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DoctrinaVoces CSJN
Oliva (causa N°  9963)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).

Dictamen de la Procuración General de la Nación (procurador Casal)
1. Conciliación. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley.
“Es sabido que las sentencias de la Corte deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan, aunque hayan sobrevenido a la interposición del recurso extraordinario, como ocurre cuando en el transcurso del proceso son dictadas nuevas normas sobre la materia objeto del litigio que reclaman aplicación inmediata […]. En consecuencia, es pertinente señalar que por resolución 2/2019 del 13 de noviembre pasado (B.O. 19/11/2019) la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal decidió implementar, a partir del tercer día hábil de la publicación de la norma y en el ámbito de la justicia federal y nacional en lo penal, el artículo 34 del nuevo código de forma, referido a la conciliación entre el imputado y la víctima”.
“Con el mencionado cambio legislativo, lo resuelto en esta causa ya no puede mantenerse por sus fundamentos, razón por la cual […] V.E. debe dejar sin efecto el pronunciamiento apelado y ordenar el dictado de uno nuevo con arreglo a la normativa vigente”.
CONCILIACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY;
Dirección Legal y Contencioso Penal de la PPN (causa N° 30739)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso y confirmó la decisión impugnada (jueces Huarte Petite y Jantus).
1. Cárceles. Hábeas corpus. Emergencia sanitaria. Competencia.
“[E]l agravio no podrá prosperar, centralmente, toda vez que omite toda consideración a los argumentos vertidos por la decisión de los jueces de la anterior instancia; en efecto, más allá de señalar que la clase de internos aquí representados se encontraría comprendida dentro de aquella mayor a cuyo favor se interpuso la acción en el ámbito de la Ciudad, ningún argumento se ofrece para rebatir la consideración —puntual y específica— de los magistrados del a quo relativa a que la situación de esta clase particular de detenidos no fue abordada allí con exhaustividad y que no puede quedar supeditada al plazo de resolución establecido en la otra acción existente a partir de la mesa de diálogo, y presenta una urgencia particular.
[L]a alegación de que lo aquí decidido podría generar una ‘colisión o impacto’ en la otra acción o ‘decisiones contradictorias’ […] carece por completo de fundamentación y se presenta como un agravio meramente conjetural; así, al mencionar la posible colisión o impacto, el recurrente no le otorga a esa proposición ningún apoyo adicional que permita comprender de qué modo concreto ello podría ser y, por otro lado, la referencia a decisiones en sentido contrario es, al día de hoy, un perjuicio potencial”.
2. Cárceles. Emergencia sanitaria. Hacinamiento. Tratamiento médico.
“[L]a crítica no toma a su cargo aquello efectivamente decidido por los jueces de la anterior instancia quienes, específicamente, establecieron en su decisión que ‘los internos deberán ser examinados por profesionales de la salud con especialidad en enfermedades infectocontagiosas para determinar que estadio de la enfermedad transitan […] para poder implementar el debido tratamiento que se aplicará a cada uno de ellos y, de ese modo, de ser posible derivarlos a la unidad 21 u otras que tengan infraestructura adecuada de manera inmediata’, de modo que solo una lectura fragmentaria de la sentencia podría dar lugar a esa comprensión y, en consecuencia, a ese agravio”.
“Corresponde señalar aquí, una vez más, que la argumentación presentada por el impugnante, por un lado, encierra agravios meramente conjeturales, como aquellos vinculados con los posibles efectos colaterales, máxime cuando no precisa la ocurrencia de ninguno de ellos; por otra parte, la afirmación de que el traslado de detenidos fuera del área metropolitana resultaría contrario al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y favorecería la propagación del virus, no se encuentra respaldada por una fundamentación que permita advertir de qué modo ello podría ser así, cuando, como es evidente, se tratan de personas privadas de su libertad, a disposición de organismos estatales que deberán tomar los recaudos para su tratamiento en lugares aislados, como la resolución cuestionada correctamente señala”.
CÁRCELES; HÁBEAS CORPUS; EMERGENCIA SANITARIA; COMPETENCIA; HACINAMIENTO; TRATAMIENTO MÉDICO;
ALCE (causa N° 30859)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia (jueces Tripoli, Converset y Díaz Solimine). 1.Violencia doméstica. Violencia de género. Derechos humanos. “[L]a denominada `violencia doméstica´ o de `género´ es considerada uno de los mayores problemas de derechos humanos para la comunidad internacional. Este tipo de violencia es causa de un importante índice de muertes y lesiones de naturaleza física, psicológica y sexual, que afecta a todas las clases sociales, culturales y económicas, y apersonas de cualquier edad; razón más que suficiente para que aquella sea abordada como una `violación de los derechos humanos´ y de las `libertades individuales´, en la medida en la cual ella, cercena la igualdad, la seguridad, la dignidad y la autoestima de quienes la padecen, en su mayoría mujeres[...]. Sólo si se entiende que la violencia contra la mujer es un supuesto de discriminación en razón de su género y que ésta se encuentra específicamente reprobada a nivel internacional se podrá comprender por qué dicha violencia es una cuestión de derechos humanosy, por ende, la necesidad de un abordaje integral a través de la acción positiva por parte de los Estados”. 2.Violencia de género. Apreciación de la prueba. Prueba testimonial. Víctima. “La necesidad de enfocar el análisis de casos de violencia contra la mujer desde la `lente´ de los derechos humanos, influye necesariamente en la apreciación y valoración de la prueba. En esta dirección, se ha explicado que en los procesos judiciales vinculados con esta problemática, la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que sólo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por tal razón, que en estos supuestos, resulta fundamental el testimonio de la víctima, siempre que se efectúe con las debidas garantías de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la denunciante. Ese relato de la denunciante, puede ser reforzado […] con otros elementos probatorios de carácter objetivo, corroborantes o periféricos, como por ejemplo: a) testimonios de profesionales pertenecientes a los equipos interdisciplinarios, que toman intervención con respecto a tal situación de `violencia doméstica´ y que tienen contacto directo con la damnificada desde el inicio del conflicto, que valoran la seriedad de dicha exposición con herramientas coadyuvantes a la actuación judicial y que realizan los informes técnicos de la `evaluación del riesgo´ del conflicto existente entre la víctima y el agresor; y/o b) el testimonio de testigos de referencia, que, independientemente de que observen o no el hecho puntual por el que se sustancia el conflicto, puedan dar datos o referirse a situaciones concomitantes que permitan conferirle un mayor valor de convicción al relato de la víctima[…]. Lo anterior no sugiere que quien deba dictar sentencia libremente juzgue sin prueba o absuelva sin analizarlas. Implica que razonadamente, con la amplitud probatoria que autoriza la normativa vigente en materia de acreditación de hechos de violencia contra las mujeres (art. 31 de la ley 26.485) y bajo las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial); analice el conjunto de la prueba producida”. 3. Sobreseimiento. Proceso civil. Violencia de género. “[E]l sobreseimiento definitivo dictado en sede penal no tiene efectos de cosa juzgada en sede civil, dada la diferente naturaleza que tiene la sentencia dictada al término de un procedimiento regular y completo en que ha intervenido o podido intervenir el titular de la acción civil y un auto pronunciado sobre el sumario criminal en el que el damnificado ha carecido de posibilidades de defender su derecho”. “[A]un cuando sobre los hechos invocados por la actora no pudiere recaer una sentencia penal condenatoria, lo cierto es que en materia de derecho civil, los supuestos de violencia de género, sean conductas, actos u omisiones, no importarán la creación de nuevos tipos penales ni modificación o derogación de los vigentes (art. 41, ley 26485), por lo que perfectamente podría verificarse un supuesto en esta norma contemplado que no caiga dentro de los tipos penales existentes y por ello la valoración de si el imputado ha cometido o no un delito o cuasidelito civil…”. 4. Responsabilidad civil. “[L]a responsabilidad civil exige la ocurrencia de cuatro presupuestos: 1) un hecho antijurídico o contrario a Derecho; 2) que provoque un daño; 3) la conexión causal entre aquel hecho y el perjuicio; y la 4) existencia de un factor de atribución subjetivo u objetivo que la ley considere idóneo para sindicar en cada caso quien habrá de resultar responsable. Correlativamente, la exención de responsabilidad exige la negación o destrucción de alguno de los aludidos presupuestos; la no autoría por ausencia de relación de causalidad entre el hecho y el perjuicio; la inimputabilidad del autor del daño; la existencia de una causa de justificación del obrar aparentemente antijurídico; u obviamente la inexistencia del perjuicio”. 5. Violencia de género. Indicios. Apreciación de la prueba. “[L]a existencia de lesiones contemporáneas con el hecho y el reconocimiento del contacto físico y forcejeo en el contexto del incidente relatado, constituyen indicios ciertos, precisos y concordantes que llevan a considerar verosímil que dichas lesiones fueron producidas como consecuencia de la acción física del demandado sobre el cuerpo de la actora”. “[E]n su artículo 16, inciso i), la ley 26.485 dispone que en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de los ya reconocidos, se le garantizará a la mujer el derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. En sentido concordante, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI o CEVI), responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención en los Estado Parte ha recomendado, en el marco de la alegación de legítima defensa en un contexto de violencia contra la mujer, la adopción de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado para otro grupo de casos, en lo que aquí interesa, entender que la declaración de la víctima es crucial, y que la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados y tampoco la falta de señales físicas implica que no se ha producido la violencia…”. “El hecho que la Sra. Juez de instrucción no le haya dado crédito al relato de [E] a fin de tener por acreditado que [A] le profirió frases amenazantes, no alcanza para desplazar la certeza acerca de la ocurrencia de un episodio de violencia lo suficientemente importante, que incluso llegó a la agresión física, aunque no califique como delito del derecho criminal. En efecto, tal como concluye la sentencia de grado apelada, la conducta del demandado para con su ex pareja constituyó un acto de violencia según lo establecido por los artículos 1° y 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer –`Convención de Belem do Pará´ (1994), aprobada por Argentina por la ley 24.632 de 1996 y los artículos 5° incisos 1) y 2) y art. 6º inc. a) de la ley 26.485”. 6. Incapacidad sobreviniente. Indemnización. Perjuicio patrimonial. Daño patrimonial indirecto. Reparación. “[E]l resarcimiento por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de la personalidad de la víctima, o sea, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc…”. “[E]sta partida –que supone necesariamente la existencia de secuelas físicas o psíquicas de carácter permanente o irreversible– comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica, es decir, todas las consecuencias que afecten la personalidad íntegramente considerada. Para fijar la cuantía de este renglón, debe tomarse en cuenta la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia según la cual el derecho a la reparación del daño injustamente experimentado tiene jerarquía constitucional, toda vez que el neminem laedere, reconoce su fuente en el art. 19 de la Constitución Nacional. De éste se infiere el derecho a no ser dañado y, en su caso, a obtener una indemnización justa y plena”. “En efecto, aun cuando la utilización de cálculos matemáticos o tablas actuariales surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad al sistema y, por ende, tienden a reflejar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado […], existen otra serie de elementos que complementan este método y que permiten al juez mayor flexibilidad para fijar el monto del daño atendiendo a pautas que, aunque concretas, reclaman ser interpretadas en cada caso. Se trata, en definitiva, de las denominadas particularidades de cada situación específica que, en muchísimos casos, no son susceptibles de ser encapsuladas dentro de fórmulas ni pueden ser mensuradas dentro de rígidos esquemas aritméticos”. “[D]ebe tenerse presente que dentro del concepto de incapacidad sobreviniente se incluye cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva de la víctima como aquella que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad. La reparación comprende no sólo el aspecto laborativo de la damnificada, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada”. 7. Daño moral. Prueba. “El daño moral ha sido definido como aquel perjuicio que se manifiesta a través de los padecimientos, molestias y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima, lo que demuestra el intento de resarcir aspectos propios de la órbita extrapatrimonial del damnificado. Para su procedencia la ley no requiere prueba de su existencia ya que se acredita ante el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho en cabeza del reclamante. Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas”.
VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHOS HUMANOS; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VICTIMA; SOBRESEIMIENTO; PROCESO CIVIL; RESPONSABILIDAD CIVIL; INDICIOS; INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; INDEMNIZACIÓN; PERJUICIO PATRIMONIAL; DAÑO PATRIMONIAL INDIRECTO; REPARACIÓN; DAÑO MORAL; PRUEBA;
DSRD (causa N° 11641)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 1
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 hizo lugar de manera parcial a la demanda y ordenó a ANSeS que verificase los restantes requisitos exigidos por la normativa que instituyó el IFE y su reglamentación, incluyendo la evaluación socioeconómica y patrimonial que realiza AFIP. Para el caso de no poder llevarse acabo por falta de documento nacional de identidad, dispuso que se le tomase declaración bajo juramento. Por último, ordenó que ANSeS otorgase el IFE en forma retroactiva (jueza Candis).
1. Vulnerabilidad. Migrantes. Emergencia sanitaria. Violencia de género. Seguridad Social.
“[E]s de particular relevancia y consideración que la situación personal y particular de la actora es de extrema vulnerabilidad social, debido a su condición de migrante, de encontrarse sola en nuestro país con un hijo de tres años a cargo e imposibilitada de realizar sus tareas habituales de vendedora ambulante a causa del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus sucesivas prorrogas, debido a la pandemia mundial del Coronavirus y la enfermedad que propaga Covid 19, que aqueja a nuestro país y al mundo entero.
Su frágil situación personal y social se ve también comprometida debido a haber sido víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo, en cuya relación afirma que se dictó judicialmente una prohibición de acercamiento. La función de la judicatura es aplicar la ley, teniendo una visión conjunta de todas las aristas implicadas y utilizando un criterio armonicista del andamiaje jurídico que regula la cuestión, aunque sin obviar la situación particular de los sujetos individuales involucrados a la luz de la normativa protectoria de la Seguridad Social que hace a la naturaleza propia del fuero que nos compete.
El Decreto 310/2020, consideró que como consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud […] se produjo una crisis sanitaria global, por la que el gobierno argentino dispuso un conjunto  de medidas para el cuidado de su población, incluyendo un aislamiento social, preventivo y obligatorio para reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de atención del sistema de salud.
Dentro de las consecuencias más relevantes de producirse en el contexto señalado, […] las personas vinculadas al sector informal de la economía tendrían una severa discontinuidad y/o pérdida de sus ingresos, a la vez que señaló la prioridad del gobierno argentino de colaborar con el acceso a los bienes y servicios indispensables para el conjunto de la población y principalmente para quienes más lo necesitan.
Frente a esta situación de angustia e incertidumbre generada por la imposibilidad de ir a trabajar para garantizar el sustento económico necesario creó el `Ingreso Familiar de Emergencia´–IFE–, para los sectores más vulnerables de la sociedad, instituida con alcance nacional, como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020 y complementarias”.
2. Migrantes. Residencia precaria. Derecho a los beneficios de la seguridad social. Igualdad.
“[L]a actora, de nacionalidad venezolana, migrante en nuestro país desde el 18.12.2018[…]se encuentra sola en nuestro país con un hijo a cargo, […] se desempeña habitualmente en el ámbito de la economía informal como vendedora ambulante y […] debido al aislamiento preventivo social y obligatorio se ve impedida de desarrollar estas tareas frecuentes, sumado al hecho de haber sido víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo, necesita la ayuda que el Estado previó en el marco del Decreto 310/2020 […] para aquellas personas pertenecientes a sectores más vulnerables de nuestra sociedad, dentro de los cuales corresponde incluir a la actora y su pequeño hijo a cargo”.
“[E]l Estado deberá hacerle extensivo el pago del IFE creado por el Decreto 310/2020, aún cuando no cuenta con el requisito de dos años como mínimo de residencia en el país, ni con DNI para acceder a la solicitud del mismo.Ello por cuanto, de aplicarse taxativamente el requisito del tiempo requerido de residencia mínima en el país implicaría someter a quien reclama a una situación de una mayor aún vulnerabilidad social y fragilidad  de su pequeño núcleo familiar en Argentina.
[N]o debe realizarse una identificación de necesidades económicas entre vulnerables según la cantidad de años que poseen en nuestro país, pues ello sometería la cuestión al siniestro ejercicio de suponer que quien no cuenta con una residencia legal mínima de dos años no registra las mismas necesidades materiales que aquél que si la posee. Realizar diferencias entre los migrantes en nuestro país con necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con la cantidad de tiempo que registran viviendo en nuestro país, no se aviene con la garantía de igualdad, de no discriminación, de favorabilidad y no regresión que caracterizan a la Seguridad Social y son receptadas en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía internacional…”.
VULNERABILIDAD; MIGRANTES; EMERGENCIA SANITARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; SEGURIDAD SOCIAL; RESIDENCIA PRECARIA; DERECHO A LOS BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL; IGUALDAD;
GAE (causa N° 98101)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión (jueza Guisado y Juez Rodríguez).
1. Derecho a la salud. Responsabilidad del Estado.
“[N]o se trata de desconocer los esfuerzos dirigidos a conseguir un dispositivo acorde que permita la externación de A., pero lo cierto es que a un año de aquella petición, las gestiones no han mostrado resultado alguno y, sobre esta base, parece claro que la resolución apelada que hizo efectiva la sanción pecuniaria encuentra su fundamento en el incumplimiento reiterado de aquella orden.
Bajo estos lineamientos, corresponde considerar el caso bajo la especial tutela que los tratados internacionales reconocen al derecho  a  la  salud  […]. Las vicisitudes relacionadas con la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden judicial reiteradamente ordenada en razón de la estructura interna de los organismos encargados de dar respuesta y en el modo en que estos organizan y articulan los diferentes mecanismos de acción, en modo alguno pueden repercutir en la decisión adoptada en resguardo del derecho a la salud del causante. Con tales antecedentes, esta sala considera que no hay argumentos suficientes en el memorial de agravios para revocar la resolución apelada que efectiviza la multa sobre la DGSAM”.
2. Astreintes. Multas.
“[L]a naturaleza propia de las astreintes y […] su finalidad se dirige a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial y alcanza a quienes, después de dictadas, persisten en desentenderse injustificadamente de la orden impartida (cfr. CSJN, Fallos, 322:68). Es dable destacar que el art. 37 del CPCC dispone que `...podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. [...] Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder´”.
“[D]ebe tenerse presente que la quantía de la multa debe fijarse teniendo en cuenta el cumplimiento rápido de la prestación, sobretodo en estos casos en que se encuentran en juego derechos tan fundamentales como el de la salud y la libertad. Este aspecto del decisorio referido al quantum de la multa también deberá ser desestimado”.
DERECHO A LA SALUD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ASTREINTES; MULTAS;
Equistica Defensa del Medio Ambiente Asoc. Civil (causa N° 468)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria para entender en la causa y dispuso como medida cautelar que las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y los municipios de Victoria y Rosario, constituyesen de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental. Ordenó, entre otras cuestiones, que el comité adoptase medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios en la región del Delta del Paraná (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti).
1. Incendio. Medio ambiente. Salud pública. Protección de la fauna. Daño ambiental.
“[E]xisten suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. El caso no consiste en el juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino que se trata del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.
El Delta del Paraná es un ecosistema vulnerable que necesita protección. De acuerdo a lo señalado en el `Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná´ (PIECAS-DP), producido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Jefatura de Gabinete de Ministros […], `es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple múltiples y fundamentales funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima y una extensa lista de bienes y servicios al hombre´.
Así, el sistema cumple también un rol importante, como reservorio de biodiversidad, brindando alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas, especies de peces, aves, reptiles y mamíferos. El peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se pierden bosques, se afecta la función de humedales, se cambia abruptamente el uso del suelo, desaparecen innumerables especies de origen subtropical, de la vida silvestre, de la flora, de la fauna y la biodiversidad. Todo ello causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná” (considerando 3°).
“[C]omo consecuencia de estos gigantescos incendios en el Delta, resultan también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario. Se produce un incremento de los niveles de monóxido de carbono y de  partículas sólidas en suspensión durante la propagación de la nube de humo, la que por lo general produce problemas en la salud, tales como irritación en nariz, garganta, pulmones y ojos, problemas respiratorios y otras perturbaciones más complejas.
Los incendios provocan molestias que exceden el límite de la normal tolerancia, por la presencia en cantidades importantes de partículas en el aire, que se desprenden de las llamas, que contaminan el aire. La población que obtiene su sustento del río se ve igualmente afectada, ya que se ven impedidos de acceder normalmente a los sitios que forman parte de su cultura. Del mismo modo, la actividad turística y recreativa está gravemente dificultada” (considerando 4°).
“[E]xiste prueba suficiente, y de carácter público y notorio, que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente” (considerando 5°).
2. Medio ambiente. Emergencia. Incendio.
“[E]l caso presenta, prima facie, características que permiten encuadrar los hechos denunciados en la figura legal de la emergencia ambiental (arts.2°, inciso k, y 4°, `principio de cooperación´, de la ley 25.675).En este contexto, los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato. La intervención de la justicia, en el caso, será para fortalecer las labores de fiscalización por parte de los Estados en el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental, en cumplimiento de las leyes ambientales...” (considerando 8°).
3. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. Daño ambiental.
“[E]l Tribunal considera que, en el marco de las circunstancias señaladas, se configuran los presupuestos necesarios para hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Respecto de la verosimilitud del derecho, resulta verosímil la denuncia del desarrollo de una actividad calificada de manifiestamente ilegal en relación. Con las quemas de pastizales, dado que vulnera de manera patente expresas prohibiciones contenidas en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional y de las leyes 26.562 (Control de Quema), 26.815 (Manejo del Fuego), 26.331 (Bosques Nativos), 25.675 (Ley General del Ambiente), 23.919 (Protección de los Humedales, RAMSAR), 24.295 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), y 27.520 (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global).
Por su parte, el peligro en la demora surge de la necesidad de prevenir y evitar que el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la degradación del ambiente […] en la región del Delta del Paraná. Así, se configura en autos el citado requisito para acceder a la cautela solicitada, ya que de la información aportada surge que la actividad de quema de pastizales, y los incendios, no ha desaparecido sino que parece haber aumentado, con el consecuente impacto que esto tiene en el ambiente que se intenta proteger.

En suma, resulta con suficiente evidencia, aun en esta instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional; que hay efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad; que su conservación es prioritaria, no solo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras; y que como consecuencia de estos incendios, hay afectación en la calidad del aire” (considerando 9°).
4. Medidas precautorias. Incendio. Jurisdicción.
“[L]a medida precautoria, cuya adopción el caso requiere, referida al sector donde se concentran los incendios reiterados —esto es, la región del Delta del Paraná– y el marco institucional en el que deberá llevarse a cabo (PIECAS-DP), impone que no se limite a las jurisdicciones territoriales demandadas […]. Por esa razón, cabe incluir en la cautelar que aquí se dispone a la Provincia de Buenos Aires” (considerando 10°).
INCENDIO; MEDIO AMBIENTE; SALUD PÚBLICA; PROTECCIÓN DE LA FAUNA; DAÑO AMBIENTAL; EMERGENCIA; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; MEDIDAS PRECAUTORIAS; JURISDICCIÓN;
SEY (causa N° 193)Cámara de Apelaciones en lo Civil de Esquel
La Cámara de Apelaciones Civil Esquel modificó de manera parcial la sentencia y declaró la inconstitucionalidad del apartado 3° del artículo 525 del CCCN (jueces Flass y Petris).
1. Unión convivencial. Matrimonio. Compensación económica. Plazo. Caducidad. Declaración de inconstitucionalidad.
“[C]uando se aplica empíricamente el sistema surge con carácter evidente un claro perjuicio para las parejas en uniones convivenciales en comparación con las parejas unidas en matrimonio. En el caso del matrimonio a la ruptura del vínculo afectivo por decisión unilateral o bilateral le sigue un período judicial, previo al dictado de la sentencia, que puede llegar a durar un tiempo más o menos prolongado. El cónyuge perjudicado cuenta con un lapso anterior al inicio de la caducidad para meditar y decidir si reclama compensación, cuanto, cómo y porqué.
No es ello lo que ocurre a las personas unidas convivencialmente que deciden cortar la convivencia, pues aun cuando la decisión se haya tomado antes, no precisa de un proceso judicial previo con el tiempo que ello conlleva. En las uniones convivenciales el cómputo del plazo tiene la instantaneidad de lo fáctico, por eso siempre implica una desventaja en comparación con la sentencia de divorcio”.
“[E]stamos frente a una discriminación indirecta en perjuicio de las parejas que han decidido no formalizar su vínculo mediante un matrimonio”.
“Es claro que resulta inconstitucional el plazo de caducidad semestral (ART.525 CCyC) cuando su cómputo comienza en las oportunidades previstas en el art. 523 pues ello implica un impacto dispar, perjudicial para las parejas unidas convivencialmente en comparación con las unidas en matrimonio”.
2. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“También […] el artículo 524 y 525, en sí mismos, establecen una discriminación indirecta en contra de las mujeres. La perspectiva de género nos lleva a advertir que entre mujeres y varones hay relaciones de poder y que generalmente, aunque no siempre, tales relaciones son perjudiciales para las mujeres. Estas relaciones de poder, cualquiera sea la distribución de roles, deben ser identificadas, cuestionadas y modificadas para evitar cualquier tipo de supremacismo.
Desde la misma perspectiva de género se puede afirmar que el predominio de integraciones familiares patriarcales, durante mucho tiempo, hace que todavía sean las mujeres quienes con mayor frecuencia reclaman compensaciones tras la disolución de uniones convivenciales por resultar perjudicadas en la atribución de bienes.
Aun cuando las partes no arrimaron estadísticas y era carga suya hacerlo, se puede afirmar que hoy, el exiguo plazo de caducidad afecta a un porcentaje mayor de mujeres que de varones, produciéndose así una discriminación indirecta contra la mujer que viene a sumarse a la discriminación indirecta contra las parejas convivenciales a las que ya me referí en el punto anterior. Se trata de un nuevo motivo para la declaración de inconstitucionalidad”.
3.  Matrimonio. Compensación económica. Plazos. Caducidad. Igualdad.
“Es evidente que en el caso del matrimonio, cualquiera de las partes tiene un plazo mucho más amplio para reflexionar, reclamar, decidir su estrategia procesal y accionar, pues a los seis meses establecidos en la norma habrá que sumarle el tiempo que dure el divorcio y durante el cual los cónyuges saben de antemano que el vínculo se extinguirá y cuentan ya con una asistencia letrada”.
“Dicho así las normas [de los artículos 441, 442, 523 y 525 del CCyC] son contrarias al art. 16 de la Constitución Nacional y a los diferentes tratados que integran el ámbito de constitucionalidad y deben ser declaradas inconstitucionales”.
“[A]l tratarse el instituto de la compensación económica de una herramienta destinada a lograr un equilibrio patrimonial, es necesario realizar un análisis comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges o convivientes al inicio del vínculo y al momento de producirse la ruptura, esto es, obtener una fotografía del estado patrimonial de cada uno de ellos, y ante un eventual desequilibrio proceder a su recomposición”.
UNIÓN CONVIVENCIAL; MATRIMONIO; PLAZO; CADUCIDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; COMPENSACIÓN ECONÓMICA;
DNR (causa N° 50016)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H
La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión apelada (jueces Kiper y Fajre y jueza Abreut de Begher).
1. Derecho a la información. Libertad de expresión. Censura.
“[Q]uien pretenda difundir ideas a través del sistema lo puede hacer libremente y, como corresponde, es responsable de sus actos. Aquí no hay ninguna censura. Bien puede una persona crear una página y buscar la manera de que otros la conozcan para que la lean […]. Es cuestión de saber la dirección. Además, el buscador puede, aún en contra del pedido del afectado, seguir difundiendo si le parece, al menos hasta que un juez se lo prohíba. Claro que una vez que una persona afectada pide ser sacada, tomará la decisión de seguir difundiendo o permitiendo la búsqueda, o no hacerlo. En tal caso,[…] tomar una decisión implica asumiruna posible responsabilidad. Esto no es censura. Para completar el cuadro, […] así como la Constitución garantiza la libertad de prensa y de expresión, también protege el honor y la intimidad de todos los ciudadano”.
“La medida de cada derecho, en particular si posee una naturaleza `social´, determina, al mismo tiempo, la consiguiente contrapartida de responsabilidad que esa prerrogativa lleva implícita, y en tanto a los medios de comunicación y de prensa, así como a las expresiones artísticas, se les reconoce una amplia libertad por entender que es útil y bueno para la comunidad el enriquecimiento por medio de la difusión, reflexión o la confrontación de las ideas o de las expresiones del arte, esa libertad conlleva una igualmente grande responsabilidad social”.
2. Derecho al olvido. Internet. Derecho al honor. Derecho a la intimidad.
“[E]l caso presenta un matiz peculiar, ya que se invoca un `derecho al olvido´. Esto […] implica aceptar la veracidad de las noticias difundidas por el buscador, pero que el paso del tiempo debería enterrarlas al ser perjudiciales, sin causar un beneficio su difusión, por falta de interés público, histórico, científico, etc. […] si la noticia fuera falsa, difamatoria, habría oros remedios, sin necesidad de invocar el paso del tiempo, como surge de numerosos precedentes jurisprudenciales.
Es cierto que no hay una norma específica que regule este derecho, pero no […] parece importante pues la cuestión debe ser enfocada […] como una derivación del derecho al honor, o el de la intimidad. Esto es, si tales derechos están –sin duda– reconocidos por el ordenamiento jurídico, el derecho al olvido podría ser una herramienta útil para hacerlos valer. También puede acudirse por analogía a la ley que regula el habeas data, bajo ciertas circunstancias. Lo que importa es ver qué derechos están en juego, buscar el equilibrio, y luego tomar una decisión”.
“Su ejercicio tiene el efecto de limitar su difusión y circulación, por lo que, si bien no se suprime la información en sí misma, se restringe u obstaculiza su acceso, por parte de los medios tradicionales de búsqueda. Aunque, no puedo ignorar que si no fuera por los buscadores, difícilmente sería leídas muchas noticias”.
3. Derecho al olvido. Censura. Responsabilidad.
“[E]l llamado derecho al olvido es de interpretación restrictiva. Como ha resuelto esta Sala en otras oportunidades, no debe haber censura, sin perjuicio de responsabilidades ulteriores. Aquí no hay censura, ya que se trata de noticias y difusiones que fueron reproducidas por aproximadamente 24 años. Tiempo por demás razonable”.
“[E]xiste un reconocimiento del derecho al olvido en materia crediticia, reconocido en algunas legislaciones, y una fuerte discusión sobre su aplicación cuando se trata de antecedentes penales, esto es, de personas condenadas por la comisión de un delito y que pretenden una resocialización […]. En el caso, la actora no cometió ningún delito, y de lo que ahora se trata es de bloquear en el buscador algunos programas televisivos en los que participó hace más de 24 años, y de los que no puede sentirse orgullosa. No [se ve] que se afecte el interés público.Si el ordenamiento brinda protección de esta índole a quien fue deudor en el pasado, por qué no a quien participó de una suerte de shows televisivos seudo periodísticos”.
DERECHO A LA INFORMACIÓN; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; CENSURA; DERECHO AL OLVIDO; INTERNET; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA INTIMIDAD; RESPONSABILIDAD;
Polanco Familia (causa N° 11633)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 1
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 hizo lugar a la demanda de manera parcial y ordenó a la ANSeS que verificase el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la normativa que instituyó el IFE. Además, para el caso de no poderse realizar por falta de documento nacional de identidad de la mujer, dispuso que se le requiriera que declarase bajo juramento los datos que la administración debía verificar. En ese sentido, dispuso que, de darse el cumplimiento de los restantes requisitos, la ANSeS otorgase a la actora el Ingreso Familiar de Emergencia en forma retroactiva. Por último, requirió a la Dirección Nacional de Migraciones que extremase las medidas a efectos de resolver en el menor tiempo posible, la petición de la actora de fecha febrero de 2020 y determinase su situación migratoria (jueza Alonso Candis).1. Seguridad social. Leyes previsionales. Emergencia sanitaria.
“La función de la judicatura es aplicar la ley, teniendo una visión conjunta de todas las aristas implicadas y utilizando un criterio armonicista del andamiaje jurídico que regula la cuestión, aunque sin obviar la situación particular de los sujetos individuales involucrados a la luz de la normativa protectoria de la Seguridad Social que hace a la naturaleza propia del fuero que nos compete.
El Decreto 310/2020, consideró que como consecuencia de la pandemia […] se produjo una crisis sanitaria global, por la que el gobierno argentino dispuso un conjunto de medidas para el cuidado de su población, incluyendo un aislamiento social, preventivo y obligatorio para reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de atención del sistema de salud.
[Se] creó el `Ingreso Familiar deEmergencia´ –IFE–, para los sectores más vulnerables de la sociedad, instituido con alcance nacional, como una prestación monetaria nocontributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020 y complementarias”.
“La Anses al momento de iniciar el trámite para el cobro del IFE, requiere contar con un documento nacional de identidad, extremo que como lo señala la actora no está previsto en la normativa, por lo que lo califica de arbitrario y divorciado del principio de legalidad.
Es válido y razonable entender que la actora, de nacionalidad dominicana y migrante en nuestro país desde el año 2011, al cumplir con el requisito de dos años previsto en el art. 2 inc. a) del Decreto 310/2020, tiene derecho a obtener el cobro del IFE...”.
2. Migrantes. Documento Nacional de Identidad. Residencia. Dirección Nacional de Migraciones.
“La actora como migrante en nuestro país, tiene derecho a obtener su documento nacional de identidad, pues éste le permitirá probar su identidad, que es un derecho humano, a la vez que le permitirá ejercer plenamente sus derechos. La actora no solo tiene derecho a obtener el cobro del IFE, de contar con todos los demás recaudos exigidos por el Decreto 310/2020, sino también a obtener su documento nacional de identidad y será necesario hacer saber a la actora que obtener este documento será su herramienta de inclusión social y le permitirá obtener derechos básicos y personales, tales como el derecho a obtener un trabajo formal, de ahí la necesidad de reforzar la idea de que la solución no es acceder a un derecho, en el caso obtener el cobro del IFE, forzando la reglamentación o pretendiendo su acceso a través de mecanismos irregulares de tramitación, sino dar cobertura plena e integral a la situación de la actora en su condición de migrante y para ello arbitrar los medios reglamentarios a efectos de procurarse la obtención de su documento nacional de identidad, extremo que exige la reglamentación del decreto de creación del IFE, no como un requisito aislado y arbitrario, sino que responde a la organización interna de nuestro país, en relación asus propios ciudadanos y también de los extranjeros”.
“[S]e acreditó que la actora posee más de dos años de residencia en el país, por lo que de verificarse el resto de los requisitos previstos por el Decreto 310/2020, como así también la verificación socioeconómica y patrimonial que realice la Administración Federal de Ingresos Públicos, posee derecho a cobrarla prestación monetaria no contributiva –IFE–, creada por dicha normativa, pero también ha de quedar claro que la actora tiene el deber y el derecho a obtener su documento nacional de identidad conforme ley 17.671, el que será el instrumento que le permitirá su inclusión social, al poder acompañarlo para la realización de los trámites administrativos públicos y privados para los cuales sea necesario su presentación”.
“[Si se considera la actual] forma de atención y las demoras que pueden llevar los trámites como los que debe realizar la actora para tramitar su DNI, sumado al hecho de que previo a realizar los mismos, deberá esperar la resolución que dicte la Dirección Nacional de Migraciones, –pues de esta decisión depende su posibilidad de tramitar su documento nacional de identidad–, tras su petición efectuada en febrero de 2020, […] resulta necesario adoptar una solución que permita a la actora poder acceder al cobro del IFE sin demoras, pues se trata de una prestación económica, asistencial creada para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social, sumado a la circunstancia de que la actora posee dos hijos menores a su cargo. Las demoras y vericuetos administrativos, no deben conspirar en detrimento de quienes necesitan la ayuda y remedio de la seguridad social y se encuentran en el estado más vulnerable de nuestra sociedad, pues la demora en el auxilio social, puede tornar ilusorio el derecho y agravar las condiciones de vida de quienes lo requieran”.
SEGURIDAD SOCIAL; LEYES PREVISIONALES; EMERGENCIA SANITARIA; MIGRANTES; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; RESIDENCIA; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES;
Gallardo (causa N° 1378)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelacionesde Salta rechazó el recurso y confirmó la decisión (jueza Catalano y juez Elias).
1. Carga de la prueba. Apreciación de la prueba. Derecho de defensa.
“[E]l ordenamiento procesal establece los tiempos u oportunidades que tienen las partes para hacer valer sus derechos, fuera de los cuales dichas facultades se clausuran por imperio de la ley, sin que para lograr tal resultado se requiera petición de parte y menos aún declaración judicial (cfr. art. 155 del CPCCN de aplicación al amparo en virtud de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 16.986).
Sobre tales bases, si bien el recurrente cumplió con la carga de ofrecer prueba en oportunidad de presentar el informe circunstanciado, no instó su producción ni cuestionó la providencia que ordenó el pase de la causa al Fiscal Federal omitiendo su proveído […].
Pero fundamentalmente, nada dijo al recurrir respecto de la `pertinencia, utilidad y relevancia´ de los elementos probatorios ofrecidos, limitándose a señalar que con tal omisión se había lesionado su derecho de defensa, lo que luce insuficiente a los fines de anular la sentencia. Es que, la nulidad se vincula íntimamente con la intangibilidad del derecho de defensa […], de modo que sólo cuando surge un defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad. En consecuencia, la declaración de nulidad requiere la concurrencia de determinadas circunstancias, entre las que adquieren particular relevancia el interés de la parte y el perjuicio ocasionado por las defensas efectivas que no pudo utilizar, que deben ser demostrados por quien alega. De allí que constituye un remedio de naturaleza extrema…”.
2. LGBTIQ. Identidad de género. Plan Médico Obligatorio. Tratamiento médico.
“[L]a Ley 26.743 que establece el derecho a la identidad de género de las personas incorporó en el Programa Médico Obligatorio todas las prestaciones contempladas en su art. 11 […].
A su vez, el decreto reglamentario de dicha norma (Nº 903/2015) expresa que se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida y comprende a la mastoplastía de aumento, como la requerida por la actora, por lo que teniéndose en cuenta el tiempo transcurrido desde que el mismo entró en vigencia (fue publicado en el Boletín Oficial el 29/05/2015) no puede pretender el PAMI neutralizar tal obligación con el argumento de que esa clase de cirugía no se encuentra incluida en el PMO”.
3. Derecho a la salud. Obras Sociales. Igualdad.
“[S]i bien en principio la obligación de la obra social de brindar el servicio comprometido se ajusta a una nómina de prestadores establecida atal fin, es claro que a su turno, esa obligación se enmarca en el principio de igualdad y el deber de garantizar el acceso al servicio de salud.
En efecto, uno de los pilares del sistema cerrado de salud es que los beneficiarios se atiendan con los prestadores de la `cartilla´ […], reservándose las obras sociales para sí la potestad de definir el cuerpo de especialistas y las instituciones que ponen a disposición de sus usuarios.
Sin embargo, lo anterior no es un principio absoluto puesto que, excepcionalmente, cuando resultara de las circunstancias del caso particular […], y habida cuenta de la obligación de las entidades mencionadas en último término de garantizar la atención de sus adherentes, podría configurarse un supuesto que ameritare el apartamiento de las reglas sentadas[...] Bajo tales pautas, se advierte que dicha situación excepcional acontece en el caso de autos, pues la propia demandada reconoce que carece actualmente de prestadores en la Provincia de Salta que brinden el servicio de cirugía plástica, en el que se enmarca la solicitada por la actora”.
4. Derecho a la salud. Medidas de acción positiva.
“Es preciso destacar que las obras sociales deben garantizar el derecho a la salud de sus afiliados a través de acciones positivas y no meramente con el reconocimiento del derecho, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha entendido que en la actividad de las obras sociales debe verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios […].
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 14 destacó que el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca como elemento esencial al de la `accesibilidad´, que en su dimensión `física´ implica que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar, sin discriminación alguna, al alcance geográfico de la población […]. En este aspecto, deviene imperioso destacar que de la lectura íntegra del documento de referencia en armonía con lo dispuesto por el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se colige que la obligación de garantizar el acceso al derecho a la salud debe ser entendida como la de facilitarlo en la mayor medida posible, vale decir `hasta el máximo de los recursos que se disponga´...”.
