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Jurisprudencia

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DoctrinaVoces CSJN
Sánchez (causa N° 91829)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, compartió e hizo suyos los fundamentos del Procurador Fiscal. En ese sentido, dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).

1. Reincidencia. Antecedentes penales. Cuestión federal. Sentencia. Motivación. Deber de fundamentación.
“[L]a fiscalía llevó a conocimiento del a quo un asunto que indiscutiblemente era idóneo para habilitar, en última instancia, la jurisdicción extraordinaria ante la Corte. En efecto, la interpretación del artículo 50 del Código Penal que suscribió el juez del tribunal de juicio, y que objetó el Ministerio Público en su impugnación —según la cual sólo el cumplimiento efectivo de encierro carcelario por un lapso equivalente, al menos, a las dos terceras partes del total de la pena impuesta podría justificar la agravación por reincidencia de la condena por un delito posterior— ha sido reiteradamente considerada por V.E. como motivo de arbitrariedad a partir del precedente, que invocó el recurrente, registrado en Fallos: 308:1938 (cf., entre tantos otros, Fallos: 338:1026, 342:875 y doctrina de Fallos: 337:637), en razón de que ella ‘conduciría prácticamente a eliminar la reincidencia de nuestro derecho positivo’ (cf. Fallos: 308:1938, considerando 6°), lo que viola la pauta hermenéutica que indica que no corresponde dar a las leyes un alcance que, sin un asiento textual, las desvirtúe o vuelva inoperantes.
La crítica a la decisión del tribunal de juicio ponía de manifiesto, de esa manera, un irrefutable defecto fatal de argumentación en el pronunciamiento que se impugnaba, el que consagraba una exégesis infundada del texto legal aplicable al caso, lo que por sí lo descalifica como arbitrario (cf., por ejemplo, Fallos: 310:799 y 2091, 315:1604, 325:1571, 326:4515), que se apartaba, a su vez, de precedentes, como los citados de Fallos: 308:1938 y 337:637, a cuya doctrina los jueces deben conformar sus decisiones (cf. Fallos: 311:1644, 312:2007, 315:2386, 324:2379)”.
“[E]l recurrente planteó ante la sala de casación un agravio incuestionablemente capaz de motivar la apelación del artículo 14 de la ley 48, por lo que resultaba de obvia aplicación la doctrina de V.E. según la cual, sin perjuicio de la validez de las restricciones a las facultades recursivas del Ministerio Público según lo decidido en el precedente de Fallos: 320:2145 respecto de cuestiones de derecho común o meros errores in procedendo, cuando está en juego el examen de un agravio de carácter federal, no es posible soslayar la intervención de las cámaras que, como el a quo, cumplen la función procesal de tribunal intermedio (cf. Fallos: 328:1108, 329:6002 y disidencia de los jueces Petracchi y Bossert en Fallos: 325:503). Precisamente, en el considerando 9° del aludido precedente de Fallos: 320:2145, el Tribunal dejó a salvo que esa limitación recursiva del Ministerio Público cede ante la existencia de gravámenes de esa naturaleza” (dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

REINCIDENCIA; ANTECEDENTES PENALES; CUESTIÓN FEDERAL; SENTENCIA; MOTIVACIÓN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN;
OVW (Causa Nº 29998)Juzgado Federal de 1a Instancia Nro. 2 de San Juan
El Juzgado Federal Nº 2 de San Juan hizo lugar a la medida cautelar. En ese sentido, ordenó a la ANSES que mantuviera el pago de la pensión no contributiva a favor de la joven hasta que se dictara sentencia definitiva (juez Rago Gallo).
1. Medidas cautelares. Estado. ANSES. Ley aplicable. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. Niños, niñas y adolescentes. Responsabilidad parental. Vulnerabilidad. Alimentos. Seguridad social. Pensión no contributiva.
“[N]o escapa a la observación de este juzgador la aplicación de la ley 26854, cuyo texto establece el procedimiento a seguir al momento del dictado de una medida cautelar. En el caso de marras, el cuestionamiento versa sobre un derecho de carácter alimentario y se encuadra dentro de las excepciones establecidas en el art. 2 inc. 2, al cual se remiten expresamente tanto el art. 4 inc. 3 de dicha norma como el art. 5 segundo párrafo…”.
“[D]ebe señalarse que la viabilidad de la medida precautoria se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud en el derecho invocado –sin que se exija un examen de certeza sobre la existencia del mismo–; el peligro en la demora (art. 230 del CPCCN) y la contracautela (art. 199 del CPCCN.). De los hechos relacionados y constancias obrantes en la causa [se desprende] que el derecho invocado aparece prima facie verosímil. Debe puntualizarse que el concepto de verosimilitud del derecho reproducido en el inc. b) del art. 13 de la Ley 26.854 no ha variado en relación a lo que pacíficamente ha entendido la doctrina y la jurisprudencia con motivo de la interpretación del art. 230 del C.P.C.C.N. [L]a `verosimilitud del derecho´ […] se encuentra estrechamente ligada con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado. En el caso bajo examen, la verosimilitud del derecho surge de la calidad de los derechos en juego y la particular situación en la que se encuentra la [joven]. En la especie, surge acreditado `prima facie´ que la misma es titular del beneficio de pensión por fallecimiento de su madre, por el cual percibe un haber equivalente al mínimo legal…”.
2. Medidas cautelares. Peligro en la demora. Vulnerabilidad. Interés superior del niño. Principio de progresividad. Alimentos. Seguridad social. Pensión no contributiva. Pensión no contributiva para madre de siete hijxs.
“[T]eniendo en cuenta las certificaciones negativas acompañadas, se advierte que [la joven] carece de cualquier otro tipo de sustento económico. En consecuencia, la suspensión del beneficio impacta fundamentalmente en la capacidad de sustento diario de la menor, comprometiendo, además, la posibilidad de continuar los estudios que actualmente cursa. [L]a medida encuentra apoyo en la protección del interés superior del niño consagrado por la Ley 26061, que en su art. art. 3º lo define como el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. [S]i bien tanto la Ley 23746 en su art. 3 como el art. 53 de la Ley 24241 limitan la percepción de las pensiones a los hijos hasta los 18 años de edad, no puede perderse de vista que el art. 663 del Código Civil y Comercial, posterior a las normas citadas, prevé que la obligación alimentaria de los progenitores respecto del hijo subsiste hasta que éste alcance los 25 años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. [U]na interpretación armónica de las normas en juego, así como la progresividad con la que deben ponderarse los derechos involucrados inducen a tener por acreditado el requisito de verosimilitud del derecho...”.
“Respecto al peligro en la demora, […] se encuentra íntimamente relacionado a lo explicitado en el párrafo precedente y se configura en el caso por el carácter alimentario del beneficio que sería suspendido, que compromete el sustento y educación de la [joven]. [E]n consecuencia, corresponde ordenar a la demandada que mantenga el beneficio de pensión por fallecimiento que percibe actualmente la menor […] hasta tanto se resuelva en definitiva la presente causa. Ello, sin que implique adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión controvertida…”.
MEDIDAS CAUTELARES; ESTADO; ANSES; LEY APLICABLE; CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESPONSABILIDAD PARENTAL; VULNERABILIDAD; ALIMENTOS; SEGURIDAD SOCIAL; PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA PARA MADRE DE SIETE HIJXS;
CGA (Causa Nº 59609)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar al recurso extraordinario federal y revocó la sentencia impugnada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).
1. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Expulsión de extranjeros. Tráfico de estupefacientes. Dirección Nacional de Migraciones. Derecho a la reunificación familiar. Facultades discrecionales. Arbitrariedad.
“[E]n la causa `Barrios Rojas´ […] esta Corte señaló que en el […] artículo 29 de la ley 25.871 el legislador fijó supuestos específicos que obstan el ingreso o permanencia de extranjeros en el país, y frente a esa regla general, en su último párrafo, facultó a la Dirección Nacional de Migraciones, en forma excepcional y solo por razones humanitarias o de reunificación familiar, a dispensar su aplicación de modo fundado. Asimismo, destacó que la concesión de la dispensa para permanecer en el país resulta discrecional para la Administración y configura una excepción a la regla, que, como tal, debe ser interpretada con un criterio restrictivo. [C]omo regla, la negativa a conceder la referida dispensa por parte de la Administración sobre la base de la entidad y gravedad del delito cometido por el migrante se halla dentro del ámbito de valoración que la ley atribuye a la autoridad de aplicación y encuentra suficiente motivación en la mención de aquella circunstancia (`Otoya Piedra´ […]).
[S]e puso de resalto que si se demostraba el grado de desamparo en que quedarían los familiares del migrante, el rechazo de dicha dispensa podría ser considerado una injerencia arbitraria o irrazonable al derecho a la protección de la vida familiar […] o que, en determinados supuestos en los que la reunificación familiar invocada incluyera prioritariamente a menores de edad, podría resultar aplicable de modo decisivo la noción del interés superior del niño reconocida por cláusulas de rango constitucional […]” (considerando 8).
“[L]a circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, pues la `esfera de discrecionalidad susceptible de perdurar en los entes administrativos no implica en absoluto que estos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que aquella no resulta fiscalizable´ […]” (considerando 9).
2. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Violencia de género. Derecho a la reunificación familiar. Derecho a la vida privada y familiar. Responsabilidad parental. Cuidado personal. Interés superior del niño. Centro de vida. Daño. Prueba. Tutela judicial efectiva.
“[L]as razones de reunificación familiar invocadas por la recurrente atañen a personas menores de edad, y los agravios por ella esgrimidos se centran, fundamentalmente, en el hecho de que el a quo, al revisar la decisión administrativa de rechazar la dispensa oportunamente requerida, no valoró la concreta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la migrante y sus hijos –que la recurrente describe como extremadamente grave–, ni el peligro de desamparo que se cierne sobre estos últimos, omitiendo toda consideración acerca del interés superior del niño y su preferente tutela constitucional.
[L]a solución […] exige, en primer término, verificar si la actora aportó elementos suficientes para acreditar la existencia de un riesgo cierto, no conjetural ni hipotético, de que la implementación de la medida de expulsión dispuesta por la Administración coloque a los hijos menores de edad de la migrante en situación de desamparo. En caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá seguidamente determinarse si, a la luz del principio del interés superior del niño, el a quo ejerció un legítimo control de la legalidad y razonabilidad de la decisión de la Administración de denegar, en tales particulares circunstancias, la dispensa por razones de reunificación familiar solicitada por la actora, en el marco de las prerrogativas otorgadas a la autoridad migratoria por la ley 25.871…” (considerando 10).
“[L]a migrante ha invocado y acreditado de manera fehaciente el altísimo grado de dependencia de sus hijos menores de edad para su subsistencia y desarrollo tanto en el plano psicológico y emocional, como económico. En ese mismo orden, ha sido suficientemente demostrado en autos que debido a las graves dificultades apuntadas la situación del grupo familiar reviste un significativo grado de vulnerabilidad y que, en definitiva, el cumplimiento de la orden de expulsión de la actora del territorio nacional, con prohibición de forma manifiesta que dicho peligro de desamparo no es hipotético ni meramente conjetural, sino la previsible consecuencia derivada de la separación física de la migrante y sus hijos menores de edad, puesto que ella –único progenitor con quien tres de los niños mantienen vínculo– es su cuidadora primaria y proveedora de lo necesario para su subsistencia y desarrollo. [L]a alternativa de que los hijos abandonen el territorio nacional junto a su madre también les resultaría especialmente gravosa, por cuanto en su actual centro de vida reciben una contención y asistencia que se revela fundamental para su desarrollo integral, ya que no solo gozan de una vivienda digna y se encuentran regularmente escolarizados en el sistema de educación pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que además […] y, por intermedio de su madre, ven cubiertas sus necesidades alimentarias a través del comedor comunitario […]” (considerando 14).
“[L]a sentencia no abordó los agravios referentes a los graves perjuicios que la medida dispuesta irrogaría a los hijos menores de edad de la actora. Ni siquiera hizo mención del principio del interés superior del niño invocado por la recurrente al requerir en sede administrativa la dispensa por motivos de reunificación familiar. Una adecuada consideración de este principio de jerarquía constitucional exigía que la cámara examinara las circunstancias particulares que surgen de las constancias de la causa y dan cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se hallan esos niños y niñas, del altísimo grado de dependencia que tanto en el campo afectivo como material tienen respecto de su madre y del consecuente riesgo cierto de desamparo que en tales circunstancias la expulsión ordenada conlleva; y, sobre esa base, valorara la importancia esencial que para la satisfacción de sus necesidades básicas reviste el vínculo que mantienen con su progenitora en su actual centro de vida, a los efectos de garantizar que la medida que en definitiva se adopte no conculque sus derechos fundamentales. [L]a noción de ese `interés superior´ imponía examinar las particularidades del caso contemplando, con especial cuidado y en su máxima extensión, la situación real de las niñas y los niños involucrados, atendiendo a aquella solución que, dentro de las alternativas posibles, les resulte, en cuanto sujetos de preferente protección constitucional, de mayor beneficio...” (considerando 15).
“No pueden pasarse por alto las circunstancias examinadas en el sub lite, en las que se encuentra involucrado el interés superior del niño en cuestiones vinculadas a la materia migratoria. En este orden de ideas, es preciso recordar que el Tribunal ha sostenido que en los procesos referentes a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente tutela por su condición de vulnerabilidad (como lo es el de los niños), o bien que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos, la naturaleza de los derechos en juego excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección […]” (considerando 17).
MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; FACULTADES DISCRECIONALES; ARBITRARIEDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; RESPONSABILIDAD PARENTAL; CUIDADO PERSONAL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; CENTRO DE VIDA; DAÑO; PRUEBA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
GDA (Causa N° 448)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja y declaró procedente el recurso extraordinario. En ese sentido, dejó sin efecto la sentencia impugnada a fin de que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento conforme a sus argumentos (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y, según su voto, Rosatti).
1. Sentencia. Sentencia arbitraria. Arbitrariedad. Recurso extraordinario. Sentencias de la Corte Suprema. Cumplimiento de un deber. Daño. Competencia local. Competencia federal. Constitución nacional. Interpretación de la ley. Control judicial. Responsabilidad por omisión. Principio de prevención.
“[S]egún jurisprudencia reiterada de [la] Corte, se ha considerado que la tacha de arbitrariedad debe entenderse como particularmente restrictiva en los casos en que las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el ordenamiento local (Fallos: 307:1100; 313:493; 326:621, 750, entre muchos otros), cabe hacer excepción a ese principio en aquellos supuestos en los que median graves defectos de fundamentación que descalifican al fallo como acto judicial válido, y se traduce en un menoscabo de la integridad del patrimonio del recurrente (Fallos: 343:184 y sus citas)…” (considerando N° 4).
“[E]llo es lo que ocurre en el caso, en tanto aparece como dogmática la afirmación del a quo respecto a que ninguna obligación cabía a la demandada de advertir a la población sobre el riesgo potencial del uso recreativo del río cuando aquella no podía ignorar que, durante los meses de verano, gran cantidad de personas acudían allí para pasar el día, independientemente de que hubiese o no un balneario regularmente constituido…” (considerando N° 5).
“[T]ampoco se valoró adecuadamente si la omisión atribuida a la provincia de implementar un sistema de alarma de crecientes a efectos de prevenir a la población sobre sus eventuales consecuencias, podía constituir un incumplimiento de los deberes impuestos a la provincia por la ley 3921. En efecto, dicha norma, al establecer las obligaciones que atañen a la ´defensa civil´ en el ámbito provincial, preceptúa que por esta se entiende ´el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza, o cualquier desastre de otro origen, puedan provocar sobre la población y sus bienes y, además, contribuir a restablecer el ritmo normal de vida de la zona afectada´ (art. 2°). El examen relativo al alcance del precepto transcripto, resultaba conducente a efectos de verificar tanto la omisión en el cumplimiento del deber de seguridad atribuida a la demandada, como si aquella tenía la obligación de informar a los habitantes acerca de los riesgos existentes en el lugar, sobre todo si la zona era de fácil acceso (confr. Fallos: 333:1623).
[C]omo lo expresó el señor Ministro de Seguridad de la provincia en su declaración […], es de público conocimiento lo relativo a los peligros de la crecida de los ríos de montaña durante los meses de verano, y esta circunstancia, dada por las características topográficas de la región […] justificaba un pormenorizado tratamiento sobre las obligaciones que le incumben a la demandada a efectos de prevenir daños ocasionados por esta clase de fenómenos naturales…” (considerando N° 6).
“[E]n tanto el juzgador no dio un tratamiento adecuado a los planteos serios y conducentes expuestos por la parte actora, cabe concluir que media relación directa e inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales que aquella invoca como vulneradas, razón por la cual corresponde descalificar el pronunciamiento impugnado con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias…” (considerando N° 7).
“[L]a autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que —en lo sustancial— versan sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos: 339:1483 y sus citas). Los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, y la doctrina de la arbitrariedad resulta, en estos casos, particularmente restrictiva (Fallos: 343:184).  Solo cabe hacer excepción a ese principio cuando se demuestra una lesión clara a un derecho de raigambre federal o cuando la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación, no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias de la causa (Fallos: 343:354)…” (voto del ministro Rosatti, considerando N° 5).
2. Responsabilidad. Responsabilidad del estado. Responsabilidad por omisión. Falta de servicio. Daños y perjuicios. Constitución Nacional. Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación de la ley. Control judicial. Cuestiones de hecho. Prevención e investigación. Omisión del estado. Principio de legalidad. Sistema federal. Principio de prevención.
“[E]l deber estatal de responder por los daños y perjuicios que ocasiona con su accionar encuentra su primer fundamento en los principios de legalidad, inviolabilidad de la propiedad e igualdad previstos en los arts. 19, 17 y 16 y ccs. de la Constitución Nacional, respectivamente. Por tal motivo, [la] Corte ha dicho que el principio general que establece el art. 19 de la Constitución Nacional, según el cual se prohíbe a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero, se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación, y la extensión que se confiera al principio alterum non laedere (no dañar a otros) merece toda la amplitud que amerita, evitando interpretaciones o limitaciones que impliquen ´alterar´ los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (conf. Fallos: 335:2333 y 340:1296, disidencia del juez Rosatti)…” (voto del ministro Rosatti, considerando N° 7).
“[L]a responsabilidad de los estados provinciales y los municipios como consecuencia del ejercicio de sus competencias constitucionales es una materia ajena a los principios del derecho privado, cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo de los gobiernos locales, de conformidad con lo dispuesto por el art. 121 de la Constitución Nacional (“Barreto”, Fallos: 329:759). No obsta a tal conclusión la eventual invocación de disposiciones del Código Civil, vigente al momento de los hechos, pues ante la ausencia de normas propias del derecho público local, el camino seguido por [la] Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido la aplicación de disposiciones de derecho común –o de derecho público insertas en ese código– que se integran al plexo de principios de derecho administrativo (Fallos: 187:436; 306:2030; 307:1942; 312:1297; 314:620; 315:1231)…” (voto del ministro Rosatti, considerando N° 8).
“[L]a idea objetiva de falta de servicio supone que quien titulariza la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para cumplir el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los daños causados por su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos: 331:1690; 334:1036, entre muchos otros). [E]n el caso de la responsabilidad de los estados provinciales se ha justificado en la ausencia de normas locales sobre la materia, su aplicación exige una particular atención a la definición del modelo diseñado por cada una de las jurisdicciones en sus respectivas constituciones. Y es que a partir de la definición local de lo que debe hacer el Estado (competencia) se deduce hasta dónde se le puede reclamar (responsabilidad). De esta manera, la definición de prioridades y condiciones en la prestación de servicios, juzgada en el marco de la responsabilidad estatal provincial por ´falta de servicio´ derivada del art. 1112, ha de contemplar las características singulares que el sistema federal impone, siempre bajo el techo jurídico de la Constitución Nacional…” (voto del ministro Rosatti, considerando N° 9).
“[T]ratándose de una hipótesis de omisión y ausente todo vínculo previo de las víctimas con el servicio, los dos recaudos centrales para ponderar la configuración de una omisión, en el caso bajo análisis, radicaban en los medios del servicio en cuestión y el grado de previsibilidad del daño. Ambos elementos se encuentran estrechamente relacionados, puesto que el grado de previsibilidad es el que genera (o debe generar) los medios o técnicas de actuación que pueden derivar en la responsabilidad por omisión. El concepto de previsibilidad exige ponderar la responsabilidad del Estado frente a lo esperado, lo esperable y lo inesperado.
Los hechos son previsibles o esperados, cuando conforme al curso natural, regular u ordinario de las cosas deberían suceder y resulta sorprendente que no ocurran. La actitud frente a lo previsible o esperado es la ´previsión´, que demanda evitar que el evento suceda, guiar sus acontecimientos o mitigar sus efectos. La responsabilidad del Estado en este caso es inexorable. Los hechos son presumibles, posibles o esperables, cuando –conforme al curso natural, regular u ordinario de las cosas– podrían suceder, aunque también no suceder. La conducta frente a lo posible es la ´prevención´ (prevenir, precaver, evitar, estorbar o impedir algo y también advertir, informar o avisar a alguien de algo, anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción). La responsabilidad del Estado en este caso es verosímil.
Los hechos son inesperados, cuando –conforme al curso natural, regular u ordinario de las cosas– no eran esperables. La actitud frente a lo inesperado es la ´precaución´, es decir, la reserva o cautela para evitar o prevenir los inconvenientes o daños que pueden temerse. La actitud precautoria se asume normalmente frente a lo que se desconoce, y supone una sobreprotección derivada de la ignorancia sobre cierto aspecto de la realidad. La responsabilidad del Estado en este caso no puede ser la regla sino la excepción…” (voto del ministro Rosatti, considerando N° 11).
“[E]n la causa se ha omitido ponderar razonablemente el contexto local a la hora de evaluar los medios del servicio exigibles al estado provincial y la previsibilidad de los acontecimientos desencadenados. [C]abe los tribunales locales evaluar si el evento se enmarca dentro de la hipótesis de hechos previsibles y esperados o esperables y posibles; en la causa, resulta claro que la realidad no parecía inesperada y que los accionantes han demostrado que no se puso a disposición del público ningún medio estatal del amplio abanico posible…” (voto del ministro Rosatti, considerando N° 14).


SENTENCIA; SENTENCIA ARBITRARIA; ARBITRARIEDAD; RECURSO EXTRAORDINARIO; SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA; CUMPLIMIENTO DE UN DEBER; DAÑO; COMPETENCIA LOCAL; COMPETENCIA FEDERAL; CONSTITUCION NACIONAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CONTROL JUDICIAL; RESPONSABILIDAD POR OMISION; PRINCIPIO DE PREVENCIÓN; RESPONSABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; FALTA DE SERVICIO; DAÑOS Y PERJUICIOS; CONSTITUCION NACIONAL-Constitucionalidad e inconstitucionalidad; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; CUESTIONES DE HECHO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; OMISIÓN DEL ESTADO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; SISTEMA FEDERAL;
Salvini (causa n°9510)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar a la queja y revocó la sentencia impugnada (ministro Rosenkrantz y conjuez Antelo, y según su voto, ministro Lorenzetti).
1. Consumo personal de estupefacientes. Cárceles. Derecho a la privacidad. Declaración de inconstitucionalidad.
Ministro Rosenkrantz y conjuez Antelo
Se consideró que el caso resultaba análogo a “Rodríguez”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, se remitió a los fundamentos del voto en disidencia del ministro Rosenkrantz. En esa oportunidad, el ministro había sostenido:
“[L]os internos pueden reclamar, como cualquier otro ciudadano, que su derecho a la privacidad sea reconocido. Por consiguiente, si el castigo penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en pequeña cantidad y no ostensible fuera del establecimiento penitenciario, cuando no están afectados los bienes jurídicos que la norma penal apunta a preservar (sea en la forma de la salud pública, la seguridad pública o el combate al narcotráfico), constituye una intromisión inadmisible por parte del Estado al ámbito de la privacidad garantizado por nuestra Constitución, el mismo tipo de castigo a la tenencia de estupefacientes dentro de dicho establecimiento constituye también una intromisión inadmisible salvo que se muestre que hay algún grado de afectación a los bienes jurídicos mencionados” (considerando 7°).
“[N]o hay prueba alguna de que haya habido terceros que, por ejemplo, hubiesen advertido que el imputado consumió estupefacientes o que tenía estupefacientes en su poder. Por otro lado, ni el Ministerio Público Fiscal ni el tribunal a quo han acercado argumentos para mostrar por qué la tenencia de estupefacientes en este caso afectaría la salud o la seguridad pública o estaría vinculada al combate al narcotráfico, lo que sin duda podría suceder si quien posee estupefacientes en pequeña cantidad es un eslabón más de una cadena de comercialización que opera dentro del penal. Por lo tanto, por el respeto debido a la privacidad protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional, esta Corte no puede justificar en este caso la criminalización de la conducta imputada por el mero hecho de que haya ocurrido dentro de un establecimiento carcelario. El art. 14 de la ley 23.737 es por consiguiente, en las presentes circunstancias, inconstitucional” (considerando 7°).
2. Personas privadas de la libertad. Autonomía. Consumo personal de estupefacientes.
Ministro Lorenzetti
El ministro Lorenzetti también consideró que los hechos del caso eran análogos a los analizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Rodríguez” y se remitió a los fundamentos de su disidencia en aquella oportunidad. Entre sus argumentos, había considerado:
“[N]o se encuentra en discusión que los estupefacientes secuestrados […] (los cuales se encontraban ocultos en la gomaespuma de un colchón asignado al nombrado) estaban destinados a consumo personal. Así lo entendió el tribunal de mérito, en cuanto subsumió los hechos en la figura penal prevista en el art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, encuadramiento que no ha sido controvertido por ninguna de las partes. En cuanto al peligro a terceros, parece claro que no puede derivarse de la circunstancia –señalada en la sentencia apelada– de que [el hombre imputado] iba a llevar consigo el colchón en que fueron encontrados los estupefacientes a otra unidad carcelaria, toda vez que, en la medida en que dicho colchón formaba parte de sus objetos personales, el hecho de que acompañara al imputado en su traslado no supone en modo alguno que los cigarrillos de marihuana ocultos en su interior fueran a abandonar la esfera de intimidad del imputado” (considerando 6°).
“[L]a legitimidad de la aplicación del tipo penal previsto en el art. 14, 2° párrafo de la ley 23.737 al caso tampoco puede encontrar sustento en la circunstancia de que la tenencia de estupefacientes para consumo haya tenido lugar dentro de un establecimiento carcelario. Pues aunque resulta evidente que la privación de libertad conlleva, necesariamente, una restricción a la autonomía personal y al derecho a la privacidad de las personas que la sufren, en modo alguno puede considerarse que importe la pérdida definitiva de dichos derechos” (considerando 7°).
“[L]a conducta del penado no trasciende a terceros, mantiene plena vigencia el derecho a la intimidad reconocido en el art. 19 de la Constitución Nacional, motivo por el cual resulta de aplicación, la doctrina emergente de los precedentes [‘Bazterrica’] y [‘Arriola’] de esta Corte Suprema y, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada” (considerando 7°).
CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; CÁRCELES; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD;
TME (Causa Nº 366)Unidad Procesal del Juzgado de Familia Nro. 11 de Viedma
La Unidad Procesal del juzgado de familia Nº 11 de Viedma hizo lugar a la demanda y dispuso como medida autónoma la designación de su hijo como apoyo formal, sin restringir la capacidad jurídica de la actora. A su vez, le comunicó que debía ayudarla en la toma de decisiones sobre asuntos que superaran lo cotidiano, así como en aquellos actos de administración y disposición de su dinero o bienes, y que debía favorecer la comprensión y la autonomía de su madre. Por último, redactó la parte dispositiva de la sentencia en lenguaje claro y sencillo para la comprensión de la mujer (jueza Fredes).
1. Personas con discapacidad. Capacidad jurídica. Sistemas de apoyo. Salvaguardias. Ajustes razonables. Principio de proporcionalidad. Autonomía. Voluntad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial […] el sistema de apoyos fue cobrando mayor importancia y practicidad en la vida de las personas con discapacidad, sea porque fueran designados en el marco de un proceso de restricción de la capacidad jurídica o que fueran extrajudiciales […] de una u otra forma, fueron pensados para facilitar la toma de decisiones, la administración, disposición de los bienes y la celebración de actos jurídicos. Este sistema no supone la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, sino por el contrario, facilitar y fomentar la autonomía en la toma de decisiones de la vida cotidiana, de conformidad con el modelo social de la discapacidad.
El art. 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad […] dice: ` Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica; […] asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas´.
`[E]l apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y nunca debe consistir en decidir por ellas. En el artículo 12, párrafo 3, no se especifica cómo debe ser el apoyo. 'Apoyo' es un término amplio que engloba arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades. Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden escoger a una o más personas de apoyo en las que confíen para que les ayuden a ejercer su capacidad jurídica respecto de determinados tipos de decisiones o pueden recurrir a otras formas de apoyo, como el apoyo entre pares, la defensa de sus intereses (incluido el apoyo para la defensa de los intereses propios) o la asistencia para comunicarse. El apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica puede incluir medidas relacionadas con el diseño universal y la accesibilidad […]. [T]ambién puede consistir en la elaboración y el reconocimiento de métodos de comunicación distinta y no convencional, especialmente para quienes utilizan formas de comunicación no verbales para expresar su voluntad y sus preferencias´ (Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, Observación General N° 1–2014)…”.
2. Personas con discapacidad. Restricción de la capacidad jurídica. Sistemas de apoyo. Proceso civil. Sentencia. Ley aplicable. Código Civil y Comercial de la Nación. Tratados internacionales. Interpretación de la ley. Vulnerabilidad. Igualdad. No discriminación. Principio pro homine. Acceso a la justicia.
“[L]o que aquí se encuentra en debate es si resulta procedente disponer judicialmente la designación de uno o más apoyos para una persona con discapacidad como una medida autónoma […] o si se requiere indefectiblemente para ello una sentencia que restrinja la capacidad jurídica de la persona. [D]icho de otra forma, si los apoyos judiciales pueden ser designados por la judicatura por fuera del proceso de capacidad.
[E] artículo 43 del CCyC (designación de apoyos) se encuentra regulado dentro de la sección destinada a la restricción de la capacidad (sección 3, Libro Primero, Código Civil y Comercial) […] por lo que podría entenderse que necesariamente la designación judicial de un apoyo debe realizarse dentro de un proceso que restrinja la capacidad jurídica de la persona o bien, disponer su nombramiento de forma extrajudicial. Sin embargo, esta última interpretación es contraria […] al principio de no discriminación por motivos de discapacidad (art. 2 CDPD) y al art. 12 de dicha Convención que reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida, ejerciendo sus derechos –en la medida de sus posibilidades– con apoyos y/o salvaguardias.
[E]l art. 43 no exige un proceso de restricción a la capacidad para poder designar figuras de apoyo que favorezcan la comprensión, la comunicación y la decisión con respecto a las voluntades y preferencias de la persona. [S]egún [dicho artículo] los apoyos son medidas de carácter judicial y también extrajudicial que facilitan la toma de decisiones, promueven la autonomía, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona. De la norma se desprende […] que el sistema jurídico vigente ha receptado los apoyos formales e informales, correspondiendo a este último supuesto los apoyos que operan en la vida real de la persona con discapacidad, con independencia de haber sido reconocidos en una sentencia o haber siquiera mantenido contacto la persona con el sistema de justicia. Así, el artículo propone una herramienta clara, que debe ser utilizada no sólo en el marco de los procesos de restricción a la capacidad, como una consecuencia de la sentencia que limita el ejercicio de la capacidad jurídica, sino también fuera de estos procesos, habilitando designar apoyos en forma autónoma ¬–sin restringir la capacidad– en un proceso de establecimiento de apoyos, como también homologar un acuerdo de apoyos presentado judicialmente a este fin. [E]xigir a la persona con discapacidad que para acceder al sistema de apoyos debe necesariamente restringírsele su capacidad jurídica es asimilar la discapacidad a la restricción de la capacidad, casi en un retorno al superado modelo tutelar, en un accionar discriminatorio y contrario al principio pro persona.
[S]i bien el art. 38 establece que como consecuencia de la sentencia de restricción a la capacidad deben designarse los apoyos necesarios para el ejercicio de los actos restringidos, no dice lo contrario, es decir, que para designar apoyos sea necesario restringir la capacidad; debiendo leerse el art. 38 en armonía con el 43 en relación a la posibilidad de establecer sistemas de apoyo mediante mecanismos no restrictivos de la capacidad jurídica. Esto es, reconocer la plena capacidad jurídica con el recurso de un sistema de apoyos que asegure la toma de decisiones respetuosa de las voluntades y preferencias de la persona con discapacidad. La Convención de Naciones Unidas en modo alguno exige restringir la capacidad de las personas con discapacidad para poder acceder al apoyo, sino que lo que garantiza es que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, mediante el recurso y acceso a apoyos, que pueden ser formales o informales, judiciales o extrajudiciales (art. 12, CDPD) […].
[R]esulta deseable que las personas con discapacidad realicen la designación de apoyos de forma extrajudicial y que las reparticiones públicas adecuen su normativa interna a la legislación vigente, sin continuar imponiendo barreras administrativas que cercenan derechos humanos. Pero el principio de realidad indica que […] no existe –a nivel nacional ni provincial– una ley que reglamente un sistema de designación pública de apoyos, por lo que no hay otra vía (accesible a la persona con discapacidad) que no sea la judicial. [M]uchas personas, como en el caso de la [actora] no disponen de recursos económicos suficientes como para costear los gastos que demandaría un poder y/o mandato ante escribano público y, en ese caso, la falta de recursos económicos sumado al rechazo de su designación judicial bajo el argumento del imprescindible proceso de restricción de la capacidad, cercenaría […] su derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la accesibilidad, al reconocimiento del ejercicio de su capacidad con el sistema de apoyos y al acceso a justicia, todos reconocidos convencional y constitucionalmente […]”.
“[R]esulta indispensable hacer un análisis generalizado, comprensivo y coherente del ordenamiento jurídico nacional e internacional a fin de cumplir con los principios medulares que establecen los arts. 1 y 2 del CCyC que dan cuenta del proceso de constitucionalización del derecho privado y lo que la doctrina llama ´diálogo de fuentes´, que no es otra cosa que arribar a una solución que no contemple una única norma sino que requiere una tarea de ponderación del ordenamiento jurídico en su conjunto a la que está obligada la judicatura en cada una de sus resoluciones […]. La obligada perspectiva de derechos humanos ha significado una verdadera revolución en los diferentes subsistemas que integran la sociedad, cuyo eje central es la persona humana y la satisfacción de sus derechos Así, los instrumentos de derechos humanos […] han conminado a revisar de manera crítica todo el plexo normativo inferior. El Código Civil no ha estado ajeno a este movimiento […] Esto ha dado lugar al conocido ´derecho civil constitucionalizado´ …”.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CAPACIDAD JURÍDICA; SISTEMAS DE APOYO; SALVAGUARDIAS; AJUSTES RAZONABLES; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; AUTONOMÍA; VOLUNTAD; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA; PROCESO CIVIL; SENTENCIA; LEY APLICABLE; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; TRATADOS INTERNACIONALES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VULNERABILIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO PRO HOMINE; ACCESO A LA JUSTICIA;
Nuñez (reg. N° 1087 y causa N° 6158)Cámara Federal de Casación Penal, Sala III
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible la impugnación (jueces Riggi y Borinsky).
1. Conciliación. Homologación. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. Oposición fiscal. Recurso de casación. Admisibilidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[L]a resolución impugnada se encuentra razonablemente sustentada y cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888). […] De este modo, las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108); por lo que corresponde declarar inadmisible la vía intentada” (voto del juez Riggi).
“Corresponde recordar que el examen de la admisibilidad formal del recurso de casación, que efectuara el tribunal a quo, es de carácter provisorio, ya que el juicio definitivo sobre dicho extremo corresponde a esta Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (ad quem) y puede ser emitido por esta Alzada sin pronunciarse sobre el fondo…” (voto del juez Borinsky).

