Saltar al contenido principal
Ir a buscar
Inicio
Jurisprudencia Nacional
Jurisprudencia Internacional
Difusiones Mensuales
Boletines
Estudios sobre Jurisprudencia
Intranet
  
> Jurisprudencia  

Jurisprudencia

Modify settings and columns
|| |
View:  
Nombre
Tribunal
DoctrinaVoces CSJN
Majewski (causa N° 40517)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación, declaró nula la disposición administrativa y devolvió las actuaciones a la Dirección Nacional de Migraciones para que en el plazo de 60 días dictase un nuevo acto (jueces Fernández y Grecco). 1. Expulsión de extranjeros. Excepciones. Derecho a la reunificación familiar. Facultades discrecionales. “[L]a Corte Suprema ha señalado que la Ley N° 25.871 tiene como objetivos, en lo que aquí interesa y está en juego, tanto garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar […] como promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación […]. En efecto, el Máximo Tribunal ha reconocido la competencia que le otorga la Ley Nacional de Migraciones a la autoridad de aplicación para admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, a extranjeros que se encuentren comprendidos en algunas de las causales que obsten a su ingreso o permanencia en el país [...]. En este orden de ideas, la jurisprudencia ha sostenido que la previsión contenida en la última parte del artículo 29 de la Ley N° 25.871 sólo puede ser considerada como una facultad discrecional otorgada a la Dirección Nacional de Migraciones, por la que –previa actuación del Ministerio del Interior– `podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular a los extranjeros comprendidos en el presente artículo´ […]. A su vez, no puede pasarse por alto que la dispensa en cuestión reviste carácter excepcional y, en razón de ello, debe necesariamente ser apreciada en sentido estricto…”. 2. Actos administrativos. Control de razonabilidad. Excepciones. “[S]e impone recordar que […] medidas como la recurrida constituyen el ejercicio de un poder propio de la Administración y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano estatal altamente especializado (creado al efecto) cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error (de hecho ode derecho), omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado […] supuestos que en la especie y por las particularidades del caso […] se advierten configurados. [E]n el caso se configura un supuesto de razones humanitarias a los efectos de otorgar la dispensa prevista en el artículo 29 in fine y el artículo 23 inciso m) del Decreto N° 616/2010, en tanto en el expediente se acreditó debidamente no solamente que se trata de una persona mayor que padece diversas enfermedades, sino que también quien fuera en vida su mujer –ciudadana argentina– se encuentra enterrada en el país. En este mismo sentido, también debe tenerse presente que el accionante tampoco posee antecedentes penales”.
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; EXCEPCIONES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; FACULTADES DISCRECIONALES; ACTOS ADMINISTRATIVOS; CONTROL DE RAZONABILIDAD;
CC (causa N° 38028)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, hizo lugar al recurso de la parte actora, condenó al Estado Nacional y elevó los montos de los rubros indemnizatorios (jueces Facio y Lopéz Castiñera y jueza Heiland).
1. Género. Perspectiva de género. Estereotipos de género.
“Una solución justa y adecuada de esta causa requiere, ciertamente, su ponderación desde una perspectiva de género […]. Esta perspectiva `reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática´ e implica `una mirada ética del desarrollo y la democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la desigualdad y los oprobios de género prevalecientes´, con la finalidad de `lograr un orden igualitario, equitativo y justo de géneros´ [...]
Desde ese enfoque se ha expuesto en nuestros tribunales que `al valorar elementos probatorios —particularmente pero no excluyentemente en la esfera penal— debe ponderar[se] los patrones socioculturales y estereotipos sobre los que se construye esta problemática, a fin de tener una verdadera comprensión del fenómeno de violencia de género y, de esta manera, poder lograr desde el Derecho aportar soluciones que contribuyan a atacar el flagelo de la violencia y trabajar en pos de la igualdad de género´…”.
2. Responsabilidad contractual. Concesión. Contrato de concesión. Servicios públicos.
“Es innegable […] que existía una exigencia contractual de mantener el buen estado de conservación de todos los edificios y de todas las obras e instalaciones complementarias, y que ese mantenimiento requería, en términos concretos, `atención, idoneidad, eficiencia y diligencia suficiente´”.
“No es dudosa, por tanto, la razonabilidad de interpretar […] que […] esos deberes se traducían, cabalmente, en la obligación de hacer efectivo el cercamiento, la iluminación, el desmalezamiento y la limpieza, en orden al buen mantenimiento del predio. Y ello es así, sobre todo, si se repara en las características propias de la noción jurídica de la concesión.
En efecto:
—La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a la naturaleza de la concesión […] consideró que comporta `un acto jurídico de derecho público que tiene por fin esencial organizar un servicio de utilidad general. Y partiendo de la realización de tal propósito, su rasgo característico consiste en delegar en un concesionario, aquella parte de la autoridad del Estado o de sus cuerpos administrativos, reputada indispensable para hacer efectiva, dentro de ciertas bases establecidas por la misma concesión o por los principios del derecho administrativo, la remuneración de los capitales puestos a contribución en la realización de la empresa pública´…”.
“Esta cámara consideró que el deber de control común atodas las concesiones consiste en que el concesionario, como entidad técnica especializada, vele por el estado de conservación, mantenimiento y señalización…”.
3. Violencia de género. Espacio público. Deber de cuidado.
“[N]o resulta discutible […] la conclusión de que en un terreno caracterizado por el abandono era previsible la comisión de hechos ilícitos como los que sufrieron las hermanas C.C y C.C. Puede decirse, bien por el contrario, que dicho lugar, por desolado, era proclive a la comisión de hechos semejantes, y que `la aparición de forajidos no es un hecho imprevisible para el empresario transportista´ […]. Desde una mirada experta en urbanismo con perspectiva de género se ha descripto claramente la necesidad de visibilizar los escenarios de riesgo para las mujeres…”.
“`La inseguridad es un obstáculo para que las mujeres sean ciudadanas totalmente activas, ya que impide que participen de la vida pública cuando el lugar y la hora no son las `convenientes’´ […].
`En concreto, las mujeres han sido excluidas de la noche debido a cómo sus cuerpos han sido definidos y controlados socialmente. La noche ha sido históricamente conceptualizada como un tiempo y espacio peligroso y prohibido para las mujeres […]. En consecuencia, las mujeres que transgreden este imaginario y utilizan el espacio público en la noche son aún vistas como fuera de lugar en muchos contextos´[…].
Las violencias que se ejercen en los espacios públicos, como aquellas que tienen lugar puertas adentro, avasallan los cuerpos de las mujeres […]. `[T]iene que garantizar[se] que no existan esas zonas inhóspitas entre las casas y el tejido urbano. Es decir: si quedan territorios vacantes hay que garantizar que estén limpios, iluminados y que exista algún tipo de control, ya que sabemos que implican algún peligro adicional´; `Los recorridos por lugares inhóspitos, descampados, o calles oscuras; esos lugares abandonados o residuales se tornan en paisaje urbano que son trampas para las mujeres y potencian oportunidades para las violencias de género´…”.
4. Entes reguladores. Obligación de seguridad. Protección integral de la mujer. Tutela judicial efectiva. Derecho administrativo. Perspectiva de género.
“Las previsiones […] contienen de una manera inequívoca […] diversos mandatos expresos y determinados que comportan deberes jurídicos de obrar. Esa compresión es lógica en tanto se considere […] que `los entes reguladores o de control existen bajo la premisa del mandato expreso y determinado de vigilar y controlar que la prestación del servicio garantice los derechos de los usuarios y de los consumidores de dicho servicio pues ello atañe a su propia finalidad, a la razón de su creación´…”.
“Paralelamente es necesario retener también las normas, las reglas y los principios que el derecho internacional de los derechos humanos establece como estándares expresos directamente aplicables. Aquí emerge, en términos convencionales, el deber estatal de actuar con la debida diligencia en la tutela de la mujer […].
En el plano jurisprudencial, el deber de diligencia fue receptado por esta cámara en su directa aplicación, con expreso fundamento en la Convención de Belém do Pará, en dos casos en los que se hallaba en discusión, precisamente, la responsabilidad estatal […], y también en un caso en el que examinó la impugnación dirigida a una orden de expulsión en el marco de la ley 25.871 […]. Con la mirada puesta en la efectiva tutela de las mujeres en el marco de la protección de las trabajadoras embarazadas, esta sala hizo hincapié en la importancia que tiene la CEDAW como instrumento del Sistema Universal de Derechos Humanos con jerarquía constitucional […].
En el ámbito doctrinario, al proponerse una nueva mirada con perspectiva de género sobre diversos aspectos del derecho administrativo, y al interrogarse con particular referencia a la observancia de la debida diligencia en los ámbitos nacional, provincial y comunal, apuntada al derecho a la vida y a la integridad psicofísica, se ha afirmado que `sería recomendable dirigir la mirada al orden local, poniendo la lupa sobre los rasgos del ordenamiento urbano. Ello incluye […] la instalación de luces y desmalezamiento de pastizales para evitar zonas de inseguridad en el escenario comunal´…”.
“En términos de una conducta regular, a partir del entorno descripto, la CNRT debió desplegar los medios necesarios (i) para detectar (a) el estado de abandono en el que se encontraba el predio al tiempo en que se produjeron los hechos delictivos, y (b) el escenario de riesgo real que ese estado implicaba hacia las mujeres, ya que, según se vio, el predio componía claramente un lugar `proclive a la comisión de delitos semejantes´ a los que se produjeron en este caso […], y (ii) para prevenir la materialización de ese riesgo real”.
5. Riesgo de la cosa. Responsabilidad extracontractual del Estado. Facultades discrecionales.
“Ante la comprobable y comprobada magnitud del estado de abandono del predio y el escenario de riesgo real que esa situación implicaba para las mujeres, la CNRT contaba con una serie de mandatos expresos y determinados que su estatuto […], le asigna inequívocamente, más allá de sus denominaciones.
Ciertamente: Además de la atribución de imponer sanciones […] en la que hace hincapié la CNRT, ésta tenía a su alcance, también, las `facultades´ […] En la hipótesis de que esas `facultades´ fueran comprendidas sólo como `facultades discrecionales´, y no como mandatos expresos y determinados de obrar, se llegaría a la inadmisible conclusión de que todas esas previsiones son disponibles, y, con ella, a la redundancia de su enunciado…”.
“[E]l deber jurídico de obrar a cargo de la CNRT no se agotaba en la constatación de los incumplimientos contractuales y la consiguiente imposición de las respectivas sanciones patrimoniales, sino que era más extenso”.
6. Entes reguladores. Obligaciones de hacer. Razonabilidad. Debida diligencia. Vulnerabilidad.
“El deber jurídico de obrar […] exigía su cumplimiento concreto y eficiente, de un modo consistente con dos aspectos centrales para este caso:
1. La consistencia con todas las competencias propias de ese control, razón de la creación de los entes reguladores […].
2. La consistencia con la severidad del incumplimiento contractual por parte de la firma concesionaria sobre el predio.
Sólo mediante una tarea de control concreta y eficiente que hubiese desplegado razonablemente los medios disponibles para el cumplimiento del servicio, se habría observado, por un lado, el estándar convencional reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer, y se habría alcanzado, por otro lado, uno de los claros objetivos que el estatuto prevé como es `Lograr mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad, igualdad y uso generalizado del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento en todas sus modalidades´…”.
“[E]xistía un claro deber jurídico de obrar determinado basado en obligaciones preexistentes. Ese deber surgía tanto de las normas que regulan el funcionamiento de la CNRT cuanto de las normas, las reglas y los principios del derecho internacional de los derechos humanos que establecen el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer.
Efectivamente, por un lado existía en el caso un deber jurídico expreso y determinado de respetar y observar, por una parte, las disposiciones normativas que fueron elaboradas —por el Poder Ejecutivo Nacional— con el claro y explícito propósito de que la CNRT, como ente de control, preste de una manera adecuada el servicio para el que fue creado.
Por otro lado, si queda claro, pues, que resulta aplicable directamente el estándar reforzado establecido por el derecho internacional de los derechos humanos que obliga al Estado a actuar con la debida diligencia en la tutela de la mujer, y que existe un expreso deber estatal de obrar en orden a esa tutela […], [se encuentra] allí una fuerte razón para proyectar ese deber, por medio de un control concreto y eficiente […] a los supuestos en que, como ocurre en este caso, el Estado Nacional ha concesionado un predio en el que se produjeron graves hechos delictivos de los que fueron víctimas dos hermanas adolescentes.
En esa dirección, [cabe] recordar que […] el arco normativo de protección a la mujer implica el reconocimiento de una situación de vulnerabilidad y traduce la necesidad de tomar medidas, y que gran parte de esas medidas se concreta en `la asunción de deberes por parte del Estado Argentino (…) para contener las vulneraciones a los derechos del colectivo tutelado´ […].
[Q]ueda descartada toda línea argumentativa que intente identificar la situación de las hermanas […] con `un deber jurídico indeterminado para la generalidad de los ciudadanos´ o `un interés legítimo subjetivamente indiferenciado a la Seguridad´”.
7. Daño. Inmuebles. Riesgo de la cosa. Omisión.
“El estado de abandono en el que se encontraba el predio en el momento en que se produjeron los hechos delictivos constituye un dato determinante. No es discutible, sensatamente, que la comisión de los delitos ultrajantes en el predio era previsible:
i. De un lado, se encuentra ampliamente demostrado el factor de riesgo que el predio abandonado comportaba hacia las mujeres […].
ii. De otro lado, como bien dice la parte actora en la demanda, los hechos delictivos no podrían haberse producido de ese modo si el inmueble entregado en concesión no hubiera sido convertido, como consecuencia de los diversos incumplimientos, `en un reducto propicio al delito´…”.
“[L]a CNRT no actuó conforme a la capacidad razonable de prever el curso normal y ordinario de las cosas, lo cual genera su responsabilidad según el Código Civil (artículos 901 a 906)”.
8. Entes reguladores. Responsabilidad extracontractual del Estado. Relación de causalidad. Responsabilidad contractual. Debida diligencia.
“[L]a relación de causalidad existente entre la conducta antijurídica de la firma concesionaria y los daños no excluye, de ninguna manera, el nexo causal existente entre esos daños y la conducta irregular de la CNRT. Es decir, la relevancia del incumplimiento de los deberes contractuales por parte de la firma concesionaria en la producción de los daños no desplaza la importancia que la conducta irregular de la CNRT tuvo en ese resultado dañoso. Por otra parte, el contrato de concesión, de conformidad con el artículo 1195 del Codigo Civil, es inoponible a los terceros damnificados, en este caso a las hermanas C.C. y C.C…”.
“[E]xistía un claro deber jurídico de obrar determinado basado en obligaciones preexistentes. Dicho deber emergía de las examinadas previsiones contenidas en el pliego de bases y condiciones, y, asimismo, de las normas, las reglas y los principios del derecho internacional de los derechos humanos que establecen el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer.
Ciertamente, había un deber jurídico expreso y determinado de cumplir y observar las disposiciones normativas que fueron elaboradas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (el pliego), con una evidente y precisa finalidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la firma concesionaria.
Y paralelamente resultaba aplicable el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer, ya que este estándar no era únicamente exigible a la CNRT, si se retiene que los Estados —y no sólo algunas dependencias dentro de la esfera estatal— deben `adoptar […] todos los medios apropiados´ para `prevenir […] la violencia contra la mujer´, cuando se trata de actos de violencia `perpetrados por el Estado o por particulares´ (Convención de Belém do Pará, artículo 7, y Declaración y plataforma de acción de Beijing, Capítulo II…)”.
9. Obligaciones concurrentes. Responsabilidad patrimonial.
“Las obligaciones concurrentes así son denominadas, de acuerdo con la opinión de la doctrina, porque las diversas obligaciones están conectadas entre sí por el hecho de concurrir respecto de un mismo objeto y acreedor […]. Sobre dichas obligaciones, la Corte Suprema ha expresado:
i. Las obligaciones concurrentes —también denominadas in solidum— se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los deudores […].
ii. Entre los deudores concurrentes si bien no juega el principio de contribución de las obligaciones solidarias, debe admitirse que el obligado concurrente que ha satisfecho el objeto —común— de la deuda no puede verse privado del derecho de probar cuál ha sido la real causalidad de la conducta de cada uno de ellos en la producción del daño […].
iii. `[L]as diferentes culpas de los obligados concurrentes bastan, indistintamente, para darle derecho al damnificado a la obtención del resarcimiento total del daño contra cualquiera de los responsables in solidum. Pero después de ser desinteresado aquél, queda en pie una eventual responsabilidad compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de la indemnización sea cubierto, en definitiva, por todos los deudores concurrentes, en la medida, desde luego, en que cada cual contribuyó a causar el daño´ […].
iv. En este tipo de obligaciones las responsabilidades corresponden a cada uno de los codemandados, sin perjuicio de que ulteriormente puedan ejercer las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución de cada uno en la obligación solventada […].
Desde ese enfoque, corresponde reconocer el derecho de las hermanas […] a reclamar el monto debido a todas y/o a cualquiera de las personas a las que se atribuyó e imputó responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de que cada una de ellas puede ulteriormente ejercer las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución de cada una en la obligación solventada de acuerdo con el grado de responsabilidad fijado…”.
GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL; CONCESIÓN; CONTRATO DE CONCESIÓN; SERVICIOS PÚBLICOS; VIOLENCIA DE GÉNERO; ESPACIO PÚBLICO; DEBER DE CUIDADO; ENTES REGULADORES; OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DERECHO ADMINISTRATIVO; RIESGO DE LA COSA; RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO; FACULTADES DISCRECIONALES; OBLIGACIONES DE HACER; RAZONABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; VULNERABILIDAD; DAÑO; INMUEBLES; OMISIÓN; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; OBLIGACIONES CONCURRENTES; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL;
Aguirre (causa N° 42127)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución y modificó la calificación legal por el delito encubrimiento agravado por el ánimo de lucro en concurso real con el de apropiación de cosa perdida (jueces Lucero y Rimondi).
1. Emergencia sanitaria. Situación de calle. Residencia. Vivienda. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia.
“[A]siste razón a la defensa en el sentido de que es incorrecto formularle tal imputación pues no puede afirmarse que ha violado los DNU dictados con motivo de la pandemia, ya que el aislamiento social preventivo impone a los habitantes del país el deber de ‘permanecer en sus residencias habituales’, siendo que [el imputado] afirmó desde un primer momento vivir en situación de calle y ser cartonero. Es más, esta precaria situación social fue reconocida implícitamente por la propia juez [interviniente], la que en la incidencia de excarcelación valoró en contra de la libertad que [el imputado] ‘carece de arraigo’.
De este modo, existe un salto lógico en el razonamiento de la jueza de grado ya que no explica cómo pudo haber violado todos los DNU que prolijamente enumera quien no tiene una ‘residencia habitual’ en la que permanecer. Esta laguna resta validez a la fundamentación. Por lo expuesto, […] no se ha infringido en el caso al art. 205, CP”.
EMERGENCIA SANITARIA; SITUACIÓN DE CALLE; RESIDENCIA; VIVIENDA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA;
VM (causa N° 62230)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró admisible el recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti y ministra Highton de Nolasco).
1. Restitución internacional de menores. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño.
“[E]sta Corte Suprema se ha expresado en reiteradas oportunidades acerca de la inexistencia de incompatibilidad o contradicción entre el [Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (CH 1980)] y la Convención sobre los Derechos del Niño –aprobada por ley 23.849–, en razón de que ambas propenden a la protección del interés superior del niño, principio de consideración primordial en todas las decisiones que lo atañen, sin que se presenten circunstancias excepcionales, ni la apelante aduzca razones de entidad que permitan a este Tribunal apartarse de dicho criterio […].
La citada Convención sobre los Derechos del Niño […] reconoce en su art. 3° el derecho del niño a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que se adopten y que le afecten, y en su art. 11 dispone que `1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes´” (considerando 7°).
“[E]s en ese marco que el Estado argentino ha suscripto el mencionado Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (aprobada por ley 25.358). Ambas contemplan un proceso urgente –con un marco de actuación acotado– para paliar los traslados o retenciones ilícitas de los menores de edad, en la inteligencia de que la mejor protección del interés del niño se alcanza volviendo en forma inmediata al statu quo anterior al acto de desplazamiento o retención ilícitos, a fin de que sean los tribunales con competencia en el lugar de su residencia habitual los que decidan acerca de las cuestiones de fondo, atinentes a la guarda, al cuidado personal de la niña o niño, al régimen de comunicación y a la cuota alimentaria, entre otras...” (considerando 8°).
2. Niños, niñas y adolescentes. Residencia. Interpretación de la ley.
“[R]esulta necesario, liminarmente, precisar el alcance del concepto de residencia habitual. Esta Corte Suprema ha señalado que la expresión residencia habitual que utiliza el CH 1980 hace referencia a `una situación de hecho que presupone estabilidad y permanencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda referencia al domicilio dependiente de los menores´ (conf. Fallos: 318:1269).
En la misma línea, el Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado dicha interpretación al prever expresamente que el concepto jurídico de residencia habitual al que se refieren los instrumentos internacionales en materia dedesplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad debe ser entendido como el lugar en el cual viven y establecen vínculos durables por un tiempo prolongado (conf. arts. 2613 y 2614)” (considerando 10°).
“[E]n los procesos de restitución de niños, niñas y adolescentes la determinación del lugar de residencia habitual resulta de suma relevancia pues constituye el punto de conexión con la normativa aplicable a los efectos de evaluar el derecho de custodia y así concluir si puede calificarse de ilícito el traslado o la retención por infringir tal derecho. También es el elemento que establecerá la jurisdicción ante la cual deberán, en definitiva, debatirse las cuestiones de fondo que se encuentran excluidas de tratamiento en este tipo de procesos. Por tal motivo, teniendo en cuenta que se trata de un factor de considerable entidad dentro del mecanismo de reintegro que prevé el CH 1980, debe encontrarse acreditado de manera fehaciente e indubitada.
En ese mismo orden de ideas, dada la importancia de las consecuencias que irradia su correcta determinación, no cabe tenerla por configurada a partir de un concepto de `simple residencia´. Las notas de estabilidad y permanencia que deben caracterizar a la `residencia´, deben tener necesariamente un grado suficiente de continuidad que permita otorgarle el exigido carácter de `habitual´, esto es, que habilite a concluir que en dicho lugar el niño desarrollaba con naturalidad su vida” (considerando 11°).
3. Residencia. Apreciación de la prueba. Jurisdicción. Retención y ocultamiento de menores.
“Que en dicho contexto la circunstancia de que de los tres meses y medio que duró el viaje a Europa, la niña permaneció con sus progenitores tan solo un mes y algunos días en la ciudad de Burdeos, Francia, unida a que contaba con tan solo cinco meses de edad cuando viajó a ese continente, resulta insuficiente para atribuirle la estabilidad y permanencia requeridas para considerar a dicho estado extranjero como el centro de gravedad de su vida […].
La conclusión referida no se ve alterada por la intención o el consenso de los progenitores acerca del lugar en que residiría la familia. Al respecto, en oportunidad de decidir cuestiones que guardan similitud con el supuesto de autos, este Tribunal ha señalado que para que dicho consenso pueda adquirir la concreción propia de una decisión jurídicamente relevante, debe tratarse de una clara intención compartida de trasladar la residencia, que debe ser demostrada cabalmente. La prueba debe superar el plano de una simple posibilidad, no bastando un panorama de ambigüedad…” (considerando 12°).
“[L]a ausencia de una permanencia prolongada en la ciudad de Burdeos, así como de la acreditación de una voluntad precisa, concluyente y compartida por ambos progenitores de trasladar el hogar familiar a Francia, conducen a descartar a dicha ciudad como lugar de residencia habitual y, por ende, a rechazar la solicitud de restitución requerida por no configurarse un supuesto de retención ilícita” (considerando 16°).
“[C]abe considerar que al tiempo de los hechos era este país el lugar de residencia habitual y que, en consecuencia, son nuestros tribunales los que se encuentran en mejores condiciones para resolver las cuestiones vinculadas con la niña […] que pudieran presentarse en el marco del conflicto familiar” (considerando 17°).
4. Interés superior del niño. Responsabilidad parental. Derecho a la intimidad.
“[T]eniendo en miras el principio del interés superior del niño que debe regir las decisiones que los atañen, corresponde exhortar a ambas partes, a fin de que obren con mesura en el ejercicio de sus derechos y, en particular, a que cooperen estrechamente en la búsqueda de una solución amistosa que no se oriente en la satisfacción del interés subjetivo de cada uno sino en el respeto del bienestar y la integridad de su hija menor, así como también de la relación parental −permanente y continua− con ambos progenitores, que no puede verse lesionada por decisión unilateral de uno de ellos.
Asimismo, ante la existencia de notas periodísticas en diversos portales de internet que exponen hechos o circunstancias de la vida de la niña N. L. S. V. y de la disputa familiar que en autos se trata, a los efectos de evitar agravar el conflicto generado, corresponde instarlos a que se abstengan de exponerla públicamente –por cualquier medio– a fin de resguardar su derecho a la intimidad” (considerando 19°).
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESIDENCIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; APRECIACION DE LA PRUEBA; JURISDICCIÓN; RETENCIÓN Y OCULTAMIENTO DE MENORES; RESPONSABILIDAD PARENTAL; DERECHO A LA INTIMIDAD;
Barbosa Ramirez (Causa n° 63730)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró la nulidad de la detención y sobreseyó al imputado (juez Pinto y jueza Laiño).
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Nulidad. Interpretación de la ley.
“En el caso no se verifican datos objetivos que hubieran habilitado al funcionario policial a interceptar [al imputado]…”.
“La situación fáctica […] no permitía inferir, objetiva y razonablemente, que los nombrados estuvieran en alguna situación que hiciera suponer que habían cometido un hecho ilícito, o que hubieran sustraído las bicicletas o recibido conociendo su origen espurio. Se desprende sin mayor esfuerzo de las constancias del expediente la ausencia de circunstancias previas y/o concomitantes que justificaran el requerimiento policial. No existía ninguna ‘circunstancia debidamente fundada’ que habilitara a detener la marcha de los ciclistas, solicitarle que se identificaran, en cuyo contexto [el imputado] manifestó que no poseían comprobante de alquiler y que las habían encontradas tiradas en la plaza […], para finalmente proceder a su detención y requisa”.
“[L]a determinación del preventor no encuentra siquiera fundamento en la denominada ‘causa probable’ que regulan los artículos 284 y 285 del Código Procesal Penal de la Nación, para sospechar la existencia de una presunta actividad ilícita por parte de los conductores de las ‘Ecobicis’, media una ausencia total de elementos de contexto que permitan considerar legítimo aquel accionar. Elementos que ciertamente no puede ser suplidos a través de una motivación ex post.
Cabe tener presente que el estado de sospecha no puede proceder de un instinto subjetivo del funcionario policial (el llamado ‘olfato policial’), sino que debe obedecer a circunstancias razonables y objetivas, debidamente explicitadas, en función de que permitan su posterior control de legalidad por parte del órgano judicial”.
2. Detención de personas. Requisa. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[R]ecientemente sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que: ´[…] la inexistencia de una obligación posterior de justificar un registro o una requisa con independencia de los resultados obtenidos por la misma, generaron un espacio amplio de discrecionalidad que derivó en una aplicación arbitrarias de las facultades en cabeza de las autoridades policiales, lo cual además fue avalado mediante una práctica judicial que convalidó dichas detenciones sobre la base de criterios generales como la prevención del delito o ex post por las pruebas obtenidas […]´ [‘Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina’] ….”.
“[C]on el criterio expuesto no se pretende acotar la posibilidad policial de ejercer las facultades de prevención que les son inherentes, más ello cede cuando se vulnera decididamente alguna garantía constitucional, caso que sí ocurre en las presentes actuaciones, lesionando así, lo consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional…”.
3. Procedimiento policial. Nulidad. Regla de exclusión. Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[Corresponde] anular las actuaciones desde la detención de los nombrados y de todo lo obrado en consecuencia. Ello así en base a la doctrina fijada a partir del caso [‘Rayford’], mediante la cual la Corte ha establecido que si en el proceso existe un sólo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél…”.
“[L]a presente investigación se inició y estructuró -exclusivamente- a partir del procedimiento […] inválido por lo que al no existir una vía independiente para continuar con la investigación corresponde sobreseer [al imputado]…”.
“[El preventor] previo a realizar la interceptación en la vía pública del imputado no se encontraba en presencia de un delito. Sólo se acercó por una referencia general vinculada a la comisión de delitos relacionados con la sustracción de bicicletas del gobierno de la ciudad, pero no describió en forma precisa o particularizada circunstancias específicas que le permitieran considerar que podría estar en concreto en este caso en la posible comisión de un delito”.
“[L]uego de la interceptación y la detención surgieron en forma concomitante a partir de los dichos del afectado su posible vinculación con un delito, pero lo cierto es que la detención no estaba motivada. Por lo cual, de acuerdo a los precedentes […] como ser lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (voto del Juez Petracchi en la causa ‘Fernández Prieto’), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede convalidarse la detención, por cuanto el agente estatal no brindó un detalle específico de las razones que justificaron la restricción a la libertad del afectado”.
DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; REQUISA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; REGLA DE EXCLUSIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
Olivera Róvere (causa N° 14216)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inoficioso el pronunciamiento respecto del imputado que había fallecido, declaró procedente la impugnación en relación a los demás y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Maqueda y Rosatti). 1. Cuestión federal. Sentencia condenatoria. Deber de fundamentación. Debido proceso. Derecho de defensa. “[S]i bien el modo de emitir el voto de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de las sentencias, son cuestiones de naturaleza procesal y ajenas, en principio, a la apelación del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción cuando el alegado vicio procedimental afecta la certeza jurídica de las sentencias, entendida como expresión final del derecho a la jurisdicción, así como el amparo del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio, todos ellos consagrados en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional” (considerando 3°). 2. Tribunales colegiados. Mayoría. Deber de fundamentación. “[E]n los sistemas judiciales de magistratura profesional, la adecuada prestación del servicio de justicia supone que el justiciable pueda conocer de manera acabada, explícita y sencilla las razones por las cuales se decidió el caso que lo involucra, máxime cuando la sentencia contraría su pretensión. En el caso de los tribunales pluripersonales, este deber general de los jueces profesionales importa la necesidad de asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus decisiones. De lo contario, se corre el riesgo de incurrir en el absurdo de suponer que, para impugnar, sean las partes del proceso quienes deban escoger cualquiera de los fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión, es decir, que sea el propio recurrente quien le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo” (considerando 5°). “[L]as sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos […].De tal modo, la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada […]. [U]na sentencia cuenta con mayoría aparente, si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a los fallos judiciales […] o aquellos con fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito, en tanto ello lesiona el derecho de defensa en juicio…” (considerando 6°). “[L]os magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe –cuanto menos– a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo. Sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad. Dicho de otro modo: no basta con el nudo imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva para dar validez y fijar los alcances de un pronunciamiento si este se asienta en motivaciones lógicamente desconectadas y/o sustantivamente inconciliables” (considerando 8°). 3. Recursos. Recurso de casación. Expresión de agravios. Mayoría. Deber de fundamentación. “[L]a responsabilidad de juzgar las cuestiones sometidas a su conocimiento impone a los magistrados la obligación de pronunciarse sobre todos aquellos puntos comprendidos en el pleito que resulten conducentes a su decisión, es decir, aquellas cuestiones que se estimen necesarias para el dictado de la sentencia […]. En definitiva, la conformación de un acuerdo mayoritario que idóneamente exprese el razonamiento lógico seguido para arribar a la solución del caso, constituye un deber propio de los magistrados que componen este tipo de tribunales colegiados, dirigido a cumplir con la obligación genérica de resolver, en forma válida, las cuestiones sometidas a su conocimiento” (considerando 9°). “[E]l análisis de sendos votos no evidencia una concordancia sustancial de opiniones dirimentes en las que se funde la decisión adoptada. En otras palabras: no ha existido una mayoría real de sus integrantes que sustente las conclusiones del pronunciamiento…” (considerando 10°). “[D]e todo lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida no ha sido adoptada con mayoría sustancial de argumentos, requisito indispensable para su validez, por lo que resulta admisible la tacha de arbitrariedad y corresponde hacer lugar a su descalificación” (considerando 11°).
CUESTIÓN FEDERAL; SENTENCIA CONDENATORIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; TRIBUNALES COLEGIADOS; MAYORÍA; RECURSOS; RECURSO DE CASACIÓN; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS;
Farfan (causa N° 24003)Juzgado de Minas de la provincia de Salta
El Juzgado de Minas de la provincia de Salta hizo lugar a la acción de manera parcial y ordenó a la provincia de Salta que diera cumplimiento con las medidas colectivas de acción positiva. Además, dispuso que se extendieran en el tiempo hasta tanto se adoptasen las medidas reglamentarias por parte del Poder Ejecutivo provincial para dar cumplimiento a las mandas constitucionales y convencionales de igualdad y no discriminación de género respecto de las mujeres que se desempeñaban como agentes del Servicio Penitenciario con situación de revista (jueza Mosmann).
1. Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. Procesos colectivos.
“Si bien podría afirmarse que la cuestión debatida en autos requiere una vía de conocimiento ordinaria […], y que sería deseable que el legislador provincial regule el trámite de los procesos colectivos que no discurran –por su complejidad– por la vía de amparo, mora que ha sido destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente `Halabi´, y también […] en el antecedente […] dictado en los autos `Usuarios y Consumidores Unidos (U.C.U.) Delegación Salta vs. Autoridad Metropolitana de Transporte y SAETA S.A. s/ Amparo Colectivo´[…], donde [se afirmó] que la falta de regulación de los procesos colectivos en la provincia de Salta hace que los litigantes opten por la vía de amparo, por ser esta una vía procesal que admite su adecuación a las necesidades del proceso conforme a una recta interpretación de la Constitución […], sin que la mora legislativa para regular el especial cause que requieren los procesos colectivos pueda implicar, o convertirse, en una negación del acceso a la justicia de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, los que resultan plenamente operativos […], [se mantiene] lo allí dispuesto sobre la admisión de la vía de amparo aun en los casos que –como el presente– requieren una tramitación que supera los cauces propios y típicos del amparo, mientras perdure la falta de regulación de los procesos colectivos, y en virtud del principio pro actione…”.
“[R]emitir el caso a la conclusión del procedimiento administrativo importaría una solución meramente ritual reñida con un adecuado servicio de justicia”.
2. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“La palabra género se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociados con ser hombre y mujer y las relaciones entre hombres y mujeres. Estos atributos, oportunidades y relaciones son socialmente construidos y se aprenden a través de los procesos de socialización y cambian en el tiempo. El género determina lo que se espera, permite y valora en una mujer o un hombre en un contexto sociocultural dado, generándose diferencias en las responsabilidades, y oportunidades de toma de decisiones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso `González y otras (`Campo Algodonero´) vs. México´ […] consideró que el estereotipo de género `se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado […], es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer´”.
3. Empleo público. Ascenso. Actos discriminatorios.Facultades discrecionales.
“Sostienen las accionantes que, en la labor profesional que desarrollan en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta se ha impuesto lo que se ha dado en llamar un `techo de cristal´, por el que las trabajadoras no logran acceder a los puestos de mayor rango, jerarquía y nivel de decisión; no cuestionan las posibilidades de ingreso a los puestos de trabajo en el mencionado Servicio, pero sí la existencia de una práctica, no explícita, por la cual no se permite a las mujeres lograr el ascenso a los cargos más altos. El reclamo es referido entonces a una discriminación cualitativa y no cuantitativa respecto de las mujeres”.
“Es evidente que el problema no es el denominado suelo pegajoso (sticky floor) que dificulta el acceso a los primeros niveles de carrera, sino que –tal como lo reclaman las actoras–, es el acceso a los puestos más altos en la carrera del Servicio Penitenciario, esto es la Plana Mayor, lo que se ve obstaculizado para las trabajadoras del Servicio Penitenciario ya que se encuentran ocupados por hombres exclusivamente”.
“[S]urge del ordenamiento normativo vigente en la provincia que los cargos de Director General y Sub Director son designados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, y que los cargos que componen la Plana Mayor son elegidos también discrecionalmente por quien ocupe el cargo de Director General. No es en estos casos la capacidad o mérito demostrado ante las instancias de evaluación o calificación previstas en la ley orgánica lo que define la selección, sino la sola decisión tomada por quien tiene la potestad decisoria para ello, respecto de la cual se puede afirmar como dato objetivo emergente de la prueba producida, que no ha recaído nunca en una mujer hasta el momento en que se inició este proceso.
Esta situación prolongada a lo largo de `toda la historia del Servicio Penitenciario de Salta´ […], es demostrativa de la discriminación de género a la que han sido sometidas las mujeres en este ámbito de la función pública, circunstancia que alcanza el estándar probatorio requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente `Sisnero´, en tanto habiéndose probado el aludido hecho objetivo correspondía a la Provincia demandada demostrar el motivo objetivo y razonable para la selección realizada, lo que no ocurrió, ya que la defensa se limitó a sostener que se han realizado siempre las selecciones –de hombres– sobre la base de una facultad discrecional”.
“[E]s demostrativo de la discriminación operada para el ascenso a los cargos superiores, el hecho de que hasta los primeros días de diciembre de 2019 no existía personal femenino ocupando el grado de prefecto, ni de prefecto mayor. Dicha circunstancia también incide de modo directo en la conformación de las Juntas Calificadoras […], ya que ellas se integran con personal de mayor jerarquía o antigüedad que el personal a considerar, motivo por el cual, al no existir mujeres con dichos cargos, tampoco pueden ocupar lugares en las Juntas Calificadoras, estado de cosas que muestra una arraigada práctica que impide el ascenso a los cargos más altos a las mujeres que conforman el Servicio Penitenciario”.
4. Género. Igualdad. No discriminación. Derechos de incidencia colectiva.
“[L]a perspectiva de abordaje institucional debe estar cruzada por la realidad de los múltiples actores sociales interesados: víctimas, reclusos, familiares, funcionarios, es decir una realidad atravesada por relaciones humanas de diversos géneros y no solo signada por una mayoría masculina, que a la postre se espera reconstruya un vínculo resocializador y plural con la comunidad que espera vivir en paz y fraternalmente”.
“[S]e muestra necesario incorporar de modo estructural una perspectiva aún hoy inexistente en el Servicio Penitenciario, perforando el techo de cristal existente, modificando las prácticas cotidianas hacia dentro del sistema para con las internas y con las agentes penitenciarias, y hacia afuera para con las victimas y los familiares de todos las y los penados.Si bien no todos los procesos colectivos tienen efectos estructurales, sí puede afirmarse que los conflictos estructurales tienen efectos colectivos, y en el presente caso concurren ambos efectos, en tanto se ha visto afectado un colectivo de mujeres, y la práctica que provoca tal lesión requiere una solución estructural para lograr el restablecimiento y la vigencia plena del derecho invocado a través de la disposición de medidas de acción de positiva…”.
ACCION DE AMPARO; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; PROCESOS COLECTIVOS; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; EMPLEO PÚBLICO; ASCENSO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; FACULTADES DISCRECIONALES; IGUALDAD;
González Nieva (causa Nº 4490)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia impugnada y absolvió al imputado (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Prueba. Apreciación de la prueba. Debido proceso. In dubio pro reo.
“[T]al como se alega en el remedio federal, y se comprueba del examen de las piezas procesales pertinentes, tanto para rechazar los distintos planteos realizados en el marco de la defensa material y técnica de […] González Nieva, como para tener por acreditada su participación en estos sucesos, dictar sentencia condenatoria y convalidarla, los tribunales intervinientes en las distintas instancias esgrimieron una serie de argumentos que […] resultan incompatibles con el debido proceso, la defensa en juicio y, en definitiva, el in dubio pro reo.
Ello así porque ‘…respecto de la valoración de la prueba realiza una construcción argumental apartándose de las constancias de la causa; […] desatiende prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia y…convalida un doble estándar de valoración probatoria en desmedro de dichos principios cuando efectúa un análisis parcial y sesgado del cúmulo probatorio oportunamente valorado por el tribunal de grado’ (Fallos: 342:2319, considerando 9°)” (considerando 4°).
2. Reconocimiento fotográfico. Reconocimiento impropio. Identificación de personas. Prueba. Apreciación de la prueba. Notificación. Derecho de defensa.
“[E]l tribunal oral tuvo especialmente en cuenta que el acusado había sido identificado ‘categóricamente’ en un reconocimiento fotográfico realizado, en sede policial, por el testigo […], a menos de dos meses del episodio, y ratificado en el juicio oral. Según el tribunal, [el testigo] fue ‘terminante’ al sindicar a González Nieva como uno de los miembros de la banda que había perpetrado el robo y como el autor del disparo que ocasionó la muerte de [la víctima].
[…] Tanto el tribunal de mérito como el revisor, en criterio convalidado por el a quo, rechazaron [los] reproches [de la defensa], aduciendo que no se trataba de un acto irreproducible y que no se había demostrado el perjuicio que la omisión de la adecuada notificación hubiera ocasionado al imputado y a su defensa. […] Estos criterios, en una prueba de cargo decisiva -casi única- y en el contexto de las cuestiones que se desarrollarán en los siguientes considerandos, no pueden ser admitidos por esta Corte, por entender que se fundan en una concepción que vacía de contenido el derecho constitucional de defensa en juicio” (considerando 5°).
“Por un lado, resulta pertinente invocar las consideraciones efectuadas en Fallos: 329:5556 (‘Benítez’) en cuanto a que, en este caso, a riesgo de desnaturalizar el derecho de defensa ‘no es posible partir del presupuesto –implícito en el razonamiento del a quo- [en cuanto a que] dicho contralor resulta ´ex ante inidóneo para lograr, al menos, echar alguna sombra de duda sobre un cuadro probatorio suficiente´’.
Por otro lado y en particular, lo resuelto desatiende distintos estándares recogidos en Fallos: 329:5628 (‘Miguel’) donde, por un lado, se entendió objetable que se valorara como prueba dirimente de cargo un reconocimiento impropio realizado en inobservancia a la ley procesal, pese a estar reunidos los extremos que permitían la localización del imputado para la producción de una rueda de reconocimiento de personas, supuesto que esta Corte advierte que también se verifica en este caso, en tanto González Nieva ya había sido sindicado en el legajo por la policía con anterioridad al reconocimiento fotográfico.
Por su especial correspondencia con el sub judice, cabe también recordar la doctrina del citado precedente, en el que se efectuó una importante consideración vinculada a la directa relación entre el cumplimiento de la reglamentación procesal que prescribe el modo en que deben llevarse a cabo esta clase de medidas y el derecho de defensa, al afirmarse que ‘…las exigencias incumplidas no revisten el carácter de meras formalidades sino que, desde la perspectiva del derecho de defensa, configuran requisitos estrechamente ligados a la seguridad de la prueba de reconocimiento, toda vez que tanto la rueda de personas como el interrogatorio previo a los testigos que han de practicarlo constituyen verdaderas válvulas de garantía que operan en favor de la exactitud, seriedad y fidelidad del acto en la medida en que tienden a disminuir las posibilidades de error a fin de resguardar la sinceridad de la identificación’ (considerando 9°).
En el mismo fallo, esta Corte Suprema destacó que el incumplimiento de las exigencias formales dirigidas a resguardar el derecho de defensa del imputado adquieren ’sustancial relevancia’ cuando el cuestionado reconocimiento impropio se erige en la prueba por excelencia -o prácticamente exclusiva- para fundar la atribución de culpabilidad respecto del acusado (considerando 8°), en especial ante la existencia de indicios concordantes que apuntan en dirección opuesta (considerando 10), aspectos que […] resultan plenamente aplicables a la situación de González Nieva en el sub examine” (considerando 5°).
3. Reconocimiento fotográfico. Identificación de personas. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Deber de fundamentación.
“Para afirmar la suficiencia del reconocimiento fotográfico, el tribunal oral destacó que el acta policial correspondiente había sido ratificada por el testigo […] en el juicio, no obstante lo cual omitió completamente mencionar que, al hacerlo, el testigo negó haber aportado ciertos detalles relativos a la descripción física del atacante que se encontraban asentados en el acta; en lo que se revela como una valoración sesgada del testimonio que convalidó una afirmación tendiente a corroborar la hipótesis de cargo y desatendió a aquella que la ponía en entredicho.
Asimismo, se omitió analizar otra aclaración del testigo cuando, en referencia al reconocimiento fotográfico, destacó ‘que las fotos que le exhibieron fueron tres, de fisonomías muy distintas’ […]. Esta circunstancia no podía ser obviada por el juzgador al momento de sopesar el valor convictivo del reconocimiento por fotografías realizado por [el testigo], y exigía -cuanto menos- algún desarrollo adicional del tribunal que justificara el peso probatorio que se le terminó asignando a este elemento de cargo. Del mismo modo, se excluyó todo análisis respecto al hecho de que ninguno de los testigos presenciales identificara a […] González Nieva en los reconocimientos en rueda de personas que se practicaron durante la instrucción del caso, ni tampoco en la sala de audiencias en la que se llevó a cabo el juicio oral y público […], circunstancia que cobra especial importancia por encontrarse incluido entre ellos, justamente, el testigo […].
Al respecto, el tribunal oral consideró resguardado el derecho de defensa por la sola circunstancia de haberse ordenado y realizado nuevos reconocimientos respecto de González Nieva, y no estimó relevantes sus resultados negativos, desestimando el hecho que el testigo […] no hubiera reconocido al encausado al verlo personalmente ni en el reconocimiento formal en rueda de personas, ni en la sala de audiencias durante el juicio. Se aseveró que esas circunstancias no invalidaban el primer reconocimiento fotográfico. Así, la única medida de prueba que culminó con un señalamiento a González Nieva resultó ser aquella realizada sin contradictorio ni control de las partes […].
Resulta claro que este temperamento no puede ser admitido por esta Corte, dado que se funda en razonamientos arbitrarios y, sustantivamente, en una concepción difícilmente compatible con la presunción constitucional de inocencia. En este punto, se verifican en el sub examine circunstancias análogas a las ponderadas por este Tribunal en Fallos: 339:1493 (‘Carrera’) al acoger las quejas de la parte por las que se agraviaba de que se convalidara una condena cuando, frente a las lagunas que presentaba la reconstrucción de los hechos, o bien, ante elementos de prueba ambivalentes, en todos los casos, decidió las dudas en contra de la hipótesis de descargo.
[L]os resultados contrarios a la hipótesis de cargo han sido desestimados con argumentos inadmisibles y, además, se ha prescindido de analizar las razones que fundaron la necesidad de realizar el segundo reconocimiento (en rueda de personas) o el tercero (en sala de juicio), cuyo análisis era necesario incluso en el supuesto en que se le hubiera querido asignar mayor fuerza convictiva al primer reconocimiento (por fotografía)” (considerando 6°).
4. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Debido proceso. Derecho de defensa. In dubio pro reo. Principio de igualdad de armas.
“[A] las severas falencias en la argumentación en torno a la valoración del mentado reconocimiento fotográfico, cabe agregar la circunstancia de que el resto de la evidencia producida en el debate no solo no refuerza su peso convictivo, sino que, por el contrario, se lo resta. [N]o se obtuvo prueba forense que vincule físicamente a González Nieva con los hechos de la condena, ni tampoco pudo establecerse vinculación entre las personas identificadas como miembros de la banda que cometió el robo y el encartado González Nieva. Así lo declararon todos los preventores […] y lo destacó uno de los coimputados […], quien negó conocer a González Nieva. [A]simismo, tanto los descargos realizados por González Nieva, como la prueba testimonial producida en su favor que los avalaban, fueron descartados en la sentencia de mérito […] con base en fundamentos que, en su propia formulación, son inadmisibles por ser directamente contrarios a las fundamentales garantías del in dubio pro reo y defensa en juicio” (considerando 8°).
“Por otro lado, la circunstancia invocada para restar credibilidad a estos testimonios -esto es, que inicialmente fueron prestados ante escribano público- soslaya la circunstancia de que ambos testigos declararon también ante las autoridades judiciales bajo juramento y de conformidad con las reglas que rigen este tipo de medio probatorio. Finalmente, tachar estos testimonios de ‘interesados’ por la sola razón de haber sido ofrecidos por la defensa, no puede en modo alguno constituir un ‘elemento fundante válido’ en el marco del paradigma constitucional vigente. En efecto, semejante preconcepto implica, ni más ni menos, privar de razón de ser y de toda eficacia a la garantía de defensa en juicio reconocida por el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto establece que ‘es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos’. Además, ello importa, también, convertir en letra muerta las previsiones específicas del artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…” (considerando 9°).
“Asimismo, debe remarcarse que el criterio aquí criticado por tornar vacuo el ejercicio de una garantía constitucional tan fundamental también debe ser enérgicamente censurado porque, al dejar inerme al imputado para poder resistir eficazmente la acusación, atenta contra ‘…el ‘principio de igualdad de armas’ que, como parte del derecho al debido proceso y a la defensa en juicio, asiste a toda persona inculpada de delito (arts. 8.2. del Pacto de San José de Costa Rica y 14.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)’ (Fallos: 328:3233)” (considerando 9°).
5. Declaración indagatoria. Culpabilidad. Derecho de defensa.
“[A]simismo, por necesaria derivación de las consideraciones expuestas en el anterior considerando, debe también reprobarse que […] se fundara la condena de González Nieva sosteniendo que constituía indicio de cargo ‘…el de mendacidad, negando el hecho ante prueba tan directa que lo compromete’. Ello, toda vez que configura un argumento circular y de una lógica inaceptable, al considerar como elemento de cargo los dichos del encausado González Nieva al mantener su ajenidad al hecho atribuido.
En efecto, constituye un despropósito lógico y nunca puede ser un argumento válido para atribuir culpabilidad, que el juez considere mendaz los dichos de un imputado que se limita a negar toda participación en los hechos atribuidos, alegando su inocencia. No se trata de premiar la mentira de un encartado sino de asumir que la tacha de mendacidad exige la existencia de una decisión apriorística de culpabilidad basada en pruebas, impidiendo que la misma aseveración del encausado opere como premisa y conclusión de un mismo razonamiento” (considerando 10°).
6. Procedimiento policial. Extorsión. Revisión judicial. Derecho de defensa.
“[C]abe recordar que […] efectivos policiales que tuvieron un rol central en la instrucción del caso […] se encontraban detenidos y bajo proceso por distintos hechos delictivos que involucraban la adulteración y manipulación de información y pruebas en sus investigaciones policiales y la fabricación de imputaciones con fines extorsivos, entre otras cuestiones. [E]l propio González Nieva declaró ante los jueces sentenciantes que el policía […] le había exigido que le entregara su automóvil […] y que su negativa había contribuido a mantenerlo imputado y detenido […]. [R]esultaba imperativo que el tribunal de mérito analizase el planteo de la parte, atendiendo al grave contexto de irregularidades que afectaba la legitimidad del proceso…” (considerando 13°).
