se encuentra el afiliado…”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
MC (causa Nº 11890)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala de Feria
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil habilitó la feria judicial y remitió las actuaciones al Ministerio Público de la Defensa para que dictaminase en relación con la vista conferida el 30 de diciembre del 2020 (juezas Perez Pardo, Bermejo y Benavente).
1. Feria judicial. Habilitación.
“Las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son aquéllas que entrañan para los litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos, para cuya tutela se exige protección jurisdiccional. Por lo tanto, la intervención de los tribunales durante este período es de excepción (art. 153 del Código Procesal).
Los motivos extraordinarios que autorizarían a su recepción deben ser reales, emanados de la propia naturaleza de la cuestión y no de la premura que un asunto pueda tener desde la óptica del interés particular del litigante, frente a la demora que traería aparejada la suspensión de la actividad judicial.
En suma, debe existir la posibilidad cierta de que el retardo frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño irreparable, todo lo cual debe valorarse con criterio objetivo y restrictivo en los términos del citado art.153…”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho y deber de comunicación.
“[E]n toda actuación judicial en la que se encuentren involucrados niños o adolescentes, debe velarse por el interés supremo de éstos, que se erige como principio rector del derecho procesal de familia.
Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la expresión `interés superior del niño´ implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida (CIDH, 28/08/2002, Opinión Consultiva OC 17/02, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[…]); y la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 lo definió como `la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley´ (art. 3°).
En consecuencia, en todos los asuntos de esta índole, ha de ser aquel interés primordial de los niños y adolescentes el que ha de orientar y condicionar toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos; y ello conforme a reiterada jurisprudencia de nuestra Corte Federal […].
Conviene aquí resaltar que el derecho de los hijos a no ser separados de sus padres y a tener adecuada comunicación con ellos, se encuentra garantizado por los arts. 9.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por el artículo 11 de la ley 26.061, que dispone que los niños tienen derecho `...a la preservación de sus relaciones familiares [...] a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados´.
Es por ello que uno de los deberes fundamentales que tiene el padre o la madre que se encuentra al cuidado de un hijo es el de favorecer y estimular la libre comunicación de éste con el padre o la madre no conviviente (ver art. 653, inc. a), del Cód. Civil y Comercial). Desde esta perspectiva, mantener contacto y comunicación con el hijo constituye un deber paternal y maternal de interés y atención; como asimismo, desde la óptica del hijo, existe también un deber filial de éste de ver y comunicarse con aquéllos...”.
FERIA JUDICIAL; HABILITACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO Y DEBER DE COMUNICACIÓN;
AGLI (causa N° 123332)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso extraordinario, revocó la sentencia impugnada y rechazó la demanda interpuesta (Jueces Torres, Pettigiani, Genoud, Lázzari y la jueza Kogan).

1.Convención de los Derechos del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Interpretación de la ley.
“[L]a sentencia impugnada infringe la Convención sobre los Derechos del Niño […] según la cual ´En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño´ […].
[T]al como lo ha sostenido la Corte nacional ´el interés superior de los menores (art. 3°, ap. 1°, de la referida Convención) constituye una pauta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales en el juzgamiento de las causas en las que se ven involucrados intereses de aquellos´ […] resaltando que ´cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional´…” (voto del juez Torres al que adhirió el juez Petiggiani y la jueza Kogan).
2. Residencia. Apreciación de la prueba. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a señora A.G. había obtenido la tarjeta de residencia en España por cinco años […] no habiendo la actora acompañado constancia alguna que permita asegurar que la hubiese renovado o arbitrado algún mecanismo tendiente a brindar seguridad en torno a las condiciones en que pasarían a residir las niñas en aquel país mientras se dirime el fondo de las cuestiones relativas a la guarda o custodia de aquellas. Teniendo en cuenta que la pareja ya había residido temporalmente en España y regresado a la Argentina, el hecho de que el permiso de residencia tuviera un plazo permitiría colegir que la residencia en España era transitoria […].
Como ha resaltado la Corte nacional […]. El niño tiene pues, derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto…” (Voto del juez Torres al que adhirió el juez Petiggiani y la jueza Kogan).
3.Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Emergencia sanitaria.
“[L]a emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, que ha tornado necesaria la adopción de múltiples medidas de emergencia pública por parte de los Estados, situación inesperada e imprevisible que torna imprescindible poner bajo resguardo la salud de las niñas en atención a su interés superior.
La propia Convención sobre los Derechos del Niño tiende a que el niño no sea separado de sus padres, pero establece una salvedad cuando tal separación es mejor para él, por ejemplo cuando puede estar involucrada su salud (arts. 9 y 24, CDN).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ´…en los procesos en los que se debate la custodia de un niño, el derecho a la salud -reconocido como atributo inherente a la dignidad humana y, por ende, inviolable-, interpela directamente a los jueces, como una manda de jerarquía superior, que reclama la búsqueda de los medios más idóneos para su consagración efectiva´...” (Voto del juez Torres al que adhirió el juez Pettigiani y la jueza Kogan).
4. Restitución internacional de menores. Restitución de hijo. Residencia. Centro de vida. Interpretación de la ley.
“[L]a ilegalidad del traslado o retención, que constituye un requisito esencial para la admisibilidad de toda solicitud de restitución se yergue como un elemento jurídico, no fáctico […] cuya apreciación necesariamente depende de las definiciones que se adopten acerca de dónde se hallaba la ´residencia habitual del menor´ antes de la vía de hecho reputada ilícita y quién ejercía en dicho lugar el "derecho de custodia" que se alega infringido por el accionar del sustractor”.
“[S]e ha sostenido –entonces– que para asignarle significado a dicho término convencional el juez requerido debe primeramente acudir a las definiciones o calificaciones de su lex fori […].
[E]l Código Civil y Comercial –aplicable al caso, en tanto vigente al momento del hecho reputado ilícito, […] establece que toda persona humana posee su residencia habitual en el Estado en el que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado (conf. art. 2.613).
Mediante esta redacción se acepta que la residencia habitual se presenta como una noción de hecho que, diferenciándose de los conceptos jurídicos de domicilio, simple residencia o habitación, conforma un término sociológico flexible que tiene en cuenta el lugar donde –en este caso– el menor posee efectivamente su centro de gravedad, su ubicación en el espacio como una situación de hecho que supone un apreciable grado de estabilidad y proyección de permanencia […]. Así, la residencia habitual del menor comulga con su centro de vida, ejerciendo –ambos conceptos– una suerte de mutua retroalimentación semántica, tal como lo disponen la ley 20.061 y su decreto reglamentario 415/06.
De este modo, la residencia habitual del menor no puede reflejar un significado exclusivamente cuantitativo […] sino que el concepto se expande e implica la definición del sitio en el que debe ser ubicado, de conformidad con la intención de quienes ejercen su custodia en términos convencionales, el centro de la presencia del menor, para lo cual también debe atenderse a su entorno familiar y social, sus afectos, su posible asentamiento e integración en el determinado medio, con cierto grado de estabilidad y proyección de permanencia, debiendo ponderarse todos los elementos con el debido criterio de actualidad”
5.Restitución internacional de menores. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído. Autonomía progresiva.
“[A] decidir respecto de la procedencia de la restitución internacional de un menor, no puede prescindirse de recabar la opinión que este posee sobre el tópico […]
Cierto es –no obstante– que la opinión que aquel pueda poseer al respecto debe ser pasada por el rasero que implican su edad y grado de madurez (art. 13, CH1980), para lo cual le es imprescindible al juez conocerlo y ponderar cuidadosamente las circunstancias que lo rodean, balanceándolas mesuradamente en relación con las restantes connotaciones que presenta el caso, los dictámenes de los profesionales intervinientes, el Ministerio Público y particularmente con la índole de los derechos en juego […]. Se admite -en estos casos- que la opinión del menor pueda ser decisiva si, en opinión de las autoridades competentes, ha alcanzado una edad y un grado de madurez tal que resulte apropiado tener inexorablemente en cuenta sus opiniones, convirtiéndose así en intérprete de su propio interés […].
[E]xiste consenso en la comunidad internacional acerca de que -en este tópico- el menor no solo debe oponerse a la restitución sino que debe demostrar un sentimiento fuerte más allá de la mera expresión de una preferencia o un deseo […]”.
“[L]as chicas logran distinguir claramente entre las cuestiones relativas a su custodia y las relacionadas con la solicitud de restitución, extremo que evidencia un suficiente grado de madurez en sus opiniones, atento al nivel de abstracción que ello implica, lo que -por demás- resulta acorde con sus edades actuales (13 y 9 años, respectivamente) y la descripción de sus personalidades efectuada por la perito psicóloga en su informe del 16 de octubre de 2019 ante esta sede casatoria, quien reseñó que ambas presentan recursos y desempeños psíquicos acordes y suficientes a las respectivas etapas evolutivas que atraviesan, poseyendo ambas un desempeño por encima de la media esperada a su edad.
[T]anto A. como N. no solo no lograron integrarse emocionalmente a su nueva comunidad catalana, sino que –más aún– mantuvieron siempre su fuerte ligazón con aquel entorno físico, social, familiar y afectivo que dejaron en Bernal cuando se fueron, que añoraron fuertemente desde el extranjero y que las volvió a acoger cuando regresaron dos años después…”.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; RESIDENCIA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO A LA SALUD; EMERGENCIA SANITARIA; RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES; RESTITUCIÓN DE HIJO; CENTRO DE VIDA; DERECHO A SER OIDO; AUTONOMÍA PROGRESIVA;
Fernández (Causa N° 12000138)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca hizo lugar a la excepción y sobreseyó al imputado (juez Picado).
1. Non bis in idem. Doble persecución penal. Cosa juzgada. Excepciones – cosa juzgada.  
“[S]abido es que una de las garantías más básicas en cabeza de todo encartado radica en la imposibilidad que tiene el Estado tanto de someterlo dos veces a proceso por un mismo hecho —sea en forma simultánea o sucesiva—, como de aplicarle sanciones por un hecho ya penalizado, arrojando esta garantía una triple faceta: se prohíbe una nueva condena, un intento posterior y repetido por obtenerla —afectando ambas la cosa juzgada—, y una persecución procesal simultánea a otra ya desencadenada —afectando la litispendencia—”.
“[S]i bien este principio no ha sido expresamente consagrado en la Constitución Nacional, se lo ha considerado como uno de aquellos implícitamente reconocido —artículo 33— e incluso como una directa derivación del derecho de defensa —artículo 18—, sin perjuicio de que a partir de la reforma introducida en dicho texto en el año 1994, su reconocimiento en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos lo transformó en una garantía constitucional expresa —artículos 8.4 CADH y 14.7 PIDCyP—”.
“[D]iversos procesalistas de bandera explican en forma coincidente las tres identidades que deben reunirse para que estemos en presencia de una doble persecución penal: identidad de la persona perseguida —mismo imputado en uno y otro proceso—; identidad de objeto —mismo hecho perseguido, sin importar la distinta calificación legal que se les atribuya en cada ocasión—, e identidad de causa —fin sancionatorio de la persecución desplegada por el Estado en respuesta del hecho—”.
2. Non bis in idem. Competencia local. Competencia federal. Trata de personas. Concurso de delitos.
“[F]inalizada la instrucción en sede provincial, [...] se libró oficio al Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca ante la posible comisión del delito de trata de personas [...] sorprendiendo en esta instancia la ilogicidad derivada del hecho de remitir las actuaciones a otro instructor para que continúe la línea de pesquisa, y paralelamente proseguir la causa vedando tal posibilidad de acción, procurando la condena —por los mismos hechos— con base a una calificación sustancialmente menor, soslayando el principio de especialidad en virtud del cual debiera haberse resuelto el concurso aparente de las normas en pugna”.
“[L]a idea central en la que se basa el concurso aparente es que, cuando un delito contiene como parte integrante de él a otro, lo desplaza de su aplicación al caso, porque si se aplicaran ambos se estaría castigando al autor —al menos en el tramo en el que coinciden— dos veces por el mismo contenido delictivo…”.
“[E]xiste una estrecha relación entre la trata de personas y la intervención en la prostitución ajena reprimida en el artículo 17 de la ley de profilaxis 12.331, bajo las acciones de «regentear, administrar y/o sostener» casas de tolerancia, en forma tal que en aquellas ocasiones en que no sea posible descartar de plano que en hechos de estas características no exista o haya existido un proceso de captación o reclutamiento previos, '...resulta de fundamental importancia mantener y promover la competencia del fuero federal para asegurar la eficacia de la norma que reprime la trata de personas…'...”.
NON BIS IN IDEM; DOBLE PERSECUCIÓN PENAL; COSA JUZGADA; EXCEPCIONES-Cosa juzgada; COMPETENCIA LOCAL; COMPETENCIA FEDERAL; TRATA DE PERSONAS; CONCURSO DE DELITOS;
De Lillo (causa n° 7919)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en los Criminal Federal N° 1 incorporó al hombre imputado al régimen de salidas transitorias y dispuso su ingreso en el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, mediante la colocación de un dispositivo electrónico(jueces Grünberg, Michilini y Basílico).
1. Salidas transitorias. Estímulo educativo. Unificación de penas. Ejecución de la pena.
“[A] fin de resolver sobre la solicitud de salidas transitorias efectuada a favor [del hombre imputado], se tiene en cuenta que […][d]e acuerdo con el cómputo de pena provisorio practicado […] se encuentra cumplido el requisito temporal previsto por el art. 17, punto I, inc. a, de la ley 24.660. A tales fines, […] la pena impuesta vencería el día 16 de marzo de 2027, y […] el nombrado fue beneficiado con una reducción total diez […] meses por estímulo educativo…”.
2. Consejo Correccional. Derecho a la vida privada y familiar. Salidas transitorias.
“Según se desprende del informe técnico criminológico obrante en autos, al encartado le correspondió en la última calificación correspondiente a septiembre de 2020: CONDUCTA EJEMPLAR DIEZ […] Y CONCEPTO MUY BUENO SIETE […], no ha sido pasible de sanciones disciplinarias, y ha observado con regularidad los reglamentos carcelarios.
Allí se propicia su incorporación a la modalidad de salidas transitorias en virtud de su favorable evolución intramuros y en consideración al efecto beneficioso que las salidas pueden tener para su futuro personal, familiar y social…”.
“[Del acta incorporada][s]e desprende que los miembros del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidieron por unanimidad, en forma positiva en relación con la incorporación [del hombre imputado] al régimen de salidas transitorias, proponiendo que las mismas sean usufructuadas bajo tuición familiar. Que, por otra parte el Consejo Correccional consideró que, toda vez que al día de la fecha, el interno no cuenta con una sentencia condenatoria firme, quedaba a criterio de quien entendiera en la ejecución de la pena, la modalidad del régimen en cuanto a la duración y frecuencia en que las mismas deberán ser usufructuadas”.
SALIDAS TRANSITORIAS; ESTÍMULO EDUCATIVO; UNIFICACIÓN DE PENAS; EJECUCIÓN DE LA PENA; CONSEJO CORRECCIONAL; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
Coria García Martínez (causa Nº A75163)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso, revocó la sentencia impugnada y declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del reglamento de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (jueces Pettigiani, Torres y Genoud, y jueza Kogan).
1. Actos discriminatorios. Estereotipos de género. Categorías sospechosas. Jurisprudencia.
“[L]a norma impugnada en este aspecto evidencia desajustes con la manda fijada en el art. 11 de la Constitución provincial.
Ello por cuanto tal regulación importa una discriminación entre afiliados a la Caja con motivo del género sin que se advierta una causa objetiva y razonable que sustente el desigual tratamiento.
Al respecto, […] esta Corte abordó hace ya largo tiempo la temática vinculada con la discriminación por género en el marco de prestaciones sociales, sentando una doctrina que […] puede trasladarse a este caso sin mayor esfuerzo.
Así, en la causa I. 2.022, `Barcena´ (sent. de 20-IX-2000) este Tribunal tachó de inconstitucional un régimen normativo dispuesto por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que, tal como aquí sucede, contenía una regulación que distinguía según el sexo de sus afiliados directos a efectos de permitir –o no– la inscripción gratuita de sus cónyuges en los beneficios que prestaba tal obra social.

[A]llí se señaló que aun cuando el legislador tiene plenas facultades para crear categorías y efectuar distinciones en la medida que ellas resulten razonables y no obedezcan a propósitos hostiles o persecutorios, tal discriminación no debía ser arbitraria ni importar una ilegítima persecución de personas o grupos de personas.
En esa causa se puntualizó, también, que frente a distinciones de este estilo el Tribunal debía `buscar objetivamente la racionalidad de la distinción y tratar de establecer cuáles pueden haber sido los motivos y fines perseguidos por la norma en tratamiento´ y que si tales motivos no podían establecerse el régimen debía ser invalidado, pues no resultaría admisible que el único fundamento de la distinción repose en el sexo del afiliado.
Este criterio fue reiterado por la Corte en varias ocasiones, no solamente en pleitos de idéntico objeto […], sino también frente a otra situación en la cual una caja profesional había establecido recaudos más estrictos para conceder un beneficio pensionario cuando el cónyuge supérstite fuera de género masculino (causa I. 2.207, `Ferrari´, sent. de 2-XI-2005)” (voto del juez Pettigani).
2. Estereotipos de género. Control de razonabilidad. Familia. Responsabilidad parental. Igualdad.
“Resulta evidente […] que la regulación es tributaria de un esquema muy concreto de organización familiar sobre la base de la distribución de roles específicos en función del género –en el caso, asumiendo que recaen preponderantemente sobre la mujer las obligaciones de cuidado–, procurando imponerlo a la totalidad de los afiliados a la Caja de Abogados.
Empero […] ello no supera actualmente el test de razonabilidad.
Y es que a efectos de proteger el interés familiar procede rechazar, por regla, aquellas propuestas heterónomas que pretendan imponer modelos de vida familiar […].
Esta idea, por otra parte, se refleja de manera expresa en el esquema del Código Civil y Comercial, que, por un lado, prioriza la adopción de acuerdos entre los progenitores en orden a fijar el régimen de cuidado de los hijos y, por el otro, determina que a falta de consenso ha de procurarse que tales deberes se realicen en forma compartida y prohibiendo, en ese trance, adoptar discriminaciones fundadas, entre otras circunstancias, en el sexo […], lo cual no es más que una derivación de las directivas que emanan del art. 18 de la Convención Sobre los Derechos del Niño tendiente a que los Estados partes `pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño´”(voto del juez Pettigani).
3. Control de razonabilidad. Declaración de inconstitucionalidad. Igualdad.
“[L]a negativa de la entidad demandada de reconocerle al actor el derecho a acceder al subsidio pretendido se aprecia como una decisión irrazonable, contrariando el art. 11 de la Constitución provincial, interpretado según los estándares antes señalados.
