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DoctrinaVoces CSJN
Zumbay (causa Nº 3546)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar al recurso de apelación y ordenó a la ANSeS que abonase en forma inmediata la Asignación Universal por Hijo suspendida hasta tanto se resolviese el trámite principal (jueces Rabbi Baldi Cabanillas, Sola Espeche y French).
1. Medidas cautelares. Medida de no innovar. Peligro en la demora.
“[C]abe recordar que `las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces, y si bien para descartarlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus bonis iuris, siendo admisibles en tanto y cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable´ […].
Pues bien, el art. 230 del CPCCN dispone que `podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicios, siempre que: 1°) El derecho fuera verosímil. 2°) Existiere peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3°) La cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria´.
Por medio de esta se trata de `asegurar la inalterabilidad de la situación de hecho existente mientras se sustancia el proceso principal, en tanto su modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible (art. 230, inc. 2°, del CPCCN), de tal manera que no pueda cambiarse de estado la cosa objeto del juicio para que no sea trabada la acción de la justicia´ […]. `Se observa que la medida tiene un objeto inmediato, a saber: que no se modifique ni altere la situación fáctica o jurídica. Y un objeto mediato: que al momento de la sentencia pueda ésta cumplirse si el derecho le es reconocido al litigante, despejando la posibilidad de que se torne ilusorio el derecho que pueda corresponderle, evitando así un perjuicio irreparable´ como el que derivaría de `la concreta realización de actos o hechos cuyas consecuencias se prevén como definitivamente perjudiciales´…”
2. Medida de no innovar. Actos administrativos. Medidas precautorias. Peligro en la demora.
“Asimismo, corresponde puntualizar que `si bien por vía de principio, la prohibición de innovar –como la dispuesta en autos–, no procede respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles´ […] por lo que en esos supuestos, la apreciación de las circunstancias particulares del expediente a los fines de la ponderación de los requisitos que hacen a la admisibilidad de la medida solicitada debe examinarse con mayor severidad y con carácter restrictivo […].
Finalmente, cabe reseñar que para acceder a la medida precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la justifique, el que debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros […], siendo este presupuesto aún más exigible cuando la petición cautelar coincide con la petición de fondo, en tanto su concesión implicaría desnaturalizar la finalidad asegurativa que inspira el instituto provisorio, cuando no existan circunstancias que justifiquen un adelanto de jurisdicción”.
3. Medidas cautelares. Responsabilidad del Estado. Verosimilitud del derecho.
“[E]l supuesto de autos se encuentra dentro de las prescripciones previstas por el art. 14 inc. 1° puntos a), b) y c) de la ley 26.854 que viabiliza el dictado de medidas cautelares en contra del Estado Nacional ante la inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico concreto y específico a cargo de la demandada frente a `la fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública exista´.
Así, pues, en el limitado y provisorio marco de conocimiento propio del instituto en examen, aparece configurado el requisito que atañe a la verosimilitud del derecho con el grado antes referido, ya que se está frente a una cuestión que permite en el estado actual de discusión y análisis tener por acreditado un mejor derecho de la actora frente a un acto administrativo que, en principio, resultaría arbitrario”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA DE NO INNOVAR; PELIGRO EN LA DEMORA; ACTOS ADMINISTRATIVOS; MEDIDAS PRECAUTORIAS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Fleitas (causa N° 13141)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación y absolvió al imputado (jueces Sarrabayrouse y Morin).
“[S]i la función del Derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos y debe ser la última ratio del sistema, la conducta desplegada por Fleitas no afectó el patrimonio del negocio porque no sólo las cuatro frutas que intentó llevarse no representan un valor económico significativo, sino porque también fueron recuperadas de inmediato. Las características del hecho, además, revelan la inexistencia de una acción que por sus características disvaliosas justifique la intervención del Derecho penal, si se toma en cuenta la falta de violencia o fraude en la conducta reprochada”.
“[No] puede pasarse por alto el nudo central que exhibe el asunto con independencia del enfoque dogmático a que se adopte y la concepción sobre la función y los fines del Derecho penal: la aplicación del castigo penal en contextos de desigualdad, esto es, la concreta situación social y personal de Fleitas […], que excede la sola consideración para la medición de la pena…” (voto del juez Sarrabayrouse).
“[En el precedente Catule] se puso de manifiesto que los criterios para resolver acerca de la aplicación de este principio [principio de insignificancia] no se agotaban en el valor económico de la cosa sustraída sino que también se debía tomar en consideración, entre otras cosas, las características del hecho, las condiciones personales del imputado, el daño concreto producido en relación con las características de la víctima, la proporcionalidad entre la respuesta estatal y la magnitud de la infracción, la racionalidad de los actos de gobierno, los principios de lesividad y ultima ratio, el funcionamiento del sistema penal, en especial en lo que se refiere al proceso de selectividad y la inadecuada utilización de recursos humanos escasos”.
“[A] pesar del aparente ingreso de la conducta al tipo, [cabe] concluir que, por imperio del principio de insignificancia, corresponde excluirla del tipo de hurto por el que Fleitas fue condenado”.
“[T]ambién se manifiesta aquí la distorsión de un sistema que se dedica a atender mediante la intervención de jueces, fiscales y defensores, casos de mínima alteración del orden social en detrimento de la utilización de los escasos recursos humanos al procesamiento de causas de alto impacto” (voto del juez Morín).
HURTO; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; DESIGUALDAD SOCIAL;
Peralta (reg. N° 92 y causa N° 17833)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró improcedente el recurso de inconstitucionalidad (jueces Magariños, Jantus y Huarte Petite).
1. Jurisdicción y competencia. Conflicto de competencia. División de los poderes.
“[E]l impugnante pretende modificar las reglas de competencia, a los efectos de la revisión de la condena confirmada respecto de la imputada, atento a que, de momento, los poderes legislativos nacional y local no han sancionado las leyes de jurisdicción y competencia cuyo dictado permanece en la órbita de sus facultades, y el recurrente considera conducente y necesaria su modificación. Ello, sin duda, no puede prosperar.
[P]ostula, mediante la articulación del recurso de inconstitucionalidad, que esta Cámara suplante ese proceso político, republicano y democrático, por una imposición pretoriana sustentada en su desacuerdo o discrepancia con los tiempos y con los resultados vinculados a las tareas que se encuentran en desarrollo y que incumben a otros departamentos de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cláusula transitoria segunda de la Constitución local, y arts. 6 y 8 de la ley nacional 24.588.
Ello atenta contra la misión más delicada del Poder Judicial, esto es, saber mantenerse dentro de sus atribuciones, evitando enfrentamientos estériles con los restantes poderes (Fallos, 155:248; 254:43; 263:267 y 282:392, entre muchos otros); y respetando –en especial– las atribuciones propias del Congreso de la Nación en tanto representante del pueblo (Fallos: 339:1077; 342:917, etc.). Los jueces no pueden apartarse del principio primario de sujeción a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por este (Fallos: 313:1007 y sus citas). De otro modo podría arribarse a una interpretación que –sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal– equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 279:128; 300:687; 301:958; 321:1434; 323:3139)”.