“Así las cosas, y a los efectos de impedir la vulneración de la garantía contenida en el artículo 25.1 de la CADH, es preciso que el juzgador, cuando se enfrenta a la sospecha fundada de algún vicio sustancial en el origen o producción (fuente) de un elemento probatorio (medio) -y, en especial, cuando en el vicio sospechado se vislumbra una posible o alegada violación de los derechos fundamentales- no se limite a analizar el cumplimiento de los aspectos formales establecidos en la normativa procesal aplicable, sino que procure descartar la posible existencia de tal vicio a efectos de que tal elemento pueda tener validez y eficacia probatoria en el proceso penal. Asimismo, y en aras de salvaguardar el derecho de defensa del imputado, este análisis efectuado por el juzgador debe ser reflejado en una decisión motivada, ya sea durante el proceso o en la propia sentencia de mérito” (considerando 14°).
7. Revisión judicial. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“[L]os deberes y principios aquí mencionados también fueron incumplidos por el tribunal de casación, en cuanto convalidó el decisorio de mérito por entender que ‘…ninguna conclusión incriminante’ se había extraído de los testimonios del personal policial […], desconociendo las implicancias de la actuación policial conforme las constancias del caso.
[…] En el contexto de las particulares circunstancias del sub judice, el adecuado cumplimiento del citado estándar conllevaba analizar en profundidad el modo en que el tribunal de mérito había tratado –o, en el caso, soslayado tratar- los serios y concretos indicios vinculados a irregularidades que, se denunció, habían tenido lugar durante la instrucción, circunstancias en que la defensa afirmó su alegato de ‘causa armada’, y que oportunamente planteó ante el tribunal de casación” (considerando 15°).
“[L]a Suprema Corte provincial hizo propias las ostensibles deficiencias argumentativas de los decisorios del tribunal de mérito y de casación y, al amparo de un excesivo rigor formal y con base en expresiones dogmáticas y sin contenido, desatendió los antecedentes que hacen a la cuestión fáctica sustancial de la causa y el adecuado estudio de elementos conducentes obrantes en la misma. En tales condiciones, el pronunciamiento apelado exhibe graves vicios de fundamentación que lo descalifican como un acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia” (considerando 16°).

PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DEBIDO PROCESO; IN DUBIO PRO REO; RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO; RECONOCIMIENTO IMPROPIO; IDENTIFICACION DE PERSONAS; NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; PRUEBA TESTIMONIAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; DECLARACIÓN INDAGATORIA; CULPABILIDAD; PROCEDIMIENTO POLICIAL; EXTORSIÓN; REVISION JUDICIAL; ARBITRARIEDAD;
GRE (causa N° 303)Superior Tribunal de Justicia de Chubut
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar al recurso, revocó la sentencia apelada y fijó el aporte alimentario del Sr. G. en la suma de $ 2500 más la cobertura de la obra social (jueces Vivas y Panizzi).
1. Divorcio. Alimentos. Vulnerabilidad. Interpretación de la ley.
“El cuerpo normativo actual apunta a que, luego de la ruptura del matrimonio, cada uno de los cónyuges desarrolle las estrategias necesarias para su propio sostenimiento en el nuevo proyecto de vida que emprenda, sin depender `económicamente´ del otro. Naturalmente, ello no quiere decir que se propicie un abandono del esposo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sino que se deben garantizar las herramientas para evitar que se configure esa desigualdad, quedando la prestación de alimentos reservada sólo a supuestos absolutamente excepcionales que se encuentran expresamente previstos por la ley. Estas excepciones configuran un mínimo de prestaciones que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con situaciones de vulnerabilidad de las personas…”.
“[E]l inciso b) del artículo [434 del Código Civil y Comercial de la Nación], que se refiere a las prestaciones alimentarias posteriores al divorcio a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidades reales razonables de procurárselos, establece que a tal fin debe tenerse en cuenta la edad, el estado de salud, la capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos y la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar.
A fin de evaluar las pautas que la norma manda a tener en cuenta, se ha dicho que no tienen otro propósito que orientar al juez para la determinación real de la necesidad invocada y el monto de alimentos que resulta indispensable establecer, por ello la enumeración funciona a título enunciativo; y que, además, en virtud de la permanente preocupación por alcanzar la verdad real que subyace en los procedimientos de familia, podrán valorarse las circunstancias que se consideren pertinentes para obtener una solución conforme a derecho y a los principios de equidad […].
Cabe agregar que evaluar la edad y el estado de salud de quien solicita los alimentos va a permitir indagar respecto a las necesidades relacionadas a los gastos médicos o en medicamentos que regularmente el estado de salud de una persona de edad avanzada puede demandar; además de considerar, si cuenta con la cobertura de obra social u otro medio que permita paliar las consecuencias de la edad avanzada o de un estado de salud deteriorado.
En lo que respecta a la capacitación laboral y las posibilidades de acceder a un empleo se requiere valorar las reales posibilidades de quien solicita la prestación alimentaria. No sirve la valoración abstracta de una potencialidad sino las posibilidades efectivas de acceder a un empleo remunerado que le permita abastecerse.Y finalmente, la atribución de la vivienda familiar resulta, también una pauta de valoración para determinar –en su caso– la cuantía de la prestación alimentaria, por tratarse de uno de los rubros más importantes que la componen”.
2. Arbitrariedad. Perspectiva de género. Apreciación de la prueba.
“[L]a recurrente ha logrado acreditar el estándar que exige la doctrina de la arbitrariedad, puesto que se resolvió el caso con total prescindencia de las circunstancias particulares de la causa y en base a una errónea interpretación de la norma aplicable, por omitir juzgar con la imperativa mirada de género…”.
“En un sentido opuesto al decisorio en crisis, [se considera] que el material probatorio con el que contaban las sentenciantes […] imponía realizar un recorrido por la historia vital de la Sra. M. para verificar si existían aspectos vinculados al género que la pudieran atravesar; y ante el caso de ser detectados, intervenir en pos de revertir la situación de desigualdad que pudiera presentarse. Pese a las evidencias probatorias, nada de ello avisoró el Tribunal”.
3. Prueba. Apreciación de la prueba. Violencia de género.
“Otro elemento de prueba relevante, del que tampoco se podía prescindir, es el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que hace perceptible que la Sra. [M.] vivencia este proceso de cesación de alimentos, como la exposición a una nueva situación de violencia que la obliga a transitar o revivir hechos pasados que la colocan nuevamente `en un lugar de vulnerabilidad, imposibilidad y dependencia que excede lo ventilado en autos´.
En relación al aporte alimentario en sí, la profesional del ETI es contundente al concluir que la organización económica de la Sra. […] se vería afectada seriamente al cesar el aporte de la cuota alimentaria, por no contar con mayores recursos para propiciarse otros ingresos que redunden en una mejora de su calidad de vida.Por otra parte, y en sintonía con este informe; cobra importancia considerar, que el proceso de divorcio vincular de las partes brinda información respecto a que el vínculo matrimonial estuvo signado por la violencia física y psicológica del marido respecto a la esposa; y que ello, a la postre determinó, incluso, que se dictara la sentencia de divorcio con fundamento en la causal de injurias graves del esposo”.
4. Alimentos. Interpretación de la ley. Carga de la prueba. Vivienda.
“Enfocados estos elementos trascendentes del caso con la normativa que lo regula, [se advierte] de inmediato, que se efectuó una errónea interpretación del art. 434 del CCyC que consolida la arbitrariedad alegada, toda vez, que se le atribuye un carácter excepcional y restrictivo, con la inversión de la carga de la prueba a cargo de la alimentada –a punto tal– que se indicó, expresamente, que solo debían realizar una comprobación de los datos objetivos del caso a fin de verificar si la alimentada estaba o no incluida en los supuestos previstos en los incisos a) o b) de dicho artículo (sic).
En rigor de verdad, en el contexto expuesto y con las particularidades que presenta el caso, no puede válidamente sostenerse que la recurrente `desarrolle tareas remuneradas´ con tal contundencia y como único elemento de ponderación para definir el cese del aporte alimentario, con las consecuencias que ello implica para la beneficiaria. Tampoco es posible, no tomar en consideración, que con las exigencias del mercado de trabajo actual –que son de público conocimiento– la Sra. [M.] tenga posibilidades reales de acceder a un puesto de trabajo con un ingreso estable que le permita sustentarse por sí misma.Y finalmente, resulta irrazonable merituar que por tener satisfecha la necesidad de la vivienda […] no tenga la necesidad de afrontar […] el pago de un canon locativo, y que ello sume al razonamiento que propicia el cese de la cuota alimentaria.
En este aspecto, [se entiende] que la circunstancia de no contar con recursos suficientes, no se modifica con el hecho de que tenga garantizado su derecho a la vivienda. Es que, la cobertura de tan significativo derecho humano, no debe tomarse como un parámetro que le niega el acceso a otro derecho humano tan relevante como aquél, como lo es el derecho a los alimentos de primera necesidad por su situación de vulnerabilidad”.
5. Igualdad. Violencia de género. Estereotipos de género. Reglas de Brasilia.
“En definitiva, el análisis hasta aquí efectuado, no hace más que poner en evidencia que se sentenció al margen de los derechos en juego y de los principios que informan al instituto en cuestión. El caso, indefectiblemente, debió tener anclaje en los principios de igualdad (real de oportunidades) de rango constitucional y de solidaridad familiar […]; y sobre, la base esencial que ante la situación de violencia que vivenció la Sra. [M.] por muchos años […] el fallo debió estar despojado de estereotipos de género (por ser el único camino para superar las desigualdades históricas del colectivo de mujeres), máxime que no es una opción para el juzgador sino que viene impuesto por ley.
En este sentido, […] juzgar con perspectiva de género no rompe con el principio de igualdad entre las partes de un conflicto. Por el contrario, permite mostrar en qué momento por motivos de género, cualquiera de las partes se encuentra (o encontraba) en desventaja respecto de la otra para ejercer sus derechos y se hace cargo de esa situación. Esto es justo lo que permite colocar en igualdad a ambas partes […]. En igual sentido, y en miras a garantizar el derecho de acceso a la justicia este Superior Tribunal de Justicia adhirió a las `100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad´[…], y en consonancia luego dictó las Acordadas Nros. 4426/16 y 4428/16.
Ampliando y ratificando todo lo dicho, […]–en casos como estos– es donde el auxilio del enfoque de género permite la intervención judicial desde el reconocimiento de las vulnerabilidades, y la puesta en perspectiva de los datos colectados, para respetar los intereses en juego.Así, desde esta mirada se debió poner el foco en las características de la beneficiaria de la prestación alimentaria, en cuanto a que es una mujer de edad avanzada, sin experiencia laboral y sin capacitación, que por más de 20 años se abocó a la realización de las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, rol que la mantuvo fuera del mercado laboral, pues el esposo como proveedor del hogar cubría las necesidades del grupo. Ante la ruptura del sistema matrimonial, los únicos recursos que logró obtener derivan de la realización de trabajos informales y de una beca, que por sus propias características, de ninguna forma se sostienen en el tiempo. Obsérvese además, que la interseccionalidad de la discriminación padecida por la Sra. [M.] potenció su vulnerabilidad[…].
En conclusión, la omisión del decisorio al no reconocer esta realidad distinta entre alimentante y alimentada provocada por la utilización de estereotipos de género, que se cuelan en la errónea interpretación de la norma (art. 434, CCyC) (no tomó en cuenta los parámetros que la norma señala como relevantes: edad, salud, posibilidades de obtener un trabajo que le permita solventar sus necesidades primarias; ni aplicó, el principio de solidaridad familiar, ínsito en este tipo de conflictos) afecta directamente el principio de igualdad y no discriminación; que –en esencia– se vincula a los derechos de gozar de un nivel de vida adecuado, al desarrollo, al bienestar, a la salud, y dignidad de las personas; y ratifica la arbitrariedad invocada por la Sra. M…”.
DIVORCIO; ALIMENTOS; VULNERABILIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ARBITRARIEDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA; VIOLENCIA DE GÉNERO; CARGA DE LA PRUEBA; VIVIENDA; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; REGLAS DE BRASILIA;
Nieto (causa N° 74000672)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar a la impugnación y ordenó a la ANSES que abonase el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del hombre (jueces Avalos y Velez Funes y jueza Montesi).
1. Matrimonio. Separación de hecho. Ley aplicable. Reforma legal. Pensión.
“El vínculo matrimonial, conforme lo dispuso el art. 213 de la ley 23515 se disolvía –entre otros– por la muerte de uno de los esposos, es decir en el caso, ello ocurre, es decir el vínculo matrimonial se disuelve, cuando el causante fallece el 1-7-2008. Así las cosas, desde ya se descarta de plano el argumento de la sentencia que tuvo en cuenta el art. 432 del Código Civil y Comercial, por no ser la norma aplicable al agregar condiciones para otros supuestos de hecho.
Estando regulado el matrimonio de la actora por la ley 23.515, surge que no hubo `acción´ ante juez competente, de separación personal o de divorcio vincular entre los cónyuges, aunque estuvieran separados de hecho. Porque conforme la ley aplicable para separarse de hecho, los cónyuges tenían que iniciar una acción judicial. Y era el juez competente el facultado para declarar la culpa de uno o de ambos cónyuges. No la administración, tampoco los vecinos. No existe sentencia alguna que haya declarado la inocencia o culpa de uno, o de ambos cónyuges, requisito ineludible conforme el art. 1 de la ley 17.562 para denegar la prestación.
Conforme el juego armónico de las leyes referidas, sólo se pierde el derecho de acceder a la pensión, cuando judicialmente haya sentencia de divorcio o separación de hecho, por culpa del cónyuge supérsite o de ambos cónyuges. Por lo que no es razonable fulminar con la sanción de pérdida del derecho, a la peticionante inocente o cuya culpa en la separación de hecho no hubiera sido fehacientemente probada en el proceso judicial pertinente”.
2. Principio de dignidad humana. Violencia de género. Principio pro homine.
“La dignidad intrínseca de la persona es el fundamento de los derechos humanos. Con todo respeto a la intimidad y memoria del causante, se revelan como indicios, algunos hechos de la vida privada de esa persona, que pudieron ser de violencia contra la actora, que trascienden del fallecido y afectan a la familia.
Ello así con fundamento en el principio pro homine o pro persona, corresponde tener presente la incidencia de casos de violencia doméstica, a fin de no denegar derechos de carácter alimentario como el solicitado. Y aquí entran en juego los instrumentos de Derechos Humanos más importantes de las mujeres aplicables en el mundo, la región y el país, a favor de la actora conforme las circunstancias particulares del planteo, que han sido incorporados por nuestro país a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, a saber:
La `CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer´ aprobada por ley Ley 23.179 en el año 1985 y con jerarquía constitucional a partir de la reforma de nuestra Ley Fundamental del año 1994, en el art. 75 inc. 22. A partir de marzo de 2007 Argentina es parte del sistema de la CEDAW, por Ley 26171 que aprobó el Protocolo Facultativo.
La `Convención Interamericana BELEM DO PARA´, aprobada en 1996, por Ley 24.632, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Ley 26485 promulgada de hecho el 1-4-2009 de `Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales´”.
3. Pensión. Separación de hecho. Jurisprudencia.
“[E]n cuanto al alcance que debe darse al art. 1 de la ley 17562, la CSJN ha entendido que la separación de hecho por sí sola no perjudica el derecho a pensión, ya que es condición para la pérdida del beneficio que la separación se hubiera producido por culpa de ambos o por culpa exclusiva del supérstite […]. El Alto Tribunal en sentencia del 11/7/2002 dictada en autos `Gómez, Timotea c/ANSES´, reitera su doctrina aclarando que el hecho de que la Administración Previsional haya comprobado que los cónyuges estaban separados al momento del fallecimiento del causante, no era razón suficiente para declarar extinguido el beneficio de pensión, pues para ello hubiera sido menester una declaración de culpabilidad de la peticionaria, lo que en la causa no estaba acreditado”.
“Con palabras de nuestro más Alto Tribunal `Que con respecto al tema de fondo y culpabilidad de la cónyuge supérstite, solicitante de la prestación, esta Corte ha decidido que `debe dejarse sin efecto la sentencia que denegó el beneficio previsional si no se probó la culpa de la apelante en la supuesta separación de hecho en que se fundó la negativa, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del art. 1°, inc. a, de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se hallara separada de hecho del causante desde varios años antes a su fallecimiento´[…], antecedentes que resultan coincidentes con lo resuelto por el a quo´[...].
También el Alto Tribunal ha expresado que `debe dejarse sin efecto la sentencia que denegó el beneficio previsional si no se probó la culpa de la apelante en la supuesta separación de hecho en que se fundó la negativa, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del artículo 1°, inciso a, de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se hallara separada de hecho del causante desde varios años antes de su fallecimiento" […]. 5°) Que los antecedentes citados cobran particular relevancia en el caso si se tiene en cuenta el detallado examen de las pruebas que se efectuó en la sentencia de primera instancia, de la cual se desprende sin hesitación que no existen en las actuaciones elementos que permitan sospechar que la peticionaria tuvo la responsabilidad en la separación de hecho del causante…´”.
MATRIMONIO; SEPARACIÓN DE HECHO; LEY APLICABLE; REFORMA LEGAL; PENSIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; VIOLENCIA DE GÉNERO; PRINCIPIO PRO HOMINE; JURISPRUDENCIA;
DSR (causa N° 41982)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desestimó las quejas y confirmó la decisión de primera instancia (jueces Polo Olivera y Rodríguez y jueza Barbieri).
1. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Vacunas.
“Sucede que en situaciones como la de autos donde se encuentra en riesgo la salud de la niña no debe atenderse a la mayor comodidad de alguno de los progenitores, ni deben convertirse en una ocasión para reavivar discrepancias que dejan de lado el interés superior de I. D., para anteponer los propios […].
Al respeto cuadra señalar que, como sucede en la especie, donde se encuentran involucrados los derechos de menores la solución a la que arribe el tribunal debe atender al `interés superior del niño´, por así imponerlo el sentido común y la Convención de los Derechos del Niño. Este concepto representa el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo y, a fin de evitar subjetividades, en procura de superar la relativa indeterminación de la expresión, resulta pertinente y útil asociar dicho `interés del niño´ con sus derechos fundamentales. Así, resultará en interés del menor toda acción o medida que tienda a respetar sus derechos y perjudicial la que pueda vulnerarlos. Debe establecerse en cada caso si la voluntad o acción de los padres o guardadores afecta los diversos derechos del niño o adolescente […].
Por otra parte el Tribunal no desconoce la situación actual de alta circulación del virus Covid-19, lo que impone por parte de los padres que tomen todas las medidas de protección necesarias (barbijo, lavados de manos, protección ocular, etc.) para que la vacunación de la niña se realice en debida forma y evitar de este modo cualquier situación no deseada”.
DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; VACUNAS;
SAM (causa Nº 98030)Juzgado Nacional Civil Nro. 25
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 25 hizo lugar a la inscripción de la sentencia extranjera por la cual se otorgó la kafala definitiva respecto de la niña. Además, designó a la pareja como tutora de la niña (juez Aon).
1. Exequátur. Sentencia extranjera. Revisión judicial.
“El juicio de exequátur posibilita el ejercicio de una acción ante el órgano jurisdiccional a cuya revisión se somete una sentencia extranjera a fin de obtener su reconocimiento, o sea que se pretende una declaración sobre su eficacia para equipararla –en cuanto a sus efectos– a una sentencia nacional.
Tal revisión no implica una valoración de los `justos motivos´ tenidos en cuenta para dictar la sentencia que se pretende reconocer, sino que importa la observancia de ciertos requisitos específicamente establecidos en el art. 517 del Código Procesal, a los que necesariamente debe ajustarse la sentencia extranjera.
El objeto del procedimiento de exequátur no es la relación sustancial debatida en el proceso cuya sentencia se pretende hacer reconocer, sino la decisión o fallo extranjero como tal a través de un examen de índole procesal tendiente a verificar su idoneidad para producir efectos ejecutorios en el país. Hay tres aspectos que son materia de la declaración que emite el órgano jurisdiccional tratándose de la aplicación de una sentencia extranjera: a) autenticidad; b) legalidad del proceso; c) orden público internacional…”.
2. Sentencia extranjera. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño.
“[T]anto los hechos que revelan, especialmente la intervención de la autoridad administrativa local para la situación de la niña y el desconocimiento de vínculos filiatorios, como la afirmación del cumplimiento de los recaudos legales internos de fondo y forma permiten sostener que el procedimiento extranjero ha sido legal.
En cuanto a la cuestión relativa al orden público, cabe señalar que se hace en principio visible a través de la Convención Nacional sobre los Derechos del Niño (CDN), […] donde reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, creando un punto de inflexión respecto de la concepción de la infancia y su relación con el Estado, debiendo éste ser garante de los derechos humanos de los niños. En su art. 20 `…Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico´. Bajo estos preceptos, [se puede] adelantar que –en principio– la `kafala´ no es contraria a los principios de nuestro ordenamiento jurídico”.
3. Protección de menores. Interés superior del niño. Familia.
“Si bien […] dicho instituto no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, es preciso destacar que su finalidad es la protección de la niñez desamparada”.  
“El principal objetivo de ésta figura es ofrecer al menor abandonado o huérfano un entorno familiar donde pueda desarrollarse como persona y sea protegido por adultos responsables y afectuosos, en definitiva consiste en la búsqueda del bienestar de la infancia”.
“[E]s preciso evaluar y asegurarse que la validez y ejecutoriedad pretendida satisface el interés superior de la niña”.
“[E]ste interés superior debe manifestarse específicamente en el logro de la mayor cantidad de derechos y por otro lado en la menor restricción de ellos, analizándose a tales efectos cómo los derechos y los intereses del niño se ven o se verán afectados por las decisiones y las medidas que se tomen en relación a su persona o, en su caso, por la omisión de su dictado. La legislación vigente en nuestro país, en el art 2640, al tratar los institutos de protección establece `…otros institutos de protección de niños, niñas y adolescentes regularmente constituidos según el derecho extranjero aplicable, son reconocidos y despliegan sus efectos en el país, siempre que sean compatibles con los derechos fundamentales del niño´”.
4. Derecho internacional privado. Sentencia extranjera. Familia.
“La disposición no implica el reconocimiento de un acto jurisdiccional extranjero sino, propiamente, de la forma de colocación o de reubicación de niños creada en el extranjero. Para ello, se recurre al llamado `método de reconocimiento´, entendido como aquel que opera para insertar una situación jurídica que ya ha sido creada al amparo del derecho extranjero y con la finalidad de que esta despliegue efectos en el foro, sin necesidad de someterla al procedimiento de exequátur […] En consecuencia, se evita el trámite previsto en el art. 517 CPCCN y sus equivalentes en los códigos procesales provinciales.
Esta posibilidad obedece principalmente a la consideración del derecho a la estabilidad de los vínculos familiares como un derecho humano fundamental, en concordancia con decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, dentro del límite fijado estrictamente en referencia a los derechos fundamentales del niño […], se admite la inserción de instituciones provenientes de sistemas culturalmente diferentes respetando sus particularidades, tal como el caso de la Kafala […]. La inserción de estos institutos resulta sumamente respetuosa del derecho a la identidad de los sujetos protegidos puesto que no se requiere, necesariamente, la asimilación del instituto creado en el extranjero a las propias del foro […]. En este sentido, haciendo uso de la técnica proporcionada por el Derecho Internacional Privado denominada `ajuste´ o `adaptación´, se busca brindar una regulación armoniosa y coherente…”.
5. Tutela. Interés superior del niño. Autonomía progresiva. Derecho a ser oído.
“Desde esta perspectiva, considero adecuada la pretensión de los peticionantes de aplicar las reglas de la tutela de nuestro derecho interno [...]. El art. 104 del CCCN, establece que la tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental.
De tal manera, se aplican los principios generales enumerados en el Título VII del Libro Segundo respecto de la responsabilidad parental de modo tal que debe respetarse a) el interés superior del niño; b) su autonomía progresiva conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, disminuyendo la representación en la medida que aumenta la autonomía, y c) su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez”.
6. Niños, niñas y adolescentes. Religión. Autonomía progresiva.
“El art. 12 in 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Sin embargo, dicho precepto no puede ser interpretado en forma aislada sino a la luz de la Convención de los Derechos del niño, en primer lugar; y de la ley 26.061 y el Código Civil y Comercial en segundo. En el art. 14 in 1 y 2 de la CDN los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, los padres tendrán el derecho y el deber de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades [...].
La Ley 26.061 reconoce al niño el derecho a tener sus propias creencias y culto religioso […] y el deber de los padres de respetar las garantías que asisten a los hijos […] y determina el criterio de la capacidad progresiva. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías […].
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar […]. Tienen derecho a la libertad, derecho que comprende, entre otros: tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos, pero con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico; tienen además derecho a poder expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela [...].
Por ello, frente a las características particulares que presenta el instituto a estudio (kafala) en tanto implica cierta dificultad de separación fáctica entre creencia práctica religiosa e identidad cultural musulmana, […] corresponde respetar la autonomía progresiva de la niña, imponiéndole al Sr. A. H. el deber de guiar a N. H., de acuerdo a sus propias convicciones y en línea al culto que profesan, pero, de modo alguno pueden imponerla ni cercenarle ninguno de sus derechos“.
SENTENCIA EXTRANJERA; REVISION JUDICIAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; PROTECCIÓN DE MENORES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; FAMILIA; DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; TUTELA; AUTONOMÍA PROGRESIVA; DERECHO A SER OIDO; RELIGIÓN; EXEQUÁTUR;
Puig (causa N° 57589)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso de queja, hizo lugar al recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Rosenkratz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
Voto de los ministros Maqueda y Lorenzetti y de la ministra Highton de Nolasco
1. Sentencia. Razonabilidad. No discriminación. Protección integral de la familia.
“[S]i bien la impugnación traída conduce a la interpretación de una norma de derecho común –el art. 181 de la LCT– y tal cuestión sería, en principio, ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a esa regla en la medida en que la cámara ha dado a tal precepto un alcance irrazonable, que no solo prescinde de sus propios términos sino que, además, colisiona abiertamente con las directivas que fluyen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de no discriminación y protección integral de la familia...” (considerando 4º).
2. Despido. Matrimonio. Nulidad. Interpretación de la ley. Igualdad. No discriminación.
“[E]l art. 180 […] enfatiza la nulidad de los negocios jurídicos y de las reglamentaciones internas de una empresa `que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio´ (énfasis agregado), expresión ciertamente comprensiva tanto de los trabajadores como de las trabajadoras” (considerando 5º).
“[L]a ley no restringe su protección a las hipótesis de despido de trabajadoras mujeres. No hay en la literalidad de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT (a la que corresponde estar como primera regla de la interpretación legal […]) elemento alguno que autorice a excluir de sus disposiciones al trabajador varón.
La propia LCT, además, `prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores´, entre otros, `por motivo de sexo´ (art. 17) y considera `trato desigual´ al dispensado a los trabajadores por esa misma razón, entre otras (art. 81). Frente a tan claras directivas, la única interpretación que cabe efectuar de los artículos en cuestión es que sus disposiciones son aplicables indistintamente a hombres y mujeres; sin que obste a tal conclusión la circunstancia de que el capítulo en el que se ubican estas normas de modo inadecuado integre el título VII de la ley referente al `Trabajo de Mujeres´.
En cuanto a esto último, es un dato sumamente relevante que cada uno de los artículos que conforman los demás capítulos del Título VII de la ley expresamente aclara que su texto va dirigido al personal femenino lo cual no ocurre con los que integran el capítulo III, cuyo primer precepto, por el contrario, deja en claro que las normas de este capítulo están dirigidas a todo el personal de la empresa” (considerando 6º).
3. Interpretación de la ley. Matrimonio. Estereotipos de género.
“[L]a restricción consagrada en el fallo apelado se revela como producto de una inteligencia regresiva que contrasta con la orientación postulada por esta Corte al señalar que `las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, [y] está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción´ (Fallos: 333:2306, considerando 9°).
Ciertamente, para sustentar su posición, la cámara puso de relieve la existencia de poderosas razones que justifican el otorgamiento de una especial protección legal a la mujer frente a la discriminación de la que comúnmente es objeto, especialmente en el terreno laboral. [E]l paradigma familiar ha experimentado profundas modificaciones en los últimos años orientándose hacia un nuevo modelo en el cual ambos cónyuges `entre los cuales, inclusive, puede no haber diferencia de sexo´ se hacen cargo indistintamente de las tareas y obligaciones domésticas y familiares” (considerando 8º).
“[E]n el nuevo paradigma sociocultural los cónyuges ya asumen o tienden a asumir por igual las responsabilidades familiares, no puede interpretarse que los estímulos del empleador para despedir a quienes contraen matrimonio se suscitan solamente en el caso de las mujeres trabajadoras, y que solamente ellas deben estar íntegramente abarcadas por el sistema protector especial de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT” (considerando 9º).
4. Igualdad. Matrimonio. Familia. Estereotipos de género. No discriminación.
“[L]as directivas internacionales […] consagran innegablemente la igualdad de derechos de hombres y mujeres frente al matrimonio y las responsabilidades familiares. Más aún, imponen a los estados nacionales la obligación de adoptar medidas adecuadas que permitan erradicar el perimido patrón socio cultural que pone exclusivamente a cargo de las mujeres las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Es evidente que para cumplir con tal cometido el Estado debe facilitar, incentivar y apoyar la participación de los hombres en esas tareas. Una imprescindible medida de facilitación y apoyo al efecto es la de protegerlos de la discriminación laboral de la que puedan ser objeto a la hora de contraer enlace y asumir, en pie de igualdad con las mujeres, los compromisos propios del ámbito doméstico” (considerando 11º).
“[L]as previsiones vigentes de nuestro derecho interno en materia civil vedan el otorgamiento de un trato diferencial al varón que contrae matrimonio respecto del que se da a la mujer […]. En razón de ello y, frente a la necesidad de contar con criterios interpretativos homogéneos que aseguren la coexistencia armónica de las disposiciones existentes en las distintas ramas del ordenamiento nacional, la única inteligencia posible que cabe asignar al art. 181 de la LCT es la que equipara a varones y mujeres para acceder a la protección especial en caso de despido por matrimonio” (considerando 12º).
Voto del ministro Rosenkrantz
5. Interpretación de la ley. Razonabilidad. Matrimonio.
“[L]a postura de la cámara, según la cual la presunción contenida en el art. 181 solo beneficia a trabajadoras mujeres, no constituye derivación razonada del derecho vigente. La ley no restringe su protección a las hipótesis de despido de trabajadoras mujeres. No hay en la literalidad de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT elemento alguno que autorice a excluir de sus disposiciones al trabajador varón. La finalidad perseguida por la norma (la protección del matrimonio) claramente lo pone de manifiesto. Y la historia legislativa de los preceptos lo confirma” (considerando 6º).
Voto del ministro Rosatti
6. Cuestión federal. Familia. Protección integral de la familia. Igualdad.
“[L]os agravios del apelante suscitan la cuestión federal que habilita la instancia de excepción de este Tribunal, pues se sostiene que la interpretación realizada por el a quo respecto del art. 181 de la LCT es violatoria de garantías constitucionales, en particular de los derechos a la protección de la familia y a la igualdad, y la decisión apelada ha sido contraria al derecho fundado en ellas...” (considerando 4º).
“[E]s evidente que las normas en estudio […] referidas a la tutela contra el despido por causa de matrimonio, reglamentan de manera directa el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto estipula la `protección integral de la familia´, pues el listado de beneficios mencionados expresamente por el constituyente […] es meramente enunciativo y no invalida otros que se dirijan al mismo objetivo.
La manda constitucional tutela `los atributos de la familia´, entendida como una `sociedad natural organizada… sin discriminar sobre su forma de constitución, protegiendo además la maternidad, la infancia, y la menor edad´ […]. Una conceptualización dinámica impone afirmar que la familia constitucionalmente aludida no es solo la llamada `familia tradicional´ sino que abarca asimismo a otro tipo de relaciones basadas en el afecto, conforme a ponderaciones sociales que se expresan históricamente en criterios legislativos y jurisprudenciales...” (considerando 7º).
“[D]e la cláusula constitucional relativa a la protección integral de la familia se deprende el principio de trato igualitario de los integrantes primarios de dicho núcleo social […], que recibe reconocimiento expreso en un conjunto de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, conforme lo dispuesto por el art. 75, inciso 22, de la Norma Fundamental nacional” (considerando 8º).
7. Familia. Matrimonio. Igualdad. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“[A] la luz de la evolución y el desarrollo progresivo y dinámico de los conceptos, principios y pautas constitucionales que definen y gobiernan la garantía de `protección integral de la familia´ que surgen de las consideraciones precedentes, limitar a la trabajadora mujer la presunción de despido por causa de matrimonio supone desconocer la igualdad de condiciones de los integrantes del núcleo familiar en el ejercicio de las responsabilidades y deberes que se derivan de ese especial vinculo social en sus aspectos filiales, domésticos, económicos e interfamiliares.
La decisión de considerar que no rige a favor del trabajador varón la presunción del despido por causa de matrimonio importa recurrir a consideraciones que no encuentran acogida en una sociedad global en la que imperan criterios que se alejan de los estereotipos vigentes en otro tiempo, enmarcados en un contexto socio-cultural en el que la igualdad de género no alcanzaba el grado de desarrollo y reconocimiento que hoy ha logrado tanto a nivel nacional como internacional…” (considerando 9º).
“[E]l espíritu tuitivo que llevó a consagrar la presunción del artículo 181 bajo el título `Del trabajo de las mujeres´, constituyó una precursora y temprana `medida de acción positiva´ dirigida –en ese entonces– a proteger a un colectivo vulnerable como el de las trabajadoras. En la actualidad resulta imperativa una lectura dinámica y progresiva de la norma que, superando los estereotipos culturales con tintes discriminatorios precedentemente referidos, procure su extensión a todos los trabajadores, con una hermenéutica de equidad de género” (considerando 10º).
SENTENCIA; RAZONABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; DESPIDO; MATRIMONIO; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; FAMILIA; CUESTIÓN FEDERAL; GÉNERO;
Cofre; VB; A (causa N° 15586)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, de manera unipersonal, absolvió a VB y a A, y condenó a Cofre a la pena de dos de prisión en suspenso. A su vez, le ordenó someterse a un tratamiento de rehabilitación para su adicción a las drogas y al alcohol (juez Grosso).

1. Violencia de género. Violencia doméstica. Género. Autodeterminación. Vulnerabilidad.
“El Estado argentino ha ratificado la Convención de Belém do Pará así como la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley n° 26.485) y como consecuencia de ello todos los operarios judiciales tenemos el deber de abordar con perspectiva de género todo el proceso penal, lo que implica también tener presente que en la comisión de los delitos previstos en la ley de drogas las víctimas son especialmente utilizadas por organizaciones criminales para cumplir roles de baja responsabilidad. Se trata de una de las expresiones de la violencia por razones de género que el Estado (y también el sistema de justicia) debe atender.
No [se puede] dictar una sentencia sin atender el escenario en que ocurrió el delito, y la particular situación de cada uno de los juzgados, y en este caso en particular el de [VB], quien desde un comienzo del proceso puso en conocimiento de las autoridades judiciales la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y el sometimiento físico y psicológico que sufría de parte de su pareja y co-imputado. Una situación de violencia que claramente y en perfecta coincidencia con lo reseñado por el Sr. Fiscal General, vedaron de modo absoluto la voluntad de una persona que actuaba todo el tiempo en un contexto de miedo e intimidación además de agresiones físicas y psicológicas, de modo que es posible sostener que su conducta no resulta culpable y no le debe ser reprochada, conforme las previsiones del art. 34 inc. 2 del CP”.
2. Juicio abreviado. Pena. Determinación de la pena. Condena condicional.
“[N]o es competencia de la magistratura, realizar análisis alguno sobre el quantum de la pena acordada por las partes, más allá de determinar si se encuentra comprendida o no, dentro de la escala penal prevista para el delito en trato, ya que su no observancia implicaría lisa y llanamente su improcedencia”.
“[N]o prevé la norma en trato que el Tribunal esté facultado a revisar el monto de la pena acordado ni a cuestionarlo siquiera, ya sea por exceso o defecto; es más […], dispone que el Tribunal no podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el Ministerio Fiscal, con lo cual se quiere significar que, de producirse alguna modificación en el monto de la pena acordado, sólo podría serlo en beneficio del condenado, esto es, imponiendo una pena menor”.
“Con respecto a la modalidad de ejecución acordada, conforme lo previsto por el art. 26 del C.P., [se considera] la inconveniencia para este caso, de un encierro efectivo tomando en cuenta la pena de prisión impuesta, sumando a ello la circunstancia de que a la sazón, un corto encierro sería altamente perjudicial para el imputado, lo que justamente la forma suspensiva de la imposición de la pena intenta evitar. En el entendimiento que esta sanción opere como última advertencia para apartarlo de un futuro accionar delictivo, es que [se decide] la homologación de la ejecución condicional de la pena privativa de libertad a imponer, propuesta por las partes”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA DOMÉSTICA; GÉNERO; AUTODETERMINACION; VULNERABILIDAD; JUICIO ABREVIADO; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; CONDENA CONDICIONAL;
RWNV (causa N° 31166)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso, declaró la nulidad de la disposición y ordenó la reincorporación de la actora en su lugar y puesto de trabajo. Además, condenó a la parte demanda a pagar a la actora una indemnización en concepto de daño moral (juezas Do Pico y Heiland y juez Facio).
1. Derecho de defensa. Debido proceso. Tutela judicial efectiva.
“Indiscutiblemente la garantía constitucional de la defensa en juicio es aplicable en el procedimiento administrativo, que se traduce en la garantía del debido proceso. La Corte Suprema ratificó, acentuadamente, que las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observancia en todo tipo de actuaciones, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria, haya o no sumario para lo cual resulta indispensable que se dé a la persona interesada la oportunidad de ser oída y de probar de algún modo los hechos que considere conducentes […].
En términos supralegales, el Alto Tribunal asignó al derecho a la tutela administrativa efectiva (y a la tutela judicial efectiva) un fundamento constitucional, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y un fundamento convencional, en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2° inciso 3°, apartados a y b, y 14, inciso 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos […].
Ese derecho supone […] la posibilidad de ocurrir ante las autoridades administrativas competentes —o, en su caso, ante los tribunales de justicia— y obtener una decisión —o una sentencia—útil relativa a los derechos de los particulares —o litigantes—, y requiere, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que eventualmente pudieran asistirles sino es por medio de un procedimiento —o proceso— conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una decisión —o sentencia— fundada...”.
2. Procedimiento administrativo. Debido proceso. Verdad jurídica objetiva.
“En esa senda, resulta imprescindible tener en cuenta diversas reglas cardinales del procedimiento administrativo explicitadas, y empleadas, por la Corte Suprema y por esta sala:
1. Los principios del derecho administrativo integran el ordenamiento jurídico argentino como conceptos generales de la legislación específica sobre la materia […].
2. De conformidad con los principios generales que rigen la materia, en el procedimiento administrativo predominan las reglas de informalismo y la impulsión de oficio, la buena fe, la lealtad y la probidad […].
3. La búsqueda de la verdad jurídica objetiva es el norte de todo procedimiento administrativo […].
4. Los particulares ostentan la condición de colaboradores de la administración en la elaboración de las decisiones administrativas, aun cuando defienden sus derechos subjetivos, y en la realización de un fin público […], pero no son litigantes en sede administrativa […]. Ciertamente, el procedimiento administrativo no presenta intereses contrapuestos entre partes contendientes, dado que la administración y los particulares coadyuvan mutuamente con la finalidad de llegar a la verdad jurídica objetiva […].
Buena parte de esas reglas cardinales, como se sabe, fueron receptadas en el artículo 1, incisos ‘a’, ‘b’, ‘c’ y ´f´, de la ley 19.549: el impulso y la instrucción de oficio, la celeridad, la economía, la sencillez, la eficacia y el informalismo, y el debido proceso adjetivo, conformado por el derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir pruebas y el derecho a una decisión fundada […], replicado asimismo en el artículo 29 de la ley marco de regulación de empleo público nacional 25.164”.
3. Protección integral de la mujer. Embarazo. Motivación del acto administrativo.
“Si […] con el telegrama […] la actora comunicó que existieron razones médicas certificadas que justificaban sus inasistencias e informó sobre su embarazo, en ese momento la administración debía hacer efectiva la tutela especial propia de las trabajadoras embarazadas.
Si hubiese ponderado idóneamente esas circunstancias, podía haber advertido la existencia del certificado expedido […] pocos días antes del dictado de la disposición DIAP nº80/2010 ‘c’ […] que da cuenta […] de que la actora `cursa[ba] embarazo de 5 meses 5 días siendo su fecha probable de parto el 22/12/10´ […]. No obstante, la administración nada hizo en ese sentido.
[L]a administración no sólo exhibió […] un criterio puramente formalista, dejando de lado la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, con afectación de las garantías constitucionales y convencionales de la tutela administrativa efectiva y del debido proceso adjetivo, sino que también desconoció los principios y las reglas que presiden, en el ordenamiento jurídico de los derechos humanos, tanto nacional cuanto internacional, la protección especial en favor de las trabajadoras embarazadas”.
“La administración, como parte integrante del Estado, tiene la obligación constitucional, y moral, de fundar y explicar idóneamente sus decisiones y, en particular, como ocurre en este caso, aquellas que tienen incidencia en el ámbito de los derechos relativos a la función pública. Es el deber estatal que se origina, como anverso y reverso, en el derecho constitucional de peticionar a las autoridades enunciado en el artículo 14 de la Ley Fundamental […].
Y el acto administrativo, como una manifestación de la conducta estatal, debe responder `en su motivación interna al sentido teleológico de la actividad administrativa orientada en la promoción del interés público y sometida a ineludibles imperativos de moralidad…”.
4. Daño moral. Protección integral de la mujer. Actos ilícitos. Despido. Embarazo.
“[L]a Sala II [de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa B., S. M.] señaló que este ítem es procedente cuando se compruebe `situaciones concretas que se estiman como de cierta excepcionalidad y particularidad, lo cual amerita la ponderación de principios específicos sobre esta clase de supuestos´.
Anotó, por un lado, que la protección de las mujeres trabajadoras cuando están embarazadas, tutelada en las recordadas normas jurídicas con jerarquía constitucional y en las normas legales, no es neutra para fijar la suma que cabe asignar por daño moral, en tanto se advierta que la actora vivió esa etapa bajo los efectos de un acto que ha sido declarado formalmente ilícito, efectos que al privarla de su empleo incidían negativamente sobre su situación y en la esfera de sus derechos.
Por otro lado, puntualizó que en ciertos contextos es evidente que la privación del empleo produce un hondo padecimiento por las consecuencias negativas que proyectan en el orden profesional y espiritual, toda vez que las sanciones disciplinarias expulsivas conllevan una calificación deshonrosa para la persona destinataria, con idoneidad para afectar su prestigio y su honor. Y concluyó en que existe, en estos casos, `una presunción hominis de que una privación ilegítima del empleo provoque en el agente padecimientos morales injustos que cabe resarcir´, tal como lo hizo esta cámara en diversos precedentes...”.
DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; VERDAD JURÍDICA OBJETIVA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; EMBARAZO; MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO; DAÑO MORAL; ACTOS ILÍCITOS; DESPIDO;
Bertinat (reg. Nº 2753 y causa Nº 79262)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida, absolvió a la imputada y dispuso su inmediata libertad (jueces Jantus y Magariños).
1. Prueba. Principio de inocencia. In dubio pro reo.  
“[E]l rendimiento de la prueba colectada en el debate es insuficiente para tener por acreditada más allá de toda duda razonable la participación de [la imputada] en los hechos. En ese sentido, […] el razonamiento que efectuó el Tribunal para fundar esa intervención resulta violatorio del principio in dubio pro reo contenido en el art. 3 CPPN, corolario a su vez del principio fundamental de inocencia (art. 18 CN), al que debieron recurrir los jueces que dictaron la sentencia por mandato constitucional al no alcanzar el grado de certeza positiva que demanda un pronunciamiento de tales características…”.
2. Indicios. Informes. Vínculo. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[N]o se encuentra controvertido aquí que no existen pruebas directas […]. La presencia de [la imputada] en el lugar y al momento del hecho no fue verificada por testigos, registros fílmicos, el hallazgo de evidencia biológica, huellas, rastros, u otro medio probatorio, más allá de inferencias extraídas de insuficientes elementos indiciarios y de circunstancias hipotéticas y conjeturales a partir de las cuales el tribunal oral construyó la intervención de la imputada. [L]a tarea de combinar indicios debe tener por objeto, obviamente, determinar si en cada caso particular se ha logrado certeza, lo que […] no ocurre en el caso”.
“De hecho, luego de escrutado el plexo probatorio producido, lo único que es posible aseverar con certeza es que la imputada y la víctima se conocían y que mantuvieron una relación sentimental sumamente conflictiva […]. [L]os elementos probatorios valorados por el sentenciante de modo alguno logran establecer algún vínculo certero entre la imputada y el hecho, sino solamente entre ella y la víctima, circunstancia que resulta insuficiente para responsabilizar a [la imputada] por el hecho juzgado.
En efecto, la construcción de la responsabilidad, reposa, en muchos aspectos, en la introducción de hipótesis conjeturales con, incluso, nula o débil vinculación con indicios. Ejemplo de ello es valorar que se encontró un manojo de llaves en el lugar del hecho e inferir, sin mayores razones, que podrían pertenecer a [la imputada]. O construir la ruta emprendida por la imputada, presuntamente entre su domicilio, el lugar del hecho y el Hospital Alvear, a partir de la circunstancia de que el uso de un taxi, medio de transporte usualmente utilizado por la acusada así como por un amplio sector de la población, podría haberlo permitido en el rango horario valorado.
Aún valorados de modo conglobado e integral, los elementos apreciados por el tribunal de la anterior instancia no satisfacen las exigencias de inmediatez y asertividad que la conclusión a partir de indicios debe cumplir. Los indicios entonces valorados en la sentencia, es decir, el horario fijado para el deceso, el conocimiento previo, la relación conflictiva y personalidad de los intervinientes, el episodio previo en el cual la imputada habría rociado nafta en el local del fallecido, la distancia existente entre los domicilios, la aparición de un juego de llaves en la escena del crimen –cuya propiedad no pudo determinarse de modo certero- y la activación de las antenas telefónicas, no son unívocos sino anfibológicos, pues no determinan la presencia de [la imputada] en el lugar del hecho en el momento en que se habría cometido, y no informan inequívocamente acerca de la acción de quitar la vida a [la víctima], ni descartan otra hipótesis acerca de lo que realmente sucedió; por ende, no resultan idóneos para el juicio de reproche al que se ha arribado”.
3. Indicios. Sentencia condenatoria. Deber de fundamentación. Sana crítica. Principio de inocencia. In dubio pro reo.
“En tal sentido, se observa un defecto en la construcción lógica de la sentencia, en la cual, a partir de los elementos reseñados, se edifica la ‘inexistencia de imposibilidad’ de la intervención de la imputada en el hecho […] sin que de modo alguno se haya podido satisfacer los parámetros de certeza exigidos para el dictado de una sentencia condenatoria […]. Aparece como una falacia lógica que la imposibilidad de descartar la veracidad de una premisa, derive en que se la tenga por necesariamente verdadera. Aquello que no se puede descartar no implica su verdad”.
“De todo ello se extrae no sólo que los indicios recabados resultan insuficientes para afirmar sin hesitación la participación cuestionada, sino que el Tribunal expresamente contravino el principio de inocencia cuando intentó justificar todos esos extremos, dando razones posibles pero eventuales, en lugar de valorarlos a su favor como impone el mandato constitucional. […] Al dictar sentencia, el juez no está llamado seleccionar la más razonable de entre las hipótesis probables que se le presenten, sino llegar a una convicción, razonada y fundada en la prueba, con una acabada reconstrucción histórica del hecho”.
“En consecuencia, […] en este caso el Tribunal se ha conformado con la hipótesis presentada por la acusación, que sólo resulta probable y puede haber dado lugar a la realización del debate, pero que por las serias deficiencias probatorias que presenta en punto a circunstancias relevantes para la reconstrucción histórica del hecho, impide la posibilidad de una condena por aplicación del estándar de duda referido. [L]a meta de conocer la verdad no se ha alcanzado en el caso”.
“Por eso […] el razonamiento desarrollado en la decisión en revisión viola tanto la regla de la sana crítica racional –al construir la participación de la acusada sobre indicios insuficientes– como el principio in dubio pro reo que debió necesariamente aplicarse en consecuencia. […] El estado de duda que prevalece en el caso se ve incluso robustecido por la hipótesis alternativa ofrecida por la defensa en punto a la posible autoría de [la otra mujer] y los puntos de contacto que –conforme lo expone la recurrente- existirían entre aquélla, el imputado y el hecho objeto del proceso, resultando a su vez llamativo que, de acuerdo a los aportes documentales de la defensa, recientemente […] haya sido detenida e imputada por el homicidio de una persona mayor cuya muerte tuvo lugar por apuñalamiento”.
PRUEBA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; INDICIOS; INFORMES; VÍNCULO; APRECIACION DE LA PRUEBA; SENTENCIA CONDENATORIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; SANA CRÍTICA;
Lugo (causa N° 19147)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión y dispuso el sobreseimiento de la mujer (jueces Pociello Argerich y López).
1. Violencia de género. Violencia familiar. Homicidio. Autodeterminación. Informes. Prueba. Apreciación de la prueba.
“Valorando la prueba conforme la exigencia de tratados internacionales y legislación interna, no puede sino concluirse en la existencia de una situación que bien pudo impedir la libertad de acción de [la mujer] para adoptar una conducta que, eventualmente, y solo eventualmente, podría haber evitado el deceso de su hija”.
“[A]l momento de asignar mayor o menor credibilidad al relato de cada uno u otro de los imputados […] no [se] puede dejar de [valorar] la existencia del ya mencionado expediente radicado ante la justicia local […] donde quien da intervención a la autoridad policial es [una familiar del hombre], quien se enfrenta a la agredida que intenta defender a su agresor, valga la redundancia, en una actitud que claramente da sustento a las conclusiones a las que arribaron las especialistas el efectuar el informe requerido por este tribunal”.
