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DoctrinaVoces CSJN
BCB (causa Nº 417)Corte Suprema de Chile
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario federal, revocó la sentencia apelada e hizo lugar a la acción de amparo. En consecuencia, condenó a IOSPER a cubrir el 100% del costo del aceite de cannabis en las dosis que indicase su médico neurólogo (Ministros Rosatti –por su voto–, Maqueda, Lorenzetti, Rosenkrantz, y Ministra Highton).
Voto de los Ministros Maqueda, Rosenkrantz, Lorenzetti y Ministra Highton
1. Recurso extraordinario. Ley aplicable. Cannabis. Obras sociales. Tratamiento médico. Personas con discapacidad.
“[S]egún conocida jurisprudencia de esta Corte, sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal y, si en el transcurso del proceso, han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias de las que no es posible prescindir […].
En virtud de esta pauta jurisprudencial, a partir del dictado del reseñado decreto 883/2020, las defensas de las aquí demandadas y en cuanto al caso particularmente incumbe, las obras sociales deben brindar cobertura para la adquisición de los derivados de la planta de cannabis a aquellos pacientes que cuenten con indicación médica según la propia letra del citado art. 3 inc. d.
En consecuencia, con los alcances definidos actualmente por las disposiciones vigentes, no se albergan dudas acerca de que la demandada debe brindar al hijo de los actores la cobertura de la prestación requerida” (considerando 9º).
“[L]a solución propuesta por la nueva normativa respeta el mandato constitucional de un particular –tal su término exacto en el art. 75 inc. 23– deber de cuidado respecto de las personas con discapacidad que consagra la Carta Fundamental, especialmente desde la reforma de 1994, con la incorporación con jerarquía constitucional de la `Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad´ (ley 27.044 B.O. 22 de diciembre de 2014) (art. 75, incs. 22 y 23). Vale precisar que en el art. 25 de ese instrumento internacional los estados se comprometen a asegurar `a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas…;´ y proporcionar `servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad´ (art. 25 incs. a y b de la citada Convención)” (considerando 10º).
2. Cannabis. Tratamiento médico. Derechos del paciente.
“[N]o es ocioso recordar que los progresos del paciente […] resultan consistentes con los estudios científicos realizados sobre la efectividad del aceite de cannabis en el tratamiento de la epilepsia refractaria, reconocida incluso por la auditora de IOSPER […]. El aval científico de la droga para el tratamiento de la patología en cuestión fue ponderado, además, en el Informe Ultrarrápido de Evaluación de Tecnología Sanitaria sobre Cannabinoides y Epilepsia, elaborado en el marco del Programa de Evaluación de Tecnología Sanitaria y publicado por la ANMAT, en el que se concluyó que `el uso de CBD en formulaciones estandarizadas y controladas […] como tratamiento coadyuvante en la epilepsia refractaria o fármacorresistente en niños y jóvenes, ha demostrado tener efecto anticonvulsivante principalmente en crisis motoras y debe considerarse como una opción efectiva y segura en el tratamiento de este tipo de pacientes. […] El uso medicinal de los cannabinoides y sus compuestos no adictivos deben ser considerados dentro del arsenal terapéutico de uso controlado, en el tratamiento de la - 11 - epilepsia refractaria´ (Informe realizado el 21 de junio de 2017 y actualizado al 30 de mayo de 2017, pág. 35). De hecho, la evidencia sobre la efectividad del aceite de cannabis para tratar diversas enfermedades y, en particular, la epilepsia refractaria, fue uno de los motivos de la sanción de la ley 27.350 (Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 21ª reunión, 20° sesión ordinaria (especial), 23 de noviembre de 2016, período 134, en especial, págs. 39, 41, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 61, 64, 67, 68, 74, 77, 78 y 84)” (considerando 11º).
Voto del Ministro Rosatti
1. Derecho a la salud. Interpretación de la ley. Medidas de acción positiva. Niños niñas y adolescentes. Personas con discapacidad.
“[E]l último tribunal interviniente encuadró la pretensión de la parte actora en las disposiciones de la ley 27.350 y, ante la ausencia de una cláusula que expresamente estipulara la obligación de las demandadas, juzgó improcedente la demanda. La télesis que sustenta el fallo soslaya el análisis de la totalidad de las normas que concurren a dirimir la contienda, consagrando una interpretación fragmentaria del ordenamiento jurídico que contradice su finalidad última.
Como ha dicho esta Corte `[l]as leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas o conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso no resultan compatibles con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial” (Fallos: 343:848, disidencia del juez Rosatti).
En efecto, se ha omitido ponderar, en concreto, las previsiones del art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional, en cuanto dispone que corresponde al Congreso Nacional `legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad´; los arts. 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10, 25 y 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigentes por el reenvío del art. 75 inc. 22 de la Norma Fundamental; y, particularmente, la ley 24.901 que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
En este preciso marco constitucional se inscriben las disposiciones de la ley 24.901 que, en su art. 1° instituye el `Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad´ estableciendo la creación de un régimen de prestaciones básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. En cumplimiento de ese cometido, el art. 2° de ese estatuto dispone que: `Las obras sociales (…) tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas´. Las disposiciones de los arts. 15 (prestaciones de rehabilitación) y 38 (cobertura total de medicamentos o productos específicos) de la citada ley, iluminadas por las normas constitucionales que se han enumerado, completan el plexo jurídico tutelar que sin duda asistía a A.M. A las previsiones de la ley 24.901 debió aditarse la protección específica y adicional que la ley 25.404 estipuló para el paciente epiléptico al disponer el derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna (art. 4°). Es dable memorar la ley provincial 9705 en cuanto estipuló que `la asistencia médica integral quedará integrada a los nomencladores de las obras sociales que operan en la Provincia, formando parte del Plan Básico Obligatorio y Gratuito para Tratamiento Crónicos y Prolongados´” (considerando 10º).
2. Tutela judicial efectiva. Principio de progresividad. Personas con discapacidad.
“[L]a preferente tutela de la que goza el hijo de los actores por encontrarse incapacitado y ser paciente epiléptico, y el principio de progresividad en la satisfacción plena de sus derechos fundamentales, según se encuentra prescripto en el transcripto inc. 23 del art. 75 de la Constitución Nacional, debió desterrar definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos (Fallos: 332:2454), lo que ocurre cuando, como en el caso, se limita la cobertura de salud por una interpretación excesivamente amplia de las resoluciones reglamentarias de otra norma o la lisa y llana exclusión de las leyes orientadas a la específica protección de las personas discapacitadas, esto es, las leyes 24.901 y 25.404 (conf. doctrina de Fallos: 343:848, voto del juez Rosatti).
Este Tribunal ha considerado, reiteradamente, que el individuo es el eje y centro de todo el sistema jurídico y que, en tanto fin en sí mismo, la inviolabilidad de la persona constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes). A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), ha reafirmado en diversos pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga […], agregando que no cabe imponer a la persona con discapacidad una mayor mortificación que la que su propio estado le ocasiona…” (considerando 11º).
RECURSO EXTRAORDINARIO; LEY APLICABLE; CANNABIS; OBRAS SOCIALES; TRATAMIENTO MÉDICO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHOS DEL PACIENTE; DERECHO A LA SALUD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD;
MMN (causa Nº 2904)Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 1
El Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1 desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva e hizo lugar a la demanda. Además, obligó al Estado a que le otorgase a la actora una beca integral de estudios en las instituciones públicas que sean de elección de las reclamantes, tanto para que culminasen su educación secundaria, como luego universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio, para lo cual deberá otorgar la cobertura integral de los gastos de transporte y material educativo que sean necesarios. Por otra parte, condeno a la parte demandada a que acreditase en el expediente la implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de género y violencia contra la mujer (jueza Brancamonte).
1. Responsabilidad del Estado. Responsabilidad objetiva. Fuerzas de seguridad.
“[E]l Estado ha de responder en forma directa por los hechos ilícitos cometidos por los miembros de sus fuerzas de seguridad en ejercicio o en ocasión de sus funciones […]. Y aun cuando los hechos objetos de autos no fueron cumplidos dentro de los límites específicos de las funciones propias de la Policía Federal, es claro que, contrariamente a lo expuesto por la accionada, no se trató de cuestiones estrictamente interpersonales, reservadas a la intimidad de sus dependientes, sino que ha quedado sobradamente demostrado en las constancias de la causa penal labrada y fallos allí dictados, que tales hechos fueron llevados a cabo por sus dependientes en ocasión de sus funciones, lo cual determina la responsabilidad del Estado, tratándose de una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de la falta de servicio, aun cuando se considere la falla personal del agente público.
Sobre el particular, también debe recordarse las disposiciones específicas para el personal de la fuerza plasmadas en la ley 21.965, que en su artículo 8, establece que el estado policial `supone los siguientes deberes comunes al personal en actividad o retiro: a) adecuar su conducta pública y privada a normas éticas, acordes con el estado policial; b) no integrar, participar o adherir al accionar de entidades políticas, culturales o religiosas que atenten contra la tradición, la Institución, la Patria y sus símbolos; c) defender, conservar y acrecentar el honor y el prestigio de la Policía Federal Argentina; d) defender contra las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las personas aun a riesgo de su vida o integridad personal´.
Asimismo, el artículo 9, inciso a) agrega que tal estado impone como obligación esencial del personal en actividad `mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir toda infracción legal de su competencia, aun en forma coercitiva y con riesgo de vida´ y el inc. h) `atender con carácter exclusivo y permanente el ejercicio de la función policial´.
Por su parte, la exposición de motivos al analizar el Título I –Estado Policial–, aclara que distinguen `…los deberes y las obligaciones, entendiendo que aquellos son indivisibles respecto a la personalidad del policía, penetrando en el ámbito de su moral como irrenunciables e indelegables…´., lo cual implica el deber de velar adecuadamente por la integridad física de los miembros de la sociedad y la preservación de sus bienes, y que dicho deber es –como lo indica la mencionada exposición– indivisible respecto de la personalidad del policía.
En este orden, también debe agregarse que conforme lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 322:2002) `el ejercicio del poder de policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes (arts. 512 y 902 del Código Civil), pues ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado…´”.
2. Responsabilidad del Estado. Relación de causalidad. Falta de servicio.
“[T]oda vez que los aberrantes hechos que motivaron este juicio tuvieron directa conexidad con el accionar de los agentes que los promovieron y causaron, aunque no se encontraran cumpliendo las tareas específicas del cargo, es claro que el Estado es responsable por el hecho dañoso, pues `basta que la función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el hecho dañoso´ para que surja la responsabilidad del principal […].
Solo basta agregar que, tal como lo tiene reiteradamente decidido la jurisprudencia del Fuero, el criterio doctrinario y jurisprudencial sobre la responsabilidad estatal varió a lo largo del tiempo. Durante una etapa significativa, se la fundó en normas de derecho común asumiendo -juristas y jueces- que el Estado debía responder en forma refleja por los hechos obrados por sus dependientes con dolo o culpa […].
[U]na modulación de ese enfoque constituyó la prestación irregular del servicio y la aplicación analógica del artículo 1112 del Código Civil […], siendo doctrina del Máximo Tribunal que la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho de sus agentes, no es indirecta ni basada en la culpabilidad, por el contrario, cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad, aquél responde directamente por la falta de una regular prestación. Y es que, aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio. Es decir, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas […]. Esa responsabilidad directa basada en la falta de servicio y definida por la Corte como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño […]. Dicho con otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva […].
De tal modo, considerando que los antecedentes de la causa evidencian el accionar ilícito de la Policía Federal Argentina –a través de sus dependientes– […] cabe tener por configurada la irregularidad en la prestación del servicio de seguridad y adjudicarle la responsabilidad al Estado Nacional”.
3. Violencia de género. Abuso sexual. Perspectiva de género. Vulnerabilidad.
“[D]ebe ponderarse especialmente que las actoras fueron víctimas de abuso sexual con acceso carnal, e inducidas a la prostitución, cuando eran dos niñas comenzando su adolescencia (13 y 14 años), hechos que se reiteraron por más de dos años y a los que fueron obligadas mediante intimidaciones y aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad de discernimiento, social y económica que atravesaban.
Tales circunstancias hacen necesario evaluar la responsabilidad con un enfoque o `perspectiva de género´ y un análisis de la `vulnerabilidad´ de las damnificadas, conforme los postulados constitucionales y el bloque de convencionalidad aplicable, en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional.
Sobre el particular, debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado que la Administración de Justicia es la primera línea de defensa en la protección de los derechos humanos a nivel nacional, incluyendo los derechos de las mujeres. El Poder Judicial tiene un rol destacado en enviar mensajes sociales, para avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos, en particular las normas encaminadas a proteger a sectores en particular riesgo a sus derechos humanos como las mujeres (CIDH, 2011, `Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación´, Resumen ejecutivo e introducción, punto 8).
Asimismo, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) ha publicado un trabajo efectuado por la Justicia de México […], donde se expresa que `Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria´ […].
Desde esta perspectiva, es claro que analizar el caso con perspectiva de género no constituye una opción voluntaria o facultativa del órgano jurisdiccional, sino una obligación que viene impuesta por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a aquélla a partir de la reforma constitucional de 1994. Esto se aprecia en primer término en las disposiciones del art. 75, inc. 23 CN, en cuanto establece que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Y ello es así, en tanto se los considera como `grupos en situación de vulnerabilidad que, por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas, observándose que la vulnerabilidad acarrea situaciones de discriminación estructural, exclusión y marginación y destacándose que la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha llevado a una protección normativa y judicial más profunda, que brinda herramientas para generar un contexto más favorable para revertir las situaciones de inequidad´…”.
4. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación. Debida diligencia. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención De Belém Do Pará). Perspectiva de género.
“[E]l Estado Nacional asumió el compromiso de prevenir, investigar, sancionar y reparar los tipos de violencia […], de modo que para el entendimiento interamericano de protección de los derechos humanos, [el] marco convencional (en especial, el dado por la Convención de Belém do Pará), reconoce el `vínculo crítico que existe entre el acceso de las mujeres a una adecuada protección judicial al denunciar hechos de violencia, y la eliminación del problema de la violencia y la discriminación que la perpetúa´ […].
De tal modo, es claro que la totalidad de las pautas referidas precedentemente, deben ser tenidas en cuenta para decidir en esta causa, ya que la perspectiva de género debe ser ponderada especialmente para una justa resolución del conflicto, con una visión que abarque integralmente todas las normas legales y supralegales, precedentes y recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso, las cuales no deben considerarse pautas generales de alcance difuso, sino de normas operativas cuya aplicación genera efectos concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa […].
Para ello, debe considerarse especialmente, que quienes ejercen la magistratura no cuentan solo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte, ante ataques deliberados de todo tipo como consecuencia de su condición de mujer, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable (art. 7 inc. g, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; art. 7 Ley 26.485). Y esa obligación excede el ámbito del derecho penal o de familia, resultando de plena aplicación en todo tipo de procesos que así lo requieran por sus circunstancias de hecho, aun en los reclamos de daños y perjuicios civiles. Más no debe traducirse […] en una mejora en las sumas de dinero otorgadas de modo automático, porque ello sería llevar la cuestión a un reduccionismo contrario a las reglas que consagran la protección integral. En cambio, deben aplicarse métodos, sanciones y reparaciones de distinta entidad para que el abordaje resulte efectivo (reparación económica, sanciones extrapatrimoniales, medidas de reeducación (CA Civ. y Com. N° 2 de La Plata, Sala II, causa 127098 del 14/7/2020), como así también efectuarse especial ponderación de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que al establecer los derechos y garantías mínimas que deben asegurarse en todo procedimiento judicial o administrativo incluye: `la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia…´…”.
5. Indemnización. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral. Daño psicológico. Incapacidad.
“Sobre el particular, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físico como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, ello es en la medida que asuma la condición de permanente […]. De modo que, para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso.
En este mismo orden, la Corte ha reconocido que la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente importa una incapacidad que debe ser objeto de reparación al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida […].
Siguiendo esta línea de razonamiento, se ha decidido reiteradamente que la indemnización en concepto de daño psíquico resulta diferenciable de aquella que se destine a reparar el daño moral. Al punto, resulta conveniente señalar que el daño psíquico o psicológico remite a una verdadera lesión orgánica, a diferencia del menoscabo moral que –por definición– opera en el ámbito anímico espiritual […]. Es que el daño psíquico no implica cualquier desequilibrio espiritual –ámbito propio del daño moral–, sino que requiere la existencia de una lesión o menoscabo patológico, diagnosticable y más o menos clasificable por la ciencia médica […]. Además, se ha entendido que para que dicha indemnización resulte autónoma del daño moral reclamado, la incapacidad a resarcir debe ser permanente y no transitoria, así como también debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso […]. En igual sentido, se ha precisado que `el daño psíquico no queda subsumido en el daño moral, y corresponde resarcirlo en la medida en que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integrado´ […]. En suma, cabe considerar ontológicamente distinto el trastorno psíquico visto como daño cierto, evaluable a través de la pericia respectiva, del dolor experimentado como caracterizante del daño moral, debiendo afirmarse la distinción y consecuente valuación de cada rubro...”.
6. Daño psicológico. Informes. Informe psicológico.
“Ahora bien, si bien [se tiene] en cuenta que ambos profesionales adujeron que sus informes fueron realizados de manera tal de proteger el secreto profesional, el deber de confidencialidad y evitar potenciales situaciones de revictimización, lo cierto es que resultan tan escuetos que, de ser el único medio probatorio a tener en cuenta, en lo que hace a la pericia psicológica, solo contaríamos con los cuadros psicológicos objetivados a fs. 196 y 204, con porcentajes de incapacidad mencionados como orientativos y sin respuesta efectiva a la entidad de los tratamientos psicoterapéuticos indicados a las actoras […], mientras que en lo que hace a la pericia psiquiátrica, con la conclusión de que las actoras no presentan alteraciones de tipo psicótico que les impida tener autonomía psíquica como para intervenir en un proceso judicial […], circunstancias que […] lleva a considerarlos absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada.
En las condiciones indicadas, si bien debe ponderarse que los informes aludidos no contradicen, ni derriban las conclusiones de los restantes dictámenes evaluados y detallados en este considerando, estimo que, a los fines de la justa composición de la procedencia del rubro reclamado, deben ser analizados en forma integral y juntamente con aquellos, que también se encuentran agregados como prueba en esta causa.
Ello así, considerando la amplitud y precisión de las pericias realizadas en sede penal que ilustran cabalmente sobre la magnitud de la afectación psíquica que los hechos objeto de autos produjeron en ambas actoras, ponderando las pautas indicadas por la ley 26.485 (art. 16 inc. i) que […] resultan de aplicación al caso de autos, y teniendo en cuenta que los diferentes porcentajes de incapacidad aludidos por los profesionales que evaluaron a las accionantes, en función de distintos baremos, resultan, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una pauta genérica de referencia […], corresponde tener por debidamente acreditado el daño psicológico alegado”.
7. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Daño psicológico. Tratamiento médico.
“En cuanto al rubro tratamiento psicológico, debe ser indemnizado de manera autónoma de lo que corresponda por el rubro daño psíquico. El monto destinado a reparar el daño psíquico, tiene como fin indemnizar concretamente el daño en sí mismo que han padecido las co-actoras, y que ha sido ponderado en los informes […], con independencia de los tratamientos a futuro que se recomienda realizar, mientras que el concepto de tratamiento psicológico, se encuentra destinado directamente a lo que se deba abonar en virtud de las sesiones terapéuticas recomendadas a las actoras como paliativo del daño psicológico [..].
En este orden de análisis, cabe recordar que los gastos terapéuticos son resarcibles siempre que de acuerdo a la índole de las lesiones sea previsible la necesidad de realizar o continuar algún tratamiento curativo o paliativo. Ello no obsta a que tenga lugar el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni que exista por dicha causa duplicación de reparaciones, puesto que una cosa es resarcir la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado de las peticionantes. Si bien su finalidad estriba en revertir el diagnóstico de duelo patológico, no puede desconocerse que el éxito depende de variables que impiden asegurarlo […]. La señalada necesidad de la terapia apunta, obviamente, a los aspectos reversibles de las afecciones, como así también a los paliativos de las secuelas no modificables y a la prevención de ulteriores deterioros…“.
8. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios.
“En lo atinente a este rubro, debe ponderarse que, entre las múltiples definiciones que ha aportado la doctrina y la jurisprudencia respecto del daño moral podemos encontrar la que sostiene que consiste en `la minoración en la subjetividad de la persona humana, derivada de la lesión a un interés no patrimonial (individual o colectivo). O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial´. Tal idea atiende a las consecuencias que produce la acción antijurídica, y pondera al daño extrapatrimonial o moral por lo que es, en términos positivos, asignándole un contenido propio y específico, no por mera contraposición con el daño material, y da cuenta de que el detrimento se traduce en una modificación disvaliosa del espíritu, expresión que destaca que la persona humana es cuerpo y espíritu, lo cual es comprensivo de múltiples aspectos de su personalidad que son dignos de protección. Finalmente, el daño moral supera lo meramente afectivo, los sentimientos, y proyecta también sus efectos hacia otras zonas de la personalidad que merecen debida protección: la capacidad de entender y la de querer, de suerte que la mera ausencia de sensibilidad o de comprensión del dolor no excluyen la posibilidad de existencia de daño moral. Aun cuando no exista consciencia del agravio, el disvalor subjetivo puede configurarse. El sufrimiento no es, de tal modo, un requisito indispensable para que haya daño moral, aunque sí una de sus posibles manifestaciones más frecuentes. Con ello se supera el estrecho molde del llamado pretium doloris, que presupone necesariamente aptitud del damnificado para sentir el perjuicio. Por lo tanto, la pérdida de los sentimientos o de la posibilidad de experimentarlos, y más aún, de la aptitud de encontrarse en una situación anímica deseable, es daño moral […].
A su vez, y en lo relativo a su cuantificación, se ha dicho reiteradamente que se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado a través de dinero, que funciona como un medio de obtener goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales, siendo claro que el dinero no cumple una función valorativa exacta, pues el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (CSJN, `Baeza, Silvia Ofelia c/. Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios´, 12/4/2011).
En otro orden, debe ponderarse que en el caso, las hermanas M.N.M y C.S.M sufrieron todos los tipos de violencia definidos por la normativa aplicable (Ley 26.485, art. 5°), en tanto se las sometió a violencia física, psicológica, sexual, y simbólica, debiendo sumarse a ello la violencia económica sufrida en función de su extrema vulnerabilidad dada no solo por las condiciones sociales y económicas que atravesaban (nótese que en muchos de los casos las prácticas a las que eran sometidas tenían como moneda de cambio un plato de comida, o dinero para viajar), sino también la vulnerabilidad propia de la edad en la que transcurrieron esos hechos (edades, en las que ya se dijo, debían ser consideradas como niñas, conforme art. 1 de la Convención de los Derechos del Niño), como así también por la relación de asimetría absoluta con los depredadores que llevaron a cabo las deleznables prácticas ya evaluadas en autos”.
“[L]a inmensa gravedad de los hechos, el extenso tiempo en el que transcurrieron, la manifiesta vulnerabilidad de las actoras, son circunstancias que llevan a considerar que la procedencia del rubro en análisis se encuentra configurada in re ipsa, en tanto los padecimientos por parte de las reclamantes resultan de los propios hechos y sus consecuencias, por lo que aún al margen de las probanzas aportadas, no requieren de acreditación específica alguna…”.
9. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales. Valor vida.
“[L]a jurisprudencia ha destacado que el tema remite al caso `Loayza Tamayo vs. Perú´, fallado el 27 de noviembre de 1998 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (capítulo XII, numeral 144 y ss.). En esa oportunidad los jueces procuraron precisarlo de la siguiente manera `...El proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone...´ para afirmar más adelante que `...no se trata de un resultado seguro, que haya de presentarse necesariamente, sino de una situación probable –no meramente posible dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido (sic) y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos...´ (núm. 148 y 149).
En base a ello, se sostuvo que su definición es problemática ya que todas las personas tienen un proyecto o, inclusive, varios proyectos de vida, de acuerdo a la actividad personal y profesional que desarrollen […]. Y que esa dificultad se proyecta en la diferenciación especifica con otros rubros indemnizatorios y, por lo tanto, en la determinación de su cuantía“.
“En base a tales pautas, se estimó que el interesado debía exponer y probar cuál fue el proyecto de vida que se vio afectado por la conducta antijurídica, decidiéndose en estos casos, que el daño al proyecto de vida es una categoría del daño inmaterial que puede ser subsumido en el daño moral, por lo que se amplió el monto de condena por dicho rubro...”.
“[E]l daño al proyecto de vida `interfiere en el destino del sujeto, frustrando, menoscabando o postergando su realización personal´; que se trata de la mutilación del plan existencial del sujeto, de aquel que conforma su libre, personalísimo, íntimo y auténtico `ser y hacer´, y en la medida que ese plan supere el mero deseo, aspiración o expectativa y que se arraigue en la probabilidad cierta de que el objetivo vital sería razonablemente alcanzado de no mediar el hecho nocivo. Por ello la alteración debe ser profunda y comprometer las potencialidades ciertas de la persona y encaminada diariamente a su consecución. En sentido concordante, se ha expresado que `el proyecto de vida frustrado implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o de muy difícil reparación, es decir no sólo importa la frustración del proyecto de vida, sino también todo menoscabo, restricción o retardo en su realización´, agregándose que el daño al proyecto de vida se concibe como la frustración de fundadas, razonadas y objetivas expectativas de índole personal, enraizadas en un plan trascendente y significativo de la víctima…”.
“[L]a reparación al daño al proyecto de vida implica una indemnización, pero que no se reduce necesariamente a ésta, sino que puede traer consigo otras prestaciones que aproximen la reparación al ideal de la restitutio in integrum”.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; RESPONSABILIDAD OBJETIVA; FUERZAS DE SEGURIDAD; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; FALTA DE SERVICIO; VIOLENCIA DE GÉNERO; ABUSO SEXUAL; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); INDEMNIZACIÓN; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL; DAÑO PSICOLÓGICO; INCAPACIDAD; INFORMES; INFORME PSICOLÓGICO; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; TRATAMIENTO MÉDICO; VALOR VIDA;
PBEG (causa Nº 1813)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró admisible el recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, y Ministra Highton).
1. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Gravamen. Niños, niñas y adolescentes. Cuestión federal. Derecho a ser oído.
“[A]un cuando la decisión apelada, dictada en el marco de un proceso sobre medidas cautelares, no constituye –como regla– sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario, este Tribunal ha admitido que pueda reputarse equiparable a tal cuando lo decidido es susceptible de producir un perjuicio que, por su magnitud y las circunstancias de hecho que lo condicionan, podría resultar frustratorio de los derechos constitucionales en que se funda el recurso por ser de insuficiente o tardía reparación ulterior (conf. Fallos: 331:2135 y sus citas).
Ello es lo que sucede en el caso pues, a la luz del desarrollo de los hechos, de lo informado por los especialistas y de lo manifestado por los destinatarios de las medidas aquí dispuestas, mantener, sin más, la solución propuesta por la corte local podría traer aparejado un gravamen de dificultosa o imposible reparación ulterior dada la crucial incidencia en la vida presente y futura de los niños involucrados en el conflicto parental e, incluso, hasta agravar una situación que en la actualidad ya luce seriamente complicada, en desmedro de todos los involucrados” (considerando 8°).
“[L]os agravios del recurrente suscitan cuestión federal para su consideración por la vía intentada, desde que ponen en tela de juicio la inteligencia de las normas de un tratado que goza de jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 3.1 y 12) y la sentencia del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que aquel funda en ellas […]. Asimismo, el interesado invoca la errónea ponderación de las disposiciones de la ley 26.061 como del art. 707 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto receptan las directrices adoptadas en el citado tratado” (considerando 9°).
2. Interés superior del niño. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a Corte Suprema ha enfatizado firmemente sobre la necesidad de resolver los conflictos que atañen a los infantes a la luz del principio del interés superior del niño, en tanto sujetos de tutela preferente […].
En ese contexto, ha señalado que la consideración del referido interés superior debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos que involucran a los niños y niñas en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar –en la medida de su jurisdicción– los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que la Constitución Nacional les otorga (art. 75, inciso 22, de la Ley Fundamental).
Ello así, pues los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial que debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que ante un conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de ellos debe tener prioridad por sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso en concreto, aun frente al de sus progenitores […]. Dicho principio encuentra consagración constitucional en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e infra-constitucional en el art. 3 de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los arts. 639, inciso a y 706, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación” (considerando 11°).

“[E]ste Tribunal ha señalado que dicho principio no debe ser considerado en forma puramente abstracta, sino que su contenido debe determinarse en función de los elementos objetivos y subjetivos propios de cada caso en concreto […]. Se trata de un concepto dinámico y flexible que deberá precisarse de forma individual, con arreglo a la situación particular y a las necesidades personales de los sujetos involucrados, tarea en la que la opinión del infante, la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, así como su cuidado, protección y seguridad, se presentan como elementos a tener en cuenta para evaluar y conformar el citado interés superior (confr. Comité de los Derechos del Niño, Observación n° 14, puntos 4; 10/11; 32/34; 36/37; 52/54 y 58/74)” (considerando 12°).
3. Interés superior del niño. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído.
“[E]n la apreciación de las diferentes variables que contribuyen a conformar el concepto de `interés superior del niño´, la opinión del niño, niña y adolescente constituye un parámetro que en determinados asuntos adquiere y exige una imperiosa ponderación atendiendo a la edad y madurez de quien la emite, desde que no cabe partir de la premisa de que aquellos son incapaces de formarse un juicio propio ni de expresar sus propias opiniones.
Tanto la […] ley 26.061 como el art. 707 del Código Civil y Comercial de la Nación expresamente así lo contemplan, receptando de ese modo lo dispuesto por el art. 12 de la mencionada Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto dispone que `Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez…´. El derecho de todos los niños a ser escuchados constituye uno de los valores fundamentales de la Convención, a punto tal `que no es posible una aplicación correcta del artículo 3 si no se respetan los componentes del art. 12´ (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 12, puntos 2 y 74)” (considerando 13°).
“[L]a suprema corte local no efectuó el análisis que la hermenéutica constitucional y legal exigía, en particular los efectos o consecuencias que podía traer aparejada para los niños y la niña la confirmación de la medida cautelar que ordenaba su reintegro al cuidado de su madre en la forma en que fue dispuesta.
La decisión cuestionada hizo particular mérito de la existencia de un acuerdo de cuidado personal y régimen de comunicación homologado e incumplido por el progenitor, de la falta de acreditación suficiente de los hechos de violencia alegados, así como de la intervención del discurso paterno, pero no ponderó adecuadamente, a la luz del desarrollo de los hechos la incidencia que en la solución que proponía evidenciaba, la concordante y férrea opinión expresada por los niños y la niña que se oponían y se oponen a volver a residir y a estar al cuidado de su progenitora, así como a vincularse con ella […].
Esta expresión de voluntad que ha sido reiterada en la audiencia celebrada ante este Tribunal, en la que ratificaron la postura que vienen manteniendo a lo largo del proceso, resulta relevante a los efectos de determinar el interés superior del niño al que debe atenderse de manera primordial, según se ha manifestado” (considerando 16°).
“[L]a exigencia legal que impone a los jueces escuchar la opinión de los niños no implica el cumplimiento de una mera formalidad ni impide que aquellos puedan desatender sus preferencias si de los elementos obrantes en la causa surge que satisfacerlas no es conducente al logro de su superior interés.
Empero, cuando las circunstancias del caso advierten sobre la necesidad de atender sus expresiones, es responsabilidad de los magistrados adoptar una decisión que, al contemplarlas, conjugue de la mejor forma posible todos los intereses en juego sobre la base de parámetros sustentados en una razonable prudencia judicial y teniendo en miras que es la conveniencia de la persona en formación lo que debe guiar la labor decisoria. Máxime cuando dichas expresiones se han mantenido inalteradas en el tiempo pese a los intentos orientados a lograr una morigeración de su contenido y no se avizora la posibilidad cierta de modificación en las condiciones actuales” (considerando 18°).
4. Niños, niñas y adolescentes. Revinculación. Informes. Informe pericial. Informe psicológico.
“[R]esultan elocuentes las distintas consideraciones y conclusiones formuladas por el Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación en su informe en punto a que el fracaso sistemático de las medidas judiciales impuestas ha llevado la disfuncionalidad familiar a una etapa de marcada gravedad y a la necesidad de considerar medidas alternativas de resolución de la problemática que eviten procesos de victimización secundaria y la imposición de una metodología que ya ha fracasado en el pasado, al tiempo que dan cuenta de la posible implementación como recurso terapéutico de lo que se denomina `una desvinculación constructiva´ para encarar un nuevo vínculo desde otra perspectiva […].
La necesidad de afrontar la revinculación materno-filial desde otro enfoque y recurriendo a una técnica que difiera de la hasta ahora intentada sin resultados concretos favorables, aún en su mínima expresión, se ve reflejada en el último informe acompañado por la institución que tenía a su cargo el proceso de revinculación en esta jurisdicción -por decisión de las partes- que pone de manifiesto la seria y conflictiva situación del grupo familiar que ha llevado a dar por concluida su intervención en el asunto dada la imposibilidad de continuar con el mismo…” (considerando 20°).
“[F]rente a las circunstancias actuales, mantener lo resuelto en las distintas instancias –reintegro de los niños a la progenitora– no resulta viable ni acorde con la prudencia y la mesura que deben primar en la búsqueda de dar solución a conflictos en los que se encuentran involucrados los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes. Esta Corte Suprema ha tenido oportunidad de señalar que `los jueces deben pesar las consecuencias futuras de sus decisiones, sobre todo cuando los destinatarios son los niños´ (Fallos: 331:941).
En virtud de ello, la decisión que se adopte respecto de la conflictividad familiar que impera en el caso deberá inevitablemente atender a la evolución que tenga el tratamiento psicológico que deben mantener los hoy adolescentes y los adultos -cuya continuación y debida acreditación resultan esenciales para el resguardo de su integridad- tendiente a recomponer los lazos familiares y a alejar miedos e inseguridades de los primeros, paso imprescindible para arribar posteriormente al establecimiento de una paulatina, adecuada y saludable revinculación, todo ello sujeto a sus necesidades […].
Para el logro de dicho cometido, resultará imprescindible que, por un lado, el progenitor conviviente extreme sus esfuerzos a fin de permitir que el vínculo con el progenitor no conviviente pueda ir restableciéndose en un clima de paz y tranquilidad, evitando circunstancias que puedan llegar a agravar la situación personal de los involucrados que, de por sí, ya se encuentra en un estado delicado y, por el otro, que la progenitora adopte idéntica conducta con el propósito de ir recreando una relación materno-filial que, indefectiblemente, se ha ido perdiendo con el tiempo.
Asimismo, constituirá una nota esencial para alcanzar una solución que permita un acercamiento familiar genuino y adulto –con los tiempos propios que demandan las relaciones interpersonales– que ambos progenitores enfoquen su atención en la persona de sus hijos y dejen de lado cualquier desavenencia entre ellos que configure un obstáculo, impedimento o dificultad para el avance en la vinculación familiar” (considerando 21°).
RECURSO EXTRAORDINARIO; ADMISIBILIDAD; GRAVAMEN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CUESTIÓN FEDERAL; DERECHO A SER OIDO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; REVINCULACIÓN; INFORMES; INFORME PERICIAL; INFORME PSICOLÓGICO;
Tejerina (causa N° 20364)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a la imputada y ordenó su libertad (jueza Figueroa y jueces Petrone y Barroetaveña).
1. Ley de estupefacientes. Requisa. Prueba. Apreciación de la prueba. Principio de inocencia. In dubio pro reo. Principio pro homine.
“[D]el análisis de la probanza reunida y los fundamentos sobre cuya base el tribunal tuvo por acreditada la materialidad del hecho y la responsabilidad asignada a [la imputada], surge que, de adverso a lo sostenido por el órgano jurisdiccional, lo único que los elementos ponderados consiguen demostrar es la concurrencia de las objetivas circunstancias previstas en el art. 230 bis del CPPN para la procedencia de la requisa sin orden judicial y, por otra parte, la existencia de material estupefaciente fraccionado en dos paquetes dentro del recinto donde iba a ser requisada la nombrada, más no consigue la sentencia demostrar, con el grado de certeza requerido para una decisión condenatoria que el material estupefaciente efectivamente le perteneciera a la encartada.
Es que conforme surge de la evaluación del iter formativo de tal convicción –propiedad del material estupefaciente–, se observa que tal extremo se ha sustentado exclusivamente en lo declarado por la gendarme […], testimonio cuyo contenido es contrastado por otros elementos arrimados a la causa, que generan un estado de duda en punto a la propiedad de la droga incautada”.
“[Una vez analizado] de manera integral el plexo probatorio y correlacionada la prueba reunida, en el particular caso de autos no se supera el estándar de prueba que debe imperar para el dictado de una sentencia condenatoria, en la medida en que el cuadro probatorio que sustenta la acusación se limita a la declaración [del personal de Gendarmería], la que frente los restantes elementos de prueba reunidos y la versión defensista, no encuentra apoyatura en otro elemento cargoso que conduzca de manera necesaria y unívoca a corroborar la hipótesis de ocurrencia de los hechos conforme la acusación fiscal y, finalmente, conforme lo resuelto por el tribunal de juicio en el pronunciamiento impugnado”.
“[L]as deficiencias probatorias que presentó la acusación esgrimida en contra de la imputada no […] permiten arribar a la certeza necesaria para considerarla penalmente responsable por el hecho que se le atribuye, pues no ha logrado destruir el estado de inocencia que la ampara”.
“Esta solución se presenta además como la más respetuosa del principio pro homine, pauta jurídica interpretativa que traza transversalmente todo el ordenamiento jurídico penal y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que coincide con el rasgo fundamental del Derecho de los Derechos Humanos que se cimienta en estar siempre a favor de la persona humana” (voto de la jueza Figueroa, al que adhirió el juez Barroetaveña).
2. Tráfico de estupefacientes. Fuerzas de seguridad. Prevención e investigación. Derecho a la privacidad.
“A fin de garantizar el cumplimiento de [las obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico], resulta de suma importancia que las fuerzas de seguridad intervinientes en la prevención de este tipo de criminalidad compleja, estén dotadas de recursos suficientes a fin de poder llevar a cabo adecuadamente la función, atribución y deberes que le han sido encomendados – arts. 183, 184 y cc. del CPPN–.
Al respecto, menester es poner de resalto que actualmente se cuenta con nuevos medios técnicos y de otro tipo, propios del desarrollo tecnológico alcanzado por nuestras sociedades, cuyo empleo por parte de las fuerzas de seguridad resulta recomendable”.
“[E]l empleo de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal refuerza la protección del accionar desplegado por el personal preventor interviniente ante su eventual cuestionamiento constitucional y convencional y, al mismo tiempo, implica una intensificación de las medidas precautorias previas a la realización de concretas medidas intrusivas en la esfera privada de las personas” (voto de la jueza Figueroa, al que adhirió el juez Barroetaveña).
3. Ley de estupefacientes. Ministerio Público Fiscal. Acusación. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio acusatorio. Principio de contradicción. Recurso de casación.
“[L]a actuación del órgano jurisdiccional empece la postura del Ministerio Público Fiscal y, en ausencia de impulso ajeno al tribunal, violenta la garantía del debido proceso y afecta seriamente el derecho de defensa en juicio de los imputados de raigambre constitucional y convencional (artículos 18 de la Constitución Nacional; 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.
“[E]n el caso traído a estudio corresponde hacer extensiva la aplicación de la doctrina de los aludidos fallos ´Tarifeño´ y ´Cattonar´ – entre otros–  al ámbito recursivo, pues si la Corte Suprema entendió que la posición acusatoria y valorativa de la prueba del juicio asegura el contradictorio y habilita la potestad de juzgar, de la misma manera debe interpretarse que si el señor fiscal general –en tanto superior jerárquico del fiscal de juicio– declina la pretensión acusatoria allanándose a la pretensión de la defensa, el juzgador en la etapa recursiva no puede suplantarlo en su rol sin romper el juego de equilibrio entre las partes”.
“[L]as formas sustanciales del juicio requieren de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal, en resguardo de la garantía de debido proceso penal (art. 18 C.N.)”.
“[S]uperado el test de razonabilidad y logicidad sobre el dictamen fiscal en cuestión, dirigido en sentido idéntico al de la impugnación interpuesta por la defensa –lo que revela la ausencia de contradicción entre las partes–  determina la suerte favorable del presente recurso” (voto del juez Petrone).
LEY DE ESTUPEFACIENTES; REQUISA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO PRO HOMINE; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; FUERZAS DE SEGURIDAD; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DERECHO A LA PRIVACIDAD; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; ACUSACIÓN; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO ACUSATORIO; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; RECURSO DE CASACIÓN;
MJH y otros (causa  Nº 23020)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal desestimó el recurso de apelación y confirmó la decisión de primera instancia (voto de la jueza Caputi, al que adhirieron los jueces López Castiñeira y Márquez).
1. Responsabilidad del Estado. Recurso de apelación. Fundamento del recurso. Deber de fundamentación.
“[L]os dichos de la apelante giran en torno a la exclusión de responsabilidad bajo el entendimiento de que sería aplicable el supuesto exculpatorio de la `culpa de la víctima´, y que la falta de servicio habría sido endilgable al tribunal interviniente y no a la administración pública. Es decir que, al no hacerse cargo de los razonamientos y fundamentos del fallo apelado, resultan insuficientes para sustentar válidamente el recurso en orden a los aspectos específicamente controvertidos y resueltos en autos (cfr. C.S.J.N., in re: `Said, Salomón c/ P.J.N.´, sentencia del 30/09/2003, publicada en Fallos: 326:3715).
Ciertamente, la postura de la accionada, no puede tener favorable acogida, atento a que ni siquiera se hace cargo del fundamento central sobre el que hace pivot el pronunciamiento apelado, a efectos de resolverse como se hizo. A saber, la responsabilidad que le cupo al organismo demando. Por ende, no debe soslayarse que […] la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la resolución cuestionada y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas […], ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el Sr. Juez de grado, sin suministrar bases fácticas y conforme a derecho del distinto punto de vista, no resulta suficiente para sostener un recurso de apelación.

[L]as alegaciones bajo examen lucen genéricas y dogmáticas, careciendo de explicación alguna que, de modo concreto, puntual y circunstanciado, revele las razones jurídicas que justificarían lo pretendido –que consiste, valga recordarlo, en el rechazo de la acción–. Y, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios (por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa), ello no puede conducir al extremo que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (art. 265 del CPCCN)”.

2. Responsabilidad del Estado. Falta de servicio. Ley aplicable. Responsabilidad objetiva. Jurisprudencia.

“[E]l Estado, por medio de sus agentes, debe desplegar una conducta, en función de deberes legales positivos y concretos, cuando se producen situaciones como la aquí analizada, y la insuficiencia o anormalidad del cumplimiento de las respectivas funciones, puede comprometer su responsabilidad patrimonial, cuando confluye con el daño y un nexo causal que conecte esa falta de servicio con el resultado dañoso”.

“[Q]uien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causaren su incumplimiento o su irregular ejecución (doctrina de los artículos 625 y 630 del Código Civil). Y si bien las relaciones entre el Estado y las personas se rigen por el derecho público, se aceptaba según el estado de cosas y el consenso jurídico y jurisprudencial vigente a la época que interesa (v.gr., años 2005 y 2006, hasta el deceso del joven […], en enero de 2007) que la regla enunciada, fundada en razones de justicia y de equidad, podía tener también su aplicación a este género de relaciones, máxime mientras no regía a dicha época una previsión legal específica que regulara el punto de modo diverso, o impidiera acudir a dichos artículos.

La noción –falta de servicio– está próxima a cumplir nueve décadas de evolución jurisprudencial y doctrinal, de modo que ha venido siendo aplicada en sucesivos casos, con los que se agregaron contornos conceptuales que sirven al efecto de esclarecer si se verifica este factor de atribución por obrar ilícito del Estado en cada caso que suscite la intervención jurisdiccional.

De esta forma, cabe partir de que la idea objetiva de la `falta de servicio´, encontró fundamento –en la época a la cual cabe juzgar los hechos motivantes de la controversia (como se recordó, hasta principios de enero de 2007)– en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del CÓDIGO CIVIL (norma positiva que regía al momento en que los hechos tuvieron lugar), el cual establecía un régimen de responsabilidad ´por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas´. Según la hermenéutica desarrollada por nuestro Máximo Tribunal a partir de los precedentes `Tomás Devoto´ y `Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires´, ello ponía en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público. Así, en el precedente `Vadell c/Provincia de Buenos Aires´, se resolvió que la idea de la falta de servicio era `objetiva´, e integraba un `régimen de responsabilidad´ del Estado por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el cumplimiento de dichas tareas (`obligaciones legales´, como se las describe en otro pasaje) fuera `irregular´, nociones que llegan hasta la actualidad y fueron posteriormente plasmadas en la LEY nº 26.944. Como fuese, para la Corte Suprema, al configurarse dicha irregularidad, y verificados los demás presupuestos (daño y relación causal), se ponía en juego lo que se definió como la `responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público´ […].
Complementariamente, debe recordarse que en los últimos tiempos, el quid de la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión, o por falta de servicio por no cumplirse debidamente los deberes de que se trate, hizo pivot sobre la consideración de cuán concreto resultaba el deber estatal, según el estándar que la Corte Suprema trazó, recapitulando fallos anteriores, en el caso `Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y Perjuicios´, CSJN, Expte. M. 802.XXXV, sentencia del 6 de marzo de 2007, publ. en Fallos, 330:563, del año 2007”.
3. Ley aplicable. Protección de menores. Vulnerabilidad. Derecho a la salud. Salud mental. Debida diligencia.

“[L]as disposiciones aplicables son las resultantes del bloque de normatividad que emana de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y la CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO, junto con las leyes y reglamentaciones respectivas –en especial, la LEY N° 26.061 de PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES– […].

Por cierto, este marco normativo, no se limita a trazar objetivos fijados sólo de un modo general e indeterminado, sino que contiene mandatos con suficiente determinación, que regulan de modo concreto y preciso lo referente al cuidado y protección a ser brindados en los planos normativo, institucional y de la realidad práctica con políticas públicas en pos de las infancias, máxime las que padecen vulnerabilidad y trastornos de salud como en el presente caso.

La concreción de los deberes se patentiza, además, porque el menor […] no atravesaba una situación genérica y desconocida por el Estado. De hecho, su problemática había suscitado un proceso ante la justicia de menores, la cual había ordenado de modo puntual y concreto su institucionalización, en orden a atender las severas necesidades de aquél. En otras palabras, el adolescente integraba un grupo muy determinado y concreto de personas que merecían atención particularizada y personalizada del Estado, de modo que no podría siquiera postularse vaguedad,
indefinición ni duda alguna en punto al conocimiento efectivo y puntual por parte de las autoridades de que era preciso actuar en cumplimiento de políticas públicas preordenadas y precisa…”.

“[C]abe descartar que los [medios] usados en la órbita de la demandada fueran razonablemente adecuados al fin de proteger y cuidar al menor. Más allá de que no parece un desafío de difícil cumplimiento la implementación de acciones que tiendan a dar una protección adecuada a niños con la problemática aquí verificada. Obviamente, se debe contar con personal especializado en atención de infantes y adolescentes, y profesionales de la salud en los campos específicos de las necesidades a satisfacer, junto con cierta infraestructura que, aun siendo sobria, resulte funcional, segura, limpia, especialmente acondicionada y adecuada para el fin señalado. No podría postularse una exigencia diversa, pues al estar en juego la vida e integridad psicofísica de sujetos merecedores de preferente protección en nuestro derecho, tanto en la dimensión constitucional cuanto convencional, la debida diligencia de las autoridades encargadas de cumplir dichos estándares aparece modulada en modo reforzado”.

4. Niños, niñas y adolescentes. Abuso sexual. Trato cruel, inhumano y degradante. Interés superior del niño.

“[D]e estar a las imágenes del centro de alojamiento donde permanecía y terminó falleciendo el adolescente, con indicadores de abuso sexual y rastros de sustancias prohibidas en su cuerpo (situación agravada, de cara a las patologías asociadas al consumo problemático de estupefacientes) […] aquellas imágenes transmiten de modo palmario la falta de dignidad y aún de humanidad en el trato que fue dispensado a un menor a quien se debía atender, al punto que las instalaciones difícilmente hubieran merecido estar habilitadas para Personas No Humanas (animales). El contexto de funcionamiento del centro, y de la desatención que le dispensó [al joven] la SENNAF, da cuenta de un proceder con visos de crueldad, sostenido a extramuros de la promesa que el marco constitucional y convencional profiere a cada niño, niña, o adolescente que habite la República Argentina, de que será protegido de modo especial por las autoridades, o de que se pondrá en real vigencia el `interés superior´ de aquéllos.

Sumado a lo cual, el alojamiento a sabiendas en una institución inadecuada para las concretas necesidades del menor, trasunta una transgresión de las autoridades con responsabilidad de dirección, encargadas de determinar el alojamiento de los menores en un sitio pertinente”.

5. Relación de causalidad. Deber de cuidado. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Falta de servicio.

“[C]abe indagar […] en la relación entre el Estado – Administración y quien ha sido damnificado, lo cual conduce en autos a dilucidar el vínculo jurídico suscitado entre el menor institucionalizado y la autoridad demandada (IMR, dependiente de la SENNAF). Al respecto, se observa que la relación entablada entre uno y otra no era genérica o indefinida, como lo sería la predicable para las Administraciones Públicas respecto de la generalidad de la población. Antes bien, dicho nexo incluso adquirió los ribetes propios de una vinculación especial, en cuyo contexto el menor estaba directa y concretamente bajo la guarda de la SENNAF, la cual gestionaba su estadía fuera del seno familiar –que tenía por miras, indubitablemente, el cuidado y tratamiento del menor y la superación de sus patologías–, con el registro consecuente del legajo e historia clínica, de donde surgía el motivo de su alojamiento, el tratamiento supuestamente administrado y el seguimiento de su evolución. De nuevo, es preciso advertir que los hechos del presente caso presentan una nota que abona el conocimiento puntual y concreto de la situación de significativa vulnerabilidad del menor, coherente con una concreta asunción de responsabilidad en la guarda y atención integral del mismo.

Por otra parte, y en lo referente a la nota de previsibilidad, cabe interpretar que todo el contexto del alojamiento en un instituto para menores con las vulnerabilidades y problemáticas del hijo de la parte actora, hacía pronosticable que estuviera en riesgo su vida; incluso así textualmente lo refirieron los informes de índole social y psicofísico que fueron realizados. Ello, al menos, si las autoridades responsables son versadas o experimentadas en el cuidado de menores, dado que se debería presumir el profesionalismo de aquéllas, en atención al bien jurídico a tutelar.

Cabe descartar, entonces, que los sucesos por los que la parte actora reclama una reparación puedan ser subsumidos en alguna eventualidad ajena a las vicisitudes propias del contexto suscitado y al conocimiento que se supone mínimo para gestionarlo, sino todo lo contrario. A partir de lo cual, es razonable concluir que no medió por parte de la recurrente un grado de previsión acorde con los elevados bienes jurídicos en juego.

En suma, recapitulando este análisis, se corrobora que se hallan verificadas las exigencias jurisprudenciales recordadas, en orden a confirmar que medió en autos un supuesto de `falta de servicio´”.

6. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Reglas de Brasilia.

“[E]l ESTADO NACIONAL, resulta ser el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud de los niños y de asegurar la continuidad de los tratamientos que necesiten, habida cuenta de la función rectora que le atribuye la legislación nacional en ese campo y de las facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales y los diferentes organismos que conforman el sistema sanitario en el país, en miras de lograr la plena realización del derecho a la salud.

Lo expuesto, resulta de insoslayable consideración cuando se ejerce la función jurisdiccional en orden a contribuir al goce efectivo de los derechos de los niños y sus familias, y queda robustecido con la ACORDADA N° 5/2009, de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, por la cual se incorporaron a nuestro derecho interno las `Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad´. Dichas reglas, tuvieron como objeto garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitieran a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Asimismo, se previó que los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarían a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares, es por ello que se priorizó las actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas”.

7. Niños, niñas y adolescentes. Personas privadas de la libertad. Suicidio.

“[A]un cuando ontológica y jurídicamente media una distancia superlativa entre la situación de un adulto y la de un menor, podría tomarse como parámetro de referencia la abundante jurisprudencia sobre personas privadas de la libertad por diversos motivos (v.gr., la instrucción de causas penales o la ejecución de una condena penal).

Usualmente, la jurisprudencia ha reconocido que se ha incumplido el deber de guarda de la persona, cuando ésta fallece o sufre daños psicofísicos encontrándose alojada en instalaciones de una institución, privada de la libertad por el motivo que fuese. Opera allí un vínculo de especial sujeción, donde las facultades de control de la autoridad administrativa deben garantizar el bienestar de la persona.

En definitiva, y aun asumiendo que el fallecimiento del menor resultó de su propio accionar (ello, para ser coherente con los resultados infructuosos del proceso penal respectivo), no es válido soslayar el contexto en que el deceso ocurrió: esto es, con aquél alojado en instalaciones del IMR, institución que debía brindarle atención especializada para su cuadro, y protegerlo del modo en que lo ordena el bloque de normatividad aplicable a sujetos de preferente protección. Valga reiterar que, conforme lo dictaminado por los expertos actuantes, el menor representaba un riesgo para sí, con lo que los profesionales intervinientes debían atenderlo en consecuencia y arbitrar los medios para neutralizar o hacer desaparecer dicho riesgo.

Aun cuando la experiencia pudiera indicar que desde el punto de vista de los resultados, dichos cometidos pueden frustrarse, es claro que el empleo de medios carentes de idoneidad para el fin señalado, que surgen del alojamiento en un instituto que no era el adecuado para el cuidado y tratamiento de cuadros como el padecido por [el adolescente], y en donde hay pruebas del ingreso de sustancias prohibidas, revela una clara falta de servicio por apartarse de la conducta debida en el caso”.