CARGA DE LA PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; TRATAMIENTO MÉDICO; DERECHO A LA SALUD; OBRAS SOCIALES; IGUALDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Puga Tamani (causa n°13333)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 declaró la inconstitucionalidad del inciso 10 del artículo 14 del Código Penal de la Nación y del artículo 56 bis de la ley N° 24660 y concedió a las dos personas la excarcelación bajo caución juratoria (juez Giménez Uriburu). 1. Declaración de inconstitucionalidad. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Reforma legal. “[T]anto la Constitución Nacional como los tratados internacionales que revisten idéntica jerarquía hacen especial hincapié en la obligación del Estado de brindarle a los condenados herramientas para robustecer su reforma y readaptación, es decir, en otorgarle todas las posibilidades para que el sujeto pueda reinsertarse de manera armónica una vez que regrese al medio libre”. “[C]on una normativa como la propuesta por el segundo supuesto del artículo 14 del Código Penal, todo lo consagrado por las normas de jerarquía constitucional deviene abstracto en razón de que, independientemente del esfuerzo, conducta y sujeción al tratamiento penitenciario que demuestre el condenado, lo propio no se verá reflejado en su incorporación a algún instituto fuera del establecimiento carcelario, de forma tal que, cualquiera sea el resultado de su evolución, su fecha de egreso no podrá verse modificada”. “[Existe] una contradicción entre una norma de menor jerarquía, como lo es la ley 27375, respecto a principios y garantías constitucionales y convencionales. En efecto, el artículo 14 del Código Penal, en su segunda hipótesis, controvierte preceptos básicos establecidos en los pactos internacionales incluidos en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley Fundamental, situación que avala proceder a su control de constitucionalidad”. 2. Ley de Estupefacientes. Ejecución de la pena. Igualdad. Reinserción social. Progresividad de la pena. Principio pro homine. “[E]l acceso a cualquiera de los institutos […] [liberatorios] no puede ni debe ser rechazado por la única circunstancia de que el sujeto haya recibido una condena por un injusto determinado, ya que lo propio soslayaría la evolución del interno dentro del ámbito penitenciario, como así también sus guarismos de conducta y concepto dado que, independientemente de cual sea su actitud para con el tratamiento carcelario, la consecuencia será siempre la misma”. “[E]stas disposiciones de la ley 27375 se traslucen en un impedimento para que el penado pueda reincorporarse gradualmente a la vida en libertad, pues el art. 14 del Código Penal –en su segunda hipótesis- y el 56 bis de la ley 24660 determinan dicho agravamiento cualitativo de la pena”. “Este conflicto marcado entre el régimen de progresividad de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y la regulación objeto de estudio, debe necesariamente resolverse a favor del primero; así lo imponen las normas internacionales ya destacadas y los principios ‘pro homine y ‘pro libertatis’”. “[Resulta] insalvable la violación al principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional, toda vez que nos encontramos actualmente conviviendo con dos sistemas de ejecución penal opuestos en relación a sus características y objetivos, aún ante situaciones análogas”. “Si bien los delitos por los que la ley veda al acceso a salidas transitorias, libertad condicional y libertad asistida, tienen la particularidad de resultar, en algunos casos, extremadamente graves de conformidad con los criterios de política criminal, no es menos cierto que los legisladores no han brindado razones válidas por las que determinaron que quienes hayan cometido ese tipo de conductas no puedan acceder a los referidos institutos”. “De la lectura de las discusiones parlamentarias referidas a la sanción de la ley 27375 […] puede inferirse que las argumentaciones brindadas por los legisladores para justificar sus consecuencias, no alcanzan para ser consideradas constitucionalmente válidas. Ello así porque se basan en cuestiones que hacen al delito de autor, incompatible con las garantías consagradas por la Constituciones Nacional”. 3. Declaración de inconstitucionalidad. Reforma legal. Igualdad. No discriminación. “Se advierte […] una vulneración a la garantía constitucional de la que gozan todos los ciudadanos de ser puestos en un plano de igualdad ante la ley, por cuanto el Poder Legislativo, por intermedio de la ley en examen, propuso un tratamiento asimétrico ante situaciones idénticas, sin que lo propio se encuentra debidamente fundado e impactando directamente contra garantías reconocidas por nuestra Carta Magna”. “Ante la falta de un patrón objetivo y racional que lo justifique, el tratamiento diferenciado sólo parece obedecer a la circunstancia de que la comisión de determinados delitos resulta reveladora de la peligrosidad intrínseca de sus autores, lo que haría imperioso disponer el cumplimiento prácticamente íntegro de las penas en establecimientos carcelarios”. “[L]a discriminación efectuada por la ley 27.375 no puede ser sostenida sin vulnerar el principio de igualdad ante ley, ya que niega el derecho a la reinserción o readaptación social a un grupo determinado de personas, sin otro fundamento que el delito por el que resultaron condenados”. “[L]a restricción introducida por el legislador no supera el estándar constitucional, vulnerando el principio de igualdad, pues basa sus distinciones únicamente en función del delito por el que se estableció la condena, con la fijación de una regla genérica que impide a un sector de la población carcelaria acceder a los derechos que se les reconocen a otros, desatendiéndose infundadamente del tratamiento individualizado y de la situación en concreto de cada condenado”. 4. Ejecución de la pena. Reforma legal. Declaración de inconstitucionalidad. Principio de proporcionalidad. “[E]l inciso 10 de los artículos 14 del C.P. y 56 bis de la ley 24660 –a partir de las modificaciones plasmadas por la 27375- se da de bruces con el principio de proporcionalidad en los objetivos político criminales, cuya finalidad radica en que la intervención pública sea idónea, indispensable y proporcionada, esto es, que los medios empleados se adecuen al fin, que sea el más moderado dentro de aquéllos igualmente eficaces, y que se respete el contenido esencial de los derechos involucrados”. “[L]as aludidas modificaciones introducidas por la ley 27375 han desvirtuado el principio rector del proceso de la ejecución penal que se halla consagrado en su artículo 1ro y que encuentra respaldo en las garantías constitucionales consagradas en la carta fundamental y en los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados –con idéntico rango-, a través de la reforma del año 1994”. “[L]as garantías emanadas de la Constitución Nacional no pueden quebrantarse por el tipo de delito cometido, razón por la cual cualquier legislación inferior que pretenda menoscabar los imperativos constitucionales y convencionales, nunca podrá ser legítima independientemente de la finalidad que persiga”
DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; REFORMA LEGAL; LEY DE ESTUPEFACIENTES; IGUALDAD; REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO PRO HOMINE; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Habeas corpus colectivo correctivo (causa N° 30739)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión impugnada, hizo lugar a la acción de hábeas corpus y ordenó el inmediato traslado de los detenidos a la Unidad 21 o a los complejos del SPF que tuvieran plazas para realojarlos (jueces Lucini y González Palazzo y jueza Laíño).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Derecho a la salud.
“Ninguno de los pormenores de especial interés resaltados por los participantes de la audiencia fueron despejados por el juez de la instancia anterior. Se desconoce en qué categoría y estadio de la enfermedad está cada uno de los involucrados y aún cuando en las Alcaidías de la ciudad les estén dispensando cuidados y se adopten condiciones de bioseguridad, es más que conocido que no están preparadas para hacer frente a la problemática que se plantea, la que crece día a día de manera exponencial.
Y menos debe olvidarse que esas dependencias se utilizan justamente a raíz de las falencias que presentan los lugares de alojamiento del organismo federal, remarcando así el carácter transitorio y excepcional en tanto no son detenidos a la orden de la autoridad local. Frente a este cuadro redireccionar la oportunidad y conveniencia del traslado de los implicados a los jueces y tribunales a cuya disposición están anotados, cuando se verifican justamente cupos en una unidad adaptada para hacer frente a la enfermedad, atenta contra sus garantías fundamentales.
No se desconoce que la crisis sanitaria que se padece tanto a nivel local y nacional -POR NO DECIR Mundial-, afectó sensiblemente al Servicio Penitenciario Federal, que ya estaba en un estado de emergencia […] -económica y de infraestructura- previa sin precedentes, problemática que se trata en distintos hábeas corpus…”.
“[S]e dispuso una mesa de diálogo interdisciplinaria con la participación de los representantes de todos los sectores involucrados […] para que se brinden pautas y recomendaciones para la adopción de las medidas pertinentes, a través de un nuevo Protocolo, que garantice la seguridad sanitaria en los traslados de los detenidos y su alojamiento como así también los requisitos para el ingreso en las Unidades del Servicio Penitenciario Federal. Pero nada se dijo respecto a los detenidos infectados, quienes no pueden esperar el término de 60 días […] impuesto para que se desalojen las Alcaidías de la Ciudad…”.
2. Servicio Penitenciario Federal. Traslado de detenidos.
“[E]n la audiencia se puso en evidencia que cuentan con plazas disponibles en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, pero responsables de la Institución han supuestamente dado la orden (no escrita) arbitraria y unilateral de no recibir a los detenidos, si padecen Covid-19, impidiendo cualquier posibilidad de consenso o al menos de comportamiento solidario en la emergencia. No puede dejar de ponderarse una vez más que el colapso de las alcaidías de la ciudad tiene relación directa con la decisión del servicio penitenciario federal de suspender las admisiones de nuevos internos y que pese a no contar con infraestructura adecuada aquéllas hicieron frente a la excepcional situación”.
“[D]esde el Servicio Penitenciario no se brindó alternativa alguna para hacerse cargo de alguno de esos supuestos. Ello pese a que se manifestó que hay cupos en el Complejo I de Ezeiza y en el II de Marcos Paz, a lo que podemos sumar que también habría plazas en Devoto…”.
“[A]nte la disponibilidad inmediata de plazas en un lugar de detención adaptado, precisamente, para dispensar cuidados médicos a las personas detenidas que padecen la enfermedad no resulta lógico de modo alguno prescindir de ellas. De todas maneras, con la urgencia del caso, los internos deberán ser examinados por profesionales de la salud con especialidad en enfermedades infectocontagiosas para determinar que estadio de la enfermedad transitan […] para poder implementar el debido tratamiento que se aplicará a cada uno de ellos y, de ese modo, de ser posible derivarlos a la unidad 21 u otras que tengan infraestructura adecuada de manera inmediata, con conocimiento de sus jueces naturales y control de que se haga efectivo de parte del magistrado a cargo del trámite de esta acción”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; DERECHO A LA SALUD; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL; TRASLADO DE DETENIDOS;
Balcaza (Causa n°1235)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Paraná hizo lugar al recurso, revocó la resolución impugnada y ordenó la restitución de la motocicleta al imputado en carácter de depositario judicial (juezas Aranguren y Gomez y juez Busaniche).
1. Decomiso. Derechos patrimoniales.
“[L]a reforma [del artículo 23 del Código Penal] operada mediante Ley 25815, ha despejado las dudas sobre la procedencia del decomiso respecto de derechos patrimoniales, reafirmando su aplicación a delitos previstos en leyes especiales e introdujo normas de naturaleza procesal que autorizan a adoptar medidas cautelares para asegurar los bienes sobre los que pudiera recaer el eventual decomiso. En este sentido, otorga expresamente al juez desde el inicio de las actuaciones, la facultad de adoptar medidas de esta índole con el fin de asegurar bienes eventualmente sujetos a decomiso, hacer cesar la comisión de delitos y evitar que se consolide el provecho u obstaculizar la impunidad de los partícipes…”.
2. Decomiso. Prueba. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Emergencia sanitaria.
“[E]l motovehículo secuestrado al imputado […] no habría sido ‘instrumento del delito’ en los términos del […] artículo 23 del CP, es decir, destinado específicamente para cometer el ilícito por el cual fue indagado y luego procesado [el imputado] lo que daría lugar a un posible ‘decomiso’, sino utilizado ocasionalmente para su comisión, toda vez que dicha conducta podría llevarse a cabo mediante diferentes vías a la aquí empleada”.
“[C]abe agregar que –según los dichos de la defensa- el motovehículo secuestrado sería indispensable para que [el imputado] pueda movilizarse diariamente a los fines de ejercer su actividad de mecánico, la cual se encuentra incluida en las excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio conforme art. 14, apartado 3º, del Decreto Nacional Nº 576/2020; debiendo, asimismo, tenerse presente la estricta disposición de la no utilización del transporte público como medio para evitar la transmisión del virus Covid-19, el cual sólo está reservado a trabajadores esenciales…”.
“[L]a decisión de mantener secuestrado el rodado de propiedad del imputado carece actualmente de sustento legal, toda vez que –prima facie- no se presume que pueda ser objeto de decomiso, ni habrá de servir como medio de prueba, ni aparece la necesariedad de practicar algún tipo de pericia sobre aquél, por lo que debe procederse a su inmediata restitución lisa y llana, tal como se peticiona”.
DECOMISO; DERECHOS PATRIMONIALES; PRUEBA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; EMERGENCIA SANITARIA;
RMC (causa N° 127098)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata, Sala II
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata hizo lugar al recurso del demandado de manera parcial y dispuso la inoponibilidad de la prejudicialidad a la causa. Además, tuvo por probada la existencia de los hechos tal como había detallado la mujer y la consecuente responsabilidad del demandado en la producción de los daños en su carácter de agresor. Por último ordenó que concurriera al programa “DESAPRENDER” de un hospital de la ciudad de La Plata, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento (jueces Banegas y Hankovits). 1. Género. Violencia de género. Protección integral de la mujer. “[L]a visión o perspectiva de género consagrada en nuestro derecho no se limita de modo alguno al ámbito legal y judicial sino que es una herramienta que ha adquirido la sociedad en su conjunto. [E]l Magistrado no cuenta solo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte ante ataques deliberados de todo tipo como consecuencia de su condición de mujer, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable (art. 7 inc. g, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; art. 7 Ley 26.485). Esa obligación excede el ámbito del derecho penal o de familia, resultando de plena aplicación en todo tipo de procesos que así lo requieran por sus circunstancias de hecho, aun en los reclamos de daños y perjuicios civiles, como es el caso en estudio. Más no debe traducirse […] en una mejora en las sumas de dinero otorgadas de modo automático, porque ello sería llevar la cuestión a un reduccionismo contrario a las reglas que consagran la protección integral. En cambio, deben aplicarse métodos, sanciones y reparaciones de distinta entidad para que el abordaje resulte efectivo (reparación económica, sanciones extrapatrimoniales, medidas de reeducación, etc.)”. “[L]a visión con perspectiva de género debe actuar como un principio general de aplicación a todo tipo de acciones y actuaciones judiciales en las que la mujer fuera víctima en base a su condición, dentro de la que encuentro comprendidas las causas de carácter patrimonial como la presente. Es decir que este extremo es de aplicación cuando la ofensa proferida, ya sea física, psíquica, etc., haya sido efectuada, básica y fundamentalmente, por su condición de mujer”. 2. Suspensión del juicio a prueba. Proceso penal. Responsabilidad civil. Proceso civil. Cuestión prejudicial. “No debe soslayarse que la opción de someterse a la suspensión del juicio a prueba por parte del acusado en proceso penal es personalísima y puede responder a variadas motivaciones entre las que es dable suponer una legítima decisión de evitar un pronunciamiento de mérito sobre la autoría del ilícito que se investiga, pero de ningún modo determina la lisa y llana aceptación de su culpabilidad”. “En suma, el imputado no reconoce hechos ni derecho. Su pedido de aplicación del beneficio no implica admisión de autoría ni de participación en los hechos por los cuales se ha requerido su juicio. Es decir que quien pide la probation no ha confesado su delito, ni siquiera ha aceptado los hechos imputados […], por lo que al momento de dictar sentencia, la resolución penal que hace lugar a la suspensión del juicio a prueba no implica una imposición legal de efectos, por lo que el juez Civil es libre de resolver la situación de responsabilidad que se le haya planteado [….]. Sin perjuicio de lo expuesto, […] el juez penal […] cuenta con la carga de decidir sobre la razonabilidad del ofrecimiento de suspensión de juicio aprueba mediante resolución fundada, por lo que al homologarlo o receptarlo puede haber considerado la existencia del hecho prima facie y la posible culpabilidad del imputado […]. Ahora bien, este es un elemento que ha valorarse en esta sede, pero siempre deberá ser analizándolo como un medio más para llegar a la convicción sobre la existencia de los hechos y la responsabilidad civil en este fuero, pero de ningún modo por aplicación de las reglas de la prejudicialidad, ni como una prueba excluyente”. 3. Proceso penal. Sentencia condenatoria. Cosa juzgada. Proceso civil. “Desde otro punto de análisis –pero en la misma dirección–, el art. 1776 CCyC dispone que una sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil. Ahora bien, deviene central detallar entonces cuál es la sentencia definitiva en sede represiva […] y si cumple con los requisitos del art. 1776 CCyC. [N]o se trata de la resolución referenciada en el decisorio –la que ordena la suspensión de juicio a prueba por un año […]–, sino la que dispone el sobreseimiento del imputado por haberse extinguido la acción penal en virtud al cumplimiento de la suspensión del juicio a prueba […], la que por otra parte no hace mérito sobre el fondo de la cuestión. Entonces, al haber concluido el proceso con el sobreseimiento del imputado, es preciso diferenciar cuáles fueron los fundamentos que sustentan la decisión. Si ella se funda en que se encuentra acreditado que el hecho no sucedió, o que el autor no participó en él, el Juez Civil no puede abstenerse de considerar dicha resolución a los fines de resolver la cuestión. Por el contrario, si el sobreseimiento se funda en otras razones como la prescripción de la acción penal, el sentenciante que intervenga en el proceso de daños queda en absoluta libertad para decidir sobre las cuestiones que se le plantean […]. Por lo tanto, observado desde ésta óptica, tampoco resulta de aplicación la prejudicialidad, toda vez que la suspensión del juicio a prueba no es la sentencia definitiva, sino que el sobreseimiento es la resolución concluyente que da fin al debate penal (art. 1774 y sig CCyC, art. 76 y sig. Código Penal)”. 4. Responsabilidad civil. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. “[L]os tribunales civiles cuentan con amplia facultad para juzgar la existencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil a fin comprobar si se encuentra configurada la obligación de resarcir y la dimensión de ésta (art. 1774 y sig CCyC). En definitiva, dentro de este contexto, ha de apreciarse la prueba producida a fin de dilucidar los hechos ocurridos, dejando en claro que la responsabilidad será examinada desde la óptica de las normas que rigen en el ámbito de la legislación común y […] sin considerar como único medio el ofrecimiento del imputado a los fines de la obtención de la probation…”. “[A]mbos testimonios –valorados conforme los parámetros de la sana crítica– [se encuentran] precisos, convincentes y concordantes en lo medular entre sí y con el resto de las evidencias producidas y detalladas anteriormente, por lo que cabe tener por probada la existencia de los hechos tal como lo detalló la actora y la consecuente responsabilidad del demandado en la producción de los daños alegados en su carácter de agresor…”. 5. Daño. Indemnización. Reparación. Incapacidad sobreviniente. “[E]l art. 1746 CCyC contempla una serie de circunstancias que deben ser necesariamente tenidas en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única. Es que, cuando el artículo 1740 CCyC desarrolla el concepto de reparación, indica expresamente que ésta debe ser `plena´, agregando que debe contemplar `la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie´. De la interpretación armónica de ambas normativas y de los principios generales en la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una fórmula que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más basto y amplio. [D]ebe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. […]. En este sentido, un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio matemático de ponderación para determinar una suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil un monto equivalente al que cobraba antes del hecho nocivo. Si bien la redacción de la norma podría dar margen a otra interpretación, […] mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función por excelencia de cuantificarlos daños. Tanto los parámetros matemáticos como los porcentajes de incapacidad resultantes de prueba pericial han de ser valiosos aportes, pero no obligan matemáticamente al juez, porque […] la cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos matemáticos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial, ponderando la multiplicidad factores particulares de cada caso (enunciadas por el art. 1746 CCyC)”. “[A]l tratar la indemnización por incapacidad sobreviniente [se aplicará] un criterio elástico de valoración, que contenga los parámetros otorgados por el art. 1746 CCyC, mas no atado a una fórmula matemática financiera que prescinda de las circunstancias particulares de la víctima de autos, en ejercicio de los principios de la valoración de la prueba y la sana crítica (art. 384, CPCC)”. 6. Indemnización. Género. Daño psicológico. “[H]a de evaluarse la indemnización fijada con una perspectiva de género ante la agresión sufrida por una mujer […] por parte de un hombre de su entorno –demandado y ex cuñado– y sus implicancias en el ámbito estético y psicológico. [E]n virtud de lo establecido por el art. 1746 CCyC, bajo este rubro no solo [se ha] de computar el deterioro de carácter laborativo a la actora, sino que [se computarán] las lesiones en sí mismas que afectan la integridad estética y psicológica de la damnificada, el menoscabo que estas limitaciones le generan en los diversos planos de la vida del individuo como su capacidad de trabajo, en su vida en relación en el aspecto social, deportivo, etcétera, y todos los aspectos detallados en este punto”. “Ahora bien, para determinar la procedencia de este rubro debe estarse al actual art. 1746 del CCCN […].De la letra del mencionado artículo se deprende que los gastos médicos y farmacológicos se presumen a partir de la producción de un daño mensurable, y no requieren de una prueba expresa, excepto que su monto sea oneroso y requiera de una demostración especial. Es decir que, probado el daño físico, se presume que el actor realizó erogaciones en medicamentos y traslados para el tratamiento de las dolencias, siempre que revistan el carácter de prudentes, en tanto que las sumas mayores deben ser debidamente alegadas y acreditadas. No resulta óbice que la víctima del siniestro haya sido tratada por profesionales y centros asistenciales públicos, toda vez que los gastos efectuados no se limitan a esas atenciones puntuales, sino a los gastos producidos en este aspecto a partir de las dolencias padecidas”.
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; PROCESO PENAL; RESPONSABILIDAD CIVIL; PROCESO CIVIL; CUESTIÓN PREJUDICIAL; SENTENCIA CONDENATORIA; COSA JUZGADA; PRUEBA TESTIMONIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; DAÑO; INDEMNIZACIÓN; REPARACIÓN; INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; DAÑO PSICOLÓGICO;
Gómez (causa Nº 572)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión apelada y concedió el arresto domiciliario a la imputada. Además, la eximió del pago de costas (juezas Aranguren y Gómez y juez Busaniche).
1. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Código Procesal Penal.
“[S]i a la luz de las normas del nuevo Código Procesal Penal Federal la valoración de los riesgos procesales con relación a los imputados es contraria, en principio, a la concesión de su libertad o de alguna medida de coerción menos intensa, el alegado cumplimiento de algunos de los supuestos previstos por el art. 10 C.P. y 32 de la ley 24.660 impone considerar su procedencia. […] Así, debe señalarse que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad […] deviene de aplicación al presente caso, en virtud de lo estatuido por el art. 11 de la citada norma”.
2. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[D]e las constancias de autos, surge que la imputada Gómez es madre de una niña […] de 6 años de edad, que estaría al cuidado de su abuela materna […], por lo que se plantea la posibilidad de obtener la detención domiciliaria en un supuesto no contemplado legalmente, toda vez que, si nos atenemos a la literalidad del […] art. 32 en su inciso f) de la ley 24660, T.O. Ley 26472, no resulta aplicable el instituto en análisis. […] Sin perjuicio de ello, aun cuando no le corresponde legalmente a la imputada gozar del beneficio en cuestión, en el presente se ha solicitado la aplicación de un orden normativo superior, debiendo procederse a su consideración”.
“Como puede advertirse, la normativa en análisis llama a otorgar particular incidencia en la resolución de la cuestión al ‘interés superior del niño’, por lo que habrá de atenderse a las particularidades de cada caso en concreto, teniendo en consideración que el supuesto previsto por la norma –menor de cinco años- no debe interpretarse como un límite insalvable que impida decretar la detención domiciliaria cuando las circunstancias del caso así lo exijan…”.
“[S]in perjuicio de lo concluido [en el informe elaborado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolecente y la Familia] y atento que el padre [de la niña] también se encuentra en prisión preventiva por estar imputado en las presentes actuaciones, se estima prudente –en consonancia con lo sostenido por el Sr. Fiscal General y el representante del Ministerio Público Pupilar- otorgar preponderancia al interés superior de la niña, en lo que refiere a la necesidad de tutela y preservación de las relaciones familiares directas, procurando conservar el contacto directo con su progenitora fuera del ámbito carcelario, aun cuando la imputada siga privada de su libertad, rescatando una vez más, la importancia que ello tiene para cualquiera de los protagonistas, por lo que conlleva a una solución diferente a la adoptada por el a quo”.
3. Costas. Prisión preventiva.
“[P]or otro lado, la defensa de la imputada sostiene ante esta Alzada los agravios impetrados en relación a la imposición de costas por la presente incidencia […] por considerar que ello le irroga un gravamen irreparable y vulnera derechos fundamentales de su defendida”.
“[C]on los elementos obrantes en el presente legajo autoriza a inferir que en el caso, la defensa pudo tener una razonable expectativa a la obtención de la prisión domiciliaria de su defendida, permitiendo tener por conformada la exigencia normativa de ‘razón plausible para litigar’ a la que alude el rito. Esta circunstancia, sumada a la provisionalidad del encierro cautelar y a la posibilidad que otorga la norma procesal de revisión periódica de la situación de privación de libertad de una persona, no habiéndose advertido una utilización irrazonable de dicha facultad, autoriza a dispensar de costas a la encausada por el presente incidente de prisión domiciliaria. […] Por lo expuesto, y atento a cuanto aquí se resuelve, corresponde revocar el punto II) de la resolución recurrida, eximiendo de las costas a la incidentante (arts. 530 y 531 del CPPN)”.
PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; CÓDIGO PROCESAL PENAL; PRISIÓN DOMICILIARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; COSTAS;
Báez (reg. N° 1011 y causa N° 9630)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, anuló la decisión recurrida y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Borinsky y Carbajo).
1. Excarcelación. Consentimiento fiscal. Dictamen. Principio acusatorio. Código Procesal Penal. Exceso en el pronunciamiento.
“Del estudio de las presentes actuaciones se advierte que el pronunciamiento recurrido ha sido dictado en exceso de la pretensión del señor fiscal de juicio, quien presentó su postura favorable al planteo efectuado por la defensa. […] Se observa, también, que el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, en sus breves notas, hizo suyas las argumentaciones de su par de instancia, validando de ese modo el criterio sustentado”.
“[S]i bien los magistrados del a quo sostuvieron otros argumentos que, a su entender, justificaban la persistencia de la prisión preventiva y, por tanto, entendieron que no correspondía hacer lugar a la excarcelación ni a ninguna otra medida alternativa, cierto es que no expusieron razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
En este orden de ideas y en cuanto al rol que desempeña el acusador en estas cuestiones, debe tomarse en cuenta la plena vigencia del art. 210 del Código Procesal Penal de la Nación […], en tanto el modelo procesal que gobierna el procedimiento penal actual permite deducir que la potestad de solicitar la imposición de medidas cautelares es propia de quien lleva adelante la persecución; y, en el caso concreto, el Ministerio Público Fiscal ha requerido que se haga lugar al planteo efectuado por la defensa, sin que la querella haya planteado objeción alguna”.
“Frente a este panorama y en situaciones sustancialmente análogas a la presente, en las que no se observaba la existencia de una controversia entre la pretensión de la defensa y la postura del fiscal, […] la ausencia de contradictorio impide la convalidación del fallo adverso impugnado…”.
EXCARCELACIÓN; CONSENTIMIENTO FISCAL; DICTAMEN; PRINCIPIO ACUSATORIO; CÓDIGO PROCESAL PENAL; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO;
Deserio (Causa n°36120)Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 3
El Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3 concedió al imputado la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica durante el tiempo que se mantuviera la emergencia sanitaria (juez López).
1. Ejecución de la pena. Principio acusatorio. Dictamen. Consentimiento fiscal. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Jurisprudencia.
“[L]a Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ha venido efectuando un trascendental cambio de paradigmas en relación a distintos aspectos que hacen a la instancia ejecutiva de la pena, a la función de las partes, a los parámetros de su actuación y respecto de la habilitación jurisdiccional para el magistrado de ejecución penal en el marco de su ministerio.
Concretamente, [respecto del] efecto vinculante que posee el dictamen fiscal respecto de la decisión jurisdiccional. Esta materia ha venido siendo debatida largamente desde la sanción de la ley 23.984, en tanto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó claramente el criterio de que si el Ministerio Público Fiscal no formaliza la acusación, el tribunal carece de jurisdicción para condenar…”.
"Sobre la base de estos parámetros fijados por la instancia superior, es claro que lo actuado por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal adquiere una relevancia extrema, puesto que, en términos generales, la decisión que contradiga el dictamen debe contener una fundamentación que supere la mera diferencia en la valoración subjetiva de las pruebas producidas y, prácticamente, se centre en la eventual irrazonabilidad del planteo propuesto y/o en la inaplicabilidad o inexistencia de la ley invocada”.
“[M]ás allá de coincidencias o disidencias puntuales, el dictamen aportado por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal luce razonable y fundado, así como también se ajusta a la normativa legal y reglamentaria aplicable”.
2. Emergencia sanitaria. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud.
“Nos encontramos ante un escenario extraordinario constituido por la aparición de la pandemia mundial de COVID-19, que ha provocado el despliegue de diversas medidas para resguardar a los grupos de riesgo, principalmente a aquéllos que padecen ciertas patologías preexistentes. En este contexto, la autoridad penitenciaria ha hecho saber que el causante presenta pólipos vesicales y que, a los efectos de establecer un diagnóstico certero, resulta necesario proceder a una intervención quirúrgica”.
“[E]n tanto que la pretensión de la representante de la comunidad en el caso resulta razonable, fundada y basada en legislación y doctrina aplicables, [extenderse] en la observación subjetiva de las probanzas colectadas, implicaría abandonar la postura de garante imparcial que reclama para [esta] actuación la instancia superior”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO ACUSATORIO; DICTAMEN; CONSENTIMIENTO FISCAL; CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL; JURISPRUDENCIA;
Garcia (causa N° 1437)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 19 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19, de manera unipersonal, sobreseyó a las personas imputadas (juez Paduczak).
1. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Dictamen. Control de razonabilidad.
“[L]a falta de una concreta pretensión punitiva respecto del hecho investigado contra los imputados, no permite la prosecución del trámite de la presente y, mucho menos, el dictado de una sentencia condenatoria, ya que el debido proceso exige que la misma esté precedida por una acusación, y en autos, el Sr. Fiscal General, luego de un minucioso análisis de los elementos probatorios que constituyen el sustento acusatorio, peticionó el sobreseimiento de [las personas imputadas].
De más está decir que la postura desincriminatoria de la Fiscalía debe estar debidamente fundada, lo que implica necesariamente que la misma debe ser sometida a control judicial sobre su legalidad y razonabilidad. [E]l dictamen del Fiscal supera el análisis de razonabilidad y logicidad, en los términos previstos por el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto resulta una derivación razonada de las particularidades que el caso presenta a la luz”.
“[L]as cuestiones mencionadas en su dictamen deberían ser valoradas en el amplio marco de un juicio oral y público. Sin embargo, [el representante del Ministerio Público Fiscal] ha realizado una hermenéutica integral del plexo probatorio de la causa, teniendo en cuenta especialmente la descripción fáctica contenida en los términos del artículo 346 del Código de Forma, la ausencia de declaración de la víctima y las grabaciones de las cámaras de seguridad; circunstancias que lo llevaron a requerir el sobreseimiento de los incusos en esta etapa del proceso por entender que el suceso achacado no encuadra en ninguna figura legal, demostrando su clara intención de poner fin a la acción penal en autos”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; DICTAMEN; CONTROL DE RAZONABILIDAD;
RSV (causa n°21080646256)Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1 de Santa Fe
El Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1 de la ciudad de Santa Fe absolvió a la mujer por resultar atípica la conducta imputada (juez Falkenberg).
1. Homicidio culposo. Omisión. Tipicidad. Deber de cuidado. Estereotipos de género.
“[M]ás allá de lo acordado por las partes, [corresponde] absolver a la imputada, toda vez que los hechos atribuidos a la misma resultan atípicos, ya que han sido elaborados sobre la presunta omisión de un pretendido ‘deber de cuidado’ que: a- no se encuentra debidamente detallado; b- cuyo carácter imperativo no surge de la propia imputación; y c- en su construcción subyacen estereotipos de género que resultan intolerables, en orden al comportamiento que se espera de la mujer sujeta a proceso…”.
“[L]a atribución delictiva formulada a la imputada no señala cuál es -en concreto- el deber de cuidado que la misma habría infringido…”.
“[L]a plataforma fáctica no contiene la descripción de la acción omitida y […] necesariamente debió indicarse cuál era la conducta omitida y cuál es la norma legal que otorga carácter imperativo a ese deber de cuidado […]. [T]al omisión no resulta azarosa, sino que ello obedece a la inexistencia de imperativos legales -con consecuencias penales- que impongan este tipo de obligaciones a la mujer embarazada”.
2. Embarazo. Deber de cuidado. Aborto. Dolo.
“[S]i bien desde una concepción socialmente aceptada, puede sostenerse que lo más adecuado para la madre y el feto es realizar controles previos al parto, ello en modo alguno puede considerarse como una obligación susceptible de generar consecuencias penales para ésta”.
“[E]l art. 88 del Código Penal sanciona el aborto causado por la propia mujer -o que consiente que otro se lo causare-, pero solo cuando estas acciones son dolosas. Vale decir, si por imprudencia o negligencia la mujer produce la muerte del feto, tal conducta resulta impune. No existe el delito de aborto culposo, cuando la autora es la mujer embarazada”.
“[L]as conductas de la mujer embarazada, por más descuidadas que fueran, quedan exentas de la autoridad de los Magistrados, encontrándose amparadas por el art. 19 de la Constitución Nacional, al punto que la ley 25.929 -denominada ley de ‘parto humanizado’-, solo contempla derechos y no obligaciones para la mujer embarazada”.
“[E]l pretendido deber de cuidado omitido antes del comienzo del ‘trabajo de parto’, no le era por entonces exigible a [RSV], siendo por ello, atípica esa pretendida omisión”.
“[M]enos aún podría reprochársele a [RSV] la conducta asumida al comenzar el trabajo de parto. En primer lugar, porque ello no le fue atribuido. En segundo lugar, porque resulta descabellado exigir conductas que faciliten el desarrollo del nacimiento a una persona que no es experta en la materia y no tiene por qué conocer la praxis que rodea el trabajo de parto”.
3. Estereotipos de género. Género. Homicidio culposo. No discriminación.
“[S]ubyacen en la elaboración de la imputación, diversas circunstancias que evidencian sesgos de género por parte de quienes estuvieron a cargo de la investigación, que invalidan y atentan contra el regular juzgamiento de este tipo de sucesos”.
“[L]a imputada fue sometida a proceso bajo el influjo de estereotipos de género, al ponderarse desde el comienzo de la investigación una serie de circunstancias que carecían en absoluto de relevancia jurídico penal, para fundar, sobre la base de las mismas, la presunción homicida, que luego fue morigerada por la conducta de una ‘imprudente madre’”.
“[R]esulta irrelevante para la conducta sometida a juzgamiento, que el embarazo fuera producto de una relación con una persona de nacionalidad extranjera que se volvió a su país, que el embarazo no fuera conocido por sus allegados y que no se efectuara controles ginecológicos previos”.
“[E]n relación a la novedosa atribución culposa, no cabe más que interpretar que en el reproche a tales ‘in’ conductas, subyacen […] estereotipos o preconcepciones que están fundados en la visión tradicional y propia de una cultura patriarcal en orden al rol preconcebido de la mujer; a la idea de que su realización como tal sólo puede concretarse mediante la maternidad, por estar predestinada a parir, en razón de ser un atributo que la define.
Esta naturalización -de que la mujer tiene un deber de parir por su destino biológico y, por tanto, debe saber cómo, dónde y en qué contexto hacerlo- es conteste con una visión estereotipada del papel social de la mujer como ‘buena madre’, ‘cuidadora’, ‘responsable’, de la que se espera cumpla los controles médicos obstétricos y sólo trasunta una ponderación prejuiciosa sobre la conducta esperable de [RSV], e importa criminalizar su comportamiento por no encajar en los patrones considerados ‘adecuados’ por la sociedad. Respuesta judicial, que, de concretarse, a no dudarlo, constituiría una práctica discriminatoria que no puede ser tolerada…”.
4. Violencia obstétrica. Secreto profesional. Derecho a la intimidad.
“[La denuncia efectuada por el médico del hospital] no hace más que evidenciar la violencia obstétrica posparto […], a la que fue sometida [RSV] por parte del personal del efector de salud […]. Ello impactó negativamente en la situación de la nombrada, en tanto pese a ser evidente que acudió al nosocomio en busca de ayuda tras dar a luz a su beba […] recibió por respuesta una clara violación a la confidencialidad y a la intimidad, extremo éste último expresamente contemplados en la ley de parto humanizado […], que detalla los derechos de las mujeres durante el puerperio…”.
“No cesa el deber de confidencialidad por la razón de tratarse de una muerte violenta, ya que sea cual fuere la causa, nunca existieron dudas acerca de la vinculación de [RSV] con el hecho, más allá de su atipicidad, y por tanto la divulgación efectuada por el profesional del efector público, no se encontraba amparada en ‘justa causa’ alguna…”.
5. Estereotipos de género. Debida diligencia.
“[Q]uienes [imparten] justicia [deben] concretizar el deber de debida diligencia plasmado expresamente en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y ello en la práctica […] importa tomar decisiones despojadas de ideas preconcebidas al momento de analizar los hechos sometidos a juzgamiento y las evidencias colectadas, pero además y, fundamentalmente, […] interpela a poder identificar, visibilizar y cuestionar aquéllos estereotipos que son asumidos por las partes y cuyos efectos perpetúan la vulneración de los derechos de las mujeres”.
6. Homicidio. Dolo. Homicidio culposo.
“[L]a imputación dolosa y la culposa, aunque se refieran a un mismo resultado, no son fungibles. No puede pasarse, sin más de la infracción dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, por más que el resultado sea idéntico. En el homicidio doloso: el dolo supone la voluntad de realización del resultado y la acción consumativa de él, circunstancia subjetiva que debe ser objeto de la acusación para poder ser reconstruida; la culpa, por el contrario, no reside en esa voluntad, sino en la infracción de un deber de cuidado determinante del resultado típico […].
[N]o logra comprenderse cómo con las mismas evidencias existentes al inicio de la investigación, la acusación ha decidido mutar esa calificación legal, so pretexto de no poder acreditar el dolo homicida, aunque ahora pregona tener por probada la infracción a un genérico y lacónico deber de cuidado, que como se señaló, tampoco logró precisar debidamente”.
HOMICIDIO CULPOSO; OMISIÓN; TIPICIDAD; DEBER DE CUIDADO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; EMBARAZO; ABORTO; DOLO; GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; SECRETO PROFESIONAL; DERECHO A LA INTIMIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; HOMICIDIO;
Vargas Rodríguez (causa N° 12823)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 sobreseyó a la persona imputada (jueces Grünberg, Basilico y Michilini).
1. Principio acusatorio. Principio de contradicción. Dictamen. Prueba. Apreciación de la prueba. Sobreseimiento.
“[M]ás allá de que pudiera no concordarse con lo dictaminado por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, teniendo en consideración que valoró la prueba reunida en autos de manera lógica y razonada y habiendo estimado fundadamente –cumpliendo así con la exigencia del art. 69 del C. P. P. N.– que no podía formularse reproche penal […], ello conduce necesariamente a la adopción de una resolución remisoria por parte del Tribunal, por cuanto quien tiene a su cargo impulsar la acción penal, justamente ha desistido de tal cometido.
[S]i el Sr. Fiscal de Juicio en su rol de titular del ejercicio de la acción penal, ha prestado su consentimiento para que se acceda a la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del imputado, exponiendo su opinión en forma razonable y lógica, aunque pudiera disentirse con sus conclusiones, ello permite tener por cumplido el requisito de motivación establecido por el art. 69 del C. P. P. N.
[N]o existiendo tampoco en el caso parte privada acusadora que coloque al tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde el dictado de un auto de sobreseimiento […] en cuanto al hecho que constituyó el objeto del proceso”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; DICTAMEN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; SOBRESEIMIENTO;
ALE (causa N° 22753)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J
La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo parcialmente lugar al recurso y concedió la medida cautelar (juezas Verón y Scolarici).
1. Acción de amparo. Contratos. LGBTIQ. Vulnerabilidad.
“[N]o implica desconocer la invocada condición de vulnerabilidad de la persona de la accionante, ni descarta de plano la incidencia de la alegada presunción contenida en el inciso B) del artículo 1199 del Código Civil y Comercial. Estos elementos no escapan a nuestro estudio, pero el resultado de su primera valoración, no resulta dirimente de la decisión que incumbe al tipo de acción en la que pretende encarrilar la actora el reconocimiento de sus derechos. Esta vía, tal como se encuentra legislada, es claramente desventajosa para dirimir cuestiones contractuales susceptibles de ser elucidadas en un marco cognoscitivo adecuado”.
“Es que, primeramente, no puede entenderse, en lo que a este estudio se refiere, que la decisión fundada de denegar la vía del amparo para el trámite del reclamo de la actora, configure un condicionamiento o forma de discriminación a la plenitud del ejercicio del derecho que le asiste al efectivo acceso a la jurisdicción, como le es especialmente tutelado por nuestra legislación (conf. las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, elaboradas por la Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su XIV Edicion). Entender esta decisión como un trato inadecuado a sus circunstancias singulares, evidencia una interpretación sesgada de las conclusiones y de los fundamentos de este tribunal, como así también de los sólidamente brindados por el distinguido Juez de grado en la resolución apelada, y de ningún modo alguno justifica el tipo de acción requerida.
En segundo término, no debe resignarse la consideración de que, si bien la norma del artículo 1199 de la ley fondal crea una presunción al establecer que si el plazo del contrato supera los tres meses, entonces no se ha celebrado una locación con fines de turismo o descanso, se trata de una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario […]. Es decir, la verdad formal presumida, podría eventualmente ser rebatida aportando para ello pruebas en contra por quien sostenga otra verdad distinta a la presumida, debiendo por ello ventilarse la cuestión por la vía y forma que el ordenamiento procesal prevé para ello”.
2. Emergencia sanitaria. Medidas cautelares. Tutela judicial efectiva. Vulnerabilidad.
“[E]s menester destacar que no escapa al conocimiento de este tribunal que la medida cautelar propiciada en el caso presenta aristas singulares que requieren su necesaria atención.
La ley adjetiva contempla la medida cautelar genérica o innominada, que regula el art. 232 [CPCCN], disposición que permite proteger tanto situaciones jurídico-materiales, como circunstancias de peligro, no contempladas en las medidas típicas o nominadas, con el objeto de evitar toda posible denegación de tutela judicial efectiva. Una moderna concepción del proceso exige poner el acento en el valor `eficacia´ de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido que su finalidad radica en tutelar derechos sustanciales cuya protección se requiere, y en ese marco de actuación, verificar si las medidas de resguardo solicitadas se presentan como una de las vías aptas, para asegurar el adecuado servicio de justicia, salvaguardando los derechos de las partes involucradas.