2. Conciliación. Funcionarios públicos. Perjuicio patrimonial. Oposición fiscal. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley. Damnificado. Querella. Consentimiento.
“En este punto, no [se debe] dejar de ponderar que la entidad querellante –Banco de la Nación Argentina– prestó su conformidad al acuerdo conciliatorio celebrado entre las defensas, sus asistidos y el representante del Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes; así como también que los dos hechos que constituyen el objeto procesal de la presente encuesta resultan de claro contenido patrimonial y sin grave violencia sobre las personas. Todo lo cual evidencia, en definitiva, que lo decidido se encuentra en sintonía con las previsiones del art. 34 del CPPF, circunstancia que no ha sido adecuadamente rebatida por el recurrente, quien por lo demás, pretende hacer valer –en sustento de su pretensión– un artículo del CPPF que aún no ha entrado en vigor” (voto del juez Riggi).
“En el recurso de casación bajo estudio, el fiscal general insiste en que, pese a que el art. 30 del citado texto legal no se encuentra vigente, esa parte puede oponerse a un acuerdo conciliatorio por ser el titular de la acción penal frente a un delito cometido por un funcionario público que generó responsabilidad civil del organismo que representa y la solución aplicada no contribuye con la paz social.
[L]os agravios invocados por el impugnante plasman una mera discrepancia con lo decidido y no alcanzan a refutar los argumentos tenidos en cuenta por el a quo en la resolución atacada que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido (Fallos: 293:294; 299:226; 301:449; 303:449; 303:888, entre muchos otros), de conformidad con lo resuelto en la causa nº CFP 7986/2018/T01/CFC3 ‘Curien, Horacio Justo s/recurso de casación’, reg. nº293/22.4, del 18 de marzo del corriente –en lo pertinente y aplicable– de la Sala IV de esta Cámara Federal” (voto del juez Borinsky).
CONCILIACIÓN; HOMOLOGACIÓN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; OPOSICIÓN FISCAL; RECURSO DE CASACIÓN; ADMISIBILIDAD; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; PERJUICIO PATRIMONIAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; DAMNIFICADO; QUERELLA; CONSENTIMIENTO;
Escalante (causa N° 1487)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal, dejó sin efecto la sentencia apelada y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (ministros Lorenzetti y Rosatti y, según su voto, ministros Maqueda y Rosenkrantz).
1. Recursos judiciales. Competencia local. Recurso extraordinario. Introducción de la cuestión federal. Admisibilidad. Interpretación de la ley. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Responsabilidad del Estado.
“[L]as resoluciones por las cuales los superiores tribunales de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos de carácter local que se interponen ante ellos no son, en principio, revisables en la instancia del artículo 14 de la ley 48 y la tacha de arbitrariedad a su respecto es especialmente restrictiva (Fallos: 307:819; 308:174; 313:1045; 324:3612; 325:798; 326:750; 327:5416, entre otros).
Sin embargo, estas reglas pueden ceder cuando, como en el sub examine, se encuentra cuestionada la interpretación y aplicación de normas de naturaleza federal y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es contraria a las pretensiones que la apelante funda en ellas (artículo 14, inciso 3°, de la ley 48 y Fallos: 325:1549 y 328:4343, entre otros). Máxime cuando la cuestión planteada se vincula de manera directa e inmediata con la materia del litigio, en forma tal que su dilucidación resulta indispensable para la decisión del juicio (Fallos: 268:247; 275:551; 294:376, entre otros).
Ello así, toda vez que se debate la interpretación de las normas federales que permiten analizar y determinar los alcances que cabe reconocer a las medidas de reparación dispuestas en una sentencia de la Corte Interamericana dictada en un caso contencioso en que fue condenado el Estado argentino por violaciones a derechos humanos, atendiendo a los particulares términos en que fueron estipuladas, ante la pretensión de exigir su aplicación en procesos distintos a aquel en que fueron dispuestas, y respecto de pronunciamientos de la justicia argentina que ya han pasado en autoridad de cosa juzgada (cfr. artículos 27 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, artículos 1°, 2°, 63, 68 y cctes. de la C.A.D.H., entre otras). […] En atención a lo aquí expresado, resulta formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto (artículo 14, inciso 3°, de la ley 48)” (voto de los ministros Lorenzetti y Rosatti).
2. Recurso extraordinario. Recurso de queja. Recurso de revisión. Cuestión federal. Admisibilidad. Deber de fundamentación. Fundamentos de orden local y procesal. Discrecionalidad. Control judicial. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[C]abe aclarar que el temperamento adoptado por esta Corte al desestimar –por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación– la queja por recurso extraordinario denegado interpuesta por la defensa […] contra la confirmación de la sentencia condenatoria […] y el hecho de que esa decisión haya sido posterior al fallo ‘Mendoza’ de la Corte Interamericana, no pueden interpretarse con el alcance que le asigna el supremo provincial al rechazar el actual planteo del apelante, en tanto no se ajusta a lo efectivamente resuelto por esta Corte en esa sentencia.
Al respecto y con el objeto de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de este Tribunal, recientemente se puso de relieve que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida. En rigor, la conclusión que cabe extraer de un pronunciamiento fundado en el citado precepto legal, es que el recurso deducido no ha superado el examen del Tribunal encaminado a seleccionar los casos en los que entenderá, según las pautas establecidas al respecto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Fallos: 330:496 y sus citas de Fallos: 322:3217; 323:86; 325:2431 y 2432; 327:5395 y 5448) conforme a las cuales: ‘La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia’ (‘Vidal’, Fallos: 344:3156)”.
[E]l supremo tribunal provincial omitió tratar adecuadamente la materia federal planteada por la defensa […] en el recurso de revisión y que se encuentra directamente relacionada con el litigio, apelando de modo predominante a fundamentos basados en las particularidades de la regulación local del recurso de revisión, circunstancia que se erige como un obstáculo para que esta Corte ejerza correctamente su competencia apelada, pues lo que habilita su jurisdicción es la previa decisión de la cuestión federal por el superior tribunal de la causa.
Por eso, de conformidad con la jurisprudencia sentada en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), según la cual los máximos tribunales provinciales no pueden invocar limitaciones de orden local para rehusar el abordaje de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y descalificar la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido, en tanto media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (artículo 15 de la ley 48), tornándose inoficioso un pronunciamiento sobre los restantes agravios” (voto de los ministros Lorenzetti y Rosatti).
“[A]l declarar inadmisible el recurso de revisión que había sido llevado a sus estrados, el a quo prescindió por completo de lo decidido por esta Corte sobre el punto en el precedente ‘Arce’, fallo en el que se decidió que —más allá de las particularidades de las regulaciones procesales locales— el recurso de revisión es ‘potencialmente apto’ para canalizar pretensiones como la de autos. [C]ontrariamente a lo afirmado por el a quo, no obsta a esa conclusión el hecho de que esta Corte anteriormente haya desestimado por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación la queja por recurso extraordinario denegado oportunamente interpuesta por la defensa […] contra la confirmación de la sentencia condenatoria […]. Debe tenerse presente que […] en dicha oportunidad el apelante no propuso al Tribunal las cuestiones federales que hoy intenta hacer valer en el recurso local. Por ello, la anterior decisión de esta Corte en la causa no puede tener el alcance que le atribuye el Superior Tribunal de Justicia ni, en consecuencia, fundar la desestimación del recurso de revisión intentado” (voto del ministro Rosenkrantz).
“[E]l a quo, al declarar inadmisible el recurso de revisión, prescindió de analizar la incidencia de este precedente, pese a la relevancia que tenía para la cuestión federal planteada, sin brindar ningún justificativo válido para ello […]. A este respecto, se debe enfatizar que este tipo de proceder no puede ser convalidado ya que, como se ha remarcado sostenidamente, la autoridad institucional de los precedentes de esta Corte, fundada en la condición de este Tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas por los tribunales inferiores (conf. doctrina de Fallos: 342:2344 y 345:331 y sus citas).
[L]a pretensión del recurrente se relaciona directamente con el cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo del caso resaltar que este, contrariamente a lo que alude el a quo, resulta de acatamiento obligatorio por parte de los poderes constituidos del Estado argentino en función de lo que surge del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y del artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cf. doctrina de Fallos: 326:2968 ‘Cantos’, disidencia del juez Maqueda; 327:5668 ‘Espósito’, voto de los jueces Belluscio y Maqueda; 334:1504 ‘Derecho’, voto del juez Maqueda; 336:1024 ‘Carranza Latrubesse’, voto del juez Maqueda; […] ‘Mohamed vs. Argentina’; Fallos: 339:127 ‘Z., V. R. y otros’ y Fallos: 340:47 ‘Fontevecchia’, disidencia del juez Maqueda).
[R]esulta claro que el supremo tribunal provincial omitió tratar adecuadamente la materia federal planteada por la defensa […] en el recurso de revisión y que se encuentra directamente relacionada con el litigio, apelando a consideraciones dogmáticas y, de modo predominante, a fundamentos basados en las particularidades de la regulación local del recurso de revisión, circunstancia que se erige como un obstáculo para que esta Corte ejerza correctamente su competencia apelada, pues lo que habilita su jurisdicción es la previa decisión de la cuestión federal por el superior tribunal de la causa.
Esta desestimación del agravio federal mediante afirmaciones dogmáticas y formalistas que no dan respuesta a la importante cuestión formulada no solo vicia a la sentencia como acto jurisdiccional por omisión de pronunciamiento respecto de cuestiones conducentes, sino que constituye una negativa a juzgar la materia federal planteada, de ineludible competencia para el superior tribunal de provincia (Fallos: 327:4432), acorde con el criterio sostenido de esta Corte en cuanto a que los estados provinciales deben observar los derechos resultantes de los tratados internacionales, en cumplimiento de la supremacía constitucional establecida en el artículo 31 de la Ley Fundamental y de la cláusula federal prevista en el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Fallos: 330:2836 y 332:2033).
En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia sentada en los precedentes ‘Strada’ y ‘Di Mascio’ (Fallos: 308:490 y 311:2478, respectivamente), según la cual los máximos tribunales provinciales no pueden invocar limitaciones de orden local para rehusar el abordaje de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y descalificar la sentencia apelada en tanto media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (artículo 15 de la ley 48), tornándose inoficioso un pronunciamiento respecto de los demás agravios planteados por el recurrente” (voto del ministro Maqueda).
3.  Federalismo. Introducción de la cuestión federal. Supremacía constitucional. Constitución Nacional. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Responsabilidad del Estado.
“[L]a presente solución es la que mejor se adecúa a la supremacía de la Constitución Nacional, al régimen federal de gobierno y a la zona de reserva de las jurisdicciones locales (artículos 1°, 5°, 31, 75 inciso 12, 121 y cctes. de la Ley Fundamental), en concordancia con la cláusula federal estatuida en el artículo 28.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que importa el reconocimiento por parte de los Estados provinciales de los derechos resultantes de ese tratado”.
“[C]abe hacer excepción a este principio cuando, como en el caso, se alega el injustificado apartamiento de un precedente de esta Corte en materia federal y se plantea que el tribunal superior de la causa comprometió derechos y obligaciones reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional. Asimismo, el tratamiento del tema resulta pertinente por esta vía puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional (Fallos: 328:3399; 329:1794; 334:913; 342:1827, entre muchos otros).
Finalmente, existe relación directa e inmediata entre los agravios constitucionales formulados y el pronunciamiento impugnado, y la decisión es contraria al derecho federal invocado por el recurrente” (voto del juez Maqueda).
RECURSOS JUDICIALES; COMPETENCIA LOCAL; RECURSO EXTRAORDINARIO; INTRODUCCIÓN DE LA CUESTIÓN FEDERAL; ADMISIBILIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; RECURSO DE QUEJA; RECURSO DE REVISIÓN; CUESTIÓN FEDERAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; FUNDAMENTOS DE ORDEN LOCAL Y PROCESAL; DISCRECIONALIDAD; CONTROL JUDICIAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; FEDERALISMO; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL; CONSTITUCION NACIONAL; CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO;
DFA (Causa N° 125.656)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró que el Juzgado de Familia del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús era competente para intervenir de acuerdo al centro de vida de los niños (jueza Kogan y jueces Torres, Genoud y Soria).
1. Centro de vida. Niños, Niñas y adolescentes. Interés Superior del Niño. Residencia. Familias. Competencia. Juez competente. Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación de la ley. Tutela judicial efectiva. Principio de inmediación. Convención sobre los Derechos del Niño. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado régimen normativo que, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdtes. Constitución nacional; arts. 2, 3 y ccdtes., ley 26.061; art. 3, Dec. 415/2006; arts. 1, 11, 15, 36.2 y ccdtes. Constitución provincial; arts. 4, 5, 6, 7, y ccdtes., ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia en función de la persona…”.
“[E]ste Tribunal se ha referido al concepto de ´centro de vida´ como ´el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia´añadiéndose que esta directiva prevalece ´...no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia´ (C. 122.214, ´F., M. B.´, resol. de 21—II—2018; C. 123.131, ´V., C. L.´, resol. de 10—IV— 2019; C. 123.267, ´A., S. M.´, resol. de 12—VI—2019, e.o.)…”.
“[S]in desconocer lo manifestado por los jóvenes en la audiencia llevada a cabo por la magistrada del órgano de Avellaneda, donde expusieron su bienestar ante el cambio de domicilio producido (v. trámite: ´Audiencia escucha del menor— acta´, de fecha 10—III—2022); al sólo efecto de determinar el juez competente en autos y en base al marco normativo descripto, se desprende que en la localidad de Lanús es donde se encuentran su historia, su entorno. En efecto, el nuevo domicilio es reciente y se produjo ante la desdichada circunstancia descripta, sin poder afirmar que su centro de vida haya mutado y se encuentre consolidado…”.
“[S]e advierte que la distancia existente entre Cañuelas —donde residen actualmente los adolescentes— y La Plata —donde tiene su sede el Juzgado de inicio— es de 83 km., mientras que la diferencia con el órgano de Avellaneda es de 59 km, encontrándose —así— garantizados los principios de tutela judicial efectiva e inmediación establecidos por el art. 706 del Código Civil y Comercial de la Nación…”.
CENTRO DE VIDA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RESIDENCIA; FAMILIAS; COMPETENCIA; JUEZ COMPETENTE; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PRINCIPIO DE INMEDIACION; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
GMFN (Causa Nº 55713) (Cámara)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J
La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a los recursos, modificó la sentencia solo respecto de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 558 y la dejó sin efecto (juezas Verón, Scolarici y juez Caia).
1. Segunda instancia. Recurso de apelación. Expresión de agravios. Principio de congruencia. Derecho de defensa.
“[E]l ámbito de conocimiento del Tribunal de apelación tiene un doble orden de limitaciones: en primer lugar, está limitado por las pretensiones planteadas en los escritos introductorios del proceso. En segundo lugar, lo está por el alcance que las partes han dado a los recursos de apelación interpuestos […]. A esta segunda limitación alude el principio tantum devolutum quantum apellatum, en función del cual los jueces de alzada deben respetar el principio de congruencia en un doble aspecto: uno, el que resulta de la relación procesal; y el otro, nacido de la propia limitación que el apelante haya impuesto a su recurso.
[E]l Tribunal de segunda instancia sólo puede conocer y decidir aquellas cuestiones a las que han limitado la apelación los recurrentes. No tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; sólo puede revisar lo apelado y no puede dar más de lo pedido por el apelante. Asimismo, cabe precisar que los poderes del Tribunal de alzada se encuentran reducidos a los límites fijados por el apelante aun cuando se trata de la aplicación de leyes de orden público. [U]na intervención contraria a ello ocasionaría agravio a las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio […]”.
2. Declaración de inconstitucionalidad. Interpretación de la ley. Razonabilidad de la ley. Constitución Nacional. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[L]a declaración [de inconstitucionalidad] constituye un acto de suma gravedad, que debe ser considerado como última “ratio” del orden jurídico. La declaración requiere no sólo la aserción que la norma impugnada causa agravio, sino también la expresa demostración de tal agravio, que sirva de fundamento a la impugnación en el caso concreto […].
[La] Constitución no reconoce derechos absolutos, sino limitados por las leyes reglamentarias en la forma y extensión que el Congreso, en uso de su atribución legislativa (arts. 14, 28 y 67 –ahora 75– de la Constitución), lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general (Fallos: 132: 360; 188:105; 249:252; 311:1565; 315:952). El límite de tal reglamentación es la razonabilidad: siendo las leyes razonables no son susceptibles de impugnación constitucional (Fallos: 304:319; 314: 1376; 315: 2804). Sobre la base de los precedentes de la C.S.J.N. puede decirse que la razonabilidad de la reglamentación depende de su adecuación al fin de la ley (Fallos: 243:467 y sus citas; 299:428; 310:495; 314:1376); así, la ley no es pasible de tacha constitucional en tanto no se aparte manifiestamente del texto constitucional (Fallos: 320:875) o consagre una inequidad manifiesta (Fallos: 283: 98; 297: 201)...”.
3. Familias. Adopción. Adopción integrativa. Adopción simple. Responsabilidad parental. Progenitor afín. Filiación. Socioafectividad. Pluriparentalidad. Interés superior del niño. Declaración de inconstitucionalidad. Código Civil y Comercial de la Nación.
“[L]a adopción de integración es regulada por el Código Civil y Comercial como una tercera categoría con autonomía individual y se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente, conforme lo establece el art. 620, tercer párrafo. El fundamento de que este instituto se encuentre regulado como un tipo autónomo en los arts. 630 a 633 se sustenta en que […] tiene una finalidad diferente a la de la adopción en general, ya que no se trata de integrar al niño, niña o adolescente a una nueva familia –como lo es en aquel caso– sino de ampliar los vínculos mediante la integración de un tercero que no fue originalmente parte de la familia. En este caso la ley se limita a reconocer los vínculos socioafectivos generados previamente mediante la convivencia y la realidad diaria de la familia. De allí que se la considera y se la regula como un tipo autónomo con sus propias reglas.
[S]iendo que la adopción de integración se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente, siempre se mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, conviviente o cónyuge del adoptante (art. 630 CCyC) y si el adoptado posee doble vínculo filial de origen, se aplica lo dispuesto por el art. 621 del CCyC (art. 631 CCyC) que establece la facultad del juez a otorgar la adopción plena o simple, según las circunstancias y atendiendo al interés superior del niño […]. [L]a adopción simple emplaza al adoptado en el estado de hijo, pero sin generar vínculos jurídicos entre el adoptado y la familia del adoptante y manteniéndose los vínculos entre el adoptado y su familia de origen […].
[S]i bien el art. 558 del CCyC sienta el principio general del doble vínculo filial, el propio cuerpo normativo establece otra figura para receptar las diversas realidades familiares que no puede constituir sino una excepción a dicha regla, tendiente a resguardar la máxima directriz en los procesos de aquella índole: el interés superior del niño, niña o adolescente.
[E]fectuada una interpretación integral y armónica de dicho cuerpo legal, teniendo en cuenta los términos de la decisión recurrida y ponderando el interés superior mencionado, el principio de realidad y la tutela judicial efectiva, [se estima] que a efectos de arribar a la solución adoptada por el Sr. Juez a quo, el tratamiento de la constitucionalidad o no del art. 558 del CCyC deviene superflua por resultar aplicables al caso las normas contempladas por los arts. 627 y sigs. y 630 y sigs. del CCyC cuya aplicación ha sido consentida por todos los intervinientes en autos, por lo que corresponde modificar la sentencia apelada en ese aspecto…”.
SEGUNDA INSTANCIA; RECURSO DE APELACIÓN; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS; PRINCIPIO DE CONGRUENCIA; DERECHO DE DEFENSA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; RAZONABILIDAD DE LA LEY; CONSTITUCION NACIONAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; FAMILIAS; ADOPCIÓN; ADOPCIÓN DE INTEGRACIÓN; ADOPCIÓN SIMPLE; RESPONSABILIDAD PARENTAL; PROGENITOR AFÍN; FILIACIÓN; SOCIOAFECTIVIDAD; PLURIPARENTALIDAD; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN;
Arancibia (causa Nº 500000964)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos los fundamentos del Procurador General de la Nación. En ese sentido, revocó la sentencia impugnada y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).
1. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Arbitrariedad. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[E]l Tribunal ha sostenido que si bien las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos por ante los tribunales de la causa no justifican, dada su naturaleza procesal, el otorgamiento de la apelación extraordinaria, cabe hacer excepción a esa regla, con base en la doctrina de la arbitrariedad y en salvaguarda de las garantías del debido proceso y defensa en juicio, cuando lo resuelto conduce a una restricción sustancial de la vía utilizada por el apelante sin fundamentación idónea suficiente (Fallos: 329:4770; 342:1249). En ese sentido, la vía federal también es admisible en tanto se advierte un apartamiento palmario de las constancias de la causa en desmedro de las garantías constitucionales del justiciable (Fallos: 313:558; 331:1488)”.
2. Recurso extraordinario. Doble conforme. Revisión judicial. Recurso de casación. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“[L]a denegatoria del a quo al pedido de reconducir el recurso extraordinario como recurso de casación por no presentar ninguna crítica sustantiva concreta a la sentencia que reformó la calificación jurídica y atribuyó el homicidio agravado [al imputado] a título de partícipe necesario, resulta arbitraria por apartarse de las constancias de la causa, con menoscabo del derecho a la revisión de la condena”.
“[C]omo reclama la defensa, todavía resta dar cumplimiento a la revisión de esa condena que garantizan los artículos 8.2.h CADH y 14.5 del PIDCP. […] [En el precedente 337:901] V.E. estableció que el derecho al doble conforme no podía ser cumplido a través del recurso extraordinario federal ante el escaso margen revisor del Tribunal y que dejaría afuera una cantidad de aspectos esenciales que no podrían ser abordados, por lo que correspondía remitir las actuaciones a la cámara de casación para que una nueva sala procediera a la revisión de la condena dictada en esa sede”.
“[F]rente al pedido de la defensa para que el recurso extraordinario […] sea reconducido como recurso de casación, toda vez que allí se desarrollaron agravios contra la sentencia de [la Cámara Federal de Casación Penal] que aún continúan sin respuesta jurisdiccional, cabe aplicar –salvo mejor interpretación de V.E. de sus propios precedentes– el criterio de Fallos: 342:2389, donde se expresó que, ante el dictado de una condena en sede casatoria, la garantía de la doble instancia debe ser salvaguardada en dicho ámbito mediante la interposición de un recurso de casación que deberán resolver otros magistrados que integren ese tribunal…”.
RECURSO EXTRAORDINARIO; ADMISIBILIDAD; ARBITRARIEDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; DOBLE CONFORME; REVISION JUDICIAL; RECURSO DE CASACIÓN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN;
MCT (Causa N° 105899817)Tribunal de Gestión Asociada Nº 3 de Mendoza
El Tribunal de Gestión Asociada Nº 3 de Mendoza hizo lugar en forma parcial a la demanda y condenó a la Provincia de Mendoza a abonar una suma de dinero en concepto de indemnización (conjueza Sánchez).
1. Femicidio. Violencia de género. Daño. Responsabilidad civil. Culpa. Terceros. Responsabilidad parental. Responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad objetiva. Responsabilidad por el hecho del dependiente. Omisión del Estado. Falta de servicio. Prevención.
“En relación a la culpa in vigilando de los progenitores, procede su rechazo en virtud de que ese instituto se aplicaba con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en casos en los en que debía dilucidarse la responsabilidad de daños causados por menores, mas no los sufridos por éstos. En la causa no existen elementos probatorios que permitan atribuir responsabilidad a los padres de [la víctima], dado que al no encontrarse incorporados [los autos penales] no convergen argumentos que lleven a concluir que éstos han tenido alguna incidencia causal en el hecho, máxime si en casos como el que nos ocupa, una mirada transversal, coherente con las normas y pactos internacionales vigentes y la Ley de Protección Integral (Ley N° 26.485) requieren de una interpretación judicial coherente con las premisas allí plasmadas, no resultando razonable imputar el desenlace final a sus padres, quienes recurren a la justicia en busca de consuelo y reparación.
Tampoco es dable considerar en el caso un accionar imputable a la víctima (art. 1.729 CCN) ni al dolo de un tercero por el cual el Estado no deba responder, en tanto aquí lo que se pretende es responsabilizar al Estado en forma objetiva y directa por la omisión ilegítima basada en la falta en servicio como consecuencia de la conducta asumida por una agente de policía que prestaba funciones en el Servicio de Coordinado de Emergencias.
[S]e entiende que existirá responsabilidad del Estado siempre que se acrediten los siguientes requisitos: 1. Daño cierto debidamente acreditado 2. Atribución material de la actividad o inactividad a un órgano estatal. 3. Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue. 4. Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado […].
Para calificar la falta de servicio, se deberá tener en cuenta: 1) la naturaleza de la actividad; 2) los medios de que dispone el servicio; 3) el vínculo que une a la víctima con el servicio; y, 4) el grado de previsibilidad del daño. [C]uando la responsabilidad que se le atribuye al Estado es por una omisión ilegítima, además de la concurrencia de los presupuestos básicos […] deberá verificarse el incumplimiento de una obligación de actuación determinada normativamente y de manera expresa; o de deberes indeterminados, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: a) Existencia de un interés jurídicamente relevante, cualitativa o cuantitativamente; b) Necesidad material de actuar para tutelar dicho interés; c) Proporcionalidad entre el sacrificio que comporta el actuar estatal y la utilidad que se consigue con su accionar. [E]sa responsabilidad resulta ser objetiva y directa por lo que sólo basta que el perjudicado pruebe la omisión ilegítima del Estado y la entidad de los perjuicios que sufridos, sin que tenga que indagar y probar acerca de la culpa o el dolo con que se han movido los funcionarios del Estado, y tampoco identificar los agentes que le han provocado ese daño. Basta con acreditar el resultado dañoso y que este sea imputable a una de las funciones estatales […]”.
“En el caso […] el factor de atribución objetivo está dado por la falta de servicio, que supone que el órgano o ente estatal ha dejado de hacer o de ejecutar algo que debía hacer o ejecutar. `Este factor de atribución típico de la responsabilidad estatal en el terreno ilegítimo se verifica frente a un irregular e injustificado apartamiento de aquello que se debería haber hecho, según la normativa vigente. Se trata de un concepto que exige la confrontación entre lo que se hizo y lo que se debería haber efectuado o se omitió realizar´. [S]e desprende la falta en servicio cuando se valora el accionar de la operadora […], que ante la dificultad de precisar el lugar al que debían concurrir los efectivos, y ser preguntada por el ciudadano si ella era policía cortó la llamada sin justificación ni dar aviso al supervisor presente en la Sala, impidiendo de esta manera que arribaran móviles policiales o agentes al lugar de los hechos que en ese entonces se encontraban patrullando en las inmediaciones.
[S]urge evidente que la llamada efectuada por el [denunciante] no encuadraba en la categoría de llamada falsa o molesta. El delito denunciado denotaba gravedad, se brindó información muy precisa del lugar al que se solicitaba ayuda. [L]a prestación del servicio evidenció fallas técnicas en la comunicación (cortes, ausencia de vinchas) y en el sistema informático (concretamente el callejón no figuraba en el sistema). La operadora del servicio no demostró en el caso la capacitación suficiente y requerida para atender adecuadamente a las situaciones vinculadas con la violencia de género […] En virtud de ello, es que el servicio que brinda el CEO a la comunidad tiene también un carácter preventivo que no se verificó en el caso concreto. Existe consenso doctrinario en relación a que la función preventiva si bien no ha sido prevista por la ley especial no es extraña a la responsabilidad del Estado (Art. 1.710 CCN).
[E]l actual paradigma constitucional […], al apoyarse en diversos tratados de derechos humanos (conf. art. 75 inc. 22 CN), impone al Estado garantizar a todos sus habitantes un mínimo de calidad de vida y evitar todo tipo de peligro o riesgo para la vida o la salud de las personas. Aunque esta faceta de la responsabilidad estatal no esté contemplada en la Ley de Responsabilidad del Estado, el deber de prevenir el daño y el de asegurar el goce mínimo de derechos fundamentales de los seres humanos son mandatos derivados directamente del plexo constitucional…”.
2. Femicidio. Violencia de género. Daño. Relación de causalidad. Omisión del Estado. Negligencia. Deber de no dañar. Prevención. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[E]l nexo adecuado de causalidad se verifica en el presente, aunque también convergen ciertas vicisitudes que, evaluadas retrospectivamente haciendo un juicio de previsibilidad, interfieren en la causalidad adecuada y permiten concluir que la omisión del Estado contribuyó causalmente con la conducta de un tercero en la producción del daño haciendo las veces de `elemento facilitador´.  [La] concausa es `aquella que actúa independientemente de la condición puesta por el agente al que se atribuye el resultado dañoso´. Las concausas pueden ser preexistentes (anteriores al hecho del agente), concomitantes (operan simultáneamente) o sobrevinientes (el hecho que contribuye causalmente a desencadenar el resultado, aparece con posterioridad al del agente–concausa) y su verificación tiene dos implicancias básicas: el vínculo de causalidad que debe existir entre la conducta del supuesto autor y el daño, no alcanza a configurarse de manera total y la interferencia causal parcial se refleja necesariamente en la reparación del perjuicio cuyo monto debe ser reducido en la medida en que ha tenido incidencia en la concausa […].
Ha existido una omisión antijurídica al no observarse el cumplimiento de una manda legal expresa dispuesta en los Protocolos de actuación […] y el Art. 7 de la Convención de Belén Do Pará; se verifica la falta en servicio dado que la agente policial operadora del CEO evidenció una conducta negligente y con impericia al no dar el tratamiento adecuado a la denuncia de la probable comisión de un delito muy `grave´ perpetrado contra una persona a la que el Estado debía proteger (mujer adolescente) y que fuera denunciado con precisiones de tiempo y lugar. Asimismo, se verifica en el caso nexo adecuado de concausalidad con el daño que invocan los accionantes en tanto de haberse dado curso a la llamada telefónica, muy probablemente la muerte de [la víctima] se habría evitado y aún sin que ello ocurriera, podía eludirse la agonía de sus familiares ante el desconcierto sobre su paradero. [T]ambién se probó en autos que existía posibilidad material de actuar por parte del Estado, toda vez que se encontraba un móvil policial patrullando las inmediaciones y una comisaría 350 metros del lugar del hecho. Dar curso a esa llamada no irrogaba un sacrificio especial o gasto a la entidad estatal, dado que contaba con esos recursos para evitar el perjuicio ocasionado.
[C]onvergen los requisitos señalados por la Corte Interamericana de Derechos (casos `Campo algodonero´ […] y `María Da Penha Maia Fernandes´) para hacer responsable al Estado cuando se verifica un femicidio: 1) que exista una situación de riesgo real o inmediato que amenace derechos y que surja de la acción o las prácticas de particulares, esto es, se requiere que el riesgo no sea meramente hipotético o eventual y además que no sea remoto, sino que tenga posibilidad cierta de materializarse de inmediato; 2) que la situación de riesgo amenace a una mujer, es decir, que exista un riesgo particularizado; 3) que el Estado conozca el riesgo o hubiera debido razonablemente conocerlo o preverlo; 4) Finalmente que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar la materialización del riesgo. [R]esulta evidente de las circunstancias relatadas que esos requisitos adicionales se encuentran configurados en el caso, en el que existía un riesgo real e inmediato y particularizado de un daño concreto y específico contra la vida una mujer adolescente que el Estado pudo evitar con fuerte probabilidad (Art. 1710 del CCN)…”.
FEMICIDIO; VIOLENCIA DE GÉNERO; DAÑO; RESPONSABILIDAD CIVIL; CULPA; TERCEROS; RESPONSABILIDAD PARENTAL; RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO; RESPONSABILIDAD OBJETIVA; RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DEL DEPENDIENTE; OMISIÓN DEL ESTADO; FALTA DE SERVICIO; PREVENCIÓN; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; NEGLIGENCIA; DEBER DE NO DAÑAR; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
QCES (Causa Nº 33626)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M
La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó la resolución y ordenó que en el plazo de 48 horas el hombre borrara de todos sus dispositivos los videos que contuvieran material íntimo de la mujer sin que quedara almacenado en ningún sistema o soporte. Asimismo, dispuso que en caso de incumplimiento se aplicaría una multa en pesos (jueza Benavente y juez Calvo Costa).
1. Género. Violencia de género. Violencia de género digital. Estereotipos de género. Perspectiva de género. Vulnerabilidad. No discriminación. Derecho a la intimidad. Consentimiento. Internet. Medios de comunicación. Red social. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
“[E]l art. 3 de la Convención Belém do Pará reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El derecho a vivir una vida sin violencia es un derecho común a todos los seres humanos, pero como las mujeres históricamente sufren violencia por el hecho de ser mujeres, las normas hacen hincapié en el derecho absoluto de la mujer a vivir libre de todo tipo de conductas abusivas de poder que obstaculizan, obstruyen o niegan el ´normal y pleno desarrollo personal del que está sujeto a ese tipo de violencia´.
El artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad…”.
“[L] La violencia de género digital es una actividad dañosa que se encuentra en aumento en los últimos años. Es una forma de violencia que se perpetúa en el ámbito mencionado, valiéndose de herramientas tecnológicas y se ejerce a través de acciones directas o indirectas, de ámbito privado o público, basadas en una relación desigual de poder del género masculino sobre el femenino.
En particular, la difusión no consentida de material íntimo es una de las tantas formas de violencia de género digital que consiste en la divulgación, distribución, compilación, comercialización o publicación por cualquier medio de material digital íntimo que retrata, con o sin consentimiento, a una persona mayor de edad que no autorizó su difusión. El material puede haber sido obtenido con o sin consentimiento: el primer caso se da, por ejemplo, cuando la víctima intercambia material íntimo en una práctica de sexting; el segundo caso ocurre por ejemplo, cuando la agredida es retratada sin que ella lo supiera durante una práctica sexual…”.
2. Derecho a la privacidad. Derecho a la intimidad. Derecho a la integridad personal. Derecho al honor. Consentimiento. Género. Violencia de género. Interpretación de la ley. Principio de dignidad humana.
“[E]l derecho a la privacidad tiene una estrecha relación con los casos en los que se difunden imágenes de naturaleza sexual sin el consentimiento de la víctima. Este derecho se encuentra contenido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que explícitamente establecen que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias, abusivas o ilegales en su vida privada. El derecho a la intimidad, en particular, a no ser conocidos por otros en ciertos aspectos de nuestra vida y a que cada sujeto pueda decidir revelarlos o no; es el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás, que le garantiza el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona.
La protección constitucional de la privacidad implica poder conducir la vida de una protegida de la mirada y las diferencias de los demás, y guarda relación con pretensiones más concretas: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones relativas al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de la integridad física y moral, el derecho al honor por reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a revelar la intimidad a los demás. En ese sentido, nos encontramos frente a una casuística que afecta y violenta a la mujer y que aumenta día a día en cantidad y calidad, debido a las diferentes modalidades para su consumación.
A lo dispuesto en las normas aludidas y a la protección de la dignidad, la privacidad y la intimidad derivada de los art. 16 y 19 de la Constitución Nacional, se suma la tutela de esos derechos personalísimos consagrada en los arts. 51, 52 y 53 del Código Civil y Comercial…”.
3. Protección integral de la mujer. Género. Violencia de género. Vulnerabilidad. Medidas precautorias. Deber de no dañar. Tutela judicial efectiva. Responsabilidad del estado. Medidas de acción positiva.
“[L]a ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales enumera en el art. 26 una cantidad de medidas protectorias que puede adoptar la judicatura. Entre otras, se podrá ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer; y toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.
A ello se suma que el 1710 del Código Civil y Comercial establece el deber general de evitar causar un daño no justificado a las personas, es decir de adoptar las conductas positivas o de abstención conducentes para impedir su producción, continuación o agravamiento.
Más aún en [este tipo de casos] se configura una tutela preventiva reforzada, por tratarse de una medida protectoria de un derecho fundamental objeto de protección preferencial. De allí el énfasis en la protección acentuada y fuerte, generalmente urgente, que requiere de resoluciones firmes y precisas de evitación o cesación del daño. Esa tutela especial tiene arraigo en el trato prioritario consagrado por el art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional respecto de la satisfacción de los derechos fundamentales de los grupos vulnerables de la población, entre las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género.
Se trata de las acciones afirmativas, o también denominadas ´medidas de discriminación inversas´, que se corresponden con un trato (estatal) diferente fundado en la identificación de ciertos grupos a cuyos integrantes, exclusivamente por su calidad de tales, se les reconocen prerrogativas o tratos especiales que no le son reconocidos a otros grupos.
La afectación a los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad constituye una regla de preferencia en el juicio de ponderación tanto para la admisibilidad como el alcance las medidas preventivas que los órganos judiciales dispongan, a pedido de la parte interesada o de oficio…”.
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO A LA INTIMIDAD; CONSENTIMIENTO; INTERNET; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; RED SOCIAL; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO AL HONOR; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; MEDIDAS PRECAUTORIAS; DEBER DE NO DAÑAR; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Asociación Civil Macame y otros (causa N° 68152)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada con el alcance que surgía de su pronunciamiento (ministros Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti).
1. Derecho a la salud. Cannabis. Tratamiento médico. Niños, niñas y adolescentes. Reforma legal.
“[El] decreto 883/2020 tornó inoficioso un pronunciamiento del Tribunal respecto de la primera pretensión de las actoras sobre el acceso gratuito al aceite de cannabis. Si bien las recurrentes plantearon la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 27.350 por entender que esa norma condicionaba el acceso gratuito a la previa incorporación de los pacientes a un programa estatal de investigación médica y científica, tal obstáculo surgía de [un decreto reglamentario y una resolución] que fueron dejados sin efecto por el aludido decreto 883/2020.
Teniendo en cuenta ese cambio normativo, en el caso ‘B., C. B. y otro c/ I.O.S.P.E.R. y otros’ (Fallos: 344:2868), el Tribunal ordenó que se garantizara el acceso gratuito al aceite de cannabis al actor sin necesidad de inscribirse en ningún programa de estudio experimental”.
2. Principio de reserva. Autonomía de la voluntad. Consumo personal de estupefacientes. Cannabis. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Política pública.
“[E]l Tribunal tiene dicho que [el artículo 19 de la Constitución Nacional] reconoce al individuo un ámbito de libertad en el cual este puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin intervención alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen el orden, la moral pública o los derechos de terceros […].
Se trata […] de un ámbito de libertad personal de alguna manera ligado a la autodeterminación que debe estar fuera del alcance de la intervención estatal. El núcleo central de protección de este derecho es la autonomía, cuya caracterización más perspicua aparece en las palabras del juez Petracchi en ‘Bazterrica’: toda ‘persona goza del derecho de ser dejada a solas por el Estado (…) para asegurar la determinación autónoma de su conciencia cuando toma las decisiones requeridas para la formación de su plan de vida en todas las dimensiones fundamentales’” (considerando 10°).
“[L]a autoridad del Estado para controlar en general a los productos usados con fines medicinales se justifica, entre otras razones, en el propósito de asegurar que ellos, en especial los psicotrópicos, sean efectivamente administrados en un tratamiento médico en el que se evalúe el riesgo o consecuencias adversas que pueden generar para la salud, así como en la necesidad de asegurar la eficacia de los fines benéficos de quienes buscan, precisamente, proteger su salud (arg. Fallos: 310:112).
Esta Corte ha sostenido que la tutela del derecho a la salud es una manda consagrada por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que tienen tal jerarquía, lo que implica la obligación impostergable del Estado Nacional para garantizarlo con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga […].
La política nacional en materia de salud pública está conformada por normas de antigua vigencia como son, entre otras, la ley 16.463 de ‘Medicamentos’ (1964), la ley 17.132 del ‘Arte de curar’ (1967), la ley 17.565 de ‘Farmacias’ (1967), la ley 17.818 de ‘Estupefacientes’ (1968), la ley 19.303 de ‘Drogas’ (1971), el decreto 1490/1992 que crea la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y regula su competencia. Esas normas, dada la trascendencia del ámbito que están destinadas a regular, han habilitado históricamente una amplia e intensa intervención por parte del Estado Nacional […].
El objetivo de todas estas normas –como lo ha expresado esta Corte con referencia a la ley 16.463– es evitar el uso indebido de medicamentos, así como determinar la peligrosidad de estos, su comprobada y comprobable acción y finalidades terapéuticas y sus ventajas científicas, técnicas o económicas, de acuerdo con los adelantos científicos (Fallos: 310:112, considerando 6°)” (considerando 11°).
3. Cannabis. Cultivo de estupefacientes. Organización de las Naciones Unidas. Derecho a la salud. Política pública. Tráfico de estupefacientes.
“[L]a regulación de cada estupefaciente resulta sensible a sus diferentes tipos de efectos y a sus posibles usos. En lo que respecta al cannabis, en enero de 2019 los expertos del Comité de Droga Dependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dieron a conocer seis recomendaciones. En especial, sugirieron ‘eliminar el cannabis y el aceite de cannabis de la Lista IV’, es decir, de la categoría más estrictamente controlada en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes aprobada en nuestro país por el decreto-ley 7672/1963 y ratificada el 10 de octubre de 1963 (ver https://www.who.int/publications/m/item/ecdd-41-cannabisrecommendations).
Como consecuencia de dichas recomendaciones, la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas eliminó el cannabis de la Lista IV de la citada Convención –reservada para drogas con propiedades particularmente peligrosas y con un valor terapéutico mínimo o nulo–, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína. De este modo, la Comisión allanó la posibilidad al reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico del cannabis y del aceite de cannabis, aunque determinó que su uso con fines no médicos y científicos seguirá siendo ilegal. En efecto, estas sustancias no fueron eliminadas de todas las categorías de sustancias sujetas a control estatal, sino que se mantuvieron en la Lista I, lo que implica que están sometidas a varias medidas de fiscalización de parte de los Estados (ver artículo 2°.1 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y concordantes). Los referidos cambios fueron tenidos en cuenta por las autoridades argentinas al momento de permitir el autocultivo de cannabis con fines medicinales (cfr. considerandos del decreto 883/2020).
En virtud de la citada Convención, el Estado argentino debe adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias ‘para limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos’ (cfr. artículo 4°, inciso c). Asimismo, esta Convención estipula que cuando un Estado permite el cultivo de cannabis debe aplicar un sistema de fiscalización que implica que un organismo oficial otorgue licencia para tal cultivo –delimitando la superficie concreta autorizada– y que solo podrán dedicarse a él aquellos que poseen una licencia expedida por este organismo, a la par que consagra el deber de adoptar las medidas necesarias para impedir el uso indebido o tráfico ilícito de las hojas de la planta de cannabis (artículo 28 y su remisión en lo pertinente al artículo 23)” (considerando 12°).
“De manera que la intervención estatal para asegurar la existencia de algún tipo de control directo o indirecto que evalúe los beneficios y administre los riesgos adversos persigue una finalidad de salud pública” (considerando 13°).
4. Derecho a la salud. Cultivo de estupefacientes. Política pública. Autonomía de la voluntad. Tráfico de estupefacientes.
“[D]e algún modo vinculadas con la salud pública, existen también razones de seguridad pública que justifican el control estatal respecto del cultivo de cannabis: la prevención del tráfico ilícito. Ello no significa en absoluto confundir el narcotráfico con la actuación loable de quienes –como las actoras– pretenden cultivar cannabis para mejorar la calidad de vida de sus hijos o de quienes lo hagan para mejorar la propia. Pero una autoridad estatal no puede –en mérito de esa diferencia– soslayar la posibilidad de que el cultivo persiga fines distintos –no medicinales– que se encuentran prohibidos.
En ese sentido, el Estado argentino comprometió internacionalmente sus instituciones, a reserva de lo dispuesto en su Constitución, a prevenir el narcotráfico y reprimir los delitos graves a él asociados con penas adecuadas, especialmente con penas de prisión u otras de privación de la libertad (artículo 36 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, cfr. ‘Arriola’, voto conjunto de la jueza Highton de Nolasco y del juez Maqueda, considerando 28, arg. voto del juez Lorenzetti, considerando 19)…” (considerando 14°).
“Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada por ley 24.072 y ratificada el 28 de junio de 1993, estipula el deber de tipificar como delito el cultivo de la planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971 (artículo 3°) y prevé que cada Estado parte, salvaguardando los derechos fundamentales, debe adoptar las medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio (artículo 14.2).
De las normas internacionales antes reseñadas se desprende en forma incontestable el deber estatal de tipificar como delito el cultivo de la planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes en forma contraria a lo dispuesto en la Convención de 1961, la que, a su vez, establece que el Estado puede autorizar dicho cultivo con fines médicos o científicos mediante la intervención previa de un organismo oficial pertinente que fije los concretos términos y alcances de esta autorización. La necesidad del Estado de articular ambas potestades –permitir el uso medicinal del cannabis y perseguir el tráfico ilícito de estupefacientes– justifica el control estatal del autocultivo medicinal” (considerando 14°).
“[E]n consecuencia, las razones de salud y seguridad públicas involucradas resultan suficientes para justificar que el Estado expida autorizaciones administrativas en el marco de la ley 27.350 para el autocultivo y la elaboración de productos derivados del cannabis con fines medicinales. Ello determina, a su vez, que la intervención estatal en esta área no implica una interferencia injustificada en la autonomía personal consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional” (considerando 15°).
5. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Cannabis. Cultivo de estupefacientes. Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos (REPROCANN). Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
“[L]as consideraciones anteriores son compatibles con los precedentes de esta Corte ‘Albarracini Nieves’ (Fallos: 335:799) y ‘D., M.A.’ (Fallos: 338:556). En efecto, la normativa aplicable al cannabis con fines medicinales no impide al paciente acceder o rechazar un tratamiento médico. Por el contrario, en un amplio respeto por esa libre elección, el nuevo marco regulatorio de la ley 27.350 admite el uso medicinal del cannabis y habilita nuevas formas para acceder a él, sea adquiriéndolo como producto farmacéutico –con los controles del Ministerio de Salud y de la ANMAT (conf.resolución 781/2022)– o produciéndolo de forma casera registrándose en el REPROCANN que expide la autorización. Por otro lado, si bien es cierto que dicha registración limita de algún modo la elección, su exigencia está justificada por razones de salud y seguridad públicas.
Lo que aquí se decide también resulta compatible con lo decidido en ‘Arriola’ (Fallos: 332:1963). Ello es así pues la primera cuestión que se trata en el presente caso radica en analizar la validez de una autorización administrativa para autocultivar cannabis con fines medicinales y no del castigo penal de una conducta privada. De manera que ese precedente no inhibe la posibilidad de que el Estado ejerza un control administrativo sobre el cultivo de cannabis, control cuya razonabilidad será analizada más adelante” (considerando 16°).
“[L]a pretensión de las actoras de decidir sin ninguna clase de intervención estatal sobre el tratamiento con cannabis autocultivado con fines medicinales para los menores de edad tampoco encuentra justificación si se atiende al interés superior del niño.
En el ámbito de autonomía en ejercicio de este derecho los progenitores pueden elegir sin interferencias del Estado el proyecto de vida que deseen para su familia. En el citado precedente ‘N.N. o U., V.’ este Tribunal aclaró también que este derecho amparaba, entre otras cosas, las decisiones relativas a cómo proteger la salud de los hijos menores de edad, pero como no podía ser de otro modo, siempre dentro de los límites previstos en el artículo 19 de la Constitución Nacional. En ese sentido, esta Corte sostuvo que uno de dichos límites venía determinado por consideraciones de salud pública, en tanto involucra derechos de terceros y, en la medida en que estuvieran afectados menores de edad, por el interés superior del niño (artículo 3°, inciso 1°, de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por ley 23.849 y ratificada el 4 de diciembre de 1990) […].
Se trata, pues, de alcanzar la máxima certidumbre respecto del modo como mejor se satisface el interés superior del niño, lo que sin duda se traduce en optar por la mejor alternativa posible con el fin de asegurar al niño, niña o adolescente un presente cierto y contenedor que disminuya daños futuros irreversibles en lo que respecta a su salud (considerandos 21 y 22).
Por consiguiente, sin ignorar los beneficios del tratamiento con cannabis autocultivado, la intervención estatal se encuentra justificada en la ya aludida existencia de riesgos de efectos adversos para los niños pues, como se ha indicado, los Estados tienen el deber de elegir las alternativas que consideran más apropiadas a los fines de evitar daños en la salud de aquellos” (considerando 17°).
6. Derecho a la salud. Salud pública. Cannabis. Cultivo de estupefacientes. Política pública. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Derecho a la privacidad. Consentimiento.
“En cuanto a los requisitos para la autorización, aun cuando el aceite de cannabis y sus derivados resultantes de la práctica del cultivo no constituye un medicamento, sustancia y/o producto autorizado y aprobado por la ANMAT (cfr. cláusula 4°, consentimiento informado bilateral, Anexo III, resolución 800/2021), el Estado ha considerado necesario que los usuarios que acceden al cannabis autocultivado con fines medicinales cumplan con una serie de recaudos.
Así, la persona que quiera autocultivar con fines medicinales debe contar con indicación médica y haber suscripto el consentimiento informado correspondiente en las condiciones establecidas en la reglamentación (artículo 8°, Anexo I, del decreto 883/2020). En ese documento, el profesional de salud deberá consignar en qué consiste el procedimiento propuesto y cómo se llevará a cabo, detallando la cantidad de plantas, dosis, concentración de THC, tipo y frecuencia de analítica requerida, etc.; deberá indicar además los beneficios razonables y riesgos del tratamiento y las consecuencias de la denegación por parte del paciente […].
Es evidente que la reglamentación analizada tiende a preservar un interés estatal relevante como el cuidado integral de la salud pública, basándose en que el suministro del cannabis y sus derivados puede originar efectos secundarios o adversos de distinta intensidad” (considerando 18°).
“[L]os requisitos exigidos para obtener la autorización no resultan irrazonables. Por el contrario, dichas medidas de control estatal constituyen una injerencia mínima que, lejos de proscribir el autocultivo con fines medicinales, lo someten a una regulación que se limita a asegurar cierta supervisión por parte del Estado, registrar el consentimiento del paciente y garantizar la intervención médica indispensable […].
El argumento de la afectación del derecho a la privacidad de los pacientes como consecuencia de la necesidad de inscripción del consentimiento informado omite toda consideración sobre la previsión contenida en el último párrafo del artículo 8° del decreto reglamentario 883/2020, en cuanto dispone que ‘[l]a protección de la confidencialidad de los datos personales será contemplada conforme las disposiciones de la Ley N° 25.326, sus modificatorias y complementarias, utilizando todas las instancias regulatorias aplicables vigentes’” (considerando 19°).
7. Ley de estupefacientes. Cannabis. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos (REPROCANN).
“De la ley 23.737 y del nuevo régimen instituido por la ley 27.350 se desprende que, en la actualidad, los pacientes pueden usar legalmente los derivados del cannabis para fines medicinales adquiriéndolos como producto medicinal farmacéutico o mediante el autocultivo de la planta de cannabis con autorización administrativa del REPROCANN. Bajo esas condiciones, las conductas que las actoras pretenden resguardar con esta acción de amparo ya se encuentran excluidas de la persecución penal que impugnan.
[A] partir de la ley 27.350 sobre ‘Uso medicinal de la planta de cannabis’ de 2017 y sus sucesivas reglamentaciones (decreto reglamentario 883/2020 y las resoluciones ministeriales 800/2021 y 782/2022, entre otras) se reconfiguró aquel alcance punitivo de la ley 23.737.
En efecto, la ley 27.350 excluye de la persecución penal el uso del aceite de cannabis con fines medicinales. Ello ocurre –como también se ha examinado en este pronunciamiento– pues la norma crea un registro nacional ‘a los fines de autorizar en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 23.737 la inscripción de los pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis’ (artículo 8°).
[E]l régimen dictado en el marco de la ley 27.350 desplaza las conductas vinculadas al uso medicinal del cannabis del alcance del régimen penal de la ley 23.737, tornándolo inaplicable para tales supuestos. [T]oda vez que las conductas desarrolladas en el marco del régimen del uso medicinal del cannabis no resultan punibles, deviene innecesario examinar la validez constitucional de las normas penales cuestionadas” (considerando 20°).
8. Derecho a la salud. Cannabis. Cultivo de estupefacientes. Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos (REPROCANN). Debida diligencia. Plazo razonable.
“[R]esulta necesario aclarar que lo aquí resuelto no implica adoptar posición con respecto al supuesto de quien ha sido imputado penalmente por cultivar cannabis con fines medicinales sin contar con esa previa autorización. Ello con más razón, aun cuando el invocado estándar jurisprudencial del precedente ‘Arriola’ depende en su razonamiento de las circunstancias fácticas de cada caso en concreto.
En segundo lugar, cabe recordar que en la audiencia pública celebrada en autos se hizo referencia a demoras del organismo pertinente –en el caso, el REPROCANN– en expedir autorizaciones (confr. versión taquigráfica agregada el 4 de mayo de 2020). Sin perjuicio de que en el presente caso no se ha acreditado la configuración de dicho retardo o la existencia de algún reclamo al respecto, corresponde remarcar la necesidad de que, atendiendo a los valores en juego, las solicitudes de autorización sean tramitadas y resueltas de manera rápida a fin de evitar que una deficiente implementación del régimen normativo previsto en la ley 27.350 torne ilusorio el derecho a la salud que se busca asegurar (Fallos: 344:2868, considerando 10, y voto del juez Rosatti, considerandos 10 y 11)” (considerando 21°).
DERECHO A LA SALUD; CANNABIS; TRATAMIENTO MÉDICO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; REFORMA LEGAL; PRINCIPIO DE RESERVA; AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; POLÍTICA PÚBLICA; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos (REPROCANN); ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; DERECHO A LA PRIVACIDAD; CONSENTIMIENTO; LEY DE ESTUPEFACIENTES; DEBIDA DILIGENCIA; PLAZO RAZONABLE;
Barrera (causa n° 825)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la resolución impugnada. Además, ordenó que los autos volvieran al tribunal de origen para que dictara un nuevo fallo (voto de los ministros Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda).
1. Debido proceso. Recursos. Derecho de defensa. Doble conforme. Cuestión federal.
“[E]l agravio […] suscita cuestión federal […] ya que en definitiva implica que se encuentra en tela de juicio la observancia del derecho de la imputada a recurrir la sentencia condenatoria, consagrado por el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la par que se denuncia la violación a las garantías de la defensa en juicio y debido proceso protegidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional que exigen que las sentencias constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa…” (considerando 3°).
“[C]onforme lo estableciera el Tribunal en [‘Casal’], el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior del artículo 8.2. ap. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del concordante artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, requiere garantizar una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio, de conformidad con los agravios del impugnante presentados en tiempo, forma y modo […]. Sin embargo, en inobservancia de ese deber, el a quo convalidó la condena limitándose a reiterar los fundamentos del fallo pero sin abordar –y en consecuencia, sin tampoco refutar– los planteos de la recurrente que cuestionaban que se hubiera demostrado la existencia de un acuerdo intencional para cometer el homicidio, que la acusada supiera de los golpes que había sufrido la víctima, así como también que se había ignorado su ‘historia de vulnerabilidad’ en el análisis de los hechos.
De tal modo, la actividad revisora desplegada por el a quo fue insuficiente, en la medida en que se limitó a repetir los términos empleados en la sentencia que debía examinar sin confrontarlos con los argumentos de la defensa. Puede señalarse, como muestra de tal proceder, que el planteo vinculado con la vulnerabilidad de la encausada no recibió tratamiento alguno” (considerando 4°).
2. Deber de fundamentación. Apreciación de la prueba. Sana crítica. Arbitrariedad.
“En lo que constituye una fundamentación aparente, el a quo convalidó la condena impuesta incurriendo en una verdadera petición de principio al afirmar, dogmáticamente mediante un razonamiento circular, la validez de las inferencias sobre las que se apoyó la condena y sin que se haya examinado, en consecuencia, la correspondencia de aquellas con las reglas de la lógica y de la sana crítica conforme lo requerían los agravios planteados por los recurrentes en el recurso de casación.
Dicho de otro modo, el a quo, por vía de esta reiteración, se limitó a aseverar la validez del proceso de crítica interna y síntesis del fallo condenatorio que en su función revisora debía examinar […]. En consecuencia, y sin abrir juicio sobre el fondo del asunto, se concluye que el tribunal revisor omitió analizar agravios conducentes para la correcta resolución del asunto planteados por la defensa […], lo que implicó, en definitiva, que no se cumpliera con la revisión integral y exhaustiva del fallo condenatorio en los términos establecidos en [‘Casal’]. Por tal motivo, el fallo impugnado debe ser descalificado” (considerando 4°).
DEBIDO PROCESO; RECURSOS; DERECHO DE DEFENSA; DOBLE CONFORME; CUESTIONES FEDERALES INSUBSTANCIALES; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; APRECIACION DE LA PRUEBA; SANA CRÍTICA; ARBITRARIEDAD;
Masacre de Napalpí (Causa N° 9846)Juzgado Federal de 1a Instancia de Resistencia
El Juzgado Federal de Resistencia N°1 declaró probados los hechos descriptos por la acusación como la Masacre de Napalpí. Además, tuvo por probado que existió responsabilidad del Estado en la planificación, ejecución y encubrimiento de los delitos de homicidio agravado en concurso con reducción a la servidumbre. Por otra parte, declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. En ese sentido, ordenó la traducción de los alegatos finales y la sentencia a las lenguas Qom y Moqoit.
A su vez, entre las medidas de reparación dispuestas, el juzgado ordenó un pedido de disculpas del Estado provincial a los pueblos Qom y Moqoit, la comunicación de la sentencia a los organismos internacionales de protección de los derechos indígena y la capacitación de las fuerzas federales y provinciales en el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios. También exhortó al Estado Nacional a implementar políticas públicas de reparación histórica a los pueblos damnificados y a fortalecer las existentes referidas a la prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia. Por último, a los fines de garantizar el cumplimiento de la sentencia, dispuso la conformación de una unidad ejecutora como mecanismo de supervisión del cumplimiento de las medidas de reparación (jueza Nirempreger).
1. Derecho a la verdad. Víctima. Derechos Humanos. Prescripción.
“[El juicio por la verdad] desarrollado en este caso tuvo como objetivo principal el esclarecimiento de la verdad, aspecto que puede ser analizado desde diversas perspectivas. En primer lugar, se trata de un derecho que permanece inmutable por el paso del tiempo y, por lo tanto, es imprescriptible”.
“[E]l derecho autónomo a la verdad se manifiesta con alcance individual, respecto del derecho de las víctimas y familiares a recibir información sobre graves violaciones a los derechos humanos, y otro colectivo, que se relaciona con la necesidad de que la sociedad conozca lo que pasó.
Tales aspectos se traducen a la vez en una obligación por parte del Estado y es el sentido que motiva el proceso desarrollado en este caso, generando el espacio institucional donde todos y todas [puedan] escuchar a los testigos, a los sobrevivientes, familiares y a todos aquellos que investigaron sobre el asunto. En definitiva, se trata de agotar los medios y recursos disponibles para efectuar una reconstrucción histórica de los acontecimientos del modo más preciso posible. En base a tales lineamientos, [se hizo] lugar a la realización del juicio con las características requeridas por las partes…”.
2. Pueblos indígenas. Delitos de lesa humanidad. Responsabilidad del Estado.
“[S]e puede tener por acreditado que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que se insertó dentro de un proceso que buscó –y logró– en mayor escala, avanzar sobre el territorio indígena a fin de otorgar dichas tierras a colonos ‘criollos o europeos’, para así extender las tierras productivas según las demandas del mercado global”.
“[L]as condiciones de vida a la que fueron sometidos los empleados de la reducción de Napalpí fueron deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse […]. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. De esta manera, el Estado perpetraba esta situación abusiva, coartando por todas las vías las libertades de los indígenas”.
“Un análisis integral de la prueba producida, permite afirmar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento los hechos reseñados previamente […]. La expresión delitos de ‘lesa humanidad’ identifica a aquellos fenómenos criminales que por su singular gravedad afectan no solo al individuo, comunidad o región, sino que es un daño compartido por el género humano por tal condición. Es decir, son crímenes contra la humanidad”.
“[E]l requisito central que debe configurarse se trata de que tales hechos sean llevados a cabo como parte de un ‘ataque generalizado o sistemático’. El ataque generalizado se refiere a hechos cometidos a gran escala y contra múltiples víctimas y el ataque sistemático requiere de un patrón o de un plan metódico. La verificación conjunta o individual de alguna de estas características es precisamente lo que distingue un delito ordinario de un delito de lesa humanidad, ya que quedarían por fuera todos aquellos hechos aislados o aleatorios. La Masacre de Napalpí comprende ambos fenómenos criminales, ya que se trató de un ataque generalizado y sistemático”.
“[E]l ataque fue ejecutado de conformidad con la política del Estado Argentino, ya que […] existió responsabilidad de autoridades políticas de nuestro país en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la Masacre de Napalpí. [Corresponde] identificar a la Masacre de Napalpi como un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso de genocidio contra los pueblos indígenas […]. [E]n la República Argentina habría existido una política de Estado ejecutada con el fin de erradicar a las comunidades indígenas de nuestro país, arrasando a su paso con sus rasgos identitarios y culturales”.
3. Reparación. Víctima. Pueblos originarios. Debida diligencia. Perspectiva de interseccionalidad. Vulnerabilidad.
“[A] fin de evaluar el modo más adecuado de recomponer el daño causado, [resulta] prudente tomar como parámetros interpretativos los estándares fijados por la Organización Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos”.
“[La] reparación debe ser efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, teniendo por finalidad promover la justicia y remediando las violaciones a los derechos mencionados respecto de las víctimas, los sobrevivientes, de las generaciones futuras de las comunidades indígenas y de la sociedad en general”.
“Teniendo en cuenta la naturaleza del hecho y el tiempo transcurrido, solo es posible contribuir a la restitución de ciertos derechos colectivos que fueron dañados a partir de la Masacre de Napalpí, en particular aquellos perjuicios que subsisten en cuanto a la identidad y su cultura, dignidad, el derecho al duelo y al entierro de los muertos, y todo aquello que resulte necesario para que la sociedad internalice como parte de su historia el modo en que ocurrieron los hechos.
Desde esta perspectiva, las […] medidas de reparación integral (satisfacción y no repetición) operan como una vía adecuada para mitigar el efecto del daño causado en tales aspectos, a la vez que tienen una impronta adecuada para amplificar el conocimiento de lo sucedido y de ese modo evitar su repetición”.
“Es importante evaluar la situación de las comunidades víctimas desde un enfoque interseccional, ya que no escapa al presente análisis las diversas vulnerabilidades que atraviesan los integrantes de las Comunidades Qom y Moqoit que fueron víctimas de los hechos probados: se trata de comunidades indígenas, sometidas a condiciones de marginación, pobreza y discriminación estructural por razones históricas, étnicas, sociales y culturales. Además de considerar que los hechos fueron cometidos también contra niños/as, mujeres y ancianos/as.
Por ello, cuando [se habla] de debida diligencia en estos casos el accionar del Estado debe estar atravesado por un enfoque que contemple especialmente tales particularidades contextuales, lo cual acentúa la obligación de investigar y juzgar estos hechos, pero además demostrar que las medidas realizadas son idóneas y efectivas para el cumplimiento de dicha finalidad.
Desde esta perspectiva, es necesario reconocer las diversas manifestaciones de la discriminación histórica y estructural que han sido objeto las comunidades indígenas de nuestro país y, a partir de la determinación de lo ocurrido y la difusión de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas, procurar neutralizar su repetición crónica y mitigar el impacto del daño causado”.
DERECHO A LA VERDAD; VICTIMA; DERECHOS HUMANOS; PRESCRIPCIÓN; PUEBLOS INDÍGENAS; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; REPARACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; VULNERABILIDAD;
ASA (Causa Nº 41683)Corte de Justicia de Salta
La Corte Suprema de Justicia de Salta rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de la instancia anterior (juezas Ovejero Cornejo, Faraldo, Bonari y Gauffin, y jueces Vittar, Catalano, Samsón y López Viñals).
1. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a la preservación de la salud. Personas con discapacidad. No discriminación. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Medidas de Acción Positiva. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]n el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Parte se han comprometido a propender al derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, adoptando medidas para hacer efectivos tales derechos (conf. CSJN, Fallos, 323:3229 `Campodónico de Beviacqua´). El Estado asume tales obligaciones con características proyectivas, comprometiendo la aplicación progresiva del máximo de los recursos posibles. Esto significa un esfuerzo constante que no se agota en un acto concreto, sino que debe ser una política continua y comprometida.
[E]l derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y […] resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes, y […] el derecho a la salud, que no es un derecho teórico sino que debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social, penetra inevitablemente tanto en las relaciones privadas como en las semipúblicas. [E]l hombre es eje y centro del sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental […]”.
“[La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad] prescribe que los Estados Partes `reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad´ y que `adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud´. Así, deben proporcionar `los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores´, prohibir `la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional´ y velar para que `esos seguros se presten de manera justa y razonable´[…]”.
2. Personas con discapacidad. Sistema Nacional del seguro de salud. Obras sociales. Tratamiento médico. Tratamiento interdisciplinario. Interés superior del niño. Razonabilidad. Ley aplicable. Cobertura integral.
“[L]a Ley Nacional 24901 […] instituye un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad y la Ley Provincial 7600 […] adhiere a dicho sistema nacional. Esta última determina en forma expresa que [la demandada] está obligad[a] a brindar las prestaciones básicas de atención integral de acuerdo a un nomenclador especial que establezca con sus prestadores, respetando las prestaciones básicas determinadas según Ley 24901 […].
[L]as prestaciones de rehabilitación [son] `aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido´. `[E]n todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuera el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que sea menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera´. [L]as prestaciones terapéuticas [son] aquellas tendientes a `promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e incorporación a nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico–pedagógico y recreativo´ y [las educativas] `desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una programación sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en un período predeterminado e implementarlas según los requerimientos de cada tipo de discapacidad´[…]”.
“[El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad] instó a nuestro país a tomar las medidas necesarias para armonizar toda su normativa federal, provincial y local con los preceptos de aquella, en un marco que asegure la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad. [E]sta Corte sostuvo que la no adhesión por parte del demandado al sistema de las Leyes 23660, 23661 y 24901 no determina que le resulte ajena la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr la realización plena de los derechos de las personas con discapacidad a los beneficios de la seguridad social, con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar en la materia […]”.
“[E]l marco jurídico […] aludido debe ser interpretado –a su vez– teniendo como horizonte el interés superior de la menor […], hija de la amparista (conf. arts. 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño y 7.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). [S]i bien la legislación provincial habilita la conformación de un nomenclador especial que el demandado establece con sus prestadores, su aplicación no puede ocasionar detrimento a la cobertura integral de la salud de los afiliados, ello sin perjuicio de los derechos que, de acuerdo con el índice pactado con sus efectores y a las condiciones establecidas convencionalmente, pueda tener la obra social frente a éstos.
[L]a Ley Nacional 24.901 que […] la Provincia de Salta incorporó a su ordenamiento jurídico local […] obliga a las obras sociales a otorgar la cobertura total de las prestaciones básicas en ella enunciadas que necesitaren las personas con discapacidad afiliadas a aquellas […], tal el caso de las prestaciones solicitadas por la amparista. [R]especto a las prestaciones de rehabilitación, las entidades deben brindar la cobertura integral en todos los casos, cualquiera fuera el tipo y el grado de discapacidad, con los recursos humanos, las metodologías y las técnicas que fuera menester, y por el tiempo y las etapas que cada supuesto requiera. [N]o resulta razonable intentar imponer el valor del nomenclador interno a aquellos profesionales que atienden a la niña y no tienen convenio con [la demandada], ni exigir que la prestación sea brindada en centros con convenio. Ello por cuanto, en los hechos, implica no cumplir con la integralidad de la cobertura reconocida dada la diferencia existente entre los valores del nomenclador nacional, que fija el monto real al que debe hacer frente la familia […] y los correspondientes al provincial cuyos montos son notablemente inferiores.
[L]a pretensión de la demandada de que la amparista busque prestadores del padrón y/o centros con convenio, sin tener en consideración los antecedentes de tratamiento que viene llevando adelante la menor […], implica pretender sustituir el criterio del médico a cargo del tratamiento continuo de la paciente. [S]i bien, según [la demandada] los prestadores por él reconocidos podrían brindar los servicios que necesita la menor, lo cierto es que debe estarse al criterio de los médicos tratantes para cada caso en particular, ponderando sobre todo la gravedad y los efectos de la enfermedad de base. [L]a obra social no puede sustituir eficazmente el criterio del médico a cargo del tratamiento de un paciente, dado que el profesional no solo realiza su seguimiento, sino que también es responsable del diagnóstico y del tratamiento indicado…”.
DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD; OBRAS SOCIALES; TRATAMIENTO MÉDICO; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RAZONABILIDAD; LEY APLICABLE; COBERTURA INTEGRAL;
Denegri (Causa n°50016)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda de la actora (ministros Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti).
1. Libertad de expresión. Derecho a la información. Internet.
“[La libertad de expresión] comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet, herramienta que se ha convertido en un gran foro público por las facilidades que brinda para acceder a información y para expresar datos, ideas y opiniones…” (Considerando 7°).
“[En precedentes anteriores] este Tribunal también destacó la indudable importancia del rol que desempeñan los motores de búsqueda en el funcionamiento de internet, en tanto actúan como una herramienta técnica que favorece el acceso al contenido deseado por medio de referencias automáticas. Se trata de intermediarios entre los usuarios y los sitios que existen en la red, no crean información disponible en ella, sino que la recorren e indexan automáticamente. De este modo, prestan un servicio que permite a cualquier usuario conectado a internet, tras ingresar una o varias palabras en el buscador, recibir como respuesta una lista ordenada de sitios de la red que están vinculados, según criterios predeterminados de indexación de contenidos, con la preferencia del usuario, fijada según las palabras con las que este orientó su búsqueda. En este sentido, estos motores cumplen un rol esencial dentro de la libertad de expresión, pues potencian el ejercicio de su dimensión social…” (Considerando 10°).
2. Libertad de expresión. Prueba. Carga de la prueba. Derecho a la información. Censura.  
“[L]a importancia que tiene la libertad de expresión en nuestro sistema constitucional conduce a que este Tribunal considere que toda restricción, sanción o limitación a dicha libertad debe ser de interpretación restrictiva […]. Toda censura previa que sobre ella se ejerza padece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad y, por ende, la carga argumentativa y probatoria de su necesidad pesará sobre quien invoca dicha restricción. [L]a presunción de inconstitucionalidad implica —además de la inversión de la carga de la prueba antes referida— que el Tribunal interprete restrictivamente los supuestos en los cuales podría corresponder hacer la excepción, si los hechos del caso encuadran en alguno de ellos y, de ser así, que la medida que adopte sea la estrictamente indispensable para satisfacer la finalidad” (Considerando 11°).
“[U]na eventual decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado —y, de ese modo, hacer cesar su repetición—, implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación —o, al menos, dada la preponderancia que revisten los motores de búsqueda, se lo dificultaría sobremanera—, por lo que tal pretensión configura una medida extrema que, en definitiva, importa una grave restricción a la circulación de información de interés público y sobre la que pesa —en los términos antedichos— una fuerte presunción de inconstitucionalidad…”.
“[S]i bien es cierto que la eliminación de contenidos web difiere conceptualmente de la supresión de una de las vías de acceso a ellos, no cabe descartar de antemano que, en determinadas circunstancias, los efectos de ambos sobre el discurso público pueden resultar igualmente gravosos. No puede soslayarse que el remedio —aparentemente más leve— que solo inhabilita un nombre propio como uno de los canales para acceder a cierta información o contenido, podría extenderse a todos los participantes involucrados en el tema. Ante esa eventualidad, el efecto de tal truncamiento en la búsqueda de información pública podría justificar su análisis bajo los principios, ya reseñados, aplicables a las restricciones previas a la libertad de expresión” (Considerando 12°).
“Los contenidos respecto de los cuales se ha dictado la medida que ordena desvincular los sitios de los resultados de búsqueda con el nombre de la actora, corresponden tanto a […] programas televisivos como a otras intervenciones derivadas de la fama adquirida a causa de aquellos. En ese marco, [la actora] cobró notoriedad […] que mantiene hasta la actualidad. En efecto, la actora continúa siendo una persona pública…” (Considerando 13°).
“[C]oncluir que por el mero paso del tiempo la noticia o información que formó parte de nuestro debate público pierde ese atributo, pone en serio riesgo la historia como también el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura, aun cuando el pasado se nos refleje como inaceptable y ofensivo para los estándares de la actualidad […]. Si se permitiera restringir recuerdos del acervo público sin más, se abriría un peligroso resquicio, hábil para deformar el debate que la libertad de expresión pretende tutelar. En el contexto de una sociedad democrática, la información verdadera referida a una persona pública y a un suceso de relevante interés público […], exige su permanencia y libre acceso por parte de los individuos que la integran, pues ella forma parte de una época determinada cuyo conocimiento no cabe retacear a quienes conforman —y conformarán— dicha sociedad sin motivos suficientes que tornen aconsejable una solución con un alcance distinto” (Considerando 14°).
3. Libertad de expresión. Derecho al honor.
“[A]nte las tensiones entre el derecho al honor y la protección de la libertad de expresión, este Tribunal sostiene que esta última goza de una protección más intensa siempre que se trate de publicaciones referidas a funcionarios públicos, personas públicas o temas de interés público por el prioritario valor constitucional que busca resguardar el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran personalidades públicas o materias de interés público como garantía esencial del sistema republicano…”(Considerando 17°).
“[A] fin de analizar si media una afectación al honor […], cabe señalar que la actora no plantea que los contenidos de los que pretende desvincularse resulten falsos o inexactos […]. El mayor o menor agravio o mortificación que la difusión de dicha información pueda suscitar en la actora —y, eventualmente, en su familia— no es un argumento suficiente para limitar, sin más, el legítimo derecho a la libre circulación de ideas, desde que la intromisión ilegítima en el derecho al honor exige, como se dijo, la falta de veracidad o exactitud de la información que se divulga, lo que no ocurre en el caso” (Considerando 18°).
“[E]l cariz desagradable, indignante o desmesurado de ciertas expresiones del debate público no podría despojarlas de protección constitucional sin incurrir en criterios que, en última instancia, dependerían de los subjetivos gustos o sensibilidades del tribunal de justicia llamado a ponderarlas; el solo motivo de que esas expresiones puedan resultar ingratas u ofensivas para las personas involucradas, tampoco podría sustraerlas, sin más, de esa protección constitucional […]. Admitir razonamientos de esta naturaleza, basados en gustos o puntos de vista particulares, introduce en el estándar de análisis una variable extremadamente maleable y subjetiva que abre la puerta a la arbitrariedad y, por ende, debilita la protección de la expresión” (Considerando 19°).
4. Privacidad. Derecho a la intimidad. Libertad de expresión.
“[T]ampoco se advierte que la difusión de la información cuestionada importe una grave afectación de la privacidad […] derecho que también cuenta con una fuerte protección en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional […] que, desde este punto, lleve a confirmar la decisión recurrida…”.
“En efecto, la información conformada por programas de audiencias masivas y entrevistas periodísticas emitidos en medios de acceso público como lo fueron —y lo son— los canales de televisión, aun cuando revelan aspectos personales e incluso imágenes que exponen episodios que pueden resultar mortificantes para la actora, suscitados en el marco de los referidos programas televisivos, no lesiona su derecho a la intimidad. [L]a protección de la privacidad no alcanza a aquellos aspectos de la vida personal que el titular consiente revelar al público…” (Considerando 20°).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; INTERNET; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; CENSURA; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD;
Adauto (Causa n°15419)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, rechazó el recurso de casación interpuesto por la fiscalía (jueza Ledesma y juez Mahiques).
1. Deber de fundamentación. Prisión domiciliaria.
“[L]os magistrados han dado las razones suficientes por las cuales oportunamente estimaron procedente el pedido formulado por la defensa, al haber exteriorizado los elementos fácticos y jurídicos necesarios para el tratamiento del planteo concreto”.
“[L]os jueces evaluaron adecuadamente los informes aportados respecto a la situación de la hija de la aquí imputada y estimaron la necesidad de que [la mujer imputada] pueda convivir con la joven para mejorar su realidad” (voto de la jueza Ledesma).
2. Prisión domiciliaria. Perspectiva de género. Vulnerabilidad. Personas privadas de la libertad.
“[C]orresponde remarcar también la situación relativa a la historia personal de la imputada, en tanto se trata de una persona que no ha accedido a nivel de escolarización alguno. En la misma línea, no se puede dejar de resaltar que casos como el presente deben atenderse con visión de perspectiva de género que nos permita evaluar adecuadamente el impacto de las decisiones estatales sobre las mujeres privadas de la libertad.
En este sentido, la Recomendación VI/2016 del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelaria, afirmó que la prisión domiciliaria se presenta como una opción para morigerar el encierro carcelario, y que permite compatibilizar el interés social en la persecución y sanción de los delitos en relación a la vigencia de los Derechos Humanos de las mujeres en conflicto con la ley penal” (voto de la jueza Ledesma).
3. Vulnerabilidad. Persona con discapacidad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“El rechazo del recurso de casación articulado por el Ministerio Público Fiscal resulta adecuado teniendo en consideración el principio de humanidad que debe orientar toda decisión judicial. Ello con fundamento en la condición de vulnerabilidad en la cual se encuentra [la joven] en virtud de la grave patología mental que la aqueja”.
“[E]l Estado Argentino se ha obligado, al momento de suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a garantizar la efectividad de los derechos de estos ciudadanos” (voto del juez Mahiques).
DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRISIÓN DOMICILIARIA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
DBC (Causa Nº 64566)Superior Tribunal de Justicia de Corrientes
El Superior Tribunal de Corrientes, por mayoría, hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley. Por lo tanto, revocó las sentencias de las anteriores instancias y admitió el planteo de inembargabilidad. En ese sentido, ordenó el levantamiento del embargo que se había trabado sobre los haberes de la demandada (jueces Semhan, Niz, Rey Vázquez y Chaín).
1. Haber jubilatorio. Leyes previsionales. Ley aplicable. Ejecución hipotecaria. Acreedores. Patrimonio. Embargo. Bienes inembargables. Salario Mínimo Vital y Móvil. Solidaridad previsional. Arbitrariedad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tribunal Superior.
“El Superior Tribunal tiene dicho ´la ley 24241 en su carácter de ley especial y posterior a la ley N° 9511, ha fijado la inembargabilidad del haber jubilatorio sin limitación alguna, con la salvedad de los créditos por alimentos y litis expensas […]´. Y ello en consonancia con la doctrina de la Corte Federal en cuanto tiene dicho que las leyes que disponen la inembargabilidad de las jubilaciones y pensiones no vulneran el principio de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la Constitución, el que sólo importa la prohibición de establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias…”.
“[L]a ley nacional regula también el denominado sistema de reparto basado en la solidaridad, el que resulta alcanzado por inembargabilidad que ella prevé (art. 14) y en lo que no está regulado por ese ordenamiento se aplica supletoriamente la ley 18.038, que también consagra la inembargabilidad de los haberes previsionales […]. De igual modo la ley provincial N° 4917 en su artículo 26 dispone que los haberes previsionales son inembargables, con las excepciones que ella misma autoriza […]”.
“[Los haberes que percibe la ejecutada] no convierte[n] en inconstitucional su protección, considerando que [la demandada] debe atender todos sus gastos básicos (alimentos, vestimenta, vivienda, esparcimiento, etc.), en especial los derivados de su condición [que requieren] atención médica, medicamentos, algunos de los cuales, conforme a las máximas de la experiencia, alcanzan precios elevados y, la obra social sólo cubre un porcentaje por lo que debe abonar la diferencia y afrontar el proceso inflacionario […].
[L]a operación prevista por la Alzada consiste en restar a los haberes $117.626,05, el salario mínimo vital y móvil que asciende a $38.940, a partir del 1° de Abril de 2022 (Resolución 4/2022), resultando $78.686,05 y, aplicar sobre ese monto el 20% dando $15.737,21, suma a embargar a [la demandada]. [L]a decisión de privar a la jubilada del concreto caso de la suma $15.737,21 significó el ´apartamiento notorio de la realidad económica´ que […] es sinónimo de arbitrariedad […].
[E]l ´sub júdice’ escapa a la hipótesis que lleva a calificar de irrazonable y arbitraria la inembargabilidad de haberes por implicar una postergación de los legítimos derechos de los acreedores en beneficio sólo de la mayor comodidad del obligado y no para evitar la indigencia del deudor. De lo contrario, la protección del jubilado se convertiría en excesiva y se traduciría en una vulneración inaceptable y por lo tanto inconstitucional de los derechos de los acreedores […]” (voto de los jueces Semhan, Niz, Rey Vázquez y Chaín).
2. Seguridad social. Jubilación. Pensión. Alimentos. Adultos mayores. Vulnerabilidad. Principio pro homine. Constitución Nacional. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre el deber de los jueces de considerar prioritariamente [el] carácter alimentario de las prestaciones previsionales y, desde ese mirador, ha señalado que tal naturaleza ´...exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que en los hechos no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquellos es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, momentos en la vida en los que la ayuda es más necesaria. Sus titulares son ciudadanos y habitantes que al concluir su vida laboral supeditan su sustento, en principio, absolutamente a la efectiva percepción de esas prestaciones que por mandato constitucional les corresponde´ […] aditando que ´El carácter alimentario de todo beneficio previsional, ya que tiende a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el `principio de favorabilidad' y a rechazar toda fundamentación restrictiva´ (Fallos 289:430; 292:447; 293:26; entre otros) […].
[D]esde la incorporación del art. 14 bis CN el tribunal ha asumido una consideración particularmente cuidadosa de los derechos en materia de previsión social, a fin de que, en los hechos, no se afectaran sus caracteres de integrales e irrenunciables. Desde esa perspectiva, asimiló los beneficios previsionales al derecho alimentario y enfatizó que tienden a la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria […]” (voto de los jueces Semhan, Niz, Rey Vázquez y Chaín).
3. Adultos mayores. Vulnerabilidad. Constitución Nacional. Tratados Internacionales. Interpretación de la ley. Razonabilidad de la ley. Igualdad. Tutela judicial efectiva. Medidas de acción positiva.
“[L]as circunstancias de los jubilados, que en tal calidad están identificados como integrantes de los denominados grupos vulnerables que requieren de toda la protección constitucional, subrayada por los acuerdos y pactos internacionales suscriptos por nuestro país que tienen jerarquía constitucional conforme al art. 75, inc. 22, CN, configuran los extremos necesarios de razonabilidad de la ley para la protección de sus derechos, que no sólo permite sino que hace necesaria una consideración especial en su tratamiento tendiente a evitar el menoscabo de sus derechos alimentarios […].
[L]a calificación en el texto constitucional de los ancianos como un grupo particularmente vulnerable incorpora una regla hermenéutica que no se compadece con la introducción de diferencias que, distantes de protegerlos, desmejoran su posición jurídica, y, en materia previsional, es claro que los procedimientos constitucionales deben otorgar la posibilidad de apreciar más rigurosamente la justificación fáctica y jurídica de la privación de derechos, pues se trata de un ámbito especialmente tutelado por el art. 14 bis, Carta Fundamental […].
[S]obre la regla de igualdad y la protección debida a los beneficiarios de las prestaciones previsionales, en el conocido fallo ´Itzcovich´, Lorenzetti ha expresado que la calificación constitucional de los ancianos como un grupo particularmente vulnerable incorpora una regla hermenéutica que no se compadece con la introducción de diferencias que, lejos de protegerlos, desmejoran su posición jurídica. Estos principios son recibidos en la Constitución Nacional al establecer la regla de la igualdad (art. 16) y justificar la distribución diferenciada a través de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y el pleno goce de los derechos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23, párr. 1) […]” (voto de los jueces Semhan, Niz, Rey Vázquez y Chaín).
HABER JUBILATORIO; LEYES PREVISIONALES; LEY APLICABLE; EJECUCIÓN HIPOTECARIA; ACREEDORES; PATRIMONIO; EMBARGO; BIENES INEMBARGABLES; SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL; SOLIDARIDAD PREVISIONAL; ARBITRARIEDAD; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; TRIBUNAL SUPERIOR; SEGURIDAD SOCIAL; JUBILACIÓN; PENSIÓN; ALIMENTOS; ADULTOS MAYORES; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO PRO HOMINE; CONSTITUCION NACIONAL; TRATADOS INTERNACIONALES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; RAZONABILIDAD DE LA LEY; IGUALDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Pazo (reg. N° 863 y causa N° 105854)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por unanimidad, rectificó la sentencia impugnada, condenó al imputado a la pena de quince años de prisión por el delito de homicidio simple y a la pena única de veintidós años de prisión. Además, anuló la declaración de reincidencia (jueces Días, Sarrabayrouse y Morin).
1. Privación ilegal de la libertad. Coacción. Tipicidad. Homicidio. Iura novit curia. Reformatio in pejus.
“[E]l análisis de la decisión adoptada por el tribunal de juicio en contra del interés expresado oportunamente por el recurrente de que la conducta atribuida a su asistido sea encuadrada en los arts. 237 y 238, incisos primero y cuarto, del CP estará regida por los principios del iura novit curia y de la reformatio in pejus, con los alcances trazados en este punto. [C]onforme surge de la plataforma fáctica que tuvo por probada el tribunal de juicio […] y que [en esta instancia se ratificó] íntegramente en lo que hace a su materialidad […], la conducta desarrollada por [el imputado] implicó una vis física y no una vis psíquica; ello, toda vez que lo atacado aquí no fue su libre autodeterminación de decidirse por hacer o no hacer algo (extremo propio de la coacción o del atentado contra la autoridad), sino directamente su libertad de movimientos o de desplazamiento en el lugar donde se hallaba.
En tal sentido, es importante aclarar que la vis física se vincula con la figura de la privación ilegítima de la libertad; mientras que la vis psíquica constituye el elemento característico de la coacción y de la restante forma comisiva que tiene el art. 237 del CP. Así las cosas, nótese que la conducta del [imputado] consistió en todo momento en inmovilizar al celador […]; de manera tal que lo neutralizado mediante esta acción fue su libertad ambulatoria: es decir física; y fue recién ahí, como una consecuencia lógica de esto, que no pudo cumplir con sus eventuales funciones como agente penitenciario. […] Es por ello que, consecuentemente, en ciertos casos como el presente, la aplicación de una vis física en la víctima conlleva también la imposibilidad posterior de que este sujeto realice algo; precisamente, en virtud de la privación ilegítima que pesa sobre su cuerpo”.
“[A] diferencia de lo que ocurre con las figuras de la coacción y del atentado contra la autoridad, en las cuales la víctima es vulnerada en su capacidad de tomar decisiones para hacer – respectivamente– lo que su voluntad o el deber le dicta, cuando media una privación ilegal de la libertad como la sufrida por [el celador], su margen de actuación física es lisa y llanamente bloqueado en virtud de la inmovilización que sufre producto de la fuerza física que se ejerce sobre su humanidad. [T]odo el tiempo que duró la maniobra consistente en inmovilizar [al celador] es imputable [al acusado], y a las otras personas no identificadas que intervinieron en su retención, a la luz del tipo penal contemplado por el art. 142, inciso primero, del CP, el cual agrava la privación ilegal de la libertad, tipificada en la norma anterior, por haber sido cometida mediante violencia ejercida sobre el cuerpo de la víctima.
Que así las cosas, en los arts. 149 bis y 237 del CP lo que hay, respectivamente, es un atentado contra la libertad de determinación de una persona o de un funcionario público; en tanto que en el art. 141 del CP media una afectación a la capacidad de locomoción o movimiento del individuo. [N]ótese que en el primer inciso del citado art. 142 del CP también se incluye a las amenazas como una agravante de la privación ilegal de la libertad, lo que da cuenta de la diferente clase de fuerza que hay entre esta última figura (una vis física) y la coacción (una vis psíquica), pues de lo contrario no tendría sentido agravar un delito cuando concurre una circunstancia que ya es propia de ese injusto penal.
Asimismo, en el art. 237, la acción típica consiste en usar intimidación o fuerza contra un funcionario público, con el fin de imponerle un determinado hacer o una determinada omisión de orden funcional. De modo que la intimidación o la fuerza de por sí no alcanzan para que el verbo típico quede configurado, sino que la acción final tiene que estar destinada a exigir una determinada actividad u omisión de carácter funcional.
Por lo tanto, si bien es cierto que la maniobra desplegada buscó que el mencionado celador no impidiera el ataque en el pabellón nº 1, en contra de su voluntad y de su deber como funcionario público, ciertamente la conducta que ha englobado este accionar en su conjunto ha sido la privación ilegal de su libertad; dado que, por medio de ella, se facilitó la consumación de toda la maniobra finalmente probada, al haberse inicialmente inmovilizado al nombrado con el objetivo de impedirle luego el normal ejercicio de sus funciones como agente penitenciario”.
“Lo dicho hasta aquí es suficiente para descartar la figura de la coacción agravada (art. 149 ter, inciso primero, del CP) que fue empleada por el tribunal de juicio en la sentencia, y criticada por la defensa en su recurso de revisión. […] Y al mismo tiempo, en atención a la manda que prohíbe la reformatio in pejus, ninguna otra calificación legal, originariamente no incluida, podrá ser adicionada al presente caso. [Se propone] establecer que la conducta imputada […] es únicamente constitutiva del delito de homicidio simple, en calidad de coautor (cfr. los arts. 45 y 79 del CP); sin que pueda concurrir ninguna otra figura típica, en atención a las explicaciones desarrolladas a lo largo de todo este apartado”.
2. Hecho nuevo. Condena no firme. Cómputo del tiempo de detención. Notificación.
“Según surge de la plataforma fáctica, […] el tribunal de juicio tuvo por acreditada […] que la fecha de comisión de los hechos que constituyeron el objeto del presente proceso penal tuvo lugar el día 15 de noviembre de 1998; en tanto que, […] la notificación del cómputo de pena y de los tiempos de detención [del imputado] ocurrió a principios de ese mismo mes y año, por lo que al momento de la comisión de los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones, aquella condena no se encontraba aún firme.
Es que […] la omisión en la confección de la respectiva acta o constancia de lectura de los fundamentos de la sentencia impidió tomar, como fecha de referencia para la consideración de la firmeza de esa condena, al día que oportunamente se había fijado a tal efecto; y trasladó entonces tal punto de referencia a la posterior notificación […], pues […] tanto la defensa técnica como el [acusado] tuvieron conocimiento desde ese momento del decreto dictado por el referido tribunal de menores, en virtud del cual los magistrados de esa judicatura entendieron que su decisión ya había quedado firme, y frente a ello ninguno de los notificados impugnó esta última consideración; permitiendo así que el trámite de ese proceso avance hacia la etapa final de ejecución de la pena impuesta en esa sentencia, cuando el día 16 de diciembre de 1998, esa sede tribunalicia procedió a efectuar las comunicaciones de rigor y comenzó a intervenir, entonces, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal nº 3”.
3. Condena no firme. Unificación. Unificación de penas. Nulidad. Reincidencia.
“[C]orresponderá aplicar al presente caso […] el primer supuesto de las dos hipótesis contempladas por el art. 58 del CP. […] Es que los hechos materia de juzgamiento en este proceso fueron anteriores al momento en el cual la primera sentencia quedó firme, por lo que deberá procederse a la unificación de sentencias, siguiendo los lineamientos trazados por los arts. 40, 41, 50, 54, 55, 56, 57 y demás concordantes del CP […]; de modo tal que podrá aplicarse aquí un criterio propio (obviamente, dentro de la escala penal correspondiente y sin agravarse la situación del [imputado], en lo que hace a este aspecto de su condena) para fijar esta sanción, dado que el segundo ilícito acaeció sin que exista hasta ese momento ninguna decisión judicial firme de condena”.
“En consecuencia, tendrá que anularse aquí la unificación de penas practicada por el tribunal de juicio mediante el empleo del método aritmético y, en su lugar, deberá imponerse una nueva pena. [D]ado que […], al momento de la comisión de los hechos que fueron aquí materia de juzgamiento, [el imputado] todavía no estaba cumpliendo pena como condenado, sino que se hallaba detenido y tenía aún una condena no firme, y toda vez que no corresponde aplicar la llamada reincidencia ficta, entonces resulta claro que no se encuentra reunido en estas actuaciones el presupuesto básico para aplicar el instituto de la reincidencia y, por ello, el presente agravio se ha tornado insubsistente. [C]orresponde declarar abstracto el abordaje de este planteo en sus dos facetas, por cuanto [el imputado] no debe ser declarado reincidente”.
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD; COACCIÓN; TIPICIDAD; HOMICIDIO; IURA NOVIT CURIA; REFORMATIO IN PEJUS; HECHO NUEVO; CONDENA NO FIRME; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; NOTIFICACIÓN; UNIFICACIÓN; UNIFICACIÓN DE PENAS; NULIDAD; REINCIDENCIA;
Ammirevole (causa Nº 9178)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
DECISIÓN
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la decisión impugnada.
ARGUMENTOS
1. Principio de contradicción. Víctima. Denuncia.
“[E]n las particulares circunstancias del caso y en lo referente a la forma en que éste debería continuar, se advierte que nos encontramos frente a un escenario de ausencia de controversia entre las partes que componen el proceso” (voto del juez Carbajo).
“[N]os encontramos ante un supuesto de ausencia de controversia o falta de ‘caso’ en los términos exigidos para el ejercicio de la jurisdicción (cfr. art. 116 de la C.N.). En efecto, según lo relatado por el Sr. Defensor Público Oficial en la audiencia celebrada en esta instancia, la víctima manifestó haber perdido interés en la cuestión objeto de impugnación por la representación de la Defensoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal dictaminó en consonancia con lo postulado por la Defensoría.
En ese marco, el examen de la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones de la Defensoría General de la Nación resuelta por el ‘a quo’ deviene insustancial. Lo expuesto conduce a un escenario de ausencia de contradictorio entre las partes…” (voto del juez Borinsky).
2. Principio de contradicción. Víctima. Denuncia. Tutela judicial efectiva. Ministerio Público de la defensa. Autonomía.
[E]l contradictorio no se produce entre el representante del Ministerio Público Fiscal y el condenado –asistido por su defensa técnica–, sino más bien se genera entre el condenado –en calidad de denunciante– y la Defensoría General de la Nación –bajo su rol de posible asesor técnico de la víctima denunciante–. [E]l derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva resulta insoslayable, dada su presencia constitucional en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. [L]a ley 27.372 reguló los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. [También] determina específicamente que la víctima ‘tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos, y en su caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo’ (art. 11). Para afrontar dicha obligación estatal, la propia norma crea el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), a la vez que dispone la creación del cargo de Defensor Público de Víctimas, dependientes del Ministerio Público de la Defensa (art. 29).
A raíz de ello, se modificó la ley 27.149, conocida como la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, y en su art. 11 se establece actualmente que ‘la Defensoría General de la Nación garantizará, conforme los requisitos y asignaciones funcionales que determine la reglamentación, y según lo previsto en los artículos 37 bis y 37 ter de la presente ley, la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos, si por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad resultara necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados’”.
“[L]a implementación de esta nueva función ejercida por el Ministerio Público de la Defensa depende de su reglamentación. Ésta se cristalizó, inicialmente, a partir del Decreto 481/2018 que reglamentó la ley 27.372. [En su artículo 11] establece además que ‘los requisitos de admisibilidad que habilitarán la prestación de este servicio serán determinados en cada caso por el organismo, oficina o institución que tenga a su cargo dicha responsabilidad, conforme a los protocolos de admisión que aquéllos elaboren a tal fin. Los protocolos de admisión deberán ser comunicados a toda la población, con especial énfasis a las asociaciones de víctimas’. [E]l conglobado normativo permite afirmar que el condenado […] tiene derecho, como presunta víctima, a que la administración de justicia le brinde el marco propicio para garantizar su acceso a la justicia en pos de obtener una respuesta jurisdiccional frente a la denuncia que formuló” (voto del juez Hornos).
3. Acceso a la justicia. Victima. Patrocinio letrado. División de los poderes. Ministerio Público de la defensa. Autonomía.
“[E]l acceso a la justicia es una consecuencia del derecho a una tutela judicial efectiva y la no discriminación. Esto conlleva a que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, de modo tal que se debe garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas que se reputan como víctimas y que no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar el proceso penal”.
“[L]a Resolución DGN N°1459/18 […] dispone que la DGN debe garantizar el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de delitos en procesos penales, pero circunscribe dicha función a aquellos casos de limitación de recursos económicos o vulnerabilidad de la víctima y siempre que ‘resultara necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados’ (cfr. art. 11 de la ley 27.149). A partir de estas circunstancias, la Resolución interna mencionada fijó parámetros para la ponderación de los requisitos que determinen la intervención de dicha institución en su rol de asesor técnico de víctimas. Dichos parámetros son: a) solicitud de intervención por una persona que revista calidad de víctima; b) limitación de los recursos para afrontar los gastos del proceso y/o situación de vulnerabilidad; c) especial gravedad de los hechos investigados; d) legitimación, en su caso, para constituirse como querellante”.
“[E]l legislador estableció dos organismos específicos para atender la particular circunstancia de aquellas víctimas que, por cuestiones de escasos recursos o vulnerabilidad, no puedan promover de manera eficaz su participación en el proceso penal. Tanto la CENAVID como los Defensores Públicos de Víctimas deben brindar asesoramiento jurídico gratuito a quienes reúnan estas condiciones. Pero, dichos organismos tienen potestades para determinar en qué casos deciden cumplir esa misión. A tal fin y en lo que aquí concierne, el MPD fijó pautas que operan como parámetros para definir en qué supuestos resulta atendible que destinen sus recursos para asistir jurídicamente a la víctima. Esto se enmarca, además, dentro de su carácter de órgano independiente con autonomía funcional que emana de la propia Constitución Nacional (art. 120)”.
“[L] la resolución recurrida por el representante del Ministerio Público de la Defensa adolece de vicios que impiden considerarla un acto jurisdiccional válido. En efecto, el principal argumento allí esgrimido se basa en que la DGN incurrió en un exceso de atribuciones al momento de reglamentar en qué casos debe ofrecer patrocinio jurídico gratuito a las víctimas que lo solicitan. Sin embargo, y contrario a ello, en el propio Decreto PEN 421/18 establece en el art. 11 que se delegó a cada organismo (MPD y CENAVID) la potestad de regular parámetros de admisibilidad en la prestación del servicio de patrocinio jurídico gratuito. Fue a partir de dicha delegación que el MPD estableció criterios de selección de casos en los cuales decide prestar dicho servicio” (voto del juez Hornos).
4. Victima. Patrocinio letrado. División de los poderes. Poder legislativo. Ministerio Público de la defensa. Autonomía. Resolución administrativa.
“[D]esde el plano interinstitucional, se presenta una acertada elaboración de normas tendientes a promover un mismo fin. El legislador sancionó la norma y designó parte de la tarea al MPD, para que brinde asesoramiento a víctimas en casos especialmente graves y mientras que se presenten contextos de vulnerabilidad o dificultades económicas. Seguido de ello, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó dicha ley y, siguiendo la línea del legislador, le delegó facultades al MPD –que cuenta con autonomía funcional por el art. 120 de la Constitución Nacional– para que regule criterios de admisibilidad para poder materializar y hacer operativa la voluntad del legislador con relación a la atención a las víctimas. Y, finalmente, el MPD dictó resoluciones en pos de fijar pautas y así cerrar el círculo normativo que hace a la protección de los derechos de las víctimas”.
“[L]os cuatro parámetros fijados por el MPD que fueron desarrollados en el acápite precedente se corresponden explícitamente con la voluntad del legislador. La persona debe revestir calidad de víctima, debe encontrarse en situación de vulnerabilidad o limitado económicamente, los hechos deben ser especialmente graves y debe encontrarse legitimado para hipotéticamente constituirse como querellante. El correlato con la decisión legislativa es evidente, por lo que no se advierte una incompatibilidad entre las resoluciones en crisis y la ley 27.372.
Para más, corresponde aseverar que la formulación misma de criterios de selección de casos no deviene de un ánimo caprichoso o antojadizo del Ministerio Público de la Defensa. Muy por el contrario, emerge como respuesta a los recursos con los que cuenta dicho organismo para ejercer dicha función, que, como es de imaginarse, son limitados en relación con la posible demanda de solicitantes. Basta sólo con proyectar y comparar el amplísimo universo de denunciantes que pueden aspirar a una asistencia técnica gratuita frente a los recursos económicos y humanos con los que cuenta el MPD para hacer frente a tales demandas para comprender la disparidad. La única opción plausible que emerge de dicha confrontación es efectuar una selección. Y, para que ella no resulte arbitraria, debe responder a parámetros razonables, como los que precisamente desarrolló la DGN en las resoluciones aquí analizadas”.
“[E]l MPD decidió rechazar el pedido de [la persona denunciante] por no cumplir uno de los requisitos establecidos reglamentariamente, a saber, el de especial gravedad del caso. Al respecto, la propia reglamentación fijó como indicadores para su evaluación, entre otras, el bien jurídico afectado, la magnitud del daño causado, la complejidad en la investigación de los hechos. La DGN analizó los antecedentes del caso […] y entendió que no se presentaban en el caso los requisitos de admisibilidad para brindar el asesoramiento jurídico gratuito. En ese escenario, la DGN afirmó que se trataba de cuestiones vinculadas al modo en que viene cumpliendo el encierro, lo que refleja además la ausencia de especial gravedad. En esa línea, estimó conducente direccionar la cuestión para que sea atendida por la Defensoría que lo asiste […] en la ejecución de su pena.
[N]o se advierte en el caso un supuesto de desamparo del denunciante o una desatención a sus funciones por parte de los integrantes del MPD que intervinieron frente a la situación conflictiva que originó esta incidencia. Muy por el contrario, ante el rechazo a su solicitud de ser asistido gratuitamente en la instancia de apelación, decidieron brindarle asesoría y encauzar la situación conflictiva desde su rol de defensa técnica en la ejecución de la pena. Esto demuestra, por un lado, que las resoluciones declaradas inconstitucionales por el a quo se ajustan a los preceptos promovidos por el legislador, mientras que por el otro, en el plano concreto, la actuación de los intervinientes del MPD resultó ajustada a los parámetros legales y reglamentarios y reflejaron una adecuada prestación de sus servicios públicos” (voto del juez Hornos).
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; VICTIMA; DENUNCIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA; AUTONOMÍA; ACCESO A LA JUSTICIA; PATROCINIO LETRADO; DIVISIÓN DE LOS PODERES; PODER LEGISLATIVO; RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA;
GMP (Causa Nº 178)Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 5° Nominación de la ciudad de Río Cuarto
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 5° Nominación de la Ciudad de Río Cuarto hizo lugar a la demanda y autorizó el cambio de residencia de la mujer y sus hijos a la Provincia de Buenos Aires pese a la oposición de su progenitor (jueza Fraire).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Familias. Derecho de Familia. Responsabilidad parental. Residencia. Centro de vida. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[E]n virtud del régimen de coparentalidad receptado en el CCCN los progenitores tienen los mismos derechos y responsabilidades, en materia relacionada con sus hijos. El ejercicio de tales derechos no habilita a uno de ellos a cambiar el lugar de residencia del hijo en forma unilateral, sin contar con la conformidad del otro progenitor, puesto que las reglas del ejercicio compartido de la responsabilidad parental —art. 641, CCyC— determinan que, ante la negativa de uno de los progenitores, resulta necesario que el otro solicite autorización judicial o bien se oponga al traslado, para que se dirima el desacuerdo, otorgando (o no) la autorización para el traslado y habrá de analizarse que es lo mejor para los niños y las partes todas en el caso concreto. En el análisis, habrá que atender a factores como la edad y condiciones de los hijos, sus referentes afectivos, sus vínculos, el destino, entre otros factores y conjugar ello con la necesaria mirada con perspectiva de género en planteos como el bajo análisis, evaluándose la condición de la mujer que lo solicita, su posible situación de vulnerabilidad y las razones expresas o implícitas del pedido…”.
2. Género. Perspectiva de género. Violencia. Violencia de género. Violencia familiar. Impedimento de contacto. Riesgo. Familias. Residencia. Centro de vida. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a ser oído. Convención sobre los Derechos del Niño. Responsabilidad parental. Cuidado personal.
“[E]stamos frente a un caso en el que una mujer (madre y cuidadora de sus hijos) proyecta trasladar su domicilio dentro del país con el propósito de recurrir a la contención de su red familiar de apoyo, poner distancia de una relación violenta con quien fue su pareja y padre de los niños, y éste se opone, aunque no se domicilia en la localidad que hasta el presente lo hacen sus hijos…”.
“[E]xiste registro de numerosas situaciones de violencia familiar y género, que llevaron a que la autoridad de aplicación la considere a la problemática familiar de ‘alto riesgo’. Que [la mujer] no tiene una red de contención afectiva familiar en la localidad que reside hace 8 años (mudaron la residencia en el año 2014). No es un dato menor, que mudaron la residencia desde donde [la mujer] era oriunda y había habitado hasta ese momento, a una localidad del interior de la provincia de Córdoba de la que es oriundo y tenía su familia y red de contención social el demandado. Tal es así que incluso, desempeñó un rol en el municipio local –inspector de transito– que da cuenta de una relación desigual de poder entre las partes y una disímil inserción en la localidad, que pone en evidencia una asimetría de poder y los esquemas de desigualdad que sin dudas determinaron el diseño y ejecución del proyecto de vida de las partes…”.
“[H]ay, al menos, dos derechos involucrados. Por un lado los derivados del centro de vida de [los niños], circunstancia que es tenida en cuenta como elemento constitutivo del mejor interés contemplado por el art. 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y la situación de género en relación a [la mujer].
Para el análisis cabe tener en cuenta que actualmente el derecho de las familias es pluralista, y rechaza concepciones rígidas de lo que es mejor para cada niño, no pudiéndose considerar que un modelo familiar puede ser mejor que otro. Por eso, se ha dicho que, para decidir cuál es el mejor interés de cada niño ´hay que relacionar su contenido con las circunstancias concretas de las personas que intervienen en la relación jurídica. La formación de la decisión en la que se determina dónde se sitúa el interés superior del niño ha de hacerse siempre con la consideración de todos los datos que conforman la situación del niño y donde es imprescindible tener en cuenta las circunstancias concretas de los protagonistas que le rodean´ [Herranz Ballesteros, Mónica, El interés del menor en los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Lex Nova, Valladolid, 2004, p. 53. )...”.
“[La mujer] no tiene referente afectivo que le procure contención en la localidad que reside, de la que es oriundo el demandado, quien no vive en la misma. Que la migración desde el lugar en que [la mujer] tenía su red de contención familiar y social, el rol social que desplegaba [su ex pareja] en la localidad, el aislamiento en la construcción de relaciones sociales de la accionante, la opinión de las terapeutas a las que asiste a [la mujer], los vínculos –aunque virtuales en los últimos tiempos– que han mantenido o construido la familia de [la mujer] con ella y sus hijos, quienes en oportunidad de ser oídos consideran ´su familia´, las posibilidades laborales y habitacionales que le ofrece y brindará su hermana […], y habiendo [la mujer] acreditado las razones de su petición, todo ello […] llevan a la convicción que el alejamiento del lugar en el que –no reside el progenitor de los niños– pero la ex conviviente del mismo quedó residiendo, es un entorno no favorable para el desarrollo integral y saludable de la progenitora que ejerce los cuidado y de los niños hijos de las partes, en consonancia con la opinión del representante complementario de los niños, y que el nuevo lugar de residencia resultará beneficioso para ella y sus hijos…”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; FAMILIAS; DERECHO DE FAMILIA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; RESIDENCIA; CENTRO DE VIDA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VIOLENCIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; IMPEDIMENTO DE CONTACTO; RIESGO; DERECHO A SER OIDO; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CUIDADO PERSONAL;
CMH (Causa Nº 7936) (Cámara)Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social no hizo lugar al recurso y, por lo tanto, confirmó la sentencia de primera instancia (jueza Pérez Tognola y jueces Cammarata y Piñeiro).
1. Acción de amparo. Admisibilidad. Caducidad. Excesivo rigor formal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación in re `José Moreno y otros c/Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles´[…] afirmó que `Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de los derechos más que de una ordenación o resguardo de competencia´.
[Se trata de] una situación `delicada y extrema´ […] donde peligra la salvaguarda de derechos fundamentales cuyo carácter alimentario nadie cuestiona, por lo que la vía del amparo aparece como el remedio más eficaz, rápido y expedito que posee el actor para proteger su derecho, por lo que corresponde desestimar el agravio vertido al respecto…”.
“[E]l art.2º inc. e) de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es un escollo insalvable cuando con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente […]”.
2. Derecho de la seguridad social. Pensión por fallecimiento. Alimentos. Protección integral de la familia. Vulnerabilidad. Solidaridad previsional. Principio pro homine.
“Cabe recordar que el art. 38 de la ley 18.037 […] enumeraba taxativamente quiénes tenían derecho a pensión en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a jubilación, estableciendo en su inciso d) la posibilidad de acceso a la prestación de los nietos solteros, las nietas solteras y las nietas viudas, estas últimas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, huérfanos de padre y madre hasta los dieciocho años de edad o se encontraren incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de fallecimiento de éste, o incapacitados a la fecha en que cumplieran la edad de dieciocho años […].
[E]l universo de derechohabientes se vio significativamente reducido con la sanción del art. 53 de la ley 24.241, lo que sin duda marcó un retroceso en la tendencia imperante respecto de la protección integral del núcleo familiar ampliado. Si bien [dicho artículo] no establece, como lo hacían las leyes anteriores, la expresa mención de la enumeración taxativa, la reducción significativa de los posibles beneficiarios lleva a entender que el legislador pretendió asignarle tal carácter, impidiendo la concesión del beneficio a otras personas distintas de las allí enumeradas. No obstante a ello, por vía jurisprudencial, se ha extendido la cobertura en casos especiales en los que se encontraba acreditado que el causante contribuía al sustento del peticionario, quien se veía impedido de obtenerlo por otros medios.
La regla interpretativa en materia de Seguridad Social, especialmente en los supuestos no contemplados expresamente en la norma, fue dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación […] que afirmó que esta rama del derecho tiene como finalidad esencial cubrir ´contingencias sociales´ o, más precisamente, `asegurar lo necesario a las personas que sufren´. De ahí que reiteradamente haya puntualizado, por un lado, la `naturaleza alimentaria´ de las prestaciones que prevé y por el otro, la relación entre éstas y la cobertura de `riesgos de subsistencia´.
3. Derecho de la seguridad social. Pensión por fallecimiento. Protección integral de la familia. Solidaridad previsional. Principio pro homine. In dubio pro justicia social. Derechos humanos. Constitución Nacional. Tratados internacionales. Ley aplicable. Interpretación de la ley. Jurisprudencia.
“El Alto Tribunal […] ha considerado dos circunstancias: primeramente que el cometido propio de la seguridad social, por mandato de la Constitución Nacional (art. 14 bis), es la cobertura ´integral´ de las consecuencias negativas producidas por las mencionadas contingencias y, además, que es preciso interpretar las normas infra constitucionales de la seguridad social conforme a su objetivo protectorio, lo cual impone reglas amplias, cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos o los criterios restrictivos no desnaturalicen el espíritu que ha inspirado su adopción, pues no debe llegarse al desconocimiento de derechos de esta índole sino con extrema prudencia. Es por ello que toda preferencia hermenéutica debe volcarse hacia el resultado que favorece los objetivos normativos y no hacia el que los dificulta...”.
“[L]os requisitos para obtener y conservar las pensiones siempre atañen a circunstancias personales de los beneficiarios, esencialmente variables […] y la jurisprudencia [del] fuero ha sido históricamente permeable a reclamos como el de autos, donde por ejemplo […] sostuvo […] que `Si el causante subvenía totalmente las necesidades del menor (en el caso, hijo de padre desconocido que se hallaba a cargo del abuelo conforme la guarda otorgada por un Tribunal de Menores), aun cuando a los efectos técnicos no se cumpla con el requisito de orfandad […] debe concluirse que se encuentra en condiciones de acceder al beneficio de pensión […]´.
[La] Sala I, en un pronunciamiento […] ´Barreto, Juana M. v. ANSeS´, reiteró el criterio de asimilar orfandad con desprotección y además aplica con sentido previsionalista la figura del `estado a cargo´, que en este ámbito se define por el ´mantenimiento del nivel de vida alcanzado´ en vida del causante, sin ser necesario que el causahabiente acredite una carencia total de recursos económicos […].
En [otra] oportunidad [se hizo] lugar a la medida cautelar solicitada a favor de una nieta menor discapacitada, que no había sido reconocida por supadre y si bien estaba al cuidado de la madre, el sostén del hogar era el abuelo […]. [En ese caso, se sostuvo] que ´frente a una realidad social cada vez más cambiante respecto de los vínculos parentales, donde las formas familiares adquieren matices muy diferentes de los que existían en la antigüedad, la legislación previsional debe necesariamente acompañar estos cambios respetando los vínculos formales y no formales respecto de quienes en vida han estado al amparo económico del causante´.
[U]n reciente fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata […] sostuvo `si bien la menor R.R.J no se encuentra dentro del nomen iuris que establece el art. 53 de la ley 24.241, y por ello no posee el derecho a la pensión derivada tras el fallecimiento de su abuela, no [se puede] dejar de analizar el caso en un contexto holístico del derecho, en armonía con los principios generales que rigen en materia previsional, la Constitución Nacional, así como la Convención sobre los Derechos del Niño´ en virtud de los caracteres que informan a todo beneficio previsional, es reiterada la doctrina de [la] Corte, que ´[…] los jueces deben obrar con cautela en el desconocimiento o rechazo de solicitudes de beneficios de naturaleza alimentaria´ (Fallos 320:364), precisamente porque ese contenido `exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquellos es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad […] luego de la reforma constitucional del año 1994, los poderes públicos […] han de extremar los recaudos para dar cumplimiento a los estándares que en materia de derechos humanos se introdujeron, como es el principio pro homine y el in dubio pro justitia socialis, que imponen al operador jurídico desechar aquellas pautas de interpretación contrarias a los principios mencionados […]. Todo el orden socioeconómico, desde la Constitución y los instrumentos internacionales, hacia abajo, se enraíza en lo que es la pauta axial del derecho constitucional contemporáneo: los derechos humanos. Sabido es que la persona humana y sus derechos invisten centralidad, y que toda interpretación del sistema jurídico que la involucra ha de girar en su protección y defensa…´”.
“[E]l art. 14 bis de [la] Constitución prevé la protección integral de la familia, derecho que debe entenderse con amplitud de criterio. [E]s un axioma uniformemente aceptado que el cometido propio de la seguridad social, es la cobertura ´integral´ de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales, motivo por el cual sólo procede desconocer derechos con suma cautela a fin de no soslayar el carácter alimentario y protector que poseen beneficios como el comprometido en el presente caso; a lo que se suma los compromisos asumidos por el Estado Argentino, ante la comunidad internacional con la firma de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos...”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; CADUCIDAD; EXCESIVO RIGOR FORMAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL; PENSIÓN POR FALLECIMIENTO; ALIMENTOS; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; VULNERABILIDAD; SOLIDARIDAD PREVISIONAL; PRINCIPIO PRO HOMINE; IN DUBIO PRO JUSTICIA SOCIAL; DERECHOS HUMANOS; CONSTITUCION NACIONAL; TRATADOS INTERNACIONALES; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
ALF (Causa Nº 15841)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B
La Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia impugnada, pero modificó el monto de la indemnización por daño moral (jueza Maggio y jueces Ramos Feijoo y Parrilli).
1. Actos discriminatorios. Igualdad. No discriminación. Ley aplicable. Interpretación de la ley. Tratados internacionales. Constitución Nacional. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[L]a ley 23.592 con base constitucional se enmarca en la temática de los Derechos Humanos dando un marco protectorio a quien sufre actos de discriminación y en su primera disposición establece: `quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja de algún modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos´, pues cabe recordar que el sistema legal prohíbe todo tipo de discriminación y garantiza contra cualquiera de ellas […].
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la tarea de interpretar el artículo 16 de [la] Carta Magna ha resuelto que ‘La igualdad ante la ley significa que no se deben conceder excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se otorga a otros en igualdad de condiciones´. [E]l principio de igualdad o de no discriminación consagrado por el referido artículo, debe ser considerado a la luz del […] art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional en tanto lo consagran diversas disposiciones contenidas en los tratados con jerarquía constitucional tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (art. 2); Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 2 y 7); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (arts. 2.1 y 26); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (arts. 2° y 3°); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1 y 24); además de los tratados destinados a la materia en campos específicos: Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial, (arts. 2 a 7) y Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, (arts. 2, 3 y 5 a 16)…”.
2. HIV. Actos discriminatorios. Igualdad. No discriminación. Derecho al trabajo. Libertad de contratar. Prueba. Carga de la prueba. Indicios. Presunciones. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
“Uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria. Por ello, y teniendo en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional […] se considera que cuando una persona invoca un supuesto de discriminación, como en el caso, se invierte la carga de la prueba. Ocurre que es mucho más difícil para el primero probar la discriminación, que para el segundo acreditar la justa causa, si es que existe […].
[H]a sido establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que: ‘la discriminación no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que patente y difícil de demostrar, ya que normalmente el motivo subyacente a la diferencia de trato está en la mente de su autor y, la información y los archivos que podrían servir de elementos de prueba están, la mayor parte de las veces, en manos de la persona a la que se dirige el reproche de discriminación’ y aclara ‘en los casos en que resulta aplicable la ley 23.592, y se controvierte la existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego, resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, la acreditación de hechos, prima facie evaluados, que resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación, y la evaluación de uno y otro extremo, es cometido propio de los jueces de la causa a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica (Fallos 334: 1387, in re `Pellicori´)´.
[E]n conflictos derivados de situaciones de discriminación, difícilmente ha de encontrarse una prueba clara y categórica, pues seguramente tales actos no resulten documentados. Por lo tanto, adquieren relevancia las directivas contenidas en el art. 163 del Código Procesal, en tanto autorizan a echar mano a las presunciones no establecidas por ley. [S]e ponen en juego derechos como el de igualdad y de prohibición de discriminar a favor de la parte trabajadora o quien aspira a serlo; y por el otro, el derecho de contratar libremente que asiste a la parte que será la empleadora (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional). La ley de contrato de trabajo reconoce a la empleadora el derecho constitucional para elegir al personal que trabajará para la empresa o comercio conforme las facultades de dirección de organización como titular de la explotación, al contar a su favor con un marco de discrecionalidad en el ejercicio de esa facultad, pero las particulares circunstancias del presente caso muestran a dicha discrecionalidad exacerbada, porque acreditado el avance del actor en el proceso de selección, no logra establecerse con claridad por qué se detuvo luego del resultado de laboratorio realizado en el marco del examen preocupacional, prueba que a la luz de todo lo expuesto le correspondía a la parte demandada.
[E]n su silencio previo y durante el proceso la demandada conocía que aquí se encontraba en juego la discusión sobre la existencia de un acto discriminatorio, enmarcado en la ley 23.592, y bajo el lineamiento expresado, a través de los fundamentos de la contestación de la acción entablada en su contra y de la prueba ofrecida no cumplió con el referido deber de colaboración del citado art. 163 inc. 5 del CPCCN) ni tampoco acreditó que la no contratación por parte de la empresa demandada no constituyó un acto discriminatorio, pues debió probar que la no concreción del contrato de trabajo se debió a razones operativas o de funcionamiento, o a alguna otra cuestión puntual […] como podría haber sido simplemente acreditar que no hubo discriminación sino que sólo hubo una elección de otro candidato, prueba que era determinante para contrarrestar la fuerza otorgada a la indiciaria sobre la que apoyó su decisión de condena.
[R]esulta llamativo que la demandada no haya arrimado ningún elemento de prueba que permita establecer que el demandado no fue contratado por un motivo distinto a la alegada discriminación, que puso en juego la valoración de las presunciones judiciales, en la inteligencia que diversos indicios pueden constituir fuente de convencimiento […] pues esto se verifica cuando con la lógica se consigue unir todos los indicios necesarios para llegar a la constatación del hecho. Así, se ha dicho que el indicio es una prueba desde el momento que en virtud de ella se adoptan determinadas resoluciones judiciales. [L]a prueba aportada en las presentes actuaciones y centralmente el silencio guardado por la empresa al no explicitar las razones de la no contratación del actor, generó claros indicios de discriminación, los cuales no fueron debidamente refutados por la parte demandada mediante algún medio probatorio eficaz, que permitiese descartar que dicha causa obedeciera a otras razones que no fueran la pertenencia del actor a un grupo que sufre discriminación.
[L]a demandada tenía a su disposición canales previos que pudo hacer valer y también posteriores frente al presente proceso judicial, para comunicar al actor en forma clara la decisión de no contratarlo, que el caso en particular tenían su fundamento en llegar a las instancias finales, agradecer el tiempo destinado al proceso y probablemente mencionarle que se lo tendría en cuenta para futuras y eventuales vacantes, pero nada de ello ocurrió, eligió el silencio que se produjo desde el momento posterior al examen médico preocupacional y de laboratorio, y que se mantuvo pese a la oportunidad que el presente proceso judicial le otorgó, todo lo que a la luz de los elementos analizados jugó fatalmente en su contra. [L]a no contratación del actor se debió a su condición de portador del virus de inmunodeficiencia humana, lo que constituye sin duda un acto discriminatorio, concretado a raíz de una condición relacionada con su salud física, carente de fundamento y, por consiguiente, menoscabante de su derecho a trabajar…”.
ACTOS DISCRIMINATORIOS; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; TRATADOS INTERNACIONALES; CONSTITUCION NACIONAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; HIV; DERECHO AL TRABAJO; LIBERTAD DE CONTRATAR; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; INDICIOS; PRESUNCIONES; CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN;
Prósperi (reg. N° 624 y causa N° 10480)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación (jueza Ledesma y jueces Mahiques y Yacobucci). Por mayoría, absolvió a los imputados (jueza Ledesma y juez Yacobucci). En disidencia parcial, el juez Mahiques remitió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento.
1. Juicio oral. Prueba. Admisibilidad de la prueba. Alegato. Nulidad. Arbitrariedad. Sentencia definitiva.
“[Se considera] arbitraria, por manifiestamente improcedente, a la resolución adoptada. Y esto es así, por cuanto el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó una resolución inoportuna para el momento procesal en que se encontraba, omitiendo, de esa forma, dictar la sentencia definitiva que legalmente correspondía luego de un debate llevado a cabo conforme a las normas que lo regulan.
[E]l juicio oral y público se cumplió en su totalidad de acuerdo a la normativa procesal, oportunidad donde solo era posible dictar una sentencia definitiva, sea esta condenatoria o absolutoria. Dicho de otro modo, la decisión del tribunal a quo de declarar la nulidad de los alegatos luego de cerrar el debate conforme lo establece el art. 393 in fine, habiendo escuchado las últimas palabras de los imputados y fijado fecha para la lectura de la sentencia –que finalmente no se dictó– se erige como una inobservancia de la normativa procesal que conduce, indefectiblemente, a descalificar la resolución como acto jurisdiccional válido.
Es que luego de cumplirse la totalidad de los actos de debate incluidos en el Capítulo II, Sección II del Código Procesal Penal de la Nación, y por fuera de las vicisitudes que circundaron la expresión de alegatos, el juicio continuó normalmente, habiendo las partes dejado sentada su posición al respecto de la incorporación de la prueba, por lo que el tribunal a quo se encontraba en condiciones de dictar la sentencia definitiva considerando tales extremos” (voto del juez Mahiques).
2. Alegato. Nulidad. Motivación. Defensa material. Defensa técnica ineficaz. Derecho de defensa. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[Se requiere] de la evidencia objetiva que permita inferir una relación directa entre aquellas inactividades u omisiones del defensor puestas de resalto en la resolución recurrida y el perjuicio seguido de la presunta mala praxis, crítica que pierde sustento y relevancia cuando se reduce al supuesto incumplimiento de alegar de conformidad con lo requerido por el órgano jurisdiccional.
Así puede concluírselo a partir de la interpretación, a contrario, de lo resuelto por el alto tribunal en el precedente Núñez (Fallos: 327:5095), y más recientemente en Ferreira […], donde, entre otras cuestiones, se verificó efectivamente el ejercicio de una defensa meramente formal, que llegó al punto de desatender una manifestación de voluntad del imputado de interponer los recursos previstos por el ordenamiento ritual, los cuales, constituyen una facultad del imputado y no una potestad técnica del defensor (cf doctrina de Fallos: 327:3802 y sus citas; 329:149; 330:4920).En el caso, y por fuera de las objeciones que pueda merecer el recto desarrollo del debate en la oportunidad de los alegatos, no puede afirmarse que se hayan verificado los extremos consignados en los precedentes mencionados de modo que lleven razonablemente a presumir que, en lo que aquí interesa, [los imputados] no contaron con una efectiva y sustancial asistencia técnica.
[E]l tribunal no se encontraba en condiciones de delinear la estrategia procesal de las defensas, quienes, como se estableció, habían dejado en claro su postura de no alegar sobre la prueba que ellas consideraban incorporadas ilegítimamente, habiendo realizado la reserva para concurrir en esta sede revisora. Más aun cuando se verifica que la defensora oficial, luego de poner de resalto la omisión de la incorporación, realizó un alegato en subsidio, sobre la prueba que ella entendió legítimamente incorporada al debate, tal como se destacó el transcribir el acta de debate en el punto correspondiente, lo que no se condice con una defensa meramente formal…” (voto del juez Mahiques).
3. Prueba. Incorporación de la prueba por lectura. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de contradicción. Principio de inmediación. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“En orden a la cuestión suscitada, [debe señalarse] que contrariamente a lo afirmado por el tribunal, la omisión de incorporar la prueba material durante el juicio no constituye, en modo alguno, una mera formalidad. Muy por el contrario, el planteo realizado por la defensa resultaba muy pertinente al denunciar una violación al debido proceso en términos de afectación del derecho de defensa y de los principios de contradicción e inmediación.
Cabe recordar que solo puede considerarse prueba a aquellos elementos producidos en el juicio en el marco del examen y contraexamen realizado por las partes en plenas condiciones de contradicción, inmediación y publicidad, lo cual no puede ser suplido por las constancias del expediente y, menos aún por la mera lectura formal de un listado de objetos.
Los elementos materiales que pudieran recabarse durante la etapa de investigación, son producidos sin inmediación y, por sí mismos, no están sujetos a contradicción. De modo que su incorporación al juicio para adquirir el carácter de prueba debe realizarse a través de testimonio para que sean los testigos quienes expliquen el modo de producción de esos elementos y la respectiva cadena de custodia, ya que por sí mismos, es decir, sin el testimonio en juicio, no constituyen información de calidad”.
“En estas condiciones, el planteo de la defensa durante el alegato no solo no debió ser considerado como un supuesto de indefensión, sino que muy por el contrario, dicho alegato importó un planteo con base constitucional debidamente fundado en términos de un vicio esencial del juicio oral y público que afectaba la contradicción y el derecho de defensa.
En estas condiciones, la nulidad decretada por el juez carece de sustento y expresa una concepción formalista del juicio oral. Además, el error del Estado en la incorporación de las pruebas no podía operar en contra del imputado” (voto de la jueza Ledesma al que adhirió el juez Yacobucci).
JUICIO ORAL; PRUEBA; ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA; ALEGATO; NULIDAD; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA DEFINITIVA; MOTIVACIÓN; DEFENSA MATERIAL; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; DERECHO DE DEFENSA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRINCIPIO DE INMEDIACION; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN;
GML (Causa N° 29513)Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo intimó a la empresa para que en el plazo de treinta días acreditara que cumplió con la capacitación de todo el personal medio y superior (en especial para personas de nivel gerencial o de supervisión) en materia de violencia laboral y género bajo apercibimiento de aplicar astreintes en favor de la actora (Jueza García Vior y juez Sudera).
1. Actos ilícitos. Actos discriminatorios. Violencia de género. Trabajo. Principio de dignidad humana. Trato cruel, inhumano y degradante. Acoso laboral. Acoso sexual. Daño. Daño moral. Daño psicológico. Responsabilidad. Indemnización. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación de la ley.
“[T]al como señaló el Sr. Juez a quo los hechos así concatenados constituyen actos ilícitos de innegable afectación a la dignidad de la persona trabajadora y generan, en forma refleja, (en este último caso, por el obrar del personal jerárquico dependiente de ella) la responsabilidad de la empleadora (cfr. arts. 1109 y 1113 del Código Civil de Vélez Sarsfield y arts. 118, 160, 200, 275, 278, 490,833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788, 732, 1520, inc. b), 1753, 1763, 1243, 1286, 1685, 1757, 1758, 1769, 1768 y 1973 del Código Civil y Comercial de la Nación).
[E]s evidente que el trato denigrante, el acoso permanente y el ambiente de trabajo hostil, en el que prestó servicios la reclamante, ha debido generarle angustia y aflicciones íntimas constitutivas de un daño de índole ´moral´ como el invocado, por lo que, a la luz de las pautas que usualmente utiliza esta Sala para graduar estén tipo de indemnización, y habida cuenta que no es sencillo mensurar en dinero la extensión e intensidad de una afectación de índole moral y las particulares circunstancias que rodearon al presente caso, el fijado por el Sr. Juez de grado resulta adecuado…”.
2. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Género. Estereotipos de género. Perspectiva de género. Actos discriminatorios. Igualdad. No discriminación. Acoso laboral. Violencia laboral. Violencia de género. Trabajo. Protección integral de la mujer. Responsabilidad del estado. Tutela judicial efectiva. Medidas tuitivas. Medidas de acción positiva.
“[E] se impone señalar que la Recomendación General N° 28 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dice que: ´La obligación de proteger requiere que los Estados partes protejan a la mujer contra la discriminación por parte de actores privados y adopten medidas directamente orientadas a eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que alimenten los prejuicios y perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres. La obligación de cumplir requiere que los Estados partes adopten una amplia gama de medidas para asegurar que la mujer y el hombre gocen de jure y de facto de los mismos derechos, incluida, cuando proceda, la adopción de medidas especiales´.
Hacer visibles las desigualdades naturalizadas socialmente constituye una forma de propender a la igualdad requerida por nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el Poder Judicial en su conjunto tiene la obligación de no silenciar situaciones incompatibles con la premisa de tolerancia cero ante supuestos de violencia, y menos cuando aquellas tienden a perpetuar estereotipos discriminatorios en razón del género de las afectadas (ya ubicadas en una relación desigual de poder en orden a sus inferiores jerarquías), por lo que entiendo que es obligación de los magistrados y magistradas operar como agentes de cambio no sólo declarando inadmisible soluciones que impliquen que sea la víctima (y no su victimario o victimarios) la excluída del ámbito laboral, sino también adoptando medidas positivas de tipo correctivas para propender a erradicar los patrones socioculturales que sostienen y perpetúan prácticas como las que dieran origen a la violencia de índole sexual y psicológica padecida […].
A esta altura de los tiempos y luego de la ratificación del Convenio 190 OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y del dictado de las leyes 26.485, 26.743 y 27.499 (ley Micaela) resulta necesario que, el personal de dirección y gerencial de las empresas, así como también los trabajadores y trabajadoras dependientes (tengan o no personal a su cargo), se inserten en cursos de capacitación sobre violencia laboral y perspectiva de género a fin de obtener las herramientas necesarias para mejorar las relaciones interpersonales del establecimiento y así prevenir situaciones de violencia en el ámbito de trabajo…”.
“[P]or imperativo de lo dispuesto en la CEDAW, la Convención de Belem Do Pará, las RG 19, 28 y 35 CEDAW, el Conv. 190 OIT y su recomendación (206) –hoy plenamente vigente en la Argentina–, es deber de la magistratura, cuando llegan a su conocimiento hechos de violencia laboral contra las mujeres, ordenar medidas que permitan modificar y superar tales condiciones; que el silencio de la judicatura no sólo vulneraría los claros mandatos legales, sino que podría implicar la responsabilidad del Estado Argentino por incumplir las convenciones internacionales que determinan mandatos preventivos, de contención y de abordaje frente a las situaciones en las que las mujeres resulten víctimas. La nueva normativa (arts. 1710 a 1713, CCyC) autoriza a la judicatura al dictado de mandatos preventivos, al pronunciar sentencia definitiva en el marco de un proceso, cuya sustanciación permitió a quien juzga el caso conocer la probabilidad objetiva de que, de mantenerse la situación de hecho, el daño se producirá, repetirá o agravará...´ (Cám. Civil y Com. de Azul, Sala II, 17.11.2016, ´Espil, María Inés y otro/AC/Apilar S.A. y otro´. En el mismo sentido, véase mandato preventivo oficioso en materia de daños laborales dictado por Cám. Ap. de Concordia, Sala del Trabajo, 7.11.2018, ´Benítez, Juan Jorge c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos ART y otro´, RC J 10441/18, comentado por Tula, Diego, Rubinzal Culzoni Online, www.rubinzalonline.com.ar, RC D 15/2019)…”.
ACTOS ILÍCITOS; ACTOS DISCRIMINATORIOS; VIOLENCIA DE GÉNERO; TRABAJO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; ACOSO LABORAL; ACOSO SEXUAL; DAÑO; DAÑO MORAL; DAÑO PSICOLÓGICO; RESPONSABILIDAD; INDEMNIZACIÓN; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA LABORAL; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; MEDIDAS TUITIVAS; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Martins y otros (Causa N° 15147)JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE MORÓN N° 3
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°3 homologó el acuerdo de conciliación y ordenó a las partes la acreditación mensual de los pagos y la asistencia al curso consignado en el acuerdo (juez Portocarrero Tezanos Pinto).  
1. Reparación. Reforma legal. Vías alternativas. Extinción de la acción penal. Denegación de justicia.
“La última parte del inciso [6 del artículo 59 del Código Penal] llevó a cuestionar la operatividad de la norma de fondo, puesto que la 'ley procesal correspondiente' sería el nuevo Código Procesal Penal —según ley 27.063­— el cual no se encuentra vigente en su totalidad. Sin perjuicio de ello, destáquese que la regulación del ejercicio y la extinción de la acción penal es una facultad del Estado Federal —de allí su carácter sustantivo­—, principalmente por la necesidad de garantizar un ejercicio uniforme de la acción penal en todo el territorio nacional. Con ello, también se garantiza la vigencia del principio de la igualdad en la aplicación de la ley penal (art. 16 CN)”.
“[L]a operatividad de una norma sustantiva no [puede] depender de la efectiva existencia o no de la 'ley procesal correspondiente', ya que dicha situación llevaría no solo a una vulneración al principio de igualdad ante la ley, según lo expuesto precedentemente sino al riesgo de incurrir al mismo tiempo en una denegación de justicia en tanto se impediría la aplicación de una causal de extinción de la acción penal prevista por una 'ley de fondo vigente'”.
2. Reparación. Ley penal más benigna. Interpretación de la ley. Política criminal.
“[La reparación del daño que se propone por acuerdo de partes], amén de tornar efectiva la aplicación de la ley penal más benigna, principio consagrado en los arts. 9 de la CADH y 15.1 del PIDCP, ­convenciones internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad por así disponerlo el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional­ y en el artículo 2 del Código Penal; es lo que mejor articula el 'principio pro­-homine' que implica privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder Estatal (cfr. C.S.J.N., in re ‘Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer párrafo de la ley 23.737­ causa N° 28/05’ [...]), ello, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico (conf. considerando 23 del voto de los jueces Highton de Nolasco y Maqueda en ‘Arriola’, Fallos: 332.19631)”.
3. Reparación. Conciliación. Reforma legal. Consentimiento. Víctima.
“[E]l acuerdo conciliatorio presentado por las partes respecto al hecho que fuere calificado como constitutivo del delito de daño resulta racional, por lo cual [...] corresponde su homologación. Para ello, se tiene en especial consideración la voluntad expresada por la [Interventora del Servicio Penitenciario Federal] y los apoderados de dicha entidad­, quienes aceptaron el ofrecimiento prestado, a fin de resarcir los daños ocasionados por los aquí imputados. Además, se considera que el monto dinerario acordado para la restauración del perjuicio producido resulta proporcional, tanto en relación al daño causado, como a las posibilidades económicas de los causantes”.
REPARACIÓN; REFORMA LEGAL; VÍAS ALTERNATIVAS; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; DENEGACIÓN DE JUSTICIA; LEY PENAL MÁS BENIGNA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; POLÍTICA CRIMINAL; CONCILIACIÓN; CONSENTIMIENTO; VICTIMA;
J.C.R (Causa N° 34115)Juzgado Nacional Civil Nro. 84
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 84 rechazó el pedido de restricción de la capacidad jurídica del hombre. En ese sentido, consideró que no se encontraban reunidos los elementos suficientes que pusieran en duda su estado de salud mental (jueza Fernández).
1. Adultos mayores. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ley aplicable. Interpretación de la ley. Salud mental. Acceso a la justicia. Responsabilidad del estado. Capacidad jurídica. Presunciones. Restricción a la capacidad jurídica. Autonomía de la voluntad. Código Civil y Comercial de la Nación. Tutela judicial efectiva.
“[D]ebe contemplarse que nuestro país ha suscripto normas tendientes a la protección de la mayor edad. En el año 2017 se dictó la Ley 27.360 que aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA, que prevé que los Estados Parte se comprometen, entre otras cuestiones, a salvaguardar los derechos humanos de las personas mayores de edad, adoptando y fortaleciendo todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos (art. 4°, inc. c). La citada convención detenta rango constitucional y, en consecuencia, ´obliga´ al estado nacional y las provincias a adoptar la perspectiva de considerar a los adultos mayores como sujetos de derechos…”.
“[L]a ley de salud mental N° 26.657 responde a los nuevos paradigmas vigentes en la materia que apuntan a restringir en la menor medida posible la autonomía de la persona con padecimientos mentales. Su antecedente inmediato es la ´Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad´ aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y ratificada por la República Argentina mediante la ley 26.378.
Con la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial de la Nación en lo que respecta a la determinación de la capacidad de una persona –sección tercera– se ha seguido el criterio adoptado por la citada ley 26.657 y por la normativa internacional, pues el juez deberá analizar cada caso en particular y nunca entender a la persona como un ente aislado. Establece, como regla general, que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume (art.31 inc. a). Por ende, la restricción al ejercicio de la capacidad es solo excepcional y su único fin es la protección de los derechos de la persona, procurando que la afectación de la autonomía personal sea lo menor posible (art. 32 y 38) […]. No debe olvidarse que los fundamentos de las restricciones a la capacidad radican en la necesidad de asegurar la protección del sujeto presuntamente inhábil para el gobierno de su persona o sus bienes…”.
2. Prueba. Prueba de peritos. Apreciación de la prueba. Sana crítica. Capacidad jurídica. Salud mental. Presunciones. Adultos mayores. Código Civil y Comercial de la Nación. Autonomía.
“[R]especto de la prueba, se ha sostenido que ´…En cuanto a la apreciación de la prueba, por aplicación del principio de unidad, íntimamente relacionado con el sistema de la ´sana crítica´, se impone como regla la consideración en su conjunto, pues no sólo se trata de verificar la existencia de alguna enfermedad mental sino de vincularla con la vida de relación del enfermo y, a partir de ello, establecer si éste requiere de una absoluta o relativa protección jurídica, debiendo estarse, en la duda, en favor de la capacidad…´ (conf. C.N.Civ., Sala “A”, 11-VI-1952, L.L., 71- 341; íd., Sala ´M´, 554146, Expte. N°105441/96 “G., S. s/Inhabilitación” del 14/9/10)…”.
“[E]l art. 3 de la ley 26.657 y los arts. 23 y 31 incs. a) y b) del Código Civil y Comercial, sientan como regla la presunción de la capacidad de ejercicio de los derechos y que las limitaciones a esta capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona y, el art. 38 del mismo Código, que especifica que la afectación de la autonomía personal de las personas con alteraciones mentales debe ser la menor posible…”.
“[E]n [el precedente ´S.L. y otro s/Determinación de Capacidad´ ], con cita de la Dra. Méndez Costa señaló [la Dra. Famá] que, sin embargo, ´aún afectado por la declinación de su fortaleza y de su salud física, el anciano puede conservar intactas y, más aún, enriquecidas por la experiencia, las facultades mentales en su mayor edad. Y es sobre estas facultades del intelecto que reposa la responsabilidad por las consecuencias de los propios actos y la capacidad de hecho. Ni la actitud básica de comprensión (el discernimiento) ni la adquirida razonabilidad de los juicios ni la posibilidad de exteriorizar las resoluciones mediante su manifestación, disminuyen por el solo transcurso de la vida, sin perjuicio de que los deterioros de estos tipos se dan frecuentemente en los ancianos´ (Méndez Costa, María Josefa, ´Los ancianos en la legislación civil´, LL, 1983-A, 312).
[E]l deterioro de memoria asociada con la edad (DMAE), no conlleva necesariamente a lo que se conoce como ´síndrome demencial´ o ´demencia´, que ´supone el deterioro de la memoria y de otras dos o más funciones cognoscitivas (orientación, sencillos cálculos, capacidad de planificar, lenguaje hablado y escrito, etc.)´; deterioro que para ser clínicamente relevante y cumplir los criterios diagnósticos ´tiene que causar una dificultad en el desempeño de las actividades cotidianas que, consecuentemente, lleva a la dependencia´ (Lobo, A.- Saz, P.- Roy, J. F., ´Deterioro cognitivo del anciano´, http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/deterioro %20cognitivo%20anciano.pdf).
Dicho de otro modo: senectud no es lo mismo que senilidad. La senectud representa un estado biológico normal inherente al proceso mismo de la vida, en el que esa normalidad se traduce en declinaciones y cambios, tantos psíquicos como físicos, de carácter cuantitativo y armónico que, por ser propios de dicho estado, no pueden ser juzgados como síntomas patológicos. La senilidad, en cambio, representa la expresión patológica de la ancianidad… La senilidad es en sí un padecimiento mental, que se caracteriza por claudicaciones no sólo cuantitativas sino cualitativas, inarmónicas e irreversibles de las facultades […]. La distinción clínica […] sirve de fundamento para discernir en qué supuestos las declinaciones propias de la edad dejan de ser sólo eso y pasan a configurar una situación compatible con afecciones a la salud mental y, a su vez, en qué casos los deterioros asimilables a padecimientos mentales requieren de la intervención del aparato judicial para garantizar la protección de las personas vulnerables…”.
“[El hombre involucrado en el caso] está en una etapa de la vida que –por imperativo moral y jurídico– debería transcurrir con tranquilidad, sin zozobras, con la mayor plenitud posible y siendo respetado en toda su dimensión personal. A pesar de ello, se ha visto sometido a múltiples acontecimientos a raíz de la presente denuncia. Es por eso que [resulta necesario], en este estado, exhortar a las hijas para que, en lo sucesivo, dejen de lado la contienda familiar existente, así como cualquier diferencia que tuvieren y se preocupen en velar por la salud y bienestar de su padre, debiendo ser este el norte que guíe su actuación...”.