“Dada la extensión de todos estos estudios, valga sólo citar lo sostenido entre muchas conclusiones por la Licenciada [en psicología] en relación a que ‘…en el contexto del suceso [la imputada] vio decididamente afectada su capacidad de autodeterminación por interferencia directa del cuadro de salud mental que padecía y ya fue descripto…’ para concluir luego que ‘…A partir de toda la información recolectada, podía concluirse que [la mujer] no contó con plena capacidad de autodeterminación para poder operar en su entorno, especialmente en relación a los hechos investigados, para poder salvaguardar así la integridad de su hija […] o la suya propia…’.
Poco queda entonces agregar para sostener que en la instancia se ha alcanzado el grado de convicción necesario para concluir que [la mujer] no puede ser responsabilizada por el hecho que originara su vinculación a proceso y por tanto se dispondrá su sobreseimiento conforme lo dispuesto por el artículo 336 inciso 4° del Código Procesal Penal de la Nación”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; HOMICIDIO; AUTODETERMINACION; INFORMES; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Asociación Comunitaria La Matanza (causa Nº 11001630)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar al recurso, revocó la sentencia e hizo lugar a la demanda. En consecuencia, condenó al Estado nacional al pago de una indemnización directa a la parte actora. Además, ordenó al Estado a que destinase dinero en los sucesivos diez años a inversiones públicas en beneficio de los integrantes de la etnia Toba (juezas Denogens y Alcala).
1. Pueblos indígenas. Asociación civil. Legitimación procesal. Derechos de incidencia colectiva.
“[L]a finalidad perseguida con la promoción de la presente acción excede lo meramente económico […] siendo susceptible de encuadrarse en los fines de `procurar el perfeccionamiento moral y material de todos los componentes de la comunidad dentro de un clima de concordia y respeto al orden jurídico´ y `llevar a cabo una acción de tipo cultural, social y deportivo y toda otra actividad legal que contribuya a la elevación de los niveles de vida y participación plena en la vida social y económica de la zona y de sus socios´, contemplados en el estatuto constitutivo de la asociación actora.
[L]a Constitución Nacional reformada contempla la legitimación procesal no sólo del afectado […] sino también habilita expresamente a intervenir como parte actora a otros sujetos –distintos de aquél– que actuarán en nombre propio pero invocando la defensa de derechos de otros. Así, el artículo 43, 2º párrafo de la CN establece que podrá interponer una acción expedita y rápida de amparo: `... contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las Asociaciones que propendan a esos fines, registrados conforme a la ley´.
Cabe aclarar que, si bien en el texto constitucional la intervención de tales sujetos está contemplada en el marco de la regulación de la acción de amparo, la CSJN ha considerado que dicha legitimación extraordinaria es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general, por ejemplo: la acción declarativa de inconstitucionalidad y procesos ordinarios […]. La redacción del precepto constitucional en examen prevé, como requisitos formales para legitimar a las asociaciones, que `propendan a esos fines´ y que se encuentren inscriptas en el registro respectivo […].
A su vez, el artículo 75 inc. 17 de la CN y las constituciones provinciales que cuentan con normas similares han otorgado a las comunidades indígenas un reconocimiento normativo de su condición de sujeto colectivo de derecho […]. [L]a comunidad indígena mantiene diferencias con el art. 141 CCyC en su calidad de sujeto de derecho, respecto de la obligación de sujetarse a los fines y objeto de su constitución. La finalidad de una comunidad indígena no es otra que su reproducción y supervivencia cultural, normativa y económica, de acuerdo a sus propias pautas, en el presente y para las generaciones venideras. La cuestión importante es que no se trata de `la garantía constitucional de asociarse con fines útiles […]´ ni de la `regla de la especialidad´, sino del ejercicio del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la ONU las comunidades indígenas cuentan con el derecho a solicitar su inscripción registral de la personería jurídica que pretendan, con base en su sola condición de sujeto colectivo de derecho.
Aunque, a la vez, la eventual falta de inscripción no implica, bajo ningún concepto, un menoscabo en sus derechos fundamentales ni la carencia de su personalidad jurídica, la cual está reconocida constitucionalmente. Por eso mismo, el artículo 75 inc. 17 de la CN refiere, en verdad, al derecho a la personalidad jurídica, es decir al reconocimiento directo que hizo la asamblea constituyente en 1994 a la condición de sujeto colectivo de derecho de las comunidades indígenas, en forma genérica; mientras que el asunto relativo a las inscripciones de las personerías jurídicas en los registros estatales, refiere a la representación concreta y específica de las mismas, en los ámbitos que corresponda. (EL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, Javier Azzali, Paula Barberi, https://jurisprudencia.mpd.gov.ar)”.
2. Pueblos indígenas. Personería. Interpretación de la ley.
“[L]a norma que regula lo relativo a la personería de las comunidades indígenas (Ley 23.302) es anterior a la reforma constitucional, por lo que su contenido debe ser interpretado de manera armónica con los derechos reconocidos en la Carta Magna con posterioridad al dictado de aquélla. De tal manera, la interpretación que se haga del art. 2 de la Ley 23.302 debe garantizar el ejercicio amplio de los derechos de las comunidades cuya preexistencia se reconoce y pretende proteger”.
“[L]a falta de inscripción de la Asociación actora en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas no resulta óbice para reconocerle legitimación activa en las presentes actuaciones, toda vez que la misma sí se encuentra inscripta desde el año 2008 en la Dirección de Personas Jurídicas del Chaco […], por tratarse de facultades concurrentes que pueden ser ejercidas tanto por la autoridad nacional como provincial, y que no se excluyen entre sí”.
3. Acciones imprescriptibles. Pueblos indígenas. Delitos de lesa humanidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[E]ste Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse con relación a la temática en trato, sosteniendo la imprescriptibilidad del reclamo resarcitorio derivado de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Nacional contra la etnia Pilagá.
En este sentido, […] dicho criterio ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al manifestar `Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos...las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú...´ (conf. CIDH, caso `Barrios Altos´, sentencia del 14 de marzo de 2001, serie C N° 75)”.
4. Pueblos indígenas. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral. Reparación.
“[Corresponde] la procedencia del reclamo por el daño moral causado a la comunidad Toba que la asociación actora representa, no resultando pertinente colocar el sufrimiento espiritual solamente en cabeza de las personas que sufrieron de manera directa la masacre del 19 de julio de 1924, sino entendiendo que esos hechos fueron susceptibles de causar un daño espiritual a la comunidad como tal, cuyas repercusiones subsisten hasta la actualidad, y que por ello merecen ser reparadas.
Sin embargo, tal como lo ha declarado la CIDH, la reparación más idónea para este concepto no resulta ser la reparación económica, sino que consiste en el reconocimiento de los hechos que ya ha sido efectuado por la magistrada de la instancia anterior, así como una serie de medidas que han sido adoptadas por los distintos poderes de la Provincia del Chaco…”.
“[N]o resulta posible encuadrar los daños descriptos en las clásicas categorías de `daño emergente´ o `lucro cesante´, lo que [hace] la procedencia de una reparación `in totum´, que procure el desarrollo de la comunidad indígena que vio afectados sus derechos durante tantos años, y que constituya la vía que garantice por parte del Estado Nacional la implementación de políticas públicas tendientes a reparar los daños sufridos por los integrantes de la etnia.
En este sentido, en el plano internacional se ha señalado que en la medida de lo posible, la reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho acto…”.
5. Gastos de justicia. Acceso a la justicia. Igualdad. Vulnerabilidad.
“[E]l postulado de economía de gastos exige que el proceso no sea objeto de gravosas imposiciones fiscales, ni que, por la magnitud de los gastos y costas que origine, resulte inaccesible a los litigantes, sobre todo a los de condición económica precaria. No puede perderse de vista que la amplia dimensión del complejo problema del acceso a la justicia y de las formas de facilitarlo, son cuestiones que modernamente vienen acaparando en todas las latitudes la atención no sólo de los juristas, sino también de los políticos, sociólogos, economistas y otros expertos […]. La cuestión de la igualdad ante la ley se traduce ahora en el tema de la igualdad ante la justicia, que lleva al problema de la dimensión social del derecho en general, y de la justicia. La remoción de los obstáculos de todo tipo –especialmente económicos– que impiden el libre acceso a la jurisdicción, ha sido objeto de particular atención desde la esfera constitucional […]. Atención que se ha potenciado en los últimos tiempos con la elevación de los tratados sobre derechos humanos a rango constitucional…”.
“Es tarea de los magistrados intervinientes en procesos de este tipo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos allí plasmados, asegurando el acceso a la justicia de pueblos que han sido históricamente relegados. Se trata de un derecho humano fundamental por el cual las personas pueden exigir una respuesta adecuada a sus necesidades jurídicas. Entre otras cuestiones, esto significa que los miembros de comunidades indígenas tienen derecho a:
- Contar con recursos efectivos para reclamar y defender sus derechos (arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional) –convenio 169 OIT Iniciar procedimientos legales para reclamar el cumplimiento de sus derechos (art. 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT–).
- Obtener una pronta decisión sobre los conflictos que plantean, y una reparación de las lesiones a sus derechos individuales y colectivos (art. 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
[…] Las 100 Reglas [de Brasilia] tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas (entre otros grupos sociales) porque está comprobado que, en muchas circunstancias, han tenido dificultades para poder hacer valer sus derechos. Por eso, las Reglas establecen específicamente que los funcionarios y magistrados judiciales deben brindar un trato respetuoso a su dignidad, lengua y tradiciones culturales…”.
PUEBLOS INDÍGENAS; ASOCIACIÓN CIVIL; LEGITIMACIÓN PROCESAL; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; PERSONERÍA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ACCIONES IMPRESCRIPTIBLES; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL; REPARACIÓN; GASTOS DE JUSTICIA; ACCESO A LA JUSTICIA; IGUALDAD; VULNERABILIDAD;
Chilo (causa N° 119538)Tribunal de Impugnación de Salta
La Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta rechazó el recurso y confirmó la decisión (voto del juez Barrionuevo al que adhirió la jueza Solorzano).
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad del Estado.
“[C]orresponde analizar los criterios sostenidos por la C.S.J.N. en esta materia, la que vía juris-prudencia, determinó los presupuestos de la responsabilidad extracontractual. Como afirma el recurrente debe comprobarse: a) imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano estatal en ejercicio de sus funciones; b) falta o funcionamiento defectuoso o irregular del servicio; c) existencia de daño cierto, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero y d) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue...”.
Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación. Omisión del Estado.
“En el caso concreto se atribuye como responsable a la provincia por una omisión, y ante ello se distingue `los casos de omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. La determinación de la responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos jurídicos indeterminados debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar.´ (C.S.J.N., Fallos `Mosca´ 330:563); `…la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. En consecuencia, el factor de atribución genérico deberá ser examinado en función de los elementos, antes mencionados...toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directo...”.
“En el caso concreto y conforme fue debidamente acreditado la Provincia de Salta, a través de las autoridades policiales tuvieron pleno conocimiento de la situación de violencia familiar existente entre el hoy condenado y la víctima S. Tuvieron también conocimiento del estado de labilidad emocional de Chilo. Tenían la certeza de que Chilo tenía bajo su custodia, a su alcance y plena disponibilidad un arma y que la misma resulta un elemento letal que aumenta de un modo inaceptable el riesgo al que se encontraba sometida S. Como bien se relata en la sentencia, las Licenciadas M. y C. intervienen en la problemática alertadas por instrumentos públicos policiales. Fue allí donde surgió el deber estatal de retirar el arma de fuego provista por la Provincia a quien resultaba Sgto. de la Policía Provincial. No se trata en este estado de cosas de la intervención genérica del Estado Provincial en particular del Ejecutivo en la Policía Administrativa de un deber genérico de lucha contra la violencia de género –por otro lado vigente y exigible al Estado Provincial– sino claramente de un deber específico: Conocida una situación concreta de riesgo directo el deber de retiro del arma era expedito, inminente, urgente.
Existe en el caso entonces un deber omitido, retirar el arma a quiense encontraba ejerciendo violencia sobre una mujer quien había requerido formal y reiteradamente intervención estatal; había también informes de profesionales designados por la Policía de la Provincia para intervenir en el caso que consideraban emocionalmente inestable al agresor.
No hay dudas sobre el factor de atribución de responsabilidad directa y gravemente relacionado con una falta de cumplimiento de obligaciones, ello importó una abstención que infringió un deber legal de actuar, que se conectó causalmente con el daño sufrido, toda vez que fue con el arma reglamentaria no retirada al agente emocionalmente inestable con la que perpetró el hecho luctuoso objeto de responsabilización”.
“La problemática planteada no es una situación de violencia común, se trata de un caso de violencia extrema claramente previsible para el Estado. El Estado tuvo conocimiento expreso de la conflictiva de la que era víctima S., de la labilidad de Chilo, de la existencia de un elemento letal como es el arma, provista a Chilo por el mismo Estado, y no hizo nada efectivo para evitarlo. Claramente el deber de retirar el arma era jurídico y operativo y con total certeza se omitió cumplir el mismo”.
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación.
“Tampoco es cierto que se responsabilizó al Estado Provincial por la acción homicida de Chilo, se responsabilizó al Estado Provincial por la omisión de intervenir del modo debido frente al conocimiento efectivo de una situación de violencia familiar de alto riesgo y omitir retirar del poder de alguien emocionalmente inestable el arma homicida. La responsabilidad estatal, como ya se analizó, deviene clara.
Es que se ha comprobado la imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano estatal en ejercicio de sus funciones, esto es del deber de la Policía de la Provincia de intervenir en la situación de modo efectivo retirando el arma a Chilo; se ha comprobado la falta de cumplimiento del deber de prevención específico, pues conoció el Estado Provincial la situación concreta de riesgo. El riesgo indebidamente asumido por el estado se tradujo en un daño cierto, la muerte de S. por el arma reglamentaria que la provincia omitió retirar a Chilo, e in-equívocamente hay una relación decausalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se ordenó”.
“[L]a inexplicable negación que hace el Estado Provincial de su responsabilidad civil frente a este luctuoso hecho producido por el funcionario público con el arma reglamentaria llama la atención que se desconozca como fuente de obligación de reparar su defectuosa intervención en la prevención de un hecho de violencia de género producido por un efectivo policial que fuera suficientemente comunicado y conocido por la autoridad policial, responsable directa de velar para que las armas de fuego provistas, sólo estén en poder de personas mentalmente estables y sin peligro concreto de generar hechos violentos como el que originó el presente proceso.
La inacción policial pone de manifiesto que el Estado, en este caso concreto, no tomó conciencia al momento de las denuncias de S. del peligro que existía entonces por la violencia de género a la que era sometida la hoy fallecida. Fue su indiferencia y su inacción la que se tradujo en el resultado muerte de S. El resultado disvalioso ocurrido y que hoy lamentamos se produjo por ello, la ausencia de políticas sostenidas de prevención como sería el retiro del arma a un dependiente denunciado de violencia familiar, como la falta de realización de actos concretos de protección ante el informe que el mismo Estado produjo respecto de que Chilo era emocionalmente inestable.
La responsabilidad estatal frente a este resultado deberá asumirse desde la reparación ya que se omitió intervenir eficazmente en la prevención. No se trata de un deber de prevención genérico, pues ese deber devino en concreto cuando el Estado fue anoticiado de los hechos de violencia y verificó la inestabilidad emocional de Chilo”.
“Se expresa como burdo atenuante que la persistencia de Chilo en su determinación exime la responsabilidad estatal. El Estado Provincial, tal como se afirma en este fallo, era conocedor de las condiciones psíquicas de Chilo. A mayor conocimiento mayor responsabilidad”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Valor vida. Daño patrimonial indirecto.
“Respecto al cuestionamiento del monto asignado al daño material debe decirse que el mismo fue suficientemente justificado en la sentencia cuestionada, allí se dijo que: `se advierte que con la muerte de C. A. S. C se vulneró uno de los derechos fundamentales más importantes, cual es la vida de una joven mujer de 33 años de edad, madre de cuatro hijos menores de edad e hija de una mujer que debe afrontar con entereza el infortunio de la pérdida de su hija mayor, como así también la frustración y daño al proyecto de vida por su muerte´. `Como es sabido, para fijar el monto de indemnización, no es adecuado admitir el daño material con un criterio matemático, por cuanto ello equivaldría considerar a la víctima como una unidad económica de producción, situación que no corresponde pues debe destacarse que la vida humana no tiene valor económico per se, ello toda vez que, la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo que produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que la extinta producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue no cabiendo duda alguna, que era la actora, a la postre la madre de hijos menores de la infortunada damnificada, quienes resultaban destinatarios de los bienes económicos de la hija y madre cruelmente asesinada por su ex pareja por lo que, con arreglo a las previsiones del Art. 1.085 del C.C. le corresponde a ellos obtener la reparación del daño material sufrido”.
“[L]a C.S.J.N. ha sostenido en materia civil, laboral y de familia, que el derecho a conformar el propio proyecto de vida viene garantizado constitucionalmente y que es exigible la reparación de la frustración del desarrollo pleno de la vida que implique una reformulación del proyecto de vida […] [C]abe considerar si el proyecto de vida de C. A. debe ser objeto de ponderación, y la respuesta, sin lugar a dudas, debe ser afirmativa por cuanto ésta modificación traumática a dicho proyecto tiene incidencia e impacta no solo en el afectado sino en su familia… No cabe dudas que C. S. C., era una joven y abnegada mujer, dispuesta a superar los obstáculos y desafíos que su historia de vida le imponían, con denodado esfuerzo, tesón y sacrificio; sintiéndose inspirada en un claro propósito de superación”.
“Hay una distancia enorme entre la arbitrariedad y la construcción razonado de una conclusión en base a elementos y lógica. La característica de vocación de superación, esmero y procura de bienestar para su entorno por parte de la víctima de asesinato y omisión estatal está más que construida con certeza lógica jurídica. El monto fijado en modo alguno deviene exorbitante en atención a la edad de la víctima y sus capacidades”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral.
“En relación al daño moral y a la exclusión como legitimada de la […] madre de la víctima debe analizarse el planteo recursivo no sólo en base a la literalidad de la norma establecida en el Código Civil vigente al momento del hecho, sino sobre todo a la luz de los derechos constitucionales en juego.
[N]os encontramos frente a una responsabilidad estatal existente en virtud de una omisión a un deber jurídico del Estado Provincial. Y por ello a la hora de valorar la responsabilidad del Estado y la legitimación activa para reclamar la reparación integral habrá que mirar con especial atención lo establecido por instrumentos y tribunales de derechos humanos.
En particular el art. 63 de la CADH reconoce el derecho al pago de una justa indemnización de la parte lesionada. Por ello nos encontramos constreñidos a buscar la interpretación más integradora de derechos que el art. 1.078 del CC pueda presentar.
Se encuentra vigente y lo estaba ya al momento de la sentencia de primera instancia el Código Civil y Comercial, con lo cual la interpretación del mismo debe ser no sólo teniendo en cuenta sus palabras sino también las finalidades de la reparación en los términos constitucional y convencionalmente reconocidos, así como el avance que la conceptualización al derecho a la reparación que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
En idéntico sentido debe decirse que ha mirado sobre el deber de reparar en particular y mientras la reparación del daño moral estaba negada a víctimas indirectas y fue reconocida como excepción y con limitaciones en la Ley 17.711, queda claro que doctrinaria, jurisprudencial y finalmente legislativamente se ha reconocido a los ascendientes derecho a ser reparados en el daño moral, tal cual lo establece hoy en día el art. 1.746 respecto del daño llamado extramatrimonial”.
“Lo jurídicamente analizado es válido para cualquier planteo resarcitorio, reparatorio. Si esta reparación es importante en todos los casos, lo es mucho más cuando es el Estado el que violentando sus deberes de protección resultó parte del nexo causal de un hecho fatal de violencia de género. No puede el Estado pretender negar la reparación a una madre sufriente, que en virtud de la inactividad estatal tuvo que afrontar el fallecimiento de su hija y asumir el rol de protección de sus nietos huérfanos”.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; OMISIÓN DEL ESTADO; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; VALOR VIDA; DAÑO PATRIMONIAL INDIRECTO; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL;
Blanco (causa Nº 8293)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión impugnada y dispuso la remisión de testimonios al Colegio Público de Abogados (jueces Rodríguez Varela y Lucero).
1. Asistencia letrada. Derecho de defensa. Defensa técnica ineficaz.
“[N]o se ven reflejados en la actuación del encausado los requisitos necesarios para el encuadre típico. En efecto, la compulsa de los testimonios […] refleja que durante la instrucción de la causa [el abogado] aceptó el cargo, acompañó a sus asistidos a la indagatoria […] y mantuvo con ellos una entrevista previa, aconsejándolos a que no prestaran declaración. El día […] se resolvió la situación procesal de ambos, dictándose el procesamiento, que no fue recurrido.
[Las dos personas asistidas] se manifiestan ahora en desacuerdo con la actividad de quien fuera su letrado en ese proceso, remarcando su contrariedad porque aquel no hubiera presentado sus descargos por escrito ni apelado el procesamiento. Pese a ello, no han indicado motivos que pudieran haber impulsado al letrado a actuar de un modo perjudicial”.
2. Asistencia letrada. Defensa técnica ineficaz. Tipicidad. Prueba. Apreciación de la prueba.
“No puede el análisis de los hechos y sus pruebas prescindir de los elementos del tipo penal invocado en la acusación, que no se puede sustentar en meras torpezas o cuestiones propias del arte de abogar, en tanto requiere intención de perjudicar los derechos e intereses confiados. En habitual ausencia de manifestaciones directas de ese obrar doloso (como los actos prohibidos por el art. 10 de la Ley 23.187), este puede derivarse de manera indiciaria de la evidencia de groseras omisiones en el ejercicio de las defensas asumidas, independientemente del perjuicio que en concreto pudieran causar. Ninguno de estos supuestos se presenta en el caso en estudio; así como no se observan ni se han alegado actos ineludiblemente relacionados con la intención de perjudicar a sus asistidos, tampoco se advierte un desempeño del imputado que supere los márgenes razonables de lo opinable en la prudencia y habilidad en el ejercicio de una defensa penal”.
“No hay posibilidad de señalar de manera certera a la ausencia de descargo escrito posterior ni a la eventual decisión de dejar firme el procesamiento como conductas objetivamente reñidas con una defensa correcta, menos aún si, como los propios agraviados reconocieron, desde un primer momento el encausado les habría adelantado que pensaba dirigir a un instituto en el que la discusión de la imputación no es sustancial”.
“[C]oincidimos con el juez de grado acerca de que los hechos traído a estudio no encuadran en figura legal alguna (artículo 336, inciso 3º del código ritual). Sin embargo, […] el trato dispensado por el abogado a sus pupilos merece un análisis en sede administrativa. Aún cuando hubiera señalado, manifestando una reserva profesional que aquí no impugnamos, que no habría de abundar en detalles de sus entrevistas con los denunciantes, en los elementos agregados a la causa destacan las contingencias opuestas, es decir la falta de contacto y comunicación del letrado con sus clientes”.
ASISTENCIA LETRADA; DERECHO DE DEFENSA; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; TIPICIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
CPF I y otros (causa N° 15054)Juzgado Federal en lo Criminal Federal Nro. 1 de Lomas de Zamora
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas De Zamora N° 1 hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el cumplimiento de las "Pautas de procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del COVID­19 por parte de los profesionales de la salud del Servicio Penitenciario Federal" y del "Protocolo de alojamiento de carácter preventivo destinado a la Unidad Residencial de Ingreso". En ese sentido, indicó que debía evitarse el movimiento y realojamiento de detenidos dentro del CPF I y de manera particular hacia sectores del Módulo de Ingreso que contasen con casos de Covid­19 positivos y hasta tanto la situación de contagios se encontrase controlada. Por último, indicó que se debía respetar el período de aislamiento de catorce días de cada interno que ingresase al establecimiento penitenciario, ya fuera desde las alcaidías u otras unidades del SPF (juez Villena).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Tratamiento médico. Traslado de detenidos.
“[A] raíz de la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud ante la propagación del coronavirus (COVID­19) sumado a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en torno a la Declaración de Emergencia Sanitaria (DNU N° 260/20) y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el día 12 de marzo del corriente año […] la Dirección Nacional del SPF conformó el Comité de Crisis para la coordinación de medidas de prevención, control, detección y asistencia en virtud del brote epidemiológico, con el objeto de evitar la propagación del virus en los establecimientos carcelarios federales, elaborándose en consecuencia diferentes guías de actuación y protocolos.
[A]nte la delicada situación que atraviesa el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a raíz de los contagios producidos y su consecuente propagación, resulta necesario verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos de actuación elaborados por el Servicio Penitenciario Federal frente a la pandemia del Covid­19 a fin de evitar que continúe expandiéndose el virus dentro del establecimiento”.
2. Medidas cautelares. Cárceles. Condiciones de detención. Derecho a la salud.
“[C]abe evaluar si se verifican en autos, los extremos de concurrencia de tal especie de cautelares que, dada su esencia, deben ser juzgadas con criterio restrictivo. Así pues, medidas de la índole de la presente sólo deben decretarse cuando, además de la presencia de los recaudos generales de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como un posible daño irreparable, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y finalmente, no verse perjudicado el interés público en juego”.
“En cuanto al primero de ellos, para su configuración, no se requiere la certeza absoluta del derecho invocado sino sólo su apariencia, que lleve al convencimiento de que pueda existir un alto grado de probabilidad de que la sentencia que en definitiva se dicte, produzca el reconocimiento de tales derechos.
En orden al segundo de los recaudos, el peligro en la demora, debe resultar de un juicio de probabilidad de que, dadas las circunstancias que concurran al caso, una eventual sentencia que reconozca los derechos cuya tutela se pretenden, luego de tramitada la acción principal, pueda ser tardía o pueda haberse generado un perjuicio irreparable. Nuevamente no se requiere certeza sino probabilidad razonable de que ello ocurra”.
“Los derechos en cuestión se encuentran estrictamente vinculados a la salud de los detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y la situación vinculada a la propagación del Covid­19, que azota a todo el país e ineludiblemente también a las personas privadas de libertad en dicho establecimiento carcelario”.
“Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones hasta aquí desarrolladas, habiendo evaluado las constancias obrantes en autos, y más allá de la existencia de diversos protocolos destinados a preservar la salud de los detenidos y evitar la propagación masiva del virus, [se entiende] necesario adoptar medidas conducentes para observar el estricto cumplimiento de las [Pautas y el Protocolo] en materia del aislamiento preventivo allí establecido para todo nuevo ingreso al Complejo Penitenciario Federal I; a su vez, [resulta] pertinente que se restrinjan los traslados de internos alojados en las Unidades Residenciales del Complejo Penitenciario Federal I hacia el Módulo de Ingreso”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; TRATAMIENTO MÉDICO; TRASLADO DE DETENIDOS; MEDIDAS CAUTELARES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD;
Molo y Díaz (causa N° 1312)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó la decisión impugnada y dispuso el sobreseimiento de las personas (juezas Denogens y Alcalá).
1. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir la propagación de epidemia.
“[S]i bien la situación epidémica –no pandémica en aquel momento– en los países por los que transitaron las nombradas (España, Francia y Rusia) era de mayor complejidad que en Latinoamérica, dichas naciones aún no habían adoptado medidas preventivas como las que rigen hoy en día a nivel mundial. Lo mismo ocurría en Argentina…”.
“[N]o puede soslayarse el hecho de que, como manifestaron las mismas implicadas en sus respectivas declaraciones indagatorias, en ninguno de los lugares que visitaron les indicaron si debían tener en cuenta reglamentaciones o restricciones en cuanto al avance de la enfermedad. Lo mismo ocurrió –según sus dichos– al regresar a Paraguay y Argentina, de manera tal que no puede sostenerse que su actitud, tanto fuera como dentro de nuestro país, haya sido imprudente”.
“[C]abe tener presente que la Organización Mundial de la Salud determinó como pandemia la aparición del COVID­19 en fecha 11/03/20 al tiempo que el Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional prescribió como ‘zona de riesgo’ a varios países europeos en fecha 12/03/20. Asimismo, el Decreto Nº 297/2020, estableció el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio el 19/03/2020, siendo dichas normativas posteriores a las conductas presumiblemente endilgadas a las encartadas, las que hipotéticamente podríamos situar en el período comprendido entre el 28/02/20 y el 05/03/20”.
2. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir la propagación de epidemia. Ley penal en blanco. Principio de legalidad. Deber de cuidado.
“[S]i bien la figura penal atribuida no encuadra dentro de los denominados tipos penales en blanco, la conducta ‘imprudente’ que la Juzgadora estima habrían cometido [las imputadas], estaría supeditada a las disposiciones antes referidas, las cuales […] fueron posteriores a su accionar, e incluso a la potencial propagación o contagios”.
“[L]a prudencia y mesura que la Instructora parecería exigirles a las imputadas tiene directa relación con las normas dictadas a consecuencia de la pandemia, las que socialmente no podían serle demandadas frente a una coyuntura mundial que en aquel momento era incierta, aun para los expertos. En síntesis, no se puede requerir a una persona un hacer prudente, que las normas (en aquel período histórico) no le reclamaban, incluso cuando los medios de comunicación trataran el tema, ya que tal obligación excedería el marco de lo jurídicamente exigible”.
“Es dable consignar que el obrar imprudente –a diferencia del doloso– consiste en llevar a cabo una acción ‘sin haber’ tomado los recaudos para neutralizar los peligros de dicha acción […], generando un riesgo jurídicamente desaprobado por la inobservancia de un deber de cuidado. Y en tal sentido cabe preguntarse cuáles eran los deberes de cuidado objetivamente exigibles en la época de ocurrencia de las conductas provisoriamente imputadas, ante la ausencia de normas o pautas claras de comportamientos evitables.
[C]abe indicar que al momento de retornar las imputadas de su viaje […] no se habían dictado normas que establecieran parámetros objetivos de comportamiento que sirvan de baremo para establecer si las nombradas incrementaron el riesgo por encima del jurídicamente permitido, existiendo más bien una gran confusión respecto de los comportamientos debidos, sobre los que quizás hoy no existan dudas, pero que en aquel momento presentaba grandes incógnitas”.
EMERGENCIA SANITARIA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; LEY PENAL EN BLANCO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBER DE CUIDADO;
Mora Amaro (causa N° 24880)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 19 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19, de manera unipersonal, extinguió la acción penal y sobreseyó a las personas imputadas (juez Paduczak).
1. Conciliación. Reparación. Víctima.
“[C]orresponde tener especial consideración sobre dos cuestiones insoslayables para la aplicación del instituto que se analiza: por un lado, la opinión favorable de la víctima, y por el otro, la entidad del delito endilgado a los imputados -de contenido patrimonial cometido sin grave violencia sobre las personas-. La concurrencia de estas dos circunstancias permitieron hacer lugar al acuerdo conciliatorio”.
2. Conciliación. Código Procesal Penal. Vigencia de la ley.
“Consecuentemente, teniendo en cuenta los principios rectores propugnados por el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, existiendo un acuerdo conciliatorio entre los imputados y la víctima respecto del hecho calificado como hurto agravado por haber sido cometido con escalamiento en grado de tentativa, en los términos del artículo 34 de dicho cuerpo normativo, y habiendo cumplido los imputados con el depósito de la suma de dos mil pesos en el plazo establecido durante la audiencia, corresponde proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal y artículos 334 y 336 inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación”.
CONCILIACIÓN; REPARACIÓN; VICTIMA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; VIGENCIA DE LA LEY;
Oliva (causa N°  9963)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).

Dictamen de la Procuración General de la Nación (procurador Casal)
1. Conciliación. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley.
“Es sabido que las sentencias de la Corte deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan, aunque hayan sobrevenido a la interposición del recurso extraordinario, como ocurre cuando en el transcurso del proceso son dictadas nuevas normas sobre la materia objeto del litigio que reclaman aplicación inmediata […]. En consecuencia, es pertinente señalar que por resolución 2/2019 del 13 de noviembre pasado (B.O. 19/11/2019) la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal decidió implementar, a partir del tercer día hábil de la publicación de la norma y en el ámbito de la justicia federal y nacional en lo penal, el artículo 34 del nuevo código de forma, referido a la conciliación entre el imputado y la víctima”.
“Con el mencionado cambio legislativo, lo resuelto en esta causa ya no puede mantenerse por sus fundamentos, razón por la cual […] V.E. debe dejar sin efecto el pronunciamiento apelado y ordenar el dictado de uno nuevo con arreglo a la normativa vigente”.
CONCILIACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY;
Dirección Legal y Contencioso Penal de la PPN (causa N° 30739)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso y confirmó la decisión impugnada (jueces Huarte Petite y Jantus).
1. Cárceles. Hábeas corpus. Emergencia sanitaria. Competencia.
“[E]l agravio no podrá prosperar, centralmente, toda vez que omite toda consideración a los argumentos vertidos por la decisión de los jueces de la anterior instancia; en efecto, más allá de señalar que la clase de internos aquí representados se encontraría comprendida dentro de aquella mayor a cuyo favor se interpuso la acción en el ámbito de la Ciudad, ningún argumento se ofrece para rebatir la consideración —puntual y específica— de los magistrados del a quo relativa a que la situación de esta clase particular de detenidos no fue abordada allí con exhaustividad y que no puede quedar supeditada al plazo de resolución establecido en la otra acción existente a partir de la mesa de diálogo, y presenta una urgencia particular.
[L]a alegación de que lo aquí decidido podría generar una ‘colisión o impacto’ en la otra acción o ‘decisiones contradictorias’ […] carece por completo de fundamentación y se presenta como un agravio meramente conjetural; así, al mencionar la posible colisión o impacto, el recurrente no le otorga a esa proposición ningún apoyo adicional que permita comprender de qué modo concreto ello podría ser y, por otro lado, la referencia a decisiones en sentido contrario es, al día de hoy, un perjuicio potencial”.
2. Cárceles. Emergencia sanitaria. Hacinamiento. Tratamiento médico.
“[L]a crítica no toma a su cargo aquello efectivamente decidido por los jueces de la anterior instancia quienes, específicamente, establecieron en su decisión que ‘los internos deberán ser examinados por profesionales de la salud con especialidad en enfermedades infectocontagiosas para determinar que estadio de la enfermedad transitan […] para poder implementar el debido tratamiento que se aplicará a cada uno de ellos y, de ese modo, de ser posible derivarlos a la unidad 21 u otras que tengan infraestructura adecuada de manera inmediata’, de modo que solo una lectura fragmentaria de la sentencia podría dar lugar a esa comprensión y, en consecuencia, a ese agravio”.
“Corresponde señalar aquí, una vez más, que la argumentación presentada por el impugnante, por un lado, encierra agravios meramente conjeturales, como aquellos vinculados con los posibles efectos colaterales, máxime cuando no precisa la ocurrencia de ninguno de ellos; por otra parte, la afirmación de que el traslado de detenidos fuera del área metropolitana resultaría contrario al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y favorecería la propagación del virus, no se encuentra respaldada por una fundamentación que permita advertir de qué modo ello podría ser así, cuando, como es evidente, se tratan de personas privadas de su libertad, a disposición de organismos estatales que deberán tomar los recaudos para su tratamiento en lugares aislados, como la resolución cuestionada correctamente señala”.
CÁRCELES; HÁBEAS CORPUS; EMERGENCIA SANITARIA; COMPETENCIA; HACINAMIENTO; TRATAMIENTO MÉDICO;
ALCE (causa N° 30859)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia (jueces Tripoli, Converset y Díaz Solimine).
Violencia de género. Perspectiva de género. Apreciación de la prueba. Testimonios.
“[L]a denominada `violencia doméstica´ o de `género´ es considerada uno de los mayores problemas de derechos humanos para la comunidad internacional. Este tipo de violencia es causa de un importante índice de muertes y lesiones de naturaleza física, psicológica y sexual, que afecta a todas las clases sociales, culturales y económicas, y a personas de cualquier edad; razón más que suficiente para que aquella sea abordada como una `violación de los derechos humanos´ y de las `libertades individuales´, en la medida en la cual ella, cercena la igualdad, la seguridad, la dignidad y la autoestima de quienes la padecen, en su mayoría mujeres [...].
Sólo si se entiende que la violencia contra la mujer es un supuesto de discriminación en razón de su género y que ésta se encuentra específicamente reprobada a nivel internacional se podrá comprender por qué dicha violencia es una cuestión de derechos humanos y, por ende, la necesidad de un abordaje integral a través de la acción positiva por parte de los Estados”.
“La necesidad de enfocar el análisis de casos de violencia contra la mujer desde la `lente´ de los derechos humanos, influye necesariamente en la apreciación y valoración de la prueba. En esta dirección, se ha explicado que en los procesos judiciales vinculados con esta problemática, la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que sólo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por tal razón, que en estos supuestos, resulta fundamental el testimonio de la víctima, siempre que se efectúe con las debidas garantías de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la denunciante.
Ese relato de la denunciante, puede ser reforzado […] con otros elementos probatorios de carácter objetivo, corroborantes o periféricos, como por ejemplo: a) testimonios de profesionales pertenecientes a los equipos interdisciplinarios, que toman intervención con respecto a tal situación de `violencia doméstica´ y que tienen contacto directo con la damnificada desde el inicio del conflicto, que valoran la seriedad de dicha exposición con herramientas coadyuvantes a la actuación judicial y que realizan los informes técnicos de la `evaluación del riesgo´ del conflicto existente entre la víctima y el agresor; y/o b) el testimonio de testigos de referencia, que, independientemente de que observen o no el hecho puntual por el que se sustancia el conflicto, puedan dar datos o referirse a situaciones concomitantes que permitan conferirle un mayor valor de convicción al relato de la víctima […].
Lo anterior no sugiere que quien deba dictar sentencia libremente juzgue sin prueba o absuelva sin analizarlas. Implica que razonadamente, con la amplitud probatoria que autoriza la normativa vigente en materia de acreditación de hechos de violencia contra las mujeres (art. 31 de la ley 26.485) y bajo las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial); analice el conjunto de la prueba producida”.
“[E]l sobreseimiento definitivo dictado en sede penal no tiene efectos de cosa juzgada en sede civil, dada la diferente naturaleza que tiene la sentencia dictada al término de un procedimiento regular y completo en que ha intervenido o podido intervenir el titular de la acción civil y un auto pronunciado sobre el sumario criminal en el que el damnificado ha carecido de posibilidades de defender su derecho”.
“[A]un cuando sobre los hechos invocados por la actora no pudiere recaer una sentencia penal condenatoria, lo cierto es que en materia de derecho civil, los supuestos de violencia de género, sean conductas, actos u omisiones, no importarán la creación de nuevos tipos penales ni modificación o derogación de los vigentes (art. 41, ley 26485), por lo que perfectamente podría verificarse un supuesto en esta norma contemplado que no caiga dentro de los tipos penales existentes y por ello la valoración de si el imputado ha cometido o no un delito o cuasidelito civil…”.
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad civil. Deber de no dañar.
“[L]a responsabilidad civil exige la ocurrencia de cuatro presupuestos: 1) un hecho antijurídico o contrario a Derecho; 2) que provoque un daño; 3) la conexión causal entre aquel hecho y el perjuicio; y la 4) existencia de un factor de atribución subjetivo u objetivo que la ley considere idóneo para sindicar en cada caso quien habrá de resultar responsable.
Correlativamente, la exención de responsabilidad exige la negación o destrucción de alguno de los aludidos presupuestos; la no autoría por ausencia de relación de causalidad entre el hecho y el perjuicio; la inimputabilidad del autor del daño; la existencia de una causa de justificación del obrar aparentemente antijurídico; u obviamente la inexistencia del perjuicio”.
Prueba. Apreciación de la prueba. Perspectiva de género
“[E]n su artículo 16, inciso i), la ley 26.485 dispone que en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de los ya reconocidos, se le garantizará a la mujer el derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. En sentido concordante, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI o CEVI), responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención en los Estado Parte ha recomendado, en el marco de la alegación de legítima defensa en un contexto de violencia contra la mujer, la adopción de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado para otro grupo de casos, en lo que aquí interesa, entender que la declaración de la víctima es crucial, y que la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados y tampoco la falta de señales físicas implica que no se ha producido la violencia…”.
“El hecho que la Sra. Juez de instrucción no le haya dado crédito al relato de [E] a fin de tener por acreditado que [A] le profirió frases amenazantes, no alcanza para desplazar la certeza acerca de la ocurrencia de un episodio de violencia lo suficientemente importante, que incluso llegó a la agresión física, aunque no califique como delito del derecho criminal. En efecto, tal como concluye la sentencia de grado apelada, la conducta del demandado para con su ex pareja constituyó un acto de violencia según lo establecido por los artículos 1° y 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer –`Convención de Belém do Pará´ (1994), aprobada por Argentina por la ley 24.632 de 1996 y los artículos 5° incisos 1) y 2) y art. 6º inc. a) de la ley 26.485”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Incapacidad sobreviniente. Daño material. Deber de no dañar.
“[E]l resarcimiento por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de la personalidad de la víctima, o sea, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc…”.
“[E]sta partida –que supone necesariamente la existencia de secuelas físicas o psíquicas de carácter permanente o irreversible– comprende, con excepción del daño moral, todos los su-puestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica, es decir, todas las consecuencias que afecten la personalidad íntegramente considerada.
Para fijar la cuantía de este renglón, debe tomarse en cuenta la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia según la cual el derecho a la reparación del daño injustamente experimentado tiene jerarquía constitucional, toda vez que el neminem laedere, reconoce su fuente en el art. 19 de la Constitución Nacional. De éste se infiere el derecho a no ser dañado y, en su caso, a obtener una indemnización justa y plena”.
“En efecto, aun cuando la utilización de cálculos matemáticos o tablas actuariales surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad al sistema y, por ende, tienden a reflejar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado […], existen otra serie de elementos que complementan este método y que permiten al juez mayor flexibilidad para fijar el monto del daño atendiendo a pautas que, aunque concretas, reclaman ser interpretadas en cada caso. Se trata, en definitiva, de las denominadas particularidades de cada situación específica que, en muchísimos casos, no son susceptibles de ser encapsuladas dentro de fórmulas ni pueden ser mensuradas dentro de rígidos esquemas aritméticos”.
“[D]ebe tenerse presente que dentro del concepto de incapacidad sobreviniente se incluye cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva de la víctima como aquella que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad. La reparación comprende no sólo el aspecto laborativo de la damnificada, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral.
“El daño moral ha sido definido como aquel perjuicio que se manifiesta a través de los padecimientos, molestias y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima, lo que demuestra el intento de resarcir aspectos propios de la órbita extrapatrimonial del damnificado. Para su procedencia la ley no requiere prueba de su existencia ya que se acredita ante el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho en cabeza del reclamante.
Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas”.
VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHOS HUMANOS; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VICTIMA; SOBRESEIMIENTO; PROCESO CIVIL; RESPONSABILIDAD CIVIL; INDICIOS; INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; INDEMNIZACIÓN; PERJUICIO PATRIMONIAL; DAÑO PATRIMONIAL INDIRECTO; REPARACIÓN; DAÑO MORAL; PRUEBA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; TESTIMONIOS; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; DEBER DE NO DAÑAR; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; DAÑO MATERIAL; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES;
San Martín (reg. Nº 1500 y causa Nº 20290)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
1. Ministerio Público Fiscal. Dictamen. Principio Acusatorio.
“[T]eniendo en cuenta lo dictaminado por el señor Fiscal General ante esta instancia, […] corresponde hacer extensiva al ámbito recursivo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la falta de acusación (cfr. ‘García’, Fallos 317:2043, ‘Tarifeño’, Fallos 325:2019 y ‘Cattonar’, Fallos 318:1234), pues si la posición acusatoria y valorativa de la prueba del juicio asegura el contradictorio y habilita la potestad de juzgar, de la misma manera debe interpretarse que si el Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y el Fiscal General ante esta Cámara –en tanto superiores jerárquicos del Fiscal de Instrucción- declinan la pretensión acusatoria (en este caso consideran nulo el procedimiento que dio origen a las actuaciones y todo lo obrado en consecuencia) allanándose a la pretensión de la defensa, el juzgador en la etapa recursiva no puede suplantarlo en su rol sin romper el juego de equilibrio entre las partes […].
[L]as formas sustanciales del juicio requieren de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal, en respeto de la garantía de debido proceso legal (art. 18 C.N.)”.
“En tal contexto, se advierte que en el presente caso no se verificó controversia entre lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y lo solicitado por la asistencia técnica [del imputado] respecto de la declaración de nulidad del procedimiento de detención y requisa promovido en el marco del recurso de apelación de la defensa. Nótese, además, que al momento de dictaminar ante esta instancia, el señor Fiscal General tuvo en consideración los actuales elementos que obran en la causa.
Tal proceder se condice con la teoría de los recursos, según la cual es ineludible el principio que ordena que éstos sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición […]. [L]a ausencia de contradictorio entre la defensa y el dictamen, con fundamentos, del representante del Ministerio Público Fiscal impide, como en este caso, la convalidación del fallo impugnado”.
“A la luz de lo expuesto y dado que el señor Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con fundamentos suficientes para dar por cumplido en el caso el requisito de razonabilidad […] ha retirado la acusación realizada por el señor Fiscal de Instrucción, y que el […] representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, compartió los argumentos expuestos por el señor fiscal de la instancia anterior y postuló, también con fundamentos suficientes, que se haga lugar al recurso de casación interpuesto y se declare la nulidad del procedimiento por el cual se diera inicio a las actuaciones y de todo lo obrado en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto”.
2. Procedimiento policial. Requisa. Nulidad. Unidad de actuación del Ministerio Público.
“En este escenario, entonces, el ‘a quo’ se apartó de la fundada postura presentada tanto por la defensa como por el Ministerio Público Fiscal sin argumentos que autoricen a evaluar que el rechazo de la nulidad del procedimiento invocada por las partes resulte un acto jurisdiccional válido, en tanto desoyó el tratamiento de los sustanciales y específicos motivos por los que las partes concluyeron que el procedimiento que dio inicio a este proceso es nulo a la luz de las normas que rigen la cuestión, en adecuado resguardo de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 18 de la C.N.
En tal sentido, se presenta razonable la argumentación del Fiscal General ante esta instancia toda vez que, en definitiva, sostiene que los nuevos testimonios de los preventores a los que se refiere el tribunal de a quo resultarían impertinentes a los fines de definir la cuestión de que se trata por cuanto, como lo señala el acusador público, de las constancias ya obrantes en el proceso surgirían específicamente cuáles serían los motivos que, en su momento, llevaron al personal policial a efectuar el procedimiento que se cuestiona, y que no fueron otros más que el hecho de que el imputado se encontraba saliendo de una galería […] de esta ciudad, en el que se venderían diversos objetos –como aparatos de telefonía de presunta procedencia ilícita, entre otros objetos-.
De manera que el sustento en el que se apoya la necesidad de continuar el proceso como motivo del rechazo de la nulidad pretendida: la necesidad de recabar testimonios relativos a aspectos que ya obran en el presente proceso, y que ya fueron valorados oportunamente por los acusadores públicos […], se define como no pertinente en relación a la concreta cuestión de que se trata. Esta postura resulta congruente, además, con el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, y encuentra sustento en razones constitucionales, así como en la defensa del interés público (art. 120 de la C.N y arts. 1 y 25 y 28 de la ley 24.946)”.
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; DICTAMEN; PRINCIPIO ACUSATORIO; PROCEDIMIENTO POLICIAL; REQUISA; NULIDAD; UNIDAD DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO;
Félix (reg. Nº 2547 y causa Nº 78410)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia impugnada  y remitió las actuaciones al tribunal de origen (jueces Días y Morin).
1. Suspensión del juicio a prueba. Género. Reparación. Oposición fiscal. Deber de fundamentación.
“[E]l juez a quo fundó correctamente por qué correspondía conceder la suspensión del juicio a prueba del imputado. En particular, indicó que en caso de ser condenado la pena que le podría recaer en estas actuaciones podrá ser dejada en suspenso, que si bien en uno de los hechos la víctima fue una mujer, el suceso que se detalló en el requerimiento de elevación a juicio ‘no puede ser asimilado al que dio lugar al dictado del (...) fallo `Góngora´’ y que la suma ofrecida en concepto de reparación del supuesto daño causado lucía razonable con relación a su situación económica, máxime cuando el hecho no habría revestido mayor gravedad”.  
“En este contexto, se observa que el impugnante no rebate suficientemente lo señalado ni demuestra que el criterio adoptado por el magistrado haya valorado erróneamente las constancias de la causa o que haya incurrido en una errónea interpretación de las normas que regulan la suspensión del juicio a prueba”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; GÉNERO; REPARACIÓN; OPOSICIÓN FISCAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN;
Pérez (causa N° 31000615)Cámara Federal de Casación Penal, Sala III
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación y concedió la prisión domiciliaria (jueces Gemignani y Riggi).
1. Delitos de lesa humanidad. Adultos mayores. Prisión domiciliaria. Tratados internacionales.
“[E]n pleno entendimiento de los valores en pugna, en causas como la que nos ocupa, resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ello no significa desconocer la gravedad de los hechos que se han ventilado en autos y la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena que les fuere eventualmente impuesta […] sino, por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor.
En efecto, dicha obligación internacionalmente asumida por la Argentina no implica sortear los principios y garantías constitucionales inherentes a un debido proceso, pues ello conllevaría al quiebre del Estado de Derecho. Sino, por el contrario, aquélla requiere […] un análisis racional de los derechos y garantías involucrados, principalmente, los derechos humanos que asisten a las personas adultas mayores, no obstante se encuentren sometidos a proceso penal o ya habiendo sido declarados responsables por algún delito, incluso, si fueran condenados por hechos calificados como de lesa humanidad, atendiendo no sólo a la normativa constitucional sino, además, a los estándares y obligaciones internacionalmente asumidos acerca de la vejez.
Ello, pues […], aquellas obligaciones no pueden jamás conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado o una interpretación diferente y más perjudicial a los intereses del encausado a la legalmente establecida. Lo contrario implicaría la violación a los principios constitucionales de legalidad formal, máxima taxatividad interpretativa, in dubio pro reo y pro homine, entre muchos otros. En síntesis, no debe sólo focalizarse en aquella obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino, concerniente en la investigación y sanción de los responsables en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, ya que deben considerarse el resto de los derechos que se encuentran en juego en situaciones como la que nos ocupa, tales como los especiales derechos humanos reconocidos internacionalmente a las personas adultas mayores […].