En suma, nos encontramos aquí frente a un supuesto de inconstitucionalidad sobreviniente, lo cual resulta relativamente frecuente cuando se trata de confrontar normas con el principio de igualdad fijado en las constituciones, ya que […] `el contenido extensivo de la igualdad constitucional puede y debe acrecer a tenor de nuevas valoraciones sociales, con efecto de engendrar inconstitucionalidad sobreviniente para discriminaciones que, a su hora, pudieron no ser o no fueron inconstitucionales´ [...].
Y ello resulta de mayor aplicación a supuestos como el presente, en el cual se encuentra comprometido el interés familiar, en tanto a […] efectos de su concreción `cabrá analizar –al igual que lo que sucede con el bien común– en función de las particulares circunstancias de tiempo y lugar que configuren la cultura de un pueblo dado en un momento determinado´...” (voto del juez Pettigani).
ACTOS DISCRIMINATORIOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; JURISPRUDENCIA; CONTROL DE RAZONABILIDAD; FAMILIA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; IGUALDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Salvatierra (causa N° 74000120)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti).
1. Derecho de defensa. Asistencia letrada. Defensor particular. Sentencia equiparable a definitiva. Cuestión federal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]ste Tribunal tiene establecido que las decisiones que resuelven nulidades no resultan, por regla, revisables en esta instancia extraordinaria en la medida en que no constituyen sentencia definitiva (Fallos: 311:1671; 318:665). Sin embargo, también se ha dicho que corresponde hacer excepción a dicha regla cuando la resolución impugnada, por sus efectos, es susceptible de generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, por lo que se requiere su tutela inmediata. En este sentido, se ha decidido, en particular, que es equiparable a definitiva la resolución que priva al imputado de ser representado por un letrado de su elección, en cuanto ella puede causar un perjuicio irreparable a la garantía de defensa (Fallos: 329:1219)” (considerando 2°).
“[E]n Fallos: 155:374 el Tribunal señaló que ‘es evidente el derecho de quien ocurre ante la justicia como actor o demandado, querellante o acusado, para elegir la persona que, llenando las condiciones legales, produzca en su nombre los alegatos y pruebas pertinentes a los fines de poner de manifiesto el derecho que le asiste, conforme a la garantía de la libre defensa en juicio que menciona el artículo 18 de la Constitución Nacional… No es suficiente que se llene la fórmula de la defensa con un patrocinio de oficio, aún cuando éste sea inteligente, diligente y recto, porque solamente la parte interesada es la dueña de las condiciones en que, dentro de las normas reglamentarias, deben ser alegados y probados sus derechos, tanto más cuando estos sean, como en el juicio criminal los esenciales de vida, libertad y honor’.
Aun cuando en dicho caso no se hizo lugar a la pretensión, el reconocimiento de la significación del derecho a la libre elección de la asistencia letrada quedó establecido. Con este alcance, la garantía de defensa en juicio fue reafirmada, entre otros casos, en Fallos: 312:1042. Dentro de esta línea jurisprudencial, resulta particularmente relevante el caso […] registrado en Fallos: 329:1219, en el que se destacó el carácter definitivo del perjuicio que decisiones de esta naturaleza pueden ocasionar al derecho en cuestión” (considerando 4°).
“[E]n esas condiciones, frente a la entidad de la vulneración de las garantías federales que habían sido sometidas a su conocimiento, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no podía omitir el tratamiento de las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la solución del litigio mediante meras afirmaciones dogmáticas y ritualistas, contrarias a lo establecido por esta Corte en Fallos: 328:1108” (considerando 5°).
DERECHO DE DEFENSA; ASISTENCIA LETRADA; DEFENSOR PARTICULAR; SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA; CUESTIÓN FEDERAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Pando de Mercado (causa N° 63667)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nacióndeclaró procedente el recurso, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda (ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
1. Libertad de expresión. Derecho al honor. Derecho a la imagen. Derecho a la vida privada y familiar.
“[E]l derecho a la libertad de expresión goza de un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales […], entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática […] y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo establecido por nuestra Constitución […].
Sin embargo, este Tribunal ha manifestado que `el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir, difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio´[…]. Ello así, pues esa posición preferencial que ocupa la libertad de expresión no la convierte en un derecho absoluto. Sus límites deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales que pueden resultar afectados por su ejercicio, así como a la necesidad de satisfacer objetivos comunes constitucionalmente consagrados” (considerando 6°).
“[E]sta Corte Suprema también ha destacado que el reconocimiento y la protección del derecho al honor –derecho fundamental, inherente a la persona humana, en tanto importa la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona– encuentran fundamento constitucional en el art. 33 de la Ley Fundamental y en los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional […], que a su vez también lo contemplan como una restricción legítima al ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión (conf. arts. 11 y 13.2.a del Pacto de San José de Costa Rica; 17 y 19.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; V y XXIX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), como infra-constitucional en el art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación” (considerando 7°).
“Asimismo cabe mencionar que uno de los aspectos centrales de la protección de la esfera privada de toda persona –art. 19 de la Constitución Nacional– está constituido por la tutela del derecho a la imagen de la persona. Vale recordar la clásica doctrina de esta Corte, según la cual el derecho a la privacidad comprende no solo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen. Nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello, y solo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa dela sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen […].
En efecto, la imagen protegida es la que constituye uno de los elementos configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual…” (considerando 8°).
2. Interés público. Delitos de lesa humanidad. Libertad de expresión.
“[L]a publicación que motivó el reclamo de la señora Pando de Mercado se encuentra vinculada a un asunto de interés público. Ello así pues, con el estilo propio del medio de comunicación en cuestión […], la contratapa del ejemplar de la revista hacía referencia a lo que había sido la protesta llevada a cabo [...] por esposas y familiares de militares que se encontraban presos por causas en que se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad, entre las que se encontraba la actora […].
Por ende, el hecho que da origen a la publicación controvertida pretende referir a un reclamo que se realizó en un espacio público y que reflejaba el cuestionamiento que un grupo determinado de personas, entre las que se encontraba la demandante, realizaba respecto de los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y de las políticas que sobre la cuestión llevaban adelante las autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.No caben dudas de que así como existe en nuestra sociedad un especial interés respecto del desarrollo de estos procesos judiciales y de las políticas públicas de justicia, verdad y memoria, idéntico efecto produce el debate, la discusión y el cuestionamiento que con motivo de ellos puedan suscitarse” (considerando 11°).
3. Libertad de expresión. Jurisprudencia. Derecho de publicar las ideas.
“[L]a Corte Suprema ha tenido oportunidad de expedirse respecto de este género y ha destacado que la expresión satírica utiliza el humor o lo grotesco para manifestar una crítica, para expresar un juicio de valor. En consecuencia, como modo de expresión de ideas aunque distinto de la exteriorización directa de ellas, la sátira social o política no está excluida de la tutela constitucional a la libertad de expresión (conf. Fallos: 321:2637, disidencia de los jueces Belluscio y Bossert). No quedan dudas acerca de la importancia que para la existencia de un amplio debate democrático tiene el ejercicio de la crítica satírica, muchas veces ligada a la provocación, respecto de los temas de interés público…” (considerando 15°).
“[N]o caben dudas respecto de que la contratapa del ejemplar cuestionado, conformada tanto por el fotomontaje del rostro de la actora con un cuerpo desnudo envuelto en una red, como por las leyendas que acompañaban dicha imagen, constituye una expresión satírica que refleja una crítica o juicio de valor.En consecuencia, el examen de si tal ejemplar se encuentra amparado por la libertad de expresión o vulnera los derechos personalísimos invocados por la actora, debe efectuarse bajo el estándar de revisión correspondiente a los supuestos de expresión de opiniones o críticas, teniendo para ello especialmente en cuenta que, en virtud de lo manifestado, se está ante una manifestación satírica que utiliza el humor o lo grotesco para referirse a un hecho de interés público en el que participó la actora en su carácter de figura pública” (considerando 16°).
“[E]n lo que respecta al derecho a la crítica que forma parte de la libertad de expresión, el Tribunal ha señalado que el criterio de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación y el honor de terceros, deberá estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que en forma manifiesta carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan. Ello es así pues no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada […].
La mayor amplitud de la tutela constitucional reconocida a los juicios de valor o a las opiniones críticas no importa convertirlas en una `patente de corso´ para legitimar la vulneración de otros derechos que también gozan de protección constitucional, ni constituye un salvoconducto de impunidad de quienes han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular del derecho de crítica…” (considerando 17°).
4. Derecho de publicar las ideas. Libertad de expresión. Injurias. Publicaciones obscenas. Interpretación de la ley.
“[E]sta Corte Suprema ha establecido también que en el examen de los términos utilizados para expresar las críticas o juicios de valor no es suficiente la indagación de sus significados literales y aislados, sino que, por el contrario, debe considerarse especialmente la terminología usual en el contexto en el que han sido enunciados, así como el grado de agresividad discursiva propia del medio en cuestión […].
El cariz desagradable, indignante o desmesurado de ciertas expresiones del debate público no podría despojarlas de protección constitucional sin incurrir en criterios que, en última instancia, dependerían de los subjetivos gustos o sensibilidades del tribunal de justicia llamado a ponderarlas. El solo motivo de que esas expresiones puedan resultar ingratas u ofensivas para las personas involucradas, tampoco podría sustraerlas, sin más, de esa protección constitucional. [E]l criterio estará dado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriantes que carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan […].
Por último, debe tenerse presente que la posibilidad de que, al igual que los funcionarios públicos, las personas que tienen un alto reconocimiento por su participación en cuestiones de interés público estén especialmente expuestas a la crítica, incluso ríspida e irritante, respecto de su desempeño en ese ámbito, habilita un debate robusto que es indispensable para el desarrollo de la vida republicana y democrática. Es por ello que la Constitución Nacional protege no solamente la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas, sino también aquellas formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, dureza o causticidad, o que apelan a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, indudablemente molestas para los funcionarios o figuras públicas...” (considerando 18°).
“[E]l montaje de la foto […] constituye una composición gráfica satírica mediante la cual se ejerció de modo irónico, mordaz, irritante y exagerado una crítica política respecto de un tema de indudable interés público −con mayor precisión acerca de un acto público, el encadenamiento de la actora y otras personas frente al edificio Libertador como acto de protesta política−, protagonizado por una figura pública.
Tratándose de un medio gráfico dedicado a este tipo de manifestaciones satíricas respecto de la realidad política y social, al observar la publicación cuestionada ningún lector podría razonablemente creer estar ante un mensaje auténtico, ni que las frases que la acompañaban fuesen verdaderas. De ellos solo puede deducirse que, con el sarcasmo y la exageración que caracterizan a la revista en cuestión, se estaba realizando una crítica política con las características ya mencionadas, sin exceder la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión y de crítica” (considerando 19°).
5. Derecho a la imagen. Medios de comunicación. Fotografía.
“[E]n lo que respecta a la vulneración del derecho a la propia imagen alegada por la actora […], corresponde señalar que, dada la característica del medio en que fue inserto y el contexto de la publicación en cuestión, dicho fotomontaje puede ser considerado una manipulación de la imagen asimilable a una caricatura.
Al ser la característica principal del fotomontaje la alteración de la imagen original, su protección no podría examinarse, sin más, bajo el prisma de una imagen auténtica y libre de todo proceso de manipulación sino que requerirá de una apreciación que se atenga a las particularidades propias de la técnica y el contexto en el que se encuentra inmersa. La esencia de creación con tinte satírico no se pierde por la `evolución´ en el modo y/o forma en que se patentiza: inicialmente como dibujo u obra de arte, hoy también como manipulación fotográfica. Desde esta perspectiva, su difusión forma parte de la sátira y cabe respecto de ella la conclusión desarrollada precedentemente en cuanto a la ausencia de responsabilidad…” (considerando 20°).
“[D]ada su caracterización de expresión satírica de una crítica política, al citado fotomontaje tomado en su individualidad y considerado como una caricatura, le cabe idénticas conclusiones que las expresadas respecto de la totalidad de la publicación, motivo por el cual su utilización no genera responsabilidad para la demandada” (considerando 21°).
“[A] la misma conclusión se llega en el caso de que se tomara en consideración la fotografía de la cara de la actora en forma aislada, es decir distinguiéndola como imagen fotográfica de su persona dentro del conjunto del montaje caricaturesco, por cuanto su difusión se enmarca en la excepción contemplada en el art. 31 de la ley 11.723 y en el art. 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto prevén que la prohibición de reproducir la imagen de alguien sin su consentimiento cede si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general que lo justifique…” (considerando 22°).
6. Violencia de género. Libertad de expresión. Actos discriminatorios.
“[S]in perjuicio de lo expresado, cabe formular una reflexión final sobre una cuestión que, aunque traída de modo tangencial por la actora, no puede ser obviada por este Tribunal.Se trata de la violencia de género a la que la accionante alude de un modo particular al afirmar que en la publicación se la representó de manera sexualizada cuando ella no apareció de esa forma en público […]. Esta breve referencia dejaría entrever una supuesta tensión entre dos valores constitucionales: por un lado, la libertad de expresión, y por el otro, el derecho a la igualdad de la mujer […].
Con relación al caso, a partir de una mirada atenta al contexto satírico en el que se sitúa la publicación, su estrecha relación con las concretas circunstancias fácticas que la antecedieron y motivaron su existencia, y considerando el `contrato de lectura´ establecido entre el soporte y el lector−comprensivo tanto del texto como de la imagen− no puede admitirse el planteo discriminatorio que la actora intentó enlazar al derecho al honor.
Ello así por cuanto, en atención a esos factores dirimentes, no se advierte que las expresiones en este caso configuren claros insultos discriminatorios que, de manera desvinculada de la crítica política que suponen, utilicen el perfil femenino como un modo de reafirmar estereotipos y/o roles de género que subordinan a las mujeres. La sucinta argumentación de la actora en este aspecto no rebate –y, más aún, pierde de vista– que la publicación pone de manifiesto un discurso de neto tinte satírico respecto de los comportamientos que motivaron y justificaron el procesamiento, el juzgamiento y la detención de aquellos por quienes la señora Pando ejerció su defensa […], como así también busca parodiar la particular conducta que la actora adoptó para ello…” (considerando 23°).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA IMAGEN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; INTERÉS PÚBLICO; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; JURISPRUDENCIA; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; INJURIAS; PUBLICACIONES OBSCENAS; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; FOTOGRAFÍA; VIOLENCIA DE GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS;
Tommasi, J A (causa N° 23)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y, según su voto, Rosenkrantz).
1. Recurso de casación. Revisión judicial. Doble conforme.
“[C]onforme lo estableciera el Tribunal en el precedente ‘Casal’ (Fallos: 328:3399), el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior del artículo 8.2. ap. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del concordante artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, requiere garantizar una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio. Sin embargo, en inobservancia de ese deber, el a quo convalidó la condena limitándose a reiterar los fundamentos del fallo pero sin abordar –y en consecuencia, sin tampoco refutar– los conducentes planteos que los recurrentes formularon respecto tanto a la falta de correlato de los indicios de cargo con las constancias probadas de la causa como a la alegada presencia de razonamientos contradictorios en los que, con mengua del principio de culpabilidad y del principio de presunción de inocencia, habría incurrido la sentencia de mérito para fundar el reproche.
De tal modo, la actividad revisora desplegada por el a quo devino en insuficiente en la medida que se limitó a repetir los términos empleados en la sentencia de mérito sin brindar un razonamiento y una respuesta concreta que rebatiera los planteos de los recurrentes que cuestionaban todos y cada uno de los extremos a partir de los que se infirió su conocimiento de la ocupación de la finca y del que, a su vez, se derivó que conocieron el destino que se le dio al inmueble y que quisieron brindarlo a esos efectos”.
“Por ello, sin abrir juicio sobre el fondo del asunto, se concluye que el a quo omitió analizar agravios conducentes planteados por la defensa de [los imputados], para la correcta resolución del asunto, lo que implicó, en definitiva, que no se cumpliera con la revisión integral y exhaustiva del fallo condenatorio en los términos establecidos en el precedente ‘Casal’ (Fallos: 328:3399) y, por tal motivo, el fallo impugnado debe ser descalificado” (considerando 10° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
2. In dubio pro reo. Principio de inocencia. Prueba. Apreciación de la prueba.
“En el presente caso debe hacerse lugar a los recursos interpuestos, dado que en modo alguno pudo acreditarse la responsabilidad de los hermanos [imputados]. No existe la necesaria certeza, requerida para la imposición de pena en un Estado de Derecho, acerca del conocimiento por parte de los [hermanos] de la comisión de los delitos que se imputaron a los autores directos de los hechos investigados, y menos aún existe certeza de su voluntad de cooperar en la comisión de dichos delitos” (considerando 3° del voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
“La sentencia recurrida afirmó también que la inexistencia de signos de violencia en las entradas a la propiedad desmiente la tesis de la usurpación invocada por la defensa. En autos no se comprobó la existencia de signos de violencia en las entradas a la propiedad, pero de ello en modo alguno se sigue que, tal como sugiere el tribunal a quo, sus propietarios conocieran el uso que le fuera dado a la propiedad durante los cuatro días que [el abogado] fue allí apresado. Los hermanos [imputados] sostuvieron que su propiedad estaba deshabitada y en desuso, lo que, como se dijo precedentemente, no fue desmentido por la prueba reunida, por lo que resulta plausible que la propiedad haya sido usada sin el conocimiento y menos aún el consentimiento de los recurrentes” (considerando 4° del voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
3. Delitos de lesa humanidad. Deber de investigar.
“[A] partir de lo expresado en los considerandos precedentes y dada la especial trascendencia del caso, este Tribunal entiende oportuno precisar que se ratifica, en forma expresa y contundente, la vigencia del deber constitucional y convencional de enjuiciar y castigar, sin excepción alguna, a todos los responsables de las gravísimas violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, cuyo cumplimiento esta Corte ha buscado asegurar en su jurisprudencia en aras de remover diversos obstáculos que lo comprometían indebidamente […].
Por tal motivo, se efectúa la importante aclaración que en modo alguno este fallo puede implicar tolerar o fomentar que se empleen subterfugios para amparar cualquier forma de impunidad, sino simplemente que resulta indudable que este deber tiene que ser asegurado cumpliendo también con las normas constitucionales y convencionales que obligan a esta Corte a velar por el respeto de las garantías judiciales, en el caso la del doble conforme, las que resultan instrumentales para asegurar que ‘la aplicación de una pena solo pued[a] estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho atribuible al acusado’…” (considerando 11° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
4. In dubio pro reo. Doble conforme. Prueba. Apreciación de la prueba. Principio de inocencia.
“[E]s preciso no perder de vista la íntima relación existente entre la garantía de la doble instancia y el beneficio de la duda […]. En este sentido, corresponde recordar que tanto ese principio como el del in dubio pro reo […] guardan una estrecha relación con la presunción de inocencia constitucional (artículo 18 de la Constitución Nacional). Que cuando ese artículo dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (Fallos: 321:3630 ‘Nápoli’).