ADULTOS MAYORES; CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; SALUD MENTAL; ACCESO A LA JUSTICIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CAPACIDAD JURÍDICA; PRESUNCIONES; RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA; AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PRUEBA; PRUEBA DE PERITOS; APRECIACION DE LA PRUEBA; SANA CRÍTICA; AUTONOMÍA;
B.M. (Causa Nº 3362)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Matanza, Sala Primera
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza hizo lugar al recurso, revocó la sentencia de la instancia anterior y rechazó la acción de desalojo contra la conviviente (jueces Posca, Taraborrelli y Pérez Catella).
1. Desalojo. Posesión. Tenencia. Derecho de propiedad. Verosimilitud del derecho. Código Procesal.
“[E]l proceso de desalojo tiene por objeto recuperar la tenencia de aquel que precariamente ocupa un bien sin demostrar ningún título válido que justifique su tenencia. De este modo: ´El objeto de la acción de desalojo es asegurar la libre disposición de los inmuebles, al que tiene derecho a ellas, cuando son detentados contra su voluntad por personas que entraron en posesión precaria mediante actos o contratos que por cualquier causa no pueden considerarse ya existentes´ […].
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también ha expresado: ´La acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del CPCC no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir, no procede si el accionado comprueba prima facie la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendis o el ius possesionis´ […].
En efecto, quien resulte demandado debe acreditar que ocupa el inmueble en mérito a algún título o condición jurídica que le da derecho a ampararse en la tenencia o posesión del inmueble, negando la condición de intrusión que es aquella que reviste quien ´no puede alegar en su favor una posesión, aunque sea viciosa, y cuando en su intromisión en el inmueble no medió conformidad del propietario o poseedor´…”.
2. Perspectiva de género. Perspectiva de interseccionalidad. Categorías sospechosas. Igualdad. No discriminación. Control de convencionalidad. Protección integral de la mujer. Uniones convivenciales. Conviviente. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Código Civil y Comercial de la Nación.
“[J]uzgar con perspectiva de género implica dar cumplimiento con las normas locales e internacionales en materia de género, efectuando un debido control de convencionalidad. Asimismo, implica tener en cuenta el principio de razonabilidad en tensión con las categorías sospechosas para analizar los supuestos en donde se justifica la inversión de la carga de la prueba […]. Esta postura […] trasciende lo legal y constituye un compromiso activo con un cambio cultural urgente que revela las necesidades que la categoría género demanda desde un punto de vista interseccional.
Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, [se] seguir[á] fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta [con] contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarlas se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto…”.
“[L]a adopción de instrumentos específicos para proteger los derechos humanos de las mujeres, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), demuestran una necesaria y clara manifestación de la sensibilización progresiva del derecho internacional de los derechos humanos hacia la perspectiva de género; concepto que se ha incorporado literalmente en textos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, signo evidente del valor que la comunidad internacional ha dado al mismo […].
[N]o debe soslayarse el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público salvo las excepciones allí contempladas y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno […]. Del allí se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también –con mucha fuerza– en el Código Civil y Comercial.
En el caso concreto es fundamental evidenciar el contexto de las personas involucradas, es decir, la existencia de una sociedad de hecho entre dos personas, un hombre y una mujer que mantuvieron por más de 20 años una unión convivencial, hasta la finalización de la misma por el fallecimiento del [hombre] por el año 2014. Nótese que la incorporación de la unión convivencial al CCCN plantea un cambio de paradigma que se encuentra teñido de una clara perspectiva de género.
[Q]ueda excluida de la calificación de intrusa a la conviviente del dueño del inmueble. En este sentido, [la doctrina] ha sostenido que: ´La Jurisprudencia, después de sufrir una evolución […] se inclina por aceptar que no es admisible sostener que a la concubina se la pueda considerar intrusa porque se niega a desocupar el inmueble cuando así se lo requiere su compañero, después de haber convivido con él. Hoy en día la mayoría de los tribunales del país rechazan la acción de desalojo instaurada contra la concubina cuando se la pretende excluir del uso del inmueble alegando su carácter de intrusa´ […]. En relación al carácter de tenedora precaria que endilgan los demandados, [se puede afirmar] que es requisito para la tenencia la entrega del bien y la posterior obligación a restituirla. En consecuencia, si se ocupa la cosa en razón de una relación de convivencia con el propietario, no se es en principio tenedor y no pesa sobre aquella obligación de restituir…”.
3. Prueba. Posesión. Tenencia. Títulos. Familias. Perspectiva de género.
“[En] el acotado marco del proceso […] no se requiere la prueba acabada y contundente del derecho a la posesión para descartar la idea de tenencia precaria alegada por la parte actora. En todo caso, la discusión respecto de otro tipo de derechos quedará relegada al proceso correspondiente.
En autos, la permanencia pública de la demandada y su pareja durante más de veinte años y mostrándose como esposo y esposa acredita por sí no sólo que no se trata de un caso de intrusión, comodato o tenencia precaria sino que efectivamente aquella […] según se desprende de todas las testimoniales, ejerció una posesión que prima facie considerada y sin perjuicio de los vicios que pudieran imputársele constituye una ´causa legítima´ para continuar la ocupación […] dado que la alegación de posesión invocada por la parte demandada cuenta con respaldos atendibles que no quedan destruidos con las pruebas ni los argumentos aportados por la accionante […].
[N]o existen, en síntesis, evidencias claras sobre la obligación de restituir y su exigibilidad, tal como lo requiere el artículo 691 de la ley procesal local, habiendo la demandada demostrado en forma verosímil la posesión ejercida sobre el inmueble. En otros términos, exhibe condición o título idóneo en calidad de ´causa legítima´ para continuar con la ocupación, por lo que no tiene obligación de restituir el inmueble al demandante como consecuencia del proceso de desalojo […]”.
“La perspectiva de género que cimienta las argumentaciones aquí vertidas permite afirmar que la demandada no actúa como mera tenedora. Nótese que la situación en debate sería completamente abstracta si la elección de la vida familiar se hubiera sometido al régimen matrimonial, el que presenta diferencias únicamente desde lo formal y no desde el dinamismo familiar que implica la formación de un proyecto en común. El derecho no debe desatender los diversos modos de vivir en familia que la sociedad adopta…”.
DESALOJO; POSESIÓN; TENENCIA; DERECHO DE PROPIEDAD; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; CÓDIGO PROCESAL; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; UNIONES CONVIVENCIALES; CONVIVIENTE; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; PRUEBA; TÍTULOS; FAMILIAS;
FDP (Causa N° 7493)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Entre Ríos, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Entre Ríos hizo lugar al recurso y extendió la condena por alimentos al tío del niño. En ese sentido, instó al juez de grado a que ordenara el embargo sobre el salario del demandado y su posterior depósito en una cuenta judicial (juezas Pauletti y Barbiero de Debeheres y, según su voto, juez Portela).
1. Alimentos. Familias. Parentesco. Solidaridad. Legitimación. Ley aplicable. Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación de la ley.
“El art. 537 CCC enuncia los parientes que recíprocamente se encuentran alcanzados por la obligación alimentaria, quedando comprendidos los vinculados en línea recta, sean ascendientes o descendientes, sin que la norma establezca preferencia entre una y otra dirección, ni límite en el grado; a su vez comprende también a los parientes colaterales en segundo grado (hermanos, sean bilaterales o unilaterales).
El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera relación solidaria alimentaria que se traduce en un vínculo obligacional de origen legal, que exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado.
La aludida disposición mantiene la regla de la subsidiariedad, lo que implica que la obligación alimentaria nace en forma efectiva para el pariente más lejano cuando no existe otro que se encuentre en orden, línea o grado preferente que esté en condiciones de satisfacerla…” (juezas Pauletti y Barbiero de Debeheres).
2. Alimentos. Derecho a la alimentación. Familias. Parentesco. Solidaridad. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Principio de dignidad humana. Responsabilidad parental. Interpretación de la ley. Código Civil y Comercial de la Nación.  Interés superior del niño. Legitimación procesal.
“El art. 537 encuentra su fundamento en uno de los pilares constitucionales del derecho que regula las relaciones de familia, esto es la solidaridad familiar y la protección al más necesitado, que se refuerza aún más cuando la cuestión involucra a personas menores de edad, ya que aquel debe operar en apoyo y auxilio de las necesidades alimentarias de los niños del grupo.
Esa interpretación es la que, en definitiva, plasma el art. 541 CCC al determinar expresamente que cuando el alimentado es una persona menor de edad, el contenido de la obligación no solo comprende lo atinente para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, según la condición de quien los recibe, sino además lo necesario para la educación.
[E]l art. 537 del CCC no incluye de modo expreso a tíos y sobrinos en la enumeración de los parientes que se deben asistencia recíproca, pero su descripción no es taxativa sino enunciativa y debe interpretarse teniendo en cuenta los principios de solidaridad familiar y el interés superior del niño. Con ese enfoque es posible asignar salvaguardas al alimentado a partir de su entorno familiar, teniendo en cuenta que la ampliación de la gama de legitimados pasivos que deben solidarizarse con el menor de edad desprotegido por la contumacia del progenitor, tiene fundamento supralegal –arts. 1 y 2 CCC–.
Ello es así porque la solidaridad familiar es un principio general del derecho de las familias que junto al interés superior del niño otorgan fundamento suficiente para que el tío, como integrante de la familia, responda por los alimentos de su sobrino menor de edad, siendo además que ese vínculo es el eslabón más cercano –desde el prisma de la subsidiariedad– en el sistema familiar dado, donde no hay lugar para una interpretación literal ni formalista si lo que está en juego es no solo su pleno desarrollo, sino incluso su digna subsistencia.
[L]a ampliación de los legitimados pasivos se justifica en el caso conforme a los principios referidos, en función de la plataforma fáctica constatada esto es: el progenitor obligado principal ha sido renuente, el cuidado lo ejerce la progenitora afectando sus escasos ingresos, es la abuela materna quien les brinda la vivienda y recursos complementarios, y no hay otros abuelos ni hermanos”.
“[L]a jurisprudencia provincial cuenta con antecedentes del tipo, en donde a partir de las especiales circunstancias del caso, se confirmó una cuota alimentaria provisoria contra los tíos paternos del menor de edad (Sala II de la Cámara 2da.CyC, Paraná, en ´L., A. E. en rep. de su hijo menor C. L. T. C/ C.C.V. y C.S.F. S/ alimentos´, Expte. 11478, del 09/11/2020)…” (juezas Pauletti y Barbiero de Debeheres).
3. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Convención sobre los Derechos del Niño. Tutela judicial efectiva. Interpretación de la ley.
“[E]l principio de efectividad de los derechos […] y lo preceptuado por el art. 27 de la Convención de los Derechos del Niño, donde los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, asigna a los padres u otras personas encargadas del niño la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño, y además de obligar a los Estados medidas de ayuda a los padres y otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho, concreta un refuerzo de la tutela al exigir que los Estados Partes tomen todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño…”.
“[E]l interés superior del niño siempre constituye una pauta de interpretación frente a la normativa interna y, subsumido el caso a ellas, las decisiones judiciales cuando se encuentran involucrados los intereses de un menor y su familia deben ser tomadas en franca decisión orientada a resguardar y garantizar las necesidades alimentarias inmediatas […] (art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño)…” (juezas Pauletti y Barbiero de Debeheres).
“[L]a satisfacción o protección del interés superior del niño es un objetivo que de un tiempo a esta parte las autoridades, tanto judiciales como políticas, se ven obligadas a procurar al momento de tomar decisiones que afectan a menores prioritariamente (art. 3 de la Convención sobre los derechos del niño […]). Se lo considera un eje rector o columna vertebral que permite el entrecruzamiento de derechos humanos y derechos del niño como modelo o paradigma para su protección integral […] y se lo explica como un concepto jurídico indeterminado que cumple una triple función: ser un derecho, un principio y una norma de procedimiento […].
[L]a obligación que tienen las autoridades judiciales de procurar el interés superior del niño en sus decisiones (arts. 1, 2 y 639 del CCC; art. 2 Ley 26.061; Fallos: 318:1269, cons. 10; 322:2701; 324:122; 331:147  […]) se corresponde con la que tienen las autoridades legislativas al momento de dictar normas, ya que éstas deben hallarse en consonancia con los derechos y garantías que establecen los tratados y convenciones internacionales ([…] art. 2 Ley 26.061; arts. 1, 2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos […]; arts. 3.2, 4 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño)…” (voto del juez Portela).
4. Alimentos. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Cuidado personal. Género. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Violencia de género. Violencia económica. Principio de dignidad humana.
“[N]i [el padre ni el tío] se tomaron la molestia de comparecer a justificar su postura renuente. Quizás se trate de personas que no pueden obtener ingresos, más esta posibilidad no ha sido expuesta y menos aún corroborada con prueba. Esta postura, por hallarse injustificada, constituye […] una situación de violencia de género, ya que el padre del menor omite deliberada y permanentemente asumir el rol que la ley le asigna, con lo cual genera una sobrecarga de tareas a la madre que, para peor, se traslada a terceros –abuela materna y tíos maternos–. Si bien nadie puede obligar [al padre] a que tenga sentimientos por su hijo, la ley le impone la obligación de prestarle alimentos y su absoluta ausencia constituye un abuso del derecho […] ilícito a partir de las disposiciones normativas vigentes.
[E]l razonamiento del magistrado, por considerar que corresponde eximir [al tío] debido a que el esfuerzo de [la madre] logra el cometido de `alimentar´ –en sentido amplio–, al [niño] si bien lógico, es injusto. El costo de lograr ese cometido es el sacrificio personal de [la madre] a un grado que no puede admitirse, ya que carece […] de vida propia, derecho humano relacionado con la dignidad personal. Si bien es una realidad que la señora […] no es la primera mujer que cría sola un hijo ni será la última, lo cierto es que se cuenta con la posibilidad de mejorarle un poco su vida a un costo relativamente bajo, como es mediante la participación [del tío] en la crianza de su sobrino…” (voto del juez Portela).
ALIMENTOS; FAMILIAS; PARENTESCO; SOLIDARIDAD; LEGITIMACIÓN; LEY APLICABLE; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; LEGITIMACIÓN PROCESAL; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR; CUIDADO PERSONAL; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA ECONÓMICA;
Roggenbau (causa Nº 6082)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos los fundamentos del Procurador General de la Nación. En ese sentido, revocó la sentencia impugnada y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).
1. Tribunales colegiados. Mayoría. Voto. Deber de fundamentación. Expresión de agravios.
“[L]a resolución recurrida no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión que el tribunal adopta, por lo que […] corresponde descalificarla y ordenar el dictado de una nueva en el sentido dispuesto […] en Fallos: 312:1058 y en la sentencia dictada […] ´Eraso, Raúl Alfredo y otros s/ causa n° 8264´ […].
En efecto, debe recordarse que es doctrina de V.E. que los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve. Como lo ha presentado el entonces Procurador General de la Nación al dictaminar en Fallos: 326:1885, con términos que la Corte hizo propios en su sentencia, las decisiones de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas…”.
2. Prescripción. Mayoría. Motivación. Deber de fundamentación. Expresión de agravios. Debido proceso.
“[L]a coincidencia en la conclusión de que las acciones derivadas de los delitos cometidos por los condenados en este proceso serían imprescriptibles no resulta de fundamentos sustancialmente convergentes, sino completamente diferentes entre sí: normas o reglas distintas basadas en premisas totalmente diversas que sólo tienen en común una pretensión de interpretación o argumentación constitucional […].
Esta anomalía, que incluso procede señalar de oficio pues compromete el debido proceso por el que este Ministerio Público debe velar, también ha provocado, por ejemplo, que uno de los recurrentes haya debido agraviarse por separado respecto de los fundamentos de cada uno de los jueces aludidos”.
“[L]a sentencia debe procurar ceñirse a lo relevante para la solución del caso específico y evitar desarrollar pretendidas posiciones personales sobre la cuestión en debate que —por los motivos que sean y sin perjuicio de razonables expresiones obiter dictum— no resulten pertinentes para la decisión a adoptarse. Tal lo que ha ocurrido en el sub lite, donde con la alegada finalidad de formar mayoría se ingresó en matices que, por lo expuesto, conspiraron contra la exigible unidad lógico-jurídica de fundamentos”.
TRIBUNALES COLEGIADOS; MAYORÍA; VOTO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS; PRESCRIPCIÓN; MOTIVACIÓN; DEBIDO PROCESO;
HCM (Causa Nº 114755)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 23 de la Ciudad de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario  Nº 23 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar. En consecuencia, ordenó a la obra social que garantizara en el término de tres días la cobertura integral de la vaginoplastía de acuerdo a las indicaciones médicas y a la documentación presentada por la actora en su oportunidad. A su vez, aclaró que la cobertura debía incluir todos los gastos de medicamentos, estudios y honorarios profesionales que se generaran antes, durante o después de la cirugía (juez Ferrer).
1. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Daño. Acción contencioso administrativa.
“[L]a medida cautelar peticionada en autos revestiría carácter innovativo, toda vez que tiene por objeto alterar el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado, y como tal, se enmarca en lo previsto en el artículo 177 del CCAyT, el que prevé que: `las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo[…]’.
[D]entro de las medidas cautelares, la innovativa es una decisión de carácter excepcional, ya que altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado. Ello es así, toda vez que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en los recaudos que hacen a su adopción (CSJN, 25/VI/1996, `Pérez Cuesta SACI c/Estado Nacional’, entre otros, Fallos: 316:1833 […]’.
[S]e ha afirmado también que `la aplicación de medidas cautelares innovativas, dados sus particulares efectos, debe juzgarse con criterio restrictivo y excepcional, determinando la concurrencia fáctica de los presupuestos a observar para el dictado de toda medida cautelar así como de uno que le es propio: la posibilidad de que se consume un perjuicio irreparable […]. Ello, por cuanto la medida cautelar innovativa no persigue mantener el status existente sino, precisamente, alterar ese estado de hecho o de derecho vigente antes de su dictado’ […]”.
2. LGTBIQ. Género. Identidad de Género. Ley aplicable. Derecho a la salud. Sistema Nacional del Seguro de Salud. Obras sociales. Plan Médico Obligatorio. Tratamiento médico. Expediente administrativo. Mora.
“[N]o pareciera existir controversia respecto del derecho que le asiste a la actora a realizar el tratamiento que requiere y a que la integralidad de los gastos […] sean cubiertos por su obra social, aquí demandada. En efecto, de la carpeta administrativa surge que la demandada reconoce que la práctica cuya realización solicita […] se encuentra contemplada en la normativa nacional vigente, advirtiendo –al mismo tiempo– que pese a ello no se encontraba prevista en el programa -prestacional de la [obra social] en ese momento […].
Ahora bien, no estando controvertido que a la actora le asiste el derecho a realizarse la cirugía de reasignación de genital  ̶ vaginoplastía ̶ , tanto el recaudo de acompañar la historia clínica, como los plazos de tramitación de las actuaciones, se han presentado como obstáculos para el efectivo ejercicio de un derecho normativamente reconocido. [D]esde que la actora presentó su solicitud y consecuentemente se iniciara la carpeta administrativa, hasta la interposición del pronto despacho  ̶ el cual a la fecha no se encuentra resuelto ni siquiera despachado ̶  ha transcurrido más de un año. Dicha dilación temporal no encuentra razones atendibles, constituye un óbice en la concreción de los derechos de la actora y, por tanto, se instituye prima facie como ilegítima”.
“[P]rima facie la obra social demandada ha contravenido mandatos jurídicos establecidos en materia de identidad de género […] respecto de los cuales, según quedó acreditado, la demandada tenía conocimiento. Así, las dilaciones temporales incurridas y los óbices injustificados detectados en la tramitación de la autorización de la cirugía peticionada no guardan relación con el reconocimiento a las personas trans `de su identidad de género´ y al `libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género´, establecido en el art. 1º de la ley 26.743 de Identidad de Género, así como la regla fijada por el art. 13 de dicho cuerpo normativo, según la cual `[t]oda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo´.
[L]a ley aludida, en su artículo 11, establece que la persona podrá `a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales […] para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa’. Dicho dispositivo se complementa con la obligación impuesta a los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, quienes `deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce’, disponiendo a tal efecto que `[t]odas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación’.
[L]a vaginoplastía es una intervención quirúrgica que ayuda a adecuar el cuerpo a la identidad percibida y que se encuentra expresamente enumerada en el artículo 1º del anexo del decreto reglamentario 903/PEN/2015 de la Ley de Identidad, el cual desarrolla el alcance del artículo 11 de la ley 26.743.
[E]l citado artículo 11 de la ley 26.743, establece que las prestaciones allí mencionadas serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), por lo que lo que surge de [una] nota […] del expediente digital, donde una integrante del área jurídica dejó asentado que `[l]a práctica expresamente solicitada se encuentra contemplada en la normativa nacional vigente, no obstante al momento no se encuentra previsto en programa prestacional […]’, resulta inatendible.
[L]a falta de inclusión de la práctica en el programa de la obra social no puede perjudicar a la actora, a la luz de la normativa vigente. Tampoco se ajusta a derecho cualquier accionar que obstaculice o dilate la concreción de la cirugía, en virtud de la obligación legalmente impuesta a las obras sociales de garantizar en forma permanente los derechos reconocidos en la ley de identidad de género; tal como surge del antes transcrito artículo 13 […].
Sucede que el accionar de la obra social, cuanto menos en este estado liminar del proceso, no se vislumbra respetuoso de los derechos reconocidos a la [actora]. Ello, dado que el procedimiento de tramitación de su cirugía, pese a tener conocimiento que estaba legalmente reconocida, demoró más de un año y motivó la presentación de un pronto despacho, que aún no se encuentra resuelto y respecto del cual la demandada  ̶ debidamente intimada por este Tribunal ̶  no se ha pronunciado. Ello, sin mencionar que sin sustento legal se dilató la adopción de una decisión al cumplimiento de ciertos recaudos, tales como el pedido de historia clínica, que deben ser reputados, prima facie, como un obstáculo injustificado y, en consecuencia, irrazonable para el reconocimiento y efectiva realización del derecho a la identidad de género de la [actora] (cfme. arts. 1º, 11, 13, ley 26.743 y art. 1º del Anexo del decreto 903/PEN/2015)…”.
3. LGTBIQ. Identidad de Género. Estereotipos de género. Igualdad. No discriminación. Actos discriminatorios. Estado de Derecho. Interés público.
“[C]ualquier restricción a la efectividad de un derecho reclamado por el colectivo trans al cual la actora pertenece, debe ser removido con la mayor premura que los cauces institucionales permitan como intento de reparar el sometimiento histórico a situaciones de discriminación, persecución y abusos que han sufrido las personas que integran este colectivo”.
“En nuestro diseño constitucional, el interés público persigue en forma prioritaria garantizar el goce de los derechos fundamentales. Por ello puede ser calificado como un Estado de Derecho. En este sentido, una medida cautelar que persiga asegurar el derecho a una persona integrante del colectivo trans a consolidar su derecho a la identidad, no puede considerarse contraria a dicho interés...”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; DAÑO; ACCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA; LGBTIQ; GÉNERO; IDENTIDAD DE GÉNERO; LEY APLICABLE; DERECHO A LA SALUD; SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD; OBRAS SOCIALES; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; TRATAMIENTO MÉDICO; EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO; MORA; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACTOS DISCRIMINATORIOS; ESTADO DE DERECHO; INTERÉS PÚBLICO;
Vivo (Causa N° 51720)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la resolución recurrida y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que conformara un tribunal colegiado (jueces Bruzzone y Rimondi).
1. Tribunales colegiados. Tribunales unipersonales. Firma. Ratificación. Excesivo rigor formal. Arbitrariedad. Consentimiento fiscal.
“[E]n este caso, la decisión del a quo luce arbitraria, lo que habilita la intervención de esta Sala. En tal sentido, recientemente en el precedente 'Pesqueira' [hay nota] esta Sala hizo lugar, por mayoría, al planteo de la recurrente en un caso similar al aquí en trámite. Allí, se explicó que la única exigencia prevista por el texto legal es la conformidad de la persona imputada, siendo que su firma expresa configura un excesivo rigorismo formal. En los presentes actuados, se observa que el a quo se valió de esa exigencia, para atentar contra un derecho reconocido por ley, en perjuicio del imputado, incluso cuando de las constancias de la causa surge que [el imputado] prestó su conformidad en la elección de un tribunal colegiado para ser juzgado por los hechos aquí imputados”.
“[C]abe destacar que el fiscal […] valoró la ratificación del imputado y coincidió con el planteo de la defensa, por cuanto entendió que la normativa hace hincapié en que la opción por un tribunal colegiado haya sido exteriorizada en el momento legalmente previsto. De esta forma, no existen elementos objetivos para entender que la defensa no cumplió con la manda del art. 349, CPPN, en el momento en que se contestó el traslado. En consecuencia, el a quo, basado en un excesivo requisito formal, no exigido por el texto legal, se aleja de las constancias de la causa, lo que evidencia la arbitrariedad de su decisión”.
TRIBUNALES COLEGIADOS; TRIBUNALES UNIPERSONALES; FIRMA; RATIFICACIÓN; EXCESIVO RIGOR FORMAL; ARBITRARIEDAD; CONSENTIMIENTO FISCAL;
López (causa N° 760070454)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).
1. Extinción de la acción penal. Actos interruptivos. Interpretación de la ley. Arbitrariedad.
“[S]i bien las cuestiones en torno a la determinación de los actos procesales con naturaleza interruptiva de la acción penal conducen a la evaluación de cuestiones de hecho, prueba y derecho común irrevisables, por regla, en esta instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando –como sucede en el sub lite– la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos: 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, entre otros), al otorgarle al inciso e del art. 67 del Código Penal un alcance que excede el límite de la interpretación posible de ese texto legal, lo cual la torna irrazonable en términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (cfr. lo señalado, mutatis mutandis por esta Corte Suprema en Fallos: 337:354, considerando 9°; y 342:2344)”.
2. Sentencia condenatoria. Actos interruptivos. Prescripción. Interpretación de la ley. Política criminal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]n el sub examine, el tribunal a quo se apartó deliberadamente de lo resuelto por esta Corte Suprema en el fallo ya citado (‘Farina’). […] En dicho orden de ideas, cabe recordar que en esa sentencia este Tribunal explicó que la exégesis que le asigna carácter interruptivo de la prescripción a los decisorios confirmatorios de la sentencia condenatoria ‘…excede con holgura las posibilidades interpretativas de la cláusula legal invocada –art. 67, inc. e, del Código Penal– en cuanto enumera como último acto de interrupción de la prescripción al ‘…dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme’. La claridad del texto legal, junto a la distinta naturaleza jurídica de ambos actos, impiden su asimilación’ (considerando 11)”.
“[C]orresponde desechar, en primer lugar, la alegada diferencia sustancial entre ambos casos. Al procurar establecerlas, el a quo afirmó que el plazo de la instancia recursiva había sido sustancialmente menor al de catorce años verificado en ‘Farina’ y en que no habían existido, en este caso, apartamientos de directivas emanadas de este Tribunal. Sin embargo, resulta claro que una correcta lectura del mencionado precedente revela que esas circunstancias no fueron valoradas para fundar la censura de la interpretación contra legem del art. 67, inc. e del Código Penal, dado que ellas fueron ponderadas con una finalidad argumentativa completamente distinta: la determinación de la violación del denominado plazo razonable y la utilización de la facultad prevista en el art. 16, segunda parte, de la ley 48.
De tal modo se aprecia que, contrariamente a lo sostenido por el tribunal a quo, la coincidencia en orden a la cuestión central objeto de controversia iguala este caso con ‘Farina’ y, por ello, se ve alcanzado por sus conclusiones. [T]ampoco resulta conducente para la solución del caso el argumento relacionado con que ‘no luce apropiado extraer una doctrina de un único precedente del Máximo Tribunal’. Sin perjuicio de que no se trata de un caso aislado –ver las citas del considerando 12 de ‘Farina’– lo relevante es que la cuestión debatida en este expediente es la misma que en aquel, de modo que se ve alcanzada por su doctrina.
Por último, lo señalado en relación con las ‘graves consecuencias político-criminales’ que se derivarían de la aplicación de la doctrina del precedente de mención, no solo resulta una afirmación dogmática, carente de todo sustento que la informe, sino que también olvida que la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por aquel en el ejercicio de sus propias facultades (Fallos: 342:287, considerando 23 y sus citas, entre muchos otros).
Al respecto, este Tribunal cree oportuno precisar que el medio para evitar la extinción de la acción penal por prescripción en aquellos delitos sancionados con penas ‘leves’ que, consecuentemente, prevén un plazo menor a los fines de su cómputo, no puede ser el de practicar exégesis normativas que excedan las posibilidades interpretativas de la cláusula legal en juego, sino que la solución estriba en una actuación diligente de parte de los tribunales intervinientes en ese tipo de procesos”.
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; ACTOS INTERRUPTIVOS; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA CONDENATORIA; PRESCRIPCIÓN; POLÍTICA CRIMINAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
LMDL (Causa Nº 5869)Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro
El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del departamento judicial de San Isidro hizo lugar a la acción y condenó a los demandados a abonar una indemnización por el fallecimiento del hijo de la accionante (juez Enrici).
1. Derecho a la salud. Salud mental. Derecho a la integridad personal. Personas con discapacidad. Adicción. Consumo personal de estupefacientes. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ley aplicable. Principio de dignidad humana. Vulnerabilidad. Debida diligencia.
“[E]n atención al cuadro de adicción a las drogas que padecía [la víctima], mal puede prescindirse de la Ley Nacional de Salud Mental ([…] a la que ha adherido la Provincia de Buenos Aires, cfr. Ley 14.580) en tanto prevé que: `Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud´. Dicha ley tiene como objeto `asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional […]’.
[El] art. 7 [de la Ley Nacional de Salud Mental] prevé que: `El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los […] derechos […] a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud; […] a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria´.
[L]a Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad […], prevé que las personas con discapacidad incluyen, además de las padezcan deficiencias físicas, a aquellas que tengan deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Entre los principios de dicha convención surge: `El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas´.
[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa `Ximenes Lopes vs. Brasil´ […] dejó establecido […] que: `La atención de salud mental debe estar disponible a toda persona que lo necesite. Todo tratamiento de personas que padecen de discapacidades mentales debe estar dirigido al mejor interés del paciente, debe tener como objetivo preservar su dignidad y su autonomía, reducir el impacto de la enfermedad y mejorar su calidad de vida´.
[L]a Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes […] considera ´tortura´, entre otras hipótesis, todo acto por el cual `se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia´. [L]a obligación del Estado de prohibir la tortura `se aplica no solo a funcionarios públicos […] sino […] a los médicos, los profesionales de la salud y los trabajadores sociales, incluidos los que trabajan en hospitales privados, y en otras instituciones y centros de detención […]. [L]a prohibición de la tortura debe hacerse cumplir en todo tipo de instituciones y los Estados deben ejercer la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar las infracciones cometidas por sujetos privados o agentes no estatales´ […]”.
“[A]mén de las constatadas deficiencias estructurales e irregularidades asistenciales del establecimiento demandado […] la medida aplicada a [la víctima] de colocarl[a] en una `habitación de contención´ (en la especie de características más emparentables con un `engomado´ carcelario, […]), entre otras medidas que impactaban sobre su estado de salud (excesiva sedación[…] o privación de la insulina[…] o excesivo suministro de insulina por ´auto administración´ del medicamento […]), se encontró frontalmente reñida con las normas y principios recién apuntados.
Tales decisiones resultaron […] incompatibles con la dignidad que ostenta una persona cualquiera (cfr. arts. 1, 3, 5, 23, 25 D.U.D.H., arts. 5 inc. 2, 11 inc. 1 y ccdtes., arts. 13 y ccdtes. P.I.D.E.S.C., art. 10 P.I.D.C.P., entre otros, cfr. art. 75 inc. 22 CN, y doct. art. 51 C.C.yC.), y más en estado de vulnerabilidad como [la víctima] (droga e insulinodependiente por diabetes), que exigía respetar su derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada (cfr. art. 6 Ley de Salud Mental y ccdtes.)…”.
2. Historia clínica. Derechos del paciente. Responsabilidad médica. Mala praxis. Prueba. Prueba testimonial.
“[La historia clínica es] un documento esencial en un juicio de responsabilidad médica ya que demuestra en un proceso el actuar del profesional, es un medio de prueba de importancia para reconstruir la relación causal, sirve para acreditar la prestación médica correspondiente y no puede reemplazarse por otros medios de prueba […]. La historia clínica completa y escrita en forma comprensible es una de las mayores responsabilidades del equipo de salud y su redacción defectuosa es un elemento agravante en los juicios de responsabilidad, por lo que el médico y/o el establecimiento asistencial son sus custodios y su desaparición o falta de conservación entorpece la acción judicial, al tiempo que le quita la posibilidad al médico tratante y al mismo sanatorio de una adecuada defensa en juicio […]. Las anotaciones que los profesionales médicos hacen en la historia clínica `no son tareas administrativas sino de índole profesional que, como tales, deben ser realizadas con rigor, precisión y minucia, pues de ello depende el correcto seguimiento de la evolución del paciente, que es visitado por diversos profesionales que adecuan su tarea a la evolución consignada. Por ello, un error o una omisión puede derivar en consecuencias graves y hasta fatales […].
[A]nte la falta de anotaciones de la historia clínica, son los propios testimonios […] los que daban cuenta del mal estado de salud y de ánimo de [la víctima] previo al suicidio; tales extremos revelaban señales indicativas de una realidad emocional del paciente suficientemente visibilizada y con entidad para exigir de los responsables del establecimiento la adopción de mecanismos de seguimiento y control acordes a su cuadro, que, en la especie, no se emplearon…”.
3. Asistencia médica. Responsabilidad médica. Responsabilidad contractual. Obligación de medios. Obligación de resultados. Obligación de seguridad. Deber de cuidado. Deber de no dañar.
“[A] más del cometido principal vinculado al cumplimiento de la prestación médico asistencial, existe un innegable deber de seguridad en cabeza de las instituciones psiquiátricas –en la especie para la atención de personas con adicciones– en virtud del cual se le impone la obligación de evitar conductas auto o heterolesivas por parte del paciente […]. Dicho en otras palabras, la existencia del deber de seguridad demanda la adopción de medidas dirigidas a preservar la integridad del paciente, tanto en lo que se refiere a la ejecución de los actos puramente médicos como respecto de aquellos que, excediendo la actividad de los galenos y demás profesionales del servicio, se vinculan con la atención y estadía del paciente en el nosocomio.
[L]a accionada es una entidad especializada en la atención de pacientes con adicciones, circunstancia que agrava el deber de indemnidad exigible (cfr. arg. arts. 902, 909 y ccds. del Código Civil, vigente al momento del hecho y cuya aplicación al caso no está en discusión). [S]í existe, concretamente, un deber de la entidad de extremar las precauciones para garantizar, dentro de lo previsible, la salud y la vida del internado. Y tal obligación, sea que se derive del contrato o de la simple aplicación del principio general de no dañar, es la que cabe reputar incumplida en el caso […]. [E]l ente asistencial demandado asume una obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar asistencia por medio de los facultativos de su cuerpo médico o psiquiátrico.[E]l deber de seguridad para con un paciente en un estado de endeblez emocional como el que presentaba [la víctima] no puede considerarse satisfecho, máxime cuando las características del recinto […] y el cinturón que no se le quitó como hubiera correspondido, le brindaron al sujeto […] el escenario propicio para concretar la lamentable y fatal maniobra que bien pudo ser evitada. De ahí que la entidad demandada no pueda eludir las consecuencias derivadas del incumplimiento del deber de velar por la seguridad de quien se encontraba bajo su cuidado, toda vez que no adoptó las diligencias profesionales y estructurales mínimas que le eran exigibles para la contención del paciente y evitar la ocurrencia del evento fatal […]. Por tales razones, cabe concluir que el suicidio del joven fue consecuencia directa del incumplimiento del deber de seguridad que pesaba sobre [la fundación demandada], quien debía velar sobre su integridad psicofísica y no lo hizo de conformidad con los elevados cánones que le eran exigidos en razón de su condición. Y aunque no se ignora que fue la propia víctima la que se quitara la vida mediante la utilización del cinturón, esa sola circunstancia no autoriza, en el caso, a eximir a la accionada siquiera parcialmente de la responsabilidad que le cabe, pues, tratándose de una eventualidad previsible, era deber de la institución acreditar que adoptó las medidas de contención o cuidado requeridas […]”.
4. Daños y perjuicios- responsabilidad del Estado. Responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad por omisión. Relación de causalidad. Falta de servicio. Daño extrapatrimonial. Indemnización. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[L]a pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciarse si se trata de la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u omisión y el daño cuya reparación se persigue (cfr. CSJN, Fallos 344:3476 […]).
[M]al puede sostenerse que el Estado Provincial, a través de los órganos competentes, desplegó una actividad de fiscalización que se condice con los mandatos normativos expresos […]. El Decreto 3280/90 claramente dispone que la Provincia, por conducto de sus órganos competentes, `ejercerá de manera permanente´ sus facultades de fiscalización en esta delicada materia, lo cual repele cualquier tipo de posibilidad de encuadrar el deber emergente de aquella como `indeterminado´ o calificarlo como un `objetivo fijado por la ley solo de un modo general e indeterminado´, […] por el contrario […] se aprecia un deber expreso y determinado de fiscalización permanente, lo cual implica que es `sin limitación de tiempo´ y que `el seno de una institución u organización asegura la continuidad de sus funciones´.
[E]n la especie, la ejecución irregular de un servicio por omisión y la existencia de un daño cierto (la muerte por suicidio […]), debe indagarse necesariamente si se ha configurado, además, una relación de causalidad –de causa a efecto– en el marco de los casos de responsabilidad del estado por omisión ilegítima (cfr. CSJN, doct. Fallos: 317:1773; 318:74 y 320:1352, cfr. Fallos 344:1318). Y, en este punto, de los elementos reunidos en el expediente [se] conclu[ye] que el regular despliegue de la actividad de fiscalización permanente por parte de la provincia accionada sobre la estructura edilicia, equipamientos y recursos humanos del establecimiento (lo cual no se acreditó), razonablemente, podría haber evitado el deceso por suicidio del hijo de la actora.
[C]obra relevancia, a los fines del análisis del recaudo del nexo causal, la absoluta falta de control por parte del Estado Provincial de los recursos humanos de la institución […]. Ello así, por cuanto es razonable concluir que, de haber mediado en la especie el control estatal permanente que exige la normativa respecto de establecimientos como el aquí demandado y detectarse la falta de idoneidad de los [directivos] para ejercer las funciones que desempeñaban en la Fundación, el lamentable fallecimiento […] podría haberse evitado. Esas deficiencias en el desempeño de los organismos estatales tienen relevancia causal gravitante, pues posibilitaron la consumación del trágico desenlace […].
[L]a demostrada falta de servicio del Estado Provincial consistente en una total ausencia de fiscalización estatal –siquiera esporádica– sobre la estructura edilicia, equipamientos y recursos humanos de la Fundación Programa San Camilo, guarda un nexo de concausalidad adecuado con relación a la producción del daño acreditado en autos –fallecimiento por suicidio de [la víctima]–, por lo cual corresponde admitir la pretensión indemnizatoria también contra el Estado Provincial (art. 1074, 1112 y 1113 del Código Civil vigente al momento del hecho […]”.
DERECHO A LA SALUD; SALUD MENTAL; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ADICCIÓN; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; LEY APLICABLE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; VULNERABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; HISTORIA CLÍNICA; DERECHOS DEL PACIENTE; RESPONSABILIDAD MÉDICA; MALA PRAXIS; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; ASISTENCIA MEDICA; RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL; OBLIGACIÓN DE MEDIOS; OBLIGACIÓN DE RESULTADOS; OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD; DEBER DE CUIDADO; DEBER DE NO DAÑAR; DAÑOS Y PERJUICIOS-Responsabilidad del Estado; RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO; RESPONSABILIDAD POR OMISION; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; FALTA DE SERVICIO; DAÑO EXTRAPATRIMONIAL; INDEMNIZACIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
Aguirre (Causa Nº 2561)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos los fundamentos y conclusiones del Procurador General de la Nación, y dejó sin efecto la sentencia apelada. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que no se le había dado intervención oportuna al Ministerio Público (Ministros Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti).
1. Recurso extraordinario. Arbitrariedad. Excesivo rigor formal. Caducidad de la instancia. Derecho de defensa. Debido proceso.
"[C]abe recordar que, si bien los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales sometidos a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, tal principio reconoce excepciones cuando media arbitrariedad y la declarada improcedencia puede generar una restricción indebida del derecho de defensa […].