En definitiva, no deben perderse de vista los especiales derechos reconocidos por aquel tratado internacional a las personas adultas mayores y al cual el Estado argentino decidió ser parte, en el entendimiento de que la vejez […] debe transitarse en pleno ejercicio (y vigencia) de los derechos humanos reconocidos a todos sus habitantes, en respeto a los principios esenciales emanados del derecho internacional de los derechos humanos, esto es, la dignidad e igualdad de las personas.
Asimismo, teniendo presente que la Argentina se obligó frente a la comunidad interamericana a adoptar su legislación a los estándares internacionales, garantizar el ejercicio de los derechos humanos a todos sus habitantes y, en caso de incumplir con lo anterior, responder ante el órgano jurisdiccional -Corte Interamericana de Derechos Humanos- cuya competencia reconoció y aceptó […], cobra virtualidad lo establecido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, […] en cuanto señala que ‘persona mayor’ es ‘Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor’; toda vez que tanto el artículo 10 del Código Penal, como el artículo 32 de la ley 24.660 -ambos en su inciso d)- establecen el arresto domiciliario por cuestión etaria a partir de los 70 años de edad del interno. Por último, […] resulta necesario recordar que, no estando prevista legalmente ninguna otra exigencia más allá del cumplimiento del requisito etario, se impone que, para cobrar validez jurídica las decisiones de los tribunales acerca de la cuestión bajo estudio, sólo deben evaluarse y fijarse las condiciones a las que de hecho quedará supeditado el arresto domiciliario a fin de garantizar un real y efectivo control jurisdiccional…”.
2. Prisión domiciliaria. Adultos mayores. Derecho a la salud. Emergencia sanitaria.
“Huelga señalar que, la prisión domiciliaria no deja de ser una forma de encarcelamiento. Cierto es […] que se trata de una modalidad menos gravosa de encierro que la detención en un presidio, mas también debe convenirse que esa característica no la priva o despoja de su naturaleza de institución de neto corte prisionizante. Efectivamente, el arresto domiciliario es un mecanismo mediante el cual se altera el sitio habitual donde una persona cumple la privación de la libertad (un establecimiento penitenciario), por otro, en concreto un domicilio. Sintetizando, la detención domiciliaria se trata de un instituto que sólo dispensa a la persona en conflicto con la ley penal a cumplir la detención en una cárcel común”.
“[L]a normativa doméstica es clara y no acepta otra inteligencia que aquella que sostiene que la satisfacción de la edad fijada hace nacer el derecho a cumplir la privación de la libertad extramuros. En efecto, el reclamo de concurrencia de una suerte de salud deteriorada o terminal u otro tipo de circunstancia no surge del ordenamiento jurídico interno como un requisito sine qua non para la concesión del instituto […]. [Se] encuentran presentes –también- razones humanitarias que fundamentan el instituto examinado, atento el cuadro de salud que atraviesa el encartado, diagnosticado con Covid 19 positivo”.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD; ADULTOS MAYORES; PRISIÓN DOMICILIARIA; TRATADOS INTERNACIONALES; DERECHO A LA SALUD; EMERGENCIA SANITARIA;
Gonzalez (causa N° 3497)Juzgado Federal de Río Grande.
El Juzgado Federal de Río Grande desestimó las actuaciones (juez Borruto).

1. Emergencia sanitaria. Decreto de necesidad y urgencia. Protesta. Circulación territorial. Servicios públicos. Gas. Tipicidad. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia.
“Si bien es cierto que frente a la delicada situación que nos encontramos atravesando por la actual pandemia covid-19, el Poder Ejecutivo Nacional se ha visto en la necesidad de dictar medidas a fin de restringir la circulación de las personas con el fin de evitar la propagación del virus, no debemos perder de vista que el reclamo llevado adelante […] tenía por objeto satisfacer una necesidad tan básica y esencial como es la provisión de gas, máxime en un provincia como la nuestra en donde las condiciones climáticas extremas hacen imposible la subsistencia sin este tipo de bien esencial.
Considerar la conducta llevada adelante […] como contraria a las disposiciones tanto nacionales como provinciales dictadas en torno a la pandemia que atravesamos, no sería acorde a la intención perseguida por dichos decretos, los cuales […] tienen por fin último y primordial, el cuidado de la salud y vida de toda la población”.
[R]esulta clara la atipicidad de la conducta ya que este se encontraba autorizado a circular en virtud del decreto mencionado. Tampoco puedo pasar por alto que al momento en que se realizaron las comunicaciones pertinentes con esta judicatura dando cuenta de la situación […] este tribunal y teniendo en consideración el objeto del reclamo, había dado órdenes expresas al personal actuante de NO INICIAR CAUSA POR DNU, y establecer comunicación con la secretaria de Desarrollo Social con el fin de dar una solución al reclamo; pero no obstante y pese a ello, el personal procedió a la lectura de Derechos y Garantías”.
“[E]n miras a resolver la situación procesal del ciudadano […], y considerando que la conducta de este no encuadra dentro de las previsiones que puedan ser consideradas violatorias de la normativa de emergencia dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, lo cual la hace atípica; sumado a que desde este tribunal se ordenó expresamente no iniciar causa por violación al DNU al personal policial actuante, es que [se deja] sin efecto la notificación de derechos y garantías realizada por el personal policial [y se procede] a desestimar las presentes actuaciones por inexistencia de delito –Artículo 180 del C.P.P.N.–”.
EMERGENCIA SANITARIA; DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA; PROTESTA; CIRCULACIÓN TERRITORIAL; SERVICIOS PÚBLICOS; GAS; TIPICIDAD; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA;
Garibay (causa N° 26694)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 hizo lugar a la excarcelación (juez Valle).
1. Prisión preventiva. Excarcelación. Libertad condicional.
“Sumados los parciales, computa diez meses y siete días, por lo que satisface la exigencia temporal que reclama la […] norma, es decir, el cumplimiento de ocho meses de prisión para los supuestos de condenas de tres años o menos de esa especie de pena como es el caso de autos (cfr. art. 13, primer párrafo, del Código Penal).
[P]or otra, se ha satisfecho el segundo requisito legal, por lo que puede adelantarse que la soltura del nombrado resultará procedente. Ello encuentra sustento en que, tal como informara la División de Servicio Criminológico del Complejo Penitenciario Federal II, debido al corto período desde que […] ingresó a esa unidad […] no registra calificación de conducta, ya que sería calificado en el mes de septiembre próximo, informándose que no posee sanciones disciplinarias”.
PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; LIBERTAD CONDICIONAL;
Gonzalez (Causa n°2204)Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora declaró la inconstitucionalidad del inciso 10 de la segunda parte del artículo 14 Código Penal de la Nación y su inaplicabilidad en el caso (juez Conti).
1. Principio de reinserción social. Progresividad de la pena. Libertad condicional.
“[L]os instrumentos internacionales que a partir del año 1994 fueron incorporados a nuestro derecho interno y dotados de jerarquía constitucional por decisión de los constituyentes […], contemplan expresamente a la resocialización como finalidad esencial de la pena privativa de libertad”.
“[E]sas mismas directrices fueron receptadas tanto por la Ley Nacional como por la Ley Provincial de Ejecución Penal…”.
“[Ambas leyes] […] se caracterizan por regular un régimen penitenciario basado en el tratamiento progresivo e individualizado […], que importa el avance del interno por las distintas etapas de la ejecución de la pena –entre éstas la libertad condicional-, considerándose para ello sus potencialidades y evolución y que […] tenga por propósito fundamental el fin preventivo especial positivo enunciado”.
“[E]l sistema de progresividad durante la ejecución de la pena, además de ser la modalidad tradicionalmente receptada por la legislación local, también tiene su génesis en el art. 18 de la Constitución Nacional”.
2. Libertad condicional. Principio de reinserción social.
“[L]a libertad condicional […], es el instituto central y característico de este tipo de regímenes progresivos de ejecución de la pena y, asimismo, constituye la herramienta fundamental y elegida por el legislador para alcanzar la enunciada finalidad de reinserción social de la pena privativa de la libertad.
A través de esta instancia liberatoria, además de garantizarse la mitigación de los efectos desocializadores del encarcelamiento, se favorece la adecuada incorporación del condenado al medio social libre, permitiéndole recuperar los vínculos familiares, sociales y laborales durante esta etapa previa al agotamiento de la sanción que fuera impuesta y, en simultáneo, se ponen a prueba los resultados del tratamiento progresivo brindado otorgándole al Estado la oportunidad de evaluar si la persona ha logrado su correcta readaptación social”.
3. Libertad condicional. Ejecución de la pena. Reforma legal. Declaración de inconstitucionalidad.
“[S]i los fines constitucionalmente proclamados de la pena privativa de la libertad y el sistema progresivo […] solo pueden materializarse en la medida que se otorgue al condenado la posibilidad de obtener su libertad condicional de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos que preceden, la prohibición incorporada al art. 14 apartado 10 del Código Penal de la Nación por la ley 27.375 no logra sortear el tamiz de constitucionalidad”.
“[L]a solución propuesta por la norma, en tanto veda a las personas condenadas por los delitos comprendidos en los arts. 5, 6 y 7 de la de la ley 23.737 la posibilidad de obtener la libertad condicional, obstaculiza la adecuada resocialización y el tránsito progresivo durante la ejecución de la pena, aspectos que […] tienen raigambre constitucional, obligando al sujeto a cumplir la totalidad de la pena en el encierro en detrimento de los derechos que lo asisten sin fundamento alguno.
De esta manera se genera de hecho un régimen mucho más gravoso que aquel previsto por la ley fundamental sobre un colectivo de personas por la sola circunstancia de la calificación legal del delito cometido, que no solamente obstaculiza la posibilidad de flexibilizar el tratamiento, sino esencialmente, provoca la neutralización o inocuización del condenado al apartarlo del medio social libre más allá de los límites previstos normativamente, distorsionando notoria y arbitrariamente los fines de la pena perseguidos”.
“[C]ercenar cualquier posibilidad de acceder al instituto liberatorio aludido de antemano, también incide directamente sobre la cotidianeidad de la vida intramuros, ya que echa por tierra los esfuerzos personales del interno, su evolución en el tratamiento, su desenvolvimiento, o la calificación sobre el concepto y la conducta de la que sea merecedor, aspectos que siquiera pueden ser capitalizados por el sujeto para alcanzar avances durante el régimen progresivo que incluyan el mencionado período de soltura del que está privado”.
4. Ejecución de la pena. Reforma legal. Ley de Estupefacientes. Declaración de inconstitucionalidad. Razonabilidad. Principio de proporcionalidad. Igualdad.
“[L]a introducción realizada por la ley 27.375 sobre el código de fondo, resulta violatoria del principio de igualdad ante la ley […], ya que regula en casos análogos un tratamiento desigual sin una justificación racional sino por la sola naturaleza del delito cometido, generando sistema diferenciado de ejecución de la pena privativa de libertad incompatible con el diseño constitucional reseñado precedentemente, de donde surge claramente que debe regirse por un sistema progresivo en miras de la adecuada readaptación social del individuo”.
“[L]a norma discutida no guarda razonabilidad con el sistema de ejecución de la pena, en tanto viola los fines resocializadores y el tratamiento progresivo que el propio ordenamiento jurídico prevé por la sola naturaleza del delito cometido, y aquella distinción resulta arbitraria ya que no tiene fundamento razonable que justifique el apartamiento de los fines constitucionales aludidos”.
“[N]o surge de los antecedentes parlamentarios de la ley 27.375 cuáles fueron los fundamentos que abrieron paso a la incorporación discriminatoria y arbitraria de un catálogo de delitos de la más variada naturaleza, de distinta afectación a los bienes jurídicos, para que operen en todos los casos por su sola calificación como impedimento para la procedencia del instituto liberatorio que el art. 13 del Código Penal consagra. Tampoco se observa del debate congresista, en lo que respecta a la incorporación de los delitos de narcomenudeo, que hayan sido expresados de manera suficiente los motivos que impulsaron al legislador a determinar que quienes hayan cometido este tipo de delitos no puedan acceder a la libertad anticipada”.
“Su incorporación […] configura también una respuesta absolutamente desproporcionada al injusto cometido, contrariando otros principios constitucionales como aquél que se deriva del art. 19 de la Constitución Nacional”.
“[D]ebe señalarse que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ratificada por el Estado argentino […], no excluye la concesión de la libertad condicional en los casos de condenas basadas en los delitos que ella estipula, sino que contempla la posibilidad de que la autoridad judicial evalúe al momento de decidir sobre la procedencia de ese instituto la gravedad del delito cometido […] o la concurrencia de alguna de las circunstancias agravantes previstas por de ese mismo cuerpo normativo […], extremos que no se han verificado en la conducta reprochada…”.
DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; EJECUCIÓN DE LA PENA; IGUALDAD; LEY DE ESTUPEFACIENTES; LIBERTAD CONDICIONAL; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; RAZONABILIDAD; REFORMA LEGAL;
Lezcano (causa Nº 1646)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 concedió la excarcelación al imputado (jueces Grünberg, Basilico y Michilini).
1. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Libertad condicional. Reforma legal. Interpretación de la ley. Estímulo educativo.
“[E]n primer lugar, si bien es cierto que la ley 26.695 al modificar la normativa vigente sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad en cuanto a los términos a partir de los cuales los detenidos pueden acceder a las distintas fases y períodos del régimen de progresividad, no tuvo en cuenta que el art. 28, primer párrafo, de la ley 24.660 al tratar el período de libertad condicional, hace expresa referencia al plazo establecido por el art. 13 del C. P., sin que alguna de esas dos normas hubiera sido reformada para tener en cuenta expresamente estas alternativas, lo cierto es que la exégesis propuesta por la Fiscalía General torna inaplicable la intención del legislador al crear estos estímulos educativos, cual es la de obtener una mejoría en los resultados académicos, incentivándolos con la reducción de tiempos prevista en el art. 140 de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad […].
En esta inteligencia, el Tribunal colige que, no debiéndose suponer la inconsecuencia del legislador […] debe interpretarse el texto legal de manera tal que la totalidad de las normas antes citadas resulten operativas y tengan validez y efectos, evitando asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus distintas disposiciones, destruyendo las unas por las otras, sino más bien adoptando el criterio que las integre y suponga su integral armonización.
Por lo demás, de seguirse la postura de la representante del Ministerio Público Fiscal, el art. 140 de la ley 24.660 -texto según ley 26.695- no sería aplicable en supuesto alguno, pues el legislador tampoco modificó, por ejemplo, el art. 17, punto I de dicho cuerpo legal (salidas transitorias y régimen de semilibertad) ni su art. 54 (libertad asistida); argumento éste que también nos persuade acerca de lo incorrecto de su criterio”.
2. Libertad condicional. Excarcelación. Reinserción social. Excesivo rigor formal.
“[A]hora bien, en primer lugar corresponde valorar que en función del tiempo en detención que viene sufriendo [el imputado], quien se encuentra detenido de manera ininterrumpida desde el 17 de junio de 2015, el quantum punitivo establecido en la sentencia dictada por el Tribunal -ocho años de prisión- y la reducción valorada en la presente -dos meses-, el imputado llevará soportando en prisión preventiva, el 16 de agosto próximo, un tiempo suficiente como para acceder a su excarcelación, en los términos del art. 317 –inc. 5°- del C. P. P. N., en función del art. 13 del C. P.”.
“La interpretación contraria efectuada por la Fiscalía General, en cuanto a que no se contaría en autos con elementos suficientes para determinar si existe posibilidad de trazar un pronóstico de reinserción favorable con respecto al imputado –tal su estatus procesal habida cuenta de la falta de firmeza de la sentencia recaída en autos- resulta a criterio del Tribunal excesivamente rigorista desde el punto de vista formal y no ha efectuado análisis alguno de los informes producidos por el Servicio Penitenciario Federal a instancias del Tribunal…”.
“Así, nos encontramos frente al caso de un interno cuya conducta es calificada de ejemplar y que tiene buen concepto de las autoridades penitenciarias en cuanto a su evolución en el tratamiento penitenciario, en el que se encuentra en fase de consolidación, siendo considerado viable al menos su alojamiento en un régimen semiabierto y cuyo pronóstico de reinserción no ha sido trazado por el Servicio Criminológico por una cuestión estrictamente formal, por lo que mal podría hablarse de que se carece de elementos para efectuar una proyección, al menos de forma provisoria, de sus posibilidades de readaptación a la vida en sociedad, de manera tal que a falta de individualización por parte del S. P. F. de alguna cuestión de mínima envergadura que se pudiera considerar un obstáculo para la procedencia de la excarcelación en términos de libertad condicional, corresponde disponer que se haga efectiva desde la fecha en que [el detenido] alcance el requisito temporal para ello”.
3. Condena no firme. Libertad condicional. Riesgos procesales. Derecho de defensa.
“Que, a su vez, en cuanto a los riesgos procesales a los que aludiera la Fiscalía General en su dictamen, entiende el Tribunal que no pueden ser valorados en su perjuicio llegada esta instancia del proceso en la que el imputado, condenado por fallo no firme, cuenta con un tiempo cumplido en detención que hubiera sido suficiente como para obtener la libertad condicional en caso de haber pasado esa sentencia en autoridad de cosa juzgada, pues ello iría en desmedro de su derecho de defensa en juicio”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL; ESTÍMULO EDUCATIVO; REFORMA LEGAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; EXCARCELACIÓN; REINSERCIÓN SOCIAL; EXCESIVO RIGOR FORMAL; CONDENA NO FIRME; RIESGOS PROCESALES; DERECHO DE DEFENSA;
DSRD (causa N° 11641)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 1
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 hizo lugar de manera parcial a la demanda y ordenó a ANSeS que verificase los restantes requisitos exigidos por la normativa que instituyó el IFE y su reglamentación, incluyendo la evaluación socioeconómica y patrimonial que realiza AFIP. Para el caso de no poder llevarse acabo por falta de documento nacional de identidad, dispuso que se le tomase declaración bajo juramento. Por último, ordenó que ANSeS otorgase el IFE en forma retroactiva (jueza Candis).
1. Vulnerabilidad. Migrantes. Emergencia sanitaria. Violencia de género. Seguridad Social.
“[E]s de particular relevancia y consideración que la situación personal y particular de la actora es de extrema vulnerabilidad social, debido a su condición de migrante, de encontrarse sola en nuestro país con un hijo de tres años a cargo e imposibilitada de realizar sus tareas habituales de vendedora ambulante a causa del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus sucesivas prorrogas, debido a la pandemia mundial del Coronavirus y la enfermedad que propaga Covid 19, que aqueja a nuestro país y al mundo entero.
Su frágil situación personal y social se ve también comprometida debido a haber sido víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo, en cuya relación afirma que se dictó judicialmente una prohibición de acercamiento. La función de la judicatura es aplicar la ley, teniendo una visión conjunta de todas las aristas implicadas y utilizando un criterio armonicista del andamiaje jurídico que regula la cuestión, aunque sin obviar la situación particular de los sujetos individuales involucrados a la luz de la normativa protectoria de la Seguridad Social que hace a la naturaleza propia del fuero que nos compete.
El Decreto 310/2020, consideró que como consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud […] se produjo una crisis sanitaria global, por la que el gobierno argentino dispuso un conjunto  de medidas para el cuidado de su población, incluyendo un aislamiento social, preventivo y obligatorio para reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de atención del sistema de salud.
Dentro de las consecuencias más relevantes de producirse en el contexto señalado, […] las personas vinculadas al sector informal de la economía tendrían una severa discontinuidad y/o pérdida de sus ingresos, a la vez que señaló la prioridad del gobierno argentino de colaborar con el acceso a los bienes y servicios indispensables para el conjunto de la población y principalmente para quienes más lo necesitan.
Frente a esta situación de angustia e incertidumbre generada por la imposibilidad de ir a trabajar para garantizar el sustento económico necesario creó el `Ingreso Familiar de Emergencia´–IFE–, para los sectores más vulnerables de la sociedad, instituida con alcance nacional, como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020 y complementarias”.
2. Migrantes. Residencia precaria. Derecho a los beneficios de la seguridad social. Igualdad.
“[L]a actora, de nacionalidad venezolana, migrante en nuestro país desde el 18.12.2018[…]se encuentra sola en nuestro país con un hijo a cargo, […] se desempeña habitualmente en el ámbito de la economía informal como vendedora ambulante y […] debido al aislamiento preventivo social y obligatorio se ve impedida de desarrollar estas tareas frecuentes, sumado al hecho de haber sido víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo, necesita la ayuda que el Estado previó en el marco del Decreto 310/2020 […] para aquellas personas pertenecientes a sectores más vulnerables de nuestra sociedad, dentro de los cuales corresponde incluir a la actora y su pequeño hijo a cargo”.
“[E]l Estado deberá hacerle extensivo el pago del IFE creado por el Decreto 310/2020, aún cuando no cuenta con el requisito de dos años como mínimo de residencia en el país, ni con DNI para acceder a la solicitud del mismo.Ello por cuanto, de aplicarse taxativamente el requisito del tiempo requerido de residencia mínima en el país implicaría someter a quien reclama a una situación de una mayor aún vulnerabilidad social y fragilidad  de su pequeño núcleo familiar en Argentina.
[N]o debe realizarse una identificación de necesidades económicas entre vulnerables según la cantidad de años que poseen en nuestro país, pues ello sometería la cuestión al siniestro ejercicio de suponer que quien no cuenta con una residencia legal mínima de dos años no registra las mismas necesidades materiales que aquél que si la posee. Realizar diferencias entre los migrantes en nuestro país con necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con la cantidad de tiempo que registran viviendo en nuestro país, no se aviene con la garantía de igualdad, de no discriminación, de favorabilidad y no regresión que caracterizan a la Seguridad Social y son receptadas en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía internacional…”.
VULNERABILIDAD; MIGRANTES; EMERGENCIA SANITARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; SEGURIDAD SOCIAL; RESIDENCIA PRECARIA; DERECHO A LOS BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL; IGUALDAD;
GAE (causa N° 98101)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión (jueza Guisado y Juez Rodríguez).
1. Derecho a la salud. Responsabilidad del Estado.
“[N]o se trata de desconocer los esfuerzos dirigidos a conseguir un dispositivo acorde que permita la externación de A., pero lo cierto es que a un año de aquella petición, las gestiones no han mostrado resultado alguno y, sobre esta base, parece claro que la resolución apelada que hizo efectiva la sanción pecuniaria encuentra su fundamento en el incumplimiento reiterado de aquella orden.
Bajo estos lineamientos, corresponde considerar el caso bajo la especial tutela que los tratados internacionales reconocen al derecho  a  la  salud  […]. Las vicisitudes relacionadas con la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden judicial reiteradamente ordenada en razón de la estructura interna de los organismos encargados de dar respuesta y en el modo en que estos organizan y articulan los diferentes mecanismos de acción, en modo alguno pueden repercutir en la decisión adoptada en resguardo del derecho a la salud del causante. Con tales antecedentes, esta sala considera que no hay argumentos suficientes en el memorial de agravios para revocar la resolución apelada que efectiviza la multa sobre la DGSAM”.
2. Astreintes. Multas.
“[L]a naturaleza propia de las astreintes y […] su finalidad se dirige a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial y alcanza a quienes, después de dictadas, persisten en desentenderse injustificadamente de la orden impartida (cfr. CSJN, Fallos, 322:68). Es dable destacar que el art. 37 del CPCC dispone que `...podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. [...] Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder´”.
“[D]ebe tenerse presente que la quantía de la multa debe fijarse teniendo en cuenta el cumplimiento rápido de la prestación, sobretodo en estos casos en que se encuentran en juego derechos tan fundamentales como el de la salud y la libertad. Este aspecto del decisorio referido al quantum de la multa también deberá ser desestimado”.
DERECHO A LA SALUD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ASTREINTES; MULTAS;
Farias (Causa n° 95425)Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Sala IV
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a los recursos, anuló la resolución impugnada y ordenó la realización de un nuevo juicio (jueces Natiello, Kohan y Mancini).
1. Garantía de imparcialidad. Estereotipos de género. Víctima. Vulnerabilidad.
“[El] déficit de imparcialidad [de los magistrados] se manifestó palmaria y expresamente […] en un preconcepto respecto de las actividades y hábitos de la víctima, y fue en base a ese ilegítimo argumento subjetivo en que se edificaron su posición o postura al respecto”.
“[E]sas manifestaciones subjetivas llevaron necesariamente a comprometer las libres convicciones razonadas del sentenciante, expresamente cuando se refiere a la eventual vulnerabilidad de la víctima…”.
2. Responsabilidad del Estado. Acceso a la justicia. Violencia de género.
“[E]l Estado argentino ratificó diversos instrumentos internacionales, que consagran el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, a través de los cuales se comprometió a adoptar medidas necesarias para prevenir la violencia de género, asistir y reparar a las víctimas, y sancionar a los responsables”.
“[La normativa vigente impone] a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.
3. Víctima. Abuso sexual. Consentimiento. Apreciación de la prueba. Estereotipos de género. Vulnerabilidad.
“[E]l Tribunal, inexplicablemente se enfoca a indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si [la víctima] había consentido el acceso carnal”.
“Respecto del concepto de vulnerabilidad, y el sentido jurídico que el término posee, no es otro que el fijado por las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad […] y la jurisprudencia que la propia Corte ha pronunciado en casos como el que nos ocupa”.
“Se advierte de la sentencia que los juzgadores se han apartado de la normativa vigente desoyendo la misma”.
“[L]o relevante es evaluar la prueba rendida a los fines de determinar si en el caso concreto [la víctima] se encontraba en condiciones de consentir, o no, libremente el acto sexual y para ello, entiendo no resulta relevante saber sobre [su] vida personal…”.
“[L]os elementos tenidos en cuenta por los juzgadores, exponen claramente que el mismo se fundó en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”.
“[E]l Tribunal se basó en prejuicios de sexo, guiando su razonamiento en base a estereotipos e ideas preconcebidas. Se infirió el eventual consentimiento, aludiendo a la personalidad de la víctima, a la poca diferencia de edad con el agresor y a su pasado sexual. Estos estereotipos son meras afirmaciones dogmáticas desprovistas de sustento fáctico que descalifican al decisorio como acto jurisdiccional válido”.
“[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que el incumplimiento de investigar con la debida diligencia refuerza la impunidad de actos de violencia de género. Su abordaje debe hacerse de manera seria y exhaustiva”.
“[E]l fallo […] en su análisis de los hechos y valoración de la prueba, viola las convenciones internacionales y la normativa nacional que rigen el punto. Toma el historial sexual, y conductas pasadas, para presumir el consentimiento en este hecho, violando su derecho a la intimidad que debe quedar en su esfera privada…”.
4. Víctima. Estereotipos de género. Violencia institucional. Garantía de imparcialidad.
“La influencia de los estereotipos de género discriminatorios, demuestra su parcialidad y es una expresión de violencia institucional”.
“Un mal funcionamiento del sistema de justicia como forma de violencia institucional hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe la víctima una vez que entra en contacto con ese sistema de justicia”.
“[La] revictimización es consecuencia de las malas o inadecuadas prácticas que provienen de las instituciones y es un resultado directo, aunque no exclusivo, de la violencia institucional que incluye acciones u omisiones del estado de las que este es directamente responsable. Algunas de las causas que llevan a la revictimización son las referidas a los estereotipos de género y el cuestionamiento a la víctima en lo que hace a la repetición del relato y/o la minimización de los hechos conllevando a la descalificación, al descrédito y la falta de empatía respecto de las mujeres como integrantes de colectivos vulnerables. En el caso de autos, resulta evidente que el razonamiento del Tribunal resultó guiado por prejuicios y estereotipos que lo llevaron a desviarse del objeto sometido a su decisión, apartándose de la normativa Nacional vigente y de los estándares Internacionales en materia de Género”.
5. Género. Debida diligencia. Consentimiento. Abuso sexual. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).
“Tratándose de un caso donde los imputados llegaron al juicio oral acusados de hechos donde la existencia de violencia de género se discutió desde el inicio de las investigaciones, el estándar probatorio debió ser regido por la aplicación de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional tales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la ley  destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley provincial  12.569…”.
“[L]as exigencias de debida diligencia en la investigación de estos casos, se plasman en la exhaustividad y en el principio de amplitud probatoria signados por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elaborada a partir del precedente [‘Leiva’] el cual cristaliza una regla de los estudios de género. Dentro de la misma, se debe sospechar de las evaluaciones abstractas alejadas de su contexto”.
“[Q]ue [la víctima] no haya sido coaccionada física o moralmente a concurrir al domicilio no implica interpretar ello como la expresión de un consentimiento a mantener relaciones sexuales”.
“[E]l ingreso consentido a una vivienda no implica que todo lo que suceda allí también lo sea, como ya se dijo, el consentimiento debe ser prestado en el momento del acto sexual, es más, incluso puede alguien compartir el deseo de mantener relaciones sexuales y luego arrepentirse o simplemente negarse a ello. Los estándares internacionales advierten sobre la necesidad de estar atentos a argumentaciones que justifiquen la violencia de género, porque la conciban como una cuestión ‘privada’ en importancia o porque contengan estereotipos sexistas”.
“[E]l razonamiento de los Jueces de grado se ha visto contaminado con los preconceptos que se han formado en forma previa al análisis de la prueba y de la situación fáctica que reconstruyeran en el debate […]. Dicha concepción alteró sin dudas el prisma a través del cual han tamizado la apreciación de los hechos ventilados en el juicio, proyectando esos preconceptos al resto de sus razonamientos, lo que descalifica sus conclusiones como un razonamiento fundante de un pronunciamiento judicial válido”.
GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VICTIMA; VULNERABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ACCESO A LA JUSTICIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; ABUSO SEXUAL; CONSENTIMIENTO; APRECIACION DE LA PRUEBA; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA;
Rivera (causa nº 12251)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 hizo lugar a la observación del cómputo del tiempo de detención y dispuso que se practicase uno nuevo (juez Laufer).
1. Ejecución de la pena. Cómputo del tiempo de detención. Libertad condicional. Revocación.
“[E]n estas actuaciones se presenta una razón para apartarse de lo dispuesto en el art. 15, CP y, es precisamente, que una de las condiciones allí establecidas –la revocación de la libertad condicional-, no ha sido decidida”.
“[T]eniendo en cuenta que fue informado que [el imputado] dio inicio a la supervisión y control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, corresponde computar en su favor el lapso temporal reclamado por la defensa. En efecto, habrá de computarse a favor [del imputado] el plazo desde que la [primera] sentencia dictada […] adquirió firmeza […] hasta [la] fecha en la que resultó detenido para las presentes actuaciones.
Ello así porque a partir de la fecha [en la cual la sentencia adquirió firmeza], cobra virtualidad lo que sería el cumplimiento de pena –en el medio libre- en el contexto de una ‘libertad condicional’”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; LIBERTAD CONDICIONAL; REVOCACIÓN;
Equistica Defensa del Medio Ambiente Asoc. Civil (causa N° 468)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria para entender en la causa y dispuso como medida cautelar que las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y los municipios de Victoria y Rosario, constituyesen de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental. Ordenó, entre otras cuestiones, que el comité adoptase medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios en la región del Delta del Paraná (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti).
1. Incendio. Medio ambiente. Salud pública. Protección de la fauna. Daño ambiental.
“[E]xisten suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. El caso no consiste en el juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino que se trata del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.
El Delta del Paraná es un ecosistema vulnerable que necesita protección. De acuerdo a lo señalado en el `Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná´ (PIECAS-DP), producido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Jefatura de Gabinete de Ministros […], `es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple múltiples y fundamentales funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima y una extensa lista de bienes y servicios al hombre´.
Así, el sistema cumple también un rol importante, como reservorio de biodiversidad, brindando alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas, especies de peces, aves, reptiles y mamíferos. El peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se pierden bosques, se afecta la función de humedales, se cambia abruptamente el uso del suelo, desaparecen innumerables especies de origen subtropical, de la vida silvestre, de la flora, de la fauna y la biodiversidad. Todo ello causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná” (considerando 3°).
“[C]omo consecuencia de estos gigantescos incendios en el Delta, resultan también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario. Se produce un incremento de los niveles de monóxido de carbono y de  partículas sólidas en suspensión durante la propagación de la nube de humo, la que por lo general produce problemas en la salud, tales como irritación en nariz, garganta, pulmones y ojos, problemas respiratorios y otras perturbaciones más complejas.
Los incendios provocan molestias que exceden el límite de la normal tolerancia, por la presencia en cantidades importantes de partículas en el aire, que se desprenden de las llamas, que contaminan el aire. La población que obtiene su sustento del río se ve igualmente afectada, ya que se ven impedidos de acceder normalmente a los sitios que forman parte de su cultura. Del mismo modo, la actividad turística y recreativa está gravemente dificultada” (considerando 4°).
“[E]xiste prueba suficiente, y de carácter público y notorio, que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente” (considerando 5°).
2. Medio ambiente. Emergencia. Incendio.
“[E]l caso presenta, prima facie, características que permiten encuadrar los hechos denunciados en la figura legal de la emergencia ambiental (arts.2°, inciso k, y 4°, `principio de cooperación´, de la ley 25.675).En este contexto, los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato. La intervención de la justicia, en el caso, será para fortalecer las labores de fiscalización por parte de los Estados en el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental, en cumplimiento de las leyes ambientales...” (considerando 8°).
3. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. Daño ambiental.
“[E]l Tribunal considera que, en el marco de las circunstancias señaladas, se configuran los presupuestos necesarios para hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Respecto de la verosimilitud del derecho, resulta verosímil la denuncia del desarrollo de una actividad calificada de manifiestamente ilegal en relación. Con las quemas de pastizales, dado que vulnera de manera patente expresas prohibiciones contenidas en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional y de las leyes 26.562 (Control de Quema), 26.815 (Manejo del Fuego), 26.331 (Bosques Nativos), 25.675 (Ley General del Ambiente), 23.919 (Protección de los Humedales, RAMSAR), 24.295 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), y 27.520 (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global).
Por su parte, el peligro en la demora surge de la necesidad de prevenir y evitar que el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la degradación del ambiente […] en la región del Delta del Paraná. Así, se configura en autos el citado requisito para acceder a la cautela solicitada, ya que de la información aportada surge que la actividad de quema de pastizales, y los incendios, no ha desaparecido sino que parece haber aumentado, con el consecuente impacto que esto tiene en el ambiente que se intenta proteger.

En suma, resulta con suficiente evidencia, aun en esta instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional; que hay efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad; que su conservación es prioritaria, no solo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras; y que como consecuencia de estos incendios, hay afectación en la calidad del aire” (considerando 9°).
4. Medidas precautorias. Incendio. Jurisdicción.
“[L]a medida precautoria, cuya adopción el caso requiere, referida al sector donde se concentran los incendios reiterados —esto es, la región del Delta del Paraná– y el marco institucional en el que deberá llevarse a cabo (PIECAS-DP), impone que no se limite a las jurisdicciones territoriales demandadas […]. Por esa razón, cabe incluir en la cautelar que aquí se dispone a la Provincia de Buenos Aires” (considerando 10°).
INCENDIO; MEDIO AMBIENTE; SALUD PÚBLICA; PROTECCIÓN DE LA FAUNA; DAÑO AMBIENTAL; EMERGENCIA; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; MEDIDAS PRECAUTORIAS; JURISDICCIÓN;
SEY (causa N° 193)Cámara de Apelaciones en lo Civil de Esquel
La Cámara de Apelaciones Civil Esquel modificó de manera parcial la sentencia y declaró la inconstitucionalidad del apartado 3° del artículo 525 del CCCN (jueces Flass y Petris).
1. Unión convivencial. Matrimonio. Compensación económica. Plazo. Caducidad. Declaración de inconstitucionalidad.
“[C]uando se aplica empíricamente el sistema surge con carácter evidente un claro perjuicio para las parejas en uniones convivenciales en comparación con las parejas unidas en matrimonio. En el caso del matrimonio a la ruptura del vínculo afectivo por decisión unilateral o bilateral le sigue un período judicial, previo al dictado de la sentencia, que puede llegar a durar un tiempo más o menos prolongado. El cónyuge perjudicado cuenta con un lapso anterior al inicio de la caducidad para meditar y decidir si reclama compensación, cuanto, cómo y porqué.
No es ello lo que ocurre a las personas unidas convivencialmente que deciden cortar la convivencia, pues aun cuando la decisión se haya tomado antes, no precisa de un proceso judicial previo con el tiempo que ello conlleva. En las uniones convivenciales el cómputo del plazo tiene la instantaneidad de lo fáctico, por eso siempre implica una desventaja en comparación con la sentencia de divorcio”.
“[E]stamos frente a una discriminación indirecta en perjuicio de las parejas que han decidido no formalizar su vínculo mediante un matrimonio”.
“Es claro que resulta inconstitucional el plazo de caducidad semestral (ART.525 CCyC) cuando su cómputo comienza en las oportunidades previstas en el art. 523 pues ello implica un impacto dispar, perjudicial para las parejas unidas convivencialmente en comparación con las unidas en matrimonio”.
2. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“También […] el artículo 524 y 525, en sí mismos, establecen una discriminación indirecta en contra de las mujeres. La perspectiva de género nos lleva a advertir que entre mujeres y varones hay relaciones de poder y que generalmente, aunque no siempre, tales relaciones son perjudiciales para las mujeres. Estas relaciones de poder, cualquiera sea la distribución de roles, deben ser identificadas, cuestionadas y modificadas para evitar cualquier tipo de supremacismo.
Desde la misma perspectiva de género se puede afirmar que el predominio de integraciones familiares patriarcales, durante mucho tiempo, hace que todavía sean las mujeres quienes con mayor frecuencia reclaman compensaciones tras la disolución de uniones convivenciales por resultar perjudicadas en la atribución de bienes.
Aun cuando las partes no arrimaron estadísticas y era carga suya hacerlo, se puede afirmar que hoy, el exiguo plazo de caducidad afecta a un porcentaje mayor de mujeres que de varones, produciéndose así una discriminación indirecta contra la mujer que viene a sumarse a la discriminación indirecta contra las parejas convivenciales a las que ya me referí en el punto anterior. Se trata de un nuevo motivo para la declaración de inconstitucionalidad”.
3.  Matrimonio. Compensación económica. Plazos. Caducidad. Igualdad.
“Es evidente que en el caso del matrimonio, cualquiera de las partes tiene un plazo mucho más amplio para reflexionar, reclamar, decidir su estrategia procesal y accionar, pues a los seis meses establecidos en la norma habrá que sumarle el tiempo que dure el divorcio y durante el cual los cónyuges saben de antemano que el vínculo se extinguirá y cuentan ya con una asistencia letrada”.
“Dicho así las normas [de los artículos 441, 442, 523 y 525 del CCyC] son contrarias al art. 16 de la Constitución Nacional y a los diferentes tratados que integran el ámbito de constitucionalidad y deben ser declaradas inconstitucionales”.
“[A]l tratarse el instituto de la compensación económica de una herramienta destinada a lograr un equilibrio patrimonial, es necesario realizar un análisis comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges o convivientes al inicio del vínculo y al momento de producirse la ruptura, esto es, obtener una fotografía del estado patrimonial de cada uno de ellos, y ante un eventual desequilibrio proceder a su recomposición”.
UNIÓN CONVIVENCIAL; MATRIMONIO; PLAZO; CADUCIDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; COMPENSACIÓN ECONÓMICA;
ACS (causa N° 75482)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso, revocó la sentencia apelada y declaró la nulidad parcial del acta (jueces Castiñeira y Márquez y jueza Caputi).
1. Facultades discrecionales. Control de razonabilidad. Arbitrariedad.
“[L]a circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades discrecionales, no puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la Ley n° 19.549, pues es la legitimidad –constituida por la legalidad y la razonabilidad– con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias (Fallos 331:735, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la C.S.J.N.).De este modo, cabe señalar que la legalidad de la decisión implica la validez de sus elementos constitutivos […], previstos en el art. 7° LNPA.
Por su parte, el principio de razonabilidad […] importa la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad, en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos, y obliga a dar a la ley –y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente– un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien pueda ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido...”.
2. Actos administrativos. Forma de los actos administrativos. Motivación del acto administrativo.Interpretación de la ley.
“Respecto al primer foco de análisis [de legalidad], cabe precisar […] que el procedimiento, como requisito esencial de todo acto administrativo […] supone un conjunto de formalidades arbitradas en garantía del particular, cuya finalidad es la de conseguir el acierto en las decisiones administrativas […]. En efecto, para valorar si ha existido indefensión debe apreciarse el procedimiento en su conjunto y el actofinal como resultado de la integración de trámites y actuaciones de distinta clase y procedencia, en los que el particular va teniendo oportunidad de defenderse y de poner de relieve ante la administración sus puntos de vista[…].
Por su parte, la causa […] de los actos administrativos también constituye uno de sus requisitos esenciales en tanto la LNPA exige que ellos se sustenten en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable […]; de modo que la misma no puede ser discrecional, en tanto debe hallarse referida a circunstancias perfectamente verificables […] y, de no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados, o por violación de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado, el art. 14 de la Ley n° 19.549 prevé […] la nulidad absoluta e insanable del mismo [...].
A su turno, la motivación […] es la explicitación de la `causa´: esto es, la declaración de cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto […]. Es decir, sus motivos o presupuestos; es la exposición y argumentación fáctica y jurídica con que la administración debe sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada...”.
2. Refugiado. Reubicación interna. Carga de la prueba.
“[L]a alternativa de reubicación interna `…no se menciona explícitamente entre los criterios fijados en el artículo 1A(2) de la Convención de 1951´(ACNUR, `Directrices sobre Protección Internacional N° 4: La ‘alternativa de huida interna o reubicación’ en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados´, integrante del `Manual y Directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados´[...].
En tanto, nuestro ordenamiento legal (Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado – N° 26.165) si bien no ha receptado este instituto de manera expresa, sí lo ha hecho de manera indirecta, toda vez que en su art. 35 dispone que `[e]n el cumplimiento de las funciones que les son asignadas en la presente ley, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión tendrán presente los criterios interpretativos emanados de las Conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR y de las recomendaciones del Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado del ACNUR´”.
“Como fuere, lo que las Directrices en estudio disponen de manera indubitable es que el uso del concepto de `reubicación interna´ no debería conducir a que se agrave la carga que sufren los solicitantes de asilo y que, por consiguiente, debe seguir vigente la regla habitual según la cual quien invoca un alegato debe probarlo[...]. De este modo, y más allá que (en principio) la carga probatoria es compartida en procedimientos como el que nos ocupa […], quien tome la decisión asumirá la carga de la prueba de establecer que un análisis sobre reubicación es pertinente al caso en particular […].
Es que, `[e]l concepto de una alternativa de huida interna o reubicación se refiere (…) a una zona específica del país donde no haya riesgo de temores fundados de persecución y donde, dadas las circunstancias particulares del caso, es razonable esperar que el individuo pueda asentarse y llevar una vida normal. En consecuencia, si la huida interna o reubicación han de considerarse en el contexto de la determinación de la condición de refugiado, debe identificarse una zona en particular, así como dar al solicitante una oportunidad apropiada para pronunciarse al respecto´...”.
3. Carga de la prueba. Derecho de defensa
“[S]e observa que […] recaía en la autoridad de aplicación la carga de recabar toda aquella información respecto de la ciudad cuya reubicación se propuso, no únicamente desde el plano objetivo sino también subjetivo e, incluso, tanto respecto de la situación allí imperante como de otros aspectos, tales como la proyección futura del actor en esa localidad.[E]n la especie si bien se ha meritado que durante su estadía en Aba no había padecido problema alguno y que la información recabada no daba cuenta que el desarrollo del conflicto se extendiera hasta allí, lo cierto es que ello dista de comportar el cumplimiento de una carga que era propia del órgano decisor.
Por otro lado, si bien al momento de presentar su alegato el actor se ha manifestado respecto a la eventualidad de que la autoridad optare por estar a la alternativa de reubicación externa, lo cierto es que no se observa que se le hubiere dado una oportunidad apropiada para pronunciarse concretamente respecto de la zona propuesta…”.
4. Reubicación interna. Refugiado. Apreciación de la prueba.
“En este orden, no es posible soslayar […] que prima facie se podría inferir que la situación imperante en Nigeria (y en particular, en el Estado de Abia) hubiere efectivamente experimentado sustanciales alteraciones; lo cual, unido al extenso lapso insumido durante la tramitación y sustanciación tanto del procedimiento administrativo –que incluye el tratamiento del recurso interpuestoen dicho ámbito–, como por el proceso judicial, constituyen factores determinantes de la necesidad de que la Administración lleve a cabo un nuevo examen de la cuestión, teniendo en cuenta precisamente las circunstancias actuales de la mencionada región, en orden a establecer con fundamento en datos actuales, y desde la perspectiva de los principios humanitarios aplicables, la concreta y real posibilidad de reubicación del actor en dicha zona.
Ello adquiere suma relevancia puesto que si bien la Administración mal pudo conocer acontecimientos que, al momento de decidir, aun no habían ocurrido en la mencionada región,de las `Directrices sobre Protección Internacional N° 4: La ‘alternativa de huida interna o reubicación’ en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados´ se sigue la importancia y utilidad de contar con información actualizada acerca de las condiciones imperantes en la zona respecto de la cual se lleva a cabo el concreto análisis de factibilidad de la reubicación, a los efectos de optar, en su caso, por tal alternativa […], puesto que tal posibilidad `…puede verse limitada en casos en que la situación del país de origen es volátil y pueden ocurrir cambios repentinos en zonas hasta entonces consideradas seguras. Tales cambios podrían no haberse registrado en el momento de examinar la solicitud´ […].
[L]a condición de refugiado –aún mediando el dictado de un acto administrativo que así la reconozca–, es susceptible de cesar a causa de la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de la emisión de tal dispositivo (arts.11 y 12 de la ley 26.165), extremo que en supuestos análogos a los aquí configurados, implica por parte de la autoridad de aplicación, el análisis y determinación de que el beneficiario no pueda ya continuar negándose a recibir la protección de su país de nacionalidad, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales se lo reconoció como refugiado […].
Y siendo ello así por imperativo legal, con mayor razón aún cuando (como aquí ocurre), no ha mediado el dictado de un acto firme, resulta jurídicamente posible y ajustado a una razonable interpretación y aplicación de los principios vigentes en la materia, que se lleve a cabo un análisis completo y exhaustivo de la situación que impera actualmente en la ciudad y/u/o región en la cual se indique la posibilidad de reubicación, como factor justificante de la denegatoria del amparo solicitado”.
FACULTADES DISCRECIONALES; CONTROL DE RAZONABILIDAD; ARBITRARIEDAD; ACTOS ADMINISTRATIVOS; FORMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS; MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; REFUGIADO; REUBICACIÓN INTERNA; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Larramendi (causa N° 3698)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 20 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal incorporó a la persona al régimen de libertad asistida y ordenó su libertad en esos términos (juez Martin).
1. Ejecución de la pena. Unificación. Cómputo del tiempo de detención. Condiciones de detención. Principio de reinserción social.
“[H]a habido disposiciones normativas para calcular de forma diversa la prisión sin sentencia condenatoria cuando no se han respetado las condiciones mínimas en que debía cumplirse (art. 24 CP según ley 24390, art. 1 y 2 de la ley 23070). También […] ha habido desarrollos diversos sobre el deber de contabilizar privaciones de libertad impuestas en otros procesos cuando concluyeron sin condena e, incluso, ha habido interesantes trabajos sobre la forma de considerar judicialmente la privación de libertad cuando ésta no ha respetado las condiciones en que debió cumplirse según lo definido por el art. 7.2 CADH.
[E]n esa línea […] podrían mencionarse lo resuelto por la CorteIDH en los casos “Medidas provisionales respecto de Brasil. Asunto del Instituto penal Plácido de Sá Carvalho” y “Medidas provisionales respecto de Brasil. Asunto del Instituto penal de Curado” del 22 y 28 de noviembre de 2018, respectivamente…”.
“[N]o resulta complejo advertir que la concurrencia de determinadas situaciones puede determinar que, lo que aparecía como posible o razonable, en cierto momento, sea groseramente irracional en otro. En consecuencia, la determinación de la pena entendida como la fijación del momento en que la privación de libertad deberá finalizar, no puede ser una situación estanca y definida irrevocablemente por la sentencia.
De hecho, a las personas privadas de libertad le ocurren acontecimientos en sus vidas que pueden reclamar una modificación de la forma de cumplimiento de la pena. […] En esos casos se ha establecido, con carácter general que se deba modificar la forma de cumplimiento de la pena arts. 10 CP y 32 de la ley 24660. Sin embargo, esa necesidad de modificación se agrava en nuestro contexto cuando se advierte que también puede ocurrir –con notable habitualidad– que las agencias ejecutivas del Estado no cumplan con las condiciones de validez de la detención a las que se habían comprometido, y hayan afectado derechos de la persona privada de libertad, tales como la integridad física o psíquica”.
2. Ejecución de la pena. Error judicial. Cómputo del tiempo de detención. Libertad asistida.
“Cierto es que, aparentemente, la fecha en que esa pena venció no se condice con la cantidad de días que [el condenado] estuvo privado de libertad. Sin embargo, ello no es necesariamente un error, ya que las formas distintas de considerar el tiempo de pena, si se valoran las condiciones de su cumplimiento, podrían llegar a explicar esa aparente discordancia…”.
“No obstante ello, aun cuando se tratara de un error judicial, este no ha sido corregido o impugnado por quien tenía posibilidades de hacerlo en tiempo oportuno, lo que no puede ahora ser pretender que sea modificado en perjuicio de la persona condenada”.
“[C]iertas situaciones que se advierten de la lectura de los informes de las autoridades judiciales y penitenciarias resultan suficientes para resolver la libertad […], en términos de libertad asistida, sin continuar profundizando en la forma en que se desarrolló su privación de libertad. Ello, más allá de que, pueda continuarse el trámite del planteo principal para establecer lo requerido”.
“[La persona] cumplió la pena de tres años de prisión el 22 de julio de 2020 y no recuperó su libertad porque en marzo el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 20 lo condenó a tres meses de prisión, y a la pena única de tres años y dos meses que comprendía la de tres años mencionada. En suma, no es posible habilitar en esta instancia una suerte de revisión en perjuicio, y sin requerimiento oportuno del MPF, de una decisión judicial que definió el plazo máximo que [la persona] debía estar detenid[a] para agotar la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4.
Ante ello, sólo es posible mantener [la detención] dos meses más, ya que los tres años mencionados se habrían cumplido. La operación matemática es sencilla. Si con la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4 debería haber recuperado la libertad ambulatoria el 22 de julio de 2020, el agregado de dos meses establecido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 20 no puede llevarlo a cumplir pena privativa de libertad más allá del 22 de septiembre de 2020. En definitiva, le resta por cumplir menos de tres meses de prisión”.