8. Niños, niñas y adolescentes. Suicidio. Culpa concurrente..

“[A]tribuir `culpa´ a un menor ideal, promedio o genérico, llevaría de por sí a complejas elucubraciones y podría desembocar en falacias, al colisionar con toda la construcción jurídica
estructurada como modo de proteger a las personas menores de edad, que en el Derecho Argentino son niñas, niños y adolescentes, y merecen, al menos en el plano teórico, por lo visto y reseñado, un nivel especial de protección, jurídica, institucional y en orden a la implementación de políticas públicas que pongan en ejecución los derechos y garantías que les asisten, todo ello según el bloque de normatividad convencional, constitucional, legal y reglamentario ordenado a tal fin.

Tal agravio, ciertamente, en los hechos importaría desplazar al propio adolescente vulnerable y afectado por patologías psiquiátricas y psicológicas –abundantemente certificadas y verificadas–, la carga de velar por su propio bienestar, dejando a la autoridad administrativa como un espectador inerme y prescindente; alternativa hermenéutica que, en tanto luce eviscerada de juridicidad, carece de seriedad, por lo que no merecería mayores consideraciones”.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; RECURSO DE APELACIÓN; FUNDAMENTO DEL RECURSO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; FALTA DE SERVICIO; LEY APLICABLE; RESPONSABILIDAD OBJETIVA; JURISPRUDENCIA; PROTECCIÓN DE MENORES; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA SALUD; DEBIDA DILIGENCIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ABUSO SEXUAL; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; DEBER DE CUIDADO; DERECHO A LA VIDA; REGLAS DE BRASILIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; SUICIDIO; CULPA CONCURRENTE;
PAULA SRL (reg. N° 1662 y causa N° 44478)Cámara Federal de Casación Penal, Sala III
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal (jueza Catucci y juez Gemignani). En disidencia, el juez Riggi propuso hacer lugar al recurso y anular la resolución recurrida.
1. Régimen penal tributario. Política criminal. Ley penal más benigna.
“[D]e la letra de la ley 27.430, analizada según la doctrina sentada por el alto tribunal en el fallo [‘Palero, Jorge Carlos s/recurso de casación’ (Fallos: 330:4544)], se desprende que la modificación del monto de la deuda punible responde a una cuestión de política criminal y dinámica social, basada en la pérdida del interés punitivo del estado en mantener una incriminación por una obligación tributaria no cumplida de valor mínimo. De ahí el aumento. […] Puesto, pues, en evidencia a través de la sanción de la ley 27.430 el desinterés del Estado en el incumplimiento de tributos considerados de bajo monto, no cabe sino concluir que respecto que la imputación atribuida a los encausados debe examinarse según dicha norma. […] Frente a la ausencia actual de punibilidad del accionar atribuido a [las personas imputadas], vano resulta discutir acerca de la nulidad planteada por el ministerio público fiscal” (voto de la Jueza Catucci, al que adhirió el juez Gemignani).
2. Régimen penal tributario. Reforma legal. Evasión. Tipicidad. Acción penal.
“[E]l examen acerca de si la acción penal continúa activa o no, debe evaluarse a la luz de lo estipulado en la ley 26.735, mas no en lo dispuesto en la ley 27.430. Ello es así, por cuanto […] la modificación operada en los montos dinerarios de los artículos de la ley penal tributaria vía sanción de la 27.430, no comporta una ley penal más benigna en los términos del art. 2° del código sustantivo. [E]l aumento de los montos de la ley penal tributaria tuvo lugar a consecuencia de la actualización que se llevó a cabo con el fin de compensar la depreciación sufrida por la moneda desde la sanción de la ley 24.769 fijando así las barreras de punibilidad, siendo estas cuestiones fluctuantes de política criminal que variaron y que no tienen impacto sobre el tipo penal, por lo que mal podríamos decir que corresponde aplicarla retroactivamente. [L]as alteraciones monetarias son cuestiones de política criminal que fomentan la persecución de grandes evasiones, que solo limitan la punibilidad y no desincriminan el comportamiento delictivo” (voto en disidencia del Juez Riggi).
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; POLÍTICA CRIMINAL; LEY PENAL MÁS BENIGNA; REFORMA LEGAL; EVASIÓN; TIPICIDAD; ACCIÓN PENAL;
OAC (causa Nº 9963)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso, revocó la resolución apelada y admitió la pretensión cautelar. En ese sentido, ordenó a la ANMAT que, en el plazo de cinco días hábiles administrativos, emitiera la autorización y todos los actos, disposiciones y recaudos formales, documentales o de cualquier otra naturaleza, que habilitaran la inmediata importación del medicamento identificado como Aceite de Cannabis Real Scientific Hemp Oil Max 10 de 10.000 mg de CBD en 236ml, en la cantidad de unidades indicadas por el médico tratante (jueza Caputi y jueces López Castiñeira y Márquez).
1. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Cannabis. Ley aplicable. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho.
“[C]on fecha 12/02/21, fue dictada la Resol. MS 654/21, que […] aprueba el Régimen de Acceso de Excepción a productos que contengan cannabinoides –o derivados de la planta de cannabis– destinados exclusivamente para uso medicinal (sea para tratamiento de pacientes en forma individual o dentro del contexto de una investigación científica; art.2), y prevé que el mencionado régimen se aplicará cuando no existan registros sanitarios en el país de productos que contengan el mencionado principio activo, o cuando dichos productos se encuentren en fase de investigación y en forma exclusiva para las patologías que revistan evidencia de calidad metodológica determinada por la autoridad de aplicación (art. 3).

Su art. 12 completa el cuadro normativo en que se sustenta la denegatoria, al establecer que sólo aquéllos pacientes que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, hayan accedido a través del régimen de excepción establecido por la Resolución Nº 133/19, a un producto que contenga cannabinoides o derivados, podrán continuar con su importación”.

“[U]na prudente e inicial aproximación permite razonablemente afirmar que, en tanto el producto a que alude la autoridad administrativa como alternativa terapéutica, no constituye el medicamento específico para tratar la patología que porta la menor beneficiaria, la situación así configurada queda al margen de la previsión contenida en el art. 3 de la Resol. MS 645/21 y, por lo mismo, también excluida de las limitaciones a la importación establecida en el art. 12 del citado dispositivo.

Desde esta perspectiva, analizando la cuestión con la provisionalidad que es propia de este tipo de medidas, sin que cuanto aquí se desarrolla y valora pueda ser interpretado como adelanto de opinión sobre el fondo de la materia debatida en el presente amparo, al sólo y único efecto de la
determinación de la verosimilitud en el derecho, puede tenerse suficientemente acreditado que los argumentos de orden fáctico y normativo en los que se sustenta la denegatoria a la importación, resultan `prima facie´ incorrectos, en tanto no aparece en principio ajustado a una
correcta valoración de los mismos, que se prohíba a la paciente recibir un medicamento que es específicamente indicado para el tratamiento de su afección, sobre la base de la existencia en el mercado local de otro producto, que según su propio fabricante, es de aplicación a un padecimiento diferente.
2. Derecho a la salud. Médicos. Tratamiento médico. Medicamentos. Cannabis. Verosimilitud del derecho.
A esta altura, es necesario destacar que la prescripción del médico tratante, traduce –en principio, y dicho esto a los efectos del análisis cautelar que se lleva a cabo– un elemento de convicción que no puede ser desconocido sin elementos de peso científico que lo desmerezcan. En función de ello, y aún bajo las limitaciones que impone el reducido ámbito cognoscitivo propio de la medida peticionada, no deja de observarse que la implícita imposición de continuar el abordaje con una droga que, según lo dictaminado, no beneficia ni trae mejoría para el puntual y concreto cuadro de la niña, pierde el grado de legitimidad necesario para mantener –mientras dure la medida, y sujeto ello a ulteriores vicisitudes dadas por el progreso propio del proceso– lo resuelto por la demandada.

En este sentido, se ha resuelto que `–precautoriamente– debe estarse a los términos e indicaciones expresas del médico tratante, quien es en definitiva responsable final del tratamiento que requiere el estado de salud de la destinataria de la acción. Ello así, mientras se sustancia completamente la causa y se producen todas las pruebas pertinentes a los fines de dilucidar si la medicación aquí requerida resulta idónea para el tratamiento de su enfermedad, máxime si la contraria no se hace cargo de la recomendación profesional del médico tratante´, cuestión que es considerada como `primordial´ para el tribunal interviniente al momento de resolver […].

De conformidad con cuanto se lleva expuesto, ha de tenerse por configurada la existencia de suficiente verosimilitud en el derecho en el reclamo de la amparista, pues aparte de que el medicamento cuya importación se requiere parece ser prima facie el indicado para tratar de manera eficaz el padecimiento de la menor beneficiaria, en el caso también se verifica que la negativa emitida por parte de la autoridad de aplicación, se encuentra sustentada en la disponibilidad en el mercado nacional de un específico indicado para una patología diferente”.
3. Peligro en la demora. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes.
“[S]e configura el más alto grado de perjuicio, actual, grave e irreparable, respecto de la menor beneficiaria, en razón del severo compromiso de su salud que representa la afección que padece (susceptible de verse agravada o cuanto menos impedida de obtener una mejoría, por la privación del medicamento durante el lapso que insume la tramitación natural del proceso), lo cual unido a su edad (13 años) y condición de discapacidad (conf. certificado emitido con fecha 13/7/18, agregado como documentación acompañada en el escrito de inicio), es determinante de las rigurosas circunstancias que habilitan una tutela diferenciada merecedora de especial protección, en los términos de las previsiones contenidas en el art. 75 inc. 23 CN, la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 26.061) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26378) (arg. art. 2º, inc. 2º, de la ley 26.854).

Y a tal fin, ha de tenerse presente que si bien el control judicial del modo en que la ANMAT ejerció su potestad de denegar el acceso de excepción a la importación de productos que contengan cannabinoides, exige un ámbito de debate mayor que el permitido en el estrecho marco de conocimiento precautorio, ello en modo alguno impide considerar que […] se ha logrado satisfacer un grado de verosimilitud suficiente para habilitar su examen en la sentencia definitiva, a tenor precisamente de la acreditada especial y delicada condición de salud de la menor […], y la inexistencia de un medicamento específicamente indicado para dar tratamiento eficaz a su
patologia, disponible en el país”.
4. Medidas cautelares. Interés público. Derecho a la salud. Derechos individuales.
“[E]s preciso valorar de modo primordial, que cuando las exigencias del interés público involucradas en la ejecución de un acto de gobierno resultan de gran intensidad, sólo perjuicios de más elevada consideración aún podrán determinar la suspensión de su ejecución; mientras que cuando esta medida tenga bajo impacto en el interés público bastarán menoscabos de menor intensidad. Este criterio ha sido aplicado por todas las Salas de esta Cámara cuando se estima que denegar la medida provocaba un daño mayor que concederla, y viceversa […].

Tal examen no puede eludir, entre otros aspectos, que la medida cautelar bajo análisis se limita a soslayar una restricción para la importación de un producto medicinal para una persona individual, cuyo médico tratante es responsable de la prescripción para la dolencia de la hija de la amparista, quien prestó su consentimiento para continuar el tratamiento con dicha medicación; de modo que el Tribunal debe ponderar tanto el gravamen que produciría al interés público la autorización de la importación del medicamento pretendido, si la sentencia definitiva fuera desestimatoria, como aquél que resulta y se configura en la actualidad como consecuencia de la ejecutoriedad del acto denegatorio, en el supuesto de arribarse a una decisión final estimatoria de la demanda […].