A ello se agrega lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75, inc. 22, con la máxima jerarquía normativa, que expresamente establece que ‘toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’. En una formulación equivalente, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuenta con la misma jerarquía, determina que ‘toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley’ […]. A la luz de estos principios, resulta decisivo que el juez, aun frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal” (Fallos: 339:1493, considerando 22°, y Fallos: 342:2319, considerando 22°)” (considerando 11° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
RECURSO DE CASACIÓN; REVISION JUDICIAL; DOBLE CONFORME; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DELITOS DE LESA HUMANIDAD;
Landa (Causa N° 61)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Rosario
El Tribunal Oral Federal de Rosario N° 1 absolvió a la persona imputada (jueces Sutter Schneider, Vázquez y Paulucci).
1. Delitos de lesa humanidad. Prueba. Apreciación de la prueba. Principio de inocencia.
“En el año 1975, […] según el libro histórico y su legajo personal, el nombrado se desempeñaba como Jefe de logística (S4) con el grado de teniente primero, lo cual lo aparta de cualquier tipo de investigación, que tenga que ver con una fuerza distinta a la del ejército. [El imputado] no prestó servicios en la […] policía federal, aunque sin desconocer lo afirmado en otros apartados de este decisorio en cuanto a la connivencia de las fuerzas policiales en la lucha contra la subversión, lo cierto es que no surge vinculación fehaciente directa ni indirecta del encausado con este caso. Toda la prueba que se produjo en el debate no resultó suficiente para acreditar, con la certeza requerida en esta instancia que [la persona imputada] haya procurado y/o facilitado ningún medio material para la comisión de este delito, para concretar el operativo vinculado con la privación ilegal de la libertad de [una de las víctimas] y menos aún con el grado de teniente primero que ostentaba en ese entonces, sumado a que tampoco fuera identificado por las víctimas o testigos que declararon en la causa. […] Respecto de los casos de [otras tres víctimas], el análisis integral de toda la prueba producida en el debate, conduce al arribo de la misma conclusión”.
“[N]o se ha podido determinar, ni acreditar con la certeza que se requiere para esta etapa del proceso que [el imputado] haya tenido algún tipo de participación en aquellos hechos imputados y tampoco la realización de un aporte material o logístico o de algún otro tipo que conduzca a una solución condenatoria a su respecto.
Por todo lo dicho, se desprende que la afirmación de los acusadores resulta, más que una necesaria conclusión de premisas respaldadas en las pruebas del debate, una conclusión apoyada en una presunción incluso si se quiere en una fuerte presunción (derivada de las funciones S1 y S4 que cumplía [la persona]) pero sin ningún otro respaldo carente absolutamente de cualquier otro indicio probatorio y por ende, insostenible por el Tribunal con el grado de certeza exigida en la etapa al resultar por ello mismo inválida para derribar el principio constitucional de inocencia y sustentar una condena”.
2. Prueba. Apreciación de la prueba. Verdad jurídica objetiva. In dubio pro reo. Principio de inocencia. Sentencia absolutoria.
“El principio ‘in dubio pro reo’ proviene de la presunción de inocencia que ampara al imputado. […] Ello implica que toda sentencia de condena y por ende, la aplicación de una pena, solo puede estar fundada en la ‘certeza’ del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado.
Precisamente la falta de certeza representa la imposibilidad del estado de destruir la situación de inocencia construido por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la ‘duda’, o aún la probabilidad, impiden la condena y desemboca en la absolución.
Los conceptos certeza, probabilidad y duda aluden a una relación de conocimiento y al conocimiento histórico, todo se reduce a una relación de conocimiento, esto es la relación que existe entre el sujeto cognoscente y el objeto que pretende conocer.
Tanto los jueces como las demás personas que intervienen en el proceso argumentan sobre el intento de conocer la verdad de un hecho que se afirma ha ocurrido realmente. En este contexto se llama ‘verdad’ a la correspondencia correcta entre la ‘representación ideológica’ del objeto, que practica el sujeto que conoce, y la ‘realidad’: es la representación ideológica correcta de una realidad ontológica, o sea, la concordancia del pensamiento con el objeto pensado. […] Quien aprecia los elementos de prueba puede adoptar diferentes posiciones respecto de la ‘verdad’; puede convencerse de que la ha alcanzado, y así, tiene la certeza de que su reconstrucción es correcta.
Si el operador (Juez) considera que ha alcanzado una verdad en grado menos asertivo al anterior, y los elementos de prueba analizados no permiten lograr su convicción total de haber elaborado un juicio correcto, sin errores, establece solo la probabilidad de que su reconstrucción es acertada. […] Por último puede ocurrir que no conozca la verdad pues los elementos que afirman algo se balancean con los que lo niegan, la DUDA es absoluta. […] Solo la certeza POSITIVA permite condenar, mientras que los demás estados del juzgador respecto de la verdad remiten a la absolución, como consecuencia del ‘IN DUBIO PRO REO’.
En otras palabras, no existe en el presente una certeza absoluta respecto de la intervención del justiciable en la comisión del hecho delictivo, presentándose en este caso una duda, evidenciada por la existencia de motivos que conducen tanto a afirmar como a negar la participación del acusado en los hechos que se le enrostran. Ello, en virtud de que, como se dijo, la única prueba al alcance del juzgador es el cargo ocupado por el nombrado, el que en sí no implica una responsabilidad directa con los hechos sufridos por las víctimas de autos que le fueran atribuidas –que resultaron ser cinco hechos–. Tampoco fue identificado en ningún momento por las víctimas o testigos que declararon por las causas que se le imputaran, ni tampoco mencionado por el resto de quienes declararon en la audiencia o cuyos testimonios se incorporaran por lectura, pese a ser [el imputado] oriundo de la localidad de San Nicolás y de una familia reconocida tanto él como su esposa de esa ciudad, como fuera afirmado en su declaración final”.
“Así, se concluye que en el presente caso no se ha podido acreditar fuera de toda duda razonable que los hechos padecidos por las víctimas indicadas hayan estado, en algún momento, bajo el ámbito de competencia [del imputado] con lo cual corresponde su absolución”.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; VERDAD JURÍDICA OBJETIVA; IN DUBIO PRO REO; SENTENCIA ABSOLUTORIA;
Marquiegui (causa N° 93003277)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, confirmó la decisión y sobreseyó al imputado. Sin embargo, aclaró que el sobreseimiento debía ser dictado en los términos del art. 336, inc 5) CPPN (voto del juez Mahiques al que adhirió el juez Yacobucci).
1. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso judicial. Sobreseimiento. Principio Pro Homine. Razonabilidad.
“Si bien es cierto que, como alega el impugnante, la norma no prevé taxativamente el supuesto planteado en autos [sobreseimiento por incapacidad sobreviniente], la interpretación del texto legal realizada por el a quo resulta adecuada a los principios de trato humanitario y pro homine”.
“[E]n casos como el presente donde el cuadro clínico de incapacidad debidamente constatado fue calificado de irreversible, deviene necesario realizar una interpretación conforme los principios enunciados que, a su vez, favorezca la adopción de un criterio procesal que cierre definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al  imputado, en los términos del art. 335 CPPN”.
“[L]a resolución impugnada no revela ningún déficit de fundamentación que la invalide como acto jurisdiccional por arbitraria […], ya que el dictado de un sobreseimiento en supuestos de incapacidad mental sobreviniente de carácter irreversible, aparece como la solución más razonable” (voto del juez Mahiques).
2. Incapacidad Sobreviniente. Inimputabilidad. Excusa Absolutoria. Extinción de la acción penal.
“[E]l caso en estudio [incapacidad sobreviniente] guarda más relación con los supuestos de inimputabilidad, inculpabilidad o de excusa absolutoria, previstos en el art. 336, inc. 5to, que con un supuesto de extinción de la acción penal”.
“[L]a incapacidad mental sobreviniente no extingue de ningún modo la acción penal; ésta se mantiene vigente pero con la particularidad de que la persona sometida a proceso o  cumpliendo pena no puede comprender sus alcances”.
“Del mismo modo que corresponde sobreseer a quien no pudo comprender la criminalidad de sus actos, y por tanto, motivarse por la norma, cabe la misma solución respecto del condenado cuya incapacidad mental no le permite internalizar el sentido y la finalidad de la pena impuesta (tanto sean estos retributivos o de prevención especial o general)” (voto del juez Mahiques).
INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; SUSPENSIÓN DEL PROCESO JUDICIAL; SOBRESEIMIENTO; PRINCIPIO PRO HOMINE; RAZONABILIDAD; INIMPUTABILIDAD; EXCUSA ABSOLUTORIA; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL;
VMI del C (causa Nº 48267)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M
La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución (juezas Benavente e Iturbide).
1. Alimentos. Embarazo. Persona por nacer.
“El artículo 665 del Código Civil y Comercial establece que la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. Por su parte, la ley 26.061 reconoce el derecho a los alimentos a la mujer embarazada (arts. 18 y 37, inc. c) […].
Se exige probar fehacientemente la existencia de un embarazo (alcanzará con un certificado médico) y, sumariamente, la filiación […]. Es posible recurrir a cualquier medio de prueba tendiente a demostrar que el demandado es el presunto padre (o madre) de la persona por nacer...”.
2. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Embarazo. Alimentos.
“Como se trata de alimentos provisorios, es decir, que revisten el carácter cautelar […], debe demostrarse la `verosimilitud´ del vínculo invocado, cuya evaluación deberá realizar el juez en cada caso, debiendo privilegiar la atención de la necesidad impostergable de la persona por nacer…”.
“La prueba de la existencia del embarazo y el reconocimiento formulado por el accionado de haber mantenido una larga convivencia con la actora constituyen antecedentes que, a juicio del Tribunal, justifican prima facie la procedencia del pedido.
Es cierto que, como sostiene el accionado, el embarazo se inició unos meses después del cese de la convivencia. Sin embargo, la propia actora, al efectuar la denuncia ante la OVD, mencionó expresamente que las relaciones sentimentales continuaron luego de la ruptura, lo que no fue negado por [el demandado].
No debe perderse de vista que la tutela jurídica del niño por nacer debe extenderse a un conjunto de obligaciones y cuidados de naturaleza impostergable donde cualquier demora podría incidir negativamente en el bienestar y desarrollo psicofísico dada la especial condición –persona por nacer–, y en atención a que la paternidad se encuentra incierta o indeterminada, será la madre la que cargue con todas las consecuencias de la procreación...”.
ALIMENTOS; EMBARAZO; PERSONA POR NACER; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Pérez (causa N° 3073)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar a la queja, declaró procedente la impugnación y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosatti y Maqueda). Para decidir de ese modo, se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación.
1. GÉNERO.  LEGÍTIMA DEFENSA. AGRESIÓN ILEGÍTIMA. ESTADO DE NECESIDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO. VIOLENCIA FAMILIAR.
“En primer lugar, no [se advierte] arbitrariedad, sino más bien conformidad con los estándares vigentes en la materia, en la conclusión sobre el punto a la que arribaron los jueces de la causa al descartar que en el momento del hecho hubiese existido una agresión antijurídica, actual o inminente, de parte de [C], que hubiera hecho necesario reaccionar apuñalándolo. En particular, esa conclusión se halla en consonancia con la opinión dominante según la cual, en atención a la intensidad de la autorización, no limitada por la proporcionalidad, la noción de ‘actualidad de la agresión’ es más restrictiva que la de ‘actualidad del peligro’ del estado de necesidad, y sólo abarca por ello a la agresión que se dará en forma inminente, que ha comenzado o que aún continúa, a la vez que excluye los casos de ‘defensa preventiva’ y de ‘peligro permanente’, sin perjuicio de su eventual consideración como estado de necesidad.
[L]a doctrina y la jurisprudencia han admitido, excepcionalmente, en ciertos casos extremos de violencia familiar, no la justificación por legítima defensa, como postula la defensa, pero sí la exculpación del homicidio del llamado ‘tirano de la familia’ cuando las particulares circunstancias del caso permiten afirmar la concurrencia de los presupuestos de un estado de necesidad exculpante, en particular, la existencia de un peligro permanente que sólo podía ser conjurado eficazmente actuando sin demora, y que tampoco podía ser evitado de otro modo.
Sin embargo, esta argumentación no fue planteada por la defensa, de modo que su no tratamiento por los jueces de la causa y, en particular, por el a quo no puede ser considerado un defecto del pronunciamiento impugnado. En este punto, no [se pasa] por alto que la defensa postuló la existencia de un peligro derivado de la situación de violencia de género que describió, pero […] esa alegación [no ha] sido acompañada siquiera de una mínima argumentación tendiente a demostrar o explicar, ni la urgencia de actuar la mañana en cuestión, ni la inexistencia de otros medios (especialmente, de procedimientos institucionales) para resolver la situación; ambos requisitos, según se ha visto, para la operatividad de la excusa en examen. Este defectuoso planteamiento descarta por ello también cualquier reproche a los jueces que se pudiera pensar hacer por no haber considerado el tema, aunque fuese bajo otro nomen iuris”.
2. EMOCIÓN VIOLENTA. TIPICIDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO.
“El tribunal de audiencia justificó el rechazo de [la atenuante del homicidio cometido en estado de emoción violenta] fundamentalmente en la falta de inmediatez entre el hecho supuestamente desencadenante de la emoción: la sustracción del televisor, y la reacción. […] Esta solución de continuidad, sumada al comportamiento exhibido por la imputada, que fue en búsqueda de la víctima, descartaría, para el tribunal, que P ‘h[ubiera] actuado bajo una conmoción violenta del ánimo, motivada en una incitación externa justificada inmediatamente anterior al hecho’ y, por el contrario, sería demostrativa de que ‘actuó de manera consciente y deliberada’…”.
“Concretamente, con invocación de peritajes y testimonios, la defensa describió la hipótesis de una personalidad desbordada emocionalmente por el acoso y las agresiones que venía sufriendo de parte de su ex pareja, todo ello agravado por el trasfondo de un historia de vida signada por el abandono y el abuso desde la niñez, que, en palabras de la propia imputada, en el marco de la confrontación que mantuvo con [C] ante la sospecha de que hubiera sustraído el televisor, habría experimentado las expresiones que le profirió como la provocación que desencadenó la reacción emotiva que la llevó a cometer el hecho […]. La pérdida de memoria, la angustia y la actitud general revelada por la imputada con posterioridad al hecho se hallarían en consonancia con esa hipótesis, que tampoco se vería desvirtuada por la circunstancia de que [P] hubiera ido con un cuchillo, porque surge de los testimonios que lo llevaba permanentemente, desde la separación, como medio de protección y defensa ante eventuales agresiones de [C]”.
“Esta hipótesis de un suceso aparentemente nimio, que opera sobre un trasfondo pasional ya existente como desencadenante, era entonces […] un argumento conducente, planteado oportunamente, que, más allá de la conclusión a la que finalmente se arribara, debía ser tratado por el Tribunal de Impugnación en el marco de la revisión que le incumbía realizar como consecuencia del recurso interpuesto por la defensa”.
3. EMOCIÓN VIOLENTA. VIOLENCIA DE GÉNERO. PRUEBA. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
“Sin embargo, […] dicho tribunal soslayó por completo la consideración de la hipótesis que, desde una perspectiva totalmente distinta, había puesto a su consideración la defensa, pues sin hacer ninguna alusión a esa nueva propuesta, ni siquiera para refutarla, se limitó a reproducir la tesis de la falta de inmediatez entre la agresión y la ofensa […].
[L]os jueces volvieron a incurrir en el mismo vicio cuando, sin consideración alguna a la prueba pericial y testimonial cuyo reexamen pedía la defensa, expresaron dogmáticamente que ‘ninguno de los tres elementos tipificados de la emoción violenta, a saber: intensa conmoción de ánimo, motivo moralmente relevante y reacción inmediata ante la permanencia de circunstancias lesivas, se han materializado en el caso’ […]. [E]ra precisamente en esa prueba, referida a la situación de violencia que habría padecido la imputada y el efecto que habría tenido sobre ella, que la defensa sustentaba la existencia del estado pasional y de las circunstancias que estimaba excusantes. Esta omisión luce más grave por cuanto ambos tribunales, de juicio y de impugnación, habían dado por acreditada la existencia de esa situación de violencia doméstica y de género a partir de la cual la defensa desplegaba su argumentación.
Por último, […] la defensa había argumentado con base en diversos testimonios que la imputada llevaba el cuchillo permanentemente consigo, como forma de protección, de modo que su portación, la mañana del hecho, no podía ser valorada como prueba de una premeditación incompatible con el estado pasional alegado. Sin embargo, […] a pesar del planteamiento de esta cuestión, también aquí el tribunal de impugnación omitió pronunciarse sobre el mérito de esos testimonios en los que el recurrente basaba su objeción y, en cambio, afirmó dogmáticamente que la presencia del arma se debía a que [P] pensaba utilizarlo contra la víctima, lo cual demostraba una preparación y una intención manifiesta que descartaba el estado de emoción”.
4. RECURSOS. REVISIÓN JUDICIAL. DEBIDO PROCESO.
“De allí que […] no quepa más que dar la razón en este aspecto al impugnante y deba concluir que el trámite recursivo, en lo que atañe a este agravio, no satisfizo los estándares de revisión amplia establecidos por V.E. in re ‘Casal’ (Fallos: 328:3399), como así también que la negativa del a quo a conocer del recurso interpuesto por ese motivo importó una restricción sustancial de la vía utilizada por el apelante, sin fundamentación idónea suficiente, que se traduce en una violación a la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 315:761 y 1629, entre muchos otros)…”.
GÉNERO; LEGÍTIMA DEFENSA; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; ESTADO DE NECESIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; EMOCIÓN VIOLENTA; TIPICIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; DEBIDO PROCESO;
Tornello (Causa n°48439)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 11 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 homologó el acuerdo conciliatorio, extinguió la acción penal por conciliación y sobreseyó al hombre imputado (juez Sañudo).
“[E]l conflicto básico y primario es entre el imputado y la damnificada, y no tanto entre el imputado y la sociedad (representada por el Sr. Fiscal). No [resulta posible imaginar] a la sociedad preocupada por este caso, y mucho menos por la reparación de la persiana del negocio en el que trabaja la [damnificada]. De todas formas, el conflicto subsiste en el orden procesal legal, ante la oposición del Ministerio Fiscal”.