[A]unque es cierto que lo atinente a la caducidad de instancia remite al examen de cuestiones fácticas y de derecho procesal ajenas de por sí al remedio federal, también lo es que tal criterio admite excepción cuando media un apartamiento de las constancias de la causa, o cuando el examen de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta los derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad, máxime cuando la decisión en curso pone fin al pleito causando un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos: 342:1362, `Banco de la Nación Argentina´).

[E]l caso reúne las condiciones apuntadas, pues cabe adelantar que la sentencia recurrida resulta arbitraria en tanto confirmó, con excesivo rigor formal, el pronunciamiento de grado que había decretado la caducidad de la instancia, sin ponderar de manera adecuada la falta de intervención oportuna que correspondía otorgar al Ministerio Público con competencia local para ejercer la representación promiscua de los niños involucrados en la causa…” (dictamen del Procurador General de la Nación).

2. Responsabilidad del Estado. Responsabilidad por omisión. Nulidad. Control judicial. Tutela judicial efectiva. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Derecho a ser oído. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Constitución Nacional. Protección Integral de niños, niñas y adolescentes. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l Alto Tribunal ha sostenido recientemente que son descalificables las sentencias que omiten dar intervención al ministerio pupilar para ejercer la representación promiscua cuando la resolución compromete en forma directa los intereses de niños, niñas y adolescentes, por cuanto ello importa desconocer el alto cometido que la ley le ha asignado a dicho órgano, y no solo menoscaba su función institucional sino que acarrea la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas condiciones (Fallos: 341:424, `T., A. A.´) […].

De ese modo, ante esa primera presentación, el tribunal pasó por alto la participación necesaria que correspondía conferir al Ministerio Público competente a nivel local para garantizar el impulso del trámite del expediente en caso de inacción de la progenitora, y a los efectos de defender los intereses del niño, en particular, su derecho a ser oído (cf. art. 18, Constitución Nacional; 8.1, Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 12, Convención sobre los Derechos del Niño; 2, 3. b, 24 y 27, Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).

Es que, ante la verificación de la situación de indefensión jurídica de los hijos de la demandante, el juzgador debió llevar a cabo un control judicial activo y disponer la notificación inmediata de esta situación al Ministerio Público, a fin de evitar el abandono de proceso en perjuicio éstos. En ese sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacaron el deber de tutela reforzada que recae sobre los jueces en los procedimientos judiciales que involucran derechos de los niños, niñas o adolescentes […]. En particular, el tribunal interamericano remarcó que, en procesos de esta naturaleza, `el Estado, en ejercicio de su función judicial, ostenta un deber jurídico propio, por lo que la conducta de las autoridades judiciales no debe depender exclusivamente de la iniciativa procesal de la parte actora de los procesos´…” (dictamen del Procurador General de la Nación).

3. Ministerio Pupilar. Defensor de Menores e Incapaces. Asesor de Menores. Representación procesal. Interés superior del niño. Orden público. Interpretación de la ley. Código Civil y Comercial de la Nación.
“[L] a actuación del Ministerio Público respecto de niñas y niños puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal y, en lo que aquí interesa, se torna principal cuando existe inacción de los representantes legales y se encuentran comprometidos los derechos de los representados (arts. 59, 493 y 494 del Código Civil vigente al inició de la acción y 103, inc. b. i, del actual Código Civil y Comercial; art. 21, inciso 2, del Código Procesal del Trabajo de la Provincia de Jujuy, aplicable al sub lite). La intervención de ese ministerio no es equivalente a la de quien patrocina a un adulto, dado que en el primer caso se procura resguardar el interés superior del niño y el orden público, valores estos que merecen especial tutela jurisdiccional.

[E]l Superior Tribunal provincial debió valorar de manera adecuada la falta de intervención oportuna del órgano competente para representar a los hijos del trabajador fallecido, previo a confirmar una medida tan gravosa para éstos, como la caducidad de la instancia. En especial, cuando la omisión de esta diligencia impidió a ese ministerio cumplir en tiempo y forma con los deberes y atribuciones específicos que la ley le asigna en resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que cuentan con protección especial del ordenamiento jurídico.

Esa vista resulta esencial para la integración regular del proceso en el que participan menores de edad, por lo que su omisión justifica la declaración de nulidad de todo lo actuado sin la intervención del referido organismo […].

Además, en la medida en que le corresponde al juez como director del proceso asegurar la participación oportuna del Ministerio de Menores, hasta tanto no se efectiviza dicha participación, e incluso se dirime si ese ministerio actuará en calidad complementaria o principal, no puede configurarse la caducidad de la instancia sólo por la falta de impulso procesal del representante legal. Ello, máxime, cuando a la luz de la materia en debate el instituto de la caducidad de instancia debe aplicarse en autos de manera especialmente restrictiva…” (dictamen del Procurador General de la Nación).

RECURSO EXTRAORDINARIO; ARBITRARIEDAD; EXCESIVO RIGOR FORMAL; CADUCIDAD DE LA INSTANCIA; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; RESPONSABILIDAD POR OMISION; NULIDAD; CONTROL JUDICIAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; DERECHO A SER OIDO; CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CONSTITUCION NACIONAL; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; MINISTERIO PUPILAR; DEFENSOR DE MENORES E INCAPACES; ASESOR DE MENORES; REPRESENTACIÓN PROCESAL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; ORDEN PÚBLICO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN;
Manzaba (Causa N° 49605)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada (ministros Maqueda, Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz).
1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Dirección Nacional de Migraciones. Estupefacientes. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Ley de estupefacientes.
“[E]n el artículo 14, primer párrafo, de la ley 23.737 se dispone que ´Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes´. En el segundo párrafo del mismo artículo se prevé que ´La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal´.
En consecuencia, y siguiendo el criterio expuesto por esta Corte en el precedente de Fallos: 341:500 (´Apaza León´) en el caso no se superaría el plazo de tres (3) años al que hace referencia el artículo 29 de la ley 25.871…” (considerando N° 7).
“[R]esulta pertinente mencionar que según la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, aprobada por ley 24.702 el 11 de marzo de 1992 y ratificada por nuestro país el 28 de junio de 1993, el tráfico de estupefacientes es una expresión abarcadora de una amplia gama de conductas que van desde la producción a la entrega de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (véase, artículo 1 inciso m) y párrafos 1 y 2 del art. 3° de la referida Convención).
En ese sentido, en materia de extradiciones, esta Corte ha sostenido que el tráfico ilícito de estupefacientes, cometido por pluralidad de intervinientes en forma organizada, consume los injustos realizados en el iter criminis, en razón de tratarse de las que se denominan ´infracciones progresivas´ en las que el proceder del agente va recorriendo diferentes infracciones jurídicas de creciente gravedad y respecto de las cuales la punición del grado más avanzado comprende el contenido del injusto de los pasos previos (Fallos: 330:261).
También en la causa CSJ 539/2010(46-A)/CS1 ´Albornoz, Juan Carlos s/ detención preventiva con fines de extradición (asociación ilícita destinada al tráfico de drogas art. 110 del Código Penal Italiano y arts. 73, 74 y 80 de la Ley de Drogas Italiana n° 309/09)´, fallada el 27 de diciembre de 2012, el Tribunal reconoció que el delito se compone de distintas acciones ilícitas, susceptibles, incluso, de desarrollarse en diversas jurisdicciones…” (considerando N° 9).
2. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Tráfico de estupefacientes. Tenencia de estupefacientes. Pena. Determinación de la pena. Monto mínimo. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[N]o hay dudas de que la legislación argentina ha valorado como de altísima importancia el bien jurídico protegido por la ley 23.737. Incluso en el debate parlamentario previo a la sanción de la ley 25.871 se hizo referencia al flagelo del tráfico de drogas. En ese sentido, es preciso tener en consideración que el tráfico de estupefacientes representa una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos, y menoscaba las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad; además de involucrar compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de represión del narcotráfico.
En ese marco, resulta razonable interpretar que, en ejercicio de la facultad del Estado de decidir acerca del ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional, el legislador, al sancionar el artículo 29, inciso c, de la ley 25.871, dispuso que la comisión de un delito referido a cualquiera de las etapas del proceso de tráfico de estupefacientes (almacenamiento, transporte, tenencia con fines de comercialización, etc.) configure una causal de impedimento para la permanencia en el país, independientemente del monto de la condena, teniendo en miras el riesgo que esa actividad representa para la salud pública y la seguridad común…” (considerando N° 10).
“[D]ebe tenerse en cuenta que en el mencionado artículo 29 se hace referencia exclusivamente al ´tráfico de [...] estupefacientes´, por lo que no se advierten razones que justifiquen interpretar que la comisión de cualquier delito vinculado con estupefacientes, en aquellos casos en los que –como en el sub examine– no se probó que el condenado haya tenido intención de comercializar esas sustancias, genere, a los fines migratorios, consecuencias distintas de las que ocasionan otros tipos de delitos.
Por ello es razonable sostener una interpretación del artículo 29, inciso ´c´, de la ley 25.871 según la cual se configura la causal de impedimento para permanecer en el país por la existencia de una condena por tráfico de estupefacientes, más allá del monto de la pena, solo si el delito se refiere a uno de los eslabones de esa actividad, tomando como referencia para su definición a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
En consecuencia, en los supuestos en los que la condena se refiera a un delito vinculado con estupefacientes sin relación con el proceso de tráfico de esas sustancias, como ocurre en este caso, resulta aplicable la doctrina establecida por esta Corte en el precedente de Fallos: 341:500 (´Apaza León´)…” (considerando N° 11).
MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; ESTUPEFACIENTES; CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS; LEY DE ESTUPEFACIENTES; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; MONTO MÍNIMO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Cardozo (Causa N° 1900)Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
La Cámara Federal de Corrientes, por mayoría, hizo lugar a las impugnaciones y revocó la falta de mérito del imputado (juezas Sotelo y Spessot).
1. Abuso sexual. Víctima. Prueba. Apreciación de la prueba. Género. Perspectiva de género. Violencia de género. Estereotipos de género. Acceso a la justicia.
“[E]l magistrado en la resolución puesta en crisis, omitió valorar adecuadamente el plexo probatorio mencionado anteriormente, llevando a cabo un análisis parcializado e insuficiente, limitándose sólo a transcribir y ratificar determinados indicios que resultaban útiles para construir el criterio adoptado. En este sentido, el a quo, previo al dictado de la falta de mérito, debió analizar, valorar e interpretar la totalidad de las fuentes de conocimiento a fin de poder esclarecer la efectiva responsabilidad [del imputado]”.
2. Abuso sexual. Víctima. Prueba. Testimonios. Testigo único. Indicios. Apreciación de la prueba. Perspectiva de género. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[A]siste razón a los apelantes respecto a que el magistrado fundó su postura desacreditando el relato de la víctima, atento que aquel sostuvo ´no resulta posible acreditar debidamente la materialidad de tal suceso con único sustento en la declaración de la víctima´, lo cual, –a criterio de este Tribunal– no resulta acertado, en razón a que los hechos vinculados a un posible abuso sexual, generalmente ocurren en un ámbito de intimidad, en el cual, sólo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Por ello, deviene de vital importancia el relato de aquella para la reconstrucción del suceso y como fuente de comprobación de los hechos. Además, cabe puntualizar que dicho testimonio se encuentra respaldado de manera congruente con los restantes indicios agregados en estos obrados, muchos de ellos, no valorados ni analizados de manera integral por el magistrado”.
“[L]a Corte IDH, en el fallo `Fernández Ortega y otros Vs. México`, sostuvo [que] `resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho’ (Criterio reiterado en fallos `Masacre de El Mozotes y lugares aledaños vs. El Salvador´, `Espinoza González vs. Perú‘, `Favela Nova Brasilia vs. Brasil‘ entre otros) […]”.
3. Abuso sexual. Víctima. Violencia de género. Prueba. Indicios. Auto de procesamiento.
“[E]n esta etapa procesal no se requiere `certeza‘ como pareciera exigir el juez a quo al dictar el pronunciamiento recurrido, siendo procedente el dictado del auto de procesamiento, ante el fundamento de la gran probabilidad de la seriedad de la imputación que pesa sobre el imputado, conclusión que se llega al evaluar los indicios colectados en la etapa investigativa. En otras palabras, no se requiere la certeza que reclama la sentencia de condena, bastando para su dictado con la probabilidad de su `existencia futura´ en la realidad como resultado del proceso penal”.
4. Género. Perspectiva de género. Violencia de género. Estereotipos de género. Víctima. Vulnerabilidad. Prueba. Apreciación de la prueba. Cárceles. Personas privadas de la libertad. Tortura. Gendarmería Nacional. Responsabilidad del Estado. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Protección integral de la mujer. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
“[C]orresponde mencionar que este Tribunal […] ya se ha expedido respecto a la obligación de abordar la valoración de los hechos y las pruebas desde una ‘perspectiva de género’, ello en coincidencia con lo dispuesto por la Ley de Protección Integral a las Mujeres (ley 26.485), arts. 5 inc. 3, 6 inc. `b‘ y 16, la Convención ´Belém Do Para´, en su art. 7 inc. ´b´ y ´d´, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW– y en relación a ella, la Recomendación General N° 19. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados precedentes (334:1204, 336:392) y más recientemente en el fallo `CSJ 733/2 18/CS1 R.C.E ­ s/ recurso extraordinario´, reforzó la necesidad de incluir la perspectiva de género en los casos penales.
Que, dichos parámetros deben considerarse aún más, en los casos como el presente, donde la víctima denunció un hecho de violencia sexual, hallándose en una especial situación de vulnerabilidad, dado que al momento del hecho, aquella se encontraba privada de su libertad a disposición de los órganos del Estado […], y bajo el resguardo del funcionario […], quién presuntamente sería su agresor, situación que además, remarca una posición jerárquica notablemente desigual. Tal es así que `la violación de una detenida por un agente del Estado, es un acto esencialmente grave y reprochable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente´ (Corte IDH, caso ´Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru´)”.
“[S]e advierte que el a quo, omitió profundizar la interpretación de los hechos, con un enfoque respetuoso de los lineamientos establecidos por las normativas y jurisprudencia antes mencionadas, restando importancia a la declaración de la víctima a luz de aquél estándar, y sin llevar a cabo un análisis en conjunto de las constancias probatorias, libre de estereotipos que puedan afectar negativamente el debido abordaje del caso.
En efecto, siguiendo los lineamientos del precedente recientemente dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –FRE 8033/2015/TO1/6/RH1, en un caso de similares características, con remisión a los fundamentos del Procurador General, se estableció que los defectos en la valoración parcial y sesgada de los elementos probatorios en casos de abuso sexual, son defectos que adquieren especial significación, ello teniendo principalmente en cuenta el compromiso asumido por el Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (art. 7 de la Convención `Belén Do Para´)”.
ABUSO SEXUAL; VICTIMA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; TESTIMONIOS; TESTIGO ÚNICO; INDICIOS; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; AUTO DE PROCESAMIENTO; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TORTURA; GENDARMERÍA NACIONAL; VULNERABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER;
Jordán Méndez (Causa N° 48633)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Mendoza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza N°1 concedió la prisión domiciliaria, solicitó la supervisión del régimen de prisión domiciliaria a la Dirección de Promoción de Liberados de la Provincia de Mendoza, encomendó al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica que colocara un dispositivo electrónico para monitorear el régimen de detención morigerada y solicitó a la defensa que presentara un certificado médico y psicológico del joven cada 15 días (juez Bento).
1. Prisión domiciliaria. Principio de excepcionalidad. Responsabilidad parental. Deber de cuidado. Analogía. Igualdad.  Perspectiva de género. Salud mental. Vulnerabilidad.
“[E]l arresto domiciliario no es un instituto de aplicación automática, sino que su estudio exige una evaluación de los antecedentes concretos que presenta cada caso, evitando consignar conceptos abstractos que impidan ceñirse a las específicas circunstancias que caracterizan a un acontecimiento en particular. A su vez, en relación al detalle de lo normado en el artículo 32 de la Ley 24.660, debe decirse que igual criterio [se ha adoptado] para decidir respecto a la viabilidad del instituto en cuestión, es decir, siempre valorando parámetros que dejen en claro la naturaleza excepcional que inspira al instituto y sosteniendo la postura que evita convertir en regla a lo que ha sido regulado con [...] carácter de excepción.
Sentado ello, corresponde evaluar si existen circunstancias concretas que permitan determinar si el hijo [del condenado] presenta una patología que afecte su esfera de salud mental, al grado de generarle una enfermedad incapacitante y, en su caso, verificar si el nombrado sería la única persona que puede hacerse cargo de su cuidado (cfr. art. 32, inc. ‘f’, de la ley 24660)”.
“[H]a logrado establecerse que [el condenado] sería la única persona mayor de edad que podría dedicarse al cuidado permanente de su hijo. Ello, por cuanto [...] su actual pareja debe retomar sus actividades laborales y entre su ex esposa y su hijo existe una mala relación, la que –inclusive– ha llegado al extremo de la formulación de una denuncia penal. En consecuencia, ha quedado acreditado que [el hijo del condenado] presenta una patología que afecta a su salud mental, generándole una enfermedad incapacitante que obliga a dispensarle una asistencia de carácter constante y permanente…”.

“[S]e debe tener en cuenta que lo aquí resuelto se condice con el deber de bregar por los intereses del hijo [del condenado], motivo por el cual corresponde imponerle el deber de arbitrar todos los medios necesarios (con las limitaciones lógicas que generan su modalidad de detención) para que pueda atenderlo y asistirlo, debiendo acreditar –ante el órgano que efectúe el respectivo control– el cumplimiento de la obligación y responsabilidad de cuidado”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; RESPONSABILIDAD PARENTAL; DEBER DE CUIDADO; ANALOGÍA; IGUALDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; SALUD MENTAL; VULNERABILIDAD;
González (Causa N° 104636)Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala III.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, rechazó el recurso de queja presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal (jueces Volini y Cabral).
1. Competencia. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Principio de dignidad humana. Hurto.  
“[L]a posibilidad de interponer habeas corpus por razones de salud, las medidas adoptadas durante la pandemia y la obligación para este fuero de aplicar la ley de salud mental demuestran que las 'derivaciones del derecho a la salud' forman parte de la materia a decidir en el fuero penal cuando media la comisión de un delito, y como en el caso, [la víctima del hurto] pretende la restitución de la cosa hurtada, porque la necesita para sobrevivir dignamente el tiempo que le quede de vida”.
2. Hurto. Cultivo de estupefacientes. Cannabis. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Prueba.
“[El representante del Ministerio Público Fiscal no] funda adecuadamente la gravedad institucional que denuncia, pues más allá de que la oposición que mantuviera ante la Cámara se sostenía en la vigencia del Decreto 738/17, hoy derogado, lo que en definitiva parece pretenderse es que [la víctima del hurto] realice (si el tiempo de sobrevida se lo permite) trámites judiciales o administrativos para luego conseguir la sustancia que necesita, aunque ello pueda resultarle imposible de realizar y en el camino, se lo esté obligando a agonizar”.
“[S]i la inscripción viene requerida a efectos de evitar la incriminación por el delito de comercio de estupefacientes (artículo 5 de la ley 23737), y en este caso no se ha imputado a [la víctima del hurto] ese delito, y más aún, nadie ha discutido que la eventual tenencia era para uso personal (médico), entonces el silogismo, en sí mismo considerado, llevaría a concluir que no mediando un caso de comercio de estupefacientes, [el damnificado] no estaba obligado a inscribirse en el registro.
[D]icha ley en nada prohíbe la posesión de cannabis para uso medicinal, y la obligación de anotación en el registro es al solo efecto de evitar la imputación por delito, pero eso no significa necesariamente que la inexistencia de delito dependa de la inscripción en ese registro”.
“En casos tan extremos como este, la historia clínica basta y sobra para acreditar la necesidad de las dosis, lo que transforma la ausencia de inscripción en el registro en una mera falta administrativa. Máxime cuando es posible hacer una analogía en favor de la persona que posee la sustancia con fines terapéuticos, pues si la tenencia de hojas de coca para masticar o en infusión no configura delito (artículo 15 de la ley 23737), o incluso es posible eximir de pena a quienes tienen estupefacientes para consumo personal (artículos 16 y, 17 y 18 de la ley citada) entonces, si en este caso nadie, siquiera el fiscal, ha negado que la cannabis se tenía para elaborar el aceite para aplicar a cuidados paliativos, [...] dicha regla no podría hacerse extensiva a esta situación (mucho más grave, por cierto, que el mero consumo), pues en definitiva no [hay] ningún disvalor de acción y resultado en el accionar de [la víctima del hurto], y sí mucho rigor formal en el proceder del Fiscal, que parece haber olvidado que su actuación debe ser objetiva, insistiendo con un recurso de casación claramente inadmisible y que puso en juego la salud [del damnificado].
[S]e pretende aquí hacer valer la burocracia por encima del valor vida, pasando por alto que surge del auto impugnado [...] que el médico que confeccionara la Historia Clínica [...] acompañó la decisión de [la víctima del hurto] [...] de hacer uso terapéutico de la cannabis”.


COMPETENCIA; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA VIDA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; HURTO; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; CANNABIS; TRATAMIENTO MÉDICO; PRUEBA;
HERRERA (Causa Nº 5153)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar al recurso, revocó la sentencia de la instancia anterior y ordenó a la ANSES que reconozca el beneficio de la Asignación Universal por Hijo a favor de la joven hasta que alcanzara la mayoría de edad. Asimismo, intimó al organismo a cumplir con lo dispuesto dentro del plazo de quince días (jueces Elías y Castellanos).
1. Acción de amparo- Ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. Admisibilidad. Daño. Prueba. Excesivo rigor formal. Vulnerabilidad. Pueblos indígenas. Niños, niñas y adolescentes. Ley aplicable. Constitución Nacional.
“[C]abe referirse a la procedencia de la vía del amparo, para lo cual ha de tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que el amparo es un proceso excepcional utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligre la salvaguarda de derechos fundamentales; medio que no altera el juego de las instituciones vigentes […] y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva […] en tanto la determinación de la eventual invalidez del acto no requiera una mayor amplitud de debate y prueba (arts. 1° y 2°, inc. d, de la ley 16.986).
Sin embargo, cabe destacar que aun cuando la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias…”.
“[L]a vía del amparo resulta admisible en el caso de autos toda vez que, habiéndose presentado la actora en las oficinas de la demandada […], el rechazo automático del beneficio efectuado verbalmente por el agente que exigía la presentación de la sentencia judicial de guarda, torna arbitraria la conducta de la ANSES en tanto imposibilitó a la administrada el inicio del correspondiente expediente en el que se evalúe la pertinencia de su pedido según lo establece la ley de procedimiento.
Esta actitud adoptada por el organismo impide al ciudadano obtener un pronunciamiento concreto y fundado respecto de su solicitud al tiempo que se contrapone al art. 14 de la Constitución Nacional que reconoce a los habitantes el derecho de `peticionar a las autoridades´, el cual lleva implícito que el funcionario u organismo a quien va dirigido el pedido tienen la obligación de responder a él, lo que no significa que el destinatario de la petición esté obligado a acceder a lo solicitado…”.
“[N]o puede soslayarse que el propio contexto socio económico en el que vive la sobrina de la amparista, a su vez huérfana, miembro de una comunidad aborigen y madre de una bebe de un año, constituye una circunstancia –de público conocimiento– que permite por sí sola advertir la existencia del perjuicio que la conducta de la Administración le ocasiona sin necesidad de mayor demostración, pues el estado de extrema vulnerabilidad en el que se encuentra se desprende de la simple lectura de la documentación acompañada con la demanda que tampoco fue cuestionada ni desconocida por la ANSES, motivo por el cual corresponde reconocer la admisibilidad de la acción de amparo...”.
2. ANSES. Seguridad social. Asignaciones familiares. Asignación Universal por Hijo (AUH). Pensión. Incompatibilidad. Vulnerabilidad. Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Tutela. Ley aplicable. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]s menester recordar que a través del decreto 1602/2009 se incorporó el Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social a la ley 24.714 –Régimen de Asignaciones Familiares– destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal, la que consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de 18 años que se encuentre a cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la ley 24.714.
La norma establecía en su art. 9 que la percepción de las prestaciones resulta incompatible con el cobro de cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas o No Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las prestaciones de las leyes 24.013, 24.241 y 24.714. [L]a ANSES dictó la resolución 169-E/2017 […] circunscribiendo el régimen de incompatibilidades entre el cobro de cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas con las asignaciones familiares correspondientes a los beneficiarios del subsistema contributivo de aplicación a las personas inscriptas y con aportes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (art. 3º), sin reglamentarlo hasta la fecha en relación al subsistema no contributivo en el cual se ubica la AUH para protección social, pese a que en los considerandos del decreto 593/2016 se dejó expresamente sentado que requería urgencia para su resolución pues se encontraba destinada a la atención de situaciones de exclusión de diversos sectores vulnerables de la población…”.
“[D]e los considerandos del decreto 1602/09 se desprende que la creación de la AUH para protección social fue inspirada en la ley 26.061, la cual tiene por objeto la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquéllos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte, disponiendo para ello que los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas para la inclusión de las niñas, niños y adolescentes, que consideren la situación de los mismos, así como de las personas que sean responsables de su mantenimiento…”.
“[N]o puede prevalecer el excesivo rigor formal pretendido por sobre los derechos más básicos y fundamentales que el estado debe, no solo reconocer sino también, garantizar. De allí, que la incompatibilidad del beneficio peticionado con el cobro de la PNC argüida por la demandada resulte irrazonable, siendo también contradictoria, a poco que se repare en el régimen del personal de casas particulares que no contempla tal restricción...”.
“En cuanto a la exigencia de la sentencia judicial de tutela exigida por el organismo previsional ha quedado suficientemente acreditado con la constancia del trámite de tutela emitido por el Defensor Oficial Civil Nº 2 de Tartagal acompañado con la demanda y, más aún, con el informe efectuado por el equipo interdisciplinario del Ministerio Público de la Defensa […] que la amparista tiene efectivamente a su cargo a su sobrina desde la muerte de su hermana […]. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra un máximo significado, debiendo profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias maduras y avanzadas las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adverso…”.
ACCION DE AMPARO-Ilegalidad o arbitrariedad manifiesta; ADMISIBILIDAD; DAÑO; PRUEBA; EXCESIVO RIGOR FORMAL; VULNERABILIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; LEY APLICABLE; CONSTITUCION NACIONAL; ANSES; SEGURIDAD SOCIAL; ASIGNACIONES FAMILIARES; ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH); PENSIÓN; INCOMPATIBILIDAD; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; TUTELA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
Palacios (causa N° 1090)Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial San Nicolás
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial San Nicolás absolvió al hombre imputado (juezas Baquedano y Fernández y juez López).
1. In dubio pro reo. Apreciación de la prueba. Principio de inocencia. Víctima. Perspectiva de género.
“[L]os hechos por los que se acusó [al hombre imputado] no fueron demostrados suficientemente por el Ministerio Público Fiscal con la prueba rendida durante el juicio. Así, [se propone] que se declare [...] la libre absolución del causante, ello en orden a la duda que razonablemente ha primado […] al finalizar la vista de causa”.
“Una primer y gran cuestión para desandar el análisis de la prueba rendida en el debate es la situación de la víctima como testigo del juicio. Paradójicamente, [la víctima] ha sido propuesta y convocada por parte de la defensa del imputado, no formando parte siquiera de la nómina de testimoniales que la Fiscalía propuso y acercó al juicio para sostener su acusación. Partiendo entonces de esta peculiar situación, [corresponde centrar] la atención en el valor de sus dichos, el contexto de sus declaraciones previas y durante el debate, y en el efecto que pudiese tener la perspectiva de género como cristal a través del cual visualizar todo este panorama”.
2. Víctima. Perspectiva de género. Ministerio Público Fiscal.
“[L]a Fiscalía insistió en analizar [el] testimonio [de la víctima] con ‘perspectiva de género’, reduciendo su aparente retractación a una mentira motivada por su labilidad, su endeblez emocional, su perfil culpógeno, sin haber abierto la posibilidad de prestarse a escuchar a la víctima, aquella a la que vino al juicio a ‘representar’, aún por encima de su deseo de ser tenida en cuenta por la Fiscalía, como persona merecedora de un trato privilegiado como víctima, vulnerable, necesitada de contar lo que de los hechos la había afectado o no”.
“[E]specialmente a partir de esa mentada perspectiva de género, [...] esa mirada no puede ser excusa para apartar a la víctima del eje central que debe ocupar en un proceso de las características del enjuiciado aquí. No hay una víctima ‘complicada’ o ‘difícil’. En todo caso, había una víctima de una historia vital mucho más compleja, una que merecía la contención de parte del Estado, que de ninguna manera se ve satisfecha con el desdén que se pudo haber hecho de su deseo de ser oída”.
3. Principio de inocencia. Apreciación de la prueba. Víctima. In dubio por reo.
“[Ante] la ausencia de material imputativo claro, directo, sostenido, no [se pueden] tener por acreditados ninguno de los eventos relatados por la Fiscalía al acusar [...]. Analizados entonces los hechos conforme a las evidencias aportadas, no [es posible] de ninguna manera decir que se ha probado en autos que los mismos ocurrieron, porque hacerlo significaría desdeñar el aporte de la persona referida como víctima, y eso en el caso particular significaría desconsiderarla como sujeto de derechos”.
“[L]a presunción de inocencia como principio básico del derecho penal, consagrado, además, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11 [...] aparece eclipsando toda chance de condena. [E]l juicio oral [es] el epicentro del proceso, y es aquí donde las declaraciones toman el carácter de prueba. La declaración de la presunta víctima, por resultar convincente y directa, forma parte de lo sucedido en el debate. En esa declaración, la joven [...] afirmó que había sido ella –y no el imputado– quien encendió la llama que le provocara las lesiones leves constatadas por quemadura”.
“[E]l material probatorio rendido durante el debate no ha logrado vencer la duda que subsiste [...] respecto de los hechos que la Fiscalía trajo a debate”.
IN DUBIO PRO REO; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; VICTIMA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
Rodríguez y otra (causa N° 13321)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, revocó la resolución recurrida y sobreseyó a las imputadas.
1. Estafa. Defraudación. Tipicidad. Abuso de confianza. Prueba. Apreciación de la prueba. Sobreseimiento.
“[E]l peritaje realizado por el Cuerpo Médico Forense en base a la historia clínica de [la víctima] y las constancias obtenidas de la institución geriátrica [...] revelaron que no solo padecía ceguera bilateral sino también —desde su internación en noviembre de 2019— un síndrome confusional que mantuvo a su ingreso [al geriátrico], en base al cual no habría tenido por entonces capacidad ni discernimiento para otorgar actos jurídicos.
No obstante, las pruebas recientemente reunidas demuestran que la imputada dirigió las sumas obtenidas en el período cuestionado —en concepto de cobro de jubilación y alquileres— a solventar su internación en dicha clínica geriátrica…”.
“La suma de lo cobrado en concepto de alquileres [...] con los haberes jubilatorios correspondientes [...] arroja un resultado incluso menor a los pagos que [la apoderada] debió afrontar para cubrir los gastos de internación de la víctima en [el geriátrico]. En esas condiciones, la actuación de la encausada no revela un abuso o aprovechamiento fraudulento de las necesidades de la víctima y por tanto no importa la configuración del tipo penal previsto en el artículo 174, inciso 2° del CP. Por el contrario, sus conductas, tanto la tendiente a obtener el poder como la posterior cuando, mediante su uso, concretó el alquiler –sin mediar a su vez, en el caso [del inquilino], engaño alguno–, aparecen orientadas a cubrir los gastos que demandó la internación. Ergo, ante la falta de adecuación típica de los hechos a las figuras de la defraudación por circunvención de incapaz y de estafa, es que corresponde el dictado de su sobreseimiento, al igual que, por las mismas razones, el de [la escribana]”.
ESTAFA; DEFRAUDACIÓN; TIPICIDAD; ABUSO DE CONFIANZA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; SOBRESEIMIENTO;
Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas (Causa Nº 770696)Juzgado de violencia familiar y de género de 3° nominación de Salta
El Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tercera Nominación de Salta rechazó el planteo de incompetencia requerido por el Arzobispo. A su vez, ordenó mantener vigentes las medidas de protección dispuestas a favor de las denunciantes (jueza Cáceres Moreno).
1. Competencia. Excepción de incompetencia. Juicio sumarísimo Declinatoria. Jurisdicción eclesiástica. Violencia de género. Orden público. Deber de fundamentación. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Código Civil y Comercial de la Nación.
“[E]l art. 7 del C.P.C.C establece que las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria y que la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia que se reclama. El art. 8 del mismo código dispone que la declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas.
Por otra parte, nuestra Ley provincial N° 7888 que rige la materia […] en su art. 4, inc. b imprime al trámite de violencia de género el tipo de proceso sumarísimo. En consecuencia, y al no disponerse explícitamente en nuestro código de rito ni en la legislación especial, la posibilidad de plantearse excepciones de previo y especial pronunciamiento, como en los procesos ordinarios y sumarios, este silencio legal faculta al órgano judicial a considerar las cuestiones planteadas por las partes que sean de vital importancia a la tramitación de la causa y al reconocimiento de los derechos. Ergo, al ser la competencia y la materia de violencia familiar y de género una cuestión de orden público y de compromiso judicial supranacional, [debe darse lugar al cumplimiento] de resolver [en base a lo] dispuesto en el art. 3 del C.C.C.N, derribando barreras formales y procesales a los fines de pronunciarme respecto a la competencia en el caso planteado en autos…”.
“En nuestro país, en los juicios que se inicien por denuncias en las que se relatan hechos de violencia familiar y de género, la competencia del órgano jurisdiccional se encuentra establecida por la Ley Nacional 26.485 en su artículo 22 que reza textualmente: `Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la matera según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente…´”.
2. Medidas de acción positiva. Responsabilidad del Estado. Violencia de género. Derechos humanos. Tutela judicial efectiva. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Protección integral de la mujer. Interpretación de la ley.
“[L]a legislación nacional y provincial reseñada y la creación formal de los Juzgados especializados de Violencia Familiar y de Género en nuestra provincia no hacen más que cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino al ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos que son especialmente importantes para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Ellos son, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) con jerarquía constitucional, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de `Belém do Pará´), ambas ratificadas por la Argentina y a partir del año 1994 gozan de jerarquía superior a las leyes conforme lo establecido en el art. 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional.
Dichas convenciones, como todos los tratados internacionales, deben ser interpretadas de una manera dinámica e integrada; mirando a los mismos como un entramado, que es lo que otorga al marco legal mayor fuerza en términos de protección de derechos. Por otra parte, obligan a los Estados firmantes, o que ratifican los mismos, a realizar una serie de acciones positivas a nivel interno para garantizar el goce efectivo de los derechos que reconocen; naciendo en ese momento las obligaciones que pueden ser exigidas a nivel nacional por las personas, en este caso mujeres, y abren la posibilidad de una instancia de protección internacional en caso de incumplimiento de aquéllas para dichos Estados…”.
“[B]asta la simple sospecha de padecer hechos de violencia de género para que los mecanismos de protección se activen y esto responde a que el bien jurídico tutelado es el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Además de ello, y en virtud de la naturaleza urgente y protectora, rigen en la materia los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, oficiosidad, amplitud probatoria, oralidad. A más de ello, la judicatura tiene amplias facultades para ordenar, impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos y llegar a la verdad material de los hechos expuestos, evaluándose la prueba ofrecida y producida de acuerdo con los principios de la sana crítica y la obligada perspectiva de género…”.
3. Género. Perspectiva de género. Perspectiva de interseccionalidad. Igualdad. No discriminación. Concordato. Iglesia Católica. Estado. Jurisdicción. Constitución Nacional. Supremacía constitucional.
“[T]engo presente la transversalidad de género, o mainstreaming de género (traducción: enfoque integrado de género), lo que implica la responsabilidad de todos los poderes públicos en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. La transversalidad de género es la incorporación y la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de modo que se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones; cumpliendo de esta forma con la manda constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida a la luz de la noción de desigualdad estructural, a fin de que no existan en nuestra sociedad situaciones en las que hayan grupos que son sistemática e históricamente excluidos de ámbitos relevantes para el desarrollo de su autonomía y de sus planes de vida. Esta idea de igualdad como no sometimiento de grupos le demanda al estado la obligación de abandonar la postura de neutralidad y poner en marcha todas las políticas o medidas de acción afirmativa o de trato preferente que sean necesarias para desmantelar aquellas condiciones que colocan a ese grupo en situación de sometimiento…”.
“[C]onsidero importante señalar que el Acuerdo entre el gobierno argentino y el poder central de la Iglesia Católica, rubricado en el año 1966, tuvo la particularidad de anular las injerencias poder civil en la órbita eclesiástica, garantizando la plena autonomía de la Iglesia Católica, sin afectar las prerrogativas del catolicismo como culto oficioso, provenientes del régimen del Patronato y del derrotero histórico de la imbricada relación entre el Estado y la institución religiosa. De esta forma queda claro que el Estado argentino garantiza a la Iglesia Católica su autonomía para el libre ejercicio de su poder espiritual, su culto y la jurisdicción en el ámbito de su competencia para la consecución de sus fines específicos; lo que no significa que el Estado argentino no deba intervenir en casos que ameriten garantizando los derechos constitucionales y supranacionales de las y los civiles que habitan el suelo argentino, como es lo que acontece en el caso…”.
COMPETENCIA; EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA; JUICIO SUMARÍSIMO; DECLINATORIA; JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA; VIOLENCIA DE GÉNERO; ORDEN PÚBLICO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DERECHOS HUMANOS; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CONCORDATO; IGLESIA CATÓLICA; ESTADO; JURISDICCIÓN; CONSTITUCION NACIONAL; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL;
Vidal (Causa N° 35381)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos los fundamentos y conclusiones del Procurador General de la Nación. De esa manera, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada. Además, ordenó que volvieran los autos al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (ministros Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti).
1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Dirección Nacional De Migraciones. Procedimiento administrativo. Actos administrativos. Arbitrariedad. Control Judicial. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[H]abida cuenta […] de los términos [del art. 70 de la ley N° 25.871], y el alcance del carácter instrumental del instituto de la retención respecto de la medida de expulsión que de ella surge, […] el pronunciamiento impugnado por esta vía resulta prematuro. De conformidad con las constancias de la causa, en efecto, la orden de expulsión […] se encuentra actualmente en debate […], en trámite ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 sin haberse dictado aún el pronunciamiento de primera instancia […].
En tales condiciones, […] la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso y tiene graves defectos en la consideración de cuestiones conducentes para la correcta solución del litigio, por lo que, al guardar el planteo de la apelante relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas, corresponde descalificar el fallo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad […], sin que lo dicho implique abrir juicio sobre la solución que, en definitiva, proceda adoptar sobre el fondo del asunto”.
MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ACTOS ADMINISTRATIVOS; ARBITRARIEDAD; CONTROL JUDICIAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA;
C. M. H (Causa N° 7936)Juzgado de Seguridad Social N° 8
El Juzgado de Seguridad Social N° 8 hizo lugar a la demanda y reconoció al adolescente el derecho de percibir una pensión derivada por el fallecimiento de su abuelo. Además, declaró la inaplicabilidad del artículo 53 de la ley N° 24.241 y artículo 3 de la ley N° 26.222 para el caso especifico (jueza Saino).
1. Seguridad social. Pensión. Pensión por fallecimiento. Derecho de la seguridad social. Familias. Guarda de niños. Alimentos. Acceso a la justicia. Ley Aplicable. Interpretación de la ley. Responsabilidad del estado. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Constitución Nacional. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[H]abiendo fallecido el causante el 14/11/20, le son de aplicación las modificaciones que al artículo 161 de la ley 24241 efectuó la ley 26222, que al respecto en su artículo 13 prescribe: Sustitúyase el artículo 161 de la ley 24241 y sus modificatorias, por el siguiente artículo 161: El derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario: a) para las jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese en la actividad o la de la solicitud, lo que ocurra primero, siempre que a esa fecha el peticionario fuera acreedor a la prestación, y b) para las pensiones, por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante…”.
“[S]i bien no se puede desconocer que jurídicamente el actor, no se encuentra comprendido entre los actuales beneficiarios con derecho a pensión comprendidos en el art. 53 de la ley 24.241 de aplicación al caso (norma que redujo sensiblemente a los beneficiarios oportunamente contemplados en los arts. 38 y 26 de las leyes 18.037 T. o. 1.976 y 18.038 t.o. 1980 y que contemplan como beneficiarias a las hijas divorciadas o separadas de hecho por culpa exclusiva del marido que no percibieran prestación alimentaria de este, todas ellas incapacitadas y a cargo del causante a la fecha de su deceso inc 1 apartado c) de dichos artículos), no es menos cierto que dada la historia de vida del demandante su situación es idéntica de hecho a la de un padre con un hijo a cargo, con evidente dependencia económica, social y afectiva…”.
“[E]n el particular, están comprometidos el derecho a la seguridad social, que cubre los riesgos de subsistencia (art. 14 bis, Constitución Nacional y art. 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); el acceso a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el disfrute del más alto nivel posible de la salud (art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). A ello cabe agregar la especial protección que los instrumentos internacionales y las leyes prevén a favor de los niños a fin de garantizar su acceso a un nivel de vida adecuado para su desarrollo en condiciones de igualdad (art.75, inc. 23, Constitución Nacional; arts. 6, 23, 24 y 27, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 8 y 26 de la Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).
En dicho sentido no puede contradecirse el análisis con el deber de juzgar con especial cautela las peticiones vinculadas con la seguridad social en tanto revisten carácter alimentario y su cometido es la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por los riesgos sociales de subsistencia.
De la aplicación de estos principios y de la reglamentación que las leyes hacen del ejercicio de los mismos, constituyen el objeto de la seguridad social, esto es, suplir las carencias provocadas por las contingencias sociales, entendidas como aquellos acontecimientos futuros e inciertos que afectan la capacidad de ganancia del trabajador.
Este ha sido el criterio receptado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha establecido: ...´15) Que corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de las prestaciones. Ello surge con claridad del artículo 14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional en tanto expresa que ´El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: ...jubilaciones y pensiones móviles...´…’. En forma concorde con ese mandato, diversos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país han consagrado el derecho de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida cuando ya no pueda proveerse un sustento…”.
2.. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad.
“[C]abe destacar que la normativa citada en la actualidad debe interpretarse en forma acorde y en consonancia con el derecho internacional de los Derechos Humanos, en especial la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las personas de Discapacidad aprobada por la República Argentina mediante ley 25.280, y promulgada de hecho el 31 de Julio de 2000, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; arts. 8 y 26 de la Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes…”.
“[A]demás, en el sub lite se encuentra en juego la protección de derechos sociales fundamentales de un niño con discapacidad que está en una situación de precariedad económica. En particular, están comprometidos el derecho a la seguridad social, que cubre los riesgos de subsistencia e igualdad (arts. 75, inc. 23 y 14 bis, Constitución Nacional y art. 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 6, 23, 24 y 27, Convención sobre los Derechos del Niño); el acceso a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el disfrute del más alto nivel posible de la salud (art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)…”.