2. Jurisdicción y competencia. Federalismo. División de poderes. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l Máximo Tribunal no ha desarticulado por vía de precedente a la justicia nacional, sino que ha establecido que su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar convenios de transferencia, para cuya conclusión deben intervenir los poderes políticos, tal como aquí se ha afirmado”.
“Más allá de advertir los desajustes institucionales que emergerían de la demora de las autoridades federales o provinciales en cumplir con los ‘mandatos de hacer’ establecidos constitucionalmente como estructurantes del federalismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación continuó ejerciendo competencia para resolver las innumerables impugnaciones interpuestas contra las decisiones de esta Cámara…”.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido de modo reiterado sobre los límites impuestos a los jueces en punto a la prohibición de usurpar funciones legislativas y la necesidad de respetar las competencias asignadas por el modelo republicano consagrado en la Constitución Nacional”.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación lejos de usurpar ámbitos funcionales reservados constitucionalmente a otros departamentos de gobierno, procedió a requerir a los Poderes Ejecutivos Nacional y local que, a través de los organismos correspondientes, adoptaran las medidas que son de su propia incumbencia”.

JURISDICCION Y COMPETENCIA; CONFLICTO DE COMPETENCIA; DIVISIÓN DE LOS PODERES; FEDERALISMO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
VJA (Causa N° 40879)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso interpuesto por la Obra Social y confirmó la medida innovativa dictada (jueces Catalano, Samsón, Vittar, Viñals y Aguilar, y juezas Bonari, Ovejero Cornejo, Gauffin y Faraldo).

1. Medidas cautelares. Derecho a la salud. Interpretación de la ley.
“[L]a finalidad de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la posibilidad de una posterior sentencia favorable. Es decir, se trata de impedir la eventual frustración de los derechos de las partes con el objeto de que no resulten inocuos los pronunciamientos que dan término al litigio. Están Destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra…”.
“[E]l ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre ellos el de preservación de la salud, no necesita justificación alguna, sino por lo contrario, es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada […]. A lo que corresponde agregar que el estándar de interpretación fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación impone si se halla en juego la subsistencia de un derecho social, de principal rango y reconocimiento, tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales incorporados con esa jerarquía en el art. 75 inc. 22,  ante la interposición del mecanismo también consagrado constitucionalmente en el art. 43 con el objeto de garantizar de un modo expedito y eficaz su plena vigencia y protección, procede exigir de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia a fin de no tornar utópica su aplicación…”.
2. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho.
“[L]a cautelar dispuesta no luce desprovista de fundamentos como invoca el recurrente, si se tiene en consideración el estadio procesal para su dictado, puesto que, como es sabido, estas medidas no exigen de la magistratura el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. Dicho análisis no entraña más que un juzgamiento acerca de la probabilidad de la existencia del derecho debatido, toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del pronunciamiento final a dictarse oportunamente [...].
Debe tenerse presente además que la articulación de una medida cautelar innovativa conjuntamente con la acción de amparo, procura una solución inmediata para una situación que se presenta con características de urgencia o impostergabilidad y fundada en un suficiente `fumus bonis iuris´, pero no se agota con su otorgamiento”.
3. Acción de amparo. Medidas precautorias. Medida de no innovar. Certificado Único de Discapacidad.
“[E]s pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sentado que la acción de amparo no actúa como una simple medida de no innovar […], teniendo en consideración que no es una acción que se agota en la traba de la medida precautoria […]. Ello es así, dado que la medida cautelar adoptada en el proceso de amparo en el que ha mediado ulterior oposición de la demandada, queda librada a la decisión final que –según admita o desestime el amparo–, convertirá la cautelar en definitiva o producirá la decadencia de tal medida.
Dado lo antes expuesto, cabe concluir que los argumentos señalados del recurrente no logran conmover la razonabilidad de lo decidido, en tanto, más allá de la alegada falta del certificado de discapacidad, no se ha cuestionado el diagnóstico de la enfermedad que padece el actor y su incidencia crónica y degenerativa, cuestión que, ante la eventual implicancia en el deterioro de la salud de aquél, justificó la concesión de la cautelar”.
4. Seguridad social. Solidaridad previsional.
“[L]os agravios relativos a la pretendida afectación del principio de solidaridad contributiva del sistema de seguridad social resultan inatendibles pues [...] la simple invocación de manera ligera y abstracta de tal principio no es suficiente para tener por acreditada la afectación patrimonial de la estructura misma del sistema de salud que el I.P.S.S está obligado a garantizar […] valoración ésta que [...] se efectúa en el marco de provisoriedad que caracteriza a las medidas cautelares y sin perjuicio de lo que se resuelva en el principal sobre la cuestión de fondo.
[C]on relación a qué debe entenderse por cobertura integral, esta Corte dijo que, de cara al sentido de las palabras, se tiene que `integral´ significa `global; total´ […] y por lo tanto comprensiva del 100% y no solo de una parte o fracción de la cobertura…”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; ACCION DE AMPARO; MEDIDAS PRECAUTORIAS; MEDIDA DE NO INNOVAR; CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD; SEGURIDAD SOCIAL; SOLIDARIDAD PREVISIONAL;
PJC (causa Nº 24873)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala de Feria
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a los recursos y estableció que el período vacacional del actor con el niño F. debía ser en la provincia de Formosa. Además, determinó que se mantuviese el vínculo paterno con el niño por los medios telemáticos a disposición mientras se encontrase con la madre y, de igual modo, con la progenitora cuando el niño se encontrase con el padre (juezas Pérez Pardo y Bermejo, y juez Fajre).
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Responsabilidad parental.
“[L]os niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos que merecen especial tutela en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 23). Por ese motivo, debe considerarse al interés superior de ellos, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3, párrafo 1) y en el actual Código Civil y Comercial de la Nación (art. 706, inc. c).
Como se ha expuesto, `el interés al que refiere la fórmula no alude a una noción abstracta aplicable en forma sistemática e idéntica a todas las situaciones, requiriéndose en consecuencia que el intérprete emita su juicio de valor sobre cuál es, en el caso, el interés superior del niño, sopesando las características del supuesto que se presenta a su intervención, en el que debe contextualizarse el análisis. En cualquier caso, de entre las decisiones posibles, la que mejor responda al superior interés del niño será aquélla que garantice que se respeten sus derechos humanos fundamentales y su condición de sujeto de derecho.´ […].
Al respecto, cabe poner de resalto que el art. 642 del Código Civil y Comercial de la Nación contempla los desacuerdos entre los padres respecto de las decisiones relacionadas con la vida de los hijos menores de edad y establece que, ante ellos, el juez debe decidir el diferendo.
En tal sentido, la norma citada se integra con los arts. 639 y 706 del mismo cuerpo legal, en cuanto a que toda decisión que deba adoptar el magistrado actuante en la materia debe tener en cuenta el interés superior del niño”.