“[Corresponde apartarse] de [la] opinión [de la fiscalía] por no considerarla suficientemente razonable frente a este caso en concreto. […] [S]urge como premisa fundamental que la oposición sea suficientemente fundada y más que nada razonable, […] en tanto y en cuanto se inspiran en la búsqueda de solucionar conflictos para restablecer la armonía entre los protagonistas, y, por sobre todo la paz social. En tal línea de pensamiento, […] el conflicto concreto [se percibe] planteado entre la damnificada y el imputado; y no entre la sociedad y el imputado. Por otra parte, […] surge la necesidad de que la víctima se encuentre en un pie de igualdad (empoderada) para decidir sobre sus intereses, sin que ello admita ser reemplazada ni por el Juez interviniente ni por el representante de la sociedad (titular de la acción). La oposición, en consecuencia, debe estar fundada ante todo en casos en que lo contrario podría comprometer la paz social y no al contrario como en este caso, en que la escasa lesividad del hecho delictivo que se le enrostra al imputado, carente de toda violencia (física) impide catalogarlo como siquiera cercano a todo supuesto de afectación de la mentada paz social. Al contrario, es la propia damnificada que actuando manifiestamente de modo libre y sincero, aceptó las disculpas [del hombre imputado] aceptó la reparación económica, comprendió cabalmente los alcances de este beneficio, escuchó atentamente la enumeración de antecedentes que efectuó el Sr. Fiscal, y no obstante ello insistió en aceptar el acuerdo conciliatorio en todos sus términos y hasta proponiendo como condición que tanto el nombrado como su familia se comprometan formalmente a encaminar a [al hombre imputado] a un tratamiento curativo y sanador de las adicciones que los han llevado a desviarse conductualmente”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; ROBO; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; LIBERTAD CONDICIONAL; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
Díaz y Vaz (CNCCC_Causa n°12240)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala de turno
La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la fiscalía (juez Magariños y jueza Llerena).
“En su recurso de casación, el impugnante sostuvo, en lo sustancial, que el dictamen fiscal se encontraba debidamente fundado y, en esa medida, resultaba vinculante para el juez, pues, al tratarse de un supuesto de disponibilidad de la acción penal, solamente el representante del Ministerio Público Fiscal podía decidir su declinación.
Se observa que el recurso interpuesto es inadmisible por falta de fundamentación, en tanto el impugnante no se ha hecho cargo de refutar todos y cada uno de los argumentos contenidos en la resolución puesta en crisis.
En particular, más allá de la corrección o no del fundamento con el que se sostiene el recurso de casación, el recurrente no se ha hecho cargo de refutar el argumento del a quo vinculado a que la presencia de antecedentes penales no constituye un obstáculo previsto en la norma para la procedencia del instituto.
Además, el recurrente no demuestra, en el caso, la sustancia de la arbitrariedad que alega en el pronunciamiento criticado, ni la existencia de alguna otra cuestión federal…”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; ROBO; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
SMR (causa N° 36513)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar al recurso de la parte actora y modificó parcialmente la sentencia de primera instancia. En consecuencia, admitió la asignación de una cobertura de salud debiendo el Estado nacional efectuársela a través del agente o programa que considerase. Además, por mayoría, estableció que a las sumas a abonar debía adicionárseles, desde la fecha de la resolución y hasta su efectivo pago, los intereses equivalentes a la Tasa Activa Cartera General Nominal Anual vencida con capitalización cada 30 días del Banco de la Nación Argentina (jueces Rueda y Sánchez Torres y jueza Navarro).
1. Interpretación de la ley. Decreto reglamentario. Declaración de inconstitucionalidad. Derecho a la salud.
“[L]a primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma […]. En efecto, el Alto Tribunal ha sostenido que el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley…”.
“No [se advierte] que pueda admitirse otra interpretación más que la que su propio texto dispone, resultando razonable considerar que el legislador de haber querido regularlo de manera distinta lo hubiera hecho en forma expresa…”.
“[T]ampoco puede la norma reglamentaria restringir derechos que la ley que viene a reglamentar otorga, excediendoen caso de ocurrir, las facultades previstas por el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, es decir transformándose en un exceso del poder reglamentario…”.
“Se advierte nuevamente que al reglamentar, se restringen los derechos que la ley otorgó. En la ley expresamente se habla de una cobertura de salud, advirtiéndose con claridad que refería a que lo sea a través de un agente de salud, de hecho luego agrega que quienes posean tal cobertura de prepaga u obra social, la siguen percibiendo.
Sin embargo, la reglamentación modifica nuevamente los términos, estableciendo que lo será a través del sistema público, lo cual de haber sido así al momento de sancionar la norma, ni siquiera se habría agregado la anterior disposición, en tanto todos los ciudadanos tienen acceso al mismo”.
INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DECRETO REGLAMENTARIO; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; DERECHO A LA SALUD;
RV y RC (causa N° 16897)Juzgado Federal de Río Grande.
El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a la nulidad y dictó el sobreseimiento de la imputada (jueza Borruto).
1. Violencia de género. Vulnerabilidad. Estado de necesidad. Perspectiva de género.
“[La mujer] contrajo matrimonio […], y el objetivo de la nombrada era conformar una familia, transformándose dicho deseo en un padecimiento para la misma, tomando el control [su pareja] de toda la estructura familiar y hasta del propio hijo de [la mujer]. La madre, no tuvo otra opción que aceptar estas situaciones de maltrato y violencia llevada a cabo […] como único medio para resolver los conflictos constantes con el imputado.
La perspectiva de género es considerada como multidimensional, se encuadra al sexo en un determinado contexto social, los roles desplegado por cada persona, la manera en que se definen, perciben y viven. Tal es así que, dependiendo de éste contexto se despliegan diferentes comportamientos, expectativas, responsabilidades sociales y económicas que vinculan siempre a las mujeres con los hombres, posicionándose éstos últimos con mayor poder”.
“[S]e puede inferir que la misma ha actuado bajo el poder de [su pareja], quien la obligó a dar su consentimiento para que su hijo […] tuviera el apellido [de su pareja], actuando bajo un estado de necesidad, cuyo único objetivo era proteger su vida y la de su hijo ante las continuas amenazas por parte del imputado”.
2. Supresión de identidad. Autoincriminación. Prueba. Apreciación de la prueba.
“El sistema normativo argentino, tiene como objetivo resguardar a las personas de lo que se denomina la autoincriminación forzada, y en el caso de autos, existen suficientes elementos de prueba para considerar que [la mujer] admitió su ilícito en un claro intento de proteger a su hijo.
Que habiendo tomado conocimiento […] de las circunstancias vividas por la nombrada y de acuerdo a su manifestación […] hacen no más que descartar su participación en el hecho delictivo llevado a cabo únicamente por [el hombre]”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; ESTADO DE NECESIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUPRESIÓN DE IDENTIDAD; AUTOINCRIMINACIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
PVP (causa N°6138)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asegurase de manera inmediata el acceso a una vivienda digna y adecuada a la mujer hasta tanto las circunstancias de emergencia habitacional fuesen superadas (juez Reynoso).
1. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad.
“Específicamente en cuanto al grupo de vulnerabilidad que integra la actora (mujer, trans, [con discapacidad] y portadora de VIH) es necesario recordar las obligaciones que recaen en el Estado cuando se encuentra involucrada, como en el caso, la satisfacción de sus derechos fundamentales.
La actora integra un grupo de alta vulnerabilidad estructural, y, a su vez, presenta características que la colocan en una crítica situación de necesidad de asistencia. En efecto, la realidad social de las personas travestis y trans discurre frente a la permanente y continua exclusión de ámbitos tales como la actividad política, los espacios públicos y privados, los empleos, la vivienda, las relaciones de familia, el acceso a servicios sociales y sanitarios.
Como mujer trans, el plan de vida de PVP se desarrolla frente al prejuicio basado en que sus cuerpos difieren del estándar de corporalidad femenina y masculina; lo que se relaciona con las situaciones de violencia y discriminación que afecta a este grupo en múltiples dimensiones”.
2. Perspectiva de género. Derecho al acceso a una vivienda digna. Situación de calle. Subsidio.
“La perspectiva de género […] provee de marcos teóricos y metodologías útiles para analizar e intervenir sobre las desigualdades estructurales en el acceso a bienes materiales y simbólicos que afectan a los sujetos en función de su identidad o expresión de género. En tal sentido, constituye una mirada especifica e imprescindible acerca de las injusticias basadas en el género y sus relaciones causales con la política publica, partiendo de la idea de que toda acción u omisión del Estado tiene un sesgo en relación con el género, reportando beneficios para algunos e impactando de forma negativa en otros, en función de sus identidades o expresiones de género…”.
“En lo que respecta específicamente a la problemática de los grupos sociales o individuos que por sus condiciones de exclusión social no pueden acceder por sus propios medios a una vivienda, a lo largo del tiempo se han creado diversas políticas y programas dirigidos a atender esta situación de emergencia.
Entre ellos, es especialmente relevante el Decreto 690/06 que aprobó el programa `Atención Para Familias en Situación de Calle´. Ese programa […] tiene por objetivo brindar asistencia a familias o personas solas en situación de calle, entendiendo por tales a aquellas que se encuentran en forma transitoria sin vivienda o refugio a consecuencia de desalojos, o por otras causas. Así, se previó el otorgamiento de subsidios, a fin de mitigar una comprobada situación de emergencia habitacional, fortaleciendo el ingreso familiar exclusivamente con fines habitacionales (art. 3°)”.
“[E]l derecho a una vivienda adecuada que invoca la parte actora se encuentra ampliamente reconocido y que es deber del Estado garantizar la protección de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social.
Vale la pena, asimismo, hacer referencia también al contexto actualde pandemia provocada por el brote del virus COVID-19, sobre el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que `al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle ; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas´ (CIDH, resolución n° 1/2020 `Pandemia y Derechos Humanos en las Américas´…)”.
3. Emergencia sanitaria. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo.
“[E]n lo que respecta al derecho a la vivienda, cabe considerar que, si bien en términos formales, la actora no puede ser desalojada en el contexto actual de la pandemia ocasionada por el brote del virus COVID-19, lo cierto es que la decisión de emergencia adoptada por el Ejecutivo Nacional no sustituye ni modificala pretensión principal de estos obrados, pese a que la inmediatez en el cumplimiento de parte del GCBA le permita a la amparista seguir abonando el valor actual del alquiler, lo que, vale recordar, es consecuencia directa de la medida cautelar dictada en autos.
Tales extremos permiten considerar a la actora incluida en los sectores de la población que el constituyente ha decidido dar prioridad en el inciso 1° del artículo 31, CCABA, y comprendida entre aquellos a los que la ley 4.036 específicamente garantiza un alojamiento. Por lo expuesto, habida cuenta de que la Sra. P.V.P. no ha logrado superar el estado de emergencia habitacional, se impone concluir que existe en cabeza de la actora un derecho a la vivienda –entendido como el derecho a vivir en un lugar con condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad– acorde a la dignidad de la persona humana, por lo que el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a esa finalidad, mas no como resultado de su discrecionalidad o como una mera asistencia, sino como el reconocimiento efectivo de derechos jurídicamente exigibles”.
LGBTIQ; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; SITUACIÓN DE CALLE; SUBSIDIO; EMERGENCIA SANITARIA; DESALOJO;
Tulini (casa N° 247689)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala II
La Sala 2 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata admitió parcialmente el recurso interpuesto por la parte codemandada y confirmó la decisión en cuanto había declarado la inconstitucionalidad de la ley provincial Nº 14.432. Sin embargo, dispuso que el inmueble resultaba inejecutable y dejó sin efecto la subasta ordenada (juezas Hooft y Bourimborde).
1. Vivienda. Vivienda única. Bien de familia. Bienes inembargables.
“[A]l iniciar en el año 1997 el tránsito de regularización que, con una clara finalidad social, prevé la ley 24.374, no se contemplaba la posibilidad de protección de los derechos sobre la vivienda bajo el régimen de `bien de familia´, tutela a la cual, en el mejor de los casos, sus titulares podrían haber accedido en el año 2007. Mas ello no los hubiera precavido de su ejecución por una deuda contraída en el año 2000 como la aquí reclamada, cuya ejecución fue iniciada en el año 2002. Lo expuesto demuestra que el ordenamiento jurídico no brindaba, al menos de modo expreso, una respuesta adecuada para este singular supuesto…”.
“[S]iguiendo el razonamiento desplegado por la mayoría de la Corte Nacional en Fallos 343:264, una respuesta acorde a los principios y derechos constitucionales en juego puede lograrse considerando la situación aquí planteada como un `caso no previsto´ que debe ser resuelto por disposiciones análogas.
Así, a tenor de las circunstancias relevantes del caso enjuiciado y, en particular, la falta de tutela expresa de quienes han iniciado la regularización de la ley 24.374, sumada a la protección singular y diferenciada a la que tiene derecho la recurrente –dada su avanzada edad, estado de salud y situación de vulnerabilidad social en su condición de jubilada de magros ingresos–, cabe extender, por analogía, la inembargabilidad e inejecutabilidad que ampara a la `vivienda única´ a los derechos posesorios de la señora […] sobre su vivienda única y de carácter permanente plasmados en el acta de constatación inscripta en el Registro […].
Una solución contraria, que no permita la integración del régimen de la ley 24.374 con normas análogas que también tienen por finalidad la protección de la vivienda única, máxime cuando se trata de un inmueble de limitado valor […] y en beneficio de una persona que ostenta una particular vulnerabilidad, carecería de razonabilidad…”.
2. Vivienda única. Interpretación de la ley. Declaración de inconstitucionalidad. Razonabilidad. Bienes inembargables. Acciones posesorias.
“A un resultado equivalente se arriba de apegarnos al texto de la ley en cuanto no prevé de modo expreso este supuesto de inembargabiidad e inejecutabilidad, hipótesis en la cual el camino a seguir es acoger el planteo con base constitucional de la apelante y declarar la inaplicabilidad al caso del poder de agresión consagrado en el art. 242 del CCC respecto del bien […]. [L]a ejecución pretendida no supera el `test de razonabilidad´ que impone el art. 28 de la Constitución Nacional”.
“Ahora bien, la razonabilidad de un precepto o regla jurídica es predicable en un contexto determinado. Y en tren de efectuar el balance ponderativo que encierra el juicio de razonabilidad, a la luz de las puntuales circunstancias de esta causa, cabe resaltar los siguientes factores: i] que los derechos posesorios cuya ejecución se pretende al amparo de la regla general sentada en el art. 242 del CCC recaen sobre un inmueble que constituye la vivienda única y de ocupación permanente de la codeudora A.; ii] que la mencionada coejecutada ostenta tales derechos en el marco de regularización diseñado por la ley 24.374 que, como viéramos, persigue un evidente fin social y tiene por objeto bienes de un limitado valor económico; iii] que al inicio del tránsito del procedimiento de regularización de la ley 24.374 […] y hasta el cumplimiento del plazo decenal previsto en el art. 8 de la citada norma (en el caso, en el año 2007), la nombrada careció de una alternativa legal expresa para tutelar o resguardar dicha vivienda de la agresión de eventuales acreedores, entre ellos el aquí ejecutante cuyo crédito data de noviembre de 2000 y, iv] que la coejecutada resulta ser una persona que, al día de hoy, tiene 76 años de edad, posee problemas de salud y cuenta con escasos recursos provenientes de su jubilación, siendo merecedora de un tratamiento singular y diferenciado en orden a los instrumentos constitucionales [...]
Las razones enunciadas patentizan que la aplicación del poder de agresión sobre ese bien en particular –en rigor, sobre los derechos posesorios sobre el inmueble bajo la ley 24.374 inscriptos en el Registro el7/11/1997– arroja un resultado jurídicamente incompatible o reprobable a la luz de los principios constitucionales implicados. La consecuencia desemejante poder, en el caso considerado, luce desproporcionada (y por tanto irrazonable), desoyendo los derechos constitucionales de la señora […] (arts. 16, 28, 75 inc. 22 y 23 CN)”.
VIVIENDA; VIVIENDA ÚNICA; BIEN DE FAMILIA; BIENES INEMBARGABLES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; ACCIONES POSESORIAS;
Sánchez (causa Nº 165815)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín
El Tribunal Oral Federal de San Martin N° 5, por unanimidad, declaró la nulidad de las órdenes de allanamiento y secuestro del material estupefaciente, y absolvió a los imputados (jueces Mancini y Rodríguez Eggers, y jueza Morgese Martín).
1. Estupefacientes. Violación de correspondencia. Orden judicial. Cadena de custodia. Derecho a la intimidad.
“[L]a apertura de la encomienda se llevó a cabo sin orden judicial (art. 234 del CPPN) ni justificación alguna prevista por el ordenamiento jurídico. […] Por el contrario, la conducta [del empleado de la empresa] además de traslucir una directa injerencia antijurídica en el ámbito de intimidad protegido expresamente por la Constitución Nacional (art. 18), pareciera encuadrarse, cuanto menos, en la conducta delictiva prevista en el art. 154 del CP, dificultando con ello, además, la segura custodia de los efectos incautados y de las formalidades al efecto y disipar, en la oportunidad propicia, cualquier duda sobre el dueño o tenedor de la encomienda”.
“[E]l hallazgo de la sustancia estupefaciente en el interior de la encomienda objeto de investigación se produjo como consecuencia de una conducta ilegal llevada a cabo por un particular, en clara vulneración al derecho a la intimidad, expresamente previsto en el art. 18 que protege la correspondencia y los papeles privados”.
2. Violación de correspondencia. Nulidad. Derecho a la intimidad. Prueba. Regla de exclusión. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[T]ratándose de un único cauce de investigación que tenía su génesis en una conducta ilegal llevada a cabo por un particular, resultaba inevitable analizar el caso a la luz de las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de exclusión probatoria, en tanto es doctrina firmemente sentada que corresponde extraer del ámbito de valoración aquellas pruebas que hayan sido incorporadas al proceso como resultado de un acto reñido con la vigencia de garantías constitucionales…”.
“[S]iendo que […] la conducta llevada a cabo por el empleado de empresa de correos se erigía no sólo en pugna con la ley, sino contraria a derechos expresamente consagrados en nuestra Constitución Nacional (art. 18), la circunstancia de que el ofensor fuera un particular en nada alteraba la aplicación de la mentada regla, máxime cuando quien ejecuta el acto ilegítimo tiene el deber legal (y, en virtud de ello, una especial posición de garante) frente al bien jurídico tutelado por la norma –en el caso la intimidad (y propiedad) –, como lo es quien se desempeña en el transporte de correspondencia privada.