Este balance arroja un saldo favorable al otorgamiento de la tutela, ya que su denegatoria tendría un alto impacto negativo en la salud de la menor […], en tanto por su lado, la concesión de la cautelar carece por cierto de análoga repercusión en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales (decreto 738/17) …”.
DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO; CANNABIS; LEY APLICABLE; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; MÉDICOS; MEDICAMENTOS; PELIGRO EN LA DEMORA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MEDIDAS CAUTELARES; INTERÉS PÚBLICO; DERECHOS INDIVIDUALES;
Rodriguez (Causa n°8956)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal y desestimó la presentación de la defensa (ministros Rosatti, Maqueda y ministra Highton de Nolasco). En disidencia, los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron lugar a la queja, declararon admisible el recurso extraordinario y revocaron la sentencia apelada.
Voto en disidencia del ministro Rosenkrantz
1. Consumo personal de estupefacientes. Privacidad. Autonomía. Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[L]as decisiones de esta Corte en ‘Arriola’ y ‘Bazterrica’ responden a una doctrina común claramente discernible. Según esta doctrina, el castigo penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, cuando se trata de drogas en pequeña cantidad y la tenencia o el consumo no son visibles u ostensibles, es inconstitucional porque constituye una intromisión por parte del Estado en el ámbito de la privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional sin que haya una justificación razonable que muestre que ello es necesario para proteger los bienes jurídicos que la norma penal puede legítimamente apuntar a preservar (sea en la forma de la salud pública, la seguridad pública o el combate al narcotráfico) y, por lo tanto, que se dañen los bienes o derechos de terceros protegidos por la norma penal” (considerando 5°).
“[C]onviene subrayar dos aspectos relevantes sobre el alcance de dicha doctrina. En primer lugar, no constituye una consideración decisiva para analizar la inconstitucionalidad de la norma penal cuestionada si el lugar donde ocurre la conducta imputada (es decir, la tenencia de estupefacientes para consumo personal en pequeña cantidad de modo no visible) es público o privado. En ‘Bazterrica’ los estupefacientes fueron hallados durante un allanamiento al domicilio del imputado mientras que en ‘Arriola’ fueron incautados cuando los imputados circulaban por la calle. En ambos casos, más allá de la diferencia mencionada, la doctrina utilizada por esta Corte fue la misma.
En segundo lugar, si bien cada uno de los jueces que votaron en ‘Arriola’ ofreció caracterizaciones algo diferentes del derecho a la privacidad, coincidieron en que dicho derecho protege un ámbito de libertad personal de alguna manera ligado a la auto-determinación que debe estar fuera del alcance del reproche estatal”.
“Este derecho responde, tal como lo enfatizaron los jueces Belluscio y Bacqué en su voto en ‘Bazterrica’ (considerando 12) ‘a una concepción según la cual el Estado no debe imponer ideales de vida a los individuos sino ofrecerles la libertad para que ellos los elijan’. En la visión de estos jueces el derecho a ser dejado a solas es un derecho instrumental para la realización de la autonomía. De todos modos, la importancia instrumental del derecho a ser dejado a solas para asegurar la determinación autónoma no agota toda su relevancia constitucional. El derecho a ser dejado a solas es un derecho aún más básico y fundamental en tanto protege, tal como lo establecieron los jueces Carrió y Fayt en su voto conjunto en ‘Ponzetti de Balbín’ (considerando 8) ‘un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, […] reservados al propio individuo’ cuya ausencia no solo nos impediría vivir autónomamente sino que, además, nos haría imposible experimentar nuestra vida como propia. En otras palabras, de acuerdo a la doctrina aceptada por esta Corte en los precedentes mencionados, el derecho a ser dejado a solas —es decir, la existencia de un ámbito protegido de la observación, del escrutinio y, sobre todo, del reproche del Estado— es un requisito imprescindible para poder vivir nuestras vidas con dignidad” (considerando 6°).
2. Consumo personal de estupefacientes. Autonomía. Privacidad. Cárceles. Personas privadas de su libertad.
“[E]l derecho a la privacidad y la doctrina de ‘Arriola’, que estableció su alcance, son decisivos para determinar si, castigarse penalmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal en pequeña cantidad y de modo no ostensible u oculto.
De modo preliminar, aunque es un punto innegable de nuestro orden constitucional, debe enfatizarse que los internos —aquellas personas que se encuentran bajo la custodia del Estado en prisiones y otros establecimientos con la libertad ambulatoria restringida— no pierden todos sus derechos por el hecho de haber sido privados de su libertad. Los artículos 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos claramente disponen que toda persona privada de su libertad ‘será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’. […] La restricción innecesaria de los derechos de los internos no es aceptable en virtud del mandato insertado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional de evitar toda mortificación que no sea necesaria para la seguridad de los reos.
En ese marco, resulta claro que los internos pueden reclamar, como cualquier otro ciudadano, que su derecho a la privacidad sea reconocido. Por consiguiente, si el castigo penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en pequeña cantidad y no ostensible fuera del establecimiento penitenciario, cuando no están afectados los bienes jurídicos que la norma penal apunta a preservar (sea en la forma de la salud pública, la seguridad pública o el combate al narcotráfico), constituye una intromisión inadmisible por parte del Estado al ámbito de la privacidad garantizado por nuestra Constitución, el mismo tipo de castigo a la tenencia de estupefacientes dentro de dicho establecimiento constituye también una intromisión inadmisible salvo que se muestre que hay algún grado de afectación a los bienes jurídicos mencionados” (considerando 7°).
3. Consumo personal de estupefacientes. Cárceles. Declaración de inconstitucionalidad.
“En el caso de autos no hay prueba alguna de que haya habido terceros que, por ejemplo, hubiesen advertido que el imputado consumió estupefacientes o que tenía estupefacientes en su poder. Por otro lado, ni el Ministerio Público Fiscal ni el tribunal a quo han acercado argumentos para mostrar por qué la tenencia de estupefacientes en este caso afectaría la salud o la seguridad pública o estaría vinculada al combate al narcotráfico, lo que sin duda podría suceder si quien posee estupefacientes en pequeña cantidad es un eslabón más de una cadena de comercialización que opera dentro del penal. Por lo tanto, por el respeto debido a la privacidad protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional, esta Corte no puede justificar en este caso la criminalización de la conducta imputada por el mero hecho de que haya ocurrido dentro de un establecimiento carcelario. El art. 14 de la ley 23.737 es por consiguiente, en las presentes circunstancias, inconstitucional” (considerando 7°).
4. Consumo personal de estupefacientes. Cárceles. Ejecución de la pena. Sanciones disciplinarias.
“A los efectos de establecer con claridad qué es lo que aquí se decide es crucial destacar que el derecho a ser dejado a solas, tal como sucede con otros derechos, puede tener distintos alcances en diferentes contextos institucionales y, por ello, ofrecer distintos grados de protección frente a la intromisión (y también frente a la omisión) estatal. Lo que aquí se establece como constitucionalmente inválido, por consiguiente, es solo el castigo penal establecido en el art. 14 de la ley 23.737 a quien, dentro de una institución penitenciaria, posee estupefacientes para consumo personal en una pequeña cantidad de modo no visible u ostensible. Por ello, nada de lo anterior significa, ni la doctrina aceptada por esta Corte en ‘Arriola’ implica, que el derecho a la privacidad de los internos consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional necesariamente impide toda medida que busque disuadir la tenencia o el uso de estupefacientes en los establecimientos carcelarios. La necesidad de estos establecimientos de disuadir las conductas que afecten el bienestar de los internos, el buen funcionamiento de la institución (e.g. el orden, la seguridad o la disciplina en el penal) o que dificulten su reinserción social —objetivos que de hecho aparecen invocados en la ley 24.660 en sus arts. 1, 69 y 70— podría justificar, por lo tanto, que los reglamentos carcelarios impongan sanciones disciplinarias por la tenencia o el uso de estupefacientes” (considerando 7°).
Voto en disidencia del ministro Lorenzetti
1. Privacidad. Declaración de inconstitucionalidad. Consumo personal de estupefacientes.
“[T]al como se desprende del precedente [‘Arriola’] […] en casos como el sub examine corresponde adoptar un criterio para el juzgamiento fundado en las siguientes pautas:
A) El art. 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal. No se trata solo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea.
B) Este poderoso reconocimiento de la libertad personal implica una inversión de la carga argumentativa, de modo que toda restricción de ese ámbito debe ser justificada en la legalidad constitucional.
C) No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros. Los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad.
D) La conducta realizada en privado es lícita, salvo que constituya un peligro concreto o cause daños a bienes jurídicos o derechos de terceros.
E) De conformidad con lo expuesto, corresponde aplicar el criterio que esta Corte Suprema desarrolló en el precedente [‘Bazterrica’].
A su vez, de la aplicación de los referidos parámetros se sigue que es preciso respetar el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto para terceros, y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto, lo que a su vez redunda en que la norma que pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal debe ser considerada violatoria del art. 19 de la Constitución Nacional y, por tanto, declararse su inconstitucionalidad…” (considerando 4°).
2. Privacidad. Cárceles. Declaración de inconstitucionalidad. Consumo personal de estupefacientes.
“[S]in perjuicio de lo expuesto, en [‘Arriola’] se reconoció que ‘…el consumo que traiga aparejado una lesión a un bien jurídico o derecho de terceros o los ponga en concreto peligro, y la distribución de estupefacientes deben ser combatidos’” (voto del doctor Lorenzetti, considerando 19)” (considerando 5°).
“[N]inguna de esas circunstancias se verifica en el sub examine. En esa dirección, la finalidad de distribución queda descartada de antemano, desde que en el caso no se encuentra en discusión que los estupefacientes secuestrados en poder [del hombre imputado] (los cuales se encontraban ocultos en la gomaespuma de un colchón asignado al nombrado) estaban destinados a consumo personal. Así lo entendió el tribunal de mérito, en cuanto subsumió los hechos en la figura penal prevista en el art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, encuadramiento que no ha sido controvertido por ninguna de las partes. En cuanto al peligro a terceros, parece claro que no puede derivarse de la circunstancia –señalada en la sentencia apelada– de que [el hombre imputado] iba a llevar consigo el colchón en que fueron encontrados los estupefacientes a otra unidad carcelaria, toda vez que, en la medida en que dicho colchón formaba parte de sus objetos personales, el hecho de que acompañara al imputado en su traslado no supone en modo alguno que los cigarrillos de marihuana ocultos en su interior fueran a abandonar la esfera de intimidad del imputado” (considerando 6°).
“[L]a legitimidad de la aplicación del tipo penal previsto en el art. 14, 2° párrafo de la ley 23.737 al caso tampoco puede encontrar sustento en la circunstancia de que la tenencia de estupefacientes para consumo haya tenido lugar dentro de un establecimiento carcelario. Pues aunque resulta evidente que la privación de libertad conlleva, necesariamente, una restricción a la autonomía personal y al derecho a la privacidad de las personas que la sufren, en modo alguno puede considerarse que importe la pérdida definitiva de dichos derechos.
Por el contrario, ello contravendría la regla contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles de la Nación están ‘…para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas’, y veda ‘…toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija’; como así también lo dispuesto en el art. 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en punto a que ‘[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’ y en el art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el cual ‘[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’.
En base a lo expuesto, cabe concluir que cuando –como ocurre en el sub examine– la conducta del penado no trasciende a terceros, mantiene plena vigencia el derecho a la intimidad reconocido en el art. 19 de la Constitución Nacional, motivo por el cual resulta de aplicación, la doctrina emergente de los precedentes [‘Bazterrica’] y [‘Arriola’] de esta Corte Suprema y, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada” (considerando 7°).
DERECHO A LA PRIVACIDAD; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; AUTONOMÍA; JURISPRUDENCIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CÁRCELES; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; SANCIONES DISCIPLINARIAS; EJECUCIÓN DE LA PENA;
Irrazabal Madrid (causa n° 4041)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VII
La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento del hombre imputado (jueces Divito y Scotto).
1. Tipicidad. Hurto. Sueldo. Trabajo.
“[N]o existen elementos que permitan inferir que el causante se apropió [del monto de dinero] que informaran los querellantes, pues se carece de constancias que permitan materializar un arqueo fidedigno del dinero existente en ese momento en la caja.
Por otro lado, no puede desconocerse la existencia de un conflicto laboral preexistente […] y que el imputado cuestionaba [a sus empleadores] un supuesto error en la liquidación de las horas trabajadas, ya que según él afirmara, superaban las ocho horas que le computaban en los recibos de sueldo”.
“[D]ado que es dable inferir que [al] momento en el que el causante tomó el dinero de la caja, aún prestaba labores en el garaje […] y por lo tanto contaba con la autorización que sus empleadores le habían acordado, sin perjuicio de las compensaciones que pudieren discernirse, tal proceder carece de notas típicas que lo tornen susceptible de reproche en este fuero”.
2. Tipicidad. Amenazas.
“[C]abe ponderar lo mencionado por [el hombre imputado] en punto a que […] lo sucedido ‘se trató de una discusión’ en el marco de la cual [sus empleadores] lo increparon…”.
“En ese contexto y con motivo de la última liquidación, el causante habría manifestado [al empleador una serie de insultos que finalizaron con] ‘ya te voy a agarrar y te voy a matar’, por lo que cabe estimar que, de haber sido efectivamente expresadas […] carecieron de idoneidad en los términos del artículo 149 bis del Código Penal.
En tal sentido, siguiendo el criterio de que resultan atípicas las frases proferidas ‘en el calor de un altercado verbal o en un rapto de ira’, cabe coincidir con el juez de grado en cuanto a que el momento de ofuscación en el que el causante se habría expresado de ese modo, desmerece su encuadre en la figura de amenazas…”.
TIPICIDAD; HURTO; SUELDO; TRABAJO; AMENAZAS;
PSS (causa Nº 31074)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar de manera parcial al recurso de la parte actora y elevó el monto concedido en concepto de daño moral y la suma correspondiente al daño psicológico. Además, ordenó que la parte demandada realizara, dentro del plazo de tres meses del dictado de la sentencia, un curso de forma presencial o virtual de capacitación y sensibilización en género y violencia brindado por una entidad u organismo autorizado. Sobre este aspecto, dispuso la acreditación de su realización y su resultado mediante comprobante de asistencia y finalización ante el juzgado de la instancia anterior bajo apercibimiento de aplicación de una multa diaria de mil pesos que se destinaría a programas de protección contra la violencia de género (voto del juez Rolleri, al que adhirieron la jueza Barbieri y el juez Polo Olivera).
1. Daños y perjuicios. Responsabilidad civil. Deber de no dañar. Violencia de género. Violencia.
“[E]l derecho de daños el eje central sobre el cual se ha asentado todo su sistema normativo lo encontramos el principio no dañar a otro o `alterum non laedere´, al que la Corte Suprema le asignó jerarquía constitucional. Así, nuestro más alto Tribunal sostuvo que dicho principio, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional, y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, pues expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica toda vez que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, ello en consonancia con lo consagrado en el preámbulo de la Carta Magna […].
En tal sentido, el artículo 1716 del CCyC dispone que `La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado´ conforme con las disposiciones de ese Código.
Adviértase que en la determinación de los presupuestos de la responsabilidad civil hay que tener en cuenta que según el artículo 1717, `cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada´. Y ni la violencia verbal, ni la física, ni la psicológica, tienen justificativo alguno ya que lo justificado es el ejercicio regular de un derecho y no el abuso del derecho o la conducta dañosa.
En este sentido, el artículo 1737 de Código Civil y Comercial establece que `hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva´”.
2. Violencia de género. Perspectiva de género. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convencion de Belém do Pará). Categorías sospechosas.
“Primeramente, es importante señalar que los casos de violencia de género deben ser juzgados con perspectivas de género, consistente en visualizar si en el caso se vislumbran situaciones discriminatorias entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla en forma diferente, a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar el concepto de categorías sospechosas de sufrir discriminación al momento de repartir el concepto de la carga probatoria […].
Así, en referencia a los marcos teóricos que deben considerarse en toda decisión judicial, la perspectiva de género implica: a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los hombres como grupo social y discriminatorias para las mujeres; b) que estas relaciones han sido constituidas social y culturalmente y son constitutivas de las personas; y c) que atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión […].
En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el documento del Comité de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (CEVI) recomendó incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares utilizados, ya que la persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género podría llevar a valorar de manera inadecuada el comportamiento. Asimismo, señaló que la inminencia permanente de la agresión, en contextos de violencia contra la mujer, se caracteriza por su continuidad –puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia– y su carácter cíclico si fue maltratada, posiblemente vuelva a serlo y no requiere la proporcionalidad entre la agresión y la respuesta defensiva porque existe una relación entre la proporcionalidad y la continuidad de la violencia. Finalmente, expresó nuestro más alto tribunal, que la aparente desproporción entre la agresión y respuesta puede obedecer al miedo de la mujer a las consecuencias por una defensa ineficaz y se subraya que existe una relación entre la defensa empleada y los medios con que las mujeres disponen para defenderse ya que no se requiere la proporcionalidad del medio, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión (CSJN 29/10/2019 `R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley´…)”.
3. Daño moral. Violencia de género. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[N]o parecería un requisito necesario la demostración por los accionantes de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba –de producirse– sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto `previsto de antemano por la norma´ […].
De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto […].
[H]a quedado cómodamente acreditado el padecimiento espiritual que ha sufrido la accionante debido tanto a la violencia física, psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el demandado y hasta aún después de divorciados”.
4. Daño psicológico. Prueba. Valoración de la prueba. Informes. Prueba de peritos.
“[E]l daño psicológico no queda subsumido en el daño moral, pues ambos poseen distinta naturaleza. En efecto el daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integral…”.
“[S]i bien los jueces no están obligados a aceptar y consagrar los dictámenes periciales, tampoco pueden ser dejados de lado por éste en forma discrecional. Ello porque si bien es cierto que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito, para desvirtuarlo, es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error, o el inadecuado o insuficiente uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado, o sea, que el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, evidenciando la existencia de errores de entidad, o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de los hechos controvertidos…”.
5. Perspectiva de género. Estereotipos de género.
“[R]esulta una política de estado educar a la población en perspectiva de género a los fines de modificar patrones estereotipados de conductas, en particular a los agresores obligando su participación en programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de actitudes violentas.
Es por ello que, sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada que será ratificada en la presente resolución, entiendo pertinente en este caso particular, imponer al demandado la asistencia a programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendiente a modificar conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten a sus derechos, mucho más teniendo en cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función a la crianza, formación y cuidado de su hija menor […] de 11 años de edad”.
DAÑOS Y PERJUICIOS; RESPONSABILIDAD CIVIL; DEBER DE NO DAÑAR; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; DAÑO MORAL; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DAÑO PSICOLÓGICO; INFORMES; PRUEBA DE PERITOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO;
Ruiz y otro (causa N° 21240)Tribunal Oral de Menores Nro. 2
El Tribunal Oral de Menores N° 2, de manera unipersonal, homologó el acuerdo de conciliación, declaró extinguida a acción penal y dictó el sobreseimiento de los imputados (jueza Quinteiro).
1. Conciliación. Extinción de la acción penal. Vías alternativas. Justicia restaurativa. Víctima.
“[E]l objetivo del instituto de la conciliación tiene como finalidad restablecer la paz social mediante el abandono de la idea de ´delito´ –con su correspondiente responsabilidad jurídico penal– en busca del surgimiento de la idea de ´conflicto´ que permite abordar los casos desde una perspectiva distinta a la conocida. Así, la reforma antes indicada, tiende a devolver el conflicto a las partes para que sean ellas, guiadas por operadores formados en la materia, las que a través del diálogo, la empatía y la escucha activa puedan arribar a una solución que se ajuste a las necesidades de todos los involucrados.
Es por ello que desconocer una solución arribada por las partes equivaldría no sólo mantener la vía punitiva sobre el imputado, sino también, significaría seguir sometiendo a la víctima al proceso, y además, privándola de un beneficio acordado, lo que también crearía y sostendría nuevos ámbitos de conflicto. Es decir, que el desconocimiento por parte del sistema penal del acuerdo arribado por los actores, no sólo implicaría mantener vivo un conflicto ya resuelto, sino que además se convertiría en una potencial fuente de nuevos conflictos entre esos mismos actores”.
2. Derecho penal juvenil. Conciliación. Justicia restaurativa. Vías alternativas. Convención sobre los Derechos del Niño. Víctima. Reparación. Principio Pro Homine.
“[D]esde una mirada de una justicia penal juvenil esgrimida sobre el principio de ultima ratio, que se traduce exclusivamente en lo que en materia juvenil se refiere a la excepcionalidad, subsidiariedad y mínima intervención del sistema penal juvenil, tendiendo a la desjudicialización (arts. 37.b, 40.3.b y 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN–)”.
“La aplicación de métodos alternativos para la resolución de conflictos en la justicia penal juvenil es una alternativa adecuada, para generar en ellos la responsabilidad por sus propias acciones y la conciencia de las consecuencias ante los demás, favoreciendo, en su reparación, una postura activa tanto de parte de la víctima como del ofensor.
Las vías alternativas de resolución de conflictos se presentan como una forma de trabajar para lograr una pacificación social que repare heridas y genere consensos de convivencia, reconciliando a las partes y posibilitando la reparación voluntaria del daño causado.
También contribuyen a la prevención ya que han sido pensadas para evitar que los adolescentes ingresen innecesariamente o tomen contacto con el sistema de justicia, generando una participación fundamental de la comunidad en la construcción de la respuesta al delito”.
“Con la aplicación del instituto se respeta el principio pro homine, privilegiándose la interpretación más favorable al joven, limitando la pretensión punitiva del Estado. Lo mismo sucede respecto del principio de excepcionalidad y mínima intervención, puesto que se limita la intervención estatal punitiva, poniéndose el énfasis no en la sanción del joven, sino, en su responsabilización frente al conflicto”.
“[N]o hay otra forma de resolver el presente caso, debido a que por un lado resulta totalmente viable la conciliación para los imputados, se han cumplimentado las exigencias de la ley, en ese sentido: 1) el delito es de contenido patrimonial, de escaso nivel de lesividad y no fue violento, en palabras de la víctima. 2) el damnificado prestó conformidad para el proceso de conciliación, materializándose el mismo en audiencia oral, con la aceptación de las disculpas formuladas por los imputados. 3) el legislador no ha previsto como causal de improcedencia para la concesión del instituto ´el registro de antecedentes condenatorios´, en este caso, para el coimputado mayor de edad. 4) y el más importante y que no podemos perder de vista es que: nos encontramos resolviendo un proceso donde la mirada debe ser diferenciadora justamente porque es un proceso juvenil con parámetros distintivos contemplados por la especialidad del fuero”.
3. Justicia restaurativa. Reforma legal. Código Penal. Derecho penal juvenil. Código Procesal. Extinción de la acción penal. Vigencia de la ley. Víctima.
“La reforma introducida al Código Penal abre a nivel federal las puertas a la implementación y aplicación de prácticas restaurativas tan importantes y necesarias en los procesos juveniles.
Esta reforma no solo es un mecanismo que permite extinguir la acción penal, sino que también podemos decir que es una práctica restaurativa que nos permite devolver a las partes el conflicto e introduce a la víctima al proceso penal: su voz es escuchada”.
“[S]u implementación se refleja aún más evidente en los regímenes procesales penales juveniles, toda vez que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflicto que permite otorgar salidas no punitivas, a la vez que garantiza un derecho penal de ultima ratio tan importante y trascendental en el ámbito del derecho penal juvenil y acorde con el marco de estándares [internacionales en materia de derecho penal juvenil]”.
CONCILIACIÓN; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; VÍAS ALTERNATIVAS; JUSTICIA RESTAURATIVA; VICTIMA; DERECHO PENAL JUVENIL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; REPARACIÓN; PRINCIPIO PRO HOMINE; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PENAL; CÓDIGO PROCESAL; VIGENCIA DE LA LEY;
NN (causa nº 3866)Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata Nº 1
La Secretaría Electoral del Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata Nº 1 ordenó que la modificación se efectué de manera manual en las hojas correspondientes al padrón electoral a fin de que se registrara a la persona con los mismos datos que obran en su Documento Nacional de Identidad, conforme a las previsiones de la ley Nº 26.743 y el decreto presidencial Nº 476/2021. Además, ordenó que se arbitrasen todas las medidas necesarias para garantizar que los datos personales se encontraran consignados en los padrones impresos correspondientes a las Elecciones Generales que se celebrarán el día 14 de noviembre de 2021 (juez Ramos Padilla).
1. LGBTIQ. Identidad de género. Niños, niñas y adolescentes. Nombre. Documento nacional de identidad.
“Cabe destacar que el art. 1 de la Ley 26.743 establece que `toda persona tiene derecho: (...) c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada´.
A su vez, el art. 12 de dicha norma establece que `Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. (...) En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada´”.
“[E]l Decreto presidencial nro. 476/2021, publicado el día 21 de julio del corriente, ha establecido que `que las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para argentinos en el campo referido al `sexo´ podrán ser `F´ –Femenino–, `M´ –Masculino– o `X´.
Si bien la entrada en vigencia de la norma aludida ocurrió casi simultáneamente al cierre del padrón definitivo –lo que impidió su adaptación registral– resulta un deber del Estado y sus funcionarios arbitrar los medios necesarios para respetar el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas, y garantizar que éstas sean correctamente registradas en los instrumentos que las identifican; en este caso, en el padrón electoral”.
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NOMBRE; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; PADRÓN ELECTORAL;
Osorez (causa N° 303252)Colegio de Jueces Penales, Centro Judicial Capital, Tucumán
El Colegio de Jueces Penales, Centro Judicial Capital, de Tucumán absolvió a la imputada por haber actuado en legítima defensa y dispuso su inmediata libertad (juez Ibáñez y juezas Ballesteros y Méndez).
1. Violencia de género. Prueba. Testimonios. Apreciación de la prueba. Perspectiva de género. Vulnerabilidad.
“[E]n la valoración del testimonio de mujeres que alegan haber sufrido violencia de género, debe tenerse especialmente en cuenta el contexto en que ocurren esos hechos, por lo general, sobre todo cuando se trata de agresiones físicas, se producen en ámbitos privados, lejos de la mirada de terceros que puedan acudir en ayuda y protección de las mujeres que sufren este tipo de hechos. En ese análisis, el tribunal debe ser extremadamente cauteloso, evitando dejar de lado esos testimonios por algunas imprecisiones, olvidos o contradicciones nimias, pues las mujeres que sufren el flagelo de la violencia, se encuentran en una clara situación de vulnerabilidad, por lo cual gozan de una protección especial conforme al sistema internacional y americano de Derechos Humanos. De tal modo que, el incumplimiento de las normas e instrumentos internacionales específicos de protección frente a esta clase de hechos de violencia, genera responsabilidad internacional del Estado”.
“[E]n el análisis y ponderación de pruebas de este caso, [se ha] tenido siempre presente la perspectiva de género como pauta interpretativa la que, debe impregnar las soluciones judiciales de hechos en los cuales, las mujeres podrían haber resultado víctimas de violencia de género, más allá de la posición procesal que revistan en el debate —víctimas o acusadas— ya que, el flagelo de la violencia ejercida sobre las mujeres, en algunas ocasiones, las obliga a defenderse por sí mismas ante la ausencia de protección por parte de los organismos obligados a ello que es lo que […] ha ocurrido en este caso…”.
“[L]a Fiscalía y la querella solo lograron acreditar parcialmente su acusación, ello en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, no así en cuanto al modo en que ocurrieron los hechos, no pudieron demostrar que efectivamente [la imputada] agredió sin razón alguna a [su concubino] y solo con la intención de causarle la muerte, por el contrario, [se considera] acreditado que la acusada, en la fecha en que ocurrió el hecho, tuvo la necesidad de defenderse frente a una agresión actual (siempre latente y continua a lo largo de su vida, incrementada en los últimos años) e ilegítima que la víctima se encontraba efectuando en su contra, por lo que actuó bajo el amparo de la legítima defensa que concurre en el caso como causa de justificación de su obrar”.
2. Violencia de género. Agresión ilegítima. Violencia sexual. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Responsabilidad del Estado.
“[A]bundan los elementos como para tener fehacientemente acreditado que [la imputada] se encontraba inmersa en un contexto de violencia de género, cuyo único responsable era [su concubino], y que este pretendía controlar y disponer de la vida de su conviviente, lo que se traducía en diversas agresiones en su contra”.
“[Este ciclo] se divide en ‘tres fases [a las que se] denomina 1) de acumulación de tensión, 2) de agresión aguda y 3) de calma y cariño’. […] En la etapa aguda, […] las agresiones se intensifican, y alcanzan una escala mayor, que puede llegar hasta la brutalidad, el daño e inclusive, la muerte…”.
“[Q]ueda en evidencia como el relato de la imputada exhibe un ciclo de violencia por ella padecido, sin que quepa plantear duda alguna al respecto. Primero la agredía de manera leve, o la celaba, después las agresiones adquirían un grado mayor de lesividad y peligrosidad y, por último, le pedía disculpas e intentaba justificarse, alegando sus problemas de adicciones”.
“Todos [los] comportamientos por parte de la víctima de autos reflejan a las claras una intencionalidad de someter a su pareja a su voluntad, bajo la firme convicción de que se encontraba con derecho a hacerlo, y que era deber de ella el obedecerlo. […] Estas conductas de sometimiento excluyen de pleno la posibilidad de hablar de una violencia cruzada, tal como lo sostuvieron en sus alegatos la Fiscalía y la Querella. Si bien la psicóloga […] usó este término para analizar la relación de [la imputada] con su pareja —a partir de la aproximación psicológica que le realizara—, está claro que una mujer que es sometida a todo tipo de agresiones físicas, psicológicas o sexuales por parte de un hombre se encuentra inmersa en un puro y simple contexto de violencia de género.
En todo caso, la posible comisión de actos lesivos por parte de [la acusada] en contra de [su concubino] —el no saber tomar distancia como pareja por otra vía que no fuera la agresión, en términos de la Lic. [en psicología propuesta por la fiscalía] —, solo puede ser considerada como el ejercicio previo de actos defensivos por parte de la imputada, ya harta de las constantes agresiones sufridas por parte de su pareja, pero que, bajo ningún punto de vista, puede colocarla en un pie de igualdad de condiciones respecto de aquel […].
Tal gravedad reviste la violencia de género —y tanto dista de la posibilidad de una violencia cruzada— que un grupo de expertos de derechos humanos las Naciones Unidas ha reconocido que la violencia de género reviste carácter de tortura”.
3. Violencia de género. Legítima defensa. Agresión ilegítima. Tipicidad.
“[E]xistió una conducta humana, ella emanada [del concubino de la imputada], que esa conducta amenazaba a un bien jurídico —la vida de [la acusada]— configurándose así la agresión exigida por la norma analizada. Además, entiendo que esa conducta […], configurativa de una agresión que amenazaba la vida de la acusada, fue ilegítima, en el sentido de que su antijuridicidad deviene patente, esa noche, la insultaba, la amenazaba y […] también la golpeaba —aunque esos golpes no le hayan dejado marcas evidentes— ¿Por qué no creer en la palabra de [la imputada], si el mismo médico que dijo que no tenía marcas en su cuello, pudo constatar que presentaba equimosis en sus brazos, agregando que se trataba de la impresión digital, que alguien —[su concubino], sin dudas—, le había dejado al tomarla de esa zona de su cuerpo? Aquí, debemos recordar que todas esas acciones que constituyeron la agresión [del hombre] configuran actos que claramente encuadran en la violencia de género, en ese marco, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como la Convención de Belem do Pará, ha considerado estas acciones de violencia como violación a los derechos humanos de la mujer, de ello, deviene prístina la ilegitimidad de las acciones de la víctima en aquella noche. Esas circunstancias, el contexto de violencia de género acreditado en el debate […] y la amplitud probatoria que consagra la ley 26.485 en favor de las mujeres víctimas de violencia de género, llevan y confluyen a una única interpretación posible, en este caso, existió una agresión ilegítima de [su pareja] hacia [la acusada].
[Se continúa con el análisis de] la condición de ‘actual’ que, esa agresión ilegítima debe presentar, para ser considerada como configurativa de la causa de justificación invocada por la defensa de la acusada […]. [S]i la legítima defensa autoriza una reacción que impida la lesión al bien jurídico amenazado, mal puede esperarse hasta el comienzo de la tentativa para afrontar la defensa, porque seguramente ello implicaría ya la existencia de la lesión al bien jurídico, sobre todo cuando lo amenazado resulta la vida. Una persona no debe esperar pacientemente a sufrir una lesión, para comenzar a defenderse, ello quitaría razón de ser a la propia existencia de esta causa de justificación. [No se puede] pretender, en el caso de autos, que [la imputada] hubiese esperado hasta encontrarse al borde de la muerte —como había ocurrido siete días antes— para recién buscar defender su vida, ello resulta ilógico y contradictorio con la naturaleza misma de la causa de justificación invocada […]. Por ello, [se considera] que la ausencia de lesiones en el cuello de la acusada, no menoscaba el hecho de que la agresión que sufría era actual, si la ahorcó hasta dejarla casi sin aliento o si se predisponía inmediatamente a hacerlo —sin llegar a lesionar su superficie corporal— abalanzándose sobre ella, ya autorizaba la reacción defensiva de [la mujer], máxime cuando ya, en la habitación, la había tomado de los pelos, insultándola y amenazándola…”.
4. Violencia de género. Legítima defensa. Necesidad racional del medio empleado. Tipicidad.
“Corresponde entonces determinar si la acción desplegada por [la imputada], frente a la agresión de la víctima, fue necesaria, en primer lugar, esa acción defensiva emprendida con un arma blanca por la acusada efectivamente fue idónea para repeler la agresión de su pareja, de hecho, detuvo ese ataque llegando a proteger así su vida, con respecto a si fue la defensa más benigna posible de varias clases de defensas elegibles, [se considera] que, en el contexto de lo sucedido, lo fue. Recordemos que se encontraban en la cocina de la vivienda, allí [la mujer] tenía a su disposición algunos elementos para defenderse —imagino platos, utensilios de cocina, vasos, etc— si consideramos que el medio menos lesivo, resulta relativizado por la circunstancia de que, la persona que sufre la agresión, no tiene por qué exponerse a sufrir riesgos, la defensa más idónea resultó la que finalmente ella empleó”.
“Aconseja la doctrina que, la medida de la defensa necesaria, debe siempre considerarse o medirse ex ante, en este caso, considerando los antecedentes de violencia constante a los que la acusada fue sometida por su pareja y especialmente el crecimiento en magnitud que, esas agresiones habían manifestado en los últimos episodios, la defensa que emprendió [la acusada] resultaba objetivamente necesaria, incluso para un tercero observador, mucho más en la piel de la mujer que sufrió esas agresiones, solo basta imaginar los recuerdos que, habrán cruzado por la memoria de la acusada, cuando [su concubino] comenzó a agredirla en aquel funesto día.
No [se debe] confundir necesidad con proporcionalidad, entre el daño que se causa con la defensa y aquel que se habría ocasionado con la agresión, una persona que está sufriendo una agresión con golpes de puño no tiene por qué intentar defenderse utilizando sus puños, si está consciente que ello, podría no asegurarle la posibilidad de evitar sufrir riesgos. Pero, aun considerando que, la proporcionalidad entre los daños no es aquello a lo que se refiere la norma con el requisito de ‘necesidad’, en este caso específico, resulta impredecible hasta donde podría haber llegado el ataque [del hombre] a su concubina, no podemos asegurar que el daño al bien jurídico causado con el homicidio fue mayor al que podría haber ocasionado [su pareja] con sus agresiones, solo basta recordar hasta donde había sido capaz de agredir a [la imputada] apenas unos días antes de aquel suceso”.
5. Violencia de género. Legítima defensa. Falta de provocación. Tipicidad. Protección integral de la mujer.
“En una relación signada por la violencia de género, no existen conductas provocadoras, cualquier actitud, contestación, reacción o mirada pueden desatar la ira del agresor, basta recordar que, en este caso concreto, la imputada en su declaración señaló que, fue una simple notificación que sonó en su celular lo que desató la reacción de [su concubino], un sonido sin importancia, fue suficiente para provocar insultos, amenazas y golpes. […] Ninguna mujer busca o provoca ser maltratada, cualquier otro razonamiento, resulta no solo ilógico, sino también, contrario al espíritu y fundamentos que, se desprenden de las convenciones internacionales en materia de género que nuestro país ha suscripto y cuyas directrices se plasman en la ley nacional 26485 ratificada por nuestra provincia”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; PRUEBA; TESTIMONIOS; APRECIACION DE LA PRUEBA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; VIOLENCIA SEXUAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; LEGÍTIMA DEFENSA; TIPICIDAD; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; FALTA DE PROVOCACIÓN; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER;
González (Causa 1065-2021) - CámaraCámara Federal de Apelaciones de Corrientes
1. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho. Derecho a la salud. Médicos. Obras sociales.
“[E]n este marco reducido de estudio, cabe analizar la pertinencia o no de la medida cautelar dictada en la instancia anterior. Así, surge la necesidad de tutelar el derecho invocado por la actora atento a las constancias documentales agregadas digitalmente al promover la acción, donde se podría corroborar la acreditación de la afiliación, informes médicos donde surgiría demostrado el diagnóstico (tumores en cerebro), la interconsulta –a través de video– del médico tratante en la Provincia de Corrientes con el Instituto FLENI de la ciudad de Buenos Aires en la cual se decidió la derivación urgente a ese Centro de Alta Complejidad para evaluación quirúrgica, las notas de la actora a la demandada y su posterior respuesta, con lo que, prima facie, se vislumbra probada la apariencia del derecho reclamado en la incidencia, así como también el peligro que llevaría garantizar tardíamente el derecho a la salud reclamado en autos.
En efecto, dentro del estrecho marco cognitivo de las medidas cautelares corresponde inferir que cabe estar a lo indicado por el médico tratante, que cuenta con el conocimiento del caso concreto y es quien se encuentra en las mejores condiciones para indicar la solución más adecuada para la salud de la amparista.
Así es que, considerado el campo provisional de la precautoria en cuestión, se observa –prima facie– demostrado el delicado estado de salud de la amparista, lo que hace notar la verosimilitud del derecho de la actora y también el perjuicio en la demora dada la necesidad de la derivación urgente a un Centro de Alta Complejidad en la Ciudad de Buenos Aires y de la posterior práctica quirúrgica, respecto de lo cual el apelante tampoco formuló una oposición capaz de modificar las conclusiones dadas por el a quo. Que, donde se encuentran en juego derechos como la salud, la integridad psicofísica y la vida misma de la persona, exigen de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a la magnitud de los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de un daño irreparable (conf. doctrina de la CSJN en Fallos: 324: 2042)”.
MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; DERECHO A LA SALUD; MÉDICOS; OBRAS SOCIALES;
RSMT (causa Nº 33027)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B
La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la reciprocidad de las medidas decretadas y los apercibimientos de sanciones dispuestos respecto de la mujer. Además, mantuvo sólo las prohibiciones ordenadas –con sus apercibimientos– al hombre. Por último, modificó la decisión y estableció que la prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima regía en un radio de 200 metros de cualquier lugar en el que ella se encontrase (jueces Ramos Feijo, Parrilli y jueza Maggio).
1. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará). Violencia de género. Igualdad. No discriminación.
“[C]onforme el art. 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer –`Convención de Belem do Pará´– toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. En el art. 7 de la mencionada Convención los Estados Partes asumieron –entre otros– los compromisos de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
Y corresponde poner énfasis en que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de los Estados de garantizar la igualdad y la no discriminación está íntimamente vinculada con la prevención de la violencia contra las mujeres.
Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres…deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz antes las denuncias. Agregó que deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Y destacó que los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención de Belem do Pará...”.
2. Vulnerabilidad. Reglas de Brasilia. Acceso a la justicia. Violencia de género. Revictimización.
“[L]a Regla N° 20 de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad –que nuestra Corte Suprema de Justicia dispuso seguir como guía mediante Acordada N° 5 del 2009– dispone que se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.
La cuestión objeto de apelación enlaza claramente con el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia y con el derecho a un trato respetuoso de ellas, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización, que la citada ley 26.485 tiene por objeto promover y garantizar (conf.: arts. 2°, inc. f), y 3°, inc. k).
Es que, tal como se expresa en la exposición de motivos de las referidas Reglas de Brasilia, el sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, que encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho”.
“[E]n la especie debe tenerse particularmente en cuenta la situación de especial vulnerabilidad a la violencia que presenta la [víctima] en su condición de mujer inmigrante y por encontrarse en una situación económica desfavorable […].
[E] l Tribunal entiende que el temperamento adoptado por la a quo soslaya la asimetría vincular y desequilibrio de poder existentes entre la denunciante y el denunciado; es decir que en el vínculo [...] se reproducen las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, de las cuales la violencia contra la mujer resulta un claro emergente”.
4. Violencia de género. Prohibición de acercamiento. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“Desde otra perspectiva, el pronunciamiento apelado ignora diversos principios procesales, ya que por un lado se ha decretado de oficio una medida cautelar a favor del denunciado […], quien no la ha peticionado; y por otro lado, se la ha dictado pese a que en el caso no se encuentran reunidos los presupuestos requeridos para su otorgamiento –verosimilitud del derecho y peligro en la demora–, ya que no surge de las constancias de autos que el [hombre] haya denunciado por un hecho de violencia a la [mujer], ni que se le haya practicado a aquel una evaluación de riesgo de la que resultare que necesita ser protegido de ella, ni elemento alguno que permita suponer que es víctima de ella.
Así las cosas, y ante la total ausencia de denuncia y evidencia de que las agresiones sean mutuas, parece claro que la reciprocidad de la medida, así como los apercibimientos de sanciones dispuestos respecto de la [mujer] deben ser revocados, y mantenerse exclusivamente las prohibiciones ordenadas –con sus correspondientes apercibimientos– al [hombre].
Es que, por lo demás, de mantenerse el aludido aspecto de la decisión apelada, se podría enviar el mensaje de que –en palabras de la Corte IDH en el referido fallo `Campo Algodonero’– la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia”.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; REGLAS DE BRASILIA; ACCESO A LA JUSTICIA; REVICTIMIZACIÓN; PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Price (causa N° 2646)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario, declaró la inconstitucionalidad del artículo 282 del CPP de la provincia de Chubut y revocó la sentencia apelada. Por último, remitió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (ministro Rosenkrantz y, según sus votos, ministros Maqueda, Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Prescripción de la acción penal. Plazo razonable. Código Penal. Códigos provinciales. Competencia Federal. Facultades no delegadas. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[C]ualquiera sea el propósito de su legislación, las provincias no pueden alterar en forma alguna la ley de fondo y que, por consiguiente, carecen de facultades para establecer una causa de extinción de la acción penal que no está prevista en el Código Penal (Fallos: 178:31). [L]egislar sobre las causales de extinción de la acción penal es parte del derecho de fondo, materia que corresponde al Congreso de la Nación con carácter exclusivo, en razón de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional” (considerando 2°).
“[E]s incorrecta la postura sostenida en la sentencia apelada según la cual toda vez que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la prescripción de la acción penal resultan institutos conceptualmente distintos, ello debería llevar a concluir que es solamente el instituto de la prescripción el que integra el derecho de fondo, mientras que el plazo razonable es materia regulable por los ordenamientos procesales locales.
En efecto, si bien los institutos analizados no son idénticos, ellos se encuentran estrechamente vinculados. En ese sentido, el Tribunal ha dicho que ‘la prescripción de la acción penal tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y que esto obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito’ (Fallos: 342:2344 y sus citas). En virtud de su estrecha vinculación, la prescripción ha sido el mecanismo a través del cual esta Corte ha hecho efectiva la garantía del plazo razonable (Fallos: 300:1102; 312:2075; 323:982; 333:1987, entre otros), incluso si de acuerdo con los términos de la legislación ordinaria la prescripción no se hubiera producido (Fallos: 338:1538, entre otros).
En definitiva, dado que el remedio para la violación del derecho en cuestión es la extinción de la acción penal (la que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corte, debe declararse a través de la prescripción), ello no puede seguirse de una norma provincial” (considerando 3°).
“[L]as conclusiones anteriores no se ven modificadas por el hecho de que el legislador provincial, al establecer la norma cuya validez se cuestiona, haya perseguido reglamentar el derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, puesto que las legislaturas locales no pueden, bajo el pretexto de hacer efectiva una garantía constitucional, eludir la distribución de competencias fijada en la propia Constitución Nacional. Como se señaló con claridad en el […] precedente de Fallos: 178:31, las provincias ‘no pueden alterar o modificar en forma alguna la ley de fondo, cualquiera sea el propósito de su legislación: en el caso en examen, evitar que se prolonguen los juicios penales’ (considerando 4°). Esto no significa, por cierto, que ellas carezcan de potestades para legislar acerca de los procedimientos ante sus tribunales con el propósito de que tiendan a hacer efectiva la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, sino simplemente que no están facultadas para hacerlo a través del mecanismo específico elegido por el poder legislativo provincial en este caso, que supone la extinción de la acción penal a través de un modo no previsto por el derecho de fondo” (considerando 4°).
2. Autonomía provincial. Códigos de procedimientos en materia penal. Control de constitucionalidad. Competencia federal. Facultades no delegadas.
“[S]i bien es cierto que todo aquello que involucre el peligro de limitar las autonomías provinciales ha de instrumentarse con suma prudencia para evitar el cercenamiento de los poderes no delegados de las provincias; también lo es que, el ejercicio de las facultades delegadas que la Constitución Nacional asigna a la Nación, no puede ser enervado por aquellas, so pena de convertir en ilusorios los propósitos y objetivos de las citadas facultades que fincan en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan todas las provincias (conf. Fallos: 332:66 y sus citas; 333:2367). [R]esulta indiscutible que las provincias se encuentran facultadas para dictar los códigos de procedimiento con los que hacen aplicación de las leyes de fondo en sus respectivas jurisdicciones y que el criterio, oportunidad y acierto con que las ejercen son irrevisables, salvo el que corresponda efectuar en el marco del control de constitucionalidad destinado a resguardar la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso”.  
“[A]l haberse atribuido a la Nación la facultad de dictar el Código Penal (artículo 126 de la Constitución Nacional), los estados locales han admitido la prevalencia de las leyes del Congreso Nacional respecto de las materias incluidas en dicho cuerpo —entre las que se encuentran aquellas relativas a la extinción de la acción penal— y, paralelamente, la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan, sin que ello importe desconocer que las provincias conservan todo el poder no delegado en la Constitución al gobierno federal (Fallos: 326:3899, entre muchos otros), sino determinar el alcance de aquel que sí lo fuera” (considerando 13°).
“[L]a norma procesal local, tachada de inconstitucional, ha consagrado una solución normativa que apareja una drástica reducción de la vigencia temporal de la acción penal regulada en el código de fondo. De este modo, ha tornado palmariamente inoperantes las disposiciones sustantivas allí contenidas y ha alterado, inválidamente, la armonía con que el legislador nacional combinó el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito y el del individuo sometido al proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro (cf. mutatis mutandis, Fallos: 320:1717)” (voto de la ministra Highton de Nolasco).
“[E]n este caso, la caducidad ha sido regulada dentro de la competencia reconocida a la provincia, pero de un modo irrazonable, produciendo consecuencias que constituyen una interferencia relevante respecto de la ley nacional”.
“El artículo 282 del Código Procesal Penal de Chubut dispone un plazo ‘fatal’ de solo seis meses contados desde la realización de la audiencia de apertura de la investigación para que el Fiscal presente la acusación, que en caso de ser superado impone el sobreseimiento de los imputados. […] La fijación de un plazo de ‘caducidad’ tan breve es irrazonable porque sus consecuencias llevarán a la impunidad, contraria a los principios y valores de la Constitución Nacional y tratados internacionales. […] Este plazo restringe excesivamente la pretensión punitiva del Estado en orden a la persecución de los delitos de acción pública.
En este orden de ideas, vale señalar que de la circunstancia de que la norma cuestionada solo determine sobre la aplicación de la ley de fondo en el ámbito de la Provincia del Chubut, sin extenderse a casos de competencia federal (que se rigen por el Código Procesal Penal de la Nación ley 23.984 y, progresivamente, por el Código Procesal Penal Federal sancionado mediante la ley 27.063), no puede derivarse sin más que ello no redunde en una afectación de los intereses de la Nación producto de la irrazonable restricción en la aplicación de la ley penal sustantiva. Ello así, desde que, en el ordenamiento nacional, los tribunales locales son competentes para entender en materias en las que la Nación ha asumido, como signataria de diversos instrumentos multilaterales, compromisos cuyo incumplimiento –a raíz de una eventual extinción de la facultad del acusador público de impulsar la acción penal en virtud de lo dispuesto en el artículo 282 del Código Procesal Penal de Chubut– bien puede acarrear la responsabilidad internacional al Estado Argentino”.
“Siendo así, no se advierte, a priori, un obstáculo para que el legislador provincial reglamente una garantía –en este caso, la consagrada en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– planteada en similares términos –esto es, sin prever plazos específicos–mediante el establecimiento de un plazo cierto al cabo del cual se considera infringido el derecho del imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas, y una consecuencia legal que es la caducidad de la facultad del acusador público para impulsar la acción penal. En especial, dado que de ese modo es posible tomar en consideración las particularidades que tiene cada provincia (por ejemplo, en cuanto a carga de casos a tratar o cantidad de instancias recursivas), lo cual resulta imposible cuando la referida garantía es reglamentada por el legislador nacional” (voto del magistrado Lorenzetti).
3. Extinción de la acción penal. Código Penal. Competencia federal. Federalismo.
“[L]a lectura que se haga de las atribuciones de la Provincia del Chubut para regular sobre la celeridad de los procesos judiciales y la de los artículos 59, 62 y 67 del Código Penal de la Nación deberán ceñirse a una interpretación respetuosa del federalismo. Sin embargo, ello no permite tergiversar las pautas constitucionales reconociendo la atribución exclusiva ejercida por el Congreso de la Nación en el Código Penal al determinar bajo qué supuestos se extingue una acción penal por el transcurso del tiempo y simultáneamente afirmar que ello puede convivir con un modo alternativo de extinción de la acción penal vinculado a esa causa emanado de una legislatura provincial”.
“[A]l haberse atribuido a la Nación la facultad de dictar el Código Penal (artículos 75, inciso 12, y 126 de la Constitución Nacional), los estados locales han admitido la prevalencia de las leyes del Congreso Nacional respecto de las materias válidamente incluidas en dicho cuerpo –entre las que se encuentran aquellas relativas a la extinción de la acción penal– y, paralelamente, la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan” (voto del ministro Maqueda).
“En tal contexto, la invocación de facultades federales debe analizarse tomando como parámetro interpretativo que la determinación de los poderes delegados por las provincias a la Nación y el carácter de dicha delegación debe efectuarse siempre a partir de la lectura más estricta posible del texto legal. Ello, como derivación de la premisa según la cual los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, mientras que los correspondientes a la Nación son delegados y expresos, consagrada en los artículos 121 y 75 de la Constitución Nacional y reconocida en el precedente de Fallos: 1:170, entre muchos otros” (voto del magistrado Lorenzetti).
4. Prescripción de la acción penal. Plazo razonable. Caducidad. Códigos de procedimientos en materia penal.
“La circunstancia de que exista una estrecha relación entre la garantía del plazo razonable y el instituto de la prescripción no autoriza a derivar de ella la conclusión de que los tiempos previstos para la prescripción puedan ser utilizados sin más como baremo para determinar la ‘duración razonable del proceso penal’. Ello así, por cuanto la citada garantía puede infringirse aun cuando el delito puntual que se investiga no se encuentre prescripto (cfr. Fallos: 323:982 ‘Amadeo de Roth’, y ‘Espíndola, Juan Gabriel’, Fallos: 342:584, entre otros); mientras que, a la inversa, la prescripción puede operar en el marco de un proceso llevado adelante con una celeridad notable.
Es preciso concluir, entonces, que se trata de supuestos diferentes, puesto que en un caso lo que está en juego es el tiempo que tiene el titular de la acción para comenzar a ejercer la persecución penal y en el otro, la diligencia con la que se lleva adelante una persecución ya iniciada. Una diferencia adicional entre ambos institutos reside en que la duración razonable de los procedimientos, en principio, no tiene relación directa con la gravedad de los delitos que constituyen el objeto del proceso, vínculo que sí es un elemento central de la prescripción […].
Por consiguiente, no resulta posible considerar que la ‘caducidad’ a la que hace alusión el tribunal a quo (como consecuencia de la inactividad de los encargados de impulsar la acción penal) y la ‘prescripción’ sean términos equivalentes, para concluir que al legislador provincial le está vedado fijar cualquier plazo perentorio como presupuesto procesal para la validez de los actos”.
“[E]n este caso, la caducidad ha sido regulada dentro de la competencia reconocida a la provincia, pero de un modo irrazonable, produciendo consecuencias que constituyen una interferencia relevante respecto de la ley nacional” (voto del magistrado Lorenzetti).
PRESCRIPCIÓN; PLAZO RAZONABLE; CÓDIGO PENAL; CÓDIGOS PROVINCIALES; COMPETENCIA FEDERAL; FACULTADES NO DELEGADAS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; AUTONOMÍA PROVINCIAL; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; FEDERALISMO; CADUCIDAD;
Gómez (Causa N° 2582)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y revocó la sentencia impugnada (ministros Maqueda, Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Plazo razonable. Condena no firme. Duración del proceso. Derecho de defensa. Constitución Nacional. Tratados internacionales.
“[La garantía del plazo razonable] no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional —derivado del speedy trial de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica—), sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional). A su vez, esta constelación normativa ha servido de guía para elaborar la fundamentación de los diferentes estándares emanados de los precedentes de esta Corte sobre la cuestión del plazo razonable tanto en materia no penal […] como en la que en el particular se debate…”.  
2. Plazo razonable. Condena no firme. Duración del proceso. Recursos. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[E]sta Corte Suprema ha hecho propios los estándares fijados en orden a la garantía del plazo razonable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto ha señalado que el derecho de acceso a la justicia ´debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable´ […] ya que una demora prolongada o falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales…”.
“[A] los fines de establecer la razonabilidad del plazo y los elementos que deben tomarse en cuenta para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] ha señalado que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento —incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse—, hasta que se dicte sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción…”.
“[D]e conformidad con dichos parámetros resulta evidente que en el sub examine se ha conculcado el derecho […] a ser juzgado en un plazo razonable, toda vez que en el caso particular, a pesar de tener por objeto un único hecho, configurativo de un ilícito común que no presentaba mayores complejidades probatorias, el proceso en el sub examine se ha dilatado hasta extenderse por casi dieciocho años sin que se haya arribado todavía al dictado de una sentencia firme que determine, en forma definitiva, la situación procesal del imputado”.
PLAZO RAZONABLE; CONDENA NO FIRME; DURACIÓN DEL PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CONSTITUCION NACIONAL; TRATADOS INTERNACIONALES; RECURSOS; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Sandoval y otros (causa N° 787)Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca declaró la nulidad del auto que dispuso el allanamiento de la vivienda del imputado (jueces Gallego y Lozano).
1. Derecho a la intimidad. Estupefacientes. Cultivo de estupefacientes. Dron. Inviolabilidad de domicilio. Vivienda. Derecho a la privacidad. Razonabilidad.
“[E]l mandato impartido por el juez fue insuficiente para avanzar sobre la garantía [de inviolabilidad de domicilio] del modo en que se lo hizo. Es que aun cuando no escapa a ese análisis la ´tensión´ que las nuevas tecnologías generan sobre el derecho a la intimidad (art. 19 de la CN), sobre todo por el aumento de eficacia que su empleo depara en la investigación de delitos, una adecuada compatibilización entre ese interés general y el individual comprometido –nada menos que el derecho a la intimidad que se ejerce en el domicilio, lugar en el que, como es sabido, encuentra si se quiere el mayor ámbito de expresión y concreción (art. 18 de la CN)– […]. En esa inteligencia piensa este cuerpo que el patio de una vivienda es un espacio en donde se abriga una importante expectativa de privacidad pues en ese marco es razonable suponer que las personas llevan a cabo actividades que querrían mantener fuera de las miradas extrañas y que –esto es lo relevante– no desarrollarían de saber que sí pueden ser observadas por terceros o por el Estado sin una concreta habilitación jurisdiccional”.
2. Dron. Procedimiento policial. Allanamiento. Derecho a la intimidad. Inviolabilidad de domicilio. Orden Judicial. Principio de proporcionalidad. Deber de fundamentación. Prueba.
“[U]na actividad estatal que avance sobre [la] garantía [de inviolabilidad del domicilio] reclama —por su intensidad— una habilitación expresa que sopese la necesidad y proporcionalidad de tal medida de intrusión en función del bien que se intenta preservar y el derecho en juego”.
“[N]o se busca censurar la toma de imágenes aéreas ni la utilización de este tipo de dispositivos o de otros medios tecnológicos que faciliten las tareas investigativas en aras de la prevención general, sino determinar los alcances y requisitos mínimos para la disposición de esas injerencias estatales en lugares o espacios en los que, como aquí acontece y quedó dicho, es razonable colegir que existe una expectativa de intimidad legítima que, como tal, debe ser preservada”.
DERECHO A LA INTIMIDAD; ESTUPEFACIENTES; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; DRON; INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO; VIVIENDA; DERECHO A LA PRIVACIDAD; RAZONABILIDAD; PROCEDIMIENTO POLICIAL; ALLANAMIENTO; ORDEN JUDICIAL; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRUEBA;
Tejeda y otros (causa N° 12459)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba N° 1, de manera unipersonal, declaró la inconstitucionalidad del artículo 5 inciso “c” de la ley 23.737 en lo relativo al mínimo de la pena de prisión y dejó en suspenso la condena impuesta a la imputada (juez Falcucci).
1. Determinación de la pena. Monto mínimo. Ley de estupefacientes. Vulnerabilidad. Deber de cuidado. Estereotipos de género. Perspectiva de género.
“[E]l caso concreto amerita la evaluación de un contexto especial en orden a determinar la proporcionalidad de la condena. Ello por cuanto, [la mujer] asumió tremendas responsabilidades de cuidado que le fueron impuestas, no solo en cuanto a la crianza y sustento económico de sus hijos, de manera exclusiva, sino de toda una estructura familiar con problemáticas diversas y muy complejas.
Reducir su valoración al ámbito de la determinación de la pena, como pauta para aminorarla y en todo caso sustentar el mínimo legal, tal como propuso el Ministerio Público Fiscal, contribuiría a naturalizar o perpetuar un análisis estereotipado del rol protector de la mujer, con asignación aparente de beneficio –en este caso, punitivo– por el prejuicio cultural de situarla en la grandiosidad de su capacidad de cuidado, cuando se trata de situaciones impuestas que incluso han afectado la salud psicofísica de [la mujer].
A ello, se asocia una visión con perspectiva de género de mujeres violentadas y con altos índices de vulnerabilidad que resultan criminalizadas por delitos de drogas, generalmente referidas a actividades de narcomenudeo.
Con lo cual, todo este escenario planteado cobra especial sentido al entender que la sobrecarga de responsabilidades en la imputada y la falta de recursos económicos para afrontarlas, pudieron motivar […] a involucrarse en el tráfico ilícito de sustancias”.
2. Determinación de la pena. Ley de estupefacientes. Vulnerabilidad. Perspectiva de género. Reglas de Bangkok.
“[Las circunstancias personales de la mujer] debe[n] ser contemplad[as] en ocasión de decidir el monto y modalidad de pena […], en consonancia con las recomendaciones efectuadas en instrumentos internacionales.
Al respecto, en el ámbito de las Naciones Unidas, las Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok […] se erigen como estándares de interpretación del derecho interno. Las directrices planteadas –de soft law– constituyen fuente de derecho internacional con enorme valor de referencia para el resguardo de los derechos humanos de las mujeres”.
“[E]l Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, que opera a nivel federal […] elaboró la Recomendación VI/2016 referidas a los Derechos de Las Mujeres Privadas de La Libertad  –Género en contextos de encierro– y sugirió al Poder Judicial que: ´Al momento de adoptar medidas relativas a la prisión preventiva y/o a la condena, tengan presente lo dispuesto en las Reglas de Bangkok (nº 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64), y demás estándares en materia de Derechos Humanos de las mujeres, vinculado a la excepcionalidad del encierro y la necesidad de implementar medidas no privativas de la libertad. Con esa finalidad, será procedente indagar y valorar las responsabilidades de cuidado y los antecedentes de victimización por violencia de género que tienen las mujeres en conflicto con la ley penal´”.
3. Determinación de la pena. Monto mínimo. Ley de estupefacientes. Declaración de inconstitucionalidad. Condena condicional. Culpabilidad. Vulnerabilidad. Perspectiva de género. Principio de proporcionalidad. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[S]ólo es posible declarar la inconstitucionalidad del mínimo de la pena establecido por el legislador para aquellas situaciones verdaderamente excepcionales que denoten un estado de violencia o vulnerabilidad tal que le impida a la justiciable motivarse en la norma, pero a su vez, que de acuerdo a principios de jerarquía superior que se encuentran involucrados, la pena implicada se muestre decididamente desproporcionada a la gravedad de las conductas reprochadas”.
“[E]n el estadio actual de la regulación penal de nuestro país, la aplicación de los cánones establecidos en el marco normativo planteado para adoptar una medida no privativa de libertad, torna necesario recurrir al remedio excepcional de la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de pena dispuesto en el art. 5 inc. ´c´ de la ley 23.737. Puesto que, solo una decisión del tipo permite arribar a una respuesta punitiva razonable y proporcionada al hecho delictivo cometido por [la mujer], en su contexto de género y marcada vulnerabilidad. Al mismo tiempo, otorga la posibilidad concreta de imponer a una condena en suspenso en la idea de no complejizar aún más el cumplimiento de las cargas que le han sido asignadas a la imputada”.
“[L]os argumentos apuntados respecto a la compleja situación de vulnerabilidad que asedia a [la mujer] conducen […] a confirmar que el tope mínimo indicado en la escala penal por el delito atribuido (art. 5 inc. ´c´ de la Ley 23.737) excede su medida de culpabilidad, viola los principios de proporcionalidad y de humanidad que proscriben la imposición de penas inhumanas, crueles e infamantes”.
DETERMINACIÓN DE LA PENA; MONTO MÍNIMO; LEY DE ESTUPEFACIENTES; VULNERABILIDAD; DEBER DE CUIDADO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; REGLAS DE BANGKOK; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; CONDENA CONDICIONAL; CULPABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE;
Arce (causa N° 1253)Tribunales Orales en lo Penal Económico Nro. 1
El Tribunal Oral Penal Económico N° 1, de manera unipersonal, declaró la inconstitucionalidad del artículo 866 segundo párrafo del Código Aduanero en lo relativo al mínimo de la pena de prisión y dejó en suspenso la condena impuesta a la imputada (juez Losada).
1. Juicio abreviado. Contrabando. Determinación de la pena. Vulnerabilidad. Razonabilidad. Principio de proporcionalidad. Cárceles. Personas privadas de la libertad. Reinserción social. Finalidad de la pena.
“[I]ndependientemente de la conducta específica y de la escala amenazada en abstracto, es menester analizar las circunstancias de la causa y los factores personales que adviertan la eficacia de la reforma y adaptación social de la imputada como fin de la pena a imponer […]”.
“[E]s del caso indagar cuál es el sentido de resocialización que tiene hoy la aplicación a su respecto de una pena de prisión de cumplimiento efectivo. Si por su propia naturaleza tal resocialización implica adquirir la capacidad de comprender y de respetar la ley […] y de integrarse en la sociedad según sus parámetros normales cabe preguntarse si el encierro de [la imputada] logrará esos fines o si, por su propia historia personal de exclusión social incluso en libertad, de hecho el mismo sólo contribuirá a profundizar esa marginalización. En todo caso, como se propondrá, esa integración social debe hacerse por un medio distinto al encierro”.
“[E]l cumplimiento de tal pena por parte de [la mujer] en un establecimiento carcelario resulta desproporcionado a hoy constitucional y convencionalmente. La razonabilidad constitucional de una determinada pena sólo debe importar en su ejecución las mortificaciones naturales que deriven de ella. Cuando dichas mortificaciones exceden dicho alcance, la pena deja de ser razonable y, por ende, constitucional (CSJN Fallos 312:857). Por ello mismo, un Estado democrático de Derecho no puede consagrar soluciones injustas a los conflictos a sabiendas de tal injusticia”.
2. Contrabando. Código Aduanero. Declaración de inconstitucionalidad. Determinación de la pena. Monto mínimo. Condena condicional. Principio de proporcionalidad.
“[L]a declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes sancionadas con arreglo a su propio régimen gozan de una presunción de legitimidad que sólo puede ser destruida cuando la lesión al derecho de que se trate no pueda ser reparado de ninguna otra forma. En el caso, como se ha dicho, la única opción para ello, atento el mínimo legal aplicable respecto a la pena de prisión es la declaración de inconstitucionalidad del mismo pues no cabe interpretación posible que consagre la justa solución al respecto sin prescindir de su letra”.
“[S]erá declarado inconstitucional el art. 866 2do párrafo del CA en lo relativo al mínimo de su escala de prisión por lesión al derecho de la imputada a la proporcionalidad de las penas y, a su partir, será aplicada una pena de prisión que permita su cumplimiento en suspenso, esto es, tres (3) años o menos (arts. 26 del CP y 861 del CA)”.
3. Vulnerabilidad. Responsabilidad del Estado. Poder Judicial. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Medidas de acción positiva. Género. Asistencia social.
“[E]l Tribunal no puede permanecer indiferente a la realidad social que le toca juzgar en cada uno de los casos. Se ha dicho ya que resocialización a través de una pena de encierro en el caso de [la imputada] no resulta posible. Sin embargo, su situación de vulnerabilidad social subsiste a la fecha –recuérdese en ese sentido que es una persona joven, con domicilio inestable, sin familia fija y que no posee empleo fijo alguno (dijo ser ´cartonera´)–, Los derechos a la vida y a la dignidad e integración personal de todo ser humano consagrados por los arts. 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen deberes positivos en los Estados respecto a la adopción de medidas preventivas concretas no sólo frente a conductas de terceros que pongan la vida en riesgo sino también en el ámbito de la integración social considerada en sentido amplio (salud pública, laboral, familiar). Esa responsabilidad, por lo demás, se extiende a cualesquiera de los poderes públicos, entre ellos el Poder Judicial, dentro de sus respectivas esferas de actuación”.
“[S]e librarán oficios a los Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires a fin de que, dentro de sus correspondientes ámbitos, consideren la posibilidad de incluir a la imputada en alguno de los programas existentes de asistencia social”.
JUICIO ABREVIADO; CONTRABANDO; DETERMINACIÓN DE LA PENA; VULNERABILIDAD; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; REINSERCIÓN SOCIAL; FINALIDAD DE LA PENA; CÓDIGO ADUANERO; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; MONTO MÍNIMO; CONDENA CONDICIONAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PODER JUDICIAL; CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; GÉNERO; ASISTENCIA SOCIAL;
CAE (causa Nº 24540)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia de primera instancia y rectificó el nombre y género utilizados por el magistrado de grado. A su vez, señaló que el sexo allí consignado debía tenerse como testado (art. 35 CPCCN). Además, hizo lugar al pedido de autorización y dispuso la modificación del nombre y el género en la partida de nacimiento. En ese sentido, ordenó que el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expidiera una nueva partida de conformidad con lo dispuesto (jueza Guisado y juez Rodríguez).
1. Omisiones en el pronunciamiento. Tutela judicial efectiva. Cuestiones procesales. Leyes procesales.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que cuando se falla sin respetar los límites se puede incurrir en `exceso´ que puede ser ultra petita (por fuera de lo requerido y controvertido); citra petita (por fuera de lo requerido y propuesto); o infra petita (por menos de lo reclamado y contrapuesto en juicio)…”.
“Asimismo, como enseñaba Eduardo J. Couture `la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. En otras palabras: la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica. Pero la pretensión no es la acción. La acción es el poder jurídico de hacer valer la pretensión. Ese poder jurídico existe en el individuo, aun cuando la pretensión sea infundada´...”.
“En ese orden, la pretensión procesal conlleva, tres elementos: subjetivo, objetivo y causal. El primero de ellos está referido al sujeto habilitado para ejercer la acción, entraña una relación jurídica entre el pretendiente (actor o reconviniente) y el pretendido (demandado o reconvenido) y en consecuencia resulta resorte exclusivo de las partes, excluyendo al juez; el segundo se relaciona con la petición y es la libertad del individuo para fijar lo que pretende, no es más que el petitorio del actor o del reconviniente; y el tercero, involucra el hecho que se invoca y a su imputación jurídica, es decir la causa petendi.
Queda claro entonces que las normas procesales no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos, sino que, en su ámbito específico, tienen por finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de defensa en juicio…”.
“Bajo tal óptica, se advierte que a tenor de lo requerido en el escrito de inicio, la aludida conformidad no tornó abstracta la pretensión, a poco que se repare que el mentado consentimiento debe ser prestado ante la autoridad administrativa.
De modo que en la especie lo decidido en primera instancia se inserta en el ámbito de infra petita, desde que no medió pronunciamiento sobre el cambio registral ante la administración que fue motivo de petición.
Es así que la conformidad prestada por el padre ante esta sede, no genera que sea abstracto lo peticionado en autos, sino que en su caso coadyuva a la jurisdicción a ordenar el cambio registral, que es –precisamente– sobre lo que versó la pretensión.
En otras palabras, considerar que la conformidad del progenitor en sede judicial hace innecesaria la orden de cambio registral aquí perseguida, provoca que no se haya cumplido con la tutela judicial efectiva que es eje del servicio de justicia”.
2. Identidad de género. Niños, niñas y adolescentes. Autonomía progresiva. Interés superior del niño.
“[E]l artículo 5 [de la ley Nº 26.743] se encarga de lo concerniente a las personas menores de 18 años y fija que la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la ley 26.061.
En esa línea –el citado artículo– estipula que cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/as representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
“En la especie […] el peticionante alcanzará el próximo 27 de diciembre la mayoría de edad, a ello se agrega la noción de competencia incorporada en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación y la conformidad prestada por el progenitor en autos.
Desde esas premisas, es relevante señalar que hoy la ley coloca a los adolescentes como una categoría de sujetos que merecen una mirada especial, apartándose del molde tradicional y dando un reconocimiento a esta categoría etaria como una categoría jurídica, de modo que en nuestro derecho, opera hoy una modulación más fina, más sutil en la consideración de la autonomía de los sujetos, lo que conlleva una mirada más respetuosa de su dignidad…”.
“La adolescencia debe entenderse como un complejo proceso de maduración personal, como una etapa en busca de madurez. Pero la inmadurez del/la adolescente es distinta a la del niño/a o el/la adulto/a: mientras que la del/la niño/a es la de la persona que sin valerse a sí misma no percibe esa situación como problemática, la inmadurez del/la adolescente es la de quien no sabiendo valerse por sí mismo/a experimente el deseo de hacerlo y, al intentar conseguirlo, pone en marcha capacidades nuevas, en un proceso cuyas peculiaridades hacen difícil establecer su duración…”.
OMISIONES EN EL PRONUNCIAMIENTO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; CUESTIONES PROCESALES; LEYES PROCESALES; IDENTIDAD DE GÉNERO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; AUTONOMÍA PROGRESIVA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Diaz (Causa N° 2878)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación y declaró la nulidad de la resolución que había rechazado la suspensión del juicio a prueba (juez Borinsky).
1. Defensor de menores. Régimen penal juvenil. Derecho de defensa. Suspensión del proceso a prueba.
“El examen del caso revela que la presente causa no tramitó según el Régimen Penal de Minoridad (ley 22.278) y que no fue objeto de consideración por las partes, en el marco de la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN, que [el imputado] fuera menor al tiempo de comisión del hecho atribuido en autos. Dicha circunstancia personal del imputado tampoco fue tenida en cuenta por el 'a quo' al resolver el rechazo de la solicitud de la suspensión del juicio a prueba…”.
“[S]e observa que la defensa [del imputado], al ser convocado por el 'a quo' para intervenir en autos en su función tutelar (cfr. art. 354 del C.P.P.N.), introdujo planteos con relación a la suspensión del juicio a prueba y su aplicabilidad a la situación especial de los menores de edad que el 'a quo' omitió considerar tanto al momento de rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba como en la ocasión de emitir el pronunciamiento [de rechazo de nulidad solicitado por el defensor de menores]. Por consiguiente, la decisión objeto de impugnación carece de fundamentación suficiente y no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido…”.
DEFENSOR DE MENORES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; DERECHO DE DEFENSA; SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA;
Moix (causa Nº 1784)Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes hizo lugar al recurso, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones que habilitara la excepción prevista en la norma y permitiese el ingreso por vía terrestre, con el expreso cumplimiento de los requisitos migratorios y las medidas sanitarias previstas por el gobierno nacional o por los gobiernos de las distintas provincias por las que debiera transitar la persona hasta llegar a su lugar de destino (juezas Sotelo y Spessot y juez Gonzalez).
1. Derechos individuales. Interpretación de la ley. Excepciones. Declaración de inconstitucionalidad.
“[L]os motivos expresados por el accionante, como ser las razones laborales, de sustento de vida y de vivienda, a criterio de los suscriptos, constituyen, en el caso concreto, razones humanitarias que encuadran en la excepción que la norma prevé”.
“[L]a limitación de derechos individuales como protección de derechos colectivos, que motivaron las restricciones que aquí se cuestionan, y la no aplicación de las excepciones previstas por la propia normativa y órganos autorizantes, conlleva a la violación de dichos derechos individuales.
Por otra parte, en relación al pedido de declaración de inconstitucionalidad de las normas referidas, siendo dicho control de carácter difuso, corresponde que sea evaluado en el caso en concreto. Por ello, siendo ésta una medida de última ratio, y encontrándose la causal que el accionante invoca en un supuesto de excepción de la normativa impugnada, no corresponde expedirse al respecto, dado que no se observa una vulneración a derechos y garantías constitucionales.
Este criterio fue sostenido, por la Corte Suprema de Justicia Nacional, estableciendo que la declaración de inconstitucionalidad `…constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos: 14:425; 147:286). Además, cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución (Fallos: 300:1029; 305:1304). En suma, la revisión judicial en juego, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, solo es practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la pausa requiere, de manera que no debe llegarse a una declaración de inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta necesidad…´…”.
DERECHOS INDIVIDUALES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; EXCEPCIONES; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Venegas (Causa N° 3037)Juzgado Federal de 1a Instancia de General Roca
El Juzgado Federal de General Roca sobreseyó al imputado y ordenó la restitución de los bienes secuestrados.
1. Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos (REPROCANN). Cannabis. Cultivo de estupefacientes. Derecho a la salud. Reforma legal. Ley aplicable.
“[L]a correspondiente autorización expedida por el Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos […], establece limitaciones y consideraciones a ser tenidas en cuenta para el desarrollo de la actividad. Así es que puede advertirse del ordenamiento legal que la autorización habilita a la plantación en un espacio de 6m2, a la cantidad de entre 1 y 9 plantas…”.
“Si bien la reglamentación indica las condiciones y procedimientos correspondientes para la obtención de la debida autorización, una vez que la misma es expedida no se prevé un control posterior para determinar si la actividad se desarrolla dentro de los lineamientos del orden legal”.
“Si bien no pueden recaer consecuencias en cabeza de los usuarios por esta falta de control por parte del Estado Nacional […], lo cierto es que ello puede dar lugar a situaciones que excedan dicho marco legal, como el que aquí se presenta, debiendo analizar el caso en orden a la demás normativa aplicable en la materia”.
“[Se recomienda] al REPROCANN la implementación de un método de seguimiento y contralor de los permisos concedidos en el ámbito de su competencia, respecto de las condiciones que fueran tenidas en cuenta para su otorgamiento”.
“[H]abiendo expresado la Defensoría que los elementos fueron peticionados para poder realizar el cultivo de cannabis para la obtención de aceite con fines medicinales […] con autorización vigente a la fecha para el desarrollo de dicha actividad, se fundamenta con mayor razón la resolución positiva de la restitución”.
2. Cannabis. Cultivo de estupefacientes. Ley de estupefacientes. Tráfico de estupefacientes. Dolo.
“[E]l artículo 5 inciso C de la ley 23.737 [contempla] el cultivo como parte de la cadena de tráfico de estupefacientes. [E]n base a la plataforma fáctica es dable subsumir el hecho en el delito de tráfico de estupefacientes en la forma de cultivo ya que la cantidad de éstas, obtenida en el patio de una casa de familia, carece de la entidad cuantitativa que el tráfico requiere”.
“[N]o podemos considerar el cultivo encontrado en la especie dentro del predio de una vivienda familiar como constitutivo de la cadena de tráfico de estupefacientes, con presencia del denominado ´dolo de tráfico´ que requiere las figuras contempladas por el artículo 5 de la ley 23.737, máxime si consideramos que el mismo tendría por fin la obtención de aceite de cannabis con fines medicinales conforme se desprende de las constancias recababas”.
3. Cannabis. Cultivo de estupefacientes. Ley de estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Derecho a la intimidad. Derecho a la privacidad.
“[N]o puede dejarse de lado el tipo penal previsto en el tercer párrafo del art. 5 de la ley 23.737, en virtud de su inciso a), en cuanto por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal; sobre lo cual, se expidió nuestro más Alto Tribunal en su renombrado fallo ´Arriola´ […], que el artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737 debía ser invalidado constitucionalmente, pues conculca el artículo 19 de la CN, ´en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros´”.
“[El razonamiento del fallo Arriola] deviene por demás aplicable en el presente caso, tanto sea para el cultivo de cannabis para su uso medicinal como así también en caso de considerar que el exceso de plantación tuviera un fin distinto, por cuanto el cultivo se desarrolló dentro de la vivienda de residencia del encartado y así dentro de su esfera de intimidad personal…”.
CANNABIS; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; DERECHO A LA SALUD; REFORMA LEGAL; LEY APLICABLE; LEY DE ESTUPEFACIENTES; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; DOLO; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD; Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos (REPROCANN);
Giménez (Causa N° 264)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada. Además, declaró inconstitucional el artículo 49, inciso 4, de la ley N° 24.241 (ministros Maqueda y Rosatti y, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal, ministra Highton).
1. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Reforma constitucional. Tratados internacionales. Personas con discapacidad. Igualdad. Vulnerabilidad. Tutela judicial efectiva. Seguridad social. Pensión. Pensión por fallecimiento. Derecho a los beneficios de seguridad social. Acceso a la justicia.
“[C]abe tener presente la naturaleza de los derechos en juego y el sujeto que demanda la tutela judicial efectiva puesto que, como ha dicho esta Corte, ´a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuesta especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Dicho imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico´.
En efecto, tal como se juzgó en el citado caso ´García´, la reforma constitucional de 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de la tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo medidas de ´acción positiva´ –traducidas tanto en ´discriminaciones inversas´ cuanto en la asignación de ´cuotas benignas´– en beneficio de ellas. En ese precedente, la Corte remarcó la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y su consecuente tutela especial, considerando que ´(...) el envejecimiento y la discapacidad –los motivos más comunes por los que se accede al status de jubilado– son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales (...). Por ello, las circunstancias y condicionantes de esta etapa del ciclo vital han sido motivo de regulación internacional, generando instrumentos jurídicos específicos´ (considerando 13) que consagran, entre otros, el derecho a la seguridad social (considerando 14) y obligan a asegurar especialmente el acceso a justicia para las personas en condición de vulnerabilidad (considerando 22).
[L]a especial naturaleza de los derechos subjetivos en juego y la preferente tutela de la persona que los reclama, refuerzan el escrutinio sobre el debido resguardo de la protección judicial efectiva y la garantía de defensa que están consagrados en normas de rango superior […] …”.
2. Constitución Nacional. Jurisdicción y competencia. Juez competente. Fuero federal. Derecho de defensa. Interpretación de la ley. Acumulación de procesos. Personas con discapacidad. Alimentos. Vulnerabilidad. Acceso a la justicia. Recursos.
“[E]l principal obstáculo para el ejercicio pleno de la garantía de acceso a justicia que presenta el art. 49, inciso 4, de la ley 24.241 –en cuanto concentra la totalidad de las revisiones de incapacidades determinadas por la CMC [Comisión Médica Central] en la Cámara Federal de la Seguridad Social– es la distancia entre ese tribunal y el lugar de residencia de la actora. En efecto, la peticionaria ya tuvo que enfrentar dicho periplo al apelar el dictamen de la Comisión Médica 23 de Salta, ante la CMC. Estaba obligada a seguir ese derrotero para habilitar la instancia judicial y por no poder plantear eficazmente en esa instancia administrativa la inconstitucionalidad de dicha vía, toda vez que el control de constitucionalidad de las normas es del resorte del Poder Judicial.
[N]o es relevante en el caso que la CMC [Comisión Médica Central] y la Cámara Federal de la Seguridad Social se encuentren en la misma ciudad, como insinuó el a quo. Lo decisivo en el caso es que ambas se encuentran a más de 1400 kilómetros de distancia del domicilio de la actora, lo que representa un costo mayor para el litigante, si tuviera que trasladarse para las revisaciones médicas, o una dilación en la solución del caso, si los exámenes médicos se ordenaran mediante exhorto, a la par que implica una irrazonable restricción en sus posibilidades de defensa.
En efecto, tal como señaló el Tribunal en el mencionado expediente ´Pedraza´ (Fallos: 337:530), a la excesiva distancia se suma el colapso en que se encuentra la Cámara Federal de la Seguridad Social debido a la sobrecarga de expedientes, que no ha podido ser conjurado hasta el presente. Mediante paralelas reflexiones, puede afirmarse que el art. 49, inciso 4, de la ley 24.241, que pudo haber sido considerado legítimo en su origen por la especialidad del fuero, se ha tornado indefendible desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias.
El objetivo que el Estado perseguía mediante la creación del fuero federal de la seguridad social y el establecimiento de la competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social era instalar un sistema eficiente, que permitiese cubrir mejor los riesgos de subsistencia de la población mayor de edad o incapacitada para el trabajo, estableciendo un modo de revisión judicial de actos ´que otorguen o denieguen´ beneficios y reajustes (considerando 9, causa ´Pedraza´ citada). Sin embargo, no puede negarse la evidencia empírica que demuestra que el tribunal de alzada acumula todavía al presente miles de causas que esperan ser resueltas, lo que afecta la posibilidad de que ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el interior del país obtengan en forma rápida y eficiente una respuesta jurisdiccional a sus reclamos de contenido netamente alimentario (confr. argumentos del considerando 10, causa citada y considerando 6° de ´Constantino´, Fallos: 339:740).
No es razonable que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y mejor calidad de vida, se vean compelidas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen, debiendo afrontar los costos que se derivan de tal circunstancia…”.
3. Corte Interamericana de Derechos humanos. Competencia. Acceso a la justicia. Duración del proceso. Derecho de defensa. Plazo razonable. Personas con discapacidad.
“[L]as garantías del ´juicio previo´ y la ´inviolabilidad de la defensa´ establecidos en el art. 18 de la Constitución Nacional no se satisfacen con la mera identificación legislativa del tribunal con competencia para atender una causa ni con el acceso formal a su Mesa de Entradas. Se trata de garantías cuyo contenido debe abarcar: i) la posibilidad efectiva de acceder al tribunal, lo cual supone accesibilidad geográfica (cercanía), técnica (disposición de Defensor Oficial e intérprete en caso necesario) y arquitectónica (eliminación de barreras o impedimentos de carácter edilicio), entre otras exigencias; ii) la posibilidad efectiva de hacerse oír en el tribunal, o sea el ejercicio pleno y razonable (no abusivo) de los mecanismos procesales disponibles; y iii) la obtención de una sentencia razonada conforme a derecho al final del proceso.
[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado los deberes del Estado de eliminar las barreras y garantizar el acceso a justicia de las personas con discapacidad mediante su participación adecuada y efectiva en los procedimientos [Caso Furlán vs Argentina] […] parámetro ineludible al ponderar la gravedad de las restricciones que conlleva para la recurrente acudir a la vía impugnatoria cuestionada…”.
4. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Igualdad. Vulnerabilidad. Competencia. Juez competente. Seguridad social. Personas con discapacidad. Tutela judicial efectiva.
“[L]a solución que debe adoptarse en el sub judice es aquella que coloque a la actora en pie de igualdad con el tratamiento que la jurisprudencia ha dispensado a otros grupos de vulnerables. En efecto, a título de ejemplo, cuadra recordar el criterio seguido por esta Corte en materia de tribunal competente en situaciones que guardan analogía por tratarse de individuos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad: así, ha resuelto que el tribunal competente para el seguimiento de personas con discapacidad mental que estén internadas, como regla, es el que se encuentre más próximo a la institución donde cursen dicha internación […] y que, en el caso de los niños, en principio, el juez que debe entender es el del lugar que corresponde a su centro de vida y que mejor resguarde su interés superior, priorizando la inmediación en procura de una eficaz tutela de los derechos implicados […].
[L]a competencia asignada a la Cámara Federal de la Seguridad Social por el art. 49, inciso 4, primer párrafo, de la ley 24.241 para ejercer el control judicial suficiente de las resoluciones de la Comisión Médica Central, no resulta un medio adecuado, idóneo, necesario o proporcional a los derechos, intereses y valores que el Estado está llamado a proteger en la materia bajo examen…”.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; REFORMA CONSTITUCIONAL; TRATADOS INTERNACIONALES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; IGUALDAD; VULNERABILIDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; SEGURIDAD SOCIAL; PENSIÓN; PENSIÓN POR FALLECIMIENTO; DERECHO A LOS BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL; ACCESO A LA JUSTICIA; CONSTITUCION NACIONAL; JURISDICCION Y COMPETENCIA; FUERO FEDERAL; DERECHO DE DEFENSA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ACUMULACIÓN DE PROCESOS; ALIMENTOS; RECURSOS; RECURSO ORDINARIO DE APELACION-Tercera instancia; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; COMPETENCIA; DURACIÓN DEL PROCESO; PLAZO RAZONABLE;
FAF (Expediente 44075-2020)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G
La Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó el pronunciamiento impugnado en lo relativo a la reciprocidad de la medida y mantuvo las demás disposiciones.´
1. Violencia de género. Oficina de Violencia Doméstica. Violencia familiar. Víctima. Protección integral de la mujer.
“Las leyes 24.417 y 26.485 están inspiradas en la finalidad de hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles la continuación o el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas que, de otro modo, podrían ser irreparables, y que sólo sería posible remover a través de la adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias. De ahí que en el marco de protección que acuerda la ley, cuando se aduce la existencia de peligro físico y psíquico para alguna de las personas que integran el núcleo de relación, en tanto existan elementos que lleven a concluir que la denuncia es prima facie fundada y que no se invoca la solución legal en contra de la finalidad que el legislador tuvo en miras al establecerla, el juez debe procurar la inmediata y debida protección a quien esgrime su condición de víctima”.
“[E]n el caso no se advierte razón alguna que justifique la reciprocidad de la medida que se cuestiona, en tanto […] constituye una inadecuada respuesta al supuesto planteado. Nótese, en ese sentido, que más allá de la intencionalidad marcada a través de las citas normativas al resolverse la revocatoria, tampoco en esa oportunidad se explicó por qué ni cómo el ‘objeto y extensión del objeto de los presentes obrados’ determina la imposición a la denunciante. Resulta insoslayable ponderar que fue [la mujer] quien ha pedido las restricciones, mientras el denunciado ni siquiera se ha presentado en la causa a pesar de encontrarse debidamente notificado de las medidas y del emplazamiento. [T]ampoco se aprecia del relato ante la OVD circunstancia alguna que de algún modo permita inferir la conveniencia de la reciprocidad y justifique su disposición bajo el rótulo del uso de las potestades de la judicatura”.
“En tal contexto, menos eficaces se exhiben aún los apercibimientos fijados. Aquí se aprecia con mayor nitidez la inconsistencia apuntada y la actualidad del agravio, puesto que sin requerimiento ni explicitación razón alguna la denunciante se vería expuesta a la imposición de una multa y/o exposición ante la justicia penal. Claro que la denuncia conlleva ínsito el propio distanciamiento, pero ello no implica colocar a quien la formula en un pie de igualdad con la supuesta persona agresora, al punto de otorgarle una herramienta como el auxilio de la fuerza pública. Además, el relato efectuado ante la OVD remite a un cuadro de violencia de género en cuyo marco no podría admitirse la disposición recíproca cuestionada, en tanto importa desnaturalizar la perspectiva con la que debe juzgarse la materia y el espíritu de las leyes de protección en la que se sustenta este excepcional proceso (leyes 24.417 y 26.485 ya citadas), así como las previsiones contenidas en diversos tratados internaciones, especialmente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA DOMÉSTICA; VICTIMA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO;
Madsen (reg. Nº 1154 y causa Nº 17789)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida y sobreseyó a las personas imputadas (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Ley penal tributaria. Evasión fiscal. Tipicidad. Retroactividad de la ley. Ley penal más benigna.
“[L]a modificación en el monto mínimo para la configuración del delito de evasión tributaria, en tanto elemento que establece el límite para la punibilidad penal de una conducta y que forma parte constitutiva del tipo garantía atribuido, habilita la aplicación retroactiva de la ley penal al resultar más benigna para la imputada. Así, en la medida que los hechos […], a la luz de la norma vigente en la actualidad, no alcanzan el monto mínimo fijado, las conductas ya no pueden ser objeto de reproche penal, por estricta aplicación de garantías de rango constitucional.
Más aún, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente ‘Palero, Jorge Carlos s/recurso de queja’ (Fallos: 330:4544) resolvió, […] hacer lugar al recurso interpuesto en función de que la modificación de los montos mínimos previstos en el art. 9 de la ley 24.769 efectuada por la ley 26.063 acarreaban una desincriminación de las conductas que quedaban por debajo de ese valor. […] Esta doctrina resulta aplicable al presente caso en razón de ser –en esencia– el mismo tema en discusión y, por lo demás, también se muestra vinculante en términos de un leal acatamiento de los fallos del Máximo Tribunal de la Nación” (voto del juez Yacobucci al que adhirió el juez Slokar).
LEY PENAL TRIBUTARIA; EVASIÓN FISCAL; TIPICIDAD; RETROACTIVIDAD DE LA LEY; LEY PENAL MÁS BENIGNA;
Cardozo (causa N°440)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, en forma unipersonal, homologó el acuerdo de juicio abreviado y absolvió a la imputada por falta de acusación fiscal (juez Coscia).
1. Tráfico de estupefacientes. Vulnerabilidad. Juicio abreviado. Acusación. Principio acusatorio. Deber de fundamentación. Sentencia absolutoria. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“En condiciones de dictar sentencia [se hace] lugar al pedido Fiscal General del caso. Sus argumentos superan el estándar mínimo de fundamentación puesto a cargo del Ministerio que representa y por tanto, no queda sino para este Magistrado acatar y respetar su postura como titular de la acción penal pública. Ello atento la división de funciones que postula la Carta Magna y leyes dictadas en su consecuencia, incluida, claro está, la propia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el rito procesal penal vigente, jurisprudencia aplicable de Cámara Federal de Casación Penal y la misma Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ambas judicaturas superiores de esta instancia, y profusa doctrina que también así lo explica…”.
“[L]a etapa del debate materializa principios de claro cuño acusatorio dada la exigencia de oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio, los cuales no sólo responden a un reclamo meramente legal, sino que configuran verdaderos recaudos de orden constitucional […] y en consecuencia, la función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento penal. Por otra parte la C.S.J.N. en el conocido fallo ‘Quiroga’ […] señaló que ‘si el acusador declina la prosecución del proceso el juzgador no puede suplantarlo en su rol sin romper el juego de equilibrio entre las partes, resignando la imparcialidad y afectando las garantías que la Constitución Nacional y la ley consideran vigentes desde la imputación’…”.
“[L]os jueces de los Tribunales inferiores tienen el deber de acatar la doctrina sentada por el Máximo Tribunal y solo pueden apartarse de sus decisiones cuando sea introducido […] un argumento novedoso que justifique otro análisis, circunstancia que, obviamente, no se da en autos. Por ello, atento la etapa procesal por la que transcurre el proceso, corresponde absolver libremente a la imputada por falta de acusación fiscal, sin imposición de costas procesales”.
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; VULNERABILIDAD; JUICIO ABREVIADO; ACUSACIÓN; PRINCIPIO ACUSATORIO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; SENTENCIA ABSOLUTORIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Martinez (Causa N° 31987)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M
La Sala M de la Cámara de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso y modificó la decisión de primera instancia. En ese sentido, dispuso la intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces de primera instancia (jueza Benavente y juez González Zurro).
1. Desalojo. Ministerio Público de la Defensa. Defensor de menores. Legitimación. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[L]a resolución n° 1119/08 de la Defensoría General de la Nación dispuso la necesaria intervención del Ministerio de la Defensa en los procesos de desalojo de inmuebles en los que habitan menores de edad, al momento de su cumplimiento.
La finalidad de dicha intervención es la de adoptar las medidas necesarias que tengan por objeto la protección integral de los derechos de los menores reconocidos en el ordenamiento jurídico […].
En ese sentido puede afirmarse que si bien la ocupación por un menor del inmueble objeto de la acción de desalojo no convierte a éste en parte, la intervención del defensor de menores se encuentra justificada, entre otras razones, para procurar una solución habitacional para los niños, niñas o adolescentes que pudieren ver conculcado ese derecho…”.
“[E]s así que en el eventual caso de hacerse efectiva la sentencia previamente deberán cumplirse las medidas tuitivas ordenadas por el propio juez en la decisión apelada y las conducentes que, a tales efectos, sean peticionadas y gestionadas por el Ministerio de la Defensa. Ello así por cuanto el interés superior del niño al que alude el precepto citado constituye un criterio de intervención institucional destinado a proteger a las personas menores de edad…”.
DESALOJO; MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA; DEFENSOR DE MENORES; LEGITIMACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Pedernera (Causa N° 15566)Juzgado Federal Nro. 2 de Córdoba
El Juzgado Federal de Córdoba N°2 hizo lugar a la acción de amparo contra el Estado Nacional, la Municipalidad de Alta Gracia y la Provincia de Córdoba. En ese sentido, ordenó que cesaran todas las acciones y omisiones que impidieran el desarrollo urbanístico del barrio “Asociación 8 de agosto” (juez Sánchez).
1. Derecho a la vida. Derecho al acceso a una vivienda digna. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho a la alimentación. Derecho a la salud. Vivienda familiar. Principio de dignidad humana. Responsabilidad del estado.
“[E]l derecho a la vivienda digna forma parte –nada más y nada menos– que del derecho a la vida y es inescindible del cúmulo de los derechos humanos básicos reconocidos por nuestra constitución y por los tratados internacionales con igual rango, a partir de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22 de la Carta Magna.
En este sentido la doctrina ha argumentado ´El derecho a la vida se descompone en cuatro derechos esenciales, a saber: a) el derecho a la alimentación adecuada; b) el derecho a contar con agua potable; c) el derecho a la vivienda, y d) el derecho a la salud. Nuestro derecho, en breve, resulta una suerte de paradigma mayor del arquitectónico principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. No puede ser visto de manera aislada, sino en el conjunto de los derechos humanos´…”.
“[L]a Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 25, apartado 1 dispone que ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en general la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...´.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce en su art. 11 ´el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a mejorar y continuar las condiciones de existencia´.
Asimismo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su observación general 4 delimita el concepto de vivienda adecuada enunciado en el pacto mencionado, señalando que la misma no debe interpretarse ´en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte´…”.
“[A] los fines de la delimitación de este fundamental derecho es interesante reseñar lo argumentado por la Corte en el siguiente sentido: ´El acceso a la vivienda digna está íntimamente relacionado con otros derechos fundamentales dado que un individuo que no tiene un lugar donde instalarse para pasar sus días y sus noches y debe deambular por las calles no sólo carece de una vivienda, sino que también ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto tal que no está en condiciones de crear y desarrollar un proyecto de vida, tal como lo hace el resto de los habitantes. El reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa el deber concreto e inmediato del Estado de reglamentarlo e implementarlo para garantizar su efectividad, reglamentación que debe respetar tanto la finalidad como los límites impuestos por las normas de jerarquía superior, debiendo el Estado realizar el mayor esfuerzo posible para lograr, en forma progresiva y dentro de sus reales capacidades y limitaciones económicas, la plena efectividad de tal derecho a todos sus habitantes...”.
2. Vivienda. Pacto de San Jose de Costa Rica. Principio de progresividad. Principio pro homine. Responsabilidad del estado.
“[N]o debe olvidarse que el derecho a una vivienda adecuada debe garantizarse e interpretarse en el marco de dos principios de derechos fundamentales como el de progresividad y pro persona.
Respecto al primero, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) tiene establecido en su art. 26 que ´Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica; para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados´.
Respecto al segundo, la Convención dispone en su art. 29 que ´Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de los Estados….´.
En este sentido, la doctrina ha definido este principio ´como aquel por el cual, ante una pluralidad de normas aplicables a una misma situación jurídica, el intérprete debe elegir aquella que brinde una protección más favorable para la persona humana, en el sentido de darle la mayor extensión posible a las que consagran derechos y el menor alcance posible a las que posibilitan restricciones, limitaciones o suspensiones´…”.
3. Dominio. Urbanismo. Vivienda. Vivienda familiar. Vivienda única. Principio de progresividad. Perspectiva de género.
“[La ley N° 27.453 sobre el Régimen de Regulación Dominal para la Integración Socio Urbana] entiende por integración socio urbana al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
Estos bienes están sujetos incluso a expropiación y se establece un marco para la regularización dominial, disponiéndose que la finalidad de las viviendas regularizadas será la de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, contemplando el comercio familiar. La transferencia entre personas humanas sólo podrá realizarse con esa finalidad. Esto implica la prohibición absoluta de su transferencia posterior a personas jurídicas. La autoridad de aplicación gozará del derecho de preferencia ante futuros actos de disposición sobre aquellos bienes inmuebles sujetos al presente régimen…”.
“[A]ún cuando la intención de las demandadas pudo estar justificada en un primer momento por motivos lícitos como el ejercicio del poder de policía en el ámbito de las respectivas jurisdicciones, lo concreto es que en la práctica ello terminó frustrando el avance de la urbanización enclavada en el barrio 8 de Agosto y, con ello, la regularización dominial de las viviendas y el uso y goce de servicios básicos esenciales…”.
DERECHO A LA VIDA; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; DERECHO A LA SALUD; VIVIENDA FAMILIAR; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VIVIENDA; PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; PRINCIPIO PRO HOMINE; DOMINIO; URBANISMO; VIVIENDA ÚNICA; PERSPECTIVA DE GÉNERO;
H AO (Causa N° 41000199)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso e hizo lugar a la impugnación de la defensa (ministros Maqueda, Lorenzetti y ministra Highton).
1. Régimen penal juvenil. Derecho penal juvenil. Derecho procesal. Responsabilidad penal.
“[D]esde hace casi un siglo, la legislación penal de menores de nuestro país ha mantenido, de modo invariable, la decisión de excluir del régimen punitivo a aquellos individuos que aún no alcanzaron determinada edad, a partir de la adopción de un criterio de política criminal que descansa en la consideración de una presunción irrefutable, juris et de jure, de inexistencia de los requisitos intelectuales y volitivos necesarios que habilitan a fundar un juicio de responsabilidad a su respecto…”.
“[D]esde la óptica del derecho procesal, el límite etario de responsabilidad penal es examinado entre el conjunto de los denominados presupuestos procesales, cuya ausencia impide la formación del proceso como consecuencia de la regulación del derecho de fondo en la materia…”.
2. Régimen penal juvenil. Derecho penal juvenil. Responsabilidad penal. Convención sobre los Derechos del Niño. Supremacía constitucional. Derecho a ser oído. Declaración indagatoria.
“[A] partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestro sistema normativo, la necesidad de limitar la responsabilidad penal respecto de una determinada franja etaria forma parte del programa de nuestra Constitución en la materia…”.
“[No] resulta correcto buscar una justificación del acto apelado bajo el ropaje del derecho del menor a ser oído, reconocido por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. [N]inguna de las características inherentes al modo en que es reconocido el derecho en cuestión en el texto convencional puede ser predicable ante el contexto del caso bajo análisis. En primera medida, contradice la faz relativa a la posición de preferencia que se asigna al titular de la garantía, en relación con el modo en el que podrá conducir su ejercicio, el intento sostenido por los órganos judiciales intervinientes para proceder a tomar declaración indagatoria al adolescente involucrado en este proceso, frente a la expresa oposición de quienes ejercieron, en cada etapa del proceso, su defensa técnica y tutelar. Al respecto cabe agregar que ninguno de los organismos judiciales intervinientes mencionó haber percibido indicadores fácticos que determinasen la necesidad de enfrentar algún panorama diferente en lo relativo a la representación de la voluntad del menor afectado por parte de los magistrados de la Defensa Pública Oficial…”.
“[T]ampoco ha sido sopesado con detenimiento en las instancias precedentes si, en el contexto de una medida con las características señaladas, podría resultar preservado eficazmente el entorno necesario para explorar la voluntad del menor convocado en condiciones que aseguren su absoluta autodeterminación, correspondientemente con su edad y madurez. Tal como lo ha afirmado esta Corte en una oportunidad anterior, en torno a la forma elegida para ejercer el derecho sustancial de la niña o el niño a ser oído en las contiendas judiciales que los conciernen, ´la consistencia de esa audiencia y cómo debe llevarse a cabo es un asunto crucial, ya que en su puesta en práctica, se juega la vigencia misma de las finalidades que persigue la Convención´ (cf. Fallos: 335:1136 […])”.
“[A]un frente a las carencias del régimen legal vigente en términos de especificidad del procedimiento, en el marco de un sistema normativo que deja al margen a los niños y a los adolescentes hasta los dieciséis años de la potestad sancionatoria del Estado, disponiendo para su tratamiento, en caso de resultar necesario, medidas del derecho tutelar tendientes a su protección integral, debe ser contrarrestada con énfasis la noción relativa a la posibilidad de canalizar el derecho del menor a expresar su perspectiva acerca del proceso que lo involucra, mediante la utilización de un instituto de derecho procesal penal que no preserva ninguno de los rasgos esenciales de la garantía en cuestión…”.
3. Régimen penal juvenil. Derecho penal juvenil. Responsabilidad penal. Declaración indagatoria. Protección de menores.
“[En el precedente ‘García Méndez’, la Corte Suprema] subrayó la necesidad de orientar el abordaje adoptando perspectivas específicas, examinando la posibilidad, cuando resultare procedente, de ocuparse de esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, pues ello implicaría, en muchos casos, una mejor respuesta, y serviría para mitigar los efectos negativos de la continuación del procedimiento en la administración de justicia de menores…”.
“[L]a idea esbozada por el tribunal apelado y los magistrados de las instancias anteriores, acerca de que, ante la concreta ejecución del acto objeto de impugnación, pudiese finalmente emerger alguna utilidad real para la situación del menor en orden a las relaciones de prelación entre las distintas causales legales que habilitan el dictado de un sobreseimiento, no implica otra cosa que una afirmación dogmática que nunca fue apoyada en circunstancias concretas de la causa, ni relacionada con algún motivo eximente en particular...”.
“[E]n lo que respecta al grupo de los menores excluidos del sistema punitivo, [la ley Nº 22.278] se ordena de manera autosuficiente, combinando los elementos que definen la naturaleza de las medidas que eventualmente corresponde adoptar a partir de la infracción cometida, con aquellos otros relativos al modo de reunir la información pertinente para decidir sobre la necesidad y, en su caso, el alcance de la intervención estatal. Acerca de este último aspecto, el precepto legal exige a los magistrados proceder a ´la comprobación del delito´, articulando mecanismos autónomos para tomar conocimiento del menor y de sus padres, o de quienes ejerzan su tutela, y establece el método para estudiar su personalidad y las condiciones familiares y ambientales en las que se encuentre”.
“[R]esulta cuanto menos injustificada la hipótesis de que el avance de un proceso en el que se pretende desentrañar la propiedad de una importante cantidad de droga, asociada además con actos de comercio de ese material, dependa centralmente del conjetural aporte que eventualmente podría surgir de los dichos del adolescente que fue encontrado como solitario morador de la vivienda al momento de procederse al allanamiento. [I]ncluso si esto pudiera ser presentado de ese modo, [...] tampoco aparecería como una decisión ética valorable que el Estado persiga instrumentalizar a un sujeto al que expresamente preserva de su sistema represivo, reconociéndolo como merecedor de especial protección en razón de su condición, apelando a una medida que no contempla el régimen legal específico y frente a la expresa negativa de sus representantes legales…”.
4. Régimen penal juvenil. Protección de menores. Plazo razonable. Niños, niñas y adolescentes.
“[E]l tiempo y el empeño que ha insumido el debate judicial acerca de la legitimidad de una medida procesal que pretendía ser adoptada frente a la firme oposición de quienes representaban al afectado, en el contexto de un legajo criminal [...], resultó un sinsentido que terminó haciendo caer en el olvido el deber de fuente legal que imponía a los jueces la obligación de explorar la necesidad de orientar el abordaje de la situación del menor involucrado –vislumbrada con suficiente intensidad durante la ejecución de la orden de allanamiento– mediante los instrumentos de intervención del derecho tutelar”.
RÉGIMEN PENAL JUVENIL; DERECHO PENAL JUVENIL; DERECHO PROCESAL; RESPONSABILIDAD PENAL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL; DERECHO A SER OIDO; DECLARACIÓN INDAGATORIA; PROTECCIÓN DE MENORES; PLAZO RAZONABLE; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Quiroga (causa n°5694)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar de forma parcial a la impugnación. En consecuencia, anuló de forma parcial el punto dispositivo relativo a la determinación de la pena. A su vez, apartó al tribunal de origen y remitió las actuaciones a fin de que se dispusiera la integración del tribunal para que emitiera un nuevo pronunciamiento (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Principio acusatorio. Debido proceso. Reforma legal. Determinación de la pena. Monto mínimo. Ley de estupefacientes. LGBTIQ.
“[E]l art. 307, segundo párrafo del CPPF, en lo que aquí importa, dispone que los jueces no pueden imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores.
Así las cosas, cabe señalar, que las referencias al ‘acusatorio’ no permiten per se definir las concretas características del sistema frente al procedimiento penal federal. De hecho, como resulta obvio, la adopción del principio acusatorio tiene marcadas peculiaridades en el derecho procesal comparado, internacional, y de nuestra organización provincial. Expresado entonces sin más referencias, no resulta otra cosa que un argumento de naturaleza retórica y reclama una puesta en relación con reglas y directivas constitucionales y legales que hacen a la específica cuestión a resolver.
Sobre esos presupuestos, debe ingresarse en el análisis de lo postulado por el representante del Ministerio Público Fiscal en particular, sobre su naturaleza vinculante para la jurisdicción; esto es, si la imposición de una pena inferior a la escala penal prevista para el o los delitos atribuidos resulta materia disponible para la Fiscalía o, por el contrario, si altera la Constitución Nacional, provoca un supuesto de gravedad institucional o vulnera el orden público.
En el caso, de la lectura del alegato acusatorio surge que el pedido para que se le imponga a [la imputada] una pena inferior al mínimo de la figura prevista en el art. 5 inc. ‘c’ de la ley 23737, no resulta dogmática ni fue emitida en forma discrecional, sino que aparece como lógica consecuencia de una adecuada ponderación de aquellos factores relativos al ámbito estrictamente personal de la causante, los cuales repercutieron directamente con la capacidad de culpabilidad de [la imputada].
Ciertamente, para arribar a dicha conclusión el representante del Ministerio Público Fiscal, meritó su pertenencia a la Comunidad LGTBI, lo que le impidió el acceso al mercado laboral formal e informal. Además, sostuvo que las personas que pertenecen al colectivo en cuestión sufren violencia y discriminación ‘como así también criminalización por el comercio de estupefacientes’. De igual modo, tuvo en cuenta los informes médicos y socio-ambientales, y que el hecho atribuido a la imputada no se trataba de un comercio a gran escala.
De esta forma, atento a que lo sostenido por el acusador público en esta causa encuentra sustento en las probanzas ingresadas al legajo las cuales resultaron determinantes para fundar el pedido de imposición de una pena inferior a la fijada en la figura en cuestión. Así, conforme las particulares circunstancias del caso, el alegato fiscal, en lo atingente a la referida cuestión, no entra en colisión con la Constitución, ni genera un caso de gravedad institucional o de quebrantamiento del orden público, asiste razón al recurrente en cuanto a que la decisión del Tribunal de imponerle a [la imputada] una pena superior a la requerida por el fiscal, vulneró el principio acusatorio, y por ende el debido proceso…” (voto del juez Yacobucci).
2. Garantía de imparcialidad. LGBTIQ. Identidad de género. No discriminación. Violencia institucional.
“[S]e evidenció una merma en la imparcialidad basada en el menoscabo y la ausencia de resguardo por la identidad de género, ocurrida durante la pesquisa en varias oportunidades y reproducida innecesaria y acríticamente por parte del a quo.
En ese orden, debe señalarse que resultan impropias las reiteradas referencias a la imputada […] en masculino o mediante el nombre [masculino], a poco de observarse que esta denominación proviene de los informes de la prevención y no tiene relevancia probatoria en la sentencia.
Al respecto, corresponde memorar que la ley n° 26.743 (B.O. 23/5/2012) estatuye que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género (art. 1.a) y a ‘ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo’ (art. 1.c). […] Asimismo se exige que: ‘Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas […] que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados’ ‘Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a ’‘En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada’ (art. 12).
Resulta obligación de todos los órganos estatales cumplir con la norma y brindar un trato digno, sin discriminación en razón de la identidad de género. Por ese motivo, aparece especialmente grave que el requerimiento de elevación a juicio contenga la mención del nombre masculino que no se corresponde con la identidad de la encartada. Desde el comienzo de la investigación se conocía la referencia a una persona llamada [con un nombre femenino] […], por lo que no era dudoso que su identidad de género era femenina y esta debió ser respetada en todo momento.
En consecuencia, deviene particularmente impropio que las piezas judiciales reproduzcan estas menciones sin corregir la afectación a los derechos, desde que en el Ministerio Público Fiscal y en el Poder Judicial se siga desconociendo el contenido de una ley próxima a cumplir una década de vigencia y ejerciendo violencia institucional” (voto del juez Slokar).
PRINCIPIO ACUSATORIO; DEBIDO PROCESO; REFORMA LEGAL; DETERMINACIÓN DE LA PENA; MONTO MÍNIMO; LEY DE ESTUPEFACIENTES; LGBTIQ; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA INSTITUCIONAL;
NAR (Causa N° 84570)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso y revocó la sentencia (jueces Iturbide, Liberman y jueza Pérez Pardo).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Convención sobre los derechos del  niño. Derecho de familia. Filiación. Derecho a la identidad. Niños, Niñas y adolescentes. Daños y perjuicios. Daño moral. Indemización. Interés superior del niño. Ministerio Público de la defensa.
“[E]l derecho de daños no es ajeno a las cuestiones de familia. En efecto, dispone el art. 587 del Cód. Civil y Comercial que ´el daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el Capítulo 1 del Título V del Libro Tercero de este Código´.
De manera que nada obsta a que la reclamación de una indemnización en concepto de daño moral se articule conjuntamente con la demanda de filiación. Es que sería contrario a toda noción de economía procesal exigir la promoción de un nuevo juicio por daños y perjuicios sólo después de dictada la sentencia relacionada con el derecho a la identidad de una menor […].
Por otra parte, de acuerdo con lo prescripto por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable […] lo cual se vería desnaturalizado en el caso si se obligara a la actora a promover dos procesos autónomos, por separado, especialmente cuando este juicio se encuentra próximo a dictar sentencia…”.
“[E]n casos como el presente, en el que se encuentra en juego derechos de menores de edad, ha de velarse siempre por su mejor interés (art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, art. 3 de la ley 26.061 y art. 639 inc. a) del Código Civil y Comercial)…”.
“[N]o se pasa por alto que resulta poco común correr nuevamente un traslado de demanda en esta etapa del proceso. Sin embargo, los motivos antes expuestos y el prolongado tiempo que transcurrió sin que el Juzgado notificara a la Defensora de Menores la providencia atacada, convencen a […] que la decisión que se adopta responde al mejor interés de la niña…”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; DERECHO DE FAMILIA; FILIACIÓN; DERECHO A LA IDENTIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; INDEMNIZACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA;
SD (causa Nº 77688)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H
La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso de la demanda, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda (jueces Fajre y Kiper, y jueza Abreut de Begher).
1. Régimen de comunicación. Incumplimiento. Medidas conminatorias. Impedimento de contacto. Daños y perjuicios. Derecho de familia.
“En el art. 557 del Cód. Civ. y Com. se establece que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de comunicación establecido por sentencia o convenio homologado, medidas razonables para asegurar su eficacia. De acuerdo a la jurisprudencia y propuestas doctrinarias pueden verse medidas diversas, tales como intimación al cumplimiento de lo establecido por convenio o sentencia; astreintes; multas civiles u otro tipo de penas o sanciones pecuniarias; cláusulas penales de origen convencional; sanciones penales por impedimento de contacto (ley 24.270); inscripción en registros de padres que obstaculizan el contacto […], entre otras.
[E]n última instancia, cuando todo lo anterior haya fracasado y no se haya logrado compeler al cumplimiento del deber de comunicación, podrá entablarse una demanda por daños y perjuicios cuando se encuentren acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil […]. Según este enfoque, la posibilidad de acudir al reclamo indemnizatorio constituiría la última ratio, cuando no se ha podido vencer la resistencia del otro progenitor.
Para un sector doctrinario, la especialidad del derecho de familia impide aplicar las normas de la responsabilidad civil para regular las consecuencias de los actos llevados a cabo en el interior del grupo familiar. Se sostiene al efecto que admitir la procedencia de este tipo de acciones favorece la litigiosidad y dificulta los vínculos familiares.
En esta inteligencia, se sostuvo que en el ámbito familiar deben analizarse con criterio restrictivo las pretensiones indemnizatorias por daños y perjuicios, porque debe priorizarse la persistencia y estabilidad de los vínculos entre sus miembros y la solidaridad y respeto. Se debe tratar de evitar la judicialización de los conflictos entre padres e hijos y hallar las posibles soluciones con la cooperación y participación de sus protagonistas. Se señaló en la ocasión que admitir una indemnización por daños y perjuicios a favor del progenitor sería devastador sobre la revinculación, así como que la ausencia de dolo en la actitud restrictiva de las visitas no configuraba una actitud antijurídica en tanto existían pruebas de voluntad conciliatoria, el rol del padre no fue cuestionado y se probó que el propio hijo no accedía a contactarse con el progenitor […].
Para otra visión, el derecho de daños debe perfilarse y actuar como un medio idóneo que brinde respuestas adecuadas, a través del resarcimiento justo, a los menoscabos padecidos por la víctima en su esfera familiar, en los diferentes casos atendiendo a las distintas circunstancias, el cual también constituye un fuerte factor disuasivo en el futuro. Por este motivo, la admisión del resarcimiento del daño cumple, en estos supuestos, la doble función por cuanto, a la par que posibilita la reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas, en un caso determinado, establece y propicia parámetros de conductas sociales que deben ser evitadas por los miembros de la sociedad…”.
2. Daños y perjuicios. Admisibilidad. Impedimento de contacto. Centro de vida.
“[P]rocedería la acción si se advirtiera una oposición insalvable, insoportable, infranqueable, al contacto de los menores con el otro progenitor, como ha sido evaluado en un caso distinto por otro tribunal […].
La obstrucción injustificada de contacto es un hecho grave y perjudicial que no puede ser tolerado. No sólo en resguardo del derecho del progenitor, sino en el interés superior de los niños a tener una relación valiosa y positiva con ambos progenitores.
Ahora, en este caso, no [se ve] configurada esa situación de obstrucción, pues no hubo, o no surge de las causas promovidas entre ellos, una oposición a dicha mudanza. [Se advierte] que la madre ha viajado en numerosas oportunidades a esta ciudad para tratar de cumplir con el régimen oportunamente establecido. Ha habido dificultades, como surge de las distintas causas judiciales, pero no [se tienen] elementos suficientes para concluir en una conducta recalcitrante de obstrucción. Incluso se han dispuesto medidas de revinculación para mejorar la relación del padre con sus hijos.
Esta Sala ha resuelto casos de alteración del centro de vida, y dispuso la restitución. En el caso, ello no fue reclamado y, además, no [se puede] soslayar que la distancia a la que se mudaron los menores (localidad de La Plata) no es tanta como para configurar un impedimento de contacto”.
“[L]las dificultades que tiene el actor para contactarse de manera sana y provechosa con sus hijos es producto de la conflictiva situación que mantiene con la madre, y a hechos a él imputables. Ambos han contribuido a generar esta situación lo que […] excluye la posibilidad de obtener un resarcimiento. Basta observar las causas promovidas sobre alimentos […], violencia familiar […], entre otras”.
RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN; INCUMPLIMIENTO; MEDIDAS CONMINATORIAS; IMPEDIMENTO DE CONTACTO; DAÑOS Y PERJUICIOS; DERECHO DE FAMILIA; ADMISIBILIDAD; CENTRO DE VIDA;
Caminos (Causa No. 754)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación y, por mayoría, se remitió a ellos. En ese sentido, hizo lugar al recurso de queja y revocó la sentencia impugnada (voto de la ministra Highton, los ministros Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y, según su voto, el ministro Rosenkrantz).
1. Igualdad. No discriminación. Despido. Sentencia. Sentencia arbitraria.
“[A]l declarar mal concedido el recurso local, el tribunal prescindió de dar respuesta a los agravios de la actora que resultaban conducentes para la solución del litigio. A su vez, al actuar de ese modo, y sostener que el despido se produjo por el incumplimiento de obligaciones laborales a cargo de la trabajadora, el superior tribunal no solo afectó el derecho de defensa de la recurrente sino que convalidó la decisión sobre el fondo del asunto, dejando firme una interpretación de la ley 23.592 que frustra el remedio federal invocado y la garantía de igualdad y no discriminación (14 bis, 16, 17, 43 y 75, inc. 22, Constitución Nacional)”.
“En este contexto, al rechazar el recurso local, el máximo tribunal provincial no abordó suficientemente los agravios formulados por la actora (Fallos: 339:290, "S., D."; y 328:3067, "Lloveras") y mediante la invocación de una fórmula dogmática sostuvo que las alegaciones de la recurrente respecto de la violación de derechos y garantías constitucionales prescindieron de los presupuestos fácticos que rodearon el despido, respecto de lo cual valoró, en particular, el supuesto incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo de la actora, y la oferta que le efectuara la escuela de conservación de la relación laboral con otra modalidad de tareas.
Esta postura del tribunal […] desconoce los estándares vigentes para analizar los supuestos de despido discriminatorio en los términos de la ley 23.592, que debe ser interpretada en consonancia con las normas constitucionales concordantes (Fallos: 308:647, "Municipalidad de Laprida", considerando 8º), tales como el artículo 16 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad (Fallos: 334:1387, "Pellicori", considerando 6°; 332:433, "Partido Nuevo Triunfo", considerando 6º, y 333:2306 "Alvarez", considerando 5°)” (dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la mayoría).
2. Derecho al trabajo. Trabajo. Derecho a la vida privada y familiar. Despido. Igualdad. No discriminación
“[E]l a quo omitió ponderar que cualquier restricción del derecho a trabajar de un empleado, motivada en la valoración de aspectos de su vida privada que no guardan relación con las obligaciones que emergen del contrato de trabajo, puede configurar un acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
En efecto, el segundo párrafo del artículo 1 de la ley 23.592 dispone que entre los actos discriminatorios ‘se considerarán particularmente’ aquellos basados en una serie de motivos tales como la raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. La norma enumera algunas motivaciones especialmente prohibidas que, sin embargo, no son taxativas pues, aquellas conductas dirigidas a perseguir a grupos estructural o históricamente excluidos, no agotan los supuestos de conductas discriminatorias que sanciona la ley. Así, todo tratamiento arbitrario, que tenga por objeto o por resultado, impedir, obstruir o restringir o de algún modo menoscabar el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional, constituye un acto discriminatorio en los términos del primer párrafo del artículo en cuestión.
En esa línea, la norma contempla las acciones discriminatorias basadas en la ponderación negativa de conductas, hábitos, sentimientos o creencias, estado de salud, apariencia física, condiciones o características personales o formas familiares, que integran la esfera íntima y autónoma de la persona que trabaja y que, por tal razón, se encuentran reservadas a su fuero personal y deben quedar inmunes a la injerencia arbitraria del Estado y de los particulares (art. 19, Constitución Nacional; art. 11, CADH; Fallos: 338:556, "D., M. A.", considerandos 19º y 20º; y 308:2268, "Sejean'', voto de Enrique Santiago Petracchi, considerando 14° y sus citas; Corte IDH, "Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) vs. Costa Rica", sentencia del 28 de noviembre de 2012, párrs. 142-143). Estos aspectos inherentes a la vida íntima del trabajador no pueden, prima facie, acarrear consecuencias jurídicas en la relación de empleo” (dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la mayoría).
3. Contrato de Trabajo. Despido. Igualdad. No discriminación. Derecho a la intimidad.
“[L]a LCT, desde su sanción, contiene disposiciones dirigidas a preservar a los trabajadores de determinados comportamientos patronales que se reputan discriminatorios precisamente por asignar consecuencias en la esfera contractual a actos que pertenecen a la vida privada [hay cita]. Esas disposiciones pretenden evitar que la empresa someta a su propio juicio el proyecto de vida de quien trabaja bajo su dependencia económica, o le imponga paternalmente modelos o estereotipos de conducta pues, por más amplia que resulte la autoridad del empleador, las facultades de dirección deben ejercitarse con carácter funcional y la actividad de la empresa no puede utilizarse como excusa para la anulación de derechos constitucionales (arts. 65 y 68, LCT y Fallos: 333:2306, "Álvarez", considerandos 7º y 10º).
Lo expresado no implica desconocer la existencia de pautas éticas de conducta y deberes específicos para quienes prestan servicios en el ámbito educativo (v. arts. 67, segundo párrafo f), y 68 de la Ley 26.206 de Educación Nacional), pero la definición del alcance de esos deberes en un caso concreto es una labor que le corresponde realizar al juez, según las constancias probadas de la causa.
En suma, la conducta del empleador que de algún modo restringe derechos del trabajador y que resulta motivada en aspectos de su vida privada, como la elección de una pareja, que no guardan relación con las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, puede configurar un trato discriminatorio comprendido en el artículo 1 de la ley 23.592, extremo que el tribunal tiene la obligación de analizar cuidadosamente en el caso” (dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la mayoría).
4. Igualdad. No discriminación. Prueba. Apreciación de la prueba. Arbitrariedad. Contrato de trabajo.
“[A] la luz del alcance de las garantías constitucionales en juego, el tribunal debió analizar si en el sub examine existió alguna circunstancia que justifique, de manera razonable, una intromisión o restricción de la esfera de privacidad de la trabajadora.
[E]l tribunal superior hizo caso omiso de los estándares probatorios en la materia. Al respecto, la Corte Suprema ha señalado que cuando se discute la existencia de medidas discriminatorias en el ámbito de la relación de empleo, dada la notoria dificultad, por la particularidad de estos casos, para la parte que afirma un motivo discriminatorio resultará suficiente con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, supuesto en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación (Fallos: 334:1337, "Pellicori"; considerandos 6º y 11º y 337:611, "Sisnero", considerando 5º)” (dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la mayoría)
“[L]o anterior no implica desconocer la facultad constitucional de la empleadora de despedir sin causa. La garantía constitucional a la libertad de contratar incluye su aspecto negativo, es decir, la libertad de no contratar (arts. 14 y 19 de la Constitución Nacional). La facultad de despedir sin causa, no obstante, reconoce límites en la ley 23.592 y, por consiguiente, no puede encubrir un trato discriminatorio. En particular, si se denuncia que una circunstancia prima facie discriminatoria fue determinante de la disolución del vínculo, pesa sobre el empleador la carga de acreditar que dicha circunstancia no fue el móvil del despido o que resulta ajena a toda discriminación y, en caso de que sostenga que la rescisión obedece a una combinación de motivos, el tribunal debe asegurarse de que, de acuerdo a la prueba rendida, ninguno de ellos sea efectivamente discriminatorio. La necesidad de establecer si hubo realmente discriminación es crucial” (voto concurrente del Ministro Rosenkrantz).
IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; SENTENCIA; SENTENCIA ARBITRARIA; DESPIDO; DERECHO AL TRABAJO; TRABAJO; CONTRATO DE TRABAJO; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTIMIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; ARBITRARIEDAD;
Quidel Vera (Causa N° 13196)Juzgado Federal de Río Grande.
El Juzgado Federal de Río Grande concedió la prisión domiciliaria al condenado bajo vigilancia electrónica y el cumplimiento de varias pautas de conductas (jueza Borruto).
1. Prisión domiciliaria. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Arraigo.
“[L]a ley 24.660 y el Código Penal –con la modificación introducida por la ley 26.472– establecen taxativamente los presupuestos en los que correspondería disponer el cumplimiento de la detención en el domicilio del condenado (arts. 32 y 10 respectivamente), supuestos que resultan de aplicación, asimismo, para quienes se encuentren cumpliendo prisión preventiva (art. 11, ley 24.660) […]. Tales disposiciones tienden a evitar que el encierro agrave las condiciones de cualquier persona sometida a régimen carcelario, independientemente del padecimiento propio que implica su privación de la libertad en una dependencia estatal”.
“[D]e acuerdo con los informes socioambientales elaborados por distintos organismos, se debe tener en cuenta que el encartado es oriundo de esta ciudad de Río Grande, localidad en la que residió casi la totalidad de su vida, a excepción de los 29 años de edad, periodo en el que, por cuestiones laborales, residió en la provincia de Santa Cruz. Con lo cual, se tiene acreditado el arraigo del mismo en esta ciudad de Río Grande”.
“[D]esde el momento en el que se dictó la prisión preventiva del encartado a la fecha, ha habido situaciones que logran modificar el temperamento allí adoptado, pues al momento de dictar el procesamiento con prisión preventiva, se desconocía el estado de salud detallado del imputado, circunstancia que ahora se conoce de modo completo, y que amerita la decisión de la concesión del beneficio de prisión domiciliara, y dadas sus condiciones actuales de salud este Tribunal entiende que tales circunstancias reducen la presunción de que el investigado, podría entorpecer el proceso, en caso de hallarse fuera de la Unidad de Detención”.
2. Derecho a la salud. Cárceles. Prisión domiciliaria.
“[E]s deber del Estado proveer servicios de salud a las personas sometidas a su custodia, obligación que deriva directamente de su deber de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, reglamentado, principalmente, en el art. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el art. 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
“En cuanto a su estado de salud, [el imputado] manifestó padecer hipertensión y diabetes del tipo II, ambas patologías son controladas medicamente con un plan farmacológico. De este modo, se concluye que lo descripto, encuadra en el supuesto del inc. a) del art. 32 de la ley 24.660, texto según ley 26.472: ´interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia…´”.
“Si bien, desde [el] ingreso a la Unidad de Detención nro. 1 [el imputado] no ha tenido episodios que requieran atención urgente, [resulta] razonable que se adecuen las condiciones de detención del nombrado, a los fines de prevenir situaciones de emergencia producidas como consecuencia de las patologías no tratadas por el encartado”.
3. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Cárceles. Prisión domiciliaria.
“[Se deben garantizar] de manera exitosa las condiciones de salud de los internos, máxime teniendo en cuenta el contexto epidemiológico en el que nos encontramos, con motivo del COVID-19. Si bien, tal como surge de lo informado por la Unidad de Detención, a la fecha no existen casos positivos dentro del establecimiento, resulta propicio prevenir cualquier situación que involucre un deterioro en la salud del encartado, o bien que genere consecuencias de gravedad en torno a la enfermedad que padece”.
“En relación a lo solicitado por el Sr. Fiscal Federal, en cuanto a si el [imputado] tiene la vacuna, como así también respecto de la consulta sobre si existen casos positivos de Covid dentro de la Unidad de Detención, no se evidencia en autos cómo el resultado de dichas medidas de prueba, logren relacionarse con las cuestiones de salud del imputado; en virtud de que el hecho de que se le haya aplicado -o no- la vacuna, como la circunstancia de que no existan casos dentro del establecimiento en el que se halla alojado, no implican que el imputado no quede exento del contagio y del consabido riesgo a su salud, que es en lo que este Tribunal debe reparar”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; ARRAIGO; DERECHO A LA SALUD; CÁRCELES; EMERGENCIA SANITARIA;
CAM (causa Nº 86054)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E
La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró desierto el recurso y dejó firme la sentencia de primera instancia (jueces Parrilli y Ramos Feijoo).
1. Adopción. Guarda de hecho. Declaración de inconstitucionalidad.
“[E]l interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, qué gravamen le causa, y debe probar, además, que ello ocurre en el caso concreto (Fallos 321:221; 327:4023; 330:5111; entre muchos otros)…”.
“[C]abe rechazar en el caso la inconstitucionalidad del art. 611 del Código Civil y Comercial de la
Nación, que junto con los demás artículos que componen el plexo de normativo que regula la adopción (en especial arts. 613 y 634 del CCC) –ni siquiera aludidos en forma seria en la expresión de agravios– impiden acceder a la cautelar pretendida por los recurrentes a través de la cual […] se persigue mutar su condición de familia de acogimiento y valerse de esa guarda provisoria para acceder a la adopción de la niña”.
2. Acogimiento familiar. Niños, niñas y adolescentes. Familia.
“Este sistema de acogimiento familiar tiene como objetivo posibilitar que los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con su familia de pertenencia, permanezcan durante el período en que se define la medida excepcional, en un núcleo familiar que respete su historia e identidad, evitando así su institucionalización.
El acogimiento es una situación temporaria del niño o niña sin cuidados parentales. Las familias que se postulen como acogedoras deben tener motivaciones no vinculadas al deseo de ser padres (mediante la adopción), sino a prestar una serie de recursos materiales y emocionales durante el tiempo que dure el acogimiento.
Dichas familias deben ser evaluadas y un equipo técnico debe prestar especial atención a poder determinar cuáles son las motivaciones que tienen para ingresar al sistema `ya que compromete el tipo de vínculo y las relaciones que se establecerán con el niño o niña y su familia´. El equipo técnico pondrá especial énfasis en indagar cómo la familia acogedora asimila las pérdidas, ya que en la gran mayoría de las situaciones el niño o niña no permanecerá de manera definitiva en el entorno familiar […]. El objetivo es que la partida hacia una situación vincular definitiva sea un momento superador, y que el acogimiento haya sido un tiempo enriquecedor en el que se establece un vínculo afectuoso que puede seguir en el futuro…”.
“Es imposible exigirle a una persona que convive tres años con un niño o niña que no genere empatía y se encariñe y hasta sería extraño que eso no sucediera pues, precisamente, el sentido de que los niños aguarden el tiempo para revincularse con su familia biológica o ser dados en adopción en un ámbito familiar sin ser institucionalizados es brindarles mayor afecto y comprensión.
También es comprensible la tristeza y angustia que pueda haber provocado a los recurrentes la ida de AMC de su hogar […]. Pero esos sentimientos de los recurrentes no pueden invocarse para pretender la `restitución´ de la niña con fines de adopción, porque es ella el centro de nuestra atención, no los adultos involucrados en el caso […]. Además, la separación de la familia de acogimiento, siempre genera un momento difícil, pero puede superarse si aquélla comprendió su rol y acompaña el proceso”.
“Como se aprecia, ese momento doloroso para la familia de tránsito, que siempre implica la ida del niño/niña cuidado puede transformarse en un momento de alegría al ver que aquel/ aquélla que ha sido vulnerado/a en sus derechos podrá finalmente reinsertarse en su familia biológica o será adoptado/a y que la familia de acogimiento o tránsito ha sido un `puente de amor´.
Ese es el rol de la familia de tránsito que debieron cumplir M M y M I, el que les marcara la ley 2313 en cuya virtud AMC ingresó a su hogar y el cual se comprometieron a respetar y para lo cual, al menos M, había sido evaluada y preparada y que, por otra parte, ambos conocían porque antes –como lo expresaron al iniciar esta medida– habían acogido en su hogar otro niño durante dieciocho meses, que luego fue adoptado por otra familia. En aquel caso, el plazo de cuidados también excedió lo razonable y en tiempos que no fueron de pandemia, sin embargo, no generó conflicto alguno, aunque también existió una relación de apego y afecto”.
3. Acogimiento familiar. Plazo. Guarda de niños. Plazo razonable.
“[L]os aquí recurrentes, apoyándose en alegadas falencias del sistema administrativo y judicial y, en el paso del tiempo, pretendieron retenerla y ahora su restitución con miras a obtener una adopción. De este modo, colocaron a la niña en el centro de una disputa judicial y, en miras a obtener éxito en el planteo aquí se examina, realizaron una amplia difusión mediática y en redes sociales con una exposición innecesaria de aquélla [...].
Es cierto que una guarda judicial no debería demorar tres años y tampoco un año y medio –como en el caso recordaron los recurrentes ya había sucedido en un caso anterior– pero el transcurso del tiempo por las deficiencias del sistema judicial o administrativo no pueden ser los que terminen sentenciando sobre los derechos de una niña o niño”.
“[N]i el plazo de tres años que AMC vivió con los aquí recurrentes, ni el hecho de que esa convivencia haya sido `en forma pacífica e ininterrumpida´ puede reconocerles a M e I derechos a reclamar la guarda de aquélla con fines de adopción”.
“Al margen que la relación de apego no queda confinada a un vínculo madre-hija o padre-hija –como pretenden los recurrentes– pues bien podría darse con cualquier cuidador significativo en la vida de un niño, la afirmación de los recurrentes en punto a que se produjo la apuntada `transformación´ es imposible de verificar objetivamente y la jurisprudencia que se construyera sobre tales bases subjetivas e incomprobables, terminaría a la larga destruyendo el sistema de familias de acogimiento –al distorsionar su finalidad– y arrasaría el sistema legal de la adopción (arts.613 y 634 inciso `h´ del CCyC)”.
4. Acogimiento familiar. Control de legalidad. Niños niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“Con base en todos los antecedentes expuestos y los demás que obran en el control de legalidad, no tenemos dudas en afirmar que la `restitución´ y `devolución´ –(terminología propia del amor posesivo que identifica el amar con el tener y nos recuerda la obra de Erich Fromm sobre `tener o ser´)– que exigen los recurrentes, tendría un claro impacto negativo en la niña y afectaría el interés superior de aquélla, que esta Sala tiene el deber de preservar [...].
Como se aprecia no hay razón jurídica, ni indicio de supuesto daño a la niña que justifique acceder a la cautelar innovativa de `restitución´ –mutando de cuidadores a guardadores con fines adoptivos– que pretenden M e I y la realidad incontrastable de los hechos, que se desprenden de los informes agregados en el control de legalidad y la situación actual que presenta la niña AMC, desmoronan todos los planteos recursivos de los recurrentes. Ello implica, que tanto la cautelar requerida, como la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 611 del Código Civil y Comercial de la Nación, como la solicitud de la guarda preadoptiva con miras a la adopción de la menor AMC, devienen, en forma manifiesta, inadmisibles”.
ADOPCIÓN; GUARDA DE HECHO; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; ACOGIMIENTO FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; FAMILIA; PLAZO; GUARDA DE NIÑOS; PLAZO RAZONABLE; CONTROL DE LEGALIDAD; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
MC (causa Nº 58431)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia (juezas Iturbide y Perez Pardo, y juez Liberman).
1. Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Salud mental. Capacidad. Personas con discapacidad.
“[L]a revisión periódica de la sentencia, que es una de las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 12.4), se encuentra contemplada en la ley de Salud Mental (art. 42)”.
“En la actualidad, con el Código Civil y Comercial, la capacidad jurídica solo puede ser restringida con carácter de excepción y siempre en beneficio de la persona (art. 31 inc b del CCyC), a consecuencia de lo cual la eventual limitación que pudiera establecerse al ejercicio de la capacidad civil, `siempre debe serlo con contornos acotados, es decir, referidos a actos específicos´ […].
En lo que a la terminología respecta, cabe señalar que la ley 26.657, sancionada el 25 de noviembre de 2010, utiliza el término de personas `con padecimiento mental´ –a diferencia del término `demente´ usado por el derogado Código Civil, como una reforma no discriminatoria. Es que la terminología debe en un todo adecuarse al nuevo paradigma imperante en la materia. Al respecto, el CCyC utiliza denominaciones tales como `persona con capacidad restringida´, `persona con incapacidad´, `interesado´, `persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso´ (v. arts. 23, 35, 36, entre otros) e introduce un nuevo criterio interdisciplinario que permite brindar una visión de la persona situada y contextuada en el ámbito de su interacción social.
Los principios y reglas que regulan la restricción o restricciones en materia de capacidad jurídica plasman en el nuevo Código el reemplazo de un `modelo de sustitución en la toma de decisiones´ por un `modelo de apoyo en la toma de decisiones´. Ese cambio de paradigma implica que, desde la asunción de que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones, la pregunta deja de ser si una persona puede ejercer su capacidad jurídica, para concentrarse en que necesita la persona para ejercer su capacidad jurídica […].
[L]a restricción a la capacidad deber serlo en la medida necesaria y apropiada para el bienestar (conf. Art. 1° de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 25.280), proporcional y adaptada a las circunstancias de cada persona, y sujeta a exámenes periódicos…”.
2. Sistemas de apoyo. Informes.
“El art. 12 de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no sólo prevé el `apoyo´ para la toma de decisiones, sino la implementación de `salvaguardas´ como medida complementaria. Las salvaguardas deberán ser ordenadas por el Juez y serán proporcionales al grado de las medidas que afecten a los derechos e intereses de las personas.
Este Tribunal entiende que más allá de la revisión prevista por el art. 40 del CCyC, corresponde ordenar informes anuales sobre la evolución y estado general de la interesada”.
3. Personas con discapacidad. Voto. Capacidad.
“La restricción del derecho al voto que prevé el art. 3, inciso a), del Código Electoral Nacional (texto según la ley 26.571) debe aplicarse de acuerdo con los principios y garantías que rigen para las personas con disparidad e impone una evaluación pormenorizada y específica sobre la capacidad para votar, incluso con la designación de apoyos en el caso de que la personal esté en condiciones de ejercer autónomamente ese derecho pero presente alguna dificultad para poder hacerlo, siempre que se respete su voluntad y preferencias, sin conflicto de intereses ni influencias indebidas (argumento del art. 12, inciso 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
De ese modo, se compatibiliza la norma electoral que reglamenta el ejercicio del derecho a votar por razones de capacidad con el modelo social de discapacidad que el legislador definió con posterioridad a la sanción de la ley 26.571 (artículo 3, inciso a), del Código Electoral Nacional), sin necesidad de declarar su inconstitucionalidad […].
Por ello, en función de lo que surge de los informes agregados en autos, se deja constancia que la causante podrá votar si lo desea, sin perjuicio de lo cual no podrá ser autoridad de mesa ni candidata a cargo público”.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SALUD MENTAL; CAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SISTEMAS DE APOYO; INFORMES; VOTO;
González (Causa 1065-2021)Juzgado Federal de Corrientes
1. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho. Derecho a la salud. Obras sociales.
“El derecho a la salud es reconocido en documentos internacionales ratificados por nuestro país (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. XI; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25.1; Convención Americana de Derechos Humanos, art. 29.c; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12.1 y 12.2.d). Además es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Fallos 323:3229, consid.16 y sus citas (321:1684 y 323:1339) y 324:3569, consid. 11 y sus citas, entre otros. Significa –mínimamente– la preservación de la vida en condiciones de equilibrio psicológico y biológico y requiere la acción positiva de los órganos del Estado, como garante del sistema de salud, en procura de que las personas en riesgo reciban las prestaciones necesarias a cargo de las Obras Sociales y entidades de medicina prepaga de salud.
La actora padece de una enfermedad que requiere tratamiento urgente, el derecho a la salud no forma parte simplemente de una declaración de derechos como principios de mera voluntad, sino que debe interpretarse como el compromiso del propio Estado a su tutela, dictando las normas necesarias y velando por su cumplimiento a fin de asegurar la real existencia de este derecho. El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y que dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y a otras entidades que participan de un mismo sistema sanitario (leyes 23.660 y 23.661 y concordantes). Según estos parámetros, resulta la existencia en el caso de los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares. En efecto, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, que prevé el art. 230 del CPCC., sin lugar a dudas se presentan en autos”.
2. Medida cautelar innovativa. Derecho a la salud. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“La concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de la cautelar es sumario, de cognición en el grado de apariencia y no de certeza, por lo que el examen de los elementos pertinentes ha de encontrar su propio límite en el ámbito reservado para el pronunciamiento definitivo de la cuestión, esto es, sin que la admisión de la cautelar importe en modo alguno prejuzgar sobre el fondo de la controversia judicial.
‘Luego de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se concreta una supranacionalización de la protección de derechos y garantías. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 25 ordena: Todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida que le permita a él mismo y a su familia gozar de salud y bienestar que incluyan la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad’ [hay cita]. Estos casos exigen de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de una daño irreparable [hay cita]”.
“[S]urge que los profesionales intervinientes, prescribieron la derivación a la entidad mencionada supra (FLENI), por lo que resulta verosímil que allí sea donde se efectúe el control y tratamiento adecuado para la Sra. […] de 71 años de edad. Si el criterio médico fue éste, no cabe exigir mayores probanzas, máxime cuando la demandada no ha contestado a la fecha de manera fehaciente que cuenta con un prestador que cumplirá con los cuidados y prescripciones de la misma forma que los que realizaron y realizan los que en actualmente asisten a la señora […].
En el mismo sentido, se ha expresado que ‘la obra social o medicina prepaga podrá proponer otros prestadores que pertenezcan a su cartilla, siempre que se acredite, por medios idóneos, que éstos cumplirán con sus labores de la misma forma que la realizan los que en la actualidad asisten a al amparista’ [hay cita]”.
MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; DERECHO A LA SALUD; OBRAS SOCIALES; PELIGRO EN LA DEMORA;
Salvatierra (causa Nº 17409)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de La Cámara Federal de Casación Penal anuló parcialmente la sentencia en lo que concernía al decomiso del automóvil (voto de la jueza Figueroa, y de los jueces Barroetaveña y Petrone).
1. Decomiso. Pena accesoria. Ley de estupefacientes. Pareja. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[L]a mayoría de la doctrina y la jurisprudencia le atribuyen al decomiso, la naturaleza de pena accesoria, aquella pena que no puede aplicarse en forma autónoma, sino que tiene que ir acompañando a una pena principal de cuya existencia depende.
Por ser el decomiso una consecuencia accesoria a una pena principal, de carácter retributivo, constituye un efecto de la sentencia condenatoria que procede por imperativo legal cuando estén presentes las condiciones previstas en los artículos 23 del C.P. y 30 de la ley 23.737”.
“A partir de una correcta interpretación de las normas referidas se desprende que en caso de recaer sentencia condenatoria serán decomisados los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que se den dos circunstancias: 1) que la titularidad del bien recaiga sobre un tercero ajeno al hecho; y 2) que las circunstancias den cuenta que el titular no pudo conocer su empleo ilícito”.
“[S]i bien en las presentes actuaciones se encuentra debidamente acreditado el carácter instrumental del vehículo en el hecho por el cual [el hombre] resultó condenado, las circunstancias valoradas por el a quo —consistentes en que el nombrado portaba la cédula azul que le permitía la utilización del automóvil de su pareja—, no resulta razón suficiente para desvirtuar la buena fe de [la mujer], quien es la titular del rodado conforme surge de los fundamentos de la sentencia, y quien podía no conocer el empleo ilícito que su pareja le dio al automóvil.
De esta manera se advierte que a fin de resolver en los términos fijados por el art. 30 de la ley 23.737 el tribunal de juicio debió haber ponderado debidamente los diferentes elementos y pruebas aportadas, así como también las circunstancias que rodearon el hecho, y realizar una valoración integral y conjunta de los mismos” (jueza Figueroa).
2. Decomiso. Juicio abreviado. Audiencia de visu. Ministerio Público Fiscal. Oposición fiscal.
“Resulta de aplicación al caso el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Romano, Hugo Enrique s/ causa nº 5315’ […] en punto a que es el Ministerio Público Fiscal el que debe, al momento de acordar en los términos del art. 431 bis del C.P.P.N., requerir todas las consecuencias jurídicas concretas que corresponderán al condenado […], pues en caso de no hacerlo, la defensa bien puede confiar en que esas consecuencias jurídicas no se producirán o que, al menos, ello no sucedería sin que mediara previa vista […]”.
“[S]i bien el Ministerio Público Fiscal solicitó en el marco del acuerdo de juicio abreviado que se decomise todos los elementos secuestrados, entre los que se encontraba el vehículo en cuestión, la aclaración realizada por la defensa [del hombre] en la audiencia de visu —a la que asistieron todas las partes— respecto a que no se proceda al decomiso del automotor de su mujer […], resulta suficiente para afirmar su oposición a que la pena en cuestión se extienda sobre dicho bien, y por lo tanto, el alcance que el tribunal le ha otorgado a la voluntad sobre la que se funda el trámite especial mediante el cual se ha resuelto el juicio” (voto del juez Petrone, al que adhirió el juez Barroetaveña).
3. Decomiso. Pena accesoria. Juicio abreviado. Derecho de defensa. Ministerio Público Fiscal. Principio de contradicción.
“[I]mponer la pena accesoria bajo análisis —esto es, decomiso del vehículo […]— por el que en definitiva no hubo acuerdo, incurre en un déficit de sustanciación, desnaturaliza por completo el fin de este juicio especial, viola el derecho de defensa del acusado y el derecho de la titular interesada de no brindarle la posibilidad de expresar las consideraciones que crea pertinentes, vulnerando así el principio de contradicción”.
“[E]n la audiencia de visu [el imputado] estuvo de acuerdo con lo acordado con el Fiscal pero solicitó expresamente que no se decomisara el vehículo del que es propietaria su mujer. Así, sin abrir juicio sobre el acierto o error de la decisión cuestionada, entiendo que el tribunal incurrió en un exceso de jurisdicción al fallar más allá de lo acordado en el marco del juicio abreviado y sin haber oído a las partes al respecto. Así, el a quo debió, de considerarlo necesario, correr vista al Fiscal y a los interesados para que se expidieran en relación a la correspondencia o no de decomisar el automóvil […]” (voto del juez Petrone, al que adhirió el juez Barroetaveña).
DECOMISO; PENA ACCESORIA; LEY DE ESTUPEFACIENTES; PAREJA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; JUICIO ABREVIADO; AUDIENCIA DE VISU; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; OPOSICIÓN FISCAL; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN;
Falcon Rojas y otra (causa N° 162)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Rioja, de manera unipersonal, condenó a la pareja a una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, bajo interpretación de los criterios de equidad y justicia (juez Quiroga Uriburu).
1. Ley de estupefaciente. Determinación de la pena. Interpretación de la ley. Monto mínimo. Finalidad de la pena. Equidad. Condena condicional.
“[C]onsiderando el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y la celebración de juicio, la reinserción lograda por los encartados, y considerando, prima facie, que la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo en el presente caso y momento podría resultar perjudicial y alejarse del objetivo de las penas de prisión […] excepcionalmente y por las circunstancias y características de autos, nos encontraríamos ante un escenario entre un especial caso concreto y la rigidez impuesta por el carácter abstracto de la generalidad de la norma legal, que nos permitiría dentro de la hermenéutica jurídica recurrir a criterios de interpretación fundada en motivos de equidad”.
“[L]uego de analizado el precedente Vázquez, y las particularidades en relación a los imputados en autos, encuentro fundamento para sostener que la finalidad retributiva, preventiva general y especiales entran en crisis frente a los sujetos alcanzados por la pena en el presente caso, ya que los mismos han logrado reconstruir sus vidas, sus existencias personales en libertad. Esta reconstrucción, conforme la prueba aportada en la audiencia por la Defensa Pública, se logró a través de trabajos lícitos, respetando el derecho, con marcadores de integración laboral y social positivos, por lo que considero que extraerlos hoy de esa realidad con el fin de que transiten una pena de privación de la libertad de cumplimiento efectivo sería altamente perjudicial”.
“Esta situación fáctica imperante, me conduce al ejercicio y uso de criterios de equidad y justicia en el presente caso, por los cuales se podría extraer, excluir a los imputados del cumplimiento efectivo de la pena, corrigiendo, modificando el monto mínimo de la pena en abstracto, para poder habilitar en consecuencia su cumplimiento en suspenso en los términos del art. 26 del C.P. con la debida imposición de las reglas de conducta prescriptas por el art. 27 bis del mismo cuerpo legal”.
LEY DE ESTUPEFACIENTES; DETERMINACIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MONTO MÍNIMO; FINALIDAD DE LA PENA; EQUIDAD; CONDENA CONDICIONAL;
Pacheco (causa N° 2992)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta condenó a la mujer y al hombre por el delito de delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la pluralidad de víctimas y por la consumación de la explotación. A su vez, ordenó la suspensión del proceso a prueba a favor del tercer imputado. Además, dispuso del dinero secuestrado en la causa en carácter de indemnización de las nueve víctimas, distribuido en partes iguales junto a la reparación prevista en la probation en carácter de reparación (jueces Fleming Figueroa y Batule, y jueza Catalano).
1. Trata de personas. Explotación sexual. Pena. Determinación de la pena. Víctima.
“En la valoración de la deliberación [se advierte] que hay una delgada línea divisoria entre víctimas y victimarios. Tanto victimas como victimarios comparten algunas condiciones que en el caso particular de [la imputada] se hace más evidente, aparece sintomático el hecho biográfico de que […] haya ejercido en forma personal la prostitución por muchos años, que en este momento padezca una enfermedad como es HIV, y que se ligue esa enfermedad en los modos de trasmisión también a actividades de promiscuidad de tipo sexual. [Se observa] que en cuanto a las condiciones socioeconómicas, en cuanto a las dificultades por las que atraviesan víctimas y victimarios tampoco es posible establecer muchas diferencias.
En cuanto a este delito de trata por el Protocolo de Palermo, y por los compromisos que suscribió la República Argentina, en su origen en el momento de la toma de decisión políticas, tuvo en cuenta a la delincuencia de tipo transnacional organizada, de escala, en donde grupos importantes, con una organización de tipo empresarial se dedican a la nuevas formas de esclavitud. Acá estamos en una escala totalmente diferente a aquellas que movió la suscripción de los tratados Internacionales, y no a los fines de desplazar el tipo penal de trata que aquí se está aplicando, sino que hay una manera de distinguir del modo que debe impactar el tipo penal respecto de la respuesta concreta especifica que den los Jueces en cada uno de los casos tratados.
[L]as partes han optado por la Justicia buscando una salida al conflicto de la medida en la que ha sido presentada a este Tribunal, opción que se acompaña en la búsqueda de la Justicia, dando una respuesta Penal en donde se aparta del mínimo y en este caso el mínimo por la doble calificación excede los años que le han sido impuesto a [la imputada]”.
2. Trata de personas. Explotación sexual. Víctima. Reparación. Decomiso. Indemnización.
“La razón principal e histórica del Decomiso, fue y es evitar la reutilización de los elementos decomisados en el mismo delito. Y como segunda razón, que no beneficie a los autores del delito el provecho del mismo, sino que acuda en auxilio del Estado para sostener parcialmente o coadyuvar parcialmente con las erogaciones que demanda la prevención y represión de los delitos. Estas son las dos razones que están por detrás del decomiso. [E]n este caso, ninguna de estas dos razones puede primar por sobre la necesidad de reparación de las víctimas, porque ese dinero ha sido generado con afectación de su propia dignidad. Mediante la utilización de sus cuerpos, por lo que resultaría inmoral y antiético que el Estado beneficie para sí y para sus actividades con aquello que ha sido el fruto de lo victimizante dentro del delito. Es por estas razones, que no se decomisa el dinero porque se entiende que el decomiso, lejos de cumplir con los propósitos en los que se funda, lo que haría sería agravar las consecuencias del ilícito respecto de las personas damnificadas. Y optando por el no decomiso es que, se acepta este acuerdo propuesto de que ese dinero vaya en carácter de indemnización, lo que tiene amparo en el Art. 29 último párrafo del CP para el caso de las dos personas que se condenan […]. Y en el caso de la Suspensión de Juicio a Prueba a favor del [otro] imputado […], la suma de $40.000 destinado a la compra de pañales, la tomamos como una oferta de reparación a las víctimas, y en ese carácter, como reparación, ya no como indemnización del art. 76 Bis del C.P. va a integrar entonces la suma global a ser distribuidas dentro de las 9 víctimas con alcance que le han sido presentadas…”.
“Por ello, no se decomisa el dinero secuestrado sino que se dispone su utilización como indemnización de las víctimas…”.
TRATA DE PERSONAS; EXPLOTACIÓN SEXUAL; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; VICTIMA; REPARACIÓN; DECOMISO; INDEMNIZACIÓN;
Gallo (Causa N° 128432)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja y dejó sin efecto el auto que denegó el recurso extraordinario (Ministros Lorenzetti, Maqueda y Rossati y la ministra Highton).
1. Notificación. Derecho de defensa. Debido proceso.
“[L]a adecuada notificación de las distintas etapas fundamentales del juicio, en especial la del pronunciamiento y la atinente al trámite previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige la garantía del debido proceso y plantear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio...”.
“[S]e advierte que durante el transcurso de la tramitación del recurso de revisión en la instancia anterior nunca se confirió intervención a las personas que podrían resultar afectadas por la pretensión sostenida por el Ministerio Público”.
NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO;
Vitale (Causa No. 73214)Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia impugnada en lo concerniente a la indemnización general, pero concedió la indemnización por daño moral (voto de las juezas Ferdman y Carambia).
1. Despido. Daño. Daño moral. Indemnización. Principio de dignidad humana. Estupefacientes.
“[S]i bien nuestra legislación establece un sistema de indemnización tarifada que como regla general satisface los daños de cualquier naturaleza, materiales y morales, que pudiera sufrir el trabajador con motivo del despido arbitrario y, ese es el criterio general establecido por la jurisprudencia mayoritaria que comparto en el sentido que si no se acreditan otros daños diferentes al simple despido, originados en hechos extracontractuales en ocasión de la ruptura del contrato de trabajo o fuera de ella o que resultarían indemnizables aún en ausencia de la relación laboral, no cabe reconocer el reclamo por tal concepto, lo cierto es que en el sub lite, no [resulta adecuada] la decisión de la magistrada de grado ya que […] los elementos arrimados a la causa permiten tener por acreditada la existencia de daños originados en hechos extracontractuales en ocasión de la ruptura del contrato de trabajo que resultarían indemnizables aún en ausencia de la relación laboral.”
“En este sentido, corresponde modificar lo decidido en la sede de origen porque si bien […] en principio la indemnización por antigüedad repara todos los perjuicios materiales y morales, ciertos o presuntos derivados del despido incausado, lo cierto es que, en este caso, la conducta asumida por la demandada constituyó un ejercicio abusivo de los poderes de organización y dirección que le impone el ordenamiento jurídico, violando el deber contractual de preservar la dignidad del actor. No resulta relevante […] analizar si la ex empleadora actuó motivada por una supuesta creencia razonable basada en denunciar la posible comisión de un delito en tanto lo fundamental es que con su proceder la accionada menoscabó los derechos fundamentales del trabajador como su dignidad y su integridad moral, por lo que dicha ilicitud debe ser receptada (cfr. Arts. 1738, 1741, 1785, 1786 y ccdtes del Código Civil y Comercial de la Nación vigentes al momento en que sucedieron los hechos y al momento de interposición de la demanda)”.
“En este orden de ideas, el daño moral representa la afrenta espiritual que objetivamente se verifica en todo ser humano a partir de un hecho cuya entidad lesiva resulta socialmente y culturalmente incontrovertida y ello se ha configurado en esta causa, dado que la demandada le imputó al actor la tenencia de sustancias prohibidas que […] no solo se demostró que el actor no estaba consumiendo ni menos aún se encontraba bajo su influencia mientras se encontraba prestando servicios para la demandada […] sino que además tampoco acreditó que tal circunstancia le hubiera implicado un perjuicio en su desarrollo empresarial dado que la accionada le permitió continuar con el cumplimiento de sus funciones de manera normal y habitual luego de haber constatado dicha presunta irregularidad, siendo además que –por tal motivo– se le inició un proceso penal al actor del cual en definitiva aquel fue sobreseído, lo cual pone de manifiesto que se ha excedido el ámbito de la mera inejecución de las obligaciones impuestas al trabajador por la Ley de Contrato de Trabajo y lo relevante es que el proceder de la accionada ocasionó la consecuente angustia y aflicción en el trabajador afectando su dignidad y honor, y por ello […] corresponderá modificar la sentencia de grado en este aspecto”.
2. Derecho al trabajo. Trabajo. Derecho a la vida privada y familiar. Despido. Daño moral.
“[L]a demandada con su actitud no solo hizo pública una situación privada del trabajador [y de posible adicción] que en nada estaba afectando su desempeño o la imagen empresarial de la aerolínea, sino que además menoscabó […] su trayectoria no solo dentro de la empresa sino también en su ámbito social y familiar, por lo que –dadas las particularidades en las cuales se desarrolló este conflicto– [es] pertinente el daño moral pretendido por el accionante como resarcimiento a un daño ocasionado por fuera del simple despido.
No [resulta] ocioso recordar que –sobre el punto– el art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone que ‘El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador, condiciones dignas y equitativas de labor (…)’”.
DESPIDO; DAÑO; DAÑO MORAL; INDEMNIZACIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ESTUPEFACIENTES; DERECHO AL TRABAJO; TRABAJO; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
Verbitsky (causa N° 1469)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso y revocó la sentencia impugnada (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti –según su voto–).
1.  Habeas corpus. Interpretación de la ley.
“[M]erece ser inicialmente recordada la doctrina del Tribunal en materia de hábeas corpus, que indica que el procedimiento aplicado a esta acción exige que se agoten las diligencias tendientes a hacer efectivo su objeto. Aunque, en rigor, la valoración de la idoneidad del curso de acción seguido por los jueces de la causa en cada caso particular, conduce a una cuestión, en principio, ajena a la instancia extraordinaria, corresponde que esta Corte intervenga para resguardar la vigencia del instituto cuando la adopción de un criterio determinado puede llegar a frustrar su esencia (confr. Fallos: 306:448; 322:2735; 323:4108, entre otros)” (voto de la ministra Highton de Nolasco y los ministros Maqueda y Lorenzetti).
2.  Condiciones de detención. Habeas corpus. Procesos colectivos. Derechos de incidencia colectiva.
“[E]n primer lugar y con relevancia esencial, de mantenerse el sentido de la resolución en crisis se estaría obligando a los defensores oficiales recurrentes y al resto de los actores involucrados en este proceso a presentar, en el futuro, sus reclamos acerca de situaciones colectivas estructurales vinculadas con las condiciones de detención de la Provincia de Buenos Aires (como los que constituyen el debate de fondo del sub lite) ante los juzgados de primera instancia de sus respectivas jurisdicciones territoriales, para que sean tramitados y resueltos individualmente.
Esa alternativa se aparta de la forma en la que se afrontó la misma posibilidad en la sentencia dictada por esta Corte en el año 2005. Resulta pertinente recordar que, en la oportunidad referida, uno de los argumentos que había escogido el tribunal apelado para denegar la procedibilidad de la acción fue, justamente, que debió haber sido ejercida individualmente ante los magistrados legalmente habilitados, en cada caso concreto (confr. ‘Verbitsky’ citado, considerando 6° del voto de la mayoría, y en igual ubicación, de la disidencia parcial del juez Fayt).
Frente a esa opción, este Tribunal subrayó la necesidad de reconocer la protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva involucrados en el hábeas corpus, rechazándose expresamente la posible dispersión de los reclamos al admitirse la acción plural reclamada en beneficio de los intereses de todos los sujetos privados de libertad en el ámbito de la provincia (confr. ibídem Punto VI, considerandos 14 a 19 de la opinión de la mayoría; y considerando 16 de la disidencia parcial del juez Fayt)”.
“[E]s dable concluir que el prudente análisis de todas las circunstancias en juego, que en su momento llevó al Tribunal a admitir una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo del reclamo y a implementar un remedio congruente con su alcance, desaconseja volver a transitar un camino que ya fue considerado ineficaz desde una perspectiva enfocada en la entidad y magnitud de las violaciones que –cuando menos– deben comenzar a ser mitigadas, en tanto exceden la eventual promoción de reclamos individuales referidos a situaciones particulares”.
“[A] criterio de este Tribunal, sin que esto implique abrir juicio sobre la solución que en definitiva corresponda adoptar al respecto, la decisión examinada pretende clausurar el proceso de hábeas corpus colectivo como tal, sin haber ponderado suficientemente el impacto que las medidas practicadas por la corte local habrían tenido, en función de la complejidad de los objetivos fijados en el precedente ‘Verbitsky’ tantas veces citado, y sin explicitar de qué manera fue evaluada la eficacia de su implementación, en relación con la permanencia de la situación generadora del conflicto que venían denunciando los actores” (voto de la ministra Highton de Nolasco y los ministros Maqueda y Lorenzetti).
3. Condiciones de detención. Hacinamiento. Procesos colectivos. Habeas corpus. Ejecución de la sentencia. Política pública.
“También en este aspecto se considera que el tribunal a quo se ha apartado de la dimensión acordada a la estructuración del proceso de ejecución de la primigenia sentencia emitida en estas actuaciones, en cuanto se le encomendó una tarea que debería mantenerse vigente mientras persistan las condiciones carcelarias que obligaron a la firme intervención de esta Corte Federal; circunstancia esta última que, a pesar de su trascendencia, no ha sido aclarada en ningún sentido en la decisión que se examina” (voto de la ministra Highton de Nolasco y los ministros Maqueda y Lorenzetti).
“[L]a dificultad que presenta la ejecución de sentencias adoptadas en procesos colectivos como el sub lite deriva, principalmente, de dos razones. La primera, remite a la naturaleza compleja y pluricausal de los conflictos abordados, cuya solución demanda la modificación de políticas públicas y/o de prácticas institucionales. La segunda radica en el tipo de obligaciones impuestas en estas decisiones, que no siempre se efectiviza en medidas concretas sino en la enunciación de objetivos generales.
Ambos aspectos explican que la ejecución de esta clase de sentencias importe un proceso prolongado y complejo, en cuyo transcurso pueden cambiar los protagonistas iniciales (el universo concreto de afectados con nombre y apellido, que suelen ser reemplazados por otros), y aun las modalidades del agravio originario (algunos problemas pueden solucionarse en el tiempo, pero aparecen otros) manteniéndose –no obstante– el cuadro crítico que promovió la presentación judicial colectiva”.
“La sistematización de los estándares que rigen estos procesos de ejecución de sentencias complejas y, eventualmente, determinan su clausura, requiere –más allá de la atención de las especificidades verificables en cada caso– distinguir dos aspectos: el institucional y el funcional.
En el plano institucional el proceso podría considerarse culminado, desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que: i) se han definido claramente las metas a cumplir; y, ii) se ha(n) establecido el(los) órgano(s) a cargo de su instrumentación, sea(n) jurisdiccional(es) o no jurisdiccional(es) (por ejemplo, otros departamentos del Estado u organismos específicos, en los supuestos en que la actuación exceda o sea ajena al ámbito de competencia propia del órgano jurisdiccional de ejecución).
En el plano funcional, el proceso podría considerarse culminado, desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que se ha comprobado un nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso que sean suficientes para frustrar razonablemente la posibilidad de reversiones que vuelvan la situación al conflictivo punto de partida. La determinación del nivel de avance funcional que permita dar por concluida la actuación de esta Corte dependerá, lógicamente, de las especiales circunstancias de cada proceso concreto”.
“[M]ás allá del cumplimiento de los aspectos relativos al plano institucional, el a quo no ha logrado demostrar adecuadamente el cumplimiento cabal del fallo de esta Corte desde un plano funcional. En esa ocasión, entre otras pautas, se instruyó a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la provincia para que, dentro de sus respectivas competencias, extremen la vigilancia para el adecuado cumplimiento de las normas que nacional e internacionalmente imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad, en especial, en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad física de los presos, del personal y de terceros; y para que ‘hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda’ (Fallos: 328:1146, considerandos 40 y 41 del voto de la mayoría).
De tal modo, el a quo no ha ponderado en forma suficiente el impacto que las medidas practicadas habrían tenido en función de los objetivos fijados en ‘Verbitsky’, y ha omitido explicar de qué manera fue evaluada la eficacia de su implementación, en referencia a la permanencia de la situación generadora del conflicto que venían denunciando los actores.
Ello resulta especialmente relevante, toda vez que oportunamente se le encomendó una tarea que debía mantenerse vigente mientras persistieran las condiciones que obligaron a la firme intervención de esta Corte Federal; circunstancia esta última que, a pesar de su transcendencia, no ha sido aclarada en la decisión que se examina.
En tal sentido, la inconsistencia de la decisión en crisis no presta sustento objetivo suficiente a las razones que motivaron al tribunal a quo a determinar que la faz ejecutiva de la sentencia dictada por esta Corte en este caso podía darse por finalizada; máxime teniendo en cuenta que los defensores públicos oficiales denuncian y documentan, en su presentación, la persistencia de la situación de superpoblación en el ámbito carcelario provincial y su crecimiento exponencial” (voto concurrente del ministro Rosatti).
HÁBEAS CORPUS; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PROCESOS COLECTIVOS; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; HACINAMIENTO; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; POLÍTICA PÚBLICA;
Vargas (Causa N° 47006)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación, anuló la resolución recurrida, apartó a la jueza interviniente y remitió las actuaciones al tribunal de turno a fin de que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Magariños y Huarte Petite).
1. Libertad condicional. Ejecución de la pena. Informes. Consejo Correccional. Consejo Criminológico.
“[F]rente a un informe del Consejo Criminológico, cualquiera sea la conclusión a la que se arribe (mayoritariamente positiva en este caso), dado su carácter técnico, el apartamiento por parte del juez de ejecución sólo debe producirse, y estará debidamente justificado, cuando el magistrado advierta una contradicción intrasistemática en la fundamentación de su conclusión o un apartamiento evidente del sentido común…”.
“[A] pesar de corroborarse un informe por mayoría positivo del Consejo Correccional, se rechazó la pretensión de la defensa sobre la base de las conclusiones adoptadas por las áreas que   opinaron de modo desfavorable, sin ponderar razones que justifiquen asignar preeminencia a la   opinión minoritaria desfavorable, por sobre la mayoritaria”.
2. Libertad condicional. Ejecución de la pena. Informes. Consejo Correccional. Competencia. Interpretación de la ley.
“Sin perjuicio de que el Juzgado Nacional de Ejecución penal es asistido por ‘…un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en medicina, psiquiatría, psicología, sociología, asistencia social y, en su caso, antropología…’ (artículo 29 de la ley 24.050), el ordenamiento   jurídico específicamente atribuye competencia al Consejo Correccional para dictaminar en los casos de solicitudes de libertad condicional y libertad asistida, entre muchos otros supuestos (artículo 94 del decreto 396/99). En análogo sentido, el artículo 28 de la ley 24.660 requiere que, al momento de analizar la viabilidad de la libertad condicional, el juez resuelva previo informe del organismo técnico­criminológico y del Consejo Correccional”.
“El funcionamiento del Consejo Correccional, que tiene lugar en los establecimientos de ejecución de la pena (art. 92 de decreto 396/99), implica intrínsecamente una inmediación y cercanía interno por el seguimiento continuo que realiza sobre éste, lo cual se encuentra ausente en el caso del Equipo Interdisciplinario […]. Es este seguimiento continuo y próximo de la ejecución de la pena que normativamente se ha asignado como competencia del Consejo Correccional, lo que determina como razonable —cuando su fundamentación no se encuentra viciada— que sus conclusiones no puedan ser desplazadas por el informe del Equipo Interdisciplinario”.
“No corresponde, entonces, realizar una interpretación aislada y asistemática del artículo 13 del Código Penal […]. En ese sentido, la circunstancia de que esa norma prevea la intervención de ambos órganos, nada dice en punto a la incidencia que cada uno deba tener en la decisión del juez de ejecución. Sin embargo, a partir de una interpretación intrasistemática del ordenamiento normativo que regula la ejecución de la pena, es posible concluir que el dictamen del Servicio Técnico Criminológico y del Consejo Correccional, siempre que no exhiba una contradicción interna en la fundamentación de su conclusión o un apartamiento evidente del sentido común (lo que no ha ocurrido en el caso traído estudio), no puede ser suplido o reemplazado por la opinión del Equipo Interdisciplinario”.
3. Libertad condicional. Ejecución de la pena. Informes. Consejo Correccional. Arbitrariedad.
“[C]arece de base normativa y de razonabilidad la práctica de desestimar, sin más, las conclusiones adoptadas por el Consejo Correccional, haciendo prevalecer el dictamen elaborado por el Equipo Interdisciplinario en sentido contrario”.
“[L]os motivos de la jueza de ejecución para apartarse del dictamen del Consejo Correccional no constituyen una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias   comprobadas del proceso […]. La arbitraria interpretación de las normas aplicables y de los elementos agregados al incidente, conllevan la necesidad de declarar la nulidad de la resolución recurrida”.
LIBERTAD CONDICIONAL; EJECUCIÓN DE LA PENA; INFORMES; CONSEJO CORRECCIONAL; COMPETENCIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ARBITRARIEDAD;
D´ Erario y otro (causa N° 2009)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional casó, de manera parcial, la resolución. En particular, modificó la figura de encubrimiento agravado por la de encubrimiento simple.
1. Encubrimiento. Ánimo de lucro. Robo con armas. Agravantes. Interpretación de la ley.
“En efecto, en la causa ‘Quiroga’ adherí al voto del colega Bruzzone quien, en dicha ocasión, entre otros argumentos dijo: “asiste razón a la defensa en sus críticas, pues, a mi juicio, el uso de la cosa no indica, por sí sólo, el especial elemento subjetivo, distinto del dolo, que se concreta en la expectativa de un beneficio o ganancia, que excede la mera adquisición o receptación que sanciona el artículo 277, apartado 1, inciso “c”, la cual, desde ya, implica la espuria tenencia de la cosa. Ese plus no se encuentra acreditado en el caso, ya que para verificarlo no se puede sustentar exclusivamente en el destino natural de la cosa en el rédito propio del objeto según sus condiciones intrínsecas. De las constancias de la causa no surgen datos que permitan presumir, con alguna entidad, que el imputado tenía por finalidad vender o enajenar el bien, lo que descarta la aplicación de la agravante utilizada…”.
“Dado que en el presente se verifica el mismo supuesto que en aquella oportunidad, propondré modificar la figura legal asignada a este hecho por la de encubrimiento [art. 277, 1° apartado c, del Código Penal. Sin perjuicio de lo que se dirá con relación a las sanciones impuestas” (voto de la jueza jueza Llerena, al que adhirió el juez Dias).
ENCUBRIMIENTO; ÁNIMO DE LUCRO; ROBO CON ARMAS; AGRAVANTES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Nadal (causa n°14714)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación y revocó la disposición que rechazaba la acción inhibitoria de la justicia provincial (juez Larriera y jueza Fariña). 1. Trata de personas. Explotación laboral. Usurpación. Conexidad. Seguridad jurídica. “Realizando un análisis global de la situación, se vislumbra que existen actualmente dos causas conexas que, en caso de que sean resueltas por jurisdicciones diferentes, puede arribarse a soluciones contradictorias, en tanto [existe] una causa en el fuero federal en la que se investiga el delito de trata laboral de personas, y otra ante la justicia provincial en la que se investiga el delito de usurpación de aquel predio donde residen y trabajan las víctimas de trata de la causa mencionada anteriormente”. “[T]eniendo en cuenta el devenir de los hechos mencionados, puede concluirse que aquellos no constituyen hechos divisibles entre sí, y entonces no podrían tramitar de forma independiente sin que se generen las inconsistencias y conflictos que han sido debidamente reseñados…”. “[L]a conexidad objetiva de los delitos y la identidad del objeto procesal de ambas causas resultan evidentes si se tiene en cuenta que, lo que resuelva una de las dos jurisdicciones determinará la suerte del fallo final de la causa que tramita en la otra”. “[R]esulta evidente que es el fuero federal quien posee competencia más amplia para resolver las diversas cuestiones debatidas, por lo que, todas luces, el fallo final que dicte esta jurisdicción eliminará cualquier posibilidad de strepitus fori que puedan producir los fallos contradictorios, y permitirá asegurar el derecho de defensa de los particulares, garantizando el principio de seguridad jurídica”. 2. Trata de personas. Victima. Vulnerabilidad. Excusa absolutoria. Revictimización. “[N]o debe soslayarse que en el caso de autos se encuentran en juego los derechos de las aludidas víctimas del delito de trata de personas, que está siendo investigado en este fuero federal debiendo, por lo tanto, resolver los planteos sin desconocer la jurisprudencia citada y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en relación a la protección de tales derechos. A tal efecto, cabe recordar que mediante la sanción de la ley Nº 26.364, de abril de 2008, el Estado argentino dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños («Protocolo de Palermo»)…”. “Entre sus disposiciones se halla una cláusula de no punibilidad –art. 5–, concebida para que las víctimas de trata de personas no sean sancionadas por aquellos delitos que hubiesen podido cometer mientras se encontraban en esa condición, pretendiendo evitarse con ello que aquéllas deban sufrir una pena adicional a la que ya han debido soportar como víctimas”. “De esta manera, se ha marcado la prioridad de asistencia de las víctimas tratando de impedir, a todas luces, que sean revictimizadas judicialmente y éste resulta el concreto peligro que se cierne en autos cuando, de las constancias arrimadas a la pesquisa, se advierte que el enfoque practicado en sede provincial de la cuestión desatiende y no incorpora abordaje alguno relativo a tal elemental status, pauta esencial e indispensable antes de adoptar una resolución de tal calibre respecto de las mujeres y sus hijos menores alojadas en dicho predio rural”.
TRATA DE PERSONAS; EXPLOTACIÓN LABORAL; USURPACIÓN; CONEXIDAD; SEGURIDAD JURÍDICA; VICTIMA; VULNERABILIDAD; EXCUSA ABSOLUTORIA; REVICTIMIZACIÓN;
Roa Restrepo (Causa N° 53869)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia impugnada (ministra Highton y ministros Lorenzetti, Maqueda y según su voto, minitros Rosenkrantz y Rosatti).
1. Dirección Nacional de Migraciones. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Ley de procedimientos administrativos. Actos de autoridad nacional. Motivación. Causa. Control judicial. Control de Razonabilidad.
“[E]sta Corte ha reconocido que el control judicial de los actos denominados tradicionalmente discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de actuación, por un lado, en los elementos reglados de la decisión —competencia, forma, causa, finalidad y motivación— y, por el otro, el examen de su razonabilidad […], ello no implica que el juez reemplace a la Administración, ya que dicha competencia jurisdiccional es revisora, mas no sustitutiva […].
Que, en consecuencia, la causal impediente para la permanencia en el país que justificó la orden de expulsión expresada por la Dirección Nacional de Migraciones no pudo ser reemplazada en sede judicial por una distinta, que ni siquiera fue considerada por la autoridad administrativa. Ello porque la determinación de las razones que obstan a la permanencia de un migrante en el país corresponde, según la ley 25.871, a la autoridad migratoria. En consecuencia, la legalidad de esa decisión solo debe juzgarse en base a los motivos que expresa, y no de otros.
En efecto, la concurrencia de la causal impediente hace a la motivación del acto y debe estar expuesta en él (artículo 7°, incisos b y e, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) y no puede ser modificada posteriormente por los jueces cuando su validez es cuestionada.
De lo contrario, si la apreciación de la causa del acto de expulsión pudiera ser reemplazada o sustituida por los magistrados, pasaría a ser materia de un debate judicial sobre aspectos no delimitados previamente, en lugar de constituir el antecedente necesario de la eficacia jurídica del acto, desnaturalizando así la misión del Poder Judicial […].
[E]n consecuencia, al no haber sido el supuesto del artículo 62, inciso b, de la ley 25.871 (registrar conducta reiterante) la razón de hecho y de derecho por la que se dispuso la expulsión, no resulta válido que la cámara haya introducido esa causal, no solo porque excedió el control de legalidad y razonabilidad, sino también porque la decisión adoptada implicó sustituir los motivos del acto administrativo sin la debida oportunidad de debate en sede administrativa y judicial por parte del migrante…” (ministros Maqueda, Lorenzetti y Ministra Highton).
2. Dirección Nacional de Migraciones. Migrante. Delitos. Residencia. Expulsión de extranjeros. Arbitrariedad. Sentencia arbitraria. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
“[S]i bien la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes es un tema, como regla, ajeno a esta instancia, ello admite excepción en casos en los que media manifiesto apartamiento de la relación procesal, por haberse emitido pronunciamiento sobre cuestiones no articuladas por las partes y que el juzgador no pudo considerar de oficio sin desmedro de garantías constitucionales…”.
“[N]i en sede administrativa ni en sede judicial la Dirección Nacional de Migraciones había alegado que en el caso concurría el supuesto de reiteración de delitos previsto en el artículo 62, inciso b, de la ley 25.871 como causal de cancelación de la residencia otorgada a un migrante, que tornara aplicable el artículo 29, inciso j, de ese ordenamiento. Esta última norma prevé como causal de expulsión la constatación por parte de la autoridad migratoria de la existencia de alguno de los impedimentos para la radicación en el país.
Por lo tanto, la sentencia objeto de recurso extraordinario incurrió en un supuesto de arbitrariedad sorpresiva pues se expidió sobre una causal de expulsión diferente a la considerada por la Dirección Nacional de Migraciones. De ese modo, se consumó un inequívoco apartamiento de los términos en que había quedado trabada la litis y una violación de las reglas procesales que rigen la jurisdicción revisora de los tribunales de alzada (artículos 34, inciso 4, 166, inciso 6, 271 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Y lo cierto es que tal solución no se ve amparada por el principio de iura novit curia, pues este no habilita a apartarse de lo que resulte de los términos de la demanda o de las defensas planteadas por los demandados…” (voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
3. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dirección Nacional de Migraciones. Expulsión de extranjeros. Pena. Delitos. Jurisprudencia.
“[L]as cuestiones planteadas por la Dirección Nacional de Migraciones al apelar la sentencia de primera instancia acerca de la interpretación de la causal de expulsión prevista en el artículo 29, inciso c, de la ley 25.871 encuentran adecuada respuesta en el precedente ´Apaza León´, a cuyos términos cabe remitir a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Ello es así pues se encuentra fuera de discusión que la condena penal impuesta al actor en la que se fundó el acto de expulsión no encuadra en alguna de las cinco categorías de delitos que se mencionan en el inciso —tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas—, ni alcanza el mínimo de tres años de pena privativa de la libertad allí fijado…” (voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
4. Ley de procedimientos administrativos. Procedimiento administrativo. Actos administrativos. Causa. Motivación. Principio de legalidad. Debido proceso. Razonabilidad.
“[A] la luz de nuestra arquitectura constitucional, el procedimiento administrativo no solo constituye el ámbito a través del cual se debe procurar —con justicia— la satisfacción del interés público; en paralelo, es también una instancia para la defensa de los derechos e intereses de los particulares, sujeta —inexcusablemente— a los principios de legalidad, debido proceso adjetivo y sustantivo —o razonabilidad— (artículos 18, 19 y 28, Constitución Nacional y artículo 1°, ley 19.549 […]).
[E]n resguardo de los principios, derechos y garantías constitucionales, las decisiones que adopta la administración se encuentran sujetas —como recaudo de validez— a la observancia de los requisitos esenciales previstos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.549. De este modo, y en lo que aquí concierne, el acto administrativo debe contar con una ´causa´: entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la decisión (artículo 7°, inciso b), y con su respectiva ´motivación´, esto es, la explicitación de las razones que justifican la emisión del acto (artículo 7°, inciso e).
Ambos requisitos —sin perjuicio de los restantes, claro está— se apoyan en la máxima republicana que sostiene a nuestro sistema de gobierno, constituyen una interdicción a la eventual arbitrariedad administrativa y, además, representan una garantía para que el particular pueda ejercer -en forma plena- la defensa de sus derechos e intereses. En otras palabras, la solución legislativa -al exigir una administración que justifique y funde racionalmente sus decisiones- no está haciendo otra cosa que cumplir con el equilibrio que exige la Constitución Nacional entre la tutela de los derechos por ella reconocidos y la acción administrativa, subordinada a la juridicidad, debido proceso adjetivo y sustantivo (artículos 1°, 14, 18, 19, 28, 31, 33 y cctes. Constitución Nacional)…” (voto concurrente del ministro Rossati).
5. Ley de procedimientos administrativos. Causa. Motivación del acto administrativo. Migrante. Expulsión de extranjeros. Revisión Judicial. Derecho de defensa. Seguridad Jurídica. Exceso en el pronunciamiento.
“[E]l tribunal a quo se apartó del diseño constitucional y legal antes reseñado incurriendo en arbitrariedad; en efecto, al modificar en su sede la ´causa´ y la ´motivación´ del acto administrativo impugnado, la sala desvirtuó el sistema de la ley 25.871 y asumió una competencia de la que carece, afectando el debido proceso legal y colocando al recurrente en estado de indefensión.
[L]la nueva causal de expulsión introducida por la cámara —en forma sorpresiva y en ocasión de dictar sentencia— importó una modificación improcedente de la decisión administrativa que pasó por alto que la revisión judicial debe ser llevada a cabo con estricto apego al debido proceso y a la garantía de defensa.
[E]n el fallo recurrido se desconoció que —en nuestro orden constitucional— la garantía de defensa supone otorgar a los interesados la oportunidad de ser oídos y brindar la ocasión de hacer valer sus defensas en el tiempo, lugar y forma prevista en la ley (artículo 18, Constitución Nacional […]); al tiempo que un procedimiento justo, conducido de buena fe, implica que el litigante conozca de antemano las ´reglas claras de juego´ a las que atenerse en aras de la seguridad jurídica y evitar adoptar decisiones que, de modo intempestivo, lo coloquen en estado de indefensión […].
[A]l no haber sido el supuesto del artículo 62, inciso b, de la ley 25.871 —registrar conducta reiterante— la razón de hecho y de derecho por la que se dispuso la expulsión del extranjero, no resulta válido que la cámara haya introducido esa causal, pues —con exceso del control que estaba llamada a realizar— sustituyó la causa y la motivación del acto, sin la debida oportunidad de debate en sede administrativa y judicial por parte del migrante…” (voto concurrente del ministro Rossati).
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; ACTOS DE AUTORIDAD NACIONAL; MOTIVACIÓN; CAUSA; CONTROL JUDICIAL; CONTROL DE RAZONABILIDAD; DELITOS; RESIDENCIA; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA ARBITRARIA; CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; PENA; JURISPRUDENCIA; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ACTOS ADMINISTRATIVOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBIDO PROCESO; RAZONABILIDAD; MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO; REVISION JUDICIAL; DERECHO DE DEFENSA; SEGURIDAD JURÍDICA; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO;
Nazarevich (causa Nº 9127)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por mayoría, rechazó el recurso de apelación y confirmó la decisión. En ese sentido, realizó una modificación y le ordenó a la ANSeS que, en el plazo perentorio de diez días, verificase el cumplimiento del requisito socioeconómico y patrimonial de la actora. En consecuencia, una vez cumplida la medida, debía otorgar el beneficio y realizar el pago de la prestación en el plazo de diez días hábiles (voto del juez Amabile, al que adhirió la jueza Fariña).
1. Seguridad social. Administración Nacional de la Seguridad Social. Arbitrariedad.
“[R]esulta revelador de una clara arbitrariedad de la ANSES al denegar el beneficio sin expresar motivo concreto alguno. Nótese que la constancia de rechazo acompañada por la propia demandada, refiere en forma genérica a los recaudos necesarios para el acceso al beneficio, sin precisar cuál o cuáles, no cumple o no ha acreditado la peticionante.
Asimismo, se observa que el ANSES argumenta en esta instancia judicial que el rechazo se fundó en la falta de actualización de los datos personales de la amparista en la página web del organismo, no obstante lo cual, tampoco ha indicado qué dato no se ha informado o cuál debe ser actualizado, de modo tal de permitirle a la actora readecuar los mismos y, de ese modo, peticionar un reexamen de su solicitud.
Como contrapartida, aun dentro del estrecho marco cognoscitivo de este proceso, la actora ha demostrado que, tanto en la primera petición, como así también al momento de solicitar la revisión de la denegatoria mediante la interposición de recurso de reconsideración, ha consignado todos sus datos personales, necesarios para evaluar si cumple con los recaudos legales para acceder al IFE. Lo señalado, da cuenta, además, de un accionar contrario a lo dispuesto por la propia normativa que crea el beneficio y regula su trámite”.
2. Ley aplicable. Vulnerabilidad. Seguridad Social. DESC.
“Concretamente, se vislumbra que la Administración no se ajustó a lo previsto en el mencionado punto 5 del Anexo de la Res. 8/2020 de la Secretaría de Seguridad Social (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), que expresamente prevé que en caso de denegatoria se debe notificar al solicitante la circunstancia de exclusión comprobada.
Cabe recordar que estamos ante una prestación económica brindada por el Estado Nacional para asistir a aquellas personas que se encuentran en una clara situación de vulnerabilidad social, por lo que el trámite administrativo debe ser accesible y no puede conspirar en detrimento de quienes necesitan ayuda y remedio del sistema de Seguridad Social, pues la demora en el auxilio social, puede tornar ilusorio el derecho y agravar las condiciones de vida de quienes lo requieran.
El Estado debe garantizar tales derechos elementales, de conformidad con lo prescripto por nuestro sistema constitucional de derechos y garantías. En tal dirección el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (con jerarquía constitucional conforme el art. 75 inc. 22 de la CN) prevé que `Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)´; y el El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece en el artículo 11 que `Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia´”.
“Así las cosas, cabe concluir que la denegatoria del IFE peticionado por la actora ha sido arbitraria, lesionando, sin duda alguna, el derecho más elemental de una persona, como lo es de la alimentación, reconocido en los citados Tratados Internacionales de jerarquía constitucional”.
SEGURIDAD SOCIAL; ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; ARBITRARIEDAD; LEY APLICABLE; VULNERABILIDAD; DESC;
Castillo (causa Nº 15676)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y anuló la resolución impugnada (jueces Borinsky y Carbajo, y jueza Ledesma).
1. Prisión domiciliaria. Principio de contradicción. Principio acusatorio.
“[E]l tribunal a quo no ha fundado en forma suficiente la irrazonabilidad de la posición del Ministerio Público Fiscal relativa a la aptitud de la detención domiciliaria del imputado [...] para la neutralización de los peligros procesales”.
“[E]l Fiscal General ante esta Cámara no ha expresado su posición sobre la cuestión en trato en la oportunidad prevista por el art. 465 bis en función de los artículos 454 y 455 del C.P.P.N. –según ley 26.374–, conduce a un escenario de ausencia de contradictorio entre las partes que [...] impide la convalidación del fallo impugnado –sólo en lo que concierne al rechazo del arresto domiciliario solicitado [...]–” (voto del juez Borinsky, al que adhirió el juez Carbajo).
“[S]e advierte que el órgano jurisdiccional interviniente excedió el límite para el que estaba habilitado a expedirse. En efecto, ha mediado una afectación al modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra Constitución Nacional (arts. 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP –que expresamente ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos 7° y 15° del precedente 'Casal', Fallos 328:3399–), cuyo paradigma esencial consiste en la separación de las funciones de enjuiciamiento y postulación” (voto de la jueza Ledesma).
2. Principio de contradicción. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Garantía de imparcialidad.
“[L]a sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza no estaba autorizada a rechazar la prisión domiciliaria solicitada por el imputado, pues la parte acusadora se había expedido en sentido favorable, todo lo cual lesiona la garantía de imparcialidad del juzgador (arts. 75 inc. 22 de la CN, 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP, 10 de la DUDH, 26 de la DADDH), por afectación del principio acusatorio” (voto de la jueza Ledesma).
PRISIÓN DOMICILIARIA; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD;
Giménez (Causa N° 4358)Juzgado Federal de Gualeguaychú
El Juzgado Federal de Gualeguaychú homologó el acuerdo de reparación integral (juez Viri).
1. Reforma legal. Comisión Bicameral. Reparación. Conciliación.
“[E]l 19 de noviembre del 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución N° 2/2019, a través de la cual la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal resolvió implementar, entre otras normas, el art. 22 de ese plexo normativo”.
“[P]or medio de la entrada en vigencia del art. 22 del C.P.P.F., se dispone que los jueces y los representantes del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el conflicto que surja como consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.
2. Reparación. Encubrimiento. Contrabando. Bien jurídico.
“La naturaleza legislativa [del tipo penal de encubrimiento de contrabando] encuentra su fundamento en la protección del bien jurídico 'la Administración Pública', lo que se erige como constitutivo de un interés social […]. [E]l sujeto pasivo es el Estado, ya que la mercadería elude el efectivo control del servicio aduanero, perjudicando la renta fiscal, el interés fiscal y el efectivo control del servicio aduanero. Por lo que, desde esa perspectiva, se concluye que este tipo de delito puede quedar comprendido en la alternativa reparativa contemplada en el art. 59 inc. 6º del Código Penal en miras a resolver el conflicto suscitado, dando preferencia a la solución que mejor se adecúe al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social (conf. art. 22 del C.P.P.F.)”.
3. Reforma legal. Reparación. Consentimiento fiscal.
“[L]a jurisprudencia ha dejado en claro que es condición ineludible el acuerdo fiscal, dado que 'a la racionalidad que debe guiar la solución del conflicto sobre la base de los institutos de la conciliación y la reparación integral del daño…resulta relevante el consentimiento del   representante del Ministerio Público Fiscal' agregando asimismo que 'será atribución de la fiscalía, también, establecer si a pesar del ofrecimiento y el acuerdo de la víctima, se encuentra ante un caso en el que el interés público está particularmente comprometido y por ello no sea oportuno prestar su conformidad'…”.
“[T]eniendo presente que el propio Ministerio Público Fiscal (quien representa los intereses generales de la sociedad) avaló la propuesta de reparación integral del daño del encausado […], siendo que dicho Ministerio reviste la calidad de impulsor de la acción penal y del control de legalidad (cfr. art. 120 de la Constitución Nacional y ley 27.148), y observando que el acuerdo arribado se adecúa a los principios de legalidad, logicidad, razonabilidad y proporcionalidad, es   que […] corresponde homologar el mismo”.
REFORMA LEGAL; COMISIÓN BICAMERAL; REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; ENCUBRIMIENTO; CONTRABANDO; BIEN JURÍDICO; CONSENTIMIENTO FISCAL;
Casarín (reg. N° 453 y causa N° 72000661)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró desierto el recurso interpuesto por la parte querellante AFIP-DGI y rechazó la impugnación interpuesta por el representante del Ministerio Público Fiscal (jueces Borinsky y Carbajo).
1. Régimen penal tributario. Reforma legal. Retroactividad de la ley. Ley penal más benigna. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[R]esulta de aplicación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos ‘Palero, Jorge Carlos s/recurso de casación’ (Fallos: 330:4544) y ‘Soler, Diego s/recurso de casación’ (S. 765. XLVIII. REX, rta. el 18/2/2014), referidos a la interpretación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna […]. Ello, en atención a la autoridad institucional que revisten los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su carácter de intérprete y salvaguarda final de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional (Fallos: 1:340; 33:162; 311:2478, entre otros), la que determina el deber de acatar la doctrina supra aludida y resolver el supuesto sometido a examen en consecuencia (Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; 270:335, entre muchos otros), siempre y cuando no se hubieran incorporado nuevos argumentos que la refuten –tal como sucede en el caso de autos–” (voto del Juez Borinsky al que adhirió el juez Carbajo).
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; REFORMA LEGAL; RETROACTIVIDAD DE LA LEY; LEY PENAL MÁS BENIGNA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Giménez (reg. N° 478 y causa N° 46714)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación y dejó sin efecto la declaración de reincidencia impuesta (jueces Jantus y Magariños).
1. Reincidencia. Antecedentes condenatorios. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Reinserción social. Cómputo del tiempo de detención.
“[L]a decisión acerca del alcance y significado del tiempo de cumplimiento de una pena anterior que requiere el art. 50 CP debe fundarse en la interpretación armónica de esa norma y del régimen de ejecución de la pena (Ley n° 24.660), lo que sólo puede conducir a la conclusión de que para ser reincidente es necesario haber cumplido al menos la mitad de la condena anterior y haber sido sometido al sistema de progresividad que prevé la citada ley.
Dicha norma ha dado sustento legal a la tesis en cuestión […] y permite sostener esa interpretación como la más equitativa en tanto relaciona adecuadamente las pautas a considerar: la aplicación del art. 50 CP requiere que el imputado haya sido sometido previamente a un régimen progresivo que procure su reinserción social, puesto que conforme la interpretación del instituto formulada en el punto anterior, la declaración de reincidencia se hace efectiva ante el incumplimiento de las expectativas derivadas de ese proceso que el Estado debe haberle brindado –más allá de su avance o efectividad, que depende del comportamiento del imputado– y que establece, para las penas temporales, la mitad de la condena para acceder al primer beneficio (art. 15 Ley n° 24.660)”.
“[M]ás allá de la discusión que pueda darse acerca de cuándo fueron cometidos los hechos por los cuales resultó condenado […] y, en consecuencia, si correspondía o no en el caso declararlo reincidente por aplicación de las reglas de los arts. 50 y 58 del Código Penal, […] aun cuando el [detenido] hubiese cumplido parte de las sanciones mencionadas en carácter de condenado, es claro que ellas, por su escaso monto, resultan insuficientes para abastecer los parámetros mencionados precedentemente, en la medida en que carecían de la duración necesaria para que el Estado hubiese podido ofrecerle la realización de un tratamiento penitenciario resocializador progresivo efectivo” (voto del juez Jantus).
2. Juicio abreviado. Control de constitucionalidad. Nulidad. Reincidencia.
“Los términos en que viene planteada la cuestión exigen, de modo ineludible, el examen y consideración de la lógica–jurídica que informa al marco legal en función del cual fue dictada la sentencia de condena, esto es, el procedimiento establecido en el art. 431 bis del código de forma […]. Ello es así, en tanto se trata en el caso de analizar si el a quo, al momento de dictar sentencia, sobre la base de lo acordado previamente por las partes, debía ceñirse a los términos de dicho acuerdo, o podía, en cambio, modificarlo.
[C]orresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley 24.825 y del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, toda vez que lo allí establecido quebranta lo dispuesto en los artículos 1, 18 y 118 de la Constitución Nacional. […] Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de todos los actos procesales celebrados como consecuencia de la norma legal declarada ilegítima, en particular, la propuesta de acuerdo de juicio abreviado y la sentencia de condena dictada por el Tribunal Oral […], incluida, claro está, la declaración de reincidencia dispuesta…” (voto del juez Magariños).
REINCIDENCIA; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; JUICIO ABREVIADO; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; NULIDAD;
NN (Causa 10943-2014)Juzgado Nacional Civil Nro. 23
El Juzgado Nacional Civil N° 23 hizo lugar a la petición y requirió al Ministerio de Salud de CABA que arbitrara los medios necesarios para garantizar de manera prioritaria y con carácter de muy urgente la vacunación de la mujer.

1. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Derecho a la salud. Emergencia sanitaria.
“[A] partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber de brindar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. En ese orden, ha señalado que el envejecimiento y la discapacidad son causas predisponentes determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales. Y frente a esta realidad, el imperativo constitucional es transversal”.
“Por su parte, el artículo 11 de la Convención de las Personas con Discapacidad establece que los Estados adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas hipótesis de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
Esto comprende medidas en todas las áreas de la vida de las personas con discapacidad, incluida la protección de su acceso al más alto nivel posible de su salud sin discriminación, bienestar general y prevención de enfermedades infecciosas, medidas para garantizar la protección contra actitudes negativas, aislamiento y estigmatización que pueden surgir en medio de la crisis.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de abril de 2020 emitió una Declaración titulada: ‘COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales’, a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contente esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto de los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de la CSJN”.
2. Derecho a la salud. Emergencia Sanitaria. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Política pública. Poder judicial.
“La Agenda 2030 establece metas destinadas a responder a las epidemias, especialmente mediante el logro de la cobertura sanitaria universal, asegurando el acceso a medicamentos y vacunas, promoviendo la salud mental y el bienestar, reforzando la capacidad de todos los países en materia de alerta temprana, reducción y gestión de riesgos para la salud nacional y mundial.
Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a Justicia sobre las personas en situación de vulnerabilidad, receptan los principios del derecho de familia que el Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido en sus arts. 705 a 710.
De su exposición de motivos, surge que el sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.
Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social”.
“Las personas con discapacidad corren mayor riesgo de desarrollar patologías más graves y de morir a causa de la COVID-19. Las personas con discapacidad tienen mayores necesidades sanitarias y las consecuencias para su salud son peores. Por ejemplo, son más vulnerables a patologías secundarias y comorbilidad, como problemas pulmonares, diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad, que pueden empeorar las consecuencias de las infecciones por COVID-19 [hay cita]”.
“Las barreas para acceder a la atención sanitaria se ven agravadas aún más durante la crisis de COVID-19, lo que dificulta la atención oportuna y adecuada de las personas con discapacidad. Según dan cuenta los informes relevados, las personas con discapacidad que viven en instituciones tienen más probabilidades de contraer el virus y tienen tasas de mortalidad más elevadas. Las personas con discapacidad, incluidas las personas de edad con discapacidad, representan la mayoría de las personas internadas en instituciones a nivel mundial [hay cita]”.
“De lo descripto se desprende que NN se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, y como tal, goza de la protección de todos los derechos constitucionales y convencionales por los cuales esta Juez y la sociedad deben velar para lograr su acabado cumplimiento. Del ‘Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina’ (del 20/12/2020) […], se advierte que no surgen expresamente mencionadas en su articulado, las personas que sufren una discapacidad y se ignora cuál sería el orden de prelación en el que se vacunará, aunque son personas –que tal como lo ha dispuesto la doctrina de la CSJN–, que gozan de una tutela preferente constitucional. Sin embargo, tal omisión ha sido subsanada por el Ministerio de Salud de la Nación, el pasado 26 de marzo, habiendo efectuado la ‘Actualización de los Lineamientos Técnicos – Campaña Nacional de Vacunación contra la Covid-19’. Allí establece los criterios para la priorización de personas a vacunar a saber: riesgo por exposición y función estratégica y riesgo de enfermedad grave. En este último incluye en esta oportunidad a las personas con discapacidad residentes en hogares, residencias y pequeños hogares”.
3. Derecho a la salud. Personas con discapacidad. Razonabilidad. Equidad.
“Como lo ha expresado el Máximo Tribunal, además de la especial atención que las personas discapacitadas merecen por parte de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, razón por la que la consideración primordial de su interés, debe orientar y condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de esta clase de litigios (doctrina de Fallos: 322:2701; 324:122; 327:2413 y 331:1449)”.
“La armonización del interés público con la salvaguarda de las garantías constitucionales impone recordar que la racionalización de los recursos del Estado debe ceder, en casos concretos y singulares, ante la razonabilidad de la decisión judicial.
Por último, cabe recordar el principio de equidad, receptado en el apartado 43 del Estatuto del Juez Iberoamericano. Allí establece que, en la resolución de los conflictos que lleguen a conocimiento de los jueces, –sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente– y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA SALUD; EMERGENCIA SANITARIA; POLÍTICA PÚBLICA; PODER JUDICIAL; RAZONABILIDAD; EQUIDAD;
OBN (causa N° 38979)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba hizo lugar a la impugnación y ordenó a la demandada que, en el plazo de 10 días hábiles, conceda la pensión no contributiva solicitada con su consecuente pago mensual (jueces Sánchez Torres y Navarro).
1. Acción de amparo. Seguridad Social. Vulnerabilidad. LGTBIQ. Tutela judicial efectiva. Personas con discapacidad. Perspectiva de género. Interpretación de la ley.
“'[E]l carácter de la discriminación varía según el contexto y evoluciona con el tiempo. Por lo tanto, la discriminación basada en otra condición social exige un planteamiento flexible que incluya otras formas de trato diferencial que no puedan justificarse de forma razonable y objetiva […]. Estos motivos adicionales se reconocen generalmente cuando reflejan la experiencia de grupos sociales vulnerables que han sido marginados en el pasado o que lo son en la actualidad'”.
“[S]e observa a las claras que el objeto del presente proceso excede los estándares establecidos por la normativa citada, que condicionan el acceso a la tuición estatal, a un porcentaje de incapacidad biológica específico, ya que esto luce insuficiente para dar efectividad a la protección de la vida, la salud y la dignidad de grupos como los que integra la actora, claramente vulnerable y objeto de tutela por parte de todos los poderes del estado”.
“[D]ebe ponderarse no sólo la incapacidad física de la persona sino también la incapacidad social ya que, encontrándose inmersa en una sociedad que la excluye por su identidad de género y las condiciones médicas que la aquejan, difícilmente podrá acceder al mercado laboral que tanto ansía con independencia de su voluntad de hacerlo”.
“[R]esulta inadmisible en el presente caso correr la mirada ante la probada dificultad de ingreso al mercado de trabajo, con la consecuente ausencia de medios para subsistir, y la precariedad habitacional y sanitaria en la que se encuentra la amparista, lo cual la coloca en una crítica situación de necesidad de asistencia que no debe ser desoída, ya que ello conllevaría juzgar de manera ciega y basada en estrictos rigores formales, situaciones que demandan de los sentenciantes una sensibilidad social de mayor envergadura”.
2. Género. Perspectiva de género. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[J]uzgar con perspectiva de género no resulta una 'opción' y mucho menos una 'cuestión' que debe ser introducida o solicitada en la demanda. Juzgar con perspectiva de género es un imperativo moral y ético que ha sido instituido y reglamentado internacionalmente y al cual nuestro país ha adherido por resultar indispensable a los fines de alcanzar un parámetro de justicia que no se quede sólo en la letra de la ley sino que trascienda hacia los justiciables en concreto”.
“[L]a necesidad de abordar los casos con perspectiva de género que aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se deriva de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino relativos a las declaraciones sobre derechos humanos, a los estándares internacionales fijados por los respectivos órganos de aplicación y control, y a la normativa nacional existente, que les otorga carácter constitucional. No resulta la imposición de una ideología o una 'cuestión' disponible sino de la consideración de un abordaje que permita aportar soluciones adecuadas a la conflictividad propia de cada caso”.
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emergencia sanitaria. Vulnerabilidad. LGBTIQ.
“[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 'al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas'”.
ACCION DE AMPARO; SEGURIDAD SOCIAL; VULNERABILIDAD; LGBTIQ; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; GÉNERO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; EMERGENCIA SANITARIA; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;
Fundación Acceso Ya (Causa N° 85682)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia impugnada. También, declaró que la resolución N° 309/SYJSU/GCBA/04 resultaba inaplicable al caso concreto por ser inconstitucional (voto de los jueces Díaz Solimine, Converset y Trípoli).
1. Accesibilidad. Personas con discapacidad. Igualdad. Vulnerabilidad.
“[L]a accesibilidad es la condición previa y fundamental para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad en igualdad de situaciones y disfrutar de manera efectiva todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, lo que debe abarcar el entorno físico”.
“[L]a ley 962 CABA 'Accesibilidad para todos', que modificó el Código de Edificación de esta ciudad se dictó, entre otros aspectos, para el cumplimiento de la mayor accesibilidad física para sus habitantes respecto de los inmuebles de uso público e indudablemente receptó las previsiones que, en torno a ellas ya existían en las leyes nacionales 22.341 y 24.314.
De ahí que, la omisión en la resolución 309/GCBA/SJYSU/04 de replicar uno de los requisitos impuestos por el art. 62 de la citada ley 962 (la acreditación de que no es posible modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones horizontales y verticales) restringe el contenido de la citada ley y permite que los establecimientos no adecuen sus condiciones arquitectónicas en pos de la accesibilidad prevista en dicha norma con el plan de mayor ajuste razonable de adaptabilidad y ello afecta los derechos de las personas con discapacidad impidiendo el cumplimiento de la directiva general de su protección, consistente en la eliminación de las barreras físicas y arquitectónicas respecto de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida”.
“[P]or la vía de la omisión de la resolución en replicar el requisito ya mencionado, se restringen derechos consagrados a nivel internacional, constitucional y local; definen circuitos segregados que reinstauran el paradigma desplazado por la Convención (CIPD) al impedir a las personas con discapacidad una vida autónoma y plena en condiciones de igualdad, limitando su circulación y acceso a espacios públicos y consecuentemente al campo de su vida social”.
2. Accesibilidad. Personas con discapacidad. No discriminación. Igualdad. Reforma legal.
“[E]l primero de enero de 2019 entró en vigencia el nuevo código de Edificación de la Ciudad (Ley 6100, BOCBA, 27/12/2018), en el cual, entre los estándares que define, se encuentra el de accesibilidad y uno de los objetivos básicos es permitir que todas las personas puedan hacer uso de un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades cognitivas o físicas siendo la accesibilidad universal, condición necesaria e imprescindible para la participación de todas las personas más allá de las posibles limitaciones que puedan tener […].
Tal ordenamiento local define a la accesibilidad en sentido amplio como la posibilidad de ingreso o egreso en igualdad de condiciones a un predio, establecimiento, inmueble y sus locales que deben encontrarse libre de obstáculos para la circulación. En sentido estricto, es el conjunto de condiciones o requisitos constructivos que posibilitan a las personas con discapacidades temporales o permanentes, ingresar y desarrollar actividades en edificios; transitar, sin interposición de desniveles que, en su caso, deben ser salvados por rampas o medios mecánicos”.
3. Personas con discapacidad. Accesibilidad. Ajustes razonables. No discriminación.
“La adaptabilidad es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo accesible a las personas con discapacidad temporal o permanente.
Por ajustes razonables se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales […]”.
“[E]l citado ordenamiento local establece exigencias mínimas de accesibilidad universal como requisito para la integración de todos los ciudadanos, sin perjuicio de sus características funcionales. Las condiciones básicas de acceso universal garantizan que todas las personas pueden utilizar un edificio, visitarlo, acceder a sus servicios y prestaciones, independientemente de sus capacidades. Las exigencias mínimas contemplan los espacios de ingreso y/o egreso a los locales de los edificios y las dimensiones de los mismos […]”.
4. Acción de amparo - actos u omisiones de particulares. Personas con discapacidad. Constitución Nacional.
“[E]n virtud de lo expuesto, en especial las normas de protección de rango internacional, nacional y local y, en tanto, en el local Tienda de Café […], las personas con discapacidad y/o movilidad reducida no pueden tener acceso correcto, incluso a las instalaciones sanitarias, configurándose en el caso una omisión que restringe derechos fundamentales en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional”.
ACCESIBILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; IGUALDAD; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; REFORMA LEGAL; AJUSTES RAZONABLES; CONSTITUCION NACIONAL; ACCION DE AMPARO;
González Villalba (Causa N° 15728)Juzgado Federal de Dolores
El Juzgado Federal de Dolores no hizo lugar al pedido de caducidad de la instancia (juez Bava).
1. Dirección Nacional de Migraciones. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Caducidad de la instancia. Emergencia sanitaria.
“[E]l Alto Tribunal tiene resuelto que la caducidad de la instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no es un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito o para prolongar las situaciones de conflicto […] y que como la caducidad de la instancia es un modo anormal de terminación del proceso de indudable interpretación restrictiva, su aplicación debe adecuarse a esas características, sin llevar con excesivo ritualismo el criterio que la preside más allá de su ámbito propio…”.
“[L]as decisiones judiciales no pueden desentenderse del contexto en que son dictadas. La terrible y desconocida –hasta ahora–, pandemia provocada por el COVID 19 obliga a considerar que nos hallamos frente un escenario nunca antes visto. Esa excepcionalidad determina que deban adoptarse soluciones que se adecuen a la nueva realidad…”.
“En definitiva, lo que se busca mediante esta acción –rectamente un recurso–, es la revisión del acto administrativo de expulsión del país de [una persona]. Un acto que, de confirmarse, indudablemente traerá gravosas consecuencias para la migrante, merece que la judicatura lo resuelva, poniendo de ese modo fin al estado de incertidumbre de aquella…”.
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; CADUCIDAD DE LA INSTANCIA; EMERGENCIA SANITARIA;
Comunidad Mapuche Catalán (Causa N° 1490)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, revocó la sentencia apelada e hizo lugar a la demanda. A su vez, dispuso que la Provincia del Neuquén, en el plazo de 60 días, convoque y concrete una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina para oírlos y diseñar en forma conjunta con la Municipalidad de Villa Pehuenia mecanismos permanentes de participación institucional y comunicación a fin de que puedan intervenir en la determinación de las políticas y decisiones municipales (ministros Lorenzetti, Maqueda y ministra Highton con remisión al dictamen de la Procuradora General y, de manera concurrente, ministro Rosatti).
1. Pueblos indígenas. Derecho a ser oído. Constitución Nacional. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas.
“[L]a creación de un municipio es susceptible de afectar, en forma concreta y directa, a las comunidades mapuches en relación con la adecuada protección de su tierra y territorio, y con sus derechos políticos a participar en el diseño de las instituciones políticas locales ya decidir en forma autónoma sobre aspectos indispensables que hacen a la preservación de la vida indígena.
[L]a demarcación es susceptible de afectar la integridad, valor, uso o goce de sus territorios, colocándolos, por ejemplo, bajo jurisdicciones municipales diversas. Es decir, el interés de las comunidades en este caso se funda en la adecuada conservación de la tierra y el territorio que tradicionalmente ocupan (art. 75, inc. 17, Constitución Nacional y arts. 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT)” (dictamen de la Procuradora General a cuyos fundamentos remitieron los ministros Lorenzetti, Maqueda y la ministra Highton).
“[E]l actual art. 75, inciso 17, […] da cuenta de la adopción de un nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural. Esta disposición, luego de afirmar la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, les garantiza un conjunto de derechos específicos basados en el deber de asegurar 'el respeto a su identidad cultural', entre los que destaca como instrumento para hacerlos efectivos el derecho a la participación en la gestión referida a los recursos naturales y otros intereses que los afecten. Por su parte, la constitución de la Provincia del Neuquén contiene en su art. 53 una norma similar al citado art. 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Esta prerrogativa importa 'oír la voz de los pueblos indígenas' con el fin de tomar en cuenta sus intereses, opiniones y puntos de vista en determinados asuntos y prevenir posibles lesiones a su identidad cultural cuando se adopten medidas que puedan afectar su forma de vida o sus costumbres tradicionales. Esta participación debe permitir que los pueblos indígenas expresen sus inquietudes, propuestas y apreciaciones en una etapa oportuna por medio de procedimientos apropiados para resguardar sus derechos e intereses”.
“[L]a 'creación legal' de un municipio no supone un acto por el cual se hace surgir una realidad de la nada […]. Vecinos y viviendas constituyen una realidad preexistente que justifica la decisión gubernamental; por ello lo que hace el legislador es un acto de 'reconocimiento atributivo': 'reconoce' una realidad –en el caso neuquino una cantidad mínima de vecinos– y le 'atribuye' un status jurídico específico pleno de consecuencias institucionales” (voto concurrente del ministro Rosatti).
2. Pueblos indígenas. Consulta previa. Autodeterminación. Vulnerabilidad. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas.
“[E]l derecho a la consulta es, en este caso, una de las herramientas para que las comunidades indígenas gocen, de manera efectiva, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, que está previsto en la Constitución  Nacional (arts. 1 y 37) y en los instrumentos internacionales (art. 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 21, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 20, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 23, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
[L]a sola concesi6n de esas facultades a una autoridad municipal, sin cumplir con el deber de consultar a las comunidades indígenas, puede implicar un menoscabo de su derecho a la autodeterminación, así como a mantener y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, y a decidir y controlar sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural”.
“En el caso, el derecho a la participación se ve afectado no sólo por la falta de consulta previa a la sanción de la ley 2.439 sino también porque la regulación de la Municipalidad de Villa Pehuenia no prevé un mecanismo que asegure la participación permanente de las comunidades indígenas en el gobierno municipal, aun cuando se trata de una jurisdicción con gran presencia de comunidades mapuches” (dictamen de la Procuradora General a cuyos fundamentos remitieron los ministros Lorenzetti, Maqueda y la ministra Highton).
“[N]o solo no ha ‘oído’ a los pueblos y comunidades alcanzadas por dicha normativa, con carácter previo a su sanción, sino que tampoco ha contemplado la creación de mecanismos apropiados y adecuados que aseguren una participación permanente de aquellos en el diagrama del gobierno municipal creado, de modo que puedan intervenir, de manera efectiva, en la determinación de las políticas que los atañen. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas –debido a su idiosincrasia que los diferencia de la mayoría de la población– exige que el Estado diseñe, promueva y fomente diversas formas de participación que permitan a dichos sectores de la sociedad entender en los asuntos públicos que involucren sus intereses”.
“[L]a 'participación' de los pueblos y comunidades indígenas no puede ser entendida con un alcance limitado al proceso de elección de autoridades; debe asegurar una interacción adecuada, armoniosa y razonable entre la forma de vida indígena y la no indígena en la gestión gubernamental, haciendo realidad el modelo de Estado multicultural y plural que ha adoptado nuestro país” (voto concurrente del ministro Rosatti).
PUEBLOS INDÍGENAS; DERECHO A SER OIDO; CONSTITUCION NACIONAL; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; CONSULTA PREVIA; AUTODETERMINACION; VULNERABILIDAD;
PPN. Internos U4 SPF(causa n° 7825)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación y se remitió a ellos. En ese sentido, desestimó el recurso de queja (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti y ministra Highton).
1. Cuestión de derecho común. Ejecución de la pena. Leyes laborales. Cárceles. Derecho al trabajo. Salario. Licencia.
“[L]os reclamos basados en la interpretación del derecho común –carácter que ostenta la ley 24660 […]– remiten a cuestiones cuya resolución es privativa de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria.
Tal es el caso de lo decidido en las instancias anteriores con fundamento en los artículos 107, 117 Y 120 de la ley de ejecución penal, en cuanto establecen, respectivamente, que el trabajo de los internos respetará la legislación laboral y de la seguridad social vigente, que en su organización, métodos, jornadas, horarios, seguridad e higiene se atenderán las normas del trabajo libre, y que el salario será abonado en los términos establecidos en la regulación en vigor, todo lo que condujo al tribunal a quo a considerar que el tiempo trabajado se debía computar como lo dispone el artículo 152 de la ley de contrato de trabajo, es decir, incluyendo los períodos de licencias legales o convencionales y las ausencias por enfermedad u otras causas no imputables al trabajador empleado” (dictamen del Procurador General de la Nación).
2. Cuestión de derecho común. División de los poderes.
“[S]obre la posibilidad de fijar un plazo judicial a la incorporación de talleres para ampliar la oferta laboral […] el reclamo se dirige a una cuestión de derecho procesal ajena a la revisión de la Corte, en tanto la mera invocación del principio de división de poderes carente de una explicación concreta acerca de cuál sería la facultad privativa de la administración que mediante ese proceder se habrían arrogado los jueces, no basta para demostrar la existencia de una auténtica cuestión federal, ni es fundamento bastante para apreciar un supuesto de arbitrariedad” (dictamen del Procurador General de la Nación).
CUESTIÓN DE DERECHO COMÚN; EJECUCIÓN DE LA PENA; LEYES LABORALES; CÁRCELES; DERECHO AL TRABAJO; SALARIO; LICENCIA; DIVISIÓN DE LOS PODERES;
GA (causa N° 32878)Tribunal Oral de Menores Nro. 1
El Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital Federal absolvió a GA (jueza Cassara y jueces Apolo y Perelmuter).
1. Prueba. Prueba testimonial. Identificación de personas. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo.
“Todo el análisis del exiguo cuadro probatorio […] permite situar que las tareas de inteligencia llevadas a cabo, no dieron el resultado esperado, y que el testigo convocado al efecto debía ser identificado o mínimamente contar con otra prueba de cargo que lleve a dar con la identificación del sujeto que cometió el hecho ilícito, más allá de la supuesta identificación por parte de unas personas que no fueron ni siquiera descriptas y durante la audiencia de debate no se pudo precisar, como fueron localizadas.
La orfandad probatoria aludida, pese a la incorporación de los testimonios recabados, como así también los peritajes realizados, deviene de entidad precisamente dado que [el] testimonio [del policía] se erige en el único elemento incriminante directo, el que no ha podido ser verificado por otros elementos de convicción de objetiva conformación”.
“Así cabe concluir que el plexo incriminatorio conformado en la especie, por todos los factores precisados, a la luz de la sana critica racional deviene altamente endeble como para sustentar, con el debido rigor jurídico un pronunciamiento condenatorio, por lo que extremos atinentes al más elemental principio de prudencia y sensatez frente al complejo cuadro de incertidumbre que así el caso genera, son todos ellos vectores que indican en el ‘sub lite’ la adopción del temperamento previsto por el art. 3° del código de rito en cuanto a una decisión absolutoria y la inmediata libertad del encausado”.
PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; IDENTIFICACION DE PERSONAS; APRECIACION DE LA PRUEBA; IN DUBIO PRO REO;
Maidana Espindola (Causa N° 73868)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal De Córdoba Nº 1 hizo lugar al pedido de la defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 10, del Código Penal de la Nación (jueces Gavier y Falcucci, y jueza Prado).
1. Ley de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Libertad condicional. Excarcelación. Ejecución de la pena. Principio de reinserción social. Interpretación de la ley. Principio de progresividad. Igualdad.
“[L]a finalidad de reinserción social del condenado se erige como base de toda la estructura de la ejecución de la pena y piedra angular de la posterior interpretación del resto de los preceptos que la regulan, y compete al juez velar por su cumplimiento”.
“[La prohibición de acceso a la libertad condicional a las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la ley N° 23.737] conspira contra el postulado del artículo 1º de la Ley 24660, en tanto que, consagrada la finalidad de resocialización de la pena, impide otorgar la libertad condicional a condenados por los delitos de narcotráfico mencionados [...]. Ello se presenta como una franca violación a los principios generales que rigen la ejecución penal, en tanto —puntualmente— contraviene los principios reconocidos en la citada ley: reinserción social (art. 1), humanidad (art. 9), la naturaleza del sistema de progresividad de la pena (arts. 5 a 7), e igualdad ante la ley (art. 8)”.
‘’[L]a negativa de acceso a institutos de liberación anticipada a determinada categoría de personas en función del delito cometido carece de [...] razonabilidad, por cuanto no sólo coarta la posibilidad de una mejor y adecuada reinserción social, a través de un período de libertad previo al agotamiento de la pena, sino que tal limitación soslaya de plano la consideración de la actividad desarrollada por los condenados durante el cumplimiento de su pena, contraviniendo así los principios de resocialización y progresividad de la pena”.
2. Ley de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Libertad condicional. Excarcelación. Declaración de inconstitucionalidad. Igualdad. Principio de proporcionalidad.
“[T]ampoco se advierte la legitimidad de dicha distinción desde el punto de vista del orden constitucional, habida cuenta de que la citada finalidad resocializadora de la pena goza hoy de raigambre constitucional por su recepción en los tratados internacionales incorporados a la Carta Magna (arts. 5.6 CADH y 10.3 PIDCP, conforme art. 75 inciso 22, CN). Para ser válido constitucionalmente, dicho trato diferenciado debe ser compatible con la finalidad esencial de la ejecución penal, puesto que, de lo contrario, se estaría violando además el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional; 24 CADH y 15 del PIDCP, art. 8 de la Ley 24660”.
“[L]a exclusión contenida en la norma en cuestión resulta contraria a los principios de proporcionalidad (arts. 18 y 19 de la CN, 9 de la CADH y 15 del PIDCOP) y humanidad de las penas (art. 5.6, CADH)”.
“[S]e trata de un derecho del condenado que no puede ser invocado en contra de la persona privada de su libertad, ni utilizado como fundamento para el dictado de decisiones que restrinjan otros derechos fundamentales o establezcan soluciones o condiciones de detención más perjudiciales para la persona. Si se mira bien, el artículo 14 del Código Penal (en su actual redacción, Ley 27375) nuclea una serie de delitos marcados por la gravedad y/o violencia. Ahora bien, la gravedad que representan los delitos tipificados en la Ley 23737 no puede configurar, por sí solo, un criterio válido para definir el régimen de ejecución de la pena aplicable, y menos aun cuando ello importa un apartamiento a principios constitucionales’’.
“Eliminar legalmente la posibilidad de acceder al régimen de libertad condicional con estricta base en una consideración de la naturaleza del delito cometido, sin atender a extremos relativos al avance y esfuerzo durante su detención […] supone un trato desigual, al impedir que, de acuerdo a la evolución de su comportamiento, vaya obteniendo una disminución de la restricción de la libertad y mayor margen para la autodisciplina...”.
“[T]ampoco los compromisos internacionales asumidos por el país con motivo de acuerdos suscriptos en materia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes habilitan la violación o supresión de derechos o garantías consagrados en la Constitución Nacional”.
LEY DE ESTUPEFACIENTES; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; LIBERTAD CONDICIONAL; EXCARCELACIÓN; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; IGUALDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Rodríguez (causa N° 404)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, rechazó el recurso de casación (jueza Figueroa y juez Petrone).
1. Personas privadas de libertad. Tenencia de estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Ley de estupefacientes. Principio de lesividad. Derecho a la privacidad. Derecho a la intimidad.
“[L]a circunstancia de encontrarse privado de su libertad en un ámbito carcelario no excluye la aplicación de la doctrina sentada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ya citado precedente 'Arriola'”.
“[S]i bien es cierto que la situación de encierro […] importa la limitación del ámbito de disponibilidad de la persona y la extensión de su privacidad, no es menos cierto que las personas aun en la situación de encierro carcelario mantienen un ámbito de intimidad constitucionalmente resguardado, si bien reducido o limitado en orden a aquello que es 'evidentemente necesari[o] por el hecho del encarcelamiento'”.
“No puede desatenderse entonces a las circunstancias particulares de la tenencia en el caso, para determinar su efectiva trascendencia o no fuera del ámbito de privacidad de la persona, pues no se trata de la arbitrariedad de la injerencia estatal en sí, en la forma de control de aquello que la persona alojada en una dependencia penitenciaria tiene en su poder, sino de la finalidad de esa injerencia que debe estar dirigida a mantener y preservar la seguridad de ese y de todos los demás internos, lo que se vería amenazada por ejemplo, por la tenencia de armas de cualquier tipo pero no por una escasa cantidad de estupefacientes”.
“[D]ebe tenerse en cuenta que a [la persona imputada] se le secuestró una muy escasa cantidad de estupefacientes (2,2 gramos de marihuana, en 5 cigarrillos de armado casero), que aquél tenía guardados debajo de una caja, en una repisa en el interior de la celda que solo él ocupaba”.
“[N]o se evidencian en el caso la concreta afectación al bien jurídico salud pública ni daños producidos a bienes jurídicos o derechos de terceros”.
‘’Es evidente que si [la persona imputada] tenía en su poder 5 cigarrillos de marihuana (2,2 gramos) es porque de alguna manera esa sustancia había sido ingresada a la unidad pero no por ello su mera tenencia resulta un supuesto excluido de las consideraciones realizadas por nuestro Máximo Tribunal en el citado precedente 'Arriola' en términos del ámbito de privacidad resguardado por el art. 19 de la CN’’ (voto de la jueza Figueroa, a cuya decisión adhirió el juez Petrone).
“[I]ndependientemente de las razones que llevaron a la Cámara a quo a decidir del modo en que lo hizo, lo cierto que el impugnante no introdujo una crítica razonada que logre conmover el temperamento por aquella adoptado, sino que, por el contrario, los agravios por él esgrimidos únicamente demuestran una opinión diversa sobre lo debatido y resuelto por los jueces de aquel tribunal […]; decisión que, por lo demás, cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido” (voto del juez Petrone).
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; LEY DE ESTUPEFACIENTES; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA INTIMIDAD;
Swiss Medical (causa Nº 1037)Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó el recurso y confirmó la decisión (voto del juez Balbin, al que adhirieron el juez Mántaras y la jueza Schafrik).
1. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Relación de consumo. Derecho a la salud.
“[L]os derechos tutelados por las normas que reglamentan las relaciones de consumo, por concitar un interés general, son de orden público, y por ende, no disponibles por las partes, fundado en el especial interés que tiene el Estado en la protección de la parte más débil […].
En consonancia con ello, corresponde la aplicación en la materia del principio in dubio pro consumidor, equilibrando de tal forma la desigualdad en la que se encuentran los contratantes al momento de la negociación y ejecución del acuerdo…”.
“[L]a relación de consumo cuestionada en autos trata sobre la prestación de servicio de medina prepaga que involucra problemáticas padecidas por los afiliados relacionadas con el derecho a la salud, íntimamente relacionado con el derecho a la vida y al principio de la autonomía personal […].
A su vez, cabe reiterar que la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios protegiendo –entre otros derechos– la salud (art. 46, CCABA) y que la protección constitucional del derecho a la salud resulta operativa, conforme el art. 10, CCABA”.
2. Contrato de medicina prepaga. Contrato de adhesión.
“Sin perjuicio de ello, y aún en el supuesto en el que se pudiera considerar que al momento de suscribir el contrato el consumidor tuvo efectivo conocimiento de los posibles aumentos en la cuota del plan, ello no suple en modo alguno el deber específico que tenía la empresa de responder en forma clara, completa, detallada ante el reclamo iniciado por el usuario”.
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; RELACIÓN DE CONSUMO; DERECHO A LA SALUD; CONTRATO DE MEDICINA PREPAGA; CONTRATO DE IMPRESIÓN;
Boudou (causa n°1302)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso, anuló la resolución impugnada y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que realizase una audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas y luego dictase un nuevo pronunciamiento (jueces Carbajo y Borinsky y jueza Ledesma).
1. Principio de contradicción. Derecho de defensa.
“[E]n el caso, se configuró una afectación al derecho de defensa […] por cuanto el órgano judicial interviniente, de manera previa a resolver, omitió dar intervención a la defensa del dictamen fiscal presentado […].Dicha circunstancia, impidió a los defensores desarrollar su estrategia defensiva, incorporar nuevos argumentos y/o explicar los puntos más importantes de su oposición, todo lo cual redundó en la afectación a su derecho constitucional de defensa técnica eficaz […].Esa afectación incluso se cristalizó en el contenido de la decisión recurrida, pues aquella ha sido fundada esencialmente en los extremos señalados por el fiscal, sobre los cuales no ha habido contradicción de la defensa. De esta manera, se observa que el juez no garantizó un ejercicio adecuado de la contradicción entre las partes”.
“[E]l principio de contradicción no puede ser entendido como una mera formalidad sino como un presupuesto de validez de la decisión adoptada por el juez en cualquier etapa del proceso.[U]na de las consecuencias que hacen a la aplicación del principio contradictorio es que la convicción del juez emane de la información que surja de esa contradicción, ya que ella ha podido ser apreciada y discutida por las partes, en su presencia”.
“En el caso, el principio de contradicción no encontró una expresión plena pues en el marco de las vistas sucesivas escritas, las defensas no han podido contradecir los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal […], de modo tal que se vieron impedidas de defenderse de esas interpretaciones, y esto, repercutió en una decisión que pospuso sus intereses”.
2. Audiencia. Derecho a ser oído. Garantía de imparcialidad. Principio acusatorio. Principio de contradicción. Reforma legal.
“[E]l déficit observado es propio de los sistemas que se rigen por la escritura, pues con el trámite del expediente resulta sumamente dificultoso que los magistrados garanticen un genuino contradictorio entre las partes respecto de todos y cada uno de los puntos de discusión. Siendo así, […] este tipo de decisiones deben ser abordadas en el marco de una audiencia oral y pública con la presencia ininterrumpida de todas las partes.
Es que el derecho a ser oído de la persona sometida a proceso –en cualquiera de sus etapas–, alcanza su expresión real en una audiencia oral frente a un juez, pues en dicho momento procesal, se encuentra en óptimas condiciones de contestar cualquier imputación que se le formula e incorporar circunstancias y argumentos que considere necesarios para hacer valer su defensa.
Desde un punto de vista constitucional, la audiencia oral y pública es el escenario más propicio para garantizar adecuadamente ese derecho pues allí se maximizan las garantías de contradicción, imparcialidad y publicidad. Asimismo, se ven ampliamente favorecidos los principios de inmediación, celeridad y concentración, que permiten arribar a decisiones de mayor calidad jurisdiccional.
En efecto, la audiencia oral fomenta la participación de las partes de un modo dinámico y transparente, permitiendo un control interno de la información que ingresa, gracias a la actividad de los adversarios que se enfrentan en una genuina contradicción litigiosa y, un control externo debido a su carácter público; todo lo cual permite arribar a decisiones de una mayor calidad y legitimidad, en preservación de los derechos constitucionales del acusado”.
“[L]os principios de contradicción, oralidad e imparcialidad constituyen las bases del sistema acusatorio que ha sido implementado con la sanción del nuevo Código Procesal Penal Federal…” (jueza Ledesma).
3. Sentencia firme. Prisión domiciliaria. Ejecución de la pena. Libertad condicional.
“[D]e la lectura de la resolución impugnada no surgen cuáles han sido los motivos por los que el magistrado de la instancia previa decidió apartarse del criterio esgrimido al conceder el arresto domiciliario [del hombre imputado].Ello así, en tanto no fue explicitada la variación de la situación fáctica que sustente tal decisión.
En este sentido, debe destacarse que la firmeza de la condena impuesta no tiene necesariamente implicancias sobre la modalidad de ejecución de la pena en detención que [el hombre] se encuentra cumpliendo en la actualidad. En la resolución impugnada tampoco se invocó ni aludió que el nombrado haya incurrido en alguno de los supuestos contemplados legalmente para la revocación de la detención domiciliaria…”.
“Aunado a ello, se advierte que, el condenado […], se encontraría próximo a cumplir con el requisito temporal previsto en el art. 13 del CP” (juez Borinsky).
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; DERECHO DE DEFENSA; AUDIENCIA; DERECHO A SER OIDO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; PRINCIPIO ACUSATORIO; REFORMA LEGAL; SENTENCIA FIRME; PRISIÓN DOMICILIARIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL;
Riquelme (causa N° 2405)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, de manera unipersonal, hizo lugar a la impugnación y dejó sin efecto la resolución (jueza Alcalá).
1. Suspensión del juicio a prueba. Contrabando de estupefacientes. Reglas de conducta. Excesivo rigor formal. Emergencia sanitaria. Maternidad.
“[S]i bien es cierto que la imputada no puso en conocimiento del Magistrado de anterior grado las circunstancias sobrevinientes y la consecuente imposibilidad de cumplir con las obligaciones impuestas, no lo es menos que el hecho de haber sido madre y posteriormente haberse declarado una pandemia a nivel mundial –con los alcances y connotaciones de público conocimiento– devienen en condiciones trascendentes y excepcionales a efectos de un análisis contextualizado de la situación debatida”.
“[M]eritando las especiales circunstancias personales y objetivas arriba expuestas, […] resulta de un excesivo rigor formal la suspensión del beneficio otrora otorgado, cuando se encuentra acreditado que las obligaciones impuestas se están cumpliendo, aun con retraso, habida cuenta las consecuencias resultantes del marco de emergencia sanitaria y las condiciones particulares de la encausada”.
2. Suspensión del juicio a prueba. Reglas de conducta. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Vulnerabilidad.
“[L]leva razón la Defensa al destacar que en el razonamiento expuesto en la resolución recurrida se ha obviado la incorporación de la perspectiva de género. Al respecto, siendo la imputada madre soltera, de joven edad y con una hija muy pequeña, no puedo dejar de valorar la especial coyuntura de vulnerabilidad que dichas circunstancias implican”.
“[La imputada] resulta una persona vulnerable y susceptible de una especial protección y, en tal entendimiento, las constancias de la causa ameritan que la misma sea resuelta conforme a los parámetros legales pero – sobre todo– con una visión humana, contextualizada y con perspectiva de género de los hechos en análisis”.
“Esta nueva mirada del derecho, rompiendo estereotipos en la metodología de aplicarlo, permite que casos como el presente encuentren adecuada respuesta, poniendo el acento en la especial situación que condicionó e influyó en el incumplimiento de las obligaciones impuestas oportunamente. [E]l análisis de la situación con una mirada desde el prisma de la justicia con perspectiva de género justifica en el sub lite la demora en la práctica de los estudios y cursos que debió llevar a cabo”.
3. Suspensión del juicio a prueba. Principio de intrascendencia de la pena. Interés superior del niño.
“[L]a pena o las consecuencias del proceso no deben trascender a la persona investigada, y no puede desconocerse que la cuestión suscitada trasciende la situación particular de la imputada y resulta susceptible de repercutir de manera desfavorable sobre su hija menor, afectando el interés superior de los niños, cuya protección goza de rango constitucional…”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES; REGLAS DE CONDUCTA; EXCESIVO RIGOR FORMAL; EMERGENCIA SANITARIA; MATERNIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Rodríguez Altamira (N° 39913)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de casación (jueces Borinsky y Carbajo). En disidencia, la jueza Ledesma hizo lugar a la impugnación, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inc. 10 de la ley N° 24.660 y 14 inciso 10 del Código Penal, y anuló la sentencia impugnada.
1. Reforma legal. Ejecución de la pena. Principio de reinserción social. Progresividad de la pena. Declaración de inconstitucionalidad.
“La ejecución de la pena privativa de la libertad se rige principalmente por un sistema progresivo que es la materialización del principio constitucional de reintegración social consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 10.3 PIDCyP y el art. 5.6 de la CADH). [T]anto la legislación como la función carcelaria y judicial deben tener en miras la reintegración social, lo que significa que cualquier decisión o norma que sea restrictiva de este postulado será contraria al fin de la ejecución de la pena”.
“[La ley de ejecución, en su artículo 1,] adopta como fin de la ejecución de la pena —y no de la pena— el ‘ideal resocializador’ [...] criterio que además se mantuvo con la modificación de la ley 27.375, aunque paradójicamente la norma luego veda el acceso a los institutos que hacen a la plena vigencia del art. 1...”.
“En función de todo lo expuesto, […] las limitaciones de los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 atentan contra la progresividad del régimen consagrado constitucional (arts. 18, 75 inc. 22, 5.6, CADH, 10.3 PIDCyP) y legalmente (artículos 6, 12, 7, 8, 14, 28, ley 24.660), en tanto importan una restricción para acceder a institutos liberatorios que hacen a la naturaleza resocializadora del modelo”.
2. Reforma legal. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Igualdad.
“El texto de los Tratados que conforman el bloque constitucional no indican ningún tipo de diferenciación con motivo del delito. Así pues, allí donde la norma de orden superior no ha efectuado distinciones, no corresponde que las leyes de inferior jerarquía lo hagan, como es del caso verificar a través de las previsiones de los artículos 14i inc. 10 del CP y 56 bis inc. 10 de la ley 24.660 al establecer un status inferior para los condenados por delitos contra 23.737. La reinserción social constituye un derecho de los condenados y es obligación del Estado garantizarla a todos ellos”.
“[L]as restricciones que establecen los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 no encuentran basamento en la conducta del condenado mientras cumple la pena, sino que se basan excluyentemente en el delito cometido contra la ley 23.737; pauta que resiente la igualdad que debería regir en el trato hacia los condenados y que anula la importancia de la conducta individual del condenado en su evolución personal hacia la reinserción social”.
3. Reforma legal. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Régimen preparatorio para la liberación.
“Se ha sostenido, sin embargo, que la progresividad del régimen no se encuentra menguada pues el legislador previó una modalidad preparatoria para la liberación en el artículo 56 quater, ley 24.660.
En efecto, dicha norma establece el Régimen preparatorio para la liberación, según el cual ‘En los supuestos de condenados por delitos previstos en el artículo 56 bis, la progresividad deberá garantizarse a partir de la implementación de un régimen preparatorio para la liberación, elaborado a través de un programa específico de carácter individual, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido, que permita un mayor contacto con el mundo exterior […]’ (art. 56, quater, ley 24.660).
De la lectura de la norma se advierte la imposibilidad de considerar este programa preparatorio como una forma adecuada de garantizar el régimen progresivo, pues carece de un requisito esencial: la existencia de un mecanismo supervisado de libertad permanente antes del vencimiento de la pena.
En efecto, el art. 56 quater no prevé modalidades de libertad vigilada, sino que lo máximo que establece son salidas diurnas de un máximo de 12 horas durante los últimos 3 meses. Estas salidas de carácter transitorio no logran satisfacer el estándar mínimo necesario para considerarlas compatibles con el sistema progresivo.
Si bien la norma establece que debe garantizarse la progresividad, lo cierto es que dicho enunciado se agota en lo meramente terminológico.
Está lo suficientemente claro que mediante el artículo 56 bis el legislador tuvo la intención de eliminar la progresividad del régimen, es decir, impedir que cierto grupo de condenados accedieran a determinados institutos liberatorios, motivo por el cual es difícil de sostener que luego haya procurado garantizarlo. No se puede afirmar simultáneamente que se elimina la posibilidad de acceder a la libertad condicional y al mismo tiempo que subsiste la progresividad del modelo”.
REFORMA LEGAL; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; IGUALDAD; RÉGIMEN PREPARATORIO PARA LA LIBERACIÓN;
Escudero (causa Nº 25)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario federal, revocó la sentencia recurrida, declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyó al imputado. Además, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a que adoptara, con carácter urgente, medidas conducentes para que cesara la excesiva duración de los trámites recursivos en el fuero penal de su jurisdicción (ministra Highton de Nolasco y ministros Maqueda y Lorenzetti).
1. Condena no firme. Recursos. Duración del proceso. Plazo razonable. Debido proceso. Derecho de defensa. Cuestión federal.
“[E]n primer lugar –y sin perjuicio del tenor de los agravios planteados por la parte recurrente–, incumbe a este Tribunal expedirse sobre la cuestión federal que involucra la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. En efecto, toda vez que la prosecución de un pleito indebidamente prolongado –máxime de naturaleza penal– conculcaría el derecho de defensa de los acusados (conf. ‘Mattei’, Fallos: 272:188)”.
“[S]e ha conculcado el derecho de [el hombre imputado] a ser juzgado en un plazo razonable, toda vez que en el caso particular, tratándose de un ilícito común y que no presentaba mayores complejidades probatorias, el tiempo irrogado desde el momento del hecho y hasta la sentencia condenatoria fue inferior a un año; mientras que, hasta la fecha, la etapa recursiva –cuyo más elemental objetivo es la búsqueda de mejor derecho– ha insumido más de veintiún años sin que el encausado pueda contar con un pronunciamiento definitivo pasado en autoridad de cosa juzgada”.
“[E]l juzgamiento de un delito de muy escasa complejidad se ha extendido ya por más de veintidós años sin que se haya arribado aún a una sentencia que determine, en forma definitiva, la situación procesal [del imputado]. Como así también que la inmensa mayoría de ese tiempo (veintiún años) correspondió al trámite –todavía inconcluso– de la impugnación deducida por la defensa contra la condena primigenia y los fallos posteriores de los tribunales intermedios que la confirmaron, a cuya morosidad ha contribuido de un modo decisivo la injustificada reiteración de ‘tiempos muertos’…”.
2. Duración del proceso. Plazo razonable. Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
“[D]e igual manera, corresponde reiterar la preocupación […] en orden al problema referido a la excesiva duración de los trámites recursivos en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, exhortar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de dicha provincia, en su calidad de máxima autoridad del Poder Judicial provincial –y, por su intermedio, a los órganos que corresponda– para que adopte, con carácter de urgente, medidas conducentes a hacer cesar la problemática descripta”.

