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DoctrinaVoces CSJN
Carbone (reg. Nº 3 y causa Nº 500000371)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en pleno
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, de manera plenaria y por mayoría, dispuso que a los fines de determinar la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, los tribunales carecían de autonomía para modificar la calificación jurídica sostenida por el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio. En consecuencia, anuló la resolución impugnada y dejó sin efecto la concesión de la probation (jueces Magariños, Huarte Petite, Bruzzone, Rimondi, Díaz, Sarrabayrouse y Morín y jueza Llerena). En disidencia, el juez Jantus sostuvo que los tribunales tenían autonomía para determinar la escala penal aplicable al caso de acuerdo a la calificación jurídica del hecho que estimasen adecuada.
Voto en disidencia del juez Jantus
1. Suspensión del juicio a prueba. Dictamen. Oposición fiscal. Política Criminal.
“[L]a oposición del fiscal, superado el control jurisdiccional de fundamentación […] resulta vinculante para el tribunal en los términos del art. 76 bis del Código Penal; por ende, en ausencia de consentimiento de esa parte, la suspensión del juicio a prueba no puede concederse.
Pero, para que tal negativa tenga esa consecuencia, debe sustentarse en razones de política criminal según las características del caso del que se trate: la relativa gravedad del hecho –v. gr., su reiteración, la afectación de diversos bienes jurídicos, la pluralidad de imputados y/o de víctimas, la extensión del daño, que el suceso posea significado jurídico de ejercicio de violencia contra la mujer, el interés social en debatir determinado caso, etc.– o las condiciones del imputado –por caso, su actitud posterior al hecho, o la falta de voluntad para componer el conflicto; en definitiva, el reconocimiento de la otra parte–“.
2. Dictamen. Principio acusatorio. Control de legalidad.
“[Existen] dos funciones que cumple el fiscal en la audiencia de suspensión del juicio a prueba; la de dictaminar sobre si se verifican los presupuestos que el legislador ha previsto para la procedencia del instituto y su opinión sobre si la solución que prevé el art. 76 bis de la ley de fondo es adecuada para el caso sobre el que ejerce la acción penal, de acuerdo a los intereses generales de la sociedad cuya tutela le es confiada.
De acuerdo a esta postura, el juez no «abandona» la función de control de legalidad, pues el fiscal no la usurpa. Éste puede referirse a la concurrencia de las exigencias legales, del mismo modo que lo hace su contraparte. El juez, luego de escuchar a las partes, decidirá si concurren las condiciones legalmente establecidas. Mientras que el consentimiento fiscal opera como una exteriorización del principio de oportunidad, en el marco del sistema acusatorio, del caso en particular”.
3. Principio de legalidad. Principio pro homine. Interpretación de la ley.
“[L]a observancia de [las] reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal…”.
4. Juicio oral. Interpretación de la ley.
“[E]l art. 365 del Código Procesal Penal de la Nación permite la suspensión del debate, pero no lo es menos que esa misma norma establece que la suspensión no puede exceder de diez días, con lo que, claramente, la eventual interrupción a los fines previstos en el art. 76 bis CP conllevará la nulidad del juicio, porque si se otorga la suspensión a prueba será, como mínimo, por un año, conforme lo establece la norma citada en último término. [N]o es posible la realización de un nuevo debate después de declarada la nulidad del anterior, porque de ese modo se afectaría la garantía que prohíbe el doble juzgamiento […].
En esos casos, si se concediera la suspensión después de iniciado el juicio ocurriría siempre una absolución en la instancia, porque se darían dos alternativas: o el imputado sería sobreseído por el cumplimiento de las condiciones del art. 76 bis CP, o resultaría absuelto porque ya ha sido juzgado, al haber sido sometido a un debate que se declaró nulo por exceso del plazo para suspenderlo”.
1. Suspensión del juicio a prueba. Requerimiento de elevación a juicio. Derecho de defensa. Plazo.
“[L]a pregunta que dio lugar al plenario está relacionada con los requisitos legales de la suspensión del juicio a prueba y no a una oposición basada en razones político criminales, puesto que se refiere a si debe prevalecer la calificación del hecho que la fiscalía efectuó en el requerimiento de elevación a juicio o la que los jueces entiendan correcta.
[N]inguna norma obliga al tribunal a prescindir de la calificación legal que estima correcta (sin necesidad de debate, en un caso de pura interpretación de la ley), para permitir una solución alternativa del conflicto que implica hacer efectivos los valores mencionados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Acosta’ […]; por el contrario, para quienes sostienen la plena vigencia del principio iuria novit curia resulta paradojal que al mismo tiempo se vean obligados a decidir estas cuestiones sobre la base de la utilización de un tipo penal que estiman que no resulta aplicable al caso.
No [hay] razones para hacer valer sin discusión alguna la calificación provisoria que la parte acusadora menciona en el requerimiento de elevación a juicio, cuando lo que obliga a los jueces es la descripción de los hechos y no su significado jurídico. Ningún principio pregona que la opinión jurídica de una parte –la fiscalía– deba permanecer incólume y sin ninguna discusión hasta la sentencia, máxime cuando esa posición importe la denegatoria sin más de un instituto como la suspensión del juicio a prueba que permite dar al conflicto una solución como la enunciada más arriba”.
“[L]a solución que propone la fiscalía, esto es, interpretar con ese grado de rigidez una calificación provisoria, que no sería revisable por nadie hasta la celebración del debate (salvo por el propio órgano acusador, claro está), no sólo vulnera el derecho de defensa del imputado, pues constituye una postulación que no podría discutirse hasta el final del debate –pese a que, muchas veces, entre uno y otro acto pasan años–, sino que también termina generando una situación paradojal: como el tribunal debe aferrarse al significado jurídico asignado al hecho en el requerimiento de elevación a juicio, si este no permite la suspensión del juicio a prueba, está obligado a denegarlo por no reunir los requisitos legales; a pesar de que el mismo tribunal, la defensa y la fiscalía, saben que de realizarse el juicio, esa calificación no perduraría y que la que los jueces estiman correcta tornaría viable el instituto, siempre que se trate de una cuestión técnica que no dependa del debate; para que sea claro, se trata del supuesto en que la descripción del hecho tal como fue consignado en el requerimiento de elevación a juicio puede constituir dos delitos diferentes según la posición de la fiscalía y de los jueces.
Sin embargo, cuando ello pueda ocurrir, cuando los jueces tendrían libertad para expedirse sobre ese aspecto, esto es, al final del debate, la suspensión del juicio a prueba sería extemporánea”.
Voto del juez Magariños
Suspensión del juicio a prueba. Ministerio Público Fiscal. Requerimiento de elevación a juicio. Principio acusatorio.
“[E]l tribunal oral carece de facultades jurisdiccionales para revisar la calificación típico-jurídica asignada al suceso por el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio. […] El fundamento de esa restricción está dado por la absoluta ausencia de una disposición normativa que habilite al órgano jurisdiccional a proceder de ese modo. En efecto, el Poder Legislativo no otorgó a la judicatura, en la regulación legal del instituto y, en consecuencia, tampoco en el marco de la audiencia de suspensión de juicio a prueba […] la facultad de analizar esa cuestión”.
“[L]a falta de una prohibición expresa para que el tribunal evalúe el significado típico-jurídico de los hechos en la oportunidad de analizar la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, no debe ser interpretada como una autorización para el ejercicio de un acto jurisdiccional que no se encuentra expresamente otorgada por la ley, ni es posible siquiera deducirla razonablemente de ella, como conferida de modo implícito”.
Voto del juez Huarte Petite
1. Suspensión del juicio a prueba. Principio de legalidad. Principio acusatorio.
“[L]a audiencia prevista por el art. 293 del Código Procesal Penal de la Nación no está destinada a discutir la calificación legal asignada a los hechos atribuidos al imputado en el requerimiento de elevación a juicio, sino a evaluar la procedencia de la suspensión del juicio a prueba en el caso concreto, para lo cual, resulta excluyente que la imputación y la calificación jurídica formulada en dicha requisitoria permita tal posibilidad”.
2. Suspensión del juicio a prueba. Plazo.
“[E]l criterio aquí expuesto en modo alguno importaría, a todo evento, impedir la procedencia del instituto en casos como el presente, pues […] la suspensión del juicio a prueba puede ser solicitada hasta el momento mismo en que el fiscal concrete la acusación en la discusión final, en la medida en que se verifiquen determinadas y precisas circunstancias”.
“[E]n supuestos como el presente, donde recién en el alegato final del fiscal de juicio, tras una moción de modificación de la calificación legal del hecho atribuido, surge la posibilidad de que en caso de condena la pena a aplicar pueda ser dejada en suspenso, presupuesto ineludible para la procedencia de este instituto, es recién aquí la primera posibilidad material que tiene la defensa para la introducción del pedido, y mal se le puede dar como respuesta que el plazo estaba vencido, por la sencilla razón de que antes no estuvo corriendo ningún plazo, en tanto la probation no era viable”.
Voto de la jueza Llerena
Suspensión del juicio a prueba. Principio de legalidad. Control de legalidad.
“[E]l posicionamiento de la fiscalía frente al caso es determinante de la suerte del pedido de probation, y la labor jurisdiccional se limita al necesario control de legalidad para establecer si la postura de la acusación constituye una derivación razonada de los hechos de la causa o del derecho de aplicación al caso”.
“[S]ólo frente a una subsunción típica que no se compadezca con el sustrato fáctico plasmado en la pieza procesal presentada a tenor del art. 346 CPPN, esto es, frente a un palmario error material de la fiscalía al momento de calificar un hecho en el requerimiento fiscal, los jueces pueden analizar esa cuestión, pero […] como consecuencia del control de legalidad que debe efectuar sobre todos los dictámenes del Ministerio Público Fiscal en virtud de las facultades previstas en los arts. 166 y siguientes del código de rito”.
Voto del juez Bruzzone
“[E]n la instancia prevista en el art. 293, CPPN, el órgano jurisdiccional tiene vedado analizar la corrección o incorrección de la subsunción jurídica propuesta por el Ministerio Público fiscal en el requerimiento de elevación a juicio, o […] lo que proponga la fiscalía en ese momento, puesto que ello importaría para el tribunal adentrarse prematuramente en el conocimiento de cuestiones fácticas y probatorias que son propias de la celebración del debate o, en todo caso, de la instancia reglada en el art. 431 bis del CPPN”.
Voto del juez Rimondi
“[E]l tribunal debe pronunciarse ateniéndose a la tipificación legal seleccionada por la fiscalía. Es decir […] que los jueces no tenemos ‘autonomía’ para formular una hipótesis jurídica distinta en el marco de una solicitud de suspensión del proceso a prueba. [R]especto al instituto de la probation […] que rige plenamente el principio acusatorio”.
Voto del juez Díaz
“[N]o puede invocarse ni aplicarse en esta oportunidad procesal la facultad propia de los jueces de decir el derecho […] por lo que corresponde concluir que, a los fines de determinar la procedencia de la suspensión del juicio a prueba (artículo 76 bis del Código Penal), el tribunal oral debe tomar como referencia la calificación típico-legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio, toda vez que ese órgano jurisdiccional carece de facultades normativas para corregir o modificar el contenido del mencionado acto acusatorio”.
Voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morín
“[L]a oportunidad procesal para que el tribunal del juicio analice la calificación jurídica de un caso es el debate oral y público y no durante los actos preliminares, máxime  luego de haber cumplido con la citación establecida en el art. 354, CPPN; por lo tanto, el tribunal oral no podía proceder como lo había hecho –esto es, modificando el encuadre jurídico postulado en el requerimiento de elevación a juicio y concediendo, en consecuencia, la suspensión del juicio a prueba–“.

SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; DICTAMEN; REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO; OPOSICIÓN FISCAL; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; CONTROL JUDICIAL; CONTROL DE LEGALIDAD; POLÍTICA CRIMINAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; PLAZO; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO PRO HOMINE; JUICIO ORAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Diaz (causa Nº 5553)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia
El Tribunal Oral Federal de Resistencia concedió la excarcelación al imputado (jueza Alcala y jueces Belforte e Iglesias)
1. Prisión preventiva. Excarcelación. Riesgos procesales. Código Procesal Penal. Reforma legal.
“[A] partir de la nueva normativa introducida en relación a las medidas de coerción, por los artículos 210, 221 y 222 del CPPF  –cuya aplicación se encuentra vigente al día de la fecha, en todo el país– existe la obligación para el Ministerio Publico Fiscal, de probar y fundamentar, en cada caso concreto, el riesgo procesal y peligro de fuga, a partir de las pautas objetivas establecidas por la ley”.  
“En primer lugar, se modificó la situación procesal del imputado: la causa ingresó a este Tribunal, se encuentra en la etapa de juicio, donde no quedan medidas probatorias pendientes de producción a los fines de esclarecer el hecho investigado, en concreto, está próxima la citación a juicio, y fijación de la audiencia preliminar en vista al debate.
“Por otro lado, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, la descripción del hecho no amerita la aplicación de medidas precautorias, por cuanto la gravedad del delito y la calificación legal, no son pautas suficientes que por sí solas hagan presumir que el imputado entorpecerá la investigación de la causa. Además, el encartado no registra otros antecedentes penales, circunstancia que demuestra que no violó estancias excarcelatorias anteriores”.
2. Prisión preventiva. Código Procesal Penal. Reforma legal. Dictamen. Deber de fundamentación.
“En segundo lugar, varió el régimen procesal, que establece un nuevo paradigma en relación a las prisiones preventivas, con un catálogo de pautas objetivas a considerar, en relación al peligro de fuga (art. 221), y al entorpecimiento de la investigación (art. 222).
En este nuevo escenario, la prisión preventiva, está pensada, como su nombre lo indica, para que una persona que es imputada en un proceso penal, pueda llegar al momento de la Sentencia disponible ante el juez, estar presente en el momento del juicio y además no entorpezca la investigación. O sea, las dos cuestiones por las cuales un juez puede decretar la prisión preventiva de una persona, es cuando hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación”.
“En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal, omitió pronunciarse en los términos del nuevo código, no habiendo considerado ni evaluado lo que respecta a las cuestiones señaladas en el párrafo anterior”.
3. Régimen penal juvenil. Detención de personas.
“Además, debemos considerar las circunstancias apuntadas por la Defensa: el lugar de detención actual –Delegación de la Policía Federal de Sáenz Peña– no es el adecuado ni cumple los parámetros establecidos por la normativa nacional y convencional, en cuanto a las condiciones de detención, y Díaz transita la edad de ‘joven adulto’ –19 años– situación que le impide ingresar en un centro de detención penitenciario de la jurisdicción, que le permita gozar de los derechos previstos por la ley…”.
PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; RIESGOS PROCESALES; DICTAMEN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; DETENCIÓN DE PERSONAS;
HPE (causa Nº 82230)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
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PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; RIESGOS PROCESALES;
CVG (causa Nº 81189)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
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PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; RIESGOS PROCESALES;
Ferraro (Causa Nº83729)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, confirmó la resolución recurrida (jueces Lucini y González Palazzo). En disidencia, la jueza Laíño propuso revocar la decisión y conceder la excarcelación al imputado bajo caución personal.
Voto en disidencia de la jueza Laíño
“Más allá de las razones invocadas por el juez a quo en el auto apelado, lo cierto es que excedió el límite para el que estaba habilitado a expedirse, vulnerando así el modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra Constitución Nacional. Ello en tanto lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal opera como límite del marco de decisión del órgano jurisdiccional, que, consecuentemente, no puede ir más allá de lo requerido por la acusación…”.
“La característica principal del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio previsto en la Constitución Nacional implica la división de los poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir.
En consecuencia, dado que el temperamento adoptado lesiona la garantía de imparcialidad del juzgador, por afectación del principio acusatorio, debe revocarse la decisión y concederse la excarcelación del nombrado”.
“En cuanto a la caución, teniendo en consideración los antecedentes condenatorios que registra, que impediría que en caso de recaer similar temperamento en estas actuaciones su cumplimiento pueda ser dejado en suspenso, una de tipo juratoria resulta, a mi juicio, insuficiente a fin de garantizar la efectiva aplicación de la ley sustantiva (art. 280 CPPN)”.
EXCARCELACIÓN; PRISIÓN PREVENTIVA; PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD;
BTF (causa Nº 82232)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
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PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; RIESGOS PROCESALES; CAUCIÓN;
AMA (causa Nº 18084)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
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PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; RIESGOS PROCESALES; CAUCIÓN;
Huanuco (causa Nº 82267)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución impugnada y concedió la excarcelación al imputado bajo una caución personal (jueces Lucini y González Palazzo y, por su voto, jueza Laíño).
Voto de los jueces Lucini y González Palazzo
1. Excarcelación. Riesgos procesales.
“Examinada la situación de Huanuco en el marco de la Ley 27482, a la luz de los arts. 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, se advierte que fue procesado como coautor del delito de robo […]. El hecho que se investiga no presenta complejidad ni características particulares que merezcan especial atención en la aplicación del instituto. Por otro lado, se ha reunido la prueba necesaria, tal como exhibe el auto que determinó su responsabilidad de manera provisoria y sugiere la posible y pronta elevación del legajo a la etapa de debate.
En cuanto a su arraigo, aportó un domicilio en que reside con su madre y que ha sido constatado, lo cual basta para verificarlo junto a cierto grado de contención en el cumplimiento de futuros compromisos procesales”.
Voto de la jueza Laíño
2. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Exceso en el pronunciamiento.
“[A]l momento de resolver, no se verificaba controversia entre lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y lo solicitado por la defensa […]. [E]l magistrado interviniente excedió el límite para el que estaba habilitado a expedirse, vulnerando así el modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra Constitución Nacional […]. Ello en tanto lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal opera como límite del marco de decisión del órgano jurisdiccional, que, consecuentemente, no puede ir más allá de lo requerido por la acusación. Asumir la posición contraria implicaría colisionar con los principios que rigen nuestro sistema penal acusatorio (en particular el ne procedat iudex ex oficio y la prohibición de la actuación jurisdiccional ultra petita).
Cabe recordar que la característica principal del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio previsto en la Constitución Nacional implica la división de los poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir. En consecuencia, dado que el temperamento adoptado lesiona el principio acusatorio, corresponde revocar la resolución venida en apelación y conceder en consecuencia la excarcelación…”.
EXCARCELACIÓN; PRISIÓN PREVENTIVA; REFORMA LEGAL; CONSENTIMIENTO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; RIESGOS PROCESALES; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO;
PJN (causa N° 80896)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución impugnada y concedió la excarcelación bajo una caución real (jueces González y Rodríguez Varela).
1. Riesgos procesales. Código Procesal Penal.
“De acuerdo a la escala penal resultante para el concurso de delitos por el cual fue procesado […] y a la existencia de un antecedente condenatorio […] su soltura resultaría en principio improcedente desde la perspectiva de lo dispuesto en el artículo 317, inciso 1º del Código Procesal Penal, en función del artículo 316, segundo párrafo, ambos supuestos, del mismo texto legal.
Tales circunstancias, a las que se añade que, de recaer una eventual sanción en estos actuados, no podrá ser dejada en suspenso e implicará declararlo reincidente […], como también que aparece inscripto ante el Registro Nacional de Reincidencia con otro nombre […] y que posee dos causas en trámite paralelo […], constituyen indicadores del peligro de fuga, al que se refiere el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación.
El cuadro señalado no varía si se aplican al caso los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, como lo ha solicitado en la audiencia el defensor oficial y ha sido indicado por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del citado cuerpo legal en su resolución del pasado 13 de noviembre”.
2. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Interpretación de la ley. Analogía.
[C]on independencia de la jerarquía normativa que se asigne a tal decisión, en tanto las Leyes N° 27.063 y 27.150 no han previsto expresamente etapas de vigencia parcial del articulado del nuevo código, el acto en cuestión consolida la razonabilidad del empleo de las herramientas legales a las que se refiere. Esto al menos en ampliación in bonan partem (artículo 2 del CPPN) de las garantías del debido proceso que […] suponen aquellos dispositivos legales, y en mérito a su correspondencia con las reglas de los artículos 2, 280, 312 y 316 a 319 del código procesal vigente y la pacífica interpretación finalmente recogida en el plenario n° 13 ‘Díaz Bessone’ de la Cámara Federal de Casación Penal”.
3. Reforma legal. Código Procesal Penal. Interpretación de la ley.
“[E]n los párrafos anteriores se han realizado ya las consideraciones relativas al peligro de fuga al que se refiere el artículo 221 del CPPF, puesto que hemos analizado la pena en expectativa, el pronóstico negativo aquí de condena condicional, la constatación de detenciones previas (inciso b) y el déficit detectado en los datos personales proporcionados a las autoridades (inciso c).
Esta verificación, aún en ausencia de indicadores de peligro de entorpecimiento análogos a los señalados en el art. 222 del CPPF, conduce a la posibilidad de neutralizar dicho riesgo de fuga con la concesión de la excarcelación bajo la aplicación conjunta de algunas de las medidas cautelares receptadas tanto en los artículos 310 y 324 del CPPN como en el 210 del CPPF, para asegurar la sujeción del imputado al proceso, que ha de ingresar pronto a la etapa crítica de la instrucción”.
EXCARCELACIÓN; PRISIÓN PREVENTIVA; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; RIESGOS PROCESALES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ANALOGÍA; PENA; ANTECEDENTES CONDENATORIOS;
Roque Cuba (causa Nº 6341)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, revocó la resolución impugnada y concedió la excarcelación al imputado bajo una caución personal de tres mil pesos junto con la obligación de someterse al “cuidado o vigilancia” de un centro de orientación en adicciones (juez González Palazzo y jueza Laíño).
1. Excarcelación. Riesgos procesales. Principio de proporcionalidad.
“[El imputado] fue procesado, con prisión preventiva, como autor del delito de tentativa de robo […], cuya escala punitiva –en abstracto– y la ausencia de antecedentes condenatorios permiten encuadrar su situación en las previsiones del artículo 317 inciso 1°, en función del 316 del Código Procesal Penal de la Nación.
Se valora a su favor que se identificó correctamente al ser aprehendido […] y el domicilio que aportó en ocasión de su última detención fue constatado por su madre […]. También que el suceso investigado no es complejo y no hay prueba pendiente de producción. Ello sugiere que el eventual debate no tardará en desarrollarse, lo cual diluye de manera considerable los riesgos de elusión al accionar de la justicia y/o entorpecimiento de la investigación, conforme su artículo 319. Ello demuestra que la medida de coerción personal es desproporcionada, por lo que corresponde hacer lugar al derecho impetrado”.
“En el caso, [el imputado] posee arraigo y contención familiar […] y podría retomar su trabajo de ayudante de herrería y albañilería de ser excarcelado. Es que más allá de las causas que registra en trámite y las rebeldías que se dictaron en este sumario –justificadas por cierto por la defensa […]– no median otros indicadores adicionales de riesgos procesales –entorpecimiento de la investigación o fuga–…”.
2. Adicción. Consumo personal de estupefacientes.
“No se soslaya que en este proceso obtuvo la suspensión del juicio a prueba […], la que fue revocada […]. Sin embargo, no puede dejar de considerarse que […] realizó un tratamiento de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas bajo la modalidad de internación […]. Ello, conjugado con su precaria situación socioeconómica […], podrían explicar su sustracción al proceso. Refuerza lo expuesto que las dos causas en trámite que posee […] son por infracciones a la Ley 23.737 […], lo que indica la subsistencia de aquella problemática.

De allí que las pautas valoradas por la Sra. Jueza de grado no presenten entidad para mantener su encarcelamiento preventivo, dado que el análisis debe realizarse con el máximo rigor para no tornarlo desproporcionado”.