“En efecto, más allá del referido ‘pronóstico desfavorable’ para obtener la libertad condicional, […] la explicación sobre ello dio cuenta de que el propio SPF no […] había podido realizar el programa de tratamiento individualizado porque la pena se iba a agotar rápidamente”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; UNIFICACIÓN; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; ERROR JUDICIAL; LIBERTAD ASISTIDA;
AAA (causa Nº 3950)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
1. Decomiso. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Emergencia sanitaria. Libertad de tránsito.
“En el caso, lo que se encuentra retenido no es el automotor, sino su cédula única de identificación y, lo que es peor, la licencia de conducir del recurrente, lo que lo deja sin posibilidades de conducir ningún vehículo, pese a que ya ha cesado el acto puntual catalogado como infracción al aislamiento social, preventivo y obligatorio. […] En consecuencia, al no haber identidad de objeto entre la norma y lo sucedido en el sustrato fáctico del presente asunto, ya que la primera refiere a vehículos y aquí no se retuvo eso sino documentación, se descarta la subsunción de los hechos dentro de las prerrogativas que el Decreto N° 297/2020 otorga. [S]e puede aseverar que la finalidad perseguida por el citado Decreto, a través de la retención de los vehículos, responde a ‘evitar su desplazamiento’, impedimento que expresamente se consigna que debe durar ‘el tiempo que sea necesario’ para salvaguardar la salud pública y evitar la propagación del virus.
El plazo de su persistencia es, entonces, limitado, y ese valladar no se fija en abstracto -es decir, considerando la pandemia y el peligro de un menoscabo a ‘toda’ la salud pública-, sino que va a estar determinado puntualmente y en el caso particular y concreto, en una relación causal y razonable entre el resguardo de la salud pública y el accionar del presunto infractor, y no más allá”.
“[L]a retención de la documentación […] tampoco se adecua a lo dispuesto en las reglas citadas […] atento a que: 1) no fue dispuesta judicialmente, dado que no obra en las actuaciones elevadas resolución alguna que haya dispuesto una medida cautelar del tenor de las nombradas -embargo o inhibición- respecto de la documentación retenida; 2) la posesión, por parte del juzgado, de la cédula de identificación del automotor y de la licencia de conducir del presunto infractor, en nada contribuye a garantizar el futuro decomiso del vehículo; y 3) la fundamentación de la resolución no se basa directamente en la necesidad de preservar el bien sobre el que puede recaer un futuro decomiso […], sino que se enfoca en argumentar que la defensa no ha acreditado fehacientemente que la circulación se debía a una causal permitida o exceptuada en el marco del aislamiento decretado en virtud de la pandemia de coronavirus. Sin perjuicio de lo expuesto, y en punto específicamente a la cédula de identificación del automotor, parecería poder sospecharse […] que la finalidad perseguida por su retención podría basarse en imposibilitar el uso y la disposición del vehículo con el que se cometió la infracción […], y el único fundamento que se advierte posible para sustentar esto – ya que como sanción no surge de la ley- sería querer preservar el bien para el caso de un futuro decomiso.
De ser correcta esta inferencia, el cauce procedimental a seguir para llevarla a cabo sería que se dicte judicialmente una medida cautelar, ya sea de embargo sobre el vehículo en particular o de inhibición, de considerar que habría otras posibles vicisitudes a asegurar que no serían satisfechas con el valor de la cosa, o cualquier otra que se estime procedente para satisfacer los fines que se pretenden conjurar, los que deben estar explícitamente expresados en la sentencia que la disponga. […] Toda otra vía oblicua o indirecta, que no se encuentre prevista por las leyes que rigen el procedimiento y que no fuere dispuesta dentro de las prerrogativas judiciales, no puede ser convalidada…”.
“[N]o se vislumbra cómo este desapoderamiento, efectuado por el personal policial por instrucción de fiscalía, y sin intervención judicial, podría resultar adecuado a nuestro ordenamiento jurídico y a las previsiones de la constitución nacional.  El fin previsto por este acápite de la resolución no parece ser otra cosa […] que lograr el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/2020, que no implica, bajo ningún punto de vista, la privación absoluta de la libertad ambulatoria, ya que si bien se la limita […], se disponen ciertas causas por las que efectivamente se puede circular por la vía pública, y esa posibilidad no desaparece por haberse verificado una infracción al régimen dispuesto”.
“Además, […] existen otras causales por las que éste podría circular y que se encuentran permitidas en el marco de la emergencia por la pandemia […] y nada impide que ese desplazamiento sea mediante la utilización de un vehículo para el que requiera contar con la licencia de conducir. La retención de la licencia deviene en la prohibición absoluta de utilizar cualquier vehículo para trasladarse, sin importar si ese desplazamiento se encuentra autorizado o no por las normas que rigen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que a todas luces resulta […] arbitrario e irrazonable”.
“Con base en lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que la retención de la documentación reseñada claramente constituye una restricción desmesurada, excesiva e irrazonable sobre las libertades del presunto infractor ya que, además de no estar prevista normativamente y no estar fundada en la imposición judicial de ninguna medida cautelar, sus efectos inciden negativamente en sus derechos de transitar libremente, de trabajar y de ejercer toda industria lícita, derechos fundamentales de raigambre constitucional que, pese a no ser absolutos, deben ser garantizados en su ejercicio en la medida que las normas que razonablemente los reglamentan lo permitan…”.
2. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Prueba.
“Finalmente, [resulta] pertinente efectuar una breve digresión respecto de la exigencia impuesta sobre la defensa, consistente en el deber de acreditar las labores que realiza, si éstas estaban exceptuadas o no del aislamiento o si poseía justificación válida para circular cuando fue interceptado por el personal de seguridad.
La verificación de la comisión de una infracción como la de autos da lugar a la formación de la causa penal en la que se determinará, entre otras cosas, la responsabilidad penal de quien cometió el hecho en función del art. 205 del CP. La prueba que habrá de recaer respecto de si se encontraba fuera de su domicilio realizando actividad exceptuada o no en función de lo dispuesto por el Decreto N° 297/2020 es una cuestión que debe ser reservada para su evaluación en otra etapa procesal, no en el marco de la incidental solicitud de devolución de la documentación retenida al investigado”.
DECOMISO; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; EMERGENCIA SANITARIA; LIBERTAD DE TRÁNSITO; PRUEBA;
DNR (causa N° 50016)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H
La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión apelada (jueces Kiper y Fajre y jueza Abreut de Begher).
1. Derecho a la información. Libertad de expresión. Censura.
“[Q]uien pretenda difundir ideas a través del sistema lo puede hacer libremente y, como corresponde, es responsable de sus actos. Aquí no hay ninguna censura. Bien puede una persona crear una página y buscar la manera de que otros la conozcan para que la lean […]. Es cuestión de saber la dirección. Además, el buscador puede, aún en contra del pedido del afectado, seguir difundiendo si le parece, al menos hasta que un juez se lo prohíba. Claro que una vez que una persona afectada pide ser sacada, tomará la decisión de seguir difundiendo o permitiendo la búsqueda, o no hacerlo. En tal caso,[…] tomar una decisión implica asumiruna posible responsabilidad. Esto no es censura. Para completar el cuadro, […] así como la Constitución garantiza la libertad de prensa y de expresión, también protege el honor y la intimidad de todos los ciudadano”.
“La medida de cada derecho, en particular si posee una naturaleza `social´, determina, al mismo tiempo, la consiguiente contrapartida de responsabilidad que esa prerrogativa lleva implícita, y en tanto a los medios de comunicación y de prensa, así como a las expresiones artísticas, se les reconoce una amplia libertad por entender que es útil y bueno para la comunidad el enriquecimiento por medio de la difusión, reflexión o la confrontación de las ideas o de las expresiones del arte, esa libertad conlleva una igualmente grande responsabilidad social”.
2. Derecho al olvido. Internet. Derecho al honor. Derecho a la intimidad.
“[E]l caso presenta un matiz peculiar, ya que se invoca un `derecho al olvido´. Esto […] implica aceptar la veracidad de las noticias difundidas por el buscador, pero que el paso del tiempo debería enterrarlas al ser perjudiciales, sin causar un beneficio su difusión, por falta de interés público, histórico, científico, etc. […] si la noticia fuera falsa, difamatoria, habría oros remedios, sin necesidad de invocar el paso del tiempo, como surge de numerosos precedentes jurisprudenciales.
Es cierto que no hay una norma específica que regule este derecho, pero no […] parece importante pues la cuestión debe ser enfocada […] como una derivación del derecho al honor, o el de la intimidad. Esto es, si tales derechos están –sin duda– reconocidos por el ordenamiento jurídico, el derecho al olvido podría ser una herramienta útil para hacerlos valer. También puede acudirse por analogía a la ley que regula el habeas data, bajo ciertas circunstancias. Lo que importa es ver qué derechos están en juego, buscar el equilibrio, y luego tomar una decisión”.
“Su ejercicio tiene el efecto de limitar su difusión y circulación, por lo que, si bien no se suprime la información en sí misma, se restringe u obstaculiza su acceso, por parte de los medios tradicionales de búsqueda. Aunque, no puedo ignorar que si no fuera por los buscadores, difícilmente sería leídas muchas noticias”.
3. Derecho al olvido. Censura. Responsabilidad.
“[E]l llamado derecho al olvido es de interpretación restrictiva. Como ha resuelto esta Sala en otras oportunidades, no debe haber censura, sin perjuicio de responsabilidades ulteriores. Aquí no hay censura, ya que se trata de noticias y difusiones que fueron reproducidas por aproximadamente 24 años. Tiempo por demás razonable”.
“[E]xiste un reconocimiento del derecho al olvido en materia crediticia, reconocido en algunas legislaciones, y una fuerte discusión sobre su aplicación cuando se trata de antecedentes penales, esto es, de personas condenadas por la comisión de un delito y que pretenden una resocialización […]. En el caso, la actora no cometió ningún delito, y de lo que ahora se trata es de bloquear en el buscador algunos programas televisivos en los que participó hace más de 24 años, y de los que no puede sentirse orgullosa. No [se ve] que se afecte el interés público.Si el ordenamiento brinda protección de esta índole a quien fue deudor en el pasado, por qué no a quien participó de una suerte de shows televisivos seudo periodísticos”.
DERECHO A LA INFORMACIÓN; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; CENSURA; DERECHO AL OLVIDO; INTERNET; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA INTIMIDAD; RESPONSABILIDAD;
GAEN (causa N° P. 130.555)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de inaplicabilidad de la ley (jueza Kogan y jueces Genoud Pettigiani y Soria).
1. Juicio por jurados. Víctima. Derecho a ser oído. Recurso de inconstitucionalidad. Fundamentación del recurso.
“El recurrente insiste ante esta instancia con su petición de inconstitucionalidad del art. 371 quater inc. 7 (en correlación con las restricciones dispuestas en los arts. 79 inc. 7, 423, 448 bis y 453, CPP) por omitir ese diagrama legal la potestad impugnativa de la víctima ante veredictos emanados del sistema de jurados. Sin embargo, […] el reclamo no contempla todos los términos del fallo impugnado. Y es sabido que deben rebatirse mediante una prolija crítica -como condición de suficiencia impugnativa conforme art. 495 en función del art. 15 de la ley 48- todos y cada uno de los argumentos en que se apoya aquel […], carga que como fuera dicho, aquí se ve claramente incumplida, dada la reedición en el recurso extraordinario en examen, de similares argumentos a los ya respondidos por Casación.
Estas exigencias son mayores en los casos como el presente, en el que se pretende un acto de suma gravedad institucional como lo es la declaración de inconstitucionalidad, supuesto que impone a quien la realiza […] demostrar de qué manera la circunstancia de que el régimen procesal vigente no prevea la posibilidad de que la víctima constituida como particular damnificado impugne el veredicto de no culpabilidad sufragado por el jurado, afecta en el caso concreto las garantías que se dicen conculcadas, causándole así un gravamen irreparable.
En resumidos términos […] no hay duda de que la intervención de la víctima como sujeto del proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva asegurado convencionalmente a partir de los arts. 8 apartado 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”.
2. Juicio por jurados. Sentencia absolutoria. Víctima. Recursos.
“Ahora bien, de la circunstancia de que la víctima sea un sujeto beneficiario de las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, y que por ende, pueda intervenir en el proceso penal como un sujeto procesal legítimo (art. 77 y concs., CPP -tal como lo hizo la víctima de autos a quien el Estado le aseguró el patrocinio jurídico gratuito a través de la defensa oficial-), no parece derivarse un derecho de raigambre constitucional a hacer revisar los veredictos de no culpabilidad que emita el jurado popular.
Por el contrario, el ‘derecho al recurso’ que expresamente establecen tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos (art. 8.2. ‘h’, CADH) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5, PIDCP) sólo le asiste al imputado. Y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329:5994) se encargó de señalar que la fuente convencional de la que emana el derecho a recurrir para la víctima son los arts. 8.1. y 25 (CADH) y no el específico 8.2. ‘h’.
Por ello es que, al déficit de no haber rebatido cada uno de los fundamentos brindados por el revisor, debe sumársele que las argumentaciones expuestas por los recurrentes no demuestran que el alcance otorgado por el a quo a las garantías constitucionales invocadas como fundamento invalidante de la restricción impugnativa que presenta el procedimiento de juicio por jurados -aun para un caso de violencia institucional- haya sido incorrecto (art. 495, CPP)”.
3. Juicio por jurados. Debido proceso. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[C]orresponde destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se expidió sobre la observancia del debido proceso por parte del procedimiento de jurados del país demandado, enumeró una serie de ‘buenas prácticas’ generadas en distintos sistemas procesales que fungen como mecanismos tanto para evitar la arbitrariedad, como para permitir al acusado y a la víctima la comprensión de las razones en que ha de fundarse un veredicto. […] Para ello tomó como ejemplo -entre otros- al sistema de jurados bonaerense del cual justipreció, como herramienta para cumplir ese cometido, a las instrucciones judiciales (arts. 371 bis y ter, CPP) y a la audiencia de voire dire (art. 338 quáter, CPP).
Es decir que, según el criterio esbozado en el precedente interamericano, la configuración de nuestro procedimiento de jurados cuenta con dispositivos que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos identifica como ‘...medidas para evitar la arbitrariedad y otorgarle a la víctima garantías suficientes para poner límites de racionalidad a una decisión’, lo que desde ese punto de vista también conlleva a aventar sospechas sobre su incompatibilidad convencional”.
JUICIO POR JURADOS; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO; RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD; FUNDAMENTO DEL RECURSO; SENTENCIA ABSOLUTORIA; RECURSOS; DEBIDO PROCESO; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Piedrabuena (causa N° 2584)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná hizo lugar al recurso, revocó la resolución y admitió la medida cautelar solicitada. Además, ordenó a la parte demandada que procediese ala afiliación de la adolescente y le brindase cobertura médico asistencial (juez Busaniche y juezas Aranguren y Gomez).
1. Medidas cautelares. Derecho a la salud.
“[A]ntes de analizar los presupuestos fundantes de la medida cautelar deducida corresponde sostener, respecto a la admisibilidad de medidas como la peticionada en supuestos como el de autos, que el criterio no debe ser restrictivo sino amplio; con mayor énfasis cuando se encuentra en juego el derecho a la salud de una menor, como valor y derecho humano fundamental, a fin de evitar la posible frustración del derecho invocado y que la sentencia definitiva que pudiere acoger la pretensión no resulte inoficiosa o de imposible cumplimiento, es decir, que carezca de eficacia práctica”.
2. Verosimilitud del derecho. Prueba documental. Apreciación de la prueba.
“[L]a verosimilitud del derecho (fumus boni iuris) en el presente, resulta de las constataciones de la causa, en función del juicio de probabilidad y no de certeza que debe realizarse en las medidas cautelares. En este sentido,el magistrado de grado no está obligado sino a realizar apreciaciones sumarias, superficiales o periféricas entorno a su concurrencia”.
“La exigencia, por tanto, de la verosimilitud del derecho se ve satisfecha, en este caso, mediante la verificación de los datos probatorios documentales que sustentan y generan credibilidad –prima facie– en lo afirmado por la peticionante y en las constancias obrantes en autos, tales como la solicitud de la parte actora mediante carta documento de la afiliación de ella y su grupo familiar, la acreditación mediante comprobante de pago como monotributista a la obra social emitido por AFIP y la falta de respuesta de la accionada, quien no ha respondido en relación a la cobertura de lo requerido pese a haber sido debidamente intimada”.
3. Peligro en la demora. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño. Tutela judicial efectiva.
“[E]n lo atinente al `peligro en la demora´, requisito que el Juez de primera instancia no encontró satisfecho, es importante señalar la jerarquía valorativa que adquiere el recaudo, toda vez que se encuentra en juego el derecho a la salud de una menor, titular de derechos específicos indispensables para su formación y que está protegida por la Convención sobre los Derechos del Niño, de raigambre constitucional.
En este sentido, la inexistencia de una enfermedad actual, no resulta óbice en manera alguna para viabilizarla protección de la reclamante, toda vez que el amparo es viable cuando existe una amenaza, es decir actos lesivos de futuridad inminente […]. En tal sentido, no es necesario que la menor se encuentre enferma a los fines de atender su derecho de afiliación, puesto que nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a necesitar de los servicios de una obra social y el impedimento de su acceso conlleva un potencial riesgo para su salud, y, en definitiva, para su vida, que gozan de protección constitucional. El peligro en la demora se vislumbra claramente por el perjuicio inminente o irreparable que pudiera sufrir.Es por ello que la ausencia de una respuesta jurisdiccional favorable, oportuna y eficaz, implicaría violentar el derecho constitucional a la salud de la menor pretendiente”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PRUEBA DOCUMENTAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; PELIGRO EN LA DEMORA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Bustamante (causa Nº 31000179)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén hizo lugar al planteo y concedió la prisión domiciliaria al imputado (juez Cabral).
1. Emergencia sanitara. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria. Progresividad de la pena. Principio de reinserción social. Educación. Principio pro homine.
“[H]ay que analizar cada caso en particular, y concretamente […] hay razones para mirar muy bien el caso de BUSTAMANTE; porque lo que hay que tener en cuenta de ese fallo es la mirada en función del principio pro homine, tener en cuenta a la persona como tal. […] En este caso, BUSTAMENTE viene cumpliendo su pena de manera regular, acatando las pautas carcelarias y superándose por medio del estudio; también se debe tener en consideración la situación de emergencia sanitaria, que hace que todas las personas hoy tengamos un trato distinto”.
“A raíz de que el virus ingresó al Complejo y la imposibilidad de tener cursos on line, la regularidad del cumplimiento de la pena y el programa de progresividad del régimen se han visto afectados, lo que hay que tener en cuenta en relación a la igualdad de trato respecto de otras personas. Hay que ver en cada caso las posibilidades del interno, en el marco de la facultad conferida al juez por el art. 7 de la ley 24.660.
Además [se impondrán] otras normas de conducta, porque […] el hecho de que cumpla la pena en su domicilio debe ser una pena progresiva, y dentro de la progresividad tiene que estar su educación y su posibilidad de reinserción social. Por eso, le exigirá que realice cursos on line gratuitos de capacitación, de la especialidad que sea de su interés. De manera que transite su pena realizando actividades que le ayuden a su reinserción social; amén de las demás obligaciones que se imponen regularmente para esta modalidad de cumplimiento de la pena”.
EMERGENCIA SANITARIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRISIÓN DOMICILIARIA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; EDUCACIÓN; PRINCIPIO PRO HOMINE;
Quintana Artigas (causa Nº 5058)Juzgado Federal de Río Grande.
La Secretaría Penal N° 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande hizo lugar a la propuesta de reparación integral (jueza Borruto).
1. Conciliación. Reparación. Extinción de la acción. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley.
“[L]a alternativa procesal […] ha tenido su recepción en el código de fondo, en el artículo 59 inc. 6, que dispone la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. […] Esta alternativa se erige en un obstáculo procesal a la respuesta punitiva, y corresponde que sea aplicada por los jueces con el mismo carácter que las restantes causales extintivas de la acción, incluidas en dicho artículo.
Del mismo modo, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, en el mes de noviembre de 2019, puso en vigencia herramientas valiosas para la solución de conflictos como el que nos convoca, tal es el caso del artículo 22, que habilita a los jueces y representantes del Ministerio Público a procurar la resolución de conflictos mediante soluciones que puedan restablecer la paz social. Esta nueva perspectiva nos insta a analizar los delitos en tanto conflictos sociales, que requieren de abordajes complejos por tratarse de fenómenos multicausales, así como a ser abiertos a la búsqueda de soluciones que no se limiten a la aplicación de una sanción, sino antes bien a alternativas que procuren una restauración del orden social convulsionado por la transgresión de la norma”.
2. Código Procesal Penal. Interpretación de la ley. Vías alternativas. Justicia restaurativa.
“El derecho penal, en tanto herramienta represiva, debe representar la última ratio dentro de un sistema democrático, esto quiere decir, que debe conferirse primacía a otros instrumentos con mayor aptitud para gestionar el conflicto social, máxime cuando nos encontramos ante delitos que, pese a contar con una escala penal relativamente baja, resultan de especial interés para el conjunto de la sociedad en tiempos como los que atravesamos.
De la lectura del referido artículo 22 del C.P.P.F. no puede sino interpretarse que nos encontramos ante una norma de carácter imperativo para los organismos públicos que intervienen en el proceso penal, ello así en la medida que dispone: Solución de conflictos. Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. La elección del término procurarán por parte del legislador […] no es azaroso y evidencia que se espera, por parte de los representantes de los órganos públicos encargados de realizar el trámite penal, una conducta activa tendiente a la resolución del conflicto por vías alternativas a las de la sanción penal, y no una simple consideración o evaluación de las alternativas que le sean propuestas.
Resulta evidente, en ese sentido, la existencia de una voluntad legislativa de desmontar el modelo actual de gestión retribucionista de la conflictividad social, que considera el castigo del autor del acto disvalioso como la única respuesta estatal posible. […] El modelo de justicia restaurativa, por oposición al señalado anteriormente, admite la reparación del daño causado por la infracción penal, colocando al imputado en un rol activo en la proposición y materialización de medidas que propendan a la reposición del orden público alterado”.
3. Emergencia sanitaria. Salud pública. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Delitos contra la seguridad pública. Reparación.
“En ese orden, no puede desconocerse que en casos como el que nos ocupa, se han puesto en juego bienes jurídicos que se encuentran tutelados dentro del capítulo de los delitos contra la seguridad pública, ubicado dentro del título de los delitos contra la seguridad pública, del Código Penal, con lo cual el sujeto pasivo no se trata, en esta oportunidad, de un individuo en particular, sino antes bien, de la comunidad en su conjunto. Por este motivo es que la propuesta […] de hacer una donación de elementos a organizaciones dedicadas a la asistencia alimentaria y sanitaria de miembros de esta ciudad, resulta pertinente en tanto alternativa destinada a la reparación del perjuicio causado.
No puede soslayarse […] que sin perjuicio que la conducta atribuida al imputado no se tradujo en un daño epidemiológico o material concreto, sino antes bien en una mera desobediencia a las normas dispuestas por la autoridad para evitar la propagación de una pandemia, tal como exige el tipo penal del artículo 205 del C.P., la intervención de los organismos públicos destinados a la persecución penal, así como de todas las instituciones auxiliares de esa tarea (prevención policial, centros médicos asistenciales, organismos provinciales y municipales, etc.), implicaron una efectiva distracción de recursos públicos. De esta manera, resulta posible realizar una mensuración patrimonial del daño provocado por la conducta reprochada, susceptible de ser reparado con la alternativa propuesta por el imputado en la suma de pesos treinta mil…”.
CONCILIACIÓN; REPARACIÓN; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VÍAS ALTERNATIVAS; JUSTICIA RESTAURATIVA; EMERGENCIA SANITARIA; SALUD PÚBLICA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA;
Ramos Campagnolo (reg. Nº 922 y causa Nº 54000011)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida y concedió la libertad condicional al condenado (jueces Mahiques y Yacobucci). En disidencia, el juez Slokar propuso declarar la nulidad de la decisión por no haberle dado intervención previa a la defensa al denegar la libertad condicional
Voto de los jueces Mahiques y Yacobucci
1. Libertad condicional. Plazo. Principio de legalidad. Interpretación de la ley. Arbitrariedad.
“[N]o explica la magistrada los motivos por los cuales agrega, como impedimento legal a la concesión del instituto, que el condenado permanezca detenido en el marco de otra causa, empleando -sin dar otros fundamentos-, una interpretación in malam partem. En definitiva, no está controvertido que [el imputado] cumple con el requisito temporal establecido en el artículo 13 del C.P. para la concesión de la libertad condicional […] y que, además, la totalidad de las áreas del Instituto Penal Federal Campo de Mayo (Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal) dictaminaron a favor de la concesión del beneficio –extremo que tampoco fue discutido-, lo cual es suficiente para habilitar el reclamo de la defensa, dado que la detención referida a la [otra] causa […] en nada modifica la situación del causante respecto de la pena única impuesta en esta causa (art. 13 CP)”.
“[S]e observa que el decisorio en cuestión carece de la debida fundamentación y no puede ser admitido como acto jurisdiccional válido, pues el motivo limitativo en el que se basa el rechazo de la libertad anticipada -esto es, el hecho de que el condenado no podría cumplir con las cláusulas compromisorias establecidas en el art. 13 del Código Penal por encontrarse detenido [en otro expediente] no se encuentra previsto legalmente; lo que torna a la decisión a estudio en arbitraria y pasible de ser casada”.
Voto en disidencia del juez Slokar
1. Derecho de defensa. Principio de contradicción. Arbitrariedad. Nulidad.
“[D]ebe observarse que la resolución traída a estudio se encuentra afectada por un vicio de nulidad, toda vez que en la especie no se facilitó la intervención previa de la defensa para evaluar y postular su criterio en orden a las cuestiones alegadas por el Ministerio Público Fiscal […]. Así, la decisión emanada del órgano jurisdiccional no se encontró precedida de un verdadero contradictorio, siendo que la actividad jurisdiccional ha privado a la defensa de la posibilidad de contestar y expresar su punto de vista en orden a las cuestiones introducidas por la vindicta pública […]. Esta defectuosa sustanciación, que culminó en el rechazo de la petición solicitada, debe fulminarse con la sanción de nulidad por afectación del derecho de defensa en juicio (arts. 168 CPPN y 18 CN)”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud.
“Magüer lo antedicho, sabedor del resultado de la deliberación, en virtud de […] que [el imputado] ha dado positivo en el hisopado realizado en razón del virus COVID-19, circunstancia que derivó en su traslado a la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, se impone, de conformidad con lo establecido en las Acordadas N° 3/20 y 9/20 de esta CFCP y destacando la imperatividad de la Resolución N° 4/20 de la CIDH que establece Directrices Interamericanas sobre los ‘Derechos Humanos de las personas con COVID-19’, encomendar enfáticamente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que se adopten de forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de resguardar su salud, como así también coadyuvar a las medidas de prevención adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional”.
LIBERTAD CONDICIONAL; PLAZO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ARBITRARIEDAD; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; NULIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO A LA SALUD;
Morbidelli (causa Nº 7197)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la sentencia (jueces Arias y Lemos Arias).
1. Jubilación. Obras sociales. PAMI.
“[E]l art. 16 de la ley 19.032 de creación del PAMI no obliga a que se transfiera a la persona que se jubile a ese Instituto sin una expresa voluntad. A mayor abundamiento, las leyes 23.660 y 23.661 confirman esa situación al consagrar que los jubilados y pensionados pueden permanecer como beneficiarios de las o tras obras sociales integrantes del sistema de salud. Esta es la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.354.XXXIV `Albónico, Guillermo Rodolfo y otro c/ Instituto Obra Social´, del 08/05/2001, con relación a las normas invocadas en autos.
En este fallo, el Alto Tribunal también expresa `Que el principio consagrado en el art. 16 de la ley 19.032 aparece corroborado, además, con el dictado de sucesivas norma legales y reglamentarias destinadas a ampliar y garantizar paulatinamente la libertad de elección de los prestadores médicos por parte de los beneficiarios, lo que enfatiza la necesidad de evitar soluciones que puedan desvirtuar el ejercicio de ese derecho al entrar en pasividad. En tal sentido, cabe mencionar la posibilidad que se ha reconocido a los jubilados y pensionados de optar por la atención sanitaria de entidades que se inscriban en un registro especial previsto para esa finalidad, sin que ello altere la facultad de conservar las prestaciones que ya estaban a cargo de otros agentes del seguro de salud con relación a ese sector…´.
En esa inteligencia, […] las normativas citadas le permiten al beneficiario escoger un agente diferente al INSSJP, sin que se realice una automática desafiliación y una obligatoria afiliación a este último. Asimismo […], esta interpretación de las normas en análisis, impiden oponer al actor algún posible acuerdo que fuera celebrado con su ex empleadora…”.
“Cabe también observar que el argumento de la demandada acerca de que no se encuentra capacitada para atender Jubilados y Pensionados, porque requieren un tipo especial de atención y determinadas prestaciones que no posee, resulta incongruente cuando le ofrece mantener la misma cobertura en calidad de adherente…”.
JUBILACIÓN; OBRAS SOCIALES; PAMI;
Matos Conde (Causa n°73620)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la decisión impugnada y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que impusiese una nueva pena acorde a los lineamientos dados en su pronunciamiento previo (jueces Morin y Días).
1. Pena. Determinación de la pena. Nulidad. Robo. Tentativa.
“[P]ese a los expresos lineamientos dados por esta Cámara en la resolución [previa] respecto de cómo debía ser la nueva sanción a imponer [al imputado] en función del cambio de calificación establecido, el tribunal decidió apartarse de manera incomprensible de lo dispuesto, e impuso una pena idéntica a la original sin brindar ninguna explicación que justifique su proceder”.
“[A]siste razón a la defensa en su reclamo, en tanto la resolución impugnada no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido, por lo que procede su nulificación y reenvío del caso […], a fin de que dicte una nueva resolución dentro de los precisos márgenes jurisdiccionales ya fijados por esta Sala en su anterior intervención.
Cabe poner de resalto también la innecesaria ralentización de este proceso, originada en el sorpresivo incumplimiento de la precisa disposición de esta sala de que se establezca una pena inferior a la fijada previamente, desoyendo así los parámetros fijados en la sentencia firme pronunciada al efecto; lo cual constituyó, en términos procesales, una afectación de un derecho ganado por parte del recurrente”.
PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; NULIDAD; ROBO; TENTATIVA;
Polanco Familia (causa N° 11633)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 1
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 hizo lugar a la demanda de manera parcial y ordenó a la ANSeS que verificase el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la normativa que instituyó el IFE. Además, para el caso de no poderse realizar por falta de documento nacional de identidad de la mujer, dispuso que se le requiriera que declarase bajo juramento los datos que la administración debía verificar. En ese sentido, dispuso que, de darse el cumplimiento de los restantes requisitos, la ANSeS otorgase a la actora el Ingreso Familiar de Emergencia en forma retroactiva. Por último, requirió a la Dirección Nacional de Migraciones que extremase las medidas a efectos de resolver en el menor tiempo posible, la petición de la actora de fecha febrero de 2020 y determinase su situación migratoria (jueza Alonso Candis).1. Seguridad social. Leyes previsionales. Emergencia sanitaria.
“La función de la judicatura es aplicar la ley, teniendo una visión conjunta de todas las aristas implicadas y utilizando un criterio armonicista del andamiaje jurídico que regula la cuestión, aunque sin obviar la situación particular de los sujetos individuales involucrados a la luz de la normativa protectoria de la Seguridad Social que hace a la naturaleza propia del fuero que nos compete.
El Decreto 310/2020, consideró que como consecuencia de la pandemia […] se produjo una crisis sanitaria global, por la que el gobierno argentino dispuso un conjunto de medidas para el cuidado de su población, incluyendo un aislamiento social, preventivo y obligatorio para reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de atención del sistema de salud.
[Se] creó el `Ingreso Familiar deEmergencia´ –IFE–, para los sectores más vulnerables de la sociedad, instituido con alcance nacional, como una prestación monetaria nocontributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020 y complementarias”.
“La Anses al momento de iniciar el trámite para el cobro del IFE, requiere contar con un documento nacional de identidad, extremo que como lo señala la actora no está previsto en la normativa, por lo que lo califica de arbitrario y divorciado del principio de legalidad.
Es válido y razonable entender que la actora, de nacionalidad dominicana y migrante en nuestro país desde el año 2011, al cumplir con el requisito de dos años previsto en el art. 2 inc. a) del Decreto 310/2020, tiene derecho a obtener el cobro del IFE...”.
2. Migrantes. Documento Nacional de Identidad. Residencia. Dirección Nacional de Migraciones.
“La actora como migrante en nuestro país, tiene derecho a obtener su documento nacional de identidad, pues éste le permitirá probar su identidad, que es un derecho humano, a la vez que le permitirá ejercer plenamente sus derechos. La actora no solo tiene derecho a obtener el cobro del IFE, de contar con todos los demás recaudos exigidos por el Decreto 310/2020, sino también a obtener su documento nacional de identidad y será necesario hacer saber a la actora que obtener este documento será su herramienta de inclusión social y le permitirá obtener derechos básicos y personales, tales como el derecho a obtener un trabajo formal, de ahí la necesidad de reforzar la idea de que la solución no es acceder a un derecho, en el caso obtener el cobro del IFE, forzando la reglamentación o pretendiendo su acceso a través de mecanismos irregulares de tramitación, sino dar cobertura plena e integral a la situación de la actora en su condición de migrante y para ello arbitrar los medios reglamentarios a efectos de procurarse la obtención de su documento nacional de identidad, extremo que exige la reglamentación del decreto de creación del IFE, no como un requisito aislado y arbitrario, sino que responde a la organización interna de nuestro país, en relación asus propios ciudadanos y también de los extranjeros”.
“[S]e acreditó que la actora posee más de dos años de residencia en el país, por lo que de verificarse el resto de los requisitos previstos por el Decreto 310/2020, como así también la verificación socioeconómica y patrimonial que realice la Administración Federal de Ingresos Públicos, posee derecho a cobrarla prestación monetaria no contributiva –IFE–, creada por dicha normativa, pero también ha de quedar claro que la actora tiene el deber y el derecho a obtener su documento nacional de identidad conforme ley 17.671, el que será el instrumento que le permitirá su inclusión social, al poder acompañarlo para la realización de los trámites administrativos públicos y privados para los cuales sea necesario su presentación”.
“[Si se considera la actual] forma de atención y las demoras que pueden llevar los trámites como los que debe realizar la actora para tramitar su DNI, sumado al hecho de que previo a realizar los mismos, deberá esperar la resolución que dicte la Dirección Nacional de Migraciones, –pues de esta decisión depende su posibilidad de tramitar su documento nacional de identidad–, tras su petición efectuada en febrero de 2020, […] resulta necesario adoptar una solución que permita a la actora poder acceder al cobro del IFE sin demoras, pues se trata de una prestación económica, asistencial creada para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social, sumado a la circunstancia de que la actora posee dos hijos menores a su cargo. Las demoras y vericuetos administrativos, no deben conspirar en detrimento de quienes necesitan la ayuda y remedio de la seguridad social y se encuentran en el estado más vulnerable de nuestra sociedad, pues la demora en el auxilio social, puede tornar ilusorio el derecho y agravar las condiciones de vida de quienes lo requieran”.
SEGURIDAD SOCIAL; LEYES PREVISIONALES; EMERGENCIA SANITARIA; MIGRANTES; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; RESIDENCIA; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES;
Gallardo (causa N° 1378)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelacionesde Salta rechazó el recurso y confirmó la decisión (jueza Catalano y juez Elias).
1. Carga de la prueba. Apreciación de la prueba. Derecho de defensa.
“[E]l ordenamiento procesal establece los tiempos u oportunidades que tienen las partes para hacer valer sus derechos, fuera de los cuales dichas facultades se clausuran por imperio de la ley, sin que para lograr tal resultado se requiera petición de parte y menos aún declaración judicial (cfr. art. 155 del CPCCN de aplicación al amparo en virtud de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 16.986).
Sobre tales bases, si bien el recurrente cumplió con la carga de ofrecer prueba en oportunidad de presentar el informe circunstanciado, no instó su producción ni cuestionó la providencia que ordenó el pase de la causa al Fiscal Federal omitiendo su proveído […].
Pero fundamentalmente, nada dijo al recurrir respecto de la `pertinencia, utilidad y relevancia´ de los elementos probatorios ofrecidos, limitándose a señalar que con tal omisión se había lesionado su derecho de defensa, lo que luce insuficiente a los fines de anular la sentencia. Es que, la nulidad se vincula íntimamente con la intangibilidad del derecho de defensa […], de modo que sólo cuando surge un defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad. En consecuencia, la declaración de nulidad requiere la concurrencia de determinadas circunstancias, entre las que adquieren particular relevancia el interés de la parte y el perjuicio ocasionado por las defensas efectivas que no pudo utilizar, que deben ser demostrados por quien alega. De allí que constituye un remedio de naturaleza extrema…”.
2. LGBTIQ. Identidad de género. Plan Médico Obligatorio. Tratamiento médico.
“[L]a Ley 26.743 que establece el derecho a la identidad de género de las personas incorporó en el Programa Médico Obligatorio todas las prestaciones contempladas en su art. 11 […].
A su vez, el decreto reglamentario de dicha norma (Nº 903/2015) expresa que se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida y comprende a la mastoplastía de aumento, como la requerida por la actora, por lo que teniéndose en cuenta el tiempo transcurrido desde que el mismo entró en vigencia (fue publicado en el Boletín Oficial el 29/05/2015) no puede pretender el PAMI neutralizar tal obligación con el argumento de que esa clase de cirugía no se encuentra incluida en el PMO”.
3. Derecho a la salud. Obras Sociales. Igualdad.
“[S]i bien en principio la obligación de la obra social de brindar el servicio comprometido se ajusta a una nómina de prestadores establecida atal fin, es claro que a su turno, esa obligación se enmarca en el principio de igualdad y el deber de garantizar el acceso al servicio de salud.
En efecto, uno de los pilares del sistema cerrado de salud es que los beneficiarios se atiendan con los prestadores de la `cartilla´ […], reservándose las obras sociales para sí la potestad de definir el cuerpo de especialistas y las instituciones que ponen a disposición de sus usuarios.
Sin embargo, lo anterior no es un principio absoluto puesto que, excepcionalmente, cuando resultara de las circunstancias del caso particular […], y habida cuenta de la obligación de las entidades mencionadas en último término de garantizar la atención de sus adherentes, podría configurarse un supuesto que ameritare el apartamiento de las reglas sentadas[...] Bajo tales pautas, se advierte que dicha situación excepcional acontece en el caso de autos, pues la propia demandada reconoce que carece actualmente de prestadores en la Provincia de Salta que brinden el servicio de cirugía plástica, en el que se enmarca la solicitada por la actora”.
4. Derecho a la salud. Medidas de acción positiva.
“Es preciso destacar que las obras sociales deben garantizar el derecho a la salud de sus afiliados a través de acciones positivas y no meramente con el reconocimiento del derecho, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha entendido que en la actividad de las obras sociales debe verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios […].
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 14 destacó que el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca como elemento esencial al de la `accesibilidad´, que en su dimensión `física´ implica que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar, sin discriminación alguna, al alcance geográfico de la población […]. En este aspecto, deviene imperioso destacar que de la lectura íntegra del documento de referencia en armonía con lo dispuesto por el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se colige que la obligación de garantizar el acceso al derecho a la salud debe ser entendida como la de facilitarlo en la mayor medida posible, vale decir `hasta el máximo de los recursos que se disponga´...”.
CARGA DE LA PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; TRATAMIENTO MÉDICO; DERECHO A LA SALUD; OBRAS SOCIALES; IGUALDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Cardozo Subia (Causa n°2524)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°1
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 1 absolvió al imputado y dispuso su libertad (jueces Díaz y Juarez Almaraz y jueza Snopek).
1. Principio acusatorio. Tráfico de estupefacientes. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad.  
“Con respecto al pedido de absolución lisa y llana formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal considera que el alegato fiscal resulta válido, puesto que contiene suficientes argumentos para adoptar la postura de la falta de acusación. Por tal motivo […]se hará lugar a la petición fiscal realizada en este sentido.
Asimismo, el Tribunal estima que no debe hacerse lugar a la medida de prohibición de ingreso al país al [imputado], en atención a que resulta ser una petición incongruente con el estado de inocencia que se reconoce al imputado”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
Puga Tamani (causa n°13333)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 declaró la inconstitucionalidad del inciso 10 del artículo 14 del Código Penal de la Nación y del artículo 56 bis de la ley N° 24660 y concedió a las dos personas la excarcelación bajo caución juratoria (juez Giménez Uriburu). 1. Declaración de inconstitucionalidad. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Reforma legal. “[T]anto la Constitución Nacional como los tratados internacionales que revisten idéntica jerarquía hacen especial hincapié en la obligación del Estado de brindarle a los condenados herramientas para robustecer su reforma y readaptación, es decir, en otorgarle todas las posibilidades para que el sujeto pueda reinsertarse de manera armónica una vez que regrese al medio libre”. “[C]on una normativa como la propuesta por el segundo supuesto del artículo 14 del Código Penal, todo lo consagrado por las normas de jerarquía constitucional deviene abstracto en razón de que, independientemente del esfuerzo, conducta y sujeción al tratamiento penitenciario que demuestre el condenado, lo propio no se verá reflejado en su incorporación a algún instituto fuera del establecimiento carcelario, de forma tal que, cualquiera sea el resultado de su evolución, su fecha de egreso no podrá verse modificada”. “[Existe] una contradicción entre una norma de menor jerarquía, como lo es la ley 27375, respecto a principios y garantías constitucionales y convencionales. En efecto, el artículo 14 del Código Penal, en su segunda hipótesis, controvierte preceptos básicos establecidos en los pactos internacionales incluidos en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley Fundamental, situación que avala proceder a su control de constitucionalidad”. 2. Ley de Estupefacientes. Ejecución de la pena. Igualdad. Reinserción social. Progresividad de la pena. Principio pro homine. “[E]l acceso a cualquiera de los institutos […] [liberatorios] no puede ni debe ser rechazado por la única circunstancia de que el sujeto haya recibido una condena por un injusto determinado, ya que lo propio soslayaría la evolución del interno dentro del ámbito penitenciario, como así también sus guarismos de conducta y concepto dado que, independientemente de cual sea su actitud para con el tratamiento carcelario, la consecuencia será siempre la misma”. “[E]stas disposiciones de la ley 27375 se traslucen en un impedimento para que el penado pueda reincorporarse gradualmente a la vida en libertad, pues el art. 14 del Código Penal –en su segunda hipótesis- y el 56 bis de la ley 24660 determinan dicho agravamiento cualitativo de la pena”. “Este conflicto marcado entre el régimen de progresividad de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y la regulación objeto de estudio, debe necesariamente resolverse a favor del primero; así lo imponen las normas internacionales ya destacadas y los principios ‘pro homine y ‘pro libertatis’”. “[Resulta] insalvable la violación al principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional, toda vez que nos encontramos actualmente conviviendo con dos sistemas de ejecución penal opuestos en relación a sus características y objetivos, aún ante situaciones análogas”. “Si bien los delitos por los que la ley veda al acceso a salidas transitorias, libertad condicional y libertad asistida, tienen la particularidad de resultar, en algunos casos, extremadamente graves de conformidad con los criterios de política criminal, no es menos cierto que los legisladores no han brindado razones válidas por las que determinaron que quienes hayan cometido ese tipo de conductas no puedan acceder a los referidos institutos”. “De la lectura de las discusiones parlamentarias referidas a la sanción de la ley 27375 […] puede inferirse que las argumentaciones brindadas por los legisladores para justificar sus consecuencias, no alcanzan para ser consideradas constitucionalmente válidas. Ello así porque se basan en cuestiones que hacen al delito de autor, incompatible con las garantías consagradas por la Constituciones Nacional”. 3. Declaración de inconstitucionalidad. Reforma legal. Igualdad. No discriminación. “Se advierte […] una vulneración a la garantía constitucional de la que gozan todos los ciudadanos de ser puestos en un plano de igualdad ante la ley, por cuanto el Poder Legislativo, por intermedio de la ley en examen, propuso un tratamiento asimétrico ante situaciones idénticas, sin que lo propio se encuentra debidamente fundado e impactando directamente contra garantías reconocidas por nuestra Carta Magna”. “Ante la falta de un patrón objetivo y racional que lo justifique, el tratamiento diferenciado sólo parece obedecer a la circunstancia de que la comisión de determinados delitos resulta reveladora de la peligrosidad intrínseca de sus autores, lo que haría imperioso disponer el cumplimiento prácticamente íntegro de las penas en establecimientos carcelarios”. “[L]a discriminación efectuada por la ley 27.375 no puede ser sostenida sin vulnerar el principio de igualdad ante ley, ya que niega el derecho a la reinserción o readaptación social a un grupo determinado de personas, sin otro fundamento que el delito por el que resultaron condenados”. “[L]a restricción introducida por el legislador no supera el estándar constitucional, vulnerando el principio de igualdad, pues basa sus distinciones únicamente en función del delito por el que se estableció la condena, con la fijación de una regla genérica que impide a un sector de la población carcelaria acceder a los derechos que se les reconocen a otros, desatendiéndose infundadamente del tratamiento individualizado y de la situación en concreto de cada condenado”. 4. Ejecución de la pena. Reforma legal. Declaración de inconstitucionalidad. Principio de proporcionalidad. “[E]l inciso 10 de los artículos 14 del C.P. y 56 bis de la ley 24660 –a partir de las modificaciones plasmadas por la 27375- se da de bruces con el principio de proporcionalidad en los objetivos político criminales, cuya finalidad radica en que la intervención pública sea idónea, indispensable y proporcionada, esto es, que los medios empleados se adecuen al fin, que sea el más moderado dentro de aquéllos igualmente eficaces, y que se respete el contenido esencial de los derechos involucrados”. “[L]as aludidas modificaciones introducidas por la ley 27375 han desvirtuado el principio rector del proceso de la ejecución penal que se halla consagrado en su artículo 1ro y que encuentra respaldo en las garantías constitucionales consagradas en la carta fundamental y en los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados –con idéntico rango-, a través de la reforma del año 1994”. “[L]as garantías emanadas de la Constitución Nacional no pueden quebrantarse por el tipo de delito cometido, razón por la cual cualquier legislación inferior que pretenda menoscabar los imperativos constitucionales y convencionales, nunca podrá ser legítima independientemente de la finalidad que persiga”
DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; REFORMA LEGAL; LEY DE ESTUPEFACIENTES; IGUALDAD; REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO PRO HOMINE; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Correa (causa N°  25855)Juzgado Federal de 1a Instancia Nro. 2 de Tucumán
El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 concedió el arresto domiciliario al imputado (juez Poviña).
1. Prisión domiciliaria. Interés superior del niño. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad.
“[L]as circunstancias invocadas por la defensa de […] Correa no encuadran en el inciso f) del art. 10 del C.P., por cuanto el imputado es padre de [un joven] de 16 años de edad, aun con ello, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados con jerarquía constitucional, se establece la primacía del interés superior del niño.
En este sentido, cabe recordar la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentra el menor, siendo este un niño discapacitado el que padece retraso mental moderado y necesidad de asistencia permanente con déficit cognitivo, trastornos en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje.
2. Prisión preventiva. Reforma legal. Código Procesal Penal. Consentimiento fiscal.
“Sin perjuicio de lo dicho precedentemente, a partir de la entrada en vigencia del art. 210 el C.P.P.F. el Juez, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, podrá disponer de alguna de las medidas cautelares establecidas en el mencionado artículo.
En este sentido, no resultando arbitraria la aplicación del instituto bajo análisis, y atento a las circunstancias particulares del caso, y habiéndose expedido en forma favorable el representante del Ministerio Público Fiscal respecto a su concesión, y atendiendo a las constancias obrantes en autos en especial el certificado de discapacidad, […] las constancias médicas [entre otras], estarían dados los recaudos de la ley 26. 472, concédase el arresto domiciliario solicitado por la defensa”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; CONSENTIMIENTO FISCAL;
Moreno y Montero (causa N° 30205)Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51 homologó el acuerdo, declaró extinguida la acción penal, sobreseyó a los imputados y ordenó la libertad de quien se encontraba en detenido (jueza Angulo).
1. Conciliación. Videoconferencia. Audiencia. Emergencia sanitaria. Consentimiento fiscal.
“[D]ebe homologarse el acuerdo al que arribaran las partes y en consecuencia declarar extinguida la acción penal”.
“Ello, toda vez que la conciliación se materializó en una audiencia celebrada entre el damnificado […] y los imputados […], en los términos de los arts. 59 del Código Penal y 34 del Código Procesal Penal Federal de la Nación; oportunidad en la que se convino que los imputados hicieran extensivo un pedido de disculpas a la víctima como condición del acuerdo, quien las aceptó plenamente. En este sentido, y conforme lo que prescribe el art. 34 del texto de referencia, se acreditó el cumplimiento del acuerdo, visualizado en la filmación de la video llamada agregada en autos, y se contó finalmente con la conformidad fiscal.
[D]ebe cerrarse definitiva e irrevocablemente este proceso en favor de los imputados, en virtud de lo normado por los arts. 59, inc. 6 y concordantes del C.P., artículo 34 del C.P.P.F e inc. 1 del art. 336 del C.P.P.N. de aplicación obligatoria a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Federal”.
“Ello, toda vez que la conciliación se materializó en una audiencia celebrada entre el damnificado […] y los imputados […], en los términos de los arts. 59 del Código Penal y 34 del Código Procesal Penal Federal de la Nación; oportunidad en la que se convino que los imputados hicieran extensivo un pedido de disculpas a la víctima como condición del acuerdo, quien las aceptó plenamente. En este sentido, y conforme lo que prescribe el art. 34 del texto de referencia, se acreditó el cumplimiento del acuerdo, visualizado en la filmación de la video llamada agregada en autos, y se contó finalmente con la conformidad fiscal.
[D]ebe cerrarse definitiva e irrevocablemente este proceso en favor de los imputados, en virtud de lo normado por los arts. 59, inc. 6 y concordantes del C.P., artículo 34 del C.P.P.F e inc. 1 del art. 336 del C.P.P.N. de aplicación obligatoria a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Federal”.