2. Emergencia sanitaria. Traslado de personas. Niños, niñas y adolescentes.
“[D]adas las condiciones del contexto sanitario actual ante el rebrote de la pandemia de Covid, las medidas de confinamiento y aislamiento dispuestas por las autoridades públicas nacionales y provinciales –en particular las relacionadas con el tránsito de personas entre diferentes jurisdicciones–; con todos los trastornos que ello implica, tornan desaconsejable el desplazamiento del niño F. fuera del lugar donde reside actualmente”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RESPONSABILIDAD PARENTAL; EMERGENCIA SANITARIA; TRASLADO DE PERSONAS;
De la serna (causa Nº 6920)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala de Feria
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión recurrida (jueces Alvarez y Lemos Arias).
1. Peligro en la demora. Derecho a la preservación de la salud.
“[E]l peligro en la demora se encuentra configurado, dada la potencialidad dañosa que podría representar para la preservación en la salud de las personas que habitan el barrio `15 de diciembre´, la falta de agua potable como así también la utilización de `pozos ciegos´ precarios no evacuados, que constituyen una fuente indiscutible de inaceptable menoscabo sanitario y habitacional.
En tales condiciones, el peligro en la demora resulta manifiesto desde que se encuentra comprometida la vida e integridad física de los habitantes del lugar. Recuérdese al respecto que la Constitución reconoce expresamente entre los derechos sociales los correspondientes a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos. En consonancia con ello y en virtud de lo dispuesto en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida y expresado que existe en cabeza de las autoridades públicas una obligación impostergable de garantizarlos con acciones positivas…”.
2. Medidas cautelares. Aguas corrientes. Daño. Verosimilitud en el derecho.
“[L]a operatividad de las medidas cautelares como la señalada –disponibilidad de agua potable y sanitización de pozos– se encuentra determinada por la necesidad de proteger un derecho que todavía no es cierto para evitar la consumación de perjuicios irreparables.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido una cierta correlación entre los requisitos de procedencia para la concesión de las medidas cautelares de alcance como la antes apuntada disponiendo que `…cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad o irreparable, el rigor de las formas se puede atenuar´ […].
En virtud de lo expuesto, el plano del sumario cognitio hace suponer prima facie la existencia de un planteo audible, respecto a la existencia de un riesgo de daños de extrema gravedad o irreparable; lo cual determina atenuar el examen de la verosimilitud.
En ese entendimiento no resulta posible soslayar el grave contexto fáctico que se presenta en la especie […], caracterizado por una situación que comprometería los más elementales derechos humanos –a la vida, a la salud y a la dignidad–.
En ese específico contexto de provisionalidad –por un lado– y gravedad –por otro–, las mejoras y medidas ordenadas –de índole sanitaria en sustancia– se inscriben, ciertamente, en la necesidad de que se atienda a la impostergable protección del derecho a la salud de los accionantes y los demás habitantes del barrio”.
3. Medidas precautorias. Aguas corrientes. Salud pública.
“[E]n la decisión precautoria no se ha dispuesto el tendido de redes de agua potable en el barrio. Con relación al agua potable, cabe precisar que en virtud de los derechos en juego y el peligro en la demora, la demandada deberá procurar agua potable para los habitantes del lugar, mediante bidones, camiones cisternas o por las vías que considere aptas al efecto de facilitar el acceso a una fuente de agua segura. A similar conclusión se arriba en relación a la limpieza de los desagües cloacales cuya realización se encomendara, pues en consonancia con la transitoriedad aludida y la gravedad de la situación sanitaria, no es posible colegir de la decisión el alcance que le asigna el recurrente.
La Res. 898/2001 del Registro del Ministerio de Salud de la Nación establece, entre otras cuestiones, que las políticas estatales tienen por objetivo primero y prioritario asegurar el acceso a la salud, entendiendo por tales al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación, sean éstos de carácter público estatal, no estatal o privados; con fuerte énfasis en el primer nivel de atención.
Cabe enfatizar que el agua se constituye como un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud de las personas. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Así, entre otros Tratados Internacionales, la `Convención sobre los Derechos del Niño´ de jerarquía constitucional exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades mediante el suministro de agua potable salubre (art. 24°, 2.c.)”.
PELIGRO EN LA DEMORA; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; MEDIDAS CAUTELARES; AGUAS CORRIENTES; DAÑO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; MEDIDAS PRECAUTORIAS; SALUD PÚBLICA;
Perez Gonzalez (causa Nº 4253)Cámara Federal de Apelaciones de Salta
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó el recurso de apelación (jueces Rabbi Baldi Cabanillas, French y Castellanos).
1. Medidas cautelares. Derecho a la salud. Verosimilitud del derecho.
“[E]l recurso en examen debe ser analizado partiendo de la base de que la cautelar solicitada –en el marco del proceso de amparo– consiste en que se ordene a la demandada una real e integral cobertura médica asistencial consistente en la provisión de un acompañante terapéutico y/o enfermero/a a favor de un menor de edad durante las 24 horas, todos los días de la semana. Es decir, que nos conduce a tratar un asunto vinculado al derecho a la salud que, derivado del derecho a la vida, tiene jerarquía constitucional, al ser reconocido implícitamente en el art. 33 y de modo explícito en diferentes tratados internacionales en los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”.
“[R]esulta importante destacar que `las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su función y si bien para acogerlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario verosimilitud en el derecho invocado, siendo admisibles en tanto y en cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece fundada y la reclamación de fondo se muestra viable y jurídicamente tutelable´ […], circunstancias que, conforme lo apuntado, concurren en el presente caso, en el que ante la eventual concreción de un daño irreparable se debe otorgar una inmediata protección frente a la situación en la que se encuentra el afiliado…”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
MC (causa Nº 11890)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala de Feria
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil habilitó la feria judicial y remitió las actuaciones al Ministerio Público de la Defensa para que dictaminase en relación con la vista conferida el 30 de diciembre del 2020 (juezas Perez Pardo, Bermejo y Benavente).
1. Feria judicial. Habilitación.
“Las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son aquéllas que entrañan para los litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos, para cuya tutela se exige protección jurisdiccional. Por lo tanto, la intervención de los tribunales durante este período es de excepción (art. 153 del Código Procesal).
Los motivos extraordinarios que autorizarían a su recepción deben ser reales, emanados de la propia naturaleza de la cuestión y no de la premura que un asunto pueda tener desde la óptica del interés particular del litigante, frente a la demora que traería aparejada la suspensión de la actividad judicial.
En suma, debe existir la posibilidad cierta de que el retardo frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño irreparable, todo lo cual debe valorarse con criterio objetivo y restrictivo en los términos del citado art.153…”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho y deber de comunicación.
“[E]n toda actuación judicial en la que se encuentren involucrados niños o adolescentes, debe velarse por el interés supremo de éstos, que se erige como principio rector del derecho procesal de familia.
Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la expresión `interés superior del niño´ implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida (CIDH, 28/08/2002, Opinión Consultiva OC 17/02, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[…]); y la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 lo definió como `la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley´ (art. 3°).