“Asimismo –tal como lo postuló su asistencia técnica– deberá someterse al ‘cuidado o vigilancia’ del Centro de Orientación en Adicciones CEDECOR previa admisión del SEDRONAR…”.
3. Código Procesal Penal. Reforma legal. Principio pro homine.
“En relación a la petición efectuada por la defensa […] en cuanto reclama la aplicación del art. 210 del Código Procesal Penal Federal, […] nada impide la aplicación de lo establecido por los arts. 210, 221 y 222 del dicho ordenamiento. Ello en tanto lo allí receptado constituye una interpretación más respetuosa de los derechos reconocidos en el Bloque de Convencionalidad y los documentos emitidos por los organismos regionales sobre el uso de la prisión preventiva […].
Frente a este panorama, […] la solución debe adoptarse atendiendo a dichos parámetros, que aseguran por una parte una interpretación pro homine y favor libertatis de las normas en juego que imponen privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal […] y por otra otorgan plena vigencia a la garantía constitucional de presunción de inocencia…”.
EXCARCELACIÓN; PRISIÓN PREVENTIVA; ADICCIÓN; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; PRINCIPIO PRO HOMINE; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Cimino (causa N° 15999)Juzgado Federal de Río Grande.
El Juzgado Federal de Río Grande concedió la excarcelación a la imputada bajo caución juratoria (jueza Borruto).
1. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Pena.
“[L]la calificación otorgada a los hechos impedirían la soltura anticipada de la detenida, en tanto las penas máximas y mínimas previstas para el delito atribuido superan los topes normativamente establecidos y no posibilitaría que la condena que pudiera recaer sobre el imputado sea de condicional cumplimiento […].
Pero tal como la doctrina y jurisprudencia establecen pacíficamente, y siguiendo los lineamientos sentados por la Cámara Federal de Casación Penal en el plenario nº 13 ‘Díaz Bessone’, esa circunstancia no puede ser el único motivo por el cual se deniegue la excarcelación de una persona, puesto que aquellas prerrogativas se erigen como una presunción que admite pruebas en contrario que permitan, en definitiva, disponer la liberación anticipada de la detenida.
Por ello, a lo señalado en primer término, se deben adunar circunstancias que generen una situación de riesgo procesal concreto, traducido en la posibilidad de que, en libertad, la imputada intente entorpecer el normal desarrollo del sumario o eludir el accionar de la justicia; como elementos que permitan denegar la soltura de la detenida.
Pues bien, debe destacarse que, conforme lo que surge de las actuaciones, no existen indicios concretos que permitan configurar un riesgo procesal cierto que no pueda ser suficientemente neutralizado a través otras medidas precautorias alternativas, menos lesivas.
Sin perjuicio de ello, dado que, tal como se ha dicho, la pena en abstracto del delito imputado no permitiría que la condena sea de condicional cumplimiento, entiendo que habrán de disponerse medidas restrictivas menos lesivas, en pos de neutralizar cualquier riesgo procesal”.
“[L]a inminencia en la elevación a juicio oral de la presente causa, echa por tierra lo manifestado por la Sra. Fiscal Ad Hoc, en cuanto a la posibilidad de que Cimino pueda de alguna manera entorpecer la prosecución de la investigación”.
2. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Interés superior del niño.
“En otro sentido, se debe tener en consideración las circunstancias personales de la nombrada, donde se evidencia no sólo que ella posee un núcleo familiar, sino que resulta ser la encargada del bienestar de sus hijas menores de edad, cuyo interés superior he de tener especialmente en cuenta”.
“En este contexto, a la par de considerar que el arraigo de la Sra. Cimino se encuentra acreditado, el interés superior del niño solo puede verse materializado, en este caso, concediendo la excarcelación de la nombrada, permitiendo así la reunión de este grupo familiar que dada su historia, ha quedado en cabeza de la imputada. Ello, sumado a que no tiene antecedentes penales […] permite concluir que no se aprecian indicadores suficientes y concretos de riesgo procesal”.
“El derecho que asiste a los menores de crecer dentro del seno de una familia no puede ser interpretado en abstracto y de forma absoluta, sino que habrá de ser evaluado en cada caso analizando sus características particulares […]. Por ello se comprende el estado de angustia emocional al que sin lugar a dudas se encuentran sometidos los niños –especialmente, los de temprana edad– cuando ocurren situaciones como se dan en el caso de autos que, como consecuencia de una medida restrictiva de la libertad impuesta contra los padres, se ven afectados de alguna manera los niños…”.
“[E]l pedido de prisión domiciliaria planteado por la Sra. Fiscal Subrogante resulta por demás gravoso para el bienestar de las hijas menores de edad de la Sra. Cimino, toda vez que al restringir su libertad ambulatoria, la misma no podría trabajar para alimentar y escolarizar a sus hijas”.
3. Prisión preventiva. Género. Reglas de Bangkok.
“La Recomendación VI emitida por el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias denominada ‘Derecho de las Mujeres Privadas de la Libertad –Género en Contextos de Encierro–‘ exhorta a los miembros del Poder Judicial a que “I. al momento de adoptar medidas relativas a la prisión preventiva y/o a la condena, tengan presente lo dispuesto en las Reglas de Bangkok (n° 57,58, 60, 61,62, 63, 64), y demás estándares en materia de Derechos Humanos de las mujeres, vinculado a la excepcionalidad del encierro y la necesidad de implementar medidas no privativas de libertad.
La Regla de Bangkok nº 64 establece que: ‘Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará imponer sentencias privativas de libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presente el interés superior del niño o los niños y asegurando, al mismo tiempo, que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos niños’”.
PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; PELIGRO DE FUGA; PENA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; GÉNERO; REGLAS DE BANGKOK;
Lewosik (causa Nº 1010)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a la acción y ordenó a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires que brindara la cobertura y provisión del tratamiento médico requerido por la actora en la forma, modalidad y condiciones indicadas.
1. Personas con discapacidad. Cannabis. Tratamiento médico
“En efecto, de las constancias obrantes en autos se desprende que A. T. Lewosik cuenta con el certificado de discapacidad previsto por la ley nacional 24.901 –de acuerdo a lo establecido por las leyes nacionales 22.431 y 25.504– por lo que resulta beneficiaria de las prestaciones aludidas en dicha normativa […]. Asimismo, de la nota suscripta por su médico tratante, el Dr. Carlos A. Magdalena se desprende que se le ha recetado la provisión del medicamento de que se trata para su cuadro de epilepsia refractaria […].
Por otra parte, la accionante ha requerido por ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología su inclusión al régimen de acceso de excepción a medicamentos no registrados (RAEM –NR) de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 10874-E/2017 – Res. CJTA Nº 842 y 426/01 […].
En ese orden de consideraciones no puede perderse de vista que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.a.3 de la Resolución Nº 10874-E/2017, a los fines de la mentada autorización se debe acompañar entre otras cosas, el resumen de la historia clínica, el tratamiento recibido, el producto y dosis indicado y la prescripción médica de que se trata.
Por lo demás, de las constancias anejadas a la causa, se desprende que el Estado Nacional autorizó el ingreso de 10 envases Tilray (CBD 100) elaborado por Tilray, Canadá a fin de ser destinados a la paciente T. A. Lewosik (v. CE-2018- 670444464-APN-DGYGR·ANMAT…).
Por último, es preciso señalar que la pretensión de la actora de que se le brinde una cobertura del 100% del tratamiento –de acuerdo a lo prescripto por el profesional que lo atiende– se enmarca en un todo dentro de las previsiones de la ley 24.901 (puntualmente arts. 15, 37 y 38) y resulta exigible a la demandada en virtud de los arts. 20, 21 y 42 de la CCABA y art. 2° de la ley 472”.
2. Obras Sociales. Derecho a la salud. Tratamiento médico
“Aclarado lo anterior, es dable advertir que no modifica el criterio indicado en el parágrafo anterior el hecho de que la demandada no se encuentre adherida al régimen nacional de obras sociales.
En efecto, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero sostuvo en un caso análogo que si bien la ObSBA no es Agente del Seguro Nacional de Salud, ello no implica que sus beneficiarios no reciban atención médica adecuada, pues dicha circunstancia importaría en los hechos impedir a aquellos agentes cautivos de la demandada adherir a otros sistemas con la expectativa de contar con la mejor y más amplia cobertura que la legislación vigente asegura, obligándolos a recibir prestaciones aranceladas en casos de discapacidad y desconociendo las responsabilidades que deben asumir prima facie los prestadores de la salud en la asistencia y atención de las personas discapacitadas, de la que no pueden sustraerse en razón de demoras contingentes en la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al régimen nacional (CámCAyt, Sala II in re `Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (denuncia incumplimiento respecto a la afiliada Brenda Nicole Denghi) c/ GCBA s/ otros procesos incidentales´, Expte. Nº EXP 5348/8, sentencia del 10/02/05; v. en el mismo sentido C.S., Fallos 327:1212 y 335:871 entre otros).
Por ende, a la luz de la normativa analizada, corresponde disponer que la ObSBA asegure la cobertura y provisión a la actora, del tratamiento médico prescripto por los profesionales médicos que la tratan”.
ACCION DE AMPARO; OBRAS SOCIALES; CANNABIS; TRATAMIENTO MÉDICO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO A LA SALUD;
Castro (reg. Nº 1650 y causa Nº 72983)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la imputación, casó de manera parcial la sentencia, modificó la calificación legal del hecho por la de robo simple y fijó la pena en diez meses de prisión y la pena única en un año de prisión. Además, dejó sin efecto la declaración de reincidencia.
1. Robo. Banda. Tipicidad. Principio de legalidad. Declaración de inconstitucionalidad.
“[L]a figura contenida en el art. art. 167 inciso 2° CP. […] es inconstitucional en tanto al no brindar una definición clara y precisa del sustantivo banda vulnera el principio de taxatividad, mientras que no resulta posible determinarlo por vía hermenéutica ante las innumerables posibilidades que brinda la ley penal, y por importar esa tarea una violación a la prohibición de analogía que integra el citado principio de legalidad (art. 18 CN).
De tal forma, […] corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 167 inciso 2 del Código Penal y, en consecuencia, calificar el hecho como constitutivo del delito de robo (art. 164 CP)” (voto del juez Jantus).
2. Robo. Banda. Asociación ilícita. Principio de legalidad.
“[A]dmitir que la ‘banda’ mencionada en los artículos 166, 167 y 184 pudiese estar constituida por tres personas reunidas ocasionalmente (aunque con un cierto grado de organización y división de tareas), para la comisión de un hecho concreto, significaba consagrar una forma de concebir el tipo penal que resultaba violatoria del principio de legalidad sentado por el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
“[No parece] razonable remitirse al lenguaje usual para definir el concepto de ‘banda’, ni tampoco (sobre la base de su eventual consideración como delito complejo), a la comparación de las escalas penales previstas para los tipos penales involucrados, ni a la posterior elevación de la escala penal, para los jefes u organizadores, en el tipo de asociación ilícita, ni por último, a otros antecedentes históricos, cuando la versión legislativa a que se llegó finalmente, no modificada a la fecha, sólo proporcionó como definición normativa, apta para completar el tipo penal en cuestión, la que aquí [se propone]”.
“En el sub lite, asiste razón a la defensa en cuanto, conforme la prueba reunida y valorada por el tribunal a quo, no se han agregado elementos de juicio que posibilitaran concluir, con el grado de certeza que una sentencia condenatoria requiere, que [el imputado] hubiera tomado parte en el hecho que se le atribuye en el marco de una ‘asociación de tres o más personas destinada a cometer delitos’ con arreglo a lo establecido en el artículo 210 del Código Penal, con los elementos de cierta permanencia y mínima organización interna que tal clase de ‘asociación’ requiere”.
“[C]onforme la prueba reunida y valorada por el tribunal a quo, no se han agregado elementos de juicio que posibilitaran concluir, con el grado de certeza que una sentencia condenatoria requiere, que […] Castro hubiera tomado parte en el hecho que se le atribuye en el marco de una ‘asociación de tres o más personas destinada a cometer delitos’ con arreglo a lo establecido en el artículo 210 del Código Penal, con los elementos de cierta permanencia y mínima organización interna que tal clase de ‘asociación’ requiere” (voto del juez Huarte Petite).
3. Juicio abreviado. Reincidencia. Principio acusatorio. Exceso en el pronunciamiento. Derecho de defensa.
“[E]n supuestos como el presente, el tribunal de juicio carece de facultades para expedirse sobre cuestiones que no integran el acuerdo celebrado y, por lo tanto, resultan ajenas al marco del procedimiento previsto en el art. 431 bis del código de forma. El tratamiento unilateral de aspectos no acordados conduce a la falta de correspondencia entre los términos del acuerdo suscripto y la sentencia dictada y, en definitiva, a un pronunciamiento ultra petita que, en este punto, no puede sostenerse como acto jurisdiccional válido, en la medida en que, de ese modo, se afecta el derecho de defensa. Es claro que el imputado, mediante la aceptación del acuerdo renuncia a su derecho que la imputación se ventile en un juicio oral, y esa renuncia implica el respeto en la sustancia de los términos acordados, pues la propia ley brinda la solución de rechazar el acuerdo por parte del tribunal en los supuestos previstos por el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación” (voto del juez Jantus al que adhirió Huarte Petite).
“[F]rente a la declaración de reincidencia impuesta en la sentencia, sin que hubiese mediado petición de la parte acusadora, la asistencia técnica del imputado se había encontrado sorprendida y a la vez impedida de contradecir u oponerse a una eventual decisión en ese sentido; en definitiva, se había visto imposibilitada de ejercer adecuadamente su defensa y de diseñar una estrategia al respecto” (voto concurrente del juez Huarte Petite).
4. Pena. Determinación de la pena. Unificación.
“[Se advierten] más circunstancias atenuantes que agravantes, [por lo que corresponde] disminuir en ocho meses de prisión la pena impuesta en esta causa, estableciéndola a la pena de diez meses. [E]n base a la disminución de la pena fijada al imputado, corresponde consiguientemente modificar el monto impuesto para la pena única y, de conformidad con el método composicional utilizado por el a quo, fijarlo en un año de prisión, comprensiva de la sanción antes enunciada y de la pena única de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento…” (voto del juez Jantus al que adhirió Huarte Petite).
ROBO; BANDA; ASOCIACIÓN ILÍCITA; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; JUICIO ABREVIADO; REINCIDENCIA; PRINCIPIO ACUSATORIO; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; UNIFICACIÓN;
Rodríguez (causa N° 12570)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, de manera unipersonal, absolvió a la imputada y ordenó su inmediata libertad (juez Juárez Almaraz).
1. Estado de necesidad. Interpretación de la ley.
“[C]uando el Código Penal regula en el art. 34 inc. 3) al estado de necesidad, contempla como requisitos para que se configure el mismo: a) que el mal causado sea ‘menor’ que aquel que se quiso evitar; b) que el mal que se pretendió evitar sea ‘inminente’ y c) que el agente no sea ‘responsable’ del mal que después quiere neutralizar lesionando otro bien jurídico.
El estado de necesidad justificante requiere los siguientes elementos: a) El subjetivo, que radica en la finalidad de evitar un mal mayor; b) La ley refiere el concepto ‘mal’ en el evitado y en el causado, ambos tienen de común que se trata de concepto amplios comprensivos de todo tipo de lesión a intereses reconocidos por el Derecho, siendo ‘el mal causado’ típico, lo que no es exigencia del ‘mal evitado’. La amplitud del concepto permite comprender la colisión de deberes pues éstos suponen un bien que él debe proteger.
A su vez, el bien jurídico lesionado necesariamente debe ser ajeno, pero el salvado puede ser propio o ajeno, el mal evitado debe ser mayor y si se trata de bienes iguales se trata de una cuestión de apreciación circunstancial, según el grado de bienes y la naturaleza de los intereses jurídicamente protegidos; c) Inminencia: es inminente un mal a cuya merced se encuentra el sujeto que, además, así lo comprende; d) Inevitabilidad: del mal por otro medio, se deriva del requisito de que se trate de una situación de necesidad, aunque no lo requiera la ley expresamente. No se requiere que se haya evitado efectivamente el mal mayor, pero es requisito que el mal causado sea normalmente un medio adecuado para evitarlo, lo que debe valorarse en cada caso concreto: e) En relación al mal debe considerarse la jerarquía del bien jurídico, la intensidad de la afectación o peligro, el grado de proximidad del peligro del mal que se evita o se quiere evitar y la intensidad de la afectación considerando las circunstancias personales de los respectivos titulares.
El estado de necesidad sólo juega como eximente cuando es invocado por quien se encuentra en una situación angustiosa, de peligro inmediato y de la cual no puede salir sino a costa de sacrificar un bien extraño”.
2. Estado de necesidad. Violencia de género. Vulnerabilidad.
“Se deben tener en cuenta […] las condiciones y circunstancias de vida experimentadas por la imputada, única fuente de sustento económico de un grupo familiar, compuesto por ella y dos pequeños hijos con los que, por carecer de vivienda, reside desde que se separó del progenitor de aquellos en la casa de sus padres […]. [R]esulta de toda relevancia que el abandono del hogar familiar se produjo […] luego de haber sufrido durante alrededor de seis años situaciones de violencia y frente a un hecho concreto por parte de su pareja, que la obligó a acudir a la guardia del hospital […].
Se suma a ello que la menor de los hijos […] padece una malformación congénita en una de sus extremidades superiores, a raíz de la cual se le prescribió una cirugía reconstructiva urgente […].Este contexto […] indica la existencia de un riesgo cierto, actual e inminente que no ofreció a la encausada otra alternativa que la comisión de un ilícito como medio para evitar un mal actual e inminente al que era ajena”.
“La actualidad del mal en cuestión no puede sino ser tal, si consideramos que [un] profesional de la salud certificó la necesidad de la intervención quirúrgica con urgencia. No resulta posible desconocer, además, que una discapacidad física tan severa como la que padece la niña, provoca inevitablemente un menoscabo o afectación a nivel psicológico tanto de ella como de su madre, dado que coloca a la menor en una evidente situación de desigualdad frente a cualquier niño de su edad en cuanto a las oportunidades de evolución, desarrollo y proyecto de vida. La realidad indica entonces que si un tratamiento quirúrgico reconstructivo puede contribuir a la mejora de su desarrollo psicofísico, indudablemente aquel resultará más beneficioso cuanto a más temprana edad se realice”.
“[…] Realmente en la situación económica y familiar de la encartada, la falta de cobertura médica y los escasos ingresos que podía percibir realizando trabajos como bagayera o de limpieza, no le permitirían reunir una cifra tan elevada y para alguien en su situación, sin lugar a dudas, también se tornaría prácticamente imposible afrontar tan sólo el sólo costo de tener que trasladarse y alojarse junto a su hija en algún lugar alejado de la ciudad de Salvador Mazza para que recibiera tratamiento…”.
“[E]l origen del mal actual e inminente […] resulta absolutamente ajeno a la imputada. Las desgracias personales que le han tocado vivir, así como el contexto socio económico signado por una grave crisis […] ha hecho su impacto sobre la hija menor y su grupo familiar, al punto de colocarla en el estado de precariedad y apremio”.
“No tuvo otros medios menos lesivos a los cuales dar preeminencia antes de transportar la droga, y recurrió a dicha conducta para salvar otro bien o interés mayor amenazado, cual resulta la vida e integridad psicofísica de su hija”.
3. Salud pública. Delitos de peligro abstracto.
“De otro costado, no puede perderse de vista la particularidad que presenta el tipo de delito por el que viene acusada a juicio, de los denominados de peligro abstracto, y el bien jurídico tutelado por la norma. Ante la realidad de una madre con una nena de tan sólo dos años que sufre en carne propia las limitaciones de su hija a diario, como mal que intenta proteger, la salud pública se presenta como un valor que se desdibuja, que quizá ni siquiera llegó a representarse como ocurriría con el daño concreto que se puede producir a otros bienes, tales como la propia persona o el patrimonio de un tercero. [La mujer] fue consciente de que su conducta era ilegal y asumió el riesgo de poner en peligro su propia libertad, pero tal vez ni siquiera se representó ni fue consciente de que con el transporte del alcaloide puso en riesgo la salud pública”.
4. Violencia de género. Protección Integral de la Mujer.
“Teniendo en cuenta [lo prescripto por la ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres], se advierte que en el presente caso la imputada ha sido víctima de violencia de género por parte del padre de sus dos hijos […], con quien convivió por algo más de seis años. Si bien es cierto que la convivencia con su pareja finalizó seis meses antes de la fecha del hecho, lo cierto es que se verificó una situación de riesgo de violencia moderada. Claramente […] no fue obligada por su ex pareja a cometer el delito pero la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba inmersa es irrefutable.
Al punto que […] no sólo no recibe ayuda económica sino que además cede a darle parte del salario familiar que percibe por los niños para el pago de impuestos y otros servicios de la vivienda en la que ni ella ni sus hijos viven, […] para evitar cualquier tipo de conflicto. Todo revela que la violencia de género efectivamente existió y que continuaba a la fecha del hecho pese a que la convivencia con el padre de los menores cesó…”.
“[R]esulta imposible escindir el contexto de violencia física y psicológica de gravedad en el que vivió durante largos años la imputada, que persistía […] al tiempo de los hechos. El caso debe ser analizado en el contexto de violencia de género dado en el ámbito doméstico, en el cual se observan las características históricas de desigualdad de poder entre varones y mujeres y las características propias del ciclo de violencia en la que se encontraba inmersa…”.
5. Estado de necesidad. Derecho a la salud. Interés superior del niño. Personas con discapacidad.
“Amén de la condición de víctima de violencia de género […], la patología que padece la menor tiene absoluta repercusión en la causa. Su accionar está justificado precisamente porque con aquel ella intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, la posicionó frente delito como única alternativa posible. No puede perderse de vista sobre este punto que [la mujer] no fue en busca de la solución más pronta y fácil para paliar el mal que la acogía sino que el ofrecimiento de realizar el transporte del tóxico se le presentó circunstancialmente […], con cuyos ingresos y los provenientes de sus changas como [bagayera], definitivamente se vería imposibilitada de costear los gastos necesarios para mejorar la salud de su hija en el corto y en el largo plazo.
En relación a este aspecto, debe tenerse en consideración la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que debe asegurarse su desarrollo integral y que la menor se ve disminuida en su proyecto de vida, y por ello su madre se vio motivada a la comisión de ese hecho, y es la discapacidad de la niña y la necesidad de contar con el dinero para afrontar un tratamiento urgente […], lo que acredita la actualidad e inminencia en sufrir un mal mayor…”.
“Las razones apuntadas […] permiten concluir que en el caso se presentó un estado de necesidad que justifica la conducta desarrollada por [la imputada] que encuadra sin esfuerzo en el art. 34 inc. 3º del Código Penal, excluyendo la antijuridicidad, y que impone su absolución…”.
ESTADO DE NECESIDAD; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; VIOLENCIA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA SALUD; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONA POR NACER; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DELITO DE PELIGRO ABSTRACTO;
Irisarri (Causa Nº 25419)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la impugnación, modificó la calificación del hecho por la de abuso de armas en concurso ideal con amenazas simples agravadas por el uso de armas y estableció la pena del imputado en tres años de prisión (jueces Morín y Días).
1. Amenazas. Coacción. Tipicidad. Agravantes.
“[L]as coacciones, a diferencia de las amenazas simples, exigen que el anuncio del mal esté dirigido a obligar al sujeto pasivo a ‘hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad’. A partir de ello es que la figura prevista en el segundo párrafo del artículo 149 bis del Código Penal no es comprendida como una amenaza agravada, sino más bien como un delito independiente o autónomo…”.
“[E]n las amenazas coactivas se requiere que la frase intimidante esté dirigida a obtener de la víctima un posible y concreto hacer u omitir externo [hay nota], no siendo suficiente que ello se infiera, o se ‘complete’, a partir del conflicto previo que existía entre ellos”.
“Al no verificarse la ultrafinalidad que distingue a las amenazas coactivas de las simples, […] la frase fue dirigida únicamente para alarmar y amedrentar [al damnificado], razón por la cual [se debe] modificar la calificación legal y encuadrar la conducta en la figura de amenazas simples agravadas por el uso de armas (artículo 149 bis primer párrafo in fine del Código Penal)”.
2. Concurso de delitos. Interpretación de la ley.
“[S]i bien en el concurso ideal ninguno de los tipos penales incluye dentro de sí al otro ­sino que cada uno de ellos aprehende ciertos aspectos del hecho­, lo cierto es que en estos casos se presenta una ‘superposición de espacios típicos’, siendo esta mínima repetición o reiteración de la prohibición lo que impide su acumulación material y conlleva a que solo deba aplicarse el tipo de pena mayor, conforme lo dispone el artículo 54 del Código Penal.
En el caso a estudio, el suceso acaeció sin solución de continuidad, a la vez que [el imputado] disparó contra [el damnificado] para dotar de mayor entidad a las amenazas que inmediatamente le profirió –mientras continuaba blandiendo el arma de fuego–, lo que evidencia una unidad de resolución, a lo que se suma que entre los tipos penales –que abarcan la totalidad del hecho reprochado– media una superposición en la que se repite la prohibición de la utilización del elemento vulnerante que caracterizó a ambas conductas.
Lo expuesto conduce a sostener que en el caso el a quo efectuó una errónea aplicación de la ley sustantiva, dado que las circunstancias puestas de resalto hacían aplicable el art. 54, CP”.
AMENAZAS; COACCIÓN; TIPICIDAD; AGRAVANTES; CONCURSO DE DELITOS; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Gironda (causa Nº 10883)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a la obra social que, en el plazo de cinco días, garantizara a JO la cobertura integral de diez unidades de aceite de Cannabis de laboratorio Tilray P Oral Solution CDB 100 mg/ml frasco gotero de 25 ml. Además, lo dispuso bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de cinco mil pesos ($5.000) por cada día de retardo en cabeza de quienes según la nómina de autoridades revistieran el carácter de presidente de la entidad o, en su caso, quienes los reemplacen legalmente. Finalmente, dio intervención al Ministerio Público Tutelar a fin de que asumiera la representación de JO.
1. Personas con discapacidad. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora
“En el presente caso, es necesario tener en cuenta que quien demanda la protección de sus derechos más esenciales es una persona que padece una grave discapacidad; es decir que se encuentra comprendida dentro de las personas que reciben una especial tutela constitucional, convencional y legal. A ello se agrega que la situación del actor también goza de especial tuición del sistema jurídico en razón de ser un adolescente”.
“[E]l sistema jurídico interpela a todos los operadores jurídicos para adoptar una conducta proactiva cuando se trata de personas con discapacidad; de alguna manera el sentido y razón de ser de una sociedad o nación se refleja en sus solidaridades o sus desintereses. Y merece destacarse aquí la conducta proactiva de la Asesoría Tutelar de este fuero CAyT”.
“Tales  circunstancias  –en especial la crítica situación de  salud que atraviesa el niño J., su condición de afiliado a FACOEP SE y el tratamiento médico que le fue prescripto para mejorar  su cuadro  de  salud–, apreciadas  dentro del limitado  marco de cognición propio de las medidas cautelares, me llevan a tener por acreditado, al menos en esta etapa liminar del proceso, el recaudo de la verosimilitud en el derecho invocado, pues no puede perderse de vista que las personas con discapacidad gozan de una especial tutela por parte de las normas constitucionales –tanto nacionales como locales– y convencionales.
En cuanto al recaudo del peligro en la demora, como ha dicho la Cámara de Apelaciones del fuero, rememorando una clásica doctrina que indica que `los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente,  cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar…´. Considero que el peligro en la demora surge manifiesto, dada la gravedad que implica la imposibilidad de contar con el dispositivo médico para su integración y el desarrollo pleno de su vida. Tales extremos llevan a considerar que, de no accederse a lo solicitado, existe la posibilidad de que se ocasione un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva. En tal sentido, cobra preeminencia el estándar convencional de tutela jurisdiccional efectiva a fin de orientar el sentido de esta resolución”.
ACCION DE AMPARO; MEDIDAS CAUTELARES; CANNABIS; TRATAMIENTO MÉDICO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO A LA SALUD; ASTREINTES;
Torres (Causa Nº33068)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso de casación y concedió la excarcelación al imputado bajo caución juratoria (Magariños, Huarte Petite y Rimondi).
1. Excarcelación. Condena no firme. Riesgos procesales. Principio de inocencia.
“[L]a existencia del estado jurídico de inocencia aun respecto de una persona sometida a proceso, y la obligación derivada de ese principio de que sea tratada como inocente, determina la excepcionalidad de la privación de la libertad dispuesta de modo cautelar”.
“[L]a circunstancia de que se haya impuesto una pena de cuatro años de prisión, sólo recurrida por la defensa, y al resultar la pena en sí, como la declaración de culpabilidad, una decisión de carácter no firme, el monto punitivo sólo puede, en caso que tenga éxito el recurso, verse reducido o eliminado y, en caso de que no lo tenga, confirmarse, pero nunca podrá exceder los cuatro años de prisión. En consecuencia, […] los parámetros objetivos que el legislador establece para presumir riesgos procesales no están presentes en el caso pues la pena, en el supuesto de que sea confirmada, sólo alcanzará los cuatro años de prisión y, si bien no podrá ser de ejecución condicional, de todos modos, sea cual sea la interpretación del monto máximo de ocho años que el legislador establece como parámetro de presunción de riesgos procesales –esto es, sea que se lo considere en abstracto o en concreto– nunca será alcanzado. En consecuencia, no se advierte la existencia de las pautas objetivas que determinen la concurrencia de riesgos procesales presumidos por el legislador”.
2. Condena no firme. Prisión preventiva. Medidas cautelares. Riesgos procesales.
"[S]e advierte […] una errónea lectura de las normas por parte del a quo, pues la decisión pretende afirmar que el dictado de una condena no firme es un elemento que determina la existencia de riesgos procesales sobre la base de sostener […] que la condena no firme modifica en algo la cuestión de esos riesgos”.
“[T]oda medida cautelar requiere la verificación de verosimilitud en el derecho, esto es, en el ámbito del derecho penal, la verificación de la sospecha de responsabilidad o culpabilidad del imputado y esto sí se modifica, por ejemplo, cuando se pasa del auto del procesamiento al dictado de una sentencia de condena no firme porque precisamente existe una mayor verosimilitud acerca de la culpabilidad o responsabilidad del imputado respecto del hecho que le ha sido atribuido. Sin embargo […] esto de por sí no modifica en nada los riesgos procesales ya que estos dependen de que exista y se verifique razonablemente peligro de fuga o de entorpecimiento”.
“[U]na condena no firme no incrementa el riesgo de fuga o de entorpecimiento, y lo único que puede aumentar es la verosimilitud de la presunción de culpabilidad, esto es, la verosimilitud en el derecho, pero no así el riesgo en la demora”.
3. Principio acusatorio. Prisión preventiva.
“[E]n materia de medidas cautelares rige plenamente el principio acusatorio [y] el dictado de la prisión preventiva por parte del Tribunal Oral de Menores habría sido extra petita, es decir, que no fue solicitada por la fiscalía que actuó en el caso, por lo que eso es otro motivo más en respaldo [de lo decidido]”.
4. Excarcelación. Riesgos procesales. Condena no firme. Arraigo.
“[P]or todas estas razones, unido a las características particulares del caso, como las condiciones personales del imputado, que se trata de una persona que ya ha soportado el encierro más de dos años, que cuenta con contención familiar, con una residencia estable y permanente, con un grupo familiar dispuesto a acompañarlo para que se someta a la realización del proceso, indica que no es posible, desde una perspectiva razonable, afirmar que existen riesgos procesales en el caso y, por lo tanto, es evidente que la decisión de privar preventivamente de su libertad al imputado sólo se sostiene en una interpretación errónea de las reglas aplicables al caso”.
PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; CONDENA NO FIRME; RIESGOS PROCESALES; ARRAIGO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; MEDIDAS CAUTELARES;
Saladino (causa Nº 18137)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8, de manera unipersonal, mantuvo la libertad del condenado en los términos de libertad condicional y fijó reglas de conducta (juez Larrain).
1. Ejecución de la pena. Reinserción social.
“[L]a situación del condenado […] es tan excepcional que amerita que sea abordada también desde un punto de vista inusual, y [debe] propiciar una modalidad de ejecución de la pena que evite justamente que el condenado regrese a prisión, máxime cuando, desde la fecha en que se verificó el hecho por el cual se le impuso la pena de mención, no sólo han transcurrido más de cinco años y medio sin que éste haya tenido ningún tipo de problema con la ley penal, sino que en dicho período éste reencauzó su vida, adquirió un trabajo estable y formó una familia que depende de su manutención”.
2. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Cómputo del tiempo de detención. Finalidad de la pena.
“En este punto, […] la respuesta más adecuada en el presente caso se encuentra en la aplicación del art. 13 del C.P. de acuerdo a su sentido y finalidad, prescindiendo para ello de uno de uno de sus requisitos, puntualmente, el temporal que exige que el causante haya cumplido encierro efectivo al menos durante ocho meses. […] Vale señalar en este punto que la libertad condicional no hace más que someter al sujeto a un control del ejercicio de su libertad de modo tal que cualquier incumplimiento futuro importe su revocatoria y el efectivo cumplimiento del resto de la pena”.
“[R]esulta claro que el lapso temporal de ocho meses previsto por el legislador para el otorgamiento de la libertad condicional, persigue que aquél sometido a proceso permanezca en detención un tiempo suficiente que le permita analizar y valorar las consecuencias negativas de los actos contrarios a derecho y, a partir de ello, reencauzar su vida y volverse un integrante valioso para la sociedad, [circunstancias] que ya se han verificado acabadamente en el caso de […] Saladino pese a que estuvo detenido poco menos de un mes”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; SENTENCIA CONDENATORIA; LIBERTAD CONDICIONAL; PENA; FINALIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA;
RCE (Causa Nº733)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró procedente la impugnación y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosatti, Lorenzetti y Maqueda). Para decidir de ese modo, se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación. El ministro Rosenkrantz, por su voto, resolvió del mismo modo y se remitió al precedente ‘Di Mascio’ de la CSJN.
Dictamen de la Procuración General de la Nación
1. Admisibilidad. Arbitrariedad. Cuestión federal. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).
“Si bien […] las resoluciones por las cuales los superiores tribunales de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local que se interponen ante ellos no son, en principio, revisables en la instancia del artículo 14 de la ley 48, y la tacha de arbitrariedad a su respecto es especialmente restrictiva […], la regla puede ceder, con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, ante supuestos de excesivo rigor formal susceptibles de menoscabar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal […]. [E]n el sub lite se verifica la situación excepcional que habilita la intervención de V.E.”.
“[L]as causales de arbitrariedad alegadas, se conectan de modo inescindible con la cuestión federal vinculada a la interpretación y aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (art. 14, inc. 3°, de la ley 48 y Fallos: 336:392) y del artículo 16, inciso i), de la ley 26.485, en tanto reglamentario de la convención citada…”.
“[E]l a quo dejó sin respuesta [los] argumentos con invocación de límites formales establecidos en el código procesal provincial. En esas condiciones, su decisión se aparta de la doctrina elaborada por el Tribunal conforme a la cual, si bien los temas vinculados a la admisibilidad de los recursos locales resultan ajenos a la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48 por revestir carácter netamente procesal, a partir de los precedentes ‘Strada’ […] y ‘Di Mascio’ […] ha precisado que las limitaciones de orden local no pueden ser invocadas por los máximos tribunales provinciales para rehusar el abordaje de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento (Fallos: 339:194)”.
2. Prueba. Apreciación de la prueba. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).
“[E]n su artículo 16, inciso i), la ley 26.485 dispone que en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de los ya reconocidos, se le garantizará a la mujer el derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. En sentido concordante, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI o CEVI), responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención en los Estados Parte ha recomendado, en el marco de la alegación de legítima defensa en un contexto de violencia contra la mujer, la adopción de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado para otro grupo de casos, en lo que aquí interesa, entender que la declaración de la víctima es crucial, y que la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados y tampoco la falta de señales físicas implica que no se ha producido la violencia [Recomendación General del Comité de Expertas del MESECVI Nº1 sobre Legítima Defensa y Violencia contra las Mujeres]…”.
“[D]eviene arbitraria la valoración del tribunal, como así también la que en igual sentido implica el criterio de las instancias revisoras, toda vez que restó credibilidad a los dichos de [la imputada] porque dijo que sufrió ‘piñas en la cabeza’ pero no manifestó dolor ni se constataron hematomas en el rostro. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que […] en el informe médico se dejó constancia de hematomas en el abdomen y en las piernas, con dolor espontáneo y a la palpación, y que refirió dolor en el rostro, es decir que los golpes fueron corroborados”.
3. Legítima defensa. Apreciación de la prueba. Versiones contrapuestas. In dubio pro reo.
“[M]ás aún en virtud de las normas específicas que rigen para los casos de violencia contra las mujeres, frente a las versiones opuestas de [la mujer y el hombre] sobre lo sucedido, el tribunal no podía descartar con certeza la causa de justificación alegada. Es oportuno recordar al respecto que en el precedente de Fallos: 339:1493, V.E. sostuvo que frente a hipótesis de hechos contrapuestas, en el derecho procesal penal el in dubio pro reo y la prohibición de non liquet le imponen al juez inclinarse por la alternativa fáctica que resulta más favorable al imputado. Ello es así, sin perjuicio de los aludidos elementos de convicción que favorecen la alegación de la defensa, como la valoración de los que a continuación se referirán en igual sentido”.
“Más allá de que no es unánime en la doctrina la exigencia de elementos subjetivos conforme a la cual quien no sepa que se defiende no podría actuar en forma justificada, lo cierto es que –en las condiciones del sub judice– es razonable considerar que ese aspecto se presentaba ante los dichos de [la imputada] en cuanto a que ‘esta vez me defendí porque pensé que me iba a matar […]’. [L]a valoración de los hechos o circunstancias fácticas alcanzadas por el in dubio pro reo incluye también los elementos subjetivos del tipo penal y que la falta de certeza también debe computarse a favor del imputado…”.
4. Legítima defensa. Violencia de género. Interpretación de la ley.
“[E]n el documento del Comité de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (CEVI) […], se recomendó incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos, en tanto la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial. Se expuso allí que la persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género, podría llevar a valorar de manera inadecuada el comportamiento.
Para la procedencia de la legítima defensa, el artículo 34, inciso 6°, del Código Penal exige la concurrencia de: a) agresión ilegítima, entendida como la amenaza de lesión o puesta en peligro de bienes protegidos, que está en curso o es inminente y es emprendida sin derecho. En el documento referido, se señala que la violencia basada en el género es una agresión ilegítima definida por la Convención y que la inminencia debe ser considerada desde una perspectiva de género. Se sostiene que en las uniones de hecho o derecho, la violencia de género no debe concebirse como hechos aislados sino en su intrínseco carácter continuo, porque en forma permanente se merman derechos como la integridad física o psíquica.
La inminencia permanente de la agresión, en contextos de violencia contra la mujer, se caracteriza por la continuidad de la violencia –puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia– y su carácter cíclico –si fue maltratada, posiblemente vuelva a serlo–. En el sub lite, [el hombre], quien ya había sido denunciado por [la imputada] por lesiones leves, a raíz de una discusión originada por la falta de saludo, comenzó a golpearla, agresión que cesó cuando ella lo hirió con la cuchilla en el abdomen.
El requisito b) del citado artículo 34, esto es, la necesidad racional del medio empleado, exige que se verifique una situación de necesidad de defensa y que el medio empleado sea racionalmente adecuado (necesario) para impedir o repeler la agresión y conlleva una cierta proporción entre la agresión y el medio empleado y entre el daño que se evita y causa. El principio de menor lesividad no obliga a usar medios de dudosa eficacia.
El aludido documento del CEVI señala que este requisito también se debe evaluar desde la perspectiva de género, que implica considerar el contexto en que se da la agresión y la respuesta. No requiere la proporcionalidad entre la agresión y la respuesta defensiva porque existe una relación entre la proporcionalidad y la continuidad de la violencia. Se sostiene allí que la aparente desproporción entre la agresión y respuesta puede obedecer al miedo de la mujer a las consecuencias por una defensa ineficaz y se subraya que existe una relación entre la defensa empleada y los medios con que las mujeres disponen para defenderse. No se requiere la proporcionalidad del medio, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión.
Cabe recordar que en el sub examine R declaró que tomó el cuchillo que estaba sobre la mesada porque […] ‘me defendí porque pensé que me iba a matar, porque me pegaba y me pegaba y ‘sólo le pegué un manotazo’, y que fueron constatadas diversas lesiones en su cuerpo por la médica que la examinó. Tales circunstancias debieron ser consideradas por los jueces de la causa en tanto se ajustan razonablemente a las exigencias contenidas en el requisito b) antes expuestas.
Por último el punto c) de aquella norma penal, exige la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entiende que es suficiente la que resulta idónea para provocar la agresión, aunque se trata de un concepto relativo, que debe referenciarse al caso concreto; y, en ese sentido la falta de saludo y posterior discusión, no lucen idóneas para provocar una golpiza. Para el CEVI interpretar que cualquier comportamiento anterior a la agresión es una ‘provocación’ constituye un estereotipo de género”.
LEGÍTIMA DEFENSA; VIOLENCIA DE GÉNERO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; VERSIONES CONTRAPUESTAS; IN DUBIO PRO REO; ADMISIBILIDAD; ARBITRARIEDAD; CUESTIÓN FEDERAL;
Pruyas (causa Nº 21970)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 16 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 16, de manera unipersonal, hizo lugar al planteo, revocó la resolución y tuvo por extinguido el término de control de las obligaciones impuestas al imputado. Además, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó al imputado (jueza Bertola).
1. Suspensión del juicio a prueba. Revocación.  Sentencia condenatoria.
“[P]ara que una condena tenga virtualidad para revocar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba otorgado a un imputado, no sólo debe versar sobre un hecho delictivo cometido en el transcurso del plazo previsto, sino que además dicha sentencia debe adquirir firmeza también dentro de ese período. Esto ya fue dicho, al momento de anular la revocatoria de la probation efectuada por el juzgado de instrucción…”.
2. Suspensión del juicio a prueba. Control judicial. Derecho de defensa.
“Por otra parte, no podemos dejar de lado que el plazo de la suspensión de juicio a prueba debería haber expirado [en] abril de 2018, es decir, hace más de un año y que, la tardía forma en que fue controlado el cumplimiento de las reglas de conducta oportunamente impuestas, sumado a que no se han obtenido explicaciones de ningún tipo por parte del interesado (art. 515 del C.P.P.N.), no podría recaer en perjuicio de éste. Además, es importante tener en cuenta que la revocatoria cuestionada se dictó sin oír a la defensa…”.
3. Suspensión del juicio a prueba. Revocación. Principio pro homine. Plazo razonable.
“Es evidente, entonces, que el trámite impreso a las actuaciones –que impidió un pronunciamiento en tiempo y forma respecto de la situación procesal de Pruyas- resulta contrario a los principios de inocencia, pro homine y de plazo razonable que deben conducir los procesos penales”.
“Es así que […] el motivo invocado por el juez de instrucción para revocar nuevamente el beneficio de la suspensión de juicio a prueba otorgado a Pruyas [en] abril de 2017, por el término de un año, y teniendo en cuenta el particular trámite que se le dio al control del beneficio otorgado, hace menester analizar nuevamente la resolución […] y tenerla por revocada. Asimismo, en virtud de los argumentos expuestos, corresponde también tener por extinguido el plazo de control de las obligaciones que le fueran impuestas a Pruyas al momento de otorgarle el beneficio (un año)”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; REVOCACIÓN; SENTENCIA CONDENATORIA; CONDENA NO FIRME; REGLAS DE CONDUCTA; CONTROL JUDICIAL; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO PRO HOMINE; PLAZO RAZONABLE; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL;
Díaz Quispe (causa N° 29176)Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza declaró la nulidad de la requisa y de todo lo actuado en consecuencia, dictó el sobreseimiento de la imputada y dispuso su libertad (jueza Arrabal y jueces Pizarro y Porras).
“[A] los efectos de proceder a la requisa personal de partes íntimas del cuerpo de las personas, la fuerza de prevención debe actuar con sumo cuidado de no lesionar derechos esenciales del ser humano. Debe proceder a partir de hechos objetivos llegados a su conocimiento, suficientes para llevar a cabo tal revisión.
Por otra parte, la aplicación, en estos casos, del art. 230 bis del CPPN, es de interpretación restrictiva, en tanto se halla en juego la dignidad, el honor y el derecho a la intimidad personal. Por tanto, a tales fines, el personal policial debe recabar, aun telefónicamente, la orden judicial respectiva, salvo casos de extrema urgencia que, en el caso particular, hagan imposible requerir la misma al juez federal competente”.
“[El reconocimiento de la mujer que había estado involucrada en una causa en la que se había detenido a una mujer por transportar droga en la modalidad ‘vaginera’] pudo suponer en el agente preventor, un grado de sospecha razonable de que la imputada portaba, en su vagina, el material luego secuestrado. No obstante, ello no lo eximía de requerir la correspondiente autorización judicial y la presencia de un médico que supervisara, debidamente, que tal control no atentara contra la salud de la persona requisada”.
“No hay constancia que haya quedado plasmada en el acta de procedimiento, la causa de la imposibilidad de conseguir la orden judicial […] ni tampoco de la presencia de una testigo en el acto de la requisa”.
REQUISA; ORDEN JUDICIAL; PROCEDIMIENTO POLICIAL; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; DERECHO A LA SALUD; ABASTECIMIENTO; DERECHO A LA INTIMIDAD;
Perón (reg. Nº 1495 y causa Nº 59136)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida y concedió la excarcelación al imputado bajo caución juratoria (jueces Magariños y Jantus).
1. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Pena.
“[E]n la resolución impugnada […] se ha llevado adelante una interpretación contradictoria de los parámetros que la ley procesal establece a partir de los cuales el legislador presume los riesgos de fuga y entorpecimiento. [E]s incoherente sostener, por un lado, y con base en ciertas aristas de un despliegue relativamente intenso de violencia en la ejecución del hecho imputado, la presunción de que, en caso de ser condenado, al imputado le será aplicable una pena que superará el mínimo legal y en consecuencia, no podrá ser esta de ejecución condicional para, a su vez, considerar en abstracto el monto máximo de la escala penal prevista para el hecho, esto es, diez años de prisión, sin argumentar las razones por las cuales puede sostenerse con algún grado de razonabilidad que la pena a imponer alcanzará, e inclusive superará, los 8 años de prisión.
[E]sta falta de fundamentación […] denota una interpretación no solo contradictoria, sino además perjudicial respecto del imputado […]. [E]sto conduce ya de por sí a descalificar a la resolución impugnada como una que haya interpretado razonable y adecuadamente las normas que restringen la libertad durante el proceso. [A]un partiendo de la base de que, por las características de gravedad, en caso de confirmarse que a la hora del dictado de una eventual condena, la pena a imponer no alcance o supere los tres años de prisión, no parece […] razonable sostener una presunción de que ésta llegará a los ocho años de prisión en el caso concreto” (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
2. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Familia. Domicilio.
“[No puede] afirmarse que se presenten, en el caso, los presupuestos objetivos que el legislador establece para presumir riesgos procesales y por lo tanto, a estar a las circunstancias particulares del caso, lo cierto es que aparece claro que se trata de un supuesto en el cual el imputado, además de ser una persona joven, cuenta con una contención familiar suficiente y esto, fundamentalmente, determina a su vez la dificultad de sostener, a partir de algún motivo concreto, una presunción de riesgo procesal. Solo la duda acerca del lugar de residencia puede conducir a determinar algún tipo de cautela distinta, claro está, a la privación de la libertad durante el proceso” (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
3. Prisión preventiva. Derecho penal de autor.
“[D]ebe tenerse en consideración el tiempo que el imputado lleva privado de su libertad [lo que] determina que se deba resolver el caso conforme [se] enunció en un principio, sin perjuicio de señalar además que la errónea interpretación que lleva adelante la resolución impugnada se denota en argumentos que exceden toda razonabilidad, en la medida en que hasta se hace allí una referencia a la personalidad del imputado. Es decir, el derecho penal de autor no solo aquí aparece como insostenible de por sí, sino que, además, utilizarlo para resolver una excarcelación demuestra el bajo nivel de razonabilidad de la decisión, además de un uso excesivo de la prisión preventiva” (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
4. Prisión preventiva. Interpretación de la ley.
“Para casos que, si bien pueden tener cierto nivel de gravedad en la imputación, en la consideración global de circunstancias personales, y a la luz de una adecuada interpretación de las normas que restringen la libertad durante el proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, no deja de sorprender este tipo de resoluciones que echan mano rápidamente al encarcelamiento preventivo” (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
5. Principio acusatorio. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“[El] caso se ve agravado por la circunstancia de que ni siquiera la fiscal había postulado la prisión preventiva y había estado a favor de la excarcelación, con lo que en realidad todos estos argumentos fueron elaborados exclusivamente por los jueces quienes, sin una parte que pidiera la detención, sumaron la justificación por amedrentamiento de testigos cuando no había ninguna base concreta que permitiera sostener ese argumento, ya que no lo esbozó el fiscal y ni siquiera se pusieron a criticar por qué la fiscal estaba a favor de la excarcelación, sino que simplemente dijeron que no se veía obligado y dispusieron la detención, por lo que […] la arbitrariedad de la detención también finca en ese lugar, en que decidieron de oficio sin que ninguna parte excitara la actuación jurisdiccional sobre este particular y sin analizar las razones por las cuales la fiscal razonablemente entendía que bastaba con una excarcelación en el caso” (voto concurrente del juez Jantus).
PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; PELIGRO DE FUGA; PENA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; DERECHO PENAL DE AUTOR; PRINCIPIO ACUSATORIO;
Taborda (causa Nº 73343)Tribunal Oral de Menores Nro. 3
El Tribunal Oral de Menores N° 3 absolvió a la imputada y dispuso su libertad (jueza Cantisani y jueces Real y González Ferrari).
1. Instigación. Tipicidad.
“[L]a llegada de la nombrada junto a su pareja […] se produjo una vez que el enfrentamiento […] ya había comenzado…”.
“Al respecto ha de compartirse el análisis efectuado por [la defensa], en cuanto a la propuesta de un temperamento desvinculatorio respecto de su asistida. Ello así, pues no es posible soslayar que los acontecimientos producidos se desarrollaron en un marco de gran conflictividad y nerviosismo, con personas que no eran desconocidas, por el contrario, de vínculos familiares preexistentes, sin que haya quedado demostrado, con la certidumbre requerida para este estadio, el accionar disvalioso que se le reprocha a la encausada.
Por un lado, no es posible concluir, por los menos de las pruebas analizadas, que las expresiones […] hayan tenido connotaciones delictivas, pues podría sostenerse que los fines perseguidos por la imputada fueron otros, dado el contexto en el que se estaban desarrollando…”.
2. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo.
“De otra parte, no ha podido comprobarse suficientemente que las indicaciones ‘Matalo, matalo’ hayan sido proferidas por la encausada […]. Al respecto si bien los testigos hicieron referencia a ello, de la filmación casera […] surgen otras expresiones […] que no se ha podido determinar que fueran vertidos por la [imputada], no solo por la claridad con que se escuchan en relación al resto, dando cuenta de una proximidad que no sería la de la encausada […]. De otra parte, no resulta un detalle menor el comportamiento asumido por la imputada, quien apenas concluido el ataque acudió en auxilio del Sr. [R.], para luego acompañarlo en la ambulancia que los trasladó al Hospital Penna.
Es por todo lo expuesto, al no haberse podido conformar un cuadro probatorio de cargo que permita mermar el estado de inocencia del que goza la encausada y que disipe las dudas mencionadas […] corresponde, en aplicación de la normativa legal vigente en el marco de las garantías constitucionales que regulan el debido proceso, adoptar un temperamento liberatorio respecto de la encausada [G.] y hacer cesar toda medida cautelar ateniente en los presentes actuados (artículo 402 del Código Procesal Penal de la Nación)”.