CONDENA NO FIRME; RECURSOS; DURACIÓN DEL PROCESO; PLAZO RAZONABLE; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CUESTIÓN FEDERAL; SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;
LRV (Causa N° 41224)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, Sala II
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, por mayoría, declaró desierto el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia (Jueces Gallo y Jorda).
1. Recursos. Recurso de apelación. Expresión de agravios. Deber de fundamentación. Segunda instancia. Revisión judicial. Deserción. Deserción del recurso.
“[E]sta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que —en el caso concreto— se atribuye al sentenciante […].
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo…”.
“[S]e exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído —en cuanto juzgado erróneo— como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general —dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales— puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia […].
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente…”.
2. Responsabilidad civil. Daño. Daño psicológico. Informe pericial. Apreciación de la prueba. Indemnización.
“[N]uestro ordenamiento sustantivo civil no contempla una expresa discriminación entre daño físico y daño psíquico. Por esta razón puede sostenerse —como lo hace en jurisprudencia consolidada el Superior provincial— que la expresión genérica ´daño´, resulta abarcativa de ambas especies de detrimentos.
Para tener por comprobada su existencia adquiere particular relevancia, atento sus ribetes científicos, la pericia psicológica (arg. Artículo 457 del Código Procesal).
[L]a pericia emana de profesional competente, está suficientemente fundada, es clara y explicativa y no existen datos (objetivos) que la contradigan (arts. 384 y 474 del CPCC)…”.
“[N]o existe duplicidad resarcitoria, sino condena a resarcir un daño psicológico concreto, entendiendo que el mismo puede disminuir, aunque no desaparecer, con el tratamiento indicado…”.
3. Daños y perjuicios. Daño. Daño moral. Indemnización. Reparación. Reparación y cuantificación de los rubros indemnizatorios. Género. Embarazo. Personas con discapacidad.
“[E]l eje, en torno al que gira el resarcimiento del daño moral, es el criterio de la alteración o pérdida de ´la armonía vital del individuo´ […].
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades —frustradas, por lógica, a raíz de la lesión— que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida […].
[S]u finalidad es netamente resarcitoria y no sancionatoria, por lo cual es indistinto para su fijación cual haya sido el tenor de la conducta del victimario, sino que lo trascendente es el padecimiento de la víctima.
Por lo demás, el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria, y aquella no tiene porque guardar una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico—psíquico—estético. Tal solución obedece, a la evidente diferente teleología que tiene cada uno de estos rubros…”.
“E]n casos como el presente, debe tenerse presente que los hechos pueden haber no dejado un impacto físico o psíquico permanente de consideración, pero sí generado estados de desasosiego, intranquilidad, angustia y ansiedad, en el específico contexto vivencial del reclamante (mujer, embarazada, con un problema que requiere atención y cuidados)…”.
4. Constitución Nacional. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Contrato de medicina prepaga. Usuarios y consumidores. Defensa del consumidor. Incumplimiento. Rescisión del contrato. Daño punitivo. Multas. Indemnización. Reparación y cuantificación de los rubros indemnizatorios. Derecho a la salud. Género. Perspectiva de género. Embarazo. Personas con discapacidad.
“[E]l art. 52 bis de la ley 24.240 establece que ´al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan´.
[D]ada la funcionalidad que tiene el daño punitivo —como se dijo punitiva y disuasoria de la realización de conductas perjudiciales para el consumidor— su importe es independiente de otras indemnizaciones que se fijen…”.
“[El caso refiere a] dejar sin cobertura médica, indebidamente, a una mujer, embarazada y con una problemática que exigía una atención especial. De hecho, la actora había perdido embarazos previos y la apelante no tuvo mejor idea que, aun luego de comenzar a brindarle atención, decidir rescindir su contrato.
Es que no podemos observar este tipo de cuestiones desde un lente genérico o un mirador abstracto (argumentando sobre los daños punitivos en general) sino observando las cosas en concreto. Por lo demás, los daños punitivos no constituyen una isla en nuestro ordenamiento jurídico, sino que es necesario hacerlos jugar en un contexto global.
Así entonces, y si resulta —por imperio convencional y constitucional— dispensar una adecuada protección a la mujer, mas aun cuando cursa una etapa tan sensible como lo es la de gestación y todavía mas si es una mujer que ha sufrido, antes, lo que implica la pérdida de otros embarazos, es imprescindible que el estado, en todas sus órbitas, reaccione intensamente ante este tipo de abusos.
En efecto: si la Constitución Nacional nos habla de la protección a la mujer embarazada (art. 75 inc. 23) y lo propio nos indican las convenciones internacionales (art. 12.2 CEDAW), y encuentra su desenvolvimiento normativo en la ley 25.929, no pueden convalidarse temperamentos, de ningún tipo, que impliquen una desprotección en este sentido o un trato indebido hacia la mujer embarazada.
[Y] justamente para evitar este tipo de cuestiones, en el futuro y con otras mujeres, es que aquí los daños punitivos entran en juego…”.
“[N]o existen pautas matemáticas para efectuar la cuantificación (sencillamente porque en este tipo de procesos carecemos de ella), sino que debemos operar con apoyatura en las circunstancias del caso, y especialmente en la gravedad de la situación…”.
RECURSOS; RECURSO DE APELACIÓN; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; SEGUNDA INSTANCIA; REVISION JUDICIAL; DESERCIÓN; DESERCIÓN DEL RECURSO; RESPONSABILIDAD CIVIL; DAÑO; DAÑO PSICOLÓGICO; INFORME PERICIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; INDEMNIZACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; REPARACIÓN; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; GÉNERO; EMBARAZO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CONSTITUCION NACIONAL; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CONTRATO DE MEDICINA PREPAGA; USUARIOS Y CONSUMIDORES; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; INCUMPLIMIENTO; RESCISIÓN DE CONTRATO; DAÑO PUNITIVO; MULTAS; DERECHO A LA SALUD; PERSPECTIVA DE GÉNERO;
MAM (Causa 171589)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Tercera
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la apelación y ordenó que el Banco de la Provincia de Buenos Aires reintegrara las sumas en la cuenta de ahorros al momento de la estafa, y que se abstuviera de realizar los débitos automáticos y mensuales en concepto del préstamo personal hasta la definición de la acción principal (jueces Gérez y Zampini).

1. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Vulnerabilidad. Adultos mayores. Principio pro homine.
“De las constancias obrantes en autos surge que existe una relación de consumo entre las partes del proceso. También hay una tutela efectiva que tiene la actora de raigambre constitucional y convencional (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 15 Const. Pcia. Bs. As). Así, la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, define a este grupo como ‘...aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor...’. El artículo cuarto de ese cuerpo normativo dice que los estados partes ‘...adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos...’. En cuanto a la relación de consumo, la Resolución n° 139/2020 dictada por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo de la Nación, dice en su artículo primero: ‘Establécese que a los fines de lo previsto en el Artículo 1° de la Ley N° 24.240 se consideran consumidores hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores...’.
Repárese que, entre la vulnerabilidad estándar del consumidor y las condiciones o situaciones en que se encuentran grupos de personas vulnerables como en el presente caso en relación a la condición de ‘adulto mayor’ de la actora, permite identificar en el derecho del consumidor una categoría que requiere especial protección vinculada de manera directa con la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones de consumo. La intervención de la justicia en auxilio de los más débiles resulta una exigencia axiológica y constituye expresión cabal del principio pro homine o pro persona. Desde ese enfoque, la protección del consumidor vulnerable se afianza en el nuevo el Código Civil y Comercial de la Nación, en razón que se exige que los derechos humanos encuentren eficacia concreta en la aplicación las reglas de Derecho privado [hay cita]”
2. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“En la precautoria requerida por la accionante destacamos que las medidas innovativas apuntan a situaciones jurídicas aparentemente legales o vigentes que demandan una modificación o alteración urgente, pues, de mantenerlas en esos términos, y conforme vienen funcionando, pueden causar daños irreparables en derechos fundamentales (salud, vida, propiedad, acceso a la justicia, etc.) […]. Su ‘razón de ser’, apunta la doctrina, se fundamenta en el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 18 de la Constitución Nacional que garantiza la tutela judicial continua y efectiva. De allí que no pueda ser acotada estrictamente a pautas rígidas e inamovibles. Queda en mano de los letrados de las partes y de los jueces el rol creativo de modelar las figuras que garanticen los derechos en juego teniendo en cuenta sus peculiaridades, urgencia, trascendencia, incidencia respecto de terceros, etc”.
“[H]aciendo una lectura prima facie de las constancias obrantes en el expediente, el derecho invocado por la parte actora en ¬–su presentación inicial y en la ampliación de la demanda– resulta verosímil en cuanto al ‘engaño’ del cual denuncia haber sido víctima, y también –[…] prima facie– en cuanto a la eventual responsabilidad del banco accionado”.
“Todo ello, se verifica –prima facie– con la documental acompañada. Específicamente con los resúmenes de la caja de ahorro y solicitud e ‘histórico del préstamo’. De acuerdo a la normativa de fondo el consentimiento para la suscripción del contrato de mutuo habría sido realizado por una persona distinta a la señora […]. Como se sostiene en la demanda, la entidad financiera pudo haber fallado en su deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre. Estas dos últimas cuestiones –el consentimiento y el deber de seguridad– se acreditarán en la etapa procesal oportuna y serán motivo de tratamiento al momento de dictarse la sentencia definitiva. Hoy […] –prima facie– el grado de verosimilitud suficiente para el dictado de una medida cautelar (arts. 1092, 1093, 1096, 1097, 1098, 1099 y cctes. del CCyC)”.
“De la documental acompañada surge que las cuotas que mensualmente derivan del préstamo se aproximan a veinte mil pesos mensuales mientras que los haberes que percibe como jubilada ascienden a cuarenta y cinco mil pesos mensuales. La ‘indisponibilidad’ de un porcentaje importante de sus ingresos resulta una afectación irreparable en el derecho de propiedad y a los fines cautelares entendemos que el peligro en la demora se encuentra configurado”.
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; VULNERABILIDAD; ADULTOS MAYORES; PRINCIPIO PRO HOMINE; MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA;
BLE (causa Nº 145770)Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa, Sala 3
La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa hizo lugar al recurso de apelación y aumentó el monto de la cuota de alimentos fijada (jueza Cagliolo y juez Salas).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Alimentos. Prueba. Carga dinámica de la prueba.
“[L]as disposiciones generales legisladas para los procesos de familia en el CCyC nos demuestran la importancia de la materia y la necesidad de protección constitucional de las personas más vulnerables […]; pues es sabido que los progenitores tienen la obligación –entre otras– de alimentar a sus hijos, conforme las posibilidades económicas de los obligados y las necesidades del alimentado (art. 658 y art. 659 del CCyC).
Con respecto a la carga de la prueba en procesos como el presente, recae en quien está en mejores condiciones de probar (art. 710 del CCyC y 360 del CPCC), que sería el [progenitor], quien no obstante encontrarse debidamente notificado, no se ha presentado en autos, al igual que la Sra. […] –abuela paterna–, debiendo ello tenerse en cuenta al momento de sentenciar”.
2. Alimentos. Incumplimiento. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Violencia de género. Violencia económica.
“La conducta del alimentante, además de afectar el interés superior del adolescente, también constituye violencia de género contra la [madre]; ya que, según la Ley N° 26.584 `se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón´ (art. 4), siendo uno de los tipos de violencia el económico o patrimonial a través de `La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna´ (art. 5 inc. 4 sub inciso c).
En definitiva, el incumplimiento alimentario es una forma de violencia de género en la familia ya que limita en este caso a [la madre] de los recursos económicos que legalmente le corresponden a su hijo, privándolos de una vida digna, al tener que sustentar en forma única las necesidades del hijo de ambos”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; ALIMENTOS; PRUEBA; CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA; INCUMPLIMIENTO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA ECONÓMICA;
Frias (causa N° 1052)Juzgado Federal de Azul Nro. 2
El Juzgado Federal de Azul N° 2 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de efectuar retenciones por el “impuesto PAIS” y retenciones por adelanto de percepción de impuesto a las ganancias sobre los consumos con tarjeta de débito hasta que finalice el tratamiento de I.B. en el exterior (juez Bava).
1. Impuesto de emergencia. Acción de amparo. Actos u omisiones de autoridades públicas. Vulnerabilidad.
“[E]l art. 36 de la ley 27541 establece que ‘Tampoco se encontrarán alcanzadas por el presente impuesto las siguientes operaciones: a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos’.
[E]l art. 1 de la Resolución General 4815/2020 de AFIP dispone que ‘No se encuentran sujetas al presente régimen de percepción las siguientes operaciones: a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos’.
[E]l grupo familiar se halla en una posición de extrema vulnerabilidad, sin poder trabajar debido a los cuidados que demanda la atención de I.B., sustentándose a través de donaciones de su comunidad y viviendo en el extranjero a fin de procurar a la niña un tratamiento experimental que atempere la grave enfermedad que la aqueja.
[L]a actitud asumida por las demandadas lesiona, restringe y amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos a la amparista. La posición evidenciada carece de toda razonabilidad, pues la expone a un derrotero interminable de tramitaciones administrativas a fin de obtener la devolución del dinero, que solo dificultan las posibilidades de su hija de continuar recibiendo el tratamiento médico en Brasil. Sin duda, ese retardo y la necesidad de garantizar el derecho a la salud de I.B. revelan la procedencia de la vía intentada”.
2. Derecho a la salud. Constitución Nacional. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Medidas de acción positiva.
“[E]l derecho a ‘la preservación de la salud', si bien no se encuentra explícitamente consagrado en nuestra Constitución Nacional […] desde siempre ha sido considerado como uno de aquellos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, es decir, integrante de la categoría de los denominados ‘derechos implícitos' de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 33 de la Constitución Nacional).
[E]l art. 25 de la 'Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad' […] establece que 'Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud'.
[E]l art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, establece entre las atribuciones del Congreso, la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, situación en la que se encuentra la menor”.
IMPUESTO DE EMERGENCIA; ACCION DE AMPARO; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; CONSTITUCION NACIONAL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
OPK (Causa N° 8347)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, por mayoría, hizo lugar al recurso y modificó de manera parcial la sentencia impugnada. En ese sentido, extendió la cuota alimentaria en beneficio del hijo con discapacidad más allá de los 21 años (jueces Rodiño y Igoldi).
1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad parental. Alimentos. Mayoría de edad. Personas con discapacidad. Interpretación de la ley. Ley aplicable.
“[L]a obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental se extiende hasta los 21 años de edad de los hijos (art. 658 Cód. Civil y Comercial). Se trata de un deber de contenido amplio que comprende lo necesario para la satisfacción de las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir un oficio u profesión.
En este sentido, el Código Civil y Comercial mantiene la modificación que oportunamente introdujera la ley 26.579 —que conservaba la obligación alimentaria hasta los 21 años—, pese a fijarse la mayoría de edad a los 18 años. Dicho extremo encuentra su fundamento en el principio de realidad y solidaridad familiar.
[S]i bien la situación traída [referida a la extensión de la obligación alimentaria después de los 21 años para un hijo con discapacidad] no se encuentra expresamente contemplada en el Código Civil y Comercial, es sabido que las normas que el mismo dispone deben ser interpretadas en el contexto.
Así, en la especie cobra especial relevancia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual adquiriera jerarquía constitucional mediante ley 27.044. Es que dicha circunstancia nos impone a los magistrados la obligación de intervenir y resolver con perspectiva de discapacidad.
[H]a de destacarse que el artículo 28 de la Convención referida señala el derecho de las personas con discapacidad a gozar de un nivel de vida adecuado. Dicha norma establece que ´los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas adecuadas para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad´(CDPD, art.28 inc.1).
[A]demás, de la propia norma civil surgen diferentes supuestos en los que la obligación alimentaria se extiende más allá de los 21 años como, por caso, el de hijos que se capacitan (art. 663). Estas excepciones a la regla general tienen su fundamento en la solidaridad familiar que debe regir en todas las cuestiones del derecho de familia, circunstancia que debe observarse mayormente en los vínculos entre progenitores e hijos. Así se ha dicho que ´la obligación alimentaria entre parientes, se fundamenta en el principio de solidaridad familiar. (...) en todos los casos habrá de realizar una evaluación en cuanto a la vulnerabilidad de los parientes involucrados´…”.
“Puntualmente, sobre el tema traído explica Bossert que ´la cuota alimentaria establecida durante la minoría de edad se mantendrá tras la mayoridad o la emancipación, si en el respectivo juicio de alimentos se dejó acreditado que, por medio de ella, se atiende a necesidades y rubros indispensables, que el hijo no podría procurárselos, por ejemplo por incapacidad física o psíquica´ […].
En igual línea argumental se resolvió que ´ha quedado acreditado […] que existen posibilidades ciertas que le impiden procurarse su propio sustento. Y si bien ella se esfuerza para proveer las necesidades básicas, razones de fuerza mayor le imposibilitan llevar a cabo una vida totalmente independiente. Por ello no puede dejársela inerme frente a las consecuencias derivadas de su discapacidad y es su progenitor quien debe asumir el deber de asistencia fundando en el principio de solidaridad familiar’…” (voto del juez Rodiño, al que adhirió el juez Igoldi).
2. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Género. Perspectiva de género. Vulnerabilidad. Derecho de familia. Responsabilidad del estado. Cuidado personal. Alimentos. Estereotipos de género. Personas con discapacidad.
“[C]orresponde agregar la debida evaluación del caso desde una perspectiva de género, e incluso, desde una mirada donde se entrecruzan las vulnerabilidades de los sujetos involucrados.
Así, no puede dejar de señalarse que corresponde a los jueces que intervienen en los conflictos de familia el tratamiento de dichas cuestiones desde una intervención integral, y en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.
En tal particular contexto, esta Sala ya ha destacado en otros pronunciamientos la necesidad de recordar que el Estado argentino suscribió una serie de instrumentos internacionales por los cuales se ha comprometido a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia o cualquier tipo de discriminación contra la mujer, así como el de establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquéllas que hayan sido sometidas a violencia o discriminación [...].
Tales normas constituyen la estructura jurídica de la República Argentina en la materia, son de orden público y por ende de aplicación obligatoria por los jueces. Implican, en sustancia, que quienes tienen la obligación de juzgar deben hacerlo con perspectiva de género, es decir, propendiendo a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres mediante una tutela judicial efectiva, con igualdad, evitando estereotipos y evaluando el contexto de situación en el que se desarrollaron los hechos que son objeto del fallo. En dicha linea, requiere una especial consideración la situación de las mujeres que tienen a su cargo el cuidado de hijos en situación de discapacidad.
En cuanto a ello, en forma reciente el Comité de la CEDAW destacó que ‘tener hijos con discapacidad `socava la perspectiva de las mujeres de realizar su potencial de vida en mayor medida que en el caso de los hombres ́. Por lo tanto, esas mujeres dependen de sus maridos´, por lo que el organismo internacional señaló que los Estados deben tener presente que, debido a las persistencia de estereotipos y otras causas estructurales, las mujeres dedican mucho mas tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, incluído el cuidado de los hijos con o sin discapacidad (CEDAW,/C/AND/CO/4). Es decir, resulta fundamental atender la situación de las progenitoras que en virtud de la atención al cuidado de los hijos con discapacidad se hallan en desigualdad con los hombres a los fines de poder desarrollar tareas laborales. Lo que […], debe ser tenido en cuenta en el tratamiento de la materia alimentaria…” (voto del juez Rodiño, al que adhirió el juez Igoldi).
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; RESPONSABILIDAD PARENTAL; ALIMENTOS; MAYORÍA DE EDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; LEY APLICABLE; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; DERECHO DE FAMILIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CUIDADO PERSONAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO;
S L y otroJuzgado Nacional Civil Nro. 92
1. Personas con discapacidad. Igualdad. No discriminación. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“Recuérdese que la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha marcado una verdadera ruptura de paradigma en el discurso de los derechos humanos de las personas con discapacidad, dejando de lado el modelo rehabilitador o médico para acoger plenamente el modelo social de la discapacidad, por el cual se considera que las causas que originan la discapacidad son, en gran medida, sociales. Desde este enfoque se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que las demás, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia.
Este modelo se encuentra relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sentándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. Parte de la premisa de que la discapacidad es en cierta medida una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades”.
“Desde esta perspectiva, la citada CDPD se construye en torno del reconocimiento de la subjetividad de las personas con discapacidad, afirmando que deben ser tratadas como sujetos de derechos, con igual dignidad y valor que las demás, siendo obligación del Estado reconocer su titularidad en todos los derechos, pero también, fundamentalmente, su capacidad para ejercerlos por sí mismas”.
2. Personas con discapacidad. Adultos mayores. Derecho a la salud. Salud mental. Código Civil y Comercial de la Nación. Informes. Cuerpo Médico Forense.
“La directriz interpretativa de este sistema se refuerza con lo previsto por el art. 3 de la ley 26.657 y los arts. 23 y 31 incs. a) y b) del Código Civil y Comercial, que sientan como regla la presunción de la capacidad de ejercicio de los derechos y que las limitaciones a esta capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona, y el art. 38 del mismo Código, que especifica que la afectación de la autonomía personal de las personas con alteraciones mentales debe ser la menor posible. Desde otra perspectiva, el mismo art. 3º de la ley 26.657 define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Por ende, deja atrás el enfoque aislado del individuo centrado puntualmente en su afección psiquiátrica –la que hasta el presente se diagnosticaba, en general, a partir de parámetros y clasificaciones abstractas– y toma en especial consideración las particularidades del paciente y su interacción con el entorno familiar y social, en el aquí y ahora. En el particular caso de autos, la cuestión se vincula con el tratamiento que merece el binomio adultos mayores - salud mental, pues [la señora] cuenta con 94 años, y tal circunstancia es, en definitiva, la que ha motivado el inicio de este proceso”.
“En la coyuntura simbólica de nuestros tiempos modernos, la vejez goza de un gran desprestigio. Como bien se ha observado, ‘Pareciera estar encaminada a ser encasillada en alguna de las tres prisiones imaginarias en que los discursos vigentes la han depositado: la vejez excluida, la vejez protegida y la vejez negada’ [hay cita]. En este contexto, los adultos mayores son por algunos excluidos, agredidos y despreciados, o por otros –y en el mejor de los casos– caritativamente protegidos y tutelados, o simplemente negados. Sin embargo, se ha dicho que ‘aún afectado por la declinación de su fortaleza y de su salud física, el anciano puede conservar intactas y, más aún, enriquecidas por la experiencia, las facultades mentales en su mayor edad. Y es sobre estas facultades del intelecto que reposa la responsabilidad por las consecuencias de los propios actos y la capacidad de hecho. Ni la actitud básica de comprensión (el discernimiento) ni la adquirida razonabilidad de los juicios ni la posibilidad de exteriorizar las resoluciones mediante su manifestación, disminuyen por el solo transcurso de la vida, sin perjuicio de que los deterioros de estos tipos se dan frecuentemente en los ancianos’ [hay cita]”.
“Es que el deterioro de memoria asociada con la edad (DMAE) no conlleva necesariamente a lo que se conoce como ‘síndrome demencial’ o ‘demencia’, que ‘supone el deterioro de la memoria y de otras dos o más funciones cognoscitivas (orientación, sencillos cálculos, capacidad de planificar, lenguaje hablado y escrito, etc.)’; deterioro que para ser clínicamente relevante y cumplir los criterios diagnósticos ‘tiene que causar una dificultad en el desempeño de las actividades cotidianas (llamar por teléfono, orientarse en calles cercanas, hacer las pequeñas compras, responsabilizarse de la medicación, etc.); lo que, consecuentemente, lleva a la dependencia’…”.
“Dicho de otro modo: senectud no es lo mismo que senilidad. La senectud representa un estado biológico normal inherente al proceso mismo de la vida, en el que esa normalidad se traduce en declinaciones y cambios, tantos psíquicos como físicos, de carácter cuantitativo y armónico que, por ser propios de dicho estado, no pueden ser juzgados como síntomas patológicos. La senilidad, en cambio, representa la expresión patológica de la ancianidad. La senilidad es en sí un padecimiento mental, que se caracteriza por claudicaciones no sólo cuantitativas sino cualitativas, inarmónicas e irreversibles de las facultades […]. En el caso de autos, de la evaluación interdisciplinaria y de la entrevista personal mantenida con [la mujer] se infiere que se trata de una mujer lúcida, autoválida, que realiza múltiples actividades, y está perfectamente ubicada en tiempo y espacio. Con seguridad, el sometimiento de la nombrada a una exhaustiva batería de tests neurocognitivos arrojará algún tipo de deterioro propio de cualquier persona de edad, más ello en modo alguno significa que existan problemáticas vinculadas con la salud mental; mucho menos que se trate de una situación que demande la protección por parte de la ley y del aparato jurisdiccional por verificarse la existencia de riesgo para sí o para terceros”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ADULTOS MAYORES; DERECHO A LA SALUD; SALUD MENTAL; INFORMES; CUERPO MÉDICO FORENSE; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN;
Miguelez (causa N° 65235)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Plata N° 1 hizo lugar al planteo de nulidad e invalidó el decreto que había clausurado parcialmente la instrucción y había elevado la causa a juicio. En ese sentido, devolvió las actuaciones al juzgado de origen para que evaluara la pretensión de la víctima de constituirse como parte querellante. Respecto de la declaración de inconstitucionalidad, concluyó que no había sido la norma la que impidió el ejercicio pleno de los derechos de la víctima, sino la actuación del juzgado de instrucción (jueces Basso y Michilini).
1. Víctimas. Competencia de la víctima. Querella. Derecho a ser oído. Auto de procesamiento. Clausura de la instrucción.
“[L]a Defensoría Pública de Víctimas tuvo intervención en el caso en idéntica fecha que se decretó la clausura parcial de la instrucción, es decir, en la misma oportunidad que la nombrada tomó contacto con la causa, operó la limitación temporal prevista por el artículo 84 vía 90 del C.P.P.N. para poder presentarse como parte querellante.
Que tal proceder del a quo, imposibilitó materialmente a la Defensora de Víctimas el conocimiento de la causa, entrevistarse con la [víctima] y constituirse como parte querellante, a la vez que vulneró el derecho de aquélla a ser oída –artículo 8.1. de la C.A.D.H.–, pues, si bien prestó declaraciones testimoniales en el marco de la presente, no pudo presentarse en calidad de querellante y participar activa y ampliamente en el proceso.
Y ¿por qué se dice que en este proceso se cercenó la posibilidad de la víctima de que se constituya en querellante pese a que había prestado declaración con anterioridad? Porque se trata una víctima especialmente vulnerable, a punto tal que, por su discapacidad requiere la necesaria representación de un representante legal”.
“Entonces, lo que debió haber sucedido y no sucedió es que tras la intervención de la Defensoría Pública de Víctimas se permitiera el contacto con la persona en cuya representación se designó para, recién luego, escuchar la opinión jurídica con relación al caso, a cuyas resultas, se habría podido integrar como parte querellante y, vía nueva vista en los términos del art. 346 del ritual, garantizar los derechos legales, constitucionales y convencionales reconocidos a aquéllas”.
2. Víctima. Querella. Interpretación de la ley. Derecho a ser oído. Acceso a la justicia. Debido proceso. Vulnerabilidad. Género. Personas con discapacidad.
“Así, […] ha operado en el presente una violación a lo dispuesto en el artículo 167, inciso 2 del ritual, porque esa norma prescribe bajo pena de nulidad la inobservancia de las disposiciones concernientes a ‘…la intervención …y la parte querellante en el proceso, y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria’. Y si bien el Código Procesal Penal de la Nación, en su redacción original –año 1991– no reconocía a la víctima y a la parte querellante con la amplitud con la que se les reconoce hoy, a partir de la sanción de la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la víctima ha pasado a tener un papel activo y protagónico en el proceso, conforme los derechos enumerados –de manera no taxativa– en el artículo 5° de esa ley, particularmente, los derechos a intervenir como parte querellante (inc. h) y a ser escuchada (inc. k), como así mismo los derechos previstos en los tratados internacionales que conforman el bloque constitucional de la República, derecho a ser oído, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al recurso, los cuales ya no son entendidos solamente para el imputado, sino también para la víctima, incluso previo a la sanción de esta ley (conf. Informe 34/96 Comisión I.D.H., Plenario N° 11 de la C.N.C.P. de fecha 23/06/2006 y Acordada 1/12 de la C.F.C.P.).
Particularmente, esta ley da especial protección a aquellas víctimas que se encuentren en situación de vulnerabilidad (artículo 6), como se da en [este caso], por la gravedad de los hechos que se investigan, y por su condición de género, pobreza y discapacidad; ese especial contexto es el que autoriza a conferir a la Asesoría de las Víctimas la posibilidad de representar la voluntad de aquella de querellar.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que dicha ley modifica el Código Procesal Penal de la Nación, obligando al Estado a garantizar los derechos de las víctimas de un delito desde el inicio hasta la finalización del proceso (artículos 79 y 80), a la vez que exige que durante el proceso penal se garantice a la víctima los derechos previstos en la ley 27.372, mediante la interpretación y ejecución de las disposiciones de ese cuerpo procedimental de la manera en la que mejor se le garanticen sus derechos (artículo 81).
Por ello, realizando una interpretación armónica e integral del Código adjetivo con la normativa legal, constitucional y convencional mencionada, corresponde proceder de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 167, en razón de que no se han observado las disposiciones atinentes a la intervención, representación y asistencia de la víctima pretensa querellante y, en consecuencia anular el decreto […] mediante el cual se dispuso la clausura parcial de la instrucción y se elevó la causa a juicio, debiendo devolverse las presentes actuaciones al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de esta ciudad, a fin de que evalúe la pretensión de la víctima […] de ser tenida como parte querellante, para lo cual, de hacerse lugar, correspondería que se le corra vista a tenor del art. 346 del C.P.P.N.”.
VICTIMA; QUERELLA; DERECHO A SER OIDO; AUTO DE PROCESAMIENTO; CLAUSURA DE LA INSTRUCCIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; GÉNERO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
MND (causa Nº 71867)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala II
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia (voto del juez Alvarez, al que adhirió el juez Lemos Arias).
1. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Plan médico obligatorio. Tutela judicial efectiva.
“[E]l derecho a la vida ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional […]. Conforme lo tiene dicho el más Alto Tribunal, en autos `Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas´, (Fallos 323:3229; C 823 XXXV; 24-10-2000) a, partir de  lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, de la Ley Suprema), ha reafirmado en diferentes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud - comprendido dentro del derecho a la vida – y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública en garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de las llamada medicina prepaga…”.
“[L]a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido amparando la cobertura de salud, más allá del Plan Médico Obligatorio tal como pueda observarse en `Reynoso c/INSSJP´ (Fallos 329:1638). Como conclusión de lo cual se desprende que no debe aceptarse una lectura estrecha, que prácticamente reduzca el derecho a la salud, desde una interpretación mezquina que concluya en una negación de su tutela ejecutiva.
Por otra parte, los Tratados Internacionales que integran el llamado bloque de constitucionalidad federal a tenor del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (conf. arts. 25 inc. 1 de la Declaración Universal de derechos Humanos, 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 12 incs. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y la propia derivación del art. 33 de la Constitución no tolera que no se protejan derechos fundamentales como el derecho a la salud.
[C]asos como el que nos ocupa exigen de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a la magnitud de los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de un daño irreparable...”.
2. Adultos mayores. Derecho a la salud. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Igualdad. Medidas de acción positiva.
“[C]abe tener presente que en el caso de autos estamos en presencia de una persona mayor de 72 años, por lo que es de aplicación el art. 75, inc. 23, de nuestra Carta Magna que dispone el deber de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
En efecto, con la ley 27.360 se aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo objeto es `promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad´. Esta Convención dispone los deberes a los que quedan comprometidos los Estados Parte, siendo uno de ellos el de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Cabe destacar también, que aborda de manera específica el derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez, con el compromiso de los firmantes de garantizar su goce efectivo, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Con este marco, expresamente dispone que la persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación, por lo cual, se deben diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, como también la rehabilitación y los cuidados paliativos a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.
3. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa.
“[E]stamos en presencia de una medida innovativa, la cual resulta ser la herramienta procesal útil y eficaz para este tipo de cuestiones, que permite dar respuesta oportuna, adecuada –y probablemente fecunda– ante la situación planteada, que la judicatura no puede desoír [...].
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un juicio. La fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de una probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido (Fallos: 314:713)”.
DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA SALUD; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; ADULTOS MAYORES; CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES; IGUALDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA;
Reartes (causa N° 13580)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución recurrida y envió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Borinsky y Carbajo, y jueza Ledesma).
1. Querella. Legitimación. Administración Federal de Ingresos Públicos. Consentimiento fiscal. Principio Acusatorio. Exceso en el pronunciamiento.
“El representante fiscal ante la instancia previa dictaminó que la AFIP carece de legitimación para querellar en el proceso con relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada por los cuales, oportunamente, requirió su elevación a juicio oral. […] Así también lo ha entendido el Fiscal General de Casación […] al presentar sus breves notas durante la etapa prevista en los arts. 465 bis en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N. (según ley 26.374)…”.
“Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal en ambas instancias coincidieron en que el bien jurídico en el delito de intermediación financiera no autorizada es el orden económico y financiero, entendido como la integridad del sistema financiero. Añadieron que el artículo 310 del C.P. criminaliza la infracción formal de la falta de obtención de un permiso estatal para llevar a cabo las actividades reguladas en la ley 21.526, respecto de las cuales ambos fiscales entendieron que resulta autoridad de aplicación el Banco Central de la República Argentina”.
“[E]n el caso en examen no se observa controversia entre lo solicitado por la asistencia técnica de los imputados […] y lo dictaminado concordemente por los representantes del Ministerio Público Fiscal en ambas instancias.
Por otra parte, el ‘a quo’ no ha brindado argumentos que revelen la irrazonabilidad de la posición fiscal. Y la AFIP no ha esgrimido fundamentos suficientes para sustentar su pretensión de intervenir en el proceso con relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada, en orden a los cuales formuló requerimiento de elevación a juicio el Ministerio Público Fiscal.
En dicho contexto procesal, se presenta en autos un escenario de ausencia de contradictorio entre las partes que […] impide la convalidación del fallo impugnado…” (voto del juez Borinsky, al que adhirió la jueza Ledesma).
2.  Querella. Legitimación. Deber de fundamentación. Principio de igualdad de armas.
“[L]a decisión no dio adecuado tratamiento al planteo interpuesto por la defensa y se limitó a señalar que la actuación procesal de aquella parte convalidaba la intervención de ese organismo. […] Tal análisis, sesgado, por cierto, desatendió las razones expresadas por el ahora recurrente, con apoyo en la participación restringida que las normas penales tributarias le otorgan al ente recaudador y que deben ser de interpretación restrictiva.
En ese sentido, la paridad de armas presupone un análisis exhaustivo que justifique, excepcionalmente, la intervención de otro acusador en el debate en tutela particular del interés público que ya se encuentra resguardado por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, si bien se indicó que hay una relación entre los hechos aquí investigados y aquellos que constituirían la plataforma de delitos penales tributarios cierto es que el decisorio no ha pormenorizado circunstanciadamente esa vinculación de modo tal de justificar, aun cuando la A.F.I.P. no haya requerido la elevación de la causa a juicio por tales hechos, su intervención en la etapa de plenario por delitos contra el orden económico y financiero que no son de su especialidad técnica.
A todo ello, debe adicionarse que, aun cuando se considere legítima la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el proceso, el resolutorio tampoco ha dado cuenta adecuada y fundadamente del alcance y la extensión de la intervención atendiendo que aquella parte, respecto de estos hechos, no formuló acusación mediante el correspondiente requerimiento de elevación a juicio y ha expresado no tener interés en impulsar la acción en tales términos” (voto del juez Carbajo).
QUERELLA; LEGITIMACIÓN; ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS; CONSENTIMIENTO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS;
Fernández (reg. Nº 310 y causa Nº 22373)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida y sobreseyó a la imputada (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Régimen penal tributario. Evasión. Tipicidad. Ley penal más benigna. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]s de aplicación al caso de autos la ley 27.430 por resultar más beneficiosa para la imputada que aquella vigente al momento de los hechos. Ello, sobre la base de que la retroactividad de la norma se torna operativa no sólo a raíz de cambios en la conducta típica y la sanción penal, sino también de elementos que hacen a la conformación del hecho imputable, en este caso, a la condición objetiva de punibilidad (art. 279 -art. 1 in fine-, Ley 27.430).
De esta forma, la modificación en el monto mínimo para la configuración del delito de evasión tributaria, en tanto elemento que establece el límite para la punibilidad de una conducta y que forma parte constitutiva del delito imputado, habilita la aplicación retroactiva de la ley penal al resultar más benigna para la imputada. Así, en la medida que los hechos atribuidos a [la imputada], a la luz de la norma vigente en la actualidad, no alcanzan el monto mínimo fijado, las conductas ya no pueden ser objeto de reproche penal, por estricta aplicación de la legalidad.
Más aún, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente ‘Palero, Jorge Carlos s/recurso de queja’ (Fallos: 330:4544) resolvió, compartiendo lo dicho por el Procurador General de la Nación, hacer lugar al recurso interpuesto en función de que la modificación de los montos mínimos previstos en el art. 9 de la ley 24.769 efectuada por la ley 26.063 acarreaban una desincriminación de las conductas que quedaban por debajo de ese valor.
Esta doctrina resulta aplicable al presente caso en razón de ser –en esencia- el mismo tema en discusión y, por lo demás, también se muestra vinculante en términos de un leal acatamiento de los fallos del Máximo Tribunal de la Nación”.
“[M]ás allá que suela decirse que las condiciones objetivas de punibilidad no integran per se el tipo, sino que ingresan en un ámbito de análisis distinto y analíticamente posterior, lo cierto es que hacen al tipo en su función de garantía, ya que delimitan desde la legalidad penal la naturaleza antijurídica del comportamiento juzgado. En ese contexto, el principio de ley penal más benigna resulta entonces plenamente aplicable” (voto del juez Yacobucci al que adhirió el juez Slokar).
2. Régimen penal tributario. Reforma legal. Política económica.
“[L]a elevación del monto para el tipo de evasión de tributos, operada por la ley 27.430, no puede dar lugar a su aplicación retroactiva en función del principio de benignidad invocado. Es que, a diferencia de la ley 24.769 y sus posteriores modificaciones, la actual ley que regula el régimen penal tributario ha puesto expresamente de manifiesto que la elevación de los umbrales cuantitativos a superar no se relaciona con un menor reproche penal de los delitos establecidos en la norma en cuestión sino con cuestiones de política económica”.
“[E]l legislador ha sido consciente de la problemática que engendra en una economía sujeta a una constante inflación como la nuestra, condicionar la punibilidad de las conductas disvaliosas a montos monetarios fijos (tal como oportunamente estableciera la ley 24.769 en tiempos de estabilidad y convertibilidad). En función de ello, mediante esta nueva norma, se ha procurado reemplazarlos por una unidad de medida actualizable anualmente a partir del índice de precios al consumidor por afuera de la ley penal. Con ello queda demostrado que la actual elevación de los montos no es más que una actualización monetaria de las condiciones objetivas de punibilidad que no puede ser asimilada a un menor reproche de la conducta de evasión” (voto en disidencia del juez Mahiques).
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; EVASIÓN; TIPICIDAD; LEY PENAL MÁS BENIGNA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; REFORMA LEGAL; POLÍTICA ECONÓMICA;
MGAJuzgado en lo Civil y Comercial y Familia de 1° Nominación de Río Tercero
El Juzgado en lo Civil y Comercial y Familia de 1° Nominación de Río Tercero hizo lugar al reclamo de fijación de la cuota alimentaria y le ordenó al abogado del progenitor que realizara una adecuada capacitación en género, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados (jueza Sánchez Torassa).
1. Género. Estereotipos de género. Violencia de género. No discriminación.
“[Los] argumentos [esgrimidos por el demandado] en su escrito de contestación de la demanda no conforman parte de una estrategia defensiva. Por el contrario, reflejan un discurso ofensivo y humillante hacia la mujer, que patentiza las normas patriarcales que han regido las relaciones humanas de modo desigual, y que ha perjudicado, no sólo, a la mujer, sino también, a los varones.
[L]os nuevos estándares normativos y el abordaje con una perspectiva de género, obligan a las entidades estatales, entre ellas el Poder Judicial, a garantizar una protección eficaz y a eliminar la discriminación y la violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones. Para lograr tal cometido, resulta indispensable actuar con la debida diligencia, a fin de identificar y evitar la incidencia de estereotipos de género que posibiliten tolerar, ocultar y perpetuar la discriminación y violencia contra las mujeres. Dentro de este contexto, el accionar de los órganos jurisdicciones debe estar orientado a detectar, en los casos sometidos a juzgamiento, las desigualdades generadas por esos patrones socioculturales y de esa manera remediarlas.
[L]a forma en la que el [demandado] pretende justificar la improcedencia del reclamo […] permite encuadrar el presente como un caso sospechoso de género. Un caso es sospechoso de género cuando la posición asumida por cada una de las partes, en el marco de una situación conflictual entre un varón y una mujer, responda a una distribución de roles basados en estereotipos de índole patriarcal. De esta manera, las manifestaciones formuladas por el demandado en su escrito de contestación de demanda reflejan un evidente menosprecio para quien fue su esposa y compañera en un proyecto de vida en común y es la madre de sus hijas. Ello no es más que una visión androcéntrica, que resulta intolerable en los tiempos que corren, de absoluta igualdad entre los varones y las mujeres…”.
2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Protección integral de la mujer. Violencia de género. Actos discriminatorios. Familia.
“[L]a conducta del demandado, reflejada en los términos transcriptos, representa un supuesto de violencia simbólica, consagrado en el art. 5, inc. 5, ley 26485 de ´Protección Integral a las Mujeres´, en tanto dispone que: Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: […] Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. En este contexto, la perspectiva de género cobra particular relevancia en el tratamiento de la presente causa; lo contrario implicaría cohonestar una discriminación en contra de la mujer, dentro de las relaciones familiares.
[L]os arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenan los actos de discriminación hacia la mujer por su condición de tal y en contraposición con el varón. Asimismo, imponen al Estado conductas concretas a los fines de modificar patrones socioculturales basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y en funciones estereotipadas de varones y mujeres. Parámetros similares surgen de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Do Belem do Pará). Esta Convención consagra el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado...”.
3. Género. Estereotipos de género. Principio de dignidad humana. Alimentos. Cuidado personal. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]as palabras empleadas por el [demandado], al referirse al reclamo impetrado por la progenitora a favor de sus hijas como destinado a atender aspectos personales de su vida privada, representan una mirada estereotipada en la distribución de roles del varón y de la mujer, que desconoce el verdadero alcance de los cuidados personales de los hijos. En efecto, considerar que la progenitora efectúa un reclamo alimentario a favor de sus hijas, encubriendo la pretensión de atender sus propios gastos personales, implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que realiza [la actora] quien ha asumido el cuidado personal de sus hijas, no sólo en beneficio de ellas, sino también del [demandado].
[E]sta concepción de la mujer, propia de una cultura patriarcal, –se insiste– no puede ser tolerada, porque toda mujer tiene derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona; máxime cuando [la actora] es la madre de sus hijas, también mujeres y comprendidas dentro de aquel grupo al que se ha referido en aquellos términos.
[S]e encomienda al [demandado] que, en las futuras presentaciones a efectuar en los estrados del tribunal y en su relación con [su ex pareja], respete la dignidad inherente a su persona, despojada de padrones estereotipados en la distribución de sus roles en el cuidado personal de sus hijas…”.
4. Convención Sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Género. Estereotipos de género. Abogado. Asistencia letrada. Tribunal de disciplina.
“[P]ara la presentación de sus pretensiones, las partes cuentan con asistencia letrada y, por lo tanto, las defensas y argumentos deben ser plasmados en un todo de acuerdo con la legislación y principios vigentes. Por tal motivo, […] corresponde ordenar al letrado, […], a que realice una adecuada capacitación en cuestiones de género, a los fines de que internalice los principios antes mencionados y modifique los patrones socioculturales de conducta para alcanzar la eliminación de los perjuicios y prácticas que se encuentran basados en la inferioridad o superioridad de cualquier de los sexos o en las formas estereotipadas de hombres y mujeres (art. 5, inc. 9, CEDAW), todo ello bajo apercibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados”.
5. Responsabilidad parental. Cuidado personal. Alimentos. Capacidad contributiva. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a carga alimentaria es una consecuencia derivada de la responsabilidad parental (art. 658, CCCN). Esto significa que, en virtud del ejercicio de una paternidad responsable, los progenitores deberán arbitrar los recursos económicos, para que los hijos satisfagan sus necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio (cfr. art. 659 del CCCN). De este modo, a los fines de determinar el monto de los alimentos, ha de tenerse en cuenta las necesidades del niño, niña o adolescente involucrado y los ingresos de los padres (arts. 646, 658 y 659, CCCN), puesto que debe existir un equilibro entre las necesidades que la cuota tiende a cubrir y la aptitud del obligado para cumplir con esa finalidad…”.
“[E]l cuidado personal de [las niñas] es ejercido por su progenitora […]. Esta circunstancia compensa la parte de la [actora] en el deber alimentario, sumado al aporte económico en sí mismo; aportes que aun cuando no se encuentran cuantificados, resultan presumibles en el particular. Y ello independientemente del desarrollo por parte de la progenitora conviviente de cualquier actividad laboral. Esto es así ya que, en orden a lo establecido por el art. 660, CCCN, la [actora], al haber asumido el cuidado personal de [las hijas] ya realiza un aporte a la manutención en las tareas cotidianas, las que tienen un valor económico en sí mismas que no puede dejar de ser contemplado. Si bien es cierto que la madre también está obligada al mantenimiento de sus hijos, se encuentra razonablemente más limitada para generar mayores ingresos al efecto, dado al tiempo que debe destinar al cuidado de sus hijos […]. Por consiguiente, el hecho que la [actora] haya asumido el cuidado personal de la adolescente y de la niña admite una distribución de los montos de manera diferente.
[C]uando hablamos de capacidad contributiva nos referimos, no sólo a las capacidades actuales para generar ingresos, sino además, a la aptitud o a la potencialidad para responder por la obligación alimentaria […]. El progenitor […] desempeña trabajos productivos que le generan ciertos ingresos para contribuir mensualmente con dinero con la prestación alimentaria…”.
GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; ACTOS DISCRIMINATORIOS; FAMILIA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ALIMENTOS; CUIDADO PERSONAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ABOGADO; ASISTENCIA LETRADA; TRIBUNAL DE DISCIPLINA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; CAPACIDAD CONTRIBUTIVA;
OMC Y OTRO (CAUSA N° 939)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I
La sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada y confirmó lo decidido por el juzgado de primera instancia (voto de los jueces Álvarez y Lemos Arias). 1. Derecho a la salud. Medicina prepaga. Obra social. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño. Vulnerabilidad. “A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), la Corte ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga”. “[E]n el caso de autos [se debe] atender a los derechos de una niña menor de edad. Por tal razón, deviene aplicable la Convención sobre Derechos del Niño, de máxima jerarquía constitucional, convertida en ley 23.849. [Ella] reconoce a todos los niños el derecho intrínseco a la vida y, en la máxima medida posible, a la supervivencia y al desarrollo (art. 6), al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación (art. 24); a los niños impedidos mental o físicamente, a disfrutar de una vida plena y decente, y a recibir cuidados especiales (art. 23). A su turno, establece el compromiso de los Estados Partes de asegurarles la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (art. 3), resaltando que para dar efectividad a los derechos reconocidos, se han obligado 'hasta el máximo de los recursos' de que dispongan (art. 4)”. 2. Derecho a la salud. Medicina prepaga. Obra social. Igualdad. Plan médico obligatorio. Asistencia médica. “[L]a Ley N° 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. [Dicho seguro] ha sido organizado dentro del marco de una concepción 'integradora' del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden 'su participación en la gestión directa de las acciones' (art. 1). Su objetivo fundamental es 'proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación...'. Asimismo, 'se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye...' (art. 2)”. “[C]orresponde señalar, respecto a la determinación de la responsabilidad por el Plan Médico Obligatorio, que una interpretación global de la normativa constitucional e internacional de derechos humanos, permite razonablemente concluir que dicho plan fija el límite inferior del universo de las prestaciones que deben otorgar los agentes del Servicio de Salud a sus afiliados, tanto respecto de las Obras Sociales como de las empresas de medicina prepaga. No puede desconocerse la necesidad de su continua actualización de conformidad con las necesidades sociales, el descubrimiento de nuevas patologías, y los concretos padecimientos que puedan indicar una u otra prácticas según el cuadro de cada paciente”. “[E]l apego estricto al mentado programa colisionaría con el derecho a la salud y a gozar de una real y concreta asistencia médica y terapéutica. [Esto] halla su sustento en la pluralidad de normas de carácter constitucional que resultan prevalentes frente a la resolución ministerial que establece el piso mínimo de prestaciones obligatorias para los agentes de salud, que de ninguna forma puede considerarse taxativo”.
DERECHO A LA SALUD; MEDICINA PREPAGA; OBRA SOCIAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; ASISTENCIA MEDICA;
Escobar (Causa N° 23388)Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia (voto de los jueces Lozano y Gallego).
1. Acción de amparo. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Excesivo rigor formal. Peligro en la demora.
“[E]ste tribunal desde su creación se ha autoimpuesto la adopción de criterios elásticos de ponderación para evitar, salvo supuestos de notoria significación, la sanción a que se refiere el art. 266 del CPCC, de modo que no se desnaturalice la garantía de la doble instancia por causa de un excesivo rigorismo formal”.
“[La demandada] no plantea una divergencia con el tratamiento prescripto por los médicos que asisten al menor, sino únicamente el cumplimiento de un recaudo del cual no tiene ningún respaldo normativo y así, frente a esta situación, cabe reiterar el criterio expuesto por el tribunal en ocasión de resolver la apelación deducida contra la medida cautelar dictada en autos […], según el cual, principalmente en situaciones de urgencia, como ocurre en este supuesto, corresponde priorizar lo que el galeno interviniente evalúa con relación a la confiabilidad de la prescripción indicada a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”.
2. Personas con discapacidad. Tratamiento interdisciplinario. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Obra social. Plan médico obligatorio.
“[E]l tratamiento de la patología del menor es abordado por un equipo profesional interdisciplinario entre los que, también, se incluye un médico neurólogo y un nutricionista quienes efectúan el seguimiento de la dieta cetogénica, ilustrando su médica pediatra […] la necesidad de aquella y de la leche para el caso del menor, con la cual la queja del recurrente queda desprovista de todo sustento”.
“[L]a falta de inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de la leche especial objeto de reclamo, en tanto se trata de una cuestión que no fue propuesta al magistrado de grado, este tribunal se ve impedido de expedirse al respecto (art. 277 del CPCC)”.
ACCION DE AMPARO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; OBRA SOCIAL; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; PELIGRO EN LA DEMORA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA SALUD; EXCESIVO RIGOR FORMAL; PLAN MEDICO OBLIGATORIO;
Rodríguez (Causa N° 21366)Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó parcialmente la sentencia porque la niña no se encontraba entre los derechohabientes enumerados por la ley. Asimismo, ordenó que la ANSeS arbitrara los medios necesarios para otorgarle una prestación similar y en la proporción que le hubiese correspondido como derechohabiente, no inferior al haber mínimo garantizado (voto de los jueces Jiménez y Tazza).
ARGUMENTOS
1. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Derecho a los beneficios de seguridad social. Convención sobre los Derechos del Niño. Pensión. Leyes previsionales.
“Se encuentra por demás probado que la [niña] se hallaba 'a cargo' de la causante, es decir que conforme lo describe la ley se encontraría dentro de la calificación elaborada por el legislador, sin embargo el art. 53 es taxativo al enumerar a los derechohabientes que revisten la calidad de tales sólo por el hecho descriptivo de la ley, es decir que no se constituyen en sujetos con derecho a pensión por la sola circunstancia de estar 'a cargo', sino que deben ajustarse al Nomen Iuris que establece el art. 53 de la ley 24.241”.
“[N]o resulta ajeno […] el respeto a los derechos sociales de índole constitucional, que con mayor propósito de firmeza deben ponderarse en ancianos, personas con discapacidad o menores de edad –como es el caso de Autos–.
Reconoce la Convención sobre los Derechos del niño […] la obligación de los Estados Partes, de reconocer 'a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social', y adoptar 'las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre' (Art. 26)”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Vulnerabilidad. Seguridad social. Derecho a los beneficios de seguridad social. Leyes previsionales. Pensión. Guarda de niños.
“[L]a Seguridad Social, debe amparar no solo a los trabajadores, o a aquellos que instituidos por la ley como derechohabientes, poseen aptitud para adquirir el beneficio de pensión ante la contingencia de la muerte, sino que además debe atender también a toda aquella persona que se halle frente a una situación que lo ponga en riesgo, afectando la calidad de vida, la salud o la manutención, como sucede en el caso de Autos, recuérdese que [la niña] ha perdido a ambos progenitores, quedando a cargo de su abuela, también fallecida y finalmente bajo la guarda de su tío”.
“[S]i bien la [niña] no se encuentra dentro del Nomen Iuris que establece el art. 53 de la ley 24.241, y que por ello, conforme [la jurisprudencia] emanada del más Alto Tribunal, no posee el derecho a la pensión derivada tras el fallecimiento de su abuela, [se debe analizar] el caso en un contexto holístico del derecho, en armonía con los principios generales que rigen en materia previsional, la Constitución Nacional, así como la Convención de los derechos del niño”.
3. Seguridad social. Derechos Humanos. Principio pro homine. Justicia social. Excesivo rigor formal.
“[L]os órganos jurisdiccionales administrativos, han de extremar los recaudos para dar cumplimiento a los estándares que en materia de derechos humanos se introdujeron, como es el principio pro homine y el in dubio pro justitia socialis, que imponen al operador jurídico desechar aquellas pautas de interpretación contrarias a los principios mencionados.
[T]odo el orden socioeconómico, desde la Constitución y los instrumentos internacionales, hacia abajo, se enraíza en lo que es la pauta axial del derecho constitucional contemporáneo: los derechos humanos. Sabido es que la persona humana y sus derechos invisten centralidad, y que toda interpretación del sistema jurídico que la involucra ha de girar en su protección y defensa”.
“[L]a seguridad social '[…] tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales, por lo que el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares de cada caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones vinculadas con la materia'”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; SEGURIDAD SOCIAL; PENSIÓN; DERECHO A LOS BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL; LEYES PREVISIONALES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; GUARDA DE NIÑOS; DERECHOS HUMANOS; PRINCIPIO PRO HOMINE; JUSTICIA SOCIAL; EXCESIVO RIGOR FORMAL;
Cisneros (causa N° 6229)Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas declaró la nulidad de la decisión apelada y dispuso la inmediata devolución de los efectos del condenado (jueces Vázquez y Bosch, y jueza Marum).
1. Decomiso. Interpretación de la ley. Sentencia firme. Debido proceso. Cosa juzgada.
“De la letra [del artículo 23 del Código Penal] se desprende que resulta una obligación del Juez pronunciarse respecto del decomiso, en caso de corresponder, en el momento de dictar la condena, sin que la disposición legal requiera petición de parte alguna e incluso, cuando como en el caso de autos, nada dijera al respecto el acuerdo de juicio abreviado, por tratarse de una consecuencia legal propia de la condena”.
“[A]siste razón a la defensa, cuando señala que la a quo se ha pronunciado sobre el decomiso luego de que la sentencia condenatoria dictada contra [el condenado] se encontraba firme, lo que resulta violatorio del debido proceso y de la garantía de cosa juzgada, […] ello en razón de que la oportunidad procesal para pronunciarse acerca de la condena y sus consecuencias precluyó, y en virtud de ello, modificar su alcance, es claramente violatorio de las garantías constitucionales antes mencionadas por lo que el pronunciamiento deviene inválido, y corresponde declarar su nulidad conforme lo dispuesto en los arts. 77 y ccdtes del CPP CABA”.
DECOMISO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; SENTENCIA FIRME; DEBIDO PROCESO; COSA JUZGADA;
Cejas (reg. N° 197 y causa N° 5742)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (juez Carbajo y jueza Ledesma).
“[S]i bien el presente no encuadra estrictamente en [las disposiciones previstas por el inciso f de los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley de Ejecución], ello no implica per se el rechazo de esta morigeración de cumplimiento de la pena fuera de la cárcel, pues el sentido de las normas atiende a circunstancias de índole humanitarias, amalgamándolas con el caso concreto y teniendo en cuenta fundamentalmente los principios de interés superior del niño y pro homine, entre las que se encuentran aquéllas en las que los niños –sin perjuicio de ser mayores de 5 años– puedan hallarse en una situación de desamparo o desprotección tal que amerite su concesión”.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la consideración rectora del interés superior del niño –establecida por la Convención sobre los Derechos del Niño–, ‘… lejos de erigirse en una habilitación para prescindir de toda norma jurídica superior, constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos…’ (Fallos 324:975)”.
“[P]ara la concesión de la prisión domiciliaria debe hacerse un análisis integral de las peculiaridades que rodean al pedido pues, como se advierte, el texto del art. 32 de la ley 24.660 establece que el juez ‘podrá’ disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria […]. Tal conclusión se impone a partir de la existencia de ese verbo –‘podrá’– empleado por el legislador y guarda coherencia con la conocida pauta de interpretación según la cual la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820 y 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149 y 327:769) y que este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937 y 312:1484) […]. Por tanto, resulta claro que se trata de una facultad encomendada por el legislador al juez, quien deberá evaluar, luego del análisis global de las constancias del expediente, si resulta razonable conceder el instituto peticionado”.
“[N]o puede colegirse de modo automático que la pertenencia a una comunidad indígena acredite por sí sola la situación de vulnerabilidad del grupo familiar [del detenido]. Empero […] en autos se ha delineado un peculiar panorama de fragilidad y padecimientos que impone conocer más de cerca la situación de su familia antes de pronunciarse acerca del instituto que se procura obtener. [A]ntes de determinar el curso del pronunciamiento que resolverá la cuestión debatida, [debe] indagarse con mayor profundidad cuál es la situación de los hijos del requirente, como paso previo imprescindible para dilucidar si se encuentra o no menoscabado el interés superior del niño como fue denunciado en autos y debe garantizarse.
En esa línea, invalidado el resolutorio en estudio y reenviada la causa a su sede, corresponderá que el órgano a cargo de la ejecución de la pena disponga que, con la celeridad que el caso amerita, se practique un amplio y pormenorizado informe socio ambiental por parte de profesionales de la entidad especializada pertinente, en el lugar de su residencia […]. Cumplida que sea esa medida, deberá oírse a todas las partes interesadas, con carácter previo a que se decida nuevamente acerca de la procedencia del instituto propiciado” (voto del juez Carbajo al que adhirió la jueza Ledesma).
PRISIÓN DOMICILIARIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; ANALOGÍA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; IGUALDAD; VULNERABILIDAD;
RFJ (causa N° 63633)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J
La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia respecto de la cuestión de fondo y elevó la cantidad fijada como indemnizatoria del daño moral (juezas Scolarici y Verón).