En este contexto, dentro de las limitaciones de la `sumario cognitio´ con que cabe valorar los escasos elementos de juicio incorporados al proceso, ante el peligro de daño irreparable que deriva de la particular situación fáctica presentada en la especie–, el tribunal encuentra razones para apartarse del temperamento seguido en la resolución que es objeto de apelación y, en consecuencia, disponer el despacho de un remedio cautelar que entiende pertinente, también, desde la perspectiva que ofrecen las pautas rectoras que operan en el marco de la emergencia sanitaria y dada la condición de vulnerabilidad invocada por la accionante.
En tales términos, teniendo en cuenta los antecedentes de la causa y las circunstancias actuales, se torna procedente la adopción de una tutela jurisdiccional, en la medida que ésta tiende, a la razonable salvaguarda de los derechos de la peticionaria y a evitar mayores detrimentos. Por ello, con carácter provisional y en el marco de lo dispuesto por el artículo 232 del Código Procesal”.
ACCION DE AMPARO; CONTRATOS; LGBTIQ; VULNERABILIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; MEDIDAS CAUTELARES; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Moreno Núñez (causa Nº 40744)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 15 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15, de manera unipersonal, absolvió a la imputada. Además, remitió copias de las partes relevantes del caso a la fiscalía del fuero contravencional a fin de que continuara con la investigación de la denuncia realizada por la mujer en la medida en que no implicara su revictimización (juez Martín).
1. Injurias. Calumnias. Tipicidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“El tipo penal de injurias, juntamente con el de calumnias, contenían en su redacción anterior problemas constitucionales, ya que admitían que se pudiera afectar con ellos la libertad de expresión, en especial respecto de asuntos públicos. Es por ello que, luego de que Argentina fuera condenada por la CorteIDH en el caso ‘Kimel’, se modificó la ley. […] Ahora bien, más allá de si la modificación cumple con lo indicado por la CorteIDH para el caso específico, no puede dejarse de considerar otras afirmaciones que la propia Corte hizo sobre esos delitos que resultan también pauta de interpretación para su redacción actual.
La CorteIDH sostuvo, entre otras cosas en el mencionado caso ‘Kimel’ que ‘El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En ese proceso de armonización le cabe un papel medular al Estado buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal propósito. Que se haga uso de la vía civil o penal dependerá de las consideraciones que abajo se mencionan’ […]. Pero, además, sostuvo que ‘La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal […]’ […].
A partir de ello, añadió que ‘La Corte no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación’…”.
2. Violencia de género. Hostigamiento. Amenazas. Debida diligencia. Legítima defensa.
“[La mujer] no denunció un hostigamiento por haber recibido una carta documento intimándola al desalojo del inmueble. […] Por el contrario, […] denunció en la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN, una sucesión de situaciones que dijo que había sufrido con [su expareja], y aceptó que se comunicara a la administración judicial penal de ello para iniciar esa clase de procesos, además del proceso civil de protección. […] En ese contexto, recibieron el caso en el MPF y al establecer el decreto de determinación de hechos, es decir, el objeto del proceso, lo acotaron incumpliendo el deber de debida diligencia reforzada para los casos de denuncia de violencia de género”.
“[L]a figura del art. 52 del Código Contravencional de la CABA que no sólo incluye el hostigamiento amenazante sino también el maltrato físico, en especial en casos de violencia de género, requiere de una perspectiva de análisis que no se acote a una única conducta aislada artificialmente, sino que debe ser contextualizada en la historia de la relación y como ella estuvo atravesada por relaciones asimétricas de poder y el ejercicio de la violencia en sus diversas manifestaciones. Para su interpretación con perspectiva de género se requiere tener en consideración los patrones socioculturales de conducta y ‘…todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer’…”.
“[A]cotar el caso a la recepción de una carta documento, es invisibilizar la relación previa, sus manifestaciones de violencia, y las circunstancias que llevaron a que la intimación de desalojo fuera sólo un punto visible de una historia. […] Además, […] era necesario también que se recortara como objeto del proceso las denuncias de situaciones que podrían configurar sin mayor dificultad tipos de un delito, por ejemplo, amenazas”.
“Así, aún sin advertir la historia que atraviesa el caso, se leía de la denuncia muchas más acciones que el envío de una carta documento. [La mujer] había descrito otros sucesos que más que en la figura contravencional de hostigamiento ingresaban directamente en la del tipo penal de amenazas […]. Por su parte, también ella había descripto otra conducta que si bien pareciera no encuadrar en el delito de lesiones sí podía, al menos, definirse inicialmente en la figura del art. 52 del código contravencional que no sólo contempla la del hostigamiento, sino también la del maltrato físico.
En tercer término, la afirmación del MPF que el caso debía ser canalizado en el proceso que ya se había iniciado, pierde de vista que quien acusaba en ese (este) proceso era [la parte querellante] y que [la mujer], lejos de poder sostener la denuncia de violencia que pretendía hacer para obtener una condena tenía que, centralmente, defenderse de una acusación de injurias, lo que implicaba invertir los roles de acusación y defensa. Es por ello que lo decidido en la CABA sobre el caso faltó al deber de debida diligencia por recortar artificialmente el caso, despojándolo de lo que el tipo contravencional requiere para analizar la situación, por omitir analizar situaciones denunciadas y que podrían configurar delitos u otras contravenciones, y por derivar la resolución de la denuncia hecha por [la mujer] a un proceso en el que quien la denuncia es su ex pareja.
Desde otra perspectiva, pero manteniendo esa misma clave de lectura, sería acertado considerar como hipótesis lo planteado por el defensor en cuanto a que la acción de [la mujer] de publicar esas afirmaciones constituyeron formas de legítima defensa, ante acciones de [su expareja] que aún consideradas válidas y legales en un contexto de análisis recortado y formal podían considerarse, en el marco de una historia de violencia, como otra forma de agresión ilegítima e inminente”.
3. Violencia de género. Extracción de testimonios.
“Con relación a lo solicitado por el defensor en punto a que saquen copias del caso para que se investigue debidamente los hechos denunciados por [la mujer], […] deberían enviarse copia íntegra del caso al MPF de CABA por varias razones. […] En primer lugar, es inapropiado que, al menos, en un inicio, un caso que da cuenta de una situación única y que atraviesa situación de violencia contra la mujer sea desmembrado en varias partes para que se investigue un tramo en cada lugar. [L]a CSJN ha señalado ya la necesidad de tramitación conjunta de causas radicadas originalmente en distintos tribunales con competencias parcialmente distintas, o incluso en distintas administraciones judiciales, cuando se tratan de sucesos únicos en un mismo contexto de violencia, aun cuando entre ellos hubieren transcurrido varios días, debido a que parecieran ser parte de un inescindible conflicto”.
“Por otro lado, es cierto que el archivo dispuesto por el MPF podría haber generado la imposibilidad de reabrir el caso, pero en todo caso se debería discutir el alcance de respecto de qué hechos ese archivo cierra el caso […]. [R]especto del suceso acotado como lo fuera por el decreto de determinación de hechos, el proceso podría no estar definitivamente cerrado. Además, debe considerarse que el delito de amenazas ya había sido transferido a la competencia de la CABA”.
INJURIAS; CALUMNIAS; TIPICIDAD; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; HOSTIGAMIENTO; AMENAZAS; DEBIDA DILIGENCIA; LEGÍTIMA DEFENSA; EXTRACCIÓN DE TESTIMONIOS;
Almeyda Gonzalez (causa N°  1725)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 hizo lugar al planteo y concedió el arresto domiciliario (jueces Grünberg, Basilico y Michilino).

1. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento.
“[L]as circunstancias evaluadas en el presente caso encuadran en el supuesto establecido en el art. 10 –inc. a) – del Código Penal y en el art. 32 –inc. a)– de la ley 24.660; ello en aras a descomprimir el hacinamiento carcelario, teniendo en cuenta el estado de salud de la imputada y la emergencia sanitaria declarada en razón del virus COVID-19”.
“[L]a situación actual de encierro carcelario de Almeyda González importa un evidente riesgo para su estado de salud; dado que las patologías que presenta la nombrada, de momento, no pueden ser diagnosticadas ni tratadas adecuadamente en la unidad penitenciaria en la que se encuentra alojada”.
“Si bien en el instituto penitenciario federal donde se encuentra alojada la imputada de mención no se detectaron –a la fecha– casos de coronavirus positivo (Covid-19), lo cual ubicaría a la imputada ante una situación de riesgo hipotético y/o presunto frente a la posibilidad de contagio de la mencionada enfermedad; lo cierto es que teniendo en consideración las conclusiones arribadas por el citado Cuerpo Médico que fueran detalladas ‘ut-supra’, corresponde conceder el beneficio del arresto domiciliario”.
PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO;
Quispe (causa N° 13439)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°1
El Tribunal Federal de Juicio N° 1 de Salta condenó a la imputada a la pena de tres años de prisión en suspenso por considerarla de partícipe no necesaria del delito de transporte de estupefacientes y dispuso su libertad (jueza Snopek y jueces Batule y Fleming).
1. Transporte de estupefacientes. Participación criminal. Vínculo. Prueba. Apreciación de la prueba.
“Quedó acreditado que fue el [el hombre] quien estuvo en contacto en todo momento con [los otros participantes] para concretar el envío y retiro de las encomiendas con estupefaciente, conforme surge de los hechos no controvertidos que fueron analizados durante el juicio de responsabilidad.
El MPF, si bien propuso la tesis del agravante respecto de la acusada, lo cierto es que no fue acreditado por ningún medio de prueba que la Sra. Quispe conociera o mantuviera contacto con algún otro miembro de la organización destinada al transporte de estupefacientes, ni en el momento previo al envío, ni durante, ni con posterioridad al arribo del estupefaciente a la Ciudad de Córdoba; sino únicamente con su pareja […], lo que surgió a partir de llamadas telefónicas entre ambos que impactaron en las antenas durante el periplo, pero ello puede perfectamente encuadras en el vínculo afectivo que mantenían, por lo tanto no puede ser tenido como una prueba de cargo suficiente para establecer el agravante pretendido por la parte acusadora”.
“Por ello, este Tribunal entendió que la calificación legal del hecho debe encuadrarse en el transporte de estupefacientes, descartando el agravante. […] El Tribunal, descarta en el presente caso la coautoría, ya que entiende que la Sra. Quispe prestó una colaboración no esencial a quien tuvo en todo momento del inter criminis el dominio del hecho, es decir a su entonces pareja […]. Facilitó un vehículo de su propiedad para realizar el viaje desde la provincia de Jujuy hasta la ciudad de Salta para despachar las encomiendas, pero lo cierto es que [la pareja] podría haber viajado por su cuenta y por distintos medios de transporte, o incluso despachar las encomiendas desde la sucursal de la misma empresa [...] sito en la provincia de Jujuy.
Otro argumento que fundamenta tal razonamiento [se encuentra] al analizar si el hecho acreditado resulta propio o ajeno, entendiendo al autor a quien participa en un hecho propio y partícipe al que interviene o colabora en un hecho ajeno. […] Aparece claro para el Tribunal, y fue materia de deliberación, que es [la pareja] quien tuvo interés directo en el plan criminal en el alfa y omega…”.
2. Transporte de estupefacientes. Agravantes. Tipicidad. Pena.
“Al respecto habrá de tenerse en cuenta que la razón de política criminal del agravamiento de pena es la mayor chance de éxito que otorga el número plural y la división de tareas de este grupo colectivo de personas tendientes a asegurar la operación criminal y también a neutralizar los esfuerzos de prevención que puede llevar a cabo la fuerza de seguridad.
En el presente caso, aunque la Sra. Quispe hubiera conocido la intervención de terceras personas (circunstancia que no fue acreditada), ello no habría sido suficiente para imputarle el agravante. Debió haberse probado además que la Sra. Quispe actuó de consuno con cada uno de los miembros en el esquema orquestado por este grupo de personas que intervino en la trama delictiva acreditada, aspecto que tal como se dijo párrafos anteriores no fue determinado.
Tampoco se puede hablar en este hecho, sobre el tercero receptor de la encomienda conforme lo alegara el MPF, ya que para la Sra. Quispe, era [la pareja] quien estaba a cargo de despacho y retiro de las encomiendas en la ciudad de Córdoba. De hecho, quedó acreditado que fue [la pareja] quien viajó a dicha ciudad […] luego de despachar las encomiendas, y que tenía previsto volver a la provincia de Jujuy al día siguiente; y esta circunstancia era conocida por Quispe también producto de su relación de pareja.
3. Transporte de estupefacientes. Participación criminal. Vínculo. Dolo. In dubio pro reo.
“Así, mientras la Sra. Quispe aparece desinteresada con el resultado del plan criminal, lo único que la vincula con posterioridad al despacho de las encomiendas son las comunicaciones telefónicas con [la pareja] pero debe interpretarse en el contexto que había una relación de pareja y no como un único indicio de cargo”.
“Por otro lado, no se pudo determinar cuál fue el motivo por el que Quispe se acercó hasta la balanza al momento de pesar los bultos, una hipótesis fue que era para controlar el peso conforme lo expuesto por el MPF, mientras que la defensa planteó que fue por una cuestión de celos ya que pensó que la destinataria era otra mujer. Lo cierto es que nada de esto fue acreditado, por lo que, siendo un punto controvertido y no aclarado por las partes, debe jugar a favor de la acusada el principio de la duda, y ser descartado como un indicio de cargo para acreditar un interés directo con el resultado del ilícito y en consecuencia para tenerla como coautora.
Si bien participó en la acción típica de transporte, adquiere mayor relevancia la valoración de que su intervención no resultó esencial, esto al considerar que la descarga de los bultos desde el auto y su traslado por unos pocos metros hasta la balanza de la empresa no era condicionante para la concreción del ilícito, puesto que dentro de lo que era el plan del traslado, resultó su actuación ser un hecho puntual y segmentario.
En tal sentido, puede que el dolo de cooperación se sitúe en el momento mismo de verificar el despacho de los bultos. Se desconoce si la Sra. Quispe pudo hacer una verificación de los bultos en la provincia de Jujuy o durante el viaje el único momento donde se acreditó dicho extremo fue al momento de despachar y pesar los bultos en la empresa […], conforme quedó registrado en las cámaras de seguridad y por los dichos de empleados de la empresa durante el debate, sin que ello implique apartarla de la acción típica del transporte”.
“Como tercer factor es la consideración del dominio del hecho o por lo menos la voluntad del dominio del hecho. Ninguno de estos extremos fue acreditado respecto de la Sra. Quispe. No se observa que haya excedido su rol de partícipe en un hecho ajeno, aporte que se explica desde la particular relación entre Quispe y [la pareja]”.
4. Género. Vulnerabilidad. Informe psicológico.
“Durante la deliberación se tuvo presente en todo la información proporcionada por la licenciada [psicóloga propuesta por la defensa] (testigo de descargo) quien mantuvo entrevistas con la Sra. Quispe y su grupo familiar y relató aspectos sobre su historia de vida, y en particular su dependencia afectiva y económica respecto de su pareja […]. Si bien esa circunstancia no es descartada, lo cierto es que no desplaza en el presente caso la responsabilidad de Quispe conforme lo prevé el art. 34 del CP, pero ello si es valorado de una manera relacionada y comparativa con la esencialidad o fungibilidad de la ayuda que Quispe prestó a [su pareja], cobrando relevancia este asunto en su colaboración no necesaria dentro del entramado colectivo”.
5. Pena. Determinación de la pena. Condena condicional. Principio de reinserción social.
“El MPF no hizo un despliegue argumental sobre la modalidad del cumplimiento efectivo de la pena, ya que, al haber pedido una pena de 3 años y 3 meses, estaba ínsita la modalidad conforme al monto de la pena. […] No obstante, llama la atención que la petición de individualización se ubique tan próximo a los tres años, que obra como límite a la posibilidad del cumplimiento condicional. [C]uando la pena supera los 3 años, pero en una escasa proporción, en realidad no tiene que ver con la individualización en si del castigo, si no en definir el tipo de modalidad de cumplimiento. Es decir que más allá de la dimensión de la pena, tiene que ver con el propósito de buscar un cumplimiento efectivo de la pena.
Hay que tener presente que la corta duración de la pena tiene que ver con la posibilidad real de un tratamiento resocializador; por ello la ley prevé que para condenas de hasta 3 años de prisión, en el caso de aplicación a primarios, debe analizarse la posibilidad de que sea de cumplimiento condicional. Como política criminal se desaconseja el encierro por dos motivos: i) se busca evitar una contaminación carcelaria; y ii) por que conlleva la imposibilidad de desarrollar un tratamiento resocializador con cierta chance de éxito.
El art. 26, en su literalidad ordena fundar la modalidad condicional a raíz de una antigua máxima de que las penas se dictan para ser cumplidas, mientras que la modalidad de cumplimiento condicional era tomada como una excepción. Por esta razón los Tribunales acostumbran a fundar solamente la condenación condicional y no la modalidad efectiva, ya que estaba legitimado por ley. […] Esta práctica se dio hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Squilario […]’ (329:3006, CSJN, 08/08/2006)’, estableció como doctrina judicial que se deben fundar ambas modalidades de cumplimiento; porque ello hace al derecho de defensa de la persona condenada. Este precedente jurisprudencial fija el principio de que toda pena de hasta 3 años de prisión debe ser analizada bajo la variante de la condicionalidad, y en el caso de que los jueces se aparten deben fundarlo.
En el presente caso, el MPF no brindó mayores argumentos significativos para que el cumplimiento de la pena sea efectivo; por lo que el Tribunal tiene que aplicar necesariamente la pena bajo la modalidad condicional. […] No se observa cuáles serían los motivos que justifiquen un cumplimiento de pena efectivo, ya que la Sra. Quispe tiene la condición de primaria, es decir no tiene antecedentes penales computables en su contra. Tampoco se explica cómo puede influir en una resocialización de la Sra. Quispe, contrariamente a lo que ocurre en el caso de la condicional, variante que funciona como elemento disuasorio para la comisión de un nuevo delito, ya que la condenada tiene el conocimiento de que en el supuesto de cometer un nuevo delito, va a tener que soportar las consecuencias del mismo y también las consecuencias de este pronunciamiento; por lo que funciona como un aliciente dentro de su oportunidad de sociabilización, y para que no vuelva a tener en el futuro un nuevo conflicto con la ley”.
Por último, no puede escapar a este Tribunal la circunstancia, debidamente acreditada por parte de la Defensa, que la Sra. Quispe convive y tiene a su cargo el cuidado de una nieta menor de edad, por lo que un cumplimiento efectivo afectaría a terceros, quebrando el principio de responsabilidad por el hecho y de no trascendencia de la pena”.
TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; VÍNCULO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; AGRAVANTES; TIPICIDAD; PENA; DOLO; IN DUBIO PRO REO; GÉNERO; VULNERABILIDAD; INFORME PSICOLÓGICO;
Martin (causa N° 20120)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y anuló la decisión impugnada (jueces Carbajo y Hornos).
1. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Dictamen.
“Toda vez que no se ha verificado controversia entre lo solicitado por la defensa técnica oficial del nombrado y lo dictaminado fundadamente por la señora fiscal, corresponde acoger favorablemente el recurso de casación interpuesto”.
“En consecuencia, carece de adecuada fundamentación la resolución dictada por el tribunal que desatiende la opinión del Ministerio Público Fiscal expuesta en materia de solicitud de medidas cautelares, sobre todo si el decisorio basa su apartamiento de tal postura –a la que no tacha de infundada– en condiciones que no son suficientes para considerar motivado el fallo impugnado”.
2. Reforma legal. Código Procesal Penal. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria.
“[D]ebe tomarse en cuenta lo normado por el art. 210 del C.P.P.F. –ya implementado– en cuanto al rol que posee el acusador en materia de solicitud de medidas cautelares. En este punto, resulta ineludible resaltar que el representante del Ministerio Público Fiscal ha dictaminado fundadamente en favor de la morigeración de la prisión preventiva en una prisión domiciliaria y que el tribunal ha justificado su apartamiento en condiciones insuficientes para considerar fundada la resolución recurrida, en razón de no haber explicitado los motivos por los cuales desestimó la postura de la acusación”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; DICTAMEN; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Flores (causa N°  2371)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
1. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Código Procesal Penal. Reforma legal.
“[E]l tribunal ha afirmado que no existe –por el momento– una medida alternativa al encierro que permita garantizar la sujeción de Flores al proceso, pero no ha brindado argumentos para fundamentar tal determinación, sino que únicamente se remitió a lo expuesto en una decisión anterior en la que se denegó la excarcelación.
[T]al como lo sostuvo la parte recurrente, el caso no fue analizado conforme la normativa prevista en el art. 210, CPPF. Por otra parte, dado que el a quo hizo mención a la confirmación de un anterior pedido de prisión domiciliaria por parte del superior; cabe destacar que una de las razones por las que la Sala I de esta Cámara confirmó la decisión, tuvo que ver con que de las constancias de la causa no surgía la presencia de un domicilio constatado en el que Flores pudiera cumplir la prisión domiciliaria, siendo éste un requisito indispensable para el otorgamiento del instituto”.
PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL;
Ancarola (causa N° 35421)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M
1. Abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes. Violencia de género. Indemnización.
“Cuando las víctimas son niñas, la problemática del abuso sexual infantil debe ser incluida en los hechos de violencia de género […]. [E]l caso debe ser juzgado bajo el doble estándar de protección internacional de los derechos humanos que ampara a las niñas víctimas de abuso, es decir, en cuanto niñas y mujeres…”.
“Por la incidencia directa que tiene para resolver este caso, merece destacarse también, la Recomendación General 19 de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): `Los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización a las víctimas´. Precisamente, esto es de lo que se trata en la especie”.
“No debe perderse de vista que el abuso sexual infantil es una de las formas más severas de maltrato […]. Constituye uno de los traumas psíquicos más intensos cuyas consecuencias son sumamente destructivas para la formación y estructuración de su personalidad, a tal punto que sus efectos se han comparado a los de `un balazo psíquico´ o con una `tentativa de asesinato moral´ […]. Una agresión de esta índole, vulnera, sin duda, el derecho al propio cuerpo, a la libertad de hacer y a su aspecto negativo, como decir `no´ a diversas expresiones de contenido sexual…”.
2. Abuso sexual. Daño. Indemnización.
“Es muy difícil calibrar la magnitud del daño sufrido por los niños abusados a largo plazo, debido a que los episodios traumáticos impactan sobre un psiquismo muy frágil…”.
“[N]i la corta edad de la damnificada niel hecho de carecer de recuerdos vívidos del hecho, constituyen excusas que obsten a la reparación plena de la enorme afección que experimentó en su esfera íntima y sus repercusiones negativas. El ilícito que menoscabó sus derechos fundamentales existió, obligándola a tener una aproximación de contenido sexual que su frágil psiquismo pudo advertir como perturbador y violento. [E]l daño extrapatrimonial causado a la niña, justifica que se mantenga la suma fijada en su favor en la sentencia que se revisa”.
3. Establecimiento educativo. Protección de menores.
“[L]a relación que se genera entre el establecimiento escolar y los usuarios constituye una relación de consumo, en el cual el proveedor es el colegio y consumidor el educando, en la medida que recibe la prestación aun sin ser parte en el contrato, carácter que revestirán sus representantes legales en atención a su menor edad. Por cierto, se trata de un sujeto particularmente débil –en general, son niños, niñas o adolescentes– de modo que se impone en tal caso la acentuación del principio protectorio…”.
4. Defensa del consumidor. Principio de dignidad humana.
“[L]a referencia a la dignidad de la persona es, además, la llave para identificar a los derechos de consumidores y usuarios en el sistema que tutela los derechos humanos […]. Como corolario de ello, es innegable también que el respeto por la dignidad inherente a los seres humanos, reviste el carácter de principio general del derecho que se expande por todo el ordenamiento jurídico, con jerarquía constitucional […].
De lo expuesto se deduce que los principios y disposiciones relacionadas con los derechos de consumidores y usuarios no se circunscribe a la protección de los derechos de contenido patrimonial, sino que expande a los aspectos extrapatrimoniales, como una necesidad de priorizar a la persona, resguardándola de la creciente despersonalización que promueve la sociedad de consumo […]. Por lo que cabe afirmar que el derecho del consumidor tiene un contenido más amplio que el que surge de la ley especial, que no lo agota […]. La dimensión antedicha cobra singular relevancia en aquellos casos en que el daño causado con motivo de la relación de consumo –concepto que aprehende una inmensa variedad de supuestos de distinta índole– tiene como principal protagonista a la persona, como ocurre en el contrato de enseñanza o en aquellos otros vinculados directamente con la salud”.
5. Abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Defensa del consumidor. Trato digno (Ley de Defensa del consumidor).
“Es verdad que KAP ha sido la víctima directa de la vejación, pues el delito de abuso sexual fue cometido en su perjuicio y, como tal, fue la principal afectada por la conducta obstruccionista reprochada a la institución durante la investigación de aquél. Pero, […] sus padres ocupan el lugar de usuarios en la relación de consumo y se encuentran legitimados también para reclamar el daño punitivo.
En efecto, la relación jurídica de índole contractual se constituyó entre los padres de KAP y la fundación demandada. Fueron ellos quienes, en cumplimiento de los deberes impuestos por la responsabilidad parental, celebraron el contrato de enseñanza y confiaron al colegio la educación y cuidado de su hija que, por su corta edad, muy lejos estaba de hallarse en condiciones, por falta de discernimiento, de prestar su consentimiento para concluir el contrato. En todo caso, se trató de una estipulación concertada por los progenitores en beneficio de su hija, pero de ello no se sigue que resulten ajenos a la génesis del contrato ni a su correcto desenvolvimiento, el que exige al proveedor garantizar las condiciones de trato digno y equitativo en el desarrollo del vínculo. De allí que, como parte de la relación de consumo y activos participantes durante la investigación del delito, merecían que se les dispense dicho trato”.
“[E]l trato digno que merecían la niña y sus padres generaba deberes de conducta concretos para las autoridades del colegio, y no sólo declamaciones. Entre ellos se destaca el deber de acompañarlos en la dolorosa tarea de esclarecer el caso y de identificar al autor de la vejación. Cuadra recordar que mientras se llevaba a cabo la investigación del delito, fue sancionada la Ley de Protección Integral a las Mujeres […], cuyo art. 18 establece la obligación de las personas que desempeñen servicios asistenciales, sociales, educativos y de la salud, en el ámbito público y privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres, de formular las denuncias, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito. Por cierto, no basta con formular la denuncia […] para cumplir con la directiva legal, sino que es preciso adoptar una actitud de colaboración efectiva tendiente a esclarecer el hecho de violencia.
Es sabido que para cumplir con la manda constitucional, es indispensable garantizar trato digno al consumidor yal usuario, en cualquiera de las etapas de la relación de consumo, es decir, desde el comienzo, el desarrollo y su finalización […]Sin duda, el propósito exteriorizado de desviar la investigación, insinuando que el autor del delito debía ser buscado en el seno familiar, es diametralmente opuesto a la actitud que era exigible y revela un grave menosprecio a la dignidad de los actores, una humillación que justifica la sanción requerida en la demanda”.
6. Consumidores. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad.
“No pasa inadvertido que KAP es un `consumidor hipervulnerable´, es decir, extremadamente frágil […], situación que reclama una protección más intensa, en consonancia con la que establecen los Tratados Internacionales […]. Su vulnerabilidad […] se apoya no sólo en su condición de mujer, sino también en su edad, que supone mayor indefensión para hacer frente a los problemas que acarrea la vida […]. También fueron víctimas sus progenitores que […] vieron defraudada su confianza por uno de los sujetos llamados a velar por la protección de su hija […].
Las características del delito y de la víctima, la violación grosera de la especial confianza depositada por los padres al elegir la institución a la que encomendaron nada menos que el cuidado y formación de sus hijos, exigía obrar con la mayor diligencia en el esclarecimiento del hecho aberrante enrostrado a su dependiente. Pero, lamentablemente, optaron por distraer la atención con el inconfesado –pero evidente– propósito de eludir la responsabilidad que recaía sobre el establecimiento, y adoptaron un temperamento contrario, en una abierta violación de las directivas constitucionales. Este hecho es de tal gravedad que torna inequívoca en este caso la procedencia de la sanción prevista por el art. 52 bis de la ley 24.240 que, por su propia índole, adquiere también carácter disuasorio, en orden a prevenir conductas que, persistan en la violación de los derechos fundamentales de los afectados”.
ABUSO SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA DE GÉNERO; INDEMNIZACIÓN; DAÑO; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; PROTECCIÓN DE MENORES; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TRATO DIGNO (LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR); CONSUMIDORES; VULNERABILIDAD;
Mendez (causa N° 11112557)Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, revocó la resolución y admitió la medida cautelar. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Salud provincial que, en el plazo de cinco días, arbitrase las medidas necesarias para suministrar los tests al hogar. Además, ordenó que la entrega se realizara con la periodicidad necesaria para que se monitorease el estado de salud de las personas, hasta tanto se dictase sentencia definitiva. Finalmente, dispuso que, de acuerdo con el resultado que arrojasen los tests, se suministrasen los hisopados correspondientes (juez Spacarotel y jueza Milanta).
1. Medidas cautelares. Medidas precautorias. Emergencia sanitaria.
“[P]rocede admitir la diligencia precautoria pretendida, toda vez que, analizadas las constancias agregadas a la causa, en el delimitado marco cognoscitivo propio de las diligencias cautelares, cabe decir que, en el caso concreto, se acreditan suficientemente los requisitos para su procedencia, ponderados de conformidad a la índole de los bienes que se procuran tutelar y al compromiso que, sobre aquéllos, la no adopción de tal medida –de carácter preventivo– resulte susceptible de ocasionar […].
Cabe recordar, en primer lugar, el especial contexto actual imperante, donde el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de lo cual se tomaran diversas medidas en nuestro país –en que rige en la actualidad el aislamiento social, preventivo y obligatorio […]–, reflejando dicha coyuntura, la grave emergencia sanitaria nacional y los bienes jurídicos tutelados en ciernes (la vida y la salud, arts. 75 inc. 22 y 23 CN)”.
2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores. Vulnerabilidad. Medidas de acción positiva. Personas con discapacidad.
“[N]inguna duda cabe en cuanto a la mayor situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas mayores frente a un posible contagio de COVID-19, habiéndose elaborado desde la órbita de la autoridad sanitaria bonaerense, recomendaciones para la prevención en residencias de personas mayores de edad, al considerarla `población vulnerable´, procurando evitar la introducción del COVID-19 en tales establecimientos […].
En ese contexto, se revigoriza el mandato constitucional del artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional […], y el consecuente deber de promover medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales, en resguardo de un grupo de extrema vulnerabilidad como son los ancianos y su salud –más aún ante la presencia de alguna discapacidad…”.
3. Emergencia sanitaria. Prevención. Adultos mayores.
“Tales circunstancias tornan necesaria la adopción de medidas no sólo paliativas sino principalmente y en especial de tinte preventivas, con carácter urgente, en salvaguarda de la integridad de la población de mayor riesgo ante el virus y del equipo de salud que la asiste.
Máxime ponderando que el aludido mandato constitucional ha de aggiornarse en un marco situacional como el actual, que va variando día tras día y amerita ponderar el comportamiento, evolución y variación epidemiológica que se presenta en cada momento y lugar determinados, reflejado ello –en lo que al caso puntual de los geriátricos refiere– en cuanto resultan de público conocimiento […] los contagios ocurridos en el seno de hogares de ancianos y la gravedad de la situación epidemiológica en el área metropolitana bonaerense”.
4. Derecho a la salud. Personas con discapacidad. Medidas de acción positiva.
“[L]a solución aquí propiciada se encuentra en línea con las actuales medidas de acción que ha comenzado a implementar la autoridad sanitaria provincial, con carácter preventivo –es decir, aún ante la inexistencia de casos sospechosos y/o confirmados de COVID19–, en la medida que se ha encarado la ejecución de protocolos de acción en establecimientos geriátricos –`metodología de pooles´-, consistentes en efectuar testeos de múltiples personas mayores y equipos de salud para evaluar la incidencia del virus en tales poblaciones vulnerables […].
En ese marco, reviste relevancia recordar que el derecho a la salud representa uno de los corolarios del derecho a la vida, y su reconocimiento como prerrogativa personalísima posee expresa raigambre constitucional con la incorporación como Ley Suprema de los tratados internacionales que así lo receptan…”.
“[L]a obligación de adoptar medidas aun en subsidio desde el Poder Judicial surge clara a la luz de lo expresado –también obligatoriamente para todos los jueces y funcionarios– por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los derechos de las personas con discapacidad (CIDH. Caso `Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas´[…]), así como a mérito de lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad…”.
5. Adultos mayores. Personas con discapacidad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Control de convencionalidad. Responsabilidad del Estado.
“En tal particular contexto, ponderando los derechos comprometidos en riesgo, de una mujer mayor de avanzada edad y discapacitada, cabe adoptar un criterio protectorio en función de los bienes en juego, el compromiso vital de los mismos, su condición (acumulativa) de sujeto preferente constitucional y convencionalmente impuesto (mujer mayor y discapacitada), el alcance de las obligaciones en clave constitucional-convencional existentes y asumidas [...].
Bajo una justa hermenéutica inherente al `control de convencionalidad´ que corresponde adoptar para analizar la presente petición, es dable poner de manifiesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) […] expidió la Resolución Nº 1/20 `Pandemia y Derechos Humanos en las Américas´, en la cual no sólo advierte la afectación a la vigencia de los derechos humanos a causa de la COVID- 19, tales como la libertad, salud, integridad personal, trabajo, etc.; además, establece recomendaciones que los Estados de la Región deben considerar previamente al dictado de sus medidas de contención de la pandemia, a fin de que se respeten los derechos humanos.
En este sentido, y en particular, sobre los grupos en situación de vulnerabilidad […]s exhorta que los Estados, al momento de tomar decisiones de emergencia ante la COVID-19, deben aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a su impacto diferenciado”.
“En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), urge a los Estados a brindar una protección reforzada a las personas mayores de la región, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos, de acuerdo con la Convención Interamericana  sobre  la Protección  de  los  Derechos  Humanos de las Personas Mayores,  y  con  los  estándares  y  las  recomendaciones  de  su Resolución  No. 01/20…”.
6. Peligro en la demora. Medidas precautorias. Prevención.
“[E]l peligro en la demora surge prístino en tanto la medida procura tutelar a una persona mayor que integra –junto con los restantes ancianos alojados en el establecimiento– un grupo de riesgo por razones etarias, y que en caso de un contagio de COVID-19, presenta en general complicaciones de salud más severas que las de personas más jóvenes, en gran parte de los casos con alcances irreversibles.
Dentro de un razonable margen de probabilidades […], la medida solicitada, reluce razonable a fin de evitar un grave e inminente perjuicio que podría tornarse en una situación irreparable; ello así a los fines de asegurar la vigencia cierta del derecho a la salud y a la vida que asiste a los destinatarios de la medida, frente a un riesgo inminente, por la edad avanzada de los mismos, que sólo solicitan la atención preventiva y adecuada, para ser diagnosticados tempranamente, a fin de procurar la atención en tiempo vital de las posibles consecuencias que genera la presente pandemia para esos grupos especialmente expuestos y vulnerables al compromiso del derecho a la salud y la vida.
Por último, no se advierte que la medida precautoria ordenada pueda ocasionar una grave afectación al interés público. Antes bien, una debida estrategia sanitaria preventiva, de atención temprana de un test que diagnostique la existencia de una enfermedad, genera para el estado el conocimiento primario de posibles casos que pudieran estar ocultos, con la consiguiente y probable expansión silenciosa de la pandemia social, con efectos de graves consecuencias al sistema de salud pública”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDAS PRECAUTORIAS; EMERGENCIA SANITARIA; ADULTOS MAYORES; VULNERABILIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PREVENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Asociación Civil Protecc. Ambiental del Río Paraná (causa N° 3570)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó días y horas inhábiles e hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministros Lorenzetti, Rosatti y Maqueda y ministra Highton de Nolasco).
1. Medidas cautelares. Medio ambiente. Daño ambiental. Prevención. Principio precautorio.
“[L]as resoluciones que se refieren a medidas cautelares, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario ya que no revisten –como regla– el carácter de sentencias definitivas, principio que […] admite excepción cuando la medida dispuesta es susceptible de producir un agravio al medio ambiente que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos: 339:142).
En ese sentido, no puede dejar de señalarse que en el particular ámbito de las demandas encuadradas en lasprescripciones de la Ley General del Ambiente, la interpretación […] debe efectuarse desde una moderna concepción de las medidas necesarias para protección del medio ambiente, pues el art. 4° de esa introduce en la materia los principios de prevención del daño ambiental y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles […].
Es a la luz de estos principios que debe interpretarse el último párrafo del art. 32 de la Ley General del Ambiente en cuanto en él se dispone que en cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, que el juez también podrá disponer sin petición de parte, aun sin audiencia de la parte contraria, prestándose debida caución por los daños y perjuicios  que pudieran producirse...” (considerando 3°).
2. Prueba. Carga de la prueba. Principio precautorio. Daño ambiental.
“[A]l omitir toda referencia a la prueba aludida, el tribunal no realizó el juicio de ponderación al que obliga la aplicación del principio precautorio, según el cual, cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente” (considerando 6°).
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIO AMBIENTE; DAÑO AMBIENTAL; PREVENCIÓN; PRINCIPIO PRECAUTORIO; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA;
Gamarra (causa N° 5606)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, por mayoría, hizo lugar al recurso, revocó la decisión impugnada y concedió el arresto domiciliado a la imputada bajo la modalidad de vigilancia electrónica. Además, dispuso que la defensa ofreciera un domicilio distinto para implementar la medida (jueces Busaniche y López Arango).
1. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad.
“[D]e las constancias de autos, surge que la imputada Gamarra es madre de tres hijos, de los cuales dos de ellos son menores de edad, (M. E. -7 años de edad- y R. M. E. -17 años de edad-), y C. M. E. de 20 años de edad, quien tendría una discapacidad en sus rodillas, y estaría a cargo de los dos menores […], por lo que se presenta la posibilidad de obtener la detención domiciliaria en un supuesto no contemplado legalmente, toda vez que, si nos atenemos a la literalidad del […] art. 32 en su inciso f) de la ley 24660, T.O. Ley 26472, no resulta aplicable el instituto en análisis.
Sin perjuicio de ello, aun cuando no le corresponde legalmente a la imputada gozar del beneficio en cuestión, en el presente se ha solicitado la aplicación de un orden normativo superior, debiendo procederse a su consideración”.
“[Se debe] otorgar particular incidencia en la resolución de la cuestión al ‘interés superior del niño’, por lo que habrá de atenderse a las particularidades de cada caso en concreto, teniendo en consideración que el supuesto previsto por la norma –menor de cinco años- no debe interpretarse como un límite insalvable que impida decretar la detención domiciliaria cuando las circunstancias del caso así lo exijan”.
“[S]e advierte que los menores – y en particular M.- se encontrarían en situación de vulnerabilidad, circunstancia que conlleva a una solución diferente a la adoptada por el a quo. […] De tal modo, se estima prudente otorgar preponderancia al interés superior del niño, en lo que refiere a la necesidad de tutela y preservación de las relaciones familiares directas, procurando conservar el contacto directo con su progenitora fuera del ámbito carcelario, aun cuando la imputada siga privada de su libertad, rescatando una vez más, la importancia que ello tiene para cualquiera de los protagonistas”.
2. Prisión domiciliaria. Domicilio.
“[C]abe tener presente que el domicilio donde fue aprehendida […] fue donde se produjo el hallazgo de estupefacientes […]; por lo que no se presenta como el ámbito más idóneo para contenerla adecuadamente; es por ello que la defensa deberá ofrecer, ante la instancia a-quo, un domicilio distinto a los fines de la ejecución del presente beneficio”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; DOMICILIO;
BLA (causa N° 16312)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución apelada (juezas Iturbide y Pérez Pardo y juez Liberman).
1. Obras sociales. Alimentos. Violencia de género.
“En cuanto a las pautas para fijar alimentos en los términos de los arts. 433 y 434 del CCyCN y su pauta temporal, […] la recurrente carece de legitimación para cuestionar los alimentos provisorios fijados a favor de la Sra. B. y a cargo del Sr. V., por lo que serán desestimados los agravios vertidos, máxime cuando la medida ha sido dictada en un contexto de violencia de género”.
2. Derecho a la salud. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad. Violencia de género. Emergencia sanitaria.
“[S]e trata de un proceso sobre internación que involucra a una persona que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad por tratarse de una mujer con discapacidad, víctima de violencia de género […],encontrándose de por medio derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
“[Los alimentos provisorios] fueron otorgados con base convencional en virtud de los mandatos dados a los Estados parte en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belén do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). [L]os derechos y garantías reconocidas en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad […] también integran el bloque constitucional, en especial el reconocimiento del derecho a la salud…”.
“[E]l Sr. V. fue a desafiliar en forma voluntaria a la causante en un momento en el cual, si bien no se había aun declarado el estado de pandemia, la mayoría de los países se encontraban afectados por el Covid 19 y en ese contexto debía, en mayor medida, garantizarse la cobertura de salud”.
OBRAS SOCIALES; ALIMENTOS; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHO A LA SALUD; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EMERGENCIA SANITARIA;
Balgoczki (Causa N° 402)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la resolución impugnada y declaró improcedente la extradición (ministros Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz y ministra Highton de Nolasco).