IN DUBIO PRO REO; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; INSTIGACIÓN; TIPICIDAD;
SLA (causa Nº 69261)Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata Nº 3
El Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata Nº 3 declaró admisible la acción y dispuso la detención domiciliaria de los detenidos (juez Kreplak).
“[H]e de establecer en primer lugar que la situación planteada por la defensa de [SLA] es equivalente a la de su coimputado [SDA], por lo tanto lo que aquí resuelva será en relación con ambos encartados”.
[E]ntiendo que el planteo del defensor oficial merece acogida favorable por cuanto es cierto que el término por el cual […] han permanecido en la Unidad n°29 excede el plazo máximo permitido para Alcaidías judiciales, cuyo alojamiento debe ser transitorio, lo cual agrava ilegítimamente sus condiciones de detención.
[D]ebiendo conciliar el respeto de la dignidad humana y la prevención de riesgos procesales, es que entiendo que corresponde morigerar la forma de detención en la que se encuentran los nombrados […], de modo que pueda llevarse a cabo de manera domiciliaria hasta tanto se resuelva su situación procesal, cuyo plazo aún no ha expirado.
“[A]tento a la urgencia en hacer cesar las condiciones descriptas en la que se encuentran […], corresponde disponer su inmediato traslado a sus respectivos domicilios constatados en autos, a través de la División de Traslados del Servicio Penitenciario Federal, debiendo suscribir cada uno de ellos un acta compromisoria para hacer operativo lo aquí ordenado. En relación con los garantes, en vista de evitar más dilaciones, deberán presentarse en la sede de este tribunal, dentro de las 24 horas de comunicado el presente a los beneficiarios, a fin de asumir los deberes pertinentes a través de un acta compromisoria, bajo igual apercibimiento”.
CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HÁBEAS CORPUS; PRISIÓN DOMICILIARIA;
Menzotoro (Causa Nº23439)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 21 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 21, de forma unipersonal, hizo lugar a la excepción de falta de acción, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó al imputado (juez Martín).
1. Principio de proporcionalidad. Principio de lesividad. Principio de insignificancia.
“[El uso del sistema penal en un Estado de derecho] […], como bien han destacado tanto la CSJN como la Corte IDH, no puede prescindir de ningún modo de los principios de lesividad, proporcionalidad y de utilización de la vía punitiva exclusivamente como el último recurso frente a los conflictos más graves”.
“En el caso de aquellas afectaciones a los bienes jurídicos que, aún cuando formalmente pueda sostenerse que se ha configurado la comisión de un delito, no se advierte que revistan una gravedad considerable, tanto la jurisprudencia como gran número de autores han adoptado lo que se denomina ‘principio de insignificancia’, según el cual dicho grupo de casos […] no configuran el tipo penal por ausencia de tipicidad objetiva”.
2. Delitos contra la propiedad. Tipicidad. Principio de insignificancia. Principio de proporcionalidad.
“[En] la enorme mayoría de los casos en los que se genera la posibilidad de analizar si la afectación generada es relevante a los fines de habilitar la intervención penal del Estado […] se trata de hechos en los que el bien jurídico afectado es la propiedad, la cual, necesariamente –y sin desconocer las previsiones del art. 17 CN y el art. 21 CADH-, ocupa un lugar de menor jerarquía en relación a otros bienes jurídicos […], máxime cuando esa afectación recae en emprendimientos comerciales que aseguran sus bienes, y que, al establecer los precios de los productos y servicios, contemplan perdidas por defectos de fabricación, traslados o incluso robos.
La incidencia que en ello tiene el principio de proporcionalidad también puede y merece ser analizada. De acuerdo a las escalas penales del CP, este tipo de hechos encuadrarían, según el caso, dentro de los tipos penales de hurto o robo, generalmente en grado de tentativa, dado que su comisión suele frustrarse. De este modo, nos encontramos con hechos que podrían habilitar al Estado a privar de su libertad a una persona por un lapso de tiempo de un mes a dos o seis años (arts. 162 y 164 CP) en caso de un hecho consumado. Desde una mirada sobre la función del sistema penal como la propuesta, resta añadir que ello podría implicar incluso la aplicación de una pena desproporcionada –piénsese que muchos de los casos suelen involucrar apoderamientos de alimentos-, además de una erogación de gastos para el Estado que de ningún modo se condice con el daño que se invoca como pretexto para la habilitación del uso de su fuerza”.
“En síntesis, cabe concluir en que la aplicación del principio de insignificancia en la afectación del bien jurídico reviste carácter imperativo a los efectos de lograr que la aplicación de la ley penal se enmarque dentro de los principios constitucionales que deben guiarla, como bien lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte IDH y los actuales criterios que la CSJN ha adoptado en la materia”.
“[E]n el caso de estudio los elementos que habrían sido objeto de la conducta imputada […] son tres quesos […] y […] es evidente que su valuación dineraria no es de mayor entidad. En relación a este último tópico, no se puede considerar el valor de dichos objetos sin pensar de qué forma esa privación ha afectado a su titular del derecho de propiedad. En el caso, el propietario de aquellos es una empresa que no sólo asume el riesgo del giro comercial, sino que además asegura su mercadería y, por sobre todo, establece los precios de venta de los elementos contabilizando roturas, fallas y robos”.
PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD; TIPICIDAD;
Denier (Reg. N° 1794 y causa Nº 5830) Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación y anuló lo dispuesto sobre el régimen de salidas transitorias (jueza Figueroa y jueces Petrone y Barroetaveña). Además, por mayoría, revocó el punto relativo a la incorporación al período de prueba (jueza Figueroa y juez Barroetaveña). Por último, remitió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dictara una nueva resolución.
1. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Control judicial.
“[M]ás allá del debate acerca de la competencia que corresponde a la administración penitenciaria en orden al régimen tratamental y progresivo que el interno transita intra muros, principios de orden superior como lo son el de judicialización y de legalidad, imponen la revisión jurisdiccional del marco normativo aplicado en el caso de marras”.
“[D]e modo liminar corresponde a la administración penitenciaria evaluar la pretendida promoción al periodo de prueba conforme la normativa de aplicación en el caso de marras […], ello sin perjuicio de su eventual y ulterior revisión jurisdiccional en razón de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el […] precedente ‘Romero Cacharane’ donde el Cimero Tribunal fijó los alcances del principio de judicialización en materia de ejecución penal. Una vez resuelto, concierne a la judicatura el análisis acerca de la procedencia del instituto de las salidas transitorias de acuerdo al marco normativo apuntado y las exigencias legales previstas.
[E]l artículo 34 inciso a) del decreto 396/99 establece que para que el interno se encuentre en condiciones legales y reglamentarias de ser incorporado a las salidas transitorias, deberá reunir previamente la totalidad de los requisitos que enumera, exigiéndose entre ellos ‘encontrarse en el período de prueba’; circunstancia que impone de modo preliminar se expida la administración penitenciaria con relación al mentado estadio para luego hacer lo propio el a quo en lo tocante a las salidas transitorias”.
2. Retroactividad de la ley. Ley penal más benigna. Reforma legal. Principio de legalidad.
“[L]os sentenciantes se han apartado de la normativa de aplicación con relación a la situación ejecutiva [del imputado], en franca violación al principio de irretroactividad de la ley penal. Ello por cuanto resolvieron la incidencia sometida a su estudio a la luz de lo dispuesto en los arts. 15, 17 y 56 bis según la modificación efectuada a la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad mediante ley 27.375 (sancionada el 05/07/2017, B.O. 28/07/2017), sin antes dilucidar la ley aplicable en términos temporales y de mayor benignidad -arts. 9 CADH, 15 PIDCyP, 18 CN y 2 CP”.
“[U]na consecuencia propia del principio de legalidad es la regla general de irretroactividad de la ley penal, esto es, la imposibilidad de aplicar una norma legal a un evento acontecido con anterioridad a su entrada en vigor”.
“[E]l principio de legalidad consagrado en nuestro bloque de constitucionalidad y convencionalidad goza de amplia latitud a su vez durante la ejecución penal, lo que importa que toda decisión acerca de sus características cualitativas debe ajustarse a la normativa vigente, la que -en principio- debe ser anterior al hecho por el que resultó condenado el individuo y en razón del cual cumple pena”.
“[S]in haberse verificado la excepción por mayor benignidad, el principio de legalidad importa la aplicación en materia de ejecución de aquella norma vigente al momento de concurrencia del suceso delictual por el que el individuo resultó condenado, pues es en aquel momento donde el encartado se representó la consecuencia jurídica de su obrar y, por tanto, ello determina la normativa de aplicación”.
3. Control judicial. Ejecución de la pena.
“[L]a función jurisdiccional durante esta etapa del proceso tiene por objeto el debido control de las restricciones a los derechos de los reclusos para evitar el agravamiento ilegítimo de las formas y modalidades en el cumplimiento de las detenciones, asegurando el principio de legalidad en todas las medidas adoptadas, ya sea en sede judicial como administrativa”.
“El control judicial fue receptado por la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, surgiendo del análisis del debate parlamentario que el mismo se inspiraba en los tratados internacionales, en las recomendaciones de Naciones Unidas, consagrando el ‘…pleno contralor jurisdiccional de la ejecución de la pena’”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; RETROACTIVIDAD DE LA LEY; REFORMA LEGAL; LEY PENAL MÁS BENIGNA; CONTROL JUDICIAL; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; SALIDAS TRANSITORIAS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD;
Dapero (causa Nº 7458)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, declaró inadmisible el recurso (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Maqueda y, por su voto, Rosenkrantz).
1. Juicio abreviado. Doble conforme. Jurisprudencia.
“[L]a vigencia [del] derecho a la doble instancia, respecto de las sentencias condenatorias dictadas en el marco del procedimiento de juicio abreviado previsto en el art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, fue también resguardada por el Tribunal en el precedente ‘Aráoz’, con los alcances allí precisados […]. En efecto, en esa decisión, se tachó de arbitrario que se hubiera vedado el acceso a esta instancia sobre la base de falta de agravio -en razón de que se habría impuesto la misma pena que la pactada-, por considerarse que, ante la modificación de la calificación del hecho realizada por el tribunal oral respecto de la pactada, existía interés del condenado en recurrir por cuanto, ante esa variación, la motivación de la pena no podía quedar inalterada. Este Tribunal añadió que, por lo demás, aun en los supuestos en que las sentencias dictadas en el marco del citado procedimiento respeten los términos del acuerdo, esas decisiones deben estar debidamente motivadas y ello ha de poder ser revisado” (considerando 2º).
2. Revisión judicial. Doble conforme. Recurso de casación.
“[E]n el recurso extraordinario el recurrente no ha logrado demostrar que, en el caso, el a quo haya cercenado indebidamente el acceso a la revisión del fallo condenatorio.
En efecto, […] la sentencia impugnada no se apoyó en una concepción del recurso de casación de carácter excepcional y restringido -reñida con el alcance con el que debe garantizarse la revisión de la condena según los precedentes de esta Corte- sino en que este no fue fundado debidamente en la forma requerida por la ley, sin que se observen razones que tornen arbitraria esta conclusión y que, por ello, lleven a descalificar lo así resuelto.
Que si bien el derecho de toda persona a obtener una revisión de su sentencia por un tribunal superior es innegable, el deber de la cámara de casación de agotar el esfuerzo por revisar todo aquello que resulte motivo de agravio, queda enmarcado dentro de exigencias formales que resultan insoslayables, no está previsto que la casación deba revisar en forma ilimitada todo fallo recurrido, sino el dar tratamiento a los agravios que le son traídos, sea que se trate de cuestiones de hecho o de derecho, pero presentados en tiempo, forma y modo.
[…] Las circunstancias antes apuntadas marcan una clara distinción con los precedentes resueltos por esta Corte en materia de doble instancia —en particular, con el mencionado precedente ‘Aráoz’-, lo que impide afirmar que se verifique en el caso una restricción indebida al acceso a la instancia revisora que ocasione un efectivo menoscabo a la garantía de la defensa en juicio reconocida en el art. 18 de la Constitución Nacional…” (considerando 4º).
JUICIO ABREVIADO; REVISION JUDICIAL; RECURSO DE CASACIÓN; DOBLE CONFORME; CUESTIÓN FEDERAL; JURISPRUDENCIA;
Medina (reg. Nº 2033 y causa Nº 21000299)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, rechazó la impugnación (jueces Hornos, Borinsky y Carbajo).
1. Hacinamiento. Traslado. Plazo.
“[E]l traslado se erige como una solución posible y razonable para poner fin a la situación de menoscabo de derechos que sufren los privados de la libertad. [El recurrente] más allá de indicar la situación de sobrepoblación y de emergencia no ha referenciado cuáles podrían ser los lugares de destino de los internos y qué barreras concretas se erigen para proceder a su reubicación. Tampoco ha expuesto cuál ha sido el proceso de selección y el criterio de reubicación que la decisión impide considerar o ejecutar al momento de realojar a las personas afectadas.
En esa línea, las críticas dirigidas en punto al plazo otorgado para instrumentalizar el traslado ordenado no pueden ser de recibo pues el recurrente no detalla los motivos por los cuales le resulta de imposible cumplimiento lo ordenado que, sin lugar a dudas, intenta ofrecer una respuesta directamente proporcional a la urgencia que demanda, en este particular caso, la remediación de las condiciones de encierro”.
2. Cárceles. Hacinamiento. Condiciones de detención. Emergencia.
“La situación de emergencia penitenciaria no puede redundar en la justificación de un avance ilegítimo en los derechos más esenciales de las personas. En este caso, el cuadro de hacinamiento resulta evidente y supera lo meramente coyuntural, no habiendo merecido objeción alguna por parte de la institución pública (cfr. art. 27 de la C.A.D.H.)”.
“[E]l número de personas alojadas en el Escuadrón excede holgadamente el previsto originariamente y se ha transformado un Destacamento previsto para tránsito en un lugar de alojamiento. Ese nivel de sobrepoblación impacta necesariamente sobre la totalidad de los derechos de las personas allí alojadas, como la prevención de la violencia, los servicios de salud, de alimentación, el acceso a agua potable y sanitarios, educación, trabajo y visitas -entre otros-.
Es que los crecientes índices de sobrepoblación y hacinamiento producen situaciones de restricción indebida de todos los derechos de las personas privadas de la libertad en contradicción con los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este sentido, la preocupación por los niveles de sobrepoblación que presenta el Servicio Penitenciario Federal y la consecuente limitación de derechos fundamentales que de ella se derivan ha sido admitida. Y el 30 de marzo de este año se dispuso mediante declaración ministerial la emergencia penitenciaria como un reconocimiento de la grave situación actual y la conformación de una Comisión de Emergencia Penitenciaria”.
3. Cárceles. Condiciones de detención. Control judicial.
“En ese contexto, [se ha] señalado el impostergable deber de garantizar con mayor énfasis, en la emergencia, los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad. Es que, frente a la grave emergencia admitida y declarada, el Poder Judicial lejos de retraerse, debe desarrollar el control.
En el marco de ese control, la decisión recurrida no sólo resulta razonable y fundada en las constancias probatorias reunidas, sino que además revela la intención de modificar y mejorar la situación de hacinamiento denunciada y de procurar que la estadía de las personas detenidas en el Escuadrón 48 de Corrientes de la Gendarmería se ajuste a las normas constitucionales y a los estándares internacionales a fin de no generarles una restricción más allá de aquella inherente a la privación de libertad”.
“[S]e advierte que el impugnante no ha logrado acreditar que la decisión de disponer el traslado de los detenidos alojados en el Escuadrón Nro. 48 de Corrientes a otras dependencias que por cupo corresponda, haya excedido las facultades de control judicial de la administración penitenciaria previstas en los arts. 3 y 10 de la ley 24.660…”.
CÁRCELES; HACINAMIENTO; CONDICIONES DE DETENCIÓN; EMERGENCIA; TRASLADO; PLAZO; CONTROL JUDICIAL;
Esteche (Causa Nº14305)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8, por unanimidad, hizo lugar al pedido de excarcelación bajo caución real (jueza López Iñiguez y jueces Obligado y Michilini).
“[L]a razón fundamental por la que en todo este tiempo se mantuvo la medida cautelar que pesa sobre [el imputado] ha sido la existencia del riesgo de verse frustrada la celebración [del debate] y la posibilidad de que la prueba que pueda producirse en ese marco, se vea seriamente afectada a partir de la liberación del nombrado.
Sin embargo, faltando casi dos meses para que se cumpla el plazo legal establecido en el art. 1 de la ley 24.390, como lapso razonable de duración de un proceso penal con personas privadas de su libertad, y no vislumbrándose que antes de ese tiempo pueda llevarse a cabo el debate oral y público en estas actuaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un proceso de gran envergadura, la decisión denegatoria que viene sosteniendo el tribunal debe ser revisada.
En efecto, dado el tiempo transcurrido, la imposibilidad material de celebrarse en lo inmediato el debate no puede sopesar sobre la situación del imputado […], es por ello que corresponde hacer lugar al pedido excarcelatorio, pero sujetando la libertad del nombrado a una caución de carácter real […], como propone el Sr. Fiscal General, a fin de asegurar su comparecencia a los llamados del tribunal y la realización del juicio”.
EXCARCELACIÓN; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; PLAZO RAZONABLE; PLAZO;
Pedrozo (causa Nº 7750)Juzgado Federal de Ushuaia
El Juzgado Federal de Ushuaia revocó el procesamiento de los imputados y los sobreseyó por no ser punibles en los términos del artículo 5º de la ley Nº 26.364 (juez Calvete).
1. Principio acusatorio. Dictamen. Sobreseimiento.
“[C]orresponde resolver sin más lo requerido, en un todo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Quiroga’, en cuanto a que ‘siendo el fiscal quien tiene la tarea de acusar, aún en la etapa preparatoria del proceso, cuando arriba a la conclusión de que carece de la prueba suficiente para pasar a la etapa de juicio, desaparece el presupuesto básico de la contienda, toda vez que la acusación, no es ni más ni menos que el marco referencial que delimita el conflicto y respecto del cual se establece la estrategia de defensa. Si el acusador declina la prosecución del proceso, el juzgador no puede suplantarlo en su rol, sin romper el juego de equilibrio entre partes, resignando la imparcialidad y afectando las garantías que la Constitución Nacional y la ley consideran vigentes desde la imputación’ […]).
Es decir, conforme lo señalado por la CSJN, la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal (art.  120 CN) impide que los Magistrados del Poder Judicial promuevan la acción pública de manera oficiosa, puesto que tal función recae de manera excluyente en los miembros del mencionado Ministerio (Fiscales)”.
2. Principio acusatorio. Trata de personas. Víctima. Excusa absolutoria.
“[A]nte un dictamen Fiscal como el de autos, donde se postula el sobreseimiento de las personas que se encuentran procesadas por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes por entender que son víctimas del delito de tratas de personas; y que han sido explotadas por la organización criminal bajo la modalidad de ‘mulas’ para transportar las sustancias estupefacientes que fueron secuestradas en este sumario; […] la postura del Ministerio Público Fiscal desistiendo de la acción penal contra las aquí imputadas hace que deba resolver conforme a lo solicitado por el titular de la acción pública, sin hesitación alguna”.
3. Dictamen. Deber de fundamentación. Razonabilidad.
“Sin perjuicio de ello, también corresponde remarcar que es función de los Jueces evaluar si el dictamen presentado ha sido formulado de manera motivada (art. 69 CPPN). Que al respecto […] el dictamen […] cumple con la fundamentación del presente caso, a la vez que luce razonable, en tanto ha arribado a una conclusión en base al análisis de los elementos incorporados  a estos tres procesos que continuarán sustanciándose conforme la calificación que dejó sentada el Sr. Fiscal Federal respecto de los imputados […, como así respecto de los demás participes que no han sido individualizados aun”.
TRATA DE PERSONAS; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; VICTIMA; EXCUSA ABSOLUTORIA; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO ACUSATORIO; DICTAMEN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RAZONABILIDAD;
Lloves (causa Nº 25608)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 19 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 19, de manera unipersonal, suspendió el proceso a prueba por el término de tres años (juez Fernández).
1. Dictamen. Deber de fundamentación.
“Sentado […] el carácter vinculante del dictamen del representante de la vindicta pública, su eficacia sólo puede enervarse cuando, repasados sus presupuestos fundantes, se arriba a un juicio negativo sobre la lógica empleada o bien se constate que aquel adolece de inconsistencia en su motivación.
Tal situación se aprecia en el caso bajo estudio, donde la Sra. Auxiliar Fiscal, al oponerse a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, sólo se limitó a señalar que el ofrecimiento luce desproporcionado e irrisorio sin alegar ninguna razón atendible sobre la conveniencia política-criminal de continuar con la persecución penal en este caso en concreto”.
2. Reparación. Interpretación de la ley.
“En efecto, cabe recordar que el fin de la reparación del daño […] obliga no sólo a atender a la satisfacción del interés resarcitorio de la víctima, sino que debe considerarse que tal reparación se cimienta –principalmente– sobre la necesidad de que el imputado pueda internalizar pautas de conducta conforme a derecho.
En esa idea, una primera pauta a considerar para tener por acreditada esa predisposición del imputado por conformar sus acciones con apego a derecho -y así considerarlo merecedor del instituto peticionado- es advertir la presencia de un verdadero interés por superar el conflicto que habría causado.
Ello, claro está, en modo alguno implica la obligación de satisfacer la totalidad de la exigencia resarcitoria de la víctima. Pues clara es la letra de la ley al estipular que la reparación del daño sólo es exigible ‘en la medida de lo posible’, lo que implica una ineludible referencia a las concretas circunstancias económicas del imputado. Así, no resultaría lógico ni ajustado a derecho pretender que el imputado afronte el pago de una suma que se encuentra por encima de su concreta situación patrimonial, pues ello implicaría privar al justiciable de su derecho a una solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva estatal, sin haberse verificado debidamente la presencia de un impedimento legalmente establecido.
Además, corresponde puntualizar que el ofrecimiento no debe ser entendido como la indemnización prevista en el artículo 29 de la ley material, sino como una demostración de la voluntad por superar el conflicto que propone el imputado. De este modo, si el ofendido decide no aceptarla, ello no es óbice para disponer la suspensión de juicio a prueba, pues aquél tiene habilitada la acción civil correspondiente […]. El fundamento de esta posición radica en que otorgar la última palabra a la víctima significaría dejar a su arbitrio la decisión jurisdiccional”.
3. Reparación. Razonabilidad.
“A la luz de tales premisas y atendiendo al contenido de la totalidad de los informes […] que dan cuenta de las circunstancias socio-económicas [del imputado], lo ofrecido por éste en el marco de la aludida audiencia resulta ‘razonable’ tal como lo exige la ley.
En consecuencia, el argumento de la Sra. Auxiliar Fiscal basado en lo ‘irrisorio’ del monto ofrecido como reparación y la no aceptación de la misma por parte del damnificado, no resulta una razón válida para denegar la aplicación del instituto aquí a estudio”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; REPARACIÓN; RAZONABILIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DICTAMEN; DEUDAS DE DINERO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN;
Canonaco (Causa Nº71849)Tribunales Orales en lo Penal Económico Nro. 3
El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, de forma unipersonal, sobreseyó a los imputados (juez Imas).
1. Conciliación. Reparación. Vigencia de la ley. Interpretación de la ley.
“[L]a implementación del nuevo Código Procesal Penal dispuesta por ley 27.063 […] fue suspendida por el decreto de necesidad y urgencia Nro. 257/2015 […]. [El decreto] circunscribe la suspensión a la implementación de las nuevas reglas de procedimiento, mas no así las modificaciones realizadas en el código de fondo”.
“[C]orresponde […] analizar si se regulan en el código procesal actual ‘las normas procesales correspondientes’ cuya aplicación hace referencia el inc. 6to. del art. 59 del CP para que sea operativa la extinción de la acción. Es decir, descartado el mecanismo procesal previsto por la ley 27.063, resulta necesario corroborar si existe una vía procesal idónea en el código procesal penal para aplicar el instituto en cuestión. La respuesta es positiva, en tanto resultan aplicables los arts. 336 inc. 1ro., 339, 358 y 361 del CPPN, disposiciones que específicamente regulan el trámite que corresponde realizar cuando se invoca una causal que impida la continuación de la prosecución de la acción penal.
Ante dichas coordenadas, se debe realizar una interpretación in bonam partem de la leyes penales y procesales penales que garanticen en mayor medida la efectivización de los derechos que asisten a a/los enjuiciado/s durante el proceso que, en este caso en particular, se refieren al respeto de los principios de legalidad, inocencia, pro homine y ultima ratio”.
2. Conciliación. Reparación. Vigencia de la ley. Derechos operativos. Igualdad.
“[L]a falta de regulación procesal de un mecanismo extintivo de la acción penal dispuesto por orden federal, no puede ser supeditada a la regulación del código adjetivo de forma tal que el ejercicio de un derecho quede suspendido por falta de regulación local, otro motivo por el cual se debe recurrir a las normas procesales vigentes aplicables y así asegurar los principios enunciados. En dicha inteligencia, no corresponde realizar una interpretación de las leyes procesales que dejen sin efecto el mandato federal, sin con ello afectar directamente el principio de igualdad”.
“[L]os principios enunciados, no pueden verse socavados por las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 de la CN), [por lo cual] […] es operativa la causal de extinción de la acción penal prevista en el inc. 6to. del art. 59 del CP a través de las leyes procesales correspondientes que, a la fecha, resultan ser las que emanan del CPPN actual”.
3. Conciliación. Reparación. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal.
“[P]or imperio del principio acusatorio de enjuiciamiento cuyos cimientos se encuentran en los arts. 18 y 120 de la CN, ante la ausencia de impulso de la acción penal plasmada por la representante del Ministerio Público Fiscal por aplicación de lo dispuesto en el inc. 6to. del art. 59 del CP y art. 336 inc. 1ro. del CPPN, corresponde dictar una solución remisoria en relación a los nombrados”.
CONCILIACIÓN; REPARACIÓN; VIGENCIA DE LA LEY; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DERECHOS OPERATIVOS; CÓDIGO PROCESAL PENAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; CHEQUE; CHEQUE DE PAGO DIFERIDO;
Estrada (causa Nº 13589)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 1, de manera unipersonal, absolvió a los imputados (jueza Snopek).
1. Contrabando. Encubrimiento. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[L]a Fiscalía trajo a juicio un proceso por encubrimiento de contrabando, limitando la producción de pruebas a demostrar un suceso fáctico que, ni siquiera era controvertido por las partes, dejando sin sustento probatorio los elementos constitutivos del tipo penal que se propuso endilgar a los acusados”.
“[E]n este juicio no se demostró por la parte acusadora cuál era el origen de la mercadería y, por lo tanto, mucho menos que provenga de un contrabando, al considerar que parte de esa mercadería contaba con un estampillado, situación que debilita su caso.
A su vez tampoco invocó, ni pudo demostrar que esas prendas secuestradas en el camión eran falseadas, pirateadas o siquiera provenientes del extranjero como para concluir con certeza que su origen era un contrabando habilitando el tipo penal de encubrimiento…”.
“Resulta a esta altura del análisis, que no fueron acreditados, por lo menos con la certeza requerida, el origen de la mercadería secuestrada, y que haya ingresado al territorio nacional eludiendo u ocultándolo a un control aduanero por parte de un tercero.
Tampoco se demostró que [los imputados] pudieran tener algún grado de conocimiento que la mercadería era de contrabando, pues el delito que se les imputó por parte de la Fiscalía exige de los acusados un conocimiento o una presunción por parte de ellos que los elementos secuestrados provenían de un contrabando”.
2. Prueba. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo.
“[C]abe remarcar que el aforo presentado como prueba por la fiscalía no fue producido en este juicio mediante las reglas previstas en el art. 197 del CPPF y al no haber traído como testigo al ingeniero […], se presentaron una serie de dudas alrededor de ese documento, las que podrían haber sido despejadas por dicho funcionario…”.
“[L]a falta del funcionario en este juicio que confeccionó el aforo también ha producido un menoscabo al derecho de defensa, pues esa parte no pudo controvertir bajo las reglas del examen de testigos el resultado al que se arribó en dicho informe, el que, partiendo de la tesis de la fiscalía era dirimente para su caso”.
“Fue en ese sentido que la defensa de Ferreira acertadamente se enfocó en cuestionar la forma en que se había introducido la única prueba con la que la fiscalía pretendió dar por acreditado todas las proposiciones fácticas que conducirían a enmarcar el hecho en el delito aduanero de encubrimiento de contrabando, lo que a su vez habría permitido determinar a ciencia cierta (certeza apodíctica) que la mercadería era de contrabando, y que los montos de la misma convalidaban un procedimiento por infracción aduanera o por delito de contrabando, o en este último caso su encubrimiento.
Ante esa falta de entidad probatoria del documento presentado producto de la ausencia del testigo que lo realizó, sumada la inexistencia de otros elementos de prueba, resultaron determinantes a los fines de adoptar una decisión del caso, pues implica un margen de duda que, desde luego, debe aplicarse a favor de los acusados (art. 11 del CPPF)”.
3. Código Procesal Penal. Principio acusatorio. Juicio oral.
“[E]ste caso tiene la particularidad de ser el primer juicio debate bajo el sistema acusatorio adversarial conforme el nuevo Código Procesal Penal Federal según ley 27.063 y su modificatoria 27.482, implicando un cambio de paradigma que produjo, entre otras cuestiones, una modificación tangencial en la forma de producción de pruebas respecto al anterior ordenamiento procesal”.
“Que conforme lo esgrimió la defensa, la correcta forma de producir una prueba que no se basta por sí sola, como es el caso, debe hacerse bajo las formas prevista en el nuevo CPPF, es decir mediante la oralidad, que en este caso hubiese sido a partir del testimonio del funcionario que la realizó y quien debió en este juicio explicar todos los puntos dudosos […], lo que habría permitido dar certeza respecto a esa prueba que fue utilizada por la fiscalía”.
4. Código Procesal Penal. Prueba testimonial. Examen de testigos. Incorporación de prueba por lectura.
“En tono con lo expuesto surge del art. 297 del CPPF expresamente el examen directo de testigos y peritos, estando excluido de hacerlo mediante esa forma solo en los supuestos del art. 289 del mismo cuerpo legal, cuando bajo el título de excepción a la oralidad, habilita introducir por lectura una prueba documental cuando exista una imposibilidad fundada en alguno de los supuestos que la norma prevé, algo que la fiscalía no acreditó para el caso”.
CONTRABANDO; ENCUBRIMIENTO; IN DUBIO PRO REO; CÓDIGO PROCESAL PENAL; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; MERCADERIAS; EXAMEN DE TESTIGOS; INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; PRINCIPIO ACUSATORIO; JUICIO ORAL;
MPC (causa Nº 3873)Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6 sobreseyó a la imputada (juez Echegaray). Para decidir de ese modo, se remitió al dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal (fiscal Piccardi).
Dictamen
1. LGBTIQ. Identidad de género. Vulnerabilidad. Responsabilidad del Estado.
“[L]a marginación es un proceso, resultado de una dinámica de exclusión, que produce efectos desocializantes, donde la marginalidad profunda se presenta al final del recorrido [hay nota]. [L]a situación de las personas trans  […] se ubica en mayor o menor medida, en un claro espacio de exclusión social, o dependiendo del caso, habitando el tránsito dinámico entre las zonas de vulnerabilidad y de marginalidad profunda o desafiliación. […] Asimismo, resulta interesante pensar […] como, en el marco del reciente plexo normativo garantista [hay nota], donde se destaca la reglamentación de la ley de Identidad de Género, se recrudecieron las acciones criminalizadoras sobre la población trans y travesti mediante la infracción a la ley 23.737…”.
“[S]urge imperioso distinguir la ‘vulnerabilidad’ de la ‘vulneración’. [E]s fundamental aclarar que la popularización del término vulnerable encierra un peligro: pensar que la vulnerabilidad es un rasgo de la persona, y no de las estructuras sociales opresoras en que las personas viven. Por lo tanto, vale aclarar que si incurrimos en ese error, podemos pensar que el problema está en el receptor, y no en el actor. Por eso, es que se aclara que los efectos de la vulneración de los derechos es la vulneración de las personas. Cuando en este dictamen [se afirma] que la población trans y travesti es particularmente vulnerable, […] esa vulnerabilidad no es otra cosa más que el efecto de la vulneración de derechos a que esas personas particularmente oprimidas ha sido sometidas -desde sus infancias-, y ella remite a la responsabilidad del Estado en visualizar la problemática del fenómeno, y en las decisiones que toma respecto de ella”.
“[E]l Estado participa de la exclusión social de la población travesti y transexual, y de su criminalización, al no garantizar en pleno sus derechos, y por lo tanto, propicia la vulnerabilidad del mismo, que se encuentra particularmente oprimido por las razones esgrimidas. De ello se desprende que la acción estatal es dual, ya que por un lado se detecta la intención de visualizar el fenómeno y generar leyes positivas, y por el otro se observa una continuidad en la persecución, estigmatización y criminalización del grupo vulnerado”.
2. LGBTIQ. Identidad de género. Familia. Vulnerabilidad.
“[E]l alejamiento temprano del hogar familiar surge como una realidad empírica, fundada en la discriminación y estigmatización devenida de la no adecuación de la identidad de género autopercibida con la cisnorma, lo que determina la expulsión temprana del hogar familiar como consecuencia de: 1) la discriminación que ejerce la sociedad a la familia que contiene y alberga a una persona trans. 2) la discriminación que ejerce la propia familia a la persona trans. 3) La auto marginación que opera sobre la propia persona trans, como consecuencia de la internalización del estigma social que lleva entre otras cosas, al abandono del hogar familiar [hay nota]”.
“[E]n el caso de M.P.C., también se observa que en el afán de transitar sin presiones su elección de género, comenzó a habitar espacios nocturnos, y a la par, a frecuentar los domicilios de amigas del colectivo trans, donde se observa una relación entre el alejamiento del hogar y el florecimiento de su identidad de género, mediado por la discriminación y estigmatización social, y por su propio temor a ella, signada por la internalización de la cisnorma, en el marco de una sociedad calificada por ella como muy conservadora”.
3. LGBTIQ. Educación. Vivienda. Derecho al acceso a una vivienda digna. Actos discriminatorios.
“[L]a discriminación y estigmatización sufridas por las integrantes del colectivo […] están presentes dentro del sistema educativo, y la estigmatización social perpetrada en las instituciones educativas posee el mismo sustrato social que las ocurridas en el ámbito familiar. O sea, la ruptura que provoca la socialización de la vivencia de la identidad de género autopercibida, que choca contra los valores sociales cisnormativos, provoca una reacción social coercitiva, discriminatoria y estigmatizante sobre la persona, ejercida en el caso, tanto por las autoridades directivas de las instituciones educativas, como por los docentes, y compañeros de clase [hay nota]”.
“[C]omo consecuencia de la pronta expulsión del hogar familiar y del sistema educativo, muchas personas trans, quedan en situación de calle, sin formación ni contención. Respecto a la vivienda, de los estudios se advierte que la vivencia de la identidad trans o travesti, conlleva grandes dificultades para lograr alquilar una vivienda, motivada por la estigmatización explicada precedentemente, registrándose en muchos casos, un excesivo valor en las rentas motivado en la identidad de género [hay nota]”.
“[S]i bien la pobreza familiar habría sido el principal motivo por el cual habría interrumpido sus estudios ante la imperiosa necesidad de incorporarse al mercado informal de trabajo infantil, también es cierto que en su vida estuvo presente la vulneración de su derecho a educarse [hay nota], y que los caracteres propios de su sexualidad, tuvieron una influencia negativa para lograr la permanencia de su escolaridad. […] Respecto a la vivienda, de ese informe también surge que ha compartido la misma con compañeras del colectivo trans, y que actualmente reside en un departamento de tres ambientes junto con tres adultos y un bebé, o sea 5 personas que habitan un espacio de tres ambientes subdividido…”.
4. LGBTIQ. Derecho al trabajo. Trabajo. Prostitución. Actos discriminatorios.
“En orden a la sucesiva cadena de exclusiones que derivan de la socialización de su identidad de género autopercibida, se observa como el alejamiento temprano del hogar familiar, y la consecuente interrupción del proceso educativo, intervienen directamente en la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo formal. Esto es así no solo por las condiciones materiales que derivan de lo reseñado -como ser no tener vivienda fija, o no poseer estudios calificados-, sino que también sufren estigmatización y discriminación en el ámbito laboral. Esta situación, deriva en que la prostitución surge prácticamente como única alternativa que permite una generación de ingresos al colectivo caracterizado [hay nota]”.
“Si bien […] la pobreza fue uno de los motivos fundamentales que la colocó en el mercado informal de trabajo infantil […], los espacios nocturnos fueron los habilitados para ejercer la vivencia de su identidad de género, y desde la edad de 18 años, comenzó a ejercer la prostitución, acorde a lo que surge de los estudios precedentes. En esos espacios marginales, -donde proliferan actividades prohibidas como el comercio y consumo de drogas-, y mediante su prostitución, M. encontró –hasta el día de hoy-, la única estrategia para su supervivencia”.
5. LGBTIQ. Derecho a la salud. VIH. Actos discriminatorios.
“El ámbito de la salud, se presenta como otro ámbito de marginación, estigmatización y vulneración de derechos de personas trans y travestis. Esto es así, por varias razones, entre las que su acceso a la salud, se ve coartado por una notable estigmatización y discriminación del personal médico, administrativo, personal de seguridad, otros pacientes, médicos y enfermeros [hay nota]. […] A ello se suma que las portadoras del VIH registran una mayor estigmatización, vinculada con la enfermedad, lo que otorga un plus al señalamiento de la población trans y travesti, basada en prejuicios sobre su identidad de género, violatoria de la cisnorma”.
6. LGBTIQ. Prostitución. Ley de estupefacientes. Edictos.
“[S]i bien [los] edictos policiales, que sirvieron de fundamento para la persecución selectiva de la población trans y travesti, han sido derogados, lo cierto es que, en su ausencia, la selectividad del poder punitivo del sistema penal sigue operando mediante el amparo de otro marco normativo. […] En ese sentido, la ley 23.737 ha sido y es el fundamento primordial contemporáneo, que junto con la mirada social estigmatizante reforzada por los medios de comunicación hegemónicos, -basados en la transmisión de prejuicios y estereotipos sociales estigmatizantes-, ha servido para la conformación de la denominación ‘narcotravestis’, que opera vinculando la identidad de género con el delito, el narcotráfico y la criminalidad. [L]as detenciones se basan en la tenencia simple de estupefacientes o con fines de comercialización. El uso de estas figuras penales, sirven al disciplinamiento y estigmatización de las personas trans y travestis, proveyendo de nuevos sentidos a los discursos sociales que las criminalizan”.
“[L]os espacios socialmente habilitados para que mujeres como M., puedan vivir conforme su identidad de género autopercibida, son espacios marginales. En esos espacios, las drogas son corrientes, más no exclusivas por supuesto. Sus usos y consumos son frecuentes, y claramente están ligados a los ámbitos de oferta sexual. Quiero decir que la oferta de drogas, así como la oferta de sexo, son expresiones de un mismo espacio social marginal”.
“Por lo tanto, en lo que aquí interesa, merece especial atención el hecho de que ya sea para mitigar el ejercicio de la prostitución, o para poder satisfacer las apetencias de sus prostituyentes en el marco de los servicios sexuales que ofrece, el consumo de cocaína forma parte de su ámbito de trabajo y de su realidad diaria. Dicho de otro modo, ya sea para su propio consumo, o para el eventual consumo solicitado por los prostituyentes, la droga forma parte de la actividad mediante la cual M.P.C. logra garantizar su propia subsistencia”.
7. LGBTIQ. Detención de personas. Condiciones de detención. Prisión preventiva.
“En el caso de la criminalización trans, se evidencia de hecho, un notable e indiscriminado uso de la prisión preventiva, desconociendo e invisibilizando bajo la presunción del peligro de fuga, argumento para impedir la excarcelación, las reales vulneraciones a sus derechos, verdadero origen de las vulnerabilidades propias de la población trans, relativas a las condiciones estructurales de vida ya analizadas”.
“[O]tras investigaciones específicas sobre la vulnerabilidad bajo condiciones de detención y prisión de población trans, indican que el encarcelamiento aumenta la vulnerabilidad de esas personas, por la exposición a la violencia física y sexual, y a la falta de medios para prevenir la transmisión de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. A ello se suma la imposibilidad de vivir de acuerdo con la percepción de su identidad de género, lo que afecta el bienestar psicológico. Asimismo, las normas relativas al alojamiento deben garantizar – y no sucede así en muchos casos- su integridad física”.
“De lo precedentemente expuesto, se desprende que la prisionización de la población trans, en general esta signada por el encierro preventivo y la sujeción a un contexto de violencia que no contribuye a los fines resocializadores de las instituciones carcelarias ni a la reinserción social de las personas allí alojadas. Por otra parte, que dicho temperamento se adopta además respecto de personas que son los eslabones más bajos de posibles cadenas criminales, sin llegar las investigaciones en general a individualizar a los estratos superiores, contrariándose así también el principio de razonabilidad que debe guiar el ejercicio de la política de persecución y sanción penal”.
8. Estado de necesidad. Vulnerabilidad.
“[N]os encontramos ante una mujer trans en una situación de extrema vulnerabilidad que por problemas sistémicos carece de posibilidades de inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, al derecho a la salud, al trabajo y a una vivienda digna; todo lo cual, en definitiva, la pone frente a un marco en el que su vida misma se ve amenazada. [P]or las circunstancias particulares de la procesada, su posibilidad de auto-determinación y de motivación en la norma se veía sumamente restringida. Así, la actividad que fue conjurada en el marco de estas actuaciones tenía que ver con el único modo de subsistencia posible que ésta tenía a su alcance para evitar un mal grave e inminente. […] M.P.C. parte de un estado de vulnerabilidad muy elevado y por lo tanto, el esfuerzo para ser alcanzada por la selectividad del poder punitivo, es mínimo; ya que, la mera condición de ser mujer transgénero e inmigrante, la coloca automáticamente en la mira del mismo”.
“[A]creditado que su único medio de subsistencia, se basa en una actividad o servicio sexual, que involucra drogas, en el marco del espacio marginal al que la relega la sociedad, resulta necesario conciliar el aspecto objetivo y subjetivo del caso protagonizado por M.P.C., con el análisis efectuado sobre el colectivo social travesti y transexual del que ella forma parte. [D]e no ser así, estaríamos frente a un acto irracional, ya que la acción punitiva en el caso operaría de un modo selectivo sobre una integrante de un colectivo social particularmente vulnerado en sus derechos más elementales; por lo que sin atender a las razones de fondo aquí analizadas, la acción penalizadora sería la única reacción de un Estado que solo se haría presente en la vida de M.P.C. para castigarla”.
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; LEY DE ESTUPEFACIENTES; PROSTITUCIÓN; VULNERABILIDAD; FAMILIA; EDUCACIÓN; VIVIENDA; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; TRABAJO; DERECHO AL TRABAJO; DERECHO A LA SALUD; HIV; ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; ACTOS DISCRIMINATORIOS; DETENCIÓN DE PERSONAS; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRISIÓN PREVENTIVA; ESTADO DE NECESIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; EDICTOS;
Romano (reg. N° 1901 y causa Nº 1128)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación y casó la resolución recurrida (jueces Slokar y Yacobucci y jueza Ledesma). Además, por mayoría, remitió las actuaciones al tribunal de origen para que dictase un nuevo pronunciamiento (jueces Slokar y Yacobucci).
1. Excarcelación. Riesgos procesales. Pena.
“’[L]a entidad gravosa de la pena correspondiente al delito imputado no puede ser considerada condición suficiente para descartar la posibilidad de libertad durante el proceso, toda vez que ello no desobliga al juez de verificar en el caso concreto y de acuerdo a sus particularidades la existencia de riesgo procesal, o sea, fuga o entorpecimiento de la investigación".
“[E]l decisorio recurrido no analiza adecuadamente la posibilidad de frustrar el proceso, motivo por el cual resulta arbitrario. En la resolución en crisis, los jueces basaron su denegatoria en la gravedad del delito endilgado y el peligro de que no se concrete el efectivo cumplimiento de la pena impuesta…”.
2. Excarcelación. Riesgos procesales. Condena no firme.
“[L]as referidas valoraciones que realizan los judicantes, no aparecen en concreto conectadas con un juicio de inferencia sobre la existencia en la especie de riesgo procesal, con sustento en las particularidades del causante; más aún, resulta ser que la única circunstancia novedosa sería el dictado de la sentencia condenatoria”.
“Así también, corresponde señalar que las cuestiones invocadas no se vinculan con el examen sobre los riesgos procesales de elusión de la justicia y/o obstaculización de la prueba, en tanto versan sobre un argumento ajeno a las condiciones personales del imputado que pudieran influir para frustrar el afianzamiento de la justicia, por lo que no son pertinentes para fundar el encarcelamiento preventivo”.
“En esas condiciones, y en mérito de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ‘Loyo Fraire’ […] –tal como lo invoca el recurrente–, corresponde dar favorable acogida al recurso interpuesto toda vez que se advierte una inadecuada evaluación de las circunstancias referidas a las condiciones personales del imputado que resultan conducentes a los fines de evaluar la revocación de la excarcelación que venía gozando el encausado”.