En consecuencia, en todos los asuntos de esta índole, ha de ser aquel interés primordial de los niños y adolescentes el que ha de orientar y condicionar toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos; y ello conforme a reiterada jurisprudencia de nuestra Corte Federal […].
Conviene aquí resaltar que el derecho de los hijos a no ser separados de sus padres y a tener adecuada comunicación con ellos, se encuentra garantizado por los arts. 9.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por el artículo 11 de la ley 26.061, que dispone que los niños tienen derecho `...a la preservación de sus relaciones familiares [...] a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados´.
Es por ello que uno de los deberes fundamentales que tiene el padre o la madre que se encuentra al cuidado de un hijo es el de favorecer y estimular la libre comunicación de éste con el padre o la madre no conviviente (ver art. 653, inc. a), del Cód. Civil y Comercial). Desde esta perspectiva, mantener contacto y comunicación con el hijo constituye un deber paternal y maternal de interés y atención; como asimismo, desde la óptica del hijo, existe también un deber filial de éste de ver y comunicarse con aquéllos...”.
FERIA JUDICIAL; HABILITACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO Y DEBER DE COMUNICACIÓN;
Coria García Martínez (causa Nº A75163)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso, revocó la sentencia impugnada y declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del reglamento de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (jueces Pettigiani, Torres y Genoud, y jueza Kogan).
1. Actos discriminatorios. Estereotipos de género. Categorías sospechosas. Jurisprudencia.
“[L]a norma impugnada en este aspecto evidencia desajustes con la manda fijada en el art. 11 de la Constitución provincial.
Ello por cuanto tal regulación importa una discriminación entre afiliados a la Caja con motivo del género sin que se advierta una causa objetiva y razonable que sustente el desigual tratamiento.
Al respecto, […] esta Corte abordó hace ya largo tiempo la temática vinculada con la discriminación por género en el marco de prestaciones sociales, sentando una doctrina que […] puede trasladarse a este caso sin mayor esfuerzo.
Así, en la causa I. 2.022, `Barcena´ (sent. de 20-IX-2000) este Tribunal tachó de inconstitucional un régimen normativo dispuesto por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que, tal como aquí sucede, contenía una regulación que distinguía según el sexo de sus afiliados directos a efectos de permitir –o no– la inscripción gratuita de sus cónyuges en los beneficios que prestaba tal obra social.

[A]llí se señaló que aun cuando el legislador tiene plenas facultades para crear categorías y efectuar distinciones en la medida que ellas resulten razonables y no obedezcan a propósitos hostiles o persecutorios, tal discriminación no debía ser arbitraria ni importar una ilegítima persecución de personas o grupos de personas.
En esa causa se puntualizó, también, que frente a distinciones de este estilo el Tribunal debía `buscar objetivamente la racionalidad de la distinción y tratar de establecer cuáles pueden haber sido los motivos y fines perseguidos por la norma en tratamiento´ y que si tales motivos no podían establecerse el régimen debía ser invalidado, pues no resultaría admisible que el único fundamento de la distinción repose en el sexo del afiliado.
Este criterio fue reiterado por la Corte en varias ocasiones, no solamente en pleitos de idéntico objeto […], sino también frente a otra situación en la cual una caja profesional había establecido recaudos más estrictos para conceder un beneficio pensionario cuando el cónyuge supérstite fuera de género masculino (causa I. 2.207, `Ferrari´, sent. de 2-XI-2005)” (voto del juez Pettigani).
2. Estereotipos de género. Control de razonabilidad. Familia. Responsabilidad parental. Igualdad.
“Resulta evidente […] que la regulación es tributaria de un esquema muy concreto de organización familiar sobre la base de la distribución de roles específicos en función del género –en el caso, asumiendo que recaen preponderantemente sobre la mujer las obligaciones de cuidado–, procurando imponerlo a la totalidad de los afiliados a la Caja de Abogados.
Empero […] ello no supera actualmente el test de razonabilidad.
Y es que a efectos de proteger el interés familiar procede rechazar, por regla, aquellas propuestas heterónomas que pretendan imponer modelos de vida familiar […].
Esta idea, por otra parte, se refleja de manera expresa en el esquema del Código Civil y Comercial, que, por un lado, prioriza la adopción de acuerdos entre los progenitores en orden a fijar el régimen de cuidado de los hijos y, por el otro, determina que a falta de consenso ha de procurarse que tales deberes se realicen en forma compartida y prohibiendo, en ese trance, adoptar discriminaciones fundadas, entre otras circunstancias, en el sexo […], lo cual no es más que una derivación de las directivas que emanan del art. 18 de la Convención Sobre los Derechos del Niño tendiente a que los Estados partes `pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño´”(voto del juez Pettigani).
3. Control de razonabilidad. Declaración de inconstitucionalidad. Igualdad.
“[L]a negativa de la entidad demandada de reconocerle al actor el derecho a acceder al subsidio pretendido se aprecia como una decisión irrazonable, contrariando el art. 11 de la Constitución provincial, interpretado según los estándares antes señalados.
En suma, nos encontramos aquí frente a un supuesto de inconstitucionalidad sobreviniente, lo cual resulta relativamente frecuente cuando se trata de confrontar normas con el principio de igualdad fijado en las constituciones, ya que […] `el contenido extensivo de la igualdad constitucional puede y debe acrecer a tenor de nuevas valoraciones sociales, con efecto de engendrar inconstitucionalidad sobreviniente para discriminaciones que, a su hora, pudieron no ser o no fueron inconstitucionales´ [...].
Y ello resulta de mayor aplicación a supuestos como el presente, en el cual se encuentra comprometido el interés familiar, en tanto a […] efectos de su concreción `cabrá analizar –al igual que lo que sucede con el bien común– en función de las particulares circunstancias de tiempo y lugar que configuren la cultura de un pueblo dado en un momento determinado´...” (voto del juez Pettigani).
ACTOS DISCRIMINATORIOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; JURISPRUDENCIA; CONTROL DE RAZONABILIDAD; FAMILIA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; IGUALDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Salvatierra (causa N° 74000120)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti).
1. Derecho de defensa. Asistencia letrada. Defensor particular. Sentencia equiparable a definitiva. Cuestión federal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]ste Tribunal tiene establecido que las decisiones que resuelven nulidades no resultan, por regla, revisables en esta instancia extraordinaria en la medida en que no constituyen sentencia definitiva (Fallos: 311:1671; 318:665). Sin embargo, también se ha dicho que corresponde hacer excepción a dicha regla cuando la resolución impugnada, por sus efectos, es susceptible de generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, por lo que se requiere su tutela inmediata. En este sentido, se ha decidido, en particular, que es equiparable a definitiva la resolución que priva al imputado de ser representado por un letrado de su elección, en cuanto ella puede causar un perjuicio irreparable a la garantía de defensa (Fallos: 329:1219)” (considerando 2°).