1. Extradición. Cooperación penal internacional. Prescripción. Requerimiento judicial.
“[S]egún el artículo 11, inciso a, de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, la extradición no será concedida si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la ley del Estado requirente. A tal efecto, la solicitud de extradición de un imputado debe contener referencias específicas ´acerca de la fecha´ en que se cometió el hecho delictivo (artículo 13.a.); una ´explicación´ acerca de ´las razones por las cuales la acción penal no se encuentra extinguida´ (artículo 13.c.) y el ´texto de las normas penales y procesales aplicables al caso´ en cuanto estén vinculadas al extremo en cuestión (artículo 13.e.)” (considerando 3°).
“[Hungría] no incluyó el ´texto de las normas penales y procesales´ aplicables en cuanto estén vinculadas al extremo de la prescripción de la acción penal” (considerando 5°).
“[E]n efecto, los antecedentes acompañados por la República de Hungría solo dan cuenta -en lo que se refiere al recaudo bajo examen- que ´La punibilidad prescribe el 26 de enero de 2021, la legislación que la determina es la letra b) del artículo 32 del Código Penal, la letra b) del apartado (1) del artículo 33 del Código Penal y la letra a) de la resolución de unidad jurídica en materia penal número 1/2005 del Tribunal Supremo´…” (considerando 6°).
“[A]un cuando lo expuesto pudiera interpretarse como una ´explicación´ en los términos del artículo 13.c. de la ley aplicable, ello no suple la carga de acompañar ´el texto de las normas penales y procesales aplicables´ en relación al extremo en cuestión” (considerando 7°).
“[L] a argumentación que desarrolla el señor Procurador Fiscal para proponer la subsistencia de la acción penal según el derecho extranjero no solo no explica las razones por las cuales, frente al déficit antes señalado, sería admisible su propuesta de resolver el punto con ´textos legales´ disponibles ´a través del sitio oficial de Internet de la Comisión Europea´ sino que tampoco es consistente con la ´explicación´ brindada por el país requirente de acuerdo a la reseña incluida en el considerando 6° de la resolución” (considerando 8°).
EXTRADICION; COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL; PRESCRIPCIÓN; REQUERIMIENTO JUDICIAL;
Aybar (causa N° 1581)Juzgado Federal de Gualeguaychú
El Juzgado Federal de Gualeguaychú homologó el acuerdo e impuso la obligación de donar la suma ofrecida al Hospital Centenario de Gualeguaychú (juez Viri).

1. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley. Reparación.
“[E]l 19 de noviembre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución N° 2/2019, a través de la cual la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal resolvió implementar, entras normas, el art. 22 de ese plexo normativo.
En efecto, la referida Comisión Bicameral para la Implementación del Código Procesal Penal Federal surge en el marco de las facultades otorgadas por las Leyes N°27.063 –modificada por Ley N°27.482–, Ley N°27.150 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N°257/15, en las que se establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (aprobado por la ley 27.063), será acorde al cronograma de implementación progresiva que se vaya estableciendo.
De esta manera, y por medio de la entrada en vigencia del art. 22 del C.P.P.F., se dispone que los jueces y los representantes del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el conflicto que surja como consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.
2. Emergencia sanitaria. Salud pública. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Tipicidad. Reparación.
“[A]l encartado […] se le endilga el hecho de haber infringido las ‘medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia’, lo que prima facie podría encontrar su subsunción típica en el art. 205 del Código Penal de la Nación.
La naturaleza legislativa de ese tipo penal encuentra su fundamento en la protección del bien jurídico ‘salud pública’, lo que se erige como constitutivo de un interés social […]”.
“Por lo que, desde esa perspectiva, se concluye que este tipo de delito puede quedar comprendido en la alternativa reparativa contemplada en el art. 59 inc. 6º del Código Penal en miras a resolver el conflicto suscitado, dando preferencia a la solución que mejor se adecúe al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social (conf. art. 22 del C.P.P.F.). Claramente, el encuadre al caso de la figura penal de la reparación del perjuicio se corresponde con la entelequia de la justicia restaurativa, la cual tiene en miras que el encausado responda de forma directa con el daño causado”.
“[N]o existiendo controversia entre las partes de este proceso en torno a la aplicabilidad del instituto de marras –ya que tanto acusación como defensa han fundamentado debidamente toda la argumentación de hecho y de derecho que avala la aplicabilidad del acuerdo– es que esta Judicatura acuerda con tal postura, en pos de alcanzar los fines establecidos en el Código Procesal Penal Federal arribando a una solución armónica, eficaz, veloz y pacífica del conflicto”.
“[L]a donación de los cincuenta mil pesos ($50.000) que efectuará el imputado […], deberán ser puestos a disposición del Hospital Centenario de la Ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. Ello es así, puesto que a la luz de la vinculación existente entre la reparación ofrecida con el riesgo que habría provocado el hecho cometido, y siendo que la propagación de la epidemia tiene incidencia directa sobre los recursos económicos del sistema de salud local […]. Y además de esa manera, se satisface el objetivo de brindar un servicio de justicia acorde con la significación de la infracción y comprometido con el medio local en que opera”.
CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; REPARACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; SALUD PÚBLICA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; TIPICIDAD;
Ortiz (causa n°22050)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución que había dispuesto la habilitación de la feria judicial extraordinaria (jueces Pociello Argerich, Pinto y López).
1. Hurto. Feria judicial. Acordadas. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l asunto investigado en autos no se trata de ninguno de los supuestos previstos por los arts. 149 y 150 del Reglamento para la Jurisdicción y tampoco resulta viable la habilitación de la feria extraordinaria vigente, conforme los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El delito pesquisado -hurto- no está incluido dentro de las materias específicamente previstas en las Acordadas 6/20, 14/20, punto V y Anexo I, Protocolo y Pautas para la Tramitación de Causas Judiciales durante la Feria Extraordinaria, y 18/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (asuntos vinculados con la privación de la libertad de las personas, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública –fundamentalmente las conductas que contravengan el sistema normativo de prevención y mitigación dispuesto por las autoridades nacionales competentes en el marco de la presente emergencia-, delitos migratorios, interrupción de las comunicaciones, delitos vinculados con el aprovechamiento de la calamidad, habeas corpus, delitos contra las personas, contra la integridad sexual, contra la seguridad pública y contra el orden público, así como también narcotráfico, trata de personas y delitos informáticos)”.
2. Declaración de oficio. Principio acusatorio.
“[No] existió un pedido concreto y fundado del representante del Ministerio Público Fiscal de habilitar la feria extraordinaria en estas actuaciones -uno de los supuestos que la Corte ha considerado para habilitarla- y no existe en la presente acusador particular…”.
“[A]l tener especialmente en cuenta la expresa oposición de la defensa para continuar con el trámite de las actuaciones, la habilitación de la feria efectuada de oficio por la magistrada de la instancia anterior, no luce procedente, pues tramitar en forma discrecional todos los asuntos implicaría desnaturalizar las Acordadas del Máximo Tribunal que prevalecen en la interpretación normativa”.
HURTO; FERIA JUDICIAL; ACORDADAS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; DECLARACIÓN DE OFICIO; PRINCIPIO ACUSATORIO;
Gordillo (causa N°  275)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Mendoza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza hizo lugar al planteo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 15, primera parte, del Código Penal y dispuso que se practicase un nuevo cómputo que contabilizara el tiempo en que la pena había sido cumplida bajo el régimen de libertad condicional.

1. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Cómputo del tiempo de detención.
“[E]l art. 15, primera parte, del Código Penal dispone que: ‘La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos, no se computará en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad’. Surge del texto de la norma jurídica citada que, si a una persona condenada a una pena de prisión de cumplimiento efectivo, se le concede la posibilidad de cumplir la última etapa de su condena bajo el régimen de libertad condicional y, en este tiempo, comete un nuevo delito, debería volver a cumplir el tiempo de condena remanente desde que fue liberado.
Ahora bien, lo cierto es que, debe considerarse que la libertad condicional es un modo de cumplimiento de la pena impuesta, solo que sin encierro. Es que, la misma se concede en la última etapa de la ejecución penal, siempre que se configuren los presupuestos establecidos en el art. 13 del Código Penal, esto es luego de haber cumplido un determinado tiempo privado de libertad, de haber observado con regularidad los reglamentos carcelarios y de que se realice un informe de la dirección del establecimiento y de peritos que, pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social (que es el fin en sí de la pena conforme las previsiones del art. 18 de la Constitución Nacional)”.
Por tanto, cabe concluir que la libertad condicional es computable a los fines de determinar el cumplimiento de la pena. En efecto, dicho régimen se configura como una etapa dentro de la ejecución penal, en la que -aunque se disminuyan las restricciones a la libertad que pesan sobre el condenado-, no se le ha concedido una libertad plena, sino que sometido a las exigencias legales, continúa cumpliendo con la pena impuesta”.
2. Cómputo del tiempo de detención. Libertad condicional. Revocación. Nuevo delito. Declaración de inconstitucionalidad. Non bis in ídem.
“En consecuencia, a la luz de los fundamentos adoptados precedentemente, el texto consagrado en el art. 15 del Código Penal, no resulta razonable ni supera el test de constitucionalidad de la norma en cuanto no considera que el tiempo cumplido bajo el régimen de libertad condicional sea parte del cumplimiento de la pena.
Es que, según las disposiciones del referido artículo, de ser revocada la libertad condicional por la comisión de un nuevo delito –tal el supuesto de autos–, ‘...no se computará en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad...’ y el penado deberá entonces cumplir dos veces la misma pena, violentando así, la garantía constitucional y convencional de ne bis in ídem”.
“Por tanto, dadas las consideraciones realizadas, a fin de no incurrir en una doble valoración de la etapa temporal de la pena y someter al encausado al cumplimiento de la misma dos veces, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 15, primera parte, del Código Penal y computar como cumplimiento de la pena, a los fines de la unificación de penas recaída en autos, el lapso de libertad condicional que precedió la detención [de la persona] en los presentes autos”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; REVOCACIÓN; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; NON BIS IN IDEM;
Mastrostefano (causa N° 32109)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, revocó la decisión apelada, homologó el acuerdo, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a los imputados (juez Lucini y jueza Laiño). 1. Conciliación. Reforma legal. Código Procesal Penal. Vigencia de la ley. “[L]a resolución 2/2019 dictada el pasado 17 de noviembre y publicada el 19 de ese mes en el Boletín Oficial, otorga operatividad al artículo 34, segundo párrafo del Código Procesal Penal Federal -aprobado por la Ley 27063- entre otros, en el ámbito de la justicia nacional. […] Allí se estableció que procederá el acuerdo en los delitos con contenido patrimonial, sin grave violencia, o en los culposos siempre y cuando no hayan existido lesiones gravísimas o la muerte”. “[E]l artículo 59 inciso 6) del Código Penal […] se encuentra plenamente vigente, extremo que se ve reforzado por la Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso de la Nación […]”. 2. Defraudación. Cheque sin provisión de fondo. Consumación del delito. Concurso de delitos. “Ahora bien, en el legajo se investiga una defraudación, y el libramiento de cheques sin fondos como una de las formas que habría facilitado su consumación. […] Es que […] la entrega de cartulares de imposible cobro operó como el tramo final de la maniobra, no como el eje central de un negocio. Entonces, mal se puede hablar de un concurso ideal como plantea el acusador público, pues el artículo 302 del Código Penal establece: ‘Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172…’, por lo que estaríamos -de manera clara- ante una concurrencia aparente de delitos”. Por otra parte, que esté en trámite la causa seguida contra [una de las imputadas] por el delito de asociación ilícita, no constituye un obstáculo para la aplicación del instituto, ya que se trata de hechos independientes y escindibles respecto al que aquí se examina. Es que entre los artículos 210 y 172 del Código Penal, aplica lo establecido en su artículo 55”. 3. Conciliación. Reparación. Oposición fiscal. Víctima. Derecho a ser oído. “Examinado el caso sometido a inspección jurisdiccional a la luz de lo allí expresado, […] el instrumento suscripto por las partes […] resulta suficiente para considerar que estamos en presencia de un acuerdo conciliatorio en los términos de la norma arriba señalada. […] En efecto, [el] acuerdo celebrado […] entre los aquí imputados […] y la parte damnificada […] da cuenta que la empresa aceptó la reparación integral ofrecida en forma libre y voluntaria. Finalmente, […] -a contrario de lo que resuelto por el a quo- [no resulta] vinculante la anuencia del Ministerio Público Fiscal para acceder a la causal de extinción de la acción impetrada […]. En esta empresa, no debe soslayarse que la Fiscalía debe tener en consideración los intereses de las víctimas, tan es así que el inciso f) del art. 9 de la Ley 27.148 pone en cabeza del Ministerio Público, dar amplia asistencia y respeto, debiendo dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima”. “Por ello, dadas las características del hecho imputado […], que se encuentra alcanzado por los supuestos normados en el art. 34 de la ley 27.063 […] el desacuerdo entre el Fiscal y la víctima no constituye un obstáculo, porque la ley le ha dado prevalencia a la opinión de esta última. Esto se desprende incluso del mismo texto de la ley (art. 30) cuando se afirma que el representante del Ministerio Público Fiscal ‘podrá’ disponer de la acción penal pública en los casos de conciliación, haciendo expresa mención a los casos en que no se podrá prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal. […] De lo expuesto se infiere que la opinión del Ministerio Público Fiscal cuando se contraponga con la de víctima y se den los supuestos del art. 34 no será vinculante, lo cual a su vez se condice con los derechos reconocidos a la víctima en el Capítulo III art, 5° incisos ‘k’ y ‘ñ’, y art. 7 inc. ‘a’ de la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372)…”.
CONCILIACIÓN; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; VIGENCIA DE LA LEY; DEFRAUDACIÓN; CHEQUE SIN PROVISIÓN DE FONDOS; CONSUMACIÓN DEL DELITO; CONCURSO DE DELITOS; REPARACIÓN; OPOSICIÓN FISCAL; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO;
Pasten (causa N° 400)Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hizo lugar al recurso de queja y concedió el recurso de apelación (jueces Porras, Castiñeira De Dios y Pizarro).
1. Feria judicial. Recursos. Plazos. Auto de procesamiento.
“La CSJN, mediante la Acordada N° 58/90 dispuso sustituir el art. 2 del reglamento para la Justicia Nacional […], disponiendo que los Tribunales Nacionales, entre otros meses o días, no funcionarán durante el mes de enero siendo hábiles todos los demás días del año. Obviamente ello no obsta a que durante ese lapso los Tribunales entiendan en los asuntos que no admitan demora (art. 4 del referido reglamento).
Asimismo, la C.F.C.P. hubo determinado que será habilitada la feria judicial exclusivamente para el tratamiento de excarcelaciones o exenciones de prisión, libertades condicionales, prescripción de la acción o de la pena cuando hubiere detenido u orden de captura, embargos preventivos y levantamientos de embargos e inhibiciones y toda otra cuestión que no admita demora […]. Conforme a lo expuesto, durante la feria judicial del mes de enero, no corren los plazos procesales para la deducción de recursos”.
“[L]a defensa interpuso el recurso de apelación […] durante la feria judicial de enero, periodo en el cual […] los plazos se encuentran suspendidos. Es decir que el viernes 27 y el lunes 30 de diciembre fueron los dos únicos días hábiles computables para apelar, ya que a partir de allí –previo feriado del 31 de diciembre­, comenzó la feria judicial de enero. En otras palabras, la defensa dedujo la apelación en plazo (de hecho le sobró un día).
2. Debido proceso. Recursos. Principio pro homine.
“[…] Yerra el Magistrado en cuanto afirma que la habilitación de día y hora puede ser tácita, más cuando ese argumento es para limitar la vía recursiva que le asiste al imputado. Ese razonamiento es contrario a los derechos y garantías de la CN y los tratados internacionales de DDHH, especialmente al principio ‘pro homine’”.
FERIA JUDICIAL; PLAZO; RECURSOS; AUTO DE PROCESAMIENTO; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO PRO HOMINE;
Monserrat (causa n°23772)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución recurrida y remitió las actuaciones al tribunal de origen para que se recabaren nuevos informes, se le diese intervención a las partes y se dictase un nuevo pronunciamiento (jueces Slokar, Yacobucci y Mahiques). 1. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. “[T]eniendo como eje rector el sistema acusatorio de enjuiciamiento penal previsto por nuestra Constitución Nacional, cobra especial importancia el principio de contradicción…”. “[L]a función jurisdiccional se ve acotada tanto por los límites marcados por el contradictorio, es decir, la controversia planteada por las partes ante el juez, como así también por la frontera de la pretensión del acusador si el dictamen -más allá de su acierto o error- alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación…”. 2. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. “[N]o resulta ocioso evocar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a la obligación de los magistrados de fundar sus decisiones, exigencia que sirve no sólo a la publicidad y control republicano, sino que también persigue la exclusión de decisiones irregulares o arbitrarias, y pone límite a la libre discrecionalidad del juez, en tanto exige que el fallo judicial sea una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa…”. 3. Emergencia sanitaria. Informes. Arbitrariedad. “[D]e la módica prueba sobre la que se soporta el dictamen fiscal y lo decidido por el a quo [...] no aparece suficientemente acreditada la pertenencia del encausado a la población de riesgo con el grado de certeza que requiere este supuesto extraordinario”. “[P]or cuanto las certificaciones recibidas no abastecen los requisitos normativamente establecidos, resta un informe completo y con especificidad en base a la historia clínica y al tratamiento por medicación brindado al causante, a fin de examinar su situación en el marco de la emergencia sanitaria imperante”. “[S]iendo que el a quo también motivó su apartamiento de la posición de las partes con apoyo -entre otros extremos- en los deficientes informes médicos, el decisorio recurrido exhibe una fundamentación tan sólo aparente, constituyendo tal defecto una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la vez que desatiende el artículo 123 del rito…”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; EMERGENCIA SANITARIA;
Aguilera (Causa N°29799)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Mendoza
El Tribunal Oral Federal de Mendoza N° 2 modificó la calificación legal a tenencia de estupefacientes para consumo personal, declaró la inconstitucionalidad de la figura y sobreseyó al imputado (juez Naciff).
1. Tenencia de estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Tipicidad. Declaración de inconstitucionalidad.
“[L]a cantidad de estupefaciente encontrado en poder del imputado y las circunstancias de tal hallazgo, analizados a la luz del plexo probatorio conformado, permiten sostener que la tenencia era inequívocamente para uso personal”.
“[E]s menester determinar si, en el presente caso, la sanción penal prevista por la norma en crisis vulnera el principio de reserva previsto por el Art. 19 de la Constitución Nacional. De ser así, se impone la declaración de inconstitucionalidad del Art. 14, segunda parte de la Ley 23.737, por aplicación de los Arts. 19, 31 y 75 inc. 22 de la Carta Magna, en consonancia con los Tratados Internacionales a ella incorporados y con idéntica jerarquía”.
“En el caso sub examine […] la sustancia hallada reúne la calidad de escasa cantidad […]. Además, la droga fue hallada […] en el domicilio [del imputado]. Ello denota que poseía la sustancia en su poder, dentro de su exclusivo ámbito de reserva y sin afectar derechos de terceros”.
“[E]s pacífica la jurisprudencia que se inclina por la inconstitucionalidad de la norma inferior en los casos en que –como el de autos- la tenencia de estupefacientes es inequívocamente para uso personal, sin afectar a terceros y en espacios privados. Estas circunstancias definen el ámbito de reserva que no podría ser alterado por una ley nacional sin lesionar seriamente las previsiones del Art. 19 de la Constitución Nacional. Esta es la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Arriola’”.
2. Delitos de peligro abstracto. Salud pública. Principio de reserva. Principio de lesividad.
“[E]l legislador mediante este tipo penal de peligro abstracto, pretende transformar en una acción pública lo que desde la Constitución se caracteriza como una acción privada, exenta del ius puniendi estatal.
El art. 19 C.N., al estipular que quedan fuera del alcance de los magistrados los actos que no afecten al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, hace referencia a que la esfera privada no sólo incluye las acciones interiores sino, además, las exteriores que no afecten a otros derechos. La consigna es no perjudicar a otros. Se trata de la existencia de una esfera privada de las personas en la que el Estado no puede ni debe inmiscuirse.
Por ello y aún cuando pudiera sostenerse que la tenencia registrada en este caso carecería de lesividad respecto de la ‘salud pública’, en tanto bien jurídico protegido por la Ley 23.737, el Tribunal entiende que se impone la declaración de inconstitucionalidad de la norma en la que ha quedado encuadrada la conducta [del imputado]”.
TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; TIPICIDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; DELITO DE PELIGRO ABSTRACTO; SALUD PÚBLICA; PRINCIPIO DE RESERVA; PRINCIPIO DE LESIVIDAD;
Schmidt (causa N° 2309)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó el auto de decomiso y dispuso la inmediata restitución del automóvil a su titular registral (jueza Fariña y juez Candisano Mera y, en disidencia parcial, juez Amabile).
Voto de la jueza Fariña y el juez Candisano Mera
1. Emergencia sanitaria. Decomiso. Pena accesoria. Automotores. Titular registral. Restitución de bienes.
“[C]abe apuntar que en el marco que autoriza el decreto 297/2020 Poder Ejecutivo Nacional, conforme surge del art. 4 la retención preventiva, en el contexto que regula en virtud de la pandemia ocasionada por el Covid 19, procederá mientras ‘resulte necesario’. Dicha circunstancia, en el supuesto de autos, debe ser complementada además con el hecho de que si bien el solicitante no acreditó el motivo por el cual el rodado estaba en poder de la causante, sí acreditó su titularidad, y no habiendo tampoco circunstancias que por el momento lo involucren en la participación del ilícito, corresponde su examen a la luz de lo previsto por el art. 23 del CP, in fine en cuanto deja a salvo los derechos de restitución de terceros”.
En este punto, y tomando en cuenta que el decomiso es una pena accesoria de carácter retributivo, teniéndose en cuenta la circunstancia apuntada, en tanto no hay prueba alguna indiciaria, en el estado en el que se encuentra la presente investigación, de que haya conocido o debido conocer la actividad delictiva de la encartada, y que haya debido suponer el uso que se le daría al vehículo”.
2. Decomiso. Dictamen. Deber de fundamentación. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[E]l Ministerio Público Fiscal, no ha dado motivos suficientes para sostener que resulte absolutamente necesario mantener el vehículo secuestrado, razón por la cual aparece en este estado, razonable, la entrega a su titular registral en calidad de depositario y con las obligaciones inherentes a su cargo, mientras dure la presente investigación”.
Voto en disidencia parcial del juez Amabile
3. Decomiso. Automotores. Titular registral. Restitución de bienes.
“[L]os hechos objeto de investigación no resultan subsumibles en aquellos que la Ley 26.683, estableció como bienes sujetos a decomiso sin condena previa. […] Es por ello que, atendiendo al estado embrionario del proceso, frente a las previsiones del art. 23 del Cód. Penal, habiéndose acreditado la titularidad sobre el vehículo en cuestión […], y ponderando que mantener su secuestro puede repercutir desfavorablemente en su adecuada conservación y valor, […] corresponde hacer lugar a lo peticionado […].
Por otro lado, […] supeditar la entrega del rodado a cuestiones tales como, exigirle al propietario algún supuesto de excepción para la prohibición de circular, […] constituye una cuestión ajena a la presente incidencia, que nada tiene que ver con el derecho invocado por el incidentista como propietario del bien, para tenerlo bajo su custodia.
Asimismo, cabe mencionar que el esclarecimiento de las razones por las cuales un tercero se encontraba circulando en su vehículo, en presunta infracción, de ningún modo puede condicionar la devolución peticionada, más aún, cuando tales circunstancias constituyen eventualmente el tramo fáctico constitutivo del objeto procesal de los autos principales, en los cuales, incluso, no se ha dirigido imputación concreta sobre el peticionante”.
EMERGENCIA SANITARIA; DECOMISO; PENA ACCESORIA; AUTOMOTORES; TITULAR REGISTRAL; RESTITUCIÓN DE BIENES; DICTAMEN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
CF (causa N° 7640)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III
La Sala IIl de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar al recurso, revocó la sentencia y rechazó la acción promovida (jueces Vallefín y Alvarez).
1. Derecho a la información. Interés público. Internet.
“[P]uede considerarse que la publicación se hace cargo de un asunto de interés público que cuenta con protección constitucional y que impide su eliminación. Un triple orden de razones sostiene esta afirmación: a) los sujetos que intervienen; b) el ámbito en que se discuten los hechos y c) el tema que involucra”.
“No se trata entonces sólo de un estudiante –condición que no se desconoce– sino que, además, como él mismo enfatiza es un militante social que apoyó activamente consignas feministas. Es, en otras palabras, un actor de la vida política universitaria que ha hecho público su compromiso con ciertas ideas”.
2. Universidad. Política pública. Violencia de género.
“Constituye un hecho notorio que centenares de sitios semejantes actúan en Internet y que muchos de ellos nacen o se vinculan con espacios universitarios. Este fenómeno lejos de ser local se extiende por otras regiones. Difunden aportes académicos, constituyen un foro de discusión, son fuente de información sobre temas específicos y, crecientemente, un espacio de denuncia a políticas y prácticas, colectivas o individuales, que consideran contrarias a sus ideas. Se trata, entonces, de un sujeto indudablemente público”.
“[La agrupación] participa de la vida académica y política en el ámbito de la Facultad de […] la Alta Casa de Estudios de la ciudad de La Plata. Se trata de uno de los muchos sujetos que conforman el plural espacio ideológico propio de la vida universitaria. En el cometido que se propuso cumplir, decidió hacer pública la conducta que un estudiante y militante desplegó en la relación que lo vinculó sentimentalmente con una compañera también estudiante.
El discurso no está desvinculado de la política universitaria de la que tanto el actor como la Comisión son protagonistas activos. [N]o se desnuda un hecho privado sino que se procura exhibir la insostenible dualidad de conductas que le atribuyen a un militante propio…”.
“Naturalmente, el primer examen no debe prescindir del contenido de la publicación que se denuncia como agraviante y que fue transcripta íntegramente por su relevancia. En primer lugar, es necesario interpretarla en su conjunto. No se la debe fraccionar destacando expresiones que, aisladamente consideradas, no cuentan con protección constitucional. En efecto, no puede desconocerse que los calificativos de abusador, manipulador y machista –así se retrata al actor–portan un contenido injuriante. Pero, en segundo lugar, ese propósito agraviante o de deliberada intromisión en la vida privada del actor no se deriva de la publicación. Uno de sus militantes exhibe […] un inadmisible doblez en su conducta. Hay un discurso de denuncia política, no de descalificación personal”.
3. Género. Interés público. Libertad de expresión.
”La tajante división entre la esfera pública y privada, sencilla de trazar en los casos extremos, se torna más borrosa en esta causa. El feminismo, que comenzó reivindicando un lugar en el espacio público para las mujeres, la reivindicación de ciudadanía en la revolución francesa, el derecho al sufragio en el siglo XIX, ha terminado cuestionando los conceptos clásicos de lo público y lo privado, y ha llevado al espacio público temas que se han considerado exclusivos del espacio privado (planificación familiar, aborto, violencia doméstica, etc.), ensanchando de este modo el ámbito de la política […].
Se advierte entonces que esa caracterización inicial de esfera privada blindada a la difusión o al escrutinio público, se debilita. El caso exhibe […] circunstancias particulares que no tornan forzoso presentar al discurso en crisis como un acto injurioso o de intromisión indebida en asuntos particulares. Si la Corte Suprema se ha referido a los temas de interés público como las `áreas que preocupan, importan o interesan a toda la sociedad´[…], no es posible desechar de plano que esto ocurra en la causa. Por el contrario, las manifestaciones de una agrupación que enarbola la defensa de las mujeres e identidades disidentes, denunciando que un militante se involucra en prácticas incompatibles con dichos ideales, debe considerarse un discurso amparado constitucionalmente”.
4. Libertad de expresión. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Violencia de género.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos […] ha perfilado los requisitos que deben reunirse para justificar dicha restricción. Para que una determinada limitación a la libertad de expresión sea compatible con el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana, se exigen tres requisitos: a) que sea definida en forma precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material; b) que persiga objetivos autorizados por la Convención y c) que sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persigue, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr tales objetivos. Y finalmente destaca: la verificación del cumplimiento de las condiciones mencionadas se hace más exigente cuando las limitaciones recaen sobre discursos especialmente protegidos, particularmente sobre el discurso relativo a funcionarios públicos; asuntos de interés público; candidatos a cargos públicos, al Estado y a las instituciones que lo conforman”.
“La violencia contra las mujeres, en sus múltiples formas, ha derivado en un creciente número de normas dirigidas a erradicarla […]. El nutrido conjunto de medidas que el Estado reconoce y está obligado a desarrollar en virtud de la legislación vigente para proteger integralmente a las mujeres, también incide en la actividad de información, denuncia, protesta, etc. que individual o colectivamente despliegan. En otros términos, no traduce un genuino cumplimiento de los mandatos expuestos que los canales para hacer públicos dichos reclamos –hoy, predominantemente, a través del uso de Internet y, en especial, de las denominadas redes sociales– sean indebidamente restringidos o silenciados”.
DERECHO A LA INFORMACIÓN; INTERÉS PÚBLICO; INTERNET; UNIVERSIDAD; POLÍTICA PÚBLICA; VIOLENCIA DE GÉNERO; GÉNERO; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Rombola (causa N° 71954)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso y absolvió al imputado (jueces Rimondi y Bruzzone y jueza Llerena).
1. Versiones contrapuestas. In dubio pro reo. Sana crítica.
“[A]siste razón a la defensa técnica del imputado […], en punto a que existen falencias en la valoración integral de dicho material probatorio, que descalifican la conclusión a la que se arriba como acto jurisdiccional válido. [E]l a quo desatendió la regla de la sana crítica […] y los principios que la regulan por cuanto no se ocupó de desestimar, en profundidad, la versión exculpatoria del acusado y que […] deriva en un escenario que admite la duda razonable. En otras palabras, el plexo probatorio reunido no resulta suficiente para fundar un juicio de reproche en los términos allí consignados y, en consecuencia, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, […] corresponde absolver de culpa y cargo a [l imputado]”.
2. Prueba. Apreciación de la prueba. Lesiones. Informes. Pericia médica.
“[N]o es correcto afirmar, como lo hizo el tribunal oral, que la declaración de [la víctima] haya sido clara, firme y precisa, sobre todo si se la completa con sus poco asertivas manifestaciones referidas al lugar del cuerpo en donde se constató la lesión […] y que durante el debate no logró ser debidamente esclarecido por el testimonio de la denunciante. [A] diferencia de lo afirmado por el a quo, esa circunstancia sí hace a la existencia del hecho imputado cuando forma parte de su mecánica, es negada su ocurrencia por el acusado y no encuentra plena compatibilidad con el informe médico […], respecto del cual […] la fiscalía no se ocupó sanear en su controversial contenido al omitir procurar la comparecencia al debate del responsable de su confección”.
“[D]e un lado se observa poca seguridad de la declarante que, a preguntas de la fiscalía para que reconociera ‘la fotografía como la lesión que tuvo. Dice que es parecida a la que tenía. Dice que es parecida a un hematoma, un poco grande. No sabe si es el frente. Dice que cree que es la espalda porque hay una etiqueta de los jeans y cree que es en una zona posterior’ […]. De otro, ese informe médico hace referencia a que la lesión equimótica se ubica en el abdomen, flanco derecho de la persona examinada; región corporal que difícilmente haya podido ser afectada por el objeto arrojado conforme la mecánica del hecho relatada por la denunciante (recuérdese que el [objeto] habría sido arrojado desde atrás). Asimismo, y aun manteniendo el razonamiento que sigue el fallo, que refiere a un error material en la realización del informe y asigna plena validez a parte de aquél (su fotografía) sin explicar por qué debería suprimirse su texto y no su imagen cuando todas sus partes forman parte de un mismo documento –conclusión a la que se llega […], sin contar con el testimonio de la médica que lo realizó–…”.
3. In dubio pro reo. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[E]l magistrado a quo cree a quien aparece como víctima en el proceso y, a partir de esa creencia, despliega los elementos de juicio que la avalan, mediante un análisis fragmentado del material probatorio rendido en el debate”.
“En este entendimiento, que arroja un manto de duda razonable respecto de que la lesión constatada en la damnificada haya sido causada por [el imputado], […] corresponde aplicar el art. 3 CPPN”.
“Será el principio de la duda, de raigambre constitucional, el que conduzca a la absolución del nombrado, toda vez que no aparecen elementos suficientes para acreditar de manera certera la conducta típica sobre las que versó la imputación. Ello no importa descreer del testimonio de la víctima sino, por el contrario, implica sostener que, partiendo de la propia versión de [RA], existe una duda razonable de que la lesión por ella descripta y constatada hubiera sido causada por la agresión [del imputado]”.
VERSIONES CONTRAPUESTAS; SANA CRÍTICA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; IN DUBIO PRO REO; LESIONES; INFORMES; PERICIA MÉDICA;
Salas (reg. N° 1408 y causa N° 110408)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión recurrida y concedió la libertad condicional al hombre. Además dispuso la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio respecto de la víctima y su núcleo familiar (jueces Bruzzone y Rimondi).
1. Libertad condicional. Consejo Correccional. Informes. Tratamiento interdisciplinario.
“Resulta indudable que lo informado y evaluado por el Equipo Interdisciplinario debe ceder frente al pronunciamiento unánime del Consejo Correccional, colegio integrado por las distintas áreas de tratamiento del interno en su vida intramuros, cuando no se advierten visos de arbitrariedad en sus conclusiones.
En consecuencia y no encontrándose en discusión que Salas cumple holgadamente el requisito temporal (le resta cumplir menos de un año de su condena), es dable afirmar que cumple con los tres requisitos establecidos por el art. 13, CP, por lo que se encuentra en condiciones legales de que se le conceda la libertad condicional”.
2. Libertad condicional. Oposición fiscal. Emergencia sanitaria. Adultos mayores.
“[E]s necesario destacar que, si bien la oposición del Ministerio Público Fiscal resulta relevante en una incidencia de este estilo, en este caso en concreto no puede perderse de vista que la fiscalía está proponiendo condicionar la liberación al cumplimiento por parte de Salas del Programa para Ofensores Sexuales. A este respecto, no se debe soslayar que dicho tratamiento tiene una duración mínima de 3 años y solo se brinda en la unidad sita en la localidad de Senillosa (Neuquén), distinta a la de alojamiento del nombrado. De tal modo, lo pretendido escapa a las posibilidades tanto en tiempo (le resta menos de un año de condena) como en espacio (está alojado en Marcos Paz, PBA) y no hay previsiones de traslado plausible.
Por último, cabe señalar que la acusación no se ha hecho debido cargo de que nos encontramos ante un interno de elevada edad (60 años) que padece de bronquitis crónica (epoc) y que la autoridad penitenciaria ha informado que se trata de un paciente de riesgo frente a la pandemia de COVID19.
De este modo, la soltura condicionada de Salas, bajo reglas estrictas, la supervisión de la DCAEP y la posibilidad de someterlo a un tratamiento psicológico extramuros […], es legalmente procedente […] y se vislumbra como la adecuada para el contexto reseñado, teniendo además en cuenta [la] enfermedad [de] Salas y el riesgo que ella implica frente a la pandemia que estamos transitando”.
3. Víctima. Derecho a ser oído.
“[E]n relación con las inquietudes manifestadas por la víctima, entendemos que corresponde disponer la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio, por parte de […] Salas, respecto de [la víctima]. Dicha medida se hará preventivamente extensiva a su núcleo familiar conviviente al momento de los hechos […], sin perjuicio de ser todos mayores de edad en la actualidad y hasta tanto el juez de ejecución requiera la opinión de ellos a este respecto”.
LIBERTAD CONDICIONAL; CONSEJO CORRECCIONAL; INFORMES; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; OPOSICIÓN FISCAL; EMERGENCIA SANITARIA; ADULTOS MAYORES; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO; ABUSO SEXUAL;
Asesoría Tutelar N° 2 (causa N° 3264)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que por todo el tiempo en que durasen las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se suspendiese la vigencia del punto 3 del Anexo I de la Resolución N° 13/SSTES/20, en cuanto establecía requisitos para la entrega de equipos informáticos a alumnos y alumnas que asistieran a establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la CABA. Además, ordenó al GCBA que en el plazo de cinco días, entregase a todos los alumnos y alumnas un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizarlas tareas escolares que garantizasen su continuidad pedagógica en modalidad virtual.
Además, estableció que la situación de vulnerabilidad social se iba a entender automáticamente acreditada en el caso que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante fuera beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional, o bien cuando residieran en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA.
Por último, ordenó al GCBA que dispusiera la instalación en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA, de equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándarmínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existiesen impedimentos técnicos, se dispuso la entrega de un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet (juez Gallardo).
1. Medidas cautelares. Educación. Niños, niñas y adolescentes. Verosimilitud del derecho.
“[L]as normas recientemente dictadas parecen constituir, en lo que hace al acceso igualitario a la educación, meras expresiones de deseo que no se ven reflejadas en políticas públicas concretas, sino que, por el contrario, tendrían como resultado acentuar la desigualdad de oportunidades de los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, frente a quienes sí cuentan con los medios tecnológicos para continuar con el proceso de aprendizaje en forma remota o virtual.
Así, por ejemplo, cabe mencionar que al establecerse el mecanismo para la entrega de computadoras portátiles, netbooks y tablets a estudiantes mediante Resolución 13/MEGC/2020, se impusieron una cantidad de requisitos que, sin ninguna razonabilidad, excluyen a una gran porción de los alumnos y alumnas que carecen de recursos para obtener tales medios tecnológicos”.
“[E]l contraste entre los textos […] legales referenciados […], y la conducta del GCBA en cuanto a la implementación de medidas concretas que aseguren el acceso a la educación en condiciones de igualdad en el marco de la suspensión de clases presenciales, permite tener por acreditada, aún en el acotado marco cognoscitivo del presente proceso, la verosimilitud del derecho invocado por los actores”.
2. Emergencia sanitaria. Peligro en la demora. Tutela judicial efectiva.
“En cuanto al peligro en la demora, […] se encuentra suficientemente acreditado con la situación de hecho antes descripta, sobre todo si se tiene en cuenta que ya han trascurrido casi tres meses desde la suspensión de las clases presenciales, que a partir del día de la fecha comienza un nuevo período de aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extenderá por tres semanas más, y que las autoridades locales ya han anticipado públicamente que no está previsto por ahora el reinicio de clases en forma presencial.
La situación de emergencia es pública y notoria, […] de dilatarse la adopción de una medida tendiente a contrarrestar las omisiones del GCBA en materia de herramientas que posibiliten a todas y todos los niños y niñas continuar con el proceso de aprendizaje durante la pandemia, el daño podría ser aún más grave e irreparable de lo que ha sido hasta la fecha.
En ese orden de ideas, es dable concluir, que el requisito de peligro en la demora se encuentra claramente configurado y que la adopción de medidas cautelares en el orden de lo peticionado se evidencia como el único medio para salvaguardar adecuadamente los derechos cuya protección se persigue en el presente proceso de amparo colectivo”.
MEDIDAS CAUTELARES; EDUCACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; EMERGENCIA SANITARIA; PELIGRO EN LA DEMORA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Diaz (causa N° 8765816)Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, provincia de Córdoba
El Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco intimó a las partes a dar cumplimiento a la prohibición recíproca de presencia en el domicilio o residencia, lugar de trabajo, estudios de esparcimiento u otros lugares que frecuentasen y prohibió todo tipo de comunicación, por cualquier medio. Además, instó al señor D. para que acompañase constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico ordenado. Por último, intimó a la policía de la provincia de Córdoba a que cesare de manera inmediata la violencia indirecta de carácter institucional, económica y patrimonial que se ejercía sobre la mujer (juez Peretti).
1. Violencia familiar. Violencia de género. Retractación. Denuncia. Jurisprudencia.
“[E]l valor de la retractación en los casos de violencia familiar fue analizado por el Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia in re `Agüero´ […]. Allí se sostuvo que `…cuando se trata de juzgar ilícitos cometidos en un marco de violencia doméstica, esto es, aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar… que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad (art. 6 Ley 26.485), su estudio debe ser abordado bajo un atento criterio de amplitud probatoria en atención a las circunstancias especiales en las que se desarrolla… En efecto, en la propia dinámica de esta clase de violencia de género va ínsita la superioridad del varón que goza de la impunidad que le garantiza lo privado del ámbito intrafamiliar en que generalmente se realizan los actos, el temor de la víctima a mayores represalias y a la pérdida de los lazos familiares, la falta de crédito que se les suele asignar, etc. Este particular escenario no puede ser dejado de lado como pauta valorativa tanto al fijar los hechos como la sanción a aplicarse, puesto que el reforzamiento de la protección para las mujeres sometidas a hechos de violencia de género es una obligación asumida por el Estado a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará ley 24.632). Dicha Convención impone, como uno de los deberes de los Estados, condenar todas las formas de violencia contra la mujer (art. 7 inc. b) manda que ha sido cristalizada en nuestro derecho nacional en la Ley N° 26.485 (Ley de Protección Integral a las mujeres) y a nivel local con la Ley 9283 (Ley de violencia familiar)…´.
En el caso de marras, teniendo en cuenta tales directrices, corresponde no asignar valor alguno a la retractación ensayada por la señora V. A. G. […]. La dinámica propia del ciclo de la violencia doméstica ha dado cuenta que la denunciante está presionada y hostigada […], temerosa y con sentimiento de culpa […], forzada por circunstancias económicas e incluso laborales […].