EXCARCELACIÓN; RIESGOS PROCESALES; PELIGRO DE FUGA; PENA; CONDENA NO FIRME;
FCG (causa N° 737)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata hizo lugar a la solicitud y autorizó al imputado a realizar una caminata diaria de una hora de duración dentro del radio de diez cuadras de donde cumplía prisión domiciliaria (jueces Venditti, Farah y Rodríguez Eggers).
“[L]a prescripción médica inicial efectuada por los Dres. […] del Hospital Militar de Campo de Mayo, ha sido corroborada pericialmente en el marco de las presentes actuaciones. En efecto, las conclusiones esgrimidas por el Cuerpo Médico Forense dan cuenta de las diferentes afecciones oncológicas, cardíacas, respiratorias, neurológicas y urológicas, en tratamiento y control médico que padece F., como así también que en tal contexto terapéutico la actividad física diaria resultaría beneficiosa para su evolución clínica.
El derecho a la salud es inalienable al ser humano. Debe ser entendido como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (Preámbulo del Convenio de Constitución de la OMS […]; art. 25 de la DUDH y art.12 PIDESYC), que genera sobre el Estado un deber de acción positiva en pos de su goce efectivo orientado a obtener el más alto nivel posible, especialmente en el caso de personas privadas de su libertad, ya que, en caso contrario, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral podría verse comprometido, convirtiendo a la situación de detención en un trato inhumano, cruel o degradante (art. 5 de la DUDH, art. 5 de la CADH, art. 7 del PIDCYP, entre otros).
La base normativa convencional, que por imperio del artículo 75, inciso 22°, de la CN integra el bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, es demostrativa de que para que F. pueda gozar efectivamente del mayor nivel de salud posible, resulta necesario que realice actividad física aeróbica”.
“Por lo tanto, autorizar las caminatas solicitadas resulta una vía idónea para cumplir el recaudo indicado por los médicos, y si bien se hace referencia a aparatos alternativos para conseguir ese fin (cinta o bicicleta fija), lo cierto es que de lo actuado en el incidente no surge que el nombrado cuente con instrumentos de esa naturaleza”.
DERECHO A LA SALUD; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRISIÓN DOMICILIARIA; INFORMES; TRATAMIENTO MÉDICO;
González (causa N° 1579)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada en cuanto había confirmado la condena dictada respecto de M. (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda).
1. Non bis in ídem. Cuestión federal. Excesivo rigor formal.
“[L]a lectura del recurso federal pone de manifiesto la transgresión a la garantía constitucional del ne bis in ídem (arts. 18 de la Constitución Nacional, 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional) de una entidad tal que afecta a la validez misma del proceso.
Ya se ha sostenido que cabe apartarse de las exigencias formales vinculadas con la admisibilidad del recurso cuando se adviertan violaciones a las formas sustanciales que rigen el procedimiento penal, por lo que razones de orden público determinan el tratamiento del agravio en cuestión. En efecto, la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría convalidarse…” (considerando 8°).
2. Debido proceso. Principio acusatorio. Exceso en el pronunciamiento.
“[L]a garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia […]. Estas formas sustanciales del juicio no se cumplen si un tribunal interviene en una causa sin hallarse facultado para conocer en ella, de modo tal que toda decisión que haya sido emitida con ausencia de jurisdicción se encuentra inexorablemente afectada de invalidez. No es otra la razón que subyace en el reconocimiento de jerarquía constitucional al principio según el cual tan desprovista de soportes legales resultaría una sentencia de primera instancia sin acusación como una condena de segunda instancia sin apelación […], por lo que no es dable que los tribunales de apelación excedan la jurisdicción que les acuerdan los recursos deducidos ante ellos…” (considerando 9°).
3. Reformatio in pejus. Principio acusatorio.
“Asimismo, se ha sostenido que la prohibición de la reformatio in pejus cuando no media recurso acusatorio tiene jerarquía constitucional, por lo cual toda sentencia que ignore este principio resulta inválida en tanto importa que ha sido dictada sin jurisdicción, afectando de manera ilegítima la situación obtenida por el encausado merced al pronunciamiento consentido por el Ministerio Público Fiscal y lesiona, de ese modo, la garantía contemplada por el art. 18 de la Constitución Nacional…” (considerando 9°).
4. Non bis in ídem. Reformatio in pejus. Cosa juzgada.
“[L]os jueces que condenaron a [M.] desconocieron la firmeza de la anterior sentencia absolutoria dictada respecto del nombrado por el mismo hecho, con evidente afectación de la garantía que ampara la cosa juzgada y privando de toda efectividad a la prohibición de la doble persecución penal, cuyo rango constitucional ha sido reconocido por este Tribunal […].
En efecto, la absolución de Morales no había sido impugnada por nadie, por lo que había adquirido firmeza […]. La interpretación que fundó la citación a juicio del nombrado […], otorgó a la primera sentencia del supremo local unos alcances que no tenía, ni podría haber tenido nunca. Lo primero, porque en esa última sentencia se afirmó que la nulidad era respecto de quienes habían sido condenados […]; lo segundo, en virtud de la prohibición de la reformatio in pejus.
Es que luego de su absolución, la que —se reitera— no había sido impugnada, el encausado ya se hallaba al amparo de la garantía en cuestión, sin que lo resuelto en relación con los coimputados pudiera tener algún efecto a su respecto” (considerando 10°).
“[E]n consecuencia, es evidente que la sentencia que condenó a Morales fue dictada sin jurisdicción, de modo que se encuentra inexorablemente afectada de invalidez” (considerando 11°).
REFORMATIO IN PEJUS; COSA JUZGADA; NON BIS IN IDEM; SENTENCIA ABSOLUTORIA; NULIDAD; PRINCIPIO ACUSATORIO; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO; CUESTIÓN FEDERAL; EXCESIVO RIGOR FORMAL;
GSF (Causa Nº5400)Juzgado Federal de 1a Instancia Nº 1 de Paraná
El Juzgado Federal Nº 1 de Paraná absolvió a la imputada (juez Alonso).
1. Consumo personal de estupefacientes. Principio de lesividad. Delitos de peligro abstracto. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]sta Magistratura concibe pertinente referir al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Arriola’. Lo allí señalado por el cimero Tribunal –respecto de la ineptitud de la persecución penal respecto de consumidores- exime de mayores comentarios”.
“[N]o puede considerarse legítima una restricción estatal por la mera prohibición contenida en la ley penal, porque si fuera aceptada aún en los casos en que no se verifica la afectación al bien jurídico en que se fundamenta la punibilidad de ese tipo de hechos, se habilitaría la intervención punitiva excediendo el marco de interpretación restrictiva de justificación a la intromisión estatal en los derechos individuales. Así, por más que se trate de un delito de peligro abstracto, y esté ínsita en su descripción típica la trascendencia a terceros y la consecuente afectación a la salud pública [‘Arriola’], el caso concreto que se ha criminalizado debe ser representativo de ese riesgo potencial para el bien jurídico definido en la figura. […]
[L]as presunciones de riesgo contenidas en los delitos de peligro son consideradas constitucionalmente inaceptables, ya que por definición sirven para dar por cierto lo que es falso, o sea, para considerar que hay ofensa cuando no la hay. Por ello, el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que en los tipos de peligro siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real…”.
2. Cultivo de estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Tipicidad. Principio de lesividad.
“[La posibilidad de propagación de la droga a través del consumo] no se presenta en algunos casos en los que se evidencia con claridad que el sujeto sembraba o cultivaba esa sustancia para utilizarla luego en privado y/o sin involucrar a un conjunto indefinido de individuos. Esa siembra o ese cultivo no pueden considerarse atrapados por el tipo penal descripto en el penúltimo párrafo del art. 5 de la Ley 23.737, porque ha quedado descartado el riesgo potencial para la salud pública que puede fundamentar la punibilidad de ese tipo de hechos.
Ello es lo que ocurre en el presente caso, pues de la exigua cantidad de estupefaciente incautado […], no surge elemento alguno que permita imputar la finalidad de desarrollar un consumo que trascienda a un número indeterminado de personas. Por lo demás, el hallazgo no ha sido producto de un acto de exteriorización de [la imputada] sino de una injerencia estatal […] sobre su esfera de intimidad (orden judicial de allanamiento de su domicilio). Así, el material estupefaciente ha sido localizado en un espacio estrictamente privado, fuera del alcance y/o de la vista de terceras personas, cuya existencia o utilización nadie que no fuera la imputada conoce…”.
CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; CANNABIS; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; SALUD PÚBLICA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; DELITO DE PELIGRO ABSTRACTO;
Rodríguez Vega (causa Nº 1190)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, de manera unipersonal, declaró la nulidad de la detención y requisa y sobreseyó a la imputada (juez Martínez Sobrino).
1. Dictamen. Principio acusatorio.
“[E]n atención a lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, resulta adecuado analizar la posible aplicación al caso de la doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación […] esto es, la imposibilidad jurisdiccional de dictaminar un fallo condenatorio ante la falta de acusación de ese órgano, en solitario”.
“[P]or la autoridad que ostentan las decisiones del más Alto Tribunal del país […], el pedido de sobreseimiento efectuado por el titular de la acción penal, resulta equiparable a la oportunidad prevista en el art. 393 del Código Procesal Penal de la Nación; es decir, ante el fundado pedido de sobreseimiento emanado por parte del Ministerio Público Fiscal, el Suscripto no se encuentra habilitado para continuar el proceso y juzgar a la imputada”.
2. Detención de personas. Requisa. Procedimiento policial. Nulidad.
“[D]el relato [del preventor] no se desprende ningún elemento objetivo que haga presumir la posible comisión de un delito y que diera al instructor un plausible fundamento para dar comienzo con el seguimiento, espera y posterior detención de la pareja […], sino más bien, una motivación basada en conductas neutrales de las personas que circulan libremente por una calle de esta Ciudad.
En ese orden, resulta preciso recordar que las facultades de detención efectuadas por agentes de las fuerzas de seguridad sin orden de Juez competente se encuentran establecidas en el art. 284 del código de forma y revisten un carácter meramente excepcional, para lo cual el ordenamiento establece ciertos requisitos objetivos para otorgarle un marco de legalidad a la injerencia”.
“[E]l procedimiento resultó iniciado por personal de una fuerza de seguridad nacional que desarrolló, sin orden judicial previa, un seguimiento y una breve tarea de inteligencia, sin indicar cuáles habían sido los indicios vehementes de culpabilidad que lo llevaran a efectuar aquél procedimiento, sino más bien el simple hecho de observar a dos personas que charlaban mientras caminaban por la calle.
Asimismo, las manifestaciones del personal policial en relación a la actitud de la persona que habría aguardado en el exterior del inmueble […] de esta ciudad, quien había mirado ‘...nervioso hacia ambos lados...’, no resulta suficiente para subsanar el requisito objetivo que el articulado exige, ello así toda vez que este episodio habría ocurrido una vez ya iniciado el seguimiento”.
3. LGBTIQ. Estereotipos de género. Detención de personas. Actos discriminatorios.
“Y sobre la causa por la cual [el policía] habría parado mientes sobre ‘la persona travestida’ pues paréceme que había sido simplemente por un prejuicio irrazonable de aquél hacia quien ostentaba una caracterización externa distinta de la biológica hiciera o no algo ilegal.
Pero hay más; me pregunto cómo a la distancia en la que se encontraba el personal policial de la pareja, pudo advertir que uno de sus integrantes estaba ‘travestida’, la única respuesta […] es que […] conocía ya a [la imputada]. Lo cierto es que de ello no dio [el agente] señal alguna en su declaración, lo que lo invalida como acto procesal al igual que lo ya expuesto sobre el ‘prejuicio’ [lo que deviene en una] circunstancia suficiente para declarar la nulidad del procedimiento cuestionado.
En este sentido, la falta de adecuación del accionar policial al marco normativo vigente, configura un caso de persecución y detención arbitraria, que será anulada por la presente resolución, al igual que todos los actos producidos en consecuencia, por uso de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los Magistrados en ejercicio del control judicial de la actividad de la agencia policial, por cuanto resulta ser violatorio de los infranqueables límites impuestos por el bloque de convencionalidad, tendiente a hacer cesar las restricciones indebidas de derechos fundamentales y restablecer los vulnerados por su inserción irregular en el sistema punitivo”.
LGBTIQ; DETENCIÓN DE PERSONAS; REQUISA; PROCEDIMIENTO POLICIAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; ARBITRARIEDAD; NULIDAD; PRINCIPIO ACUSATORIO; DICTAMEN;
Villegas Gallardo (causa Nº 3235)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, de manera unipersonal, hizo lugar al planteo de nulidad y absolvió al imputado (juez Giménez).
1. Procedimiento policial. Informes. Prueba.
“[L]a incorporación indiscriminada de las notas preventivas, informes policiales, etc. que se ha vuelto una práctica en los Tribunales […] no encuentra respaldo en una adecuada hermenéutica del Código Procesal, y presenta un serio problema epistemológico a la hora de asignar valor probatorio a los mismos. En relación a estos informes cabe destacar que, aun si se opera bajo el criterio de libertad probatoria, lo cierto es que poseen una naturaleza sui generis que impide asignarles pleno valor en orden a la fiabilidad de la información que aportan en la etapa de juicio.
En efecto estos denominados ‘informes’ no son tales, es decir no constituyen prueba informativa, en la terminología de la ley procesal, pues cuando el Código regula este tipo de pruebas se refiere a datos obrantes en los registros que el requerido posea […]. Tampoco resultan informes técnicos, pues ello encuentra regulación en las disposiciones referidas a la prueba pericial […].
También han sido tratados por algunos tribunales como prueba documental, aunque no parece apropiado, pues su contenido está referido, normalmente, a observaciones personales, cuyo modo de ser introducido en el proceso es el testimonio. No debe perderse de vista que en los denominados ‘partes preventivos’ (policiales) existe por un lado información más o menos objetiva, y, por otro, existen opiniones: conclusiones provisorias que, necesariamente, los integrantes de las fuerzas de seguridad que llevan adelante una investigación, van extrayendo (por inferencias) de los datos que observan.
Esas conclusiones, opiniones, salvo en casos excepcionales no pueden ser tenidas en cuenta como tales. De lo contrario se reemplazaría el razonamiento probatorio de las partes (defensores, fiscales, y jueces). No se trata […] de desacreditar la opinión del investigador policial. Pero lo cierto es que las inferencias están sesgadas por las instrucciones que reciben y por la necesidad de confirmar las hipótesis (delictuales) que persiguen. Así, lo que puede resultar valioso son los datos objetivos, libres de interpretación […]. Este tipo de datos deberían ser introducidos en el juicio a través del testimonio y, a partir de ellos, serían las partes quienes, realizando racionalmente las inferencias necesarias, obtendrán el resultado probatorio: la corroboración o no de la verdad de la hipótesis acusatoria”.
2. Procedimiento policial. Principio de inocencia. Principio de imparcialidad.
“[D]e nada sirve tener al frente de un proceso a un juez imparcial y respetuoso con la presunción de inocencia, si luego su función jurisdiccional ha de verse condicionada por diligencias policiales en las que no concurren realmente esas características de constitucionalidad. Por consiguiente, el acto policial nunca podrá tener eficacia probatoria como tal, porque existen notas características del acto jurisdiccional que nunca concurrirán en un acto policial, por perfecta que sea la labor de la policía y sin que ésta pierda su potencialidad operativa, por descontado. Uno de los principios que más sufre en el ámbito de las tareas de investigación es el ‘principio de inocencia’ que rige la actuación de los jueces y magistrados de la fiscalía.
[E]s sumamente dudoso que jamás ese derecho fundamental pueda ser realmente efectivo en las diligencias policiales. La policía no puede comenzar sus investigaciones partiendo de la inocencia, porque si fuera así no comenzaría investigación alguna, o bien, mucho peor, iniciaría inquisiciones generales en busca de delito realizando comprobaciones sobre personas carentes de toda sospecha. Además, el celo propio de cualquier profesional que desea desempeñar eficazmente su labor le induce a buscar incansablemente vestigios y culpables […], padeciendo un denominado ‘sesgo de confianza en juicio emitido’, siendo por ello muy difícil que pueda reproducir la realidad de forma completamente imparcial, objetiva y fidedigna…”.
3. Informes. Prueba. Incorporación de prueba por lectura. Control judicial. Razonabilidad.
“[L]a labor policial, por sí misma, no puede tener naturaleza probatoria en ningún caso. Nótese también que se arriba al absurdo de que se permitiría por una suerte de ‘incorporación por lectura’ (impropia), no prevista en el código procesal más que para casos estrictamente indicados, de (pseudo)-declaraciones testimoniales […].
Por otro lado la determinación de los hechos no puede ser concebida […] como una suerte de ‘momento místico’ del juez, no susceptible de control racional. Y si esto es así en relación al Juez, mucho más debería serlo respecto de quienes operan como auxiliares. Lo que se quiere indicar, es que las afirmaciones del preventor deben ser tamizadas también con criterios de racionalidad. Dicho de otro modo, las conclusiones, deben ser razonadas y razonables. Si aceptáramos sin crítica las conclusiones de las fuerzas de seguridad lo que permitiríamos es que se incorporen esos momentos de ‘iluminación’ al debate.
[N]o es incorrecto que la policía que investiga analice los datos y formule sus hipótesis, pero se debe ser consciente al juzgar […] de que los sesgos […] existen, y esa información debe ser tamizada cuidadosamente para no provocar errores judiciales. El sesgo de confirmación importa dar relevancia sólo a aquella información que reafirma la hipótesis preestablecida por el sujeto, y ello se ve patente en el caso…”.
4. Prueba. Apreciación de la prueba. Tráfico de estupefacientes.
“[N]o parece sospechoso, más allá de cierta anomalía, el ingreso de personas a un kiosco por lapsos breves. Tampoco [es] relevante citar como antecedentes penales, el sobreseimiento de un ciudadano, y mucho menos con una cita genérica referida a la carátula de una causa”.
“Desde la perspectiva fáctica, las opiniones (afirmaciones) de los investigadores de la Gendarmería, no encuentran respaldo en los datos que ellos mismos proveen. Resulta llamativo que con una visita […] y por el hecho de que le haya entregado un envoltorio, se concluya que resulta proveedor y financista de una organización dedicada al narcotráfico. Aun suponiendo que dicho envoltorio contuviera sustancia estupefaciente (está claro de qué naturaleza, ya que lo blanco de la bolsa puede ser el color propio del nylon, y no necesariamente cocaína [...]) no se sigue racionalmente que ese único gesto indique todo lo que predican.
Nótese que el hecho está enlazado con el supuesto pasamanos […] del que no puede determinar nada, es decir quién entregó estupefaciente (si ese hubiera sido el caso) y quién dinero. Además […] salvo que existiera un conocimiento previo que la fuerza no admite, no se entiende el por qué se persigue [a una de las personas]. Mucho menos por qué se cristaliza la investigación en torno a estos tres sujetos, y no a otros que aparecen luego”.
“En todo caso, los recortes de nylon con vestigios de cocaína […] resultan más indicativos (indiciarios) de un consumo de sustancia que de su comercialización. Los informes están llenos de datos cuya interpretación está sesgada de modo evidente por la hipótesis que los investigadores elaboraron precipitadamente en el origen de la pesquisa. […] ¿cuáles son los datos que permiten afirmar que existía una organización? O dicho de otro modo, qué referencias concretas existían para vincular de ese modo a los tres imputados. Y no se diga que eso es el objeto de la investigación, pues no resulta inocente a los fines de pedir medidas de prueba afirmar que existe una organización dedicada al narcotráfico”.
“Esta tarea de análisis es la que hubiera sido deseable que obrara en el decisorio ahora cuestionado. Sin embargo, en el mismo sólo se aprecian referencias genéricas no sólo a los datos que aporta la Gendarmería sino, lo que es peor, a sus conclusiones. [E]s peor, pues […] resultan infundadas. [E]n principio no existen objeciones a la recolección de información […] que sirva para llegar a otros elementos de prueba, pero […] de ninguna manera la misma pueda ser considerada prueba en el sentido formal de elemento de juicio.
Ello así, pues no ha sido obtenida con las garantías que ese tipo de actos requería en cuanto a su autenticidad (origen y cadena de custodia) y fiabilidad. No se trata de desconfiar de las fuerzas policiales, pero lo cierto es que la ley procesal ha revestido de ciertas formalidades algunos de los actos de investigación […] con el fin de salvaguardar la privacidad de los ciudadanos y evitar abusos. Todos estamos sujetos a la ley y a la constitución. No es posible descuidar estos aspectos. Éste es un punto que también debe ser […] atendido en la instrucción, pues de lo contrario se permitiría el ingreso irregular de elementos de prueba. En definitiva, los elementos aportados por la Gendarmería no contenían datos concretos, ni siquiera con el grado de provisoriedad que una investigación en ciernes supone, que permitiera sostener la hipótesis que formulaban referida a una organización criminal dedicada al narcotráfico”.
5. Intervención de las telecomunicaciones. Deber de fundamentación.
“[E]l decisorio carece de fundamentación y sólo la tiene en apariencia. Ello así por un doble motivo. En primer lugar pues no hace un análisis racional de los elementos colectados por la Gendarmería […], limitándose a repetir conclusiones de los investigadores, sin tamizarlas. Por otro, pues no presta atención […] a la gravedad de la medida que adopta en orden a los recaudos que deben concurrir para acoger una medida intrusiva como la de la intervención telefónica”.
“[E]l juez no expresó […] las razones por las cuales consideró procedente la intervención telefónica dispuesta, ni remitió a ningún elemento objetivo en la causa que pudiera fundar una mínima sospecha razonable sobre el imputado […], ni obra […] información de esas características como antecedente inmediato a la decisión judicial examinada”.
6. Regla de exclusión. Nulidad.
“La exclusión de [la intervención telefónica] conlleva, por fuerza, […] la exclusión del resto de los elementos de prueba reunidos a partir de la misma. Resta entonces determinar si existe un cauce independiente de investigación que permita continuar con el proceso. La respuesta es negativa, a poco que se observe que el mérito efectuado por el Magistrado de la instancia preparatoria, a fin de disponer las medidas que culminan en el allanamiento de la vivienda [del imputado] y el registro de su vehículo, hacen pie en las escuchas telefónicas que fueron dispuestas irregularmente conforme lo antes resuelto. De conformidad con lo expuesto […] tal circunstancia contamina de nulidad todas aquellas pruebas que se hubieran originado a partir de aquél […], es conclusión obligada […]  la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir de allí…”.
PROCEDIMIENTO POLICIAL; INFORMES; INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; RAZONABILIDAD; CONTROL JUDICIAL; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; PRINCIPIO DE EJECUCION; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRINCIPIO DE GRATUIDAD; INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; REGLA DE EXCLUSIÓN; NULIDAD;
Pasarelli (causa Nº 3235)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 22 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 22, de manera unipersonal, condenó al imputado a la pena de cuatro meses de prisión en suspenso y lo declaró reincidente (juez Paduczak).
1. Pena. Determinación de la pena. Finalidad de la pena.
“[E]l eje del derecho penal y procesal radica en la pena, lo demás son sólo presupuestos de ella. Lo que en definitiva va a afectar directa y concretamente al ciudadano es la pena que se le va a aplicar y, por tanto, necesariamente dentro del proceso tiene que dársele la significación e importancia que merece. Todas las garantías penales sustanciales y procesales carecen de sentido si la determinación de la pena está desprovista de toda salvaguarda respecto del procesado…”.
“[E]n la actualidad […], puede sostenerse que se encuentran descartadas o al menos hondamente sumergidas en una crisis doctrinaria las bondades que en alguna época se le adjudicaba al sistema penal retributivo y preventivo, aunque pueda sostenerse que hoy en día en la práctica se aplica a diario, así como también puede tildarse de obsoleto el fin rehabilitador, resocializador, reeducador, que se atribuye a la prisión.
En concreto y teniendo en cuenta la normativa vigente, la pena privativa de libertad no es más que una sanción punitiva que debe ser impuesta de la manera más reducida posible y en forma proporcional a los hechos por los que se condena al justiciable, permitiéndole a éste una adecuada reinserción social”.
2. Reinserción social. Principio de intrascendencia de la pena.
“[E]l Ministerio Público Fiscal solicito que se aplique una pena de efectivo cumplimiento, atento a que [el imputado] registra condenas anteriores a este hecho. Pero lo cierto es que en este caso, dicha pena sería en desmedro tanto del imputado, de su núcleo familiar, como de toda la sociedad, ya que no cumpliría con el fin de resocialización que la justifica”.
“[I]mponer una pena de efectivo cumplimiento a una persona que actualmente se encuentra cumpliendo con las reglas sociales, sería desociabilizarlo totalmente ya que luego de cumplir su condena, no conseguiría un trabajo estable y su situación económica así como la de su familia se vería totalmente desestabilizada, siendo una puerta de entrada para que el imputado vuelva a incurrir en la vida criminal”.
3. Pena. Principio de proporcionalidad.
“[L]a pena será justa en la medida que sea proporcional a la infracción, echando mano de esta forma al principio de proporcionalidad, cuya función es otorgar una adecuación entre pena y culpabilidad”.
“[S]ería desproporcionado imponer al imputado una pena de efectivo cumplimiento, atendiendo al delito investigado. Más allá de las críticas formuladas a las distintas teorías de la pena, nuestro sistema legal sigue una teoría de la resocializadora de las penas, lo que llamaríamos de prevención especial positiva”.
4. Pena. Finalidad de la pena. Reinserción social.
“Desde hace mucho tiempo se pretende legitimar el poder punitivo asignándole una función positiva de mejoramiento sobre el propio infractor. Se sabe que la prisión comparte las características de las demás instituciones totales (manicomios, cuarteles, etc) y se coincide en su efecto deteriorante. Se conoce su efecto regresivo, al condicionar a un adulto a controles propios de la etapa infantil o adolescente y eximirle de las responsabilidades propias de su edad cronológica. Frente a esto no es sostenible que sea posible mejorar condicionando roles desviados y fijándolos mediante una institución deteriorante, donde su población es entrenada en el recíproco reclamo de esos roles [hay nota]”.
“Asimismo surge del espíritu de la ley de ejecución penal 24.660, que el tratamiento penitenciario tendiente a lograr la reinserción del penado en la sociedad, se apoya en pilares de fortalecimiento del vínculo familiar, de recuperar hábitos laborales y en definitiva de sujeción a las normas de manera de evitar la reincidencia”.
“Acá nos encontramos con un hombre que ha acreditado su vida familiar, con sus padres e hijos. Asimismo asume su responsabilidad como hijo, siendo la única persona que en estos momentos se encarga del cuidado de sus padres, además de colaborar económicamente en su manutención. Posee demostrados hábitos laborales, teniendo un empleo fijo. También ha demostrado su arrepentimiento con el hecho sometido a juzgamiento.
Por lo tanto nos preguntamos en este caso concreto de que sirve que la pena ya establecida sea de cumplimiento efectivo. La única respuesta es provocar un daño al condenado más allá de lo que la razón indica. En efecto, la prisionización del sujeto en este caso concreto, además de los efectos nocivos que en general suele provocar este tipo de penas, […] llevaría a la inmediata pérdida de su trabajo, vínculos familiares y demás consecuencias negativas, por lo que en vez de reinsertarlo en la sociedad, estaríamos separándolo de ella definitivamente y en consecuencia apartándonos de un mandato constitucional y por lo tanto la pena sería ilegítima”.
5. Cárceles. Emergencia. Reinserción social.
“[E]n este marco resulta decisivo el dictado de la resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, […] mediante el cual se resolvió […] ‘Declárese la emergencia en materia penitenciaria por el término de 3 años a partir de la publicación del presente’. Se llega a esa situación en virtud de una sobrepoblación de aproximadamente el 20%”.
“[E]n el presente caso, encontrándose en libertad [el imputado], debería proceder a su detención y derivarlo a la Unidad 29 a efectos de que con posterioridad le encuentre cupo en alguna unidad del SPF. Es decir que prácticamente su primer mes de condenado lo cumpliría en una unidad de tránsito sin que pueda aplicarse sobre el nombrado ningún tipo de tratamiento penitenciario y en las condiciones que en todos los medios periodísticos se ha observado y que he constatado personalmente.
Superado ese grave escollo y logrando ser alojado en alguna unidad penitenciaria, también está claro que tampoco podría recibir ningún tratamiento penitenciario. La falta de cupos laborales o de cursos de capacitación profesional generados por la sobrepoblación, hacen presumir que en el plazo de 3 meses que le restarían de su condena no sería beneficiario de ningún trabajo o curso educativo, lo que en consecuencia se traduciría en pura y exclusivamente en encierro”.
“[Las] medidas alternativas constituyen la mejor solución para los casos en donde por el escaso monto de la pena impuesta o por las circunstancias especiales del caso, el encierro carcelario resulta contraproducente. La principal ventaja […] radica en que el penado puede mantener sus relaciones familiares y sociales durante los momentos de libertad, de esta forma el condenado no se separa de su medio social”.
“[E]xtraer [al imputado] del medio libre y prisionizarlo al solo efecto de que de cumplimiento a su pena efectiva, cumple con los objetivos de la pena establecida en el art. 1 de la ley 24660? Está claro que la respuesta es no y por lo tanto la aplicación de este instituto parece más cercano a dicha finalidad de la pena. Además el corto tiempo de la pena impide un real tratamiento”.

PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; FINALIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA; CÁRCELES;
GCP (causa Nº 40031)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de la provincia de Salta rechazó el recurso y confirmó la sentencia (voto de los jueces Catalano, Samsón, Vittar, Posadas, Bonari, Viñals y la jueza Ovejero Cornejo).
“[E]l apelante no ha demostrado error o desacierto en la sentencia pues la jueza del amparo ha analizado y aplicado correctamente las normas que rigen la materia para concluir que, por las circunstancias del caso, asiste a la parte actora el derecho a la provisión y cobertura médica integral respecto de la prótesis indicada por la especialista tratante.
En efecto, los agravios que expresa el apelante referidos al alcance de la cobertura que correspondería en virtud de la normativa vigente, y el hecho de que la amparista no haya realizado un reclamo previo ante su obra social de origen, son una reiteración de planteos efectuados al presentar el informe […], y que fueron suficientemente analizados por la jueza `a quo´ en la sentencia que se impugna.
Al respecto, cabe recordar que tal como ha sostenido esta Corte, el IPS ha adherido al Programa Médico Obligatorio fijado por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación en la Resolución Nº 247/96, con exclusión expresa del sistema de coseguros (art. 4º inc. `a´). Así pues, la Ley 7127 reconoce al I.P.S. la facultad de establecer un `sistema de coseguros´ en las prestaciones que brinda a sus afiliados (art. 4º último párrafo), por lo que en principio el porcentaje de cobertura por coseguro deberá ser afrontado por el afiliado, salvo que acredite que se encuentra imposibilitado económicamente y que esa situación coloca a su salud en un estado de riesgo que no pueda repararse. En ese supuesto el costo del coseguro debe ser afrontado por la obra social, como ha dicho esta Corte en forma reiterada...
En la especie, no han sido cuestionados el precario estado de salud de la amparista ni tampoco la situación económica invocada […], que le imposibilitan afrontar el elevado costo de los materiales protésicos que necesita para el tratamiento de su salud. Por ello es que resulta ajustado a derecho que a la actora le sea otorgada la cobertura total
De ese modo, la exigencia del pago del porcentaje en concepto de coseguro ante la situación configurada en el caso, coloca a la salud del accionante –bien supremo a proteger– en un estado de riesgo que no alcanza a repararse con la solución propuesta por la obra social, esto es, el reconocimiento del 80 % del valor de la prótesis solicitada –que, además, resultó tardío–. En consecuencia, se evidencia la ilegitimidad de la decisión del demandado al negar la prestación con consideraciones relativas al porcentaje de cobertura y al reclamo previo ante la obra social de origen en una cuestión que involucra el derecho a la salud, y por lo tanto no admite dilaciones por discusiones de índole patrimonial...”.
DERECHO A LA SALUD; OBRAS SOCIALES; ACCION DE AMPARO; CONVENIO; RECIPROCIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Gianoto (causa Nº 18493)Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 5
El Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 5 declaró su competencia para entender sobre la cuestión, hizo lugar a lo requerido y ordenó al director de la Unidad N° 6 del SPF que rectificara la planilla laboral (jueza Monsalve).
1. Competencia. Ejecución de la pena. Trabajo. Derecho al trabajo.
“[E]sta instancia es competente a los efectos de resolver el planteo efectuado por la defensa, toda vez que la actividad laboral intramuros resulta ser uno de los pilares sobre los cuales se asienta el tratamiento penitenciario y el Juez de Ejecución Penal no solo tiene la facultad de resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de las penas privativas de libertad en particular, sino también la obligación garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los Derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley”.
2. Derecho al trabajo. Trabajo. Remuneraciones. Liquidación. Condiciones de detención.
“[E]l hecho de que no se haya realizado la liquidación de las remuneraciones correspondientes durante el periodo en el que se encontraba internado en el Hospital Muñiz, […] imposibilitado de prestar tareas laborales por una enfermedad debidamente justificada, implica un caso de agravamiento de las condiciones de detención del causante, conforme lo estipulado en artículo 3.2 de la ley 23.098, pues el trabajo de los internos en sus lugares de detención constituye un derecho. […] Tanto la Ley 24.660 en su artículo 117 y el Art. 103 del Decreto Reglamentario 303/96 establecen que se deberá respetar la legislación laboral y seguridad vigente”.
3. Enfermedad. Licencias. Trabajo. Remuneraciones. Liquidación. Derecho al trabajo.
“[L]a ausencia de Gianoto en su lugar de trabajo durante las jornadas no liquidadas fueron por problemas de salud debidamente acreditadas, motivo por el cual deben equiparase y ser incluidas en el régimen de licencias autorizadas en el artículo 208 de la ley 20744…”.
“[E]l Art. 132 de la ley 24.660 establece que durante el tiempo que dure su incapacidad, el interno accidentado o enfermo percibirá la remuneración que tenía asignada. […] Siempre que haya incapacidad demostrada, el interno o la interna continuarán percibiendo el salario asignado. Entra en vigencia el artículo 4 de la ley 24.557, que en caso en que la Aseguradora de Riesgo de Trabajo se encuentre adecuadamente controlada, podrá entonces afrontar el coste del salario durante el tiempo de inactividad. De ese modo, el puesto de trabajo puede también admitir un reemplazo.
[E]n razón de que se vio afectado el derecho al trabajo remunerado y en respeto de la legislación laboral y seguridad vigente, consagrado en los artículos 106, 107 y 132 de la ley 24.660, cuya normativa se vio vulnerada al omitir incluir en la liquidación de peculio del interno […] Gianoto correspondientes al periodo […] durante los que el nombrado interno permaneció internado por razones de salud, es que […] deben ser incluidos en la planilla laboral como ‘ausencia justifica’ y ser abonadas por encuadrar en el régimen de licencias autorizadas consagrado por el artículo 208 de la Ley 20.744”.
CÁRCELES; TRABAJO; REMUNERACIONES; LIQUIDACIÓN; SALARIO; DERECHO AL TRABAJO; ENFERMEDAD; LICENCIAS; CONDICIONES DE DETENCIÓN; EJECUCIÓN DE LA PENA; COMPETENCIA;
Oporto (Causa Nº 736)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, anuló la resolución recurrida y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Jantus y Huarte Petite).
1. Régimen penal juvenil. Cómputo del tiempo de detención. Niños, niñas y adolescentes. Interpretación de la ley.
“[E]l Tribunal Oral […] debió haber contabilizado los tiempos en los cuales el nombrado estuvo alojado en las residencias socioeducativas de libertad restringida a la hora de fijar el vencimiento de la condena dictada a su respecto”.
“[S]e desprende de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, en su artículo 11, inciso ‘b’, que cualquier forma de detención o encarcelamiento de un menor, que no le permita salir por su propia voluntad, sino por medio de una orden judicial, se considera como una privación de su libertad.
En sentido coincidente, la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N° 26.061), en su artículo 19 in fine categoriza como ‘privación de libertad personal’ a la ‘ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad’”.
2. Cómputo del tiempo de detención. Niños, niñas y adolescentes. Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación […] resolvió que, en lo que respecta a la situación de privación de libertad, más allá de su denominación, no [existen] diferencias entre la sufrida por un adulto durante la etapa del proceso y la soportada por un menor durante el periodo tutelar, a fin de sortear de esta manera los artificios de nominar de modo diferente la privación de libertad de cualquier persona, considerado como un ‘embuste de las etiquetas’ [‘LLA (causa N° 5400)’]”.
3. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño.
“[L]a directiva que emana de la Observación General N° 10 del Comité de los Derechos del Niño en referencia al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, [resalta] que todas las decisiones que se adopten en el marco de la administración de justicia de menores deberán considerar primordialmente el interés superior del niño…”.
RÉGIMEN PENAL JUVENIL; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; JURISPRUDENCIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
SMA (Expediente Nº 29485)Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala III
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar parcialmente al recurso y ordenó a la obra social que efectivizara la cobertura del módulo de transporte para el traslado del niño entre su casa y el centro educativo y que pagara retroactivamente las prestaciones proporcionadas por los profesionales que lo atendieron desde enero de 2018. Sin embargo, no concedió la cobertura de la maestra integradora (voto de los jueces Corti y Zuleta).
1. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Transporte escolar.
“[L]a cobertura del transporte se encuentra supeditada a la imposibilidad del beneficiario de usufructuar el traslado gratuito en transportes públicos. Ahora bien, del informe pericial obrante surge que ‘[e]n el niño se evidencia una alteración grave y generalizada del desarrollo de interacción social recíproca y/o de las habilidades de comunicación verbal o no verbal’. A continuación se aclara que, además de un trastorno generalizado del desarrollo, F.S.S.L. padece un trastorno mixto del lenguaje (comprensivo expresivo), que consiste en un ‘deterioro del desarrollo de la comprensión del lenguaje que implica tanto a la decodificación (comprensión) como a la codificación (expresión)’.
[E]ntre las terapias aconsejables para el tratamiento del niño, se incluyó el módulo ‘transporte’. Estas consideraciones dan cuenta de que el niño no puede, por sí mismo, utilizar el transporte público. Con ello se cumple la condición a la que se halla sujeta la cobertura del beneficio en cuestión, por lo que corresponde hacer lugar al presente agravio”.
2. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Tratamiento médico. Deudas de dinero.
“[L]os actores mantienen una deuda con el establecimiento desde enero de 2018 en concepto de: psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía, musicoterapia, acompañamiento terapéutico. Solo tres de estos rubros se encuentran pagos […]. Nótese que las prestaciones que generaron la deuda son las mismas por las que se hizo lugar a la demanda. Por otro lado […] surge que el trámite de autorización ante la ObSBA fue ingresado el 2 de enero de 2018 y denegado el 16 de febrero. En otras palabras, la cobertura de las prestaciones indebidamente denegadas, fue solicitada en sede administrativa el 2 de enero de 2018, por lo que corresponde hacer lugar al agravio y ordenar a la ObSBA el pago de la deuda generada a partir de esa fecha”.
3. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Maestros.
“En cuanto a la maestra integradora solicitada, cabe efectuar algunas consideraciones. Si bien los actores la incluyeron dentro de la enunciación genérica de las prestaciones requeridas, no lo hicieron en la individualización efectuada en el punto IX de la demanda, y tampoco en el cronograma presentado como consecuencia del compromiso asumido en la audiencia. A ello se suma que las expertas que confeccionaron el informe pericial circunscribieron las terapias aconsejables para el tratamiento de los cuadros que padece el niño a ‘psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, musicoterapia, psicología, acompañamiento terapéutico y transporte’, sin que se incluyera una maestra integradora”.
ACCION DE AMPARO; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; TRANSPORTE ESCOLAR; TRATAMIENTO MÉDICO; DEUDAS DE DINERO; MAESTROS; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO;
BA (causa Nº 66324)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso y revocó la sentencia de primera instancia. De este modo, ordenó al Estado  Nacional (Ministerio de Salud y Desarrollo Social) que arbitrara los medios que estimara más convenientes a fin de preservar de manera efectiva la información relativa la donante de esperma utilizado para llevar a cabo el procedimiento de fertilización asistida, ya sea mediante el dictado de un acto administrativo de alcance particular o general, sin que ello implique dar acceso a la parte interesada; y con el objeto de que sea utilizada en las condiciones y modalidades establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación o las que oportunamente establezca el Congreso de la Nación.
Voto de los jueces Treacy y Gallegos Fedriani
“[C]on relación a las cuestiones aquí planteadas, en el marco de la causa sustancialmente análoga `C., E. M. y otros c/ EN-Mº Salud s/ Amparo Ley 16.986´, respecto al fondo del asunto esta Sala garantizó el derecho a la identidad de las menores involucradas, en lo relativo al derecho a conocer los orígenes genéticos, a través del resguardo y preservación de esa información.
Por tales motivos, en este estado preliminar del proceso, se advierte prima facie acreditada la verosimilitud en el derecho, toda vez que la información genética de la menor no se encuentra adecuadamente protegida, a los fines de garantizar la posibilidad de ejercicio del derecho a la información”.
“En cuanto al peligro en la demora, debe señalarse que esta Sala tiene dicho que no corresponde ser tan estricto en la valoración de la verosimilitud del derecho cuando es palmario y evidente el peligro en la demora y viceversa (esta Sala, in re: `Succat S.A C/ M Economía - DGA S/ Código Aduanero – Ley 22415 – Art 70´, del 4/8/16).
En efecto, el rechazo de la medida solicitada es susceptible de acarrear consecuencias más dañinas al peticionario que los eventuales perjuicios que su admisión podría producir a su adversaria”.
“Que tales condiciones, dentro del limitado ámbito cognoscitivo que impone el procedimiento cautelar y sin formular un juicio definitivo acerca de la cuestión que se controvierte en el proceso, a criterio de este Tribunal se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que corresponde otorgar la medida solicitada por cuanto, existe mayor riesgo en denegarla que en concederla ya que la concesión de la cautela no consuma a favor de la actora ninguna situación que no pueda ser revertida si la pretensión de fondo fuera rechazada”.
Voto del juez Alemany
“Que, en consecuencia, y en virtud de lo decidido por esta Sala en la causa nro. 40549/2011 “C., E. M. Y OTROS c/ EN-M§ SALUD s/AMPARO LEY 16.986”, del 29 de abril de 2014, corresponde ordenar al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que verifique el efectivo cumplimiento, por parte del establecimiento indicado por la demandante, del deber de resguardo de la identidad y demás información biológica del donante, y conserve esa información más allá del plazo de 10 años establecido en el artículo 18 de la ley 26.529. Ello es así, para que la niña interesada pueda, al cumplir la mayoría de edad, hacer ejercicio efectivo de los derechos establecidos por el artículo 564 del Código Civil y Comercial de la Nación, en las condiciones allí establecidas”.
ACCION DE AMPARO; MEDIDAS CAUTELARES; FILIACIÓN; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); DERECHO A LA IDENTIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Aguilar (causa Nº 5329)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas.
El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego absolvió a los imputados (jueza D’Alessio y jueces Giménez y Guanziroli).
1. Trata de personas. Explotación sexual. Tipicidad. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[N]o se probó que hubiera captación; se probó que el transporte fue conforme la libre voluntad de los intervinientes y que la convivencia también; con la suerte de cada pareja, pero sin detrimento de la voluntad y decisión de CV y HD. Que la recepción y el acogimiento se dio en ese marco y que no existió explotación de forma alguna”.
“Que la hija de la denunciante haya partido del hogar con el pretexto que quisiera, aún sin recursos económicos suficientes, no se comunicara con ella durante cierto tiempo, incluso que solicitara reiteradamente pasajes de regreso y no le explicara las situaciones que había vivido pormenorizadamente, refiriendo pasajes de mal trato en el seno de la pareja formada voluntariamente, o exhibiera aspectos de vulnerabilidad, que no fueron exclusivos y también caracterizaron los pretendidos victimarios, no sindica responsable de un delito penal a alguno de los procesados, que si ofrecieron posibilidades laborales, en tan alejado lugar, pagaron los pasajes y organizaron la convivencia, no significó captar, trasladar o someter con finalidad de explotación sexual, en beneficio propio de alguno que los entrometiera en el tráfico ilegal de personas”.
2. Principio de inocencia. In dubio pro reo.
“Parece claro que si la inocencia es el estado natural, la posición de autoridad que la pone en tela de juicio y la debilita debe fundarse. […] No habiendo expuesto el Ministerio Público sobre qué elemento fijaba la duda y no correspondiendo hacerlo a este Tribunal porque resultaría violatorio del principio acusatorio, debe estarse a la absolución plena (art. 18 CN y 8.2 CADH)”.
“[No] se ha probado siquiera mínimamente la hipótesis acusatoria. Y para ello habrá que analizar el estándar de prueba utilizado, que en materia penal es el que, contemplando el principio de inocencia, predica que sólo puede haber condena si se alcanza un grado de corroboración más allá de una duda razonable”.
3. Principio de preclusión. Principio de progresividad.
“[C]on cita del precedente ‘Mattei’ (Fallos 272:188) en que la Corte ha vedado la retrogradación del proceso para la redición de un acto supuestamente viciado, cuando este pueda considerarse superado en virtud de los principios de progresividad y preclusión (pues la etapa respectiva se había cumplido legalmente y sin oposición de las partes), se denegó la nulidad”.
“[Resulta] inapropiado el reproche formulado respecto de la necesidad de una instrucción suplementaria. Este instituto es de carácter excepcional y debe ser interpretado restrictivamente en la etapa de juicio, pues conlleva el riesgo de contaminar al Tribunal y la pérdida de imparcialidad. Medidas como las propuestas por el Fiscal General como ‘tareas de inteligencia’ no importan en el presente caso traído a juicio una instrucción complementaria, sino una verdadera investigación propia de la etapa preparatoria”.
4. Trata de personas. Explotación sexual. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba.
“Un solo relato que presenta tales vaguedades y serias inconsistencias, algunas de las que se pusieron de manifiesto y que carece de apoyatura suficiente, al menos para describir categóricamente una supuesta conducta ilegal de algún sospechado, carece de solvencia actualmente para lograr sustentar un pronunciamiento judicial, que atribuya tan grave responsabilidad criminal en esta instancia del proceso.
Los vínculos sociales que animaron a las jóvenes a tentar fortuna en un medio lejano y se trastocaron luego en afectivos con sus coterráneos y amigos, no denotaron alguna privación documental o de comunicación familiar, tentando desarraigos o amenazas y encerramientos, que revelaran el sometimiento de alguna o de ambas mujeres”.
“Y a esta altura del proceso, la magra investigación de notables falencias […] no logró colectar pruebas bastantes en el medio semirrural pequeño en el que el bar es lugar no sólo de entretenimiento, sino de frecuentes encuentros sociales, que concluyeran en alguna retención forzada y en contra de su voluntad de una mujer, o que obligadamente se conformara y conviviera alguna pareja […], ni se reveló una acción típica en perjuicio de alguna supuesta víctima y las circunstantes con obvia finalidad de someter a la explotación sexual, en beneficio de otro u otros”.
TRATA DE PERSONAS; EXPLOTACIÓN SEXUAL; TIPICIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DICTAMEN; ACCIÓN PENAL; DESISTIMIENTO; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD;
AOO (causa Nº 38665)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I
La Sala I de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar al recurso y revocó la resolución del juzgado de primera instancia. En consecuencia, ordenó al INSSJP que procediera a afiliar a F. dentro del grupo familiar de O. (voto de los jueces Lemos Arias y Reboredo).
1. Medidas cautelares. Peligro en la demora. Derecho a la salud. Tratamiento médico.
“[L]a imperiosa necesidad de que F. continúe gozando de las prestaciones que le brinda el centro de día al cual asiste, que aparece acreditada con los certificados adunados, puede concluirse que se encuentra configurado el requisito de peligro en la demora que justifica el otorgamiento inmediato de la medida cautelar, sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia definitiva.
Frente a lo expuesto, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos comprometidos y la urgencia invocada, resulta razonable y lógica la identidad entre el objeto de la demanda y la medida precautoria, lo que no resulta un obstáculo para su concesión en este caso.
En estas circunstancias, no se advierten motivos que justifiquen rechazar en esta etapa la medida peticionada, por lo que corresponde ordenar cautelarmente que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados proceda con la afiliación solicitada, bajo caución juratoria que deberá cumplimentar la parte actora en la instancia de origen (conf. art. 199 del C.P.C.C.N.)”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; OBRAS SOCIALES; PAMI; DERECHO A LA SALUD; MEDIDAS CAUTELARES; PELIGRO EN LA DEMORA; TRATAMIENTO MÉDICO;
Atienza Vargas (reg. Nº 1598 y causa Nº 51564)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación y casó la sentencia recurrida (jueces Yacobucci y Slokar y jueza Ledesma). Además, por mayoría, concedió la prisión domiciliaria a la mujer bajo el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (juez Yacobucci y jueza Ledesma).
1. Niños, niñas y adolescentes. Informes.
“[L]a resolución cuestionada fundó su decisión en el informe socioambiental […], del que se desprende que la menor M.A.R cuenta con la supervisión, contención y acompañamiento de la ‘familia extensa’, pero no se ha desarrollado el contenido de este concepto.
En ese sentido, el a quo ha omitido valorar que […] la abuela de la menor M.A.R., una de las personas que integrarían el grupo de adultos encargados de velar por su interés, habría fallecido […]. Tampoco ha considerado que del informe socioambiental citado se desprende que, actualmente, la menor no convive con un adulto mayor y que ella misma se encarga de proveer su sustento, trabajando en un comercio que funciona en su domicilio y ocupándose de la reposición de los productos que vende…”.
2. Cárceles. Emergencia. Vigilancia electrónica.
“Por otra parte, en el resolutorio recurrido no se analizó la posibilidad de incorporar a la imputada […] ’Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control’ dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.
“Esto cobra especial relevancia, teniendo en consideración el dictado de la Resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de fecha 25 de marzo del corriente año, mediante la cual se resolvió en su art. 1° ‘Declárese la ‘emergencia en materia  penitenciaria’ por el término de TRES (3) años a partir de la publicación de la presente’. Asimismo, se dispusieron medidas de gestión convocando a diferentes órganos de gobierno, de los tres Poderes del Estado, a fin de atender las necesidades que se suscitan ante tan delicada situación, circunstancia que no es posible soslayar al momento de resolver el presente caso”.
3. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“Frente al contexto referido […], la resolución recurrida exhibe una fundamentación tan sólo aparente, constituyendo tal efecto una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la vez que incumple con el deber de motivar el fallo y por ende infringe el artículo 123 del CPPN en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INFORMES; CÁRCELES; EMERGENCIA; VIGILANCIA ELECTRÓNICA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD;
Cozzi (causa Nº 26790)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por unanimidad, rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia (voto de las juezas Barbieri y Abreut de Begher y del juez Liberman).
1. Beneficio de litigar sin gastos. Acceso a la justicia. Vulnerabilidad
“[L]a Corte Suprema reiteradamente ha sentenciado: ´El beneficio de litigar sin gastos encuentra su fundamento en la garantía de defensa y la igualdad ante la ley, ambos preceptos de raigambre constitucional, habida cuenta de que, por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes´…”.
“En síntesis, el derecho a la justicia comprende el poder de defenderse sin estar constreñido por el costo del servicio ni ver malogrado el éxito de una petición en sí justa por avatares de insuficiencia económica […]. Por otra parte los suscriptos consideran que una correcta interpretación de la segunda parte del artículo 78 del Código Procesal –que establece que ´no obstara a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionante lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuera el origen de sus recurso´– importa que no se requiere la demostración de indigencia o pobreza extrema del peticionario a los efectos de conceder el beneficio […]. Ahora bien, aun cuando la consideración de la prueba rendida queda librada al arbitrio judicial en cada caso, ello no significa una apreciación ligera por parte del juez, sino que éste debe, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, verificar la concurrencia de los requisitos mínimos de procedibilidad del pedido”.
2. Beneficio de litigar sin gastos. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[L]os testimonios corroboran la situación patrimonial que denuncia la actora, quien se encuentra jubilada y vive con su esposo, quien también es jubilado y [con discapacidad], conforme certificado. En cuanto a la prueba instrumental acompañada, se acredita que la peticionaria no es titular de inmuebles ni de automotor. Tampoco posee tarjetas de crédito, ni cuenta corriente y los ingresos que percibe la actora, señala el señor Fiscal […] no hacen más que sustentar lo decidido en la instancia de grado”.
“En definitiva, los suscriptos encuentran que en la especie, la prueba producida, y las circunstancias personales de la requirente son suficientes para tener por acreditado que concurren a su respecto los extremos que tornan procedente la obtención de la franquicia solicitada, desestimándose en su consecuencia los agravios vertidos”.
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; VULNERABILIDAD;
Zamponi (causa Nº 13175)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Córdoba
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba N° 2, de manera unipersonal, hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista para el delito imputado y condenó al imputado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de mil pesos (juez Fabián).
1. Pena. Determinación de la pena. Declaración de inconstitucionalidad.
“[…] El Código Penal ha adoptado el sistema de fijación de pena basado en la determinación legal relativa, puesto que las penas ordenadas en él no indican una magnitud fija para cada delito, sino que se señala los límites dentro de los cuales el juez puede fijar la sanción; uno de los problemas más agudos de la individualización de la pena es ubicar en el marco penal fijado, un punto fijo a partir del cual poder ‘atenuar’ o ‘agravar’ la misma. Mucho más complejo es justificar la imposición de una pena fuera de los límites establecidos por la norma, pues para hacerlo debe existir necesariamente una declaración jurisdiccional que indique que en ese caso concreto, hay una […] contraposición de la norma con la Constitución Nacional”.
“Consideramos oportuno subrayar lo resuelto en mayoría por la Exma. Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en autos ‘Ríos, Mauricio David […]’ en virtud que en dicho fallo tuvieron en cuenta para la determinación de la sanción a aplicar al imputado Ríos particularísimas circunstancias que se verifican en el presente…”.
2. Informe interdisciplinar. Vulnerabilidad. Reinserción social.
“[Debe decirse] al respecto que el imputado […] no tiene antecedentes penales; está demostrada su adicción a las sustancias estupefacientes desde larga data, en el marco de una vida con serios problemas de salud como son el HIV y tuberculosis ganglionar […]. De modo conteste, el informe de seguimiento interdisciplinario incorporado […] refiere en sus puntos más relevantes que [el imputado] desde hace tiempo se encuentra sometido a tratamientos de tipo psiquiátrico, TBH y HIV, advirtiéndose su firme voluntad de recuperación.
La situación de vulnerabilidad que alega la Defensa y consiente el Fiscal, resultó evidente a lo largo del proceso. [R]esulta evidente el progreso que ha experimentado el imputado en la rehabilitación al consumo de estupefacientes y es manifiesta voluntad de mantener los vínculos asistenciales profesionales y familiares para superarlo, lo que sumado a que las graves enfermedades que padece se encuentran en pleno tratamiento especializado, [llevan a considerar] que el tope mínimo indicado en la escala penal prevista por el art. 5 inc. ‘c’ de la ley 23.737, se encuentra en franca violación a los principios de proporcionalidad y de humanidad, pues exigiría el encarcelamiento del imputado lo que constituye una medida evidentemente contraproducente e innecesaria desde el punto de vista del fin de prevención especial que se asigna a la pena privativa de la libertad, o sea la resocialización”.
PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; ADICCIÓN; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; HIV; VULNERABILIDAD; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; ALMACENAMIENTO; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; REINSERCIÓN SOCIAL;
Coria (Causa Nº 81237)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 19 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 19, por unanimidad, absolvió al imputado y dispuso su libertad (jueces Barberis y Fernández y jueza Barrionuevo).
1. Prueba. Apreciación de la prueba. Prueba testimonial. Versiones contrapuestas.
“La prueba incorporada durante el debate, sometida al pertinente análisis conforme los principios de la sana crítica, no logró dar certeza sobre la real producción del suceso que le fuera enrostrado al enjuiciado…”.
“[E]xisten dudas concretas respecto a la participación del imputado en ese hecho delictivo. En efecto, pese al relato del oficial de Guardia del Centro de Monitoreo Urbano […] y al preventor que detuvo al imputado […], es de señalar que tanto quien manejaba la cámara, como quien procedió a la detención, no contaban con la tecnología para identificar el rostro, por lo que sólo pudieron observar algunos rasgos de vestimenta, destacando además que las grabaciones no tienen buena visibilidad y son en blanco y negro...”.
2. Indicios. Principio de inocencia. In dubio pro reo.
“[E]l Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal no ha logrado acreditar el hecho por el cual se requirió la elevación a juicio, sino que hay un cúmulo de indicios que no alcanzan para derribar el principio de inocencia del acusado. Aquí se necesita certeza, y en este caso, una adecuada ponderación de los testimonios y de la prueba documental vertida en este juicio, me lleva a concluir la ausencia de aquella, por lo que [el imputado] debe ser absuelto”.
PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VERSIONES CONTRAPUESTAS; APRECIACION DE LA PRUEBA; SANA CRÍTICA; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; TESTIGOS; ROBO;
Alvarez (Causa Nº70150)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, hizo lugar a la queja, declaró procedente la impugnación y dejó sin efecto la sentencia apelada. Además, ordenó que se remitiera la causa al tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento. (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosenkrantz, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda).
1. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Prisión perpetua. Cómputo.
“[S]i bien formalmente el fallo se limita a ordenar que se realice un nuevo cómputo, el tenor de lo resuelto, en tanto establece en veinticinco años el agotamiento de la pena del condenado, pone fin a la discusión sobre el punto en debate y causa un agravio que sería de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior...”.
“[S]i bien se ha entendido que la fijación del máximo temporal de la pena de prisión constituye una cuestión de derecho común ajena a la jurisdicción apelada del Tribunal […], cabe hacer excepción a tal premisa cuando la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas en la causa…” (considerando 7º).
2. Prisión perpetua. Cómputo. Extinción de la pena.
“[A]l haber transformado la pena de reclusión perpetua en una pena que inexorablemente habría de agotarse a los veinticinco años, los jueces concedieron [al imputado], contra legem, el derecho a que transcurrido el tiempo indicado, se dé por extinguida la pena cualquiera sea el comportamiento intramuros o el pronóstico de reinserción social, y cercenando la facultad de los jueces de revocar el beneficio en caso de comisión de un nuevo delito durante el período de la condicionalidad” (considerando 9º).
3. Reincidencia. Pena accesoria. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[Sobre] la inaplicabilidad al caso del art. 52 del Código Penal […] corresponde poner de manifiesto que la inconstitucionalidad de dicha norma ha sido dispuesta por el a quo con la mera remisión al caso [Gramajo], omitiendo considerar el particular tenor de dicha sentencia”.
“[E]n el voto mayoritario del caso ‘Gramajo’, el Tribunal destacó expresamente que la inconstitucionalidad de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el art. 52 estaba siendo examinada en ese caso solo en cuanto establecía una pena para multirreincidentes por delitos menores, y no respecto de la pena del art. 80 del Código Penal…” (considerando 10º).
PRISIÓN PERPETUA; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; PENA; PENA ACCESORIA; EXTINCIÓN DE LA PENA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; RECURSO EXTRAORDINARIO; ADMISIBILIDAD; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; DETERMINACIÓN DE LA PENA;
Luna (Expte. N° 74.056)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, declaró procedente la queja y revocó la sentencia apelada. Para decidir de ese modo, se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación (ministros Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz y ministra Highton de Nolasco).
1. Recurso extroardinario federal. Admisibilidad. Recursos. Caducidad de instancia.
“Si bien es cierto que las resoluciones que declaran desierto un recurso ante el tribunal de alzada no son impugnables por la vía del artículo 14 de la ley 48, toda vez que remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho procesal, ajenas de por sí al remedio excepcional, también lo es que tal criterio admite excepción cuando media apartamiento de las constancias de la causa o cuando el examen de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal, lo que afecta la garantía de defensa en juicio (Fallos: 329:997, ‘Fernández’; y 330:1008, ‘Fiore’; entre muchos otros).
También ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por ser la caducidad de instancia un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter, evitando incurrir en un exceso ritual que la desnaturalice (Fallos: 330:4664, ‘Pérez de Conti’; y 340:979, "Colegio de Farmacéuticos de Mendoza", entre otros).
2. . Defensor Público de Menores e Incapaces. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
Conviene recordar, a su vez, que la intervención del Defensor Público de Menores e Incapaces no es equivalente a la de quien patrocina a un adulto pues, en el primer caso, está en juego el interés superior del niño y el orden público, valores estos que merecen de especial tutela jurisdiccional. En este sentido, tiene dicho el máximo tribunal federal que cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional (Fallos: 324:122, ‘Guckenheimer’; entre otros)”.
“[E]l ministerio público vio frustrada su reiterada pretensión de revertir la caducidad resuelta en la instancia anterior y de continuar con el curso de la acción iniciada en 2011, con menoscabo de la garantía de defensa en juicio de una niña, ante la inactividad de su padre (art. 103 inc. b.i, CPCCN, y art. 43 inc. c, Ley 27.149) quien, a su vez, fue demandado por el otro conductor en un expediente conexo, por el mismo objeto, en vías de litigio “.
RECURSOS; NOTIFICACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; DEFENSOR; DEFENSOR DE MENORES E INCAPACES; CADUCIDAD DE LA INSTANCIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Gerónimo (causa Nº 273860)CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, MINAS Y LABORAL N° 2, PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN LUIS
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral N°2 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis hizo lugar al recurso de apelación, revocó el auto interlocutorio y concedió el 100% del beneficio de litigar sin gastos (juezas Bustos y Ponce de Xacur y juez Milán).
“Es oportuno recordar que el instituto del beneficio de litigar sin gastos resulta establecido en favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se hallan en condiciones de afrontar el pago de los gastos que necesariamente implica la promoción y sustanciación de un proceso judicial. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresó ‘La posibilidad de litigar sin gastos es un beneficio cuya concesión queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. En tal sentido, no resulta imprescindible producir una prueba tal que otorgue un grado absoluto de certeza sobre la pobreza invocada, sino que basta con que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar, razonablemente, que el caso encuadra en el supuesto que autoriza su otorgamiento’ (Ottonello, Miriam Alicia y otros vs. Provincia del Chubut y otro s. Daños y perjuicios; Corte Suprema de Justicia de la Nación…)”.
“Todo ello como forma de garantizar el derecho a la igualdad de los litigantes, y el acceso a la jurisdicción, cuya protección reconoce raigambre supralegal (arts. 16 y 17 Constitución Nacional). Con igual criterio nuestro Superior Tribunal de Justicia ha dicho ‘una de las características esenciales del sistema republicano, consiste en garantizar a todas las personas el acceso a la administración de justicia independientemente de las posibilidades materiales, lo que es una derivación razonada del principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, como el de afianzar la justicia que ella enuncia en su preámbulo’. (STJSL “Folch de López Agueda S/ Beneficio De Litigar Sin Gastos”- 14-09-2007)”.
“[E]sta Alzada viene afirmando que ‘el presupuesto fáctico para otorgar el beneficio de litigar sin gastos es que la peticionante no posea suficientes recursos para costear aquellos gastos, aunque no se encuentre en un estado de indigencia o de absoluta insolvencia. Además de la insuficiencia de los recursos del interesado, en materia de concesión del beneficio cabe ponderar especialmente la posibilidad que aquél tiene de obtenerlos, apreciada en relación a la naturaleza e importancia económica del proceso de que se trate’. Ahora bien en el presente caso y conforme la prueba colectada –a la que me remito in totum– si bien surge que el peticionante tiene recursos suficientes para su subsistencia diaria, no resulta demostrado que esos recursos sean suficientes y /o den el margen económico oportuno para subvenir a los gastos del proceso judicial”.
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS; ACCESO A LA JUSTICIA; IGUALDAD; VULNERABILIDAD;
AEM (causa Nº 36969)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar al recurso y ordenó a la obra social que en lo sucesivo cubriera la totalidad del tratamiento indicado por los médicos de la niña TTA y reintegrara los montos que su familia había abonado por el aceite de Cannabis.
“[E]s válido recordar que la niña TAA se encuentra comprendida en dos colectivos especialmente protegidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, el de las niñas niños y adolescentes (art.39) y el de las personas con necesidades especiales (art. 42). Además, se encuentra protegida por la ley 24.901 que estableció un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad (ver especialmente los arts. 2 y 38) y la ley 25.404 que establece que el paciente epiléptico tiene derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna (art. 4). Existe a nivel local la Ley 114 sobre `Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes´ que tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (especialmente ver art. 2° `Interés Superior´, 6° `Efectivización de derechos´, 22° `Derecho a la Salud´ y 23° `Protección de la Salud´). Ahora bien, ¿cómo se compatibiliza estas prescripciones integrales con el Plan Médico Obligatorio opuesto por la demandada OBSBA como límite a sus obligaciones? La respuesta la encontraremos en la aplicación de los principios generales del derecho, en este caso el de `especialidad´ por el cual en el caso concreto la norma general cede ante la norma especial, es decir: la protección integral para las personas con discapacidad y para el paciente epiléptico”.
ACCION DE AMPARO; CANNABIS; DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
Diaz (causa Nº 14852)Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar al recurso y dispuso como medida cautelar que la obra social cubra íntegramente la cirugía requerida en el plazo de cinco días (voto del juez Lozano al que adhirieron los jueces Gallego y Barreriro).
“[S]i bien la índole de los derechos involucrados no predica por sí misma la necesidad del anticipo jurisdiccional que se solicita, entiendo que en este caso el señalamiento de la recurrente de la incidencia negativa que el transcurso del tiempo le ocasiona en el desarrollo de su personalidad y de su identidad de género al no poder acceder a la reasignación genital, resulta suficiente para concluir en esta etapa preliminar del proceso sobre la presencia del periculum in mora.
Conclusión que se ve reforzada teniendo en cuenta la pauta interpretativa que esta cámara mantiene invariablemente, según la cual en materia de medidas cautelares rige la regla de proporcionalidad inversa, razón por la cual a mayor verosimilitud del derecho, menor exigencia cabe requerir sobre el periculum in mora, y viceversa […], de donde la intensidad de esa apariencia de buen derecho […], menos riguroso debe ser el examen del restante.
Lo expuesto, en mi opinión, es suficiente para hacer lugar al recurso en estudio y, en consecuencia disponer la precautoria requerida en el escrito inicial, motivo por el cual, de compartirse mi propuesta debería ordenarse a la Obra Social de los Empleados de Comercio (OSECAC) la cobertura integral de la cirugía `NEO-VAGINOPLASTIA´, en el plazo de cinco días y bajo apercibimiento de astreintes, bajo caución juratoria que se entiende prestada con la petición formulada inicialmente, para lo cual deberá facilitar a la requirente un turno con un cirujano especialista en vaginoplastia”.
LGBTIQ; ACCION DE AMPARO; MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA IDENTIDAD; TRATAMIENTO MÉDICO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; IDENTIDAD DE GÉNERO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Fasoli (reg. N° 1066 y causa Nº 53543)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación, casó la resolución y concedió la excarcelación al imputado bajo caución juratoria (jueces Sarrabayrouse, Morín y Días).