“[E]n Fallos: 155:374 el Tribunal señaló que ‘es evidente el derecho de quien ocurre ante la justicia como actor o demandado, querellante o acusado, para elegir la persona que, llenando las condiciones legales, produzca en su nombre los alegatos y pruebas pertinentes a los fines de poner de manifiesto el derecho que le asiste, conforme a la garantía de la libre defensa en juicio que menciona el artículo 18 de la Constitución Nacional… No es suficiente que se llene la fórmula de la defensa con un patrocinio de oficio, aún cuando éste sea inteligente, diligente y recto, porque solamente la parte interesada es la dueña de las condiciones en que, dentro de las normas reglamentarias, deben ser alegados y probados sus derechos, tanto más cuando estos sean, como en el juicio criminal los esenciales de vida, libertad y honor’.
Aun cuando en dicho caso no se hizo lugar a la pretensión, el reconocimiento de la significación del derecho a la libre elección de la asistencia letrada quedó establecido. Con este alcance, la garantía de defensa en juicio fue reafirmada, entre otros casos, en Fallos: 312:1042. Dentro de esta línea jurisprudencial, resulta particularmente relevante el caso […] registrado en Fallos: 329:1219, en el que se destacó el carácter definitivo del perjuicio que decisiones de esta naturaleza pueden ocasionar al derecho en cuestión” (considerando 4°).
“[E]n esas condiciones, frente a la entidad de la vulneración de las garantías federales que habían sido sometidas a su conocimiento, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no podía omitir el tratamiento de las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la solución del litigio mediante meras afirmaciones dogmáticas y ritualistas, contrarias a lo establecido por esta Corte en Fallos: 328:1108” (considerando 5°).
DERECHO DE DEFENSA; ASISTENCIA LETRADA; DEFENSOR PARTICULAR; SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA; CUESTIÓN FEDERAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Pando de Mercado (causa N° 63667)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nacióndeclaró procedente el recurso, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda (ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
1. Libertad de expresión. Derecho al honor. Derecho a la imagen. Derecho a la vida privada y familiar.
“[E]l derecho a la libertad de expresión goza de un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales […], entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática […] y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo establecido por nuestra Constitución […].
Sin embargo, este Tribunal ha manifestado que `el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir, difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio´[…]. Ello así, pues esa posición preferencial que ocupa la libertad de expresión no la convierte en un derecho absoluto. Sus límites deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales que pueden resultar afectados por su ejercicio, así como a la necesidad de satisfacer objetivos comunes constitucionalmente consagrados” (considerando 6°).
“[E]sta Corte Suprema también ha destacado que el reconocimiento y la protección del derecho al honor –derecho fundamental, inherente a la persona humana, en tanto importa la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona– encuentran fundamento constitucional en el art. 33 de la Ley Fundamental y en los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional […], que a su vez también lo contemplan como una restricción legítima al ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión (conf. arts. 11 y 13.2.a del Pacto de San José de Costa Rica; 17 y 19.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; V y XXIX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), como infra-constitucional en el art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación” (considerando 7°).
“Asimismo cabe mencionar que uno de los aspectos centrales de la protección de la esfera privada de toda persona –art. 19 de la Constitución Nacional– está constituido por la tutela del derecho a la imagen de la persona. Vale recordar la clásica doctrina de esta Corte, según la cual el derecho a la privacidad comprende no solo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen. Nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello, y solo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa dela sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen […].
En efecto, la imagen protegida es la que constituye uno de los elementos configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual…” (considerando 8°).
2. Interés público. Delitos de lesa humanidad. Libertad de expresión.
“[L]a publicación que motivó el reclamo de la señora Pando de Mercado se encuentra vinculada a un asunto de interés público. Ello así pues, con el estilo propio del medio de comunicación en cuestión […], la contratapa del ejemplar de la revista hacía referencia a lo que había sido la protesta llevada a cabo [...] por esposas y familiares de militares que se encontraban presos por causas en que se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad, entre las que se encontraba la actora […].
Por ende, el hecho que da origen a la publicación controvertida pretende referir a un reclamo que se realizó en un espacio público y que reflejaba el cuestionamiento que un grupo determinado de personas, entre las que se encontraba la demandante, realizaba respecto de los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y de las políticas que sobre la cuestión llevaban adelante las autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.No caben dudas de que así como existe en nuestra sociedad un especial interés respecto del desarrollo de estos procesos judiciales y de las políticas públicas de justicia, verdad y memoria, idéntico efecto produce el debate, la discusión y el cuestionamiento que con motivo de ellos puedan suscitarse” (considerando 11°).
3. Libertad de expresión. Jurisprudencia. Derecho de publicar las ideas.
“[L]a Corte Suprema ha tenido oportunidad de expedirse respecto de este género y ha destacado que la expresión satírica utiliza el humor o lo grotesco para manifestar una crítica, para expresar un juicio de valor. En consecuencia, como modo de expresión de ideas aunque distinto de la exteriorización directa de ellas, la sátira social o política no está excluida de la tutela constitucional a la libertad de expresión (conf. Fallos: 321:2637, disidencia de los jueces Belluscio y Bossert). No quedan dudas acerca de la importancia que para la existencia de un amplio debate democrático tiene el ejercicio de la crítica satírica, muchas veces ligada a la provocación, respecto de los temas de interés público…” (considerando 15°).
“[N]o caben dudas respecto de que la contratapa del ejemplar cuestionado, conformada tanto por el fotomontaje del rostro de la actora con un cuerpo desnudo envuelto en una red, como por las leyendas que acompañaban dicha imagen, constituye una expresión satírica que refleja una crítica o juicio de valor.En consecuencia, el examen de si tal ejemplar se encuentra amparado por la libertad de expresión o vulnera los derechos personalísimos invocados por la actora, debe efectuarse bajo el estándar de revisión correspondiente a los supuestos de expresión de opiniones o críticas, teniendo para ello especialmente en cuenta que, en virtud de lo manifestado, se está ante una manifestación satírica que utiliza el humor o lo grotesco para referirse a un hecho de interés público en el que participó la actora en su carácter de figura pública” (considerando 16°).
“[E]n lo que respecta al derecho a la crítica que forma parte de la libertad de expresión, el Tribunal ha señalado que el criterio de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación y el honor de terceros, deberá estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que en forma manifiesta carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan. Ello es así pues no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada […].
La mayor amplitud de la tutela constitucional reconocida a los juicios de valor o a las opiniones críticas no importa convertirlas en una `patente de corso´ para legitimar la vulneración de otros derechos que también gozan de protección constitucional, ni constituye un salvoconducto de impunidad de quienes han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular del derecho de crítica…” (considerando 17°).
4. Derecho de publicar las ideas. Libertad de expresión. Injurias. Publicaciones obscenas. Interpretación de la ley.
“[E]sta Corte Suprema ha establecido también que en el examen de los términos utilizados para expresar las críticas o juicios de valor no es suficiente la indagación de sus significados literales y aislados, sino que, por el contrario, debe considerarse especialmente la terminología usual en el contexto en el que han sido enunciados, así como el grado de agresividad discursiva propia del medio en cuestión […].