Conforme a lo señalado, por aplicación de las directrices internacionales fijadas por la `Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer´[…], la `Convención de Belem Do Pará´[…], así como también nacionales a través de la `Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales´ (Ley N° 26.485) y Ley Provincial N° 9.283, la retractación de la víctima es vista como un indicio más que permite presumir de manera unívoca que el ciclo de violencia se encuentra instalado entre el agresor y la víctima…”.
2. Violencia de género. Violencia institucional. Revictimización. Victima. Medidas de acción positiva.
“[L]a disminución concreta de los ingresos que percibe la señora G. tienen su origen en un `Protocolo´ de la Policía de la Provincia de Córdoba que resulta aplicable para situaciones de violencia familiar o de género que se susciten entre personal en actividad y/o en situación de retiro. Al respecto, […] dicho procedimiento administrativo importa una forma de violencia indirecta (art. 4°, seg. párr. de la Ley N° 26.485), atento que la simple lectura del documento […] permite concluir sin hesitación que existe tratamiento igualitario para el denunciante y denunciada y/o agresor y víctima, circunstancia que resulta inadmisible en vigencia del plexo normativo nacional e internacional que pregona la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado […].
No cabe ninguna duda que la aplicación del referido `Protocolo´ importa una revictimización y/o una victimización secundaria y/o una doble victimización, toda vez que la denunciante, sin perjuicio de ser víctima de violencia familiar por parte del agresor, también está recibiendo un `castigo´ de su empleador (i.e., menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales), circunstancia que ha derivado en la presentación forzada de una retractación […], lo que atenta contra el derecho humano de la mujer a vivir una vida sin violencia y, específicamente a preservar su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. En síntesis, […] la aplicación del referido `Protocolo´, en el caso concreto, implica un caso manifiesto de violencia indirecta de carácter institucional por la Policía de la Provincia de Córdoba, toda vez que importa una práctica estructural que restringe la autonomía y/o libertad económica y patrimonial de la víctima de violencia familiar, con la consecuencia revictimización.
En dicho entendimiento, teniendo en cuenta las referidas directrices internacionales, […] debe adoptar[se]medidas de acción positivas con el objetivo de derribar la situación que coloca a la señora G. en situación de sometimiento, todo ello con el objetivo de lograr la igualdad sustantiva o de facto(cfr. Recomendación General N° 25, sobre el párr. 1° del art. 4° de la CEDAW). Así pues, la Policía de la Provincia de Córdoba deberá cesar con carácter urgente la violencia indirecta de carácter institucional, económica y patrimonial que está ejerciendo sobre la señora V. G., debiendo arbitrar los medios necesarios para que la denunciante no vea mermados sus ingresos mientras duren las medidas preventivas dispuestas por este Juzgado…”.
VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA DE GÉNERO; RETRACTACIÓN; DENUNCIA; JURISPRUDENCIA; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; REVICTIMIZACIÓN; VICTIMA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
AJ (causa N° 70382)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desestimó los agravios y confirmó la decisión apelada (jueces Belluci, Polo Olivera y Casares).
1. Derecho a la salud. Responsabilidad del Estado. Medidas de acción positiva. Emergencia sanitaria.
“El Estado Nacional, garante primario […], ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud, y dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas […] y otras entidades públicas que participan igualmente en la preservación de la sanidad de la ciudadanía. En tal sentido, la ley 23.661 creó un sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, `a efectos de procurar el pleno goce del derecho a lasalud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica´[…]. Y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el art. 20 de su Constitución garantiza el derecho a la salud integral y establece que el gasto público en salud es una inversión social prioritaria.
En fin, es impostergable la obligación de la autoridad pública de garantizar el derecho a la salud con acciones positivas […]. En los tiempos que corren, los lineamientos anteriormente descriptos deben conjugarse con las disposiciones de público conocimiento emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional así como por las distintas autoridades locales, en el marco de la declaración de pandemia emitida el 11 de marzo pasado por la Organización Mundial de la Salud (Coronavirus, COVID19)”.
2. Medidas cautelares. Medida cautelar autosatisfactiva. Verosimilitud del derecho.
“[L]a disposición cuestionada reviste tintes de medida autosatisfactiva. [S]u procedencia requiere no ya la verosimilitud del derecho sino la fuerte probabilidad de la existenciade aquél, por cuanto su acogimiento torna generalmente abstracta la cuestión a resolver por el consumo del interés jurídico de quien peticiona”.
“[I]ndependientemente del direccionamiento que tenga el pedido primario, mal puede argüir el GCBA que se encuentra eximido de responder al requerimiento que se le ha hecho, pues aun en la mejor de las hipótesis a su favor, eventualmente podría repetir lo abonado al organismo que estime competente”.
DERECHO A LA SALUD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; EMERGENCIA SANITARIA; MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA CAUTELAR AUTOSATISFACTIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Silva (causa N° 1081)Juzgado Federal de Corrientes
El Juzgado Federal de Corrientes N° 1 y concedió la prisión domiciliaria al imputado (juez Vallejos).
1. Prisión preventiva. Pena. Riesgos procesales.
“La pena prevista para el ilícito que se investiga en las actuaciones principales […] excede las previsiones del artículo 316 del rito penal, razón por la cual resulta en principio legítimo presumir que el encartado habrá de intentar eludir la acción de la justicia en caso de recuperar su libertad”.
“Ahora bien, al no poder establecer causas concretas de que el imputado […] con el beneficio de una prisión domiciliaria intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones preliminares, corresponde en consecuencia otorgar una respuesta digna, justa y responsable al detenido en cuestión y resolver positiva y excepcionalmente esta cuestión”.
2. Código Procesal Penal. Reforma legal. Prisión domiciliaria.
“Conforme a la nueva normativa legal vigente, art.210, inc. j del Código Procesal Penal Federal, el arresto domiciliario allí previsto no limita su aplicación en función de la edad del imputado, su estado de salud, preñez o condición de madre de menores de cinco años o discapacitados como lo hacen los arts. 10 del CP y 32 de la ley 24.660, que aluden a la posibilidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad bajo esta modalidad. Presenta, como se observa del texto de la norma, un ámbito más amplio de aplicación”.
“Por lo tanto, en el caso se presentan razones humanitarias para la morigeración de la prisión preventiva (art.210, inc. j del Código Procesal Penal Federal). [E]n el caso se presentarían los riesgos procesales indicado en el Art. 319 C.P.P.N. en relación a los arts.221 y 222 del CPF), y de todos los elementos tomados en consideración, [resulta] necesario que se impongan las siguientes medidas de seguridad: y como es indispensable asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, corresponde la imposición combinada de las siguientes medidas de coerción previstas en el art.210 del CPF: a) la promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; b) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen; c) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; d) la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine”.
PRISIÓN PREVENTIVA; PENA; RIESGOS PROCESALES; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Soares Souza (causa N° 482)Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes hizo lugar al recurso de manera parcial, revocó la decisión y concedió la medida requerida hasta el dictado de la sentencia que decidiera el fondo de la cuestión. En tal sentido, ordenó a ANSES que recibiera las documentaciones de la mujer y sus hijos y diese trámite urgente a su solicitud, sin que la antigüedad de residencia de la actora pudiera ser motivo de negativa para la concesión de la asignación universal por hijo (juezas Badaró, Sotelo de Andreau y Spessot).
1. Seguridad social. Asignaciones familiares. Interés superior del niño. DESC. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Migrantes. Vulnerabilidad. Medidas precautorias.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado `Que el derecho al otorgamiento por parte del Estado de los beneficios de la seguridad social, con carácter integral e irrenunciable, está consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Tal manda constitucional concreta la previsión del art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que proclama que `Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social´.
A fin de hacer efectivo el reconocimiento contemplado en las referidas disposiciones, elart. 75, inc. 23 de la Carta Constitucional pone en cabeza del Congreso de la Nación el dictado de un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y a la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia […]. Que en las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales luego del examen del tercer informe presentado por Argentina como Estado […] se destacó […] la preocupación de `que los requisitos para recibir la Asignación Universal por Hijo, establecida por ley, en la práctica excluyan a ciertos grupos, como los migrantes y sus hijos, del derecho a recibir la prestación´. Se instó al Estado `a que considere la posibilidad de adoptar todas las medidas que sean necesarias para ofrecer la cobertura de la Asignación Universal por Hijo sin restricciones, especialmente en el caso de grupos de personas marginadas y desfavorecidas, como los hijos de los trabajadores migratorios en situación irregular y los hijos de las personas privadas de la libertad´ (CSJN, FLP 58330/2014 Internas de la Unidad n° 31 SPF y otros s/ habeas corpus. Sentencia del 11 de febrero de 2020).
Que, tal como lo infirió el Alto Tribunal en el Fallo de mención, de las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para el acceso al beneficio podrían existir ciertas exclusiones, como puede ser el caso de la actora y sus hijos, y hechos de parte del Estado que se contrapongan con las normas internacionales a las que nuestro país adhirió y contrasten con los fines que se tuvieron en cuenta para la creación del beneficio, el cual buscó mejorar la situación de los menores y adolescentes –pertenecientes a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal en situación de vulnerabilidad social”.
SEGURIDAD SOCIAL; ASIGNACIONES FAMILIARES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DESC; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; MIGRANTES; VULNERABILIDAD; MEDIDAS PRECAUTORIAS;
Sanelli (causa 873-2016)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, declaró procedentes los recursos extraordinarios y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministros Lorenzetti y Maqueda y ministra Highton de Nolasco).
Dictamen de la Procuración General de la Nación (procurador Casal)
1. Abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes. Prueba. Prueba testimonial. Cámara Gesell. Apreciación de la prueba.
“[C]abe poner de relieve la doble condición de la niña, tanto de menor de edad como de mujer, que la vuelve particularmente vulnerable a la violencia…”.
“[R]esulta manifiesta en esos pronunciamientos la importancia de evaluar las declaraciones de niños y niñas bajo el tamiz de la inexperiencia que pueden presentar en algunos aspectos de la vida, y teniendo especialmente en cuenta su edad y madurez intelectual. En esa inteligencia, aprecio que en el fallo impugnado la mayoría –como se verá– no ha examinado las constancias bajo esas pautas, específicas para casos como el de autos”.
“[P]or haber hecho hincapié en esos aspectos –el supuesto desinterés, hipotéticas contradicciones y la omisión de detalles que ni siquiera se ocupó de particularizar– la mayoría se apartó de los estándares internacionales […] para el juzgamiento de esta clase de hechos, y relativizó el relato de la niña a pesar de que, conforme lo valoró el voto en minoría, los informes psicológicos descartaron la presencia de elementos fabulosos y de tendencia a la fabulación, sus maestras destacaron su honestidad, y aquélla expuso –en los términos que le permitió su edad y desarrollo– información precisa, relevante y sustancial acerca del lugar en que ocurrieron los abusos denunciados, cómo se desarrollaron, los concretos actos en que consistieron y las palabras que intercambió con el imputado […]. Sin perjuicio de ello, cabe señalar además que los magistrados que votaron en disidencia explicaron que aquellas supuestas contradicciones no existieron, mediante un pormenorizado análisis de lo ocurrido en esa entrevista, que no cabe apreciar en el voto mayoritario…”.
“[S]on sólo dogmáticas las afirmaciones sobre el desinterés que supuestamente exhibió la niña en la cámara Gesell y la falta de detalles sobre los hechos denunciados, pues los jueces no expusieron en concreto las actitudes que permitirían sostener aquella inclinación del ánimo en la menor, ni cuáles serían los pormenores de relevancia que ésta habría omitido, y se limitaron a invocar la opinión de la mencionada psicóloga que no participó en ese acto sino que la examinó días después…”.
2. Víctima. Género. Niños, niñas y adolescentes. Violencia sexual. Estereotipos de género.
“[L]os jueces que formaron mayoría sostuvieron que no estaba probado que la niña no hubiera mantenido relaciones sexuales con otra persona, e invocaron al efecto el informe del médico propuesto por el acusado, […] lo que […] constituye un mero estereotipo basado en el género y la edad, que además resulta contrario a la pauta internacional en materia de violencia contra la mujer y violencia sexual según la cual las pruebas relativas a los antecedentes de la víctima en ese aspecto son en principio inadmisibles”.
“[N]ingún fundamento razonable encuentro en el pronunciamiento para negar significación al temor de la niña por las amenazas […] con las que el imputado le habría ordenado que callara sobre los abusos. Al respecto, el voto mayoritario se limitó a expresar que ´no alcanzan a explicar por qué nada le dijo a su padre con anterioridad a aquel día´ […] y así, sin más, desechó la lógica repercusión que esas advertencias habrían tenido en el ánimo de la menor”.
“[S]ólo una visión sesgada de las constancias de la causa explicaría la fuerte oposición de aquélla a regresar a la vivienda de su madre exclusivamente a partir de los golpes que el imputado le habría aplicado, o por la voluntad de vivir con su padre. Y no logro apreciar en el pronunciamiento -ni surge de lo actuado- alguna razón que permita sostener que, en la condición en que se encontraba […], repentinamente tuvo la idea de inventar los abusos, mediante un relato que luego mantuvo en el tiempo y que a lo largo del trámite se ha acreditado del modo reseñado”.
“[F]rente al planteo de los recurrentes vinculado con la desproporción entre el supuesto beneficio de mentir acerca de los abusos y las consecuencias que ello implicó –exposición, vergüenza, reiteración de su tormento en diversas entrevistas– el voto mayoritario le restó entidad al sostener que difícilmente podría pretenderse que la persona tuviera en cuenta, al hacer la denuncia, todos los pasos procesales que deberá seguir hasta la resolución del proceso.
[L]a mera referencia a ´los pasos procesales´ evidencia un análisis superficial de la cuestión, que es sustancialmente más compleja, y que en el caso concreto significó para la menor no sólo exámenes médicos invasivos y la declaración sobre los sucesos en reiteradas oportunidades frente a personas extrañas sino también la exposición de aspectos íntimos a terceros, como por ejemplo las autoridades y los alumnos de la escuela…”.
“[E]l pronunciamiento de la mayoría no expone fundadamente una duda razonable acerca de la intervención y responsabilidad de S en los hechos objeto del proceso, sino que se ha limitado a tratar de desvirtuar la actitud de la menor víctima, omitiendo la evaluación de constancias relevantes con arreglo a los criterios de aplicación en la investigación de hechos de estas características”.
3. In dubio pro reo. Deber de fundamentación. Debida diligencia. Violencia de género. Responsabilidad del Estado.
ABUSO SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; VICTIMA; GÉNERO; VIOLENCIA SEXUAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; IN DUBIO PRO REO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
QFJM (causa N° 166)Juzgado de Familia Nº 7 de Viedma
El Juzgado de Familia N° 7 de Viedma, provincia de Río Negro, hizo lugar a la petición y fijó una cuota alimentaria provisoria a favor de la joven (jueza Dumpé).
1. Niños, niñas y adolescentes.Violencia. Violencia de género. Vulnerabilidad.
“[N]o debe perderse de vista que L. tiene un doble plus de protección por tratarse de una persona menor de edad […]  y por ser mujer […] y que aunque de las constancias del expediente surge que es su madre quien sufre directamente la violencia física por parte del Sr. P. […] ser testigo de dichos actos ubican a la adolescente en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección, sumado a que su madre, quien tiene la obligación legal de protegerla, no dimensiona la violencia y los malos tratos a los que se encuentra sometida y, por ende, no puede salir de dicho círculo….”.
2. Alimentos. Progenitor afín. Tutela judicial efectiva.
“[E]l artículo 676 del CCyC es plenamente aplicable al caso, porque […] debe conjugarse con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional de manera de realizar una mirada integral del conflicto que ya no tiene como única respuesta a la ley sino que debe estar inspirada en la Constitución y los tratados de Derechos Humanos en los que la Nación sea parte […].
A ello debe adicionarse las pautas incorporadas por las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño que integran nuestro Bloque de Constitucionalidad Federal. Así […] la OG N° 2 sobre promoción y protección de los derechos del niño, OG N° 5, OG N°13 sobre el derecho del niño, niña o adolescente a no ser objeto de ninguna forma de violencia y OG N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Haciendo hincapié, además, en la obligación del Estado Rionegrino en la pronta adopción demedidas de protección de derechos una vez verificada la amenaza o violación de los derechos amparados en el ley provincial (arts. 36 a 40 de la ley 4109)”.
3. Tutela judicial efectiva. Género. Niños, niñas y adolescentes.
“Asimismo, el artículo 5 del Código Procesal de Familia, vigente desde el pasado 2 de marzo del corriente año en todo el territorio rionegrino, impone la obligación a la judicatura de resolver el conflicto familiar con perspectiva de género.
Este es un principio interpretativo y rector de la actuación procesal y que impone a los encargados de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración, las asimetrías tanto particulares como estructurales, al decidir un asunto. Para ello, existen ciertos indicadores que deben utilizarse al momento de evaluar un asunto, a saber: `Los impactos diferenciados de las normas; La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres; Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género; La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones; La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias´…”.
“[S]i bien la convivencia con la hija de su pareja finalizó –lo que en circunstancias normales haría cesar la obligación alimentaria del progenitor afín–, en este caso L. no vive más junto a él y su madre por una causa exclusivamente imputable al Sr. P. (la violencia ejercida y aquí acreditada al menos en forma sumaria), lo que le ocasiona un daño, la ubica en una situación de vulnerabilidad y desprotección en una etapa muy significativa de su vida como es la adolescencia, agravado por el hecho de que no ha sido reconocida por su padre y su madre es su única responsable legal…”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; ALIMENTOS; PROGENITOR AFÍN; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; GÉNERO;
Tavara Huaman (causa n°15405)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
1. Emergencia sanitaria. Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Responsabilidad del Estado.
“[L]a Corte IDH emitió la Declaración 1/20 […] donde exhortó a los Estados a abordar las problemáticas vinculadas a la pandemia provocada por el COVID-19 desde una perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales asumidas”.
“[L]os estándares fijados por la Corte IDH constituyen una imprescindible pauta hermenéutica de los deberes y obligaciones de los estados integrantes del sistema interamericano, derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] y han de servir de guía para la interpretación de los preceptos contenidos en ella…”.
“[L]a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención…”.
“[L]o contrario, sería colocar al estado argentino en responsabilidad internacional, toda vez que, en especial las comunicaciones, anticipan los criterios de aplicación de la Convención con que se resolvería en sus ámbitos competenciales, a la vez de advertir sobre virtuales violaciones a los Derechos Humanos en caso de incumplimiento…".
2. Personas privadas de la libertad. Hacinamiento. Derecho a la salud. Responsabilidad del Estado.
“[E]l hacinamiento constituye una violación al derecho a la integridad personal y obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios…”.
“[E]l hiperencarcelamiento que repercute […] particularmente en la salud de la población carcelaria, plantea la imperiosa necesidad de […] liberar la necesaria cantidad de privados de libertad -comenzando racional y ordenadamente por los inocentes, las madres al cuidado de hijos, los que purgan penas leves, los más vulnerables físicamente, con criterio restrictivo frente a atentados graves- antes de que el COVID-19 desate una masacre al interior de la infraestructura precaria de los establecimientos y haya de lamentarse el costo de innumerables vidas. Porque la privación de la libertad nunca puede entrañar privación de la salud, mucho menos de la existencia”.
“[L]as personas en prisión tienen mayores índices de morbilidad que la población general y están más expuestas a factores de riesgo debido a las condiciones deficitarias de higiene, la mala nutrición y la prevalencia de patologías base sin el adecuado tratamiento médico. En definitiva, se transita el trágico escenario de la emergencia dentro de la emergencia, con derivaciones que deben de inmediato adoptarse por imperio de la responsabilidad judicial que dimana del art. 18 constitucional”.
“[E]l encierro punitivo debe edificarse normativamente sobre la prohibición de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes […]. Adicionalmente, y en contextos como el presente, tampoco se pueden desconocer las obligaciones que surgen en virtud del derecho a la vida…”.
“[E]l [Estado] se encuentra en una posición especial de garante respecto de estos derechos, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. En este particular contexto de subordinación del detenido frente al estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables…”.
3. Derecho a la salud. Informes. Emergencia sanitaria.
“[L]as genéricas alusiones del juez de grado a las medidas adoptadas desde el Servicio Penitenciario Federal sobre la salud de la encausada no resultan suficientes para justificar, sin más, el rechazo de la morigeración por motivos humanitarios”.
“[E]l a quo asignó mayor entidad a los informes emitidos con anterioridad a la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud…”.
“[L]os padecimientos de salud que aquejan a la recurrente representan por sí mismos peligros elevados en caso de contraer COVID-19 y, a más de ello, la recurrente reúne comorbilidades que incrementan ese peligro, más aún en el contexto de encierro carcelario…”.
“[E]l a quo llevo adelante una evaluación desaprensiva de los informes médicos y prescindió tanto de la consideración de la interna como paciente inmunosuprimida, como también de la advertencia de que los controles requeridos para sus condiciones de salud se deberían atender, al menos parcialmente, fuera del establecimiento penitenciario donde se encuentra alojada”.
4. Emergencia sanitaria. Acordadas. Declaración de inconstitucionalidad.
“[L]os criterios de los tribunales superiores en la organización judicial deben ser seguidos por los jueces de grado sólo en razón de su fuerza argumental, de la altura moral que representen tales precedentes y de su rigor científico (jurídico), como también por motivos de economía procesal. Y el alcance de esta obligación moral se limita a la necesidad de que los jueces brinden mayores razones que justifiquen una interpretación distinta, de modo tal que se planteen nuevas reflexiones que puedan conmover los fundamentos otorgados”.
“[L]os lineamientos de la Acordada 9/20 están dirigidos a atender cada supuesto individual por parte de los jueces, y se limita a facilitar una hermenéutica básica de la morigeración por razones humanitarias, en el contexto de la señalada emergencia dentro de la emergencia, provocada por una pandemia de extensión y gravedad inusitadas dentro de encierros signados por el hacinamiento, y las dificultades estructurales para garantizar la prevención del contagio y la atención general de la salud en caso de mayor propagación del virus”.
EMERGENCIA SANITARIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; HACINAMIENTO; DERECHO A LA SALUD; INFORMES; ACORDADAS; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Pieroni (causa N° 8989)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional declaró erróneamente concedido el recurso de apelación (jueces Cicciaro y Seijas).
1. Allanamiento. Recursos. Código Procesal Penal. Ministerio Público Fiscal.
“La negativa del a quo a disponer un allanamiento no se encuentra entre las decisiones contra las cuales el artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación habilita la vía recursiva. Ello por cuanto dicha facultad se enmarca entre las atribuciones que el artículo 199 del digesto procesal le confiere, reconociendo su irrecurribilidad en los insuperables inconvenientes a que se sometería el decurso de la instrucción y su proclamada brevedad como etapa preparatoria del juicio”.
“En la etapa del proceso por la que transita el legajo, el legislador ha otorgado al órgano jurisdiccional la facultad discrecional para decidir sobre la procedencia de la prueba requerida u ordenada, motivo por el que su determinación resulta irrecurrible, de acuerdo con la norma del artículo 199 in fine del Código Procesal Penal”.
“En tal sentido, la apelación interpuesta contra la decisión que no hace lugar al pedido de que se registren los domicilios que habitan los menores involucrados, formulado por la fiscalía, ha sido bien denegada, pues no se advierten motivos excepcionales que justifiquen apartarse del mencionado principio general, en particular frente a las características de los hechos y el tiempo transcurrido desde su presunta comisión”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Tratamiento tutelar. Ministerio Público Fiscal.
“[M]ás allá de advertir que el Ministerio Público Fiscal no se encuentra incluido en la nómina del artículo 130 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional, de modo que carece facultades para lograr el cometido, el recurso revela que tiene como objeto ‘determinar las circunstancias en las que acaecieron los hechos ilícitos’. De allí que es dable enmarcar su petición en las previsiones del artículo 199 del código adjetivo y por lo tanto el rechazo resulta irrecurrible”.
“[E]n el dictamen mediante el cual la fiscalía había solicitado que se le remitan los legajos tutelares, no se hizo alusión a la necesidad de compulsarlos con fines investigativos relacionados con el esclarecimiento de los hechos investigados, extremo que sí aparece en la apelación. Sin perjuicio de ello, […] el representante del Ministerio Público Fiscal carece de intervención en cuestiones de naturaleza tuitiva.
A tal aserto conduce la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en un expediente de disposición tutelar hubo de declararse la nulidad de las actuaciones en las que no se otorgara intervención al Ministerio Público Tutelar y sí se confiriera vista al fiscal, quien, como allí se puntualizó, no es parte en tales legajos en los que el orden público está resguardado por el ‘Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes’ (Fallos: 312:1580, considerando 10)”.
“Por lo demás, la Ley n° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes tampoco trae alguna disposición que conduzca a compartir la petición formulada, en cuanto a la intervención del Ministerio Público Fiscal”.
ALLANAMIENTO; RECURSOS; CÓDIGO PROCESAL PENAL; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; TRATAMIENTO TUTELAR;
Carranza (causa N° 31460)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 1 hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año (jueza Prado).
1. Suspensión del juicio a prueba. Reglas de conducta.
“El instituto de suspensión de juicio a prueba consiste en un aplazamiento del curso normal del proceso (que debería finalizar con el dictado de una sentencia definitiva), mediante la asunción voluntaria del acusado de la obligación de ajustar su conducta futura al cumplimiento de determinadas pautas de comportamiento. Esta vía, que procura una solución no punitiva del conflicto, pondera la capacidad de autogobierno del imputado, al tiempo que le confiere la posibilidad de asumir un papel relevante en la reparación del daño ocasionado […].
El fiel cumplimiento de las pautas de conducta, por el plazo temporal que fije el tribunal, conduce a la culminación de manera definitiva del proceso seguido en contra del imputado. Por lo contrario, la inobservancia de todas o algunas de las pautas de conductas por parte de aquél deja latente la posibilidad de proseguir con el proceso penal, hasta el dictado de sentencia definitiva”.
2. Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal. Antecedentes penales. Principio de inocencia. Derecho penal de autor.
“En efecto, el representante del Ministerio Público Fiscal ha objetado la procedencia de la suspensión del juicio a prueba en razón de las causas penales existentes en contra del imputado […]. Sobre la base de esa circunstancia, el señor Fiscal General sostiene el criterio de que Carranza es un delincuente ocasional de delitos de similar tenor y que la eventual pena a imponerle en autos no sería de ejecución condicional, sino de cumplimiento efectivo, lo que torna inviable la suspensión del juicio a prueba.
Ahora bien, dicho reparo merece la observación de que, sobre el imputado, no pesa condena alguna, sino causas penales en curso, en estado procesal de citación a juicio, y en las que los hechos cuya comisión se le atribuyen revisten sólo el grado de probabilidad, lo que —de suyo— impide torcer la presunción de inocencia que ampara al justiciable (art. 18, CN).
De la existencia de tales procesos penales, el Fiscal General ha derivado la condición de delincuente ocasional del imputado y recordado que la probation constituye una vía alternativa de conclusión de procesos para delincuentes eventuales. Sin embargo, por su sesgo peligrosista, este juicio —propio de una concepción de Derecho Penal de autor, basada en la consideración de una vida mal orientada, proclive al delito— no puede tener acogida, siendo que Carranza carece de antecedentes penales computables a considerar en autos (art. 50 a contrario sensu, CP)”.
3. Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal. Unificación de penas. Antecedentes penales. Principio de inocencia.
“Ciertamente, el instituto de unificación de penas reglado por el artículo 58 del Código Penal viene a remediar la situación de pluralidad de pronunciamientos jurisdiccionales en relación con hechos sobre los cuales han recaído sentencias sucesivas en contra de una misma persona. En este sentido, la observación que —como objeción— introduce el representante del Ministerio Público Fiscal obliga a mirar el caso de manera cabal y concreta: las restantes imputaciones delictivas que pesan sobre el imputado atañen a hechos que se ventilan en causas penales diferentes, en la órbita de la justicia provincial y, según lo dicho, las tres se hallan en estado de citación a juicio, por lo que no ha recaído sentencia condenatoria en su contra a la fecha.
En otros términos, para considerar viable hoy el instituto de unificación de penas (art. 58, CP), y acordar así con el Fiscal General respecto del pronóstico punitivo que postula, debería darse la condición de tratarse de hechos cometidos por Carranza, acreditados con el grado de certeza, sobre los cuales hubiera recaído sentencia condenatoria firme, extremo que no se verifica en autos”.
4. Suspensión del juicio a prueba. Dictamen. Oposición fiscal. Control judicial.
“Dado que el Ministerio Público Fiscal se ha opuesto a la concesión de la probation solicitada por la defensa, conviene tener presente que la jurisprudencia y doctrina no son uniformes sobre la condición vinculante del dictamen fiscal, sino que se hallan divididas. [L]a opinión de la fiscalía se halla sometida a control de legalidad; en otros términos, entiendo que respecto de la posición fiscal cabe siempre un control jurisdiccional de logicidad y legalidad, superado el cual recién puede afirmarse que su conformidad constituye presupuesto procesal de la suspensión, por imperio de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal”.
“[L]a objeción fiscal a la procedencia de la suspensión resulta arbitraria, por carecer de respaldo legal. Los razonamientos brindados al Tribunal no explican el modo en que la imputación de la presente causa impediría —en su caso— la aplicación de una condena de ejecución condicional (art. 26, CP).
Por el contrario, dada la ausencia de antecedentes penales del imputado, así como las circunstancias y características del hecho delictivo que se le endilga —sin que esto importe adelanto de opinión al respecto—, no se avizoran razones de peso que lleven a la suscripta a presuponer que, en el eventual caso de recaer condena sobre Carranza, la misma excedería del mínimo de la escala penal prevista para el delito que se le endilga, esto es, tres años de prisión.
Por las razones dadas, […] la oposición fiscal no resulta obstáculo legal en autos para la aplicación de la suspensión del juicio a prueba y, en consecuencia, la petición formulada por la defensa debe tener acogida”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; REGLAS DE CONDUCTA; OPOSICIÓN FISCAL; ANTECEDENTES PENALES; PRINCIPIO DE INOCENCIA; DERECHO PENAL DE AUTOR; UNIFICACIÓN DE PENAS; DICTAMEN; CONTROL JUDICIAL;
Ortega (causa N° 54515)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión impugnada y sobreseyó al imputado (jueces Seijas y Cicciaro).
1. Homicidio culposo. Deber de cuidado. Prueba. Apreciación de la prueba.
“La contingencia inicial, esto es, la rotura del diferencial del camión-grúa conducido por [el imputado] que provocó que, durante la madrugada […] detuviera abruptamente su marcha […], se trató de un caso fortuito y por tanto no previsible ni reprochable al chofer, en tanto no creó ese peligro. Se le atribuye entonces, como infracción a las normas de tránsito, el haberse retirado del lugar sin señalizar antes adecuadamente la presencia del vehículo que permaneció detenido de manera incorrecta en la vía pública”.
“En lo que hace a la acreditación de sus dichos, se dejó constancia de que el rodado fue encontrado luego de la colisión con la baliza triangular correspondiente al kit de emergencia, colgando de la zona trasera […]. En cuanto al restante elemento, se cuenta con la declaración de E. Á., mecánico de la empresa […], quien corroboró haber recibido una llamada [del imputado en] la madrugada, en la que aquél le manifestó que dejaría la grúa estacionada con los elementos señalizadores referidos. Aun cuando no es posible ignorar que del acta […], no surge que se hallara en el sitio el referido ‘cono’, lo cierto es que tampoco puede descartarse que el objeto hubiera sido removido, teniendo en cuenta el lapso transcurrido desde que [el imputado] se retiró y el accidente, y las características del elemento (material liviano, portátil), máxime cuando habría quedado suelto sobre el asfalto, lindante a la circulación vehicular”.
“[A]un cuando el vehículo a cargo [del imputado] no respetara en los hechos una alineación paralela con el cordón, como si fuera un rodado cualquiera que bien podría haber sido dejado estacionado en el lugar, lo cierto es que se verificaban en la ocasión adecuadas condiciones de visibilidad, propias de una avenida metropolitana, no comprometidas por contingencias climáticas o de otra naturaleza. De manera entonces que, tratándose de una vía vehicular de amplias dimensiones y correctamente iluminada, no es posible vislumbrar circunstancias concretas que le impidieran al conductor del rodado de alquiler advertir con antelación suficiente la presencia del obstáculo y sortearlo en consecuencia. Nótese también que, tratándose de una avenida de ese porte, con circulación destacable de vehículos aún en horas de la madrugada, el tránsito pudo discurrir por casi una hora hasta el acaecimiento del hecho luctuoso”.
2. Omisión. Deber de cuidado. Imprudencia. Apreciación de la prueba. Prueba. Testimonios.
“En este marco […] la causación de ese desenlace no es consecuencia directa de una supuesta omisión atribuida [al imputado] sino de la acción imprudente emprendida por [el taxista] -sobreseído en razón de su fallecimiento, por aplicación del artículo 336, inciso 1° del código adjetivo-, quien infringió el deber objetivo de cuidado a su cargo en la conducción del automóvil en el que trasladaba como pasajera a [la víctima].
Del testimonio del preventor surge que el chofer del taxi espontáneamente le manifestó que ‘se dio vuelta para hablar con su pasajera ya que estaba recibiendo directivas del camino a seguir y que se encontró con la grúa cruzada en la avenida, sin ninguna luz encendida’, acción que no se compadece con la obligación de circular con cuidado y prevención, teniendo en cuenta las circunstancias del tránsito (artículo 39 de la Ley N° 24.449). Si bien la presencia del vehículo averiado se puede unir en términos causales con el siniestro, el fallecimiento de M. G. no se explica por la omisión o no evitación endilgada a [el imputado] sino por la conducta contraria al deber de cuidado a cargo [del taxista]”.
3. Homicidio culposo. Automotores. Deber de cuidado. Interpretación de la ley.
“[L]a imputación se sustenta en un actuar contrario a determinadas normas que regulan el tránsito automotor. Sin embargo, la ley 24.449 […] reclama tan sólo la colocación de balizas, encomendando a la autoridad la remoción del obstáculo. Por su parte la ley 2148 de la Ciudad de Buenos Aires, no aludiendo a medios específicos, impone advertir eficazmente de la presencia del objeto. Bajo esas premisas lo cierto es que el imputado sostuvo haber actuado en consecuencia y al menos una de las balizas se observó sobre la plancha del vehículo dirigida hacia el tránsito en avance, mientras que respecto del cono refractario […] no deviene posible descartar su oportuna colocación en la escena, conforme lo anteriormente explicado. [L]a infracción reglamentaria atribuida [al imputado] no exhibe la entidad suficiente que se le quiere adjudicar, pues en concreto ha sido la acción culposa de otro la determinante del resultado”.
“[C]abe destacar que el art. 59 de la ley nacional 24.449 alude genéricamente a la colocación de ‘balizas reglamentarias’ y el art. 5.1.3 de la ley local 2148 prevé la necesidad de ‘advertir eficazmente a los demás usuarios de la vía pública’ frente a contingencias como las que ilustra el caso sometido a escrutinio de esta alzada. Sin embargo, los artículos 5.5.3 y 6.3.1, inciso ‘d’, de la mencionada ley local establecen que las detenciones u obstrucciones de la calzada por averías deben prevenirse con las luces intermitentes del automóvil o con las balizas correspondientes. […] Así, el empleo de la conjunción disyuntiva ‘o’ por el texto legal descarta la obligatoriedad de la colocación conjunta de las balizas intermitentes del rodado y del triángulo portátil normalizado […].
En ese contexto y dado que [el imputado] advirtió su detención al menos con el segundo de los elementos mencionados, el resultado lesivo no puede ser atribuido a su conducta. Ello, claro está, aun suprimiendo hipotéticamente la colocación adicional del cono al que aludió, extremo que ha sido objeto de discusión probatoria”.
HOMICIDIO CULPOSO; DEBER DE CUIDADO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; OMISIÓN; IMPRUDENCIA; TESTIMONIOS; AUTOMOTORES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
BBL (causa N° 69108)Juzgado Nacional Civil Nro. 23
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 23 hizo lugar a la solicitud y concedió la adopción plena de los niños. Asimismo, y en atención a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, invitó a las partes a participar a una audiencia por la plataforma Zoom, junto con el Defensor de Menores e Incapaces, a fin de comunicarles la decisión de conformidad con lo dispuesto en la Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño (jueza Díaz Cordero).
1. Adopción. Convención sobre los Derechos del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Familia.
“La Convención de los Derechos del Niño, ya en su Preámbulo recuerda que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales […]; reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y tiene presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, `el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento´.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo destaca que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“El principio del interés superior, desarrollado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación general Nº 14 […] es el que guiará la presente decisión. El Comité señala que el objetivo del concepto de interés superior del niño significa garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño (párr. 4), que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño (Observación general Nº 5, párr. 12).
El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho (párr. 6)”.
3. Interés superior del niño. Adopción. Derecho a ser oído.
“Con respecto a la adopción […], se indica que el derecho del interés superior se refuerza aún más; no es simplemente `una consideración primordial´, sino `la consideración primordial´. En efecto, el interés superior del niño debe ser el factor determinante al tomar una decisión relacionada con la adopción.
La determinación del interés superior del niño debe comenzar con una evaluación de las circunstancias específicas que hacen que el niño sea único. Ello conlleva la utilización de algunos elementos y no de otros, e influye también en la manera en que se ponderarán entre sí. Para los niños en general, la evaluación del interés superior abarca los mismos elementos (párr. 49).
Al evaluar y determinar el interés superior de un niño o de los niños en general, debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (art. 3, párr. 2 CDN). Los términos `protección´ y `cuidado´ también deben interpretarse en un sentido amplio, ya que su objetivo no se expresa con una fórmula limitada o negativa (por ejemplo, `para proteger al niño de daños´), sino en relación con el ideal amplio de garantizar el `bienestar´ y el desarrollo del niño. El bienestar del niño, en un sentido amplio, abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad (párr. 71).
El cuidado emocional es una necesidad básica de los niños; si los padres o tutores no satisfacen las necesidades emocionales del niño, se deben tomar medidas para que el niño cree lazos afectivos seguros. (párr. 72)”.
“[L]a Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño […], que se aboca al derecho a ser oído, plasmado en el art. 12 CDN y reconocido especialmente en la Observación General N° 9 […] en su párrafo nro. 32. Allí dispone que los Estados Partes deben alentar al niño a que se forme una opinión libre y ofrecer un entorno que permita al niño ejercer su derecho a ser escuchado […]. Ello sin límite de edad […], destacando el lenguaje no verbal, y las distintas maneras en que los niños pueden expresarse.
Al [tomarse] contacto en dicha oportunidad, [se pudo] apreciar que los hermanos se encuentran integrados con el matrimonio, habiendo generando un vínculo de amor con el matrimonio C. R. L., corroborando las conclusiones de los informes de seguimiento de guarda obrantes en los autos conexos y las diferentes manifestaciones del […] matrimonio”.
ADOPCIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; FAMILIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A SER OIDO;
Sosa (causa N° 316)Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia decretó la nulidad del dictamen fiscal, revocó la decisión impugnada y suspendió el proceso a prueba (juez Leal de Ibarra).
1. Auto de procesamiento. Cámara de apelaciones. Recurso de apelación.
“[L]os procesamientos dictados por las cámaras con motivo de las apelaciones oportunamente interpuestas, son los actos procesales que estabilizan la situación de los imputados y determinan el marco del proceso penal en el que se llevará a cabo la actividad persecutoria a esa altura de las actuaciones, siendo a la luz de esos pronunciamientos jurisdiccionales que deberán resolverse las correspondientes incidencias que surjan en ese estado de la instrucción. Es por ello que para su modificación se requiere otra decisión jurisdiccional que así lo disponga.
De tal modo, será la calificación legal establecida en el auto de procesamiento la que fijará el marco referencial sobre el que versarán todas las incidencias que pudieren suscitarse en dicha etapa procesal (prescripción de la acción penal, suspensión del juicio a prueba, excarcelación, etc)”.
2. Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal.
“[S]e advierte una falla en [la] línea de coherencia que debe respetar todo dictamen porque se apoya en elementos ausentes en el legajo; en otras palabras, haberse asentado en una hipótesis de comercialización de estupefacientes, a la que aludió insistentemente en el marco de la audiencia prevista por el art. 293 del CPPN.
[D]e la lectura de la oposición a la suspensión de juicio a prueba formulada en la audiencia […] surge una reiterada mención a una calificación del hecho relacionada a un supuesto de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, derivando de allí una mayor afectación al bien jurídico protegido”.
“[E]l MPF construyó un silogismo que sólo en apariencia lo es, puesto que encierra una yerro al haber partido de una falsa premisa, esto es, que la conducta encuadraba en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización cuando esto no es lo que consta en autos”.
2. Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal. Principio pro homine. Igualdad.
“[L]a oposición del representante del MPF a la solicitud de suspensión de juicio a prueba invocando que una calificación legal más gravosa puede obtenerse durante la etapa plenaria, también constituye un motivo inatendible para oponerse a la concesión del beneficio solicitado; si tal regla fuese válida siempre cabría la posibilidad de invocar dicha posibilidad, más o menos probable, para obstar irremediablemente la concesión de un beneficio que, como toda alternativa menos gravosa a la imposición de una pena, debe ser examinada a influjo de la regla pro homine que califica al derecho penal como de última ratio.