1. Excarcelación. Riesgos procesales.

“[T]al como indica la defensa, que la denegatoria de la excarcelación se fundó exclusivamente las circunstancias particulares del hecho. En el caso, la situación de Fasoli encuadra en la segunda hipótesis prevista en los arts. 316 y 317, CPPN, pues carece de antecedentes condenatorios y la pena a imponer, en caso de recaer condena en estas actuaciones, podría ser dejada en suspenso (arts. 26 y 27, CP).
Además, como expresó el defensor, el nombrado se identificó correctamente y cuenta con un domicilio constatado. En este contexto, el tribunal de la instancia anterior no explicó por qué el peligro procesal de elusión que consideraba presente no podía ser neutralizado mediante la utilización del régimen de cauciones o las reglas previstas en el art. 310, CPPN. Ello, demuestra que el análisis efectuado implicó una errónea aplicación de las normas relativas a la privación de la libertad durante el proceso…”.

2. Prisión preventiva. Principio de proporcionalidad. Riesgos procesales.

“En materia de medidas cautelares, además de la verificación de los respectivos riesgos procesales y del llamado fumus bonis iuris, debe valorarse también el requisito de la proporcionalidad que recae sobre la medida en cuestión: en este caso, la prisión preventiva aplicada al señor Fasoli. De este modo, si bien pueden permanecer vigentes […] los dos primeros elementos a tener en cuenta para el mantenimiento de la mencionada medida cautelar, lo cierto es que —por aplicación del citado principio de proporcionalidad— el paso del tiempo, bajo estas condiciones, constituye un extremo que no puede ser omitido, sin más, por quien debe decidir si continúa aplicando o no una prisión preventiva.

Así las cosas, toda vez que prácticamente han transcurrido siete meses desde nuestra última intervención, en la cual confirmamos el rechazo de la excarcelación solicitada por el nombrado, sin que el tribunal a cargo del debate haya procedido a fijar la correspondiente audiencia de juicio oral y público, a la luz de lo señalado precedentemente en materia de proporcionalidad…”.
PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; PELIGRO DE FUGA; RIESGOS PROCESALES; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Rodriguez Fernandez (causa Nº 25017)Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hizo lugar al recurso y revocó la sentencia de primera instancia. Asimismo, revocó las disposiciones administrativas de la Dirección Nacional de Migraciones.
VOTO DEL JUEZ PÉREZ CURCI
1. Actos administrativos. Control judicial.
“[E]l rol del Poder Judicial en este tipo de acciones, se limita al control de legalidad, debido proceso y razonabilidad del acto motivo de impugnación (Cfr. Art. 89 de la Ley 25.871), pero que además integra necesariamente con ello el debido análisis y control judicial de toda pretensión administrativa de expulsión del país, respecto de un extranjero.
Ello pues, como bien lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la revisión del acto administrativo de expulsión de un extranjero por parte de un juez o tribunal `(…) es un requisito fundamental para garantizar un adecuado control y escrutinio de los actos de la Administración, que afecten derechos fundamentales´ (Corte IDH en Autos `Velez Loor vs. Panamá´, del 23/11/2010).
2. Derecho a la reunificación familiar. Actos administrativos. Razonabilidad.
“Los principios son directivas u orientaciones generales en las cuales se inspira un ordenamiento jurídico. A su vez, los principios tienen funciones esenciales para guiar al juez respecto al caso concreto, dándole las herramientas primarias para elaborar su criterio en base a las consideraciones de hecho y de derecho que se pongan en juego. No solo sirven de bases previas al órgano legislativo a fin de estructurar el proceso (en este caso migratorio) en el sentido más acorde a los derechos que quiere tutelar, sino que también constituyen instrumentos interpretativos de precioso valor.
En este sentido, hemos de reunirnos con los principios tutelados por la misma Ley Nº 25.871, ello por disposición de los objetivos fijados en los apartados del art. 3 de dicho texto.
Conforme reza el inc. d), art. 3 de la mencionada ley, es objetivo de la norma `garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar´.
El legislador ha fijado las políticas públicas sobre las cuales dejó asentada la base estratégica en materia migratoria. De forma expresa señaló, en su primer objetivo, la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes, como así también el deber de promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías establecidos por nuestra Carta Magna, los compromisos internacionales, y las leyes, y ello siempre, en miras a mantener en alto la situación humanitaria, extendiendo el manto de protección, no sólo al migrante en su esfera individual, sino también en su sentido social, esto es, a todas sus relaciones familiares.
Es que, sin perjuicio de haberse puesto en análisis lo relativo a los antecedentes penales del actor, tales hechos no han sido considerados bajo el contexto familiar que la misma legislación de fondo exige”.
3. Migrantes. Antecedentes condenatorios. Razonabilidad. Vulnerabilidad.
“El acto administrativo que aquí se impugna es la Disposición que ordena la expulsión del actor. Las irregularidades (antecedentes penales y falsedad de la declaración jurada), per se, configuran las causales de impedimento en la permanencia en el país, mas no eximen a la autoridad administrativa de elaborar un análisis particular según las consideraciones específicas del caso.
La constatación por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, de algunas de las causales de impedimentos en el ingreso y permanencia de extranjeros previstos en la norma (art. 29 de la Ley Nº 25.871), de ningún modo puede ser desnaturalizada sin el espíritu informante de los principios correspondientes al colectivo vulnerable.
Solución contraria, atentaría contra los postulados principales no sólo de la normativa de fondo aplicable, sino también en general, a la normativa local e internacional respecto a la protección de la familia como del interés superior del niño, el cual fue particularmente acogido por esta Cámara […], habiéndose escuchado a los menores J. M. C. y J. N. C., hijos biológicos de la Sra. C. E. Scarinci, actual cónyuge del recurrente”.
4. Migrantes. Familia. Protección integral de la Familia.
“En ese sentido, ha sido clarísimo nuestro Más Alto Tribunal, al indicar que `la importancia que en la nueva ley de Política Migratoria Argentina reviste el principio de unidad familiar, queda evidenciada por la competencia que se le otorga a la autoridad de aplicación para admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, a extranjeros que se encuentren comprendidos en algunas de las causales que obsten a su ingreso (art. 29, último párrafo de la ley 25.871).´(CSJN – Fallos: 330:4554).
Es que, debemos ante todo tener en cuenta que el derecho a la familia no es sólo un principio contemplado de forma expresa por la Ley de Migraciones, a fin de salvaguardar el derecho de las personas extranjeras que se encuentran en nuestro país, sino también una garantía ineludible de nuestra Constitución Nacional, de modo que siempre que se encontrare en juego la posibilidad de que los efectos jurídicos por la aplicación de una norma –como lo es el decreto reglamentario en cuestión–, no podemos prescindir de esa fuente.
Tiene dicho la Convención Americana de Derechos Humanos, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (art. 17 de la CADH). En esa misma línea, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en la Convención. Por ello, el decreto en juego, como cualquier norma jerárquicamente inferior a la Convención, deberá circunscribirse a los principios básicos rectores”.
5. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Razonabilidad. Interpretación de la ley.
“Las causales de impedimentos del ingreso y permanencia del país no pueden surtir plenos efectos cuando el contexto familiar así imponga la necesidad de salvaguardar garantías fundamentales.
No se trata aquí de evadir una de las causales de impedimento para la permanencia en el territorio (art. 29 Ley Nº 25.871), sino de una interpretación armónica de la voluntad del legislador al momento de crear la norma (art. 3 de la Ley Nº 25.871).
Vale tal aclaración, por un doble motivo. En primer lugar, porque no se trata aquí de regular la proporción de la sanción administrativa, y en segundo lugar, porque no se trata tampoco de afectar el Principio de Igualdad.
Digo que no se trata en este caso de ponderar la `proporcionalidad en la sanción administrativa´ impuesta por la Dirección Nacional de Migraciones, sino únicamente de que la misma se encuentre acabadamente fundada, con una base jurídica lo suficientemente sólida que permita contemplar las causales de impedimento para la permanencia en el país, atendiendo tales circunstancias en el marco del acceso a la justicia, la vulnerabilidad propia del colectivo migrante, como así también de no romper con la unificación familiar, base de toda comunidad.
Siendo la sanción de expulsión una medida de carácter prohibitiva para el goce del derecho que tiene el extranjero, las causales de impedimento para la permanencia en el territorio, deben ser analizadas conforme a un criterio restrictivo, que tenga en cuenta el contexto en el cual la misma se da y los efectos que sobre la familia éstos pueden arrojar.
Analizar el caso de forma individual, en orden al análisis que corresponda en el caso concreto, no implica bajo ningún punto de vista, evadir el principio de igualdad, toda vez que todas las personas que se encuentren en la misma situación serán juzgadas conforme a los mismos parámetros”.
6. Protección integral de la Familia. Migrantes. Derecho de reunificación familiar. Vulnerabilidad.
“Es unánime la legislación interna e internacional, a fin de considerar a la familia como el grupo básico natural y fundamental de la sociedad, siendo por ende una necesidad de todas las personas que formen parte de algún eslabón de responsabilidad en la materia, tener que garantizar el debido goce de aquellos derechos, y consecuentemente una obligación del Estado tener que adoptar las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad familiar.
En este mismo sentido, formula el art. 44 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que `los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio.´
El respeto por los derechos y obligaciones que tomaron el dominio del caso –derecho a la unificación familiar y obligaciones de los migrantes–, deslindan en la necesidad de hacer lugar al agravio en este sentido formulado por el recurrente, reafirmando los principios sobre los cuales me he expedido. Y ello, no implica desconocer las facultades de las autoridades competentes, sino del control de los actos administrativos en orden a resguardar los derechos básicos cuando estos se encuentren en juego.
Estamos aquí, ante el único camino conducente a evitar la potencial separación de la familia (a mayor abundamiento v. constancia de fs. 204), habiendo sido de vital importancia la audiencia de fecha 23 de abril del corriente año, en uso de las facultades conferidas por el art. 36 del C.P.C.C.N. Sobre este punto, volveré al tratar el agravio relativo al interés superior del niño.
La naturaleza de los derechos en juego en este caso, exigen que el examen para evaluar la situación sea lo suficientemente flexible, con el objeto de no desvirtuar la medida restrictiva y que por ende, los efectos prácticos de las sanciones no sean desproporcionados. En otras palabras, las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad, para la cual deviene acertado atender a los efectos prácticos que ocasiona la sanción administrativa impuesta.
En este sentido, es menester destacar que el migrante frecuentemente se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad y es por ello que frente a tal flagelo, los instrumentos internacionales piden a los Estados que actúen de conformidad con sus respectivos sistemas constitucionales, como así también que promuevan y protejan eficazmente los derechos humanos de los migrantes y sus familias.
Es que especial vulnerabilidad recae sobre el recurrente en orden a ejercitar sus derechos con plenitud ante el sistema de justicia”.
7. Interés Superior del Niño. Derecho a ser oído. Familia.
“Partimos aquí de un postulado que entendemos fundamental, esto es, estudiar en el caso concreto cómo los derechos e intereses de los menores de edad pudieran verse afectados por las medidas y decisiones que adopta el Estado a través de sus órganos.
No puedo desconocer aquí que el sentido que se dé a esta decisión, pone en juego, la valoración del denominado `interés superior del niño´ con relación al cuidado de sus ingentes necesidades de vida y calidad de vida, en atención a su corta edad.
Y en este contexto, coincido con quienes destacan que toda cuestión de índole formal, o aún sustancial que se oponga o pueda de algún modo obstaculizar el abordaje de cuestiones referentes a conflictos donde se encuentra involucrado el interés superior del niño, deben ser zanjadas en favor de éste último [...].
Esta pauta interpretativa se hace ineludible cuando el interés superior del niño es foco de atención en la decisión de un eventual conflicto de derechos, siendo por ende de vital importancia asimilarlo en el caso concreto (nunca en abstracto).
En otras palabras, el recurrente pertenece a una familia de tipo ensamblada por medio de la cual se comparten importantes lazos...”.
“En este orden, debe recordarse que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue aprobada por nuestro país mediante Ley N° 23.849. Desde ya, el instrumento es felizmente aplicable al caso de marras, siendo a todas luces un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Tal ratificación implica que el Estado asuma su rol garante de derechos en la materia, adecuando el marco normativo interno, pero sobre todo, haciendo un esfuerzo para lograr que los niños puedan gozar de esos derechos en el caso concreto”.
“Habiendo el Tribunal adoptado las medidas pertinentes a fin de escuchar a los menores de edad que componen el seno de la familia cuya decisión administrativa puede poner en peligro sus derechos de raigambre constitucional, vale acogerse a lo consagrado por el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, anteponiendo por sobre las consideraciones de hecho y de derecho que formularon las premisas del presente caso, el interés superior de los menores, y por ende velar porque ellos no sean separados del recurrente con quien mantienen el lazo anteriormente descripto”.
8. Actos administrativos. Motivación.
“En efecto, la Administración se limitó a ponderar que el actor poseía antecedentes penales en su país de origen situación que encuadraba en el impedimento previsto en el artículo 29 de la Ley Nº 25.871, y que falseó documentación al momento de esgrimir la no posesión de antecedentes penales en su contra, afirmando que los actos acaecidos en sede administrativa no tenían suficiente entidad para desvirtuar los impedimentos que pesaban sobre el accionante.
Sin embargo, no valoró con una motivación suficiente los elementos probatorios acompañados por el migrante en relación con los objetivos propuestos en los artículo 3º y 10º de la Ley Nº 25.871 de Política Migratoria Argentina relativos a garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar...·.
VOTO DEL JUEZ PIZARRO
1. Actos administrativos. Motivación. Razonabilidad.
“En relación al agravio referido, corresponde comenzar diciendo que la motivación de los actos administrativos es uno de sus elementos esenciales conforme artículo 7 inciso e) de la ley 19549 y, por lo tanto, el vicio a su respecto puede llevar a su nulidad según su gravedad”.
“En el caso de marras, existe una razón adicional que intensifica el deber de fundar suficientemente la resolución, cual es que la confirmación de la orden de expulsión conlleva la afectación de vínculos familiares en un grupo familiar conformado por tres ciudadanos argentinos y uno español”.
MIGRANTES; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; ACTOS ADMINISTRATIVOS; CONTROL JUDICIAL; MOTIVACIÓN; RAZONABILIDAD;
Tercero (causa Nº 10818)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 1 absolvió a los imputados (jueza Snopek).
1. Principio acusatorio
“[L]a acusación pesa exclusivamente sobre el Ministerio Publico Fiscal y les está vedado a los Jueces avanzar sobre dicha facultad cuando no se presentan vicios manifiestos de ilegalidad, a lo que debemos adunar que existió plena conformidad por parte de la defensa acerca de la solución del caso…”.
2. Prueba. Apreciación de la prueba. Prueba testimonial.
“Considerando [los] testimonios obtenido en este juicio, como el hecho que, dentro del bulto que llevaban los [imputados] había una caja de cigarrillos […], resulta de una lógica elemental poder concluir que los imputados pudieron ser engañados respecto de los elementos que estaban transportando.
[…] Asimismo, ambos imputados mantuvieron a lo largo del proceso que ellos se dedicaban al transporte de cigarrillos como de otros bienes, actividad que en la zona de frontera se conoce como de ‘bagayeros’”.
3. Dolo. Error. In dubio pro reo.
“Ello permite inferir que efectivamente pudieron incurrir en el error de pensar que la mercadería consistía en cigarrillos, máxime cuando no era la primera vez que hacían esta actividad, tal como lo afirmaron en este juicio. Los dichos de los imputados, junto al caudal probatorio producido en esta audiencia de juicio […], como el hecho que la sustancia estupefaciente iba en una lona (lo que es usado comúnmente por los ‘bagayeros’), la que a su vez iba oculta en el interior de una caja de cigarrillo marca ‘Rodeo’, son elementos que hace presumir la existencia de un error por parte de [los imputados] acerca de lo que estaban transportando, logrando con ello fijar un estándar de duda respecto a la responsabilidad que pudieron tener en estos hechos investigados, siendo aplicable en consecuencia el art. 3 del CPPN”.
TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; DOLO; ERROR; IN DUBIO PRO REO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL;
Folgar (EXPEDIENTE Nº 16120 de 2018)Tribunal Superior de Justicia de la CABA
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad de la parte actora y revocó parcialmente la sentencia en cuanto dejó sin efecto la condena dispuesta en primera instancia contra el Estado Nacional (juezas De Langhe y Weinberg al que adhirieron la jueza Ruiz y el juez Lozano).
1. Derecho a la salud. Tutela judicial efectiva. Salud mental.
“El derecho a la salud se encuentra ínsito en el concepto de bienestar general al que se refiere nuestra Constitución Nacional y, como tal, resulta un derecho individual colectivo y público esencial, que constituye un presupuesto indispensable y necesario para la vida, la integridad psicofísica y toda una gama de derechos que, sin una tutela adecuada del derecho a la salud podrían carecer de reconocimiento efectivo. Desde esa perspectiva se incluye en el catálogo de derechos implícitos (art. 33 de la CN) y estructuralmente basales de nuestro ordenamiento.
La tutela del derecho a la salud se encuentra reafirmada en los tratados internacionales de derechos humanos que revisten jerarquía constitucional (conf. art. 75 inc. 22CN). Entre ellos cabe mencionar el art. 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 5.e.IV) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y art. 11.1.f) de la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer”.
2. Ley de Salud Mental. Tratamiento terapéutico. Estado Nacional. Responsabilidad del Estado
“En el plano infraconstitucional federal, y en lo que interesa al caso, cabe resaltar la Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657, que tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, sin perjuicio de las más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1) […]. El art. 31 determina que el Ministerio de Salud de la Nación sea la Autoridad de Aplicación de la Presente ley, quien debe establecer las bases para un Plan Nacional de Salud Mental acorde a tales principios”.
“De lo expuesto surge claramente que la Constitución Nacional, los tratados internacionales de jerarquía constitucional y la ley nacional de salud mental, han consagrado la obligación del estado federal de adoptar las medidas necesarias para preservar la salud mental de las personas que se encuentran en territorio nacional, y garantizarles el tratamiento terapéutico más conveniente, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que establezcan las regulaciones locales. Es decir, el Estado Nacional debe garantizar el goce mínimo del derecho a la salud de sus habitantes, tutela que podrá ser ampliada –jamás disminuida– en cada jurisdicción por los gobiernos locales.
Y es que en materia de salud coexisten facultades concurrentes a cargo del Estado Federal –por un lado– y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –por el otro–. Ambos órdenes estatales también han asumido obligaciones concretas provenientes –en lo pertinente– del régimen normativo federal y/o los ordenamientos jurídicos locales. Esta duplicidad de ámbitos de actuación y obligaciones es producto de nuestro esquema federal, garantiza en dicho marco una cobertura eficaz del derecho a la salud de las personas  y no puede ser interpretada en sentido contrario, esto es, posibilitando la desvinculación de alguno de los órdenes estatales bajo pretexto de interpretarse que los deberes se encuentran a cargo de otro gobierno”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA SALUD; COMPETENCIA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SALUD MENTAL; TRATAMIENTO MÉDICO; ESTADO NACIONAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Fernández (causa Nº 45815)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 24 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 24, de manera unipersonal, homologó el acuerdo conciliatorio, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a los imputados (juez De la Fuente).
1. Conciliación. Reforma legal. Vigencia de la ley. Principio de legalidad. Igualdad.
“[C]orresponde determinar el alcance que se debe asignar al principio de legalidad que rige en materia penal –la exigencia de que el hecho punible y sus consecuencias jurídicas se encuentren previstos en la ley previa–. [D]icho principio no solo rige al momento de determinar, en los tipos penales, el contenido de las prohibiciones o los mandatos, sino que también debe aplicarse respecto de los institutos que sirven de límite a la persecución penal. Específicamente, las disposiciones concernientes al régimen de la acción penal como el carácter público o privado de la acción, la prescripción, la suspensión del juicio a prueba y la aplicación de otros mecanismos alternativos a la persecución penal integran también el principio de legalidad y no pueden ser restringidos indebidamente en contra del imputado”.
“[E]l hecho de que no se encuentre implementada aún la aplicación del nuevo código en la ciudad [no] impide la aplicación de institutos alternativos al régimen de la acción penal previstos en una ley vigente [pues estos institutos] constituyen límites a la persecución penal y, por lo tanto, integran el principio de legalidad. [L]a falta de implementación […] no afecta la posibilidad de aplicar el mecanismo de la ‘conciliación’ del art. 34, pues se hace efectivo a partir de un simple acuerdo entre la víctima y el imputado (sin necesidad de un mediador). En consecuencia, […] el aludido régimen debe ser aplicado, más allá de la falta de implementación del código, pues de lo contrario se afectaría el principio de legalidad y, además […] de igualdad ante la ley –perjudicando a los imputados que son juzgados en lugares en los que aún no se encuentra operativo–“.
2. Dictamen. Oposición fiscal. Víctima. Derecho a ser oído.
“[E]s necesario tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos procesales, en el nuevo código la conciliación no ha sido regulada dentro de los criterios de oportunidad que puede ejercer el fiscal, sino como mecanismo diferente. Para cierta clase de delitos –en lo que aquí importa los de contenido patrimonial que no supongan grave violencia- el legislador ha previsto un mecanismo diferente a la persecución penal que es el acuerdo conciliatorio entre las partes, en el que no es necesaria la intervención del fiscal y ello también guarda relación […] con lo que establece la ley de víctimas (ley 27.372). [L]a regulación es diferente, por ejemplo, a la suspensión del juicio a prueba, donde sí se hace mención al consentimiento fiscal”.
“[…] En cuanto a las características del hecho, [...] los argumentos de la señora fiscal no resultan convincentes, pues el tipo de delito se encuentra dentro de lo que contempla el citado art. 34 del nuevo código (delitos contra el patrimonio sin violencia). [L]o que [se] observa es más bien un desacuerdo de la representante del M.P.F. con la opinión de la parte damnificada, pero ello no constituye un obstáculo, porque la ley la ha dado prevalencia a la opinión de la víctima…”.
3. Extinción de la acción penal. Política criminal. Víctima.
“Finalmente, […] no existe un obstáculo constitucional derivado del art. 120 del C.P., pues más allá de que la Constitución Nacional establece que dicho Ministerio es el encargado y el titular de la acción penal, lo concerniente a la modalidad de dicho ejercicio ya es una cuestión legal y depende de los criterios político-criminales del legislador. Aquí, para cierta clase de delitos, se ha decidido dar relevancia a la opinión de la víctima, facultándola a celebrar acuerdos conciliatorios con el imputado. Por tales razones, […] se encuentran presentes los requisitos para aplicar el mecanismo de la conciliación y, debido al contenido del acuerdo, declarar extinguida la acción penal, disponiendo la libertad de ambos imputados”.
CONCILIACIÓN; REFORMA LEGAL; DICTAMEN; OPOSICIÓN FISCAL; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; IGUALDAD; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; POLÍTICA CRIMINAL;
Ávalos Wayer (causa Nº 52955)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala de Feria A
La Sala de Feria “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, rechazó los planteos de inaplicabilidad del régimen de flagrancia al caso e inconstitucionalidad de la ley Nº 27.272 (jueces Lucini y Seijas). En disidencia, la jueza Laiño revocó la sentencia, declaró la inaplicabilidad del procedimiento y dispuso que se actuara de conformidad con las reglas comunes del CPPN.
Voto en disidencia de la jueza Laiño
1) Flagrancia. Niños, niñas y adolescentes. Reinserción social. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]l procedimiento de flagrancia establecido en la Ley 27.272 no se ajusta al Régimen Penal de la Minoridad (cfr. Ley 22.278) al omitir las singularidades propias de este sistema que busca, en lo primordial, la resocialización del joven infractor y al propio tiempo desatiende no sólo los lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH ‘Instituto de reeducación del menor vs. Paraguay […]; ‘Mendoza y otros vs. Argentina’ […]) y los instrumentos internacionales que rigen la materia sino que, además soslaya la doctrina de nuestro Alto Tribunal fijada a partir del precedente ‘Maldonado’ (Fallos: 328:4343), en el que se establece que la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad, constituían el plexo normativo sobre el cual debía pivotear la interpretación de la Ley 22.278 y del sistema penal juvenil”.
2) Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[L]a Observación General n° 14 […], establece claramente que el concepto del interés superior del niño, contenido en el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño [...], es, a su vez, un principio, una norma y una regla hermenéutica, y que los Estados están obligados a disponer todas las medidas necesarias para cumplir con las prescripciones de la referida convención y con el principio del interés superior del niño.
En consecuencia, teniendo en cuenta las particularidades del sub examine y procurando atender al interés superior del niño, [es] atendible la pretensión del recurrente, pues –en definitiva– la aplicación de las reglas ordinarias resulta más respetuosa de la garantía de un ‘juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso’ y permite un ejercicio más amplio del derecho de defensa (cfr. art. 18 CN).
Es que de mantenerse el trámite que la asistencia técnica cuestiona, dicho interés superior podría verse afectado en virtud del plazo de caducidad que fija el art. 353 sexies del CPPN -más allá de los cuestionamientos que éste pueda merecer- para solicitar una suspensión del juicio a prueba, criterio que no se ve modificado por la interpretación amplia que, en su actual composición, pudieran asumir los tribunales orales de menores en ese sentido”.
FLAGRANCIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; REINSERCIÓN SOCIAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Antuña (Causa Nº 95001194)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, de forma unipersonal, sobreseyó al imputado (juez Carelli).
1. Plazo razonable. Prescripción. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“A los fines de precisar el alcance del concepto de plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] señala que deben tomarse en consideración tres parámetros: a) La complejidad de  asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales [‘Hilaire, Constantine y Benjamín vs. Trinidad y Tobago’]…”.
“[S]erá el Juzgador quien tenga entre sus deberes discernir su cabal sentido y contenido, evaluando […] si se encuentra o no ante una situación de ‘impedimento de persecución penal  por descalificación procesal del estado’ y si en el caso, se hayan conculcadas las reglas fundamentales del debido proceso, establecidas en su mayoría a favor de la parte más vulnerable de todo conflicto penal, cual es el imputado”.
“[L]os hechos investigados no revisten un nivel de complejidad que justifique el prolongado tiempo transcurrido entre la declaración indagatoria del imputado, hasta el día de la fecha, en contradicción con lo establecido por el C.P.P.N., asistiéndole razón al planteo defensivo, en cuanto a la duración indebidamente prolongada del proceso, en tanto que el retardo fue producto de la ineficiencia, en distintos tramos del proceso, más que de la naturaleza de los hechos investigados”.
2. Plazo razonable. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[C]onforme los precedentes de la C.S.J.N., en cuanto a que para exigir un plazo razonable, debe merituarse también la actividad procesal del interesado y de las autoridades judiciales, de la reseña realizada, surgen dilaciones en este proceso que no pueden imputarse [al imputado]. De las constancias de estos actuados, surge que la actividad procesal del Estado ha llevado a que su duración excediera el tiempo razonable, todo lo cual ‘no autoriza a hacer caer sobre la cabeza del imputado los inexorables costos de lo sucedido’ [‘Barra’], correspondiendo en consecuencia, dictar su sobreseimiento”.
3. Principio acusatorio. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]l dictamen del Ministerio Público Fiscal expresa que como titular de la acción penal […], ha decidido cesar en su ejercicio punitivo en contra [del imputado], pudiendo equipararse tal postura a la ausencia de acusación, obstando en consecuencia a mantener la pretensión punitiva del Estado en tales condiciones. Así lo ha sostenido nuestro más alto Tribunal, en los autos ‘Mostaccio’ y ‘Quiroga’ […], en los cuales se estableció que el pedido desincriminatorio del representante del Ministerio Publico Fiscal resulta vinculante, ya no solo en la discusión final, sino también en la etapa crítica del proceso.
Si bien es cierto que es el debate oral la etapa oportuna para discutir ampliamente el contexto fáctico y probatorio de los hechos objeto del proceso, también lo es que habiendo adelantado el Sr. Fiscal General su opinión sobre los mismos, en el sentido de no formular acusación, cuestiones de economía procesal obligan a este Tribunal a expedirse por el sobreseimiento del encausado”.
PLAZO RAZONABLE; PRESCRIPCIÓN; DEBIDO PROCESO; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; PRINCIPIO ACUSATORIO;
Hábeas Corpus Colectivo (causa Nº 50800)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución y remitió un oficio a la CSJN con el objeto de que se evaluara la necesidad de mantener la competencia del fuero federal (jueza Laiño y juez Lucini).
1. Servicio Penitenciario Federal. Hábeas Corpus. Competencia. Competencia federal.
“[D]ebe atenderse que tanto la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Co-rreccional como la Cámara Federal de Casación Penal […] coincidieron en que esta temá-tica debe ser abordada por la justicia de excepción porque atañe ‘a la presunta vulnera-ción a los derechos de personas detenidas en establecimientos penitenciarios federales por parte de la autoridad nacional’; sin que importe su ubicación territorial.
En consecuencia, la competencia que asigna a este fuero la Ley 23.098 en su artículo 2 de lege ferenda ha quedado desplazada a favor de la justicia federal […].
[F]rente a la posición clara que han adoptado los tribunales superiores y en pos de garan-tizar la seguridad jurídica, no puede permitirse se escinda un único problema que se veri-fica en la actualidad en la justicia nacional, federal y de la ciudad, y que en el intento de revertir inconvenientes en materia de alojamiento y sus derivaciones, sus órganos dictan resoluciones que generan un estado de cosas absolutamente caótico”.
2. Servicio Penitenciario Federal. Condiciones de detención. Hacinamiento.
“Basta como ejemplo que distintos tribunales evitan el ingreso de nuevos internos a uni-dades de alojamiento denominadas comúnmente como Devoto, Ezeiza o Marcos Paz, recargando de manera excesiva aquellas que son de simple tránsito, como las Unidades 28 y 29 del SPF. No cabe duda que un solo fuero debe centralizar las decisiones que modifi-quen su capacidad”.
“[U]n único magistrado [debe resolver] la totalidad de los planteos vinculados a esas uni-dades, velando, así por los derechos de las personas privadas de su libertad. No puede obviarse que la determinación de las condiciones mínimas de dignidad en las que una persona puede ser encarcelada, garantía establecida constitucionalmente en el artículo 18 de nuestra Carta Magna […], reconoce numerosos instrumentos internacionales, en parti-cular en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (hoy renombradas “Re-glas Nelson Mandela […]); Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión’ […]; Reglas mínimas de las Naciones Unidas so-bre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) […]; los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas […], las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulne-rabilidad […]; el ‘Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas’ […], el ‘Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas’ [...], la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-gradantes […] y las Observaciones finales a los informes periódicos quinto y sexto de Argentina sobre la implementación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes […] y lo dispuesto en las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 12/12, 3/13, 33/13, 43/16 y 8/17”.