1. Libertad de prensa. Real malicia. Derechos personalísimos. Derecho a la intimidad. Daños y perjuicios. Daño moral. Femicidio.
“[P]retender que la libertad de prensa constituya una causa de justificación de todo tipo de publicaciones, so pretexto del servicio de información pública, significa tanto como otorgarle a aquella un bill de indemnidad […], de allí que puedan priorizarse otros derechos de la persona contra actos, expresiones o imágenes éticamente degradantes que hayan sido publicados y que afecten su dignidad”.
“[E]n el caso de autos, no se configuran los presupuestos de aplicación de la doctrina de la real malicia, pues no se encuentra en discusión la exactitud de los hechos o dichos, sino que se centra en el presunto ejercicio abusivo de la potestad de informar, por exceder el medio periodístico los límites externos que el ordenamiento jurídico prevé con el fin de que la actuación en cada situación en concreto de este derecho, como de todos los demás derechos normativamente consagrados resulte razonable”.
“[L]os derechos personalísimos se extinguen con la muerte, lo cierto es que hay determinadas situaciones en que algunos de esos derechos pueden prolongarse más allá de la vida del sujeto […]. En este tipo de casos, la sola demostración de la violación de su memoria justifica la procedencia de la acción que puedan entablar los descendientes de las personas fallecidas, no se advierte que la publicación de las fotografías del cuerpo sin vida de la menor […] responda a la crónica de un hecho noticioso que respalde la necesidad de acompañar la divulgación de las fotografías en la forma que se hizo, por lo que, sin descartar que la noticia del aberrante crimen revistió un significativo interés general para la sociedad, debido al estupor que produjo, surge diáfano que la demandada excedió el alcance y los límites del derecho a la libertad de prensa”.
2. Libertad de prensa. Derecho a la información. Derecho a la intimidad. Femicidio.
“[D]e las constancias de autos no solo queda evidenciada la violación de un deber de cuidado periodístico, sino que se han traspuesto sin ningún tipo de tapujos los límites jurídicos del derecho de información, máxime que no puede dejar de ponderarse que en el caso nos encontramos frente a un delito aberrante de una menor de edad, por lo que la empresa periodística debió poner especial énfasis en la tutela del resguardo de su intimidad”.
“[L]a intimidad, comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar de amistad, sino también a otros aspectos de la personalidad espiritual física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse”.
3. Libertad de prensa. Derecho a la intimidad. Femicidio. Victima. Revictimización. Daños y perjuicios.
“[L]os argumentos de la demandada en torno a la finalidad de 'generar conciencia y compromiso' acerca de los femicidios en Argentina, carecen de virtualidad para exonerarla de responsabilidad, pues al hacerlo sin autorización previa, se traducen en un sacrificio inaceptable que únicamente ha recaído sobre el aquí actor y los restantes integrantes de su esfera familiar. La revictimización del actor por parte del medio periodístico, quien ya había padecido la lamentable pérdida de su hija en las siniestras circunstancias en que ocurrió, resulta inaceptable”.
“[N]o basta que la información fuese veraz o que las fotografías resultasen auténticas o que en ellas no se alcance a identificar la persona de la hija del accionante, sino que lo relevante y que no fue tenido en consideración por la demandada es que la difusión de las imágenes no debía resultar lesiva a la memoria y dignidad de la menor y de sus parientes, ofensa que causa un irremediable daño al progenitor, aquí demandante”.
LIBERTAD DE PRENSA; REAL MALICIA; DERECHOS PERSONALÍSIMOS; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; FEMICIDIO; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN;
Sandoval Subiabre y otro (Causa N° 24329)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación (jueces Barroetaveña y Petrone, y jueza Figueroa). 1. Nulidad procesal. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[E]l instituto de las nulidades procesales tiene por objeto resguardar el debido proceso y la defensa en juicio. En este orden, es criterio inalterado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que para que prospere la declaración de nulidades procesales se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia...” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
2. Estupefacientes. Requisa. Procedimiento policial. Identificación de personas. Deber de fundamentación.
“[L]a actividad policial no resultó acorde a las normas procesales por cuanto no se encontró debidamente justificada en una sospecha fundada de conformidad con los requisitos exigidos por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación”.
“[U]na actuación al amparo de la situación prevista en el art. 230 bis, supone –como requisito indispensable– la existencia de previos indicios objetivamente acreditados, que razonablemente autoricen a inferir que una persona oculta en su cuerpo, en las pertenencias que lleva consigo o en el vehículo en el que se traslada, objetos o cosas directamente relacionadas con un delito”.
“[S]i al agente de prevención determinadas conductas de una persona humana le generaron un estado de sospecha es necesario que las describa fehacientemente. Luego de ello, son los jueces quienes tienen que determinar si las circunstancias alegadas por el agente objetivamente podían generar en su ánimo un estado de sospecha” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
3. Derecho a la intimidad. Requisa. Procedimiento policial.
“[L]a presencia de un vehículo automotor, con dos ocupantes, ubicado a la vera de un río, en horas de la noche, no necesariamente resultan circunstancias que justifiquen una requisa. En el caso, los agentes de policía no dieron una explicación suficiente que fundamente cuál fue la conducta de los imputados que los llevó al estado de sospecha requerido por la norma. Por el contrario, de las constancias del expediente digital se observa que los ocupantes del vehículo se identificaron inmediatamente” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
“[E]l hecho de observar un vehículo estacionado a orillas del río no autorizan -de manera aislada- a identificar y requisar a una persona, ya que el ámbito de intimidad sólo cede frente a circunstancias que de manera previa o concomitante, y de modo razonable y objetivo, justifiquen una intromisión estatal de la naturaleza de la aquí cuestionada, circunstancia que [...] no se advierte del caso” (jueza Figueroa).
4. Principio de dignidad humana. Derecho a la intimidad. Razonabilidad. Constitución Nacional - Derecho y garantías.
“[L]a razonabilidad de la medida aquí sometida a inspección jurisdiccional no puede ni debe meritarse por el resultado que la misma eventualmente arrojó. Ello implicaría convalidar cualquier intromisión del poder punitivo en la esfera privada de las personas o afectación a la dignidad humana, bajo falsos pretextos de eficacia, contrariando garantías fundamentales que gozan de especial protección constitucional”.
“[E]l derecho a la intimidad y al respeto de la dignidad humana se encuentran debidamente resguardados en los artículos 1, 18, 19, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y su custodia por parte del Poder Judicial de la Nación deviene imprescindible para no vulnerar garantías básicas del Estado Moderno frente a la pretensión represiva estatal” (jueza Figueroa).
NULIDAD PROCESAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; ESTUPEFACIENTES; REQUISA; PROCEDIMIENTO POLICIAL; IDENTIFICACION DE PERSONAS; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DERECHO A LA INTIMIDAD; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RAZONABILIDAD; CONSTITUCION NACIONAL-Derechos y garantías;
Rodriguez (Causa n°12570)Cámara Federal de Casación Penal - voto unipersonal
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación de la fiscalía y confirmó la absolución de la imputada (jueza Ledesma).
1. Vulnerabilidad. Género. Violencia de género. Igualdad. No discriminación.
“[A]tento a las especiales condiciones y circunstancias de vida de [la mujer imputada], nos encontramos ante un supuesto de especial vulnerabilidad de la mujer en un contexto de violencia de género y necesidad económica, cuyo análisis no puede limitarse únicamente a las disposiciones del art. [34] inc. 3 del Código Penal, sino que debe incluir los principios rectores de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que conforman nuestro bloque constitucional […]. Así pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado concretamente que las mujeres cabeza de familia son personas en estado de vulnerabilidad…”.
“[A]ún cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y no discriminación…”.
“[E]l análisis del presente caso requiere un enfoque integrador que incluya la perspectiva de género en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer […] y la ley 26.485, que imponen el deber de facilitar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y garantizar la asistencia a las mujeres víctimas de violencia, además de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres…”.
“Desconocer la situación de necesidad que primó sobre [la mujer imputada], quien […] se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal”.
2. Estado de necesidad. Género. Vulnerabilidad.
“[S]i bien el Ministerio Público Fiscal postula una interpretación dogmática y objetiva del estado de necesidad justificante, lo cierto es que dicho análisis no puede prescindir de los factores sociales de género, pobreza y violencia que gobiernan la sociedad actual y que se acentúan en determinadas regiones”.
“[S]e observa como primer agravio, la ausencia en el caso de un mal inminente por no encontrarse en juego la vida de la niña. [L]a inminencia del mal, en este caso, está determinada por la imposibilidad de [la mujer imputada] –debido a su situación de vulnerabilidad– de asumir con la premura que el médico le había indicado el tratamiento reconstructivo de la mano de su hija. Desde esta perspectiva, resulta claro que cuanto antes se opere mayores posibilidades tendrá de mejorar su calidad de vida”.
3. Violencia de género. Vulnerabilidad.
“[E]l fiscal puso en duda que [la mujer imputada] se encontrara en estado de vulnerabilidad o fuera víctima de violencia de género. [M]ás allá de que [la mujer imputada] efectivamente contara con la tarjeta [de su expareja] y su salario de 8000 pesos –salario que no alcanza ni mínimamente para cubrir las necesidades básicas de un grupo familiar–, no debemos olvidar que el sufrimiento psicológico actual de [la mujer imputada] también es una consecuencia directa del ejercicio de violencia física que sufrió durante 6 años en su ambiente familiar por parte de su expareja”.
“[E]l fiscal hace un análisis parcializado de las circunstancias, argumentando insuficientemente que es posible vivir y abastecer las necesidades de su familia con el salario de 8.000 pesos de su expareja, a quien, además, le cedía parte de ese dinero […]. Por otro lado, desconoce por completo el sufrimiento emocional y el hostigamiento psicológico que aún persistía sobre [la mujer imputada]. Extremo que por sí sólo constituye un grave escenario de violencia de género en los términos de las Convenciones citadas y que surge con claridad del informe psicosocial…”.
4. Transporte de estupefacientes. Género. Estado de necesidad. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes.
“[La fiscalía] cuestionó la ponderación de bienes efectuada por el juez haciendo alusión a la especial gravedad del delito que se le imputa vinculado al tráfico de estupefacientes y a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en la persecución de dichos delitos. Ahora bien, sin desconocer la trascendencia que reviste la persecución de ese tipo de criminalidad, no debe pasar inadvertido que, nos encontramos ante un supuesto de una mujer que actuó como ‘mula’ o ‘correo humano’”.
“[E]n la medida que el estado de necesidad presupone necesariamente un conflicto de intereses, lo decisivo debe ser el merecimiento de protección de un bien concreto, en una determinada situación social, lo que permite al juzgador ponderar las circunstancias sociales y personales, en detrimento de una valoración que podría ser pura objetividad dogmática y absoluta injusticia para la suerte del caso…”.
“En el caso, [la mujer imputada] está a cargo de la manutención, cuidado y contención de sus dos hijos menores, en un contexto de violencia de género y con una situación socioeconómica desfavorable –en los términos de la Convención–, producto de las ocasionales y precarias actividades laborales a las que ha podido acceder, y que además no ha completado sus estudios secundarios […]. En esta tesitura, es que debe afrontar con carácter urgente la cirugía que el médico le prescribió a su hija.
Teniendo en cuenta el contexto analizado, resulta evidente, la diferencia que existe entre los bienes jurídicos en juego. Por un lado, en términos abstractos se encuentra involucrada la salud pública (el bien protegido y tutelado en la Ley de Estupefacientes N° 23.737) –en este caso por el transporte de una cantidad inferior a un kilo de cocaína que era transportado por una mujer ‘mula’ en su cuerpo–, y por el otro, en términos bien concretos, la calidad de vida e integridad psicofísica de su hija de tan solo dos años que se encuentra en la etapa de desarrollo. En consecuencia, no existen dudas […] que, en este particular supuesto, la calidad de vida e integridad psicofísica de su hija era el bien con mayor protección legal.
Más aún si tenemos en cuenta la incidencia psicológica que la malformación también produce en la vida de su hija y la carga emocional que eso conlleva sobre [la mujer imputada]. [No es posible] dejar de lado las presiones sociales y culturales que recaen sobre el rol materno de la mujer, que inevitablemente impactan en su estado emocional y juegan un rol significativo a la hora de decidir la ponderación de intereses en juego.
Desde esta perspectiva, no [se advierten] fisuras en el razonamiento del tribunal, que tras observar y ponderar las circunstancias sociales y personales que expresan la situación de vulnerabilidad y violencia en la que se encontraba [la mujer imputada], consideró que ‘eligió’ un mal menor para salvar la integridad psicofísica de su hija”.
5. Estado de necesidad. Vulnerabilidad. Género. Violencia institucional.
“[E]l fiscal consideró que el dinero proveniente del delito no era la única alternativa posible para operar a su hija. [La mujer imputada], no estaba inserta en el mercado de trabajo formal y su cobertura social era muy precaria. […]En este contexto, cabe preguntarse ¿qué posibilidades reales tenía [la mujer imputada] de actuar de un modo alternativo para que su hija no vea disminuido su proyecto de vida? Para responder este interrogante no debemos perder de vista las diferencias que existen entre hombres y mujeres para hacer frente a la pobreza. […] Atendiendo a estas circunstancias, y sólo desde su posicionamiento, [es posible] comprender las dificultades que concretamente tuvo [la mujer imputada] para recurrir a otros medios menos lesivos”.
“[P]rescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad, para analizar la procedencia del estado de necesidad justificante, no sólo nos llevaría a incurrir en una posible causa de violencia institucional por omisión de la dimensión de género, sino también a efectuar una interpretación in malam partem, en contraposición con los principios de legalidad, pro homine y pro libertate que operan en nuestro sistema de garantías como límites al abuso del poder penal del Estado”.
“[L]as especiales condiciones de vida de [la mujer imputada] producto de la situación de violencia y vulnerabilidad económica que padecía, así como la ausencia de posibilidades para acceder a un trabajo mejor remunerado, redujeron sus posibilidades de elección para actuar conforme a derecho. En ese contexto, […] la posibilidad de obtener dinero mediante actividades vinculadas a delitos de drogas fue, para [la mujer imputada], la única alternativa posible para resolver el problema de salud de su hija de dos años”.
VULNERABILIDAD; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ESTADO DE NECESIDAD; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA INSTITUCIONAL;
Vázquez y otros (causa N° 27987)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación y anuló parcialmente la decisión en lo referido al monto de la pena impuesta y su modalidad de cumplimiento (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Ley de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Determinación de la pena. Interpretación de la ley. Equidad. Finalidad de la pena. Principio de proporcionalidad.
“[L]a hermenéutica jurídica contempla situaciones donde se verifica un conflicto entre el especial escenario del caso concreto y la rigidez impuesta por el carácter abstracto o la generalidad de los términos usados en el enunciado legal […]. En esa línea, la Corte ha indicado que ´razones de equidad y justicia´ aconsejan al juez tomar en cuenta aspectos de la privación de la libertad que van más allá de los límites del enunciado literal. [L]a interpretación en equidad resulta procedente cuando se verifica que la literalidad del texto, por su naturaleza general, aplicada al caso concreto, produce un resultado injusto o irrazonable que obsta a su progreso. No se trata de que la norma en si misma sea injusta o irrazonable, o que las circunstancias del proceso no se correspondan con sus previsiones, sino que su improcedencia en términos materiales acontece en la instancia operativa. En ese nivel, se determina que la excepcionalidad del caso provoca, que la generalidad de la escala punitiva, colisione con los propios objetivos buscados por el legislador de cara a la situación particular.
[Bajo esa lógica] corresponde efectuar una interpretación en equidad para corregir el monto mínimo de esa pena en abstracto, readaptando la punibilidad de la sanción privativa de libertad, de modo tal que habilite su cumplimiento en suspenso. [También] de ese modo […] se satisfacen los criterios retributivos y preventivos generales positivos del injusto culpable demostrado y, al mismo tiempo, se aseguran funciones preventivo especiales congruentes con la proporcionalidad, que impiden una pena cuya falta de necesidad la haría contraria a los valores constitucionales” (voto del juez Yacobucci).
2. Determinación de la pena. Finalidad de la pena. Reinserción social.
"[Debe observarse] como indicador relevante, el paso del tiempo entre el hecho comprobado, la concreción del juicio penal y, en definitiva, la pena impuesta [...]. No es como pretende la parte, que la escala penal mínima lesione de manera evidente la culpabilidad del condenado. Lo que sucede es que las finalidades retributivas, preventivo generales y especiales entran en crisis frente al sujeto alcanzado por la pena, cuando han transcurrido casi seis años desde el ilícito y el culpable ha reconstruido su existencia personal en libertad, manteniendo la fidelidad al derecho y mostrando marcadores de integración social y laboral positivos.
[R]esultaría probablemente contrario a los objetivos de reinserción social –satisfechos los preventivo generales positivos y retributivos– que [la persona], después de largos años en libertad, integrado según surge de las constancias traídas a consideración y habiendo incluso reconocido el hecho, se vea ahora extraído de esa situación para cumplir una pena que ha dejado de mostrarse como enteramente necesaria en su ejecución" (voto del juez Yacobucci).
3. Determinación de la pena. Principio acusatorio. Garantía de imparcialidad. Juicio abreviado. Ministerio público Fiscal.
“[T]al lo explicitado en la crítica impugnaticia, se impone evocar que: ´…la característica principal del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio previsto por nuestra Constitución Nacional implica: ‘…la división de poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir’ […].
También debe señalarse que: ´la garantía de la separación, así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad […] del juez respecto a las partes de la causa, que […] es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio´ […]” (voto del juez Slokar).
LEY DE ESTUPEFACIENTES; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; DETERMINACIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; EQUIDAD; FINALIDAD DE LA PENA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; JUICIO ABREVIADO; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
SAI Causa N° 12566Juzgado de Menores N° 3 de Corrientes
El Juzgado de Menores N° 3 de Corrientes, revocó la guarda provisoria del adolescente respecto de su tía materna. En consecuencia, otorgó la guarda judicial del adolescente a su abuela paterna  en los términos del artículo 657 del CCyC de la Nación.  A su vez, impuso a los progenitores que presenten la solicitud de rectificación registral del adolescente para que represente su identidad autopercibida (jueza Fidel).
1. Niños, niñas y adolescentes. LGBTIQ. Identidad de género. Actos discriminatorios. Derecho de familia. Violencia familiar.
“[P]ersonas adultas, niños y niñas LGBT pueden convertirse en un blanco de ataque porque han asumido públicamente su orientación sexual o identidad de género, o simplemente porque se percibe que desafían de alguna manera las normas tradicionales de masculinidad y femineidad. Es decir, niños y niñas pueden sufrir discriminación y marginalización con base en su expresión de género, incluso antes de que ellos y ellas estén plenamente conscientes de su sexualidad o identidad”.
“[L]a CIDH ha recibido información preocupante sobre ataques violentos perpetrados por padres, madres, hermanos o hermanas y otros pariente contra niños y niñas LGBT, o aquellos percibidos como tales, en países del continente americano. La violencia intrafamiliar contra personas LGBT es un tema constante, e incluye a personas que se les niegan oportunidades de escolarización, que son sujetas a violencia sexual, expulsadas de sus hogares, y/o abusadas física y sicológicamente…”.
“[L]os niños y las niñas a menudo son expulsados de sus hogar luego de que revelan su orientación sexual a sus padres y madres. Como se explicó en una declaración conjunta de la CIDH, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otros expertos internacionales, niños y niñas LGBT a menudo enfrentan el rechazo de sus familias y la comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual e identidad de género. Esto puede tener como resultado altas tasas de falta de vivienda, exclusión social, y pobreza…”.
“[L]a constitucionalización del derecho de las familias exige una mirada transversal de todas las disposiciones constitucionales e infraconstitucionales, pues la internacionalización de los tratados de derechos humanos integra […] el bloque de constitucionalidad…”.
2. Convención sobre los derechos del niño. Niños, niñas y adolescentes. Interés Superior del niño. Vulnerabilidad. LGBTIQ. No discriminación. Identidad de Género. Autonomía progresiva.
“[S]e desprende que [el adolescente] es sujeto de una protección especial por hallarse en una situación de ´vulnerabilidad profunda´ de la que nos habla Cecilia Grosman, pues no solamente es una persona menor de edad en pleno desarrollo y formación sino también acogido a un grupo minoritario denominado LGBTI quienes, históricamente han sido víctimas de discriminación, estigmatización y violaciones a sus derechos fundamentales.
[E]n otras palabras, [el adolescente] se encuentra entrampado en una beligerante conflictiva adulta que le impide transitar de manera armónica, saludable y con la continencia de ambos progenitores el proceso de su identidad de género…”.
“[T]oda persona tiene derecho a que su identidad sea reconocida. [Debido a que se trata de] un adolescente de 14 años de edad, […] debe valorarse la formación de su consentimiento en base a su capacidad progresiva e interés superior. Esto último incide palmariamente en la responsabilidad parental que ejercen sus padres.
[L]a Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH señaló ‘[…] para este Tribunal, se desprende por tanto, del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y de la protección del derecho a la vida privada, un derecho a la identidad, el cual se encuentra en estrecha relación con la autonomía de la persona y que identifica a la persona como un ser que se autodetermina y se autogobierna, es decir, que es dueño de sí mismo y de sus actos […]’.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño lo reconoce como ‘sujeto de derecho’, es decir con derechos y responsabilidades apropiadas según su edad y grado de madurez. Es decir que, en el marco de la autonomía de su voluntad y capacidad progresiva, puede desarrollar su propio plan de vida…”.
3. Niños, niñas y adolescentes. Interés Superior del niño. Vulnerabilidad. LGBTIQ. Documento nacional de identidad. Identidad de Género. Consentimiento.
“[Al adolescente] debe garantizársele […] el instrumento que acredita su identidad autopercibida, respetando para ello el nombre de pila y el género con el cual se siente identificado. En esta línea, el art. 69 del CCyC de la Nación señala a la identidad de género como justo motivo para cambiar el prenombre sin intervención judicial cuando dice ‘[…] Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de género […]’.
La ley 26.743 señala que los niños, niñas y adolescente deben realizar el trámite a través de sus representantes legales y con la expresa conformidad de la persona menor de edad, debiendo presentar una solicitud que manifiesta encontrarse amparado por dicha normativa.
[L]o fundamental es el consentimiento del niño/a o adolescente en la medida de sus posibilidades. Como destacar el artículo 26, el rol de los padres debe ser de ‘asistencia’,  de ser un medio entre la/el niño y lograr concretar su género autopercibido tal como lo deseo. No se trata de que los padres estén de acuerdo o no con esta vivencia interna, es decir, lo que se busca no es el consentimiento de ellos porque las consecuencias de estas garantías no recaen sobre sus personas, recaen en la persona de su hijo/a, que es el interesado en que esto suceda […]’.
Así, la OP 24/17 selló ‘partiendo de la compleja naturaleza humana que lleva a cada persona a desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género, al ser aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad’…”.
4. Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad parental. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Deber de cuidado. Derecho a ser oído.
“[S]i bien, el art. 7 de la ley 26.061 señala el rol que tienen los progenitores frente a sus hijos al establecer que la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías en lo que respecta a su cuidado, desarrollo y educación integral; establece a su vez que el Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad.
Ello, confrontándolo con el art. 646 del CCyC de la Nación que establece en sus incs. c) y d) dos deberes fundamentales que deben servir como principio rector para el actuar de los progenitores, el cual dice: ‘c) respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos; d) prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos’.
En otras palabras, ambos progenitores en cumplimiento del deber derivado de la responsabilidad parental deben acompañar a su hijo en el pleno ejercicio y efectividad de sus derechos, los cuales […] son de orden personalísimo y fundamental…”.
4. Código Civil y Comercial de la Nación. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Responsabilidad parental. Guarda de niños. Guarda provisoria. Deber de cuidado.
“[C]abe destacar que el Art. 657 del Código Civil y Comercial de la Nación consagra la figura jurídica por la cual los progenitores no deciden delegar el cuidado del hijo a otra persona, sino que la guarda es consecuencia de una resolución jurisdiccional.
Se trata de una excepción al derecho de los hijos a vivir con sus progenitores, el cual se encuentra consagrado expresamente por los artículos 7° y 8° de la C.D.N., ya que ante situaciones específicas podrá resultar necesaria en forma excepcional y para asegurar su superior interés la separación del mismo.
La normativa en mención establece: ‘Otorgamiento de la guarda a un pariente. En supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual. Vencido el plazo, el juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente mediante otras figuras que se regulan en este Código.       El guardador tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza del o los progenitores, quienes conservan los derechos y responsabilidades emergentes de esta titularidad y ejercicio’…”.
“[E]l otorgamiento de la guarda a un pariente se genera cuando se verifica que la permanencia del niño en su medio familiar resulta contraria a su interés, es decir cuando la convivencia con los progenitores coloca al niño en una situación de efectiva vulneración (o amenaza de conculcación) de sus derechos fundamentales, o cuando los progenitores por diversas situaciones no puedan hacerse cargo del niño.
El guardador designado judicialmente adquiere un estatus jurídico frente a terceros que les permitirá ejercer con mayor eficacia las funciones inherentes al cuidado del niño. De este modo, se garantiza al niño y adolescente el ejercicio de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud (por la posibilidad de gozar de la cobertura médica del guardador), su derecho a la educación, a la alimentación, etcétera. El guardador tiene el cuidado personal del niño y está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana.
En esta línea, las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece como uno de sus objetos: b) Velar por que, mientras se buscan esas soluciones permanentes, o en los casos en que estas resulten inviables o contrarias al interés superior del niño, se determinen y adopten, en condiciones que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, las modalidades más idóneas de acogimiento alternativo…”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; DERECHO DE FAMILIA; VIOLENCIA FAMILIAR; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; AUTONOMÍA PROGRESIVA; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; CONSENTIMIENTO; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; RESPONSABILIDAD PARENTAL; DEBER DE CUIDADO; DERECHO A SER OIDO;
Brugger (Causa N° 5514)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por unanimidad, hizo lugar al recurso de apelación y modificó parcialmente la demanda. A su vez, incrementó el monto de la indemnización por daño moral (jueces Uriarte, Gusman y Antelo).
1. Estado nacional. Gendarmería Nacional. Fuerzas de seguridad. Responsabilidad. Elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Accidentes del trabajo. Accidentes in itinere. Contrato de trabajo. Cumplimiento de un deber. Obligación de seguridad.
“[E]l apelante parece desconocer la responsabilidad que emerge del deber de indemnidad que el empleador tiene respecto de su empleado, que se extiende al trayecto que lo lleva de su hogar al trabajo y luego de regreso. El accidente sufrido en el ámbito laboral y en el curso del desempeño de las funciones propias o con motivo de ellas –que incluye el accidente in intinere–, implica infracción al deber de seguridad que incumbe al principal respecto de sus dependientes en orden a la preservación de su integridad psicofísica, deber que es inherente al contrato –llámese de trabajo o de empleo público– que vinculara a las partes y preexistente al infortunio.
[V]ale la pena recordar que la obligación de seguridad es aquella en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o sus bienes sanos y salvos a la expiración del contrato […]. El dependiente tiene protección constitucional y legal por su condición de tal, y dicha protección alcanza su máxima expresión con este deber de seguridad que impone resultado.
[L]a propia Corte Suprema de Justicia de la Nación […] ha planteado la necesidad de evitar discriminaciones impropias equiparando al Estado con cualquier empleador que se sirve de trabajo ajeno y que, por tanto, debe afrontar los accidentes sufridos por sus dependientes ínterin el cumplimiento de sus tareas.
[T]oda vez que aparecen configurados en el caso los presupuestos de la responsabilidad que el demandante le ha endilgado a la demandada [Gendarmería Nacional], esto es, la existencia de un daño, la relación de causalidad del perjuicio y los hechos que le dieron origen –calificados administrativamente como ´en servicio´–, y su imputabilidad a la accionada en razón de su responsabilidad objetiva, no cabe más que confirmar la atribución de responsabilidad a cargo de la parte demandada, tal como ha resuelto la sentencia apelada…”.
2. Fallecimiento del trabajador. Indemninización. Daños y perjuicios. Daño moral. Daño psicológico. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Valor vida.
“[E]n lo tocante al único agravio de la parte actora –monto acordado por daño moral–, cabe señalar que en supuestos de la naturaleza de este litigio la existencia del daño moral no requiere prueba específica, porque está en el curso natural y ordinario de las cosas que la pérdida de un hijo lesione la afectividad de los padres que lo sobreviven, sin que pueda imaginarse situación con mayor repercusión espiritual, sobre todo cuando la muerte se produce en circunstancias inesperadas y trágicas, como aconteció en este caso […].
A los fines de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio del daño moral, como así también la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste…”.
ESTADO NACIONAL; GENDARMERÍA NACIONAL; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; ACCIDENTES DE TRÁNSITO; ACCIDENTES IN ITINERE; CONTRATO DE TRABAJO; CUMPLIMIENTO DE UN DEBER; OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD; FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR; INDEMNIZACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; DAÑO PSICOLÓGICO; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; VALOR VIDA;
Cohendoz (Causa N° 44634)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B
La Sala B, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por mayoría, modificó la sentencia recurrida. En este sentido, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios exclusivamente contra el médico obstetra, el instituto médico y la obra social de la actora (juez Parrilli y Ramos Feijoo).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Defensa del consumidor. Derecho a la salud. Asistencia médica. Ley aplicable. Interpretación de la ley.
“[C]omo el hecho dañoso que da origen a este proceso sucedió antes de la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial, este caso debe juzgarse aplicando las disposiciones del Código Civil, texto según decreto-ley 17.711. Sin embargo, en lo que respecta al centro médico y la Obra Social, su responsabilidad se juzgará bajo las normas del nuevo Código, en la medida que sean más favorables al consumidor y las de la ley 24.240, pues como proveedores del servicio médico se encontraban obligados a observar el deber de seguridad en la atención de la actora y su hija (artículos 2, 3 y 5 LDC 24.240 y art. 1093 CCCN)…”.
2. Asistencia médica. Responsabilidad. Responsabilidad médica. Daños y perjuicios. Reparación. Prueba. Informe pericial. Carga de la prueba. Apreciación de la prueba. Sana crítica.
“[N]o resulta factible hacer responsables a los médicos en forma objetiva como pretende el recurrente. Aquí no hay un obrar colectivo, sino sucesivos actos médicos de profesionales y especialidades –algunos de los cuales ni siquiera han sido traídos a juicio– que, en todo caso, concurrieron al resultado dañoso.
En consecuencia, respecto de los profesionales demandados si se pretende el resarcimiento de los perjuicios sufridos debe acreditarse no sólo que estos han existido, sino la relación de causalidad entre el obrar negligente de aquel a quien se imputa su producción y tales perjuicios […].
La carga de la prueba de esos extremos recae sobre la actora aunque no puede soslayarse la cooperación que debe brindar la parte que goza de facilidad probatoria, en este caso los demandados, en la búsqueda de la justicia…”.
“Referente a la demostración de los presupuestos de responsabilidad cabe observar que, en este tipo de juicios, la prueba pericial médica deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos […].
Además, tal relevancia de la prueba pericial se sustenta en que si bien las normas adjetivas no acuerdan el carácter de prueba legal al dictamen de los peritos y su fuerza probatoria debe juzgarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica (cfr. art. 386 y 477 del Código Procesal) lo cierto es que cuanto mayor es la particularidad del conocimiento, menor es la posibilidad de apartarse de lo dictaminado por los expertos…”.
3. Relación de causalidad. Médicos. Responsabilidad médica. Mala praxis. Culpa. Daño. Prueba. Apreciación de la prueba. Obra social. Asistencia médica. Defensa del consumidor. Usuarios y consumidores. Prestación de servicio. Deber de cuidado. Deber de asistencia. Seguridad social.
“[F]rente a esa complejidad, que especialmente presenta la demostración de la relación de causalidad en la culpa médica, doctrina y jurisprudencia han flexibilizado o aligerado la prueba de la interconexión entre el hecho o factor eficiente y el daño a fin de que la responsabilidad médica no se torne ilusoria […].
En ese sentido, se ha dicho que, cuando es imposible tener certeza o exactitud por la complejidad del caso, el juez podrá tener por acreditada la relación de causalidad si existen elementos probatorios que permitan deducir con un grado de suficiente probabilidad, que la conducta del médico resultó idónea para producir el daño...”.
“[E]s que, entre dichas entidades [Instituto médico y la obra social] y [la actora] se configuró una relación de consumo (art. 3 de la ley 24.240) que hace aplicable estatuto del consumidor aun cuando no haya sido invocado por la demandante (art. 42 de la Constitución Nacional y art. 65 ley citada).
De manera que tanto [su obra social] como su prestadora (I.M.O) eran responsables directos de garantizar el cuidado y seguridad de la actora y su hija, finalmente fallecida, aun cuando se hubiesen valido de terceros para el cumplimiento de la prestación comprometida […].
“[E]n cuanto a [la obra social], sin perjuicio de su encuadre en la apuntada relación de consumo, no puedo dejar de observar que tal como ha señalado la Corte Federal, en la actividad de las obras sociales ha de verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere un carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios, ni subestime la función que compete a los profesionales que participen en la atención brindada en las aludidas entidades. El adecuado funcionamiento del sistema médico asistencial no se cumple tan sólo con la yuxtaposición de agentes y medios o con su presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos ellos se articulen activamente en cada momento y en relación a cada paciente; porque cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el sistema y un acto fallido en cualesquiera de sus partes, sea en lo que hace a la prestación médica en sí como a la sanitaria, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su control […].
“[E]s claro que probada la culpa del médico en la atención de la paciente se configurara la violación del deber de seguridad y el incumplimiento contractual de manera irrefragable, pero también lo es, que no será necesario probar esa culpa en todos los casos para que respondan, pues también deberán hacerlo al incumplir otras obligaciones que integran el plan prestacional, como […] ha sucedido en este caso, al no haber demostrado que el instituto demandado contara con un programa de vigilancia epidemiológica y control de infecciones y un comité de control de infecciones hospitalarias, para evitar la infección hospitalaria…”.
4. Embarazo. Malas praxis. Tratamiento médico. Responsabilidad médica. Prueba. Informe pericial. Sana crítica.
“[E]l Sr. Juez se equivoca cuando desecha la prueba pericial de obstetricia y afirma que ‘la cuestión que se discute en autos se encuentra referida al tratamiento médico que se brindó a la menor y a partir de ello la eventual responsabilidad de los demandados en su fallecimiento’ centrándose en el análisis de la pericial de neonatología.
Las máximas de experiencia y la lógica, que integran la sana crítica (art. 386 del CPCCN) permiten afirmar que la sola rotura prematura de las membranas (RPM) no es signo suficiente para concluir en que la cesárea debe realizarse en forma inmediata como lo hiciera el Sr. Juez. Además, aquí estábamos ante una gestación de 28 semanas lo cual imponía intentar prolongar al máximo el período de latencia, es decir el transcurrido entre la rotura prematura de las membranas y el nacimiento. Así parecen haberlo entendido los médicos que atendieron [a la actora] ese mismo día a poco que se repare –como atinadamente lo señala el apoderado de la actora– que la ruptura de las membranas se produjo unas ocho horas antes al comienzo de la cesárea…”.
5. Daño. Tratamiento médico. Asistencia médica. Relación de causalidad. Prueba. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad.
“[S]egún la Organización Mundial de la Salud, las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), también denominadas infecciones «nosocomiales» u «hospitalarias», son aquellas contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. Las IAAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno en el que reciban atención sanitaria, y pueden aparecer también después de que el paciente reciba el alta.
Precisado lo anterior sobre el origen intrahospitalario del germen y su probable vía de ingreso al organismo parece oportuno señalar que ´como la prueba misma de la relación causal en cuanto al origen del contagio de una infección intrahospitalaria puede llegar a ser diabólica, si se prueba el contacto físico entre el actuar y menoscabo que presenta el enfermo y no se puede conocer a ciencia cierta cuál fue la causa del daño ello no será obstáculo para que los magistrados, a tenor de los elementos de convicción aportados y las circunstancias del caso, puedan dar por cierta la existencia de la relación causal, ya que, por ser en extremo dificultosa la demostración de ella, toca aligerar o flexibilizar las exigencias probatorias´ […].
En consecuencia, si el Instituto Médico de Obstetricia es el único centro médico en que estuvo internada la niña desde que nació hasta que contrajo la sepsis, la circunstancia que se haya producido el contagio por un germen que se determinó que es intrahospitalario y exógeno al paciente, sumado a que no se acreditó la existencia de un plan de control de infecciones hospitalarias, permite inferir el incumplimiento de las medidas de seguridad necesarias y que con la debida asepsia ello podría haberse evitado […].
[A]ún cuando no puede afirmarse sin hesitar que el obrar de los demandados desencadenara la muerte de la niña, a poco que se repare que se trataba de un embarazo de riesgo con antecedentes de parto prematuro, lo cierto es que las pruebas producidas generan convicción en punto a que la realización intempestiva de la cesárea […] – sin la suficiente maduración pulmonar del feto, sin verificar que se presentaba una concreta situación de riesgo de rotura uterina en la madre que la justificase y sin suministrar una dosis de rescate de corticoides– colocó a la niña en una situación de mayor vulnerabilidad que, al concurrir causalmente con la posterior infección hospitalaria por ´staphylococcus epidermidis´, privó a la recién nacida de una chance cierta de sobrevida…”.
6. Valor vida. Daño patrimonial indirecto. Daño psicológico. Daño moral. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales.
“[L]a Corte Federal ha dicho que la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes […].
A la luz de lo referido, lo que se valora no es la vida misma sino las consecuencias que se generan hacia otros sujetos; precisamente por el cese de la posibilidad de esta actividad creadora en el futuro que la muerte elimina. O sea, que corresponde desentrañar la eventual privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la niña podía haber llegado a reportar a la actora…”.
“[L]as lesiones a la psiquis no constituyen una categoría autónoma, puesto que tales lesiones pueden conculcar intereses de índole patrimonial o moral […]. El daño psicológico puede implicar, ante todo, un daño patrimonial indirecto, en tanto genera deterioros orgánicos que impidan o dificulten el ejercicio habitual de las actividades laborativas de la víctima; pero además, en todo caso, inflingen un daño extrapatrimonial directo, al disminuir o afectar la integridad personal del damnificado, por lo que también es reparable el daño moral que trasunte el deterioro psíquico o afectivo de la persona en su vida de relación…”.
“[E]s que la pérdida de un ser querido, sobre todo cuando se trata de un familiar cercano, ocasiona de por sí un daño moral evidente, que se padece en la parte afectiva del patrimonio moral y se concreta en el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia y el temor por las consecuencias de lo irreparable. La muerte del cónyuge que integra nuestra vida, de los padres que nos dotaron de ella y guiaron los primeros pasos, de los hijos que son un desprendimiento de la propia vida, acarrean daños morales imborrables…”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; RESPONSABILIDAD; RESPONSABILIDAD MÉDICA; DAÑOS Y PERJUICIOS; REPARACIÓN; PRUEBA; INFORME PERICIAL; CARGA DE LA PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; SANA CRÍTICA; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; MÉDICOS; MALA PRAXIS; CULPA; DAÑO; OBRA SOCIAL; USUARIOS Y CONSUMIDORES; PRESTACION DE SERVICIO; DEBER DE ASISTENCIA; DEBER DE CUIDADO; SEGURIDAD SOCIAL; EMBARAZO; TRATAMIENTO MÉDICO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; VALOR VIDA; DAÑO PATRIMONIAL INDIRECTO; DAÑO PSICOLÓGICO; DAÑO MORAL; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES;
Internos U.R. III y U.R. II del CPF V (causa N° 678)Juzgado Federal de 1a Instancia de Neuquén Nº 2
El Juzgado Federal de Neuquén N° 2 hizo lugar a la acción por haberse configurado un agravamiento en las condiciones de detención vinculado con la modalidad de las requisas. Asimismo, exhortó a las autoridades del complejo para que dichos procedimientos se ejecuten en cumplimiento de la normativa vigente y garanticen el respeto de la dignidad humana (juez Villanueva).
1. Ejecución de la pena. Cárceles. Hábeas corpus. Procesos colectivos. Condiciones de detención.
“[La] vía intentada resulta idónea para salvaguardar los derechos que se aducen conculcados, y que -por tratarse del modo en cómo se ejecutan los procedimientos- involucra a toda la población del establecimiento carcelario. [L]a decisión que se adoptará tendrá un alcance general, no sólo porque de lo contrario aparecería repugnado un elemental principio de igualdad sino también para evitar un eventual dispendio de actividad jurisdiccional”.
2. Ejecución de la pena. Cárceles. Requisa. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Derecho a la integridad personal. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[U]n exceso de [las] facultades [del Servicio Penitenciario Federal] quitarles su vestimenta [a las personas destinadas] hasta el desnudo en un sitio no del todo adecuado –por tratarse de celdas compartidas, en las que se alojan con pares y a las que accede personal penitenciario–, pues no quedan dudas que su dignidad es afectada de manera flagrante.
Lo observado resulta innecesario, por cuanto existiendo dispositivos electrónicos destinados a la detección de objetos metálicos peligrosos –incluso aparatos de telefonía móvil–, bien se puede acudir al uso de estos para el adecuado control de las funciones asignadas al personal de requisa”.
“[E]l método de control escogido –aunque la autoridad alegara su carácter excepcional, razonado en la posible introducción al pabellón de elementos peligrosos–, no solo lesiona el derecho a la integridad física y moral de las personas […] y el derecho a la protección de la honra y la dignidad […], sino que también resultan contrarias a la finalidad de prevención especial positiva que orienta la ejecución penal […], debiendo agregar[se] los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas…”.
“[R]esulta necesario destacar que el Protocolo General de Registro e Inspección del Servicio Penitenciario Federal […] establece como regla el registro superficial, consistente en una inspección corporal tendiente a detectar todo elemento no permitido que pueda ocultarse entre las prendas de vestir y/u objetos personales mediante la utilización de dispositivos tecnológicos y, de manera subsidiaria, autoriza el registro manual […], estableciendo de modo excepcional el registro integral […], y agrega que tal modalidad integral consiste en la inspección corporal, luego de haber sido invitado a desvestirse en forma parcial, no quedando en ninguna circunstancia en completa desnudez…”.
“[E]n aquellos casos que la coyuntura carcelaria –razones de necesidad y urgencia– requiera acudir a la vía excepcional, debe darse estricto acatamiento al procedimiento diseñado por la normativa que rige la materia, indicando el proceder adoptado, razones que lo motivaron y el personal interviniente, además de labrar las actuaciones que correspondan a partir del resultado obtenido, con comunicación a las autoridades. Ello, de conformidad con lo establecido en la Regla 51 (Reglas Mandela)…”.
“[D]e conformidad con cuanto se ha señalado respecto de la desnudez de los internos, indudablemente significó un agravamiento en sus condiciones de detención fundado en una afectación a la intimidad y dignidad de las personas alojadas, por especial impacto a su pudor”.
3. Ejecución de la pena. Cárceles. Requisa. Prueba. Registro en video. Servicio Penitenciario Federal.
“[A] los efectos de cumplir cabalmente con el [´Protocolo de uso de cámaras portátiles audiovisuales´], es que [se ordena] al Director del CPF V que –en lo sucesivo– arbitre las medidas necesarias para que el personal de requisa ajuste el procedimiento de filmación a lo establecido en el Anexo I, debiendo captarlo íntegramente desde su inicio hasta su finalización, eso es, el momento de ingreso, permanencia y salida de los agentes, permitiendo la identificación de cada una de las celdas, reiterando lo asentado en el protocolo de mención, en lo atinente a que la instrucción de documentar el procedimiento de manera que sirva como elemento probatorio, no solo de las denuncias efectuadas por los internos sino también frente a posibles falsas acusaciones al personal”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; CÁRCELES; HÁBEAS CORPUS; PROCESOS COLECTIVOS; CONDICIONES DE DETENCIÓN; REQUISA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRUEBA; REGISTRO EN VIDEO; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL;
Habeas corpus CPF V (causa Nº 628)Juzgado Federal de 1a Instancia de Neuquén Nº 2
El Juzgado Federal de Neuquén N° 2 hizo lugar al habeas corpus correctivo, amplió su alcance a toda la población carcelaria y dispuso que en el término de treinta días el CPF V subsanara las falencias verificadas por la inspección bromatológica (juez Villanueva).
1. Habeas corpus. Cárceles. Condiciones de detención. Derecho a la salud. Derecho a la alimentación. Principio de dignidad humana.
“No puede desconocerse que es alto el riesgo de propagación de enfermedades infectocontagiosas –algunas de ellas de carácter grave, tal como la leptospirosis– ante la presencia de roedores y sus excrementos mezclados en el pan, como así también las cucarachas y gorgojos que deambulan en los sectores que fueran objeto de inspección. Tampoco [se puede] soslayar [que] si Bromatología hubiera advertido tal gravedad, la decisión a tomar hubiera sido otra: la de clausurar las instalaciones y no asignar un plazo para remediar tales falencias; estimo más bien que al tratarse de un establecimiento de elaboración de productos –en el caso, panificación– y constatadas las falencias […] se optó por intimar al Servicio Penitenciario a solucionarlas, estableciendo plazos para ello”.
“No cabe duda pues, que ha habido un desmedro de los derechos esenciales de los accionantes –que incluye a toda la población del CPF V, toda vez que se hornea el pan una vez al día– al carecer este producto y las instalaciones donde se manufactura de las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas […]. Es deber del Estado organizar sus estructuras y [las] conductas de sus funcionarios de modo tal que garanticen, efectivamente, la satisfacción de los derechos de los detenidos a una alimentación acorde a su dignidad personal y a [la] necesidad de preservación de su salud integral”.
HÁBEAS CORPUS; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;
Cerron Ruiz (Causa N° 38120)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el recurso extraordinario concedido (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
1. Sentencia condenatoria. Doble conforme. Revisión judicial. Recurso de casación.
“[E]n ‘P., S. M. y otro’ (Fallos: 342:2389), se estableció que ante el dictado de una sentencia condenatoria en sede casatoria, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado debe ser salvaguardada directamente en dicho ámbito mediante la interposición de un recurso de casación que deberán resolver otros magistrados que integren ese tribunal, sin necesidad de que el imputado deba previamente recurrir a esta Corte para obtener una decisión que ordene que tenga lugar dicha revisión” (considerando 1°).
2. Sentencia condenatoria. Notificación. Revisión judicial.
“[E]n atención a que en dicho precedente también se precisó que el criterio jurisprudencial allí establecido no se aplicaría a las causas en que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal casatorio hubiera sido notificada con anterioridad a su dictado, a los efectos de no contrariar el criterio explicitado, ni tampoco vulnerar los derechos de los recurrentes, corresponde remitir nuevamente las actuaciones a la instancia de origen, para que la defensa de la imputada pueda obtener la revisión del fallo condenatorio mediante la interposición del recurso correspondiente; habilitándose a tal efecto los plazos pertinentes a partir de la notificación de la radicación de los autos en el tribunal casatorio” (considerando 2°).
SENTENCIA CONDENATORIA; DOBLE CONFORME; REVISION JUDICIAL; RECURSO DE CASACIÓN; NOTIFICACIÓN;
Malla Agüero y otros (causa N° 7113)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Mendoza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza, por mayoría, unificó las penas correspondientes e impuso una pena de seis años de prisión (jueces Cortés y Salinas).