El cariz desagradable, indignante o desmesurado de ciertas expresiones del debate público no podría despojarlas de protección constitucional sin incurrir en criterios que, en última instancia, dependerían de los subjetivos gustos o sensibilidades del tribunal de justicia llamado a ponderarlas. El solo motivo de que esas expresiones puedan resultar ingratas u ofensivas para las personas involucradas, tampoco podría sustraerlas, sin más, de esa protección constitucional. [E]l criterio estará dado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriantes que carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan […].
Por último, debe tenerse presente que la posibilidad de que, al igual que los funcionarios públicos, las personas que tienen un alto reconocimiento por su participación en cuestiones de interés público estén especialmente expuestas a la crítica, incluso ríspida e irritante, respecto de su desempeño en ese ámbito, habilita un debate robusto que es indispensable para el desarrollo de la vida republicana y democrática. Es por ello que la Constitución Nacional protege no solamente la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas, sino también aquellas formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, dureza o causticidad, o que apelan a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, indudablemente molestas para los funcionarios o figuras públicas...” (considerando 18°).
“[E]l montaje de la foto […] constituye una composición gráfica satírica mediante la cual se ejerció de modo irónico, mordaz, irritante y exagerado una crítica política respecto de un tema de indudable interés público −con mayor precisión acerca de un acto público, el encadenamiento de la actora y otras personas frente al edificio Libertador como acto de protesta política−, protagonizado por una figura pública.
Tratándose de un medio gráfico dedicado a este tipo de manifestaciones satíricas respecto de la realidad política y social, al observar la publicación cuestionada ningún lector podría razonablemente creer estar ante un mensaje auténtico, ni que las frases que la acompañaban fuesen verdaderas. De ellos solo puede deducirse que, con el sarcasmo y la exageración que caracterizan a la revista en cuestión, se estaba realizando una crítica política con las características ya mencionadas, sin exceder la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión y de crítica” (considerando 19°).
5. Derecho a la imagen. Medios de comunicación. Fotografía.
“[E]n lo que respecta a la vulneración del derecho a la propia imagen alegada por la actora […], corresponde señalar que, dada la característica del medio en que fue inserto y el contexto de la publicación en cuestión, dicho fotomontaje puede ser considerado una manipulación de la imagen asimilable a una caricatura.
Al ser la característica principal del fotomontaje la alteración de la imagen original, su protección no podría examinarse, sin más, bajo el prisma de una imagen auténtica y libre de todo proceso de manipulación sino que requerirá de una apreciación que se atenga a las particularidades propias de la técnica y el contexto en el que se encuentra inmersa. La esencia de creación con tinte satírico no se pierde por la `evolución´ en el modo y/o forma en que se patentiza: inicialmente como dibujo u obra de arte, hoy también como manipulación fotográfica. Desde esta perspectiva, su difusión forma parte de la sátira y cabe respecto de ella la conclusión desarrollada precedentemente en cuanto a la ausencia de responsabilidad…” (considerando 20°).
“[D]ada su caracterización de expresión satírica de una crítica política, al citado fotomontaje tomado en su individualidad y considerado como una caricatura, le cabe idénticas conclusiones que las expresadas respecto de la totalidad de la publicación, motivo por el cual su utilización no genera responsabilidad para la demandada” (considerando 21°).
“[A] la misma conclusión se llega en el caso de que se tomara en consideración la fotografía de la cara de la actora en forma aislada, es decir distinguiéndola como imagen fotográfica de su persona dentro del conjunto del montaje caricaturesco, por cuanto su difusión se enmarca en la excepción contemplada en el art. 31 de la ley 11.723 y en el art. 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto prevén que la prohibición de reproducir la imagen de alguien sin su consentimiento cede si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general que lo justifique…” (considerando 22°).
6. Violencia de género. Libertad de expresión. Actos discriminatorios.
“[S]in perjuicio de lo expresado, cabe formular una reflexión final sobre una cuestión que, aunque traída de modo tangencial por la actora, no puede ser obviada por este Tribunal.Se trata de la violencia de género a la que la accionante alude de un modo particular al afirmar que en la publicación se la representó de manera sexualizada cuando ella no apareció de esa forma en público […]. Esta breve referencia dejaría entrever una supuesta tensión entre dos valores constitucionales: por un lado, la libertad de expresión, y por el otro, el derecho a la igualdad de la mujer […].
Con relación al caso, a partir de una mirada atenta al contexto satírico en el que se sitúa la publicación, su estrecha relación con las concretas circunstancias fácticas que la antecedieron y motivaron su existencia, y considerando el `contrato de lectura´ establecido entre el soporte y el lector−comprensivo tanto del texto como de la imagen− no puede admitirse el planteo discriminatorio que la actora intentó enlazar al derecho al honor.
Ello así por cuanto, en atención a esos factores dirimentes, no se advierte que las expresiones en este caso configuren claros insultos discriminatorios que, de manera desvinculada de la crítica política que suponen, utilicen el perfil femenino como un modo de reafirmar estereotipos y/o roles de género que subordinan a las mujeres. La sucinta argumentación de la actora en este aspecto no rebate –y, más aún, pierde de vista– que la publicación pone de manifiesto un discurso de neto tinte satírico respecto de los comportamientos que motivaron y justificaron el procesamiento, el juzgamiento y la detención de aquellos por quienes la señora Pando ejerció su defensa […], como así también busca parodiar la particular conducta que la actora adoptó para ello…” (considerando 23°).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA IMAGEN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; INTERÉS PÚBLICO; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; JURISPRUDENCIA; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; INJURIAS; PUBLICACIONES OBSCENAS; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; FOTOGRAFÍA; VIOLENCIA DE GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS;
Tommasi, J A (causa N° 23)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y, según su voto, Rosenkrantz).
1. Recurso de casación. Revisión judicial. Doble conforme.
“[C]onforme lo estableciera el Tribunal en el precedente ‘Casal’ (Fallos: 328:3399), el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior del artículo 8.2. ap. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del concordante artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, requiere garantizar una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio. Sin embargo, en inobservancia de ese deber, el a quo convalidó la condena limitándose a reiterar los fundamentos del fallo pero sin abordar –y en consecuencia, sin tampoco refutar– los conducentes planteos que los recurrentes formularon respecto tanto a la falta de correlato de los indicios de cargo con las constancias probadas de la causa como a la alegada presencia de razonamientos contradictorios en los que, con mengua del principio de culpabilidad y del principio de presunción de inocencia, habría incurrido la sentencia de mérito para fundar el reproche.
De tal modo, la actividad revisora desplegada por el a quo devino en insuficiente en la medida que se limitó a repetir los términos empleados en la sentencia de mérito sin brindar un razonamiento y una respuesta concreta que rebatiera los planteos de los recurrentes que cuestionaban todos y cada uno de los extremos a partir de los que se infirió su conocimiento de la ocupación de la finca y del que, a su vez, se derivó que conocieron el destino que se le dio al inmueble y que quisieron brindarlo a esos efectos”.