Como consecuencia de ello, tratándose tal curso causal viciado el único que motivó (y fundó) los autos que dispusieron los allanamientos que culminaron con el secuestro del material estupefaciente cuya tenencia ilegal el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a los incusos, corresponde, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 166 y 168 disponer la nulidad de las mentadas resoluciones y, de acuerdo a la ya sindicada teoría del fruto del árbol venenoso (art. 172 del CPPN), absolver a los imputados…”.
ESTUPEFACIENTES; VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA; ORDEN JUDICIAL; CADENA DE CUSTODIA; DERECHO A LA INTIMIDAD; NULIDAD; PRUEBA; REGLA DE EXCLUSIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
ONV y GHE (causa N° 14600)Juzgado Federal de 1a Instancia en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de San Martín
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín declaró la nulidad del modo en que se inició el expediente y dictó el sobreseimiento de ambas personas (jueza Vence).
1. Violencia de género. Debida diligencia. Acceso a la justicia. Autoincriminación. Ministerio Público Fiscal. Violencia institucional. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convencion de Belém do Pará). Regla de exclusión. Nulidad.
“[E]l desenlace del juicio –la extracción de testimonios que originó este expediente– refleja que el Ministerio Público Fiscal no actuó con diligencia debida.
[N]o […] asesoró [a la mujer] de manera adecuada ni se ocupó en llevar adelante el interrogatorio para evitar que revelara hechos o datos que no eran útiles para probar su propia teoría del caso y que la terminaron incriminando. [N]o se trata de una recomendación o regla de soft law, sino de una verdadera obligación que deriva del derecho internacional de los derechos humanos y que tiene acogida expresa en nuestra legislación (Convención de Belém do Pará y Ley 24.632)”.
“[N]o se le garantizó un adecuado acceso a la justicia –lo que debía traducirse en brindarle herramientas útiles para discriminar qué información era relevante en el debate o que la fiscalía se hiciese hacerse cargo del examen directo para conducir el testimonio–. [De este modo] no es posible mantener vigente la imputación penal. De lo contrario, sería avalada la trasgresión de los estándares legales citados y podría consolidarse un caso de violencia institucional en los términos elaborados por la doctrina penal feminista”.
“[L]a vigencia de la acción penal desalentaría que las mujeres se acerquen a la administración de justicia a denunciar a sus agresores y mellaría el propósito –y la obligación legal y convencional– de sacarlas de los círculos de violencia en los que se encuentran. [T]ambién le estaríamos cargando a su cuenta un error u omisión del Estado, pues si la fiscalía hubiese actuado con diligencia debida, [la mujer] no se habría incriminado”.
2. Autoincriminación. Extracción de testimonios. Vulnerabilidad. Ministerio Público Fiscal. Coacción.
“[N]ada impide que alguien confiese la comisión de un delito, en tanto eso suceda en un ámbito de libre determinación […]. Por lo que es ineludible encontrar, en cada caso, el equilibrio de derechos que permita dirimir la controversia y, en concreto, concluir si una persona declaró libremente”.
“[La mujer] no concurrió a la audiencia por su propia voluntad, el tribunal de juicio le tomó juramento y la fiscalía no la asesoró ni condujo el interrogatorio en el examen directo. De modo que, sumado a las intensas vulneraciones y violencias a las que estuvo sometida, […] deviene ineludible concluir que no declaró con discernimiento, intención y, por supuesto, libertad.
[En este sentido] atestiguó bajo la coacción moral que deriva del juramento judicial y, librada a su propia suerte y obligada a decir toda su verdad, se explayó sobre su historia de vida sin contar con información adecuada y herramientas suficientes para distinguir qué hechos o datos eran útiles para la teoría del caso de la acusación y, más importante todavía, cuáles podían comprometerla penalmente”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; AUTOINCRIMINACIÓN; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA INSTITUCIONAL; REGLA DE EXCLUSIÓN; NULIDAD; EXTRACCIÓN DE TESTIMONIOS; VULNERABILIDAD; COACCIÓN;
Lee (causa N° 2774)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia de Formosa que arbitrase los medios necesarios para garantizar el ingreso al territorio provincial, con las medidas sanitarias que considerase pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hubiesen solicitado (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Emergencia sanitaria. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos […] emitió una Declaración titulada `COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales´, a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de ese Tribunal.
Entre las consideraciones particulares incluidas en dicha declaración, cabe destacar, por su atinencia al caso y en tanto esta Corte la comparte, que: `Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos´” (considerando 5°).
2. Derecho de entrar permanecer transitar y salir. Salud pública.
“[L]a Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes de la Nación el derecho a transitar libremente en su territorio, sin distinción alguna (artículos 8° y 14). Por su parte, entre los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto la `Convención Americana sobre los Derechos Humanos´[…] como el `Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos´[…], ambos con jerarquía constitucional […], también reconocen en los incisos 1° de sus artículos 22 y 12, respectivamente, el derecho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular libremente por él; y si bien el ejercicio de dicho derecho puede ser restringido en virtud de una ley cuando sea necesario para proteger, entre otras cosas, la salud pública, lo cierto es que las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en esos pactos (incisos 3° de los artículos 12 y 22 citados)” (considerando 6°).
“[A]un cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto. Los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance” (considerando 7°).
3. Control de razonabilidad. Facultades no delegadas. Razonabilidad.
“[E]n el marco de las consideraciones particulares incluidas en la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordada en el considerando 5°, cabe señalar que este Tribunal ha establecido que, aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad [...].
El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional” (considerando 8°).
“[P]ese a que no pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la Provincia de Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considere adecuadas en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales que está transcurriendo, dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales.
Sin perjuicio de reconocer los propósitos de protección de la salud pública perseguidos por el `Programa de Ingreso Ordenado y Administrado´ instaurado por el Estado provincial, lo cierto es que, en los hechos, las restricciones establecidas por las autoridades locales no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable…” (considerando 9°).
4. Interpretación de la ley. Derecho de entrar permanecer transitar y salir. Salud pública. Igualdad.
“[E]sta Corte ha sostenido que los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía. La interpretación debe armonizarlos, ya se trate de derechos individuales o de atribuciones estatales […].
Se trata, pues, de la valoración comparativa de dos intereses jurídicamente protegidos con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos, dentro de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico y de la medida de protección que el legislador ha considerado digno de revestir a uno y otro.La cuestión radica entonces en valorar ambos derechos en las especiales circunstancias de la causa y en el conjunto orgánico del ordenamiento jurídico […].
En síntesis, a la luz de todo lo hasta aquí expresado, cabe puntualizar que la restricción de derechos en el marco de la aplicación de medidas de la naturaleza de las descriptas, no resulta prima facie razonable en su aspecto temporal (por las excesivas esperas […]) ni en el aspecto económico, en tanto supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica” (considerando 11°).
EMERGENCIA SANITARIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; DERECHO DE ENTRAR PERMANECER TRANSITAR Y SALIR; SALUD PÚBLICA; CONTROL DE RAZONABILIDAD; FACULTADES NO DELEGADAS; RAZONABILIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; IGUALDAD;
Majewski (causa N° 40517)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación, declaró nula la disposición administrativa y devolvió las actuaciones a la Dirección Nacional de Migraciones para que en el plazo de 60 días dictase un nuevo acto (jueces Fernández y Grecco). 1. Expulsión de extranjeros. Excepciones. Derecho a la reunificación familiar. Facultades discrecionales. “[L]a Corte Suprema ha señalado que la Ley N° 25.871 tiene como objetivos, en lo que aquí interesa y está en juego, tanto garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar […] como promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación […]. En efecto, el Máximo Tribunal ha reconocido la competencia que le otorga la Ley Nacional de Migraciones a la autoridad de aplicación para admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, a extranjeros que se encuentren comprendidos en algunas de las causales que obsten a su ingreso o permanencia en el país [...]. En este orden de ideas, la jurisprudencia ha sostenido que la previsión contenida en la última parte del artículo 29 de la Ley N° 25.871 sólo puede ser considerada como una facultad discrecional otorgada a la Dirección Nacional de Migraciones, por la que –previa actuación del Ministerio del Interior– `podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular a los extranjeros comprendidos en el presente artículo´ […]. A su vez, no puede pasarse por alto que la dispensa en cuestión reviste carácter excepcional y, en razón de ello, debe necesariamente ser apreciada en sentido estricto…”. 2. Actos administrativos. Control de razonabilidad. Excepciones. “[S]e impone recordar que […] medidas como la recurrida constituyen el ejercicio de un poder propio de la Administración y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano estatal altamente especializado (creado al efecto) cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error (de hecho ode derecho), omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado […] supuestos que en la especie y por las particularidades del caso […] se advierten configurados. [E]n el caso se configura un supuesto de razones humanitarias a los efectos de otorgar la dispensa prevista en el artículo 29 in fine y el artículo 23 inciso m) del Decreto N° 616/2010, en tanto en el expediente se acreditó debidamente no solamente que se trata de una persona mayor que padece diversas enfermedades, sino que también quien fuera en vida su mujer –ciudadana argentina– se encuentra enterrada en el país. En este mismo sentido, también debe tenerse presente que el accionante tampoco posee antecedentes penales”.
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; EXCEPCIONES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; FACULTADES DISCRECIONALES; ACTOS ADMINISTRATIVOS; CONTROL DE RAZONABILIDAD;
MCCámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo, Cuarta Circunscripción Judicial, Villa María, Córdoba
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo, Cuarta Circunscripción Judicial hizo lugar a la demanda y ordenó a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba que dicte un nuevo acto administrativo que otorgue a la mujer los beneficios de pensión por fallecimiento de sus padres (jueces Domenech y Cammisa).
“[E]l hecho de realizar algún trabajo […] evidencia determinada autonomía de la persona, pero no significa que no tenga la discapacidad. Esa función, trabajo, tarea, ocupación de la persona con discapacidad, es indicativo de su autonomía en función de sus posibilidades, pero no puede significar una interpretación sobre que la persona no padece discapacidad, en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“'[L]os Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho'. Precisamente, y relacionado con este caso, el punto e) del inc. 2 referido, dispone categóricamente que: 'e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación'”.
“[L]a actitud de la Caja de Jubilaciones, al sobrevalorar la autonomía de la demandante, ha significado un acto discriminatorio, y que afectó la dignidad inherente de la persona con diversidad funcional (o persona con discapacidad, en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). En efecto, no se tuvo en cuenta la real situación de la mujer, demostrada con las pruebas producidas en este juicio, sobre la 'invalidez' requerida para acceder a los beneficios de pensión de su padre y de su madre, en los términos de la ley 8024”.
“[R]esulta atinado valorar la cuestión con perspectiva favorable a la persona en condición de vulnerabilidad, en este caso por sus condiciones de mujer y de persona con discapacidad o diversidad funcional […]. Efectivamente, las Reglas de Brasilia 'tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando medidas, facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los Derechos Humanos que les son inherentes ante los sistemas judiciales'”.
“[E]l conocimiento personal de la demandante, lleva a la conclusión que se corresponde íntegramente con lo dictaminado por la pericia médica realizada, en cuanto se advierte que las características personales de la mujer que la hacen depender necesariamente del apoyo de terceras personas para su vida diaria”.
“[E]l Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su punto s) establece que se subraya '… la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad'”.
“[L]a Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer […] identifica como discriminación contra la mujer por su condición de tal, en tanto se denote exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el ejercicio por la mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera civil”.
“[L]a negativa de la Caja demandada, de reconocer el derecho de la demandante, tanto en el trámite administrativo como en este trámite judicial, trasunta una situación no explícita pero que puede advertirse como discriminatoria respecto de la demandante, en sus condiciones de mujer y de mujer con discapacidad. Ese trato discriminatorio implícito, que conlleva la denegatoria de sus derechos previsionales, no debe ser aceptado, y configura un motivo más para reconocer la pretensión planteada en la demanda”.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PREVISIÓN SOCIAL; VULNERABILIDAD; REGLAS DE BRASILIA; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; GÉNERO;
CC (causa N° 38028)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, hizo lugar al recurso de la parte actora, condenó al Estado Nacional y elevó los montos de los rubros indemnizatorios (jueces Facio y Lopéz Castiñera y jueza Heiland).
1. Género. Perspectiva de género. Estereotipos de género.
“Una solución justa y adecuada de esta causa requiere, ciertamente, su ponderación desde una perspectiva de género […]. Esta perspectiva `reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática´ e implica `una mirada ética del desarrollo y la democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la desigualdad y los oprobios de género prevalecientes´, con la finalidad de `lograr un orden igualitario, equitativo y justo de géneros´ [...]
Desde ese enfoque se ha expuesto en nuestros tribunales que `al valorar elementos probatorios —particularmente pero no excluyentemente en la esfera penal— debe ponderar[se] los patrones socioculturales y estereotipos sobre los que se construye esta problemática, a fin de tener una verdadera comprensión del fenómeno de violencia de género y, de esta manera, poder lograr desde el Derecho aportar soluciones que contribuyan a atacar el flagelo de la violencia y trabajar en pos de la igualdad de género´…”.
2. Responsabilidad contractual. Concesión. Contrato de concesión. Servicios públicos.
“Es innegable […] que existía una exigencia contractual de mantener el buen estado de conservación de todos los edificios y de todas las obras e instalaciones complementarias, y que ese mantenimiento requería, en términos concretos, `atención, idoneidad, eficiencia y diligencia suficiente´”.
“No es dudosa, por tanto, la razonabilidad de interpretar […] que […] esos deberes se traducían, cabalmente, en la obligación de hacer efectivo el cercamiento, la iluminación, el desmalezamiento y la limpieza, en orden al buen mantenimiento del predio. Y ello es así, sobre todo, si se repara en las características propias de la noción jurídica de la concesión.
En efecto:
—La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a la naturaleza de la concesión […] consideró que comporta `un acto jurídico de derecho público que tiene por fin esencial organizar un servicio de utilidad general. Y partiendo de la realización de tal propósito, su rasgo característico consiste en delegar en un concesionario, aquella parte de la autoridad del Estado o de sus cuerpos administrativos, reputada indispensable para hacer efectiva, dentro de ciertas bases establecidas por la misma concesión o por los principios del derecho administrativo, la remuneración de los capitales puestos a contribución en la realización de la empresa pública´…”.
“Esta cámara consideró que el deber de control común atodas las concesiones consiste en que el concesionario, como entidad técnica especializada, vele por el estado de conservación, mantenimiento y señalización…”.
3. Violencia de género. Espacio público. Deber de cuidado.
“[N]o resulta discutible […] la conclusión de que en un terreno caracterizado por el abandono era previsible la comisión de hechos ilícitos como los que sufrieron las hermanas C.C y C.C. Puede decirse, bien por el contrario, que dicho lugar, por desolado, era proclive a la comisión de hechos semejantes, y que `la aparición de forajidos no es un hecho imprevisible para el empresario transportista´ […]. Desde una mirada experta en urbanismo con perspectiva de género se ha descripto claramente la necesidad de visibilizar los escenarios de riesgo para las mujeres…”.
“`La inseguridad es un obstáculo para que las mujeres sean ciudadanas totalmente activas, ya que impide que participen de la vida pública cuando el lugar y la hora no son las `convenientes’´ […].
`En concreto, las mujeres han sido excluidas de la noche debido a cómo sus cuerpos han sido definidos y controlados socialmente. La noche ha sido históricamente conceptualizada como un tiempo y espacio peligroso y prohibido para las mujeres […]. En consecuencia, las mujeres que transgreden este imaginario y utilizan el espacio público en la noche son aún vistas como fuera de lugar en muchos contextos´[…].
Las violencias que se ejercen en los espacios públicos, como aquellas que tienen lugar puertas adentro, avasallan los cuerpos de las mujeres […]. `[T]iene que garantizar[se] que no existan esas zonas inhóspitas entre las casas y el tejido urbano. Es decir: si quedan territorios vacantes hay que garantizar que estén limpios, iluminados y que exista algún tipo de control, ya que sabemos que implican algún peligro adicional´; `Los recorridos por lugares inhóspitos, descampados, o calles oscuras; esos lugares abandonados o residuales se tornan en paisaje urbano que son trampas para las mujeres y potencian oportunidades para las violencias de género´…”.
4. Entes reguladores. Obligación de seguridad. Protección integral de la mujer. Tutela judicial efectiva. Derecho administrativo. Perspectiva de género.
“Las previsiones […] contienen de una manera inequívoca […] diversos mandatos expresos y determinados que comportan deberes jurídicos de obrar. Esa compresión es lógica en tanto se considere […] que `los entes reguladores o de control existen bajo la premisa del mandato expreso y determinado de vigilar y controlar que la prestación del servicio garantice los derechos de los usuarios y de los consumidores de dicho servicio pues ello atañe a su propia finalidad, a la razón de su creación´…”.
“Paralelamente es necesario retener también las normas, las reglas y los principios que el derecho internacional de los derechos humanos establece como estándares expresos directamente aplicables. Aquí emerge, en términos convencionales, el deber estatal de actuar con la debida diligencia en la tutela de la mujer […].
En el plano jurisprudencial, el deber de diligencia fue receptado por esta cámara en su directa aplicación, con expreso fundamento en la Convención de Belém do Pará, en dos casos en los que se hallaba en discusión, precisamente, la responsabilidad estatal […], y también en un caso en el que examinó la impugnación dirigida a una orden de expulsión en el marco de la ley 25.871 […]. Con la mirada puesta en la efectiva tutela de las mujeres en el marco de la protección de las trabajadoras embarazadas, esta sala hizo hincapié en la importancia que tiene la CEDAW como instrumento del Sistema Universal de Derechos Humanos con jerarquía constitucional […].
En el ámbito doctrinario, al proponerse una nueva mirada con perspectiva de género sobre diversos aspectos del derecho administrativo, y al interrogarse con particular referencia a la observancia de la debida diligencia en los ámbitos nacional, provincial y comunal, apuntada al derecho a la vida y a la integridad psicofísica, se ha afirmado que `sería recomendable dirigir la mirada al orden local, poniendo la lupa sobre los rasgos del ordenamiento urbano. Ello incluye […] la instalación de luces y desmalezamiento de pastizales para evitar zonas de inseguridad en el escenario comunal´…”.
“En términos de una conducta regular, a partir del entorno descripto, la CNRT debió desplegar los medios necesarios (i) para detectar (a) el estado de abandono en el que se encontraba el predio al tiempo en que se produjeron los hechos delictivos, y (b) el escenario de riesgo real que ese estado implicaba hacia las mujeres, ya que, según se vio, el predio componía claramente un lugar `proclive a la comisión de delitos semejantes´ a los que se produjeron en este caso […], y (ii) para prevenir la materialización de ese riesgo real”.