HÁBEAS CORPUS; COMPETENCIA; COMPETENCIA FEDERAL; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE;
Ávila Pérez (Causa Nº 26454)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7, por unanimidad, absolvió a las personas imputadas (jueces Vega, Rofrano y Anzoátegui).
1. Prueba. Apreciación de la prueba. Sentencia condenatoria.
“[V]aloradas las pruebas rendidas con arreglo a las reglas de la sana crítica racional (art. 398 del CPPN), […] no se encuentran suficientemente acreditados los hechos materia de acusación, al menos no con la certeza que el principio de inocencia exige como para tornar posible un juicio de carácter condenatorio (art. 18 CN y art. 3 del C.P.P.N)”.
“[E]s menester que las razones del pronunciamiento (de ser condenatorio) se extraigan sólo y directamente de las pruebas producidas en la causa de manera objetiva y […], tras alcanzar el estado de certeza, estado este que para ser afirmado no alcanza con que los elementos que convergen hacia la culpabilidad del imputado superen a los de signo contrario; es preciso que aquéllos tengan la suficiente idoneidad como para edificar la plena convicción de haber obtenido la verdad…”.
“[T]ampoco alcanza con que el convencimiento del juzgador se apoye en su creencia personal o la persuasión subjetiva cobijada exclusivamente en su fuero íntimo. Es menester que la conclusión por la condena pueda ser explicitada a partir de inferencias lógicas que se extraigan de los elementos de prueba objetivamente valorados, y que permiten explicar, de ese modo, más allá de toda duda razonable, que la tesis acusatoria, excluye a su opuesta, por no tener cabida esta última en los elementos probatorios disponibles. Ni siquiera se trata de que la hipótesis acusatoria sea más plausible que la que propone al imputado como inocente, pues aun cuando esta última sea más débil que la primera, prevalecerá en tanto no resulte improbable, o excluida más allá de toda duda razonable, por su incompatibilidad absoluta con el material probatorio recabado”.
2. Prueba testimonial. Versiones contrapuestas. In dubio pro reo.
“[N]o se trata de analizar si resulta creíble o no el relato brindado por la presunta damnificada, sino que […] aquél no pudo ser refrendado de modo suficiente por otras pruebas…”.
“[D]elimitado el disenso entre ambas partes […], más allá del testimonio brindado por la presunta víctima y del esfuerzo realizado por la acusadora, con la prueba [...] no [se ha] podido alcanzar una convicción tal que […] permita tener por cierto, sin ningún tipo de dudas, la totalidad de su relato.
“En conclusión […], no se trata de indagar en la verosimilitud de lo que contó la menor, sino que lo dirimente es que los otros testimonios escuchados […], no fueron del todo contestes con aquélla, lo que abre la puerta a conjeturas de índole subjetivo que lejos están de la certeza que debe fundar toda decisión”.
3. Prueba. Apreciación de la prueba. Tenencia de armas de uso civil. In dubio pro reo.
“El escenario descripto permite descartar la idea de que [los tíos] residieran en la vivienda […] donde se practicó el allanamiento […] de modo permanente o con un tiempo anterior suficiente como para afirmar categóricamente que tenían conocimiento de la existencia del arma en ese lugar…”.
“Entonces, por el principio de duda, [corresponde] absolverlos por el delito de tenencia compartida de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y por el encubrimiento de aquélla”.
4. Encubrimiento. In dubio pro reo.
“En cuanto a los teléfonos celulares, además de lo señalado respecto del constante cambio de lugar de residencia, se agrega que […] se secuestraron de la habitación donde dormía el hijo de los imputados y ello, al menos, genera dudas respecto de que […] conocieran su procedencia ilícita…”.
“[E]n ese contexto no está acreditado el aspecto subjetivo que la figura de encubrimiento requiere y que no puede presumirse”.
PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VERSIONES CONTRAPUESTAS; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; ENCUBRIMIENTO; ARMAS; TENENCIA DE ARMAS DE USO CIVIL; SENTENCIA CONDENATORIA;
Sanz (causa Nº 29164)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión y remitió la causa al tribunal de origen a fin de que dictara una nueva resolución de manera urgente (jueces Hornos, Borinsky y Carbajo).
1. Cárceles. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[C]orresponde recordar que el ingreso a una prisión, en calidad de privado de la libertad no despoja al hombre de la protección de las leyes y de la Constitución Nacional. En este sentido, las personas privadas de su libertad no pierden la posibilidad de ejercer los demás derechos fundamentales que el encierro carcelario no restringe.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado que los privados de la libertad son personas titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso (Fallos: 318:1894).
Y señaló también que ‘...es el Estado el que se encuentra en la posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación de interacción especial de sujeción entre la persona privada de su libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer, por cuenta propia, una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna...’ (cfr. ‘Verbitsky’, Fallos 328:1146)”.
2. Cárceles. Educación. Reinserción social.
“Dicho principio, si bien destacado respecto de casos en donde se encontraban en cuestión gravísimas problemáticas de violencia en los reductos carcelarios, tiene plena aplicación en todas las áreas que hacen a aspectos sustanciales de la resocialización de los penados, como médula del tratamiento que el Estado es garante de dispensarles en relación a aspectos básicos que hacen al desarrollo de la persona, y al aseguramiento de las condiciones mínimas relativas a su dignidad.
Cuestiones que no sólo, y tal como también expresamente lo asegura en sus sustanciales reglas la ley de ejecución –complementaria del Código Penal–, abarcan las más elementales relativas a la alimentación, higiene, vestimenta, seguridad y salubridad, sino también lo relativo al derecho a estudiar, que constituye un aspecto sustancial del desarrollo digno del ser humano y también de la ‘resocialización’ más elemental que debe procurar asegurar el Estado respecto de las personas sometidas a pena privativas de la libertad”.
3. Hábeas corpus. Tutela judicial efectiva. Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas.
“[N]o caben dudas acerca de que la acción intentada resulta la vía idónea para perseguir la corrección de situaciones que, al restringir el derecho a la educación garantizado por ley a los internos, afectan de modo relevante las condiciones del encierro. [E]s tarea de los jueces velar por que la privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en la normativa aplicable y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública que impliquen un agravamiento ilegítimo de la forma y condición de la detención.
[D]ada la naturaleza de la cuestión debatida correspondía el tratamiento de la cuestión con el trámite del hábeas corpus. Lo antes dicho analizado a la luz de lo expuesto en relación a la necesidad de asegurar el derecho a la educación, revela la ausencia de debido control jurisdiccional, que, en el caso, conlleva la conculcación de tutela judicial efectiva. De esta forma, las condiciones denunciadas en el recurso de casación también transgreden las reglas nº 5, 23, 102, 104, 105, de las ‘Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos’ […].
[S]urge que de las conclusiones alcanzadas en el fallo recurrido, que en este último no se atendió adecuadamente a los concretos planteos de los accionantes por lo que, la resolución del tribunal a quo constituyó un menoscabo al control judicial amplio y eficiente, el que resulta ineludible a la luz de la ley vigente”.
HÁBEAS CORPUS; EDUCACIÓN; REINSERCIÓN SOCIAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; CÁRCELES; EJECUCIÓN DE LA PENA; REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Piccirillo (causa Nº 50135)Juzgado Criminal de Instrucción Nro. 25
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25 declaró la nulidad del procedimiento policial, sobreseyó a los imputados y dispuso su inmediata libertad (jueza Palmaghini).
1. Procedimiento policial. Detención de las personas. Orden judicial.
“[L]as circunstancias que fundaron el procedimiento policial en virtud del cual se produjo la detención de los aquí imputados, no configuraron ninguno de los supuestos de excepción de los que taxativamente se encuentran enumerados en nuestro ordenamiento procesal que hubiesen habilitado al personal policial, sin orden fundada de juez competente, a exigir la detención […], proceder a su identificación y requisar las bolsas que portaban, afectando de esta forma las garantías de intimidad, privacidad y libertad personal consagradas constitucionalmente, que gozaban los nombrados”.
“[E]l principio general del art 18 de la CN que establece que la orden de arresto ha de provenir de autoridad competente, aparece reglamentado procesalmente a través de los arts 183, 184 en función del 284 y 285 del Código Procesal Penal de la Nación, por los que se consagra el deber del personal policial de detener a las personas que sorprendan en flagrante delito y aquéllas contra quienes haya indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlos de inmediato a disposición del juez competente”.
2. Requisa
“Por su parte la requisa de las personas e inspección de sus efectos personales, se enmarca dentro de las previsiones del art. 184 inc. 5 y 230 bis del Código de rito que las autoriza en tanto existan circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente las justifiquen, y se realicen en la vía pública o lugares de acceso público”.
3. Prueba. Prueba testimonial.
“[Los] dichos [de las declaraciones testimoniales] –más allá de su dudosa y cuestionada procedencia– no obedecen a circunstancias objetivas sino que resultan ser una impresión eminentemente personal que de modo alguno puede ser utilizada como fundamento valido –a la luz de las garantías que protegen la privacidad, intimidad y libertad personal de los ciudadanos– para perseguir, requisar y detener a una persona”.
“Los extremos invocados por los funcionarios policiales no pueden ser valorados a modo de premisa que pueda relacionarse con un eventual hecho ilícito, ni con la configuración de un objetivo cuadro de sospecha”.
4. Procedimiento policial. Razonabilidad. Arbitrariedad.
“[N]o se trata aquí de poner dificultades desproporcionadas a la actuación policial, sino de exigir que la misma siempre e inexcusablemente se desenvuelva dentro del marco de razonabilidad e igualdad como forma de asegurar su finalidad pública, evitando así la arbitrariedad del manejo discrecional de la fuerza que ostentan por imperio de la ley”.
“La situación expuesta se compadece con la propia afirmación de los preventores quienes no justifican la causa de su decisión más allá de la advertencia sin justificativos del preventor […] que dio origen a la persecución de los involucrados y su posterior requisa, cuando ello, por sí solo, configura una verdadera detención de los encartados sin motivos serios que la hayan determinado, como exige el ordenamiento procesal”.
“En suma, las exclusivas circunstancias que detallan los preventores […] no configuran […] un vehemente indicador de un cuadro de sospecha, de urgencia o bien algún motivo que racionalmente se estime como bastante para entender que sucedió, está sucediendo o a punto de suceder un hecho ilícito”.
DETENCIÓN DE PERSONAS; REQUISA; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; ORDEN JUDICIAL; DEBIDO PROCESO; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; RAZONABILIDAD; ARBITRARIEDAD;
VP (causa Nº 1264)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución impugnada y sobreseyó al imputado (jueces Pinto y López).
1. Protesta. Libertad de expresión. Libertad de prensa. Derecho de propiedad.
“[S]e presenta en el caso una tensión constitucional entre el derecho de protesta o libre expresión de los manifestantes (artículos 75, inciso 22 de la CN, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), por un lado, y el derecho a la expresión a través de la libertad de prensa y al derecho de propiedad que se habría visto afectado por el perjuicio económico derivados de la imposibilidad o demora en la distribución del periódico (artículos 75, inciso 22° de la C.N, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 17 de la Constitucional Nacional)”.
2. Protesta. Derecho de huelga. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]l derecho de protesta no ampara los actos de violencia física o de intimidación, idea que descansa en la jurisprudencia que –en relación con el derecho de huelga– ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme la cual ‘la actividad positiva huelguística de los individuos no es en sí misma penalmente sancionable puede serlo, en cambio, mediando ley al respecto, cuando se realiza con recurso a la violencia física. El empleo de esta, en efecto, es incompatible con el respeto de los derechos que el restante articulado de la Constitución preserva para los integrantes de la comunidad nacional, que desconocería el recurso a la fuerza sobre las personas o cosas […]’ Fallo 258:267…”.
“[P]untualmente sobre las manifestaciones o protestas se ha sostenido ‘que la prioridad de custodiar la expresión de los grupos más desaventajados de la sociedad no debe amparar sin más el uso de medios violentos por parte de aquéllos […]. Sin embargo, en estos casos, el modo de proceder del Estado no debiera diferir demasiado del modo en que procede frente a una huelga durante la cual se cometen actos de violencia. La contención de aquéllos actos de violencia no debe llevar al poder público a cuestionar la validez constitucional del mismo acto de la huelga ni limitar a ésta de un modo que desvirtúe el sentido de la protesta. Esto es, la necesidad de poner coto a ciertos abusos no debe utilizarse como vía para limitar el derecho de los manifestantes a tornar audibles sus quejas’…”.
3. Protesta. Constitución Nacional.
“El derecho de los manifestantes de hacer visible su reclamo transcurrió de manera pacífica, sin que existieran disturbios ni ningún acto de violencia física contra las personas o cosas…”.
“Frente a ese escenario, la actividad atribuida debe considerarse justificada por el referido derecho de protesta, que opera como una causal que desplazada la antijuridicidad, en los términos del artículo 34, inciso 4°, del Código Penal. Es decir, que la conducta imputada a V., resulta amparada por el derecho constitucional señalado y, por lo tanto, no constituye delito penal alguno, en tanto se ha visto abarcado por el precepto permisivo de mención”.
“[N]o puede considerarse que en el ejercicio del […] derecho [a] la libre expresión- regulado de forma distinta –libertad de prensa y de protesta prevalezca el primero cuando no ha existido ningún acto de violencia en el ejercicio del segundo”.
4. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[R]esulta relevante en el caso y al atender la puntual situación de V., que […] no existe prueba inequívoca que permita establecer su presencia en el lugar de los acontecimientos y por ende, sostener que tuviera el dominio del hecho”.
“[S]e destaca que […] en el peritaje realizado por la División Individualización Criminal de la P.F.A. se concluyó que las capturas que se desprenden del material fílmico correspondiente al hecho investigado resultan inidóneas para llevar a cabo un pormenorizado estudio comparativo de rostros…”.
“[D]e la mera convocatoria ‘al abrazo simbólico’ realizada por V. desde sus redes sociales, no puede deducirse que una vez realizada la concentración en el lugar […] aquél tuviera el dominio del curso causal del hecho que involucró a más de mil personas, incluidos integrantes de diversas agrupaciones sociales y sindicales”.
PROTESTA; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; LIBERTAD DE PRENSA; DERECHO DE PROPIEDAD; CONSTITUCION NACIONAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Echenique (reg. Nº 935 y causa Nº 11487)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar de manera parcial a la impugnación, casó la sentencia en lo referente a la calificación legal, la modificó por la de robo simple y reenvió las actuaciones al tribunal con el objeto de que se determinara la nueva pena.
“Sobre la agravante prevista en el art. 167, inc. 2º, CP, […] el simple acuerdo de voluntades no da lugar a su aplicación, sino que para ello deben darse los mismos presupuestos que exige el delito de asociación ilícita, previsto en el art. 210 CP, los cuales no han sido reunidos en el caso [hay nota].
Ello es así, porque nuestra legislación de fondo no contiene una definición de ‘banda’ que permita encuadrar los casos en los que procede la aplicación de la agravante en cuestión, y a falta de ella, no puede dejarse librada su determinación al criterio subjetivo del juzgador,  socavando la regla de máxima taxatividad legal como derivado del principio de legalidad (art. 18, CN.
[E]l art. 210, CP es la única cláusula penal a la que podemos recurrir para encontrar una definición legal del concepto, pero ella implica algo más que el simple acuerdo de voluntades de tres o más personas para cometer un hecho delictivo, dado que exige –además– una organización como estructura objetiva, de carácter estable y permanente en el tiempo, cuyos miembros se unen con la finalidad de cometer delitos en general, lo cual no se ha demostrado en el caso. En tanto no se verifiquen estos extremos que conforman el tipo objetivo de la figura en cuestión, el concepto de ‘banda’ no puede ser aplicado por carecer de la debida determinación legal” (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Llerena)
“[L]a alternancia entre asociación o banda del art. 210, contenido dentro de dicho tipo penal, implica que ambos conceptos deben reunir las mismas características, siendo que solamente al analizar el tipo objetivo, sin duda se requiere una organización, ya que en él, se agrava la pena del jefe u organizador. Además, al plantearse la alternancia, a través de la conjunción disyuntiva ‘o’ se requiere que la asociación de tres o más personas o la banda de tres o más personas estén (en ambos casos) destinadas a cometer delitos. Este elemento correspondería, por lo tanto probarlo en cada caso en concreto”.
“[E]xtraer el concepto de banda del art. 210, y limitarlo a la cantidad de personas, que allí se mencionan (tres o más) resulta una creación pretoriana que no se adecua, eventualmente a un ‘argumentum a simile’ ya que solamente se toman aquellos datos o características que pueden solucionar el conflicto.
[N]o se puede recurrir a un ‘argumentum a simile’ comparando el art. 167, inciso 2º CP con otras normas que específicamente contienen en su prescripción, agravantes por la concurrencia, participación o comisión de una pluralidad de personas, estén organizadas o no […].
[E]l legislador […] ha utilizado distintos verbos […]: concurrir, participar, cometerlo que desde los criterios de participación criminal, nos coloca frente a distintos supuestos, que no implican necesariamente que nos debamos enfrentar a una coparticipación funcional, requisito que sí se atribuye en parte de la jurisprudencia a la ‘banda’”.
“[E]n razón de que no existe acuerdo semántico y por el contrario, nos enfrentamos a un concepto que no es unívoco ni estricto; […] en el hecho acreditado, no se determinó ni una organización ni una estructura, razón por la cual el delito endilgado resulta constitutivo de un robo simple consumado (art. 164 CP), dentro de cuya escala deberá ponderarse la pluralidad de autores” (voto concurrente de la jueza Llerena).
ROBO; AGRAVANTES; BANDA; ASOCIACIÓN ILÍCITA; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Del Corro (causa Nº 36966)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a la acción y ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
1) Que adopté las medidas necesarias e inmediatas a fin de cesar en su omisión de asegurar y garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria en los Distritos Escolares N° 1 (Retiro, Recoleta, Palermo, Balvanera, San Nicolás, Puerto Madero), 5 (Barracas, Parque Ps., Constitución, Nueva Pompeya), 13 (Villa Luro, Vélez Sarsfield, Parque Avellaneda, Lugano, Mataderos, Liniers), 19 (Villa Soldati, Flores, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya), 20 (Villa Lugano, Mataderos, Liniers), y 21 (Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati), de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad de Bs.As., asumiendo su responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita e todos los niveles y modalidades;
2) Que instrumente una ayuda económica para los tutores y/o responsables que deben acompañar a diario a sus hijos a establecimientos educativos ubicados a más de 10 cuadras de sus viviendas, garantizando se cubra el costo de 80 viajes de colectivo/subte como mínimo (cuatro viajes por día), y en casos particulares que deban tomarse más de un medio de transporte públicos, los que sea necesario;
3) Que informe cuáles son las 54 escuelas nuevas construidas por esta gestión (2016/2019), mencionando en su caso si es obra nueva, obras de mantenimiento, ampliación, mudanza, etc., fecha de comienzo de la obra y fecha de finalización, tipo de nivel del centro educativo (inicial, jardín, primaria, secundaria, etc.), cantidad de vacantes que ofrece cada nuevo centro educativo, domicilio y Distrito Escolar al que pertenece, y que dicha información sea publicada en la página oficial del GCBA y actualizada permanentemente.
1. Establecimiento educativo. Derecho de enseñar y aprender. Transporte escolar.
“Surge ello de las propias declaraciones de las Supervisiones escolares, que muchas veces debido a los extensos tiempos y distancias de viaje que deben afrontar los niñes a diario, se ocasiona una mayor inasistencia de los chicos a los centros educativos, dificultades en el aprendizaje, dificultades de comunicación con las familias y hasta el abandono de la escuela, afectándose así con ello el derecho a una educación digna de los niñes y adolescentes.
Este método de micros escolares aportado por el GCBA ante la carencia de vacantes cercanas a los domicilios de las personas que habitan en los barrios de la zona sur de la CABA, debió haber sido un remedio paliativo de emergencia y por ende, transitorio, que pudo funcionar por un tiempo pero que, de ninguna manera, puede entenderse como la solución del problema de la falta de vacantes accesibles del modo en que evidentemente lo está entendiendo el Ministerio de Educación. Desde luego este hecho de los traslados en micros es la prueba más contundente de la falta de vacantes.
“El hecho de que muchas familias no cuenten con una vacante cercana a su domicilio como lo establece la legislación en materia de educación (vacante accesible), afecta no solo el tiempo que ese niñe o adolescente se ve obligado a destinar a la jornada educativa por encima de aquéllos que sí tienen una vacante en las inmediaciones de su domicilio; sino que además afecta la gratuidad que está prevista para la educación pública, debido a la incidencia de los costos del traslado que deben afrontar las familias en estos casos, que además, habitan en contextos sociales críticos o de extrema pobreza, como lo dice la Constitución de la Ciudad, al ser destinatarios de especial tutela en ella precisamente por esa condición”.
2. Establecimientos educativos. Derecho de enseñar y aprender. Responsabilidad del Estado.
“Es facultad y competencia del Ministerio de Educación establecer qué decisiones debe adoptar para garantizar que la educación pública sea efectivamente gratuita, y por ende, accesible para las personas. Nuevamente, estamos ante un deber estatal incumplido en grado más que preocupante al presente y aún, si cabe más, en las proyecciones de futuro”.
“Por todas las inconsistencias y omisiones encontradas a la hora de analizar los datos requeridos al Ministerio de Educación como así también los datos obrantes en las publicaciones de la página web del Ministerio, no se pueden conocer los supuestos de hecho esenciales (cuáles son realmente las escuelas nuevas, cuáles son las escuelas que ya existían y fueron mudadas a edificios nuevos, y cuáles son las escuelas que ya existían en las que se realizaron ampliaciones) a la hora de determinar si efectivamente son 54 las escuelas nuevas construidas durante esta gestión.
Esta obstrucción efectuada por el Ministerio de Educación mediante la sistemática presentación de información de manera ambigua, encubierta con palabras tales como `inauguración´ (que sugiere que se trata de escuelas nuevas), `obras´ (que así genéricamente utilizada también induce a pensar que son construcciones nuevas), neutralizaron los intentos de este tribunal de hacerse con los datos que permitan conocer la verdad material acerca de cuántas escuelas nuevas realmente fueron construidas para solucionar el problema de falta de vacantes”.
ACCION DE AMPARO; EDUCACIÓN; DERECHO DE ENSEÑAR Y APRENDER; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO;
Cabrera (causa Nº 62445)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5, de manera unipersonal, homologó el acuerdo conciliatorio, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó al imputado (jueza Ruiz López).
1. Conciliación. Vigencia de la ley. Derechos operativos.
“[E]s adecuado dar curso a la conciliación planteada -basada en el acuerdo de las partes, ya perfeccionado enteramente- dado que la causal de extinción de la acción penal del artículo 59 inciso 6 del Código Penal se encuentra vigente, es operativa y es aplicable a este caso. [E]l legislador al decidir incorporar estos modos de extinción de la acción en el artículo 59 del Código Penal refleja la voluntad de que esa norma sea aplicable a todos los habitantes del país.
[L]a mora del legislador en la implementación de la articulación ritual no afecta a la concesión de la conciliación porque las reglas generales de los ordenamientos procesales locales pueden suplirlas. Situación que se prolongará hasta que aquel dicte normas específicas para la aplicación de éste instituto. Las que podrán contener las definiciones y alcances -que se crea necesario- lo que aún no ha sucedido”.
2. Vigencia de la ley. Igualdad.
“Por el contrario, no aplicar esta forma de extinción de la acción, legislada en el Código Penal, estando vigente en todo el territorio argentino, viola el principio de igualdad, contemplado en los artículos 16 y 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Así, en armonía con los principios constitucionales, los jueces no deben eludir la aplicación de los procedimientos sustantivos actuales, con el pretexto de ausencia de específicas normas procesales locales. Es así, porque la ley de procedimiento vigente puede ser aplicada. Se debe recordar que una de las funciones de la administración de justicia es garantizar la aplicación de las leyes. En especial, garantizar a todos los habitantes del país, en la jurisdicción que corresponda, el goce de un derecho a su titular, cuando exista un precepto legal”.
3. Oposición fiscal. Deber de fundamentación.
“La oposición a la concesión del instituto formulada por la Fiscal […] carece de sustento suficiente. En su alegato, no ha logrado demostrar la legitimidad de posponer sin plazo cierto la aplicación de un artículo vigente del Código Penal, aplicable en todo el país. [C]aso contrario, existe el riesgo que acarree responsabilidad internacional del Estado Argentino, por estar comprometidos y vulnerados principios, derechos y garantías reconocidos en el orden supranacional y en el constitucional, respecto [al] imputado, como a la víctima -cuya opinión favorable fue ignorada-…”.
CONCILIACIÓN; REPARACIÓN; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; OPOSICIÓN FISCAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; IGUALDAD; DERECHOS OPERATIVOS; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL;
Unidad 29 (Causa Nº 81259)Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3
El Juzgado Nacional en Criminal y Correccional Federal Nº 3 ordenó al Director del SPF una serie de medidas de cumplimiento inmediato. En primer lugar, ordenó el traslado de todas las personas que se encontraban detenidas por más de 24 horas en la Alcaldía. Además, dispuso que, en un plazo de quince días, se realice un informe técnico que determine cuál es el cupo máximo de plazas para el alojamiento, el tránsito diario y el pernocte en la Unidad 29. Hasta tanto se determine la cantidad de plazas, fijó el límite de treinta personas como máximo por pernocte. Por otra parte, dispuso la reparación inmediata de las instalaciones sanitarias y la provisión de agua caliente. En ese sentido, ordenó que se evalúe mantener encendidas las calderas durante los fines de semana (juez Rafecas).
1. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento.
“No quedan dudas de la situación penitenciaria y el estado de emergencia en el que se encuentra el Sistema Penitenciario Federal. [T]al situación es producto de una política criminal que ha llevado objetivamente en los últimos años a un incremento preocupante de la población carcelaria, que no viene siendo acompañada de las precauciones necesarias para evitar la superpoblación y otros severos problemas en torno a esta cuestión”.
2. Condiciones de detención. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas.
“[A]ún teniendo en cuenta las deficiencias estructurales y los escasos recursos a los que se enfrente la institución penitenciaria, desde este Tribunal debe instarse al cumplimiento de los estándares que fijan las Reglas Mínimas para el Tratamientos de Reclusos y, en concreto, las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nro. 12/12; 3/13; 33/13; 43/16; 8/17.
En este sentido, el único modo de contener la situación resulta ser la determinación de la capacidad efectiva y real de cada unidad penitenciaria conforme los estándares pautados por los pactos internacionales, a los que el Estado Argentino ha adherido”.
CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS;
Silva (reg. N° 909 y causa Nº 56240)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, casó la resolución y dispuso que se practicara un nuevo cómputo que tuviera en consideración el plazo en el que el imputado había permanecido en libertad condicional (jueces Morin y Sarrabayrouse).
1. Sentencia firme. Libertad condicional. Revocación.
“[E]n estas actuaciones existe una razón para apartarse de lo dispuesto en el art. 15, CP y es, precisamente, que una de las condiciones allí establecidas –la revocación de la libertad condicional– no ha sido decidida. En efecto, habiendo ya recaído sentencia firme en autos, la ausencia de revocación de la libertad condicional no puede operar ahora en perjuicio del imputado (con independencia de si esa omisión ha sido correcta)”.
2. Reformatio in pejus. Sentencia firme. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“Un caso en el que puede advertirse que una resolución –y sus consecuencias– resulta operativa a pesar de estar en contradicción con lo establecido en la ley, es el decidido por la CSJN en el fallo ‘Michelson’ […]. [E]s doctrina de la Corte que los errores judiciales, una vez que la cuestión ha quedado firme, no pueden repercutir en contra del imputado y esto es lo que […] ocurre en el caso bajo examen”.
3. Cómputo del tiempo de detención
“[L]a actuaria decidió descontar el tiempo de cumplimiento de pena que Silva transitó en libertad condicional, sin que haya mediado una decisión judicial de revocación de aquél instituto, cuando lo que correspondía, en realidad, era realizar el cómputo sobre la base de los elementos que surgían de la sentencia”.
CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; LIBERTAD CONDICIONAL; REVOCACIÓN; SENTENCIA FIRME; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; REFORMATIO IN PEJUS;
Park Kim (causa Nº 20764)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad del auto que había elevado el expediente  a ese tribunal (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosenkrantz, Ma-queda, Lorenzetti y Rosetti).
“[L]a Corte Suprema ya tiene resuelto que, superado el ‘trámite administrativo’ (artículos 19 a 25 de la ley 24.767) y habilitado por el Poder Ejecutivo Nacional el ‘trámite judicial’ (artículos 26 a 34 de la misma ley) la decisión del juez en punto a la procedencia o impro-cedencia del pedido de extradición autoriza la vía del recurso de apelación ordinario ante este Tribunal (artículo 33), aun cuando aquella se considerara dictada en violación a las reglas del procedimiento (Fallos: 331:2376 ‘Videla’, considerando 7°).
[T]oda vez que en el sub lite no surge la interposición de un recurso de esa especie, ni tampoco de cualquier otro que habilite la competencia apelada del Tribunal (artículo 6° de la ley 4055) […] deviene nulo el auto […] en cuanto dispuso elevar las actuaciones a esta instancia…”.  
EXTRADICION; PRESCRIPCIÓN; RECURSO DE APELACIÓN; RECURSO ORDINARIO DE APELACION; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISDICCIÓN; COMPETENCIA;
Atamañuk (causa Nº 1318)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación. En ese sentido, hizo lugar a la queja, declaró procedente la impugnación y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosatti, Lorenzetti y Maqueda). En disidencia, el ministro Rosenkrantz rechazó la el recurso.
Voto en disidencia del ministro Rosenkrantz
1. Nulidad de sentencia. Prescripción. Actos interruptivos. Competencia.
“[L]a discusión sobre los efectos de la declaración de nulidad de la primera sentencia condenatoria y su incidencia en la interrupción de la prescripción de la acción penal versa sobre la interpretación y aplicación de una norma común (artículo 67, inciso e, del Código Penal), ajena a la jurisdicción extraordinaria de esta Corte (artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional)” (considerando 5º).
2. Arbitrariedad. Nulidad de sentencia. Actos interruptivos.
“No se ha demostrado que el fallo haya sido dictado de manera arbitraria […]. En efecto, no se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación, y del examen del expediente surge que no hubo una declaración parcial de nulidad de la condena por la omisión del sentenciante de celebrar la audiencia prevista en el artículo 41, inciso 2°, del Código Penal, sino que dicha pieza refleja que la anulación del fallo abarcó todo su contenido […]. Por consiguiente, dado que según el artículo 67, inciso e, del Código Penal solamente la sentencia condenatoria tiene efecto interruptivo de la prescripción, no es arbitraria la decisión que consideró que al haber sido declarada nula en su totalidad la condena no hubo en rigor una condena a los efectos del cómputo de la prescripción, más allá de su acierto o error” (considerando 5º).
3. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Competencia. Cuestión federal.
“Las razones expuestas para rechazar la queja no son meros detalles técnicos sino que apuntan a la base de la competencia de esta Corte para revisar las sentencias de los tribunales locales. El máximo tribunal federal debe cumplir su actividad jurisdiccional a partir de las limitaciones fijadas por las reglas constitucionales y legales que determinan su funcionamiento; esta Corte no tiene autoridad para ingresar en el análisis de tales decisiones si no se plantean cuestiones federales y si antes de acudir a esta Corte tales reclamos no fueron llevados de modo adecuado y oportuno a las jurisdicciones provinciales” (considerando 6º).
NULIDAD DE SENTENCIA; ACTOS INTERRUPTIVOS; PRESCRIPCIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ARBITRARIEDAD; COMPETENCIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CUESTIÓN FEDERAL;
FMM (Causa Nº 5349)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, de manera unipersonal, hizo lugar al recurso de casación y anuló la resolución impugnada (juez Hornos).
1. Juicio abreviado. Recurso de casación.
“[C]on la adopción del procedimiento reglado por el art. 431 bis del C.P.P.N. se omite solamente la realización del juicio oral, conservando, en cambio, plena vigencia la garantía de acceso a una instancia de revisión establecida en el art. 8.2, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de De-rechos Civiles y Políticos (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional)”.
2. Juicio abreviado. Tratamiento tutelar. Exceso en el pronunciamiento.
“[L]a reprochabilidad del menor por los hechos cometidos y el resultado del tratamiento tutelar al que fue sometido, han sido reconocidos por nuestro Máximo Tribunal como parámetros válidos a fin de evaluar una eventual respuesta estatal (cfr. ‘Maldonado’, Fa-llos 328:4343).
Así las cosas, en el caso que nos ocupa, el Tribunal optó por prescindir del tratamiento tutelar requerido tanto por la defensa como por el Ministerio Público Fiscal al momento de celebrar el acuerdo de juicio abreviado, y lo reemplazó por un amplio informe efectuado por la Policía…”.
“Cabe resaltar que el a quo, al así resolver, sorteó uno de los aspectos consensuados en el juicio abreviado, esto es el tratamiento tutelar (estipulado en el art. 4 de la ley 22.278) respecto de la encausada a cuyo resultado el Ministerio Público Fiscal sometió su decisión respecto a la ponderación y solicitud de pena o absolución que le correspondería finalmente a F.M.M…”.
3. Principio acusatorio
“[T]eniendo en cuenta lo dictaminado por el señor Fiscal General ante esta instancia, […] corresponde hacer extensiva al ámbito recursivo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la falta de acusación [‘García’, ‘Tarifeño’ y ‘Cattonar’], pues si la posición acusatoria y valorativa de la prueba del juicio asegura el contradictorio y habilita la potestad de juzgar, de la misma manera debe interpretarse que si el Fiscal General ante esta Cámara –en tanto superior jerárquico del Fiscal de Juicio- declina la pretensión acusatoria […] allanándose a la pretensión de la defensa, el juzgador en la etapa recursiva no puede suplantarlo en su rol sin romper el juego de equilibrio entre las partes [...].
[L]as formas sustanciales del juicio requieren de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal, en respeto de la garantía de debido proceso legal (art. 18 C.N.)”.
4. Régimen penal juvenil. Tratamiento tutelar. Determinación de la pena. Principio acusatorio.
“[D]ado que […] el señor Fiscal General ante esta Cámara […] ha retirado la acusación realizada por el Fiscal de la instancia anterior, en tanto entendió que la acusación se encontraba mal formulada toda vez que la determinación de la pena no se supeditó al resultado del tratamiento tutelar estipulado en el art. 4 de la ley 22.278, y que el informe amplio del art. 8 de la referida ley no suple en el caso la exigencia señalada”.

RÉGIMEN PENAL JUVENIL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; JUICIO ABREVIADO; TRATAMIENTO TUTELAR; PRINCIPIO ACUSATORIO; EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO; INFORMES; DETERMINACIÓN DE LA PENA; RECURSO DE CASACIÓN;
GHD (Causa Nº 81137)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, por unanimidad, revocó la resolución y concedió la prisión domiciliaria al imputado. Además, ordenó que de forma urgente se confirmara el domicilio y se certificaran sus antecedentes penales (jueces Reboredo y Lemos Arias).
1. Prisión domiciliaria
“[L]a prisión domiciliaria no es una medida diferente al encierro que se decide en el momento de la imposición de un encarcelamiento preventivo, sino que constituye una alternativa que se decide respecto a una medida cautelar ya impuesta, para atender situaciones particulares y excepcionales que justifican la aplicación de dicha medida, por no resultar conveniente el encierro preventivo en un establecimiento carcelario.
En efecto, la modalidad del encierro domiciliario se basa en el principio de mínima intervención, subsidiariedad o alternativa menos gravosa, que rige en materia de medidas de coerción personal durante la sustanciación del proceso penal, y que significa que deben compararse las medidas restrictivas disponibles y elegirse aquélla que, siendo idónea, resulte menos lesiva”.
2. Prisión domiciliaria. Cárceles. Derecho a la salud. Tratamiento médico.
“[E]n virtud de la cantidad de las graves alteraciones mórbidas que ha experimentado como consecuencia de la enfermedad crónica que padece y los especiales y rigurosos cuidados prescriptos, […] su encierro carcelario le impide tratar adecuadamente su dolencia poniendo en grave riesgo su salud y su vida. Por ello, permitir que [el imputado] transite el proceso en la modalidad de arresto domiciliario, mientras esto no desbarate la efectiva prosecución del proceso, viene a resultar una decisión adecuada y razonable que garantiza adecuadamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados in-ternacionales”.
3. Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud.
“Es que la prisión preventiva no puede privar a la persona, además de su libertad ambulatoria, de su derecho a la salud y a la vida misma. Por ello, el instituto de la prisión domiciliaria está previsto expresamente para resolver la tensión que se produce entre el principio general del cumplimiento de la pena de prisión en un establecimiento carcelario […] o encierro preventivo para asegurar los fines del proceso y el derecho a la dignidad humana, a la salud y a la vida de toda persona privada de su libertad”.

PRISIÓN DOMICILIARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO; PRISIÓN PREVENTIVA;
Straatman (causa Nº 18517)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán
El Tribunal Oral Federal de Tucumán mantuvo el arresto domiciliario a favor de Straatman (jueces Jimenez Montilla y Casas).
“[L]a ausencia de […] Straatman en su lugar de arresto domiciliario, se debió a una cuestión de fuerza mayor, ya que se encontraba trasladando a su cónyuge a control médico.
Por lo que encontrándose acreditado en el caso […] que existen circunstancias justificativas que habiliten la violación de permanencia en el lugar de arresto domiciliario, corresponde mantener las condiciones de detención domiciliario de […] Straatman”.