[A]siste razón a la Defensa, acerca de la procedencia de la sustanciación del instituto cuya aplicación reclama. A esta altura del proceso, del criterio amplio sentado en ‘Acosta’, el principio de ‘igualdad ante la ley’, la ‘última ratio’ del ordenamiento jurídico, y el principio ‘pro homine’ que debe privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal, y la explícita referencia en el Código Procesal de la Nación, entre otros argumentos, en la actualidad no puede haber dudas de que la suspensión del juicio a prueba es procedente en supuestos como el de autos”.
AUTO DE PROCESAMIENTO; CÁMARA DE APELACIONES; RECURSO DE APELACIÓN; SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; OPOSICIÓN FISCAL; PRINCIPIO PRO HOMINE; IGUALDAD;
Caicedo Lobo (reg. N° 1125 y causa N° 93243)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión judicial y concedió la excarcelación (jueces Rimondi y Bruzzone).
1. Pena. Determinación de la pena. Antecedentes penales.
“[N]o existe a priori ningún elemento que permita inferir que la eventual sanción que le pudiera corresponder al imputado en la presente investigación vaya a superar el mínimo legal para el concurso de delitos que se le reprocha (tres años).
Corresponde aquí recordar que el imputado fue procesado por haber aportado un automóvil a dicha organización delictiva. Lo cual, sumado a que Caicedo Lobo no posee condenas previas, no permite descartar que la eventual sanción pueda ser de cumplimiento en suspenso”.
2. Excarcelación. Riesgos procesales. Arraigo. Extranjeros.
“Por otro lado, no puede perderse de vista que no resulta legítimo cargar sobre Caicedo Lobo el hecho de que existan otras personas imputadas que hayan ingresado de manera irregular al territorio nacional; […] no es objeto de controversia en este asunto que el imputado ingresó de modo legal a nuestro país y que su situación migratoria es regular…”.
“[D]ebe mencionarse que el imputado se identificó correctamente; no posee antecedentes condenatorios ni rebeldías dictadas en este u otro proceso; el domicilio que aportó fue correctamente constatado y posee un núcleo familiar consolidado en el país, compuesto por su pareja y su hija recién nacida…”.
PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; ARRAIGO; EXTRANJEROS; ANTECEDENTES PENALES;
Diaz Gonzalez (Causa n° 7062)Cámara Federal de Casación Penal, Sala III
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar de forma parcial a la impugnación, anuló el trámite de la petición in pauperis del imputado y de todo lo actuado en consecuencia y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para su sustanciación (jueces Riggi y Gemignani y jueza Catucci).
1. Recurso in forma pauperis. Derecho de defensa. Defensa material.
“De los antecedentes de la causa surge con claridad la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, durante el trámite de la instancia oral en el que el justiciable se vio privado de su legítima asistencia técnica”.
“La sustanciación de la incidencia sin otorgarle al enjuiciado la posibilidad de sostener sus propias razones y abundar en otras en apoyo de su voluntad, implica la franca violación de una de las garantías fundamentales del proceso penal”.
“[L]a omisión de dar traslado a la defensa de la petición efectuada in pauperis por el detenido, constituye un vicio del procedimiento causante de nulidad absoluta de las previstas en el artículo 167 inc. 3) del CPPN, a partir de la primigenia petición in pauperis [del imputado]”.
RECURSO IN FORMA PAUPERIS; DERECHO DE DEFENSA; DEFENSA MATERIAL;
Lucero (causa n°48679)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso de casación, anuló la resolución impugnada y remitió el caso a fin de que dictase un nuevo pronunciamiento (jueces Sarrabayrouse, Días y Morin).
1. Pena. Determinación de la pena. Condena no firme. Excarcelación. Libertad condicional.
“[El] agravamiento de la imputación recaída sobre [el imputado] solo permite sostener ­a diferencia de lo afirmado por el a quo­ que la pena que se le fijará no podrá ser inferior a la aplicada por el [Tribunal Oral de Menores] y que, por ende, tampoco será inferior la pena única dictada a su respecto. Este es el único marco de referencia existente en la causa para analizar el pedido de excarcelación en términos de libertad condicional intentado por la defensa”.
“[T]eniendo especialmente en cuenta la concreta significación jurídica que debe ser reanalizada para graduar nuevamente esas penas ­de robo en poblado y en banda en grado de tentativa a consumado­, el análisis de los ocho años a los efectos de examinar la procedencia de la excarcelación en términos de libertad condicional no aparece, a priori, irrazonable, puesto que el cambio en la escala penal aplicable no resulta significativo a la luz de la imputación global que se dirigió contra [el imputado]”.
PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; CONDENA NO FIRME; EXCARCELACIÓN; LIBERTAD CONDICIONAL;
Romero (causa N° 82876)Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 63
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 63 homologó el acuerdo, declaró la extinción de la acción penal por conciliación y sobreseyó a la persona imputada (jueza Peluffo).
1. Conciliación. Reforma legal. Vigencia de la ley. Consentimiento fiscal. Emergencia sanitaria.
“Llegado el momento de resolver sobre la cuestión […], en primer lugar [se habrá] de señalar que la actual vigencia de la medida de restricción circulatoria oportunamente dictada, y lo decidido en consonancia por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, en cuanto prioriza la práctica de actos procesales de manera remota, […] obliga a atender el asunto en la presente modalidad.
De esta forma, y atendiendo que las partes han coincidido plenamente en cuanto a la adopción de una solución alternativa al conflicto aquí ventilado, ello en los términos del art. 59 inc. 6to. del CP., solo resta a la suscripta efectuar un control negativo de la razonabilidad y legalidad de dicho acuerdo y lo dictaminado a su respecto, superado el cual, se deberá resolver en consecuencia.
En este sentido, luego de un minucioso análisis de las constancias de autos, […] el acuerdo presentado y lo postulado a su respecto por el Sr. Auxiliar Fiscal cumple los requisitos […] e incluso corrobora la voluntad de la víctima […]. Sentado ello, […] el instituto de la conciliación deviene aplicable en el caso para la solución del conflicto; ello, conforme lo disponen los art. 22 y 34 del CPPF –actualmente vigente, según la resolución n° 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal–“.
2. Incendio. Coacción. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la libertad.
“En este marco, si bien el último de los artículos mencionados, establece que la víctima e imputado podrán realizar acuerdos conciliatorios en los casos de ‘delitos patrimoniales cometidos sin grave violencia sobre las personas…’ y, en éste, [el imputado] se encuentra procesado por un delito contra la libertad –coacción– […] la solución resulta ajustada a derecho”.
“Así, toda vez que del acuerdo presentado surge que el conflicto entre el damnificado e imputado se vio superado con el pedido de disculpas, que la víctima fue debidamente informada de las consecuencias, lo que fue ratificado por el representante del Ministerio Público Fiscal que dictaminó favorablemente a la solución, y que ésta resulta aplicable al caso traído a estudio, superado el control jurisdiccional sobre la razonabilidad y legalidad, corresponde resolver en consecuencia”.
CONCILIACIÓN; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; CONSENTIMIENTO FISCAL; EMERGENCIA SANITARIA; INCENDIO; COACCIÓN; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD; DELITOS CONTRA LA LIBERTAD;
Mendez (causa N° 20131)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 concedió la excarcelación en términos de libertad asistida(juez Rofrano).
1. Condena no firme. Reincidencia. Excarcelación. Libertad asistida.
“No puede […] considerarse a Méndez como condenado por sentencia firme, sino que reviste aún calidad de imputado procesado. Ello no sería obstáculo a la aplicación en su caso de diversos institutos previstos en la ley 24.660…”.
“[T]ratándose de una pena de cinco meses de prisión, como lo es la impuesta en esta causa, con más la declaración de reincidencia, en circunstancias normales, Méndez debería cumplir intramuros la totalidad de la sanción privativa de su libertad […]. Dicho todo esto, asistiendo razón a la defensora pública coadyuvante que al día de hoy Méndez ha estado privado de su libertad un tiempo casi equivalente a cuatro meses […], el Tribunal aprecia que, en el caso particular de autos, dada la naturaleza y circunstancias del hecho imputado a Méndez, el monto de pena impuesta, el tiempo que el nombrado ha estado privado de su libertad […] y la conformidad prestada por el fiscal general, resulta de aplicación la recomendación efectuada por la Cámara Federal de Casación penal mediante Acordada 3/20…”.
2. Informes. Excarcelación. Sanciones disciplinarias.
“No habrá de requerirse a la autoridad penitenciaria el informe solicitado por el fiscal por dos razones. Una, lo exiguo del término legal para resolver esta incidencia, tratándose de una excarcelación, impide condicionar el dictado de esta resolución a la recepción de tal informe […]. La segunda, que en el caso que se hubiera iniciado respecto de Méndez un expediente disciplinario que hubiera culminado con una sanción de tal naturaleza, por imperio legal ello debió ser informado al tribunal, lo que no ha ocurrido en el caso concreto del nombrado”.
CONDENA NO FIRME; REINCIDENCIA; EXCARCELACIÓN; LIBERTAD ASISTIDA; INFORMES; SANCIONES DISCIPLINARIAS;
Bravo Paez (causa N° 243)Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por unanimidad, hizo lugar de manera parcial al recurso, revocó la prisión preventiva y concedió el arresto domiciliario al imputado (jueces Pérez Curci y Pizarro).
1. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Consentimiento fiscal.
“[E]sta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre la situación de libertad circundante al justiciable […], en el cual se confirmó el rechazo de la excarcelación solicitada. Ahora bien, las circunstancias que a la fecha se nos presentan resultan ser diversas a las consideradas en tal ocasión, por el cual se deberá analizar nuevamente la viabilidad de una morigeración de la prisión preventiva dictada en contra de este último.
En primer lugar, debemos destacar la opinión del Sr. Fiscal General, en cuanto solicita el cese de dicha medida de cautela personal. Si bien lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, dentro de los lineamientos del proceso penal vigente, aún no reviste un carácter vinculante, tal razonamiento no nos autoriza a dejar de valorar lo dictaminado por dicha autoridad, la cual no solo se encuentra facultada de promover la acción penal, sino también, cuando el caso lo amerite, desarrollar las medidas pertinentes para asegurar la realización del correspondiente juicio oral y público”.
2. Código Procesal Penal. Reforma legal. Interpretación de la ley. Prisión domiciliaria.
“[L]a posibilidad de que al imputado se le dicte una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo, contemplada aisladamente, no constituye un factor que permita concluir de contrariamente al principio de permanencia en libertad durante el proceso”.
“En esa misma sintonía, vale ponderar lo sostenido por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa Nro. 2307 (‘Minnicelli’), en cuanto precisa que las medidas de coerción establecidas en el artículo 210 del nuevo catálogo procesal tiene como finalidad incorporar medidas alternativas o sustitutivas a la privación, expresando de tal modo la necesidad de que los Estados hagan uso de otras disposiciones cautelares que no impliquen la privación de libertad de los acusados mientras dure el proceso penal. En definitiva, la normativa referida responde a un cambio de paradigma en materia de apreciación de la libertad como regla durante la sustanciación del proceso.
Asimismo, resta mencionar la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal (13/4/2020) […]. En este contexto, ante la existencia de un delito que no reviste características de violencia, la ausencia de antecedentes condenatorios computables, la constatación de arraigo familiar, la ausencia de medidas de prueba que el nombrado podría entorpecer, y la escasa cantidad de material estupefaciente secuestrado –más allá de su fraccionamiento–, corresponde morigerar la prisión ordenada a su respecto.
Por lo cual, este Tribunal entiende que de todas las pautas establecidas en el art. 210 del Código Procesal Penal Federal, incorporado mediante la implementación decidida por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, el instituto del arresto domiciliario –previsto en el inciso ‘j’ del precitado cuerpo normativo– resulta suficiente para asegurar la comparecencia del imputado y/o evitar el entorpecimiento de la investigación”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Regis (causa n° 25006079)Tribunales Orales en lo Penal Económico Nro. 1
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 otorgó al imputado la prisión domiciliaria y dispuso que se le colocase un dispositivo electrónico de vigilancia electrónica (jueces Michilini, Fornari y García Berro).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“[E]l impedimento [del imputado] de recuperarse o de recibir un tratamiento adecuado a sus patologías en el complejo penitenciario en el cual se encuentra alojado debe analizarse, en el caso concreto, a partir de las circunstancias que se presentan en la actualidad con motivo de la pandemia ‘COVID-19’ en relación a la población carcelaria y, en particular, al nombrado en su condición de paciente que sufre de insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad prostática y disminución de la agudeza visual. Asimismo, se tiene especial consideración la situación actual particular respecto del lugar en el cual […] se encuentra actualmente detenido a la luz de los últimos informes incorporados al presente”.
“[A]nte el indudable avance del virus en distintos pabellones del CPF de la CABA; como así también el hecho de haberse quebrantado los protocolos de prevención -a raíz del motín recientemente sufrido en esa misma Unidad Penitenciaria- y que esa circunstancia […] haya aumentado la exposición a un mayor riesgo de contagio […] sumado a las dificultades evidenciadas a fin de dar debido cumplimiento a los protocolos activados como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria existente […], se concluye que el riesgo de contraer la enfermedad respecto [del imputado] es sumamente concreto y elevado; máxime si se considera que ya se confirmaron casos de coronavirus de personas que se alojaban en el mismo pabellón que el nombrado”.
“En el presente caso, de acuerdo a las circunstancias actuales, evidentemente que no resultan suficientes las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario Federal con el propósito de evitar la propagación del virus dentro del establecimiento carcelario, por lo que la situación de encierro en esa Unidad configura un riesgo particular y concreto para la salud del imputado, que –como se dijo- es un paciente de riesgo al contagio del virus”.
“[E]ste tribunal ha tomado razón de las […] recomendaciones de la CIDH y la propia CFCP y […], reevaluado el caso concreto [del imputado] a raíz del planteo que motivó la formación de este incidente, en las actuales condiciones de detención en un pabellón en el cual fueron confirmados cada vez más casos de coronavirus; la condición de riesgo del nombrado frente al virus y la falta de informes sobre medidas adoptadas por las autoridades del CPF de la CABA a su respecto […] nos lleva a tomar una decisión favorable en torno al instituto cuya aplicación se solicita; máxime si se considera el dictamen favorable presentado por [la fiscalía]…”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Prisión preventiva. Derecho a la salud.
“[C]orresponde señalar que en el caso […] la modalidad de detención domiciliaria constituye la solución que permite arribar a un equilibrio entre el derecho a la salud del interno y la prisión preventiva dispuesta respecto del nombrado, a quien se le deberá implementar el sistema de vigilancia electrónica en forma inmediata…”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; PRISIÓN DOMICILIARIA; PRISIÓN PREVENTIVA;
Bustos (reg. N° 1026 y causa N° 81432)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la decisión recurrida y concedió la excarcelación al imputado bajo la prohibición de todo tipo de acercamiento o contacto con el damnificado (jueces Morín y Sarrabayrouse).
1. Prisión preventiva. Antecedentes penales. Reincidencia. Pena. Arraigo.
“[S]i bien [el imputado] en el caso que resultara condenado en esta causa podría afrontar una pena de prisión de efectivo cumplimiento, a lo que debería sumarse su declaración de reincidencia, lo cierto es que conforme surge de la certificación actuarial obrante en autos, las penas oportunamente impuestas al nombrado ya se encuentran vencidas. De igual manera, si bien registra un alias, en estas actuaciones se ha identificado correctamente.
[L]a defensa afirma que […] reside junto a sus cuatro hermanos y su madre, con quienes mantiene una relación familiar, afirmación que no ha merecido ninguna observación ni en el dictamen de la fiscalía ni en la resolución recurrida. También […] se encuentra detenido desde el 4 de noviembre de 2019,  es decir, lleva al momento actual más de seis meses en prisión preventiva. En cuanto a la persona que sería la víctima del hecho, pese a las notificaciones entabladas desde esta Cámara, no fue posible conocer su opinión”.
2. Riesgos procesales. Excarcelación. Caución. Víctima. Código Procesal Penal. Reforma legal.
“[L]os riesgos procesales derivados de la pena en expectativa y una posible intimidación a la víctima pueden ser suficientemente neutralizados mediante la imposición de una caución real, cuyo monto deberá fijar el a quo; y la prohibición de todo tipo de acercamiento y contacto con el damnificado de acuerdo con las reglas de los arts. 320, 324, CPPN, y 210, CPPF; sin perjuicio de las restantes medidas que el tribunal interviniente crea conveniente fijar, para garantizar la sujeción [del imputado] al proceso en virtud de lo dispuesto por los arts. 310, CPPN y 210, CPPF…”.
3. Emergencia sanitaria. Excarcelación.
“[L]a concesión de la libertad debe efectivizarse previa suscripción del acta compromisoria por parte del [imputado], en la que se comprometa a cumplir las medidas de aislamiento vigentes, dispuestas por la autoridad sanitaria nacional, como así también las que puedan dictarse con posterioridad. Además, se hace saber que deberá cumplirse con la adopción por parte del Servicio Penitenciario Federal de todas las medidas tendientes a reducir las posibilidades de que el COVID19 se extienda desde el contexto penitenciario a la comunidad (según la guía de actuación para la prevención y control de esa enfermedad elaborado por ese organismo) y las demás pautas aplicables al caso emanadas de la autoridad sanitaria “.
PRISIÓN PREVENTIVA; ANTECEDENTES PENALES; REINCIDENCIA; PENA; ARRAIGO; RIESGOS PROCESALES; EXCARCELACIÓN; CAUCIÓN; VICTIMA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; EMERGENCIA SANITARIA;
Ramírez (Causa n°12773)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 17 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 hizo lugar a la aplicación del estímulo educativo, redujo en doce meses los plazos previstos para el avance en el sistema de progresividad e incorporó al imputado al régimen de libertad asistida (juez Valle).
1. Libertad asistida. Estímulo educativo. Ejecución de la pena.
“[N]o hay razones para excluir el régimen de la libertad asistida de los beneficios del estímulo educativo. Reducir la vigencia de este instituto a los períodos indicados en el artículo 12 de la ley 24.660 implica desconocer el sentido de su creación y el dato inobjetable de que el instituto que se reclama se encuentra dentro del período de cumplimiento de pena y está también sujeto a plazos”.
“[L]a libertad asistida es un egreso anticipado y es un tramo de la ejecución de la pena”.
2. Libertad asistida. Informes. Cómputo del tiempo de detención.
“[En este caso no] es que no se quiera requerir [los informes], sino que la autoridad penitenciaria no los puede hacer, sencillamente porque [el imputado] tiene una condena firme pero, como recurrió el cómputo de vencimiento de pena, la sentencia no fue comunicada a la justicia nacional de ejecución penal ni al Servicio Penitenciario Federal. Por lo tanto, sigue con el régimen de procesado”.
“[S]i no se comunicó es porque el Sistema de Gestión Judicial impide sortear un juzgado de ejecución penal sin cómputo firme. Dicho con otras palabras, la demora no es atribuible [al imputado], quien, en todo caso, ejerció su derecho a objetar el cómputo”.
3. Reinserción social. Libertad asistida.
“Reconocidos o no a los fines del estímulo educativo, lo real es que [el imputado] a lo largo del 2018 y 2019 realizó una significativa cantidad de cursos con cargas horarias de importancia. En síntesis, ha demostrado un progreso desde su ingreso a la vida intramuros que permite asegurar su adecuada reinserción social”.
“[L]a incorporación [del imputado] al régimen de la libertad asistida es viable normativa y técnicamente y no existe ninguna prueba que indique que su egreso pueda constituir un grave riesgo para el condenado o la sociedad”.
LIBERTAD ASISTIDA; ESTÍMULO EDUCATIVO; EJECUCIÓN DE LA PENA; INFORMES; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; REINSERCIÓN SOCIAL;
BEN (causa N° 77311)Juzgado Nacional Civil Nro. 25
1. Alimentos. Familia. Solidaridad. Emergencia sanitaria. Cuidado personal.
“La cuota alimentaria se fija para atender las necesidades ordinarias de la vida, es decir a las que se sucede regularmente de acuerdo a las circunstancias del alimentado al momento de fijarla o convenirla. Sin embargo, en el curso de la vida pueden subvenir necesidades que no aparecen cubiertas por la cuota ordinaria, por cuanto no fueron previstas al momento de establecerla. Basado en ello se considera procedente reclamar una cuota extraordinaria de alimentos para enfrentar dichas necesidades sobrevinientes. […]
En efecto, la cuota extraordinaria se halla destinada a satisfacer en forma concreta determinadas necesidades del alimentado originadas en gastos imprevistos y también aquéllos que fueron previsibles pero que no acostumbran a suceder asiduamente. […]
En la especie la fijación de alimentos extraordinarios destinados a gastos que exceden los cotidianos y habituales del beneficiario […] se funda en la imperiosa necesidad de prestar colaboración y contención familiar a quien tiene el cuidado exclusivo del adolescente y afronta todos sus gastos, frente a la situación emergencia sanitaria que enfrenta el país.
Es que, en esta instancia extraordinaria, más que nunca es necesario apelar al principio de solidaridad familiar que informa toda nuestra legislación en la materia y que impone a los adultos adoptar todas las conductas necesarias para sostener el bienestar de sus hijos generando un ambiente de colaboración mutua y evitando desencuentros que solo generan incertidumbre y zozobra en el ánimo de aquellos a quienes deben proteger, educar y proporcionarles todo lo necesario para que no deban enfrentar dificultades innecesarias. Así, […] en esta especial, extraordinaria e imprevisible situación sanitaria, social y familiar que atraviesa la humanidad ese principio de solidaridad, en el caso concreto de autos, se traduce en una decisión equitativa que conjugue las distintas circunstancias que atraviesan las partes y la adecuada satisfacción de los derechos de su hijo.
En este sentido, cabe ponderar que las situaciones excepcionales como la que se atraviesa mundialmente –pandemia Covid 19–, requieren de un plus de protección para que el desarrollo del adolescente no se torne ilusorio e insuficiente”.
ALIMENTOS; FAMILIA; SOLIDARIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; CUIDADO PERSONAL;
Schuster (causa N° 88895062)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora revocó de manera parcial la resolución impugnada y admitió la medida cautelar peticionada consistente en la inmediata asistencia terapéutica del joven durante toda la semana escolar y la vigencia del año calendario escolar (jueces Igoldi y Rodiño).
1. Personas con discapacidad. Educación. Igualdad. No discriminación.
“En particular —y muy especialmente— cabe considerar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad asegura el derecho a la educación sin discriminación, y sobre la base de la igualdad de las oportunidades, a fin de desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades esenciales y la diversidad humana.
La norma convencional, de jerarquía constitucional, establece expresamente que al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: `a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión´; definiciones que demuestran con elocuencia la importancia que en nuestro derecho interno se le asigna a la protección que se procura en la especie…”.
2. Emergencia sanitaria. Educación.Telecomunicaciones. Derecho a la salud.
“[L]a declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud (covid-19) y el consecuente estado de crisis sanitaria dispuesto tanto en el ámbito Nacional como en el de la provincia de Buenos Aires […] motivó el dictado de normas excepcionales, tales como las referidas a la limitación de la circulación y al aislamiento social, preventivo y obligatorio; siendo notorio que tales restricciones han repercutido en todas actividades […] del país, entre las que naturalmente se encuentran las correspondientes al sistema educativo, con la consecuente suspensión de actividades escolares `presenciales´[…].
Sin embargo, […] es dentro de ese marco excepcional que las autoridades educativas, docentes, alumnos y padres se encuentran transitando un camino de innovación, intensificando los esfuerzos destinados a aprovechar de la mejor manera posible las funcionalidades tecnológicas disponibles, utilizando herramientas novedosas como las `clases virtuales´ por medios telemáticos (classroom, zoom, microsoft teams, whatsapp, telegram, google meet, etc), a fin de que los alumnos puedan continuar —en la medida de lo posible—, con el proceso de aprendizaje escolar.
De modo que, en el contexto descripto, y sin perjuicio de entender que lejos de mitigarla la ausencia de clases refuerza la necesidad de asistencia profesional del joven […]; en rigor […], se trata aquí de remover los obstáculos para que su condición de salud no sea un impedimiento para su desarrollo, ni se constituya en motivo —de hecho, e injusto— para su exclusión de la escuela primaria, gratuita y obligatoria que el Estado Argentino tiene el deber de garantizar.
En suma, en función de todo ello, […] encontrándose `prima facie´ acreditados a criterio de este Tribunal los presupuestos necesarios para el andamiento de la medida cautelar requerida por la amparista, corresponderá entonces atender sus quejas y revocar esta parcela del pronunciamiento apelado”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EDUCACIÓN; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; TELECOMUNICACIONES; DERECHO A LA SALUD;
CFA (causa N° 13680)Juzgado Nacional Civil Nro. 10
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 10 fijó en concepto de alimentos provisorios la suma de $50.000. Además, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que se continuase abonando la obra social de forma completa y el total de la cuota escolar junto con el comedor de la institución educativa a la que concurrían las niñas. Finalmente, habilitó a notificación de la resolución a través de la aplicación “Whatsapp” (jueza Córdoba).
1. Emergencia sanitaria.Medidas de acción directa. Principio de excepcionalidad. Notificación.
“[L]as circunstancias extraordinarias […] imponen por intermedio del Poder Judicial la disposición de acciones inmediatas mediante la aplicación de los remedios previstos por el Derecho de nuestro país, que en modo alguno pueden resultar de carácter arbitrarios.
“Es por ello y en aplicación de las herramientas interpretativas que brinda la Doctrina […], a efectos cumplir con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuestas por el DNU 297/2020, en uso de las facultades otorgadas por las normas del Derecho vigente para el cumplimiento de los deberes […] con el objeto de que se cumplan las finalidades establecidas en las normas superiores que rigen en nuestro país y detentan jerarquía constitucional (art. 39 de la Convención de los Derechos del Niño y 75 inc. 22 de la CN), [se dispone] la flexibilización de las reglas procedimientales vigentes, por resultar ello imprescindible para el efectivo cumplimiento del deber asistencial alimentario por parte de los progenitores respecto a sus hijas”.
EMERGENCIA SANITARIA; MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; NOTIFICACIÓN;
Harada (causa n° 46278)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución que había desestimado la causa por inexistencia de delito (jueces Pociello Argerich y Lucini).
1. Querella. Víctima. Legitimación. Código Procesal Penal. Reforma legal.
“[M]ás allá del criterio que [se venía] sosteniendo en cuanto a la posibilidad de la querella de actuar en solitario, sin el impulso de quien reviste el carácter de titular de la acción penal pública, con la implementación de parte del nuevo Código Procesal Penal Federal, en especial las disposiciones de los artículos 80 y 81, el legislador ha zanjado definitivamente la cuestión al garantizar a la víctima el pleno ejercicio de sus derechos, aún cuando el Ministerio Público Fiscal adopte una postura desincriminante y la víctima no hubiera intervenido como querellante en el proceso (inc. j, art. 80, CPPF), estableciendo así una actuación activa de dicha parte en el proceso […] y conforme las directivas de la ley 27.372”.
2. Administración fraudulenta. Sociedades comerciales. Tipicidad.
“[N]o se advierte maniobra de infidelidad en la administración de las empresas o fraude que pueda ser subsumida en figura penal alguna, sino que el motivo de su reclamo gira en torno a la falta de exhibición de documentación, no se liquidaban honorarios ni se distribuían utilidades, el impedimento de ingresar a las sedes sociales en su carácter de socio y la falta de realización de asambleas para la renovación de las autoridades de las sociedades y que se había asentado su presencia en asambleas a las que no había concurrido, además de haberse generado contratos de locación con valores insignificantes”.
“Del repaso que el juez a quo realizó de los diferentes expedientes de trámite ante la justicia comercial y laboral, no surge desvío alguno de dinero ni irregularidad tal que excediera el tratamiento de la ajena sede y habilitara la intervención del fuero penal; pues los conflictos suscitados son de índole societaria que están siendo tratados por los jueces competentes en la materia, cuestión que no ha logrado desvirtuar la querella ante este tribunal”.
QUERELLA; VICTIMA; LEGITIMACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA; SOCIEDADES COMERCIALES; TIPICIDAD;
Martinez Gonzalez (causa N° 86655)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar al apartamiento solicitado y remitió las actuaciones a fin de que se sortearan los magistrados que integrarían la sala para resolver el recurso de apelación (juez González Palazzo).
1. Garantía de imparcialidad. Debido proceso. Recusación.
“[E]l prejuzgamiento presupone que el juez recusado hubiese emitido una opinión sustantiva sobre el resultado del proceso sin jurisdicción para hacer tal clase de declaraciones, o que teniendo en general jurisdicción para pronunciarse sobre el caso, lo hubiese hecho sin estar llamado a decidir una cuestión o incidente actual. Pues los jueces no prejuzgan cuando juzgan en tiempo oportuno de lo que han sido llamados a decidir, sin exceder las pretensiones que habilitaron su jurisdicción”.
“Si bien en esos términos, la recusación de los colegas no estaría objetivamente comprendida en ninguno de los supuestos previstos en el art. 55 del C.P., en aras de preservar la garantía de la imparcialidad su enunciado no puede ser considerado exhaustivo. Además de los motivos allí enumerados pueden admitirse otros en la medida en que las circunstancias del caso concreto pudieran dar lugar a que los intervinientes se vean enfrentados a una duda razonable sobre la imparcialidad de sus jueces”.
“Las especialísimas circunstancias del caso –en particular el yerro en la notificación del auto de mérito a la defensa de Martínez González, ajeno a los magistrados recusados,– y los términos de su intervención en la que arribaron a un juicio global –aunque provisorio– sobre la existencia de los hechos objeto de imputación, extensivo al nombrado, como también de la prueba que los sustentan, podrían dar lugar a la duda que el recusante alberga”.
GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; DEBIDO PROCESO; RECUSACIÓN;
Lutz (causa N° 4444)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, por unanimidad, hizo lugar al planteo, dispuso el cese de la prisión preventiva y ordenó su inmediata libertad (jueces Alonso González, Ceroleni y Rojas de Babaro).
1. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Excarcelación. Consentimiento fiscal.
“[A]nte la coincidencia de posturas de la defensa y el MPF, la perspectiva y disquisiciones del Tribunal se hallan acotadas a lo meramente formal, dependiendo exclusivamente de lo que las partes expongan para resolver”.
“Sobre ello, entonces, no cabe introducir mayores especulaciones, y deberá estarse a las manifestaciones de las partes. El encausado deberá cumplir con las condiciones que se le impondrán; bajo caución juratoria y que se dejarán constancia en el auto de soltura. En las actuales circunstancias que vive nuestro país, se ha sumado otro elemento central, y es la pandemia provocada por coronavirus COVID-19 por la cual todos los habitantes del país estamos llevando a cabo un aislamiento social, preventivo y obligatorio que se ha prorrogado […] por lo que procede imponer como condición el efectivo acatamiento a dicha normativa de carácter sanitario (arts.5° de la ley 24.390 y 27 bis del CP)”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; CONSENTIMIENTO FISCAL;
CELS (causa N° 3187)Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó cautelarmente al GCBA que:
a) arbitrase los medios para que dotase a todas las personas internadas en los hospitales psiquiátricos monovalentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hospital Borda, Moyano, Alvear y Tobar) de equipos de protección personal que correspondan, barbijos y/o cubre bocas, así como todo insumo necesario de cuidado y prevención del contagio del COVID 19. También, elementos de higiene y seguridad (jabón, toallas, alcohol en gel) tanto en servicios cuanto en pabellones y consultorios externos, así como del resto de los elementos que los protocolos de salud vigentes indiquen para los hospitales monovalentes de salud mental;
b) elaborase un protocolo de actuación específico frente a la existencia del COVID 19 para los hospitales psiquiátricos monovalentes, debiendo considerarse la situación particular que atraviesan las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran internadas, respetándose el decálogo de derechos que surgen del art. 7 de la ley 26657. En ese sentido, indicó que informase y acreditase el modo en que implementarán las unidades febriles de urgencia (UFU) y las unidades transitorias de aislamiento (UTA);
c) informase y acreditase si se han intensificado las tareas de limpieza y si se encontrase utilizando los instrumentos necesarios para desinfectar los servicios de acuerdo con las recomendaciones de prevención e higienización vigentes a la fecha, indicándose concretamente el modo en que se desinfectan los servicios de cada hospital y sectores comunes, y si los hospitales cuentan con servicio de limpieza las 24 horas del día.
d) informase y acreditase el modo como se garantiza el derecho a la comunicación de los pacientes internados en los hospitales psiquiátricos, tanto con sus familiares como con sus defensores, debiéndose indicarse concretamente si la totalidad de los servicios y consultorios de los hospitales Borda, Moyano, Alvear y Tobar cuenta con telefonía fija, si se permiten realizar llamados, con qué frecuencia y en su caso bajo qué modalidad. Además, para el caso de que tal derecho no estuviera garantizado, ordenó que arbitrase los medios para que se garantizase la libre accesibilidad de comunicación con el exterior de las personas internadas.
e) informase al tribunal si se ha puesto en conocimiento de los usuarios y/o personas internadas en los hospitales monovalentes de salud mental de las medidas de prevención y cuidado que deben adoptar en punto a evitar la propagación y contagio del virus.
f) Informase y acreditase los talleres, terapias ocupacionales y actividades recreativas con las que cuenta cada nosocomio (Hospital Borda, Hospital Moyano, Hospital Alvear y Hospital Tobar García), frecuencia de las mismas, cuáles han debido ser suspendidas, si se permite el ingreso de acompañantes terapéuticos y/o familiares, si las salidas se encuentran permitidas y en qué casos (jueza Petrella).
1. Derecho a la salud. Salud mental. Reglas de Brasilia.
“[E]l derecho a la salud es un derecho humano fundamental, y que en la materia existen competencias concurrentes entre Nación y provincias. Por ello, los distintos estados cuentan con amplias facultades de regulación y control en materia de salud, con el único límite de no restringir aquello que ha sido reconocido a nivel nacional“.
“[L]a Ley Nacional de Salud Mental nro. 26.657 en tanto asegura la protección del derecho a la salud mental de todas las personas, [reconoce] que ésta es un proceso determinado por componentes históricos, biológicos, socioeconómicos, culturales y psicológicos cuya preservación implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos. Asimismo, se establece que el eje de las políticas públicas sobre el particular deberá ser puesto en la singularidad de las personas”.
“La recepción jurisprudencial ha sido importante y ha abordado las distintas aristas de esta problemática. La CSJN ha afirmado que el Estado Nacional es el garante del derecho de preservación de la salud […] sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales[…]. `El principio de actuación subsidiaria que rige en esta materia se articula con la regla de la solidaridad social, pues el estado debe garantizar una cobertura asistencial a todos los ciudadanos, sin discriminación social, económica cultural o geográfica y ello impone su intervención cuando se encuentra superada la capacidad de previsión de los individuos o pequeñas comunidades´ […].
A su vez, este pronunciamiento debe hacerse eco de las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad, particularmente en cuanto a la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, y aplicando las pautas allí previstas a lo largo del proceso, así como de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales que integran la Ley nacional de Salud Mental (art. 2), específicamente los Nros. 12. 13 y 14”.
2.Emergencia sanitaria. Salud mental. Vulnerabilidad.Control de internación.
“[E]n el marco de la pandemia por la que atraviesa la sociedad, los problemas de las personas con padecimientos mentales no han resultado una prioridad. En efecto, a la hora de dictar las normas de salud pública vinculadas al COVID-19, no se ha siquiera mencionado la problemática de las personas citadas, máxime aquellas que están internadas en Hospitales Monovalentes, muchas de las cuales constituyen población de riesgo por su condición de salud y además ya estaban sometidas a una situación de encierro. Ello no hace más que confirmar […] que las personas con padecimientos mentales constituyen uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, especialmente por estar invisibilizadas y naturalizada su condición de encierro. Cientos de personas están privadas de su libertad ambulatoria y de otros tantos derechos por el mero hecho de estar enfermas. En un momento en que desde los gobiernos se propicia el aislamiento social obligatorio para todos […] hace décadas que las personas internadas en los hospitales monovalentes de la CABA están aisladas y son invisibles para todos.
En efecto, las personas con trastornos mentales constituyen una parte vulnerable de la sociedad y se enfrentan al estigma, la discriminación y la marginación, lo que aumenta las posibilidades de que se violen sus derechos humanos…”.
“La omisión del estado local en materia de obra pública, de políticas sanitarias, de cumplimiento de preceptos constitucionales en materia de salud mental así como el cumplimiento de las normas referidas a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en cabeza del estado local, sí resultan competencia de la justicia contenciosa de la Ciudad”.
3. Emergencia sanitaria.Salud mental. Vulnerabilidad. Medidas de acción positiva.
“[L]os trastornos de salud mental pueden aumentar el riesgo de infecciones, incluida la neumonía […] En segundo lugar, una vez infectados con el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que da como resultado COVID-19, las personas con trastornos mentales pueden estar expuestas a más barreras para acceder a servicios de salud oportunos, debido a la discriminación asociada con problemas de salud mental en entornos de atención médica. Además, las comorbilidades del trastorno de salud mental a COVID-19 harán que el tratamiento sea más desafiante y potencialmente menos efectivo. Por último, la epidemia de COVID-19 ha causado una epidemia paralela de miedo, ansiedad y depresión.
Las personas con afecciones de salud mental podrían verse influidas de manera más sustancial por las respuestas emocionales provocadas por la epidemia de COVID-19, lo que resulta en recaídas o empeoramiento de una afección de salud mental ya existente debido a la alta susceptibilidad al estrés en comparación con la población general. Las epidemias nunca afectan a todas las poblaciones por igual y las desigualdades siempre pueden impulsar la propagación de infecciones. Para paliar tales problemas, la salud pública debe propiciar una atención adecuada y necesaria a las personas con trastornos de salud mental en la epidemia de COVID-19…”.
4. Derecho a la salud. Principio de dignidad humana.
“En orden a todo ello […] –más allá del derecho a la salud en general y a la salud mental en particular– el principal derecho que encuentro conculcado en el caso de marras, y es en el que fundamentalmente[se basará] este decisorio, es el derecho a la dignidad, toda vez que en las condiciones en las que viven los internos de los hospitales psiquiátricos de la Ciudad en el marco de la pandemia actual, se advierte claramente su violación. [E]l derecho a la dignidad va aun más allá que el derecho a la vida, ya que se engloba en el llamado `derecho a la dignidad de la vida´ […].
Por otro lado, la desaferentación afectiva psicológica y social sostenida en el tiempo puede generar síntomas de deterioro cognitivo y motriz que cursan con la propia patología y llevan a las personas a una exclusión que constituye una afrenta a la dignidad humana. Ese ser marginado tiene derecho a transitar su enfermedad en otras condiciones y es el Estado –a través del derecho– quien tiene que garantizar que la violación al derecho humano no se configure evitando el confinamiento que excluye y descompone al sujeto frente a sus habilidades de interacción convirtiéndolo en objeto. Ello se evita mediante el cambio de paradigma que proponen los Tratados Internacionales, la Ley de Salud Mental Nacional y la de la Ciudad”.
5. Medidas cautelares. Peligro en la demora.
“[E]l peligro en la demora resulta del potencial peligro que puede significar para un colectivo vulnerable la posibilidad de contagio […]. En este punto devienen aplicables todas las recomendaciones formuladas por la Comisión, pero particularmente las que abarcan a las personas en situación de extrema vulnerabilidad como aquellas con padecimientos mentales…”.
“[E]n cuanto al peligro en la demora y ante el marco fáctico que toda la comunidad argentina está atravesando debido a la pandemia oportunamente así declarada por la Organización Mundial de la Salud y, luego, por la restricción de circulación y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, resulta evidente la situación relatada […] da cuenta de la situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas con padecimientos mentales y por ende la necesidad de actuar con la premura que amerita lo aquí peticionado”.
6. Derecho a la salud. Salud mental. Verosimilitud del derecho.
“En síntesis, la verosimilitud del derecho también es evidente a la luz del elenco de normas que protegen el derecho a la salud mental, interpretado armónica y simultáneamente con aquellas que prevén la emergencia sanitaria derivada del COVID19 […].
En el caso de marras, la garantía que conlleva una tutela eficaz en el marco de los tratados internacionales de protección que resultan aplicables a nivel local por conducto del art. 10 de la CCABA impone una obligación al estado, en tanto se trata de hechos que involucran […] a un grupo en especial situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad psicosocial.
En las condiciones reseñadas, tomando en consideración el hecho de que el peligro en la demora surge evidente en el marco de la emergencia sanitaria que se está viviendo, no resulta irrazonable concluir en que serían mayores los perjuicios que se causarían en el caso de que no se concediera la cautelar peticionada...”.
DERECHO A LA SALUD; SALUD MENTAL; REGLAS DE BRASILIA; EMERGENCIA SANITARIA; VULNERABILIDAD; CONTROL DE INTERNACIÓN; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; MEDIDAS CAUTELARES; PELIGRO EN LA DEMORA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
CNMD (causa N° 13017)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso, revocó la decisión y dispuso la habilitación de feria judicial extraordinaria (jueces Picasso, Li Rosi y Molteni).
1. Emergencia sanitaria. Feria judicial. Habilitación. Acordadas. Alimentos.
“Las razones de urgencia que determinan la habilitacióndel feriado judicial son aquellas que entrañan para los litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional. Por lo tanto, la intervención de los tribunales de feria tiende, en principio, a asegurar únicamente el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de medidas ya decretadas, motivo por el cual, para que proceda aquella habilitación, deben concurrir estrictamente los supuestos contemplados por el art. 153 del Código Procesal, que –como se sabe– son de excepción […]
Ahora bien, el pto. 4 de la Acordada 4/2020 de la CSJN del16/3/2020, dejó claramente establecido que, en razón de la pandemia de COVID19 (coronavirus), la modalidad de escritos enviados a través del sistema lex 100 `con habilitación de días y horas inhábiles´[…] está reservada a los casos de urgencia donde el acceso a la justicia no admita demora. Es por ello que en su resolución de fecha 20 de marzo, el Tribunal de Superintendencia expresamente estableció que la habilitación de días y horas inhábiles lo es para cuestiones de familia muy urgentes.