“[La persona] habría sido abusada sexualmente por una persona encargada de su custodia, mientras ella se encontraba en una celda del Servicio Penitenciario Federal privada de su libertad. […] De este modo, el hecho de no agravar la respuesta punitiva por encima de lo solicitado por la defensa constituye una nueva forma de dar una respuesta estatal que busque atenuar las consecuencias de un ataque sexual perpetrado por un agente del mismo Estado”.
“[L]a especial condición de víctima que actualmente reviste [la persona condenada] integra las condiciones personales fijadas como parte de los índices de mensuración punitiva previstos por los Arts. 40 y 41 del Código Penal. […] Se trata de una especial condición de vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta, de conformidad con las previsiones de las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. […] Son las propias Reglas de Brasilia las que instan a las autoridades a adoptar medidas adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito sufrido (Regla Nº 12)”.
CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; UNIFICACIÓN DE PENAS; ABUSO SEXUAL; DETERMINACIÓN DE LA PENA; VULNERABILIDAD;
Zumbay (causa Nº 3546)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar al recurso de apelación y ordenó a la ANSeS que abonase en forma inmediata la Asignación Universal por Hijo suspendida hasta tanto se resolviese el trámite principal (jueces Rabbi Baldi Cabanillas, Sola Espeche y French).
1. Medidas cautelares. Medida de no innovar. Peligro en la demora.
“[C]abe recordar que `las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces, y si bien para descartarlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus bonis iuris, siendo admisibles en tanto y cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable´ […].
Pues bien, el art. 230 del CPCCN dispone que `podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicios, siempre que: 1°) El derecho fuera verosímil. 2°) Existiere peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3°) La cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria´.
Por medio de esta se trata de `asegurar la inalterabilidad de la situación de hecho existente mientras se sustancia el proceso principal, en tanto su modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible (art. 230, inc. 2°, del CPCCN), de tal manera que no pueda cambiarse de estado la cosa objeto del juicio para que no sea trabada la acción de la justicia´ […]. `Se observa que la medida tiene un objeto inmediato, a saber: que no se modifique ni altere la situación fáctica o jurídica. Y un objeto mediato: que al momento de la sentencia pueda ésta cumplirse si el derecho le es reconocido al litigante, despejando la posibilidad de que se torne ilusorio el derecho que pueda corresponderle, evitando así un perjuicio irreparable´ como el que derivaría de `la concreta realización de actos o hechos cuyas consecuencias se prevén como definitivamente perjudiciales´…”
2. Medida de no innovar. Actos administrativos. Medidas precautorias. Peligro en la demora.
“Asimismo, corresponde puntualizar que `si bien por vía de principio, la prohibición de innovar –como la dispuesta en autos–, no procede respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles´ […] por lo que en esos supuestos, la apreciación de las circunstancias particulares del expediente a los fines de la ponderación de los requisitos que hacen a la admisibilidad de la medida solicitada debe examinarse con mayor severidad y con carácter restrictivo […].
Finalmente, cabe reseñar que para acceder a la medida precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la justifique, el que debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros […], siendo este presupuesto aún más exigible cuando la petición cautelar coincide con la petición de fondo, en tanto su concesión implicaría desnaturalizar la finalidad asegurativa que inspira el instituto provisorio, cuando no existan circunstancias que justifiquen un adelanto de jurisdicción”.
3. Medidas cautelares. Responsabilidad del Estado. Verosimilitud del derecho.
“[E]l supuesto de autos se encuentra dentro de las prescripciones previstas por el art. 14 inc. 1° puntos a), b) y c) de la ley 26.854 que viabiliza el dictado de medidas cautelares en contra del Estado Nacional ante la inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico concreto y específico a cargo de la demandada frente a `la fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública exista´.
Así, pues, en el limitado y provisorio marco de conocimiento propio del instituto en examen, aparece configurado el requisito que atañe a la verosimilitud del derecho con el grado antes referido, ya que se está frente a una cuestión que permite en el estado actual de discusión y análisis tener por acreditado un mejor derecho de la actora frente a un acto administrativo que, en principio, resultaría arbitrario”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA DE NO INNOVAR; PELIGRO EN LA DEMORA; ACTOS ADMINISTRATIVOS; MEDIDAS PRECAUTORIAS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Guaita (Causa N° 26887)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, Sala II
La sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón confirmó tanto la medida cautelar impuesta como la resolución apelada (voto de los jueces Jordá y Gallo).
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Convención sobre los Derechos del Niño. Educación. Establecimiento educativo. Emergencia sanitaria. Vulnerabilidad. Acción de amparo.  
“[H]ay algo que necesariamente [se debe] ponderar: la cuestión a decidir aquí involucra derechos de niños, niñas y adolescentes. En casos así, una pauta fundamental a tener en cuenta es aquella que nos indica que debe prevalecer su interés superior, por sobre el de otros sujetos involucrados (art. 3 CIDN)”.
“[S]i bien el impacto concreto en cada caso, deberá ser objeto de prueba, como pauta general, la situación de emergencia genera, en una primera aproximación (propia de las providencias cautelares), al menos una presunción (art. 163 inc. 5 CPCC) de incidencia desfavorable en la economía de las personas”.
“[El] mantenimiento del acceso a la educación debe […] ser interpretado ampliamente, y no de manera estrecha o restrictiva; así, debemos leerlo en el sentido del mantenimiento en las condiciones en que se venía dando con anterioridad la actividad educativa, incluso persistiendo dentro de la misma comunidad.
Es que si al impacto que, de por sí, genera la situación sanitaria sobre los NNA le sobreagregamos el de cambio de institución educativa, con todo lo que ello implica para su desarrollo, estaríamos desatendiendo la necesidad de protección [y] su interés superior”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Educación. Emergencia sanitaria. Ministerio de Educación y Justicia. Establecimiento educativo. Medidas cautelares. Medida de no innovar. Verosimilitud del derecho.
“[D]ebemos abrevar en las recomendaciones formuladas por el Ministerio de Educación. [Entre ellas el ministerio ha recomendado] 'FLEXIBILIZAR, REPROGRAMAR O EXTENDER LAS FECHAS DE LOS VENCIMIENTOS DE PAGO de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses), y SUPRIMIR LAS MULTAS y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio'”.
“[D]e este modo, la decisión de no reservar las vacantes, con la consecuencia de disponer la no continuidad de los NNA en la institución educativa, por motivos económicos, cuando el establecimiento parece no haber cumplido, en forma cabal las […] recomendaciones ministeriales, hacen a la verosimilitud del derecho”.
“[E]n cuanto al acatamiento de la cautelar decretada si bien es cierto que podría generarse alguna cuestión interpretativa (en relación a si se trata de una medida de no innovar o innovativa) el sentido final de la misma es claro en cuanto a que, para acatarla, la recurrente debe actuar lo conducente para que los NNA sean matriculados para este ciclo lectivo y puedan comenzar a cursarlo allí; ello, se insiste, independientemente de que se ventilen —en otro ámbito— las cuestiones económicas pendientes con los progenitores”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; EDUCACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; EMERGENCIA SANITARIA; VULNERABILIDAD; ACCION DE AMPARO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; MEDIDAS CAUTELARES; MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA; MEDIDA DE NO INNOVAR;
Jiménez (causa N° 22058)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar al recurso de casación y anuló la resolución impugnada. A su vez, extendió el alcance de la decisión a las restantes personas involucradas (jueces Petrone y Barroetaveña, y jueza Figueroa).
1. Juicio abreviado. Ley de estupefacientes. Arbitrariedad. Pena. Determinación de la pena. Nulidad.
“[P]or la calificación de los hechos imputados y por los que fueran llevados a juicio, en abstracto, las partes se encontraban impedidas de celebrar un acuerdo en los términos del art. 431 bis del rito, al encontrarse ausente un elemento esencial para su viabilidad, esto es, que el fiscal pudiese estimar suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años de prisión.
[L]a transgresión a las normas que gobiernan el procedimiento de juicio abreviado, surgen palmarias en tanto el acuerdo celebrado entre las partes contiene penas que exceden lo estipulado por el instituto”.
“[L]a sentencia ha sido dictada mediante un mecanismo abreviado no contemplado legalmente para casos como los que tratan estas actuaciones. [Por este motivo] corresponde descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, ello es así, por cuanto la doctrina de la arbitrariedad exige que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, extremo que no ha sido observado en el caso” (voto de la jueza Figueroa).
2. Juicio abreviado. Nulidad. Interpretación de la ley. División de los poderes.
“[N]o le compete al Poder Judicial ampliar la letra de la ley a supuestos no contemplados.
Sostener lo contrario implicaría arrogarle al Poder Judicial decisiones de política criminal que, por disposición constitucional, le corresponden al Poder Legislativo”.
“[I]mponer penas superiores a ese tope mencionado en este juicio especial no sólo está prohibido por la norma, sino que además desnaturaliza por completo el fin de la misma.
[E]n el caso ha existido un exceso de jurisdicción al aplicarse el procedimiento abreviado a un supuesto no previsto legalmente” (voto del juez Petrone).
“[E]l instituto del juicio abreviado regulado en nuestro código de procesal federal, a diferencia del codificado en otras legislaciones procesales provinciales, establece como límite para acceder a un final acordado que el delito se conmine con una pena que no alcance los seis años de prisión”.
“[C]abe memorar que no es posible dejar librado al azar la posibilidad de que aquellos que formen parte de un proceso adquieran la potestad de modificar alguna de las reglas contenidas en un código –salvo por la vía constitucional correspondiente–, en tanto sus disposiciones están orientadas, entre otras cuestiones, al resguardo del orden público” (voto del juez Barroetaveña).
JUICIO ABREVIADO; LEY DE ESTUPEFACIENTES; ARBITRARIEDAD; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DIVISIÓN DE LOS PODERES;
GEN (Causa Nº 3951)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, por unanimidad, revocó la decisión e hizo lugar al emplazamiento filial. A su vez, ordenó adicionar en las partidas de nacimiento el apellido de la mujer accionante (jueces Igoldi y Rodiño).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Vigencia de la ley. Intertemporalidad de las leyes. Ley anterior. Ley aplicable. Interpretación de la ley.
“[Surge de] las constancias reunidas en autos que [el] procedimiento médico fue realizado en forma anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley [Código Civil y Comerical de la Nación] (13/03/2015, fs. 77), aunque sus efectos más relevantes se produjeron con posterioridad, tal como el nacimiento de los niños […] acontecido el día 13/11/15.
De modo que resulta entonces importante precisar la ley que regirá el caso, pues se trata de una situación jurídica no contemplada en la anterior normativa. Así, explica Kemelmajer de Carlucci que ´(...) en opinión de Roubier, las leyes que crean situaciones nuevas, que no existían antes, deben ser asimiladas pura y simplemente a las leyes relativas a la constitución; o sea, rige la ley vigente al momento de la constitución (...)´por ser una consecuencia inmediata y una norma procesal, es de aplicación inmediata el art. 577 […]. Es decir, que conforme lo señalado, el presente caso ha de analizarse bajo la óptica del nuevo ordenamiento puesto que el nacimiento de los niños se produjo en vigencia del mismo…”.
2. Código Civil y Comercial de la Nación. Familia. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Voluntad procreacional.
“[L]a normativa introducida por el nuevo digesto [artículos 560 y 562 del Código Civil y Comercial] señala como elemento determinante de este tipo filial la existencia del consentimiento previo, libre e informado. Sin embargo, no puede dejar se observarse que dicho elemento es la consecuencia material de la existencia de una voluntad procreacional o voluntad parental anterior. Es decir, que en los procesos como el presente deben existir dos elementos, que si bien se encuentran estrechamente vinculados, presentan distinta naturaleza. Así, podríamos considerar a la voluntad procreacional como el elemento subjetivo presente en el proceso de las técnicas de reproducción humana asistida (en adelante TRHA), mientras que el consentimiento informado constituye su materialización formal, es decir, consiste en el elemento objetivo.
En este sentido se ha señalado que el elemento más relevante en la determinación de la filiación del niño nacido por TRHA es el de la voluntad o decisión de que ese ser naciera, no sólo en cuanto causa eficiente última e infungible, sino porque los demás elementos, biológicos, pueden ser sustituidos todos. Lo que nadie puede suplir en cada caso concreto para un determinado nacimiento, es el acto de voluntad en ese sentido de una pareja. El hijo nace por su exclusiva decisión de que nazca, causa suficiente e insustituible, y por tanto, la más relevante: sin ella, ese hijo no hubiera nacido […].
Es que en este tipo filial, la voluntad procreacional adquiere especial relevancia, que lo coloca por encima del elemento biológico. Por ello, se ha comenzado a hablar de parentalidad voluntaria o voluntad procreacional. ´Las TRHA han provocado una nueva vuelta a la verdad voluntaria en la que la filiación ya no se determina por el elemento genético o biológico, sino por el volitivo´ […].
Las [dos mujeres] conforman un vínculo familiar estable y que en las mismas ha existido el deseo y voluntad de tener hijos. Es decir, […] el elemento volitivo ha existido en el proyecto familiar de las peticionantes, lo que me convence de la existencia de la voluntad procreacional necesaria para el tipo filial en estudio…”.
3. Tratamiento médico. Derechos del paciente. Consentimiento informado. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Voluntad procreacional. Niños, niñas y adolescentes.
“[E]ste consentimiento constituye el elemento material que exterioriza la voluntad procreacional de quienes se someten a la práctica de las TRHA. Se trata de un derecho humano fundamental que consiste en ´la declaración de voluntad efectuada por un paciente, por la cual éste decide prestar su conformidad y someterse a un procedimiento o intervención quirúrgica, que se le propone como medicamente aconsejable, luego de haber recibido información suficiente al respecto´ […].
Ha de destacarse que en el caso de las TRHA el consentimiento informado cumple una doble función: Por un lado constituye un acto personalísimo por el cual el usuario de la TRHA decide someterse a ella, y por el otro, es el documento formal por el que se instrumenta la voluntad procreacional e instituye la filiación derivada de estas técnicas. Es decir, se trata de un elemento formal que además de ser previo, libre e informado debe cumplir con otras características como son: ser personal, especifico, actualizado, manifiesto o expreso, etc.
En cuanto a ello, y en virtud de la asimetría existente en la relación médico-paciente se ha señalado que es el profesional quien debe tener en cuenta las circunstancias de los pacientes, debiendo personalizar la información teniendo una comunicación abierta y sincera. ´Lo ideal sería que la personalización genere un consentimiento informado redactado para cada personas en particular con base en su caso concreto y no se trate de un simple formulario preimpreso´ […].
En igual sentido se destacó que de conformidad con la ley 14/2006 se exige a los médicos y los responsables de los centros o servicios sanitarios donde se realizan las TRHA informen previamente de las consecuencias de ellas, de sus posibles resultados, de los riesgos previsibles, así como también de cuantas consideraciones de carácter biológico, jurídico, ético o económico pudieran afectar a los usuarios…”.
4. Código Civil y Comercial. Reforma legal. Ley anterior. Ley aplicable. Consentimiento informado. Inscripción registral.
“[A]l momento de la práctica (13/03/15) no se encontraba aún vigente el Código Civil y Comercial, ni la exigencia del consentimiento previo, libre e informado, por lo cual este requisito no era, en ese momento, exigible a las usuarias. En este sentido, en un interesante precedente se sostuvo que ‘ ahora bien, este requisito fuente de la filiación por las TRHA, surge a partir del 01.08.2015 y recordemos que la inseminación se realizó el día 24.abril.2015 (doc.14) mal podría entonces pretendérseles a las Sras. P. y L. que hayan dado cumplimiento con la exigencia del mismo para inscribir a la niña con doble filiación´.
[A]simismo, la doctrina destaca que es sabido que antes del CCyC la mayoría de los centros médicos no involucraban —erróneamente— a la pareja mujer de quien se sometía a técnicas de reproducción, en especial cuando ésta no aportaba material genético, aunque la voluntad procreacional estaba presente de facto.
[R]eiterando que el consentimiento informado se trata de un derecho humano del paciente, formal, específico y, naturalmente, circunstanciado, por lo que debe tener en cuenta las características especiales de la persona sometida a tratamiento y todo lo relativo a la misma, debiendo incluso señalarse e informarse a la paciente todo lo concerniente a la filiación que ha de surgir en virtud del mismo; es que entiendo que el genérico agregado en autos no cumplió adecuamente esa finalidad, permitiendo incluso presumir la existencia de información allí no contemplada ni consignada.
[N]o puede hacerse recaer sobre la peticionante un requisito que no era legalmente exigible al momento de iniciarse la práctica a la que fuera sometida —por no encontrarse previsto en la legislación vigente a este tiempo—, ni tampoco, y en especial, sobre los niños […] las consecuencias derivadas de la inexistencia de un consentimiento real y adecuadamente informado…”.
5. Convención sobre los derechos del niño. Código Civil y Comercial de la Nacion. Derecho a la identidad. Derecho a la información. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Técnicas de reproducción humana asistida.
“[N]o puede dejar de destacarse que en todo proceso en que se encuentren involucrados intereses de niños, niñas y/o adolescentes, el norte que debe guiar la decisión es su superior interés (art. 3 CDN, art. 3 ley 26.061, art. 4 ley 13.298). Este principio fundamental debe ser entendido como ´la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos´(Conf. art.3 ley 26.061).
[S]e encuentra en juego el derecho de identidad de los niños […], por cuanto los mismos merecen poder acceder a la información adecuada sobre su origen. Como es sabido, el derecho a la identidad comprende diversos aspectos de la vida y personalidad del titular, y en tal sentido, se ha señalado que posee una faz estática y una faz dinámica: la primera se refiere al origen genético-biológico de la persona, y la segunda, en cambio, se configura por lo que constituye el patrimonio cultural y vital de la personalidad y su desarrollo histórico-existencial.
Se trata de un derecho humano fundamental con reconocimiento convencional (conf. art. 7 CDN) y que en sentido amplio excede al factor biológico. Así se sostiene que ´la identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos pues en ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros seres humanos (...)´[…].
En el caso particular de las TRHA se produce una disociación entre los elementos genéticos, biológico y volitivo, por lo cual garantizar el derecho a la identidad implica asegurar al niño nacido su verdad genética, biológica y voluntaria.
[E]en el caso de mantenerse el rechazo de la acción intentada se estaría afectando el derecho de los niños […] a poder acceder oportunamente a la información referida a su origen. Es decir, el derecho a saber que han nacido a través de un proceso de reproducción asistida heteróloga y con ello la posibilidad de ejercer su derecho a la información previsto por los arts. 563 y 564 del Código Civil y Comercial […]. Se debe agregar su derecho a conocer quienes han ejercido la voluntad procreacional para su concepción y nacimiento, esto es, el derecho que tienen a saber que han sido deseados por las peticionantes…”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; VIGENCIA DE LA LEY; INTERTEMPORALIDAD DE LAS LEYES; LEY ANTERIOR; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; FAMILIA; FILIACIÓN; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); VOLUNTAD PROCREACIONAL; TRATAMIENTO MÉDICO; DERECHOS DEL PACIENTE; CONSENTIMIENTO INFORMADO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; REFORMA LEGAL; INSCRIPCIÓN REGISTRAL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Fleitas (causa N° 13141)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación y absolvió al imputado (jueces Sarrabayrouse y Morin).
“[S]i la función del Derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos y debe ser la última ratio del sistema, la conducta desplegada por Fleitas no afectó el patrimonio del negocio porque no sólo las cuatro frutas que intentó llevarse no representan un valor económico significativo, sino porque también fueron recuperadas de inmediato. Las características del hecho, además, revelan la inexistencia de una acción que por sus características disvaliosas justifique la intervención del Derecho penal, si se toma en cuenta la falta de violencia o fraude en la conducta reprochada”.
“[No] puede pasarse por alto el nudo central que exhibe el asunto con independencia del enfoque dogmático a que se adopte y la concepción sobre la función y los fines del Derecho penal: la aplicación del castigo penal en contextos de desigualdad, esto es, la concreta situación social y personal de Fleitas […], que excede la sola consideración para la medición de la pena…” (voto del juez Sarrabayrouse).
“[En el precedente Catule] se puso de manifiesto que los criterios para resolver acerca de la aplicación de este principio [principio de insignificancia] no se agotaban en el valor económico de la cosa sustraída sino que también se debía tomar en consideración, entre otras cosas, las características del hecho, las condiciones personales del imputado, el daño concreto producido en relación con las características de la víctima, la proporcionalidad entre la respuesta estatal y la magnitud de la infracción, la racionalidad de los actos de gobierno, los principios de lesividad y ultima ratio, el funcionamiento del sistema penal, en especial en lo que se refiere al proceso de selectividad y la inadecuada utilización de recursos humanos escasos”.
“[A] pesar del aparente ingreso de la conducta al tipo, [cabe] concluir que, por imperio del principio de insignificancia, corresponde excluirla del tipo de hurto por el que Fleitas fue condenado”.
“[T]ambién se manifiesta aquí la distorsión de un sistema que se dedica a atender mediante la intervención de jueces, fiscales y defensores, casos de mínima alteración del orden social en detrimento de la utilización de los escasos recursos humanos al procesamiento de causas de alto impacto” (voto del juez Morín).
HURTO; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; DESIGUALDAD SOCIAL; PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA;
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