PRISIÓN DOMICILIARIA; ADULTOS MAYORES; DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO;
SIDF (reg. Nº 853 y causa Nº 64719)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación y ordenó el inmediato cese del alojamiento del joven en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal (jueza Llerena y jueces Jantus y Bruzzone).
1. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Prisión preventiva.
“[P]ara decidir sobre las medidas de coerción personal que pueden imponerse a las personas que han cometido delitos antes de cumplir los dieciocho años de edad, deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros:
1) En los casos de delitos leves, dado que la base del sistema de menores es el de adultos, en cuanto a tutela de derechos, los jóvenes deben tener, al menos, igual tratamiento que los mayores, de manera tal que corresponde ordenar la libertad si, ante la misma situación, una persona mayor hubiese estado excarcelada.
2) En los casos de delitos graves, o en los supuestos de reiteración de imputaciones por ilícitos para los que se prevé una sanción menor, respecto de los cuales no resultaría probable que se otorgase la excarcelación a una persona mayor, conforme a las normas del Código Procesal Penal, a la hora de decidir la externación de un menor, o el otorgamiento de un régimen de licencias, la opinión del equipo técnico tratante o de otros especialistas a los que se acuda en caso necesario constituye una fuente insustituible para definir cuál es el mejor camino que permita dar efectiva vigencia al art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
3) En esa tarea no rigen los parámetros de proporcionalidad que sí imperan en el sistema de mayores y que, la gravedad del hecho, no puede tener una incidencia primordial para definir la medida cautelar más adecuada”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño.
“La correcta aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y, por ende, de la Constitución Nacional, exige, de tal forma, que se comprenda que el menor es un sujeto de derechos al que se le ha reconocido (entre otros) el derecho a la libertad ambulatoria y que este derecho sólo puede ser restringido legalmente si se dan las condiciones demarcadas por la citada convención y, en la medida que sea compatible con el derecho de superior jerarquía, por la legislación interna. Asimismo, que por las particulares características de las personas menores de 18 años, el sistema jurídico de menores debe constituir un plus por sobre el sistema de adultos, de manera tal que un joven sometido a proceso no puede recibir un trato más gravoso del que tendría si hubiese cumplido los 18 años y que, en toda decisión, debe haber una consideración clara y motivada de que se ha tomado en cuenta el interés superior del joven, de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto”.
3. Arbitrariedad. Sentencia condenatoria. Principio de inocencia.
“[Resulta] no sólo arbitraria la decisión porque fue tomada por el tribunal como un acto de pura voluntad sin que nadie hubiese considerado que era necesario para la mejor situación del joven, o porque tenía un mal comportamiento que impedía su permanencia en el instituto, sino porque, además, se utilizó como argumento que ‘se había resuelto su situación procesal’ haciendo alusión a que el tribunal oral había dictado una sentencia de condena, que no estaba firme y que iba a ser recurrida, con lo que en nada se modificaba su situación procesal. Seguía gozando el imputado del mismo reconocimiento de estado de inocencia ya que la condena puede ser revisada por esta cámara en virtud del derecho de doble conforme que le reconocen diversos tratados internacionales, además del específico previsto en el art. 40 de la Convención del Niño”.
4. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Convención sobre los Derechos del Niño.  
“[E]s absolutamente equivocado el argumento del tribunal de que, como el joven ha cumplido los 18 años, dejan de aplicarse a su respecto el sistema de garantías de la Convención del Niño; este argumento, que no es nuevo, […] ha sido explícitamente desautorizado por el comité del niño en la observación general 10 […]. Es que esa interpretación omite considerar que el delito se habría cometido antes de los 18 años y que, por lo tanto, el plexo normativo sobre el que se debe juzgar la situación del adolescente es el que estaba conformado al momento de la comisión del hecho. Hacer lo contrario, como se ha hecho en la resolución, es tratar en violación a las reglas expuestas y a las consideraciones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en la Opinión Consultiva nº 17 al joven presuntamente infractor de la ley penal, como si fuera un adulto”.
5. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Cárceles. Reinserción social.
“[E]s errónea la afirmación del tribunal en cuanto desmerece la actividad en el instituto cerrado Manuel Belgrano, que ha procurado realizar aquella adaptación tratando de que sus informes de evolución se adecuen a los parámetros de la 24.660. Al contrario de lo que entendió el tribunal, en la medida en que no exista un motivo serio relacionado con el comportamiento del imputado, […] ni siquiera el dictado de una condena firme justificaría el traslado, si por la duración de la condena fuese posible concluir la etapa de encierro en un marco que no implique el paso por un establecimiento carcelario de adultos”.
“[C]onstituye una ficción jurídica y fáctica inaceptable la afirmación del tribunal de que la unidad carcelaria contiene mayores herramientas de reinserción social y de tratamiento que un instituto de detención cerrado como el Manuel Belgrano. [D]e tener la posibilidad de participación en talleres, de tener un tratamiento psicológico individual, acceso a actividades educativas y visitas familiares, el joven pasó a no tener actividades. Es que no resiste el menor análisis la aseveración de que en términos de tratamiento de reinserción social una unidad carcelaria cuenta con mayores medios que un instituto, cuando uno tiene menos de cincuenta internos y el otro está sobrepoblado; uno tiene equipos técnicos que trabajan diariamente para los pocos jóvenes alojados y los otros no dan abasto para emitir los informes que requieren los tribunales. El instituto de menores está ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires y la Unidad 24 donde fue derivado en Marcos Paz a muchos kilómetros, habiendo quedado a cargo el joven de un Servicio Penitenciario con serios problemas de traslados, como es público y notorio. […]Es incomprensible esa afirmación cuando el Ministerio de Justicia ha dictado una resolución declarando la emergencia penitenciaria entre otras, de esa unidad carcelaria, y ha formado una comisión que debe tratar el modo de salir de esa evidente situación de emergencia […]”.
6. Sentencia condenatoria. Pena.
“[L]a prevalencia que dio el tribunal a la sanción penal que impuso por sentencia no firme, y la necesidad de prisión preventiva -en el marco normativo ya expuesto- también resultaba cuestionable en el caso, puesto que, sin abrir juicio sobre si la pena que se impuso era o no la adecuada, lo cierto es que por el concurso real de delitos atribuido, con la reducción prevista en el art. 4º de la ley 22.278, formalmente el mínimo aplicable era la pena de un año y ocho meses de prisión que resulta de la mitad de tres años y cuatro meses […] que hasta permitiría, teóricamente, aplicar una pena de ejecución condicional. Esta circunstancia revela aún más lo irrazonable de la medida tomada por el tribunal oral”.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PRISIÓN PREVENTIVA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CÁRCELES; TRASLADO DE DETENIDOS; REINSERCIÓN SOCIAL; SENTENCIA CONDENATORIA; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE INOCENCIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; PENA;
SIDF (causa Nº 64719)Tribunal Oral de Menores Nro. 1
“[S]e advierte que la mayoría de la Sala I aceptó la oposición del Centro Socioeducativo del Régimen Cerrado en recibir al joven [SIDF], motivo por el cual resulta inexistente la posibilidad que tiene este Tribunal para reubicar [al joven] por fuera de una unidad dependiente del servicio penitenciario federal o un centro socioeducativo de régimen cerrado.
En este sentido, debe dejarse establecido que, pese a que el superior no lo diga expresamente, al vedar la posibilidad de que el joven permanezca detenido ya sea en la órbita del servicio penitenciario federal o en un centro socioeducativo de régimen cerrado, lo que lisa y llanamente ha [decidido] la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal es otorgar la libertad a [SIDF], revocando la prisión preventiva dictada oportunamente en su respecto”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PRISIÓN PREVENTIVA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CÁRCELES; TRASLADO DE DETENIDOS; REINSERCIÓN SOCIAL; SENTENCIA CONDENATORIA; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE INOCENCIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; PENA;
Procuración Penitenciaria de la Nación (Causa Nº 8237)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, reencauzó la medida cautelar de no innovar como hábeas corpus colectivo y correctivo y anuló la decisión impugnada.
Además, dispuso que el SPF adoptase de manera progresiva las medidas necesarias para la reubicación de las personas alojadas en las celdas con camas adicionales y el gimnasio del CPF II. Por otro lado, prohibió el ingreso de nuevas personas hasta tanto fuera fijado el cupo del establecimiento a través de un estudio pericial que determinara su capacidad de alojamiento. Cumplida esta medida, ordenó que se readecuara de manera urgente la cantidad de personas detenidas. Por último, exhortó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que adoptara las medidas necesarias para resguardar lo dispuesto y comunicó lo resuelto al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (juez Slokar y jueza Ledesma).
1. Prisión preventiva. Principio de inocencia. Reinserción social.
“[L]a situación observada […] se inscribe en una dinámica de gran encierro […] en donde más de la mitad de los presos no están condenados sino en prisión preventiva, siendo que de esta mayoría de inocentes el grueso lo componen aquellos encerrados por delitos contra la propiedad y distribuidores de tóxicos en pequeña escala, masiva segregación que conduce al reemplazo de la denominación cárcel por la de ‘depósito humano’ o incluso ‘vertedero’, que se gestiona con una lógica de población enemiga y no ofrece promesa alguna de reforma sino de mera inocuización”.
“[La] ausencia de planificación al amparo de un coyunturalismo punitivista arroja los perniciosos resultados de un encarcelamiento en masa, que da lugar a numerosos reclamos como el bajo trato y que, desde luego, convierten a las cárceles federales en un ámbito incapaz de favorecer procesos de reinserción y de garantizar, en consecuencia, la seguridad de todos los ciudadanos”.
2. Hacinamiento. Derecho a la integridad personal. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[C]onforme el criterio sostenido y consolidado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hacinamiento constituye una violación al derecho a la integridad personal y obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios…”.
“[L]as condiciones de detención que debe respetar la capacidad operativa de un establecimiento penitenciario no se limitan al mero recuento de camas disponibles para internos. Por el contrario, con ajuste a esta producción jurisprudencial y los estándares de protección del sistema interamericano, debe garantizarse un adecuado acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal [Vélez Loor Vs. Panamá]; la alimentación brindada debe ser de buena calidad y aportar un valor nutritivo suficiente [López Álvarez Vs. Honduras]; la atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario y a cargo del personal médico calificado cuando sea necesario [Caso Tibi y Caso Penal Castro Castro]; la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover su rehabilitación y readaptación social [Caso Montero Aranguren y Caso Vélez Loor]; las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios [Caso Loayza Tamayo Vs. Perú y Caso Penal Castro Castro]; todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene [Caso Montero Aranguren y Caso del Penal Castro Castro]”.
3. Emergencia. Cárceles. Responsabilidad del Estado.
“[R]especto a las personas privadas de libertad, el tribunal internacional ha establecido que el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia…”.
“[La declaración de emergencia penitenciaria no] puede ser invocada para eludir estos compromisos asumidos. Baste recordar que ni siquiera en caso de guerra, de peligro público o de cualquier otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado se autoriza la suspensión del derecho a la integridad personal, determinado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni de las garantías judiciales indispensables para su protección”.
4. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[La instalación de una segunda cama en celdas individuales como la utilización de espacios comunes] ‘contradice a todas luces la Regla 12 de las Reglas de Mandela...’, y vulnera el derecho de los detenidos a un trato digno y a no ser sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes”.

“[E]l encierro de personas por sobre la capacidad de un establecimiento carcelario o en situación de habitabilidad que no satisfacen los estándares sobre la materia, configura un agravamiento en las condiciones de detención incompatible con los derechos garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, extremo que no puede ser desatendido por la judicatura, bajo riesgo de incurrir el Estado argentino en responsabilidad internacional”.

5. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento.

“[E]n la actualidad se carece de un número que permita establecer un límite claro sobre cuántos internos pueden ser alojados en el Complejo II. Sin embargo, en razón de la naturaleza urgente de la acción planteada, este déficit de información no puede configurar un obstáculo para realizar una evaluación provisoria sobre el alegado agravamiento de las condiciones de detención”.

“Se verifica […] el sometimiento de los internos a una situación de hacinamiento dado que los servicios y superficie resultan apenas suficientes para una sola persona; de modo que la división de ese espacio y servicios entre dos internos luce como una medida que lesiona los artículos 18 y 43 de la CN”.