“Por ello, sin abrir juicio sobre el fondo del asunto, se concluye que el a quo omitió analizar agravios conducentes planteados por la defensa de [los imputados], para la correcta resolución del asunto, lo que implicó, en definitiva, que no se cumpliera con la revisión integral y exhaustiva del fallo condenatorio en los términos establecidos en el precedente ‘Casal’ (Fallos: 328:3399) y, por tal motivo, el fallo impugnado debe ser descalificado” (considerando 10° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
2. In dubio pro reo. Principio de inocencia. Prueba. Apreciación de la prueba.
“En el presente caso debe hacerse lugar a los recursos interpuestos, dado que en modo alguno pudo acreditarse la responsabilidad de los hermanos [imputados]. No existe la necesaria certeza, requerida para la imposición de pena en un Estado de Derecho, acerca del conocimiento por parte de los [hermanos] de la comisión de los delitos que se imputaron a los autores directos de los hechos investigados, y menos aún existe certeza de su voluntad de cooperar en la comisión de dichos delitos” (considerando 3° del voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
“La sentencia recurrida afirmó también que la inexistencia de signos de violencia en las entradas a la propiedad desmiente la tesis de la usurpación invocada por la defensa. En autos no se comprobó la existencia de signos de violencia en las entradas a la propiedad, pero de ello en modo alguno se sigue que, tal como sugiere el tribunal a quo, sus propietarios conocieran el uso que le fuera dado a la propiedad durante los cuatro días que [el abogado] fue allí apresado. Los hermanos [imputados] sostuvieron que su propiedad estaba deshabitada y en desuso, lo que, como se dijo precedentemente, no fue desmentido por la prueba reunida, por lo que resulta plausible que la propiedad haya sido usada sin el conocimiento y menos aún el consentimiento de los recurrentes” (considerando 4° del voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
3. Delitos de lesa humanidad. Deber de investigar.
“[A] partir de lo expresado en los considerandos precedentes y dada la especial trascendencia del caso, este Tribunal entiende oportuno precisar que se ratifica, en forma expresa y contundente, la vigencia del deber constitucional y convencional de enjuiciar y castigar, sin excepción alguna, a todos los responsables de las gravísimas violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, cuyo cumplimiento esta Corte ha buscado asegurar en su jurisprudencia en aras de remover diversos obstáculos que lo comprometían indebidamente […].
Por tal motivo, se efectúa la importante aclaración que en modo alguno este fallo puede implicar tolerar o fomentar que se empleen subterfugios para amparar cualquier forma de impunidad, sino simplemente que resulta indudable que este deber tiene que ser asegurado cumpliendo también con las normas constitucionales y convencionales que obligan a esta Corte a velar por el respeto de las garantías judiciales, en el caso la del doble conforme, las que resultan instrumentales para asegurar que ‘la aplicación de una pena solo pued[a] estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho atribuible al acusado’…” (considerando 11° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
4. In dubio pro reo. Doble conforme. Prueba. Apreciación de la prueba. Principio de inocencia.
“[E]s preciso no perder de vista la íntima relación existente entre la garantía de la doble instancia y el beneficio de la duda […]. En este sentido, corresponde recordar que tanto ese principio como el del in dubio pro reo […] guardan una estrecha relación con la presunción de inocencia constitucional (artículo 18 de la Constitución Nacional). Que cuando ese artículo dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (Fallos: 321:3630 ‘Nápoli’).
A ello se agrega lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75, inc. 22, con la máxima jerarquía normativa, que expresamente establece que ‘toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’. En una formulación equivalente, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuenta con la misma jerarquía, determina que ‘toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley’ […]. A la luz de estos principios, resulta decisivo que el juez, aun frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal” (Fallos: 339:1493, considerando 22°, y Fallos: 342:2319, considerando 22°)” (considerando 11° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
RECURSO DE CASACIÓN; REVISION JUDICIAL; DOBLE CONFORME; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DELITOS DE LESA HUMANIDAD;
VMI del C (causa Nº 48267)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M
La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución (juezas Benavente e Iturbide).
1. Alimentos. Embarazo. Persona por nacer.
“El artículo 665 del Código Civil y Comercial establece que la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. Por su parte, la ley 26.061 reconoce el derecho a los alimentos a la mujer embarazada (arts. 18 y 37, inc. c) […].
Se exige probar fehacientemente la existencia de un embarazo (alcanzará con un certificado médico) y, sumariamente, la filiación […]. Es posible recurrir a cualquier medio de prueba tendiente a demostrar que el demandado es el presunto padre (o madre) de la persona por nacer...”.
2. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Embarazo. Alimentos.
“Como se trata de alimentos provisorios, es decir, que revisten el carácter cautelar […], debe demostrarse la `verosimilitud´ del vínculo invocado, cuya evaluación deberá realizar el juez en cada caso, debiendo privilegiar la atención de la necesidad impostergable de la persona por nacer…”.
“La prueba de la existencia del embarazo y el reconocimiento formulado por el accionado de haber mantenido una larga convivencia con la actora constituyen antecedentes que, a juicio del Tribunal, justifican prima facie la procedencia del pedido.
Es cierto que, como sostiene el accionado, el embarazo se inició unos meses después del cese de la convivencia. Sin embargo, la propia actora, al efectuar la denuncia ante la OVD, mencionó expresamente que las relaciones sentimentales continuaron luego de la ruptura, lo que no fue negado por [el demandado].
No debe perderse de vista que la tutela jurídica del niño por nacer debe extenderse a un conjunto de obligaciones y cuidados de naturaleza impostergable donde cualquier demora podría incidir negativamente en el bienestar y desarrollo psicofísico dada la especial condición –persona por nacer–, y en atención a que la paternidad se encuentra incierta o indeterminada, será la madre la que cargue con todas las consecuencias de la procreación...”.
ALIMENTOS; EMBARAZO; PERSONA POR NACER; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Pérez (causa N° 3073)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar a la queja, declaró procedente la impugnación y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosatti y Maqueda). Para decidir de ese modo, se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación.
1. GÉNERO.  LEGÍTIMA DEFENSA. AGRESIÓN ILEGÍTIMA. ESTADO DE NECESIDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO. VIOLENCIA FAMILIAR.
“En primer lugar, no [se advierte] arbitrariedad, sino más bien conformidad con los estándares vigentes en la materia, en la conclusión sobre el punto a la que arribaron los jueces de la causa al descartar que en el momento del hecho hubiese existido una agresión antijurídica, actual o inminente, de parte de [C], que hubiera hecho necesario reaccionar apuñalándolo. En particular, esa conclusión se halla en consonancia con la opinión dominante según la cual, en atención a la intensidad de la autorización, no limitada por la proporcionalidad, la noción de ‘actualidad de la agresión’ es más restrictiva que la de ‘actualidad del peligro’ del estado de necesidad, y sólo abarca por ello a la agresión que se dará en forma inminente, que ha comenzado o que aún continúa, a la vez que excluye los casos de ‘defensa preventiva’ y de ‘peligro permanente’, sin perjuicio de su eventual consideración como estado de necesidad.