CONCILIACIÓN; VIDEOCONFERENCIA; AUDIENCIA; EMERGENCIA SANITARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL;
Habeas corpus colectivo correctivo (causa N° 30739)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión impugnada, hizo lugar a la acción de hábeas corpus y ordenó el inmediato traslado de los detenidos a la Unidad 21 o a los complejos del SPF que tuvieran plazas para realojarlos (jueces Lucini y González Palazzo y jueza Laíño).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Derecho a la salud.
“Ninguno de los pormenores de especial interés resaltados por los participantes de la audiencia fueron despejados por el juez de la instancia anterior. Se desconoce en qué categoría y estadio de la enfermedad está cada uno de los involucrados y aún cuando en las Alcaidías de la ciudad les estén dispensando cuidados y se adopten condiciones de bioseguridad, es más que conocido que no están preparadas para hacer frente a la problemática que se plantea, la que crece día a día de manera exponencial.
Y menos debe olvidarse que esas dependencias se utilizan justamente a raíz de las falencias que presentan los lugares de alojamiento del organismo federal, remarcando así el carácter transitorio y excepcional en tanto no son detenidos a la orden de la autoridad local. Frente a este cuadro redireccionar la oportunidad y conveniencia del traslado de los implicados a los jueces y tribunales a cuya disposición están anotados, cuando se verifican justamente cupos en una unidad adaptada para hacer frente a la enfermedad, atenta contra sus garantías fundamentales.
No se desconoce que la crisis sanitaria que se padece tanto a nivel local y nacional -POR NO DECIR Mundial-, afectó sensiblemente al Servicio Penitenciario Federal, que ya estaba en un estado de emergencia […] -económica y de infraestructura- previa sin precedentes, problemática que se trata en distintos hábeas corpus…”.
“[S]e dispuso una mesa de diálogo interdisciplinaria con la participación de los representantes de todos los sectores involucrados […] para que se brinden pautas y recomendaciones para la adopción de las medidas pertinentes, a través de un nuevo Protocolo, que garantice la seguridad sanitaria en los traslados de los detenidos y su alojamiento como así también los requisitos para el ingreso en las Unidades del Servicio Penitenciario Federal. Pero nada se dijo respecto a los detenidos infectados, quienes no pueden esperar el término de 60 días […] impuesto para que se desalojen las Alcaidías de la Ciudad…”.
2. Servicio Penitenciario Federal. Traslado de detenidos.
“[E]n la audiencia se puso en evidencia que cuentan con plazas disponibles en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, pero responsables de la Institución han supuestamente dado la orden (no escrita) arbitraria y unilateral de no recibir a los detenidos, si padecen Covid-19, impidiendo cualquier posibilidad de consenso o al menos de comportamiento solidario en la emergencia. No puede dejar de ponderarse una vez más que el colapso de las alcaidías de la ciudad tiene relación directa con la decisión del servicio penitenciario federal de suspender las admisiones de nuevos internos y que pese a no contar con infraestructura adecuada aquéllas hicieron frente a la excepcional situación”.
“[D]esde el Servicio Penitenciario no se brindó alternativa alguna para hacerse cargo de alguno de esos supuestos. Ello pese a que se manifestó que hay cupos en el Complejo I de Ezeiza y en el II de Marcos Paz, a lo que podemos sumar que también habría plazas en Devoto…”.
“[A]nte la disponibilidad inmediata de plazas en un lugar de detención adaptado, precisamente, para dispensar cuidados médicos a las personas detenidas que padecen la enfermedad no resulta lógico de modo alguno prescindir de ellas. De todas maneras, con la urgencia del caso, los internos deberán ser examinados por profesionales de la salud con especialidad en enfermedades infectocontagiosas para determinar que estadio de la enfermedad transitan […] para poder implementar el debido tratamiento que se aplicará a cada uno de ellos y, de ese modo, de ser posible derivarlos a la unidad 21 u otras que tengan infraestructura adecuada de manera inmediata, con conocimiento de sus jueces naturales y control de que se haga efectivo de parte del magistrado a cargo del trámite de esta acción”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; DERECHO A LA SALUD; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL; TRASLADO DE DETENIDOS;
Balcaza (Causa n°1235)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Paraná hizo lugar al recurso, revocó la resolución impugnada y ordenó la restitución de la motocicleta al imputado en carácter de depositario judicial (juezas Aranguren y Gomez y juez Busaniche).
1. Decomiso. Derechos patrimoniales.
“[L]a reforma [del artículo 23 del Código Penal] operada mediante Ley 25815, ha despejado las dudas sobre la procedencia del decomiso respecto de derechos patrimoniales, reafirmando su aplicación a delitos previstos en leyes especiales e introdujo normas de naturaleza procesal que autorizan a adoptar medidas cautelares para asegurar los bienes sobre los que pudiera recaer el eventual decomiso. En este sentido, otorga expresamente al juez desde el inicio de las actuaciones, la facultad de adoptar medidas de esta índole con el fin de asegurar bienes eventualmente sujetos a decomiso, hacer cesar la comisión de delitos y evitar que se consolide el provecho u obstaculizar la impunidad de los partícipes…”.
2. Decomiso. Prueba. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Emergencia sanitaria.
“[E]l motovehículo secuestrado al imputado […] no habría sido ‘instrumento del delito’ en los términos del […] artículo 23 del CP, es decir, destinado específicamente para cometer el ilícito por el cual fue indagado y luego procesado [el imputado] lo que daría lugar a un posible ‘decomiso’, sino utilizado ocasionalmente para su comisión, toda vez que dicha conducta podría llevarse a cabo mediante diferentes vías a la aquí empleada”.
“[C]abe agregar que –según los dichos de la defensa- el motovehículo secuestrado sería indispensable para que [el imputado] pueda movilizarse diariamente a los fines de ejercer su actividad de mecánico, la cual se encuentra incluida en las excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio conforme art. 14, apartado 3º, del Decreto Nacional Nº 576/2020; debiendo, asimismo, tenerse presente la estricta disposición de la no utilización del transporte público como medio para evitar la transmisión del virus Covid-19, el cual sólo está reservado a trabajadores esenciales…”.
“[L]a decisión de mantener secuestrado el rodado de propiedad del imputado carece actualmente de sustento legal, toda vez que –prima facie- no se presume que pueda ser objeto de decomiso, ni habrá de servir como medio de prueba, ni aparece la necesariedad de practicar algún tipo de pericia sobre aquél, por lo que debe procederse a su inmediata restitución lisa y llana, tal como se peticiona”.
DECOMISO; DERECHOS PATRIMONIALES; PRUEBA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; EMERGENCIA SANITARIA;
Alisiardi (causa n°5381)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó la declaración de incompetencia dictada por el juzgado federal (juez Ávalos).
1. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Tipicidad. Ley penal en blanco.
“[L]a atribución delictiva que se cierne sobre el art. 205 del C.P. […] a modo de legislación penal ‘en blanco’, remite en orden a los elementos objetivos y normativos del tipo, a las disposiciones que regulan el denominado ‘Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio’. En consecuencia, […] la naturaleza de esa normativa (federal o provincial) determina la competencia”.
“[S]e trata […] de una ley penal en blanco y, entonces, el tipo debe completarse con una disposición que defina la situación con la mayor certeza y que establezca la prohibición o mandato con la claridad requerida por el principio constitucional de legalidad”.
2. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Tipicidad. Principio de legalidad.
“La acción típica consistirá, entonces, en violar las medidas adoptadas en el marco de la pandemia declarada, es decir que habrá de tratarse de una desobediencia a lo que disponen expresamente. En otras palabras, las acciones, por comisión o por omisión, a [las] que la ley alude no podrán ser otras que aquellas que taxativamente las normas prescriben y que por ello completan la descripción típica. Es que, de no ser así, se incumpliría el principio de legalidad previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional que exige la existencia de una norma cierta, escrita, clara, general y, obviamente, previa…”.
3. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Competencia. Competencia federal. Competencia local.
“[E]sta crisis mundial en Argentina ha generado políticas concurrentes entre la Nación, provincias y municipios, por lo que coincido con el Juez de primera instancia en el sentido de que se trata de una competencia concurrente entre aquellas jurisdicciones, dada la multiplicidad de normativa federal y local que se fue dictando para evitar los contagios por el COVID-19, articulando la lucha contra esta pandemia, en tanto la defensa de la salud pública resulta de interés compartido entre nación, provincia y municipios.
De ahí, que […] la circunstancia de que el Sumario policial sea iniciado por una fuerza policial local provincial o por las diferentes fuerzas nacionales […] no condiciona ni establece […] que la competencia sea judicial federal o local. Máxime cuando la competencia federal es exclusiva, excluyente y de orden público. [S]erá competente para intervenir en las diferentes causas que puedan suscitarse por violación al art. 205 del C.P., y a los fines de evitar el desgaste jurisdiccional y en propensión a la efectividad en el resguardo de la salud pública, la justicia provincial o federal en cada caso, dependiendo del fuero que haya intervenido en primer lugar o haya tomado conocimiento de la supuesta infracción y labrado de las actuaciones sumariales policiales…”.
“[N]o resulta razonable que luego de admitir el a quo […] que se trata de una competencia concurrente, en el mismo acto, el Magistrado declara su incompetencia material sin dar fundamento alguno en torno a la remisión del expediente a la justicia local…”.
“[C]orresponde al Juez que previno asumir la jurisdicción, en el entendimiento de que se debe evitar el entorpecimiento del avance de la investigación en medio de una situación de emergencia sanitaria, que requiere especial celeridad de actuación”.
EMERGENCIA SANITARIA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; TIPICIDAD; LEY PENAL EN BLANCO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; COMPETENCIA; COMPETENCIA FEDERAL; COMPETENCIA LOCAL;
BAP (causa Nº 11984)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 2
El Juzgado Federal de la Seguridad Social hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a ANSeS que de manera inmediata procediera a la inclusión de la mujer en la nómina de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y procediera al pago de las sumas por dicho concepto desde mayo de 2020 y hasta tanto se resolviese el fondo de la controversia (jueza Rojas).
1. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. Seguridad social. Emergencia sanitaria. Contracautela.
“El derecho invocado por la actora en su escrito de inicio habrá de ser considerado verosímil, puesto que se encontrarían cumplidos a priori los recaudos para la percepción del Ingreso Familiar de Emergencia que pretende y en concordancia a lo sostenido reiteradamente por la jurisprudencia respecto a que `la verosimilitud del derecho debe ser entendida como la probabilidad de que el derecho exista y no como su incontrastable realidad, que sólo se logrará al agotarse el trámite´ [...].
Asimismo, el peligro en la demora se encuentra debidamente acreditado, por la naturaleza del derecho en cuestión, de carácter netamente alimentario, teniendo en cuenta la conformación del grupo familiar, la situación de vulnerabilidad económica, social y de salud por la que se encuentra atravesando, agravada por el contexto de pandemia en el que nos encontramos, que tornó sus necesidades mucho más apremiantes.
Por último, en relación a la contracautela prevista en el art. 199 del CPCC [procede] eximir a la actora de su cumplimiento en atención a las excepcionales circunstancias del caso y considerando lo expresamente solicitado en tal sentido”.
MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; SEGURIDAD SOCIAL; EMERGENCIA SANITARIA; CONTRACAUTELA;
GPL (causa N° 23568)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, revocó la decisión impugnada y dictó el procesamiento de la persona, sin prisión preventiva (jueces Lucini, González Palazzo y, en disidencia, jueza Laíño). A su vez, por unanimidad, prohibió todo tipo de comunicación y de acercamiento al domicilio o a lugares que frecuentasen la sobrina y su pareja (jueces Lucini, González Palazzo y jueza Laíño).
1. Violencia familiar. Violencia de género. Amenazas. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará).
“Si bien en el legajo se advierte un posible conflicto familiar producto de que el imputado no quería que su sobrina se fuera del domicilio para convivir con otro hombre, lo cierto es que ello no justifica de ningún modo la forma en la que se entrometió en la vida amorosa de aquella y el tinte agresivo de las frases utilizadas […] excedieron las de una ‘acalorada discusión’ y son suficientes para configurar el delito y avanzar hacia la próxima etapa para completar el estudio de su responsabilidad”.
“[S]e visualiza un claro sometimiento y opresión de la damnificada por parte de los hombres de su familia, lo cual, lejos de interpretarse como un hecho aislado, debe ser contemplado como un caso de violencia de género, máxime si se tiene en cuenta la índole de los mensajes enviados, los cuales dejan entrever cierto vínculo patológico del encausado hacia su sobrina. Sostener lo contrario implicaría agravar dicho estado y justificar su conducta. Evidentemente, las frases tuvieron entidad para quebrantar su tranquilidad e infundir temor, elementos necesarios para la configuración del delito en cuestión”.
“Toda vez que el razonamiento expresado concuerda con las pautas establecidas por las Leyes 26.485 (Protección Integral de las Mujeres) y 24.417 (Protección contra la Violencia Familiar) y, la Convención de Belém Do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) es que corresponde dictar su procesamiento” (voto del juez Lucini, al que adhirió el juez González Palazzo).
2. Violencia familiar. Violencia de género. Error culturalmente condicionado. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará).
“[L]os sucesos denunciados deben ser abordados y examinados desde una perspectiva más amplia, teniendo en consideración todas las circunstancias que funcionan como elementos de contexto, pues es fácilmente detectable cierta colisión entre un posible condicionamiento cultural –el imputado es oriundo de la República de la India– […] y la protección de los derechos garantizados a través de la ‘Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer’ (Ley 23.179); la ‘Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer’ –Convención de Belem Do Pará– (Ley 24.632) y Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (Ley 26.485)”.
“No puede pasarse por alto que ‘los considerados ‘delitos culturales’ se verifican cuando el comportamiento prohibido por normas de derecho penal constituye un comportamiento tolerado, admitido o directamente prescripto por normas comunitarias. Es importante distinguir diversos grados de vinculación de las normas comunitarias: en algunos casos se trata de prácticas socialmente impuestas, costumbres, arraigadas en la comunidad o en la cultura de pertenencia, a menudo ligadas a creencias religiosas, con severas sanciones sociales y, a veces, incluso el aislamiento en caso de inobediencia’…”.
“[L]a presencia de los condicionamientos señalados podría representar implicancias no sólo en términos de culpabilidad, sino también como parámetro de mensuración de una eventual pena o, tal como ha sugerido la acusación, como piedra angular para acreditar el tipo subjetivo de la figura propiciada (amenazas coactivas)”.
“[D]ebería recabarse la opinión de un especialista en la materia capaz de exponer desde una perspectiva cultural, la dinámica en las relaciones familiares y la posibilidad de eventuales condicionamientos religiosos […]. Asimismo, parece prudente la realización de un amplio peritaje psicológico y psiquiátrico […]. Similares experticias deberán concretarse […] con el fin de evaluar la existencia de una posible situación de sometimiento y/o síndrome de indefensión aprendida” (voto en disidencia de la jueza Laiño).
VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA DE GÉNERO; AMENAZAS; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); ERROR CULTURALMENTE CONDICIONADO;
FC (causa Nº 125988)Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 3
La Sala 3 de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata hizo lugar al recurso y modificó la decisión impugnada. En ese sentido, declaró la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial y estableció que E. es hija de C., P. y F. En consecuencia, dispuso la anotación en el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Buenos Aires y aclaró que se adicionara el apellido del progenitor biológico F. a continuación del de su padre socioafectivo P. Por último, dispuso que se formase en el incidente de vinculación de E. con su padre F. y señaló que la vinculación no dependía de la condición de consentimiento o ejecutoriedad de la sentencia (juez Soto y jueza Larumbe).
1. Derecho a la identidad. Filiación. Socioafectividad.
“[S]e ha dicho con razón que `…la identidad del individuo posee diversas dimensiones (estática, dinámica y cultural […]), y si bien asumimos que el origen es el punto de partida, principio, raíz y causa de una persona, también sostenemos que es inexacto predicar que la identidad de origen desplaza en importancia a la identidad que confiere el curso de la vida, en la faz dinámica que revela su configuración dual. No se trata de manifestaciones excluyentes, sino por el contrario, complementarias. La identidad genética conforma, junto con la que forja el devenir histórico de un individuo, un bloque fundante macizo, de configuración y consolidación progresiva´ […].
Ciertamente, el artículo 558 del Código Civil y Comercial, prescribe que nadie puede tener más de dos vínculos filiales, de modo que su literal aplicación conduciría a que el emplazamiento del progenitor (F.), excluiría a P., solución de rigidez salomónica que no se compadece con las circunstancias comprobadas de la causa ni propicia el contexto que requiere la integración del padre biológico a la vida de la niña sin quebrar la familia en la que ha nacido y se viene desarrollando, con los efectos devastadores en E. que tal decisión podría acarrear.
Estamos frente a dos formas de paternidad, la socioafectiva que se cultiva desde su nacimiento, al amparo de la buena fe de P., y la biológica, que hoy exige su reconocimiento. Y como tales, no son excluyentes. Se trata […] de diversos institutos que tutelan bienes diferentes. La paternidad socioafectiva resguarda la vivencia del sujeto en un entorno familiar y la biológica consagra el derecho de saber quién engendró con la posibilidad de poder conocerlo y relacionarse con él. Es así por ello que el Derecho debe cumplir un rol pacificador haciendo constar los registros de ambas verdades, la de orden socioafectiva y la biológica igualmente.
`La paternidad socioafectiva […] es el tratamiento dispensado a una persona en calidad de hijo y se encuentra sustentada en el sentimiento de cariño y amor, independientemente de la imposición legal o vínculo sanguíneo. En su esencia natural, la relación paterno-filial trasciende las imposiciones legales y se cimienta en una relación afectiva que debe tomar en cuenta la norma para su determinación y establecimiento. […] La socioafectividad revela la constancia social de la relación entre padres e hijos caracterizando una paternidad, no por el simple hecho biológico o por la fuerza de la presunción legal, sino como consecuencia de los lazos espirituales generados en la convivencia, en todos y cada uno de esos días de mutua coexistencia. […] En este orden de ideas, la coexistencia de la realidad biológica y la socioafectiva, da paso al reconocimiento de una triple filiación...´…”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Familia. Filiación.
“La compleja trama humana que se ha desarrollado en la vida de E., exige que la solución jurisdiccional abastezca adecuada y completamente todos los aspectos que se despliegan; que tanto el vínculo parental de origen afectivo, como el biológico, concurran al desarrollo de su vida.
No corresponde al Estado proveer una solución dilemática, de rigidez normativa, sustentada exclusivamente en la ausencia del reconocimiento legal de diseños familiares diversos, y de esa manera negar apriorísticamente una situación de pluriparentalidad que los propios adultos protagonistas admiten, y que, solamente su pleno desarrollo en el tiempo, mediante el conocimiento y cultivo del vínculo paterno filial de E. con su padre biológico, en forma concomitante con el curso del vínculo socioafectivo que goza desde su nacimiento, dirá qué matices y profundidad alcanzarán”.
3. Control de constitucionalidad. Declaración de inconstitucionalidad. Filiación.
“Esto […] conduce a destacar la trascendencia que tiene el control de constitucionalidad de las leyes, expresión de la supremacía del orden constitucional que recepta el artículo 31 de la Carta Magna…”.
“Las circunstancias fácticas expuestas, y las consideraciones vertidas requieren que sea declarada de oficio la inconstitucionalidad para el caso, del artículo 558 del Código Civil y Comercial, por ser violatorio a los artículos 7 y 8, Convención sobre los Derechos del Niño, XVII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 6, Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3 y 19, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 16 y 24, Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, 10.3 del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 31, 33, 75 inc. 22, Constitución Nacional, y 12, inc. 2), Constitución Provincial, a fin de establecer que E. ostenta, además del vínculo filial con su madre J. C., el vínculo paterno filial de origen socioafectivo con L. E. P. y el vínculo paterno filial de origen biológico con F. F.”
DERECHO A LA IDENTIDAD; FILIACIÓN; SOCIOAFECTIVIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; FAMILIA; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
RMC (causa N° 127098)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata, Sala II
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata hizo lugar al recurso del demandado de manera parcial y dispuso la inoponibilidad de la prejudicialidad a la causa. Además, tuvo por probada la existencia de los hechos tal como había detallado la mujer y la consecuente responsabilidad del demandado en la producción de los daños en su carácter de agresor. Por último ordenó que concurriera al programa “DESAPRENDER” de un hospital de la ciudad de La Plata, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento (jueces Banegas y Hankovits).
Perspectiva de género. Apreciación de la prueba.
“[L]a visión o perspectiva de género consagrada en nuestro derecho no se limita de modo alguno al ámbito legal y judicial sino que es una herramienta que ha adquirido la sociedad en su conjunto. [E]l Magistrado no cuenta solo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte ante ataques deliberados de todo tipo como consecuencia de su condición de mujer, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable (art. 7 inc. g, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; art. 7 Ley 26.485). Esa obligación excede el ámbito del derecho penal o de familia, resultando de plena aplicación en todo tipo de procesos que así lo requieran por sus circunstancias de hecho, aun en los reclamos de daños y perjuicios civiles, como es el caso en estudio. Más no debe traducirse […] en una mejora en las sumas de dinero otorgadas de modo automático, porque ello sería llevar la cuestión a un reduccionismo contra-rio a las reglas que consagran la protección integral. En cambio, deben aplicarse métodos, sanciones y reparaciones de distinta entidad para que el abordaje resulte efectivo (reparación económica, sanciones extrapatrimoniales, medidas de reeducación, etc.)”.
“[L]a visión con perspectiva de género debe actuar como un principio general de aplicación a todo tipo de acciones y actuaciones judiciales en las que la mujer fuera víctima en base a su condición, dentro de la que encuentro comprendidas las causas de carácter patrimonial como la presente. Es decir que este extremo es de aplicación cuando la ofensa proferida, ya sea física, psíquica, etc., haya sido efectuada, básica y fundamentalmente, por su condición de mujer”.
“No debe soslayarse que la opción de someterse a la suspensión del juicio a prueba por parte del acusado en proceso penal es personalísima y puede responder a variadas motivaciones entre las que es dable suponer una legítima decisión de evitar un pronunciamiento de mérito sobre la autoría del ilícito que se investiga, pero de ningún modo determina la lisa y llana aceptación de su culpabilidad”.
“En suma, el imputado no reconoce hechos ni derecho. Su pedido de aplicación del beneficio no implica admisión de autoría ni de participación en los hechos por los cuales se ha requerido su juicio. Es decir que quien pide la probation no ha confesado su delito, ni siquiera ha aceptado los hechos imputados […], por lo que al momento de dictar sentencia, la resolución penal que hace lugar a la suspensión del juicio a prueba no implica una imposición legal de efectos, por lo que el juez Civil es libre de resolver la situación de responsabilidad que se le haya planteado [….].
Sin perjuicio de lo expuesto, […] el juez penal […] cuenta con la carga de decidir sobre la razonabilidad del ofrecimiento de suspensión de juicio aprueba mediante resolución fundada, por lo que al homologarlo o receptarlo puede haber considerado la existencia del hecho prima facie y la posible culpabilidad del imputado […]. Ahora bien, este es un elemento que ha valorarse en esta sede, pero siempre deberá ser analizándolo como un medio más para llegar a la convicción sobre la existencia de los hechos y la responsabilidad civil en este fuero, pero de ningún modo por aplicación de las reglas de la prejudicialidad, ni como una prueba excluyente”.
“Desde otro punto de análisis –pero en la misma dirección–, el art. 1776 CCyC dispone que una sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil. Ahora bien, deviene central detallar entonces cuál es la sentencia definitiva en sede represiva […] y si cumple con los requisitos del art. 1776 CCyC. [N]o se trata de la resolución referenciada en el decisorio –la que ordena la suspensión de juicio a prueba por un año […]–, sino la que dispone el sobreseimiento del imputado por haberse extinguido la acción penal en virtud al cumplimiento de la suspensión del juicio a prueba […], la que por otra parte no hace mérito sobre el fondo de la cuestión. Entonces, al haber concluido el proceso con el sobreseimiento del imputado, es preciso diferenciar cuáles fueron los fundamentos que sustentan la decisión. Si ella se funda en que se encuentra acreditado que el hecho no sucedió, o que el autor no participó en él, el Juez Civil no puede abstenerse de considerar dicha resolución a los fines de resolver la cuestión. Por el contrario, si el sobreseimiento se funda en otras razones como la prescripción de la acción penal, el sentenciante que intervenga en el proceso de daños queda en absoluta libertad para decidir sobre las cuestiones que se le plantean […]. Por lo tanto, observado desde ésta óptica, tampoco resulta de aplicación la prejudicialidad, toda vez que la suspensión del juicio a prueba no es la sentencia definitiva, sino que el sobreseimiento es la resolución concluyente que da fin al debate penal (art. 1774 y sig CCyC, art. 76 y sig. Código Penal)”.
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad civil. Perspectiva de género.
“[L]os tribunales civiles cuentan con amplia facultad para juzgar la existencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil a fin comprobar si se encuentra configurada la obligación de resarcir y la dimensión de ésta (art. 1774 y sig CCyC). En definitiva, dentro de este contexto, ha de apreciarse la prueba producida a fin de dilucidar los hechos ocurridos, dejando en claro que la responsabilidad será examinada desde la óptica de las normas que rigen en el ámbito de la legislación común y […] sin considerar como único medio el ofrecimiento del imputado a los fines de la obtención de la probation…”.
“[A]mbos testimonios –valorados conforme los parámetros de la sana crítica– [se encuentran] precisos, convincentes y concordantes en lo medular entre sí y con el resto de las evidencias producidas y detalladas anteriormente, por lo que cabe tener por probada la existencia de los hechos tal como lo detalló la actora y la consecuente responsabilidad del demandado en la producción de los daños alegados en su carácter de agresor…”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Perspectiva de género. Apreciación de la prueba.
“[E]l art. 1746 CCyC contempla una serie de circunstancias que deben ser necesariamente tenidas en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única. Es que, cuando el artículo 1740 CCyC desarrolla el concepto de reparación, indica expresamente que ésta debe ser `plena´, agregando que debe contemplar `la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie´. De la interpretación armónica de ambas normativas y de los principios generales en la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una fórmula que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más basto y amplio. [D]ebe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. […].
En este sentido, un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio matemático de ponderación para determinar una suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil un monto equivalente al que cobraba antes del hecho nocivo. Si bien la redacción de la norma podría dar margen a otra interpretación, […] mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función por excelencia de cuantificarlos daños. Tanto los parámetros matemáticos como los porcentajes de incapacidad resultantes de prueba pericial han de ser valiosos aportes, pero no obligan matemáticamente al juez, porque […] la cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos matemáticos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial, ponderando la multiplicidad factores particulares de cada caso (enunciadas por el art. 1746 CCyC)”.
“[A]l tratar la indemnización por incapacidad sobreviniente [se aplicará] un criterio elástico de valoración, que contenga los parámetros otorgados por el art. 1746 CCyC, mas no atado a una fórmula matemática financiera que prescinda de las circunstancias particulares de la víctima de autos, en ejercicio de los principios de la valoración de la prueba y la sana crítica (art. 384, CPCC)”.
“[H]a de evaluarse la indemnización fijada con una perspectiva de género ante la agresión sufrida por una mujer […] por parte de un hombre de su entorno –demandado y ex cuñado– y sus implicancias en el ámbito estético y psicológico. [E]n virtud de lo establecido por el art. 1746 CCyC, bajo este rubro no solo [se ha] de computar el deterioro de carácter laborativo a la actora, sino que [se computarán] las lesiones en sí mismas que afectan la integridad estética y psicológica de la damnificada, el menoscabo que estas limitaciones le generan en los diversos planos de la vida del individuo como su capacidad de trabajo, en su vida en relación en el aspecto social, deportivo, etcétera, y todos los aspectos detallados en este punto”.
“Ahora bien, para determinar la procedencia de este rubro debe estarse al actual art. 1746 del CCCN […]. De la letra del mencionado artículo se desprende que los gastos médicos y farmacológicos se presumen a partir de la producción de un daño mensurable, y no requieren de una prueba expresa, excepto que su monto sea oneroso y requiera de una demostración especial. Es decir que, probado el daño físico, se presume que el actor realizó erogaciones en medicamentos y traslados para el tratamiento de las dolencias, siempre que revistan el carácter de prudentes, en tanto que las sumas mayores deben ser debidamente alegadas y acreditadas. No resulta óbice que la víctima del siniestro haya sido tratada por profesionales y centros asistenciales públicos, toda vez que los gastos efectuados no se limitan a esas atenciones puntuales, sino a los gastos producidos en este aspecto a partir de las dolencias padecidas”.
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; PROCESO PENAL; RESPONSABILIDAD CIVIL; PROCESO CIVIL; CUESTIÓN PREJUDICIAL; SENTENCIA CONDENATORIA; COSA JUZGADA; PRUEBA TESTIMONIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; DAÑO; INDEMNIZACIÓN; REPARACIÓN; INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; DAÑO PSICOLÓGICO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS;
Costa y otros (causa N° 8767)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 17 de la Capital Federal
1. Emergencia sanitaria. Juicio oral. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[L]ejos nos hallamos de encontrar consenso en cuanto al asunto traído […], presentándose un escenario más bien vario pinto de muy difícil armonización; aunque, claro está, una tal coyuntura no obedece a la asunción por parte de nadie de posturas caprichosas o arbitrarias, sino a la muy delicada y compleja coyuntura que atraviesa el mundo y no únicamente nuestro país (especialmente en la zona denominada AMBA, donde se encentra emplazada la sede del tribunal).
Tal verificación exige ciertamente una respuesta por parte del órgano jurisdiccional que, no obstante reconocer los loables fines cuya consecución persigue la representación fiscal, sea receptiva también de los distintos argumentos esgrimidos por las demás partes, todas las cuales han demostrado su interés en la buena marcha del proceso, aunque con enfoques disímiles debido a la necesidad de ver resguardadas las inexpugnables garantías del debido proceso y de la defensa en juicio…”.
“En líneas generales, todas las defensas han relevado la difícil conexión –término bien propicio para el caso– entre la vía remota de celebración del juicio y el resguardo a los derechos fundamentales de los justiciables, en cuanto respecta a las posibilidades de desarrollar una defensa no condicionada o limitada por aquella modalidad, que resulte por ende eficiente para permitirles contrarrestar las tesis acusatorias cristalizadas en las requisitorias fiscales de elevación a juicio y, eventualmente, mantenidas en la discusión final por el órgano acusador”.
2. Juicio oral. Telecomunicaciones. Testigos. Prueba testimonial.
“Exigencias mínimas tales como: a) la comunicación privada entre los inculpados y sus respectivos defensores durante el debate; b) la espontaneidad de los interrogatorios a testigos, sumado ello a la posibilidad de que los propios imputados sugieran preguntas a sus letrados; c) la posibilidad de formular oposiciones eficaces a determinados interrogantes formulados a los testigos, habida cuenta de las mayores dificultades de moderación devenidas de una modalidad semejante de realización del juicio; d) la relativización que ella supone de la cardinal demanda de inmediación como principio rector del debate oral y público; entre otras dificultades desplazadas a un segundo orden en comparación con las mencionadas.
Adviértase, que incluso cuando las plataformas virtuales funcionen de manera plena y eficaz (coyuntura esta que, a partir de ciertos datos ónticos mínimos de la cotidianidad judicial, ha de estar más próxima a lo ilusorio que a lo real), los extremos apuntados con precedencia habrían de producirse de todas formas, lo cual […] exime de mayores comentarios para el caso de reanudar el juicio con los recursos con los que contamos actualmente”.
“[E]l empeño por administrar justicia sin dilaciones no puede llegar al extremo de resignar calidad en los juicios penales, incluso bajo las imperantes circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de COVID19; pues esta no resulta una excusa suficiente para habilitar la realización de juicios de precaria calidad; más allá […]de la muy bienintencionada postulación materializada por la fiscalía que, en modo alguna, aprueba un declive semejante. [T]ampoco resulta fundamento válido de un juicio celebrado en las condiciones propuestas, la situación de encarcelamiento preventivo que sufren algunos de los enjuiciados, dada la demora que puede insumir la espera por un debate desarrollado en condiciones de cierta normalidad (presencia física de las partes y de los juzgadores)…”.
3. Telecomunicaciones. Testigos. Examen de testigos. Principio de contradicción.
“[E]l hecho que el contraexamen o contrainterrogatorio se erige en función capital de cualquier control de prueba, así como que sólo un correcto ejercicio de esa clase de contralor habrá de permitir la apreciación de preguntas sugestivas y posibilitará la conservación de un ritmo en la formulación de las preguntas que evite respuestas ambiguas, vagas o, incluso, evasivas; además de asegurar la confrontación del testigo con sus propias declaraciones prestadas en otra etapa del proceso, al tiempo que también posibilita la evaluación de sus emociones durante el acto de la declaración. [P]arece indudable que una videoconferencia o un juicio de las proporciones que asume el del sub lite llevado a cabo por wats app, obstaculizaría agudamente la factibilidad de contar con aquellas posibilidades…”.
4. Principio de inocencia. Prisión preventiva. Reforma legal. Código Procesal Penal. Telecomunicaciones. Excesivo rigor formal.
“[Se coincide] con quienes piensan que esa línea argumental tendiente a relativizar las solemnidades del ritual en pro de la definición del caso […] incurriría en cierta inversión de las reglas atinente a la garantía del estado de inocencia”.
“En efecto, el primer trato que un inocente merece es el respeto por su libertad, por lo que la excepcionalidad de la prisión preventiva se hallaría justificada únicamente en los casos en que ella resulte necesaria para la consecución de los fines del proceso; tal como lo hubimos ratificado o dispuesto respecto de algunos de los inculpados. Por lo tanto, la emergencia sanitaria que demora el desarrollo de un juicio con imputados encarcelados preventivamente, no debe llevar […] a la relativización de las solemnidades que impone la ley ritual en procura de asegurar un debido proceso constitucional, aun cuando de ello derive una más pronta respuesta jurisdiccional definitoria del caso; puesto que, en rigor, la respuesta a la imposibilidad de practicar el rito legal exige una dinámica reexaminación casuística en la que deberá ponderarse las distintas alternativas de que se dispone a partir de la regulación normativa prevista en el art. 210 del CPPF; las que pueden sistematizarse del modo en que sigue: a) cese de la prisión preventiva; b) morigeración o atenuación de la medida de coerción y c) prórroga de la prisión cautelar hasta nueva evaluación o reexaminación”.
EMERGENCIA SANITARIA; JUICIO ORAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; TELECOMUNICACIONES; TESTIGOS; PRUEBA TESTIMONIAL; EXAMEN DE TESTIGOS; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRISIÓN PREVENTIVA; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; EXCESIVO RIGOR FORMAL;
Sanchez (Causa n°9743)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución y ordenó que se recabasen nuevos informes médicos, que se le diese intervención a las partes y que se dictase un nuevo pronunciamiento (jueces Slokar y Mahiques).
1. Prisión domiciliaria. Emergencia sanitaria. Informes. Informe médico. Deber de fundamentación.
“Asiste razón al recurrente cuando se agravia de la falta de fundamentación del auto denegatorio, que se basó en un informe médico deficiente, sin correspondencia con la normativa legal establecida respecto de las personas en situación de peligro frente a los efectos que pudiera tener la pandemia de COVID-19.
La resolución de un planteo de arresto domiciliario como el presente, en el actual contexto de crisis sanitaria y emergencia carcelaria, exige la valoración de certificados médicos completos y eficientes, que den cuenta del estado de salud del imputado y del tratamiento al que se encuentra sometido. En especial, si el interno que lo solicita podría encontrarse incluido en uno de los grupos de riesgo frente al posible contagio del virus Covid-19”.
2. Derecho a la salud. Informes. Deber de fundamentación.
“[H]abiendo resultado manifiesto que el certificado médico recibido no se adecuaba a los requisitos normativamente establecidos […], ni confirmaba o rechazaba expresamente las patologías alegadas por la defensa -hipertensión arterial- resultaba necesario contar, cuanto menos, con un informe aclaratorio que posibilitara examinar la situación [del imputado] en el marco de la emergencia sanitaria vigente. Empero no consta en el legajo ningún tipo de informe complementario que aclare aquella opinión médica o aporte información sobre el tratamiento y medicación que recibe [el imputado] intramuros”.
“[S]e advierte una defectuosa e incierta evaluación de las circunstancias que […] resultaban conducentes a los fines de evaluar la solicitud de [el imputado]. El verificado defecto en la decisión judicial atacada, la descalifica por cuanto, por imperativo legal […], éstas deben ser fundadas y constituir una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; EMERGENCIA SANITARIA; INFORMES; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DERECHO A LA SALUD; INFORME PERICIAL;
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (causa Nº 10068)Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 4
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4 hizo lugar de manera parcial a la acción y dispuso que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el plazo de diez días hábiles proveyese las notas presentadas por el colegio (jueza Ailan).
1. Emergencia sanitaria. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa.
“[A]tento los términos en que ha sido planteada la medida cautelar que se solicita es de las denominadas innovativas. En efecto, la actora pretende por esta vía modificar la situación de hecho y de derecho en que colocó a su parte el dictado por el Poder Ejecutivo Nacional del DNU 297/2020 –y sus sucesivas prórrogas–, con motivo de la pandemia mundial declarada y originada en el brote del virus identificado como COVID-19; en otros términos y tal como expresa en su proposición la actora […], pretende obtener, cautelarmente, la excepción al régimen general que impone el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la prohibición de circular para sus matriculados”.
2. Emergencia sanitaria. Legislación sanitaria. Excepciones.
“[E]l Poder Ejecutivo Nacional […] dictó el dec. 297/2020 por el cual y con el objeto de proteger la salud pública, impuso la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, prorrogable por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica (art. 1° dec. 297/2020). En consecuencia, se estableció allí, que durante la vigencia de dicha medida, las personas […] se abstendrán de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas […].
[D]icho decreto ordenó en su art. 6° que quedan exceptuadas del cumplimiento de la medida de aislamiento y prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, […], aclarándose además que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. [L]a vigencia del citado decreto 297/2020 fue prorrogada […]; así como también se prorrogó la vigencia de toda la normativa complementaria dictada en dicho marco”.
“[E]l referido decreto en su art. 5 describe el procedimiento que deberá observarse a los fines de la admisión de las nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular con el objeto de permitir la realización de actividades industriales, de servicios y comerciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana…”.
“[E]l dictado del DNU 520/2020, mediante el cual, en función de la evolución de la situación, se estableció la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, para todas las personas que habiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos en los que se verifiquen los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en su art. 1° y, asimismo, para los lugares enumerados en el art. 3°,manteniéndose el aislamiento y prohibición de circular en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana conforme dispone el art. 10 y 11 del mencionado decreto.
[E]n relación a la autorización de nuevas excepciones, en su art. 13 reitera el procedimiento estipulado en el art. 5 del ya citado dec. 459/2020, pero incluyendo ahora –además de las actividades industriales, de servicio y comerciales que aquél menciona–, también las actividades deportivas o recreativas”.
4. Emergencia sanitaria. Medidas cautelares. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
“La inédita situación sanitaria planteada, la complejidad que la cuestión encierra, la diversidad de intereses y derechos que el planteo involucra y la magnitud de los bienes en juego (la salud y la vida), atentan contra la procedencia de la petición cautelar tal como ha sido articulada. [L]a concesión de la autorización que la actora pretende que cautelarmente se le conceda, requiere en la práctica y conforme lo dispuesto por la normativa vigente –que no cuestiona la actora–, de un trabajo mancomunado e interdisciplinario previo, con necesaria intervención de la autoridad sanitaria, dotada de conocimientos científicos y técnicos y de un proceso de evaluación a cargo de los órganos competentes de los distintos niveles de gobierno, lo que –naturalmente– no puede suplir la labor del juez en el marco de un proceso cautelar”.
“[D]ado las características inusuales de la situación provocada a raíz de la pandemia, la repercusión social e institucional que ésta tiene y en especial el rol que en relación a la autorización de nuevas actividades le ha sido normativamente conferido al gobierno local en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cabe exigir al Gobierno local brinde formal respuesta al pedido formulado en tal sentido por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal actor […].
En consecuencia, corresponde reconocer liminarmente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal aquí actor, el derecho a obtener de la autoridad local –dotada de competencia específica en orden a la autorización que su parte pretende–, en un plazo razonable, respuesta formal y expresa a la solicitud de excepción al régimen de ailamiento social, preventivo y obligatorio y de prohibición de circular efectuada mediante notas de fecha 29/4/2020 y 8/5/2020 respecto de los abogados de su matrícula”.
EMERGENCIA SANITARIA; MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; LEGISLACIÓN SANITARIA; EXCEPCIONES; COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL;
Gómez (causa Nº 572)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión apelada y concedió el arresto domiciliario a la imputada. Además, la eximió del pago de costas (juezas Aranguren y Gómez y juez Busaniche).
1. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Código Procesal Penal.
“[S]i a la luz de las normas del nuevo Código Procesal Penal Federal la valoración de los riesgos procesales con relación a los imputados es contraria, en principio, a la concesión de su libertad o de alguna medida de coerción menos intensa, el alegado cumplimiento de algunos de los supuestos previstos por el art. 10 C.P. y 32 de la ley 24.660 impone considerar su procedencia. […] Así, debe señalarse que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad […] deviene de aplicación al presente caso, en virtud de lo estatuido por el art. 11 de la citada norma”.
2. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[D]e las constancias de autos, surge que la imputada Gómez es madre de una niña […] de 6 años de edad, que estaría al cuidado de su abuela materna […], por lo que se plantea la posibilidad de obtener la detención domiciliaria en un supuesto no contemplado legalmente, toda vez que, si nos atenemos a la literalidad del […] art. 32 en su inciso f) de la ley 24660, T.O. Ley 26472, no resulta aplicable el instituto en análisis. […] Sin perjuicio de ello, aun cuando no le corresponde legalmente a la imputada gozar del beneficio en cuestión, en el presente se ha solicitado la aplicación de un orden normativo superior, debiendo procederse a su consideración”.
“Como puede advertirse, la normativa en análisis llama a otorgar particular incidencia en la resolución de la cuestión al ‘interés superior del niño’, por lo que habrá de atenderse a las particularidades de cada caso en concreto, teniendo en consideración que el supuesto previsto por la norma –menor de cinco años- no debe interpretarse como un límite insalvable que impida decretar la detención domiciliaria cuando las circunstancias del caso así lo exijan…”.
“[S]in perjuicio de lo concluido [en el informe elaborado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolecente y la Familia] y atento que el padre [de la niña] también se encuentra en prisión preventiva por estar imputado en las presentes actuaciones, se estima prudente –en consonancia con lo sostenido por el Sr. Fiscal General y el representante del Ministerio Público Pupilar- otorgar preponderancia al interés superior de la niña, en lo que refiere a la necesidad de tutela y preservación de las relaciones familiares directas, procurando conservar el contacto directo con su progenitora fuera del ámbito carcelario, aun cuando la imputada siga privada de su libertad, rescatando una vez más, la importancia que ello tiene para cualquiera de los protagonistas, por lo que conlleva a una solución diferente a la adoptada por el a quo”.
3. Costas. Prisión preventiva.
“[P]or otro lado, la defensa de la imputada sostiene ante esta Alzada los agravios impetrados en relación a la imposición de costas por la presente incidencia […] por considerar que ello le irroga un gravamen irreparable y vulnera derechos fundamentales de su defendida”.
“[C]on los elementos obrantes en el presente legajo autoriza a inferir que en el caso, la defensa pudo tener una razonable expectativa a la obtención de la prisión domiciliaria de su defendida, permitiendo tener por conformada la exigencia normativa de ‘razón plausible para litigar’ a la que alude el rito. Esta circunstancia, sumada a la provisionalidad del encierro cautelar y a la posibilidad que otorga la norma procesal de revisión periódica de la situación de privación de libertad de una persona, no habiéndose advertido una utilización irrazonable de dicha facultad, autoriza a dispensar de costas a la encausada por el presente incidente de prisión domiciliaria. […] Por lo expuesto, y atento a cuanto aquí se resuelve, corresponde revocar el punto II) de la resolución recurrida, eximiendo de las costas a la incidentante (arts. 530 y 531 del CPPN)”.
PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; CÓDIGO PROCESAL PENAL; PRISIÓN DOMICILIARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; COSTAS;
Báez (reg. N° 1011 y causa N° 9630)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, anuló la decisión recurrida y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Borinsky y Carbajo).
1. Excarcelación. Consentimiento fiscal. Dictamen. Principio acusatorio. Código Procesal Penal. Exceso en el pronunciamiento.
“Del estudio de las presentes actuaciones se advierte que el pronunciamiento recurrido ha sido dictado en exceso de la pretensión del señor fiscal de juicio, quien presentó su postura favorable al planteo efectuado por la defensa. […] Se observa, también, que el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, en sus breves notas, hizo suyas las argumentaciones de su par de instancia, validando de ese modo el criterio sustentado”.
“[S]i bien los magistrados del a quo sostuvieron otros argumentos que, a su entender, justificaban la persistencia de la prisión preventiva y, por tanto, entendieron que no correspondía hacer lugar a la excarcelación ni a ninguna otra medida alternativa, cierto es que no expusieron razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
En este orden de ideas y en cuanto al rol que desempeña el acusador en estas cuestiones, debe tomarse en cuenta la plena vigencia del art. 210 del Código Procesal Penal de la Nación […], en tanto el modelo procesal que gobierna el procedimiento penal actual permite deducir que la potestad de solicitar la imposición de medidas cautelares es propia de quien lleva adelante la persecución; y, en el caso concreto, el Ministerio Público Fiscal ha requerido que se haga lugar al planteo efectuado por la defensa, sin que la querella haya planteado objeción alguna”.
“Frente a este panorama y en situaciones sustancialmente análogas a la presente, en las que no se observaba la existencia de una controversia entre la pretensión de la defensa y la postura del fiscal, […] la ausencia de contradictorio impide la convalidación del fallo adverso impugnado…”.
EXCARCELACIÓN; CONSENTIMIENTO FISCAL; DICTAMEN; PRINCIPIO ACUSATORIO; CÓDIGO PROCESAL PENAL; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO;
Deserio (Causa n°36120)Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 3
El Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3 concedió al imputado la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica durante el tiempo que se mantuviera la emergencia sanitaria (juez López).
1. Ejecución de la pena. Principio acusatorio. Dictamen. Consentimiento fiscal. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Jurisprudencia.
“[L]a Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ha venido efectuando un trascendental cambio de paradigmas en relación a distintos aspectos que hacen a la instancia ejecutiva de la pena, a la función de las partes, a los parámetros de su actuación y respecto de la habilitación jurisdiccional para el magistrado de ejecución penal en el marco de su ministerio.
Concretamente, [respecto del] efecto vinculante que posee el dictamen fiscal respecto de la decisión jurisdiccional. Esta materia ha venido siendo debatida largamente desde la sanción de la ley 23.984, en tanto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó claramente el criterio de que si el Ministerio Público Fiscal no formaliza la acusación, el tribunal carece de jurisdicción para condenar…”.
"Sobre la base de estos parámetros fijados por la instancia superior, es claro que lo actuado por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal adquiere una relevancia extrema, puesto que, en términos generales, la decisión que contradiga el dictamen debe contener una fundamentación que supere la mera diferencia en la valoración subjetiva de las pruebas producidas y, prácticamente, se centre en la eventual irrazonabilidad del planteo propuesto y/o en la inaplicabilidad o inexistencia de la ley invocada”.
“[M]ás allá de coincidencias o disidencias puntuales, el dictamen aportado por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal luce razonable y fundado, así como también se ajusta a la normativa legal y reglamentaria aplicable”.
2. Emergencia sanitaria. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud.
“Nos encontramos ante un escenario extraordinario constituido por la aparición de la pandemia mundial de COVID-19, que ha provocado el despliegue de diversas medidas para resguardar a los grupos de riesgo, principalmente a aquéllos que padecen ciertas patologías preexistentes. En este contexto, la autoridad penitenciaria ha hecho saber que el causante presenta pólipos vesicales y que, a los efectos de establecer un diagnóstico certero, resulta necesario proceder a una intervención quirúrgica”.
“[E]n tanto que la pretensión de la representante de la comunidad en el caso resulta razonable, fundada y basada en legislación y doctrina aplicables, [extenderse] en la observación subjetiva de las probanzas colectadas, implicaría abandonar la postura de garante imparcial que reclama para [esta] actuación la instancia superior”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO ACUSATORIO; DICTAMEN; CONSENTIMIENTO FISCAL; CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL; JURISPRUDENCIA;
Garcia (causa N° 1437)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 19 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19, de manera unipersonal, sobreseyó a las personas imputadas (juez Paduczak).
1. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Dictamen. Control de razonabilidad.
“[L]a falta de una concreta pretensión punitiva respecto del hecho investigado contra los imputados, no permite la prosecución del trámite de la presente y, mucho menos, el dictado de una sentencia condenatoria, ya que el debido proceso exige que la misma esté precedida por una acusación, y en autos, el Sr. Fiscal General, luego de un minucioso análisis de los elementos probatorios que constituyen el sustento acusatorio, peticionó el sobreseimiento de [las personas imputadas].
De más está decir que la postura desincriminatoria de la Fiscalía debe estar debidamente fundada, lo que implica necesariamente que la misma debe ser sometida a control judicial sobre su legalidad y razonabilidad. [E]l dictamen del Fiscal supera el análisis de razonabilidad y logicidad, en los términos previstos por el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto resulta una derivación razonada de las particularidades que el caso presenta a la luz”.
“[L]as cuestiones mencionadas en su dictamen deberían ser valoradas en el amplio marco de un juicio oral y público. Sin embargo, [el representante del Ministerio Público Fiscal] ha realizado una hermenéutica integral del plexo probatorio de la causa, teniendo en cuenta especialmente la descripción fáctica contenida en los términos del artículo 346 del Código de Forma, la ausencia de declaración de la víctima y las grabaciones de las cámaras de seguridad; circunstancias que lo llevaron a requerir el sobreseimiento de los incusos en esta etapa del proceso por entender que el suceso achacado no encuadra en ninguna figura legal, demostrando su clara intención de poner fin a la acción penal en autos”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; DICTAMEN; CONTROL DE RAZONABILIDAD;
RSV (causa n°21080646256)Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1 de Santa Fe
El Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1 de la ciudad de Santa Fe absolvió a la mujer por resultar atípica la conducta imputada (juez Falkenberg).
1. Homicidio culposo. Omisión. Tipicidad. Deber de cuidado. Estereotipos de género.
“[M]ás allá de lo acordado por las partes, [corresponde] absolver a la imputada, toda vez que los hechos atribuidos a la misma resultan atípicos, ya que han sido elaborados sobre la presunta omisión de un pretendido ‘deber de cuidado’ que: a- no se encuentra debidamente detallado; b- cuyo carácter imperativo no surge de la propia imputación; y c- en su construcción subyacen estereotipos de género que resultan intolerables, en orden al comportamiento que se espera de la mujer sujeta a proceso…”.