“En lo que refiere a la utilización de espacios comunes no destinados para el alojamiento, caben las mismas observaciones, a lo que se añade que esta situación afecta no sólo a los internos allí alojados, sino a todo el colectivo de internos pues se ven privados de realizar aquellas actividades que cumplían en esos espacios”.
HÁBEAS CORPUS; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; PRISIÓN PREVENTIVA; REINSERCIÓN SOCIAL; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE;
Rodríguez (causa N° 35954)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5, de manera unipersonal, absolvió al imputado y dispuso su inmediata libertad (juez Gamboa).
1. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[P]or un lado, lo que oyeron [los policías] no se encuentra [corroborado] por pruebas objetivas, porque las que existen, son débiles, y no superan rango de indicio, si las analiza-mos desde la perspectiva del incuso, y por el otro, no se conoce ni de la sinceridad ni de la espontaneidad de la supuesta víctima al pronunciarse frente a esos funcionarios, de lo que no pueden ser privadas ni las partes ni el Tribunal.
Al respecto cabe señalar que […] la fotografía de los posibles padecimientos del damnifi-cado no aclara nada, ya que no puede descartarse que de haber existido sus dolencias lo sean a partir de aquella pelea que se suscitó entre ellos, como lo asegura el incuso, y no como la violencia que se ejecutó para desapoderarlo de sus bienes. Por otra parte, la cir-cunstancia de que [el imputado] estuviera corriendo no pasa de ser un indicio, que se des-dibujó al decir del mismo, en el sentido de que efectivamente lo hizo, al tratar de no ser alcanzado por ese tercer sujeto, que pretendía agredirlo.
Tampoco y aún valorado de manera conjunta con lo anterior pudo lograrse el estado de certeza necesario para cualquier condena lo relativo al secuestro de la billetera […], ya que […] no permite por sí sola la reconstrucción acabadamente que los mismos hayan sido objeto de desapoderamiento por parte del aquí enjuiciado, máxime cuando [el damnificado] no pudo ser escuchado en el marco de juicio […] y certificado así, fehacientemente que fue lo que pasó con dichos bienes”.
2. Prueba testimonial. Versiones contrapuestas. Indicios.
“Como se ve, existen versiones contrapuestas, por un lado la del imputado y por el otro cuanto escucharon los funcionarios, cuya veracidad no fue factible analizar […], como tampoco se conoció de una vía indirecta probatoria lo suficientemente sólida para apunta-lar a esta última. En definitiva, las imprecisiones destacadas vedan la posibilidad de atribuir responsabilidad penal [al imputado] por el hecho que fuere acusado…”.
“Así, si el indicio es ‘un hecho, que se prueba a sí mismo o que se encuentra probado y que permite por datos sensibles de la experiencia o de la ciencia obtener conocimiento de otro hecho, conocimiento que puede ser cierto o probable…’, las circunstancias valoradas […] no participan de aquella naturaleza lógica que, de su concurso, pueda nacer la prueba en la que se funde la condena de los encartados”.
3. Principio de inocencia. In dubio pro reo.
“En este orden de ideas es necesario recordar cómo se ha dicho que es regla, dentro de un ajustado principio judicial, que siempre es preferible que un ‘culpable’ pueda estar en pleno goce y disfrute de su libertad, a que un inocente (o de quien se duda) pueda estar en prisión […].
Por lo dicho, no se han reunido los elementos de juicio necesarios para alcanzar la certeza ‘apodíctica’ requerida para sustentar una sentencia de condena. En este sentido cabe recordar que ‘la verdad sólo puede percibirse subjetivamente en cuanto firme creencia de estar en posesión de ella, y esto es lo que se llama estado de certeza, de contenido simple y por lo tanto, ingraduable. Se presenta cuando se ha desechado toda noción opuesta capaz de perturbar la firmeza de esa creencia’ […], lo que en el caso no ocurrió”.
“En síntesis, no hay duda en cuanto a que en la presente se transita por un sendero incierto que no se compadece con el grado de certeza que es requerido en todo veredicto de condena, reduciéndose a un problema de prueba en el cual rige el principio ‘in dubio pro reo’, que se presenta de necesaria aplicación…”.
4. In dubio pro reo.
“Dentro de estos parámetros, resulta pertinente recordar que todo veredicto de condena debe cimentarse en una multiplicidad de pruebas homogéneas, unívocas y unidireccionales que acrediten, con el grado de certeza necesario, la recreación histórica de los acontecimientos y la responsabilidad penal de los autores del hecho ilícito”.
“Es que en la teoría de los derechos fundamentales y del derecho procesal moderno, el principio ‘in dubio pro reo’ resulta ser un componente sustancial del derecho fundamental a la presunción de inocencia y que la observancia por parte de los tribunales, lo que implica un control sobre la aplicación de las leyes lógicas y los principios de la experiencia, que por estar relacionados con la percepción sensorial de la prueba en el juicio oral, que abre-va íntimamente con la inmediación, reconoce límites en su análisis posterior por la Alza-da…”.
5. Principio acusatorio. Carga de la prueba.
“Dentro de este contexto se ha sostenido que si bien los jueces son libres de apreciar el valor probatorio de los elementos producidos durante el debate, resulta necesario que se respeten las reglas que rigen la carga de la prueba entre las partes que, resultando cierto que en el derecho penal les incumbe al Ministerio Público o la parte civil, probar la culpabilidad del prevenido conforme a la regla ‘actori incumbit probatio’, el cual es reforzado por la presunción de inocencia que beneficia al prevenido y que se impone en su beneficio en caso de duda (in dubio pro reo), cuando esta versa sobre un extremo relacionados con el hecho y no con el derecho…”.
ROBO; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; INDICIOS; VERSIONES CONTRAPUESTAS; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRINCIPIO ACUSATORIO; CARGA DE LA PRUEBA;
Aurin (Causa Nº32553)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, por unanimidad, confirmó la resolución impugnada (jueces Reboredo y Lemos Arias).
1. Ley penal más benigna. Reforma legal.
“[R]esulta imperativo examinar si las conductas evaluadas pueden seguir siendo consideradas merecedoras de reproche penal. Ello es así pues también ha puntualizado el Máximo Tribunal que los efectos de la benignidad normativa en materia penal ‘se operan de pleno derecho’, es decir, aún sin petición de parte…”.
“[N]o parece necesitar en el sub examine de mayor debate el análisis acerca de la aplicación [del principio de ley penal más benigna] que ha sido […] establecido en tratados de orden internacional con jerarquía constitucional, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9) y el [P]acto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15) y en la jurisprudencia de la Corte Suprema (Fallos: 321:824 -disidencia de los doctores Fayt, Boggiano y Bossert y Petracchi- y […] ‘Cristalux S.A. s/ley 24.144’…)”.
2. Monto mínimo. Reforma legal. Ley penal más benigna.
“[S]in perjuicio de que al momento de la denuncia los importes resultaban suficientes para que se configurara el delito […], la reforma operada […] es clara en cuanto a las exigencias que dicha conducta debe cumplir para que se configure el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
En tales condiciones, resulta aplicable al caso la ley 27.430, que ha resultado más benigna de acuerdo a lo normado por el art. 2 del Código Penal, en tanto que la modificación introducida importó la discriminación de aquellas apropiaciones menores a la cifra ya referida. De este modo, de ser mantenida la incriminación de la conducta, importaría vulnerar aquel principio receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional…”.
LEY PENAL MÁS BENIGNA; REFORMA LEGAL; RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; APROPIACIÓN INDEBIDA; SEGURIDAD SOCIAL; MONTO MÍNIMO;
BMS (causa Nº 19000)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III
La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata modificó la sentencia y ordenó al Estado que suministrara provisionalmente y de manera gratuita a los amparistas el aceite de cannabis, en las cepas y cantidades necesarias (voto de los jueces Vallefin, Pacilio y Labombarda).
“Dadas las particulares circunstancias del sub judice, las pautas precedentes deben conectarse con el deber de los tribunales de dar consideración primordial al interés superior del niño en todas las medidas concernientes a él (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño), siendo una de sus claras expresiones el derecho que aquel tiene a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud (art. 14 de la ley 26.061)”.
“[L]as constancias de autos permiten aseverar que los siguientes extremos están suficientemente acreditados: a) A.L.R. padece de las patologías supra descriptas […] y posee certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires […]; b) desde el mes de noviembre de 2018 y por iniciativa familiar, viene consumiendo aceite de cannabis a razón de 4 gotas diarias; c) dicho consumo se sumó al tratamiento con rispedirona, encontrándose el niño bajo supervisión psiquiátrica, informando su médica de cabecera y la terapista ocupacional que desde entonces A. ha experimentado una franca mejoría en su comportamiento […]; d) análogas consideraciones sobre el progreso del hijo de los actores hicieron las autoridades de la actividad Recreación y Deporte Adaptado e Inclusivo del club atlético Lanús…”.
“[L]as singulares circunstancias del sub judice hacen que la decisión que este Tribunal adopte a título precautorio deba armonizar, por un lado, la asistencia integral y adecuada del hijo de los amparistas, cuyo interés superior está elevado al rango de principio según la Convención sobre los Derechos del Niño (Fallos: 318:1269; 322:2701; 323:2388; 324:112, entre otros). Y por otro, la objeción que el recurrente introduce en relación a la falta de control estatal sobre el cultivo y manipulación de las plantas de cannabis que el a quo autorizó. Esa misión se hará con otro objetivo que no puede perderse  de  vista  y  que  esta  Sala  ponderó  en  otras”.
ACCION DE AMPARO; MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; CANNABIS; TRATAMIENTO MÉDICO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Acosta (causa N° 18108)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5, de manera unipersonal, dio por conciliada la causa y sobreseyó al imputado (jueza Ruiz López).
1. Reparación
“[…] Diferir el pago supone impedir sine die la concreción real del acuerdo, pues pone al damnificado en la situación de tener que esperar para recibir la reparación que el acuerdo eventualmente recorra todas las instancias, con el riesgo de recibir una reparación devaluada o ni siquiera recibirla. Condición incierta del acuerdo desde el inicio. Estas variantes sí exigirían normas reglamentarias que protegieran la indemnidad del pacto…”.
2. Conciliación. Reparación. Vigencia de la ley
“[E]l conflicto se vio superado de forma eficaz tras el diálogo y la comprensión entre los partícipes en el conflicto. No [se advirtió] motivo alguno para no aceptar ese acuerdo, ya que la causal de extinción de la acción penal del artículo 59 inciso 6 del Código Penal se encuentra plenamente vigente, es operativa y debe ser aplicada”.
“[E]l legislador al decidir incorporar estas formas de extinción en el artículo 59 del Código Penal, mostró su voluntad de que esa norma estuviera dirigida a todos los habitantes del país. [N]o afecta a aquella voluntad, la mora de la implementación de lo legislado, dado que las normas generales de los ordenamientos procesales locales pueden suplirlas hasta que el legislador decida ampliar o acotar con nuevas normas la aplicación de éste instituto, con las definiciones y alcance que crea necesario, lo que aún no ha sucedido.
3. Igualdad. Derechos operativos.
“No aplicar esta norma de fondo en todo el territorio argentino, viola el principio de igualdad contemplado en los artículos 16 y 75, inciso 12 de la Constitución Nacional y los jueces no deben eludir la aplicación de normas sustantivas bajo el pretexto de falencias rituales, ya que su función es garantizar el goce de un derecho a su titular, cuando existe un precepto legal.
Así, teniendo en cuenta que en el caso no se han verificado variantes que excedan las disposiciones procesales ni la letra del artículo 59, inciso 6° del Código Penal, la extinción de la acción por conciliación o por reparación integral del perjuicio no solo está vigente: es operativa. El planteo de la fiscalía no puede tener acogida favorable, en esta resolución que se ha limitado a aplicar la ley sin ninguna construcción pretoriana”.
CONCILIACIÓN; REPARACIÓN; VIGENCIA DE LA LEY; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; REFORMA LEGAL; IGUALDAD; DERECHOS OPERATIVOS; PLAZO;
CNV (expediente 77808) Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia (juezas Scolarici, Barbieri y Verón).
1. Contratos. Prestación de servicios. Médicos. Mala praxis. Obligación de medios
“[E]sta Sala ha sostenido invariablemente la tesis contractualista, interpretando que la obligación asumida por el profesional no es a obtener un resultado, sino tan sólo a poner los medios adecuados para alcanzar esa finalidad, esto es, de prestar asistencia técnicamente adecuada, poniendo al servicio del enfermo el caudal de conocimientos científicos que su título acredita y prestándole la diligente asistencia profesional que su estado requiere”.
“Con sustento en este encuadre jurídico, ha de analizarse si ha quedado acreditada la responsabilidad de la Dra. J. con los alcances establecidos en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, que ha establecido que ´para que quede comprometida la responsabilidad del médico por los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión, el paciente debe demostrar la culpa en la realización de la atención médica prestada, la existencia del daño que le hubiere sobrevenido a causa de ese hecho y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño experimentado´ (C.S.J.N., 28/09/2004, ´Barral de Keller Sarmiento, Graciela Higinia c/ Guevara, Juan Antonio y otros´, Fallos 327:3925; ídem, 11/07/2006, ´Bustos, Ramón Roberto c/ La Pampa, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios´, Fallos 329:2688) y basta que alguno de esos requisitos falte para que el profesional quede exento de responsabilidad por las consecuencias de su actividad, ya que en materia de culpa médica, la regla general sigue siendo que la carga de la prueba de esa culpa recae sobre el paciente y aunque esta regla se ha visto atenuada al aplicar la distribución dinámica de la carga probatoria, es la parte actora la que debe probar el hecho dañoso y la relación de causalidad.”
2. Aborto. Apreciación de la prueba. Informe pericial. Medicamentos
“Del informe de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires surge que el medicamento Oxaprost contiene dos drogas, el diclofenac y el misoprostol, que es de utilidad para su uso en la evacuación de embarazos detenidos y que a las 14 semanas de gestación, segundo trimestre del embarazo, el misoprostol es de utilidad para la evacuación de un huevo muerto y retenido.
Ello corrobora peritaje médico que dictamina que la actora fue correctamente asistida por los profesionales del Hospital Italiano de Buenos Aires y que los métodos utilizados se ajustaron a los protocolos de tratamiento de casos como el de autos, de acuerdo con la bibliografía actual y la experiencia de los mejores centros del mundo.
La fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca”.
3. Dictamen. Informe pericial. Apreciacion de la prueba. Sana critica
“Si bien carece de valor vinculante para el órgano judicial, el apartamiento de las conclusiones establecidas en el dictamen debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos.
La determinación del valor probatorio del peritaje debe realizarse atendiendo primordialmente a este mismo, verificando los juicios del experto mediante un análisis lógico y de sentido común y midiéndose por su apoyo gnoseológico y científico, es decir, por la seriedad, prolijidad y exhaustividad del camino que sigue el experto para arribar a sus conclusiones”.
“La discrepancia de las partes con las conclusiones periciales sin basar su disidencia en principios científicos o técnicos, sino que sólo se basa en una diferente y personal apreciación subjetiva de los elementos observados y valorados por el perito, no puede ser admitida.
Por lo demás, aun cuando nuestro ordenamiento procesal no imponga una preferencia de un medio probatorio sobre los restantes, la sana crítica aconseja en casos como el presente, priorizar la especialización del perito deben prevalecer sobre las opiniones de testigos y las restantes pruebas”.
4. Medicamentos. Carga de la prueba. Apreciación de la prueba. Relación de causalidad. Nexo causal.
“En lo que concierne a la prohibición del medicamento por parte de la ANMAT, cabe recordar que nuestro ordenamiento civil adoptó la teoría de la causalidad adecuada, aun cuando su enunciación por Von Kries […] sea posterior a la sanción de nuestra norma. En este marco conceptual, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes; sino que debe ser considerada aquella causa que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado. Las demás condiciones que no producen normal y regularmente ese efecto, son solamente condiciones antecedentes o factores concurrentes. La adecuación de la consecuencia a la causa se juzga en relación a la previsibilidad en abstracto […] y es esa previsibilidad la que permitirá establecer si estamos ante consecuencias inmediatas, mediatas o casuales”.
“La determinación del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias, depende de las circunstancias que acompañan a la producción del daño, es decir, de las particularidades del caso. En este sentido, la investigación sobre el nexo entre la conducta analizada y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez y que se corresponde con sus peculiaridades. Todo el asunto queda encerrado en la órbita de la función juzgadora, pues es el juez quien debe establecer, a través de los elementos allegados por las partes, la existencia de la relación de causalidad y la carga de la prueba se rige por los principios procesales básicos que establecen su distribución (art. 377 del CPCN).
De ello se sigue que el damnificado por el daño tiene a su cargo demostrar el hecho, el daño y el nexo causal, pues si no llega a acreditarlo, no obstante que pueda jugar a su favor una presunción de culpabilidad, su reclamo resarcitorio no puede prosperar”.
ABANDONO DE LOS HIJOS; ABORTO; MEDICAMENTOS; MÉDICOS; MALA PRAXIS; CARGA DE LA PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; CONTRATOS; PRESTACION DE SERVICIO; INFORME PERICIAL; OBLIGACIÓN DE MEDIOS; SANA CRÍTICA;
Acordada CSJN 17-2019Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que todos los órganos judiciales, en los procesos y procedimiento involucrados en la interceptación y captación de comunicaciones, deberán observar los Principios Rectores en la materia (ministros Maqueda, Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti y ministra Highton de Nolasco).
1. Derecho a la intimidad. Derecho a la privacidad. Constitución Nacional. Tratados internacionales.
“[L]a Constitución Nacional protege los derechos a la intimidad y privacidad –amparados por los artículos 18, 19 y 75 inciso 22, Constitución Nacional (C.N.); arts. 11 inc. 2° y 21, inciso 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (C.A.D.H.); art. 17, inciso 1° y 20del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (P.I.D.C. P.), art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (D.U.D.H.)–, y art. 52 y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación, garantizando una esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales”.
2. Intervenciones de las telecomunicaciones. Derecho a la privacidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[L]a protección del ámbito de privacidad resulta uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el Estado de Derecho y las formas autoritarias de gobierno (arg. ‘ALITT’, Fallos: 329:5266, entre otros).
Que el derecho a la privacidad y la consecuente garantía contra su lesión actúan contra toda ‘injerencia’ o ‘intromisión’ arbitraria o abusiva en la vida privada de los afectados (conf. art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art.12 de la D.U.D.H.; art. 11, inc. 2°, C.A.D.H., y 17 inc. 2° P.I.D.C.P.). En este sentido, este Tribunal en el precedente ‘Quaranta’ (Fallos: 333:1674) –que constituye el leading case en la materia– precisó […] que si bien en ellas no se hizo mención a las comunicaciones telefónicas ni a la protección de su secreto, en cuanto éstas contemplan –en redacción casi idéntica– que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, permiten hacer extensivas aquellas consideraciones a estos supuestos. En razón de ello, se advirtió que tal derecho federal solo es realizable supeditando la intromisión a este ámbito de privacidad a la existencia de una orden judicial previa, debidamente fundamentada, exigencia esta última que se deriva del mismo artículo 18 de la Constitución Nacional”.
“[E]n el precedente ‘Halabi’, esta Corte declaró inadmisibles las restricciones autorizadas por la ley que estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta quede en manos de la más libre discreción de las autoridades públicas…”.
3. Derecho a la privacidad. Principio de legalidad.
“[L]a Constitución Nacional veda las intromisiones arbitrarias en la privacidad. De tal modo, las circunstancias y razones que validan la irrupción en el ámbito privado de los individuos deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática (arg. ‘Halabi’ […])”.
4. Principio de proporcionalidad. Principio de excepcionalidad.
“[E]l balance entre el derecho de toda persona a no sufrir invasiones a su privacidad y el interés estatal en la persecución penal de un posible delito, debe incluir una necesaria ponderación de los instrumentos escogidos y los fines hacia los que se dirige la específica herramienta investigativa dispuesta en la causa, en cuyo marco corresponde tamizar la medida elegida por los filtros de la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad”.
“La interceptación de comunicaciones es una medida judicial de investigación excepcional. Será ordenada con criterio restrictivo atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento y resolución del delito”.
5. Orden judicial. Deber de fundamentación.
“[P]or expreso mandato constitucional, las comunicaciones en todas sus variantes, al igual que la correspondencia epistolar, solo pueden ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada, sin que la privacidad pueda ser soslayada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos”.
“La orden judicial será fundada y no podrá ser otorgada con base en términos genéricos. No podrá estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos”.
6. Plazo. Plazo razonable.
“La interceptación y captación son medidas esencialmente provisionales. La intervención de comunicaciones se ordenará por un plazo razonable determinado, pudiendo ser renovado expresando los motivos que justifican su extensión conforme a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecieren, hubiere transcurrido su plazo de duración o ésta hubiera alcanzado su objeto, deberá ser interrumpida inmediatamente”.
7. Información confidencial. Cadena de custodia
“La interceptación y captación de comunicaciones es un eslabón de una cadena que comprende las subsiguientes etapas de (i) almacenamiento, (ii) traslado, (iii) incorporación al proceso y (iv) destrucción en los supuestos previstos por la ley. Una falla en cualquiera de las etapas afecta la confiabilidad de todo el sistema.
Por ello, rigen para los magistrados, funcionarios, agentes y empleados que tengan participación activa en la intervención y/o responsabilidad sobre estos elementos probatorios el deber de confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida por estos medios. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad penal acorde a lo previsto en el derecho vigente”.
8. Derecho de defensa. Información confidencial.
“La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”.
9. Código Procesal Penal. Reforma legal.
“[E]n la actualidad, rigen en el orden federal y nacional rigen dos códigos procesales penales: el ‘Código Procesal Penal’ […] y el ‘Código Procesal Penal Federal’ –aprobado por la ley 27.063 […]– que se encuentra vigente por el momento solamente para los tribunales federales de Salta y Jujuy. En el primer cuerpo normativo existen disposiciones atinentes a esta clase de restricciones a la privacidad […], siendo que en el nuevo código el legislador ha diseñado un sistema que regula de manera más detallada lo relativo a la interceptación y captación de las comunicaciones, a su incorporación al proceso y a su resguardo (cf. arts. 150, 152, 153 y ccs.).
En razón de que esta nueva normativa no rige aún en las restantes jurisdicciones federales es menester que esta Corte –al adoptar las medidas necesarias para asegurar la privacidad–, tome en consideración las pautas y mecanismos previstos por el legislador en esta materia a fin de garantizar un quehacer judicial eficaz y uniforme”.
10. Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen organizado. Competencia.
“La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen organizado (DAJuDeCO) sólo presta servicios de investigación criminal a requerimiento de magistrados judiciales o del Ministerio Público Fiscal –tal como señaló este Tribunal al fijar sus objetivos y competencias mediante acordadas 2 y 30 del 2016– y, conforme a la normativa que la regula, tiene absolutamente vedado el ejercicio de actividades de inteligencia”.
INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ORDEN JUDICIAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; CADENA DE CUSTODIA; DERECHO DE DEFENSA; PLAZO; PLAZO RAZONABLE; CONSTITUCION NACIONAL; TRATADOS INTERNACIONALES; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; COMPETENCIA; DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO;
Toledo (Causa Nº 35395)Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, por unanimidad, revocó la resolución y dispuso el envío de la causa al juzgado de origen para que continuara con la investigación. Además, ordenó la producción de las pruebas solicitadas por la querella (juez Sanjuan, jueza Cossio y conjueces David y Frías Silva).
1. Víctima. Querella. Acceso a la justicia. Reglas de Brasilia.
“En la actualidad el concepto de víctima se ha ido ampliando y con ello el derecho al acceso a la justicia. Corresponde destacar al respecto las 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, en tal documento se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sis-tema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.
“[P]revio al dictado de la Ley 27.372 por vía de jurisprudencia ya se había habilitado la intervención autónoma de la víctima. Así, a partir de los precedentes [Quiroga y Santi-llán], la Corte Suprema sentó un criterio conforme al cual la víctima puede ser parte en el proceso penal e incluso impulsarlo en soledad…”.
2. Acoso laboral. Violencia de género.
“[L]os hechos de la causa encuadran dentro de la definición dada en el art. 4 de la Ley 26.485 como violencia contra la mujer, por lo que resultan aplicables las disposiciones de dicha ley y de los Tratados Internacionales antes mencionados. Ello, en virtud de la relación de poder existente entre la denunciante  -Agente   de   la   Policía   Federal-  y  el denunciado -Comisario de la Policía Federal- desarrollada en un ambiente público, al ser ambos agentes del Estado y al haberse afectado a la víctima en su vida, tanto a nivel personal como laboral.
Por lo tanto, al resolver, corresponde tener presente lo dispuesto por la [Ley de Protec-ción Integral a las Mujeres] y particularmente lo establecido en su artículo 16 en cuanto fija la obligación de los poderes del Estado de garantizar a las mujeres en cualquier pro-cedimiento judicial todos los derechos establecidos en la C.N y en los Tratados Interna-cionales, y particularmente “d) a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte; [...] g) a participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa; [...] i) a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, entre otros”.
3. Prueba. Apreciación de la prueba. Violencia de género.  
“[E]l sobreseimiento de Toledo resulta prematuro al existir medidas de prueba condu-centes para la presente investigación y que aún no fueron producidas”.
“[C]orresponde [...] disponer que se profundice la investigación, en tanto consideramos que restan medidas de prueba que pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos, y por ser tal decisión la más ajustada a los lineamientos sentados por la Ley 26.485 y los instrumentos internacionales que sancionan la violencia en contra de la mujer”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; ACOSO LABORAL; VICTIMA; QUERELLA; REGLAS DE BRASILIA; ACCESO A LA JUSTICIA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
IMC (Causa Nº2091)Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 sobreseyó a la imputada (juez Casanello).
1. Transporte de estupefacientes. Género. Vulnerabilidad.
“La resolución 52/1 de la Comisión de Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas destacó la participación de mujeres y niñas en el mercado de las drogas. Expresó su preocupación al respecto y resaltó que las mujeres y las niñas son quienes tienen menores oportunidades de acceso a la educación, al trabajo, servicios financieros y que tienden a ser el grupo más vulnerable en cuanto a su utilización como correo de drogas. Por último, urgió a los Estados parte a tomar medidas penales adecuadas contra los grupos delictivos organizados que utilizan a las mujeres y niñas como correos de drogas.
A su vez, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la ONU incorporó a la mujer como parte de los grupos vulnerables que se encuentran en situación de riesgo; y a su vez, agregó como agravante de esa condición la situación de pobreza extrema. Estudios publicados por la Defensoría General de la Nación indican que el 85% de las mujeres presas dentro del sistema penitenciario federal fueron condenadas por conductas relacionadas con tráfico de drogas y robos menores, y el 75% de ellas son sostén de familia. En general, esas mujeres actuaron como ‘mulas’ que ocupan el nivel más bajo de la cadena de tráfico de drogas y fueron forzadas a adoptar ese rol por necesidad económica…”.
2. Trata de personas. Tipicidad.
“El Protocolo de Palermo sobre trata de personas establece que por explotación debe entenderse como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Esta enumeración no es taxativa y solamente indica algunas de las formas de explotación más frecuentes en la actualidad.
La base de las organizaciones criminales suele estar integrada por agentes fungibles, fácilmente reemplazables sin que ello comprometa la subsistencia de la empresa. Son los trabajos más rústicos y menos remunerados dentro de la división de tareas. Al mismo tiempo, son los más riesgosos. Particularmente, el transporte de estupefacientes bajo la modalidad conocida como ‘mulas’ se vale de sujetos dispuestos a poner en riesgo su vida y libertad por muy poco dinero en comparación con las ganancias del narcotraficante. Si son descubiertos por las autoridades estatales, el plan criminal está diseñado para que ´el hilo se corte por lo más fino’”.
3. Trata de personas. Víctima. Consentimiento.
“[L]a utilización de una persona vulnerable como correo de droga -mula- puede suprimir su responsabilidad en los hechos, ubicándola como víctima del delito de trata de personas. Al momento de la declaración indagatoria, [la mujer] dijo haber aceptado la oferta debido a la necesidad económica que estaba atravesando […]. Las pruebas producidas luego de su detención y las evaluaciones sobre sus condiciones personales permiten afirmar con certeza que fue captada para que traslade el material estupefaciente a cambio de la promesa de una suma insignificante de dinero”.
“La situación de vulnerabilidad –o vulnerabilidades– de [la imputada] –que hoy reviste calidad de agravante de la figura básica de la trata– desplaza el consentimiento que pudiera haber prestado en su momento la damnificada –según art. 145 bis, conf. ley 26.842–, toda vez que, resulta viciado en razón de la situación particular de la víctima, la que es conocida y aprovechada por los autores, con el único fin de someterla a la explotación. Todo consentimiento prestado en este marco carece de valor…”.
4. Víctima. Consentimiento. Culpabilidad.
“Teniendo en cuenta […] la situación de extrema precariedad atravesada por [la mujer] debemos concluir que estamos ante una víctima del delito de trata y no de una autora del delito de transporte de estupefacientes. [La imputada] no pudo elegir. Su voluntad estuvo colonizada por sus tratantes y la necesidad de supervivencia, suya y del grupo familiar a su cargo.
Esta situación excluye su culpabilidad (el Estado no puede formularle un reproche basado en la exigencia de un obrar distinto frente a la situación de coerción). Se trata de la inexigibilidad de otro comportamiento, y no de que su acto haya sido conforme a derecho”.
TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; TRATA DE PERSONAS; TIPICIDAD; VICTIMA; VULNERABILIDAD; GÉNERO; CONSENTIMIENTO; CULPABILIDAD;
Bittel (causa Nº 38439)Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, por unanimidad, confirmó la resolución impugnada (jueces Toledo y Pinedo).
“[E]l contexto en el que se llevó a cabo esa diligencia, no encuadra en ninguna de las circunstancias enumeradas [del CPP de Santa Fe ni del CPPN], atento que no se advierte la urgencia […] para preservar pruebas ni tampoco se requería obtener algún elemento que permita identificar al presunto agresor.
[…] En efecto, la presunta víctima recibió a la preventora fuera del negocio donde habría sucedido el disparo, allí dentro no había ninguna otra persona vinculada con el hecho y había sido asegurado externamente por la preventora. A esto se suma que la víctima identificó al presunto agresor y manifestó que éste se había escapado del lugar. Finalmente tampoco se contó con consentimiento expreso de quién tenía derecho a oponerse…”.
“[T]odas las circunstancias que rodearon al hecho no permiten concluir que haya existido consentimiento expreso por parte [del imputado], dueño de la casa de negocio donde se encontró el material estupefaciente, toda vez que ni siquiera se puede determinar si los médicos que recibieron las llaves del local por parte [del imputado] le dijeron al encartado que las mismas habían sido solicitadas por la preventora para poder ingresar a su negocio”.
“[N]o puede obviarse que [la víctima] manifestó que todo lo acontecido fue a raíz de ‘una discusión’, que una vez que se cerró el local y se trasladó al encartado a un nosocomio, se preservó externamente el lugar, lo que en cierto modo se contradice con lo plasmado en el Informe Técnico Criminalístico, dónde se señaló que fueron convocados a realizar un relevamiento en el lugar del hecho con motivo de un supuesto ‘robo’ […]; extremo que evidencia que la requisa de la que derivó el posterior secuestro de la droga excedió el objeto del hecho que dio lugar al sumario […], es decir la herida de bala sufrida por [el imputado] a raíz de una discusión…”.
ALLANAMIENTO; CONSENTIMIENTO; DERECHO DE EXCLUSIÓN; ORDEN JUDICIAL; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD;
Constantín (reg. N° 1189 y causa N°60000615)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, rechazó las impugnaciones de la defensa, hizo lugar al recurso interpuesto por la fiscalía, anuló de manera parcial la sentencia en cuanto al monto de las penas y las absoluciones dispuestas. Por último, reenvió las actuaciones al tribunal de origen.
1. Cárceles. Vulnerabilidad.
“El contexto de detención en el que se encontraban sujetos los damnificados, privados de su libertad a prisión perpetua, la indefensión y vulnerabilidad que los caracterizaba por el sometimiento a un régimen de prisión y las prácticas del personal penitenciario caracterizadas por la violencia y la agresión abonan el relato de los hechos efectuados por las víctimas de tortura”.
2. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba.
“[L]os testimonios de las víctimas de tortura […] no se presentaron como única prueba, sino que fueron valoradas de conformidad con el resultado de los informes médicos y las declaraciones de los abogados que asistieron [a las víctimas] durante los hechos ocurridos”.
“Las referencias a las lesiones efectuadas, el motivo de las mismas, la explicación efectuada por el médico durante sus informes y la evolución de las lesiones al tiempo de su constatación resultan coincidentes con el relato de las víctimas”.
“[D]ebe resaltarse la violencia física y psíquica a la que se vieron sometidas las víctimas de los hechos, corroborada por la situación de hostigamiento sufrida […] en los momentos inmediatos posteriores a los sucesos […] lograron su eficacia puesto que insistentemente se negaron a proseguir con la denuncia, lo que, sumado el tiempo transcurrido, constituyen elementos que también explican la imposibilidad de recordar algunos pasajes de las vivencias traumáticas. En este punto, la negativa de las víctimas a instar la denuncia penal así como sus recurrentes pedidos de traslados a otras unidades carcelarias debido al temor a recibir represalias fueros manifestados en reiteradas oportunidades por ambos durante la instrucción de la causa”.
3. Tortura. Vejámenes. Tipicidad. Protocolo de Estambul.
“Vejar significa molestar, perseguir, maltratar o hacer padecer a una persona, las vejaciones pueden consistir en actos humillantes que puedan perjudicar psíquicamente a la víctima. [S]on los tratamientos mortificantes para la personalidad por indecorosos, agraviantes o humillantes. Tanto pueden ser actos materiales, como empujones o realización de tareas humillantes e indecorosos, como palabras, exigencias indebidas […]. Por apremios se entienden los rigores que son usados para obligar a confesar a declarar algo o para influir en las determinaciones de la víctima; se dirige específicamente a obtener una confesión o declaración.
Las severidades, por su parte, se definen como mortificaciones, tratos rigurosos y ásperos que pueden consistir en atentados contra la integridad personal o particulares modos de colocación o mantenimiento de presos con ilegítimas e irrazonables restricciones […]. Lo que distingue objetivamente a la tortura de las severidades es la intensidad del sufrimiento de la víctima, de modo que es indiferente la finalidad perseguida por la tortura, o su motivación; puede ser el medio de un apremio ilegal o agotarse como finalidad en si misma cualquiera sea su motivación […]. La diferencia estaría dada por el grado o intensidad, siendo la tortura un padecimiento de mayor grado que las vejaciones”.
“Una de las características de la tortura está dada por la experimentación de técnicas cada vez más sofisticadas, ello se debe principalmente a tres razones: la necesidad de su ocultación, las propias finalidades perseguidas y el avance de la ciencia en el conocimiento humano. Así se busca la despersonalización de la víctima su reducción a la nada ante los ojos del torturador para conseguir que de ese modo se acepte los objetivos que se le proponen, el suplicio del cuerpo se sustituye en estos casos por el suplicio del espíritu y para ello se muestran sumamente eficaces los métodos dirigidos directamente a la ruptura del equilibrio emocional del individuo, mediante la tortura psicológica se consigue el doble efecto pretendido, el sufrimiento de la víctima y su ocultación”.
“La tortura se caracteriza, entonces, a partir de la gravedad de los sufrimiento padecidos por la víctima. Debe ponderarse al respecto el Protocolo de Estambul elaborado por la ONU, y el Manual para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del que se desprende que la práctica de tortura utilizada en el caso y conocida como ‘Falanga’ o ‘Pata o Pata’, puede producir invalidez crónica, el andar puede hacerse doloroso y difícil, los huesos del tarso pueden quedar fijos o exageradamente móviles y la presión sobre la planta del pie y la dorsiflexión del dedo gordo pueden ser dolorosas”.
4. Sentencia absolutoria. Arbitrariedad.
“[Debieron] considerarse […] las condiciones en las que los damnificados recibieron los golpes, boca abajo, y las circunstancias y el contexto que rodearon los hechos juzgados. En idéntico sentido, debió computarse la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los internos dentro de un establecimiento carcelario, lo cual torna más dificultosa la obtención de diversas pruebas.
La falta de certeza aludida por el Tribunal Oral en la sentencia absolutoria respecto de la responsabilidad penal de [JEP y DVS] no es tal, si además se toman en cuenta los siguientes elementos: 1) el ámbito en el que [las víctimas] fueron torturados; 2) la duración de los actos de tortura; 3) la ubicación de la ‘leonera’ con relación al resto de las oficinas donde [JEP y DVS] reconocieron haber estado; 4) la función y el rol que cumplían el día de los hechos a cargo de la requisa; 5) el propio reconocimiento que efectuaron en sus declaraciones respecto de su presencia en el Módulo II durante el tiempo en el que los imputados se encontraban en la leonera, a pesar de lo manifestado por el Inspector, en cuanto a que el conflicto ya había cesado”.
“Si bien es cierto que el día de los hechos [JEP y VDS] se encontraban ‘haciendo base’ en el Módulo III del Complejo Penitenciario Federal Nº 1, el a quo debió considerar que […] los nombrados fueron advertidos respecto de la pelea que se había generado en el Pabellón ‘B’ del Módulo II, lo que motivó que se trasladaran hasta allí…” (voto del juez Hornos al que adhirieron los jueces Carbajo y Borinsky).
5. Tortura. Pena. Determinación de la pena. Estatuto de la Corte Penal Internacional.
“[L]a pena que correspondía aplicar debió haber sido determinada de acuerdo con la escala fijada para el delito por el Código Penal y no como hizo el tribunal de mérito en virtud de lo establecido por el Estatuto de Roma. Es que si bien los hechos objeto del presente son de suma gravedad, ello no amerita utilizar el sistema penal previsto en el referido Estatuto Internacional, toda vez que más allá que dicho régimen es aplicable en forma supletoria o complementaria en nuestro derecho, no se alcanza a verificar en el caso que los hechos aquí juzgados queden subsumidos en aquella normativa” (voto concurrente del juez Carbajo).
“[E]l art. 7.2 inc. ’e’ de la Ley 25.390 que aprobó el Estatuto de Roma […] hace referencia a la entidad del sufrimiento (‘grave’) para que se configure el delito de tortura. Más aun, nuestra legislación considera como tortura a cualquier tipo de tormento, sin que se requiera para la configuración del tipo penal, o bien una ultrafinalidad específica o un modo de privación de libertad determinado. Es decir, se opta por una fórmula amplia, que protege de esta manera a la persona de cualquier abuso estatal” (voto concurrente del juez Borinsky).
TORTURA; CÁRCELES; CAPITALIZACION DE INTERESES; TIPICIDAD; VEJÁMENES; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; APORTES PREVISIONALES; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL; PROTOCOLO DE ESTAMBUL; SENTENCIA ABSOLUTORIA; ARBITRARIEDAD;
CPC (reg. Nº 726 y causa Nº 15995)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la impugnación, casó de manera parcial la sentencia y absolvió a CPC por el delito de aborto con consentimiento de la mujer. Además, le impuso la pena de nueve años de prisión por los delitos de estupro agravado por haber sido cometido por un ascendiente y aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con desobediencia (jueces Huarte Petite y Jantus). En disidencia, el juez Magariños propuso modificar la calificación y condenar al imputado por el delito de lesiones leves.
Voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus
1. Aborto. Sentencia condenatoria. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. In dubio pro reo.
“[E]n el fallo impugnado los colegas […] tampoco se hicieron cargo de explicar de qué manera se encontraba acreditado que la droga a todo evento utilizada por CPC hubiese provocado el deceso del feto, cuando la aludida peritación había determinado que tampoco podían determinarse las causales del aborto. Ello constituía otro obstáculo para concluir razonablemente en que la interrupción de su gestación pudiese ser imputada al accionar del acusado.
De tal suerte, las deficiencias probatorias apuntadas imponían en el caso que, en aplicación del principio ‘in dubio pro reo’ establecido en el art. 3 del código ritual, hubiese debido estarse por el ‘a quo’ a la hipótesis más favorable al imputado, esto es, en primer lugar y de manera primordial, a considerar que el feto se encontraba sin vida al momento de llevarse a cabo por el imputado la pretendida maniobra abortiva, pues su muerte se había producido con anterioridad de manera espontánea, y a concluir, adicionalmente, que a todo evento tampoco se había podido acreditar que aquella maniobra hubiese producido efectivamente la muerte de aquel. Esta última hipótesis, de todos modos, sólo tendría relevancia para el supuesto en que pudiese afirmarse con certeza la existencia de vida del feto antes de la realización del comportamiento en cuestión, lo cual, según vimos, no resultó posible en el caso”.
2. Aborto. Tipicidad. Principio de lesividad.
“[La propuesta absolutoria] contaba, de adverso, con elementos de juicio derivados de una peritación científica que sí podían confirmarla, experticia que, dadas las características del delito que aquí se trata, resulta de consideración ineludible habida cuenta que la constatación judicial de todo delito de aborto requiere, al menos, la certera determinación de la preexistencia del feto y la causación de su muerte por algún medio”.
“[A]quel comportamiento no puede encuadrarse, en primer término, en la figura prevista por el art. 85, inc. 2°, primera oración, del Código Penal, en su modalidad consumada, pues está ausente en el sub lite un elemento típico imprescindible, esto es […], la existencia de un embarazo con un feto vivo, cuyo curso pudiera ser interrumpido por el accionar del autor”.
“[E]l accionar desplegado por CPC en lo aquí tratado resulta claramente atípico por no verificarse en él ninguno de los extremos previstos en la ley, ni siquiera en función del art. 44 ‘in fine’ del código sustantivo. Ello así, habida cuenta que el hecho que podría tenerse por cierto en relación a aquel (esto es, el suministro de pastillas abortivas a una mujer portadora de un feto muerto), se ajusta claramente a uno de los ejemplos de atipicidad tantas veces reiterado por la doctrina reseñada, es decir, pretender causar un aborto, en definitiva, a una mujer ingrávida”.
“Su punición vulneraría, además, el principio de lesividad contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional en cuanto el comportamiento acreditado, en modo alguno, perjudicó a un tercero; ni se verificó riesgo o peligro alguno para que ello ocurriese, sea de modo concreto o abstracto. Cabe agregar, en tal sentido, que en autos tampoco se atribuyó al aquí imputado, de modo subsidiario o alternativo, que con motivo del comportamiento a él endilgado que se trata ahora, se hubiese causado alguna lesión a la entonces menor C.P.”.
Voto del juez Magariños
1. Aborto. Tipicidad. Delitos contra las personas. Principio de lesividad.
“[L]a ubicación sistemática asignada por el legislador al delito de aborto en el Código Penal, situado bajo el título de los ‘delitos contra las personas’, supone, necesariamente, la tipificación de un comportamiento de carácter heterolesivo, lo cual resulta, a su vez, una derivación directa del mandato constitucional relativo al significado público que deben portar las acciones seleccionadas por la ley […], con la consecuente exclusión de cualquier posibilidad de criminalización de conductas expresivas de un sentido meramente autolesivo”.
“El punto a considerar, ineludiblemente, radica en la carencia absoluta de toda posibilidad de viabilidad extrauterina que presenta un embrión con un desarrollo aproximado a las nueve semanas de gestación”.
“[L]a inescindible unidad y permanencia en el interior del cuerpo de la mujer, que biológicamente requiere, como condición ineludible de viabilidad, un embrión de aproximadamente nueve semanas de gestación y, por consiguiente, la absoluta carencia de toda posibilidad, científicamente comprobada, de viabilidad extrauterina en ese estadio, determina, tanto desde una perspectiva biológica y médica, como desde la propia lógica jurídica, e inclusive desde una observación apoyada en un puro criterio de sentido común, la insustentabilidad de considerar allí la existencia de ‘otra persona’, susceptible de ser conceptualmente diferenciada de la propia mujer gestante.
En consecuencia, una lesión o daño dirigido hacia un embrión en ese período de gestación, aun cuando importe el cese de la viabilidad –exclusivamente posible de sostener, en ese momento, en el interior del útero–, sea que resulte auto o hetero infligido, solo se configurará, o poseerá el significado, de afectación a una parte del único cuerpo, de la única persona existente en esa etapa, esto es, de la mujer”.
"[R]esulta indiscutible […] que toda lesión producida de propia mano por una mujer sobre una parte de su cuerpo, no posee ninguna relevancia jurídico-penal respecto de ella; pues, sea que se trate de la actuación de una persona adulta y con plena capacidad de decisión sobre sus actos, o bien que, tal como ocurrió en el caso bajo examen […], no resulte posible asignar a su actuación el sentido correspondiente al de una persona responsable, lo cierto es que, de cualquier modo, en lo estrictamente autorreferencial de su comportamiento, por tratarse de una acción materialmente infligida por ella misma sobre una parte del propio cuerpo, de la única persona existente en ese momento, el significado de su conducta presentará carácter autolesivo, con lo cual, el legislador penal se encuentra impedido de acuñarla como delito, no sólo bajo la figura de aborto, sino mediante su tipificación a través de cualquier otra regla legal de índole criminal, en razón de la limitación constitucional impuesta en la primera parte del artículo 19 de la Constitución Nacional”.
“Sostener lo contrario requiere asignar a las reglas del Código Penal que tipifican el aborto un alcance fundado en una interpretación desinteresada del estándar establecido en el orden científico-no jurídico, pues, al entender comprendidas como delito de aborto, conductas de interrupción de un embarazo, sin importar cuál es el grado de desarrollo del embrión al momento de ejecutar ese comportamiento, se omite por completo considerar una diferenciación particularmente significativa, en tanto, la constatación de la existencia de un embrión es una condición necesaria, pero no suficiente, para afirmar el carácter heterolesivo de la acción y, en consecuencia, sí pasible de ser seleccionada por, y subsumida en, alguna de aquellas reglas legales (artículos 85 a 88 del Código Penal)”.
2. Aborto. Participación criminal. Principio de lesividad.
“[A]ún en aquellos supuestos en los cuales las consecuencias lesivas, ocasionadas por la interrupción de un embarazo practicado durante el periodo en el cual el embrión carece de toda posibilidad de viabilidad extrauterina, inclusive cuando no sea producido por la ejecución de propia mano de la persona gestante, sino, en cambio, por el accionar de un tercero que actúa materialmente en último lugar, de todos modos podrá ser caracterizado, en virtud de la definición del hecho otorgada por el comportamiento de la propia mujer, como una autolesión, lo cual privará a la totalidad del suceso de relevancia jurídico-penal”.
3. Aborto. Consentimiento. Autodeterminación.
“Ello será así bajo la condición, además, de que la mujer gestante, sea una persona responsable y cuente en todo momento, con competencia para asignarle al hecho un significado autolesivo, lo cual presupone la configuración del suceso de un modo tal que la mujer mantenga plena consciencia, tanto de su intervención para la definición final del episodio, como de la participación del tercero, hasta último momento; de ese modo, el hecho también debe caracterizarse como autolesión, en tanto la única persona que en tal hipótesis se arroga de forma definitiva el significado de lo ocurrido es la mujer gestante, y no el tercero que colabore con ella en la producción de una autolesión infligida sobre una parte de su propio cuerpo”.
“[S]i en la interrupción del embarazo, igualmente producida en una etapa de su desarrollo en la cual no existe posibilidad alguna de viabilidad extrauterina del embrión, interviene un tercero, y la actuación de la mujer gestante no puede ser considerada como la de una persona plenamente responsable, o bien, si pese a serlo, por la razón que fuere, no mantuviera, sobre su propia intervención, o sobre la del tercero, plena consciencia en todo momento de la ejecución del procedimiento, entonces, la participación del tercero poseerá carácter heterolesivo, y las consecuencias dañosas producidas en el cuerpo de la mujer le serán atribuibles a él en ese carácter, aun cuando la calificación jurídica que corresponda asignarle al hecho, no deba ser formulada sobre la base de alguna de las figuras que criminalizan al aborto, sino con relación a otro tipo de delitos”.
4. Aborto. Tipicidad. Embrión.
“[S]e han expuesto posiciones que […] han sostenido la existencia de obstáculos para arribar a una solución como la aquí propuesta, y ello, esencialmente, pues [concluyen] que un embrión, aún en las etapas más tempranas del embarazo –concretamente, a partir del momento de la ‘concepción’–, es una ‘persona’, titular del derecho humano a la vida y, por ello, debe, ineludiblemente, encontrarse protegido por la ley penal”.
“[E]s fácil advertir el salto lógico en el que incurren aquellas posiciones que, con base en la atribución legislativa consistente en dictar un ‘régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño’, y de la circunstancia de que éste debe regir ‘desde el embarazo’, pretenden derivar la obligación estatal de acuñar una disposición sustancialmente distinta, orientada a la criminalización de un determinado tipo de comportamiento”.
“[L]a pretensión de asignar a un embrión el carácter de ‘persona’ desde el momento de la concepción, en función del artículo 4, inciso 1° de la Convención Americana, no posee una fundamentación sustentable en un análisis gramatical de la regla, ni en la guía hermenéutica proporcionada por la decisión del tribunal encargado de interpretar y aplicar esa norma en el ámbito internacional”.
ABORTO; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; CONSENTIMIENTO; AUTODETERMINACION; DELITOS CONTRA LAS PERSONAS; EMBRIÓN; SENTENCIA CONDENATORIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; IN DUBIO PRO REO; LESIONES; PARTICIPACIÓN CRIMINAL;
Módulo II (Causa Nº 7555)Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, por unanimidad, rechazó la impugnación (jueces Gallego, Lozano y Barreiro).
1. Servicio Penitenciario Federal. División de los poderes. Control judicial.
“En torno al […] agravio introducido por el [SPF] referido a la vulneración del principio de la división de poderes y al modo en que deben interpretarse las prerrogativas de la ad-ministración, esta alzada […] expuso que si bien hay potestades que son propias de la competencia administrativa –como puede considerarse la de regular los registros e inspecciones dentro de los establecimientos penitenciarios– ‘… por amplias que puedan entenderse esas potestades, existe una limitación –que es común por otra parte a todo el accionar administrativo sin distinción de reparticiones– que viene impuesta por la necesidad del control judicial de los actos de esa rama del gobierno […]’. Por lo expuesto, ‘la decisión del auto apelado no puede ser entendida como una impertinente intromisión o avasallamiento de un poder sobre otro, sino como la consecuencia obvia que se proyecta como derivación de un control judicial sobre este tópico”.
2. Requisa. Cárceles. Servicio Penitenciario Federal.
“[L]as requisas o registros de rutina a los que son sometidos los internos de un establecimiento carcelario nada tienen que ver con la requisa personal del art. 230 del CPP y, por ende, jamás puede derivarse de esas normas del proceso penal una prerrogativa de los agentes penitenciarios para sus actividades propias frente a la población carcelaria. Éstas encuentran apoyatura normativa, en cambio, en el [Reglamento General de Registros e Inspección del SPF]…”.
“[En el Reglamento General de Registros e Inspección del SPF] la regla […] es la del registro no invasivo con medios electrónicos, complementado con el denominado ‘registro superficial’. Sólo frente a la concurrencia de indicios de que la persona porta elementos prohibidos puede avanzarse hacia el ‘registro minucioso’”.
3. Requisa. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[L]a disposición verbal que implementó [el sistema de requisa que somete] diariamente a toda la población carcelaria a un registro minucioso desnudándolos cada vez que reingresan a los pabellones luego de diversas actividades […] importa un agravamiento ilegítimo en las condiciones en que se cumple la detención por afectarse severamente su dignidad, erigiéndose en un trato degradante del individuo sometido al tratamiento penitenciario”.
“No altera la conclusión expuesta el hecho de haber hallado dentro del Complejo —como se expuso como justificativo de la medida— celulares, barrotes limados y otros elementos prohibidos. Sin perjuicio de señalar que para incautar tales elementos basta en general con una requisa no invasiva, no puede ignorarse que […] el registro minucioso se emplea en los casos particulares […], de modo que es improponible su empleo como medida que pueda adoptarse de modo genérico”.
REQUISA; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL; CONTROL JUDICIAL; DIVISIÓN DE LOS PODERES; HÁBEAS CORPUS;
Diaz (causa Nº 36517)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó el recurso de apelación. (voto de los jueces Velez Funes, Montesi y Avalos).
1. Discapacidad. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad
“Sumado a ello el moderno `modelo social´ de la discapacidad, es el adoptado por los modernos instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Del antiguo `modelo de prescindencia´ que percibía a la discapacidad en sentido negativo, se pasó al `modelo rehabilitador o médico´ en el cual la discapacidad no es vista como negativa, pero todavía se la considera como una situación de anormalidad médica. En el `modelo social´ la discapacidad es percibida como una característica de la diversidad humana, con el mismo valor y dignidad que las demás y en el que juega un rol importante la no discriminación por esta causa e igualdad de oportunidades. Por esta razón las limitaciones y/o condicionamientos al goce de la pensión no contributiva por invalidez dispuestas por el Decreto Nº 432/97, se dan de bruces con el citado `modelo social´ sobre discapacidad que nutre la normativa convencional y que no carga sobre las espaldas de las personas que las padece con las secuelas sociales de su infortunio, como sucedía con los modelos que lo antecedieron y en los que la sociedad no consideraba ni tenía presente a las personas con discapacidad (Autos: `Asociación Redi y otros c/ ENM Desarrollo Social s/ Amparos y Sumarisimos´. CF de la S.S, Sala 2, de fecha 15/3/19)”.
“Este nuevo orden jurídico de linaje convencional, se hospeda en la sentencia sobre discapacidad que pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa `Ximenes Lopes vs. Brasil, en la cual señalo lo siguiente: `No puede dejar de pronunciarse sobre la especial atención que los Estados deben a las personas que sufren discapacidades mentales en razón de su particular vulnerabilidad y, por tanto, considera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía delos derechos humanos (Corte IDH 04/07/06, “Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil´, Serie C, nº 149, párrs. 101 y 103 respectivamente).
Igualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado Argentino en el caso `Furlán y familiares v. Argentina´. Allí marcó una serie de estándares para la dirección del proceso en nuestro país y destacó los deberes especiales que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos de sujetos en situación de vulnerabilidad y en este sentido puntualizó que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte de la Nación son necesarios para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos (Corte IDH 31/8/12, Caso Furlán y familiares v. Argentina)”.
2. Vulnerabilidad. Derecho a la salud. Informes.
“Traslados estos conceptos a la presente causa, cabe señalar que en la misma no se dan los presupuestos necesarios para la suspensión del pago de la pensión no contributiva por invalidez al señor Díaz, por cuanto el espíritu de nuestros legisladores al momento de sancionar la ley fue la protección de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal (sin suficientes recursos propios e imposibilidad de trabajar), circunstancia que fue acreditada a lo largo de la causa. Así y a los fines de acreditar la situación patrimonial del actor obra la declaración testimonial del señor E. S. Aguirre (Jefe Comunal de Atahona) quién refiere: … `es vecino del señor Díaz de más de veinte años, pero que no tiene ningún interés en el pleito. Que no sabe exactamente cuál es la enfermedad pero tiene hemofilia y después contrajo hepatitis por el tratamiento médico que tuvo. Que es de recursos bajos, sin poder económico, escasamente tiene para subsistir, vive con su madre en una casa que se la presta otra persona. Que sabe que su papa tenía un terreno muy pequeño pero que lo vendió hace mucho años´... Asimismo obra la declaración testimonial de la señora G. R. Cabrera que refiere: … `que lo conoce y sabe que tiene una enfermedad en la sangre. Que es discapacitado y que tenía una pensión. Que sabe que esta con problemas, se la han sacado. Que vive con la mamá, vive en una casa prestada por el cuñado, vivía de la pensión que él tenía y no tiene otros bienes. Respecto al interrogante del Dr. Viqueira respecto a si existe transporte público desde Atahona hacia otras localidades, contestó: `que no tienen´. Que están comunicados por un camino de tierra a dos centros urbanos como Colonia Caroya o Jesús María´...”.
“Por esta razón el hecho de que del señor Díaz cuente con la titularidad del 100% de un vehículo modelo 2014, Marca Chevrolet, Modelo Montana 1.8, tipo pick-up Cabina dominio […] (según informe nominal del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor) […] y otro modelo 1998 tipo pick-up […] (que dice haber vendido), no es causal suficiente para suspender el pago de su pensión no contributiva por invalidez, por cuanto los mismos no permiten su subsistencia y más si se tiene en cuenta que dicho vehículo es utilizado para trasladarse los 50 kilometros que separan su pueblo con las localidades de Jesús María o Colonia Caroya en donde debe concurrir periódicamente a los fines del tratamiento de su enfermedad, conforme lo sostenido en su declaración jurada de fecha 9/11/16 ante la Jueza de Paz de Atahona, Gladys Quiroga, y en cumplimiento de lo establecido en capítulo VI `Obligaciones del beneficiario´ de efectuar declaraciones juradas...”.
ACCION DE AMPARO; DERECHO A LA SALUD; PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA POR INVALIDEZ; VULNERABILIDAD; INFORMES; PATRIMONIO; PAMI;
Khadimourasoule (causa Nº 35296)Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por mayoría, hizo lugar al recurso y confirmó la competencia de la Justicia Federal de Mendoza.
VOTO DEL JUEZ PÉREZ CURCI
1. Acto administrativo. Competencia. Domicilio
“El efecto de la resolución que se impugna conlleva, la revisión de la situación migratoria del causante ya que, al habérsele denegado la petición de refugio, la Dirección Nacional de Migraciones deberá actualizar el status migratorio del Sr. N. y, si se encontrare hipotéticamente en una situación migratoria irregular, ordenar su expulsión del país. Dicho procedimiento deberá llevarlo adelante la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones con asiento en el domicilio real del peticionante (ya que seguramente incluirá su citación ante la Delegación, la posibilidad de actualizar su status migratorio, la presentación de probanzas a tales efectos, el asesoramiento de un representante legal que asegure el derecho de defensa en el procedimiento administrativo – en este caso se ha optado por la Defensoría Oficial e incluso, llegado el caso, la posibilidad material prevista legalmente de judicializar los actos administrativos que le sean adversos).
En el caso que nos convoca, el Sr. Khadimourasoule, N. posee domicilio en la Provincia de Mendoza, por lo que resulta fácilmente deducible que un efecto concreto de la resolución atacada se producirá en esta jurisdicción.
En idéntica inteligencia argumental, la resolución que se cuestiona producirá tal vez el efecto más trascendente en esta jurisdicción pues, al confirmar el rechazo del status de refugiado, el Sr. N. no podrá gozar de los derechos tutelados en la Ley 26.165, cuerpo normativo que, en virtud de su carácter declarativo, confiere los mismos derechos a los refugiados reconocidos como a los peticionantes de refugio mientras tramita su petición”.
2. Competencia. Jueces Federales. Jurisdicción y Competencia-Competencia federal.
“En lo atinente al argumento del Sr. Juez aquo en cuanto declina la competencia en favor de la justicia contencioso administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entendiendo que los actos impugnados han sido llevados a cabo en dicha ciudad, entiendo que dicha argumentación transgrede palmariamente los principios de distribución territorial republicana
de nuestro país y, como consecuencia directa, vulnera la garantía de acceso a la justicia de la que goza todo ciudadano”.
“Una solución diversa restaría justificación a la existencia de tribunales federales con asiento en el interior del país dado que todas aquellas acciones en las que resultara demandado el Estado Nacional o uno de sus entes desconcentrados —en el caso, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación— corresponderían al conocimiento de la justicia federal emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
3. Acceso a la justicia. Derecho de defensa. Reglas de Brasilia. Vulnerabilidad
“[N]o podemos desconocer que el Sr. N. es un peticionante de refugio que reside en la Provincia de Mendoza (Tunuyán) por lo que, si la judicialización de su denegatoria del trámite de refugio tramitara en esta jurisdicción, facilitaría sin lugar a hesitación alguna su posibilidad de compulsar el expediente, ser asesorado debidamente por un letrado patrocinante (público o privado) local y presentar las probanzas que considere pertinentes a los fines de fundar su pretensión. Lo contrario a dicha solución (si la competencia quedara radicada en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), dificultaría palmariamente la posibilidad de ejercer debidamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, más aún en un caso de vulnerabilidad como en el que se encuentra el actor.
Deviene oportuno recordar en esta instancia que, en nuestro ordenamiento interno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, el 24 de febrero de 2009 y a través de la Acordada 5/09 `Adherir a las `Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad´.
Estas Reglas, que vienen a consolidar un criterio de equidad necesario para poner en pie de igualdad a determinados grupos de sectores vulnerables de nuestra sociedad, esgrimen una serie de principios y brindan un conjunto de herramientas concretas con el fin de acercar a determinados grupos con un mayor grado de vulnerabilidad (como el caso que nos convoca) al sistema de justicia”.
4. Acceso a la justicia. Derecho de defensa. Reglas de Brasilia. Vulnerabilidad
Finalmente, un último argumento a los fines de confirmar la jurisdicción local, el Código de rito establece que, tratándose de acciones personales, será competente el juez “del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia” (cfr. art. 5, CPCCN —el destacado me pertenece—).
En este sentido, se sostuvo que `el control judicial de los actos administrativos impugnados debe ser efectuado por jueces con asiento en el mismo lugar en que tendrán sus efectos directos e inmediatos –o eventualmente ante el domicilio del demandado–´ (cfr. Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº 4, `A.J.U.S. c/ Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de la Nación s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad´ —Expte. 34163/2017—, sentencia del 15 de mayo de 2017).
De este modo, el criterio que determina la competencia en las acciones personales —como la que aquí se ha interpuesto— es, en principio, el lugar de cumplimiento de la obligación. En materia contencioso administrativa, el `lugar de cumplimiento de la obligación” ha sido interpretado como aquel en el cual el acto administrativo impugnado produce sus efectos y que, como he sostenido precedentemente, sería en esta jurisdicción, sin perjuicio del resultado final de la acción intentada (el ulterior reconocimiento judicial o no del carácter de refugiado según las prerrogativas exigidas por la Ley 26.165).
VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ PIZARRO
1. Competencia. Principio de inmediación
“Dicho lo anterior, pongo énfasis en señalar que los efectos del acto cuestionado judicialmente se aprecian, patentizan y concretan en el lugar donde tiene su domicilio, su arraigo laboral y familiar el actor, por lo cual el obligarle a cumplir una serie de procedimientos, prueba, aporte eventual de documentación ante una sede judicial distinta de la de su domicilio afectaría decididamente el principio de concentración y celeridad procesal, como así también el de inmediación del magistrado que debe resolver en definitiva la cuestión de fondo planteada”.
MIGRANTES; REFUGIADO; COMPETENCIA; REGLAS DE BRASILIA; ACCESO A LA JUSTICIA; PRINCIPIO DE INMEDIACION; DOMICILIO;
Sierra (causa Nº 61013386)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar al recurso, revocó la resolución y concedió la carta de ciudadanía argentina por naturalización (jueces Rueda y Sánchez Torres; jueza Navarro).
“[L]a adquisición de la ciudadanía es en esencia uno de los derechos más importantes del extranjero, y en el marco del sistema adoptado por nuestra Carta Magna, el referido derecho asume indubitable raíz constitucional zanjando todo debate al respecto”.
“[S]i bien la ciudadanía por opción a favor de la Argentina posee hoy regulación legal expresa, su adquisición es voluntaria por parte de cada requirente, con lo que ella surge de la ley y la voluntad del solicitante, quien a su vez efectuada la opción, puede también renunciarla voluntariamente, opción esta última que resulta viable también en supuestos de ciudadanía nativa. Debe aclararse también que como lo previene el art. 20 de la CADH (con jerarquía constitucional conforme al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), la privación de la nacionalidad para el caso en que resulte posible no puede ser arbitraria ni fundarse en otros motivos que no sean los requisitos que establece nuestra legislación actual.
Trasladados los conceptos expresados al caso de autos, surge evidente que la negativa del Inferior de entender en la cuestión que nos ocupa, alegando el desapego y desamparo emocional, importa una clara afectación del derecho a la tutela judicial efectiva que, en primer término, comprende el derecho de acceso a la jurisdicción –es decir–, a ser parte en un proceso, promoviendo la función jurisdiccional. Máxime, que una de las manifestaciones concretas de este primer momento, está dada por el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes al juicio, sin restricciones irrazonables. Así, y conforme lo establece en el art. 16 de nuestra Carta Magna, el principio de igualdad para todos los casos idénticos, comporta la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de los que se concede a otros en idénticas circunstancias; y dado que se encuentran acreditados los requisitos contemplados en la normativa aplicable al caso, no encuentro motivos de excepción que justifique el rechazo para el otorgamiento de la carta de ciudadanía de la señora Sierra; en consecuencia y en virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde revocar el decisorio del inferior y otorgar la carta de ciudadanía a favor de la solicitante.
A mayor abundamiento, el derecho a ser oído, es sinónimo de tutela judicial efectiva, y significa que toda persona tiene derecho a acceder a un tribunal para que pueda pronunciarse (art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos), pero no por ello puede servir de fundamento para negar dicha solicitud, basada en cuestiones personales que no deben ser analizadas en esta instancia, conforme art. 3° in fine del Decreto 3213/84 –a lo que cabría sumar la posibilidad eventual dispuesta por el art. 12 de la Ley 346–“.
MIGRANTES; EXTRANJEROS; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; NACIONALIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO A SER OIDO; CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN;
ZC (causa Nº 19762)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el auto de procesamiento y sobreseyó al imputado (jueces López, Pociello Argerich y Pinto).
1. Vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Hurto. Tipicidad.
“[A]l analizar el delito precedente en función de los términos de la denuncia formulada por el propietario de la motocicleta, resulta que éste la dejó con la llave de encendido puesta, dentro del estacionamiento […].
Ese ámbito no es un lugar público ni de acceso público, porque está organizado como un sector de protección y exclusión; de hecho, se encuentra cerrado en todo su contorno, para el ingreso/egreso hay que trasponer sendas barreras y el estacionamiento es oneroso. En razón de lo expuesto, la imputación por su desapoderamiento resulta encuadrable en la figura simple del hurto, que tiene prevista una sanción de un mes a dos años”.
2. Encubrimiento. Hurto. Pena. Determinación de la pena.
“En estas condiciones corresponde la aplicación al presente caso del artículo 279, inciso 1°, del Código Penal, en tanto dispone que: ‘1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente’”.
3. Niños, niñas y adolescentes. Inimputabilidad.
“[E]n tanto a la fecha en que [el imputado] fue hallado en posesión de la moto en cuestión [...] tenía 16 años […], se concluye que para entonces no era punible en razón de su minoridad (ley 22.278, artículo 1°)”.

HURTO; ENCUBRIMIENTO; VEHÍCULOS DEJADOS EN LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE ACCESO PÚBLICO; AGRAVANTES; ÁNIMO DE LUCRO; TIPICIDAD; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INIMPUTABILIDAD;
Maradona (reg. N° 1087 y causa Nº 83000035)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación y casó la resolución (jueces Yacobucci y Slokar y jueza Ledesma). Además, por mayoría, concedió la prisión domiciliaria (juez Yacobucci y jueza Ledesma).
1. Derecho a la salud. Deber de fundamentación.
“[E]n la resolución recurrida el tribunal hizo referencia a que la dolencia que padece la imputada […] puede ser atendida por los profesionales de la Unidad de Detención y que se le imparte un tratamiento específicamente indicado para su afección, sin embargo, no ha dado respuesta acorde a derecho en relación a los agravios esgrimidos en orden a las desavenencias e incumplimientos en la asignación de turnos y especialistas acordes a las patologías crónicas que padece la imputada, circunstancias que imponían la ponderación por la parte de la juez de grado de todas las circunstancias que integran el cuadro delicado de salud de la imputada…”.
2. Vulnerabilidad. Derecho a la reunificación familiar.
“A ello, se agrega la especial condición de vulnerabilidad de la nombrada, pues se encuentra detenida en una Unidad que dista a más de 400 kilómetros de donde se radica su familia trasuntando dicho desapego en un delicado cuadro que deberá evaluarse conjuntamente con el padecimiento de sus afecciones crónicas…”.
3. Cárceles. Emergencia. Vigilancia electrónica.
“Por otra parte, en el resolutorio recurrido se soslayó la posibilidad de incorporar a la imputada [...] al ‘Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control’ dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, máxime teniendo en cuenta el dictado de la Resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de fecha 25 de marzo del corriente año, mediante la cual se resolvió en su art. 1 ‘Declárese la 'emergencia en materia penitenciaria' por el término de TRES (3) años a partir de la publicación de la presente’. Asimismo, se dispusieron medidas de gestión convocando a diferentes órganos de gobierno, de los tres Poderes del Estado, a fin de atender las necesidades que se suscitan frente a tan delicada situación, circunstancia que no es posible soslayar al momento de resolver el presente caso.
De tal modo, y habiéndose declarado la emergencia carcelaria durante la tramitación del recurso incoado en éstas actuaciones, entiendo que las circunstancias que se verificaron al comienzo de la incidencia han variado, lo que impone un nuevo abordaje de la casuística y la hermenéutica aplicable al caso frente a esta nueva coyuntura”.
4. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. Nulidad.
“Frente a dicho contexto, […] el decisorio recurrido que deniega la prisión domiciliaria a la imputada […] no cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios frente a los agravios claros y precisos que desarrolló la Defensa Pública Oficial al momento de solicitar el beneficio en estudio (art. 123 del CPPN).
De tal manera, la resolución recurrida exhibe una fundamentación tan sólo aparente, constituyendo tal defecto una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la vez que incumple con el deber de motivar el fallo y por ende infringe el artículo 123 CPPN en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en  relación con las circunstancias comprobadas en la causa”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; VULNERABILIDAD; EJECUCIÓN DE LA PENA; CÁRCELES; EMERGENCIA; VIGILANCIA ELECTRÓNICA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; NULIDAD;
Procuradora General (causa N° 72447)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, por unanimidad, rechazó la demanda (ministros de Lázzari, Negri, Soria, Pettigiani y la ministra Kogan).
1. Reforma legal. Ministerio Público de la Defensa. Ministerio Público Fiscal. Autonomía.
“[U]n repaso de la ley 14.442 autoriza a sostener que la reconfiguración del servicio de la defensa oficial, influida por el modelo acusatorio de enjuiciamiento penal, no vulnera la constitución. [L]a finalidad de la norma es clara: establecer un área funcionalmente autónoma encargada de la defensa pública, a la que se le confiere el soporte administrativo correspondiente. Ello, en el entendimiento de que no es razonable alojarla, aun en ese plano, con dependencia plena del mismo órgano que en última instancia sostiene la acusación.
El Ministerio Público es así organizado en dos sectores principales, funcionalmente autónomos (Fiscal y de la Defensa […]). En ese contexto, la idea de potenciar la administración de la defensa, en correspondencia con la redefinición de los principios de la institución […] viene determinada en cierta medida por la preeminencia cuantitativa y en la consideración pública de los asuntos penales…”.
“[L]a ley 14.442 promueve un fin legítimo, en cuanto asigna a la defensa oficial una mayor independencia o autonomía en su desenvolvimiento dentro del marco jurídico que informa a la actuación del Ministerio Público…”.
2. Ministerio Público de la Defensa. Autonomía. Principio de igualdad de armas.
“La Defensa Pública adquiere la aptitud de elaborar e implementar según sus necesidades los programas que informan a su actividad e impactan en la eficacia de la tutela de los derechos de las personas, de identificar los medios de los que puede valerse y, en general, de diseñar e implementar la gestión de apoyo inmediato al servicio que brinda. Con ello la ley promueve un nuevo equilibrio respecto de su par requirente y contraparte procesal (art. 18, Const. Nac.)”.
“Se explica entonces que el legislador haya propiciado y dispuesto la adecuación de las estructuras y las competencias administrativas específicas de la acusación y la defensa a sus respectivos perfiles funcionales, a fin de viabilizar la equivalencia de recursos entre ambas y coadyuvar al perfeccionamiento del principio de paridad de armas de las armas en el proceso”.
“No parece irrazonable que la autonomía funcional de los defensores oficiales sea fortalecida mediante el otorgamiento al Defensor General de la aptitud legal para discernir ciertas medidas administrativas congruentes con la gestión a su cargo […] ni que, como contrapartida, ellas no sean mantenidas en cabeza del órgano que en el enjuiciamiento penal represente a la parte adversa y a la cúspide de la acusación […]. [L]a ley 14.442 comulga con la finalidad que informa al art. 120 de la Constitución nacional, en lo tocante a la autonomía de la defensa pública”.
3. Jurisprudencia. Defensor Público Oficial. Derecho de defensa.
“[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ‘Ruano Torres’, destacó la importancia fundamental de la Defensa Pública señalando la necesidad de que ‘…sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio […] para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas […]. Recordó también que ‘…la Asamblea General de la OEA ha instado a los Estados a que ‘adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales cuenten con presupuesto adecuado y gocen de independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria y técnica’…”.
“El repaso [de la Observación N° 20 de la CIDH, de las resoluciones 2656, 2714, 2801, 2817, 2887, 2907, 2908 y 2928 de la Asamblea General de la OEA y del informe ‘Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia’ de la CIDH] permite extraer como corolario que […] el contenido de la ley 14.442 está embebido de los principios afirmados por los distintos órganos rectores del sistema internacional y regional de derechos humanos”.
4. Constitución Nacional. Ministerio Público de la Defensa. Autonomía. Federalismo.
“[L]a ley 14.442 comulga con la finalidad que informa al art. 120 de la Constitución nacional, en lo tocante a la autonomía de la defensa pública. En el modelo federal de Estado las provincias gozan de poderes autónomos y en buena medida éstos cifran su razón de ser en el respeto de las competencias no delegadas a la Nación […]. La legislación reguladora de los institutos procesales y de los órganos jurisdiccionales pertenece a ese campo de materias reservadas. Pero obviamente su consagración normativa debe ser congruente con los principios de la Constitución.
Por eso es plausible valorar si las iniciativas emprendidas por los estados provinciales para modelar sus instituciones, que no entrañan fuerzas disgregadoras sino generan una fructífera dialéctica […], se desenvuelven con respeto a la administración de justicia que manda asegurar el art. 5 de la Constitución nacional […], entre cuyas garantías básicas cabe incluir la adecuada organización del servicio de la defensa. Desde ese punto de vista, no hay duda que el régimen legal analizado es plenamente congruente con la línea de principios fundamentales de la Constitución nacional”.
5. Principio acusatorio
“El proceso penal que rige en la Provincia de Buenos Aires es el resultado de la vigencia de normas constitucionales y de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que exigen una división clara y precisa de roles entre las tareas del acusador, del imputado y su defensor y el juez, de modo tal que se resguarde el poder jurisdiccional para sus funciones específicas: la decisión del conflicto y la preservación de las garantías. Ello ha gestado una nueva justicia penal de tipo acusatorio adversarial, dando lugar a nuevas estructuras, no sólo en lo relativo a las funciones y procedimiento del órgano jurisdiccional sino también en lo que concierne a aspectos relevantes de la organización y gestión tanto del órgano acusador –Ministerio Público– como de la Defensa Pública, en un todo de conformidad a las finalidades y naturaleza propias de cada una de ellas […]. En otras palabras, la orientación del enjuiciamiento penal está absolutamente influenciada por el derecho constitucional”.
“Es función del Ministerio Público Fiscal, en ejercicio de la acción pública, la investigación y la posterior acusación, lo que implica su actuación en el proceso en contra de quien tiene derecho a la garantía. La misma naturaleza de su rol descarta que ofrezca los resguardos necesarios de neutralidad propios de la función judicial. Si además aparece dotado de supremacía en relación a la organización del cuerpo a quien atañe protagonizar el rol de adversario, el sistema mismo aparece comprometido”.  
CONSTITUCIONES PROVINCIALES; MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA; AUTONOMÍA; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; REFORMA LEGAL; PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; PRINCIPIO ACUSATORIO; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; DERECHO DE DEFENSA; CONSTITUCION NACIONAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; SUPERINTENDENCIA; PROCURADOR; CORRUPCIÓN DE MENORES; JURISPRUDENCIA; FEDERALISMO; DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL;
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