5. Riesgo de la cosa. Responsabilidad extracontractual del Estado. Facultades discrecionales.
“Ante la comprobable y comprobada magnitud del estado de abandono del predio y el escenario de riesgo real que esa situación implicaba para las mujeres, la CNRT contaba con una serie de mandatos expresos y determinados que su estatuto […], le asigna inequívocamente, más allá de sus denominaciones.
Ciertamente: Además de la atribución de imponer sanciones […] en la que hace hincapié la CNRT, ésta tenía a su alcance, también, las `facultades´ […] En la hipótesis de que esas `facultades´ fueran comprendidas sólo como `facultades discrecionales´, y no como mandatos expresos y determinados de obrar, se llegaría a la inadmisible conclusión de que todas esas previsiones son disponibles, y, con ella, a la redundancia de su enunciado…”.
“[E]l deber jurídico de obrar a cargo de la CNRT no se agotaba en la constatación de los incumplimientos contractuales y la consiguiente imposición de las respectivas sanciones patrimoniales, sino que era más extenso”.
6. Entes reguladores. Obligaciones de hacer. Razonabilidad. Debida diligencia. Vulnerabilidad.
“El deber jurídico de obrar […] exigía su cumplimiento concreto y eficiente, de un modo consistente con dos aspectos centrales para este caso:
1. La consistencia con todas las competencias propias de ese control, razón de la creación de los entes reguladores […].
2. La consistencia con la severidad del incumplimiento contractual por parte de la firma concesionaria sobre el predio.
Sólo mediante una tarea de control concreta y eficiente que hubiese desplegado razonablemente los medios disponibles para el cumplimiento del servicio, se habría observado, por un lado, el estándar convencional reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer, y se habría alcanzado, por otro lado, uno de los claros objetivos que el estatuto prevé como es `Lograr mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad, igualdad y uso generalizado del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento en todas sus modalidades´…”.
“[E]xistía un claro deber jurídico de obrar determinado basado en obligaciones preexistentes. Ese deber surgía tanto de las normas que regulan el funcionamiento de la CNRT cuanto de las normas, las reglas y los principios del derecho internacional de los derechos humanos que establecen el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer.
Efectivamente, por un lado existía en el caso un deber jurídico expreso y determinado de respetar y observar, por una parte, las disposiciones normativas que fueron elaboradas —por el Poder Ejecutivo Nacional— con el claro y explícito propósito de que la CNRT, como ente de control, preste de una manera adecuada el servicio para el que fue creado.
Por otro lado, si queda claro, pues, que resulta aplicable directamente el estándar reforzado establecido por el derecho internacional de los derechos humanos que obliga al Estado a actuar con la debida diligencia en la tutela de la mujer, y que existe un expreso deber estatal de obrar en orden a esa tutela […], [se encuentra] allí una fuerte razón para proyectar ese deber, por medio de un control concreto y eficiente […] a los supuestos en que, como ocurre en este caso, el Estado Nacional ha concesionado un predio en el que se produjeron graves hechos delictivos de los que fueron víctimas dos hermanas adolescentes.
En esa dirección, [cabe] recordar que […] el arco normativo de protección a la mujer implica el reconocimiento de una situación de vulnerabilidad y traduce la necesidad de tomar medidas, y que gran parte de esas medidas se concreta en `la asunción de deberes por parte del Estado Argentino (…) para contener las vulneraciones a los derechos del colectivo tutelado´ […].
[Q]ueda descartada toda línea argumentativa que intente identificar la situación de las hermanas […] con `un deber jurídico indeterminado para la generalidad de los ciudadanos´ o `un interés legítimo subjetivamente indiferenciado a la Seguridad´”.
7. Daño. Inmuebles. Riesgo de la cosa. Omisión.
“El estado de abandono en el que se encontraba el predio en el momento en que se produjeron los hechos delictivos constituye un dato determinante. No es discutible, sensatamente, que la comisión de los delitos ultrajantes en el predio era previsible:
i. De un lado, se encuentra ampliamente demostrado el factor de riesgo que el predio abandonado comportaba hacia las mujeres […].
ii. De otro lado, como bien dice la parte actora en la demanda, los hechos delictivos no podrían haberse producido de ese modo si el inmueble entregado en concesión no hubiera sido convertido, como consecuencia de los diversos incumplimientos, `en un reducto propicio al delito´…”.
“[L]a CNRT no actuó conforme a la capacidad razonable de prever el curso normal y ordinario de las cosas, lo cual genera su responsabilidad según el Código Civil (artículos 901 a 906)”.
8. Entes reguladores. Responsabilidad extracontractual del Estado. Relación de causalidad. Responsabilidad contractual. Debida diligencia.
“[L]a relación de causalidad existente entre la conducta antijurídica de la firma concesionaria y los daños no excluye, de ninguna manera, el nexo causal existente entre esos daños y la conducta irregular de la CNRT. Es decir, la relevancia del incumplimiento de los deberes contractuales por parte de la firma concesionaria en la producción de los daños no desplaza la importancia que la conducta irregular de la CNRT tuvo en ese resultado dañoso. Por otra parte, el contrato de concesión, de conformidad con el artículo 1195 del Codigo Civil, es inoponible a los terceros damnificados, en este caso a las hermanas C.C. y C.C…”.
“[E]xistía un claro deber jurídico de obrar determinado basado en obligaciones preexistentes. Dicho deber emergía de las examinadas previsiones contenidas en el pliego de bases y condiciones, y, asimismo, de las normas, las reglas y los principios del derecho internacional de los derechos humanos que establecen el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer.
Ciertamente, había un deber jurídico expreso y determinado de cumplir y observar las disposiciones normativas que fueron elaboradas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (el pliego), con una evidente y precisa finalidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la firma concesionaria.
Y paralelamente resultaba aplicable el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer, ya que este estándar no era únicamente exigible a la CNRT, si se retiene que los Estados —y no sólo algunas dependencias dentro de la esfera estatal— deben `adoptar […] todos los medios apropiados´ para `prevenir […] la violencia contra la mujer´, cuando se trata de actos de violencia `perpetrados por el Estado o por particulares´ (Convención de Belém do Pará, artículo 7, y Declaración y plataforma de acción de Beijing, Capítulo II…)”.
9. Obligaciones concurrentes. Responsabilidad patrimonial.
“Las obligaciones concurrentes así son denominadas, de acuerdo con la opinión de la doctrina, porque las diversas obligaciones están conectadas entre sí por el hecho de concurrir respecto de un mismo objeto y acreedor […]. Sobre dichas obligaciones, la Corte Suprema ha expresado:
i. Las obligaciones concurrentes —también denominadas in solidum— se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los deudores […].
ii. Entre los deudores concurrentes si bien no juega el principio de contribución de las obligaciones solidarias, debe admitirse que el obligado concurrente que ha satisfecho el objeto —común— de la deuda no puede verse privado del derecho de probar cuál ha sido la real causalidad de la conducta de cada uno de ellos en la producción del daño […].
iii. `[L]as diferentes culpas de los obligados concurrentes bastan, indistintamente, para darle derecho al damnificado a la obtención del resarcimiento total del daño contra cualquiera de los responsables in solidum. Pero después de ser desinteresado aquél, queda en pie una eventual responsabilidad compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de la indemnización sea cubierto, en definitiva, por todos los deudores concurrentes, en la medida, desde luego, en que cada cual contribuyó a causar el daño´ […].
iv. En este tipo de obligaciones las responsabilidades corresponden a cada uno de los codemandados, sin perjuicio de que ulteriormente puedan ejercer las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución de cada uno en la obligación solventada […].
Desde ese enfoque, corresponde reconocer el derecho de las hermanas […] a reclamar el monto debido a todas y/o a cualquiera de las personas a las que se atribuyó e imputó responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de que cada una de ellas puede ulteriormente ejercer las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución de cada una en la obligación solventada de acuerdo con el grado de responsabilidad fijado…”.
GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL; CONCESIÓN; CONTRATO DE CONCESIÓN; SERVICIOS PÚBLICOS; VIOLENCIA DE GÉNERO; ESPACIO PÚBLICO; DEBER DE CUIDADO; ENTES REGULADORES; OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DERECHO ADMINISTRATIVO; RIESGO DE LA COSA; RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO; FACULTADES DISCRECIONALES; OBLIGACIONES DE HACER; RAZONABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; VULNERABILIDAD; DAÑO; INMUEBLES; OMISIÓN; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; OBLIGACIONES CONCURRENTES; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL;
EYV (causa Nº 33871)Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno
El Juzgado Federal de Moreno hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la ANSeS que incluyese a la mujer dentro de la nómina de beneficiarios/as del Ingreso Familiar de Emergencia. Además, ordenó que le abonase la prestación de IFE de maner retroactiva al mes de abril de 2020 (juez González Charvay).
1. Acción de amparo. Admisibilidad. Emergencia sanitaria.
“[S]i el planteo de la amparista se reduce al hecho de obtener el reconocimiento de los derechos constitucionales que en forma actual e inminente lucen vulnerados, por normas que aparecen como arbitrarias o ilegales, deviene imperiosa la admisión de la acción frente a las restantes vías procesales que aparecen como menos aptas para lograr la tutela judicial inmediata que se pretende, correspondiendo así declararlo”.
“[L]a vía excepcional del amparo, elegida por la actora, reúne […] los extremos requeridos para su admisión, dado que encuentra su razón en la canalización de cuestiones que deben ser resueltas de inmediato como lo es el reclamo a la denegatoria a acceder al Ingreso Federal de Emergencia […].
En el presente caso la actora ha demostrado que esta acción es la más apropiada para discutir el objeto de su pretensión. Otra interpretación y, sin perjuicio de actuar con la extrema cautela y prudencia debida, importaría –so pretexto de atenernos a exigencias formales–, frustrar derechos de fondo, desconociendo la cuestión fáctica en que se encuentra la actora, deviniendo necesario e imperioso llegar a una resolución a la mayor brevedad posible.
A mayor abundamiento, lo reclamado por esta vía, los hechos relatados por la accionante y el marco de emergencia sanitaria que nos encontramos a raíz de la pandemia por COVID 19 ameritan una solución expedita y rápida, características inherentes a la acción de amparo. En consecuencia, […] el amparo es la vía idónea para salvaguardar derechos constitucionales –como los de la actora– y procurar que sean protegidos por esta vía, en atención al contenido previsional y  alimentario de los derechos en juego. Todo ello, claro está, sin perjuicio de lo que corresponda resolver en definitiva...”.
2. Perspectiva de género. Emergencia sanitaria. Igualdad.
“[L]os tratados internacionales de Derechos Humanos sientan las bases para que los casos sometidos a control jurisdiccional sean ventilados desde un enfoque de género, impulsando criterios basados en el principio de igualdad”.
“[E]l presente caso debe ser analizado con perspectiva de género y enfoque intersecccional, en el reconocimiento de la desigualdad estructural en que se encuentran las mujeres y, la posición de desventaja –entre ese grupo– de aquellas que tienen a su cargo los deberes de cuidado respecto de su hijos o hijas menores de edad, sin trabajo, en el marco de una emergencia sanitaria a raíz de COVID-19”.
3. Expediente administrativo. Procedimiento administrativo.
“[L]as alegaciones de la ANSES en cuanto a que el trámite del IFE es virtual y que por ello no puede acompañar las actuaciones administrativas completas porque no existe expediente administrativo resultan inadmisibles […], puesto que el hecho de que las actuaciones sean virtuales no implica la inobservancia de los procedimientos administrativos correspondientes ni la omisión de informar a este Juzgado de manera completa y en tiempo oportuno lo solicitado. Las actuaciones administrativas deben seguir un procedimiento determinado y el expediente administrativo puede adaptarse a las nuevas tecnologías más nunca desaparecer, pues hace a la esencia del dictado de cualquier acto administrativo y al derecho de defensa en juicio del administrado…”.
3. Asignaciones familiares. Responsabilidad parental.
“[S]i se insistiese […] o se alegase que en la base de datos el hijo o la hija poseen igual domicilio que su padre, el hecho de que continúen en la obra social del padre no puede ser un obstáculo o motivo para el rechazo del IFE solicitado por su madre, pues es un derecho que les asiste y una obligación que tiene su padre para con ellos”.
“[N]o quedan dudas de que [la niña y el niño] residen con su madre, ello sin perjuicio que, ante los nuevos paradigmas de derechos humanos receptados por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, ellos tienen el derecho de habitar alternadamente con cualquiera de sus padres, con las limitaciones y excepciones allí establecidas...”.
4. Información sumaria. Sistema informático. Perspectiva de género.
“[U]na cuestión meramente formal, como ser la actualización de datos rígidos del sistema, no puede estar por encima de los derechos fundamentales que le asisten a la actora. Más aún cuando de todas las constancias arrimadas a autos –y hasta de los propios dichos de la demandada– la actora con posterioridad al primer rechazo adjuntó la documentación correspondiente, implicando ello un reproceso.
Una mirada con perspectiva de género es indispensable en la presente para impedir que la aplicación rígida del derecho, a partir de una interpretación estereotipada, afecte los derechos de una mujer que es jefa de hogar, que tiene dos hijos a cargo y que, conforme ella misma alega y prueba, cuenta hoy, a raíz de la pandemia, con un ingreso inferior al que percibía antes de la misma”.
5. Emergencia sanitaria. Interpretación de la ley. Perspectiva de género.
“[T]ampoco puede desconocerse la situación de desventaja estructural que poseen las mujeres que quedan a cargo de los cuidados de sus hijos/as una vez separadas, aún en aquellos casos en que el padre asista económicamente, en parte, a estos/as mismos/as.
[A]siste razón a la [mujer] en cuanto a que, las consecuencias de la pandemia por COVID 19, las restricciones de circulación y la suspensión de las clases presenciales en las escuelas resulten impedimentos para que pueda acceder a un trabajo y haya perdido el que tenía. De hecho, para situaciones como estas es que fue creado el IFE, conforme surge de los propios fundamentos de los Decretos que lo instituyen”.
“[S]i bien es cierto que las normas deben ser interpretadas, en primer lugar, por su letra y que no corresponde a la magistratura extender sus alcances por vía de interpretación, no lo es menos que la actora acompañó elementos de mérito que acreditan particularidades que exigen una hermenéutica más amplia y profunda de las normas involucradas”.
Así debe tenerse en cuenta que la normativa no ha previsto situaciones como la de autos pero tampoco las ha prohibido. El hecho de que  la actora, por embargo, perciba como adulto responsable las Asignaciones Familiares correspondiente a su hijo e hija menores de edad, no trae aparejado que ella conviva con su ex pareja ni que el mismo integre su grupo familiar.
Por lo tanto, no puede condenarse a una mujer al no acceso a una prestación de la seguridad social porque se ha separado de su pareja (y él cuenta con un trabajo formal en relación de dependencia y ella no), desatendiendo que es ella quien tiene a su a cargo los cuidados y asistencia sus hijos, que los mismos no concurren presencialmente a la escuela; todo ello en el marco de emergencia sanitaria y del impacto que esto está teniendo en las economías mundiales y en los puestos de trabajo en particular”.
“No puede aceptarse, de manera alguna, que una mujer quede atrapada y se convierta en víctima de estas interpretaciones restrictivas de derechos. Más aún cuando la ley no lo prohíbe expresamente, por lo tanto debe estarse a la interpretación más armoniosa de los derechos en juego, en virtud del principio pro homine”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; IGUALDAD; EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ASIGNACIONES FAMILIARES; RESPONSABILIDAD PARENTAL; INFORMACIÓN SUMARIA; SISTEMA INFORMÁTICO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Fernandez (Causa n°4109)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 homologó el acuerdo conciliatorio (juez Laufer).
“[E]l Ministerio Público Fiscal tiene por función intervenir en todos los asuntos en los que se encuentren involucrados el interés de la sociedad y el orden público, como así también debe promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Ergo, su fundada oposición sería vinculante, máxime […] [ceñidos a] un esquema procesal predominantemente acusatorio.
Sin embargo, a la hora de analizar la oposición del Ministerio Público Fiscal a la homologación de este acuerdo en particular, […] [la fiscalía] para el mencionado rechazo, basó su dictamen negativo en que el imputado registra condenas anteriores y el resto de sus argumentos no son más que derivaciones de este enunciado inicial”.
“[M]ás allá de advertir que no se encuentra regulada por la ley la mencionada causa que, según el Ministerio Público se presenta como obstativa para la aplicación del instituto, corresponde relevar antecedentes del imputado. En ese sentido, conforme surge del certificado de antecedentes [el hombre imputado] registra [un proceso penal en el cual se] resolvió suspender el proceso a prueba, por el término de un año […]. A la luz de ello, se observa que, [el hombre imputado] no cuenta con un pronunciamiento condenatorio, ni se tiene certeza del eventual cumplimiento efectivo de pena de prisión alguna en el supuesto de revocación de la suspensión del proceso a prueba oportunamente otorgada…”.
“[E]l art. 34, CPPF, no establece ningún obstáculo a la homologación del acuerdo que no sea el del tipo de delito de que se trate; sólo se admite en ‘los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte’. Nada dice de los antecedentes de las personas que pueden presentar un acuerdo o siquiera de alguna condición personal o de cualquier otro factor externo al proceso; la norma tampoco prevé que el juez interrogue al imputado acerca de sus condiciones personales en la audiencia, mucho menos que se dé lectura al certificado de antecedentes. Nada impide, según la ley, que una persona a la que le fue concedida una probation pueda presentar un acuerdo, ni tampoco que lo haga otra que registra una condena en suspenso o haya cumplido pena; nada impide que una persona pueda volver a conciliar un segundo proceso, o un tercero, o todos los que pueda”.
“Como la única limitación para la conciliación es la de la calidad del delito que verse el proceso, así como la modalidad y el resultado del hecho, […] las pautas para rechazar un acuerdo no pueden buscarse por fuera o más allá de tales circunstancias”.
“[D]e la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, de las resoluciones de ese ministerio y de la Constitución Nacional emana inequívocamente, que una de las funciones del Ministerio Público Fiscal, es representar a las víctimas de delitos, asistiéndolas durante el proceso y teniendo especial consideración con lo que ellas plantean.
La razón de política criminal alegada por la Fiscalía fue teórica y no se justificó porque aplicar ese criterio, en detrimento de otros que contribuyan a asegurar la paz social y componer los conflictos que se generan en la comunidad, de acuerdo a lo previstos en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; ROBO; SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
Agüero (causa N 12001371)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 1, de manera unipersonal, concedió la prisión domiciliaria al condenado (jueza Prado).
1. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud.