SEGURIDAD SOCIAL; PENSIÓN; PENSIÓN POR FALLECIMIENTO; DERECHO A LA SEGURIDAD; FAMILIAS; GUARDA DE NIÑOS; ALIMENTOS; ACCESO A LA JUSTICIA; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; CONSTITUCION NACIONAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
VJB y EIB (Causa N° 10701696)Juzgado de Conciliación y Trabajo 9° Nominación de Córdoba
El Juzgado de Conciliación y Trabajo de la 9° Nominación de Córdoba declaró inaplicable el artículo 35 y ccs. de la ley N° 27541 y la Resolución General de AFIP N° 4815/2020. Además, ordenó al Banco de la Provincia de Córdoba que constituyera un plazo fijo en dólares exento de todo impuesto o retención (juez Morello).
1. Vulnerabilidad. Niños, niñas y adolescentes. Responsabilidad del estado. Constitución Nacional. Interpretación de la Constitución Nacional. Jueces. Tutela judicial efectiva. Jurisprudencia. Interpretación de la ley. Control de constitucionalidad.
“[L]as cuestiones de índole económica que involucran a grupos vulnerables, en [este] caso las beneficiarias son niñas, deben resolverse con la celeridad que la situación impone. [E]s cardinal a nuestro ordenamiento jurídico en general y a nuestro rol como juzgadores en un Estado de Derecho, en particular, al momento de decidir, confrontar la norma o regla aplicable al caso con la Constitución Nacional, lo que no puede ser sorteado por el juzgador, lo contrario acarrearía una aplicación mecánica y formalista del derecho renunciando así al rol fundamental que le cabe a los jueces dentro del Estado de Derecho como guardianes últimos de la Constitución Nacional.
[E]xiste, al respecto, numerosa jurisprudencia de la Corte en cuanto a que ´es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella´ (Fallos: 311:2478). En esta dinámica no se entiende necesariamente que las normas en cuestión se estimen inconstitucionales, sino que en el caso en que se pretende sean aplicadas no guardan el correlato y lógica constitucional debidos. Más claramente, se entiende que no resultan de aplicación al caso particular que se ventila ante este juzgado, siendo ostensible que de aplicarse se daría una clara vulneración a la Constitución, y justamente a los derechos que la misma protege…”.
2. Interés superior del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Tutela judicial efectiva. Acceso a la justicia. Control de constitucionalidad. Control de convencionalidad. Responsabilidad del estado. Indemnización.
“[E]ste tribunal está obligado a atender primordialmente al interés superior del niño (C.N. Art. 75, inc. 22 y 23), en el sentido señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual afirma que garantizar implica el deber de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, debiendo los jueces, en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción, a los fines de hacer efectivos sus derechos (conf. arts. 12.2 y 40.2.b de la Convención sobre los Derechos del Niño). Los tribunales deben salvaguardar los derechos de aquél, llevando a cabo una supervisión adecuada, lo cual comprende el control de constitucionalidad difuso ya mencionado y el ejercicio del control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas aplicables in concreto y los tratados internacionales enunciados en el art. 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional, siendo función elemental y notoria de los jueces hacer cesar, con la urgencia del caso, todo eventual menoscabo que sufra el menor, para lo cual dicha supervisión implica una permanente y puntual actividad de oficio (del voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi, ´García Méndez Emilio y Musa Laura s/ causa n° 7537´ (CSJN 02/12/2008).
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño alude al impulso que debe darse a su ´desarrollo´ (arts. 18.1, 27.2), físico, mental, espiritual, moral y social (art. 32.1). Es por ello, además, que los Estados tienen el deber de garantizar ese ´desarrollo´ del niño (art. 6.2). La Convención además, da por supuesto que los niños gozan de los derechos que le corresponden en tanto que personas humanas, y agrega la necesidad de ´proporcionar al niño una protección especial´. Dicha protección especial exige en términos concretos, que los Estados deben dar ´efectividad´ a los derechos, libertades y garantías de las niñas, niños y adolescentes, adoptando todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, requeridas a tal fin (Convención, art. 4)…”.
“[A fin] de tornar efectivo este imperativo constitucional, cuando ante la posible vulneración del derecho –menoscabo y mengua del monto indemnizatorio a percibir– de las niñas V. J. B. y E. I. B., el tribunal decide ejercer sin aprensión la directiva que se estime pertinente y más conveniente para aquellas a los fines de lograr el cometido propuesto: evitar perjuicio alguno para las niñas. [A]l respecto tiene dicho la Corte Interamericana de DDHH cuando ha censurado, en relación a las niñas, niños y adolescentes, el comportamiento de ´…los Estados que no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el 'pleno y armonioso desarrollo de su personalidad', a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece…´ (Caso de los ´Niños de la Calle´ […]. Lo que a nivel local es seguido sin dudas por nuestra Corte, ´…que estos derechos especiales que tienen los niños por su condición, no constituyen sólo un postulado doctrinario sino un imperativo constitucional que se erige, nada menos, que en pauta determinante de la nueva perspectiva que debe informar el sistema´…”.
3. Impuesto. Impuesto a la compra y venta de divisas. Impuesto a las ganancias. Ley aplicable. Leyes impositivas. Leyes de emergencia. Interpretación de la ley. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Razonabilidad de la ley. Derecho tributario. Obligaciones tributarias. Depósito judicial.
“[L]a normativa contenida en la ley 27.541 (Impuesto PAIS), (art. 35, 39 y ccs.) y la Resolución General de AFIP n° 4815/2020, en cuanto prevén que para la adquisición de dólares –para poder constituir plazo fijo en dólares ordenado en autos– se debe detraer del beneficio de las pequeñas, un 30% en concepto de Impuesto PAIS, y un 35% por Impuesto a las Ganancias, constituyen ante cualquier lógica realista un absurdo, por lo que resultan a todas luces inaplicables al tópico de esta causa…”.
“[L]a normativa trasluce claramente dos aspectos, el carácter excepcional y acotado en el tiempo producto de una emergencia declarada por cinco períodos y el objeto puntual que se intenta amilanar a nivel local, esto es, el atesoramiento de divisa extranjera. En la causa que […] convoca, queda despejada la cuestión en cuanto al móvil especulativo o simplemente de atesorar dólares norteamericanos, atento que las menores beneficiarias, representadas por su progenitora lo requirieron mediante el representante complementario y por su letrado. Por tanto y enfatizando en el carácter de normativa de emergencia, no alcanzaría la situación de las jóvenes…”.
“[E]n los autos ´QUARANTA, CARLOS FABIÁN C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA […]´, el TSJ de Córdoba, […], funda su decisión en la doctrina legal sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos ´García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad´ (Fallos: 342:411), relativa a la aplicación de la Ley del Impuesto a las Ganancias 20.628 al sector en pasividad. [L]a Corte afirmó que ´…el principio de igualdad no solo exige la creación de categorías tributarias razonables (Fallos: 150:189; 160:247) sino que también prohíbe la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en la realidad son distintas´ […]. Esto implica en términos del máximo tribunal provincial, que ´…desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone reconocer que es tan injusto gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios como imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación´.
[L]a Corte sostuvo además que ´a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos´. Dicho imperativo constitucional, agregó, ´…resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico, proyectándose concretamente a la materia tributaria, ya que no es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de definir su política fiscal. Es que, en definitiva, el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente ´a cualquier precio´, pues ello lo dejaría al margen de las mandas constitucionales´…”.
“[L]a manda judicial de constituir un plazo fijo en dólares con el dinero en pesos argentinos depositados a la orden de este tribunal y para estos autos, lo fue en miras a la protección de las niñas, beneficiarias de la indemnización laboral, más en ninguna arista o rasgo del decisorio ni del pedido de la Asesoría se puede vislumbrar un fin especulativo, ni de atesoramiento en términos financieros; todo lo opuesto, se persigue mantener hábil e íntegro el dinero percibido por estas menores, y su valor de cambio…”.
“[L]a variación anual del dólar oficial en los últimos cinco años –de abril del 2017 a abril del 2022 –, fue del 751,64%, mientras que la inflación anual acumulada desde enero 2017 hasta abril 2022 es del 234,58% (IPC-Fuente: INDEC). Claramente la finalidad perseguida con la transformación del plazo fijo en pesos a dólares, es tuitiva y de protección a los menores, utilizando para ello información pública como es la mayor estabilidad que ha sostenido la moneda norteamericana con el paso del tiempo, lo que no ocurrió con la moneda nacional…”.
VULNERABILIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CONSTITUCION NACIONAL; INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL; JUECES; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; JURISPRUDENCIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; INDEMNIZACIÓN; IMPUESTO; IMPUESTO A LAS GANANCIAS; IMPUESTO A LA COMPRA Y VENTA DE DIVISAS; LEY APLICABLE; LEYES DE EMERGENCIA; LEYES IMPOSITIVAS; RAZONABILIDAD DE LA LEY; DERECHO TRIBUTARIO; OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; DEPÓSITO JUDICIAL;
Argañaraz y otro (causa N° 5706)Juzgado Federal de 1a Instancia Nro. 2 de Tucumán
El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 dispuso un tratamiento diferenciado entre la imputada y su ex pareja. En ese sentido sobreseyó a la mujer por el delito de tenencia de estupefacientes por fines de comercialización y condenó al hombre por el mismo delito (juez Povina).
1.Tráfico de estupefacientes. Tipicidad. Participación criminal. Género. Perspectiva de género. Pareja. Violencia de género. Vulnerabilidad. Prevención e investigación. Debida diligencia. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
“[A]l momento de analizar el tipo penal endilgado a [la imputada], cabe señalar que si bien se encontraba en el lugar donde fue habida la sustancia ilegal (en una habitación de la vivienda y la arrojada por [su ex pareja]), donde residía junto a sus hijos y sus hermanas, cumpliendo arresto domiciliario […], lo que en principio podría suponer que la misma tendría la disponibilidad de la sustancia, exigida en el tipo objetivo de la figura endilgada. Lo cierto es que tal circunstancia, de conformidad al análisis que se ha de efectuar a continuación no resultan suficientes para atribuir responsabilidad a la nombrada por la tenencia enrostrada al momento de formularle la hipótesis de imputación”.
“[N]o podría atribuirse una disponibilidad propiamente dicha como la exigida por la figura imputada a [la mujer] cuando se encuentra bajo un contexto de constante violencia de género, vivida por la nombrada con anterioridad a su detención en el marco de la presente causa, no correspondiendo atribuir responsabilidad en los términos del art. 5 inc ´C´ de la Ley 23.737, existiendo una situación de vulnerabilidad de la imputada […].
Esta situación, obliga a tomar una decisión que proteja a [la imputada] en razón del deber estatal de diligencia reforzada en relación a las mujeres víctimas de violencia, de conformidad a lo prescripto por el art. 7 de la Convención de Belén Do Para y la Corte Interamericana DDH en los autos ´González y Otra (Campo Algodonero) VS. México, y concordantes´”.
2. Género. Perspectiva de género. Estereotipo de género. Tráfico de estupefacientes. Participación criminal. Pareja. Tipicidad. Dolo. No discriminación. In dubio pro reo. Principio de culpabilidad.
“[E]n los supuestos de mujeres imputadas por el hallazgo de drogas en el domicilio que comparten o en las que se encuentra su pareja sentimental, no implica que esa cercanía física sea suficiente para dar por probado el delito, ya que tampoco se encuentra acreditado el dominio ni se justifica por la mera convivencia familiar que permita deducir la autoría en el sentido de real posesión de la droga, a ello debe sumarse un indicador de desigualdad como es la violencia de género que permite descartar la posibilidad de dominio sobre la sustancia y por lo tanto el aspecto subjetivo del tipo”.
“En el ámbito de la tipicidad subjetiva puede ocurrir que se verifique un déficit de conocimiento que afecte al dolo, que habitualmente se tiene por acreditado a partir de fuertes estereotipos de género respecto a lo que una mujer ‘debe saber’. En los casos de mujeres co imputadas con su pareja sentimental, en los que la droga fue hallada en el hogar que comparten ´se presume´ que ella conoce todo lo que sucede bajo el techo de la vivienda en la que habita con su familia. Se construye con ello un ideal de la mujer que de su vivienda y de sus habitantes todo lo sabe y lo conoce. La valoración que se efectúa desde esta perspectiva debe ser rechazada, por discriminatoria y por afectar los principios in dubio pro reo y de culpabilidad por el acto”.
3. Género. Perspectiva de género. Tráfico de estupefacientes. Participación criminal. Pareja. Violencia de género. Autodeterminación. Vulnerabilidad. Protección Integral de la Mujer. Acceso a la justicia. Principio de culpabilidad. Sobreseimiento.
“[E]ntendiendo que [la imputada] se encontraba en un contexto de vulnerabilidad, violencia de género por parte de su ex pareja, consorte procesal el marco de la presente causa, debe valorarse asimismo el reducido margen de libertad para decidir por parte de [la mujer], en el sentido de exigirle una conducta ajustada a derecho, ya sea oponiéndose a la tenencia o que su pareja ingrese a la vivienda sustancia estupefaciente o que las comercialice ya que ello podría implicar para la nombrada y sus hijos un riesgo mayor, temor que queda evidenciado si se tiene en cuenta las circunstancias [del caso]”.
“[D]e conformidad a la normativa internacional y nacional vigente en relación a protección integral de la mujer respecto de toda forma de violencia, discriminación y que garantiza su accesibilidad a la justicia, y que si situación frente a la justicia sea óptica que permita un análisis con perspectiva de género […] corresponde dictar sobreseimiento de [la imputada] de conformidad con lo normado por el 336 inc 4 del CPPN”.
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; TIPICIDAD; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PAREJA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; DOLO; NO DISCRIMINACIÓN; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO DE CULPABILIDAD; AUTODETERMINACION; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; ACCESO A LA JUSTICIA; SOBRESEIMIENTO;
Quispe Ricalde (causa N° 38639)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, anuló la resolución en lo que respecta al rechazo de la citación a juicio del Asesor de Menores y remitió los autos al tribunal de origen para que asegurara en el caso la intervención de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces (jueces Hornos y Carbajo).
1. Extradición. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Convención sobre los derechos del niño.
“Corresponde entonces que el caso sea abordado desde la perspectiva del Interés Superior del Niño, contextualizando las normas de rango constitucional, en el caso concreto de la Convención de los Derechos del Niño. En efecto, la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959; y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos de los organismos especializados.
Bajo estos lineamientos, el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el Estado, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrado por los artículos 16.3 de la Declaración Universal, VI de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17.1 de la Convención Americana”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Asesor de menores. Defensor de menores. Derecho a ser oído. Representación. Deber de fundamentación.
“[R]esulta ineludible la intervención de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, en el adecuado resguardo del derecho a ser oído del niño en tanto la cuestionada intervención estatal la ha separado de su padre y el pedido para que el señalado organismo público se pronuncie en el caso es efectuado principalmente en su nombre (artículo 12 de la C.D.N.), pues es aquél el órgano que se encuentra en condiciones de alegar, objetivamente y de un modo no condicionado, sobre el punto, en tanto debe intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces y puede entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes –art. 54 de la ley 24.946– [hay cita].
En este escenario corresponde señalar que el Tribunal ha fundado su decisión en consideraciones genéricas que no autorizan a concluir que los específicos planteos formulados por el impugnante con específica relación a la conflictiva familiar que involucra a su hija […]., hayan sido suficientemente meritados en la decisión impugnada; máxime cuando se considera que en el caso no existen constancia de que la Defensoría Pública de Menores e Incapaces haya intervenido y emitido opinión con relación a la conflictiva señalada”.
3. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Extradición. Tratado de extradición. Cooperación Penal Internacional.
“Si bien es cierto que […], el presente proceso de extradición se circunscribe a las condiciones previstas por el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República del Perú y lo indicado en la Ley Nº 24.767, y que incorporar recaudos no previstos y de modo no razonado al convenio en cuestión, podrían importar su inaceptable alteración unilateral, ello no es óbice para desconocer sin un debido análisis y con el necesario cuidado la garantía Constitucional en pugna –Interés Superior del Niño–; la que sin dudas puede ser resguardada y asegurada adecuando la mejor estrategia posible que sea coherente y complementaria con el texto convencional aludido”.
EXTRADICION; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; ASESOR DE MENORES; DEFENSOR DE MENORES; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; TRATADO DE EXTRADICION; COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL;
Bertolino (causa N° 7813 y reg. N° 517)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida y absolvió a la imputada (jueces Magariños y Huarte Petite).
1. Prostitución. Prueba. Apreciación de la prueba. Sana crítica. Arbitrariedad. Deber de fundamentación.
“[E]n la sentencia no se indica ningún elemento de prueba que acredite cómo la imputada ejerció la administración o la organización de la actividad desplegada dentro del inmueble, esto es, cuáles fueron las acciones de administración u organización que específicamente ejecutó, respecto de quien o de quienes las efectuó, qué clase de beneficios obtuvo, etc.
La inferencia efectuada por el tribunal de juicio, construida exclusivamente a partir de la circunstancia relativa a que la acusada era la titular del contrato de alquiler del inmueble donde funcionaba el establecimiento y, por ello, abonaba el canon locativo y poseía una línea de teléfono a su nombre, no resulta sustentable para una conclusión de condena, pues omite todo tipo de análisis crítico llevado a cabo en función de la totalidad de la prueba del caso y, de ese modo, se presenta insuficiente para permitir arribar a una declaración de culpabilidad más allá de toda duda razonable.
En este sentido, la resolución se limita a afirmar de modo dogmático, que las pruebas se presentaban definitivas para resolver el caso, sin ofrecer ninguna reflexión o respuesta a las sólidas objeciones formuladas por la defensa en su alegato, ni analizar otras circunstancias relevantes que podían poseer incidencia en la resolución del asunto, y que por ello debieron ser tomadas en cuenta para una valoración racional de la prueba en su conjunto, tal como lo impone la regla legal de la sana crítica (artículo 398, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación)”.
PROSTITUCIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; SANA CRÍTICA; ARBITRARIEDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN;
Quispe (causa Nº 134745)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, del Código Penal, casó la resolución recurrida y remitió las actuaciones al juez de ejecución penal para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Sarrabayrouse y Morin).
1. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Homicidio. Agravantes. Declaración de inconstitucionalidad. Igualdad. Derecho a la esperanza. Progresividad de la pena. Reinserción social.
“[L]a aplicación al caso del art. 14, segunda parte, CP lesiona el principio de igualdad al determinar una distinción irrazonable entre los condenados, violando el principio de resocialización, que exige contar con el denominado `derecho a la esperanza´, propio de la ejecución de las penas privativas de la libertad”.
“[El art. 14, segunda parte, CP], que restringe a priori el acceso al régimen de libertad condicional a los condenados por ciertos delitos, resulta violatoria de lo establecido en los arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –cfr. art. 75 inc. 22, CN–, que específicamente prevén el principio de resocialización como fin esencial de la ejecución de la pena”.
2. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Declaración de inconstitucionalidad. División de los poderes. Poder legislativo. Control judicial. Reinserción social.
“No está en discusión la potestad del legislador de establecer escalas penales en función del mayor o menor reproche social que merezcan ciertas conductas. […] Lo que de ningún modo es aceptable es que aquél instituya una regla que impida a priori a ciertos internos su incorporación a institutos que se dirigen a obtener su resocialización, basándose para ello en la naturaleza del delito por el cual se encuentran cumpliendo pena, descartando cualquier tipo de análisis de su situación concreta.
Ello vulnera el fin primordial de la pena desde una perspectiva distinta a la expuesta más arriba, ya que soslaya la existencia de un tratamiento individualizado, que debe brindarse a todo interno en el marco de la ejecución de su pena (cfr. arts. 5, 8, 12, 14 de la Ley n° 24.660, entre otros)”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL; HOMICIDIO; AGRAVANTES; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; IGUALDAD; DERECHO A LA ESPERANZA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; DIVISIÓN DE LOS PODERES; PODER LEGISLATIVO; CONTROL JUDICIAL;
ROMERO (Causa Nº 1943)Juzgado Federal de Corrientes N°1
El Juzgado Federal de Corrientes Nº 1 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la demandada que conservara el plan contratado por la afiliada con los valores originales (juez Fresneda).
1. Derecho a la salud. Derecho a la preservación de la salud. Asistencia médica. Responsabilidad del Estado. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Constitución Nacional.
“[E]l beneficio de gozar del más elevado nivel de salud posible es uno de los derechos fundamentales del ser humano de acuerdo a lo establecido en el Preámbulo de la Organización Mundial de la Salud. En el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre cuya jerarquía constitucional le fue acordada en el art. 75, inc. 22, del nuevo texto de la Carta Magna se prevé que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
Por su parte, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – también de jerarquía constitucional– se establecieron medidas que los Estados Partes deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. También el art. 19 de nuestra Constitución Nacional, cláusula decisiva para la existencia de una sociedad libre, comprende entre las acciones privadas de los hombres lo atinente a la salud que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el estado de perfecto bienestar físico, mental y social e integridad física y psicológica de las personas. Estos derechos reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por los Tratados Internacionales, conllevan deberes correlativos que el Estado debe asumir en la organización del servicio sanitario…”.
2.  Sistema Nacional del Seguro de Salud. Obras sociales. Plan Médico Obligatorio. Contratos. Rescisión de contrato. Defensa del consumidor. Usuarios y consumidores. Vulnerabilidad. Enfermedades poco frecuentes. Falsedad de declaración jurada. Mala fe. Prueba.
“[L]a Ley 23.661 “[…] pone en cabeza de las obras sociales la obligación de proveer prestaciones de salud igualitaria, integral y humanizada, tendiente a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible (art.2).
[E]l concepto de salud en tanto derecho humano pone el énfasis en los aspectos sociales y éticos de la atención de salud del estado y revela que su negación, al igual que a la de cualquier otro derecho se puede impugnar legítimamente. A su vez, el derecho a la salud constituye un presupuesto esencial del inalienable derecho a la vida.
Al decidir unilateralmente el aumento desproporcional de la cuota pactada inicialmente con la afiliada bajo apercibimiento de rescindir el vínculo contractual, la prepaga demandada colocó a la amparista en una situación de vulnerabilidad, por el sólo hecho de suponer que la misma obró de mala fe y con reticencia…”.
“[L]os beneficiarios de los agentes del sistema nacional del seguro de salud comprendidos en el art. 1º de la Ley 23.660, tienen derecho a recibir las prestaciones médico asistenciales que se establezcan en el programa médico asistencial aprobado por el Ministerio de Salud y Acción Social a través de la Secretaría de Políticas de Salud y Regulación Sanitaria. Dicho programa se denomina Programa Médico Obligatorio (PMO) y es obligatorio para todos los agentes de salud. El PMO establece un conjunto mínimo de prestaciones, un límite debajo del cual sólo existe ilegalidad manifiesta…”.
“[E]l contrato de salud en cuestión, como contrato de consumo, está sujeto a las normas de defensa del consumidor que son a favor del usuario (art. 42 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, las garantías establecidas a favor del usuario no pueden ser desconocidas por las empresas prestadoras de servicios de salud.
[L]as enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario, y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. Cuando las empresas prepagas alegan falseamiento de la declaración jurada, deben probar dicho falseamiento. No es el consumidor quien debe probar el hecho negativo de no haber falseado la declaración jurada. Por lo tanto, no es correcto que la empresa prepaga proceda a tomar acciones como la de aumentar indiscriminadamente la cuota mensual de su afiliada argumentando que falseó su declaración jurada, pues dicha cuestión debe ser probada y dirimida por la Justicia y no unilateralmente por la empresa prestadora del servicio.
[H]asta tanto no se pruebe en el ámbito judicial la inexactitud, falacia o divergencia con la realidad de la información suministrada en la declaración jurada de la parte actora, o de su negativa a suministrar información, o de la existencia de cualquier causal de rescisión del contrato, la parte demandada no puede aumentar unilateralmente y en forma desmedida la cuota mensual de su afiliada, provocando la imposibilidad de la misma de abonar dicha cuota y resultando ello en la recisión del contrato invocando dicha causa, ni discontinuar con la cobertura y prestación de los servicios médicos asistenciales…”.
3. Principio de dignidad humana. Libertad. Principio Pro Homine. Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[L]a actitud asumida por la demandada afecta también el Derecho a la Dignidad. Resulta plenamente aplicable la doctrina sentada en el caso BAHAMONDEZ donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que ´El respeto por la persona humana es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Los derechos de la personalidad son esenciales para ese respeto de la condición humana. Los derechos que amparan la dignidad y la libertad se yerguen para prevalecer sobre los avances de ciertas formas de vida, impuestas por la tecnología y cosmovisiones dominadas por un sustancial materialismo práctico´.
[L]a labor de los jueces debe asirse a la directiva axiológica y hermenéutica ´Pro Homine´, norte que informa en toda su extensión al campo de los derechos humanos. Así lo tiene decidido la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia representa una guía particularmente idónea en la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, operativo en la República Argentina, con rango supralegal…”.
DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; CONSTITUCION NACIONAL; SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD; OBRAS SOCIALES; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; CONTRATOS; RESCISIÓN DE CONTRATO; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; USUARIOS Y CONSUMIDORES; VULNERABILIDAD; ENFERMEDADES POCO FRECUENTES; FALSEDAD DE DECLARACIÓN JURADA; MALA FE; PRUEBA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; LIBERTAD; PRINCIPIO PRO HOMINE; DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
Prieto (Causa n°1454)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación y absolvió al imputado (jueces Huarte Petite y Jantus).
1.Inimputabilidad. Culpabilidad. Duda razonable.
“[L]a imputabilidad no depende […] de la constatación de una efectiva relación de causalidad entre determinadas anomalías o alteraciones psíquicas y la imposibilidad del autor de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión. Lo relevante es establecer normativamente si en el momento del hecho, el sujeto se encontraba en una situación personal que le permitiera determinarse por la norma que vulneró. En definitiva, si estaba en condiciones de adecuar su comportamiento a los mandatos normativos y si ello le resultó imposible debido a alguna de las anomalías o alteraciones psíquicas que padeció cuando realizó la acción típica y antijurídica que se le atribuye”.
“[E]l tribunal de grado [no fundó] las razones por las cuales […] debía afirmarse la inexistencia de la causal eximente de punibilidad discutida en el caso, con absoluta certeza y sin margen alguno para la constatación de una duda razonable” (voto del juez Huarte Petite).
2. Motivación. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. Informes. Pericia médica.
“[N]o puede calificarse al decisorio recurrido […] como un acto jurisdiccional válido, por carecer de motivación suficiente en los términos de los artículos 123 y 404, inciso 2°, del ritual, al haberse fundado para descartar la capacidad de culpabilidad del imputado en una arbitraria valoración de los variados elementos de juicio que se incorporaron” (voto del juez Huarte Petite).
“[L]a argumentación de la sentencia revela serias deficiencias en cuanto a su fundamentación, en tanto sólo se integra por la mera remisión a la opinión de la fiscalía para rechazar la causal invocada, sin precisar las razones por las cuales llegaba a esa conclusión, en especial, por qué se descartaban las objeciones que la defensa dirigió a la interpretación del acusador público sustentadas en las conclusiones de los peritajes médicos incorporados a la causa y a la opinión de uno de los médicos convocado al efecto, tornan arbitrario el fallo aquí cuestionado” (voto del juez Jantus).
3. Derecho a ser oído. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“[L]a ausencia de respuesta en la sentencia de un argumento central de la defensa, apto para modificar el resultado del litigio, importa una clara lesión al derecho a ser oído garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional que la priva de fundamentos y descalifica como acto jurisdiccional válido, conforme la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias…”.
“[L]os magistrados de la instancia anterior omitieron en la resolución impugnada dar una respuesta fundada e integral a un planteo de la defensa que resultaba decisivo para resolver el caso y que había sido oportunamente formulado por esa parte. Ciertamente, la concurrencia de los requisitos de una causa de inculpabilidad constituía una cuestión central en la medida en que podía conducir a la absolución del acusado por aplicación del art. 34 CP”.
“[L]a sentencia en crisis es nula por falta de fundamentación [...] y, por los motivos expuestos [...] corresponde absolver al acusado para garantizar la vigencia de los principios de inmediación, progresividad, preclusión y prohibición de doble juzgamiento, por cuanto ya se ha realizado el juicio válido en su contra y la nulidad del fallo no deriva de una actividad de la defensa sino de la propia deficiencia en la actuación de los organismos del Estado, lo que impide el reenvío y su renovación…” (voto del juez Jantus).
INIMPUTABILIDAD; CULPABILIDAD; IN DUBIO PRO REO; MOTIVACIÓN; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; INFORMES; PERICIA MÉDICA; DERECHO A SER OIDO;
Gómez Vega (Causa N° 19860)Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia declaró la nulidad del procedimiento policial y sobreseyó al imputado (jueces Corchuelo De Huberman, Leal De Ibarra y jueza Peralta).
1. Identificación de personas. Detención de personas. Requisa. Orden judicial. Procedimiento policial. Nulidad. Tenencia de estupefacientes.
“[S]iguiendo los diversos cauces jurisprudenciales en torno a esta cuestión de la interceptación, su motivación y alcance (estadio del cacheo o palpado preventivo), aún en los supuestos en que se admite la interceptación con fines de averiguación, en términos del fallo ‘Terry v. Ohio’ de la Corte Suprema de EEUU –citado en el fallo Fernández Prieto por la CSJN para validar el procedimiento– se ha señalado que la inspección de la policía debe basarse en una sospecha razonable de la comisión –pasada o futura– de un delito.
Siguiendo estos lineamientos, la sospecha invocada por el personal policial para accionar en autos no resultó ‘razonable’ pues, no fue plasmada cuál ha sido la conducta que se observó y que los llevó a considerar la actitud sospechosa, ya que el solo hecho de ‘agachar la cabeza y acelerar la marcha’ no configura tal actitud”.
“Las circunstancias previas o concomitantes requeridas en el art. 230 bis del CPPN han de partir de los motivos suficientes que exige el art. 230 del mismo cuerpo legal para que el juez habilite el proceder intrusivo y que, como mínimo, requieren la explicada sospecha razonable”’.
“El examen que realiza el Ministerio Público Fiscal en esta instancia al señalar que el caso de autos debe encuadrarse en el inciso b) del art. 230 bis del CPPN resulta errado ya que el proceder prevencional requiere de la concurrencia de ambas circunstancias. [L]os incisos a) y b) se encuentran unidos por la preposición ‘y’. Consecuentemente se requerirá la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado y que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público”.
IDENTIFICACION DE PERSONAS; DETENCIÓN DE PERSONAS; REQUISA; ORDEN JUDICIAL; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES;
MSA (Causa N° 64928)Juzgado Nacional Civil Nro. 92
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 rechazó el planteo de caducidad respecto de la demanda por compensación económica (jueza Famá).
1. Divorcio. Compensación económica. Plazo. Caducidad. Interpretación de la ley. Sentencia definitiva. Sentencia firme. Cosa Juzgada. Mediación. Código Civil y Comercial de la Nación. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
“[E]l art. 442 in fine del CCyC reza: ´La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio´. La jurisprudencia y doctrina se han mostrado unánimes en la interpretación de la citada disposición. El proceso solo puede culminar cuando la se trata de cosa juzgada y ello sucede a partir de que la sentencia definitiva se encuentra firme. Entonces es claro que previamente a la sentencia firme de divorcio, ningún sujeto puede accionar a fin de reclamar con fundamento el derecho a la compensación económica y sin derecho exigible, no es posible incurrir en inacción.
[E]n cuanto al cómputo del plazo de seis meses para iniciar la acción debe contarse con arreglo a lo dispuesto en el art. 6º del CCCN, ya que la caducidad del derecho de compensación es un instituto de fondo distinto a la caducidad de instancia cuyas disposiciones se rigen por el art. 311 y ccs. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”.
“[C]abe establecer que en el ámbito de la Capital Federal, la ley de Mediación y Conciliación (ley 26.589) dice en su art. 18 que ´…la mediación suspende el plazo de prescripción y de la caducidad…el plazo de prescripción y de caducidad se reanudará a partir de los veinte [20] días contados desde el momento que el acta de cierre del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se encuentre a disposición de las partes´. Entonces, esta ley dispone la suspensión del plazo de caducidad con motivo del inicio de la mediación, lo que habilita el supuesto de excepción previsto en el art. 2567 del Cód. Civ. y Com, que dice ´Los plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, excepto disposición legal en contrario´…”.
“[F]rente a la duda, si no consta la fecha cierta para el inicio del cómputo del plazo de caducidad, los jueces y juezas [deben] ser flexibles pues una decisión tendiente a declarar extinto el derecho resulta irremediable. En efecto, la caducidad, como modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante un plazo prefijado por la ley o la voluntad de las partes, debe ser interpretada restrictivamente y cuando una situación se preste a diversas interpretaciones de mayor o menor alcance no corresponde considerarla consagrada. Y ello en tanto de todos los efectos que el curso del tiempo puede tener sobre una relación jurídica, la caducidad constituye, sin duda, el más gravoso…”.
2. Género. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Violencia de género. Protección integral de la mujer. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. Interpretación de la ley. Familias. Compensación económica. Caducidad. Acceso a la justicia. Reglas de Brasilia.
“[S]e subrayó que ´juzgar con perspectiva de género impone decidir los casos recordando y aplicando que en nuestro sistema jurídico se consagra el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, de modo tal que es deber jurídico considerar las especiales situaciones en que viven muchas mujeres…, incluso para computar los plazos legales […] (Juz. Fam. nº 1, Esquel, 28/10/2019, ´S., E. Y. c. L., J. D.´, RC J 12965/19).
Precisamente desde la perspectiva de género se acentúa el deber de magistrados y magistradas de examinar con flexibilidad el plazo de caducidad impuesto por la ley, ya que lo contrario podría llevar […] a la irremediable y gravosa conclusión de toda posibilidad de debatir el derecho a percibir una compensación económica.
En referencia a los marcos teóricos que deben considerarse en toda decisión judicial, la perspectiva de género implica: a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los hombres como grupo social y discriminatorias para las mujeres; b) que estas relaciones han sido constituidas social y culturalmente y son constitutivas de las personas; y c) que atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. Desde este enfoque, y sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, corresponde reconocer en esta instancia que el acceso a justicia para las mujeres, que universalmente se encuentran en inferioridad de condiciones en términos de legitimidad y poder, suele ser un proceso arduo...”.
“[E]ste acceso a justicia requiere de la superación de los obstáculos sustanciales y formales que bloqueen la efectividad del derecho a la jurisdicción. [E]l art. 706 del CCyC prevé que en los procesos de familia debe respetarse el principio de tutela judicial efectiva y que ´Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos´(inc. a). En el plano internacional, las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, prevén que ´Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad´ (punto 25)…”.
“[L]a presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas´…”.
DIVORCIO; COMPENSACIÓN ECONÓMICA; PLAZO; CADUCIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; SENTENCIA DEFINITIVA; SENTENCIA FIRME; COSA JUZGADA; MEDIACIÓN; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; FAMILIAS; ACCESO A LA JUSTICIA; REGLAS DE BRASILIA;
MRG (Causa Nº 17013)Juzgado de Personas y Familia de Segunda Nominación de Orán, Salta
El Juzgado de Primera Instancia de Personas y Familia de Segunda Nominación de Orán declaró inaplicable el artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido, dejó sin efecto la resolución que había fijado los alimentos provisorios a cargo de los abuelos paternos (jueza Carriquiry).
1. Responsabilidad parental. Alimentos. Parentesco. Legitimación procesal. Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación de la ley.
“El artículo 668 del Código Civil y Comercial establece una innovación de neto corte procesal: `Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso’. Con ello, se terminaron los debates en torno a la posibilidad o no de demandar en el mismo proceso a los progenitores junto a los abuelos.
Aquí se aprecia una flexibilización desde el aspecto procesal, para una más rápida satisfacción del derecho de fondo vulnerado, solución que mejor se condice con los preceptos de la Convención sobre Derechos del Niño (artículos. 3° y 27°). Esta norma constituye uno de los supuestos más claros donde se observa la interrelación entre el derecho de fondo y el derecho de forma o procesal, es decir, cómo los aspectos procesales deben estar en consonancia con las cuestiones de fondo.
Ello no implica que la obligación de los progenitores respecto de sus hijos tenga la misma magnitud que la de los abuelos respecto de sus nietos. En efecto, `la obligación alimentaria de los abuelos es subsidiaria: se puede reclamar directamente contra los abuelos, con el requisito de acreditar verosímilmente las dificultades o inconvenientes de percibir los alimentos del principal o principales obligados, que son los progenitores. Es decir, la subsidiariedad legal no supone –correlativamente– una sucesividad procesal’...”.
2. Adultos mayores. Vulnerabilidad. Jubilación. Medidas de Acción Positiva. Reglas de Brasilia. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualdad. No discriminación. Acceso a la justicia. Principio de dignidad humana. Niños, niñas y adolescentes.
“La Regla 6º [de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad] establece que la edad `también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia’. Por ello, los adultos mayores requieren especial atención en los procesos en donde se los involucra, a fin de no vulnerar sus derechos fundamentales.
[L]a Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 6º establece que: `Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población’. [E]l artículo 31º regula lo atinente al acceso a la justicia: `Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales […]´.
En el caso Furlan y familiares vs. Argentina […] la Corte Interamericana puso de resalto los deberes especiales que tiene el Estado para garantizar los derechos [de] las personas en situación de vulnerabilidad, las que son titulares de una protección especial para garantizar el respeto por los derechos fundamentales. Se remarcó la imperatividad de la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho.
[E]n materia de adultos mayores, la Corte IDH en Poblete Vilches y otros vs. Chile […] destacó que las personas mayores tienen derecho a una protección reforzada de respeto y garantía de derechos y, por ende, exige la adopción de medidas diferenciadas. Reafirmó la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos con especial protección al ser un grupo en situación de vulnerabilidad. La Corte determinó que la edad es también una categoría protegida por la Convención Americana. Por ello, la prohibición de discriminación relacionada con la edad cuando se trata de las personas mayores, se encuentra tutelada y requiere la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la población y un fácil acceso a los servicios públicos.
[Se debe] analizar que los señores demandados que cobran 19 y 24 mil pesos respectivamente, y se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad: requieren costosísimos medicamentos […]. Las condiciones de su hogar son deplorables: casilla de madera, precariedad absoluta y nivel de ingreso por debajo de la pobreza. El informe ambiental es contundente: tienen graves problemas de salud, orientan sus recursos a la compra de medicamentos, pagan dos préstamos que se vieron obligados a pedir por la situación económica y tienen las necesidades básicas insatisfechas…”.
“[E]n el convencimiento de que la declaración de inconstitucionalidad, tal como lo viene diciendo el Tribunal Cimero, es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como última ratio del orden jurídico […] corresponde declarar inaplicable el artículo 668 del Código Civil y Comercial. Atento a la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los abuelos paternos, no resulta posible […] la fijación de una cuota alimentaria [ya que] pondría en peligro la supervivencia de los dos adultos mayores, sujetos de especial protección por nuestro ordenamiento jurídico.
No se trata aquí de elegir entre dos sujetos vulnerables, entre el niño o los abuelos. Verificadas las condiciones en la que se encuentran los adultos mayores no [se] puede […] más que dejar sin efectos los alimentos provisorios ordenados y tomar medidas para proteger el interés superior del niño…”.
3. Familias. Solidaridad. Progenitor afín. Responsabilidad parental. Alimentos. Incumplimiento. Interés superior del niño. Medidas conminatorias. Jueces.
“Los principios de solidaridad familiar y de igualdad que han guiado el Código Civil y Comercial constituyen el sustrato que debe impregnar la vida de los niños y adolescentes que se crían y educan en hogares de familias ensambladas. La idea que atraviesa el instituto de progenitor afín es la de reconocer en el plano jurídico la ampliación de los lazos afectivos que se generan en los niños, niñas y adolescentes y las parejas de sus progenitores, dando nacimiento a una nueva y diferente unidad. La figura de ningún modo reemplaza o excluye a sus progenitores de origen. La idea es consolidar la posición de los integrantes de la familia ensamblada mediante un sistema donde el rol de la voluntad se conjugue con la noción de responsabilidad.
[El hecho] que el Código Civil y Comercial recepte la figura de progenitor afín y que el niño tenga sus necesidades básicas satisfechas, en ningún modo libera al obligado principal de hacer frente a su obligación alimentaria. Por ello, en el interés superior del niño, corresponde la determinación de medidas conminatorias para asegurar el pago de los alimentos, por parte del progenitor del niño. No es justo que sea la progenitora y el progenitor afín los únicos que cubran las necesidades del niño…”.
“El artículo 553 del Código Civil y Comercial ofrece a los jueces la posibilidad de aplicar las medidas que estime pertinentes, conforme las particularidades de cada caso, con el objeto de persuadir al alimentante a cumplir con su obligación alimentaria. El juzgador deberá tener en cuenta: a) el incumplimiento reiterado de la cuota alimentaria por parte del progenitor y b) la razonabilidad de la medida.
[U]n juez resignado, que no reacciona inmediatamente ante el incumplimiento de la resolución que impone un deber jurídico en beneficio de un niño, cuyas condiciones materiales de vida dependen de la manutención a cargo de su padre, está condenado a convertirse en un funcionario irrelevante, en un burócrata, con las graves consecuencias que ello trae en un Estado Constitucional de Derecho…”.
RESPONSABILIDAD PARENTAL; ALIMENTOS; PARENTESCO; LEGITIMACIÓN PROCESAL; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ADULTOS MAYORES; VULNERABILIDAD; JUBILACIÓN; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; REGLAS DE BRASILIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACCESO A LA JUSTICIA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; FAMILIAS; SOLIDARIDAD; PROGENITOR AFÍN; INCUMPLIMIENTO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; MEDIDAS CONMINATORIAS; JUECES;
Ullúa (reg. N° 203 y causa N° 33013793)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló de manera parcial la resolución recurrida y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Mahiques y Yacobucci).
1. Ejecución de la pena. Unificación de condenas. Estímulo educativo.
“[C]on relación a los estudios cursados cuando se encontraba detenido en el marco de la [primera] causa […] no puede perderse de vista que la sanción impuesta en el supuesto fáctico que nos ocupa se trata de una pena única, comprensiva de la condena dictada en aquella causa y aquella impuesta en estas actuaciones, por hechos cometidos entre 1974 y 1975.
En este marco y en las particulares circunstancias del caso, atendiendo a la unidad en la respuesta punitiva dispuesta, corresponde considerar, a los fines del planteo defensista, todos los períodos en los que [el condenado] permaneció privado de su libertad como un solo lapso temporal de esta única nueva sanción penal.
En esa línea argumental, los días que el imputado cumplió en prisión en el marco del [primer proceso] y en las presentes actuaciones no pueden diferenciarse si son computables a la sanción que recibió por una u otra causa, ya que, al haberse unificado las condenas, se ha establecido una pena única que engloba a ambas. Por ello, a pesar de que los cursos que la defensa pretende que se tengan en cuenta resultan anteriores a la sanción de la norma que introdujo el instituto del estímulo educativo en la ley de ejecución penal, es evidente que ésta es la norma aplicable, en tanto habría realizado los estudios durante el tiempo que estuvo detenido para esta sanción penal”.
2. Ejecución de la pena. Unificación de condenas. Estímulo educativo. Principio de legalidad. Retroactividad de la ley. Ley penal más benigna.
“[N]o puede dejarse de lado que la ley Nº 24.660 resulta una norma complementaria del Código Penal y, por lo tanto, a su respecto, es aplicable el principio de legalidad y retroactividad de la ley penal más benigna por vía del art. 2 del Código de fondo.
En efecto, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna es una expresión del principio de legalidad, ambos de jerarquía constitucional y convencional. Por el principio de legalidad, la ley penal aplicable es aquella vigente al momento del hecho siendo, también, de aplicación excepcionalmente la ley penal posterior más benigna. Ello así se colige de los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18 de la C.N., y 2 y 3 del Código Penal. De esta manera, asiste razón a la defensa en cuanto a que el a quo le dio un erróneo encuadre jurídico al tema al resolver del modo en que lo hizo, pues el art. 140 de la ley Nº 24.660 no estipula específicamente la restricción que pretende el tribunal para excluir de los efectos que podría tener el estudio que efectivamente cursó y aprobó [el imputado] durante la ejecución de una condena que integra la pena única que se encuentra cumpliendo. Y la creación de ese efecto, a través de una interpretación dinámica y sistemática de esa norma a la luz del fin resocializador, no podría ir en desmedro del principio de legalidad, que debe imperar aún en la ejecución de la pena”.
3. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“En estas consideraciones, la resolución recurrida, en el extremo señalado, se exhibe carente de un fundamento discursivamente sustentable y solo basada en una motivación dogmática y aparente, defecto que abastece una de las causales de arbitrariedad definidas en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello, en efecto, conlleva la infracción consignada en el art. 123 del CPPN en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa. Es, precisamente, el carácter discrecional del dictum, lo que priva al fallo de su necesario y razonable sustento legal, descalificándolo como acto jurisdiccional válido (arts. 123 y 404, inc. 2º, CPPN).
Cumple, en definitiva, recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que la parte estime tales, según su personal discrepante criterio, sino que atiende sólo a supuestos en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución propuesta por la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 293:344; 274:462; 308:914; 313:62; 315:575), lo que se advierte en el sub lite”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; UNIFICACIÓN DE CONDENAS; ESTÍMULO EDUCATIVO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; RETROACTIVIDAD DE LA LEY; LEY PENAL MÁS BENIGNA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Maza (Causa n°24000934)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta
El Tribunal Oral Federal de Salta N° 2, por mayoría, hizo lugar al pedido del Defensor Público de Víctimas y tuvo al hombre como parte querellante (jueces Fleming y Batule).
1. Víctima. Querella. Derecho a ser oído. Acceso a la justicia. Excesivo rigor formal.
“[N]o obstante [la] extemporaneidad de la presentación efectuada por [la víctima] para ser tenido como parte querellante […] la cuestión suscitada lejos de acotarse a la letra de la ley adjetiva, debe conjugarse con los derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incluidos en el art. 75 inc. 22 de aquella.
Siguiendo esa línea, cabe señalar que la verdad jurídica objetiva debe tener prevalencia por sobre las formas procesales, de lo contrario, un excesivo rigor formal puede resultar cancelatorio de los derechos y garantías de las víctimas reconocidas por el sistema constitucional e internacional, particularmente, el derecho a ser oído del que goza [la víctima]”.
“[D]el propio expediente se puede observar una clara intención de [la víctima] de constituirse como parte querellante y la inexistencia de una asistencia jurídica efectiva que hiciera valer ese derecho. En consecuencia, la falta de presentación del pedido en la etapa procesal exigida por el art. 90 del CPPN, sea por el motivo que fuere –ausencia de la debida información, asesoramiento o asistencia jurídica, falta de notificación, etc.– no puede ir en desmedro de la víctima que en reiteradas oportunidades demostró su interés por participar del proceso en calidad de querellante, inclusive con anterioridad a la etapa procesal exigida para actuar en el rol que ahora requiere”.
2. Víctimas. Derecho a ser oído. Tutela judicial efectiva.
“La Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 27.372 debe ser interpretada con gran amplitud en relación al reconocimiento de derechos de carácter procesal a las víctimas de delitos como el que se juzgará en el presente; de esa forma se permite, entre otras cuestiones, facilitar la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y garantizarles su derecho a ser oídas durante todo el proceso”.
“[L]a ley creó veinticuatro cargos de Defensor Público de Víctimas para garantizar su actuación en todo el territorio nacional, y estableció que la Defensoría General de la Nación garantizaría la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas, si por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad resultara necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados.
En efecto, la ley 27.372 vino a adecuar a la República Argentina a los estándares impuestos por el sistema interamericano a través del expreso reconocimiento y operativización del derecho a la tutela judicial efectiva (a partir de la instauración de servicios de patrocinio jurídico gratuito de alcance nacional)”.
VICTIMA; QUERELLA; DERECHO A SER OIDO; ACCESO A LA JUSTICIA; EXCESIVO RIGOR FORMAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Bianchetti (Causa N° 1557)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, rechazó el recurso de casación (jueces Carbajo y Borinsky y jueza Ledesma).
1. Régimen penal tributario. Reparación. Justicia restaurativa. Extinción de la acción penal.
“La reparación integral, establecida en el inciso 6 del artículo 59 del C.P. se encarna en el nuevo paradigma de justicia restaurativa que propugna la búsqueda de soluciones al conflicto subyacente en el suceso delictivo con activa participación de la víctima y del acusado, intentando alcanzar la reparación del daño, la reconciliación de las partes, el reforzamiento de sus vínculos y el orden comunitario. Esta causal extintiva debe ser analizada como una pauta concreta que racionaliza la potestad punitiva estatal”.
“[L]a norma del régimen penal tributario a través de la cual debe discernirse si existe o no incompatibilidad con la reparación integral del art. 59 inc. 6 del C.P., es el art. 16 de la ley 24.769, en su redacción según la ley 26.735, pues la ley 27.430 quitó la posibilidad de extinguir la acción penal por pago para el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. En este punto, [...] el art. 59 inc. 6, segundo supuesto, no establece exclusiones ni distinciones en lo relativo a cuáles son los delitos por los que procede, como tampoco lo hace la normativa procesal vigente, a la que el código de fondo remite. Por otro lado, el art. 16 de la ley 24.769 determinaba la extinción de la acción penal para el sujeto que regularizara espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas [...].
La norma requería el cumplimiento espontáneo de la obligación tributaria, con prelación a que el organismo tributario iniciara una inspección, hiciera observaciones o formulara la denuncia del sujeto obligado. La reparación integral contenida en el art. 59 inc. 6° del C.P., no contiene ese límite, por lo que, de aceptarse la posibilidad de coexistencia de ambos mecanismos, se verifica que, cuanto menos, tendrían aptitud para operar en instancias diferentes del trámite que se le siga al deudor” (voto del juez Carbajo).
2. Reparación. Régimen penal tributario. Ley especial. Interpretación de la ley. Deber de fundamentación. Consentimiento fiscal. Principio acusatorio. Principio de legalidad. Principio pro homine. Política criminal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“Tanto la querella como el representante del Ministerio Público Fiscal han afirmado que la existencia de una regulación especial impide, por efecto del art. 4 del C.P., dar curso a la reparación integral en los delitos tributarios, mas no han explicado cómo es que dos institutos con características y exigencias distintas, se ven impedidos de convivir entre sí, especialmente cuando ello no surge del texto de ninguna de las leyes atinentes.
En ese contexto, adquieren relevancia el citado criterio rector de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la interpretación de las normas penales y las puntuales circunstancias de la causa [...]; en las que, [...] el monto adeudado supera exiguamente el umbral fijado por el legislador para considerar a la conducta como delito; el organismo tributario dejó de ejercer la pretensión acusatoria en el proceso principal; el representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia de juicio prestó conformidad para avanzar con el método alternativo de resolución y, por último, que el imputado abonó el capital más los intereses de la obligación tributaria y, junto a ello, realizó una transferencia dineraria de $60.000 a una entidad de bien público. Por tanto, observo que las razones esgrimidas por las partes acusadoras a fin de obtener la revocación de la decisión criticada resultan insuficientes para controvertir los fundamentos allí expresados”.
“[E]l legislador ha señalado expresamente los casos en que se excluye la aplicación de salidas alternativas al proceso respecto de leyes especiales, tal como sucede para el supuesto de la suspensión del proceso a prueba. En ese sentido, el art. 76 bis del C.P. da cuenta de tal imposibilidad, circunstancia que, de modo alguno se verifica respecto de la reparación integral del daño”.
“[N]o se observa del texto legal ni se verifica con suficiencia que, en el marco de la política criminal diseñada por el Poder Legislativo, haya razones explicitas que justifiquen la exégesis propuesta por las acusaciones ante esta instancia que, de suyo, suponen un injustificado endurecimiento del régimen penal, a priori incompatible con el principio de legalidad y pro homine”.
“La mera invocación de la existencia de bienes jurídicos supra individuales no permite de modo alguno colegir que en todos los casos pueda excluirse la aplicación de una salida alternativa del proceso, máxime si, tal como se verifica en autos, no se han esbozado razones pormenorizadas que, atendiendo a las particulares circunstancias de la causa, denoten una particular lesividad en el comportamiento investigado que superen aquella naturalmente ínsita en el tipo penal bajo examen” (voto juez Carbajo).
3. Querella. Requerimiento de elevación a juicio. Legitimación procesal. Recurso de casación.
“[L]a A.F.I.P. ha perdido su facultad para ejercer la pretensión punitiva en su condición de parte querellante, en tanto no ha formulado requerimiento de elevación a juicio en autos (cfr. art. 347 del C.P.P.N.). En tal sentido, [...] dicha actitud procesal de la parte conlleva 'la pérdida de los derechos procesales vinculados al acto precluido. Si el particular ofendido no concretó objetivamente y subjetivamente su pretensión, no podría integrar legítimamente una incriminación que no formuló previamente' [hay cita]” (voto del juez Borinsky al que adhirió la jueza Ledesma).

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; REPARACIÓN; JUSTICIA RESTAURATIVA; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; LEY ESPECIAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; CONSENTIMIENTO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO PRO HOMINE; POLÍTICA CRIMINAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; QUERELLA; REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO; LEGITIMACIÓN PROCESAL; RECURSO DE CASACIÓN;
Arias (Causa N° 1586)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos los fundamentos y conclusiones del Procurador General de la Nación. De esa manera, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto el pronunciamiento apelado (ministros Rosatti, Maqueda, Lorenzetti y Rosenkrantz).
1. Debido proceso. Aribietrariedad. Sentencia arbitraria. Deber de fundamentación. Revisión judicial. Niños, niñas y adolescentes. Detención de personas. Procedimiento policial.
“[L]a resolución apelada no satisface la exigencia de fundamentación, pues […] se sustenta en la afirmación dogmática de una solución jurídica, desprovista del debido examen razonado de las circunstancias del caso y de los términos en que se planteó la cuestión debatida en el proceso”.
“[L]a sentencia [impugnada] afirma que la práctica policial que motivó la presentación de la acción de habeas corpus se encuentra amparada por el ordenamiento legal y representa uno de los variados modos de cumplir el deber del Estado de proteger al menor […]. Este último juicio representa la conclusión de un razonamiento que al menos ha sido expresado en forma incompleta, pues surge con toda claridad que para poder realizar esa inferencia es fundamental contar con una descripción circunstanciada de la práctica policial a la que se refiere el juzgador. Sin embargo, la sentencia apenas se refiere a esa necesaria premisa fáctica de una manera vaga e imprecisa y a lo largo del relato sólo se puede saber que la policía ‘demora’ niños para ‘protegerlos’ o los ‘traslada a una oficina tutelar’ [...] y en esto consistiría ‘esa intervención de la autoridad policial’ o ese ‘accionar policial’”.
“[L]a resolución apelada no satisfizo la exigencia de estar debidamente fundamentada y atender en forma concreta a los argumentos de las partes. [S]obre ese punto, la sentencia de primera instancia refiere una práctica de aprehender en la vía pública a los menores que se encuentren en una situación riesgosa, según el juicio del policía que interviene y sin necesidad de respaldarlo con elementos objetivos”.
“Dados los términos en que la cuestión estaba planteada, […] el tratamiento que le deparó el a quo no es suficiente para constituir una respuesta fundada, es decir, la expresión de un razonamiento que sea una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias probadas de la causa…” (dictamen del Procurador General de la Nación).