“[L]a atribución delictiva formulada a la imputada no señala cuál es -en concreto- el deber de cuidado que la misma habría infringido…”.
“[L]a plataforma fáctica no contiene la descripción de la acción omitida y […] necesariamente debió indicarse cuál era la conducta omitida y cuál es la norma legal que otorga carácter imperativo a ese deber de cuidado […]. [T]al omisión no resulta azarosa, sino que ello obedece a la inexistencia de imperativos legales -con consecuencias penales- que impongan este tipo de obligaciones a la mujer embarazada”.
2. Embarazo. Deber de cuidado. Aborto. Dolo.
“[S]i bien desde una concepción socialmente aceptada, puede sostenerse que lo más adecuado para la madre y el feto es realizar controles previos al parto, ello en modo alguno puede considerarse como una obligación susceptible de generar consecuencias penales para ésta”.
“[E]l art. 88 del Código Penal sanciona el aborto causado por la propia mujer -o que consiente que otro se lo causare-, pero solo cuando estas acciones son dolosas. Vale decir, si por imprudencia o negligencia la mujer produce la muerte del feto, tal conducta resulta impune. No existe el delito de aborto culposo, cuando la autora es la mujer embarazada”.
“[L]as conductas de la mujer embarazada, por más descuidadas que fueran, quedan exentas de la autoridad de los Magistrados, encontrándose amparadas por el art. 19 de la Constitución Nacional, al punto que la ley 25.929 -denominada ley de ‘parto humanizado’-, solo contempla derechos y no obligaciones para la mujer embarazada”.
“[E]l pretendido deber de cuidado omitido antes del comienzo del ‘trabajo de parto’, no le era por entonces exigible a [RSV], siendo por ello, atípica esa pretendida omisión”.
“[M]enos aún podría reprochársele a [RSV] la conducta asumida al comenzar el trabajo de parto. En primer lugar, porque ello no le fue atribuido. En segundo lugar, porque resulta descabellado exigir conductas que faciliten el desarrollo del nacimiento a una persona que no es experta en la materia y no tiene por qué conocer la praxis que rodea el trabajo de parto”.
3. Estereotipos de género. Género. Homicidio culposo. No discriminación.
“[S]ubyacen en la elaboración de la imputación, diversas circunstancias que evidencian sesgos de género por parte de quienes estuvieron a cargo de la investigación, que invalidan y atentan contra el regular juzgamiento de este tipo de sucesos”.
“[L]a imputada fue sometida a proceso bajo el influjo de estereotipos de género, al ponderarse desde el comienzo de la investigación una serie de circunstancias que carecían en absoluto de relevancia jurídico penal, para fundar, sobre la base de las mismas, la presunción homicida, que luego fue morigerada por la conducta de una ‘imprudente madre’”.
“[R]esulta irrelevante para la conducta sometida a juzgamiento, que el embarazo fuera producto de una relación con una persona de nacionalidad extranjera que se volvió a su país, que el embarazo no fuera conocido por sus allegados y que no se efectuara controles ginecológicos previos”.
“[E]n relación a la novedosa atribución culposa, no cabe más que interpretar que en el reproche a tales ‘in’ conductas, subyacen […] estereotipos o preconcepciones que están fundados en la visión tradicional y propia de una cultura patriarcal en orden al rol preconcebido de la mujer; a la idea de que su realización como tal sólo puede concretarse mediante la maternidad, por estar predestinada a parir, en razón de ser un atributo que la define.
Esta naturalización -de que la mujer tiene un deber de parir por su destino biológico y, por tanto, debe saber cómo, dónde y en qué contexto hacerlo- es conteste con una visión estereotipada del papel social de la mujer como ‘buena madre’, ‘cuidadora’, ‘responsable’, de la que se espera cumpla los controles médicos obstétricos y sólo trasunta una ponderación prejuiciosa sobre la conducta esperable de [RSV], e importa criminalizar su comportamiento por no encajar en los patrones considerados ‘adecuados’ por la sociedad. Respuesta judicial, que, de concretarse, a no dudarlo, constituiría una práctica discriminatoria que no puede ser tolerada…”.
4. Violencia obstétrica. Secreto profesional. Derecho a la intimidad.
“[La denuncia efectuada por el médico del hospital] no hace más que evidenciar la violencia obstétrica posparto […], a la que fue sometida [RSV] por parte del personal del efector de salud […]. Ello impactó negativamente en la situación de la nombrada, en tanto pese a ser evidente que acudió al nosocomio en busca de ayuda tras dar a luz a su beba […] recibió por respuesta una clara violación a la confidencialidad y a la intimidad, extremo éste último expresamente contemplados en la ley de parto humanizado […], que detalla los derechos de las mujeres durante el puerperio…”.
“No cesa el deber de confidencialidad por la razón de tratarse de una muerte violenta, ya que sea cual fuere la causa, nunca existieron dudas acerca de la vinculación de [RSV] con el hecho, más allá de su atipicidad, y por tanto la divulgación efectuada por el profesional del efector público, no se encontraba amparada en ‘justa causa’ alguna…”.
5. Estereotipos de género. Debida diligencia.
“[Q]uienes [imparten] justicia [deben] concretizar el deber de debida diligencia plasmado expresamente en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y ello en la práctica […] importa tomar decisiones despojadas de ideas preconcebidas al momento de analizar los hechos sometidos a juzgamiento y las evidencias colectadas, pero además y, fundamentalmente, […] interpela a poder identificar, visibilizar y cuestionar aquéllos estereotipos que son asumidos por las partes y cuyos efectos perpetúan la vulneración de los derechos de las mujeres”.
6. Homicidio. Dolo. Homicidio culposo.
“[L]a imputación dolosa y la culposa, aunque se refieran a un mismo resultado, no son fungibles. No puede pasarse, sin más de la infracción dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, por más que el resultado sea idéntico. En el homicidio doloso: el dolo supone la voluntad de realización del resultado y la acción consumativa de él, circunstancia subjetiva que debe ser objeto de la acusación para poder ser reconstruida; la culpa, por el contrario, no reside en esa voluntad, sino en la infracción de un deber de cuidado determinante del resultado típico […].
[N]o logra comprenderse cómo con las mismas evidencias existentes al inicio de la investigación, la acusación ha decidido mutar esa calificación legal, so pretexto de no poder acreditar el dolo homicida, aunque ahora pregona tener por probada la infracción a un genérico y lacónico deber de cuidado, que como se señaló, tampoco logró precisar debidamente”.
HOMICIDIO CULPOSO; OMISIÓN; TIPICIDAD; DEBER DE CUIDADO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; EMBARAZO; ABORTO; DOLO; GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; SECRETO PROFESIONAL; DERECHO A LA INTIMIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; HOMICIDIO;
Vargas Rodríguez (causa N° 12823)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 sobreseyó a la persona imputada (jueces Grünberg, Basilico y Michilini).
1. Principio acusatorio. Principio de contradicción. Dictamen. Prueba. Apreciación de la prueba. Sobreseimiento.
“[M]ás allá de que pudiera no concordarse con lo dictaminado por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, teniendo en consideración que valoró la prueba reunida en autos de manera lógica y razonada y habiendo estimado fundadamente –cumpliendo así con la exigencia del art. 69 del C. P. P. N.– que no podía formularse reproche penal […], ello conduce necesariamente a la adopción de una resolución remisoria por parte del Tribunal, por cuanto quien tiene a su cargo impulsar la acción penal, justamente ha desistido de tal cometido.
[S]i el Sr. Fiscal de Juicio en su rol de titular del ejercicio de la acción penal, ha prestado su consentimiento para que se acceda a la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del imputado, exponiendo su opinión en forma razonable y lógica, aunque pudiera disentirse con sus conclusiones, ello permite tener por cumplido el requisito de motivación establecido por el art. 69 del C. P. P. N.
[N]o existiendo tampoco en el caso parte privada acusadora que coloque al tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde el dictado de un auto de sobreseimiento […] en cuanto al hecho que constituyó el objeto del proceso”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; DICTAMEN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; SOBRESEIMIENTO;
ALE (causa N° 22753)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J
La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo parcialmente lugar al recurso y concedió la medida cautelar (juezas Verón y Scolarici).
1. Acción de amparo. Contratos. LGBTIQ. Vulnerabilidad.
“[N]o implica desconocer la invocada condición de vulnerabilidad de la persona de la accionante, ni descarta de plano la incidencia de la alegada presunción contenida en el inciso B) del artículo 1199 del Código Civil y Comercial. Estos elementos no escapan a nuestro estudio, pero el resultado de su primera valoración, no resulta dirimente de la decisión que incumbe al tipo de acción en la que pretende encarrilar la actora el reconocimiento de sus derechos. Esta vía, tal como se encuentra legislada, es claramente desventajosa para dirimir cuestiones contractuales susceptibles de ser elucidadas en un marco cognoscitivo adecuado”.
“Es que, primeramente, no puede entenderse, en lo que a este estudio se refiere, que la decisión fundada de denegar la vía del amparo para el trámite del reclamo de la actora, configure un condicionamiento o forma de discriminación a la plenitud del ejercicio del derecho que le asiste al efectivo acceso a la jurisdicción, como le es especialmente tutelado por nuestra legislación (conf. las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, elaboradas por la Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su XIV Edicion). Entender esta decisión como un trato inadecuado a sus circunstancias singulares, evidencia una interpretación sesgada de las conclusiones y de los fundamentos de este tribunal, como así también de los sólidamente brindados por el distinguido Juez de grado en la resolución apelada, y de ningún modo alguno justifica el tipo de acción requerida.
En segundo término, no debe resignarse la consideración de que, si bien la norma del artículo 1199 de la ley fondal crea una presunción al establecer que si el plazo del contrato supera los tres meses, entonces no se ha celebrado una locación con fines de turismo o descanso, se trata de una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario […]. Es decir, la verdad formal presumida, podría eventualmente ser rebatida aportando para ello pruebas en contra por quien sostenga otra verdad distinta a la presumida, debiendo por ello ventilarse la cuestión por la vía y forma que el ordenamiento procesal prevé para ello”.
2. Emergencia sanitaria. Medidas cautelares. Tutela judicial efectiva. Vulnerabilidad.
“[E]s menester destacar que no escapa al conocimiento de este tribunal que la medida cautelar propiciada en el caso presenta aristas singulares que requieren su necesaria atención.
La ley adjetiva contempla la medida cautelar genérica o innominada, que regula el art. 232 [CPCCN], disposición que permite proteger tanto situaciones jurídico-materiales, como circunstancias de peligro, no contempladas en las medidas típicas o nominadas, con el objeto de evitar toda posible denegación de tutela judicial efectiva. Una moderna concepción del proceso exige poner el acento en el valor `eficacia´ de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido que su finalidad radica en tutelar derechos sustanciales cuya protección se requiere, y en ese marco de actuación, verificar si las medidas de resguardo solicitadas se presentan como una de las vías aptas, para asegurar el adecuado servicio de justicia, salvaguardando los derechos de las partes involucradas.
En este contexto, dentro de las limitaciones de la `sumario cognitio´ con que cabe valorar los escasos elementos de juicio incorporados al proceso, ante el peligro de daño irreparable que deriva de la particular situación fáctica presentada en la especie–, el tribunal encuentra razones para apartarse del temperamento seguido en la resolución que es objeto de apelación y, en consecuencia, disponer el despacho de un remedio cautelar que entiende pertinente, también, desde la perspectiva que ofrecen las pautas rectoras que operan en el marco de la emergencia sanitaria y dada la condición de vulnerabilidad invocada por la accionante.
En tales términos, teniendo en cuenta los antecedentes de la causa y las circunstancias actuales, se torna procedente la adopción de una tutela jurisdiccional, en la medida que ésta tiende, a la razonable salvaguarda de los derechos de la peticionaria y a evitar mayores detrimentos. Por ello, con carácter provisional y en el marco de lo dispuesto por el artículo 232 del Código Procesal”.
ACCION DE AMPARO; CONTRATOS; LGBTIQ; VULNERABILIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; MEDIDAS CAUTELARES; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Moreno Núñez (causa Nº 40744)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 15 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15, de manera unipersonal, absolvió a la imputada. Además, remitió copias de las partes relevantes del caso a la fiscalía del fuero contravencional a fin de que continuara con la investigación de la denuncia realizada por la mujer en la medida en que no implicara su revictimización (juez Martín).
1. Injurias. Calumnias. Tipicidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“El tipo penal de injurias, juntamente con el de calumnias, contenían en su redacción anterior problemas constitucionales, ya que admitían que se pudiera afectar con ellos la libertad de expresión, en especial respecto de asuntos públicos. Es por ello que, luego de que Argentina fuera condenada por la CorteIDH en el caso ‘Kimel’, se modificó la ley. […] Ahora bien, más allá de si la modificación cumple con lo indicado por la CorteIDH para el caso específico, no puede dejarse de considerar otras afirmaciones que la propia Corte hizo sobre esos delitos que resultan también pauta de interpretación para su redacción actual.
La CorteIDH sostuvo, entre otras cosas en el mencionado caso ‘Kimel’ que ‘El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En ese proceso de armonización le cabe un papel medular al Estado buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal propósito. Que se haga uso de la vía civil o penal dependerá de las consideraciones que abajo se mencionan’ […]. Pero, además, sostuvo que ‘La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal […]’ […].
A partir de ello, añadió que ‘La Corte no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación’…”.
2. Violencia de género. Hostigamiento. Amenazas. Debida diligencia. Legítima defensa.
“[La mujer] no denunció un hostigamiento por haber recibido una carta documento intimándola al desalojo del inmueble. […] Por el contrario, […] denunció en la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN, una sucesión de situaciones que dijo que había sufrido con [su expareja], y aceptó que se comunicara a la administración judicial penal de ello para iniciar esa clase de procesos, además del proceso civil de protección. […] En ese contexto, recibieron el caso en el MPF y al establecer el decreto de determinación de hechos, es decir, el objeto del proceso, lo acotaron incumpliendo el deber de debida diligencia reforzada para los casos de denuncia de violencia de género”.
“[L]a figura del art. 52 del Código Contravencional de la CABA que no sólo incluye el hostigamiento amenazante sino también el maltrato físico, en especial en casos de violencia de género, requiere de una perspectiva de análisis que no se acote a una única conducta aislada artificialmente, sino que debe ser contextualizada en la historia de la relación y como ella estuvo atravesada por relaciones asimétricas de poder y el ejercicio de la violencia en sus diversas manifestaciones. Para su interpretación con perspectiva de género se requiere tener en consideración los patrones socioculturales de conducta y ‘…todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer’…”.
“[A]cotar el caso a la recepción de una carta documento, es invisibilizar la relación previa, sus manifestaciones de violencia, y las circunstancias que llevaron a que la intimación de desalojo fuera sólo un punto visible de una historia. […] Además, […] era necesario también que se recortara como objeto del proceso las denuncias de situaciones que podrían configurar sin mayor dificultad tipos de un delito, por ejemplo, amenazas”.
“Así, aún sin advertir la historia que atraviesa el caso, se leía de la denuncia muchas más acciones que el envío de una carta documento. [La mujer] había descrito otros sucesos que más que en la figura contravencional de hostigamiento ingresaban directamente en la del tipo penal de amenazas […]. Por su parte, también ella había descripto otra conducta que si bien pareciera no encuadrar en el delito de lesiones sí podía, al menos, definirse inicialmente en la figura del art. 52 del código contravencional que no sólo contempla la del hostigamiento, sino también la del maltrato físico.
En tercer término, la afirmación del MPF que el caso debía ser canalizado en el proceso que ya se había iniciado, pierde de vista que quien acusaba en ese (este) proceso era [la parte querellante] y que [la mujer], lejos de poder sostener la denuncia de violencia que pretendía hacer para obtener una condena tenía que, centralmente, defenderse de una acusación de injurias, lo que implicaba invertir los roles de acusación y defensa. Es por ello que lo decidido en la CABA sobre el caso faltó al deber de debida diligencia por recortar artificialmente el caso, despojándolo de lo que el tipo contravencional requiere para analizar la situación, por omitir analizar situaciones denunciadas y que podrían configurar delitos u otras contravenciones, y por derivar la resolución de la denuncia hecha por [la mujer] a un proceso en el que quien la denuncia es su ex pareja.
Desde otra perspectiva, pero manteniendo esa misma clave de lectura, sería acertado considerar como hipótesis lo planteado por el defensor en cuanto a que la acción de [la mujer] de publicar esas afirmaciones constituyeron formas de legítima defensa, ante acciones de [su expareja] que aún consideradas válidas y legales en un contexto de análisis recortado y formal podían considerarse, en el marco de una historia de violencia, como otra forma de agresión ilegítima e inminente”.
3. Violencia de género. Extracción de testimonios.
“Con relación a lo solicitado por el defensor en punto a que saquen copias del caso para que se investigue debidamente los hechos denunciados por [la mujer], […] deberían enviarse copia íntegra del caso al MPF de CABA por varias razones. […] En primer lugar, es inapropiado que, al menos, en un inicio, un caso que da cuenta de una situación única y que atraviesa situación de violencia contra la mujer sea desmembrado en varias partes para que se investigue un tramo en cada lugar. [L]a CSJN ha señalado ya la necesidad de tramitación conjunta de causas radicadas originalmente en distintos tribunales con competencias parcialmente distintas, o incluso en distintas administraciones judiciales, cuando se tratan de sucesos únicos en un mismo contexto de violencia, aun cuando entre ellos hubieren transcurrido varios días, debido a que parecieran ser parte de un inescindible conflicto”.
“Por otro lado, es cierto que el archivo dispuesto por el MPF podría haber generado la imposibilidad de reabrir el caso, pero en todo caso se debería discutir el alcance de respecto de qué hechos ese archivo cierra el caso […]. [R]especto del suceso acotado como lo fuera por el decreto de determinación de hechos, el proceso podría no estar definitivamente cerrado. Además, debe considerarse que el delito de amenazas ya había sido transferido a la competencia de la CABA”.
INJURIAS; CALUMNIAS; TIPICIDAD; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; HOSTIGAMIENTO; AMENAZAS; DEBIDA DILIGENCIA; LEGÍTIMA DEFENSA; EXTRACCIÓN DE TESTIMONIOS;
Almeyda Gonzalez (causa N°  1725)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 hizo lugar al planteo y concedió el arresto domiciliario (jueces Grünberg, Basilico y Michilino).

1. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento.
“[L]as circunstancias evaluadas en el presente caso encuadran en el supuesto establecido en el art. 10 –inc. a) – del Código Penal y en el art. 32 –inc. a)– de la ley 24.660; ello en aras a descomprimir el hacinamiento carcelario, teniendo en cuenta el estado de salud de la imputada y la emergencia sanitaria declarada en razón del virus COVID-19”.
“[L]a situación actual de encierro carcelario de Almeyda González importa un evidente riesgo para su estado de salud; dado que las patologías que presenta la nombrada, de momento, no pueden ser diagnosticadas ni tratadas adecuadamente en la unidad penitenciaria en la que se encuentra alojada”.
“Si bien en el instituto penitenciario federal donde se encuentra alojada la imputada de mención no se detectaron –a la fecha– casos de coronavirus positivo (Covid-19), lo cual ubicaría a la imputada ante una situación de riesgo hipotético y/o presunto frente a la posibilidad de contagio de la mencionada enfermedad; lo cierto es que teniendo en consideración las conclusiones arribadas por el citado Cuerpo Médico que fueran detalladas ‘ut-supra’, corresponde conceder el beneficio del arresto domiciliario”.
PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO;
Agreda Amadol (causa N° 3467)Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires declaró parcialmente desierto el recurso (juezas Diaz y Schafrik y juez Balbín).
1. Derecho a la salud. Competencia. Federalismo. Responsabilidad del Estado. Jurisprudencia.
“[A]tento las particularidades del caso, cabe recordar […] que esta Sala tiene dicho que `…si bien nuestra forma de Estado se encuentra organizada bajo el régimen federal, con un sistema de competencias reservadas, delegadas, concurrentes y complementarias […], el Estado tiene la obligación constitucional y convencional de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio del derecho a la salud no se torne ilusorio. Esta obligación, principal y solidaria, no puede verse desdibujada amparándose en un régimen de distribución de competencias´ […].
En el […] pronunciamiento se destacó […] que `…el sistema de salud en nuestro país está integrado por distintos actores pero son las autoridades estatales las que garantizan –en el marco de sus respectivas competencias– la eficacia de dicho sistema, más allá de las acciones posteriores que ellas puedan encarar para solicitar las compensaciones o reintegros que correspondan, una vez asegurado el derecho que se encuentra en riesgo´, así como que `…el Estado, en cualquiera de sus niveles, no puede desligarse de los deberes que tiene asignados so pretexto de la inactividad de otras entidades públicas o privadas, máxime cuando ellas participan de un mismo sistema sanitario y lo que se encuentra en juego es la protección de sujetos que gozan de preferente tutela constitucional (conforme CSJN, Fallos: 327:2127), motivo por el cual –dadas las particulares circunstancias del caso– la tutela de salud debe emprenderse en forma coordinada por todos los planos de gobierno´.
Por las consideraciones expuestas, cabe concluir que no se encuentran satisfechas las exigencias de fundamentación requeridas para sostener el recurso sobre esta cuestión y, por lo tanto, corresponde declararlo desierto…”.
DERECHO A LA SALUD; COMPETENCIA; FEDERALISMO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; JURISPRUDENCIA;
Quispe (causa N° 13439)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°1
El Tribunal Federal de Juicio N° 1 de Salta condenó a la imputada a la pena de tres años de prisión en suspenso por considerarla de partícipe no necesaria del delito de transporte de estupefacientes y dispuso su libertad (jueza Snopek y jueces Batule y Fleming).
1. Transporte de estupefacientes. Participación criminal. Vínculo. Prueba. Apreciación de la prueba.
“Quedó acreditado que fue el [el hombre] quien estuvo en contacto en todo momento con [los otros participantes] para concretar el envío y retiro de las encomiendas con estupefaciente, conforme surge de los hechos no controvertidos que fueron analizados durante el juicio de responsabilidad.
El MPF, si bien propuso la tesis del agravante respecto de la acusada, lo cierto es que no fue acreditado por ningún medio de prueba que la Sra. Quispe conociera o mantuviera contacto con algún otro miembro de la organización destinada al transporte de estupefacientes, ni en el momento previo al envío, ni durante, ni con posterioridad al arribo del estupefaciente a la Ciudad de Córdoba; sino únicamente con su pareja […], lo que surgió a partir de llamadas telefónicas entre ambos que impactaron en las antenas durante el periplo, pero ello puede perfectamente encuadras en el vínculo afectivo que mantenían, por lo tanto no puede ser tenido como una prueba de cargo suficiente para establecer el agravante pretendido por la parte acusadora”.
“Por ello, este Tribunal entendió que la calificación legal del hecho debe encuadrarse en el transporte de estupefacientes, descartando el agravante. […] El Tribunal, descarta en el presente caso la coautoría, ya que entiende que la Sra. Quispe prestó una colaboración no esencial a quien tuvo en todo momento del inter criminis el dominio del hecho, es decir a su entonces pareja […]. Facilitó un vehículo de su propiedad para realizar el viaje desde la provincia de Jujuy hasta la ciudad de Salta para despachar las encomiendas, pero lo cierto es que [la pareja] podría haber viajado por su cuenta y por distintos medios de transporte, o incluso despachar las encomiendas desde la sucursal de la misma empresa [...] sito en la provincia de Jujuy.
Otro argumento que fundamenta tal razonamiento [se encuentra] al analizar si el hecho acreditado resulta propio o ajeno, entendiendo al autor a quien participa en un hecho propio y partícipe al que interviene o colabora en un hecho ajeno. […] Aparece claro para el Tribunal, y fue materia de deliberación, que es [la pareja] quien tuvo interés directo en el plan criminal en el alfa y omega…”.
2. Transporte de estupefacientes. Agravantes. Tipicidad. Pena.
“Al respecto habrá de tenerse en cuenta que la razón de política criminal del agravamiento de pena es la mayor chance de éxito que otorga el número plural y la división de tareas de este grupo colectivo de personas tendientes a asegurar la operación criminal y también a neutralizar los esfuerzos de prevención que puede llevar a cabo la fuerza de seguridad.
En el presente caso, aunque la Sra. Quispe hubiera conocido la intervención de terceras personas (circunstancia que no fue acreditada), ello no habría sido suficiente para imputarle el agravante. Debió haberse probado además que la Sra. Quispe actuó de consuno con cada uno de los miembros en el esquema orquestado por este grupo de personas que intervino en la trama delictiva acreditada, aspecto que tal como se dijo párrafos anteriores no fue determinado.
Tampoco se puede hablar en este hecho, sobre el tercero receptor de la encomienda conforme lo alegara el MPF, ya que para la Sra. Quispe, era [la pareja] quien estaba a cargo de despacho y retiro de las encomiendas en la ciudad de Córdoba. De hecho, quedó acreditado que fue [la pareja] quien viajó a dicha ciudad […] luego de despachar las encomiendas, y que tenía previsto volver a la provincia de Jujuy al día siguiente; y esta circunstancia era conocida por Quispe también producto de su relación de pareja.
3. Transporte de estupefacientes. Participación criminal. Vínculo. Dolo. In dubio pro reo.
“Así, mientras la Sra. Quispe aparece desinteresada con el resultado del plan criminal, lo único que la vincula con posterioridad al despacho de las encomiendas son las comunicaciones telefónicas con [la pareja] pero debe interpretarse en el contexto que había una relación de pareja y no como un único indicio de cargo”.
“Por otro lado, no se pudo determinar cuál fue el motivo por el que Quispe se acercó hasta la balanza al momento de pesar los bultos, una hipótesis fue que era para controlar el peso conforme lo expuesto por el MPF, mientras que la defensa planteó que fue por una cuestión de celos ya que pensó que la destinataria era otra mujer. Lo cierto es que nada de esto fue acreditado, por lo que, siendo un punto controvertido y no aclarado por las partes, debe jugar a favor de la acusada el principio de la duda, y ser descartado como un indicio de cargo para acreditar un interés directo con el resultado del ilícito y en consecuencia para tenerla como coautora.
Si bien participó en la acción típica de transporte, adquiere mayor relevancia la valoración de que su intervención no resultó esencial, esto al considerar que la descarga de los bultos desde el auto y su traslado por unos pocos metros hasta la balanza de la empresa no era condicionante para la concreción del ilícito, puesto que dentro de lo que era el plan del traslado, resultó su actuación ser un hecho puntual y segmentario.
En tal sentido, puede que el dolo de cooperación se sitúe en el momento mismo de verificar el despacho de los bultos. Se desconoce si la Sra. Quispe pudo hacer una verificación de los bultos en la provincia de Jujuy o durante el viaje el único momento donde se acreditó dicho extremo fue al momento de despachar y pesar los bultos en la empresa […], conforme quedó registrado en las cámaras de seguridad y por los dichos de empleados de la empresa durante el debate, sin que ello implique apartarla de la acción típica del transporte”.
“Como tercer factor es la consideración del dominio del hecho o por lo menos la voluntad del dominio del hecho. Ninguno de estos extremos fue acreditado respecto de la Sra. Quispe. No se observa que haya excedido su rol de partícipe en un hecho ajeno, aporte que se explica desde la particular relación entre Quispe y [la pareja]”.
4. Género. Vulnerabilidad. Informe psicológico.
“Durante la deliberación se tuvo presente en todo la información proporcionada por la licenciada [psicóloga propuesta por la defensa] (testigo de descargo) quien mantuvo entrevistas con la Sra. Quispe y su grupo familiar y relató aspectos sobre su historia de vida, y en particular su dependencia afectiva y económica respecto de su pareja […]. Si bien esa circunstancia no es descartada, lo cierto es que no desplaza en el presente caso la responsabilidad de Quispe conforme lo prevé el art. 34 del CP, pero ello si es valorado de una manera relacionada y comparativa con la esencialidad o fungibilidad de la ayuda que Quispe prestó a [su pareja], cobrando relevancia este asunto en su colaboración no necesaria dentro del entramado colectivo”.
5. Pena. Determinación de la pena. Condena condicional. Principio de reinserción social.
“El MPF no hizo un despliegue argumental sobre la modalidad del cumplimiento efectivo de la pena, ya que, al haber pedido una pena de 3 años y 3 meses, estaba ínsita la modalidad conforme al monto de la pena. […] No obstante, llama la atención que la petición de individualización se ubique tan próximo a los tres años, que obra como límite a la posibilidad del cumplimiento condicional. [C]uando la pena supera los 3 años, pero en una escasa proporción, en realidad no tiene que ver con la individualización en si del castigo, si no en definir el tipo de modalidad de cumplimiento. Es decir que más allá de la dimensión de la pena, tiene que ver con el propósito de buscar un cumplimiento efectivo de la pena.
Hay que tener presente que la corta duración de la pena tiene que ver con la posibilidad real de un tratamiento resocializador; por ello la ley prevé que para condenas de hasta 3 años de prisión, en el caso de aplicación a primarios, debe analizarse la posibilidad de que sea de cumplimiento condicional. Como política criminal se desaconseja el encierro por dos motivos: i) se busca evitar una contaminación carcelaria; y ii) por que conlleva la imposibilidad de desarrollar un tratamiento resocializador con cierta chance de éxito.
El art. 26, en su literalidad ordena fundar la modalidad condicional a raíz de una antigua máxima de que las penas se dictan para ser cumplidas, mientras que la modalidad de cumplimiento condicional era tomada como una excepción. Por esta razón los Tribunales acostumbran a fundar solamente la condenación condicional y no la modalidad efectiva, ya que estaba legitimado por ley. […] Esta práctica se dio hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Squilario […]’ (329:3006, CSJN, 08/08/2006)’, estableció como doctrina judicial que se deben fundar ambas modalidades de cumplimiento; porque ello hace al derecho de defensa de la persona condenada. Este precedente jurisprudencial fija el principio de que toda pena de hasta 3 años de prisión debe ser analizada bajo la variante de la condicionalidad, y en el caso de que los jueces se aparten deben fundarlo.
En el presente caso, el MPF no brindó mayores argumentos significativos para que el cumplimiento de la pena sea efectivo; por lo que el Tribunal tiene que aplicar necesariamente la pena bajo la modalidad condicional. […] No se observa cuáles serían los motivos que justifiquen un cumplimiento de pena efectivo, ya que la Sra. Quispe tiene la condición de primaria, es decir no tiene antecedentes penales computables en su contra. Tampoco se explica cómo puede influir en una resocialización de la Sra. Quispe, contrariamente a lo que ocurre en el caso de la condicional, variante que funciona como elemento disuasorio para la comisión de un nuevo delito, ya que la condenada tiene el conocimiento de que en el supuesto de cometer un nuevo delito, va a tener que soportar las consecuencias del mismo y también las consecuencias de este pronunciamiento; por lo que funciona como un aliciente dentro de su oportunidad de sociabilización, y para que no vuelva a tener en el futuro un nuevo conflicto con la ley”.
Por último, no puede escapar a este Tribunal la circunstancia, debidamente acreditada por parte de la Defensa, que la Sra. Quispe convive y tiene a su cargo el cuidado de una nieta menor de edad, por lo que un cumplimiento efectivo afectaría a terceros, quebrando el principio de responsabilidad por el hecho y de no trascendencia de la pena”.
TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; VÍNCULO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; AGRAVANTES; TIPICIDAD; PENA; DOLO; IN DUBIO PRO REO; GÉNERO; VULNERABILIDAD; INFORME PSICOLÓGICO;
Martin (causa N° 20120)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y anuló la decisión impugnada (jueces Carbajo y Hornos).
1. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Dictamen.
“Toda vez que no se ha verificado controversia entre lo solicitado por la defensa técnica oficial del nombrado y lo dictaminado fundadamente por la señora fiscal, corresponde acoger favorablemente el recurso de casación interpuesto”.
“En consecuencia, carece de adecuada fundamentación la resolución dictada por el tribunal que desatiende la opinión del Ministerio Público Fiscal expuesta en materia de solicitud de medidas cautelares, sobre todo si el decisorio basa su apartamiento de tal postura –a la que no tacha de infundada– en condiciones que no son suficientes para considerar motivado el fallo impugnado”.
2. Reforma legal. Código Procesal Penal. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria.
“[D]ebe tomarse en cuenta lo normado por el art. 210 del C.P.P.F. –ya implementado– en cuanto al rol que posee el acusador en materia de solicitud de medidas cautelares. En este punto, resulta ineludible resaltar que el representante del Ministerio Público Fiscal ha dictaminado fundadamente en favor de la morigeración de la prisión preventiva en una prisión domiciliaria y que el tribunal ha justificado su apartamiento en condiciones insuficientes para considerar fundada la resolución recurrida, en razón de no haber explicitado los motivos por los cuales desestimó la postura de la acusación”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; DICTAMEN; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Flores (causa N°  2371)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
1. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Código Procesal Penal. Reforma legal.
“[E]l tribunal ha afirmado que no existe –por el momento– una medida alternativa al encierro que permita garantizar la sujeción de Flores al proceso, pero no ha brindado argumentos para fundamentar tal determinación, sino que únicamente se remitió a lo expuesto en una decisión anterior en la que se denegó la excarcelación.
[T]al como lo sostuvo la parte recurrente, el caso no fue analizado conforme la normativa prevista en el art. 210, CPPF. Por otra parte, dado que el a quo hizo mención a la confirmación de un anterior pedido de prisión domiciliaria por parte del superior; cabe destacar que una de las razones por las que la Sala I de esta Cámara confirmó la decisión, tuvo que ver con que de las constancias de la causa no surgía la presencia de un domicilio constatado en el que Flores pudiera cumplir la prisión domiciliaria, siendo éste un requisito indispensable para el otorgamiento del instituto”.
PRISIÓN PREVENTIVA; PRISIÓN DOMICILIARIA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL;
Ancarola (causa N° 35421)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M
1. Abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes. Violencia de género. Indemnización.
“Cuando las víctimas son niñas, la problemática del abuso sexual infantil debe ser incluida en los hechos de violencia de género […]. [E]l caso debe ser juzgado bajo el doble estándar de protección internacional de los derechos humanos que ampara a las niñas víctimas de abuso, es decir, en cuanto niñas y mujeres…”.
“Por la incidencia directa que tiene para resolver este caso, merece destacarse también, la Recomendación General 19 de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): `Los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización a las víctimas´. Precisamente, esto es de lo que se trata en la especie”.
“No debe perderse de vista que el abuso sexual infantil es una de las formas más severas de maltrato […]. Constituye uno de los traumas psíquicos más intensos cuyas consecuencias son sumamente destructivas para la formación y estructuración de su personalidad, a tal punto que sus efectos se han comparado a los de `un balazo psíquico´ o con una `tentativa de asesinato moral´ […]. Una agresión de esta índole, vulnera, sin duda, el derecho al propio cuerpo, a la libertad de hacer y a su aspecto negativo, como decir `no´ a diversas expresiones de contenido sexual…”.
2. Abuso sexual. Daño. Indemnización.
“Es muy difícil calibrar la magnitud del daño sufrido por los niños abusados a largo plazo, debido a que los episodios traumáticos impactan sobre un psiquismo muy frágil…”.
“[N]i la corta edad de la damnificada niel hecho de carecer de recuerdos vívidos del hecho, constituyen excusas que obsten a la reparación plena de la enorme afección que experimentó en su esfera íntima y sus repercusiones negativas. El ilícito que menoscabó sus derechos fundamentales existió, obligándola a tener una aproximación de contenido sexual que su frágil psiquismo pudo advertir como perturbador y violento. [E]l daño extrapatrimonial causado a la niña, justifica que se mantenga la suma fijada en su favor en la sentencia que se revisa”.
3. Establecimiento educativo. Protección de menores.
“[L]a relación que se genera entre el establecimiento escolar y los usuarios constituye una relación de consumo, en el cual el proveedor es el colegio y consumidor el educando, en la medida que recibe la prestación aun sin ser parte en el contrato, carácter que revestirán sus representantes legales en atención a su menor edad. Por cierto, se trata de un sujeto particularmente débil –en general, son niños, niñas o adolescentes– de modo que se impone en tal caso la acentuación del principio protectorio…”.
4. Defensa del consumidor. Principio de dignidad humana.
“[L]a referencia a la dignidad de la persona es, además, la llave para identificar a los derechos de consumidores y usuarios en el sistema que tutela los derechos humanos […]. Como corolario de ello, es innegable también que el respeto por la dignidad inherente a los seres humanos, reviste el carácter de principio general del derecho que se expande por todo el ordenamiento jurídico, con jerarquía constitucional […].
De lo expuesto se deduce que los principios y disposiciones relacionadas con los derechos de consumidores y usuarios no se circunscribe a la protección de los derechos de contenido patrimonial, sino que expande a los aspectos extrapatrimoniales, como una necesidad de priorizar a la persona, resguardándola de la creciente despersonalización que promueve la sociedad de consumo […]. Por lo que cabe afirmar que el derecho del consumidor tiene un contenido más amplio que el que surge de la ley especial, que no lo agota […]. La dimensión antedicha cobra singular relevancia en aquellos casos en que el daño causado con motivo de la relación de consumo –concepto que aprehende una inmensa variedad de supuestos de distinta índole– tiene como principal protagonista a la persona, como ocurre en el contrato de enseñanza o en aquellos otros vinculados directamente con la salud”.
5. Abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Defensa del consumidor. Trato digno (Ley de Defensa del consumidor).
“Es verdad que KAP ha sido la víctima directa de la vejación, pues el delito de abuso sexual fue cometido en su perjuicio y, como tal, fue la principal afectada por la conducta obstruccionista reprochada a la institución durante la investigación de aquél. Pero, […] sus padres ocupan el lugar de usuarios en la relación de consumo y se encuentran legitimados también para reclamar el daño punitivo.
En efecto, la relación jurídica de índole contractual se constituyó entre los padres de KAP y la fundación demandada. Fueron ellos quienes, en cumplimiento de los deberes impuestos por la responsabilidad parental, celebraron el contrato de enseñanza y confiaron al colegio la educación y cuidado de su hija que, por su corta edad, muy lejos estaba de hallarse en condiciones, por falta de discernimiento, de prestar su consentimiento para concluir el contrato. En todo caso, se trató de una estipulación concertada por los progenitores en beneficio de su hija, pero de ello no se sigue que resulten ajenos a la génesis del contrato ni a su correcto desenvolvimiento, el que exige al proveedor garantizar las condiciones de trato digno y equitativo en el desarrollo del vínculo. De allí que, como parte de la relación de consumo y activos participantes durante la investigación del delito, merecían que se les dispense dicho trato”.
“[E]l trato digno que merecían la niña y sus padres generaba deberes de conducta concretos para las autoridades del colegio, y no sólo declamaciones. Entre ellos se destaca el deber de acompañarlos en la dolorosa tarea de esclarecer el caso y de identificar al autor de la vejación. Cuadra recordar que mientras se llevaba a cabo la investigación del delito, fue sancionada la Ley de Protección Integral a las Mujeres […], cuyo art. 18 establece la obligación de las personas que desempeñen servicios asistenciales, sociales, educativos y de la salud, en el ámbito público y privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres, de formular las denuncias, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito. Por cierto, no basta con formular la denuncia […] para cumplir con la directiva legal, sino que es preciso adoptar una actitud de colaboración efectiva tendiente a esclarecer el hecho de violencia.
Es sabido que para cumplir con la manda constitucional, es indispensable garantizar trato digno al consumidor yal usuario, en cualquiera de las etapas de la relación de consumo, es decir, desde el comienzo, el desarrollo y su finalización […]Sin duda, el propósito exteriorizado de desviar la investigación, insinuando que el autor del delito debía ser buscado en el seno familiar, es diametralmente opuesto a la actitud que era exigible y revela un grave menosprecio a la dignidad de los actores, una humillación que justifica la sanción requerida en la demanda”.
6. Consumidores. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad.
“No pasa inadvertido que KAP es un `consumidor hipervulnerable´, es decir, extremadamente frágil […], situación que reclama una protección más intensa, en consonancia con la que establecen los Tratados Internacionales […]. Su vulnerabilidad […] se apoya no sólo en su condición de mujer, sino también en su edad, que supone mayor indefensión para hacer frente a los problemas que acarrea la vida […]. También fueron víctimas sus progenitores que […] vieron defraudada su confianza por uno de los sujetos llamados a velar por la protección de su hija […].
Las características del delito y de la víctima, la violación grosera de la especial confianza depositada por los padres al elegir la institución a la que encomendaron nada menos que el cuidado y formación de sus hijos, exigía obrar con la mayor diligencia en el esclarecimiento del hecho aberrante enrostrado a su dependiente. Pero, lamentablemente, optaron por distraer la atención con el inconfesado –pero evidente– propósito de eludir la responsabilidad que recaía sobre el establecimiento, y adoptaron un temperamento contrario, en una abierta violación de las directivas constitucionales. Este hecho es de tal gravedad que torna inequívoca en este caso la procedencia de la sanción prevista por el art. 52 bis de la ley 24.240 que, por su propia índole, adquiere también carácter disuasorio, en orden a prevenir conductas que, persistan en la violación de los derechos fundamentales de los afectados”.
ABUSO SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA DE GÉNERO; INDEMNIZACIÓN; DAÑO; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; PROTECCIÓN DE MENORES; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TRATO DIGNO (LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR); CONSUMIDORES; VULNERABILIDAD;
Mendez (causa N° 11112557)Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, revocó la resolución y admitió la medida cautelar. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Salud provincial que, en el plazo de cinco días, arbitrase las medidas necesarias para suministrar los tests al hogar. Además, ordenó que la entrega se realizara con la periodicidad necesaria para que se monitorease el estado de salud de las personas, hasta tanto se dictase sentencia definitiva. Finalmente, dispuso que, de acuerdo con el resultado que arrojasen los tests, se suministrasen los hisopados correspondientes (juez Spacarotel y jueza Milanta).
1. Medidas cautelares. Medidas precautorias. Emergencia sanitaria.
“[P]rocede admitir la diligencia precautoria pretendida, toda vez que, analizadas las constancias agregadas a la causa, en el delimitado marco cognoscitivo propio de las diligencias cautelares, cabe decir que, en el caso concreto, se acreditan suficientemente los requisitos para su procedencia, ponderados de conformidad a la índole de los bienes que se procuran tutelar y al compromiso que, sobre aquéllos, la no adopción de tal medida –de carácter preventivo– resulte susceptible de ocasionar […].
Cabe recordar, en primer lugar, el especial contexto actual imperante, donde el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de lo cual se tomaran diversas medidas en nuestro país –en que rige en la actualidad el aislamiento social, preventivo y obligatorio […]–, reflejando dicha coyuntura, la grave emergencia sanitaria nacional y los bienes jurídicos tutelados en ciernes (la vida y la salud, arts. 75 inc. 22 y 23 CN)”.
2. Emergencia sanitaria. Adultos mayores. Vulnerabilidad. Medidas de acción positiva. Personas con discapacidad.
“[N]inguna duda cabe en cuanto a la mayor situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas mayores frente a un posible contagio de COVID-19, habiéndose elaborado desde la órbita de la autoridad sanitaria bonaerense, recomendaciones para la prevención en residencias de personas mayores de edad, al considerarla `población vulnerable´, procurando evitar la introducción del COVID-19 en tales establecimientos […].
En ese contexto, se revigoriza el mandato constitucional del artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional […], y el consecuente deber de promover medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales, en resguardo de un grupo de extrema vulnerabilidad como son los ancianos y su salud –más aún ante la presencia de alguna discapacidad…”.
3. Emergencia sanitaria. Prevención. Adultos mayores.
“Tales circunstancias tornan necesaria la adopción de medidas no sólo paliativas sino principalmente y en especial de tinte preventivas, con carácter urgente, en salvaguarda de la integridad de la población de mayor riesgo ante el virus y del equipo de salud que la asiste.
Máxime ponderando que el aludido mandato constitucional ha de aggiornarse en un marco situacional como el actual, que va variando día tras día y amerita ponderar el comportamiento, evolución y variación epidemiológica que se presenta en cada momento y lugar determinados, reflejado ello –en lo que al caso puntual de los geriátricos refiere– en cuanto resultan de público conocimiento […] los contagios ocurridos en el seno de hogares de ancianos y la gravedad de la situación epidemiológica en el área metropolitana bonaerense”.
4. Derecho a la salud. Personas con discapacidad. Medidas de acción positiva.
“[L]a solución aquí propiciada se encuentra en línea con las actuales medidas de acción que ha comenzado a implementar la autoridad sanitaria provincial, con carácter preventivo –es decir, aún ante la inexistencia de casos sospechosos y/o confirmados de COVID19–, en la medida que se ha encarado la ejecución de protocolos de acción en establecimientos geriátricos –`metodología de pooles´-, consistentes en efectuar testeos de múltiples personas mayores y equipos de salud para evaluar la incidencia del virus en tales poblaciones vulnerables […].
En ese marco, reviste relevancia recordar que el derecho a la salud representa uno de los corolarios del derecho a la vida, y su reconocimiento como prerrogativa personalísima posee expresa raigambre constitucional con la incorporación como Ley Suprema de los tratados internacionales que así lo receptan…”.
“[L]a obligación de adoptar medidas aun en subsidio desde el Poder Judicial surge clara a la luz de lo expresado –también obligatoriamente para todos los jueces y funcionarios– por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los derechos de las personas con discapacidad (CIDH. Caso `Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas´[…]), así como a mérito de lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad…”.
5. Adultos mayores. Personas con discapacidad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Control de convencionalidad. Responsabilidad del Estado.
“En tal particular contexto, ponderando los derechos comprometidos en riesgo, de una mujer mayor de avanzada edad y discapacitada, cabe adoptar un criterio protectorio en función de los bienes en juego, el compromiso vital de los mismos, su condición (acumulativa) de sujeto preferente constitucional y convencionalmente impuesto (mujer mayor y discapacitada), el alcance de las obligaciones en clave constitucional-convencional existentes y asumidas [...].
Bajo una justa hermenéutica inherente al `control de convencionalidad´ que corresponde adoptar para analizar la presente petición, es dable poner de manifiesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) […] expidió la Resolución Nº 1/20 `Pandemia y Derechos Humanos en las Américas´, en la cual no sólo advierte la afectación a la vigencia de los derechos humanos a causa de la COVID- 19, tales como la libertad, salud, integridad personal, trabajo, etc.; además, establece recomendaciones que los Estados de la Región deben considerar previamente al dictado de sus medidas de contención de la pandemia, a fin de que se respeten los derechos humanos.
En este sentido, y en particular, sobre los grupos en situación de vulnerabilidad […]s exhorta que los Estados, al momento de tomar decisiones de emergencia ante la COVID-19, deben aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a su impacto diferenciado”.
“En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), urge a los Estados a brindar una protección reforzada a las personas mayores de la región, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos, de acuerdo con la Convención Interamericana  sobre  la Protección  de  los  Derechos  Humanos de las Personas Mayores,  y  con  los  estándares  y  las  recomendaciones  de  su Resolución  No. 01/20…”.
6. Peligro en la demora. Medidas precautorias. Prevención.
“[E]l peligro en la demora surge prístino en tanto la medida procura tutelar a una persona mayor que integra –junto con los restantes ancianos alojados en el establecimiento– un grupo de riesgo por razones etarias, y que en caso de un contagio de COVID-19, presenta en general complicaciones de salud más severas que las de personas más jóvenes, en gran parte de los casos con alcances irreversibles.
Dentro de un razonable margen de probabilidades […], la medida solicitada, reluce razonable a fin de evitar un grave e inminente perjuicio que podría tornarse en una situación irreparable; ello así a los fines de asegurar la vigencia cierta del derecho a la salud y a la vida que asiste a los destinatarios de la medida, frente a un riesgo inminente, por la edad avanzada de los mismos, que sólo solicitan la atención preventiva y adecuada, para ser diagnosticados tempranamente, a fin de procurar la atención en tiempo vital de las posibles consecuencias que genera la presente pandemia para esos grupos especialmente expuestos y vulnerables al compromiso del derecho a la salud y la vida.
Por último, no se advierte que la medida precautoria ordenada pueda ocasionar una grave afectación al interés público. Antes bien, una debida estrategia sanitaria preventiva, de atención temprana de un test que diagnostique la existencia de una enfermedad, genera para el estado el conocimiento primario de posibles casos que pudieran estar ocultos, con la consiguiente y probable expansión silenciosa de la pandemia social, con efectos de graves consecuencias al sistema de salud pública”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDAS PRECAUTORIAS; EMERGENCIA SANITARIA; ADULTOS MAYORES; VULNERABILIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PREVENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Asociación Civil Protecc. Ambiental del Río Paraná (causa N° 3570)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó días y horas inhábiles e hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministros Lorenzetti, Rosatti y Maqueda y ministra Highton de Nolasco).
1. Medidas cautelares. Medio ambiente. Daño ambiental. Prevención. Principio precautorio.
“[L]as resoluciones que se refieren a medidas cautelares, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario ya que no revisten –como regla– el carácter de sentencias definitivas, principio que […] admite excepción cuando la medida dispuesta es susceptible de producir un agravio al medio ambiente que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos: 339:142).
En ese sentido, no puede dejar de señalarse que en el particular ámbito de las demandas encuadradas en lasprescripciones de la Ley General del Ambiente, la interpretación […] debe efectuarse desde una moderna concepción de las medidas necesarias para protección del medio ambiente, pues el art. 4° de esa introduce en la materia los principios de prevención del daño ambiental y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles […].
Es a la luz de estos principios que debe interpretarse el último párrafo del art. 32 de la Ley General del Ambiente en cuanto en él se dispone que en cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, que el juez también podrá disponer sin petición de parte, aun sin audiencia de la parte contraria, prestándose debida caución por los daños y perjuicios  que pudieran producirse...” (considerando 3°).
2. Prueba. Carga de la prueba. Principio precautorio. Daño ambiental.
“[A]l omitir toda referencia a la prueba aludida, el tribunal no realizó el juicio de ponderación al que obliga la aplicación del principio precautorio, según el cual, cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente” (considerando 6°).
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIO AMBIENTE; DAÑO AMBIENTAL; PREVENCIÓN; PRINCIPIO PRECAUTORIO; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA;
Gamarra (causa N° 5606)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, por mayoría, hizo lugar al recurso, revocó la decisión impugnada y concedió el arresto domiciliado a la imputada bajo la modalidad de vigilancia electrónica. Además, dispuso que la defensa ofreciera un domicilio distinto para implementar la medida (jueces Busaniche y López Arango).
1. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad.
“[D]e las constancias de autos, surge que la imputada Gamarra es madre de tres hijos, de los cuales dos de ellos son menores de edad, (M. E. -7 años de edad- y R. M. E. -17 años de edad-), y C. M. E. de 20 años de edad, quien tendría una discapacidad en sus rodillas, y estaría a cargo de los dos menores […], por lo que se presenta la posibilidad de obtener la detención domiciliaria en un supuesto no contemplado legalmente, toda vez que, si nos atenemos a la literalidad del […] art. 32 en su inciso f) de la ley 24660, T.O. Ley 26472, no resulta aplicable el instituto en análisis.
Sin perjuicio de ello, aun cuando no le corresponde legalmente a la imputada gozar del beneficio en cuestión, en el presente se ha solicitado la aplicación de un orden normativo superior, debiendo procederse a su consideración”.
“[Se debe] otorgar particular incidencia en la resolución de la cuestión al ‘interés superior del niño’, por lo que habrá de atenderse a las particularidades de cada caso en concreto, teniendo en consideración que el supuesto previsto por la norma –menor de cinco años- no debe interpretarse como un límite insalvable que impida decretar la detención domiciliaria cuando las circunstancias del caso así lo exijan”.
“[S]e advierte que los menores – y en particular M.- se encontrarían en situación de vulnerabilidad, circunstancia que conlleva a una solución diferente a la adoptada por el a quo. […] De tal modo, se estima prudente otorgar preponderancia al interés superior del niño, en lo que refiere a la necesidad de tutela y preservación de las relaciones familiares directas, procurando conservar el contacto directo con su progenitora fuera del ámbito carcelario, aun cuando la imputada siga privada de su libertad, rescatando una vez más, la importancia que ello tiene para cualquiera de los protagonistas”.
2. Prisión domiciliaria. Domicilio.
“[C]abe tener presente que el domicilio donde fue aprehendida […] fue donde se produjo el hallazgo de estupefacientes […]; por lo que no se presenta como el ámbito más idóneo para contenerla adecuadamente; es por ello que la defensa deberá ofrecer, ante la instancia a-quo, un domicilio distinto a los fines de la ejecución del presente beneficio”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; DOMICILIO;
BLA (causa N° 16312)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución apelada (juezas Iturbide y Pérez Pardo y juez Liberman).
1. Obras sociales. Alimentos. Violencia de género.
“En cuanto a las pautas para fijar alimentos en los términos de los arts. 433 y 434 del CCyCN y su pauta temporal, […] la recurrente carece de legitimación para cuestionar los alimentos provisorios fijados a favor de la Sra. B. y a cargo del Sr. V., por lo que serán desestimados los agravios vertidos, máxime cuando la medida ha sido dictada en un contexto de violencia de género”.
2. Derecho a la salud. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad. Violencia de género. Emergencia sanitaria.
“[S]e trata de un proceso sobre internación que involucra a una persona que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad por tratarse de una mujer con discapacidad, víctima de violencia de género […],encontrándose de por medio derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
“[Los alimentos provisorios] fueron otorgados con base convencional en virtud de los mandatos dados a los Estados parte en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belén do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). [L]os derechos y garantías reconocidas en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad […] también integran el bloque constitucional, en especial el reconocimiento del derecho a la salud…”.
“[E]l Sr. V. fue a desafiliar en forma voluntaria a la causante en un momento en el cual, si bien no se había aun declarado el estado de pandemia, la mayoría de los países se encontraban afectados por el Covid 19 y en ese contexto debía, en mayor medida, garantizarse la cobertura de salud”.
OBRAS SOCIALES; ALIMENTOS; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHO A LA SALUD; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EMERGENCIA SANITARIA;
Barone (causa Nº 61822)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia apelada y exhortó al juez de primera instancia para que adaptase los plazos de condena por la emergencia sanitaria decretada (jueza Guisado y juez Rodriguez).
1. Personas con discapacidad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Accesibilidad.
“[L]a discapacidad asume un sentido multidimensional referido a la interacción de la persona y su entorno físico y social, o entre las características de salud y los factores contextuales. Es un fenómeno social que requiere básicamente la consideración de la integración de la persona en el contexto social. Y para ello se requiere el respeto integral de la persona y ello a fin de superar las vallas que se oponen a ese proceso de integración. La ofensa mantendrá conexiones con los variados obstáculos que incidirán sobre sus derechos personales, los que a su vez estarán muchas veces vinculados a la posibilidad de alcanzar una vida independiente y en plena igualdad, posibilitando un entorno familiar y social adecuado…”.
“En nuestro ordenamiento los Derechos Humanos forman parte de un derecho positivo supranacional, algunos consagrados por documentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, CN) y otros aprobados por ley interna, formando parte del ordenamiento jurídico nacional. Cabe destacar de forma particular la ley 22.431 […] que establece un sistema de protección integral de [las personas con discapacidad], y que el juez analizó detalladamente, sobre todo los conceptos más relevantes de `accesibilidad´, `barreras físicas urbanas´, `barreras arquitectónicas´.
[L]a Organización de Naciones Unidas promulgó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Este documento entró en vigor en mayo de 2008 e introdujo una nueva perspectiva en el modo de abordar la discapacidad […] pues establece el derecho a una vida independiente, en igualdad de condiciones con respecto a los demás, adecuándose el entorno a su situación y debiéndose tener en cuenta sus necesidades (conf. art. 19 y concs. de la Convención aprobada por Ley 26.378).
Por último, el nuevo Código Civil y Comercial recuerda que la interpretación de éste debe ser conforme con la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos (arts. 1º y 2º del Cód. Civil y Comercial)”.
“[L]a decisión [apelada se apoyó] en la Constitución Nacional que prevé la adopción de medidas de acción positiva destinadas a garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por ella y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (artículo 75, inc. 23 norma que, si bien está dirigida al Congreso Nacional, tiene indudable proyección sistémica) y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo territorio se ubica el local en cuestión (art. 42 entre otros)”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACCESIBILIDAD;
Balgoczki (Causa N° 402)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la resolución impugnada y declaró improcedente la extradición (ministros Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz y ministra Highton de Nolasco).
1. Extradición. Cooperación penal internacional. Prescripción. Requerimiento judicial.
“[S]egún el artículo 11, inciso a, de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, la extradición no será concedida si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la ley del Estado requirente. A tal efecto, la solicitud de extradición de un imputado debe contener referencias específicas ´acerca de la fecha´ en que se cometió el hecho delictivo (artículo 13.a.); una ´explicación´ acerca de ´las razones por las cuales la acción penal no se encuentra extinguida´ (artículo 13.c.) y el ´texto de las normas penales y procesales aplicables al caso´ en cuanto estén vinculadas al extremo en cuestión (artículo 13.e.)” (considerando 3°).
“[Hungría] no incluyó el ´texto de las normas penales y procesales´ aplicables en cuanto estén vinculadas al extremo de la prescripción de la acción penal” (considerando 5°).
“[E]n efecto, los antecedentes acompañados por la República de Hungría solo dan cuenta -en lo que se refiere al recaudo bajo examen- que ´La punibilidad prescribe el 26 de enero de 2021, la legislación que la determina es la letra b) del artículo 32 del Código Penal, la letra b) del apartado (1) del artículo 33 del Código Penal y la letra a) de la resolución de unidad jurídica en materia penal número 1/2005 del Tribunal Supremo´…” (considerando 6°).
“[A]un cuando lo expuesto pudiera interpretarse como una ´explicación´ en los términos del artículo 13.c. de la ley aplicable, ello no suple la carga de acompañar ´el texto de las normas penales y procesales aplicables´ en relación al extremo en cuestión” (considerando 7°).
“[L] a argumentación que desarrolla el señor Procurador Fiscal para proponer la subsistencia de la acción penal según el derecho extranjero no solo no explica las razones por las cuales, frente al déficit antes señalado, sería admisible su propuesta de resolver el punto con ´textos legales´ disponibles ´a través del sitio oficial de Internet de la Comisión Europea´ sino que tampoco es consistente con la ´explicación´ brindada por el país requirente de acuerdo a la reseña incluida en el considerando 6° de la resolución” (considerando 8°).
EXTRADICION; COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL; PRESCRIPCIÓN; REQUERIMIENTO JUDICIAL;
Aybar (causa N° 1581)Juzgado Federal de Gualeguaychú
El Juzgado Federal de Gualeguaychú homologó el acuerdo e impuso la obligación de donar la suma ofrecida al Hospital Centenario de Gualeguaychú (juez Viri).

1. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley. Reparación.
“[E]l 19 de noviembre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución N° 2/2019, a través de la cual la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal resolvió implementar, entras normas, el art. 22 de ese plexo normativo.
En efecto, la referida Comisión Bicameral para la Implementación del Código Procesal Penal Federal surge en el marco de las facultades otorgadas por las Leyes N°27.063 –modificada por Ley N°27.482–, Ley N°27.150 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N°257/15, en las que se establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (aprobado por la ley 27.063), será acorde al cronograma de implementación progresiva que se vaya estableciendo.
De esta manera, y por medio de la entrada en vigencia del art. 22 del C.P.P.F., se dispone que los jueces y los representantes del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el conflicto que surja como consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.
2. Emergencia sanitaria. Salud pública. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Tipicidad. Reparación.
“[A]l encartado […] se le endilga el hecho de haber infringido las ‘medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia’, lo que prima facie podría encontrar su subsunción típica en el art. 205 del Código Penal de la Nación.
La naturaleza legislativa de ese tipo penal encuentra su fundamento en la protección del bien jurídico ‘salud pública’, lo que se erige como constitutivo de un interés social […]”.
“Por lo que, desde esa perspectiva, se concluye que este tipo de delito puede quedar comprendido en la alternativa reparativa contemplada en el art. 59 inc. 6º del Código Penal en miras a resolver el conflicto suscitado, dando preferencia a la solución que mejor se adecúe al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social (conf. art. 22 del C.P.P.F.). Claramente, el encuadre al caso de la figura penal de la reparación del perjuicio se corresponde con la entelequia de la justicia restaurativa, la cual tiene en miras que el encausado responda de forma directa con el daño causado”.
“[N]o existiendo controversia entre las partes de este proceso en torno a la aplicabilidad del instituto de marras –ya que tanto acusación como defensa han fundamentado debidamente toda la argumentación de hecho y de derecho que avala la aplicabilidad del acuerdo– es que esta Judicatura acuerda con tal postura, en pos de alcanzar los fines establecidos en el Código Procesal Penal Federal arribando a una solución armónica, eficaz, veloz y pacífica del conflicto”.
“[L]a donación de los cincuenta mil pesos ($50.000) que efectuará el imputado […], deberán ser puestos a disposición del Hospital Centenario de la Ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. Ello es así, puesto que a la luz de la vinculación existente entre la reparación ofrecida con el riesgo que habría provocado el hecho cometido, y siendo que la propagación de la epidemia tiene incidencia directa sobre los recursos económicos del sistema de salud local […]. Y además de esa manera, se satisface el objetivo de brindar un servicio de justicia acorde con la significación de la infracción y comprometido con el medio local en que opera”.
CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; REPARACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; SALUD PÚBLICA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; TIPICIDAD;
Ortiz (causa n°22050)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución que había dispuesto la habilitación de la feria judicial extraordinaria (jueces Pociello Argerich, Pinto y López).
1. Hurto. Feria judicial. Acordadas. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l asunto investigado en autos no se trata de ninguno de los supuestos previstos por los arts. 149 y 150 del Reglamento para la Jurisdicción y tampoco resulta viable la habilitación de la feria extraordinaria vigente, conforme los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El delito pesquisado -hurto- no está incluido dentro de las materias específicamente previstas en las Acordadas 6/20, 14/20, punto V y Anexo I, Protocolo y Pautas para la Tramitación de Causas Judiciales durante la Feria Extraordinaria, y 18/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (asuntos vinculados con la privación de la libertad de las personas, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública –fundamentalmente las conductas que contravengan el sistema normativo de prevención y mitigación dispuesto por las autoridades nacionales competentes en el marco de la presente emergencia-, delitos migratorios, interrupción de las comunicaciones, delitos vinculados con el aprovechamiento de la calamidad, habeas corpus, delitos contra las personas, contra la integridad sexual, contra la seguridad pública y contra el orden público, así como también narcotráfico, trata de personas y delitos informáticos)”.
2. Declaración de oficio. Principio acusatorio.
“[No] existió un pedido concreto y fundado del representante del Ministerio Público Fiscal de habilitar la feria extraordinaria en estas actuaciones -uno de los supuestos que la Corte ha considerado para habilitarla- y no existe en la presente acusador particular…”.
“[A]l tener especialmente en cuenta la expresa oposición de la defensa para continuar con el trámite de las actuaciones, la habilitación de la feria efectuada de oficio por la magistrada de la instancia anterior, no luce procedente, pues tramitar en forma discrecional todos los asuntos implicaría desnaturalizar las Acordadas del Máximo Tribunal que prevalecen en la interpretación normativa”.
HURTO; FERIA JUDICIAL; ACORDADAS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; DECLARACIÓN DE OFICIO; PRINCIPIO ACUSATORIO;
Gordillo (causa N°  275)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Mendoza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza hizo lugar al planteo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 15, primera parte, del Código Penal y dispuso que se practicase un nuevo cómputo que contabilizara el tiempo en que la pena había sido cumplida bajo el régimen de libertad condicional.

1. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Cómputo del tiempo de detención.
“[E]l art. 15, primera parte, del Código Penal dispone que: ‘La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos, no se computará en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad’. Surge del texto de la norma jurídica citada que, si a una persona condenada a una pena de prisión de cumplimiento efectivo, se le concede la posibilidad de cumplir la última etapa de su condena bajo el régimen de libertad condicional y, en este tiempo, comete un nuevo delito, debería volver a cumplir el tiempo de condena remanente desde que fue liberado.
Ahora bien, lo cierto es que, debe considerarse que la libertad condicional es un modo de cumplimiento de la pena impuesta, solo que sin encierro. Es que, la misma se concede en la última etapa de la ejecución penal, siempre que se configuren los presupuestos establecidos en el art. 13 del Código Penal, esto es luego de haber cumplido un determinado tiempo privado de libertad, de haber observado con regularidad los reglamentos carcelarios y de que se realice un informe de la dirección del establecimiento y de peritos que, pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social (que es el fin en sí de la pena conforme las previsiones del art. 18 de la Constitución Nacional)”.
Por tanto, cabe concluir que la libertad condicional es computable a los fines de determinar el cumplimiento de la pena. En efecto, dicho régimen se configura como una etapa dentro de la ejecución penal, en la que -aunque se disminuyan las restricciones a la libertad que pesan sobre el condenado-, no se le ha concedido una libertad plena, sino que sometido a las exigencias legales, continúa cumpliendo con la pena impuesta”.
2. Cómputo del tiempo de detención. Libertad condicional. Revocación. Nuevo delito. Declaración de inconstitucionalidad. Non bis in ídem.
“En consecuencia, a la luz de los fundamentos adoptados precedentemente, el texto consagrado en el art. 15 del Código Penal, no resulta razonable ni supera el test de constitucionalidad de la norma en cuanto no considera que el tiempo cumplido bajo el régimen de libertad condicional sea parte del cumplimiento de la pena.
Es que, según las disposiciones del referido artículo, de ser revocada la libertad condicional por la comisión de un nuevo delito –tal el supuesto de autos–, ‘...no se computará en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad...’ y el penado deberá entonces cumplir dos veces la misma pena, violentando así, la garantía constitucional y convencional de ne bis in ídem”.
“Por tanto, dadas las consideraciones realizadas, a fin de no incurrir en una doble valoración de la etapa temporal de la pena y someter al encausado al cumplimiento de la misma dos veces, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 15, primera parte, del Código Penal y computar como cumplimiento de la pena, a los fines de la unificación de penas recaída en autos, el lapso de libertad condicional que precedió la detención [de la persona] en los presentes autos”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; REVOCACIÓN; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; NON BIS IN IDEM;
Mastrostefano (causa N° 32109)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, revocó la decisión apelada, homologó el acuerdo, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a los imputados (juez Lucini y jueza Laiño). 1. Conciliación. Reforma legal. Código Procesal Penal. Vigencia de la ley. “[L]a resolución 2/2019 dictada el pasado 17 de noviembre y publicada el 19 de ese mes en el Boletín Oficial, otorga operatividad al artículo 34, segundo párrafo del Código Procesal Penal Federal -aprobado por la Ley 27063- entre otros, en el ámbito de la justicia nacional. […] Allí se estableció que procederá el acuerdo en los delitos con contenido patrimonial, sin grave violencia, o en los culposos siempre y cuando no hayan existido lesiones gravísimas o la muerte”. “[E]l artículo 59 inciso 6) del Código Penal […] se encuentra plenamente vigente, extremo que se ve reforzado por la Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso de la Nación […]”. 2. Defraudación. Cheque sin provisión de fondo. Consumación del delito. Concurso de delitos. “Ahora bien, en el legajo se investiga una defraudación, y el libramiento de cheques sin fondos como una de las formas que habría facilitado su consumación. […] Es que […] la entrega de cartulares de imposible cobro operó como el tramo final de la maniobra, no como el eje central de un negocio. Entonces, mal se puede hablar de un concurso ideal como plantea el acusador público, pues el artículo 302 del Código Penal establece: ‘Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172…’, por lo que estaríamos -de manera clara- ante una concurrencia aparente de delitos”. Por otra parte, que esté en trámite la causa seguida contra [una de las imputadas] por el delito de asociación ilícita, no constituye un obstáculo para la aplicación del instituto, ya que se trata de hechos independientes y escindibles respecto al que aquí se examina. Es que entre los artículos 210 y 172 del Código Penal, aplica lo establecido en su artículo 55”. 3. Conciliación. Reparación. Oposición fiscal. Víctima. Derecho a ser oído. “Examinado el caso sometido a inspección jurisdiccional a la luz de lo allí expresado, […] el instrumento suscripto por las partes […] resulta suficiente para considerar que estamos en presencia de un acuerdo conciliatorio en los términos de la norma arriba señalada. […] En efecto, [el] acuerdo celebrado […] entre los aquí imputados […] y la parte damnificada […] da cuenta que la empresa aceptó la reparación integral ofrecida en forma libre y voluntaria. Finalmente, […] -a contrario de lo que resuelto por el a quo- [no resulta] vinculante la anuencia del Ministerio Público Fiscal para acceder a la causal de extinción de la acción impetrada […]. En esta empresa, no debe soslayarse que la Fiscalía debe tener en consideración los intereses de las víctimas, tan es así que el inciso f) del art. 9 de la Ley 27.148 pone en cabeza del Ministerio Público, dar amplia asistencia y respeto, debiendo dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima”. “Por ello, dadas las características del hecho imputado […], que se encuentra alcanzado por los supuestos normados en el art. 34 de la ley 27.063 […] el desacuerdo entre el Fiscal y la víctima no constituye un obstáculo, porque la ley le ha dado prevalencia a la opinión de esta última. Esto se desprende incluso del mismo texto de la ley (art. 30) cuando se afirma que el representante del Ministerio Público Fiscal ‘podrá’ disponer de la acción penal pública en los casos de conciliación, haciendo expresa mención a los casos en que no se podrá prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal. […] De lo expuesto se infiere que la opinión del Ministerio Público Fiscal cuando se contraponga con la de víctima y se den los supuestos del art. 34 no será vinculante, lo cual a su vez se condice con los derechos reconocidos a la víctima en el Capítulo III art, 5° incisos ‘k’ y ‘ñ’, y art. 7 inc. ‘a’ de la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372)…”.
CONCILIACIÓN; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; VIGENCIA DE LA LEY; DEFRAUDACIÓN; CHEQUE SIN PROVISIÓN DE FONDOS; CONSUMACIÓN DEL DELITO; CONCURSO DE DELITOS; REPARACIÓN; OPOSICIÓN FISCAL; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO;
Pasten (causa N° 400)Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hizo lugar al recurso de queja y concedió el recurso de apelación (jueces Porras, Castiñeira De Dios y Pizarro).
1. Feria judicial. Recursos. Plazos. Auto de procesamiento.
“La CSJN, mediante la Acordada N° 58/90 dispuso sustituir el art. 2 del reglamento para la Justicia Nacional […], disponiendo que los Tribunales Nacionales, entre otros meses o días, no funcionarán durante el mes de enero siendo hábiles todos los demás días del año. Obviamente ello no obsta a que durante ese lapso los Tribunales entiendan en los asuntos que no admitan demora (art. 4 del referido reglamento).
Asimismo, la C.F.C.P. hubo determinado que será habilitada la feria judicial exclusivamente para el tratamiento de excarcelaciones o exenciones de prisión, libertades condicionales, prescripción de la acción o de la pena cuando hubiere detenido u orden de captura, embargos preventivos y levantamientos de embargos e inhibiciones y toda otra cuestión que no admita demora […]. Conforme a lo expuesto, durante la feria judicial del mes de enero, no corren los plazos procesales para la deducción de recursos”.
“[L]a defensa interpuso el recurso de apelación […] durante la feria judicial de enero, periodo en el cual […] los plazos se encuentran suspendidos. Es decir que el viernes 27 y el lunes 30 de diciembre fueron los dos únicos días hábiles computables para apelar, ya que a partir de allí –previo feriado del 31 de diciembre­, comenzó la feria judicial de enero. En otras palabras, la defensa dedujo la apelación en plazo (de hecho le sobró un día).
2. Debido proceso. Recursos. Principio pro homine.
“[…] Yerra el Magistrado en cuanto afirma que la habilitación de día y hora puede ser tácita, más cuando ese argumento es para limitar la vía recursiva que le asiste al imputado. Ese razonamiento es contrario a los derechos y garantías de la CN y los tratados internacionales de DDHH, especialmente al principio ‘pro homine’”.
FERIA JUDICIAL; PLAZO; RECURSOS; AUTO DE PROCESAMIENTO; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO PRO HOMINE;
Monserrat (causa n°23772)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución recurrida y remitió las actuaciones al tribunal de origen para que se recabaren nuevos informes, se le diese intervención a las partes y se dictase un nuevo pronunciamiento (jueces Slokar, Yacobucci y Mahiques). 1. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. “[T]eniendo como eje rector el sistema acusatorio de enjuiciamiento penal previsto por nuestra Constitución Nacional, cobra especial importancia el principio de contradicción…”. “[L]a función jurisdiccional se ve acotada tanto por los límites marcados por el contradictorio, es decir, la controversia planteada por las partes ante el juez, como así también por la frontera de la pretensión del acusador si el dictamen -más allá de su acierto o error- alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación…”. 2. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. “[N]o resulta ocioso evocar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a la obligación de los magistrados de fundar sus decisiones, exigencia que sirve no sólo a la publicidad y control republicano, sino que también persigue la exclusión de decisiones irregulares o arbitrarias, y pone límite a la libre discrecionalidad del juez, en tanto exige que el fallo judicial sea una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa…”. 3. Emergencia sanitaria. Informes. Arbitrariedad. “[D]e la módica prueba sobre la que se soporta el dictamen fiscal y lo decidido por el a quo [...] no aparece suficientemente acreditada la pertenencia del encausado a la población de riesgo con el grado de certeza que requiere este supuesto extraordinario”. “[P]or cuanto las certificaciones recibidas no abastecen los requisitos normativamente establecidos, resta un informe completo y con especificidad en base a la historia clínica y al tratamiento por medicación brindado al causante, a fin de examinar su situación en el marco de la emergencia sanitaria imperante”. “[S]iendo que el a quo también motivó su apartamiento de la posición de las partes con apoyo -entre otros extremos- en los deficientes informes médicos, el decisorio recurrido exhibe una fundamentación tan sólo aparente, constituyendo tal defecto una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la vez que desatiende el artículo 123 del rito…”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; EMERGENCIA SANITARIA;
Aguilera (Causa N°29799)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Mendoza
El Tribunal Oral Federal de Mendoza N° 2 modificó la calificación legal a tenencia de estupefacientes para consumo personal, declaró la inconstitucionalidad de la figura y sobreseyó al imputado (juez Naciff).
1. Tenencia de estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Tipicidad. Declaración de inconstitucionalidad.
“[L]a cantidad de estupefaciente encontrado en poder del imputado y las circunstancias de tal hallazgo, analizados a la luz del plexo probatorio conformado, permiten sostener que la tenencia era inequívocamente para uso personal”.
“[E]s menester determinar si, en el presente caso, la sanción penal prevista por la norma en crisis vulnera el principio de reserva previsto por el Art. 19 de la Constitución Nacional. De ser así, se impone la declaración de inconstitucionalidad del Art. 14, segunda parte de la Ley 23.737, por aplicación de los Arts. 19, 31 y 75 inc. 22 de la Carta Magna, en consonancia con los Tratados Internacionales a ella incorporados y con idéntica jerarquía”.
“En el caso sub examine […] la sustancia hallada reúne la calidad de escasa cantidad […]. Además, la droga fue hallada […] en el domicilio [del imputado]. Ello denota que poseía la sustancia en su poder, dentro de su exclusivo ámbito de reserva y sin afectar derechos de terceros”.
“[E]s pacífica la jurisprudencia que se inclina por la inconstitucionalidad de la norma inferior en los casos en que –como el de autos- la tenencia de estupefacientes es inequívocamente para uso personal, sin afectar a terceros y en espacios privados. Estas circunstancias definen el ámbito de reserva que no podría ser alterado por una ley nacional sin lesionar seriamente las previsiones del Art. 19 de la Constitución Nacional. Esta es la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Arriola’”.
2. Delitos de peligro abstracto. Salud pública. Principio de reserva. Principio de lesividad.
“[E]l legislador mediante este tipo penal de peligro abstracto, pretende transformar en una acción pública lo que desde la Constitución se caracteriza como una acción privada, exenta del ius puniendi estatal.
El art. 19 C.N., al estipular que quedan fuera del alcance de los magistrados los actos que no afecten al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, hace referencia a que la esfera privada no sólo incluye las acciones interiores sino, además, las exteriores que no afecten a otros derechos. La consigna es no perjudicar a otros. Se trata de la existencia de una esfera privada de las personas en la que el Estado no puede ni debe inmiscuirse.
Por ello y aún cuando pudiera sostenerse que la tenencia registrada en este caso carecería de lesividad respecto de la ‘salud pública’, en tanto bien jurídico protegido por la Ley 23.737, el Tribunal entiende que se impone la declaración de inconstitucionalidad de la norma en la que ha quedado encuadrada la conducta [del imputado]”.
TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; TIPICIDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; DELITO DE PELIGRO ABSTRACTO; SALUD PÚBLICA; PRINCIPIO DE RESERVA; PRINCIPIO DE LESIVIDAD;
Schmidt (causa N° 2309)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó el auto de decomiso y dispuso la inmediata restitución del automóvil a su titular registral (jueza Fariña y juez Candisano Mera y, en disidencia parcial, juez Amabile).
Voto de la jueza Fariña y el juez Candisano Mera
1. Emergencia sanitaria. Decomiso. Pena accesoria. Automotores. Titular registral. Restitución de bienes.
“[C]abe apuntar que en el marco que autoriza el decreto 297/2020 Poder Ejecutivo Nacional, conforme surge del art. 4 la retención preventiva, en el contexto que regula en virtud de la pandemia ocasionada por el Covid 19, procederá mientras ‘resulte necesario’. Dicha circunstancia, en el supuesto de autos, debe ser complementada además con el hecho de que si bien el solicitante no acreditó el motivo por el cual el rodado estaba en poder de la causante, sí acreditó su titularidad, y no habiendo tampoco circunstancias que por el momento lo involucren en la participación del ilícito, corresponde su examen a la luz de lo previsto por el art. 23 del CP, in fine en cuanto deja a salvo los derechos de restitución de terceros”.
En este punto, y tomando en cuenta que el decomiso es una pena accesoria de carácter retributivo, teniéndose en cuenta la circunstancia apuntada, en tanto no hay prueba alguna indiciaria, en el estado en el que se encuentra la presente investigación, de que haya conocido o debido conocer la actividad delictiva de la encartada, y que haya debido suponer el uso que se le daría al vehículo”.
2. Decomiso. Dictamen. Deber de fundamentación. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[E]l Ministerio Público Fiscal, no ha dado motivos suficientes para sostener que resulte absolutamente necesario mantener el vehículo secuestrado, razón por la cual aparece en este estado, razonable, la entrega a su titular registral en calidad de depositario y con las obligaciones inherentes a su cargo, mientras dure la presente investigación”.
Voto en disidencia parcial del juez Amabile
3. Decomiso. Automotores. Titular registral. Restitución de bienes.
“[L]os hechos objeto de investigación no resultan subsumibles en aquellos que la Ley 26.683, estableció como bienes sujetos a decomiso sin condena previa. […] Es por ello que, atendiendo al estado embrionario del proceso, frente a las previsiones del art. 23 del Cód. Penal, habiéndose acreditado la titularidad sobre el vehículo en cuestión […], y ponderando que mantener su secuestro puede repercutir desfavorablemente en su adecuada conservación y valor, […] corresponde hacer lugar a lo peticionado […].
Por otro lado, […] supeditar la entrega del rodado a cuestiones tales como, exigirle al propietario algún supuesto de excepción para la prohibición de circular, […] constituye una cuestión ajena a la presente incidencia, que nada tiene que ver con el derecho invocado por el incidentista como propietario del bien, para tenerlo bajo su custodia.
Asimismo, cabe mencionar que el esclarecimiento de las razones por las cuales un tercero se encontraba circulando en su vehículo, en presunta infracción, de ningún modo puede condicionar la devolución peticionada, más aún, cuando tales circunstancias constituyen eventualmente el tramo fáctico constitutivo del objeto procesal de los autos principales, en los cuales, incluso, no se ha dirigido imputación concreta sobre el peticionante”.
EMERGENCIA SANITARIA; DECOMISO; PENA ACCESORIA; AUTOMOTORES; TITULAR REGISTRAL; RESTITUCIÓN DE BIENES; DICTAMEN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
CF (causa N° 7640)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III
La Sala IIl de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar al recurso, revocó la sentencia y rechazó la acción promovida (jueces Vallefín y Alvarez).
1. Derecho a la información. Interés público. Internet.
“[P]uede considerarse que la publicación se hace cargo de un asunto de interés público que cuenta con protección constitucional y que impide su eliminación. Un triple orden de razones sostiene esta afirmación: a) los sujetos que intervienen; b) el ámbito en que se discuten los hechos y c) el tema que involucra”.
“No se trata entonces sólo de un estudiante –condición que no se desconoce– sino que, además, como él mismo enfatiza es un militante social que apoyó activamente consignas feministas. Es, en otras palabras, un actor de la vida política universitaria que ha hecho público su compromiso con ciertas ideas”.
2. Universidad. Política pública. Violencia de género.
“Constituye un hecho notorio que centenares de sitios semejantes actúan en Internet y que muchos de ellos nacen o se vinculan con espacios universitarios. Este fenómeno lejos de ser local se extiende por otras regiones. Difunden aportes académicos, constituyen un foro de discusión, son fuente de información sobre temas específicos y, crecientemente, un espacio de denuncia a políticas y prácticas, colectivas o individuales, que consideran contrarias a sus ideas. Se trata, entonces, de un sujeto indudablemente público”.
“[La agrupación] participa de la vida académica y política en el ámbito de la Facultad de […] la Alta Casa de Estudios de la ciudad de La Plata. Se trata de uno de los muchos sujetos que conforman el plural espacio ideológico propio de la vida universitaria. En el cometido que se propuso cumplir, decidió hacer pública la conducta que un estudiante y militante desplegó en la relación que lo vinculó sentimentalmente con una compañera también estudiante.
El discurso no está desvinculado de la política universitaria de la que tanto el actor como la Comisión son protagonistas activos. [N]o se desnuda un hecho privado sino que se procura exhibir la insostenible dualidad de conductas que le atribuyen a un militante propio…”.
“Naturalmente, el primer examen no debe prescindir del contenido de la publicación que se denuncia como agraviante y que fue transcripta íntegramente por su relevancia. En primer lugar, es necesario interpretarla en su conjunto. No se la debe fraccionar destacando expresiones que, aisladamente consideradas, no cuentan con protección constitucional. En efecto, no puede desconocerse que los calificativos de abusador, manipulador y machista –así se retrata al actor–portan un contenido injuriante. Pero, en segundo lugar, ese propósito agraviante o de deliberada intromisión en la vida privada del actor no se deriva de la publicación. Uno de sus militantes exhibe […] un inadmisible doblez en su conducta. Hay un discurso de denuncia política, no de descalificación personal”.
3. Género. Interés público. Libertad de expresión.
”La tajante división entre la esfera pública y privada, sencilla de trazar en los casos extremos, se torna más borrosa en esta causa. El feminismo, que comenzó reivindicando un lugar en el espacio público para las mujeres, la reivindicación de ciudadanía en la revolución francesa, el derecho al sufragio en el siglo XIX, ha terminado cuestionando los conceptos clásicos de lo público y lo privado, y ha llevado al espacio público temas que se han considerado exclusivos del espacio privado (planificación familiar, aborto, violencia doméstica, etc.), ensanchando de este modo el ámbito de la política […].
Se advierte entonces que esa caracterización inicial de esfera privada blindada a la difusión o al escrutinio público, se debilita. El caso exhibe […] circunstancias particulares que no tornan forzoso presentar al discurso en crisis como un acto injurioso o de intromisión indebida en asuntos particulares. Si la Corte Suprema se ha referido a los temas de interés público como las `áreas que preocupan, importan o interesan a toda la sociedad´[…], no es posible desechar de plano que esto ocurra en la causa. Por el contrario, las manifestaciones de una agrupación que enarbola la defensa de las mujeres e identidades disidentes, denunciando que un militante se involucra en prácticas incompatibles con dichos ideales, debe considerarse un discurso amparado constitucionalmente”.
4. Libertad de expresión. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Violencia de género.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos […] ha perfilado los requisitos que deben reunirse para justificar dicha restricción. Para que una determinada limitación a la libertad de expresión sea compatible con el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana, se exigen tres requisitos: a) que sea definida en forma precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material; b) que persiga objetivos autorizados por la Convención y c) que sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persigue, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr tales objetivos. Y finalmente destaca: la verificación del cumplimiento de las condiciones mencionadas se hace más exigente cuando las limitaciones recaen sobre discursos especialmente protegidos, particularmente sobre el discurso relativo a funcionarios públicos; asuntos de interés público; candidatos a cargos públicos, al Estado y a las instituciones que lo conforman”.
“La violencia contra las mujeres, en sus múltiples formas, ha derivado en un creciente número de normas dirigidas a erradicarla […]. El nutrido conjunto de medidas que el Estado reconoce y está obligado a desarrollar en virtud de la legislación vigente para proteger integralmente a las mujeres, también incide en la actividad de información, denuncia, protesta, etc. que individual o colectivamente despliegan. En otros términos, no traduce un genuino cumplimiento de los mandatos expuestos que los canales para hacer públicos dichos reclamos –hoy, predominantemente, a través del uso de Internet y, en especial, de las denominadas redes sociales– sean indebidamente restringidos o silenciados”.
DERECHO A LA INFORMACIÓN; INTERÉS PÚBLICO; INTERNET; UNIVERSIDAD; POLÍTICA PÚBLICA; VIOLENCIA DE GÉNERO; GÉNERO; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Rombola (causa N° 71954)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso y absolvió al imputado (jueces Rimondi y Bruzzone y jueza Llerena).
1. Versiones contrapuestas. In dubio pro reo. Sana crítica.
“[A]siste razón a la defensa técnica del imputado […], en punto a que existen falencias en la valoración integral de dicho material probatorio, que descalifican la conclusión a la que se arriba como acto jurisdiccional válido. [E]l a quo desatendió la regla de la sana crítica […] y los principios que la regulan por cuanto no se ocupó de desestimar, en profundidad, la versión exculpatoria del acusado y que […] deriva en un escenario que admite la duda razonable. En otras palabras, el plexo probatorio reunido no resulta suficiente para fundar un juicio de reproche en los términos allí consignados y, en consecuencia, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, […] corresponde absolver de culpa y cargo a [l imputado]”.
2. Prueba. Apreciación de la prueba. Lesiones. Informes. Pericia médica.
“[N]o es correcto afirmar, como lo hizo el tribunal oral, que la declaración de [la víctima] haya sido clara, firme y precisa, sobre todo si se la completa con sus poco asertivas manifestaciones referidas al lugar del cuerpo en donde se constató la lesión […] y que durante el debate no logró ser debidamente esclarecido por el testimonio de la denunciante. [A] diferencia de lo afirmado por el a quo, esa circunstancia sí hace a la existencia del hecho imputado cuando forma parte de su mecánica, es negada su ocurrencia por el acusado y no encuentra plena compatibilidad con el informe médico […], respecto del cual […] la fiscalía no se ocupó sanear en su controversial contenido al omitir procurar la comparecencia al debate del responsable de su confección”.
“[D]e un lado se observa poca seguridad de la declarante que, a preguntas de la fiscalía para que reconociera ‘la fotografía como la lesión que tuvo. Dice que es parecida a la que tenía. Dice que es parecida a un hematoma, un poco grande. No sabe si es el frente. Dice que cree que es la espalda porque hay una etiqueta de los jeans y cree que es en una zona posterior’ […]. De otro, ese informe médico hace referencia a que la lesión equimótica se ubica en el abdomen, flanco derecho de la persona examinada; región corporal que difícilmente haya podido ser afectada por el objeto arrojado conforme la mecánica del hecho relatada por la denunciante (recuérdese que el [objeto] habría sido arrojado desde atrás). Asimismo, y aun manteniendo el razonamiento que sigue el fallo, que refiere a un error material en la realización del informe y asigna plena validez a parte de aquél (su fotografía) sin explicar por qué debería suprimirse su texto y no su imagen cuando todas sus partes forman parte de un mismo documento –conclusión a la que se llega […], sin contar con el testimonio de la médica que lo realizó–…”.
3. In dubio pro reo. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[E]l magistrado a quo cree a quien aparece como víctima en el proceso y, a partir de esa creencia, despliega los elementos de juicio que la avalan, mediante un análisis fragmentado del material probatorio rendido en el debate”.
“En este entendimiento, que arroja un manto de duda razonable respecto de que la lesión constatada en la damnificada haya sido causada por [el imputado], […] corresponde aplicar el art. 3 CPPN”.
“Será el principio de la duda, de raigambre constitucional, el que conduzca a la absolución del nombrado, toda vez que no aparecen elementos suficientes para acreditar de manera certera la conducta típica sobre las que versó la imputación. Ello no importa descreer del testimonio de la víctima sino, por el contrario, implica sostener que, partiendo de la propia versión de [RA], existe una duda razonable de que la lesión por ella descripta y constatada hubiera sido causada por la agresión [del imputado]”.
VERSIONES CONTRAPUESTAS; SANA CRÍTICA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; IN DUBIO PRO REO; LESIONES; INFORMES; PERICIA MÉDICA;
Salas (reg. N° 1408 y causa N° 110408)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión recurrida y concedió la libertad condicional al hombre. Además dispuso la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio respecto de la víctima y su núcleo familiar (jueces Bruzzone y Rimondi).
1. Libertad condicional. Consejo Correccional. Informes. Tratamiento interdisciplinario.
“Resulta indudable que lo informado y evaluado por el Equipo Interdisciplinario debe ceder frente al pronunciamiento unánime del Consejo Correccional, colegio integrado por las distintas áreas de tratamiento del interno en su vida intramuros, cuando no se advierten visos de arbitrariedad en sus conclusiones.
En consecuencia y no encontrándose en discusión que Salas cumple holgadamente el requisito temporal (le resta cumplir menos de un año de su condena), es dable afirmar que cumple con los tres requisitos establecidos por el art. 13, CP, por lo que se encuentra en condiciones legales de que se le conceda la libertad condicional”.
2. Libertad condicional. Oposición fiscal. Emergencia sanitaria. Adultos mayores.
“[E]s necesario destacar que, si bien la oposición del Ministerio Público Fiscal resulta relevante en una incidencia de este estilo, en este caso en concreto no puede perderse de vista que la fiscalía está proponiendo condicionar la liberación al cumplimiento por parte de Salas del Programa para Ofensores Sexuales. A este respecto, no se debe soslayar que dicho tratamiento tiene una duración mínima de 3 años y solo se brinda en la unidad sita en la localidad de Senillosa (Neuquén), distinta a la de alojamiento del nombrado. De tal modo, lo pretendido escapa a las posibilidades tanto en tiempo (le resta menos de un año de condena) como en espacio (está alojado en Marcos Paz, PBA) y no hay previsiones de traslado plausible.
Por último, cabe señalar que la acusación no se ha hecho debido cargo de que nos encontramos ante un interno de elevada edad (60 años) que padece de bronquitis crónica (epoc) y que la autoridad penitenciaria ha informado que se trata de un paciente de riesgo frente a la pandemia de COVID19.
De este modo, la soltura condicionada de Salas, bajo reglas estrictas, la supervisión de la DCAEP y la posibilidad de someterlo a un tratamiento psicológico extramuros […], es legalmente procedente […] y se vislumbra como la adecuada para el contexto reseñado, teniendo además en cuenta [la] enfermedad [de] Salas y el riesgo que ella implica frente a la pandemia que estamos transitando”.
3. Víctima. Derecho a ser oído.
“[E]n relación con las inquietudes manifestadas por la víctima, entendemos que corresponde disponer la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio, por parte de […] Salas, respecto de [la víctima]. Dicha medida se hará preventivamente extensiva a su núcleo familiar conviviente al momento de los hechos […], sin perjuicio de ser todos mayores de edad en la actualidad y hasta tanto el juez de ejecución requiera la opinión de ellos a este respecto”.
LIBERTAD CONDICIONAL; CONSEJO CORRECCIONAL; INFORMES; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; OPOSICIÓN FISCAL; EMERGENCIA SANITARIA; ADULTOS MAYORES; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO; ABUSO SEXUAL;
CMGD (causa N° 90123)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G
La Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desestimó los agravios y confirmó la decisión (jueces Belluci, Polo Olivera y Carranza Casares).
1. Emergencia sanitaria. Responsabilidad del Estado. Acción de repetición. Personas con discapacidad. Asistencia médica.
“[I]ndependientemente del direccionamiento que tenga el pedido primario, mal puede argüir la ANDIS que se encuentra eximida de responder al requerimiento que se le ha hecho, pues aun en la mejor de las hipótesis a su favor, eventualmente podría repetir lo abonado al organismo que estime competente.
Además, resulta insoslayable ponderar que la Agencia Nacional de Discapacidad tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad […], en tanto dentro de los deberes y atribuciones de su director se encuentra la de requerir de los distintos organismos de la Administración Pública Nacional la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus objetivos…”.
2. Competencia. Restricción de la capacidad. Reclamo administrativo previo.
“El achaque que tangencialmente se formula en torno a la competencia en razón de la persona no fue planteada en estrictos términos de excepción, ni constituye un verdadero impedimento a la tesitura adoptada, en tanto la decisión de la juzgadora se enmarca en el proceso de determinación de capacidad que nos ocupa y de la cobertura de las irrefutables necesidades del causante, y no puede sino ser tratada en el contexto de la cuestión sustancial que se debate.
Por su lado, tampoco resulta atendible la exigencia de reclamo administrativo previo. Es abundante la jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene que la finalidad de la vía administrativa previa consiste en producir una etapa conciliadora, anterior al pleito, que otorgue a la administración la posibilidad de revisión del caso, salvar algún error, o incluso promover el control de legitimidad de lo actuado por los órganos anteriores; en definitiva, sustraer a los entes estatales de la instancia judicial en una medida compatible con la integridad de los derechos…”.
EMERGENCIA SANITARIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ACCIÓN DE REPETICIÓN; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ASISTENCIA MEDICA; COMPETENCIA; RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD; RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO;
Guillarmenc (Causa n°27255)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca concedió el arresto domiciliario a la imputada (jueces Amabile, Aguerrido y Díaz Lacava). 1. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Familia. “[E]s por demás sabida la dimensión del vínculo materno filial y […] [respecto de] las necesidades e implicancias que derivan de esa relación en la primera edad de las niñas y niños. Ante este escenario, la concesión [del arresto domiciliario] se exhibe como el primer paso tendiente a reorganizar la vida familiar y paliar la difícil situación descripta”. “[E]l pedido de arresto domiciliario […] beneficiará a una mejor organización familiar y resultará una medida que restablecerá los vínculos parentales, los que se verán fortalecidos con la morigeración del encierro carcelario". 2. Emergencia sanitaria. Género. Vulnerabilidad. “[S]i bien la imputada no integra la población de riesgo respecto a la situación de emergencia sanitaria actual, existen numerosas recomendaciones en la región que orientan a explorar medidas de morigeración del encierro penitenciario por formar parte del no menos vulnerable colectivo de mujeres con hijos en su primera edad”. “En esta etapa preparatoria del juicio, no podemos formarnos ningún juicio sobre las hipótesis fácticas e intervenciones de la acusada, teniendo como datos objetivos el agotamiento de la investigación preliminar, la condición de mujer y madre de la encartada, la emergencia penitenciaria y sanitaria declaradas y las recomendaciones vigentes nacionales e internacionales que favorecen en supuestos como los de análisis la morigeración de la prisión preventiva”. “[C]orresponde […] explorar otras medidas que recepten las circunstancias analizadas y que aseguren la sujeción de la imputada a proceso, advirtiendo en esta línea que se encuentran reunidos los requisitos objetivos previstos por la normativa vigente para la concesión del arresto domiciliario”. 3. Ejecución de la pena. Interés superior del niño. Interpretación de la ley. Principio de intrascendencia de la pena. “[S]i bien la encartada es madre de hijas que superan los cinco (5) años de edad, razón por la cual su situación no está comprendida en el supuesto previsto en los arts. 10, inc. ‘f’, del Código Penal y 32, inc. ‘f, de la ley 24.660, tal circunstancia no habilita el rechazo automático de dicho beneficio, pues encontrándose en juego el interés superior del niño –que goza de jerarquía constitucional, procede una interpretación más amplia de las normas en estudio, a los fines de analizar en cada caso concreto si el mentado interés se halla debidamente resguardado". "[E]n el marco del análisis de procedencia de la presente medida, se encuentra en juego –por aplicación extensiva a esta etapa de privación preventiva de la libertad sin sentencia de condena– la interpretación y vigencia del principio de intrascendencia de la pena previsto en el artículo 5.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos…”. “[L]a concesión [del arresto domiciliario] no importa la libertad de la encartada, aunque tampoco su encierro en el Complejo Penitenciario, sino una medida que tiende a empalmar ambas necesidades –la de la sociedad y la de la familia– en un todo ecuánime y razonable, provocando que el interés superior del niño y el principio de intrascendencia de la pena no se conviertan en una entelequia”. “[L]a profusa legislación de jerarquía constitucional tutelar de los derechos del niño, las necesidades de contribuir a la asistencia familiar de las hijas de la imputada, las recomendaciones emanadas de organismos internacionales de Derechos Humanos relativas a la situación pandémica atravesada, y el estado constitucional de inocencia que ampara a la encartada, nos conducen a resolver en favor de la concesión de la medida solicitada”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; FAMILIA; EMERGENCIA SANITARIA; GÉNERO; VULNERABILIDAD; EJECUCIÓN DE LA PENA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA;
Asesoría Tutelar N° 2 (causa N° 3264)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que por todo el tiempo en que durasen las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se suspendiese la vigencia del punto 3 del Anexo I de la Resolución N° 13/SSTES/20, en cuanto establecía requisitos para la entrega de equipos informáticos a alumnos y alumnas que asistieran a establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la CABA. Además, ordenó al GCBA que en el plazo de cinco días, entregase a todos los alumnos y alumnas un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizarlas tareas escolares que garantizasen su continuidad pedagógica en modalidad virtual.
Además, estableció que la situación de vulnerabilidad social se iba a entender automáticamente acreditada en el caso que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante fuera beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional, o bien cuando residieran en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA.
Por último, ordenó al GCBA que dispusiera la instalación en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA, de equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándarmínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existiesen impedimentos técnicos, se dispuso la entrega de un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet (juez Gallardo).
1. Medidas cautelares. Educación. Niños, niñas y adolescentes. Verosimilitud del derecho.
“[L]as normas recientemente dictadas parecen constituir, en lo que hace al acceso igualitario a la educación, meras expresiones de deseo que no se ven reflejadas en políticas públicas concretas, sino que, por el contrario, tendrían como resultado acentuar la desigualdad de oportunidades de los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, frente a quienes sí cuentan con los medios tecnológicos para continuar con el proceso de aprendizaje en forma remota o virtual.
Así, por ejemplo, cabe mencionar que al establecerse el mecanismo para la entrega de computadoras portátiles, netbooks y tablets a estudiantes mediante Resolución 13/MEGC/2020, se impusieron una cantidad de requisitos que, sin ninguna razonabilidad, excluyen a una gran porción de los alumnos y alumnas que carecen de recursos para obtener tales medios tecnológicos”.
“[E]l contraste entre los textos […] legales referenciados […], y la conducta del GCBA en cuanto a la implementación de medidas concretas que aseguren el acceso a la educación en condiciones de igualdad en el marco de la suspensión de clases presenciales, permite tener por acreditada, aún en el acotado marco cognoscitivo del presente proceso, la verosimilitud del derecho invocado por los actores”.
2. Emergencia sanitaria. Peligro en la demora. Tutela judicial efectiva.
“En cuanto al peligro en la demora, […] se encuentra suficientemente acreditado con la situación de hecho antes descripta, sobre todo si se tiene en cuenta que ya han trascurrido casi tres meses desde la suspensión de las clases presenciales, que a partir del día de la fecha comienza un nuevo período de aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extenderá por tres semanas más, y que las autoridades locales ya han anticipado públicamente que no está previsto por ahora el reinicio de clases en forma presencial.
La situación de emergencia es pública y notoria, […] de dilatarse la adopción de una medida tendiente a contrarrestar las omisiones del GCBA en materia de herramientas que posibiliten a todas y todos los niños y niñas continuar con el proceso de aprendizaje durante la pandemia, el daño podría ser aún más grave e irreparable de lo que ha sido hasta la fecha.
En ese orden de ideas, es dable concluir, que el requisito de peligro en la demora se encuentra claramente configurado y que la adopción de medidas cautelares en el orden de lo peticionado se evidencia como el único medio para salvaguardar adecuadamente los derechos cuya protección se persigue en el presente proceso de amparo colectivo”.
MEDIDAS CAUTELARES; EDUCACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; EMERGENCIA SANITARIA; PELIGRO EN LA DEMORA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
1 - 100 Next