Por lo demás, el día 19 de marzo de corriente año se dictó el decreto 297/2020, prorrogado mediante decreto 325/2020, 355/2020, 408/2020 y 459/2020 [….].Que tal circunstancia motivó el dictado de la Acordada n°6/2020, expte. 1207/2020, mediante la cual la CSJN estableció […] feria extraordinaria, respecto de todos los tribunales federales y nacionales y demás dependencias que integran este Poder Judicial de la Nación […].
Las mentadas normas refieren que a los fines de habilitar dicho receso `se deberá tenerse especialmente en consideración, entre otras, las siguientes materias: […] b) no penal: asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género, amparos – particularmente los que se refieran a cuestiones de salud´.A partir de lo expuesto y dado el tenor del pedido formulado,que encuadra dentro de los motivos de urgencia que justifican la habilitación dela feria judicial, corresponde admitir lo solicitado y dejar sin efecto la resolución recurrida”.
EMERGENCIA SANITARIA; FERIA JUDICIAL; HABILITACIÓN; ACORDADAS; ALIMENTOS;
Raña (causa N° 32094)Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, por unanimidad, hizo lugar al recurso y modificó la calificación legal por la de cultivo para consumo personal. A su vez, dispuso que el juzgado revisara la medida de coerción dispuesta (juezas Ermili y Oyhamburu y juez Dalto).
1. Cultivo de estupefacientes. Cannabis. Tipicidad. Dolo. Tráfico de estupefacientes.
“No resulta posible acreditar el propósito subjetivo que la figura requiere, esto es el destino ilegítimo del cultivo de plantas destinadas a producir estupefacientes en los términos del artículo 5 inciso a) de la ley 23737”.
“La valoración probatoria que […] lleva a proponer al Acuerdo el cambio de calificación legal solicitado por la Defensa no se ve afectada –en este caso– por la cantidad de cannabis sativa incautada (ya sea en hojas, flores, ramas, raíces) o porque la vivienda posea cámaras de seguridad, o tenga un perímetro de rejas de una altura superior a los tres metros con alambres de tres hilos.
Tampoco alcanza para demostrar el dolo de tráfico […] que en una habitación junto a un ropero hubiese seis cajas de cartón que contenían flores o cogollos de Cannabis Sativa; que en otra habitación se encontrasen otras cajas, latas frascos y bolsa de residuos que contenían también flores o cogollos, como así también una bolsa con fertilizante para el cultivo. Ello es así porque […] se requiere cierta cantidad de la sustancia para la preparación del aceite y […] no todo lo secuestrado sirve a tales fines. [N]o se pudo acreditar el dolo de tráfico exigido por el tipo subjetivo en cuestión”.
“[N]o se pudo constatar la comercialización que requiere la figura penal endilgada. Tampoco surge […] la concurrencia de presuntos compradores a la vivienda del imputado ni otras circunstancias que indicaran que en el domicilio se desarrollaran actividades sospechosas. En este marco es que adquiere trascendencia el relato del procesado…”.
“Por otra parte, el lugar donde fueron halladas las plantas, flores, ramas, hojas, raíces o los frascos de aceite revela indudablemente que se produjo en lugares de exclusivo acceso del procesado de autos, es decir en su esfera íntima de custodia y dominio”.
“Para el reproche de la infracción al Art. 5 inc. a) de la Ley 23.737, debe suponerse una finalidad de comercio en el cultivo, siembra o guarda, o que estos comportamientos sean parte de un tramo de la cadena de comercialización de estupefacientes. O sea que se trate de actos que integren de algún modo la cadena de tráfico de estupefacientes. Y donde el sujeto activo exteriorice un dolo de tráfico”.
“Singular atención debe prestarse al concepto de ‘escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias’ que acuña el anteúltimo párrafo del artículo 5 de la ley 23737, la cual indudablemente tiene que ir de la mano con la posibilidad de producción que puede obtenerse de la superficie y cantidad de la siembra en cuestión, así como también debe considerarse el ciclo temporal necesario para que esa siembra o cultivo dé sus frutos y pueda ser utilizado para el consumo”.
2. Cannabis. Derecho a la salud. Tratamiento médico.
“A estas circunstancias debe adunarse los efectos positivos del tratamiento con el aceite de Cannabis que surge del informe producido por la Asesoría pericial departamental”.
“[L]a salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios…”.
“[E]n los últimos años se ha observado un creciente interés médico (pero especialmente, de pacientes y de sus familiares, y organizaciones no profesionales), en el potencial terapéutico de derivados o productos del cannabis como analgésico (en caso de dolor crónico neuropático), como antiemético (náuseas y vómitos postquimioterapia), como anticonvulsivante/antiepiléptico (en epilepsia refractaria), y como orexígeno (en pacientes con HIV/SIDA y cáncer). Actualmente, se ha sumado la investigación preclínica y clínica en enfermedades degenerativas neurológicas (esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, corea de Huntington y enfermedad de Alzheimer), en epilepsia refractaria, en dolor crónico (especialmente neuropático) y en glaucoma. Este interés conllevó a un amplio y extenso debate sobre su real utilidad terapéutica, frente a la importante promoción de su uso manifestada por distintas asociaciones no profesionales de pacientes para el uso de preparados de dicha planta (por ejemplo: aceites de cannabis)”.
CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; CANNABIS; TIPICIDAD; DOLO; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO;
VEP (causa N° 30917)Juzgado Nacional Civil Nro. 4
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 4 hizo lugar al planteo de V. y dispuso que se instrumentase un período de alternancia de convivencia de las niñas con sus progenitores. Además, dispuso que los progenitores debían asegurar que sus hijas estuviesen equipadas con elementos de seguridad, como barbijos, máscaras faciales o antiparras, guantes, y calzado y ropa para ser retirados y lavados. Por último, dispuso que las medidas dispuestas se extendieran mientras durase el aislamiento y mientras se extendiese la interrupción de la actividad escolar presencial (juez Hagopián).
1. Familia. Género. Igualdad. No discriminación. Maternidad. Cuidado personal.
“[C]obra particular relevancia señalar lo dispuesto en el art. 5 de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer que en su art. b dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para `Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos´.
Sentado ello, en autos se advierte que las tareas de cuidado cotidiano de L. y V. han recaído exclusivamente sobre la progenitora desde el inicio del ASPO […], y que si bien el progenitor ha manifestado haberse involucrado en las necesidades de las pequeñas, lo cierto es que lo ha hecho de forma virtual o a la distancia”.
2. Familia. Solidaridad. Cuidado personal.
“[C]orresponde señalar que el principio de solidaridad familiar debe iluminar las resoluciones de casos como el de autos. Al respecto, se ha definido que la solidaridad implica adhesión a la causa, situación o necesidad de otro; el principio de solidaridad se cuenta entre aquellos que en ninguna circunstancia puede suspenderse, por su utilidad práctica en situaciones extremas como habituales y porque recoge una noción presente en la sociedad […].
[R]esulta justo, razonable y acorde al principio de solidaridad familiar, que los progenitores alternen los cuidados de L. y V., de forma tal de distribuir más equitativamente las tareas de cuidado de las hijas, mientras dure el ASPO, y fundamentalmente mientras se extienda la interrupción de la actividad escolar presencial”.
“Sentado ello […] corresponde agrupar estos días de convivencia y cuidado asumidos por el progenitor, para evitar la multiplicación de traslados mientras dure el ASPO, y fundamentalmente mientras se extienda la interrupción de la actividad escolar presencial. Máxime, teniendo en cuenta, por un lado, la cercanía entre los domicilios de la madre y el padre, y por el otro, que esta modalidad permitiría al progenitor atender la explotación agropecuaria referida y a su propia madre”.
3. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“Finalmente, debe ponerse de resalto que la Decisión Administrativa 703/2020 […] incorporó al listado de excepciones al cumplimiento `del aislamiento social, preventivo y obligatorio´ y a la prohibición de circular, a las personas involucradas en el traslado de niños, niñas y adolescentes, al domicilio del otro progenitor o progenitora o referente afectivo, siempre que ello sea en el interés superior del niño, niña o adolescente, pudiendo realizarse este traslado una vez por semana […].
Con relación a esta normativa, […] –dentro de este contexto sanitario fluctuante– no corresponde aferrarse al pie de la letra, con rigorismo manifiesto a determinaciones administrativas generales, sino realizar una interpretación adecuada del texto, que respete el espíritu de las normas superiores sin hacer daño a las niñas”.
FAMILIA; GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; MATERNIDAD; CUIDADO PERSONAL; SOLIDARIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Cortez, BM (causa N° 20131)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 revocó las sanciones disciplinarias impugnadas (jueces Giménez Uriburu y Costabel y jueza Namer).

1. Cárceles. Sanciones disciplinarias. Prueba. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo.
“[L]os fundamentos de ambas sanciones se circunscriben exclusivamente a dichos de los agentes del servicio penitenciario, los que están contextualizados en un escenario en el cual no existió la posibilidad de contar, como dice la defensa, con dichos ajenos a los agentes que acrediten tal circunstancia”.
“[C]onsiderando las circunstancias y el contexto en que el imputado habría efectuado las manifestaciones que le fueron imputadas, sería de utilidad contar con otros testimonios que respalden las exposiciones de los agentes, que permitan conocer al tribunal mayores detalles sobre el modo y alcance de los dichos, a fin de evaluar su encuadre como hecho susceptible de sanción administrativa.
En ese sentido, si bien los preventores hacen alusión a la falta de compostura [de la persona] en la forma de dirigirse hacia ellos, también lo es, como lo dice en su descargo el imputado, que de los dichos surgían manifestaciones de desacuerdo con sus condiciones de detención; motivo por el cual, resulta imposible con las pruebas obrantes en el sumario, discriminar si se está ante una queja válida del imputado en el marco de su libertad de expresión por un cambio de pabellón en contra de su voluntad, o ante una falta de respeto o compostura hacia el personal del Servicio Penitenciario Federal, tipificada como infracción. Es por ello que, considerando las particulares características de los casos en estudio, […] el cuadro probatorio no tiene entidad suficiente para confirmar las sanciones impuesta…”.
CÁRCELES; SANCIONES DISCIPLINARIAS; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Llanquinao (Causa n° 11463)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca
El Tribunal Oral Federal de General Roca declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 10 del Código Penal y concedió la libertad condicional al imputado (juez Bracco).
1. Ejecución de la pena. Control judicial. Control de constitucionalidad.  
“[D]ado el tenor de los cambios que introdujo la ley 27.375 […]-que ahora se erigen como obstáculo para la concesión de la libertad condicional [del imputado]-, se impone determinar si dicha normativa supera el estándar mínimo de derechos impuesto por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Ello, por cuanto la ley 24.660 impone un control judicial permanente sobre la ejecución de las penas privativas de la libertad en cualquiera de sus modalidades…”.
“[E]l control de constitucionalidad y convencionalidad procede aún si no media petición de parte […], pues a quienes [están] investidos de la magistratura y siempre en el marco de [su] función jurisdiccional [les] incumbe mantener la fiel observancia de la ley fundamental y de los pactos internacionales que tienen [esa] misma jerarquía, prescindiendo al decidir de cualquier disposición de los poderes constituidos que se encuentre en oposición al denominado bloque de constitucionalidad”.
2. Ejecución de la pena. Reinserción social. Progresividad de la pena.
“[L]a finalidad de reinserción social de la pena, como derecho humano, tiene previsión constitucional y deriva del principio de dignidad humana que consagra la máxima kantiana que ve al hombre como un fin en sí mismo, sin que pueda ser utilizado como medio para lograr una meta ulterior…”.
“[T]anto el ordenamiento jurídico nacional como el internacional imponen una finalidad de reinserción social de la pena. Dicho propósito se expresa en la práctica en la adopción de un sistema progresivo en función del cual el penado ingresa a un régimen cerrado de privación de la libertad y va avanzando paulatinamente, en razón de su esfuerzo individual y voluntario, hacia regímenes abiertos. Tal tratamiento se basa en la autodisciplina e, innegablemente, los institutos de libertad anticipada (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida) cumplen una función primordial e insustituible en la preparación del condenado para su regreso al medio libre”.
3. Ejecución de la pena. Reforma legal. Progresividad de la pena. Reinserción social.
“[L]a reforma introducida por la ley 27.375 incurre en una gran contradicción al presentarse como un régimen progresivo cuando, en verdad, […] obturan su consecución eliminando sus incentivos fundamentales. [I]gnorar el valor de los estímulos que se generan ante la posibilidad de acceder a los institutos de libertad anticipada implica deshumanizar el tránsito del interno por dicho régimen”.
“No es posible eliminar las herramientas que permiten la reinserción social y sostener, al mismo tiempo, que es esta última la que se persigue mediante un régimen progresivo que, en verdad, queda despojado de sus características esenciales, para quienes cometieron ciertos delitos”.
“[E]l sistema de fuentes aplicable al caso […] reconoce el carácter resocializador de la pena en nuestro sistema y su implementación mediante un régimen de progresividad; y, a su vez, que la ley 27.375 que modificó el Código Penal y la ley 24.660 se contrapone a aquella. Esta circunstancia priva de legitimidad a la reforma…”.
4. Libertad condicional. Igualdad. Declaración de inconstitucionalidad.
“[U]n segundo problema de orden constitucional emerge cuando se analiza el criterio por el cual se decidió impedir a determinado grupo de personas acceder a institutos como el de la libertad condicional”.
“[E]l principio de igualdad, de raigambre constitucional […] implica que todas las personas sujetas a una legislación determinada deben obtener el mismo tratamiento siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones”.
“[P]ara evaluar si hacia dentro de una categoría determinada se hallan personas excluidas del goce de un derecho que sí se reconoce a otros, el Poder Judicial debe realizar un análisis de razonabilidad de las pautas de construcción de esa categoría”.
“[L]as distinciones que efectúa el legislador en supuestos que estima distintos deben obedecer a pautas objetivas de diferenciación y no a propósitos de persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas…”.
“[A]l dictar la ley 27.375, el legislador discriminó situaciones análogas utilizando como criterio, únicamente, el delito por el que se dictara sentencia de condena, desentendiéndose de la situación particular del condenado y excluyéndolo del régimen progresivo y del fin resocializador de las penas. Tal distinción se advierte a todas luces arbitraria e irrazonable, puesto que no se han establecido elementos objetivos que permitan fundamentar un tratamiento desigual entre la población de condenados, ni es posible determinar un denominador común que llevara a escoger esos delitos en particular”.
“[E]l criterio subyacente a las categorías creadas se basa en una presunción de peligrosidad que termina por dinamitar [la] legitimidad del criterio legislativo adoptado. Ello, por cuanto constituye un estándar insuficiente para determinar ex ante un tratamiento penitenciario específico que no admitiría prueba en contrario y que, además, resulta violatorio del principio de igualdad ante la ley, pues, como he dicho, quita a unos lo que se da a otros en similares circunstancias”.
5. Igualdad. No discriminación. Reinserción social. Principio pro homine. Declaración de inconstitucionalidad.
“[L]a discriminación efectuada por la ley 27.375 no puede ser sostenida sin vulnerar el principio de igualdad ante ley porque niega el derecho a la reinserción o readaptación social a un grupo determinado de personas, sin otro fundamento que el delito por el que resultaron condenados”.
“[L]a restricción introducida por el legislador no supera el estándar constitucional, vulnerando el principio de igualdad, pues basa sus distinciones únicamente en función del delito por el que se estableció condena, con la fijación de una regla genérica que impide a un sector de la población carcelaria acceder a los derechos que se les reconocen a otros, desatendiéndose infundadamente del tratamiento individualizado y de la situación en concreto de cada condenado”.
“[L]a solución […] a adoptar se inscribe dentro de los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido fallo [‘Acosta’], en donde destacó la importancia del principio pro homine que impone que siempre deberá efectuarse la interpretación de la ley penal que más derechos acuerde al individuo frente al poder estatal, es decir, que deberá escogerse la hermenéutica que sea menos restrictiva para el ejercicio de los derechos fundamentales comprometidos…”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; CONTROL JUDICIAL; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; REINSERCIÓN SOCIAL; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; REFORMA LEGAL; LIBERTAD CONDICIONAL; IGUALDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO PRO HOMINE;
Merret (causa n° 40620)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba N° 1 ordenó el extrañamiento del imputado y declaró extinguida su pena (jueza Prado).
1. Emergencia sanitaria. Expulsión de extranjeros.
“[A] los fines del extrañamiento de un ciudadano extranjero condenado en el país, [se] requiere […] que el interno haya cumplido con la mitad de la pena y no cuente con causa penal abierta que habilite su detención o condena pendiente, pudiendo ser extrañado del país por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, con declaración de extinción de la pena por el juez de ejecución penal”.
“[D]ados el escaso tiempo que resta para acceder [al extrañamiento] (poco más de tres meses) y los términos de la petición de la defensa —del que surge la posibilidad concreta de su embarque en vuelo de repatriación de ciudadanos ingleses, programado para el 12.05.2020—, corresponde decidir sobre la procedencia de una anticipación de la medida de extrañamiento, en función de las recomendaciones efectuadas por la Cámara Federal de Casación Penal, así como de la emanada [del] [Comunicado 66/20 de la Comisión IDH], ambas motivadas en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional por pandemia —COVID-19—, por concurrir en el caso circunstancias que motivan atención”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Expulsión de extranjeros.
“[E]l Tribunal de Alzada expresó su preocupación —mediante la [Acordada N° 3/20]— y definió después —en [la Acordada 9/20]— ciertos parámetros de actuación para guiar la intervención de los órganos jurisdiccionales frente a los desafíos que plantea la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en el contexto de la pandemia de Coronavirus (COVID-19). Postuló así diversas medidas de alcance general que implican alternativas al encierro, sea para quienes se encuentran en prisión preventiva o para quienes se hallan condenados”.
“En [la Acordada 9/20], el tribunal casatorio hizo hincapié en la importancia de la adopción de medidas alternativas al encierro, con los mecanismos de control y monitoreo correspondientes. Puntualizó en tal sentido una serie de hipótesis de procedencia, siendo de interés las del punto 2: b) personas condenadas por delitos no violentos y estén próximas a cumplir la pena impuesta; d) personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos; y f) personas con mayor riesgo para la salud frente a la pandemia. En el caso de autos, [el imputado] cuenta con 62 años de edad y padece Diabetes […], lo que indica que integra el denominado grupo de riesgo ante la pandemia ocasionada por coronavirus…”.
“[El imputado] ha sido condenado —mediante sentencia firme— por un delito no violento y se halla a poco más de tres meses de cumplir la mitad de la pena, lo cual le permitiría ser extrañado conforme en los términos del art. 64 inciso ‘a’ de la ley 25.871”.
“[D]ada la proximidad de la fecha de su extrañamiento en los términos desarrollados con anterioridad, a lo que se añade el actual contexto de excepción que se transita a nivel mundial, puede afirmarse —en consonancia con el dictamen fiscal— que su situación encuadra en los supuestos contemplados en la [Acordada 9/20] de la Cámara Federal de Casación Penal”.
EMERGENCIA SANITARIA; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; CÁRCELES; HACINAMIENTO;
MJL (causa N° 16887)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la decisión y dispuso que la notificación ordenada fuera cumplida por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp a través de un teléfono celular de la titularidad de la Defensoría General de la Nación (jueza Guisado y Juez Rodríguez).
1. Género. Protección integral de la mujer.Violencia de género.
“El primer elemento a tener en cuenta es que se trata de una mujer. Su condición de vulnerabilidad se encuentra expresamente reconocida por nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 23), razón por la cual su consideración resulta insoslayable a la hora de establecer pautas de mayor o menor rigurosidad referidas a las formalidades exigibles en los procesos específicamente promovidos para la tutela de sus derechos”.
“A ello se agrega que su situación y la de todo el grupo familiar ha sido valorada por el cuerpo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica como de altísimo riesgo. Por lo tanto, las medidas para proteger su integridad psicofísica fueron dictadas en el marco del artículo 26 de la ley 26.485, que tiene entre sus objetivos primordiales –artículo 2, inciso f]– el de garantizar `el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia´. Esta norma interna, desde luego, es coherente con los deberes previamente asumidos por el Estado Nacional a nivel convencional para establecer procedimientos judiciales que resguarden a las mujeres de cualquier tipo de agresión […]. En definitiva, […] el poder judicial constituye la primera línea de defensa para la protección de los derechos de las mujeres y por eso la importancia de que su respuesta resulte efectiva e idónea…”.
2. Reglas de Brasilia. Acceso a la justicia.Violencia de género.
“La necesidad de simplificar el acceso a los procesos judiciales y de facilitar una tramitación ágil y oportuna en los casos de violencia contra las mujeres también surge de las `100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad´, cuyo seguimiento fue expresamente postulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la acordada 5/2009. Además de los números 19 y 20, que contienen pautas de actuación generales similares a las hasta aquí descriptas, importa destacar que las nuevas tecnologías ocupan un papel preponderante al establecerse que `se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad´(regla número 95)”.
“[E]l acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia no supone únicamente el dictado de medidas de protección para su integridad psicofísica. Por el contrario, es necesario que esas decisiones vengan acompañadas de herramientas ágiles, dinámicas, versátiles, etcétera, que permitan comunicarlas y verificar su cumplimiento con la mayor rapidez y eficiencia posible. La tecnología tiene entonces un rol indiscutible en esa última etapa para garantizar una tutela judicial efectiva”.
3. Emergencia sanitaria. Telecomunicaciones. Notificación. Derecho de defensa.
“[L]a emergencia pública en materia sanitaria declarada a partir del decreto 260/2020 y el posterior aislamiento social, preventivo y obligatorio instaurado por el decreto 297/2020 y sus prórrogas han alterado profundamente la vida de todos los integrantes de la sociedad…”.
“[D]eben flexibilizarse las normas procesales de acuerdo con lo previsto por el artículo 706 inciso a] del Código Civil y Comercial y compatibilizarse el estado de emergencia actual con los derechos de las partes, tanto en lo que hace a la tutela de la integridad de la apelante como también al de defensa del denunciado […]. En esa ponderación, este colegiado considera razonable la propuesta elevada por el abogado patrocinante integrante del Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género consistente en que la notificación sea realizada por medio de la aplicación WhatsApp a través de un teléfono celular de titularidad de la Defensoría General de la Nación…”.
GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VIOLENCIA DE GÉNERO; REGLAS DE BRASILIA; ACCESO A LA JUSTICIA; EMERGENCIA SANITARIA; TELECOMUNICACIONES; NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA;
Romero (causa N° 14634)Juzgado Federal de 1a Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de Posadas
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas hizo lugar a la acción y ordenó a la obra social a que arbitrase los medios necesarios para que suministrase la cobertura integral al 100% del aceite de cannabis a través del régimen de acceso de excepción a medicamentos no registrados. Además, dispuso que los padres de la niña comunicasen al juzgado el cumplimiento de los trámites para la inscripción de la niña al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento del Ministerio de Salud para el uso medicinal del cannabis (juez Casals).
1. Derecho a la salud. Niños niñas y adolescentes. Personas con discapacidad.
“[L]a presente acción, involucra la presencia delderecho a la preservación de la salud, que constituye un derecho humano fundamental, alque nuestro ordenamiento jurídico ha dotado de la máxima protección normativa […]. En particular, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su art. 24…”.
“Sumado a ello, [la niña], en su condición de [personas con discapacidad], goza de un régimen especialmente tuitivo instaurado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. En sus cláusulas se prescribió que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias y el derecho a una mejora continua de sus condiciones de vida”.
2. Derecho a la salud. Cannabis. Responsabilidad del Estado. Medidas de acción positiva.
“[T]eniendo en cuenta el grave cuadro desalud de la menor, reconocido por todas las partes, los padecimientos sufridos a lo largo de su corta vida, por la niña y sus padres, [es] imperativo salvaguardar la mejoría que éstos alegan haber alcanzado mediante la utilización del aceite cannabico. De forma tal, que cualquier tipo de retroceso ante estos avances en su calidad de vida –y en el de su familia– se torna inadmisible.
Así, siendo que el concepto de salud implica un estado de completo bienestar físico, mental y social –y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades– el cuadro descripto […] permite afirmar que el derecho no puede resultar indiferente al sufrimiento humano”.
“[C]onsagrar el derecho al uso medicinal del cannabis sin la posibilidad de garantirlo implicaría una suerte de reconocimiento de derechos como meros principios de buena voluntad, así la CSJN sostuvo que `el Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquéllos no se torne ilusorio´ (Fallos, 323:1339)”.
DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CANNABIS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Roig Vargas (causa N° 12574)Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, de manera unipersonal, concedió el arresto domiciliario al imputado (jueza Rojas).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“[A]nalizadas las circunstancias de la causa y antecedentes de salud del procesado y teniendo especial atención [al] diagnóstico médico del médico de la Unidad Penal, […] la solicitud de prisión domiciliaria debe prosperar. Ello así, teniendo en cuenta que la amenaza del padecimiento de COVID 19 es real y ante situaciones como la del procesado Roig Vargas el Estado debe resguardar su derecho a la salud.
En efecto, en nuestra función de control de la situación de los detenidos y en miras a procurar su mayor protección frente a la amenaza de la enfermedad que asola al mundo entero, debemos tomar medidas que en lo posible neutralicen el grave riesgo que la misma implica. [E]sto debe direccionarse a aquellos internos que por sus condiciones de salud preexistentes y/o edad forman parte del grupo vulnerable frente al coronavirus, pudiendo, en caso de infección agravarse su cuadro. Y aún si este no fuera el caso, atento a que por su enfermedad pueden llegar a requerir una atención médica externa -habitualmente en una dependencia hospitalaria-, a su reingreso podrían favorecer la propagación y el contagio masivo de la población carcelaria.
Debe tenerse presente que la concesión de la prisión domiciliaria se trata de una facultad del órgano judicial que se debe evaluar en los términos de lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley 24.660, […] normas que hoy deben interpretarse a la luz de la emergencia sanitaria nacional. En función de ello, y resultando un paciente de riesgo el procesado Roig Vargas, se hace aconsejable que el nombrado, prosiga cumpliendo la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario, ello hasta tanto este Tribunal estime que el peligro para sí y para terceros se encuentra neutralizado”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Prisión preventiva. Riesgos procesales.
“[E]l nombrado reviste la calidad de procesado, hace más de un año que viene cumpliendo su prisión preventiva y desde el inicio de la causa mostró una actitud de sujeción al proceso y colaboración, en tanto reconoció su intervención en los hechos y explicó los motivos que lo llevaron a incurrir en los mismos. De modo alguno [esto implica una manifestación] sobre la responsabilidad del nombrado, pero por cierto esta actitud, a la luz de los hechos investigados hace aplicable el criterio sostenido por la Cámara Federal de Casación Penal en orden a tener en cuenta ciertos parámetros para adoptar medidas alternativas al encierro en el marco de la grave situación generada por la pandemia de COVID-19.
En este sentido, a través de las Acordadas N° 2/20, 3/20 y reiterando y ampliando sus argumentos en la N° 9/20 la Excma. Cámara Federal de Casación Penal pone especial énfasis a la emergencia penitenciaria realizando recomendaciones vinculadas a la adopción de medidas alternativas al encierro, respecto de, entre otros, ‘personas en prisión preventiva [+ …que no representen un riesgo procesal significativo…’”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; PRISIÓN DOMICILIARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES;
Koutsovitis (causa N° 3010)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 de la CABA declaró su incompetencia y, como medida precautelar, ordenó al GCBA que: a) elaborase un plan de contingencia ante posibles emergencias sanitarias que garantizase la entrega de agua para todos los usos en los barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; b) incrementase la entrega de agua a granel para todos los usos (consumo directo, manipulación de alimentos, higiene personal, higiene del hogar, etc) en los barrios que no contasen con suministro continuo de agua corriente; y c) elaborase e implementase un protocolo de actuación que brindase pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias, junto a medidas preventivas que las familias debiesen adoptar para evitase el riesgo sanitario. Finalmente estableció que la medida rigiese hasta que el tribunal competente resolviese la procedencia de la medida cautelar solicitada (juez Otheguy).
1. Medidas cautelares. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Peligro en la demora.
“[C]orresponde analizar la procedencia de la medida cautelar requerida en el marco de lo previsto por el art. 179 del CCAyT, en virtud de que, en la duda, dado los dichos de la actora y de la demandada para un área tan vasta, respecto de derechos esenciales como los de salud y vida, corresponde tener por configurado el peligro en la demora.
Dicho artículo reconoce validez a las medidas cautelares que se ordenen por un tribunal incompetente siempre que se hayan dispuesto de conformidad con las prescripciones del CCAyT y que inmediatamente después de requerido, se remitan las actuaciones al tribunal que sea competente“.
“En el mismo sentido, cabe poner de manifiesto que, si bien en el supuesto de autos la medida requerida implica resolver, aunque en forma provisoria, sin debate previo una cuestión litigiosa que involucra la resolución de la cuestión de fondo debatida, cierto es que a ello debe contraponerse la posible afectación de derechos esenciales.
Asimismo, [se] ha reconocido la posibilidad de dictar resoluciones precautelares como provisiones temporarias o in extremis, cuya finalidad también es la preservación del objeto procesal, haciendo prevalecer razones de urgencia por sobre otros requisitos de viabilidad, sin que por ello proceda prescindir absolutamente de una ponderación sobre la existencia del derecho pretendido, aunque más no sea de forma somera en el terreno de lo hipotético […].
[E]l tribunal en el acotado marco de conocimiento que el dictado de la presente medida exige, advierte que la prudencia aconseja tener en cuenta la urgencia que preanuncia el peligro en la demora.El rango de los valores en juego torna viable dicha medida […] con carácter provisional, toda vez que se encontrarían configurados los requisitos de procedencia del remedio procesal intentado”.
2. Emergencia sanitaria.
“La incidencia de la disponibilidad de agua en la higiene de manos, medida considerada técnicamente conducente para disminuir la circulación del Corona Virus Covid 19, sumado al incremento público y notorio en los últimos días de la cantidad de casos de personas contagiadas del mencionado virus en los barrios populares de la Ciudad […], permite inferir la urgencia que preanuncia un relevante peligro en la demora suficiente para disponer una medida precautelar, con el fin de evitar que eventualmente se torne ilusorio el derecho reclamado por la parte al tiempo de que el tribunal competente se pronuncie respecto la medida cautelar requerida”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA VIDA; PELIGRO EN LA DEMORA; EMERGENCIA SANITARIA;
Macaroff (causa N° 6556)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, de manera unipersonal, concedió la prisión domiciliaria a la imputada (juez Aguerrido).
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Informes. Familia. Vulnerabilidad.
“[E]l acusador público nada dijo sobre los numerosos informes que valoran la dimensión del vínculo materno filial y sobre las necesidades e implicancias que derivan de esa relación en la primera edad de las niñas y niños. Obran agregados una pluralidad de dictámenes de profesionales que dan cuenta de la conveniencia de que la señora Macaroff se reúna con sus hijos y profundice el vínculo materno filial…”.
“De los informes se desprende un tránsito de los niños desde la ciudad de Bahía Blanca hacia la ciudad de Santa Rosa, y viceversa, modificándose constantemente sus cuidadores, quedando en ocasiones al cuidado de personas cuya aptitud distan de ser las ideales, reproduciéndose situaciones de inestabilidad y victimización secundaria”.
“En suma, la totalidad de la información que […] proviene de los especialistas técnicos, versa sobre la vulnerabilidad que aqueja al grupo familiar, y los equipos interdisciplinarios referidos son contestes en ofrecer propuestas que faciliten encuentros entre los niños y su madre, a raíz de una distancia entre ellos que sin dudas se encuentra en la actualidad agravada dada la suspensión de los espacios terapéuticos y las visitas a la unidad penitenciaria producto de la situación pandémica atravesada. La concesión de la medida puesta en examen, se exhibe como el primer paso tendiente a reorganizar la vida familiar y paliar la difícil situación descripta”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Género.
“En otra línea de análisis, relativa a la situación de emergencia sanitaria actual, si bien la salud –al menos la física¬ de la imputada- no hace integrante de la población de riesgo, existen numerosas recomendaciones en la región que orientan a explorar medidas de morigeración del encierro penitenciario por integrar el no menos vulnerable colectivo de mujeres con hijos en su primera edad.
Así, es dable mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 10 de abril de 2020 la Resolución No. 1/2020,por medio de la cual recomendó a los gobiernos de los Estados miembros, con relación a las personas privadas de la libertad, ´...45. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad…´.
A todo evento, la Cámara Federal de Casación Penal mediante acordada 9/20, motivada por la coyuntura pandémica atravesada y la situación de hacinamiento y otras gravísimas carencias estructurales consabidas de los establecimientos carcelarios, dispuso ´...Recomendar a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro…´”.
3. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Principio de inocencia.
“[No se comparte] lo manifestado por el sr. Fiscal en el sentido de que […] se encuentra elevada a juicio justamente por hechos que se le enrostran con relación a miembros de su familia, todo lo cual arrojaría que resultan evidentes los peligros procesales que conllevaría el hecho de que las eventuales víctimas de los delitos convivan con su victimaria, lo cual […] generaría una sospecha grave de intento de obstaculización de la averiguación de la verdad, habida cuenta del dominio ejercido […] sobre las víctimas –cuyos testimonios son piezas claves del proceso-.
La pretensión de la acusación de mantener vigente el encierro cautelar con base en dichos argumentos, importa sin dudas alterar la naturaleza misma de la detención preventiva en pena anticipada, trato que no se compadece con los postulados y principios de un estado de derecho. Será el debate el ámbito donde en forma oral, pública y con plena posibilidad de contradicción cada una de las partes en paridad de oportunidades podrá hacer valer sus pretensiones y derechos por ante el tribunal. Las imputaciones en una persona que no ha tenido su juicio –debate oral que tampoco puede pronosticarse como de pronta realización– no alteran su estado jurídico de inocencia…”.
4. Prisión domiciliaria. Familia. Principio de intrascendencia de la pena. Interés superior del niño.
“En esta etapa preparatoria del juicio, no podemos formarnos ningún juicio sobre las hipótesis fácticas e intervenciones de la acusada, teniendo como datos objetivos el agotamiento de la investigación preliminar, la condición de mujer y madre de la encartada, la emergencia penitenciaria y sanitaria declaradas y las recomendaciones vigentes nacionales e internacionales que favorecen en supuestos como los de análisis la morigeración de la prisión preventiva”.
“[E]l pedido de arresto domiciliario peticionado […] beneficiará a una mejor organización familiar y resultará una medida que restablecerá los vínculos parentales, los que se verán fortalecidos con la morigeración del encierro carcelario”.
“[E]l régimen de detención domiciliaria resulta una opción válida. [El] art. 32 de la Ley 24.660 […] debe ser ponderado junto con los preceptos con jerarquía constitucional incorporados a nuestra Carta Magna […], específicamente, el principio rector del ´interés superior del niño´ contenido en el artículo 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño”.
“[S]e encuentra en juego –por aplicación extensiva a esta etapa de privación preventiva de la libertad sin sentencia de condena– la interpretación y vigencia del principio de intrascendencia de la pena […]. Al evaluar esta tensión de derechos obrante en autos, [se observa] por un lado los conocidos intereses de la sociedad de perseguir los presuntos ilícitos con el fin de esclarecer su comisión, y eventualmente de ejecutar las penas impuestas con el fin de resocializar, y por el otro aquel principio de intrascendencia de la pena […].
En aras de respetar esa previsión internacional y comulgar los intereses en juego, […] corresponde recurrir a esta alternativa al encierro, haciendo lugar a la concesión de una medida que tiende a tutelar ambos extremos: aquel en que se ubica la sociedad y acabadamente descripto, y el conformado por las necesidades de los niños y el núcleo familiar”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INFORMES; FAMILIA; VULNERABILIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; GÉNERO; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA;
Roitberg (causa N° 3125)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar de manera parcial y ordenó al GCBA (Ministerio de Salud) que arbitrase los medios necesarios para que previniese, detectase y evitase el contagio y propagación del virus COVID 19 entre los asistentes y residentes del centro de integración (juez Furchi).
1. Medidas cautelares. Medida cautelar autosatisfactiva. Verosimilitud del derecho.
“[D]ebe recordarse que el caso sometido a estudio se trata de una medida autosatisfactiva y los requisitos para su procedencia deben ser valorados por el juez con la mayor prudencia.
En efecto, la jurisprudencia ha indicado que `la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la demora, y que dentro de aquellas la innovativa constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión...´”.
2. Derecho a la salud. Salud pública.
“[E]s dable memorar que el derecho a la salud tiene rango constitucional y que su privación o restricción manifiestamente ilegítima abre la vía del amparo […].Ello, así, en tanto `la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas´ [...].
Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirma el derecho a la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida– y destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de medicina prepaga…”.
3. Emergencia sanitaria. Medida cautelar autosatisfactiva. Peligro en la demora. Interés público.
“En cuanto al peligro en la demora, ha sido definido por la doctrina como `el riesgo probable de que la tutela jurídica definitiva que aquél aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes´…”.
“Así las cosas, de las constancias relatadas en la causa por la Sra. Defensora y a partir de los hechos que son de público conocimiento, se infiere que este requisito se encuentra acreditado, en tanto la velocidad de contagio del COVID 19 resulta exponencial.
A su vez, se debe tener en cuenta que el rechazo de la medida solicitada es susceptible de acarrear consecuencias más dañinas a los peticionarios y a sus hijos que los eventuales perjuicios que su admisión podría producir a su adversaria […].
En este aspecto, es preciso destacar que no se advierte que la concesión de la tutela cautelar pretendida pueda ocasionar una frustración del interés público, ni que pueda afectar la prestación de un servicio público o perjudicar una función esencial de la administración”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA CAUTELAR AUTOSATISFACTIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; DERECHO A LA SALUD; SALUD PÚBLICA; EMERGENCIA SANITARIA; PELIGRO EN LA DEMORA; INTERÉS PÚBLICO;
Talavera (causa N° 11677)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata confirmó la decisión (jueces Álvarez y Lemos Arias).
1. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“En forma liminar cabe señalar que las medidas cautelares, por su naturaleza jurídica, no exigen el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino el de su verosimilitud. La finalidad del instituto cautelar, no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad […].
Por otro lado, los recaudos para la procedencia genérica de las medidas precautorias previstos por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar”.
2. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Medidas precautorias. Control judicial.
“Dentro de  [las medidas cautelares], la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad […].
En tal sentido, es de la esencia de la medida cautelar innovativa enfocar sus proyecciones en tanto dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva  […].
[…] Todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de la revisión judicial; pero ello no obsta a que se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos […], frente a la iniquidad ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta de una norma […] o de un acto de la administración [...]. Por eso, si bien en principio las medidas cautelares no proceden contra el actuar de la Administración, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan sus actos, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles“.
3. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Vulnerabilidad.
“[C]abe señalar que como consecuencia de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo al brote del virus COVID19 como una pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 260/2020, mediante el que amplió la emergencia pública en materia sanitaria […]. Frente al recrudecimiento de la situación epidemiológica a escala internacional, dictó el decreto 297/20 por medio del que ordenó el `aislamiento social, preventivo y obligatorio´, prorrogado por los decretos 325/2020, 355/2020 y 408/2020”.
“En este contexto el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dictó la Resolución 62/2020 por medio del cual se creó el `PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ARGENTINOS EN EL EXTERIOR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS´, para los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional […].
De acuerdo al programa, se autoriza a quien esté a cargo de cada representación argentina en el exterior a adoptar medidas que garanticen a las personas mencionadas: a. Hospedaje; b. Alimentación; c. Asistencia sanitaria; y d. Toda otra necesidad básica. No obstante, ello aclara que sólo podrán ser asistidos en virtud del programa `quienes se encuentren incursos en una situación de vulnerabilidad que no les permita resolver la cuestión por sus propios medios´ […].
La normativa descripta […] da cuenta de la realidad que azota a nuestro país como al resto de la comunidad internacional y es dictada a fin de salvaguardar la salud de toda nuestra población. Este entramado de normas responde a las evaluaciones y evoluciones que los distintos organismos competentes van definiendo en este marco excepcional de pandemia por la que transita”.
“Por ello, corresponde la adopción de medidas tendientes al aseguramiento de sus necesidades básicas de asistencia, las que se deben canalizar en el marco del `Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el Marco de la Pandemia de Coronavirus´ instrumentado [por el] Ministerio de Relaciones Exteriores”.
MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; MEDIDAS PRECAUTORIAS; CONTROL JUDICIAL; EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; VULNERABILIDAD;
Plata (causa N° 133323)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso interpuesto, anuló la decisión impugnada y remitió las actuaciones al juzgado de ejecución para que dictara una nueva resolución (jueces Rimondi y Bruzzone).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento.
“Lleva razón la defensa al postular la falta de fundamentación del decisorio recurrido. Ante todo, vale reparar que la solicitud que intenta morigerar las condiciones de detención del condenado encuadra en los extremos previstos en los incisos a) y d)del artículo 32 de la Ley n° 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad ya que [el imputado] tiene 78 años y se encuentra dentro de la nómina de internos con riesgo de salud (Covid-19), según listado provisto por el SPF.