DEBIDO PROCESO; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA ARBITRARIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; REVISION JUDICIAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO JUDICIAL;
Hernández (causa N°22265)Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 sobreseyó al imputado en los términos del el artículo 336, inciso 4, del Código Procesal Penal de la Nación (juez Slupski).
1. Prueba. Prueba digital. Apreciación de la prueba. Internet. Participación criminal. Estafa. Sobreseimiento.
“[M]ás allá de que [el imputado] era el titular para esa fecha del servicio de internet contratado […], no es posible sostener que […] haya participado en la maniobra bajo investigación. […] En ese sentido, pudo haber sido cualquier dispositivo a nombre de cualquier otra persona el que se conectó a la red contratada por el imputado […] y desde allí realizar la transferencia en cuestión. Cabe tener en cuenta que el lugar en donde se encontraba instalado el servicio de internet se trataba de un taller mecánico, y por lo general, esos establecimientos comparten su ´WIFI´ con sus clientes. Por cierto que, a la vez, no se puede perder de vista que en base a la experiencia –propia de la sana crítica– no permite descartar que, por el tipo de accesibilidad de ese tipo de servicio, cualquier vecino hubiera sido el cómplice del procesado […].
Al respecto, se destaca que conforme lo informado por la empresa [proveedora de internet] no es posible visualizar qué dispositivos conectaron a la interna de la IP [en cuestión], toda vez que la empresa no guarda dicha información […]”.
“[C]abe poner de resalto lo informado por la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad […]. Allí se concluyó que existen infinidad de posibilidades, formas y métodos por los cuáles delincuentes informáticos podrían haber tomado poder de los equipos del imputado o simplemente haber hecho uso de su dirección IP”.
“[T]ampoco fue posible acreditar algún tipo de vínculo entre [quien recibió el dinero de la cuenta del damnificado] y [el imputado]. […] En esa línea, no luce lógico que si [el imputado] hubiese sido parte del hecho no se haya registrado algún tipo de comunicación telefónica con [la persona que recibió el dinero], ni antes de la fecha del hecho –como por ejemplo para coordinar la maniobra a llevar a cabo–, ni después de la fecha del fraude –como por ejemplo para repartir los frutos del dinero obtenido–“.
PRUEBA; PRUEBA DIGITAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; INTERNET; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; ESTAFA; SOBRESEIMIENTO;
De Jesús (causa N° 15-01-024098-16 y reg. N°2491)TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 7 DE SAN MARTÍN
El Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Martín, por mayoría, absolvió a la imputada por haber actuado en legítima defensa (jueces Varvello y Descalzo). De manera concurrente, el juez Saint Martin consideró que no se habían probado los requisitos para configurar la legítima defensa y absolvió a la imputada en base al principio in dubio pro reo.
1. Prueba. Prueba testimonial. Versiones contrapuestas. Informes. Apreciación de la prueba.  
“[El relato del amigo de la víctima] emerge inconsistente. [L]a mecánica de acción imprevista que describe, escenificó, y atribuye a la imputada, resulta incompatible con las características físicas de los protagonistas. El occiso medía 1.75 de estatura […], el adujo 1.68 y la encartada no más de 1.50 tal como fácilmente se apreció. En ese contexto la modalidad de ejecución resulta altamente improbable, por cuanto la encartada no pudo extender su corto brazo por encima del hombro derecho de aquel y alcanzar así el pecho de la víctima, que a la par estaba distante [del testigo] lo que mide la extensión de su brazo, tal como afirmó. Así también aparece incongruente con las características de la única lesión que presentaba la víctima, al haber ingresado el filo de la cuchilla en forma paralela al esternón, a la altura del corazón, es evidente que una puñalada intempestiva, desde la posición en la que sostuvo se encontraba la imputada −a su derecha y levemente hacia atrás− y la víctima −frente a él−, sumado a la distancia entre ambos, hubiere necesariamente presentado ángulo oblicuo, lo que no se informó. En la misma dirección [se valora], en cuanto afirmó que el occiso tras ser herido, propinó a la encartada un golpe en el rostro derribándola, para luego caer desvanecido, ello por cuanto la Medica Forense al ser interrogada respecto a la posibilidad física de articular esa respuesta en dicha condición, en forma enfática lo negó […].
Con igual alcance, la condición en que fue encontrada la encartada por los efectivos al presentarse en la escena, afirmaron haberla visto muy golpeada, siendo congruente con las únicas manifestaciones que formuló en el trayecto a la Seccional ‘me pegaron, me pegaron’, y lo relatado por la Oficial Barrios, quien en la madrugada la asistió para que pudiera mudar sus ropas, al señalar ‘la ayudamos a cambiarse, estaba muy golpeada, la ayudamos a que se cambiara de ropas, despacito, para que no le doliera, no podía levantar los brazos de los golpes que tenía, le sacamos las ropas porque estaban rasgadas y sucias’.
Al respecto nadie adujo haber presenciado que, a modo de represalia, vindicación o con el fin de evitar la fuga, persona alguna, luego del hecho la golpeara; incluso lo afirmó el Oficial Barrios, señalando que si bien las personas se encontraban muy ofuscadas, le querían pegar, se limitaron a indicarle que había ingresado en la casa, encontrándola en los fondos, en un terreno lindero al que accedió tras sortear un alambrado caído, debajo de un árbol, lugar oscuro ‘Cuando entramos nosotros, nadie la agredió ni nada’; la propia encartada en su descargo refirió que solo recibió golpes al momento de la agresión, luego nadie lo hizo. […] Las secuelas de golpes en su cuerpo, fue informada a posteriori por el Médico de Policía que la examinó en horas de la mañana del día subsiguiente 17 de octubre, y las fotos […] las ilustran.
Esta condición física que ostensiblemente evidenciaba minutos después de acaecido el hecho, no es congruente con la secuela del único golpe de carácter reactivo, que aquel le atribuyó propinarle al occiso. […] En este marco, las incongruencias resultantes de la confrontación del relato con evidencia física y pruebas objetivas, siembra dudas sobre su credibilidad en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que adujo [acaeció] el hecho” (voto del juez Varvello, al que adhirió el juez Descalzo).
2. Prueba. Prueba testimonial. Pericia médica. Informes. Apreciación de la prueba. Homicidio. Lesiones.
“[La] versión de los hechos [expresada por la imputada] que, por otra parte en lo esencial, brindó desde el inicio mismo del proceso, emerge coherente y consistente en lo concerniente a la causa que desencadenó la acción que se le imputa.
En efecto, en primer término las lesiones que adujo recibir, se compadecen con la constatación de secuelas de múltiples golpes en su cuerpo, que la médica de policía que la examinó, en horas tempranas de la mañana siguiente, describió y caracterizó. Al respecto es relevante indicar que el Oficial Barrios rememoró que la vio golpeada al encontrarla y que solo refería ‘me pegaron, me pegaron’; así también lo dicho por su colega […] al describir su estado, cuando la ayudó horas de la madrugada de aquella noche en la dependencia, a mudar sus ropas, […] recibiendo con posterioridad atención médica en el Hospital Belgrano.
Por otra parte, en cuanto a la mecánica de la acción que adujo realizó, desde la posición que adoptó, de carácter defensiva, colocándose en posición fetal contra el alambrado, reactiva, sacando y blandiendo hacia la izquierda la cuchilla que llevaba, sin mirar, es compatible con la característica de la herida que presentaba el occiso en el tórax, paralela al esternón, dada la proximidad de su agresor, ubicado sobre ella o a su izquierda, en razón del movimiento circular del brazo, tal como lo escenificó.
En la misma dirección [se pondera] el estado de sus ropas, en particular el jogging que llevaba puesto, al presentar, como el informe indicó rotura ‘en el frente del mismo, en la parte superior zona genital’, ello al corresponderse con su relato en cuanto dijo: ‘yo creo que reaccioné cuando me pegaron muy fuerte ahí, (se señala la entrepierna) y me tiraron del pantalón, ahí me asusté tuve miedo y me iban a matar, pensé que me iban a hacer lo que ya me hicieron, me defendí como pude, fue un flash’” (voto del juez Varvello, al que adhirió el juez Descalzo).
3. Legítima defensa. Agresión ilegítima. Falta de provocación. Género. Violencia de Género. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Prueba. Informe psicológico. Pericia médica. Testimonios. Apreciación de la prueba.
“Así también las conclusiones a las que arribara la profesional que la asistió y los peritos que la evaluaron, al descartar mendacidad. [En particular, los peritos oficiales y de parte] coincidieron en lo esencial, en relevar en la imputada un síndrome de estrés postraumático, consecuencia de su historia vital, compleja, signada por el mal trato, abusos, discriminación, violencia, verbal y física a consecuencia de su orientación sexual, cruzada por la marginalidad, que este suceso potenció, reactualizó, conforme los indicadores de sueños y angustia desbordante al rememorarlo en razón de la culpa consecuente de haber quitado la vida a una persona, dejando a un hijo sin padre, más la situación de encierro que sobrevino.
Descartaron la mendacidad en su discurso, y en cuanto a la incidencia del estrés postraumático no tratado, en orden a la percepción de la realidad y su posible distorsión, indicaron que es factible que una circunstancia cualquiera, a consecuencia de ello, dispare en su psiquis, en estado de alerta de hipervigilancia, angustia y temor de revivir situaciones traumáticas pasadas. También concluyeron que la encartada, mantiene un juicio conservado, distingue lo lícito de lo ilícito”.
“En este contexto, lo relevante es que la evidencia física neutraliza incidencia de distorsión cognitiva o malinterpretación de los hechos que vivenció. En efecto, las secuelas de los golpes en su cuerpo y estado de su vestimenta, dan cuenta, que fue víctima de una agresión física relevante, que, si bien puede colegirse por sus dichos, tuvo lugar en acción rauda, resultó múltiple y significativa, a la que reaccionó, intentando hacerla cesar y para evitar una mayor de índole sexual, conforme el tenor de las palabras que percibió”.
“[N]o obra evidencia de provocación alguna por parte de la imputada respecto del occiso instantes previos al suceso, más allá de mantener con él una relación distante, no amigable. Lo cierto es que la encartada aún encontrándose alcoholizada, se relacionó con los presentes de manera tranquila, sin mediar cruzamiento verbal o físico con la victima; mientras este último con igual grado de intoxicación, se mostró irritable y belicoso” (voto del juez Varvello, al que adhirió el juez Descalzo).
4. Legítima defensa. Agresión ilegítima. Falta de provocación. Necesidad racional del medio empleado. Violencia de Género. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Prueba. Informe psicológico. Pericia médica. Testimonios. Apreciación de la prueba. Lesiones.
“[T]odos los partícipes de la reunión habían ingerido alcohol desde horas tempranas, y […] el suceso conforme la versión de uno y otro, se caracterizó por lo intempestivo, dinámico y efímero. […] De igual forma, […] los Oficiales que acudieron a la escena, encontraron el cuerpo tendido en la calle, y a metros una cuchilla con machas presumiblemente hemáticas en su hoja.
[Tampoco] fueron realizadas pericias −planimetría, inspección ocular, u otras−, que [aportaran] datos objetivos relevantes, en cuanto a los sitios indicados, calle e interior de la propiedad, que permitiera establecer, iluminación, distancia respecto entre uno y otro –donde fue habido la víctima y evidencia física y portón de acceso del terreno ocupado por la familia […]−, características de esta finca, en lo relativo a la dimensión del patio delantero y relevamiento de rastros, pasillo, distribución de edificaciones que contiene, como así del lugar en donde fue habida la imputada, y/o placas fotográficas adecuadas (con una mínima mayor resolución y amplitud a las obtenidas y glosadas), que los ilustraran, tampoco y más allá de tratarse de una zona hostil para con el personal policial […] se indagó entre vecinos sobre la posible observación del hecho, constituyendo ello un déficit probatorio que impide arrojar mayor luz al respecto. En este marco, sin perjuicio de la duda que emerge en lo concerniente al sitio en que tuvo lugar el suceso, en particular considerando que el personal policial, observó en la calle el cuerpo tendido del occiso y a metros la cuchilla, ello no desvirtúa, ni desplaza la prueba que permite dirimir la responsabilidad penal de la imputada, al haber admitido su participación en forma calificada.
En efecto, lo central en orden a ello, resulta de la verificación de secuelas físicas de múltiples golpes en su cuerpo y el estado de sus ropas, cuya etiología se corresponde, conforme la prueba aportada al debate y el carácter fugaz de la acción, con una agresión plural previa, tal que luego −como resulta de lo escuchado− nadie la lastimó  −y que no provocó, no obran elementos que permita inferir ello; aunado a la compatibilidad del movimiento de defensa que adujo intentó con la cuchilla −que llevaba entre sus prendas a ese efecto−, con las características de la herida que presentaba el occiso, a quien identificó entre sus atacantes por la voz, blandiéndola a ciegas con su mano izquierda con el fin de hacer cesar esa agresión y evitar una mayor de índole sexual que interpretó inminente.
En orden a los dichos que adujo escuchar al momento del ataque, sin bien la evidencia no acredita en el caso, más allá de su relato, animosidad del occiso a su respecto por su orientación sexual […] no puede soslayarse que dicha circunstancia, resulta factor común de discriminación, que generalmente se traduce en sarcasmos, insultos y en algunos casos agresión física y que la ingesta significativa de alcohol, potencia conductas agresivas, verbales y físicas, siendo ello congruente con el estado inmediato anterior que presentaba la víctima.
El análisis global de la prueba, entonces, permite concluir que aún en el marco de la duda imperante en lo que atañe al lugar en que acaece el hecho; al infligir la herida, la imputada, obró en respuesta de una agresión ilegitima, que no provocó, valiéndose en la emergencia de un medio racional para repelerla, dada la marcada desigualdad de fuerzas, natural y numérica, eximiendo ello su responsabilidad en la acción que acometió y epilogó en la muerte de [la víctima]” (voto del juez Varvello, al que adhirió el juez Descalzo).
5. Homicidio. Legítima defensa. Versiones contrapuestas. Prueba. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo. Sentencia absolutoria. Género. Violencia de género. Vulnerabilidad. Igualdad. Protección integral de la mujer.
“En este punto si bien [se coincide] y así fue resuelto que se arribó a un veredicto absolutorio, [se arriba] a dicha solución distinta a la desarrollada por [los jueces] preopinantes, adelantando que la absolución […] se deriva en resumidas cuentas en que tanto la hipótesis de la Fiscalía, haber causado la muerte […] con intención dolosa, y la sostenida por la Defensa en que su defendida actuó en el marco de su legítima defensa, […] no ha sido probado con la certeza necesaria para llegar a dicha conclusión sin lugar a dudas, es decir que no hay certeza respecto de la materialidad ilícita de lo acontecido, debiendo jugar entonces, ante esta duda, en favor de la acusada principio que se deriva del art. 18 de la Constitución Nacional, 11,1 de la Decl. Univ. de los Derechos Humanos, 8,2 de la C.A. D.H. y 1 del C.P.P. En ese norte […] las incongruencias resultantes de la confrontación del relato con evidencia física y pruebas objetivas, siembra dudas sobre su credibilidad en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ambas partes adujeron al desarrollo del hecho”.
“[E]n cuanto la hipótesis brindada por [la imputada], primeramente [se debe] destacar […] que [la acusada] no miente, la misma se encuentra convencida qué es lo que le ocurrió en ese fatídico día, para ella es su verdad de lo ocurrido, en ese sentido los peritos forenses actuantes de la psicología y psiquiatría en el debate concluyeron que [ella] padece de stress post-traumático, a consecuencia de las múltiples vivencias sufridas a través de su vida que han marcado sus psiquis, en ese sentido […] por su condición de mujer criada en condiciones de pobreza, sufriendo abuso sexual infantil, sumado a que ha elegido ser lesbiana, han provocado hechos de discriminación y violencia aún más marcadas en décadas pasadas por los prejuicios socio culturales que pesaban en esas épocas y que progresivamente aunque dificultosa y lentamente ha evolucionado faltando recorrer mucho camino, reconociendo dichas condiciones y reconocidos derechos para colocar en un pie de igualdad el ejercicio de los mismos, presentando [la imputada] este cúmulo de vulnerabilidades que [se ha] contemplado y valorado para arribar al veredicto […] en concordancia con lo establecido por la ley 26485 y convenciones internacionales que gobiernan sobre la materia.
Este desarrollo de vida en [la acusada], ha provocado un estado de hipervigilancia −justificada por su historia vital−, arriesgando los psicólogos y la psiquiatra […] que pudiera haber sufrido una suerte de flashback sobre hechos vividos, y tenerlos como que estaban ocurriendo al momento del hecho, provocando una distorsión en la realidad…”.
“[C]on la prueba desarrollada en la audiencia, no [se ha] podido llegar a desbrozar las dudas que se ciernen sobre dicha materialidad, circunstancia que me llevó −favor rei− a dictar el veredicto absolutorio compartiendo en ese sentido la jurisprudencia que destaca que las dudas existentes sobre la concurrencia de la legítima defensa deben resultar a favor del acusado” (voto concurrente del juez Saint Martin).
PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VERSIONES CONTRAPUESTAS; INFORMES; APRECIACION DE LA PRUEBA; PERICIA MÉDICA; HOMICIDIO; LESIONES; LEGÍTIMA DEFENSA; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; FALTA DE PROVOCACIÓN; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; LGBTIQ; VULNERABILIDAD; INFORME PSICOLÓGICO; TESTIMONIOS; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; IN DUBIO PRO REO; SENTENCIA ABSOLUTORIA; IGUALDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER;
FJS (Causa N° 2333)Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada (juezas Piccinini y Criado, y jueces Ceci, Apcarian y Barotto).
1. Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Derechos reproductivos. Derecho a la salud. Tratamiento médico. No discriminación. Protección integral de la mujer. Obras sociales. Plan Médico obligatorio. Jurisprudencia.
“[L]a Ley 26.862 obliga a la cobertura integral de los procedimientos de fertilización asistida a toda persona y en el caso de autos, la accionante —afiliada a [una obra social]— demanda para sí, en forma exclusiva y en los términos del art. 8 de dicha ley, la cobertura reclamada. [E]xiste doctrina legal vigente de este Superior Tribunal de Justicia que ha zanjado la cuestión traída en autos, estableciendo que la citada ley obliga a la cobertura integral de los procedimientos de fertilización asistida a toda persona que lo necesite para la obtención de embarazos, sin hacer distinciones de ninguna naturaleza, ya que concede ese derecho a toda persona mayor de edad y aclarando de manera enfática que la inclusión de estos procedimientos dentro del Programa Médico Obligatorio lo será sin que se puedan introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a su orientación sexual o el estado civil de los destinatarios —art(s). 7 y 8—.
Al respecto, se ha puntualizado que el hecho de que la pareja conviviente de la amparista cuente con cobertura médica no enerva las obligaciones de la aquí requerida frente al reclamo de aquella, que debe ser garantizado como dispone la ley, de manera integral (cf. STJRNS4 Se. 24/19 ´Barbieri´). Es así que frente a derechos de jerarquía constitucional, tales como la vida, la salud, la dignidad de la persona y los que derivan de la protección integral de la mujer, reconocidos por los tratados internacionales y adoptados como derechos fundamentales en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, el motivo alegado se encuentra desprovisto de fundamento jurídico alguno (cf. STJRNS4 ´Barbieri´ ya citado). A modo de complemento argumentativo, este Tribunal ha precisado que al ser un tratamiento de ´pareja´ la cobertura a la que está obligada la obra social no se limita al 50% respecto de su afiliada, puesto que ello no se condice con la clara letra y espíritu de la ley (cf. STJRNS4 ´Gauna´ y ´Barbieri´ ya citados)…”.
“[L]uce acertado el criterio adoptado por la sentenciante al evaluar que la limitación impuesta por [la obra social] lesiona los derechos de la accionante, al supeditar el otorgamiento de la cobertura a la cual se encuentra legalmente obligada a una cuestión ajena al vínculo que mantiene con su afiliada, que no le resulta oponible en los términos de la ley citada, sin que ello obste la eventual promoción de las acciones de repetición que la requerida podrá ejercer contra quien considere que también es responsable por la prestación médico asistencial, asunto que obviamente trata de un reclamo ajeno a la vía del amparo (cf. STJRNS4 ´Barbieri´ ya citado)…”.
2. Acción de amparo. Admisibilidad. Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Tratamiento médico. Obras sociales. Peligro en la demora.
“[L]as alegaciones formuladas en torno a la supuesta improcedencia del amparo no tienen chances de prosperar, por cuanto […] la magistrada ha expresado motivos suficientes para considerar que, estando acreditada la imposibilidad de la accionante de procrear sin un tratamiento de asistencia, la decisión de [la obra social] de no cubrirlo de forma integral fundado en que su pareja cuenta con otra obra social resulta arbitraria y conculcatoria de derechos constitucionales de la amparista; decisión que concuerda con el criterio sentado en la doctrina legal de este Cuerpo, antes referida.
A ello se suma que, previo a la interposición del amparo, la accionante transitó la vía administrativa ante la obra social y procuró obtener por ese medio —aunque sin éxito— la protección que aquí reclama. Además, repárese que el tratamiento peticionado fue indicado por el médico tratante con carácter urgente atento a la edad reproductiva avanzada y los antecedentes de la amparista, quien cursó previamente un embarazo —producto del anterior tratamiento de fertilización cubierto por [la obra social demandada]— que no pudo llegar a su fin dado que le fue diagnosticada una patología genética, en función de la cual requiere el procedimiento específico…”.
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO; NO DISCRIMINACIÓN; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; OBRAS SOCIALES; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; JURISPRUDENCIA; ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; PELIGRO EN LA DEMORA;
M.D.R (Causa N° 58651)Juzgado Nacional Civil Nro. 82
El Juzgado Civil N° 82 resolvió que la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era el organismo responsable para el proceso de externación y posterior inserción en un dispositivo acorde a la situación de la persona. Asimismo, reconoció la posible responsabilidad internacional del Estado Argentino (juez Sidero).
1. Salud mental. Internación. Control de internación. Responsabilidad del estado.
“[L]a DGSM del Ministerio de Salud del GCBA ha sido designada como autoridad de aplicación de la ley CABA 448, hágase saber a la Dirección General de Salud Mental del GCBA que siendo un organismo responsable en el proceso de externación [de la persona] y en la posterior prestación de dispositivos necesarios para ello, deberá arbitrar los medios necesarios a fin de otorgar una vacante en un dispositivo acorde a la situación del nombrado; ello sin perjuicio de los convenio interjurisdiccionales y/o acciones de recupero que pudieran corresponder. Pudiendo encontrarse comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino…”.
SALUD MENTAL; INTERNACIÓN; CONTROL DE INTERNACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Fernández (Causa n° 793)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de la mujer imputada, casó la sentencia y la absolvió (jueza Figueroa y juez Barroetaveña).
1. Apreciación de la prueba. Perspectiva de género. Participación criminal. Vulnerabilidad. Estereotipos de género.
“[E]l tribunal omitió valorar la prueba con perspectiva de género lo que deriva en una errónea evaluación de ésta con relación al grado de participación de [la mujer imputada], si fue coautora, partícipe secundaria o no tuvo ningún nivel de decisión en el ilícito”.
“[A] fin de garantizar el real acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de las mujeres con rango constitucional y convencional, la decisión traída a estudio debe ser analizada y valorada desde una perspectiva de género, evaluar el estado de vulnerabilidad y condicionamientos de [la mujer imputada] que pudo haber tenido debido a su condición de mujer-esposa y madre de los hijos del imputado con quienes constituían una familia al momento de los hechos…”.
“[E]s exigencia constitucional y convencional analizar la prueba, teniendo presente la situación estructural sobre la desigualdad de género […]. Al momento de valorar las constancias probatorias el Tribunal debe evitar que los mitos y estereotipos de género distorsionen las percepciones sobre los hechos probados, no tomando decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia. ¿Qué comportamiento se le exigía a la imputada en el juicio para demostrar ante los magistrados que era una mujer vulnerable a la decisión de su marido?” (voto de la jueza Figueroa).
2. Secuestro extorsivo. Apreciación de la prueba. Tenencia. Telefonía celular. Estereotipos de género. Vulnerabilidad. In dubio pro reo.
“[L]a circunstancia de que [el teléfono secuestrado] haya sido utilizado de manera ‘conjunta’ tanto por [la mujer imputada] como por su marido, introduce una duda razonable en punto a [su intervención activa], duda que se refuerza con lo declarado por ambos al momento de prestar indagatoria y con la ausencia de reconocimiento de la víctima […] en relación a una intervención concreta y activa durante el tiempo de su cautiverio…”.
“[N]o es posible negar que [la mujer imputada] tuviera conocimiento de lo que sucedía en su casa, esto es, la presencia [del hombre secuestrado]. Sin embargo, con perspectiva de género, la hipótesis planteada por [ambos miembros de la pareja] en sus declaraciones indagatorias se presenta como sensata y genera, cuanto menos, un estado de duda, que demanda la aplicación de la garantía in dubio pro reo…”.
“[E]s razonable cuestionarse la inferencia de culpabilidad por ese conocimiento o por su presencia en el hogar, e incluso analizar qué posibilidad tenía […] de oponerse a lo que sucedía (a su marido y un conjunto de hombres armados), de exigírsele otra conducta con la incertidumbre acerca de su persona y de sus hijos, y finalmente razonable considerar que la encartada no tenía opción de actuar de un modo diferente en el breve período de una noche donde estuvo secuestrado la víctima”.
“[Resulta] razonable entender que [la mujer imputada] no tenía más opción que aceptar las decisiones que de manera inconsulta, tomó su pareja y padre de su hijo. La dependencia económica de su marido le hubiera dificultado oponerse a las decisiones que éste tomaba. En efecto, durante la audiencia llevada a cabo ante esta instancia […] [la mujer imputada] respondió que en su hogar quien tomaba las decisiones era su marido”.
“[N]o puede afirmarse con la certeza que este estadio requiere, que [la mujer imputada] haya sido coautora del ilícito que se le atribuye. De hecho, el razonamiento de los magistrados se funda en estereotipos propios del modelo patriarcal y androcéntrico, pues se apartan de la declaración de la imputada, sin analizar si tenía libertad, independencia, autonomía y autodeterminación para decidir”.
“[A la mujer imputada] sólo la une con el hecho juzgado la posesión compartida de un aparato celular y la cohabitación. Repárese en que, dentro de ese precario esquema cargoso, siquiera se ha incursionado en una posible delimitación del carácter conjunto, alternativo o indistinto que pueda haber tenido el empleo del teléfono; circunstancia que se presentaba como esencial para habilitar un pronunciamiento condenatorio” (voto de la jueza Figueroa).
3. Secuestro extorsivo. Participación criminal. Dolo. In dubio pro reo.
“[N]o resulta posible tener por probado el dominio funcional del hecho que requiere el reproche penal asignado a [la mujer imputada], ni tampoco siquiera un aporte no esencial pero con entidad suficiente como para superar el umbral del ámbito prohibido. [En] el desarrollo del aspecto subjetivo del tipo, tampoco es factible afirmar […] la voluntad de aquélla de participar en la empresa criminal”.
“[E]n qué consistió el aporte objetivo y concreto al hecho con relevancia penal suficiente por parte de [la mujer imputada] –y menos aún que tal aporte fuera doloso– es un interrogante que no ha sido despejado en forma certera en la sentencia, ni ha sido justificado lógicamente como derivación de las pruebas reseñadas como fundamento de la responsabilidad penal de la enjuiciada, por lo que, por aplicación del principio in dubio pro reo, corresponde su absolución” (voto del juez Barroetaveña).
APRECIACION DE LA PRUEBA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; VULNERABILIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; SECUESTRO EXTORSIVO; TENENCIA; TELEFONÍA CELULAR; IN DUBIO PRO REO; DOLO;
Cardoso (Causa n° 53010068)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar de manera parcial a los recursos de casación y anuló los puntos dispositivos de la sentencia vinculados al monto de la pena (voto de la jueza Ledesma y de los jueces Borinsky y Carbajo).
1. Régimen penal tributario. Determinación de la pena. Perspectiva de género.
“[D]el decisorio cuestionado se observan una serie de omisiones que imponen su descalificación como acto jurisdiccional válido. Así, […] más allá de haberse tenido en consideración su corta edad al momento de los hechos, [respecto de las mujeres imputadas no] se merituó como circunstancia atenuante que ambas se encontraban al mando de su padre, figura de autoridad que regía no sólo en el ámbito laboral sino también en el familiar.
Sumado a ello, […] la perspectiva de género como argumento no puede pasar inadvertida a la hora de evaluar la situación particular de las imputadas. En efecto, de la lectura del pronunciamiento [surge] que el tribunal ha omitido analizar la aplicación de la pena de las nombradas desde ese prisma, lo que contradice los principios de orden superior que rigen la materia”.
“[R]esulta necesario incorporar perspectiva de género no solo en la investigación y juzgamiento de hechos ilícitos, sino también en ocasión de decidir el monto y modalidad de la pena en el caso de mujeres como las aquí condenadas, en consonancia con las recomendaciones realizadas en instrumentos internacionales. Ello, dado que en el caso de colectivos especialmente vulnerables las penas tienen mayor impacto, y para que las sanciones resulten proporcionales [...] es preciso que se indaguen y evalúen diferentes factores, tales como maternidad, rol de cuidado de otras personas dependientes, jefatura de hogar, violencia de género [y] contexto cultural…” (voto de la jueza Ledesma).
2. Determinación de la pena. Autodeterminación. Perspectiva de género.
“[L]os jueces al momento de aplicar una pena deben tener en cuenta las posibilidades de autodeterminación que pudo haber tenido la persona al momento de cometer el hecho, y al mismo tiempo, mensurar el daño que la pena puede generar al proyecto de vida existencial de la condenada. Una pena que, en principio, parece proporcionada, puede convertirse en cruel, inhumana y degradante por el daño que provoca a la existencia de quien la padece…”.
“[L]a situación de las imputadas […] ha sido analizada sin tener en consideración estos postulados. Ello así pues nada se ha dicho en la sentencia acerca del impacto que el vínculo paterno filial de las nombradas con el imputado […] jefe y organizador de la asociación ilícita fiscal […], pudo haber tenido respecto de sus posibilidades de autodeterminación para cometer el hecho. El contexto cultural en el que se suscitaron los acontecimientos, así como la corta edad de las nombradas, su inexperiencia en el rubro laboral, la emancipación que realizó su padre para colocarlas al mando de dos de sus empresas, y el vínculo natural de autoridad que ejerce un padre en la vida de sus hijas, son elementos que deben ser ponderados en función de la perspectiva de género” (voto de la jueza Ledesma).
3. Determinación de la pena. Deber de fundamentación. Debido proceso.
“Tanto el ejercicio excesivo del ius puniendi estatal, como los casos de indulgencias exageradas o desmedidas sin apoyarse en las constancias del juicio, significan una violación a la máxima de razonabilidad que debe respetar toda sentencia condenatoria y, por tanto, un agravio irreparable a las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio. [S]e ha destacado que [el padre de las mujeres imputadas] dispuso la emancipación de sus hijas cuando resultaban menores de edad para integrarlas a sus emprendimientos y negocios…”.
“Tal realidad es, sin duda alguna, una pauta relevante a la hora de justipreciar la extensión del reproche que le cabe a [las mujeres imputadas] pues, si bien al momento de los hechos ambas resultaban mayores de edad y su intervención en aquellos se advierte debidamente comprobada, no puede desconocerse la particular interrelación familiar en la que se encontraban inmersas” (voto del juez Carbajo).
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; DETERMINACIÓN DE LA PENA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; AUTODETERMINACION; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DEBIDO PROCESO;
M.N.M. (causa Nº 114245)Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala I
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires casó la sentencia impugnada y absolvió al imputado (jueces Maidana y Carral).
1. Estado de necesidad. Vulnerabilidad. Prueba. Carga de la prueba. Acusatorio. In dubio pro reo.
“El fallo cuestionado […], transita, en el fondo, por el sendero del desconocimiento del principio in dubio pro reo a través del método –como decía Maier– ‘de ‘cargar’ la prueba sobre el imputado cuando él invocaba algún hecho que excluía la condena o la pena’, práctica que fue clausurada por la Corte Federal al sostener que implicaba ‘violación a la garantía del art. 18 de la Constitución nacional, pues invierte la carga de la prueba y la exige al imputado’ [hay cita].
[E]s tarea de la acusación acreditar la ausencia de causas de justificación; en el caso, el imputado y su defensa expusieron con producción de prueba de modo verosímil las circunstancias de hecho de un actuar amparado por la eximente del estado de necesidad justificante (art. 34 inc.3, CP), sin que la parte acusadora haya logrado demostrar con absoluta certeza la inexistencia de aquellas”.
“[E]n términos de estándares probatorios, el nivel más alto lo tiene la Acusación en tanto, como órgano persecutor, es llamado a superar el máximo estándar pues debe refutar la presunción de inocencia; en cambio, cuando es la defensa quién ofrece una hipótesis alternativa sujeta a pruebas que la avalan, el estándar exigible en términos de convicción no puede alcanzar el mismo nivel que el requerido para quien debe probar más allá de toda duda razonable, y, por tanto, bastará con un grado que alcance un estándar de prueba preponderante. Esto cobra aun mayor sentido cuando, como en el caso que nos ocupa, la acusación tenía a su alcance la posibilidad de desbaratar esa postulación con solo una mínima actividad probatoria cuya omisión no puede ser cargada a la cuenta del acusado”.
ESTADO DE NECESIDAD; VULNERABILIDAD; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; ACUSACIÓN; IN DUBIO PRO REO;
CAM (causa Nº 11733)Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba
El Juzgado Federal de San Francisco hizo lugar a la acción y le ordenó a la demandada la provisión de una muñequera de neoprene y una silla de rueda motorizada híbrida (juez Reback).
1. Acción de amparo. Admisibilidad. Verosimilitud del derecho.
“[D]esde 1994 se encuentra expresamente prevista por la Constitución Nacional la posibilidad de demandar por este medio a los particulares […]. En cuanto a la existencia de vías administrativas, la Carta Magna también dispone que las mismas pueden ser omitidas cuando no resulten idóneas en el caso concreto. De todos modos, en el asunto traído a conocimiento se advierte que ha habido por lo menos cuatro reclamos prejudiciales […], de tal suerte que no puede agraviarse el representante de la Obra Social por el planteo de esta acción.
En cuanto a la inexistencia de arbitrariedad manifiesta por parte de la accionada, hay que destacar que lo exigido por la ley, para abrir la competencia de los órganos judiciales es que la restricción claramente individualizada por el accionante, indique con precisión, el o los derechos lesionados, resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez en el curso de un breve debate […]. A ello cabe agregar que el amparo ha sido señalada como vía apta en los casos en que resulte imprescindible para la salvaguarda del derecho fundamental de la vida (Fallos: 325:292)…”.
2. Derecho a la salud. Enfermedades poco frecuentes. Obras sociales. Personas con discapacidad.
“[A] partir del dictado de la Resolución Ministerial N° 641/2021, se aprobó el listado de enfermedades poco frecuentes previsto por la ley N° 26.689, incluyendo a la esclerosis lateral amiotrófica –bajo el orphacode nro. 803, identificador único y estable para cada patología en los sistemas de información sanitaria y para la investigación. Siendo esto así, la patología del actor, comprendida por la reglamentación de la mencionada ley de EPF que promueve el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, debe gozar de cobertura asistencial por parte de las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661 (art. 6).
A mayor abundamiento, por medio de la ley N° 27.044 se otorgó jerarquía Constitucional a la `Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad´, lo cual resulta de importancia a los fines de la presente resolución”.
3. Acción de amparo. Informes. Apreciación de la prueba. Certificado Único de Discapacidad.
“[E]n la medida en que la Constitución Nacional prevé que la acción de amparo es `expedita y rápida´, tal pauta debe primar en el proceso. En consecuencia, en la medida en que sean contestado los extremos requeridos por la demandada en su informe circunstanciado […], corresponde convalidar la prueba. La postura del agente de salud insistiendo en formalidades que enlentecerían innecesariamente la resolución del asunto choca con el empeoramiento de la salud del actor […] que elaborara el equipo multidisciplinario involucrado en el seguimiento del amparista…”.
“[S]e advierte que la respuesta brindada por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación confirma las consideraciones anteriores, al informar que mientras haya certificado de discapacidad […] y el requerimiento esté vinculado con el diagnóstico por el cual se emitió ese certificado, existiendo justificación médica de por medio, la cobertura deberá ser garantizada, según lo estipula la ley 24.901”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; DERECHO A LA SALUD; ENFERMEDADES POCO FRECUENTES; OBRAS SOCIALES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INFORMES; APRECIACION DE LA PRUEBA; CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD (CUD);
RBVS (Causa N° 404)Cámara Única Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia con competencia territorial en las II, III, IV y V Circunscripción Judicial
La Sala II de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia con competencia territorial en las II, III, IV y V circunscripción judicial hizo lugar al recurso interpuesto por la progenitora y revocó la resolución. En ese sentido, rechazó el pedido de reducción de la cuota alimentaria por parte del progenitor (juezas Calaccio y Barroso).
1. Alimentos. Incumplimiento. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Niños, niñas y adolescentes. Interés Superior del Niño. Patrimonio. Capacidad contributiva. Prueba. Apreciación de la prueba. Carga dinámica de la prueba.
“[S]ólo procederá el pedido de modificación –aumento, disminución o cese– de la cuota ya fijada en sentencia o por convenio, si ha habido, posteriormente, una variación en los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para establecerla [Cfr. Gustavo Bossert, Régimen jurídico de los alimentos, 2da edición actualizada y ampliada, pág. 619. Editorial Astrea, 2004]. Calificada doctrina explica que: ´en el caso de reducción de la cuota alimentaria se debe acreditar la variación de los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para establecer su monto y la manera en que esta variación afecta en forma directa su situación patrimonial o en las necesidades del alimentante. En general, los jueces exigen al alimentante que pretende la disminución de la cuota un compromiso probatorio mayor que el requerido al momento de la fijación´. ´Lo mismo sucede cuando la cuota fijada ha sido consecuencia de un convenio, mediación o compromiso asumido en audiencia: la evaluación para la concesión del pedido de reducción debe ser rigurosa, en razón de que si el alimentante voluntariamente aceptó un monto determinado es porque estaba en condiciones de hacerle frente. Los montos establecidos anteriormente se presumen adecuados a la situación de las partes y a las necesidades recíprocas, presunción iuris tantum, que cae cuando las partes demuestren concreta y eficazmente que las circunstancias variaron con posterioridad al momento en que fueron convenidas´[Cfr. Kemelmajer de Carlucci Aída, Molina de Juan, Mariel F., Alimentos, Tomo II, págs. 46/47. Rubinzal Culzoni Editores, 2014]…”.
“[E]l fundamento de la petición se reducía a demostrar que las consecuencias de no trabajar más en relación de dependencia para la empresa […] (el despido no es un hecho controvertido) desequilibraron su economía doméstica al punto tal que fuera necesaria la revisión de la cuota. En este sentido, se ha señalado que ´la reducción de la cuota alimentaria por disminución de los ingresos del alimentante requiere que se produzca una alteración sustancial de sus circunstancias patrimoniales. No basta la simple merma en las retribuciones´ [Cfr. op. cit. pág. 71]. Y que ´el alimentante tiene la carga de probar la existencia de los sucesos, eventos o acontecimientos patrimoniales y de qué modo esos hechos han modificado sustancialmente su estado patrimonial´ [op. cit. pág. 72, con cita de Jalil, Principios jurisprudenciales para la procedencia del aumento o disminución de la cuota alimentaria, p. 6]. Como instruye la doctrina citada, la apreciación de la prueba es más estricta ante un pedido de estas características, criterio que, de la lectura de la decisión cuestionada, no parece ser el que adoptó la magistrada de grado…”.
“[T]al como afirmaran la parte incidentada (primero al contestar la demanda y luego al agraviarse de la decisión de grado), y el Sr. Defensor de los Derechos del Niño en sus dos dictámenes […], la prueba arrimada al proceso demuestra que el alimentante, pese a haber sido despedido de su trabajo en relación de dependencia de la empresa […]  en mayo de 2019, pudo mantener el mismo estilo de vida que llevaba con anterioridad.
El quebranto no fue de tal magnitud que lo llevara a reducir su modo o condiciones de vida. De allí que no [se ven] motivos para que se reduzca la cuota alimentaria pactada pues, como señalara la progenitora al refutar el memorial, permitirle mantener las mismas comodidades a las que estaba habituado en la vida en matrimonio, pero reduciendo la cuota alimentaria del hijo, implicaría darle prioridad a su situación por sobre la del niño, violando su Interés Superior. Son muy pocas las pruebas impulsadas por el peticionante, lo que no se condice con los requerimientos a los que hiciera referencia en líneas precedentes. El alimentante apostó la suerte de su petición a la falta de acreditación de sus ingresos antes que a la prueba de su empeoramiento económico, postura que no se puede aceptar…”.
ALIMENTOS; INCUMPLIMIENTO; INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PATRIMONIO; CAPACIDAD CONTRIBUTIVA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA;
Rivero (causa n° 8033)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió y se remitió a los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación interino. De esa manera, hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia impugnada. Además, ordenó que los autos volvieran al tribunal de origen para que dictara un nuevo fallo (voto de los ministros Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda).
1. Prueba. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención De Belém Do Pará). Apreciación de la prueba. Arbitrariedad. Estereotipos de género.
“La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), establece en su artículo 7° que los Estados Partes convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer…”.
“En ese sentido, la ley 26.485, en su artículo 16, dispone que los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, el derecho –entre otros– ‘i) a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos’”.
“En el sub examine, sin embargo, tanto el tribunal oral como el a quo pasaron por alto esos criterios para la correcta valoración de la prueba en casos como el presente, en la medida en que cuestionaron la confiabilidad del testimonio de la víctima a partir de la diferencia que presentarían sus declaraciones acerca de la cantidad de veces que fue obligada a practicar sexo oral al acusado. Tal proceder […] implicó, además, menospreciar lo declarado por aquélla sobre las oportunidades en que habría sido accedida carnalmente por [el hombre imputado] a pesar de que en este aspecto no existieron discrepancias –en todas sus declaraciones dijo que ocurrió tres veces–, lo que […] constituye una patente arbitrariedad”.
“[El] argumento, que el a quo convalidó, fue construido sobre un estereotipo según el cual una mujer que fuese desenfadada en sus expresiones o comportamientos sexuales con alguna persona en particular, no podría proceder con timidez al referirse a hechos de violencia sexual de los que fue víctima”.
“[E]l pronunciamiento apelado también fue construido sobre una valoración parcial y sesgada de los restantes elementos de prueba”.
2. Prueba. Arbitrariedad. Recurso Extraordinario Federal. Admisibilidad. In dubio pro reo.
“[S]i bien la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad propia de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria […] en el sub lite corresponde hacer excepción a esa regla, conforme lo ha admitido la Corte con base en la doctrina de la arbitrariedad […] ya que con ésta se procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa…”.
“[E]l estado de duda –invocado por el tribunal oral y el a quo– no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto […]. La mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos no impide, per se, obtener razonablemente, a través de un análisis detenido de toda la prueba en conjunto, el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena.
El concepto ‘más allá de duda razonable’ es, en sí mismo, probabilístico y, por lo tanto no es, simplemente, una duda posible, del mismo modo que no lo es una duda extravagante o imaginaria. Es, como mínimo, una duda basada en razón…”.
“En consecuencia, […] el fallo apelado no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, y debe ser descalificado como un acto jurisdiccional válido”.
3. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención De Belém Do Pará). Víctima. Debida diligencia.
“[L]os defectos hasta aquí expuestos adquieren especial significación teniendo en cuenta […] el compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer plasmado en la Convención de Belém do Pará …”.
PRUEBA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); APRECIACION DE LA PRUEBA; ARBITRARIEDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RECURSO EXTRAORDINARIO; ADMISIBILIDAD; IN DUBIO PRO REO; VICTIMA; DEBIDA DILIGENCIA;
GMFN (Causa Nº 55713)Juzgado Nacional Civil Nro. 76
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 76 otorgó a favor del actor la adopción por integración del adolescente con efectos simples. En consecuencia, decretó la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación y reconoció el vínculo biológico y socioafectivo entre el joven y sus tres progenitores. Asimismo, dispuso que al nombre del adolescente se le incorporara el apellido de su padre adoptivo (juez Coria).
1. Familias. Adopción. Adopción de integración. Adopción plena. Responsabilidad parental. Progenitor afín. Filiación. Socioafectividad. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[E]l concepto de `familia´ ha ido evolucionando en forma acelerada en nuestra sociedad. Tal es así que el propio Sistema Interamericano de Derechos lo ha remarcado en cada oportunidad que ha tenido `…Es por ello que el Estado tiene la obligación de determinar en cada caso la constitución del núcleo familiar de la niña o del niño´ […]. En igual sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha sostenido que `el término ‘familia’ debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad […]´ (Corte Interamericana de Derechos, Opinión Consultiva N° 21/14)”.
“[L]a adopción integrativa posee características particulares que justifican su regulación independiente; su objeto es `muy diferente a la adopción general, que parte de la idea de una imposibilidad o dificultad de un niño de permanecer con su familia de origen o ampliada. Justamente esto no es lo que acontece en la adopción de integración, instituto que está orientado a la incorporación de un niño o adolescente a una familia en la que su padre o madre han contraído matrimonio y desean que ese hijo de uno de ellos sea un hijo en común, un hijo de ambos para integrar y constituir una única familia en lo jurídico porque seguramente ya la constituyen en la práctica. […] No está destinada a excluir, extinguir o restringir vínculos, sino a ampliarlos mediante la integración de una persona a un grupo familiar ya existente, al que un niño o adolescente conforma con su progenitor´.
`[L]a adopción de integración procura convalidar una situación de hecho anterior, a partir de la constitución del vínculo jurídico filial correlativo. Lo que se persigue es dar marco legal a la inclusión del adoptado en la familia y brindar, en relaciones humanas ya establecidas, un reconocimiento jurídico, a quien ya ejercía las funciones de padre o madre, lo que además resulta una clara expresión del derecho que todo ser humano tiene `a vivir en y con una familia´ (art. 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 17 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos) […]´.
Se trata de una modalidad legal que reconoce la existencia de las denominadas `familias ensambladas´ como un nuevo modelo familiar y que, por tal motivo, requiere de una regulación específica, en consonancia también con la propia noción de `familia´ que hoy impera socialmente, desterrando la idea de ese concepto cerrado que se tenía sobre la misma. Quien se integra a la familia – formada por el adoptado y su progenitor biológico u adoptivo– es el cónyuge o conviviente de este último que, en los hechos ha estado comportándose como un verdadero padre o madre con respecto a los hijos.
La adopción de integración ha sido ampliada en la preceptiva de la normativa vigente, haciéndose cargo de la diversidad de situaciones que describen las nuevas realidades familiares. Ante la variedad de contextos que pueden presentarse, el legislador ha dotado a los magistrados de la facultad de –a través de la adopción de integración– perfilar los alcances de la sentencia considerando, de acuerdo a las circunstancias particulares comprobadas, la posibilidad de adjudicarle los efectos de la adopción plena o simple, siempre sobre la base de lo que resulta mejor al interés del adoptado e intentando preservar los vínculos familiares que incrementarán su calidad de vida...”.
2. Niños niñas y adolescentes. Tutela judicial efectiva. Interpretación de la ley. Autonomía progresiva. Derecho a ser oído. Interés superior del niño. Convención sobre los Derechos del Niño. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La garantía de la tutela judicial efectiva implica que el juez (como director del proceso) debe interpretar y aplicar la norma procesal de modo compatible con todos los aspectos que hacen a asegurar tutela efectiva, sobre todo en procesos en los que se encuentran comprometidos intereses de niños, niñas y adolescentes como el caso de autos. [E]n lo que al caso en concreto se refiere, esta tutela judicial efectiva se visualiza con [una] actitud [judicial] activa a lo largo del proceso en el sentido que `Queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en asuntos de familia si estos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar´ (CS, 15/02/2000, `T., A. D s/adopción´)”.
“Una de las muestras del cambio paradigmático que ha conmovido los cimientos del régimen jurídico de la infancia, a partir de la concepción del niño como sujeto de derechos, ha sido justamente la introducción por parte de la Convención sobre los Derechos del Niño del principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes; reconociendo la necesidad de conferir a la infancia el derecho a asumir, gradualmente y en función de las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo, un rol protagónico y activo en el núcleo de decisiones que constituyen su proceso formativo y en el ejercicio de prerrogativas fundamentales que la misma titulariza (arts. 5°, 12, 14, 16, 28 inc. 1°) […].
[D]icho cuerpo normativo reconoce expresamente el derecho humano de todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio –y la consiguiente obligación de garantía del Estado– de ser escuchado en todo procedimiento judicial y administrativo que lo afecte y a que su opinión sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez (art. 12 y cc. de la Convención sobre los Derechos del Niño). De este modo, la capacidad de participar activamente en el proceso de toma de decisiones no está ya ligada a parámetros etarios fijos, en tanto no tiene sujeción a una edad cronológica determinada, sino que operará en función de la madurez intelectual y psicológica, el suficiente entendimiento y el grado de desarrollo del niño […].
[D]e la audiencia mantenida con [el joven se] pud[o] vislumbrar un grado de madurez y una capacidad de discernimiento adecuadas a los efectos que aquí se debaten. La postura afirmativa del joven en relación a la solicitud efectuada por su progenitor afín ha sido muy clara y contundente, así como en relación también a su progenitor, manifestando su conformidad con ello destacando su interés en mantener los apellidos de los tres progenitores así como su vínculo filial […].
Luego de haber oído [al adolescente], sus ideas y deseos, […] su mejor interés está dado por la garantía de poder mantener a los dos padres y `filiarse´ como hijo de ambos, en un caso por el vínculo afectivo–legal y en el otro por el vínculo afectivo– biológico, siempre respetando la determinación de la maternidad respectiva. Las constancias de autos así lo reflejan; esta familia pretende dar formalidad a una situación de hecho que acontece con total naturalidad entre sus protagonistas. Y aquí es donde el Estado debe dar una respuesta satisfactoria a una petición que intenta plasmar formalmente una situación de hecho totalmente legítima…”.
3. Código Civil y Comercial de la Nación. Declaración de inconstitucionalidad. Derecho a la vida privada y familiar. Familias. Pluriparentalidad. Voluntad. Socioafectividad.
“[L]a limitación del art. 558 del CCCN debe ceder ante supuestos como el presente en los cuales se vislumbra la existencia de un vínculo afectivo entre el joven, su progenitor afín y su progenitor biológico, nacido bajo el amparo de una legítima situación. La regla del art. 558 del CCCN no puede resultar un obstáculo para darle virtualidad jurídica a esta realidad familiar, que lejos de implicar desavenencias para sus protagonistas, se hayan en un contexto totalmente satisfactorio para que el joven continúe desarrollándose en forma plena. [El Juez no debe ni puede] imponer restricciones que impliquen meras formalidades que en nada contribuyen al desarrollo de esta familia, sino que por el contrario generarían desacuerdos y disyuntivas entre sus miembros que hoy no existen.
[El] interés superior debe manifestarse específicamente en el logro de la mayor cantidad de derechos y por otro lado en la menor restricción de ellos, analizándose a tales efectos cómo los derechos y los intereses de [el joven] se ven o se verán afectados por las decisiones y las medidas que se tomen en relación a su persona o, en su caso, por la omisión de su dictado. Por ello [se debe] admitir que el joven cuente desde lo afectivo con dos padres y una madre cuyo correlato desde el plano jurídico implica reconocer la determinación filial en favor de dos padres, emplazar a uno sin desplazar al otro, además de respetar la determinación de la maternidad según las reglas clásicas en la materia (conf. art. 565, Cód. Civ. y Com.).
[L]os tratados de jerarquía internacional, incorporados al derecho interno a través de la norma del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, rechazan la idea de limitación a la extensión y ejercicio de un derecho humano, en el supuesto de autos, el derecho del [adolescente] a vivir, desarrollarse y reflejar jurídicamente la situación familiar de la que es parte, en estricto resguardo y respeto por su derecho a su identidad y a su desarrollo integral. La realidad da cuenta a nivel mundial de la existencia de familias multiparentales o pluriparentales. Es que la triple filiación se instaló en el derecho argentino, ampliando los márgenes de los modelos familiares. que `Las familias pluriparentales se caracterizan por la primacía de la voluntad y el afecto; conceptos de índole fáctico que encuentran cauce jurídico en las ideas de voluntad procreacional y socioafectividad. La primera refiere al acto volitivo, decisional y autónomo encaminado por el deseo de ser progenitor, causa fuente de la filiación por TRHA, mientras que la segunda alude a la conjunción de lo social y lo afectivo, la cual emerge de la libre voluntad de asumir las funciones parentales´ […]”.
FAMILIAS; ADOPCIÓN; ADOPCIÓN DE INTEGRACIÓN; ADOPCIÓN PLENA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; PROGENITOR AFÍN; FILIACIÓN; SOCIOAFECTIVIDAD; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; AUTONOMÍA PROGRESIVA; DERECHO A SER OIDO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PLURIPARENTALIDAD; VOLUNTAD;
NM (Causa Nº 765)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la resolución impugnada. La Cámara entendió que el hombre cumplía con todos los requisitos establecidos en la normativa, en tanto era una persona mayor de edad, había residido dos años en el país y manifestó su voluntad de ser ciudadano. En ese sentido, ordenó al juez de grado que emitiera una nueva sentencia de acuerdo a lo resuelto. En consecuencia, se le otorgó al actor la ciudadanía argentina por naturalización (jueces Ávalos y Sánchez Torres).
1. Ciudadanía y naturalización. Carta de ciudadanía. Migrantes. Extranjeros. Ley aplicable.
“[E]l marco normativo sobre el que se centra la cuestión, está dado por la Ley de Ciudadanía Nº 346 y su Decreto Reglamentario N° 3213, en tanto determinan los requisitos para la solicitud y obtención de la carta de ciudadanía; no resultando aplicable al caso de autos la Ley de Migraciones Nº 25.871 por cuanto su ámbito de aplicación se circunscribe a la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas, como así tampoco corresponde aquí referirse al Decreto Nº 70/2017 que modificó [dicha norma].
[S]e desprende que la Ley de Ciudadanía N° 346, en su art. 2, establece que: `Son ciudadanos por naturalización: […] Los extranjeros mayores de 18 años, que residiesen en la República dos años continuos y manifestasen ante los jueces federales de sección su voluntad de serlo’. En relación al procedimiento y requisitos para adquirir la carta de ciudadanía, el art. 6° determina que: `Los extranjeros que hubiesen cumplido las condiciones de que hablan los artículos anteriores, obtendrán la carta de naturalización que le será otorgada por el Juez Federal de Sección […]’.
[E]l decreto Nº 3213 en su art. 3, dispone que: `Los extranjeros designados en el artículo 2° inciso 1° de la ley N° 346, al tiempo de solicitar su naturalización deberán cumplimentar las siguientes condiciones: a) tener dieciocho (18) años de edad cumplidos, b) residir en la República dos (2) años continuos, c) manifestar ante los jueces federales su voluntad de serlo. (…) Son causas que impedirán el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización […]: a) no tener ocupación o medios de subsistencia honestos, b) estar procesado en el país, o en el extranjero por delito previsto en la legislación penal argentina, hasta no ser separado de la causa, c) haber sido condenado por delito doloso, ya fuere en el país o en el extranjero, a pena privativa de libertad mayor de tres (3) años, salvo que la misma hubiere sido cumplida y hubieren transcurrido cinco (5) años desde el vencimiento del término de la pena fijada en la condena o hubiere mediado amnistía. No podrá negarse la ciudadanía argentina por motivos fundados en razones políticas, ideológicas, gremiales, religiosas o raciales, en acciones privadas o en caracteres físicos de los solicitantes; sin perjuicio de ello, el Juzgado interviniente podrá denegar la solicitud cuando estuviere plenamente probado que el causante realizó actos de carácter público que significaron la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal de la fuerza o la concentración personal del poder’...”.
2. Ciudadanía y naturalización. Residencia. Residencia precaria. Impedimentos. Refugiado. Dirección Nacional de Migraciones.
“[E]l sentenciante denegó el pedido de ciudadanía […] sobre la base dos cuestiones medulares. La primera tiene que ver con constancias que acreditarían el ingreso al país […] eludiendo controles migratorios e invocando la condición de refugiado. Y la segunda, con el hecho que el nombrado no habría cumplido a la fecha del dictado de la resolución en cuestión, con el requisito de haber residido por dos años en el país, conforme lo exige la normativa legal referenciada.
[A]un cuando […] no existe constancia formal de la fecha de ingreso declarada por el solicitante de la carta de ciudadanía, lo cierto es que el resto de la documentación acompañada al expediente judicial da cuenta que al 28.10.2015 […] residía en la ciudad de San Francisco, que se le otorgó la residencia precaria como solicitante de refugio con fecha 9.5.2016 y que el 01.2.2018 manifestó ante al entonces señor Juez Federal de San Francisco su voluntad de ser ciudadano argentino. Tales referencias facultan […] a tener por acreditada la exigencia legal de los dos años de residencia en el país.
[L]o argumentado por el magistrado en torno a la forma en que habría ingresado el ciudadano senegalés a la república argentina, perdió virtualidad a partir del resultado obtenido como consecuencia de la media para mejor proveer ordenada a su respecto. [E]n este punto, la oficina de Migraciones Córdoba del Ministerio del Interior […] hizo saber que, de las constancias de referencia, no surgía que se hubiere manifestado que el nombrado […] habría ingresado al país eludiendo los controles migratorios […].
[S]e encuentran acreditados los requisitos establecidos por la normativa vigente a los fines de ser ciudadano por naturalización, esto es: ser mayor de 18 años al momento de la solicitud: el 1.2.2018 el actor tenía 30 años de edad; residir en la República dos (2) años continuos: según las constancias de autos, el actor se encontraba residiendo en la ciudad de San Francisco al menos desde el 28.10.2015; y manifestar ante los jueces federales la voluntad de ser ciudadano, lo cual se materializó con la petición formulada ante el entonces señor Juez Federal de San Francisco. Máxime, cuando el actor no se encuentra enmarcado en alguna de las causales de impedimento para el otorgamiento de la ciudadanía por naturalización, conforme a la normativa mencionada...”.
CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN; CARTA DE CIUDADANÍA; MIGRANTES; EXTRANJEROS; LEY APLICABLE; RESIDENCIA; RESIDENCIA PRECARIA; IMPEDIMENTOS; REFUGIADO; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES;
Giancola (Causa n° 7837)Juzgado Federal en lo Criminal Federal Nro. 1 de Lomas de Zamora
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas De Zamora concedió la suspensión del juicio a prueba respecto del joven imputado (juez Villena).
1. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobe los Derechos del Niño. Suspensión de juicio a prueba. Reinserción social.
“[L]a Convención sobre los Derechos del Niño […] ha establecido que los Estados partes […] deberán reconocer el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad…”.
“[N]umerosos instrumentos internacionales […] han esbozado medidas alternativas en el proceso penal, tendientes a facilitar la reinserción social de las personas menores de edad sometidas a proceso. Dichos parámetros resultan dirimentes en este caso, en el que se han incorporado indicios respecto de que constituyen alternativas idóneas a fin de garantizar el bienestar del joven [imputado]”.
2. Suspensión de juicio a prueba. Reparación. Régimen penal juvenil.
“[E]l informe socio ambiental acompañado por la asistencia técnica, la conducta que ha esgrimido el joven en el proceso ­quien se ha hecho presente cuando se lo ha citado en esta judicatura­ y el ofrecimiento realizado en concepto de reparación integral, constituyen elementos que permiten esbozar razones fundadas para tener por cumplido el año de tratamiento tutelar previsto por el art. 8º en función del art. 4º de la Ley 22.278, las pautas de conducta previstas por el art. 27 del Código Penal y el plazo mínimo de suspensión de juicio a prueba establecido por el art. 76 ter del Código Penal…”.
“[S]in perjuicio de que el delito que se le ha imputado al Joven […] prevé una escala penal cuyo monto máximo es de 6 años de prisión, a partir del precedente [‘Acosta’] del más Alto Tribunal [...], dicho parámetro ya no representa un obstáculo a los fines de conceder el presente instituto”.
“[T]eniendo en cuenta lo previsto por el Máximo Tribunal en el precedente que antecede, […] [corresponde] resaltar que a partir de los lineamientos establecidos en [‘Maldonado’], la pena prevista por el delito que se le ha imputado al [joven], era susceptible de ser reducida en la escala del delito tentado”.
“[E]n virtud de lo referido por el más Alto Tribunal de la Nación, el máximo de la pena previsto por el art. 296 en función del art. 292 del Código Penal de la Nación, no es un obstáculo en el caso concreto para conceder la suspensión de juicio a prueba a favor del nombrado”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; REINSERCIÓN SOCIAL; REPARACIÓN; RÉGIMEN PENAL JUVENIL;
SRA (causa Nº 27047)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la decisión apelada (ministros Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti).
1. Concesión del recurso extraordinario. Caducidad de la instancia. Excesivo rigor formal. Derecho de defensa. Debido proceso.
“[S]i bien los agravios del recurrente sobre la caducidad de la instancia remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho procesal ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a esa regla cuando media un apartamiento de las constancias de la causa conducentes para la correcta solución del caso o un excesivo rigor formal que menoscaba el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (Fallos: 324:3645, 329:4865, 342:741 y 1362, entre otros)” (considerando 2º).
2. Defensor Público Oficial. Tutor. Defensor de Menores e Incapaces. Caducidad de la instancia. Cuestiones procesales. Debido proceso. Arbitrariedad.
“[A]siste razón al Defensor Público Tutor cuando en su recurso extraordinario asigna relevancia a la circunstancia de que el juzgado no dio cumplimiento con la nueva vista pedida por la Defensora Pública de Menores y dispuesta [por el juzgado]”.
“Al decidir de ese modo, la cámara prescindió de la circunstancia de que la nueva vista omitida por el juzgado había sido solicitada por la Defensoría `independientemente´ del resultado de la intimación a la actora […], y proveída sin condicionarla al resultado de dicha intimación o a una finalidad determinada (por ejemplo, la designación de un tutor). Consecuencia de ello, la caducidad de la instancia no podía decretarse por cuanto estaba pendiente una actividad que correspondía al juzgado y no a la parte actora […], sin que resulte razonable la inferencia del a quo en el sentido de que la nueva vista no era necesaria para la prosecución del trámite de la causa, ante la actividad de los representantes legales del menor de edad posterior a la providencia […]. Dicha actividad de la representación legal del menor –que ya había sido cuestionada por la Defensoría en su presentación […]– resultó, por demás, insuficiente, tal como lo demuestra la secuela que tuvo la causa, en tanto que la nueva vista ordenada y omitida por el juzgado, tenía relación directa con la posibilidad de que la Defensoría peticionara las medidas que, ante las referidas particularidades de la causa, considerase pertinentes, en ejercicio de la intervención que la ley prevé para garantizar la adecuada representación en juicio del menor de edad (arts. 59 del Código Civil y 54 de la ley 24.946, vigentes al momento de la providencia […]; en el mismo sentido, art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 43 de la ley 27.149; art. 27 de la ley 26.061)” (considerandos 4º).
[E]n consecuencia, lo decidido guarda relación directa e inmediata con las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso que se invocan como vulneradas (arts. 15 de la ley 48 y 18 de la Constitución Nacional), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional, en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias” (considerando 5º).
CONCESIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO; CADUCIDAD DE LA INSTANCIA; EXCESIVO RIGOR FORMAL; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL; TUTOR; DEFENSOR DE MENORES E INCAPACES; CUESTIONES PROCESALES; ARBITRARIEDAD;
Godoy (causa Nº 58)Juzgado Federal Nro. 2 de Mar del Plata
El Juzgado Federal de Mar del Plata Nº 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto hasta tanto se dictara sentencia definitiva en autos. Asimismo, indicó que la empresa debía abstenerse de iniciar tareas de exploración vinculadas al proyecto referido hasta el mismo término (juez Martín).
1. Medidas cautelares. Desarrollo sustentable. Medio ambiente.
“[E]l análisis y resolución de la medida cautelar solicitada, serán realizados considerando especialmente el modelo de desarrollo sustentable impuesto por la Constitución Nacional a partir de la Reforma Constitucional de 1994, que pone el énfasis en la idea de que toda acción de desarrollo impulsada por el hombre, tendrá como límite la no afectación del ambiente, dentro de ciertos parámetros previamente establecidos.
Esta idea, que es un punto de partida, no persigue la parálisis del desarrollo económico, industrial, etc., sino que busca, tal cual lo señalado por Daniel Sabsay, que `cada obra, actividad, acción que se emprenda, deberá ser efectuada teniendo en cuenta que ellas no produzcan determinado tipo de consecuencias negativas para el medio ambiente´ […].
El foco debe estar puesto, por imperativo constitucional, en el ‘desarrollo humano’, que no es otro que el preservar las condiciones de vida ‘digna’ para la existencia humana, no sólo de quienes habitamos el planeta en el presente, sino también de quienes lo harán en el futuro. Por tal razón es que la Constitución señala, luego de declarar el derecho de todas y todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, que éste debe ser `apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…´ (art. 41)”.
2. Mar territorial argentino. Evaluación de impacto ambiental. Interés público.
“[L]a envergadura del proyecto de exploración que se ha autorizado sobre el mar argentino, el potencial impacto relevante sobre el medio ambiente y sobre la actividad pesquera y turística de la ciudad de Mar del Plata, y el intenso interés público comprometido, que se aprecia por la repercusión que ha tenido en la sociedad y en los medios de comunicación la noticia sobre su aprobación, imponen como consecuencia, aplicar un estándar riguroso de revisión de los actos cuestionados, sin perjuicio de la prudencia y excepcionalidad que debe tener toda decisión judicial que suspenda actos emanados de la administración pública“.
3. Derecho a la información. Derecho ambiental. Publicidad. Principio de prevención. Principio precautorio. Buena fe.
“[E]l derecho de acceso a la información pública ambiental y el derecho a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas ambientales, están regulados principalmente por la Ley General del Ambiente nº 25.675 (arts. 16/18 información ambiental; arts. 19/21 participación ciudadana), por la ley de presupuestos mínimos sobre acceso a la información ambiental nº 25.831, y por el denominado ‘Acuerdo de Escazú’ (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe), aprobado por la Ley 27.566 (B.O. 19/10/2020). También cabe mencionar al Decreto PEN 1172/2003 sobre Acceso a la Información Pública, que incorpora (entre otras disposiciones) como ‘Anexo I’ el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional.
Este conjunto de normas responde a una serie de principios que deben ser respetados por las autoridades estatales en la gestión de los temas ambientales, entre los que cabe destacar el principio de máxima publicidad, el de transparencia y de rendición de cuentas, el principio preventivo, el principio precautorio, el principio de buena fe, etc. (art. 4 Ley General del Ambiente, art. 3, Acuerdo de Escazú).
Impone también un cúmulo de obligaciones hacia las autoridades estatales y hacia las personas físicas y jurídicas privadas que desarrollan actividades susceptibles de afectar al medio ambiente, que en sustancia están resumidas en los artículos 16 (primer párrafo) y 18 (primer párrafo) de la Ley General del Ambiente…”.
“[D]e las actuaciones administrativas se desprende que las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de ‘máxima publicidad’, que las obliga en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible (art. 6.1 del Acuerdo de Escazú). Estas acciones deben realizarse ‘desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’ (art. 7.4 del Acuerdo de Escazú). No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de ‘medios apropiados’ (escritos, electrónico u orales) como impone el Acuerdo de Escazú (arts. 7.6 y 7.9), de modo de garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental.
Si bien es claro que el proceso de [Evaluación de Impacto Ambiental] ha sido público y de libre acceso a la información, ello no resultaría suficiente de cara a los estándares que actualmente rigen en la materia”.
4. Actos administrativos. Motivación. Control de legitimidad. Derecho de información.
“[N]o se habría dado a conocer suficientemente el contenido de dichos informes, ni las razones que motivaron a las autoridades ambientales a desestimar las observaciones opuestas por las Cámaras y Asociaciones referidas, lo que redundaría no sólo en un déficit de información en esta etapa final del proceso, sino también en una deficiente motivación que afectaría en tanto acto administrativo a la Declaración de Impacto Ambiental contenida en la Res. 436/2021 referida (art. 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos), y a la presunción legal de legitimidad que ésta conlleva (art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos). Se vislumbra, por el contrario, una remisión recurrente a informes técnicos y resoluciones, que resulta insuficiente (prima facie) para tener por satisfechos los estándares de acceso a la información ambiental ya referidos”.
5. Competencia. Competencia federal. Competencia local. Autonomía provincial. Derecho ambiental.
“Si bien se ha dicho que el ejercicio legítimo de las competencias del Estado Nacional no puede afectar la autonomía de las provincias (Fallos: 301:341; cons. 16), criterio que es trasladable a los municipios, lo cierto es que el derecho ambiental obliga a revisar ciertos paradigmas, y en el marco de un ‘federalismo ambiental’, justifica y exige que las decisiones que se adopten y que puedan involucrar a otros órdenes estatales, sean tomadas con la previa participación de éstos. Es decir, que el Estado Nacional tenga el dominio y la jurisdicción sobre los recursos hidrocarburíferos objeto de la exploración, no obsta a su obligación de informar, participar y/o consultar a las provincias o municipios potencialmente afectados sobre las políticas implementadas en éste área. Ello en el marco de un ‘federalismo de concertación’, que en esta materia ya fuera rescatado por Pedro Frías en su recordada disidencia en el caso ‘YPF c. Provincia de Mendoza’ (Fallos: 301:341).
Incluso no debe olvidarse que en la materia ambiental estamos frente a competencias concurrentes (art. 41 CN), lo que obliga a coordinar políticas ambientales, y a maximizar los principios de solidaridad y de cooperación cuando se trate de sistemas ecológicos compartidos y/o de efectos ambientales transfronterizos (art. 4 LGA)”.
“La intervención ‘institucional’ del Municipio no se vería satisfecha con la instancia de la audiencia pública, la que tiene por objeto promover un ámbito de participación ‘ciudadana’. Aquí se trata, vale aclararlo, de la participación del municipio en tanto ‘sujeto político de existencia necesaria’, como lo ha calificado la Corte Suprema de Justicia (Fallos 342:509), que posee un rol en la dinámica federal que no puede ser desatendido”.
6. Evaluación de Impacto Ambiental. Principio de prevención.
“El tercer argumento referido se vincula con las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino”.
“El análisis deficiente, o la ausencia de la previsión de los impactos acumulativos que denuncian los accionantes, derivarían de la existencia de una pluralidad de autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes para realizar exploraciones sísmicas en el Mar Argentino. En esta causa se cuestiona una de ellas, la referida a la exploración de las áreas CAN-100, CAN 108 y CAN 114 otorgada a la empresa Equinor, pero según denuncian los presentantes, existirían otras otorgadas con anterioridad (17 en total), en la Cuenca Malvinas Oeste (MLO), en el Área Austral y en la Cuenca Argentina Norte (CAN)”.
“De lo transcripto se advierte que la empresa Equinor no ofrecería certezas de que no se producirán las superposiciones temporales o territoriales en las tareas de prospección, quedando abierta esa cuestión a una ‘planificación posterior’, lo que de por sí resultaría una explicación insuficiente de cara al principio de prevención que debe regir toda la planificación de exploración sísmica. Recuérdese que este principio apunta a prevenir los daños que sobre el ambiente pueden producir las actividades antrópicas, en los casos en que hay un ‘riesgo cierto’ de que aquellos se produzcan (art. 4 LGA)”.
7. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Informes. Principio precautorio. Principio de prevención. Daño ambiental.
“[S]e encuentra suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho invocado por las y los amparistas, sin perjuicio, claro está, de las explicaciones que brinden el Estado Nacional y la empresa Equinor al tiempo de presentar los informes que se les requerirá en este proceso colectivo.
Las falencias descriptas justifican e imponen la aplicación del ‘principio precautorio’, en cuanto establece que: `Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente´ (art. 4º LGA).
En este sentido ha afirmado la Corte Suprema de Justicia que tanto el principio recién enunciado, como el de prevención del daño ambiental, apuntan a constituir a las medidas cautelares en medios idóneos para hacer efectivos los propósitos y fines perseguidos por el art. 41 de la Constitución Nacional (Fallos: 329:3493, disidencia de los jueces Maqueda y Zaffaroni), y que `deben entenderse las facultades que el art. 32 de la Ley General del Ambiente otorga a la autoridad judicial interviniente con el objeto de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En igual sentido debe interpretarse el último párrafo de ese artículo en cuanto dispone que en cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, que el juez también podrá disponer sin petición de parte, aun sin audiencia de la parte contraria, prestándose debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse (Fallos: 333:748, disidencia de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni) (`Cruz y otros c. Minera Alumbrera Limited y otro´, sentencia del 23 de febrero de 2016, cons. 3º)”.
8. Medidas cautelares. Peligro en la demora. Evaluación de Impacto Ambiental. Principio precautorio.
“En este análisis y en la aplicación de los estándares referidos, también está presente el peligro en la demora hacia el medio ambiente involucrado que conllevaría aguardar al dictado de la sentencia definitiva.
Se hizo referencia anteriormente a que las zonas a explorar integran un ecosistema marino oceánico de alta productividad y diversidad biológica, que se conoce como Ecorregión del Mar Argentino (acápite I’). Del EsIA se desprenden también los efectos potenciales de las operaciones sísmicas en los organismos marinos, lo que obliga a implementar medidas de mitigación sobre bases científicas adecuadas.
El impacto sobre los invertebrados marinos, los peces, los mamíferos marinos, las tortugas marinas y aves marinas, como consecuencia de la exposición al sonido irradiado por una campaña sísmica puede resultar significativo. A modo de ejemplo, en el caso de los mamíferos marinos es susceptible de generar lesiones auditivas temporales y permanentes, desplazamientos, alteración del comportamiento (alimentación, reproducción, descanso, migración), entre otros. Para los peces e invertebrados los daños pueden ser físicos y/o fisiológicos, pueden conducir a un deterioro en la audición que reduzca su aptitud de supervivencia, cambios de comportamiento, e incluso hasta la muerte. Ello se desprende del EsIA, capítulo 7 destinado a la evaluación de los impactos ambientales.
Por ello es que frente a la eventualidad de un perjuicio irreparable derivado de la ejecución de las tareas de exploración, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por resultar aplicable al caso el principio precautorio previsto en el artículo 4º de la Ley 25.675, es que considero que corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada”.
MEDIDAS CAUTELARES; DESARROLLO SUSTENTABLE; MEDIO AMBIENTE; MAR TERRITORIAL ARGENTINO; EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; INTERÉS PÚBLICO; DERECHO AMBIENTAL; PUBLICIDAD; PRINCIPIO DE PREVENCIÓN; PRINCIPIO PRECAUTORIO; BUENA FE; ACTOS ADMINISTRATIVOS; MOTIVACIÓN; CONTROL DE LEGITIMIDAD; DERECHO DE INFORMACIÓN; COMPETENCIA; COMPETENCIA FEDERAL; COMPETENCIA LOCAL; AUTONOMÍA PROVINCIAL; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; INFORMES; DAÑO AMBIENTAL; PELIGRO EN LA DEMORA;
Orazi (causa Nº 3995)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso extraordinario federal y confirmó la sentencia apelada (ministros Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti).
1. Sufragio. Voto. Personas privadas de la libertad. División de los poderes. Plazo razonable. Jurisprudencia.
“[E]l Tribunal coincide con la opinión referida en cuanto a que la condena impuesta por la Cámara Electoral siguió la línea fijada por esta Corte en el precedente de Fallos: 325:524 `Mignone´. Ello se debe a que, en ambos casos, se partió de la base de que el ejercicio efectivo del derecho al sufragio exige una regulación específica, cuyo dictado es resorte exclusivo de otros poderes del Estado.
Asimismo, concuerda en que la fijación de un plazo indeterminado no significa que la sentencia sea meramente declarativa, ni que deje librado su cumplimiento al arbitrio de los órganos estatales competentes. Es que la pauta temporal `a la mayor brevedad posible´ contiene un límite claro, que implica el requerimiento de una conducta urgente que puede ser judicialmente exigida. En efecto, esta Corte ha exhortado al Poder Legislativo en términos similares en distintos precedentes (Fallos: 329:3089 y 339:1562). También ha ejercido su función de supervisión y tuvo por incumplido el mandato judicial cuando consideró que se había agotado el plazo razonable impuesto en la condena (Fallos: 330:4866)” (considerando 4º).
“[D]esde esa comprensión, el Tribunal advierte que la parte recurrente tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena sobre la base del vencimiento de la pauta temporal impuesta en la sentencia apelada; máxime cuando han transcurrido más de cinco años desde que la Cámara Electoral dictó sentencia y el Congreso de la Nación ni siquiera ha dado tratamiento a los diversos proyectos de ley presentados a efectos de implementar el derecho a votar de los condenados…” (considerando 5º).
SUFRAGIO; VOTO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DIVISIÓN DE LOS PODERES; PLAZO RAZONABLE; JURISPRUDENCIA;
Bertone (causa n° 27510)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución recurrida y remitió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que citara al imputado para que ratificase la solicitud de su defensor y luego dictara una nueva decisión (jueces Jantus y Huarte Petite).
1. Tribunales unipersonales. Tribunales colegiados. Derecho de defensa.
“[S]ólo en caso de los delitos cuya escala penal amenazada no exceda de seis años de pena privativa de libertad, resulta obligatorio el juzgamiento unipersonal. Por el contrario, en los demás supuestos en que la pena privativa de libertad amenazada excediese de seis años, debe garantizarse un tribunal colegiado, y en particular para el caso de autos, ello dependerá de la voluntad expresa manifestada por el imputado y su defensor, estableciendo la ley que sólo en caso de silencio al respecto en la oportunidad procesal respectiva se llevará a cabo el juicio de manera unipersonal”.
“Habiéndose la defensa técnica inclinado por el juzgamiento colegiado, no es de presumir que su asistido sostuviese un criterio contrario, por lo cual, ante la duda que de todos modos se desprende sobre dicha conformidad por la falta de suscripción del escrito respectivo, ella debe aclararse requiriéndosele que ratifique o no la postura de su defensor de confianza, pues en definitiva, la duda sobre la clase de tribunal que debe juzgar un caso debe decantarse en principio por el colegiado porque, precisamente, es el que más derechos le acuerda a la persona que va a ser juzgada: por lo menos a tener tres opiniones, garantizándose una deliberación y una diversidad de posturas y matices que expresen criterios que, eventualmente, conduzcan a mejorar su situación procesal, con un margen mayor de probabilidades que en el caso de juzgamiento unipersonal. Lo cual ya no ocurriría en el caso de validarse la decisión recurrida, ocasionándosele un perjuicio definitivo en ese sentido. Por ello es evidente que se ha afectado el derecho del imputado de elegir el tipo de tribunal que la propia ley le da y, por aplicación del art. 167, incisos 1º y 2º, del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde declarar la nulidad de la decisión impugnada y devolver el caso para que se dicte una nueva, luego de haber citado al imputado para que determine si ratifica o no la solicitud de su defensor”.
TRIBUNALES COLEGIADOS; TRIBUNALES UNIPERSONALES; DERECHO DE DEFENSA;
SRS (Causa N° 18645)Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 5 de Cipolleti
El Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 5 de Cipolleti, hizo lugar a la demanda y ordenó la rectificación registral del adolescente conforme a su identidad de género autopercibida (juez Benatti).
1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. LGBTIQ. Derecho a la identidad. Identidad de género. Registro civil. Nombre. Documento nacional de identidad. Interpretación de la ley.
“[L]a ley 26743 establece el derecho a la identidad de género de las personas, y en su art. 2 define que: se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Asimismo autoriza a toda persona a solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida (art. 3), permitiendo sobre la base de la identidad autopercibida el cambio de género ante el registro civil, sin necesidad de intervención quirúrgica ni tratamiento médico ni psicológico alguno.