“La prisión domiciliaria es un instituto previsto por el art. 33 de la ley 24660 para penados, que añadió causales de concesión —como formas alternativas de cumplimiento de pena— a las ya previstas en el art. 10 del Código Penal. Este instituto implica el encierro del causante y por tanto el efectivo cumplimiento de la pena privativa de libertad. No se trata de la transformación de dicha pena en una mera formalidad ni de la dilución de su cumplimiento. La prisión domiciliaria es una solución prevista por la ley para aquellos casos en que el encierro carcelario va más allá de la restricción de la libertad para constituir —en función de la situación particular del causante— un sufrimiento intolerable e inhumano, por lo que precisamente, la finalidad de este instituto se dirigía a humanizar la ejecución de la pena privativa de libertad, cuando en función de la situación descripta, la finalidad de reinserción social no tenía efecto práctico”.
“Ahora bien, en el caso de autos [se advierte] que el informe médico es contundente en cuanto a que el estado de salud del justiciable, torna desaconsejable su alojamiento en un establecimiento carcelario […]. Así las cosas, aparece altamente relevante y […] dirimente para el caso bajo examen por sus particularidades, la crítica situación que al día de la fecha atraviesa la República Argentina frente a la situación de pandemia mundial con expansión del denominado COVID 19 – coronavirus”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Cámara Federal de Casación Penal. Jurisprudencia.
“En ese contexto y mas allá de los protocolos de actuación vigentes en las unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba tendientes a minimizar el número de contagios y sus efectos entre la población carcelaria y el personal penitenciario, tal como lo afirma el representante del Ministerio Público Fiscal, es de conocimiento público que al día de la fecha se está produciendo un ‘brote’ de Coronavirus en todos los establecimientos carcelarios que, al menos por el momento y supeditado a la evolución de la situación epidemiológica, torna desaconsejable […] su alojamiento en una unidad carcelaria; ello dado el riesgo clínico aumentado de contraer otras enfermedades debido a su inmunodeficiencia.
De este modo, […] la característica de gravedad que presentan las enfermedades [del hombre condenado] conforman elementos que lo ubican especialmente dentro de lo que se ha dado en llamar población de riesgo, tornando así aplicables al caso bajo examen los lineamientos establecidos por la Acordada N° 9 de la Cámara Federal de Casación Penal. Nótese que en dicha Acordada se recomienda a los tribunales inferiores la adopción de medidas alternativas a la prisión en determinados casos, con vistas a reducir la población carcelaria, ‘a fin de inhibir, en la mayor medida posible, el riesgo existente para la salud e integridad física de las personas privadas de su libertad y también del propio personal penitenciario’, frente al Covid-19”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; DERECHO A LA SALUD; CÁRCELES; CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL; JURISPRUDENCIA;
Martínez (causa nº 73253)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala 2 de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la nulidad planteada por la defensa y absolvió al hombre imputado (jueces Sarrabayrouse, Días y Morin).
1. Delitos dependientes de instancia privada. Lesiones.

“En cuanto al ejercicio de la acción penal, nuestro derecho conoce una clase de delitos cuya persecución depende de la instancia privada. Producirla es una facultad disponible para quien goza de ella, pero sólo en cierta medida: una vez que se produjo en el mundo ese presupuesto hasta entonces inexistente, libera la persecución penal estatal, sin distinción alguna, como si se tratara de un delito común, perseguible de oficio [hay nota]. [E]l art. 72, CP, establece cuáles son los delitos que ingresan en esta categoría, entre ellos las lesiones leves, culposas o dolosas, distinción que desaparece cuando median razones de seguridad o interés público”.

“Para resolver la cuestión, conviene repasar qué dijo la [damnificada] durante el trámite del caso. [La mujer] declaró en sede policial y dijo que no quería instar la acción penal. Luego, […] hay una constancia, según la cual no se presentó ni en la Oficina de Violencia Doméstica ni en el Departamento de Medicina Legal. Luego, […] declaró ante el juzgado de instrucción y reiteró su voluntad de no instar la acción penal, pese a lo que inicialmente le había referido al preventor que concurrió a su domicilio el día del hecho. Finalmente, se presentó a declarar durante el debate y, después de declarar acerca del hecho en sí, aclaró que cuando fue a la comisaría ‘…explicó todo lo que pasó pero para que quedara ahí, jamás pensó que iban a llegar a esta instancia, no pensó que lo iba a dejar en un calabozo o que lo iban a llevar esposado acá. No pensó en causar un daño semejante’…” (voto del juez Sarrabayrouse, al que adhirió el juez Morin).

2. Delitos dependientes de instancia privada. Violencia de género. Denuncia. Lesiones. Víctima.

“De la fundamentación de la sentencia no [se advierte] que el tribunal de grado haya brindado explicación plausible alguna para descartar la aplicación del art. 72, inc. 2º, CP pues, además de que la subsunción en un concurso ideal no estaba suficientemente fundada, lo cierto es que esa circunstancia, dadas las particularidades del caso y lo expresado por la [damnificada], no resultaba suficiente y se había evaporado luego del alegato de la fiscalía”.

“[E]l caso siguió adelante sin atender a la voluntad expresada por [la damnificada] y, lo que es lo más importante, tampoco [brindó] otros fundamentos que habilitaran a encuadrar el caso concreto dentro de las situaciones excepcionales previstas en el art. 72, CP, esto es, razones de seguridad o interés público. Dicho claramente: frente al cuadro descripto (manifestación expresa de la víctima de no instar la acción penal) debió explicarse por qué el Estado estaba habilitado para prescindir de su voluntad, cuestión que puede fundarse, por ejemplo en otros casos, en que la mujer se encuentra inmersa en un círculo de violencia. Sin embargo, nada se hizo ni argumentó al respecto...”.

“[P]ostular la persecución de oficio [del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo] deja de lado la posibilidad de que, con la formulación de la denuncia, la presunta víctima pueda solucionar su conflicto (por ejemplo, provocar que el agresor cese en la violencia o abandone el hogar), al menos desde el punto de vista de la mujer. Esto, a su vez, conduce a otros problemas, pues pueden presentarse casos donde se termina avanzando en contra de la voluntad de la presunta víctima, se desmaterializa la violencia y se invisibilizan los motivos por los cuales las mujeres no desean denunciar”.

“[C]on total independencia del modo en que se habían subsumido los hechos, no se explicitó ningún motivo plausible ni la sentencia explicó por qué en las particulares circunstancias del caso podía dejarse de lado el impulso de la acción penal que estaba en cabeza de la [damnificada]. De este modo, ante la ausencia de un presupuesto procesal para arribar a la sentencia cuestionada, […] corresponde su revocación y absolver [al hombre imputado] por el hecho que fue condenado” (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin).

3. Alegato. Principio acusatorio. Delitos dependientes de instancia privada.

“[S]i bien es cierto que, hasta el momento previo al inicio de los alegatos en el debate, efectivamente la pretensión punitiva del acusador en lo tocante a la calificación legal encuadraba parcialmente dentro de la categoría conocida como delitos de acción pública, la verdad es que […] la modificación [...] ocurrida en los alegatos, le abrió la puerta a la defensa para volver a cuestionar la falta de acción; de manera tal que el tribunal de juicio debió haber respondido dicha crítica mediante un análisis que determinara si efectivamente la denunciada omisión se encontraba o no configurada en este expediente...”.

“[L]a sentencia impugnada es nula en virtud de lo dispuesto por el segundo inciso del art. 404 del CPPN; ello toda vez que […] el a quo no brindó una fundamentación suficiente como para responder al pedido que oportunamente formuló la defensa en su alegato, tendiente a cuestionar la configuración de los mismos presupuestos procesales que habilitaban el ejercicio de la acción penal a la luz de la acusación que finalmente articuló la fiscalía en la audiencia de juicio oral y público” (voto del juez Días).
DELITOS DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA; LESIONES; VIOLENCIA DE GÉNERO; DENUNCIA; VICTIMA; ALEGATO; PRINCIPIO ACUSATORIO;
Yurey (Causa n°59171)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casó la resolución y homologó el acuerdo conciliatorio (juez Sarrabayrouse y jueza Llerena).
“[L]a mera oposición de la fiscalía es insuficiente para rechazar un acuerdo de conciliación […]. [L]a imputación que se dirige [al hombre imputado] no posee la inusitada gravedad que el juez a quo le asigna − se trata de la sustracción de un monopatín dejado en la vía pública−”.
“[La fiscalía] no explicó la incidencia que los antecedentes condenatorios pueden tener en un caso que presenta las características antes señaladas, dadas las condiciones personales del imputado. En este sentido, los antecedentes condenatorios no pueden ser valorados por sí solos para oponerse a la concesión de un instituto que no exige su ausencia como requisito. Por el contrario, la titular de la acción penal pública debe dar cuenta de las razones por las cuales las inconductas del pasado del imputado repercuten en detrimento de la solución alternativa al conflicto que subyace a este proceso penal. Es que no son únicamente los intereses de aquél los que están en juego sino de la persona presuntamente afectada por el delito, cuyas manifestaciones merecen ser atendidas por el órgano que tiene en cabeza la persecución estatal como así también por la jurisdicción […]. Este estándar no se satisface con la invocación de valoraciones generales e intereses difusos”.
“[D]ebe otorgarse un lugar preponderante a la posición de la víctima en cada caso; no obstante, el Ministerio Público Fiscal puede fundar su oposición en determinados casos, cuando la paz social se encuentra comprometida; o bien, cuando se trate de delitos a cuya persecución el país se obligó a través de instrumentos internacionales, como por ejemplo, la trata de personas, el narcotráfico, la corrupción funcional, entre otros. Así pues, en el caso traído a estudio, […] la oposición fiscal no se ha basado en cuestiones que trasciendan del interés de las víctimas. En primer término, el hecho imputado consiste en la sustracción, sin fuerza en las cosas ni violencia física en las personas, de un monopatín, propiedad de una empresa que, como víctima, ha prestado su consentimiento en la aplicación del procedimiento previsto en el art. 59, inc. 6, CP. Además, dadas las características del hecho, se observa que, conforme las pautas del art. 34 CPPF, se trata de un caso que configura ‘delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas…’. […] [E]n este caso en concreto, el Ministerio Público se ha opuesto sin ningún basamento legal que impida que las partes ­imputado y víctima­ lleguen a un acuerdo que concluya el conflicto suscitado entre aquellos”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; HURTO; VEHÍCULOS DEJADOS EN LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE ACCESO PÚBLICO; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
Olmedo (causa N° 7488544)Cámara en lo criminal y correccional de primera nominación de la segunda circunscripción judicial de Río Cuarto
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Cuarto, junto al jurado popular, por mayoría, reconoció a la imputada como víctima de violencia de género y la absolvió por el delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación por considerarla inimputable en virtud del artículo 34, inciso 1, del Código Penal. Por último, dispuso su inmediata libertad (juezas Emma y García y juez Varela).
1. GÉNERO. VIOLENCIA DE GÉNERO. PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER. IGUALDAD. NO DIS-CRIMINACIÓN. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINA-CIÓN CONTRA LA MUJER. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ).
“El tratamiento de los casos en los que, como víctima o victimarias, se encuentren involucradas mujeres, exige a los magistrados, sean estos técnicos o legos, un análisis con perspectiva de género. […] Analizar con perspectiva de género significa enfrentar que en nuestra sociedad existe una desjerarquización cultural de la mujer, considerar de qué manera esa desjerarquiza-ción influye en la situación traída a juicio y resolver, teniendo en cuenta los efectos de esa de-sigualdad en el caso concreto”.
“Esta desigualdad cultural se incrementa en los ámbitos privados (violencia doméstica) donde el dominio violento del hombre sobre la mujer no responde a casos aislados, patológicos o inexplicables de violencia, sino que son prácticas aprendidas, conscientes y orientadas, produc-to de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad”.
“Enfrentando esta realidad, el Estado Argentino asumió obligaciones ante la comunidad inter-nacional: suscribió y se comprometió con la Convención Sobre la Eliminación de todas las for-mas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y con de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -usualmente aludida como ‘Con-vención de Belém do Pará’ (Ley 24.632). También, asumió compromisos internos, al promover normativa propia y específica (Ley Nacional N 26.485) que eleva los estándares de protección de la mujer frente a situaciones de violencia.
Estas normas reconocen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ám-bito público cuanto en el privado y contienen obligaciones que comienzan con la prevención, con la obligación de establecer mecanismos que prevengan y eviten que las mujeres (y las ni-ñas) padezcan situaciones de violencias en cualesquiera de los ámbitos en los que desempeñen su vida.
Cuando los mecanismos de prevención fallaron, o fueron insuficientes, el Estado Argentino también se compromete a sancionar y erradicar la violencia que sufrieron las mujeres. Las au-toridades deben arbitrar cuanta norma, mecanismo o decisión sea precisa para que se protejan los derechos de la mujer. Ya frente al fracaso de la ayuda, la prevención y la erradicación, en aquellos supuestos (como el que hoy nos ocupa) en el que algunas mujeres, sumergidas en contextos de violencia lesionan a sus agresores, los compromisos internacionales (y tal vez, antes los compromisos con la verdad y la justicia) compelen a los órganos judiciales a construir el análisis de los casos desde una adecuada perspectiva de género para así reconocer fielmente los derechos de las víctimas mujeres y -al resolver- evitarles una nueva victimización en la esfe-ra institucional […].
La sensibilidad que aconseja la perspectiva de género, atraviesa todas las etapas y manifesta-ciones del proceso penal: desde la forma de adquisición y valoración de la prueba (análisis con-textual, amplitud probatoria), hasta una reinterpretación de algunos conceptos dogmáticos. Resolver con perspectiva de género significa restaurar -en la medida posible- el desequilibrio y los daños que la violencia ocasionó”.
2. VIOLENCIA DE GÉNERO. VIOLENCIA SEXUAL. VIOLENCIA ECONÓMICA. VIOLENCIA FAMILIAR. VIOLENCIA INSTITUCIONAL. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. PRUEBA. TESTIMONIOS. INFORME PSI-COLÓGICO. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
“[La imputada] fue víctima de violencia. […] Una niñez con derechos negados, cercenada por la asunción prematura de una pareja (tendría entre 12 y 13 años cuando comenzó su convivencia con quien -entonces- le doblaba la edad), sumida respecto de [P] en la dicotomía hija ([P] ejer-cía sobre ella violencias asociadas a la paternidad -le pegó a los 13 años porque no quería co-mer y potestades (tal vez fingidas), ella creía que él tenía un papel que lo constituía en su tene-dor)- esposa (experiencias sexuales prematuras, violencia sexual y una maternidad a los 16 años). Resuenan las desigualdades estructurales que marcó la PAHO en el año 2010 edad y género. Ambas se dan en la vida de [la mujer]”.
“[V]ivió en soledad situaciones de maltrato físico (algunas dejaron secuelas) que al ser vistas por los vecinos y familiares, fueron toleradas en silencio. […] El maltrato físico incluyó situacio-nes de violencia sexual relatadas por la imputada, no sólo durante la audiencia -yo no quería tener relaciones con él y yo la tenía por miedo las tenía que tener igual a las relaciones-, sino también en el ambiente terapéutico […] relató múltiples episodios de violencia - física, psicoló-gica e incluso sexual. Ni ella, ni su entorno, ni las situaciones pudieron hacer algo para frenar esta situación. […] La apropiación del cuerpo femenino como botín de satisfacción sexual del varón aparece como una manifestación elocuente de la desigualdad real y estructural de las mujeres en la protección y ejercicio de sus derechos”.
“[V]ivió situaciones de maltrato verbal y psicológico. De naturaleza más íntima, fueron percibi-das y relatadas por [su hermana], quien cohabitó con [la imputada] y [P]. Al presentarse a la audiencia de debate afirmó: en dos ocasiones escuché amenazas ‘que la iba a matar a la mierda’ … varias veces le pego delante mío … en la casa de mi padre le quiso pegar un tiro… y él también le pegaba, la amenazaba, la trataba de puta … le decía puta no vales nada, le pegó en varias ocasiones cuando ella vivía en la casa de mi papá.
En éste orden conductas de maltrato, incluyo aquellas visiones o dichos que le niegan su cali-dad de persona. Como las que manifestó el [hermano del fallecido] con su referencia perma-nente durante el debate (que no pasó desapercibida para ninguno de los jurados populares o técnicos) a que [la imputada] se le iba todos los fines de semana, …ella se le iba los viernes y le volvía los domingos a la tardecita y su esposa […] ([P], referido a la infidelidad de la [acusada]) a lo mejor lo sospechaba, decía ‘se me va todo los fines de semana’ … siempre los domingo lo encontrábamos solo con las nenas”.
“[La imputada] sufrió situaciones de violencia económica. Relató durante la audiencia que pese a que ella trabajaba, le daba a él todo su dinero para que él lo administrara, situación que de-viene, a la luz de las relaciones de dominación y subordinación que venimos relatando, creíble y compatible con el resto de los indicadores detectados por las peritos psicólogas ya en el año 2011 en el informe de 2011 había indicadores de todos estos propios de conductas de violen-cia familiar, los valoramos como de riesgo: machismo, dominantes, trastornos de celos”.
“[La acusada] sufrió situaciones de maltrato institucional, que derivaron de la invisibilización de las situaciones de violencia que sufría: Las autoridades policiales se negaron a recibir su denun-cia, la respuesta del Juzgado de Paz fue una hogarización precaria y no deseada, la respuesta final fue restituir a [la imputada] al dominio de quien la sometía a Violencia, aún desoyendo las advertencias realizadas por las peritos que se involucraron al tratar el asunto (reconociendo la existencia de violencia física de palabras de la propia [imputada] es verdad que su pareja le pegó en reiteradas oportunidades pero que siempre fue con la mano abierta y que ella le de-volvía los golpes, las discusiones comenzaban porque él traía amigos a la casa pero a la vez la celaba con ellos … de no considerarse las sugerencias es altamente probable que los episodios de violencia aumenten, situación que se agravará con el nacimiento del niño, sumado a la negativa de la joven a solicitar ayuda, ya que estas situaciones están naturalizadas en su grupo familiar […]). Todos estos hechos quedaron impunes, la indefensión de la [acusada] le impidió que sus demandas fueran reconocidas, y -finalmente- se resignó a aceptarlas”.
“Se sostiene que otro código cultural que ha mostrado un efecto prevalente en el incremento de la violencia contra las mujeres es la separación del espacio público y el espacio privado. De acuerdo con este código propio de las sociedades más patriarcales, ‘lo que pase en casa se queda en casa’, lo que quiere decir que los vecinos y la comunidad en general no tienen el per-miso social de intervenir en lo que ocurre en el interior de una familia […].