En efecto, de acuerdo al listado de internos en grupos de riesgo, [el imputado] se encuentra registrado [dentro] del Complejo Penitenciario Federal V, que tiene superpoblación 101,13%. Vista la situación en los términos expuestos, [resultan] deficientes las razones esgrimidas por el a quo al rechazar el pedido de la defensa, las que –como correctamente individualiza la recurrente– recaen principalmente en la observación del bien jurídicamente protegido por la norma infringida en la ocasión por el condenado, creando una división de acuerdo a los bienes jurídicos afectados por los delitos cometidos, sin respaldo legal”.
2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores.
“Tampoco se explica por qué la alusión a la gravedad del hecho atribuido resulta suficiente para denegar la petición de la defensa respecto de un condenado que supera holgadamente los setenta años a los que la normativa hace referencia. [El imputado] tiene una edad muy avanzada, 78 años, es decir 8 por encima del límite fijado por ley 24.660, cuestión que, además, resulta relevante dentro de la emergencia sanitaria que estamos sufriendo, en el que, como es de público y notorio, la mortalidad aumenta sustancialmente en personas de edad avanzada”.
3. Prisión domiciliaria. Abuso sexual. Víctima.
“[E]l resolutorio se ha ocupado de desestimar el peligro para la salud del condenado que […] es por el momento conjetural, pero ha omitido señalar cuales serían los eventuales obstáculos para que cumpla la pena en el domicilio consignado […].Ello resulta indispensable para cumplir con los fines establecidos en el art. 1 de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, más aúnen un caso de abuso sexual intrafamiliar como el presente.Consecuentemente, corresponde el reenvío del asunto al juez a quo, para que evalúe debidamente esa alternativa”.
“Este panorama deberá ser evaluado, en función de las características del caso (abuso intrafamiliar), previa notificación y consulta a la víctima,conforme lo ordena la Ley 27.372, a quien se le deberá hacer saber, a sus efectos, cuál es el domicilio que ha ofrecido [el imputado] para cumplir con su arresto. En definitiva, esas cuestiones habrán de tener incidencia en la concesión o no de la morigeración solicitada, más alláde la gravedad del hecho del que fue encontrado responsable…”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; ADULTOS MAYORES; PRISIÓN DOMICILIARIA; ABUSO SEXUAL; VICTIMA;
Ferreira (causa n° 19781)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, de manera unipersonal, concedió el arresto domiciliario al imputado (juez Aguerrido).
1. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria.
“[C]orresponde [expedirse] sobre [el pedido de arresto domiciliario] […] haciendo foco en las circunstancias excepcionales en las que se encuentra el mundo entero ante la pandemia declarada el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud ante la propagación del virus COVID-19…”.
“[L]a situación debe ser valorada con extrema delicadeza y siguiendo las recomendaciones dadas por la C.F.C.P. en la [Acordada 9/20]”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Responsabilidad del Estado.
“[H]asta el presente no han sido reportados casos de la enfermedad […] en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado el condenado, más teniendo en especial consideración en la inestable y cambiante situación que atravesamos en la actualidad respecto a la pandemia mundialmente conocida, […] [corresponde] evaluar la situación [del imputado] a la luz de la ‘Emergencia en materia penitenciaria’ declarada en el mes de marzo de 2019…”.
“[C]abe recordar que el Estado como responsable de los establecimientos de detención se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de las personas que se encuentren bajo su custodia, lo cual implica salvaguardar el derecho a la salud y el bienestar de los reclusos”.
3. Salidas transitorias
“[D]ebe [sumarse] la circunstancia de tratarse de un condenado que ha cumplido más de la mitad de la condena, en condiciones temporales de acceder al beneficio de salidas transitorias, tornando viable acceder a la prisión domiciliaria solicitada”.
4. Familia. Niños, niñas y adolescentes. Prisión domiciliaria.
“[E]l núcleo familiar primario del condenado integrado por su pareja y tres hijos menores de edad […] distante a más de 300 kilómetros del lugar de alojamiento del nombrado […]. Ello sumado los magros ingresos informados con los que cuenta su grupo familiar, torna imposible el contacto en el establecimiento penitenciario.
Por lo que, en aras de favorecer la unión y el acercamiento familiar, teniendo en consideración los derechos de los niños y con el fin de salvaguardar los mismos, [se considera que] la concesión de la medida solicitada habrá de restablecer el vínculo paterno-filial”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; SALIDAS TRANSITORIAS; FAMILIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Quiroga Torrico (causa n° 154036)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, concedió al imputado la libertad condicional y reenvió la causa al juzgado de origen para que fijase las reglas de conducta que se le debían imponer (jueces Rimondi y Bruzzone).
1. Libertad condicional. Reinserción Social. Informes. Servicio Penitenciario Federal.
“[E]l SPF no dio cumplimiento a lo ordenado anteriormente por esta Sala […] lo que, a ciencia cierta, ha repercutido negativamente en el pronóstico de reinserción social [del imputado]. En este sentido, la resolución impugnada que no ha contemplado estas circunstancias, ha incumplido con lo ordenado en la resolución […] [previa] de esta Sala, y esto basta por sí sólo para hacer lugar al recurso de casación interpuesto y revocarla”.
2. Emergencia sanitaria. Hacinamiento. Libertad condicional.
“[D]esde el primer rechazo de la libertad condicional solicitada en favor [del imputado] al día de la fecha, han transcurrido aproximadamente dos años. Por otro lado, se debe remarcar que varias de las circunstancias existentes al momento de la impugnación, se han visto modificadas”.
“[El imputado] se encuentra actualmente alojado en la U­12 del SPF […] que, como es de público y notorio conocimiento, el país (y el mundo) se encuentra atravesando una crisis sanitaria generada por el virus Covid­19”.
“[E]n el listado de internos en grupos de riesgo se encuentra incluido el recurrente, en […] la Unidad 12 del SPF, que además tiene sobrepoblación con una taza de 106,25% de ocupación, con los siguientes factores de riesgo: etario e insuficiencia cardíaca. Bajo estas circunstancias, se evidencia, […] que el imputado integra la nómina de agentes de riesgo respecto del contagio de coronavirus”.
LIBERTAD CONDICIONAL; REINSERCIÓN SOCIAL; INFORMES; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL; EMERGENCIA SANITARIA; HACINAMIENTO;
Flores (causa n° 661)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 12 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 hizo lugar a la morigeración de la prisión preventiva y concedió a la imputada el arresto domiciliario (jueces Marquez y Medina y jueza Moscato).
1. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Riesgos procesales.
“[S]i bien […] el impacto que provoca en la acusada cumplir una hipotética pena privada de su libertad, constituye una pauta objetiva de valoración que permite sostener el riesgo procesal de fuga por parte de la justiciable, lo cierto es que la situación epidemiológica actual, declarada como pandemia a nivel mundial, […] aconseja evaluar con mayor flexibilidad cada caso […], teniendo como principal objetivo su protección frente al COVID-19”.
2. Interés superior del niño. Cárceles. Hacinamiento. Prisión domiciliaria.
“[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a los Estados a enfrentar la situación de las personas privadas de libertad en la región y sugirió evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en grupos de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.
“[La imputada] es madre de tres hijos menores de edad […] quienes se encuentran al cuidado de su abuela […] extremo que denota una excepcionalidad para el caso de estudio”.
“[E]l caso en estudio requiere no solo ponderar la actual coyuntura de crisis sanitaria sino también las múltiples normas de derecho internacional y de derecho interno en las que, reiteradamente, se alude al interés superior del niño y a la importancia de la relación madre/hijo”.
“[En la] reciente [Acordada 5/2020] […] el tribunal superior recomendó a los magistrados del fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal se extremen los recaudos para coadyuvar a la pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente la situación de las mujeres que se encuentran al cuidado de hijos menores”.
“[S]i bien los riesgos procesales […] obstaculizan la procedencia de su excarcelación, el contexto particular de [la imputada] torna procedente la morigeración pretendida por la defensa, a partir de lo dispuesto en el artículo 210 del CPPF y […] la aplicación de la medida dispuesta en el inciso ´j´ de dicha norma, es suficiente para garantizar que la imputada continúe a derecho. Como toda medida de morigeración demanda una cuota de confianza, [que] en el contexto fijado [se encuentra] en la referencia al domicilio aportado y los datos de contacto de su referente.
Ello surge […] como la medida más adecuada a fin de no conculcar el interés superior del niño, el que se erige como principio rector; y se avizora como la solución más favorecedora al crecimiento, desarrollo y contención del grupo familiar, a la par que se complementa con principios de contenido humanitario y sanitario que aminoren su escenario de riesgo frente a la actual coyuntura sanitaria y de hacinamiento carcelario”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; CÁRCELES; HACINAMIENTO; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Gutierrez (causa N° 34336)Juzgado Federal de 1a Instancia en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Morón
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 2 hizo lugar al habeas corpus y encomendó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal la instalación y/o conversación de las líneas de telefonía pública del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz en bidireccionales (juez Rodríguez).
1. Personas privadas de la libertad. Cárceles.Incomunicación. Principio de reinserción social.Igualdad.
“[L]a comunicación de las personas privadas de la libertad es uno de los derechos que conforman [el] trato digno que se les debe y forma parte esencial de su resociabilización permitiéndoles mantener sus vínculos familiares y contacto con sus defensas”.
“[E]l derecho a la comunicación con el exterior y por ende al trato digno no se encuentran resguardados.Asimismo, se haya afectado el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) de los internos alojados en el Complejo Penitenciario Federal Nro. 2 de Marcos Paz con relación a sus pares de otras unidades tales como el Complejo Penitenciario nro. 1 de Ezeiza y C.A.B.A, entre otros”.
“En este sentido, debe destacarse que –tal como ya se ha indicado en el marco del presente expediente-, existen otras unidades penitenciarias que cuentan con el servicio de líneas bidireccionales activas, respecto de las que no existió impedimento para su conversión., motivo por el cual no existe controversia acerca de la necesidad de que se preste análogo servicio en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz”.
2. Emergencia sanitaria.Incomunicación.
“[V]ale recordar la particular situación por la cual atraviesa no solo nuestro país sino el mundo entero. La expansión a escala mundial del denominado CORONAVIRUS (COVID19), ha determinado que la Organización Mundial de la Salud lo catalogue como pandemia, recomendando la adopción de medidas de contención y control en cada uno de los países”.
“Los presentantes […] apuntaron las dificultades y limitaciones que por diversas y variadas realidades producen un menoscabo en el correcto ejercicio del derecho a la comunicación de los internos alojado en le CPF II de Marcos Paz y el exterior -vínculos familiares y sociales, Tribunales, Defensores, Organismos de Derechos Humanos, Asistentes Sociales, etc.
Ante esta situación excepcional, corresponde exhortar a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal para que -a través de las herramientas, instrumentos y/o protocolos que posean o que puedan crearse al efecto-, garantice el efectivo ejercicio de ese derecho, teniendo especial consideración al contexto de Emergencia Sanitaria Nacional en el que nos hallamos inmersos como Sociedad y las dificultades y limitaciones expuestas a lo larga de éste considerando; ello hasta tanto se implemente la conversión de las líneas telefónicas en bidireccionales”.
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; INCOMUNICACIÓN; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; IGUALDAD; EMERGENCIA SANITARIA;
Godoy (causa N° 18051)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso de casación, casó la sentencia impugnada y concedió la excarcelación al imputado (jueza Llerena y jueces Bruzzone y Rimondi).
1. Excarcelación. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Situación de calle.
“[E]sta Sala sostuvo que la situación de calle en la que se encontraba el imputado (pues ahora su compromiso es residir con su progenitora) no puede ser un elemento dirimente para negar la concesión del instituto, sino que, en todo caso, debe considerarse al momento de establecer el medio por el cual se va a asegurar su comparecencia al proceso, en particular contemplando que existen medidas alternativas y menos gravosas para neutralizar el riesgo procesal, como aquellas contempladas en los arts. 310, 320 y ss. del CPPN.
En este caso, la resolución impugnada fundó el riesgo de elusión a partir de la falta de domicilio estable, pero se observa que esta situación ha sido superada satisfactoriamente mediante la posibilidad de Godoy de residir con su madre. En este sentido, puede descartarse una voluntad de falsear sus datos relativos al domicilio; por el contrario, lo que se evidencia es una situación de vulnerabilidad que, al menos parcialmente, podría verse mermada por el ofrecimiento de su madre de que viva en su domicilio…”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento.
“Además de ello, las particulares circunstancias que estamos viviendo (epidemia de Covid­19 en progreso con riesgo de circulación del virus dentro de cárceles sobrepobladas) nos colocan en una carrera contra el tiempo…”.
“[E]n esta excepcional situación de emergencia que atraviesa el mundo entero, dos son las medidas que deben atenderse: el cuidado especial hacia las personas que integran los grupos de riesgo (por la gran mortalidad que han evidenciado), por un lado, y la preservación de la distancia de seguridad entre las personas, a efectos de evitar la propagación del virus, por otro.
Trasladados estos principios generales al tema que nos ocupa, debe destacarse que la intensidad moderada de la eventual sanción a imponer (prisión de seis meses a seis años) coloca al interno en una situación particular frente a la sobrepoblación reinante en los institutos del SPF. En particular, en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza en la que se encuentra detenido se verifica sobreocupación, por lo que la posibilidad de desarrollar las medidas de prevención necesarias en esta emergencia sanitaria se ven evidentemente reducidas. Tampoco puede soslayarse que el contexto impide que se fije una fecha de juicio a la brevedad…”.
EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; PELIGRO DE FUGA; SITUACIÓN DE CALLE; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO;
Aguilar Fernández (causa N° 18051)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 concedió el arresto domiciliario al imputado (jueces Basso, Ríos y Machado Pelloni).
1. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Interpretación de la ley.
“Si bien desde una óptica interpretativa literal de la norma, el caso traído a estudio no se adecua al supuesto previsto en el art. 32, inc. ‘f’, de la ley 24.660 y art. 10, inc. ‘f’, del CP, lo cierto es que, el máximo tribunal de la república ha sostenido la primacía de la interpretación teleológica de la norma […]. Es así, que no sólo [se debe limitar]  a analizar la letra de la norma en forma literal o gramatical, sino que, en pos de garantizar una efectiva administración de justicia, es misión de los magistrados indagar sobre la voluntad del legislador al momento de su dictado, o bien la finalidad con la cual fue creada.
Sobre el particular, [no puede dejar de tenerse] en cuenta la singular situación en la que se encuentra el encartado con relación al estado de salud tanto de su pareja como así también de su hijo. [L]a finalidad de la norma no es otra que respetar el interés superior del niño, de conformidad con lo estipulado por el art. 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño por sobre otros intereses […], el cual, a la luz de las constancias de la causa, sin el debido acompañamiento paterno-filial por parte [del imputado] no podrá ser garantizado.
Es claro entonces, que en este caso no [se puede] hallar como óbice a la concesión de la prisión domiciliaria el hecho de que el imputado solicitante sea de sexo masculino, pues se estaría obviando nuestra tarea de realizar la debida exégesis que ‘mejor asegure los grandes objetivos para los que  [la norma] fue dictada´…”.
“Al respecto, con relación al caso en estudio, [se considera atinado] señalar que, si bien la situación de […] Aguilar Fernández no encuadra exactamente en el supuesto establecido en [el inciso] ‘f’ de los artículos antes citados, se encuentra en juego el interés superior del niño, por lo cual, teniendo en cuenta la finalidad de la normativa indicada, se impone conceder su arresto domiciliario, en tanto la presencia paterna resulta necesaria para atenderlo en virtud de su condición y porque la madre padece de problemas de salud que le impiden hacerse cargo del menor por sí sola”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
GFM (causa N° 40788)Juzgado Nacional Civil Nro. 23
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 23 declaró de oficio la inconstitucionalidad del art.2 de la Resolución 132/2020 del Ministerio de Desarrollo Social.Asimismo, dispuso con carácter cautelar la modificación provisoria del régimen de comunicación y estableció que el Sr. T. trasladase a Z. al domicilio materno el 28 de abril y la retirase el día 8 de mayo de 2020. Por último dispuso que, una vez reiniciada la actividad judicial, cualquiera de las partes podía solicitar una audiencia a fin de modificar el régimen de comunicación acordado (jueza Diaz Cordero).
1. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Traslado de personas. Niños, niñas y adolescentes. Declaración de inconstitucionalidad.
“[R]esulta inadmisible que el Ministerio de Desarrollo Social mediante la citada Resolución restrinja los derechos de locomoción de los niños, niñas y adolescentes –como lo hace– desnaturalizando los alcances del DNU, lo que resulta irrazonable. Es que, el Ministro  carece de facultades y por ende de legitimación para adoptar normas que interpreten o limiten los derechos individuales, modificando los alcances del DNU.
Dicha Resolución es por ende inaplicable e inconstitucional ya que fue dictada sin legitimación para hacerlo y por tanto soslayando los mandatos constitucionales.Es que, al dictar dicha norma, la mencionada cartera estatal se excedió en sus facultades, pues modificó lo dispuesto en el DNU 297/2020 cuando no existe posibilidad de subdelegación legislativa, ni ella se concretó. Tal accionar vulnera el principio de división de poderes.
La sola lectura de su articulado, revela que lo allí dispuesto no constituye una mera instrucción interna para la administración, sino que aparece por su contenido y alcance, como una clara disposición normativa, pues, en rigor, modifica un aspecto sustancial del régimen consagrado por el DNU […], restringiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran exceptuados en el art. 6, inc. 5 del señalado Decreto.
Ello además, en violación con lo que dispone el art. 103 de la Carta Magna en cuanto establece que los ministros no pueden por si solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.  Por otro lado el art.76 de la Constitución Nacional limita la competencia delegativa del Poder Legislativo, autorizando esa delegación solo en el Presidente”.
2. Reglamentación de los derechos. Control judicial. Declaración de inconstitucionalidad.
“La culminación del control judicial de constitucionalidad consiste en declarar la validez o invalidez constitucional de normas legales, reglamentarias, convencionales o de otra índole de los poderes públicos[…].Recuérdese que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, –aquí Resolución Ministerial que amplía y complementa, aunque también restringe un DNU– comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella…”.
“[L]a declaración de inconstitucionalidad es la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse al órgano jurisdiccional, ya que ella configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico […].
En consecuencia y dado que la resolución ministerial […] trasunta el despliegue de una facultad que exhorbita las potestades reconocidas al Ministerio, pues modifica sustancialmente el DNU dictado por el Presidente del Poder Ejecutivo, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la Resolución 132 del Ministerio de Desarrollo Social”.
3. Régimen de comunicación. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“Teniendo en cuenta la existencia del DNU que incluye entre las excepciones a quienes deban atender a adolescentes y las demás normas precedentemente mencionadas, […] corresponde en el caso arbitrar medidas efectivas a fin garantizar que Z. vuelva a mantener contacto directo con su progenitora, tomándose todos los recaudos necesarios a efectos de asegurar su integridad física y emocional.
Si bien [debe tenerse] en cuenta las manifestaciones del Sr. T. en cuanto a que Z. mantiene asiduo contacto con la Sra. [M]. mediante video llamadas, no [puede dejarse] de advertir que el régimen de contacto directo se encuentra interrumpido de forma permanente hace más de un mes entre madre e hija. En tal sentido, […] la falta de adopción de medidas que puedan mitigar esta situación generaría un perjuicio aún mayor para las partes y principalmente para Z., en desmedro de su interés superior…”.
EMERGENCIA SANITARIA; LEGISLACIÓN SANITARIA; TRASLADO DE PERSONAS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; REGLAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS; CONTROL JUDICIAL; RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Burgos (causa N° 22000420)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia,de manera unipersonal, concedió la prisión domiciliaria al hombre (juez Guanziroli).
1. Prisión domiciliaria. Personas privadas de la libertad.
“[L]a prisión domiciliaria […] es una alternativa para situaciones especiales que prevé el ordenamiento jurídico argentino en relación con la ejecución de la pena privativa de la libertad.Deriva de la sustitución de una modalidad de cumplimiento de la prisión, por otra atenuada y de conformidad con las circunstancias del caso, dado que la privación de libertad continúa rigiendo bajo circunstancias diversas y acorde a las condiciones objetivas del sujeto. ´Se trata de una modalidad de ejecución del encierro, pues es detención y no de una suspensión de la ejecución, lo que corresponde en su caso a una condena condicional´”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Prisión domiciliaria.
“[E]n el contexto de urgencia sanitaria mundial y nacional se ha declarado la Emergencia Sanitaria […] y se han adaptado los institutos jurídicos a la especial situación de los detenidos. [V]istas las recomendaciones y medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial en relación con la resolución adoptada por la Organización Mundial de Salud (OMS) que declarara la pandemia por aparición del Coronavirus -2019 Ncov (COVID-19) y lo decidido por la Cámara Federal de Casación Penal en la Acordada 3/2020, corresponde resguardar en especial a aquellas personas privadas de su libertad, que por sus condiciones de salud preexistente y/o edad, forman parte del grupo vulnerable frente a la enfermedad, pudiendo fundadamente agravarse su cuadro en caso de contraerla.
Y aquí se encuentra verificado grave riesgo de contraer la enfermedad, que requiere condiciones de higiene, aislamiento y cuidados que no podrían brindársele con eficiencia en el instituto carcelario donde se halla y que tornarían difícil su atención y más en el caso de producirse el contagio, debiéndose asegurar el derecho a la salud no sólo del peticionante, sino de toda la población intramuros, sin perjuicio de los recaudos que ha tomado la autoridad penitenciaria con el objetivo de minimizar el peligro de contagio interno, pero que de producirse expone a todos y en diferente grado de gravedad conforme su edad y comorbilidades”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD;
Sánchez (causa n° 51441)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 1 concedió al imputado la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica hasta su incorporación al régimen de libertad condicional y, a partir de esa fecha, su excarcelación (jueza Prado).
1. Excarcelación. Progresividad de la pena.
“[D]ado que [la] condena no se halla firme […], corresponde abordar el estudio […] del instituto de excarcelación, según previsión del artículo 317 inciso 5 del CPPN. Ello, en función de que esta disposición legal establece que podrá concederse la excarcelación cuando el imputado hubiere cumplido en detención un tiempo que, de encontrarse firme la condena, le permitiría obtener la libertad condicional, siempre que se hubieran observado los reglamentos carcelarios”.
“Con relación a la exigencia de ‘observancia regular de los reglamentos carcelarios’, los informes emitidos por el Organismo Técnico Criminológico del Establecimiento Penitenciario […] dan cuenta que […] su calificación de concepto ha sido regular. […] Además, la División de Seguridad informa que ha presentado una conducta diez…”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Libertad condicional. Excarcelación.
“[D]ado el escaso tiempo que resta para acceder a [la excarcelación] (tres meses), corresponde decidir sobre la procedencia del instituto de detención domiciliaria”.
“[Se debe] reexaminar hoy [el pedido de prisión domiciliaria] en función de las nuevas recomendaciones efectuadas por [la CFCP], así como de la emanada de [la Comisión Interamericana de Derechos Humanos] […], ambas motivadas en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional por pandemia —COVID-19—…”.
“[E]n función de las actuales circunstancias, la Cámara Federal de Casación Penal expresó su preocupación —mediante [la Acordada 3/20]— y definió después —en [la Acordada 9/2020]— ciertos parámetros de actuación para guiar la intervención de los órganos jurisdiccionales frente a los desafíos que plantea la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en el contexto de la pandemia de Coronavirus […]. Postuló así diversas medidas de alcance general que implican alternativas al encierro, sea para quienes se encuentran en prisión preventiva o para quienes se hallan condenados”.
“[El imputado] fue condenado —mediante sentencia no firme— por un delito no violento, como es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. [S]i bien los delitos de narcotráfico resultan per se graves, […] —dentro de ese universo de ilícitos— los de tenencia resultan menos lesivos […]. [R]esulta próxima su posibilidad de acceder al instituto de libertad condicional; por lo que […] su situación se halla asimismo en el marco de los supuestos contemplados en [la Acordada 9/2020]…”.
3. Emergencia sanitaria. Excarcelación. Antecedentes condenatorios. Prisión domiciliaria. Vigilancia electrónica.
“[Respecto a] que el interno registra dos condenas anteriores […] el nombrado no fue declarado reincidente […]. En cuanto a la fuga del nombrado […] mientras gozaba de salidas transitorias […] dicha circunstancia no puede constituir al presente un obstáculo para acceder a una morigeración de modalidad de detención, en especial a la luz de los informes positivos recientemente emitidos por el Servicio Penitenciario […] así como frente a la posibilidad de adoptar en el concreto dispositivos tecnológicos de monitoreo”.
“[T]eniendo especialmente en cuenta el actual contexto de excepción que se transita, […] la modalidad más apropiada de cumplimiento del tiempo de encierro que resta al nombrado —hasta el 29 de julio próximo— es la prisión domiciliaria. Por ende, […] procede la morigeración de la detención que viene sufriendo, a través de su concesión desde el día de la fecha y por el lapso referido”.
EXCARCELACIÓN; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; LIBERTAD CONDICIONAL; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VIGILANCIA ELECTRÓNICA;
Poma Choque (causa n° 6356)Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 concedió al imputado la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica (juez Canicoba Corral).
1. Emergencia sanitaria. Hacinamiento. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria.
“[L]a situación de emergencia sanitaria actual aunada a las condiciones de superpoblación carcelaria, presentan una situación excepcional que respaldan el camino a adoptar, en ese caso en particular”.
“[El Comunicado 66/20 de la Comisión IDH] […] exhorto una reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad. […] También, se argumentó sobre la base de lo señalado por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que las personas privadas de la libertad son más vulnerables al contagio por coronavirus (COVID-19), por lo que recomendó dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad para detenidos con perfiles de bajo riesgo…”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Personas privadas de la libertad. Hacinamiento.
“[L]os nuevos lineamientos de la Cámara Federal de Casación Penal, […] marcan un rumbo en cuanto a la implementación de las herramientas legales invocadas para resguardar adecuadamente el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad ante la situación sanitaria que se vive, por tratarse de seres humanos más expuestos al contagio del COVID19, ante la imposibilidad de cumplir estrictamente con el aislamiento social como consecuencia de la superpoblación carcelaria, ya declarada”.
“[E]s dable advertir que resulta de aplicación el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal que establece las medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva”.
3. Transporte de estupefacientes. Riesgos procesales. Vigilancia electrónica.
“[Las] conductas acreditadas […] no atentan directamente y gravemente contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, la libertad personal o seguridad individual, y la propiedad. La ausencia de una conducta violenta es merituada para el dictado de la presente, como una de las pautas importantes que se dan por satisfecha…”.
“[T]ampoco se avizora que el arresto domiciliario solicitado ponga en peligro el éxito de la investigación pendiente, atendiendo a que a esta altura […] se han incorporado a la instrucción múltiples pruebas ordenadas. Por demás, el beneficio pretendido ya ha sido otorgado a otros consortes de causa y se encuentran en trámite nuevas solicitudes ante la emergencia sanitaria…”.
“También se cuenta con el recurso de colocar un dispositivo electrónico para el control de la medida, lo que coadyuva a asegurar su estricto cumplimiento…”.
EMERGENCIA SANITARIA; HACINAMIENTO; PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; RIESGOS PROCESALES; VIGILANCIA ELECTRÓNICA;
Altamirano (causa n° 5174)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes otorgó al imputado la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica (jueza Rojas de Badaró y jueces Alonso y Ceroleni).
1. Derecho a la salud. Hacinamiento. Emergencia sanitaria.
“[El imputado] se encuentra comprendido en el denominado grupo de riesgo de acuerdo a los parámetros fijados por el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto de la pandemia de coronavirus COVID-19. Esto implica que un eventual contagio puede acarrear consecuencias fatales.
Esto se compadece con la opinión de la Cámara Federal de Casación Penal, fundada en las regulaciones nacionales, los informes y recomendaciones de organismos internacionales, tendientes a descomprimir el hacinamiento y la sobrepoblación en las unidades penales o de las fuerzas de seguridad, que recomendó la aplicación de medidas alternativas al encierro para evitar un masivo contagio del agresivo virus COVID- 19”.
2. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud. Vulnerabilidad.
“El caso particular subjudice debe zanjarse por razones humanitarias, que […] inclinan a otorgar la prisión domiciliaria, debido a la pandemia y riesgos de vida que acechan ante la posibilidad de que contraiga el virus”.
“[E]l Estado como garante de las personas en condiciones de encierro debe resguardar adecuadamente el derecho a la salud, dado que ello constituye una situación de vulnerabilidad…”.
3. Cárceles. Hacinamiento. Emergencia sanitaria.
“Si bien el Servicio Penitenciario Federal ha impuesto una serie de protocolos y directivas tendientes a prevenir la pandemia adentro de las unidades carcelarias […], no [es posible] soslayar la emergencia carcelaria dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución N° 184/19 del 25/03/19, que promovía medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, constituidos -entre otros- por personas con problemas de salud.
En este escenario, los grupos de riesgo deberán necesariamente durante la emergencia sanitaria ser separados, o externados de los establecimientos penitenciarios”.
4. Prisión domiciliaria. Vigilancia electrónica.
“Contemplando la situación esencialmente humanitaria y extrema que significa la pandemia mundial, con la situación particular del encausado, la premura del caso no debe impedir la adopción de medidas precautorias y de control, como la prohibición de salida del país, y la aplicación de pulseras o tobilleras electrónicas para despejar el riesgo de fuga”.
“[C]on el objeto de minimizar los riesgos de fuga, como medidas cautelares debe prohibirse la salida del país del imputado, y requerir a las autoridades correspondientes el control electrónico del cumplimiento de la prisión domiciliaria”.
DERECHO A LA SALUD; HACINAMIENTO; EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; VULNERABILIDAD; CÁRCELES; VIGILANCIA ELECTRÓNICA;
Lutz (causa N° 13448)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral Federal de Neuquén hizo lugar al planteo, redujo en nueves meses los plazos para el avance en el régimen progresivo de la pena y concedió la prisión domiciliaria (juez Cabral).
1. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Estímulo educativo.
“[D]e conformidad con lo previsto por el art. 140 de la ley 24.660, corresponde hacer lugar a la pretensión. En el marco de lo dispuesto en el inciso a) deben reducirse los plazos para el avance de LUTZ a través de las distintas fases y periodos de la progresividad del sistema penitenciario en un (1) mes (por la conclusión del ciclo lectivo anual –CBC-), y en función del inciso b), en ocho (8) meses (dos meses por cada curso de formación profesional realizado). En total, la reducción será de nueve (9) meses, debiendo estarse en cada caso a la imperativa concurrencia de las demás condiciones requeridas por la ley”.
“En orden a la segunda petición –esto es, la concesión de la prisión domiciliaria–, dada la excepcionalidad del escenario en que […] toca decidir y las particularidades del caso en trato, [resulta] razonable el pedido de la Defensa”.
“Conforme surge de las actuaciones, la interna cuenta con calificación Conducta Ejemplar 10 y Concepto Bueno 6 y se encuentra en fase de Confianza. Asimismo, […] ha hecho un gran esfuerzo para superarse a través de la educación, y para avanzar a través de las distintas fases y periodos de su progresividad”.
2. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria.
“En virtud de estos indicadores, sumados a la proximidad de la fecha para su acceso a la libertad condicional (8 meses), […] en la presente situación de emergencia decretada a nivel nacional –en la que se encuentran suspendidas las salidas de los encarcelados, como así también el régimen de visitas–, a efectos de no restringir el avance de su progresividad en el régimen de resocialización, la modalidad más apropiada de cumplimiento del encierro que le resta hasta el 19 de diciembre del corriente año, es la prisión en su domicilio…”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; ESTÍMULO EDUCATIVO; EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Bacigalupo (causa N° 3061)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ministerio de Salud– a que acreditase en el plazo de 48 horas en qué efector de salud procedería a internar al actor a fin de realizarla intervención quirúrgica. Además, ordenó que se le brindase asistencia médica durante el post operatorio y el tratamiento de la enfermedad (juez Trionfetti).
1. Derecho a la vida. Derecho a la salud.Autonomía personal.
“[L]a vida de las personas y su protección –en particular, el derecho a la salud– constituyen un bien fundamental. Se trata de bienes que configuran un presupuesto y una plataforma de otros derechos humanos. Más que un derecho no enumerado […] el derecho a la vida es un valor implícito, toda vez que el ejercicio de los demás derechos que el ordenamiento jurídico reconoce en forma expresa requiere necesariamente de él y, por tanto, lo supone.A su vez, el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de la autonomía personal…”.
“[L]a protección de la salud es uno de los principios fundamentales en cualquier Estado moderno, principio que se plasma en la actualidad como un derecho de toda persona a exigir aquellas prestaciones básicas que en materia de salud le garanticen su dignidad como ser humano”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Salud pública. Tratamiento médico. Verosimilitud del derecho.
“[E]l frente actor solicita en concreto una protección cautelar que garantice el acceso al servicio público de salud por parte del estado local, a fin de que se le extraiga un tumor renal […] y se brinde la atención médica-hospitalaria correspondiente y que, en definitiva, que su condición de salud no empeore, no solo mientras transcurren las diversas etapas procesales, sino mas bien durante el plazo en el cual transcurre el `Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio´ dispuesto en todo el país”.
”Tales circunstancias, apreciadas dentro del limitado marco de abordaje propio delas medidas cautelares, […] llevan a tener por acreditado, al menos en esta etapa liminar del proceso, el recaudo de la verosimilitud en el derecho invocado, pues no puede perderse de vista que si bien el país se encuentra transitando una pandemia y por ello se han adoptado medidas excepcionales, pero precisamente esas medidas se hallan encaminadas en gran parte a posibilitar que el sistema de salud permita también atender casos ajenos al COVID-19 pero que resulten relevantes y urgentes; y la vida y la salud en riesgo de un ser humano resulta ser de esta clase de supuestos”.
3. Tratamiento médico. Tutela judicial efectiva.Peligro en la demora.
“En cuanto al recaudo del peligro en la demora, como ha dicho la Cámara de Apelaciones del fuero, rememorando una clásica doctrina que indica que `los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar´ […].
[E]l peligro en la demora surge manifiesto, dada la gravedad que implica la imposibilidad de contar con la atención médica que asegure el restablecimiento de la salud del paciente o, al menos, neutralice los riesgos de ver su vida en peligro. [D]e no accederse a lo solicitado, existe la posibilidad de que se ocasione un perjuicio irreparable por la duración del proceso hasta el dictado dela sentencia definitiva. En este orden de cosas, el dictado de una medida innovativa que anticipe el objeto mediato de la pretensión resulta indispensable. En tal sentido, cobra preeminencia el estándar convencional de tutela jurisdiccional efectiva a fin de orientar el sentido de esta resolución”.
DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA SALUD; AUTONOMÍA PERSONAL; EMERGENCIA SANITARIA; SALUD PÚBLICA; TRATAMIENTO MÉDICO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
PPN (registro N° 242 y causa N° 10082)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, anuló la decisión y concedió la prisión domiciliaria a la mujer (jueces Slokar, Mahiques y Yacobucci).
1. Emergencia sanitaria. Cámara Federal de Casación Penal. Jurisprudencia.
“[E]sta Cámara Federal de Casación Penal dictó la Acordada Nº 2/20 […], a fin de satisfacer los estándares internacionales en materia de tutela de mujeres, niños y niñas especialmente en el contexto actual de emergencia penitenciaria formalmente declarada. Luego, en consonancia con ello, por Acordada 3/20 […], esta Cámara supo expresar su preocupación respecto de la situación de las personas privadas de libertad, en razón de las particulares características de propagación y contagio y las actuales condiciones de detención en el contexto de la declarada emergencia penitenciaria, lo que posibilita inferir ‘las consecuencias sobre aquellas personas que, además, deban ser considerados dentro de un grupo de riesgo’.
[…] Por tanto, se encomendó el preferente despacho para la tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes y encomendó a las autoridades competentes la adopción de un protocolo específico para la prevención y protección del CORONAVIRUS COVID-19 en contexto de encierro. Más recientemente, el pleno de este cuerpo, con fecha 13 de abril ppdo., dictó la Acordada 9/20, mediante la cual se efectuaron una serie de recomendaciones a los tribunales de la jurisdicción a fin de que adopten medidas alternativas al encierro”.
2. Emergencia sanitaria. Personas privadas de la libertad. Cárceles. Hacinamiento.
“[E]l hiperencarcelamiento que repercute –entre otros tantos extremos- particularmente en la salud de la población, plantea la imperiosa necesidad de despoblar, esto es, liberar la mayor cantidad de privados de libertad -comenzando racional y ordenadamente por los inocentes, las madres al cuidado de hijos, los que purgan penas leves, los más vulnerables físicamente, con criterio restrictivo frente a atentados graves y [con] especial consideración de la víctima- antes de que el COVID-19 desate una masacre en la infraestructura precaria de los establecimientos y haya de lamentarse el costo de innumerables vidas. La privación de la libertad nunca puede entrañar privación de la salud, mucho menos de la existencia.
Ese, y no otro, constituye el basamento jushumanitario del pronunciamiento del pleno, llamado a detener el ‘encruelecimiento’ del encierro en respuesta al llamamiento formulado por múltiples organizaciones internacionales, en cuanto han advertido que las personas privadas de la libertad están expuestas a una mayor vulnerabilidad al COVID-19 con relación a la población en general, en razón de estar confinadas en condiciones de hacinamiento. A más, tampoco debe omitirse que las personas en prisión tienen mayores índices de morbilidad que la población general y están más expuestas a factores de riesgo debido a las condiciones deficitarias de higiene, la mala nutrición y la prevalencia de patologías base sin el adecuado tratamiento médico.
En definitiva, se transita el trágico escenario de la emergencia dentro de la emergencia, con derivaciones que deben adoptarse de inmediato por imperio de la responsabilidad judicial que dimana del art. 18 constitucional”.
3. Emergencia sanitaria. Cárceles. HIV. Derecho a la salud.
“[S]e recibió en esta Cámara el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación relativo a la población penal alojada en el Servicio Penitenciario Federal sobre los internos con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-COVID 19, que incluye en su nómina a la causante. […] Bajo estas premisas, no mediando controversia sobre la situación de salud de N. P. P., se advierte que la hipótesis en trato se enmarca dentro del supuesto previsto en el punto dispositivo 2.f de la mentada Acordada CFCP 9/20.
Por otra parte, la argumentación ensayada en la decisión censurada en relación a las medidas adoptadas por el servicio penitenciario para mantener a resguardo a la población carcelaria, no arroja de ningún modo certeza sobre la eliminación absoluta del riesgo de que el virus ingrese en algún momento en el ámbito carcelario, ello en virtud del alto grado de contagio que presenta el COVID-19, más aún en un ámbito de máximo contactos estrechos en donde no se restringió de modo completo la circulación”.
“Desde esta óptica, el argumento relativo a que aún no se ha constatado la presencia de la enfermedad en la institución carcelaria y que ello es potencial resulta definitivamente errado, en tanto la respuesta a ese respecto devendría tardía, a partir de la modalidad de transmisión masiva que caracteriza al virus COVID-19, siendo que, en las particularidades de la especie, la debilidad del sistema inmunológico que presenta la encarcelada pondría gravemente en riesgo su propia existencia, configurándose en el caso una situación irreversible.
Asimismo, el judicante hizo alusión a que la peticionaria recibe el tratamiento correspondiente por su patología HIV, extremo que no guarda inmediata relación con el objeto de la pretensión de esta incidencia, toda vez que lo determinante es que su condición de salud, aun bajo tratamiento en modo adecuado, la coloca en una situación de particular riesgo frente al COVID-19, en razón de verse comprometido el sistema inmunológico en un ámbito como el prisional […].  Bajo estas previsiones, la detención domiciliaria constituye la solución aceptable para el caso, donde el encierro institucionalizado implica un grave riesgo en la salud, como se ha advertido en la especie”.
4. Emergencia sanitaria. Cáceles. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[C]abe relevar que la Corte IDH indicó que la pertenencia a un colectivo LGTBI merece ser contemplada como una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida especialmente en el contexto sanitario presente, tanto más frente a la crisis carcelaria denunciada.
En definitiva, la Corte IDH ha llamado a los Estados a atender las problemáticas planteadas por la pandemia respetando los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas y, desde ese plano, la interpretación de las problemáticas planteadas en el caso no [escapa] de una mirada con perspectiva de género. Como mandato, la Corte IDH ponderó que las personas pertenecientes al colectivo LGTBI frente al contexto actual de la pandemia, se ven afectados en forma desproporcionada porque se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, más aún en aquellos casos donde estén privados de su libertad”.
5. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria. Consentimiento fiscal. Principio acusatorio.
“[E]l fiscal general ante esta instancia, prestó su conformidad en el marco de un incidente sobre la ejecución de la pena, etapa en la que la intervención judicial está orientada a asegurar la resolución imparcial de las pretensiones que aquel solicite.
[A] los fines de evaluar la procedencia de los casos contemplados en la Acordada CFCP 9/20 de esta Cámara, y de acuerdo con el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, habrán de ponderarse en el caso, el carácter y gravedad del delito imputado como las condiciones concretas de su ejecución. En referencia a P. P., esta resultó condenada al mínimo de la pena prevista para la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de lo que se infiere una menor significación ofensiva como lo consigna la propia sentencia condenatoria […]. En orden al tiempo de detención sufrido, […] la interna se halla próxima a una primera evaluación de la posibilidad de obtener la libertad condicional.
En consecuencia, y por fuera de cualquier otro extremo que pudiera merecer un examen jurisdiccional, los argumentos que determinaron al fiscal a pronunciarse en favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria, superan el test de razonabilidad y legalidad y deben ser atendidos en esta sede”.
EMERGENCIA SANITARIA; CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL; JURISPRUDENCIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; HACINAMIENTO; HIV; DERECHO A LA SALUD; LGBTIQ; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO;
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