[L]a ley establece una definición despatologizadora, es decir, que no se basa en un diagnóstico médico, conforme se indica en la última parte del art. 4 de la norma citada. [E]l eje central de la identidad de género gira en torno a la vivencia personal del género tal como cada persona lo siente y vive internamente…”.
“[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría o no corresponder con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones del género con el cual la persona se identifica. Ello en armonía con los Principios de Yogyakarta que definen la identidad de género como ´la vivencia interna e individual del grupo, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones del género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar, y los modales (Informe sobre las personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales´ Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, OEA/ser. L/V/II. Doc. 239,7 agosto 2020. P 24)…”.

2. Covención sobre los Derechos del Niño. Protección Integral de Niños, niñas y adolescentes. Identidad de género. Niños, niñas y adolescentes. Autonomía progresiva. Interés superior del niño. Derecho a ser oído. Documento Nacional de Identidad. Consentimiento. Registro civil. Interpretación de la ley.
“[L]a ley de identidad de género, en su art. 5 determina el procedimiento que deben cumplimentar las personas menores de 18 años, señalando que: ´...la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061´.
Si bien es cierto que conforme la normativa referida, la solicitud del trámite de rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, es una de aquellas situaciones que de acontecer en la minoría de edad de la persona requieren la conformidad de sus progenitores o representantes legales, la última parte de la norma citada autoriza al juez a suplirla, entre otros supuestos, cuando mediare negativa de éstos para prestarla, o cuando su obtención resultare imposible, teniendo para ello en cuenta el Interés Superior del NNyA involucrado…”.
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Código Civil y Comercial de la Nación. Interés superior del niño. Niños, niñas y adolescentes. Principio de dignidad humana. Interpretación de la ley.
“[E]l artículo 706 inc. c) del CCyC impone a los jueces que la decisión que se dicte en procesos que involucren niños, niñas y adolescentes, debe tener en cuenta su interés superior, en un todo de acuerdo con lo establecido por el art. 3 de la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes: ´En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño´, principio además interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que: ´(...)´ el presente caso debe resolverse en base al Interés Superior del Niño, principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades´…”.
“´[L]a regla del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene –al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias–, el efecto de separar conceptualmente aquél interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso llegado el caso, el de los padres, razón por la cual, la coincidencia entre uno y otro interés ya no es algo lógicamente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente que, ante el conflicto, exige justificación puntual en cada caso concreto´ (CSJN Del voto del Dr. Eugenio Zaffaroni, en causa “M. D. H. c. M. B. M. F.”, CS, 29/04/2008, LA LEY, 2008-C, 540.).
Este principio regulador, se encuentra reconocido en el art. 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y establece que: ´En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño´. A su vez ha sido incorporado en el art. 3 de la Ley 26.061, y en el art. 10 de la Ley 4109…”.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; LGBTIQ; DERECHO A LA IDENTIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; REGISTRO CIVIL; NOMBRE; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; AUTONOMÍA PROGRESIVA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A SER OIDO; CONSENTIMIENTO; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;
AJA (Causa Nº 42291)Juzgado Nacional Civil Nro. 83
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 83 desestimó la solicitud de restricción a la capacidad jurídica y dispuso el levantamiento de la inhibición general de bienes que había decretado. A su vez, le ordenó a la obra social del interesado que de manera urgente le brindara un acompañante terapéutico y cubriera sus honorarios (juez Llorente).
1. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Salud mental. Capacidad jurídica. Restricción de la capacidad jurídica. Personas con discapacidad. Tratamiento interdisciplinario. Ajustes razonables. Igualdad. No discriminación. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley aplicable.
“La regla general de presunción del ejercicio de la capacidad jurídica se encuentra plasmada en el Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 31 inc. a), como consecuencia del impacto de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental Nro. 26.657 y la ratificación por el Estado Argentino de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la ley 26.378, la cual al día de la fecha goza de jerarquía constitucional mediante el procedimiento previsto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional al dictarse la Ley 27.044.
Ese último instrumento internacional de derechos humanos recepta el modelo social de discapacidad para el cual las causas que originan la discapacidad son sociales o preponderantemente sociales, donde las limitaciones individuales no son las raíces del problema de la discapacidad, sino más bien […] las limitaciones de la sociedad para asegurar y tener en cuenta adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad en la organización social, como así también para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y en igualdad de condiciones a las demás personas sin discapacidad, a través de la inclusión y de la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. [L]a citada Convención dispone que los Estados deben realizar los ajustes razonables para el cumplimiento pleno del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
[E]l modelo social de la discapacidad impacta en el modo de intervención y abordaje estatal, tanto en lo que respecta al tratamiento como así también en el proceso judicial, en cuanto se propone que […] sea de carácter interdisciplinario, superando así al modelo médico–rehabilitador de abordaje anterior (arts. 31 inc. c y 37 del CCCN, arts. 1, 3, 5, 7 y 9 de la Ley 26657).
La capacidad jurídica de las personas se debe considerar de conformidad a los actos que ésta pueda realizar, a la aptitud y el ejercicio para los mismos, con consideración a su condición de persona como centro de imputación de derechos y en la manifestación de su diversidad, donde a través de la capacidad funcional restante, puede limitar capacidad y adquirir distintas habilidades, o unas y otras de acuerdo a cada sujeto teniendo el valor de un fin en sí mismo […]”.
2. Prueba. Informe pericial. Cuerpos técnicos periciales. Igualdad. Tratamiento interdisciplinario. Sistemas de apoyo.
“[E]n lo que respecta a la evaluación pericial en materia de ejercicio de la capacidad jurídica, ésta también debe ser proclive a la identificación y señalamiento de las medidas que se consideren necesarias para alcanzar la igualdad de hecho por parte de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que muchas veces este colectivo de personas es cuestionado en el valor de su palabra y de su voluntad: `los peritos han de trazarse la meta de poner a disposición del juez la información, en calidad y cantidad suficiente, al menos sobre: 1) las funciones y tipos de actos en los que necesita ser asistida; 2) los recursos del contexto próximo que pueden ser aprovechados en la configuración de las medidas de apoyo; y 3) las necesidades que requieren ser suplidas mediante otro tipo de decisiones y acciones positivas por parte del juez´ […].
`[U]na pericia en la que es necesario pronunciarse sobre la salud mental de una persona debe ser entendida como la aproximación a sucesos particulares a fin de conocerlos y dar cuenta de los mismos, sin que ello pueda suponer la ubicación de una esencia o identidad estática de esa persona, sino más bien el reconocimiento de la realidad de un sujeto que se encuentra atravesando un momento particular en su historia de vida´...”.
3. Audiencia. Vulnerabilidad. Voluntad. Principio de dignidad humana. Autonomía. Libertad. Derecho a la privacidad. Expediente. Archivo.
“[L]os lineamientos esgrimidos por la ley de Salud Mental 26657, en que solo corresponde intervenir en aquellos casos o situaciones en que exista un perjuicio concreto o un estado de vulnerabilidad tal que justifique la intervención institucional; caso contrario, resultaría una violación de ciertos derechos personalísimos que corresponden a la esfera privada de la persona.
Consecuentemente, tal como establece la Ley Nacional de Salud Mental en concordancia con los presupuestos que surgen de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, es obligatorio preservar la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y en su caso, establecer un sistema de apoyaturas y salvaguardas, no pudiendo oponerse jurisdiccionalmente un régimen sustitutivo de la voluntad ni representación alguna cuando la persona puede manifestar su voluntad o preferencia”.
“[El hombre involucrado] ha expresado en el marco de la sustanciación del presente proceso (fundamentalmente, en oportunidad de llevarse a cabo la evaluación interdisciplinaria por medio del equipo técnico de la Defensoría Pública Curaduría y en ocasión de celebrarse la entrevista personal que regula el art. 35 CCyCN) su intención de que no se le restrinja el ejercicio de la capacidad jurídica para ningún acto y, por consiguiente, que no se le designe un sistema de apoyo jurídico y se cierre el expediente judicial de manera definitiva.
[Resulta] innecesaria la continuidad del presente proceso de determinación de la capacidad en el entendimiento que ello no se condice con la Ley de Salud Mental y los principios en los que ella se funda, tales como el reconocimiento del respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad y la independencia de las personas...”.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SALUD MENTAL; CAPACIDAD JURÍDICA; RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; AJUSTES RAZONABLES; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; LEY APLICABLE; PRUEBA; INFORME PERICIAL; CUERPOS TÉCNICOS PERICIALES; SISTEMAS DE APOYO; AUDIENCIA; VULNERABILIDAD; VOLUNTAD; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; AUTONOMÍA; LIBERTAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD; EXPEDIENTE; ARCHIVO;
AML (Causa N° 1050)Juzgado Civil en Familia y Sucesiones, Única Nominación de Tucumán
El Juzgado Civil en Familia y Sucesiones Única Nominación de Tucumán hizo lugar a la demanda y reconoció la filiación extramatrimonial de las dos mujeres con respecto a su hijo. Además, ordenó la inscripción registral del nacimiento del niño (jueza Rey Galindo). 1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Nacimiento. Hijos extramatrimoniales. Derecho a la identidad. Documento Nacional de identidad. Partida de nacimiento. Registro Nacional de las personas. Inscripción registral. Responsabilidad del Estado. Técnicas de reproducción humana asistida. Técnicas de inseminación casera (TIC). “[L]a Convención de los Derechos del Niño prevé, en su artículo 7, que todo niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CorteIDH) señaló, en la Opinión Consultiva Nº 24/17, que el ejercicio del derecho a la identidad es indisociable de un registro y de un sistema nacional efectivo, accesible y universal que permita proporcionar materialmente a las personas los documentos que contengan los datos relativos a su identidad, tomando en cuenta de forma particular que el derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como de un derecho que es esencial para el ejercicio de otros derechos de naturaleza política, civil, económica, social, cultural. [H]ay un derecho a la inscripción después del nacimiento y un deber del Estado de tomar las provisiones necesarias para este fin. El registro de nacimiento se convierte así en un instrumento primario y punto de partida para ejercer la personalidad jurídica ante el Estado y los particulares y actuar en condiciones de igualdad ante la ley (artículo 3 de la CADH ; artículo 51 y 62 del CCCN). [L]a denegatoria de la inscripción inmediata del nacimiento del niño, como hijo extramatrimonial de la [pareja de mujeres], fruto de la voluntad procreacional y con el uso de las técnicas de inseminación casera (TIC), carece de todo fundamentos éticos, moral y jurídicos. La probable exigencia que hiciera el Registro para que se denuncie al padre o se identifique al donante de gametos masculino sería absolutamente infundada. Tales requisitos no se encuentran entre los que corresponden a esta fuente filial (voluntad procreacional) pero con asistencia médica (TRHA). [L]a denegatoria de la inscripción inmediata de [el niño] por parte del Estado Argentino, y el reconocimiento de su personalidad jurídica, atenta principalmente contra su dignidad humana (art. 51 del CCCN), luego, contra el derecho a obtener la nacionalidad por haber nacido en este territorio. En su caso, el Registro Civil y de Capacidad de las personas (como expresión del Estado) debió adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar que [el niño], en tanto persona física, pudieran acudir al reconocimiento de ―su existencia, con la anotación de su nombre y la identificación de sus progenitoras (co-maternidad), aunque sea de forma provisoria. Puesto que [el niño], en tanto sujeto de derechos, goza de la tutela preferente del Estado (art. 4 de la CDN), razón por la cual el Registro debió instrumentar, hasta el máximo de los esfuerzos posibles, los procedimientos pertinentes que logren materializar la identidad e identificación de éste ciudadano menor de edad…”. “[E]l Registro Civil y de Capacidad de las Personas […], como organismo del Estado, tiene la obligación no solo de facilitar y colaborar con la identificación y registración de los niños nacidos en esta República, sino de garantizar los procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial (artículo 11, 12 y 13 de la ley 26.061 en concordancia con la Ley 24.540). [E]l RegistroCiv omitió toda observación a la Constitución Nacional. Vulneró el derecho fundamental de este niño a estar inscripto de pleno derecho e inmediatamente después del nacimiento y con ello ser reconocido por la ley como un ciudadano argentino y disfrutar de los demás derechos económicos, sociales y culturales (CN art. 8, 16, 28, 75 inc. 228)…”. 2. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Técnicas de inseminación casera. Voluntad procreacional. Constitución Nacional. Código Civil y Comercial de la Nación. Protección integral de la familia. No discriminación. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la identidad. “[L]a TIC es un procedimiento que consiste en realizar la inseminación directamente desde casa, sin intervención de centros clínicos o profesionales de la salud, es decir, una autoinseminación. La propia mujer (o su pareja) es la encargada de inyectar la jeringa con el semen en el tracto reproductivo, de forma similar a una relación sexual. La TRHA, en contraposición con la anterior, implica la manipulación de los espermatozoides y óvulos o de los embriones en un laboratorio (in vitro) con el objetivo de lograr un embarazo. [E]n ambos casos (TIC y TRHA) el elemento central sobre el que se construye la determinación de la filiación de los nacidos mediante el empleo de estas técnicas (legisladas u omitidas), es la voluntad procreacional. Vale recordar que la voluntad procreacional es la decisión, de querer llevar adelante un proyecto parental, conjuntamente con otra persona o bien en el marco de una familia monoparental. La diferencia radical —desde la perspectiva jurídica, […], puesto que desde la ciencia médica podrían ser múltiples— entre una y otra práctica estaría dada por la preexistencia de esa voluntad procreacional debidamente plasmada en el consentimiento anterior, informado y libre de la persona que accede a esos procedimientos…”. “[J]uega un rol preponderante el valor de dos institutos esenciales del CCCN: las relaciones familiares y la filiación. Para el primero, es impostergable la mirada democratizada de las familias de tanto peso en nuestros días, dado que en la amplitud de los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional se refiere de manera general a la protección integral de la familia, sin limitar esta noción (de carácter sociológico y en permanente transformación) a la familia matrimonial y heterosexual intacta (artículo 17 CADH). Por otro lado, también es obligada la mirada convencional del instituto de la filiación y sus modificaciones sustanciales (de carácter genético o socioafectivo). Las 3 fuentes admitidas, por aplicación de los principios constitucionales de fundar una familia gozan del reconocimiento de las diversas formas de organización familiar y el principio de igualdad y no discriminación…”. “[C]omo contracara de esta técnica (TIC), queda reservado para [el niño] el derecho siempre latente a tener la información sobre las circunstancias de su origen, concepción y nacimiento. Puesto que, es un derecho intrínseco a su historia de vida (artículos 1, 2, 3, 4, 11 y ccs de la CADH14). El derecho a conocer sus orígenes —cuestionado o no desde los claustros académicos—, en este caso, y por la singularidad de las condiciones es un derecho subyacente del niño. Toda vez que, por el principio de realidad, solo contando con esa información sabrá cómo posicionarse ante la dimensión jurídica de su vida…”. 3. Corte Interamericana de Derechos humanos. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Técnicas de inseminación caceras. Interpretación de la ley. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la identidad. Nombre. Inscripción registral. LGBTIQ. “[L]a TIC no está contemplada como fuente filial (art. 558 CCCN20). Tampoco está prohibida (art. 19 CN21). De una interpretación armónica de las fuentes del derecho (art. 1, 2, 3 CCCN22) y a la luz del derecho constitucional—convencional en vigencia, no concibo posible que el origen o causa de la filiación de [el niño], y el modelo de constitución familiar homoparental no matrimonial, coloque a estas madres y su hijo en algún plano de desigualdad legal o al margen del sistema jurídico vigente. Obligatoriamente [se debe] interpretar las normas en el sentido de no limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención, o bien de excluir o limitar el efecto que puedan producir (artículo 29 de la CADH , articulo 15 del Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 19 de la CN, CDN)…”. “[E]l criterio asumido por la CorteIDH cuando afirma que para la interpretación del derecho interno de los Estados partes, debe tenerse presente el objeto y fin de la Convención Americana, que no es otro que la ―protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, a propósito de lo cual fue diseñada para proteger los derechos humanos de las personas frente a su propio Estado o a cualquier otro. Todo lo cual tiene como efecto que la interpretación de las normas internas […]deba desarrollarse a partir de un modelo basado en valores que el sistema interamericano pretende resguardar, desde el mejor ángulo para la protección de la persona: [el niño y sus madres]…”. “[E]l ´interés superior del niño´ no es un concepto nuevo. El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la CDN y el desarrollo holístico del niño. La plena aplicación del concepto de interés superior del niño […] exige adoptar un enfoque basado en los derechos de [el niño], a fin de garantizar su identidad, su integridad física, psicológica, moral y espiritual como así también promover su dignidad humana. En este caso, el interés superior de [el niño] es la consideración especial (artículo 3 y 4 de la CDN) que obliga al Estado a garantizar —sin perjuicio de las complejidades antes explayadas— su derecho a estar inscripto; a tener la filiación correspondiente; a llevar el nombre y apellido elegido por sus madres y a conocer su origen (el derecho a la verdad)…”.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NACIMIENTO; HIJOS EXTRAMATRIMONIALES; DERECHO A LA IDENTIDAD; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; PARTIDA DE NACIMIENTO; REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER); INSCRIPCIÓN REGISTRAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); TÉCNICAS DE INSEMINACIÓN CASERA (TIC); FILIACIÓN; VOLUNTAD PROCREACIONAL; CONSTITUCION NACIONAL; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; NO DISCRIMINACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; NOMBRE; LGBTIQ;
MRL (Causa N° 10636)Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia (jueces Lugones y Barral).
1. Acción de amparo. Admisibilidad. Medidas cautelares. Principio de congruencia. Interpretación de la ley. Vigencia de la ley. Ley aplicable. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Tal limitación, sin embargo, infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde ´decir el derecho´ (iuris dictio ó jurisdicción) de conformidad con la atribución ´iura curia novit´ (Doct. causa Monteagudo Barro, Roberto Jose Constantino c/ Banco Central de la República Argentina s/ Reincorporacón).
Asimismo, es dable señalar que, conforme lo ha puntualizado el Alto Tribunal en reiteradas ocasiones, el mencionado principio ´iuria curia novit´ faculta al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes (Fallos: 329:4372, 333:828 y 300:1034).
Sumado ello, hay que ponderar que las medidas precautorias crean un estado jurídico provisional susceptible de revisión y modificación en cualquier etapa del juicio, al variar los presupuestos determinantes de la traba (CNCiv., Sala A, ´Oliva, Antonio c/ Yusefoff de Levitzky´. Rta. el 30/06/1992)…”.
2. Derecho a la salud. Enfermedades poco frecuentes. Tratamiento médico. Personas con discapacidad. Obras sociales. Medidas cautelares. Tutela judicial efectiva.
“[L]as cuestiones debatidas en autos giran en torno a prestaciones médicas indicadas a una persona con una Enfermedad Poco Frecuente, por lo que se debe considerar que el transcurso del tiempo es susceptible de traer aparejadas distintas modificaciones en el ámbito terapéutico, atento el avance de la enfermedad (Arg. CNACCFed., Sala II, Causa n° 4582/2013, Rta. El 6/11/2017).
En tal sentido, es dable recordar que las Enfermedades Poco Frecuentes ´son aquellas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población en general. Se consideran EPF cuando afectan a una persona cada 2.000 habitantes. En su mayoría son de origen genético, crónicas, degenerativas y, en muchos casos, pueden producir algún tipo de discapacidad. Una gran cantidad son graves y ponen en serio riesgo la vida de los pacientes si no se las diagnostica a tiempo y se las trata de forma adecuada´ (Confr. Resolución N° 641/2021 del Ministerio de Salud de la Nación, B.O. 12/02/21).
En la misma línea de razonamiento, el artículo 6 de la ley 26.689, que promueve el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, prescribe que ´las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afilados independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con EPF, incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la autoridad de aplicación´. A su vez, en su artículo 7 dispone que ´el Ministerio de Salud (...) debe promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales para proveer atención integral de la salud a las personas con EPF, que no estén comprendidas en el artículo 6´ (Confr. CNACCFed, Sala III, causa 11.843/2006, del 23/10/18)…”.
“[N]o puede obviarse que la medida precautoria, en los términos fijados precedentemente, es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende, que compromete la salud, integridad física e inserción social de las personas con discapacidad (Cfr. CNACCFed., Sala 1, causa 1.593/16, del 5/3/2018). Ello, sin que importe otorgar a la presente el carácter de una declaración anticipada sobre el fondo de asunto…”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; MEDIDAS CAUTELARES; PRINCIPIO DE CONGRUENCIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VIGENCIA DE LA LEY; LEY APLICABLE; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; DERECHO A LA SALUD; ENFERMEDADES POCO FRECUENTES; TRATAMIENTO MÉDICO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; OBRAS SOCIALES; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Cancino (causa Nº 3058)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la decisión (jueces Castellanos, Sola Espeche y French).
1. Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. Jurisprudencia.
“[E]l Alto Tribunal admitió que los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos –como los aquí involucrados– se encuentran contemplados en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional y pueden ser objeto de tutela en el marco de acciones colectivas. Ello, en la medida en que, quien persiga su protección, demuestre: la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los `efectos comunes´ para toda la clase involucrada; y que de no reconocerse legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir […].
También la Corte sostuvo que para la admisión formal de toda acción colectiva se requiere la identificación precisa del grupo o colectivo afectado (`Halabi´  Fallos: 332:111, considerando 20), pues resulta razonable exigir a quienes pretenden iniciar este tipo de procesos una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes, de forma tal que resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del trámite, tanto la existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus miembros […]”.
2. Acción de amparo. Derecho a la salud. Derechos de incidencia colectiva. Legitimación activa. Requisitos de la demanda.
“[N]o se exige de quien promueve la acción la identificación de cada persona representada –como pretende la demandada– sino una caracterización suficiente de los integrantes del grupo a fin de que se pueda corroborar la existencia del colectivo y sus miembros…”.
“Es verdad que pudieron deslizarse en el resolutorio apelado […] algunas expresiones de cierta vaguedad o imprecisas, que parecieran hacer alusión indistinta a los afiliados del PAMI de Orán o de Hipólito Yrigoyen, identificándolos asimismo con los socios del Centro de Jubilados `San Joaquín´, y que de igual modo se hubo aludido a las dificultades vivenciadas por afiliados de la demandada en Hipólito Yrigoyen, tanto como las verificadas respecto de los domiciliados en la ciudad de Orán. Pero ello no supone un inconveniente para determinar el universo de beneficiarios sobre los que recae la decisión cuestionada, siendo de destacar que menos aún puede invocarse por parte del Instituto que ostenta el control del padrón de afiliados a los que debe proveer cobertura”.
“[D]ebe señalarse que no se desatiende que el fin perseguido mediante la definición del universo de sujetos alcanzados por el proceso colectivo no se circunscribe a aglutinar planteos semejantes en un único proceso, sino evitar que se incluya a quienes, por cualquier razón, podrían no querer integrar el consorcio litigioso. Sin embargo, dadas las particularidades del caso, es razonable descartar la posibilidad de que exista algún desacuerdo con que se ordene al PAMI a realizar gestiones para ampliar su atención prestacional en Hipólito Yrigoyen, extremo éste que incluso no podría serle cercenado si decidiera hacerlo por propia iniciativa.
En síntesis, el colectivo al que representa [el recurrente] se encuentra claramente identificado, sin que interese aquí […] quiénes son las personas que individualmente integran el centro de jubilados, ni las necesidades específicas que cada una tiene, pues se denuncia un hecho único como causante de la lesión que invocan, la pretensión está concentrada en los `efectos comunes´ y, de no reconocerse legitimación procesal al accionante, podría comprometerse el acceso a la salud del colectivo aquí representado”.
ACCION DE AMPARO; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; JURISPRUDENCIA; DERECHO A LA SALUD; LEGITIMACIÓN; REQUISITOS DE LA DEMANDA;
Argañaraz (causa N° 41492)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala de Feria A
La Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró la nulidad del auto de procesamiento y revocó la disposición que obligaba a la defensa a informar todos los meses acerca del estado de salud del hombre (jueza Laiño y juez Rodríguez Varela).
1. Incapacidad sobreviniente. Salud mental. Suspensión del proceso judicial. Personas con discapacidad. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Informe pericial. Debido proceso.
“[L]a situación [del imputado] se encuentra bajo el amparo de la Ley de Salud Mental –Ley 26.657– y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –Ley 26.378–, instrumentos que regulan con suma precisión los principios generales de abordaje del colectivo de pacientes con discapacidad psicosocial (art. 75 inc. 22 CN).
En este contexto, al momento de resolver, la magistrada [que dispuso el procesamiento] se encontraba impedida […] de emitir un pronunciamiento de fondo […], pues tal como en la misma decisión lo reconoce, en base a los informes médicos producidos, el imputado se encuentra incapacitado procesalmente para continuar en proceso en los términos establecidos por el artículo 77 del ordenamiento ritual (voto de la jueza Laiño)”.
2. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso judicial. Acusación. Derecho de defensa.
“[E]l verdadero motivo de la suspensión prevista en el artículo 77 del CPPN obedece a que, en tales casos, el enfermo no se encuentra en condiciones de comprender la naturaleza de la acusación que se le formula y, por consiguiente, tampoco lo está para oponer una adecuada defensa desde el punto de vista material, tanto en lo relativo a la existencia del hecho que originó las actuaciones, su intervención en el mismo, como en lo concerniente a la corroboración de los distintos aspectos que lo convierten en un ´injusto´ (típico y antijurídico) atribuible objetiva y subjetivamente”.
“[D]ebe tenerse presente que la incapacidad para defenderse no puede ser suplida por el abogado defensor, ello por cuanto el abogado no puede actuar autónomamente sino como mero asesor letrado de una decisión que debe ser tomada exclusivamente por el imputado. Ambos funcionan como un binomio, el primero en virtud de su derecho de defensa material y el segundo llevando a cabo la defensa técnica, que actúa como complemento de la autodefensa, su actuación no consume ni sustituye aquella (voto de la jueza Laiño)”.
3. Incapacidad sobreviniente. Proceso penal. Derecho de defensa. Principio de contradicción. Arbitrariedad. Nulidad.
“[R]esulta contrario al derecho de defensa y a los derechos que lo conforman –entre ellos, el derecho de hallarse presente en el proceso y el derecho a ser oído y en ese contexto asegurar las reglas del contradictorio–, la tramitación de un proceso penal contra una persona desde el momento en que se constata su incapacidad para ejercer con eficacia y plenitud su derecho de defensa. Bajos estos parámetros se impone la declaración de nulidad de la decisión examinada al advertirse la existencia de los vicios lógicos (art. 123 del CPPN) (voto de la jueza Laiño)”.
“[E]l procesamiento dictado respecto [del imputado] merece ser tachado de nulidad en la medida que se advierte una afectación al derecho de defensa, dada por el cercenamiento de su derecho a cuestionar el agravamiento de su situación procesal –tal como la normativa lo prevé– por presentar una incapacidad sobreviniente que motivó la suspensión del proceso a su respecto (artículos 77, 167 inciso 3º y 311 del CPPN) (voto del Juez Rodríguez Varela)”.
4. Incapacidad sobreviniente. Control de internación. Salud mental. Informes. Justicia civil. Ministerio Público de la Defensa. Autonomía.
“[S]e considera que asiste razón a la defensa pues, en el caso, la obligación impuesta excede los preceptos establecidos en la Ley 27.149 que le otorga autonomía e independencia técnica en la gestión de sus casos. Tampoco puede ser asimilada a un compromiso cautelar o a la imposición de una obligación procesal bajo condición, donde la defensa oficia como reaseguro técnico de pautas de conducta u obligaciones en rigor dirigidas al imputado”.
“[H]abiendo quedado firme la intervención del fuero civil en el control del estado de salud del causante, corresponde a la Sra. Jueza de grado la actualización de la información para realizar un seguimiento del estado de salud [del imputado] y así determinar la vigencia de la suspensión ordenada, recurriendo a la asistencia de los galenos del Cuerpo Médico Forense que fueron, justamente, quienes informaron la incapacidad sobreviniente (voto de la jueza Laiño)”.
“Se trata de una actividad jurisdiccional, expresamente impuesta en el artículo 77 del CPPN, por lo que la actualización de la información para realizar un seguimiento del estado de salud [del imputado] a los fines de determinar la vigencia de la medida, deberá ser efectuada por la juez a quo, con el auxilio Cuerpo Médico Forense al que el imputado deberá asistir de manera trimestral (voto del juez Rodríguez Varela)”.
INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; SALUD MENTAL; SUSPENSIÓN DEL PROCESO JUDICIAL; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INFORME PERICIAL; DEBIDO PROCESO; ACUSACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; PROCESO PENAL; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; ARBITRARIEDAD; NULIDAD; CONTROL DE INTERNACIÓN; INFORMES; JUSTICIA CIVIL; MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA; AUTONOMÍA;
ACIJ (Causa 175688)Tribunal de Impugnación de Salta, Sala III
La Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta hizo lugar a las medidas cautelares. En ese sentido, impuso al Estado provincial que nombre facilitadores culturales en los hospitales cabecera y establezca albergues en las cercanías para la atención integral tanto de los niños, niñas y adolescentes indígenas como de sus familias en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y en Salta capital. Asimismo, respecto de la cuestión de fondo, el tribunal se declaró incompetente. En consecuencia, dispuso elevar las actuaciones a la Corte de Justicia de Salta en virtud de su competencia originaria y la existencia de otro amparo colectivo de posible conexidad (juez Barrionuevo).