Por todo lo expuesto (que ni lejanamente agota las pruebas recibidas en el juicio y que obran en la causa y sus posibles y graves interpretaciones) el primer acto de restauración que corres-ponde a este tribunal es reconocer a […] Olmedo como víctima de violencia de género (en los términos del art. 4, de la CEDAW, artículo 1 y ss de la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de la Ley Nacional N 26485 y de la Ley Provincial 9283)”.
3. VIOLENCIA DE GÉNERO. LEGÍTIMA DEFENSA. PRUEBA. INFORME PSICOLÓGICO. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. INIMPUTABILIDAD.
“Las acciones o reacciones que las mujeres tienen, en defensa de sus derechos debe contextua-lizarse: requiere que se valore una mujer situada en ese escenario y con las consecuencias que de ello se derivan. La mujer víctima de maltrato no es una mujer media, es precisamente una mujer ubicada en un contexto específico, con características especiales derivadas de ese mal-trato y que harían desigualitario y discriminatorio que se le exija actuar negando esa realidad que la rodea […].
Las soluciones jurisprudenciales de defensa de las mujeres, transitaron -mayormente- nuevas, interesantes y justas reflexiones sobre la legítima defensa y el estado de emoción violenta. Pese a que esa es la solución en la que coincidieron el Sr. Fiscal de Cámara y la defensa técnica, no fue la acogida por el jurado popular y por el jurado técnico. Cada mujer reacciona a la violencia como puede, no existe una respuesta estandarizada y como tal, no hay una respuesta jurídica única.
Frente a la pregunta del Sr. Fiscal, como jurado, decidimos comprender a [la imputada, quien] llegó a nosotros (como jurado) con toda su historia y ese fue el motivo por el cual la reconoci-mos como víctima de violencia. […] Luego, comprendimos su historia y, frente al hecho concre-to por el que vino a juicio, valoramos que no es merecedora de una pena (de un reproche jurí-dico penal).
Consideramos probado que, en el momento del hecho, no pudo dirigir sus acciones. […] Basa-mos nuestra convicción en distintos tipos de análisis: 1- El análisis contextual […]. 2- La perso-nalidad de [la imputada] en cuanto a su dificultad para controlar sus impulsos (altamente in-fluenciada por la violencia como forma de resolución de conflictos, naturalizada). 3- La alergia sensitiva (diagnosticada a [la acusada]) que impide que un tercer observador (neutro) pondere como operaban en [ella] los estímulos. 4- La conducta que la [mujer] tuvo, al momento e inme-diatamente después, de valerse del cuchillo para lesionar al Sr. [P]. […] La inimputabilidad de una persona se define (según la fórmula del artículo 34 inc. 1 del Código Penal) en el momento del hecho”.
“El informe de la licenciada […], del año 2016 […] nos presentó a [la imputada]: inmadura con baja tolerancia a la frustración y dificultades para controlar impulsos […]. Anunció: de no consi-derarse las sugerencias es altamente probable que los episodios de violencia aumenten, si-tuación que se agravará con el nacimiento del niño, sumado a la negativa de la joven a solici-tar ayuda, ya que estas situaciones están naturalizadas en su grupo familiar.
Ya en el marco de esta causa, al momento de ser requerido su conocimiento técnico, la Licen-ciada detectó en la [la acusada] alergia sensitiva: concepto tomado para explicar la capacidad de adaptación de una persona, tanto consigo mismo como con el mundo que lo circunda que tiene sus límites... la reiteración de estímulos desagradables, nocivos, dañosos para el equili-brio psíquico, dejan un residuo subconsciente que baja paulatinamente el umbral de tolerancia o sensibiliza el organismo, explica que la reiteración de estímulos nocivos hacen que se genere gradualmente una sobrecarga emocional que puede llevar a una reacción impulsiva y de des-carga desmedida frente al mínimo estímulo, ya que trae acumulada toda la carga de los episo-dios vividos anteriormente…”.
“Entonces uniendo el análisis científico que, sobre la vida y la conducta de [la mujer], realizó la Licenciada […] ( El impulso la arrebató, no pudo detenerse a pensar ni a responder de otra manera. No actuaron sus frenos inhibitorios), con las palabras que [la imputada] dijo, inme-diatamente después, de matar al Sr. [P] resulta que el encuadre que se ajusta a lo que ocurrió ‘en el momento del hecho’, es el descripto por el inciso 1 del artículo 34 del Código Penal: La [acusada], no pudo dirigir sus acciones y es, por tanto, inimputable y -como tal- no punible”.
“La defensa ‘era mi vida o la de él’, en contextos de violencia de género son (cuando concurren las circunstancias) válidos y atendidos por el derecho. Sin embargo, no hace justicia a lo vivido por la [imputada]. Apareció, en este juicio, como una racionalización que pudo ser real. Sin em-bargo […] que se basa en nociones de autovalía y respeto a la vida de la mujer, que [la acusada] no tenía -al momento del hecho- respecto de sí misma. Era mi vida o la de él, exige un razona-miento que estuvo ausente en [la mujer] al momento de asestar el cuchillo porque ella no pudo dirigir sus acciones. No pudo instrumentar sus impulsos. Sus impulsos la actuaron.
En la causa, a cuyo debate asistimos, la fatalidad hizo por [la imputada], lo que ella no pudo hacer por sí misma. De alguna manera, su propia indefensión aprendida […], aquella que la incapacitaba para controlar su voluntad, fue la que liberó esos impulsos que -en definitiva- la pusieron a salvo de la violencia que sufría”.
4. VIOLENCIA DE GÉNERO. VULNERABILIDAD. AUTODETERMINACIÓN.
“Si [se afirma que la acusada] fue víctima de violencia de género desde su infancia y durante todo el tránsito de su relación de pareja con [P] –que inició cuando ella contaba con tan sólo 12 años-, se impone concluir que existe una asociación indisoluble entre este tipo de injuria y la pérdida de la libertad […]. Es en este contexto pues, en el cual la supremacía masculina va mi-nando la posibilidad de construir aquel ser persona antes aludido cuyo más intenso motivo es la autodeterminación. Siendo que la vida de [Olmedo] estuvo signada por el avasallamiento, no podemos afirmar que en el momento de matar a su opresor haya sido libre de elegir entre dos vidas. Aquel impulso ciego referido por la Perito Psicóloga, sumado a las circunstancias que rodearon el momento del homicidio, nos impide considerar que se trató de un acto libre, antes bien, fue la derivación necesaria de la opresión sistemática a la que fue sometida. Es que la libertad es la esencia de lo humano, su profundo sentido, y no habrá de manifestarse como tal si se cercena su ejercicio desde la etapa más crítica y vulnerable que no es otra que la infancia. Tal es el caso de la mujer que fue juzgada”.
“En este punto es preciso destacar que […] la Querella manifestó que [la mujer] pudo irse de su casa como lo hacía los fines de semana, llevando consigo a sus hijas. A ello cabe responder que pretender que la mujer se fuera y no regresara al hogar, implica atribuirle la posibilidad de elegir y, de ese modo, considerarla un ser libre…”.
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA SEXUAL; VIOLENCIA ECONÓMICA; VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PRUEBA; TESTIMONIOS; INFORME PSICOLÓGICO; APRECIACION DE LA PRUEBA; LEGÍTIMA DEFENSA; INIMPUTABILIDAD; VULNERABILIDAD; AUTODETERMINACION;
Aguirre (causa N° 42127)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución y modificó la calificación legal por el delito encubrimiento agravado por el ánimo de lucro en concurso real con el de apropiación de cosa perdida (jueces Lucero y Rimondi).
1. Emergencia sanitaria. Situación de calle. Residencia. Vivienda. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia.
“[A]siste razón a la defensa en el sentido de que es incorrecto formularle tal imputación pues no puede afirmarse que ha violado los DNU dictados con motivo de la pandemia, ya que el aislamiento social preventivo impone a los habitantes del país el deber de ‘permanecer en sus residencias habituales’, siendo que [el imputado] afirmó desde un primer momento vivir en situación de calle y ser cartonero. Es más, esta precaria situación social fue reconocida implícitamente por la propia juez [interviniente], la que en la incidencia de excarcelación valoró en contra de la libertad que [el imputado] ‘carece de arraigo’.
De este modo, existe un salto lógico en el razonamiento de la jueza de grado ya que no explica cómo pudo haber violado todos los DNU que prolijamente enumera quien no tiene una ‘residencia habitual’ en la que permanecer. Esta laguna resta validez a la fundamentación. Por lo expuesto, […] no se ha infringido en el caso al art. 205, CP”.
EMERGENCIA SANITARIA; SITUACIÓN DE CALLE; RESIDENCIA; VIVIENDA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA;
VM (causa N° 62230)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró admisible el recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti y ministra Highton de Nolasco).
1. Restitución internacional de menores. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño.
“[E]sta Corte Suprema se ha expresado en reiteradas oportunidades acerca de la inexistencia de incompatibilidad o contradicción entre el [Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (CH 1980)] y la Convención sobre los Derechos del Niño –aprobada por ley 23.849–, en razón de que ambas propenden a la protección del interés superior del niño, principio de consideración primordial en todas las decisiones que lo atañen, sin que se presenten circunstancias excepcionales, ni la apelante aduzca razones de entidad que permitan a este Tribunal apartarse de dicho criterio […].
La citada Convención sobre los Derechos del Niño […] reconoce en su art. 3° el derecho del niño a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que se adopten y que le afecten, y en su art. 11 dispone que `1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes´” (considerando 7°).
“[E]s en ese marco que el Estado argentino ha suscripto el mencionado Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (aprobada por ley 25.358). Ambas contemplan un proceso urgente –con un marco de actuación acotado– para paliar los traslados o retenciones ilícitas de los menores de edad, en la inteligencia de que la mejor protección del interés del niño se alcanza volviendo en forma inmediata al statu quo anterior al acto de desplazamiento o retención ilícitos, a fin de que sean los tribunales con competencia en el lugar de su residencia habitual los que decidan acerca de las cuestiones de fondo, atinentes a la guarda, al cuidado personal de la niña o niño, al régimen de comunicación y a la cuota alimentaria, entre otras...” (considerando 8°).
2. Niños, niñas y adolescentes. Residencia. Interpretación de la ley.
“[R]esulta necesario, liminarmente, precisar el alcance del concepto de residencia habitual. Esta Corte Suprema ha señalado que la expresión residencia habitual que utiliza el CH 1980 hace referencia a `una situación de hecho que presupone estabilidad y permanencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda referencia al domicilio dependiente de los menores´ (conf. Fallos: 318:1269).
En la misma línea, el Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado dicha interpretación al prever expresamente que el concepto jurídico de residencia habitual al que se refieren los instrumentos internacionales en materia dedesplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad debe ser entendido como el lugar en el cual viven y establecen vínculos durables por un tiempo prolongado (conf. arts. 2613 y 2614)” (considerando 10°).
“[E]n los procesos de restitución de niños, niñas y adolescentes la determinación del lugar de residencia habitual resulta de suma relevancia pues constituye el punto de conexión con la normativa aplicable a los efectos de evaluar el derecho de custodia y así concluir si puede calificarse de ilícito el traslado o la retención por infringir tal derecho. También es el elemento que establecerá la jurisdicción ante la cual deberán, en definitiva, debatirse las cuestiones de fondo que se encuentran excluidas de tratamiento en este tipo de procesos. Por tal motivo, teniendo en cuenta que se trata de un factor de considerable entidad dentro del mecanismo de reintegro que prevé el CH 1980, debe encontrarse acreditado de manera fehaciente e indubitada.
En ese mismo orden de ideas, dada la importancia de las consecuencias que irradia su correcta determinación, no cabe tenerla por configurada a partir de un concepto de `simple residencia´. Las notas de estabilidad y permanencia que deben caracterizar a la `residencia´, deben tener necesariamente un grado suficiente de continuidad que permita otorgarle el exigido carácter de `habitual´, esto es, que habilite a concluir que en dicho lugar el niño desarrollaba con naturalidad su vida” (considerando 11°).
3. Residencia. Apreciación de la prueba. Jurisdicción. Retención y ocultamiento de menores.
“Que en dicho contexto la circunstancia de que de los tres meses y medio que duró el viaje a Europa, la niña permaneció con sus progenitores tan solo un mes y algunos días en la ciudad de Burdeos, Francia, unida a que contaba con tan solo cinco meses de edad cuando viajó a ese continente, resulta insuficiente para atribuirle la estabilidad y permanencia requeridas para considerar a dicho estado extranjero como el centro de gravedad de su vida […].
La conclusión referida no se ve alterada por la intención o el consenso de los progenitores acerca del lugar en que residiría la familia. Al respecto, en oportunidad de decidir cuestiones que guardan similitud con el supuesto de autos, este Tribunal ha señalado que para que dicho consenso pueda adquirir la concreción propia de una decisión jurídicamente relevante, debe tratarse de una clara intención compartida de trasladar la residencia, que debe ser demostrada cabalmente. La prueba debe superar el plano de una simple posibilidad, no bastando un panorama de ambigüedad…” (considerando 12°).
“[L]a ausencia de una permanencia prolongada en la ciudad de Burdeos, así como de la acreditación de una voluntad precisa, concluyente y compartida por ambos progenitores de trasladar el hogar familiar a Francia, conducen a descartar a dicha ciudad como lugar de residencia habitual y, por ende, a rechazar la solicitud de restitución requerida por no configurarse un supuesto de retención ilícita” (considerando 16°).
“[C]abe considerar que al tiempo de los hechos era este país el lugar de residencia habitual y que, en consecuencia, son nuestros tribunales los que se encuentran en mejores condiciones para resolver las cuestiones vinculadas con la niña […] que pudieran presentarse en el marco del conflicto familiar” (considerando 17°).
4. Interés superior del niño. Responsabilidad parental. Derecho a la intimidad.
“[T]eniendo en miras el principio del interés superior del niño que debe regir las decisiones que los atañen, corresponde exhortar a ambas partes, a fin de que obren con mesura en el ejercicio de sus derechos y, en particular, a que cooperen estrechamente en la búsqueda de una solución amistosa que no se oriente en la satisfacción del interés subjetivo de cada uno sino en el respeto del bienestar y la integridad de su hija menor, así como también de la relación parental −permanente y continua− con ambos progenitores, que no puede verse lesionada por decisión unilateral de uno de ellos.
Asimismo, ante la existencia de notas periodísticas en diversos portales de internet que exponen hechos o circunstancias de la vida de la niña N. L. S. V. y de la disputa familiar que en autos se trata, a los efectos de evitar agravar el conflicto generado, corresponde instarlos a que se abstengan de exponerla públicamente –por cualquier medio– a fin de resguardar su derecho a la intimidad” (considerando 19°).
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESIDENCIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; APRECIACION DE LA PRUEBA; JURISDICCIÓN; RETENCIÓN Y OCULTAMIENTO DE MENORES; RESPONSABILIDAD PARENTAL; DERECHO A LA INTIMIDAD;
Barbosa Ramirez (Causa n° 63730)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró la nulidad de la detención y sobreseyó al imputado (juez Pinto y jueza Laiño).
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Nulidad. Interpretación de la ley.
“En el caso no se verifican datos objetivos que hubieran habilitado al funcionario policial a interceptar [al imputado]…”.
“La situación fáctica […] no permitía inferir, objetiva y razonablemente, que los nombrados estuvieran en alguna situación que hiciera suponer que habían cometido un hecho ilícito, o que hubieran sustraído las bicicletas o recibido conociendo su origen espurio. Se desprende sin mayor esfuerzo de las constancias del expediente la ausencia de circunstancias previas y/o concomitantes que justificaran el requerimiento policial. No existía ninguna ‘circunstancia debidamente fundada’ que habilitara a detener la marcha de los ciclistas, solicitarle que se identificaran, en cuyo contexto [el imputado] manifestó que no poseían comprobante de alquiler y que las habían encontradas tiradas en la plaza […], para finalmente proceder a su detención y requisa”.
“[L]a determinación del preventor no encuentra siquiera fundamento en la denominada ‘causa probable’ que regulan los artículos 284 y 285 del Código Procesal Penal de la Nación, para sospechar la existencia de una presunta actividad ilícita por parte de los conductores de las ‘Ecobicis’, media una ausencia total de elementos de contexto que permitan considerar legítimo aquel accionar. Elementos que ciertamente no puede ser suplidos a través de una motivación ex post.
Cabe tener presente que el estado de sospecha no puede proceder de un instinto subjetivo del funcionario policial (el llamado ‘olfato policial’), sino que debe obedecer a circunstancias razonables y objetivas, debidamente explicitadas, en función de que permitan su posterior control de legalidad por parte del órgano judicial”.
2. Detención de personas. Requisa. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[R]ecientemente sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que: ´[…] la inexistencia de una obligación posterior de justificar un registro o una requisa con independencia de los resultados obtenidos por la misma, generaron un espacio amplio de discrecionalidad que derivó en una aplicación arbitrarias de las facultades en cabeza de las autoridades policiales, lo cual además fue avalado mediante una práctica judicial que convalidó dichas detenciones sobre la base de criterios generales como la prevención del delito o ex post por las pruebas obtenidas […]´ [‘Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina’] ….”.
“[C]on el criterio expuesto no se pretende acotar la posibilidad policial de ejercer las facultades de prevención que les son inherentes, más ello cede cuando se vulnera decididamente alguna garantía constitucional, caso que sí ocurre en las presentes actuaciones, lesionando así, lo consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional…”.
3. Procedimiento policial. Nulidad. Regla de exclusión. Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[Corresponde] anular las actuaciones desde la detención de los nombrados y de todo lo obrado en consecuencia. Ello así en base a la doctrina fijada a partir del caso [‘Rayford’], mediante la cual la Corte ha establecido que si en el proceso existe un sólo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél…”.
“[L]a presente investigación se inició y estructuró -exclusivamente- a partir del procedimiento […] inválido por lo que al no existir una vía independiente para continuar con la investigación corresponde sobreseer [al imputado]…”.
“[El preventor] previo a realizar la interceptación en la vía pública del imputado no se encontraba en presencia de un delito. Sólo se acercó por una referencia general vinculada a la comisión de delitos relacionados con la sustracción de bicicletas del gobierno de la ciudad, pero no describió en forma precisa o particularizada circunstancias específicas que le permitieran considerar que podría estar en concreto en este caso en la posible comisión de un delito”.
“[L]uego de la interceptación y la detención surgieron en forma concomitante a partir de los dichos del afectado su posible vinculación con un delito, pero lo cierto es que la detención no estaba motivada. Por lo cual, de acuerdo a los precedentes […] como ser lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (voto del Juez Petracchi en la causa ‘Fernández Prieto’), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede convalidarse la detención, por cuanto el agente estatal no brindó un detalle específico de las razones que justificaron la restricción a la libertad del afectado”.
DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; REQUISA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; REGLA DE EXCLUSIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
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