1. Reglamentación de la ley. Facultad reglamentaria. Presupuestos provinciales. Legislatura provincial. Constituciones provinciales. Demandas contra el Estado. Acción de amparo – actos u omisiones de autoridades públicas. Procesos colectivos. Competencia originaria.
“[E]l art. 144, inc. 3 de la C.P. pone en cabeza del Sr. Gobernador de la Provincia la potestad reglamentaria. Del mismo es atribución y competencia del Poder Legislativo (ambas cámaras) la sanción de la ley de presupuesto general. [E]s competencia originaria de la Corte de Justicia conocer y decidir sobre los amparos contra omisiones y acciones del Titular del Poder Ejecutivo y las decisiones de ambas Cámaras –art. 153 apartado II letra e) de la C.P.–, lo que implica que la presente acción colectiva debe tramitar ante el máximo tribunal provincial...”.
“[E]l tipo de decisiones que se pretenden en esta acción implican la declaración de incompetencia […] para entender en los presentes obrados. Que a ello también se suma la existencia de un proceso colectivo anterior con objeto y colectivo vulnerable congruente, por lo que corresponderá que el Tribunal Competente eventualmente defina la unión o no de los procesos…”.
2. Poder ejecutivo provincial. Medidas de acción positiva. Constituciones provinciales. Salud pública. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Pueblos indígenas. Interculturalidad. Niños, niñas y adolescentes.
“[S]e plantea la necesidad de establecer políticas públicas de salud especialmente diseñadas con el paradigma de la interculturalidad a favor de niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas de los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria […].
[C]orresponde aplicar el criterio ya establecido por la CJS: `En tal contexto, es menester recordar que la Provincia de Salta es representada legalmente por el titular del Poder Ejecutivo, quien, además, dirige y formula sus políticas, es jefe de la Administración centralizada y descentralizada y es el único órgano estatal que ejerce, `lato sensu´, función gubernativa; así lo dispone el art. 140 de la Carta Fundamental –el que debe interpretarse armónicamente con el art. 144 del mismo cuerpo normativo– […]. Bajo tales presupuestos, si bien no se desconoce que algunas de las obligaciones legales que se atribuyen a la Provincia de Salta corresponden a cometidos propios del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, resulta incontestable que el diseño de las políticas públicas en pos de la garantía de los derechos relativos a las comunidades indígenas antes mencionados, pone en evidencia la voluntad política del Gobierno Provincial representado por su Poder Ejecutivo. Es que la responsabilidad del jefe ejecutivo resulta independiente, activa, real, ejerce por sí la suma de su poder político, distribuyendo su acción administrativa general entre los jefes secundarios, cabezas de cada departamento …”.
3. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud. Asistencia médica. Pueblos Indígenas. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. Ley aplicable.
“[L]a Ley Provincial N° 7856 establece en su artículo 2° la figura de los `Facilitadores Interculturales Bilingües´ necesarios para la cobertura de los hospitales, a efectos de permitir una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atención y contención y en el artículo 3° el aseguramiento de ´albergues institucionales de tránsito´, dentro del ejido hospitalario, para brindar hospedaje, manutención y acompañamiento integral al paciente originario y su familia, mientras sea necesaria su permanencia por motivos estrictamente vinculados a su atención de salud...”.
“[E]n este caso [debe valorarse] la verosimilitud de la omisión de designar facilitadores interculturales y la existencia de albergues para las personas provenientes de los pueblos originarios. Del informe se desprende la existencia de agentes sanitarios originarios en algunas localidades del interior, pero no la existencia del servicio legalmente establecido en los nosocomios de cabecera o referencia en cada uno de los departamentos en emergencia sociosanitaria. No se informe tampoco que existan albergues para los familiares de niños/as o adolescentes derivados. Surge también claro el peligro en la demora, ello por la propia situación de emergencia constatada y definida por el Estado Provincial, a lo que debe sumarse la situación estacionaria estival y las enfermedades endémicas de la zona y del Covid 19…”.
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY; FACULTAD REGLAMENTARIA; PRESUPUESTOS PROVINCIALES; LEGISLATURA PROVINCIAL; CONSTITUCIONES PROVINCIALES; DEMANDAS CONTRA EL ESTADO; ACCION DE AMPARO-Actos u omisiones de autoridades públicas; PROCESOS COLECTIVOS; COMPETENCIA ORIGINARIA; PODER EJECUTIVO PROVINCIAL; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; SALUD PÚBLICA; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; PUEBLOS INDÍGENAS; INTERCULTURALIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO A LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; VULNERABILIDAD; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; LEY APLICABLE;
Diez (Causa N° 1610)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la resolución impugnada (Ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).
1. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Sentencia definitiva. Sentencia equiparable a definitiva. Principio de progresividad.
“[L]as resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal, salvo cuando dicho sometimiento pudiera provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior” (Considerando 4).
“[E]l caso de autos debe ser incluido en esas excepciones, toda vez que el reclamo del apelante exige una consideración inmediata para su adecuada tutela en tiempo oportuno. [E]llo es así toda vez que el nombrado ha sostenido un agravio dirigido a evitar la desnaturalización de reglas procesales estructurales vinculadas, en esta oportunidad, con la operatividad del derecho legalmente previsto al doble conforme del auto de procesamiento (artículo 311, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación), cuestión que no podrá ser subsanada posteriormente.
[D]e acuerdo con la ley procesal aplicable al caso, a partir [del auto de procesamiento] y de conformidad con el principio de progresividad, la dinámica propia de esta etapa preliminar del proceso penal impedirá una revisión posterior eficaz del agravio” (Considerando 5).
2.  Concesión del recurso extraordinario. Excepciones. Arbitrariedad. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de legalidad. Doble conforme.      
“[E]s posible hacer excepción a [la regla del no otorgamiento de la apelación extraordinaria de decisiones sobre la improcedencia de recursos] con base en la doctrina de la arbitrariedad, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, cuando la decisión apelada frustra el alcance de la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea o suficiente” (Considerando 6).
“[T]al es la situación que se ha configurado en este expediente, toda vez que el tribunal a quo declaró inadmisible el recurso de esa especialidad interpuesto por la defensa, sin hacerse cargo de evaluar y abordar debidamente los planteos oportunamente formulados por el recurrente.
En efecto, el a quo, por medio de una fórmula dogmática y sin atender a la sustancia real del cuestionamiento efectuado —vinculado con el respeto por el derecho al doble conforme allí donde ha sido establecido y que fuera fundado, esencialmente, en las reglas que surgen de tratados internacionales de derechos humanos— se limitó a declarar inadmisible la impugnación por considerar, con base en los motivos antes reseñados, que la resolución recurrida no encuadraba en los supuestos previstos en el artículo 457 del ordenamiento adjetivo” (Considerando 7).
“[N]o se satisface [el mandato del artículo 18 de la Constitución Nacional] con la mera realización de un proceso previo cómo presupuesto para la aplicación de una pena, sino que, además, ese juicio debe ajustarse y ser tramitado de conformidad a una ley anterior al hecho del proceso que al mismo tiempo faculte y limite al Estado en el ejercicio de la coacción procesal” (Considerando 9).
RECURSO EXTRAORDINARIO; ADMISIBILIDAD; SENTENCIA DEFINITIVA; SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; CONCESIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO; EXCEPCIONES; ARBITRARIEDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DOBLE CONFORME;
Reynal (Causa n° 1875)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible la queja y dejó sin efecto la resolución impugnada. Además, ordenó que los autos volvieran al tribunal de origen para que dictara un nuevo fallo (voto de los ministros Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda).
1. Sentencia equiparable a definitiva. Cosa juzgada. Prescripción. Non bis in idem.
“[E]ste Tribunal tiene establecido que las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no resultan, por regla, revisables en esta instancia extraordinaria, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación […]. Sin embargo, también ha dicho que corresponde hacer excepción a dicha regla cuando la resolución impugnada, por sus efectos, es susceptible de generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, por lo que se requiere su tutela inmediata…”.
“[E]l auto apelado configura esa situación excepcional, ya que de quedar firme lo resuelto, quedarían sin efecto actuaciones regularmente realizadas en un juicio criminal en las que el imputado quedó desvinculado definitivamente –con base en la causal de prescripción de la acción penal– ya que, a partir de la doctrina sentada [‘Mazzeo’], la cosa juzgada quedaría ipso jure removida con la categorización de los hechos como de lesa humanidad que se entiende declaró el auto apelado”.
“[C]abe equiparar el auto apelado a sentencia definitiva ya que, en tanto lo resuelto supuso admitir la configuración en el caso del delito de lesa humanidad, el agravio del imputado que recurre aparece vinculado al respeto de la cosa juzgada con el fin de lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal, cuyo rango constitucional ha sido reconocido por la Corte [‘Álvarez’] […] y que quedaría comprometido de quedar firme una categorización en términos de lo resuelto” (considerando 11°).
2. Debido proceso. Derecho de defensa. Cuestión federal. Arbitrariedad. Admisibilidad.
“[S]i bien lo atinente al alcance de la competencia de los tribunales de alzada cuando conocen por vía de los recursos deducidos ante ellos no constituye, en razón de su carácter fáctico procesal, cuestión federal que justifique el otorgamiento de la apelación extraordinaria, ello es así con excepción de supuestos de arbitrariedad en la inteligencia de que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio…” (considerando 13°).
3. Delitos de lesa humanidad. Prueba. Arbitrariedad.
“[H]abrá de descalificarse lo decidido por el a quo en cuanto a la categorización del caso como de lesa humanidad que hizo valer al acoger la pretensión del querellante particular sobre que la prueba reunida resultaba suficiente para proceder de acuerdo a su pretensión.
Lo así resuelto solo es producto de una afirmación dogmática sin una mínima argumentación sobre las razones de hecho y de derecho en que se sustenta, y sin ponderar las diversas razones por las cuales la cámara de apelaciones había entendido –más allá de su acierto o error– que la prueba reunida era insuficiente para acoger la categorización pretendida por el querellante particular.
Por el contrario, el auto apelado denota un apego –de modo exclusivo y excluyente de otras consideraciones– a la ‘pretensión’ del querellante particular con base a referencias harto vagas que tampoco incluyen una mínima delimitación de su contenido y alcance ni del modo en que lo resuelto incidiría en ello…” (considerando 14°).
“[A] la luz de lo expuesto, y sin que ello importe adoptar una posición acerca de si corresponde, o no, caracterizar a los delitos investigados en el sub examine como de lesa humanidad, se descalificará el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal por no cumplir con la exigencia que demanda que las sentencias constituyan una derivación razonada del derecho vigente […]. En consecuencia, se devolverán estas actuaciones para que, por quien corresponda, y haciendo uso de las facultades de ordenación del proceso, se dé cumplimiento en el menor plazo posible con lo aquí dispuesto teniendo en cuenta la especial naturaleza y problemática que presenta el caso” (considerando 15°).
SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA; COSA JUZGADA; PRESCRIPCIÓN; NON BIS IN IDEM; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CUESTIÓN FEDERAL; ARBITRARIEDAD; ADMISIBILIDAD; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; PRUEBA;
Flores Duran (causa N° 1972)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar de manera parcial a la impugnación y condenó al imputado a la pena de dos años de prisión en suspenso por considerarlo coautor del delito de transporte de estupefacientes en grado de tentativa (voto unipersonal de la jueza Ledesma).
1. Fundamento del recurso. Motivación. Código Procesal Penal. Reforma legal. Doble conforme.
“[E]n tanto el Fiscal General se opuso a que fueran considerados los nuevos agravios introducidos por la defensa durante la audiencia, habré de señalar que el art. 362 del CPPF, en función del derecho al recurso en cabeza del imputado, permite la ampliación de fundamentos en esta instancia procesal, interpretación que no solo es coherente con los arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCYP sino también con la doctrina que emana de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ‘Catrilaf’ (c.2979.XLII, 26 de junio de 2007), ‘Concha’ (C.1223.XLIII, 20 de agosto de 2008) y ‘Rodríguez’ (R.764.XLIV, 9 de marzo de 2010)”.
2. Transporte de estupefacientes. Tentativa. Tipicidad. Principio de ejecución.
“[L]a acción de transportar estupefacientes sólo podrá considerarse consumada cuando el agente cumpla con la totalidad del recorrido preconcebido en su plan (obtención del fin típico planeado a través de los medios utilizados por el autor […]) y, por ende, la mera acción de transportar que se ve interrumpida por la interferencia de terceros, constituye un supuesto de tentativa, desde que, si bien hubo inicio de ejecución, el núcleo del tipo objetivo no se agotó (fin de la transportación con el arribo al lugar de destino)”.
“[En relación con] la idea de permanencia del tipo bajo examen, si [se admitiera] que la mera acción de transportar consuma el delito, ello nos llevaría a sostener que esta figura no admite la tentativa […], sin embargo, este extremo supone una errónea superposición de los distintos estadios que conforman las etapas del hecho punible (ideación, preparación, ejecución y consumación)”.
“[D]ado que el traslado de la sustancia estupefaciente secuestrada en el interior de la mochila [del hombre] fue interrumpido por circunstancias ajenas a la voluntad del imputado […] sin poder alcanzar su destino, se impone concluir […] que el hecho juzgado no alcanzó su consumación.
En consecuencia, dadas las circunstancias fácticas del caso, la prueba producida y la tesis sostenida por la defensa ante esta instancia, corresponde subsumir los hechos imputados en la hipótesis jurídica de transporte de estupefacientes en grado de tentativa -arts. 5 incisos c) de la ley 23.737 y 42 del CP”.
3. Pena. Determinación de la pena. Tentativa. Monto mínimo. Condena condicional. Ministerio Público Fiscal.
“[L]a pena de cuatro años de prisión aplicada, que fuera solicitada por la acusación durante el juicio de cesura y sostenida por el Fiscal General ante instancia al solicitar la confirmación de la sentencia – que por cierto coincide con el mínimo establecido para el delito consumado –, es el quantum sobre el cual debe aplicarse la reducción prevista legalmente al tratarse el presente de un delito tentado.
En consecuencia, a partir de las consideraciones expuestas y conforme los parámetros de la cesura de juicio, [...] corresponde imponer […] una pena de dos años de prisión en suspenso (arts. 5 inciso c) de la ley 23.737, 42, 44 y 26 del CP)”.
FUNDAMENTO DEL RECURSO; MOTIVACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; DOBLE CONFORME; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; TENTATIVA; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE EJECUCION; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; MONTO MÍNIMO; CONDENA CONDICIONAL; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
Vera y otros (causa Nº 40610)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, dejó sin efecto el decomiso del vehículo (jueces Jantus y Huarte Petite).
1.1. Terceros. Derecho de propiedad.
“[E]l art. 23, CP, establece el decomiso como regla cuando se verifiquen los extremos allí previstos ´...salvo los derechos de restitución o indemnización de...terceros´, es decir, dispone la exclusión de la imposición de tal pena accesoria a aquellas personas que nada han tenido que ver con el ilícito y que, por ello, no han ‘participado’ de ningún modo en él. […] En esa línea, atento a que el bien objeto de decomiso no pertenece al condenado [...] sino a un tercero ajeno al hecho que se tuvo por probado en la sentencia, corresponde dejar sin efecto lo decidido en la resolución impugnada” (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el juez Jantus).  
DECOMISO; TERCEROS; DERECHO DE PROPIEDAD;
MG (causa N° 21-512408-2)Corte Suprema de Justicia de Santa fe
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por mayoría, declaró procedente la impugnación, anuló la determinación de la pena efectuada y remitió la causa al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Falistocco, Erbetta, Gutiérrez y Spuler, y jueza Gastaldi).
1. Régimen penal juvenil. Declaración de responsabilidad. Responsabilidad penal. Niños, niñas y adolescentes. Femicidio. Prisión perpetua. Tentativa. Principio de legalidad.
“[E]n el caso, debe partirse de considerar que el delito por el cual se declarara la responsabilidad penal del imputado y luego se resolviera la necesidad de aplicación de pena, tiene prevista como sanción la de prisión perpetua (art. 80, inc. 11, C.P.). Y lo cierto es que, tal como lo sostienen los Jueces de la causa y no fuera controvertido por las partes en la instancia de apelación, su aplicación se encuentra vedada para las personas menores de edad”.
“Descartada entonces la posibilidad de aplicación de la prisión perpetua, en el presente la única solución respetuosa de los estándares vigentes en el derecho penal juvenil y del principio de legalidad, era reducir la respuesta punitiva en la forma regulada para la tentativa, tal como lo prevé el artículo 4 de la ley 22278 –única pauta normativa existente, que además surge de la legislación específica–. En consecuencia, a partir de tal disposición, debía fijarse la sanción a imponer dentro de la escala del artículo 44 del Código Penal para los casos de delitos reprimidos con prisión perpetua, esto es, de 10 a 15 años de prisión”.
2. Régimen penal juvenil. Pena. Determinación de la pena. Interpretación de la ley. Principio de culpabilidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]l precepto de la ley 22278 sólo [puede] ser interpretado en estricta correspondencia con el principio de culpabilidad disminuida. De ello se deriva la existencia de un deber de justificar la imposición de la pena y de explicar los motivos en virtud de los cuales se aplicará o no la escala reducida, por lo que para alejarse de dicha disminución o, en su defecto, de la absolución, deben analizarse concretamente los parámetros referidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Maldonado’, pues, en caso contrario, la selección de la sanción escaparía a la finalidad de ‘ultima ratio’ del derecho penal.
De este modo, se admitió la posibilidad de que, brindando adecuada fundamentación, los jueces descarten la reducción prevista en el artículo 4 de la ley 22278. Sin embargo, ello no habilitaba una solución como la escogida en el pronunciamiento impugnado. En efecto, en primer lugar, en el antecedente referido dichas consideraciones fueron formuladas a mayor abundamiento, por cuanto ninguna incidencia tenía para la resolución de la causa. Es que allí, esta Corte anuló la sentencia de declaración de responsabilidad penal del imputado menor de edad –por violación de las garantías de debido proceso y de los derechos de defensa y al recurso, entre otros. Por tanto, no era necesario en esa oportunidad analizar cómo debía procederse en aquellos supuestos en los que –como en este caso– la decisión –aun fundada– de apartarse de la escala penal reducida de la tentativa, determinaría la imposición de una sanción vedada […] en nuestro ordenamiento constitucional.
Ahora bien, planteada esta problemática en autos, corresponde abordarla efectuando una interpretación progresiva de las garantías constitucionales y de las obligaciones convencionales que esta Corte tiene la responsabilidad de tornar operativas. Y, en dicha tarea, […] debe entenderse que en los casos en que se decide imponer pena a personas menores de edad por la comisión de delitos conminados con prisión perpetua, la única solución posible es la aplicación de la reducción prevista en el artículo 4 de la ley 22278”.
“Ante este panorama, debe buscarse una solución y la única alternativa nos la da el mismo ordenamiento normativo al contemplar la posibilidad de reducir la pena en la escala de la tentativa, pauta prevista en el artículo 4 de la ley 22278, legislación específica vigente en materia de régimen penal juvenil. En consecuencia, conforme al mencionado precepto, debe reducirse la escala en el modo previsto en el artículo 44 del Código Penal para la tentativa de delitos reprimidos con prisión perpetua. Cualquier otra interpretación genera la necesidad de determinar una escala penal dentro de la cual debería fijarse la sanción a imponer, incurriéndose en una integración analógica ‘in malam partem’ inadmisible en materia penal”.
3. Régimen penal juvenil. Pena. Determinación de la pena. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia. Convención sobre los Derechos del Niño.
“Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó en el caso ‘Mendoza’ referido los principios de ‘ultima ratio’ y de máxima brevedad posible en la aplicación de las penas, siguiendo las directivas impartidas por el artículo 37, inciso b de la Convención sobre los Derechos del Niño […]. También cabe mencionar las observaciones finales del Comité Internacional de los Derechos del Niño (órgano de control de la Convención) para Argentina, en las que señala la falta de compatibilidad de la ley 22278 con la Convención, reafirmando los principios de ‘ultima ratio’ y máxima brevedad de la pena.
De lo reseñado, surge inequívocamente que los principios que rigen el derecho penal juvenil establecen claramente que la sanción penal debe operar como ‘ultima ratio’, de manera subsidiaria y siempre atendiendo al interés superior del niño [hay cita]”.
“[L]a Alzada, luego de considerar que la reducción prevista por la ley 22278 es facultativa y no obligatoria para los jueces, brindó las razones por las cuales no correspondía […] aplicarla en el caso [del imputado] y, en consecuencia, al no poder imponerle la pena de prisión perpetua, recurrió a una integración normativa para buscar cuál era la escala penal a tener en cuenta. En ese cometido, entendió que aquélla debía ser la prevista para la figura básica del delito por el cual se había condenado al justiciable y, dentro de la escala del homicidio simple, confirmó la pena impuesta en primera instancia que había sido de 21 años y 6 meses de prisión.
Mas en este razonamiento el A quo no debió desatender que, al dejar de lado la reducción de la pena en el modo previsto para la tentativa, se apartaba de los principios específicos vigentes en la materia –privación de la libertad como ‘ultima ratio’ y por el menor tiempo posible–. Ello es así, por cuanto la solución a la que arribara la Cámara implica desconocer lo dispuesto por el artículo 37, inciso b de la Convención sobre los Derechos del Niño –norma con jerarquía superior que manda a imponer la pena más breve posible–, al habilitar la consideración a la hora de individualizar la pena del imputado de una escala penal con un máximo –25 años– ostensiblemente mayor al que surge de aplicar la escala atenuada prevista en el artículo 4 de la ley 22278 –15 años.
Pero además, tal decisión resulta violatoria del principio de legalidad que rige también respecto de la pena y, en especial, de la prohibición de integración normativa ‘in malam partem’. Es que, los Magistrados debieron ‘buscar’ una escala penal para el caso, realizando […] una integración normativa vedada en materia penal, máxime cuando se hizo en perjuicio del imputado. En efecto, como resultado del razonamiento seguido por los Judicantes, se tuvo en cuenta una escala penal más gravosa –8 a 25 años– que la que hubiera correspondido en caso de optar por la solución normativa –10 a 15 años–, aplicándosele en definitiva una sanción –21 años y 6 meses de prisión– muy superior al máximo posible conforme la prevista legalmente –15 años.
La descalificación constitucional del pronunciamiento cuestionado no importa desconocer la gravedad del hecho aquí analizado. En efecto, en el presente se investiga y juzga un ‘femicidio’ que, atento a la condición de vulnerabilidad de la víctima –una niña de 14 años de edad embarazada– exige una respuesta del Estado acorde a los compromisos internacionales asumidos. Por ello, tales circunstancias si bien no habilitaban el apartamiento del marco legal referido a la hora de determinar la escala penal, sí deberán ser tenidas en cuenta para individualizar la pena del imputado conforme las pautas sentadas por los artículos 40 y 41 del Código Penal”.
RÉGIMEN PENAL JUVENIL; DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD; RESPONSABILIDAD PENAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; FEMICIDIO; PRISIÓN PERPETUA; TENTATIVA; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PRINCIPIO DE CULPABILIDAD; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO;
HAS (Causa N° 5078)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba hizo lugar al planteo de la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que ordenaba a PAMI a cubrir el 100% de la medicación Lurasidona (jueza Montesi y juez Avalos).
1. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Derechos humanos. Derecho a la preservación de la salud. Declaración Universal de Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Constitución Nacional. Interpretación de la ley. Obras sociales. Medidas cautelares. Medidas de acción positiva. Ley aplicable.
“[L]a salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, con la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley.
Numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho del ser humano a la salud. En el párrafo 1 del art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que ´toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios´. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho virtud del párrafo 1 del art. 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen ´el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental´, mientras que en el párrafo 2 del art. 12 se indican, a título de ejemplo, diversas ´medidas que deberán adoptar los Estados Partes... a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho´.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en autos ´Furlan, Sebastián y Familiares c. Argentina´ del 31/8/2012, sostuvo que…´ toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial…´. [N]uestra CSJN también se ha pronunciado al respecto sosteniendo que el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida –garantizado por la C. N.–, y se halla reconocido en tratados internacionales con rango constitucional (art. 75, inc. 22) en el art. 12, inc. c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1, arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e inc. 1, del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Fallos: 323:1339; 329:4918 y disidencia de los Jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni en Fallos: 332:1346, entre otros).
A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales, el derecho a la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida que es el primer derecho de la persona humana reconocido por la Constitución Nacional–, debe ser garantizado por la autoridad pública con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de medicina prepaga (Fallos: 323:3229; 328:4640; 329:4618).
Asimismo, el art. 75, inc. 23, de nuestra Carta Magna establece que deben legislarse y promoverse, medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
2. Personas con discapacidad. Derecho a la salud. Cobertura integral. Obras sociales. Asistencia médica. Medicamentos. Responsabilidad del estado. Salud mental. Interpretación de la ley. Ley aplicable.
“[E]n lo que específicamente hace a la situación de las personas con discapacidad cabe destacar que por Ley N° 24.901 se instituyó un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con tales padecimientos. En su art. 1° dice: ´Institúyase por la presente ley un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.´ En lo concerniente a las obras sociales, dispone que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2)…”.
“[E]l Alto Tribunal al analizar la Ley de Discapacidad N° 24.901, en cuanto señaló que la misma instituyó un sistema de protección integral para las personas con discapacidad tendientes a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad, tratando de establecer un régimen particular en relación con los derechos de los discapacitados, así como de las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado. El objetivo de la ley se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a quienes se encontraren en esas condiciones, franquicias y estímulos que le permitan –en lo posible– neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca (v. doctrina de Fallos: 313:579)…”.
“[L]a Ley N° 26.657 referida al ´Derecho a la Protección de la Salud Mental´, que dispone la obligación de los efectores de salud de brindar a las personas con discapacidad mental la atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de la salud (arts. 6 y 7 de la mencionada ley)…”.
DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA VIDA; DERECHOS HUMANOS; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; OBRAS SOCIALES; MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; LEY APLICABLE; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ASISTENCIA MEDICA; MEDICAMENTOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; SALUD MENTAL;
Pérez Corraldi y otro (causa Nº 1322)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación en lo relativo al decomiso, anuló y remitió la causa al juzgado de origen (jueza Ledesma y juez Carbajo).
1. Deber de fundamentación. Defensa en juicio.
“[T]oda decisión que afecte los derechos de los imputados, como es el caso de un decomiso, debe estar mínima y suficientemente fundada, en los términos de los arts. 123 y 404, inc. 2, del código de rito. La exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y trae, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir [...]. Esa base constitucional de que las sentencias sean fundadas encuentra apoyo en la garantía de la defensa en juicio, exige que los fallos de los jueces sean aplicación razonada del derecho vigente en razón de la naturaleza que le es propia de órganos de aplicación de la ley, y excluye la solución de las causas sin otro fundamento aparente que la expresión de la voluntad de los magistrados [...].
A poco de analizar el pronunciamiento y con los límites definidos por la concreta impugnación presentada ante esta instancia, advierto que en este punto el decisorio carece de la indispensable fundamentación para que proceda el mentado decomiso dispuesto en los términos del art. 23 C.P.” (voto del juez Carbajo).
“[L]os jueces no entablaron ninguna vinculación entre los vehículos secuestrados y el suceso ilícito investigado. Al respecto, considero que, para proceder al decomiso, el juzgador debe explicar claramente cuáles son las razones para imponer, en el caso concreto, la pena accesoria, circunstancia que ha sido omitida en la especie, por lo que la decisión deviene arbitraria...” (voto de la jueza Ledesma).
DECOMISO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DERECHO DE DEFENSA;
Cenat (causa N° 46738)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación y declaró competente el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
1. Refugiado. Competencia territorial. Ley aplicable. Residencia.
“La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165 no fija pautas de atribución de competencia territorial. Su art. 34 dispone: `El procedimiento se regirá por lo que dispone la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificaciones en lo que no sea objeto de expresa regulación específica en la presente ley´.
Por su parte, el art. 57 prevé: `Las disposiciones y alcances de esta ley serán interpretadas y aplicadas de acuerdo a los principios y normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 y el correspondiente Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y todas aquellas disposiciones o convenciones aplicables de los Derechos Humanos y sobre refugiados ratificados por la República Argentina y/o contenidos en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional e instrumentos de asilo vigentes en la República Argentina´.
En ese marco hermenéutico, [debe entenderse] que a los fines de determinar la competencia territorial para conocer en la presente causa debe ponderarse prioritariamente el lugar de residencia del actor, pues esa solución es la que mejor se compadece con las garantías mínimas del debido proceso que deben resguardarse en este tipo de procesos vinculados a la determinación de la condición de refugiado del solicitante (arts. 18 y 75 inc. 22, Constitución Nacional; arts. 8° y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1°, 32, 50 in fine y 57, ley 26.165)”.
2. Refugiado. Acceso a la justicia. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Residencia.
“En tales condiciones, [debe entenderse] que resultan de aplicación al sub lite las consideraciones expuestas en Fallos 337:530, en el marco de un proceso previsional. Allí, la Corte afirmó: `…que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia judicial sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento. Así lo reconocen los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 (artículo 75, inc. 22) entre los cuales cabe citar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25.2.a) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1)´.
Sentado ello, puntualizó: `Tal derecho aparece seriamente afectado cuando, en una materia tan sensible como lo es la previsional, el trámite ordinario del proceso, sin razones particulares que lo justifiquen, se traslada de la sede de residencia del actor. En este sentido, cabe resaltar que la importancia de la proximidad de los servicios de los sistemas de justicia a aquellos grupos de población que se encuentren en situación de vulnerabilidad ha sido expresamente destacada en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (Capítulo 11, Sección 4°, pto. 42)´. (cfr. consid. 15, C.766.XLIX, `Pedraza, Héctor Hugo c/ANSeS s/acción de amparo´, sentencia del 6 de mayo de 2014)”
REFUGIADO; COMPETENCIA TERRITORIAL; LEY APLICABLE; RESIDENCIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Paoli (Causa n° 1237)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia de la justicia provincial para intervenir en las actuaciones (ministros Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda).
1. Competencia federal. Competencia local. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia.
“[E]ste Tribunal ha señalado […] que la lectura de los artículos 121, 116 y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional indica que el diseño institucional en materia jurisdiccional se erige sobre el principio de que la competencia federal se encuentra acotada y definida a los poderes que las provincias delegaron en el Estado Federal. De ahí que, desde su instalación, es inveterada la jurisprudencia de la Corte que sostiene que la competencia de los tribunales federales es restrictiva…” (considerando 4°).
“[E]sta Corte ha sostenido desde antaño que constituye su deber indeclinable el salvaguardar la jurisdicción provincial de aquellas restricciones indebidas, el impedir que se desnaturalice la jurisdicción del juez federal por convertirlo en un magistrado del ‘fuero común’ y el asegurar que la justicia estadual cumpla la misión que le es propia […]. [S]e ha remarcado incluso que, cuando la atribución de competencia a la jurisdicción federal ha sido establecida por ley, esta será tenida por válida ‘siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad’…” (considerando 5°).
“[B]ajo dicha comprensión analítica, el juzgamiento del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal no se haya atribuido a la justicia federal en las diversas normas que determinan la competencia del fuero de excepción (artículo 3° de la ley 48, artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 11 de la ley 27.146, de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal). En tales condiciones, según lo establece el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, se encuentra a cargo de las autoridades locales conocer, como principio, de los hechos que en esta materia cayeron bajo sus respectivas jurisdicciones” (considerando 6°).
“[D]e conformidad con lo expresado y en ausencia de alguna otra circunstancia que en el actual estado del proceso haga surtir la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restrictiva […], corresponde que sea la justicia local de la Provincia de Entre Ríos la que investigue el hecho por el cual se trabó la presente contienda negativa de competencia, sin perjuicio de lo que resulte de la investigación posterior…” (considerando 7°).
COMPETENCIA FEDERAL; COMPETENCIA LOCAL; EMERGENCIA SANITARIA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA;
Hambo (causa Nº 757)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, En pleno
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno y por mayoría, fijó como doctrina legal que el ‘beneficio de justicia gratuita’ que dispone el artículo 53 de la ley N° 24.240, además de los gastos, sellados u otros cargos inherentes a la promoción de la demanda, exime al consumidor del pago de las costas del proceso si fuera condenado a satisfacerlas total o parcialmente.
Juezas Ballerini, Gómez A. de Díaz Cordero, Villanueva y Tevez
1. Defensa del consumidor. Principio de gratuidad. Debate parlamentario.
“[El debate del Senado de la Nación en la sesión del 19/12/2007] permite extraer las siguientes conclusiones: a) según el razonamiento de los legisladores el `beneficio de justicia gratuita´ es sinónimo del `beneficio de litigar sin gastos´ —en los términos del art. 78 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—; interpretación que se funda en lo explicitado en el veto que el PE efectuó al originario art. 53 (dto. 2089/93). Ergo, es dable sostener que la exención prevista en la ley 24.240 comprendía no sólo el pago de la tasa de justicia sino también las costas que se impusieran a quienes impetraran una acción en los términos fijados por la ley; y b) surge de los debates de los senadores que la distinción entre los conceptos `beneficio de justicia gratuita´ y `beneficio de litigar sin costas´ […] obedeció a que en el último se incluye la tasa de justicia; así, al constituir tal tributo un recurso de orden local, su exención no podía —por respeto a las autonomías provinciales— figurar en una ley de fondo, por lo que la única interpretación posible es que en las provincias el `beneficio de justicia gratuita´ comprende las costas que irrogue un proceso judicial iniciado de conformidad a la LDC —con las salvedades allí establecidas— sin que se incluya dentro del mismo a la tasa judicial, aspecto sobre el cual habrá de estarse a lo que dispongan las respectivas jurisdicciones.
Conforme el examen precedente y en el orden nacional, cabe asimilar ambos beneficios (`de justicia gratuita´ y `de litigar sin gastos´) conforme lo estatuido en el art. 78, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, por lo que el actual art. 53 de la LDC incluye no sólo la tasa de justicia sino también las costas que irrogue un proceso judicial iniciado conforme dicha normativa, siempre que aquéllas sean impuestas a su promotor y no prospere el incidente de solvencia al que se encuentra facultada la demandada (CNCom., Sala B, in re `Zoli, Sergio c. Caja de Seguros S.A. s/ beneficio de litigar sin gastos´ del 24/08/2016)”.
2. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación de la ley.
“[D]e conformidad a lo dispuesto en los arts. 1º y 2º del Cód. Civil y Comercial, el concepto amplio de justicia gratuita para los consumidores encuentra asidero interpretativo no solo si se tienen en cuenta las palabras utilizadas en la norma, sino también si se las coteja armónicamente con la finalidad de la Ley de Defensa del Consumidor —de innegable carácter protectorio— y con los principios y valores jurídicos que inspiran a toda la normativa de defensa del consumidor desde la propia Constitución Nacional y en sus puntos de conexión con los instrumentos internacionales de derechos humanos: `protección estatal al débil jurídico´, `in dubio pro consumidor´, `protección a los intereses económicos´, `acceso a la justicia´, `principio pro homine´, entre otros…”.
3. Defensa del consumidor. Tutela judicial efectiva. Acceso a la justicia. Principio de gratuidad.
“[S]e ha expuesto con acierto en cuanto concierne al fundamento de la tutela legal que consagra la Ley de Defensa del Consumidor, que la finalidad del beneficio de justicia gratuita es posibilitar al consumidor el acceso a los tribunales disminuyendo las barreras que obsten a un reclamo efectivo, que no están dadas únicamente por la pertenencia de los consumidores a una condición humilde o de escasos recursos.
Sin esta gratuidad, solo los consumidores con recursos podían acceder al sistema de protección ya que justamente los que carecen de recursos debían recurrir al beneficio de litigar sin gastos, que implica un proceso con costos implícitos en sí mismo. Ello, si se tiene en cuenta que el consumidor está en una posición de debilidad, en principio, porque posee menos información y también puede estar en una situación de inferioridad o asimetría en relación a la cuantía de su reclamo y los gastos fijos mínimos que pueden insumir la defensa de su derecho”.
4. Defensa del consumidor. Beneficio de litigar sin gastos. Economía procesal. Carga de la prueba.
“Obligar al consumidor a promover un beneficio de litigar sin gastos a fin de llegar a igual resultado, amén de multiplicar innecesariamente los trámites judiciales en perjuicio del principio de economía procesal, importa desconocer el especial interés legal en asegurar el acceso igualitario a la justicia y la obligación del estado, en sus tres poderes, de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores en cumplimiento de la manda del art. 42 de la Constitución Nacional.
No puede dejar de señalarse que no se ha verificado, en la práctica y conforme a la experiencia en la labor de los firmantes, que el acceso gratuito a la justicia –y la eximición de costas procesales– hubiera generado un aumento de reclamos injustificados, como auguraba cierta doctrina y el primigenio veto presidencial”.
“La remoción de obstáculos de orden patrimonial para la promoción de reclamos por el consumidor con base en la relación de consumo se erige, entonces, en principio básico de la legislación protectoria. El legislador decidió presumir la carencia de recursos e invirtió la carga probatoria de la solvencia, que pende ahora sobre el proveedor de bienes o servicios. Sentado ello, es claro que la única explicación que puede sustentar el texto legal del aludido art. 53, es que el beneficio de justicia gratuita incluye a la tasa de justicia (en el ámbito de la Justicia Nacional) pero no se agota en ella en tanto también que comprende a las costas”.
5. Interpretación de la ley. Tasa de justicia.
“[S]i se pretendiera limitar la exoneración sólo al pago de la tasa de justicia con exclusión de los gastos causídicos, esa interpretación conduciría a la afectación de las autonomías provinciales, soberanas en materia tributaria.
Sin embargo, el beneficio de justicia gratuita en el orden nacional puede identificarse –como ha quedado recién expuesto– con el beneficio de litigar sin gastos; en las distintas provincias, habrá que estar a lo que allí se disponga respecto de la tasa judicial pero no respecto de las costas, por las que los consumidores y usuarios no deberían responder salvo que prosperara un incidente de solvencia”.
Jueces Monclá y Sala
1. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó por unanimidad doctrina en el tema que convoca sustancialmente al plenario. Se trata del pronunciamiento dictado el pasado 14 de octubre en la causa `ADDUC y otros c/ AySA S.A. y otro s/ proceso de conocimiento´.
Allí el Tribunal Supremo, luego de desarrollar los antecedentes constitucionales y legales de la cuestión (considerandos 5° a 7°), puntualizó en la primera parte del considerando 8° que `...una razonable interpretación armónica de los artículos transcriptos permite sostener que, al sancionar la ley 26.361 –que introdujo modificaciones al texto de la ley 24.240–, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso...´.
Agregando en el párrafo siguiente: `...En efecto, la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente. Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición. En este contexto, al brindarse a la demandada –-en ciertos casos– la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte...´.
De modo que la interpretación dada por la Corte a la materia no deja lugar a dudas que el inicio de una demanda conforme al estatuto del consumidor esta eximida del pago de las costas del proceso”.
2. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Economía procesal.
“Aun cuando las sentencias del Superior Tribunal sólo tienen eficacia vinculante en el proceso en el que se dictan, y no importan privar a los magistrados de la facultad de aplicar con criterio propio las resoluciones de aquél y apartarse de ellas cuando existen motivos valederos para hacerlo, en el caso median razones de orden práctico que, apoyadas en el principio de economía procesal, aconsejan seguir los lineamientos del pronunciamiento citado.
Sin perjuicio, entonces, de la inexistencia de un efecto obligatorio general de los fallos de la Corte, y de las distintas interpretaciones doctrinarias sobre la materia que en particular se plantea a este Acuerdo Plenario vinculada a los alcances del `beneficio de justicia gratuita´ que dispone la LDC. 53 […], no puede desconocerse el valor del precedente citado, dado el contexto en el que fue dictado, la motivación y la finalidad que lo sustentó, puestas de manifiesto de forma unánime”.
Juez Barreiro, al que adhierieron los jueces Machin y Lucchelli, y la jueza Vásquez
1. Defensa del consumidor. Ley aplicable. Interpretación de la ley. Beneficio de litigar sin gastos.
“[E]s doctrina consolidada de la CSJN que las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos, siendo la primera fuente de interpretación de las leyes su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu […]. Ese es, en definitiva, el criterio adoptado en la redacción del mencionado art. 2, CCyC, que dispone que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Interpretar en forma limitada la disposición del art. 53 LDC aparece desprovisto de fundamento legal ya que `introduce una hipótesis de inaplicabilidad de la norma que ésta no prevé lo cual violenta la pauta interpretativa que desaconseja distinguir donde la ley no distingue´ (confr. dictamen del señor Procurador al que adhirió la Corte en Fallos: 333:735).
Y esa inveterada directiva justifica concluir que el criterio restringido –que impondría en cada causa articular el beneficio procesal de litigar sin gastos– se aparta de la solución legal prevista para el caso mediante una exégesis irrazonable de la norma aplicable que la desvirtúa y la torna inoperante […] con serio menoscabo de garantías constitucionales.
Por ese motivo […] la interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores –y de las asociaciones que pretendan proteger sus intereses– a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos (Fallos 338:1344)”.
2. Defensa del consumidor. Usuarios y consumidores. Interpretación de la ley. Tutela judicial efectiva.
“[E]l art. 3 LDC integra las disposiciones de la ley con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Leyes Nº 25.156 y Nº 22.802 o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esa ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.
En la interpretación legal debe concluirse que si hubiera colisión entre una norma de derecho común y otra que protege a los consumidores, primará esta última. Incluso la ley establece que en caso de duda sobre la interpretación de `los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor´…”.
3. Usuarios y consumidores. Vulnerabilidad. Tutela judicial efectiva. Acceso a la justicia.
“[L]as posturas restringidas y las amplias en esta materia parten de una apreciación diversa de la intensidad de la protección legal que se debe dispensar a los consumidores y usuarios. Por ese motivo también parece que enfocar la cuestión solo desde la eliminación –definitiva o solo temporaria– de los impedimentos económicos iniciales, podría implicar la negación de la obligación estatal de prestar tutela judicial efectiva en aquellos casos en que es, precisamente, más necesaria para paliar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los consumidores.
Admitir que el demandante pueda únicamente exonerarse de tasas y sellados significa allanar parcialmente los obstáculos iniciales sin profundizar en el principio protectorio, que presenta contornos ciertamente de mayor significación. [E]n el caso `Ledesma, María Leonor c/ Metrovías SA´ (Fallos 331:819), la CSJN señaló que los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial (considerando 7º).
Esa protección diferenciada no parece que se ubique dentro del estándar constitucional si solo se reduce a permitir el acceso a la justicia sin trabas económicas, apreciación relevante sin duda, pero que se desentiende de las vicisitudes de idéntica naturaleza que puedan suceder en la tramitación del proceso. El criterio que se inclina por exigir la tramitación del beneficio de litigar sin gastos o sus equivalentes en los ordenamientos procesales locales, parece asimilar carencia de recursos con vulnerabilidad. El consumidor no debe ser necesariamente pobre para quedar al amparo de la legislación que lo protege”.
4. Defensa del consumidor. Principio de gratuidad. Derecho de defensa. Tutela judicial efectiva. Debido proceso. Igualdad.
“La ilimitada gratuidad del proceso promovido por el consumidor se rige, entonces, por el principio constitucional y convencional de la tutela judicial efectiva –que comprende las garantías del acceso a la justicia y del debido proceso– e impone interpretar ampliamente la necesidad de remover todos los obstáculos económicos, iniciales o sobrevinientes, que pudieran disuadir al demandante de introducir el reclamo al que se considera con derecho.
Además, es pertinente recordar que el Alto Tribunal Federal ha considerado que `el beneficio de litigar sin gastos, encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley, ya que por su intermedio se asegura la prestación del servicio de justicia, no ya en términos formales sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes´ (Fallos: 326:818). La vinculación con la decisión que se emite en este fallo plenario no necesita demostración, no solo por su referencia a un supuesto de gratuidad procesal, sino de manera principal porque le confirió protagonismo a la igualdad efectiva.
La igualdad, precisamente, no puede reducirse a un plano formal ni proveer fundamentos a decisiones judiciales que hagan abstracción de la esencia de la relación de consumo, construida en base a asimetrías ciertas de la más distinta índole. Tampoco puede considerarse como un derecho absoluto que no admita razonables modulaciones interpretativas (arts. 28 y 33, CN). Abordajes como este conducen indefectiblemente a la infracción del principio protectorio y contribuyen a profundizar la disparidad entre proveedores y consumidores.
Dicha garantía constitucional está prevista en el Préambulo, y en los arts. 16, 20 y 75, inc. 23. Fecunda ha sido su interpretación y aplicación en la jurisprudencia de la CSJN y los demás tribunales de toda la República, así como objeto de la prolífica labor de los autores. Además, es tradicional en la interpretación filosófico-jurídica destacar la tensión entre libertad e igualdad con disímiles planteos argumentales que sugieren respuestas multívocas.
De la más estrecha noción que encuadraba la garantía de igualdad `como el derecho a que no se establezcan excepciones y privilegios que excluyan a unos de lo que, en iguales circunstancias, se concede a otros´ […], se ha evolucionado –en consecuencia de la Reforma de 1994– a imponer al Congreso Nacional la elaboración de legislación y medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno ejercicio de derechos conferidos por la CN y los tratados internacionales (art.75, inc. 23)”.
Voto en disidencia de los jueces Chomer, Kölliker Frers y de la jueza Uzal, al que adhiere el juez Bargalló
1. Defensa del consumidor. Beneficio de litigar sin gastos. Principio de gratuidad. Tasa de justicia.
“[S]i se litiga sin gastos, no se debe abonar ni tasa, ni sellado, ni honorarios profesionales, ni ningún tipo de costas durante todo el trámite del litigio; pero que, si lo gratuito es la Justicia, no se deberá pagar ninguna tasa o sellado para promover una demanda, aunque una vez iniciado el juicio habrá que estar al régimen general de gastos en materia de honorarios profesionales y demás costas de todo proceso. Esto, sin perjuicio de que, si la situación económica del litigante lo justifica pueda, además, solicitar de modo más o menos integral, también, el beneficio de litigar sin gastos”.
“[L]as garantías constitucionales en juego imponen analizar la cuestión teniendo en cuenta que, si bien la intención de la ley es proteger los derechos de los consumidores, ello en ningún modo puede importar el atropello de los derechos de los demás actores involucrados en las relaciones de consumo, también reconocidos por la Constitución Nacional. En este marco, en el caso del pago de la tasa de justicia, no existen dudas de que el legislador ha dispuesto que el consumidor debe estar eximido de su pago, puesto que se hallan en juego garantías constitucionales cuyo cumplimiento se encuentra en cabeza de quien debe percibir dicho arancel.
Pero distinto es el caso con relación a las demás costas del proceso y, muy especialmente, en relación a los honorarios de los profesionales de la contraparte y de los peritos y auxiliares judiciales, cuando el consumidor, que ha litigado sin derecho, resulta perdidoso en la acción principal intentada y es condenado en costas.
Es claro que la situación descripta ocasiona un conflicto entre el derecho del peticionante, que es consumidor, pero no por ello necesariamente carece de recursos económicos y los derechos legítimos y también constitucionalmente amparados de los letrados y peritos, que, con toda justicia, quieren que su labor judicial sea remunerada, remuneración que, por otra parte y como ha sido reiteradamente resuelto, también tiene carácter alimentario.
Asimismo, se produce aquí el enfrentamiento de los derechos del consumidor con los de su contraparte, quien, siendo ganadora y no habiendo sido condenada en costas, debería de todos modos afrontar el pago de estas últimas, con una clara afectación de su legítimo derecho de propiedad, que también tiene amparo constitucional.
Es por lo expuesto que debe entenderse que el beneficio de justicia gratuita no es automáticamente equiparable al beneficio de litigar sin gastos, pues, es claro […] que no todo consumidor carece de recursos para todos los procesos y, por ende, que por el solo hecho de serlo, este último no debe ser equiparado al beneficiario de un concreto beneficio de litigar sin gastos. Máxime que, aún cuando se encontrara en esa situación, nada obstaría para que pueda recurrir a la vía incidental (art. 78 del CPCCN) como complemento del beneficio de gratuidad que la ley ya le confiere, para promover y obtener, en su caso, el beneficio de litigar sin gastos”.
Voto en disidencia del juez Heredia, al que adhirieron los jueces Vasallo y Garibotto
1. Costas. Acceso a la justicia. Principio de proporcionalidad. Principio de gratuidad. Carga de la prueba.
“[S]i de lo que se trata es de evitar que el régimen de las costas se convierta en fuente de sacrificios desmedidos con aptitud para obstaculizar el acceso a la justicia, el sistema debe y puede ciertamente reaccionar en distintas direcciones […], pero no es concebible ninguna interpretación orientada a ello que termine por socavar la importancia que tal régimen tiene para el buen funcionamiento del sistema judicial, y menos cuando su apartamiento lo sería en favor de solamente una de las partes manteniéndoselo respecto de la otra como lo pretenden quienes entienden que la irresponsabilidad en el pago de las costas está aprehendida en el concepto de `beneficio de justicia gratuita´ referido por los arts. 53 y 55 de la ley 24.240.
Pensar de otro modo es, sencillamente, negar las razonables finalidades que justifican el sistema de imposición de las costas procesales, prescindiendo de un juicio relativo a su proporcionalidad frente a la carga de diligencia exigible a aquellos que acuden a la justicia. En este sentido, las instituciones legales orientadas a la remoción de los obstáculos al acceso de justicia deben ser equilibradoras, esto es, generadoras de una igualdad por compensación mediante el reconocimiento de ciertas ventajas procesales a la parte menos dotada […].
Y, ciertamente, no hay equilibrio alguno si se interpreta que el instituto del `beneficio de justicia gratuita´ determina un tratamiento privilegiado en la responsabilidad por el pago de las costas procesales causadas por el vencimiento pues, como se dijo, el respectivo régimen procesal hace a la sustancia misma del correcto funcionamiento del sistema judicial desde que la actuación de los abogados y peritos debe ser equitativamente remunerada ya que ello resulta condicionante de la calidad del servicio, siendo procedente, cuanto más, una `reducción global´ de los honorarios correspondientes a tales profesionales para que su exigibilidad no se convierta en un impedimento real para el acceso a la justicia […]; reducción global que, valga observarlo, ya se encuentra contemplada en la legislación arancelaria con carácter general para el caso de rechazo de la demanda, y con carácter especial para las acciones colectivas (arts. 22 y 49 de la ley 27.423), y que no excluye, desde ya, el ejercicio por los jueces de su facultad, de más amplio alcance, para no reconocer emolumentos exorbitantes –incluso regulándolos por debajo de las escalas arancelarias– pues, ciertamente, la justa retribución que reconoce la Carta Magna en favor de los acreedores por la prestación de servicios onerosos debe ser, por un lado, conciliada con la garantía –de igual grado– que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar –con sus patrimonios– honorarios excesivos […].
Ni tampoco hay equilibrio alguno si la actuación del régimen procesal de las costas se entiende solamente aplicable para beneficio de la parte promotora del juicio pero no para la adversaria en su defensa, pues el resultado visible de ello es establecer una desigualdad bajo el argumento de estar solucionando otra distinta vinculada a una restricción del derecho al acceso a la justicia, desde que se llevaría al demandado vencedor a que ineluctablemente tenga que asumir los costos económicos de su propia victoria, lo que equivale, de paso, directamente a suprimir los eventuales derechos que se encuentran comprendidos en el concepto de costas del que naturalmente sería acreedor, extremo éste último que, acaso, en una máxima expresión, podría ser tildado de inconstitucional […] porque afecta, como se dijo, el principio de indemnidad de la tutela y el derecho a que el proceso para obtener razón no se convierta en un daño para el que la tiene agraviándose su derecho de igualdad ante la ley y de propiedad (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional) y porque, además, se insiste, indirectamente afecta a los profesionales que han asistido al sistema judicial para hacer posible la declaración de esa razón, cuyos justos honorarios ya no podrían ser cobrados contra el que no la tuvo al litigar”.
2. Principio de gratuidad. Interpretación de la ley. Costas.
“En las condiciones expuestas, interpretar que el `beneficio de justicia gratuita´ desplaza al régimen procesal de la imposición de las costas en su aplicabilidad, no es conclusión razonable ni siquiera desde la perspectiva de la necesaria remoción de los obstáculos económicos al acceso a la justicia, pues entre estos últimos, ciertamente, se ubican aquellos que representan las erogaciones `directas´ con aptitud para frenar la litigación misma (tasa de justicia, depósitos para recurrir, adelanto de gastos periciales; etc.), pero de cara a un sistema de equilibrio que razonablemente compatibilice el derecho reconocido por el art. 18 de la Constitución Nacional con el ejercicio de los derechos de los demás intervinientes en el proceso […], no lo podrían ser aquellas erogaciones que se imponen con ocasión de la pérdida del litigio y a título de justa indemnización para resarcir las expensas que han debido realizarse a fin hacer valer la propia razón ante los estrados judiciales.
Antes bien, sostener que el `beneficio de justicia gratuita´ aprehende las costas no es interpretación que […] pueda calificarse de afortunada, pues abre la vía para que los beneficiarios hagan uso abusivo de la litigación sin consecuencias económicas, lo cual además de ser contrario al fundamento de la propia justicia gratuita –equilibrar situaciones de desigualdad económica–, redunda como se dijo negativamente en el conjunto de la Administración de Justicia y perjudica directamente a la parte vencedora de la contienda, la cual no será reintegrada de las cargas económicas asumidas para su propia defensa aunque gane el pleito”.
“Lo previsto por el art. 20 de la ley 20.744 [beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales laborales] sólo alcanza a personas humanas, por lo que su consideración a los efectos de interpretar lo dispuesto por el art. 53, último párrafo, de la ley 24.240, no puede predicarse respecto de la persona jurídica consumidora, y toda generalización en tal sentido es un evidente error”.
3. Principio de gratuidad. Persona física. Defensa del consumidor.
“Una consideración específica se impone respecto del `beneficio de justicia gratuita´ concedido a las asociaciones de consumidores por el art. 55, segundo párrafo, de la ley 24.240. Al respecto y ante todo, cabe advertir contra la muy generalizada propensión de cierta jurisprudencia y doctrina en equiparar a tales asociaciones con la situación del consumidor individual persona humana, reproduciendo argumentos o afirmaciones a favor de aquellas que son propias o exclusivamente inherentes a este último.
En tal sentido, aserciones tales como que el `…consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural…´ y que `…la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal…´ pueden ser aceptables respecto del usuario o consumidor individual persona humana, pero no parecen sin más predicables respecto de una asociación de consumidores. Empero, ellas aparecen escritas en sentencias dictadas en causas promovidas por estas últimas...”.
4. Costas. Principio de gratuidad. Igualdad. Privilegios
“[L]a no imposición de costas con fundamento en el `beneficio de justicia gratuita´ agravia severamente la garantía de igualdad ante la ley, pues la parte demandada, a diferencia de su adversaria, sí está expuesta al pago de las expensas del juicio en caso de ser vencida”.
“Desde luego no se desconoce que la garantía de igualdad ante la ley no impide que el legislador contemple de manera distinta situaciones que considere diferentes, en la medida en que dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni importen ilegítima persecución de personas o grupos de ellas […].
Sin embargo, considerada la garantía de igualdad en el plano específico que aquí interesa (el del régimen de las costas procesales) ha expresado la Corte Suprema que si bien las leyes pueden disponer la solución que se considere más justa, incluso apartándose del criterio de una imposición al vencido para, por ejemplo, distribuir las expensas del juicio en el orden causado, lo cierto es que ello es a condición de que el régimen especial favorezca a ambas partes por igual […].
Y esto último […] no se cumple con relación a los citados arts. 53 y 55 de la ley 24.240 interpretados con el alcance que este voto reprueba, pues se llega al resultado de solo privilegiar a una parte en franco desmedro de la otra”.
Voto en disidencia del juez Bargalló
1. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Acceso a la justicia. Costas.
“[S]e ha pretendido mediante la citada norma dotar a los consumidores de la facultad de acceder a la justicia sin el pago de tasas, sellados u otros cargos. Ello implica, desde una perspectiva protectoria, la imposibilidad de gravar el ejercicio de las acciones judiciales o de las peticiones administrativas, pero no puede interpretarse, por una inadecuada vía extensiva, que tal prerrogativa alcance a la imposición de costas porque ello podría significar un indebido desplazamiento de normativa específica: CPr., 68, con sus inherentes consecuencias.
A ese respecto cabe advertir haberse sostenido que las excepciones a los preceptos generales de la ley, obra exclusiva del legislador, no pueden crearse por inducción o extenderse por interpretación a casos no expresados en la disposición excepcional […].  En el caso, la ley 24.240 no establece que los reclamos formulados con sustento en la misma estén exentos del pago de las costas aun cuando hayan sido condenadas a sufragar dichas accesorias”.
2. División de los poderes. Poder judicial. Razonabilidad.
“[E]n virtud del principio de separación de poderes que consagra nuestra organización constitucional, no es de competencia de los jueces determinar el modo de realización de los fines de una determinada institución jurídica, ya que esta atribución es propia de los poderes políticos. El control judicial debe quedar ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de razonabilidad y no avance sobre prohibiciones específicas contenidas en la Constitución o, en su caso, en las leyes. Ello es así en razón de que no compete a los tribunales juzgar el acierto o conveniencia del medio arbitrado por los otros poderes, en el ámbito propio de sus atribuciones, para alcanzar el fin propuesto […].
De allí se sigue que no es propio del Poder Judicial sustituir al legislador a la hora de decidir qué políticas públicas deben implementarse en materia de garantizar el acceso a la justicia de los consumidores. Se trata, por el contrario, de atribuciones propias de los demás poderes del Estado, a los cuales el judicial debe reconocer un amplio margen de discrecionalidad, por ser los órganos constitucionalmente habilitados para ello”.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR; PRINCIPIO DE GRATUIDAD; DEBATE PARLAMENTARIO; DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; ACCESO A LA JUSTICIA; BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS; ECONOMÍA PROCESAL; CARGA DE LA PRUEBA; TASA DE JUSTICIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; LEY APLICABLE; USUARIOS Y CONSUMIDORES; VULNERABILIDAD; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; IGUALDAD; COSTAS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PERSONA FÍSICA; PRIVILEGIOS; DIVISIÓN DE LOS PODERES; PODER JUDICIAL; RAZONABILIDAD;
Maier (Causa N° 7140)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado. Sin embargo, dispuso la nulidad del acta de secuestro y absolvió a la persona imputada (juez Díaz Lacava).
1. Estupefacientes. Tenencia de estupefacientes. Allanamiento. Acta de secuestro. Testigos. Nulidad.
“[T]anto el acta de secuestro del estupefaciente como el acta labrada con motivo del allanamiento del domicilio [...] se produjeron con omisión de las prescripciones legales. Así, para una y otro diligencia, sin que se hubiera consignado la justificación por la carencia de dos testigos civiles ajenos a la repartición policial, el personal actuante decidió proceder asistido únicamente por un bombero voluntario conocido de la policía.
Esa nulidad del acto irreproducible y definitivo, como es calificado el secuestro por el cuerpo adjetivo, explícitamente omitió cumplir la orden de la jueza provincial quien instruyó al personal policial de la provincia de La Pampa para que procediera de acuerdo a lo establecido por los artículos 131 y 132 del Código Procesal Penal de esta provincia, que impone evidenciar las especiales circunstancias para el caso en que no fuere posible obtener la presencia los dos testigos ajenos a la fuerza policial, circunstancia en la cual el acta tendrá valor con la intervención de una sola, o si fuere imposible encontrar algún testigo, cuyas causas deben dejarse en expresa constancia, darán fe dos funcionarios policiales”.
“[M]ás allá de esa nulidad del secuestro que no fue impulsada por ninguna de las partes, cabe advertir que tampoco fueron acompañados los antecedentes judiciales de la Primera Circunscripción que hubieran permitido conocer por qué el personal policial se encontraba autorizado judicialmente para ingresar al domicilio [...], y en tal sentido envestir a la diligencia de los recaudos procesales que impone el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
2. Estupefacientes. Tenencia de estupefacientes. Prueba. Informe pericial. Prueba de peritos. Nulidad. Cortes Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[El] peritaje [encomendado al Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina], a más de no cumplir con el requerimiento judicial por delegación, insuficiente para tener la certeza apodíctica que la exigencia típica reclama en la etapa conclusiva como es la instancia del juicio, pareciera desconocer la propia distribución del contenido del THC en las plantas de cannabis sativa [hay cita], cuyos porcentajes varían sustancialmente si el material incautado se trata de flores pistiladas, hojas, tallos o raíces, e incluso macho o hembra.
Tal cuadro situacional, pareciera verificar la hipótesis sostenida por la Defensora Oficial, María Victoria Baca Paunero, sobre la carga de prejuicios morales y sociales en el ámbito jurídico al perseguir, procesar y condenar a personas usuarias del cannabis sobre la base de un cierto ´sentido común´ construido, antes que con argumentos y pruebas concretas de afectación a bien jurídico alguno, sobre el discurso nacido y sostenido desde el sistema prohibicionista [hay cita] o incluso más, que ´son comunes los procesos judiciales formados contra personas halladas en posesión de semillas, hojas o tallos de cannabis que carecen de capacidad para generar efectos psicoactivos en el cuerpo o de plantas que por sus condiciones no serán aptas para producir flores y, por ende, ni siquiera sería posible encuadrarlas en la definición de ´estupefaciente´ usada en la redacción de nuestra ley penal. En las mismas condiciones, los y las operadores jurídicos suelen carecer de las herramientas necesarias para entender y valorar adecuadamente los informes periciales realizados indefectiblemente por integrantes de las fuerzas de seguridad —en tanto son los únicos ´peritos oficiales´ con los que cuenta el Poder Judicial— que constituyen prueba fundamental al momento de establecer si una sustancia es efectivamente ´estupefaciente´ y así resolver los procesos penales en los que les toque intervenir’”.
“[E]n el caso concreto existió una divergencia injustificada entre lo consignado en el acta de secuestro y lo finalmente remitido por el Ministerio Público Fiscal al Gabinete Científico, variación que, al no haber sido explicada, impiden otorgar la certeza que las documentaciones practicadas en debida forma pretenden establecer, al carecer de los requisitos establecidos por el legislador del Congreso de la Nación Argentina para darle validez y fuerza probatoria.
Y así, reiterando lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Rayford» [hay nota], sobre el alcance que los órganos del Estado deben darles a determinados actos, en tanto que ‘conceder valor a esas pruebas [las ilegales] y apoyar en ellas una sentencia judicial, no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito por el que se adquirieron tales evidencias’, corresponderá dar una respuesta negativa al interrogante, como derivación de la nulidad del acta de secuestro inicial y todo lo obrado en su consecuencia”.
3. Tenencia de estupefacientes. Principio de lesividad. Juicio abreviado.
“[U]n principio mayor que ilustra el procedimiento penal, como es el principio de lesividad [hay cita], ha sido desatendido en la necesidad de concluir rápidamente con un pronunciamiento condenatorio, y que junto al principio de proporcionalidad mínima e intrascendencia impiden simplemente homologar el acuerdo alcanzado”.
ESTUPEFACIENTES; TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES; ALLANAMIENTO; ACTA DE SECUESTRO; TESTIGOS; NULIDAD; PRUEBA; INFORME PERICIAL; PRUEBA DE PERITOS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; JUICIO ABREVIADO;
Sayago Tovar (Causa N° 6886)Juzgado Federal de Gualeguaychú
El Juzgado Federal de Gualeguaychú sobreseyó al imputado y ordenó la entrega de los bienes secuestrados (juez Viri).
1. Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Cultivo de estupefacientes. Salud pública. Tipicidad. Dolo. Principio de lesividad.
“[N]o existe ningún elemento fáctico en los obrados que permita continuar con la investigación, ya que no se ha verificado una acción ilícita, toda vez que de las constancias de autos surge que [el imputado] poseía semillas de cáñamo, perteneciente a la familia de las cannabis sativa, de bajo poder germinativo tal como lo determinó la pericia […], corroborándose de esta manera [...] que las semillas [...] tenían un destino medicinal.
Pero no es sólo tal situación la que conlleva a desvincular [al imputado], sino también el resultado de la pericia telefónica […] permite sostener que el imputado no está vinculado al cultivo de plantas de cannabis sativa con la intención de insertar su producido en la cadena de tráfico de estupefaciente y que, de tal modo, los hechos acaecidos no afectaron a la salud pública siendo este el bien jurídico protegido”.
“[S]i bien en el análisis de la estructura típica del delito investigado, en su faz objetiva se observa claramente que las semillas pertenecen a la familia de las cannabis sativa para abarcar en su plenitud la configuración del ilícito adolece del daño a la salud pública, ya que tanto su finalidad e intencionalidad se enmarcan en lo estipulado en la ley 27.350…”.  
ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; SALUD PÚBLICA; TIPICIDAD; DOLO; PRINCIPIO DE LESIVIDAD;
Torres (Causa N° 19199)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por mayoría, hizo lugar al recurso, revocó el auto de procesamiento y dictó el sobreseimiento del imputado (juez Elías, jueza Catalano y, según su voto, juez Castellanos).
1. Código Aduanero. Contrabando. Mercaderías. Tipicidad.
“[L]a valuación de la mercadería no resulta una cuestión irrelevante [...] porque redunda en el encuadre de la conducta del imputado ya sea en el ámbito penal o en el infraccional, por lo que debe prestarse especial atención a los fines de su fijación”.
“[N]o cabe efectuar aditamentos impositivos a mercaderías cuya incorporación al mercado no se presenta de manera regular y por ello debe estarse al valor del aforo de aduana de las hojas de coca que, como se detalló, no supera los $ 500.000. Por ello, [...] le asiste razón a la defensa toda vez que no resulta lógico que a los efectos de su valoración y aforo se adicionen los impuestos (vgr. IVA 21% e IVA Adicional), más aún si aquel aditamento eleva ilegítimamente el monto de la mercadería hasta superar el parámetro fijado por el mentado artículo”.
“[C]uando la mercadería objeto de secuestro carece de un mercado regulado, como es el particular caso de las hojas de cocas, no resulta razonable añadir los tributos que [...] se consigan [en el Código Aduanero], pues es de público conocimiento que el precio que se fija por su venta es el resultado de la libre oferta y demanda, pues no existen tributos que graven tal producto” (voto del juez Elías, al que adhirió la Jueza Catalano).  
2. Contrabando. Contrabando de estupefacientes. Bien jurídico. Principio de lesividad.
“[U]na ponderación relativa al bien jurídico tutelado por la norma prohibitiva y la necesidad de su afectación para tener por configurado el principio de lesividad sobre el que se sustenta la legitimidad y justificación del ejercicio del poder punitivo estatal, […] llevan igualmente a sostener que existen supuestos en los que, por falta de potencialidad nociva de la conducta se determina la inaplicabilidad de la figura penal, sea esta el propio delito de contrabando”.
“[A]tento que las cantidades de hojas secuestradas no parecen estar destinadas ni siquiera potencialmente a la fabricación de estupefacientes, la falta de nocividad y consecuente puesta en riegos del bien jurídico tutelado se muestra patente, razón por la cual corresponde [dictar el sobreseimiento del imputado]” (juez Castellanos).
CONTRABANDO; MERCADERIAS; CÓDIGO ADUANERO; TIPICIDAD; CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; BIEN JURÍDICO;
SG (causa Nº 8646912)Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 4° Nominación de la Ciudad de Córdoba
El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 4a Nominación de Córdoba hizo lugar a la demanda en contra del docente y declaró a la adolescente víctima de violencia de género de tipo sexual. Por otro lado, hizo lugar a la demanda en contra del instituto educativo y declaró que la adolescente había sido víctima de violencia de género tipo psicológica y simbólica de modalidad institucional. En ese sentido, el juzgado tomó una serie de medidas:
- Ordenó al docente demandado que asistiera de manera obligatoria a las actividades psico–socio-educativas propuestas por el Centro Integral de Varones. Además, se indicó que acreditase su concurrencia con los certificados correspondientes.
Respecto del instituto educativo, la jueza ordenó que acreditase en el término de 30 días:
- El programa de capacitación temática de violencia de género y los propios de la ley 27.499 “Ley Micaela”.
- El protocolo de intervención frente a noticias de hechos de violencia de género ocurrido en el interior de la institución como de los que afectasen a sus miembros.
- La adecuación de la gestión institucional en materia de criterios básicos para las intervenciones en prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes, de conformidad al instrumento jurídico “La violencia contra niños, niñas y adolescentes Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas. 2006”.
- La propuesta elevada a la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza de la inclusión de la temática de los Derechos Humanos y la violencia institucional en su Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Además, puso en conocimiento del Ministerio de Educación y de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza la resolución a los efectos de que se iniciasen las actuaciones pertinentes y se determinara la continuidad de las autoridades al frente a la institución escolar.
Por otro lado, ordenó a la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza que incluyeran los plazos y sanciones a los efectos de que en el término de 30 días presentara el protocolo aplicable ante denuncias de violencia de género. Asimismo, ordenó a la Dirección de Medicina de Trabajo que, en el término de 30 días, presentase los parámetros de valoración incluidos en los exámenes psicofísicos para otorgar los aptos a docentes a fin de que se detectasen perfiles compatibles con abusadores sexuales. Por último, ordenó como reparación simbólica que se colocase una placa de material perdurable en el lugar y con la leyenda que la víctima indicara (jueza Wallace).
1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Violencia de género. Actos discriminatorios.
“A nivel global, [junto con] la genérica protección de que `Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona´ (art. 3) brindada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de toda Discriminación contera la Mujer (CEDAW) integrada […] con las Recomendaciones Generales 19 y 35 del Comité de CEDAW […], describe puntillosamente la discriminación contra la mujer al decir que es `…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales…´ (parr. 7) y que la violencia contra la mujer, basada en su género, es una forma de discriminación que impide gravemente tal goce, incluyendo `…actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual…´ (parr. 6). Asimismo: `El Comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer está arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología del derecho y el privilegio de los hombres respecto de las mujeres, las normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar el control o el poder masculinos, imponer los papeles asignados a cada género o evitar, desalentar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de las mujeres. Esos factores también contribuyen a la aceptación social explícita o implícita de la violencia por razón de género contra la mujer´ […] Además, la CIDH ha sostenido que `…La violencia contra las mujeres se perpetúa por la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias para con las víctimas´ (CIDH, El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití. Informe anual, Haití, 2009, párrafo 78). Cabe consignar que CEDAW establece que el Estado signatario tomará en todas las esferas, `todas las medidas apropiadas… para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre´ (art. 3). Concretamente, las medidas apropiadas para `modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres´ (art. 5 inc. a). Por otro lado, establece que los Estados parte adoptaran `…todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas…´ (art. 2 inc. e)”.
2. Convención sobre los Derechos del Niño. Violencia de género.
“Dentro del estatuto referido a Niñez, la Convención Sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 CN) específicamente pone en cabeza del Estado signatario, la obligación de adoptar: `todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo´ (art. 19 a. ). A su vez, el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General N° 13, define violencia como `toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual…lesiones, abuso, descuido o trato negligente, malos tratos y explotación…sentado inequívocamente que la elección del término `violencia´ en la presente observación general no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas no físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otras), ni la necesidad de hacerles frente´. (par. 4). Esta misma OG, refiere por abuso y explotación sexual, entre otras prácticas, a aquellas en las cuales: `…pese a no mediar la fuerza o la coerción físicas, son intrusivos, opresivos y traumáticos desde el punto de vista psicológico´ (par. 25. d), por último, define a los cuidadores comprendiendo en tal categoría `… a las personas con una clara responsabilidad legal, ético-profesional o cultural reconocida respecto de la seguridad, la salud, el desarrollo y el bienestar del niño, principalmente…el personal de los centros de enseñanza…´ (par. 33), categorizando al docente como `cuidador temporal…en espacio de atención habituales´ (par. 34)”.
3. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará); Violencia de género. Violencia sexual. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Violencia institucional.
“Belem do Para define violencia contra la mujer a: `…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado´ (art. 1). Luego, aclara que esa violencia basada en el género alcanza la violencia física, sexual y psicológica y que esta puede tener lugar: `...en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar´ (art. 2 inc. b). Las definiciones de violencia –genérica– hacia niños NNA, adoptadas a nivel internacional abarcan conceptos de violencia reflejados en la CDN –especialmente art 19– así como la definición de violencia adoptada por la OMS. Y es que la violencia, basada en el género, de tipo sexual, ha sido incluida en todas las definiciones de violencia hacia NNA o maltrato infantil: `…El maltrato infantil, en general, se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder…´ […].
Puntualmente, la Violencia Sexual en NNA se refiere a conducta sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia y recursos que utiliza incorrectamente su poder o autoridad (La violencia contra niños, niñas y adolescente. Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas. 2006)”.
“Respecto de la Violencia Institucional en NNA detalla, `violaciones de los derechos en las instituciones y/o sistema puede producirse por omisiones: no aprobar o revisar disposiciones legislativas o de otro tipo, no aplicar adecuadamente las leyes y otros reglamentos, no contar con suficientes recursos y capacidades materiales, técnicas y humanas para detectar, prevenir y combatir la violencia…´…”.
4. Violencia de género. Prueba. Apreciación de la prueba. Vulnerabilidad.
“[L]a prueba incorporada al presente proceso incidental ha contribuido a formar el convencimiento de quien suscribe que la situación de violencia de género, de tipo sexual física atribuida por [la adolescente] [al docente] ha existido en los términos denunciados. No sólo por la descripción de los profesionales de salud mental que contuvieron a la joven en la oportunidad, que dan cuenta que el trauma que [la adolescente] experimento en el día y meses sucesivos […], es real…”.
“Si [se tiene en cuenta] además que la persona a la que se le atribuye esa conducta intimidatoria y agraviante, es un profesor dispuesto en ese cargo por la dirección escolar, posiblemente no determinante de las calificaciones de la materia, pero si con la autoridad suficiente como para estar al frente de un curso completo, evacuar dudas, controlar trabajos prácticos, entre otras tareas descriptas también por el testigo […], la vulneración se vuelve sustancialmente más insoportable para la persona victimizada, configurando un caso de violencia de género, en razón de la relación asimétrica de poder (jerarquía académica y generacional). En su declaración [el docente] reconoció ser `…muy exigente, muy estricto…´ con sus alumnos, menos liberal que otros profesores quienes no miden riesgos […]. La valoración interdisciplinaria de la personalidad [del docente] puntualmente cuando dice impulsividad reactiva, sumado a su propia opinión respecto de la rigidez o severidad con alumnos, admiten la posibilidad de un comportamiento inesperado o sorpresivo y hasta invasivo/agraviante hacia otros. Pero este análisis no carece de sustento fáctico ni resulta arbitrario, puesto que ha quedado también acreditado en la causa que lo vivenciado por [la adolescente] fue presenciado por dos alumnos y no se trató de una situación aislada, ya que existen otros relatos de otras mujeres, que dan cuenta de situaciones similares, a los cuales el actor significa de un sentido y todas las actuadas de otro, así en al menos cinco situaciones con distintas mujeres en situación de desventaja: una preceptora recién ingresada […] y cuatro alumnas…”.
“Si fuera el caso que el docente no registró la invasión a la intimidad de la alumna, no lo exonera en lo más mínimo, por el contrario, la naturalidad le impide identificar a una mujer dueña de su cuerpo y no un cuerpo para la exaltación de la sensorialidad propia de un modo casual/ocasional. Nadie debe ni puede dejar de registrar estos avancen porque no corresponde cosificar el cuerpo ajeno, menos de su alumna. Y allí es donde queda excluida la posibilidad de pensar la situación como una accidental y, claramente, emerge configurada la violencia de género”.
5. Violencia de género. Violencia institucional. Establecimiento educativo. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
“Tratándose de un establecimiento educativo privado, esta última cualidad no lo eximiría de causar esa modalidad de violencia de género. Esto último, en función que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas apropiadas paras prevenir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación en todos los supuestos que le sean presentados por víctimas de violencia de género, como derivación de la diligencia debida. Eso significa que la damnificada puede sufrir tales mermas a sus derechos por acciones u omisiones provenientes de agentes públicos y/o privados, caso contrario, la obligación del Estado signatario lo sería solamente por las acciones u omisiones de agentes estatales y, como arriba se señala, no así. Asimismo, nadie puede generar tales hechos u omisiones reprochables, si no se encuentra comprendido en la genérica obligación de no hacerlos.
A más de lo cual `Conforme a este marco jurídico internacional, el Estado tiene un deber de debida diligencia aún más intenso respecto a las niñas debido a la obligación de protección especial contenida en los artículos 19 de la Convención Americana y VII de la Declaración Americana, así como a la obligación de debida diligencia reforzada establecida en la Convención de Belém do Pará´ (Mesecvi 2016. Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará. Pár 32).
Avalando tal postulado, rezan las normas que obligan al Estado Argentino, que debe proteger a la `mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social´ (Comité CEDAW Recomendación General N° 12/1989, `Violencia contra la Mujer´); recalcado en `de conformidad a la convención, la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre. …. En virtud del inciso c) del artículo 2 de la convención, los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. En virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización´ (Comité CEDAW Recomendación General N° 19/1991 `La Violencia contra la Mujer´, párr. 9). En el mismo sentido: `Los Estados partes tiene la obligación de no discriminar a la mujer por acción o por omisión; además, están obligados a reaccionar activamente ante la discriminación contra la mujer, independientemente de que esas acciones u omisiones sean cometidas por el Estado o por actores privados´ (Comité CEDAW Recomendación General N° 28/2010 `Relativa al artículo 2´, párr. 10) y `En virtud del derecho internacional general, así como de los tratados internacionales, los actos u omisiones de un agente privado pueden generar la responsabilidad internacional del Estado en ciertos casos, entre los que se incluyen los siguientes: a) Los actos u omisiones de agentes privados facultados por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, entre ellos los organismos privados que prestan servicios públicos, tales como la atención de la salud o la educación….´ (Comité CEDAW Recomendación General N° 35/2017 `Sobre la violencia por razón de género contra la Mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19´, párr. 24.1.a)”.
6. Establecimiento educativo. Denuncia. Reglas de Brasilia. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém Do Pará). Derecho a ser oído. Acceso a la justicia.  
“[T]anto a nivel institucional como personal, los directivos del Colegio […], se encuentran comprendidos en la obligatoriedad de denunciar inmediatamente los hechos de violencia de género que tomen conocimiento en ocasión de sus funciones (art. 5 ley 10.401), por lo tanto, se encuentran comprendidos en la categoría `quienes intervengan de una u otra forma en su funcionamiento (del sistema de justicia)´, razón por la cual son destinatarios del contenido de las Cien Reglas de Brasilia (Regla 24 inc. f), las que se aplican en los presentes a la adolescente […], quien pertenece, simultáneamente, a tres condiciones de vulnerabilidad: por su edad (Regla 5), por su género (Regla 17) y por ser víctima (Regla 10). A esta interseccionalidad, se suma la absoluta asimetría de poder entre jefa de preceptoras, docentes y cuerpo directivo, y una alumna dentro de la institución.
Atento la condición de interseccionalidad arriba referida, es que desde la intervención del Estado, se le generan a [la adolescente] un plus de derechos para revertir el plus de dificultades que le pesan, conforme lo cual: `Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad´ (art. 9 Belém do Pará).
En particular, [se hace referencia] no solamente al derecho a ser escuchada (art. 12 CSDN), sino al del acceso a la Justicia, y la relevancia del patrocinio jurídico, que se le garantiza a la adolescente proveyéndole asistencia jurídica gratuita, especializada y de calidad, de acuerdo a la Reglas 30 y 31 de Brasilia; Recomendación General N° 28 (Relativa al Art. 2 CEDAW), párr. 34; Recomendación General N° 33 (Sobre el acceso de las mujeres a la justicia), pár. 37 y Recomendación General N° 35 (Sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza le recomendación general N° 19), pár. 31 a...”.
7. Violencia de género. Violencia institucional. Apreciación de la prueba. Ley aplicable. Establecimiento educativo. Categorías sospechosas.
“[L]a Ley de Violencia de Género 10.401 (art. 25), regula como supletorio el régimen procesal, el específico que corresponda, debiendo ser aplicadas las normas del proceso más sumario previsto en cada ordenamiento y en todo lo que no se oponga a la propia ley. En una demanda por violencia de género institucional, no es dable valorar la prueba bajo los principios del proceso administrativo, en razón que afecta más de uno aplicable a los procesos de género, como la carga probatoria tratándose de una categoría sospechosa. Este último encuadre no es arbitrario, atento a que, existe el `principio por el cual una vez que se demuestra que la aplicación de una regla lleva impacto diferenciado entre mujeres y hombres, el Estado debe probar que se debe a factores objetivo no relacionados a la discriminación´ (Tribunal Europeo de Derechos Humanos en `Opuz Vs. Turkey´ 2009). En el caso que nos ocupa, la regla aplicada por el Colegio […] a partir del conocimiento de un acto atentatorio de la integridad sexual, siempre perjudica a quienes los exponen (mujeres), en función que obtura el esclarecimiento y castigo de los hechos, recrudeciendo las acciones y omisiones negativas para con quienes dan a conocer tales indebidas acciones.
Este principio de categoría sospechosa, originalmente aplicado a causas que involucran al Estado, se aplica transitivamente a protagonistas no estatales, con fundamento en la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa `Sisneros´ […]. Con esta línea argumentativa, queda absolutamente fundada la valoración de la prueba con criterios que no se corresponden al proceso administrativo”.
8. Violencia de género. Revictimización. Reglas de Brasilia.
“La acciones y omisiones de la institución en esta primera etapa, se caracterizan por i. hacer reiterar a [la adolescente] el relato de los acontecimientos traumatizantes, tres veces en un día y el cuarto si se suma al de su progenitora, lo necesario y suficiente como para que bloquee su capacidad de reclamo por hartazgo repetitivo, lo que se conoce como revictimización, contrariando así las Reglas 37 y 69 Brasilia y art. 3 inc k. ley 26.485. ii. emitir juicios críticos sobre sus dichos en oportunidad de efectuar el relato, contrariando así las Regla 73 de Brasilia. iii. omitir labrar actas de las manifestaciones de [la adolescente], desconociendo no sólo la vital ulterior utilidad de tales soportes sino, principalmente omitir deliberadamente la elaboración del instrumento que permitiría una investigación administrativa al interior del colegio, contrariando las obligaciones inherentes a los cargos jerárquicos en los establecimiento educativos, responsables del `daño sufrido por sus alumnos menor de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar´, desconociendo la recomendación de preconstituir prueba, contrariando la Regla 70 de Brasilia y el art. 1767 CCCN. iv. se descree absolutamente el relato de [la adolescente] (y otras mujeres), valorando el Concepto Personal docente del [docente] […], no tomando en cuenta a la Observación General 12 del Comité de los Derechos del Niño, párr. 2, cuando refiere que `El derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención´;  v. se le ofrece a [la adolescente] que el profesor […] le pida disculpas como alternativa reparativa, contrariando la Recomendación Nº 5 del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Violencia 2012 (MESECVI), el Segundo informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del comité de Expertas del MESECVI, pár. 53 y el Comité CEDAW. Recomendación General 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General núm. 19, pár. 52 b y art. 15 de la ley 10.401…”.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; VIOLENCIA DE GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; VULNERABILIDAD; DENUNCIA; REGLAS DE BRASILIA; DERECHO A SER OIDO; ACCESO A LA JUSTICIA; LEY APLICABLE; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; REVICTIMIZACIÓN;
MASCI (causa Nº 12620)Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II
La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar al recurso de revocatoria, declaró la inconstitucionalidad del artículo 49, inciso 4, de la ley N° 24.241 y remitió las actuaciones a la Cámara Federal con jurisdicción en el Juzgado Federal del domicilio del actor en la ciudad de Mar del Plata (jueces Fantini Albarenque y Carnota, y jueza Dorado).
1. Seguridad Social. Competencia. Competencia federal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“Más allá de la situación de colapso de esta Cámara, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia del 15 de julio de 2021, Giménez Rosa E […] formuló diversas puntualizaciones al respecto.
En tal sentido, cabe señalar que, a partir de lo decidido oportunamente por la Excma. C.S.J.N. en precedentes como `Pedraza´ y `Constantino´ como así también lo actuado en su consecuencia (ver a modo de ejemplo lo dispuesto por el art. 7 última parte del Dcto. 894/16), la atribución competencial en lo relativo a la materia previsional ha sufrido un constante desplazamiento de la competencia desde un fuero capitalino especializado hacia la justicia federal del interior con competencia múltiple, erigiendo un criterio de territorialidad que se compadece con la inmediatez respecto del domicilio real del justiciable, asegurando así el debido acceso a la justicia y observando principios de economía procesal de los que no cabe desdeñar”.
“[C]oincidir con las consideraciones del Sr. Procurador Fiscal en la causa […] referida, que hunden sus raíces en el art. 18 C.N. y en el derecho internacional de los derechos humanos de análogo linaje. A mayor abundamiento, y a guisa de `soft law´, cabe mencionar las `Reglas de Brasilia´, a las que el Supremo Tribunal adhirió por medio de la Acordada 5 del año 2009 y que configuran una `guía´ para resolver estas cuestiones”.
SEGURIDAD SOCIAL; COMPETENCIA; COMPETENCIA FEDERAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
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