[L]a doctrina y la jurisprudencia han admitido, excepcionalmente, en ciertos casos extremos de violencia familiar, no la justificación por legítima defensa, como postula la defensa, pero sí la exculpación del homicidio del llamado ‘tirano de la familia’ cuando las particulares circunstancias del caso permiten afirmar la concurrencia de los presupuestos de un estado de necesidad exculpante, en particular, la existencia de un peligro permanente que sólo podía ser conjurado eficazmente actuando sin demora, y que tampoco podía ser evitado de otro modo.
Sin embargo, esta argumentación no fue planteada por la defensa, de modo que su no tratamiento por los jueces de la causa y, en particular, por el a quo no puede ser considerado un defecto del pronunciamiento impugnado. En este punto, no [se pasa] por alto que la defensa postuló la existencia de un peligro derivado de la situación de violencia de género que describió, pero […] esa alegación [no ha] sido acompañada siquiera de una mínima argumentación tendiente a demostrar o explicar, ni la urgencia de actuar la mañana en cuestión, ni la inexistencia de otros medios (especialmente, de procedimientos institucionales) para resolver la situación; ambos requisitos, según se ha visto, para la operatividad de la excusa en examen. Este defectuoso planteamiento descarta por ello también cualquier reproche a los jueces que se pudiera pensar hacer por no haber considerado el tema, aunque fuese bajo otro nomen iuris”.
2. EMOCIÓN VIOLENTA. TIPICIDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO.
“El tribunal de audiencia justificó el rechazo de [la atenuante del homicidio cometido en estado de emoción violenta] fundamentalmente en la falta de inmediatez entre el hecho supuestamente desencadenante de la emoción: la sustracción del televisor, y la reacción. […] Esta solución de continuidad, sumada al comportamiento exhibido por la imputada, que fue en búsqueda de la víctima, descartaría, para el tribunal, que P ‘h[ubiera] actuado bajo una conmoción violenta del ánimo, motivada en una incitación externa justificada inmediatamente anterior al hecho’ y, por el contrario, sería demostrativa de que ‘actuó de manera consciente y deliberada’…”.
“Concretamente, con invocación de peritajes y testimonios, la defensa describió la hipótesis de una personalidad desbordada emocionalmente por el acoso y las agresiones que venía sufriendo de parte de su ex pareja, todo ello agravado por el trasfondo de un historia de vida signada por el abandono y el abuso desde la niñez, que, en palabras de la propia imputada, en el marco de la confrontación que mantuvo con [C] ante la sospecha de que hubiera sustraído el televisor, habría experimentado las expresiones que le profirió como la provocación que desencadenó la reacción emotiva que la llevó a cometer el hecho […]. La pérdida de memoria, la angustia y la actitud general revelada por la imputada con posterioridad al hecho se hallarían en consonancia con esa hipótesis, que tampoco se vería desvirtuada por la circunstancia de que [P] hubiera ido con un cuchillo, porque surge de los testimonios que lo llevaba permanentemente, desde la separación, como medio de protección y defensa ante eventuales agresiones de [C]”.
“Esta hipótesis de un suceso aparentemente nimio, que opera sobre un trasfondo pasional ya existente como desencadenante, era entonces […] un argumento conducente, planteado oportunamente, que, más allá de la conclusión a la que finalmente se arribara, debía ser tratado por el Tribunal de Impugnación en el marco de la revisión que le incumbía realizar como consecuencia del recurso interpuesto por la defensa”.
3. EMOCIÓN VIOLENTA. VIOLENCIA DE GÉNERO. PRUEBA. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
“Sin embargo, […] dicho tribunal soslayó por completo la consideración de la hipótesis que, desde una perspectiva totalmente distinta, había puesto a su consideración la defensa, pues sin hacer ninguna alusión a esa nueva propuesta, ni siquiera para refutarla, se limitó a reproducir la tesis de la falta de inmediatez entre la agresión y la ofensa […].
[L]os jueces volvieron a incurrir en el mismo vicio cuando, sin consideración alguna a la prueba pericial y testimonial cuyo reexamen pedía la defensa, expresaron dogmáticamente que ‘ninguno de los tres elementos tipificados de la emoción violenta, a saber: intensa conmoción de ánimo, motivo moralmente relevante y reacción inmediata ante la permanencia de circunstancias lesivas, se han materializado en el caso’ […]. [E]ra precisamente en esa prueba, referida a la situación de violencia que habría padecido la imputada y el efecto que habría tenido sobre ella, que la defensa sustentaba la existencia del estado pasional y de las circunstancias que estimaba excusantes. Esta omisión luce más grave por cuanto ambos tribunales, de juicio y de impugnación, habían dado por acreditada la existencia de esa situación de violencia doméstica y de género a partir de la cual la defensa desplegaba su argumentación.
Por último, […] la defensa había argumentado con base en diversos testimonios que la imputada llevaba el cuchillo permanentemente consigo, como forma de protección, de modo que su portación, la mañana del hecho, no podía ser valorada como prueba de una premeditación incompatible con el estado pasional alegado. Sin embargo, […] a pesar del planteamiento de esta cuestión, también aquí el tribunal de impugnación omitió pronunciarse sobre el mérito de esos testimonios en los que el recurrente basaba su objeción y, en cambio, afirmó dogmáticamente que la presencia del arma se debía a que [P] pensaba utilizarlo contra la víctima, lo cual demostraba una preparación y una intención manifiesta que descartaba el estado de emoción”.
4. RECURSOS. REVISIÓN JUDICIAL. DEBIDO PROCESO.
“De allí que […] no quepa más que dar la razón en este aspecto al impugnante y deba concluir que el trámite recursivo, en lo que atañe a este agravio, no satisfizo los estándares de revisión amplia establecidos por V.E. in re ‘Casal’ (Fallos: 328:3399), como así también que la negativa del a quo a conocer del recurso interpuesto por ese motivo importó una restricción sustancial de la vía utilizada por el apelante, sin fundamentación idónea suficiente, que se traduce en una violación a la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 315:761 y 1629, entre muchos otros)…”.
GÉNERO; LEGÍTIMA DEFENSA; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; ESTADO DE NECESIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; EMOCIÓN VIOLENTA; TIPICIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; DEBIDO PROCESO;
SMR (causa N° 36513)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar al recurso de la parte actora y modificó parcialmente la sentencia de primera instancia. En consecuencia, admitió la asignación de una cobertura de salud debiendo el Estado nacional efectuársela a través del agente o programa que considerase. Además, por mayoría, estableció que a las sumas a abonar debía adicionárseles, desde la fecha de la resolución y hasta su efectivo pago, los intereses equivalentes a la Tasa Activa Cartera General Nominal Anual vencida con capitalización cada 30 días del Banco de la Nación Argentina (jueces Rueda y Sánchez Torres y jueza Navarro).
1. Interpretación de la ley. Decreto reglamentario. Declaración de inconstitucionalidad. Derecho a la salud.
“[L]a primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma […]. En efecto, el Alto Tribunal ha sostenido que el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley…”.
“No [se advierte] que pueda admitirse otra interpretación más que la que su propio texto dispone, resultando razonable considerar que el legislador de haber querido regularlo de manera distinta lo hubiera hecho en forma expresa…”.
“[T]ampoco puede la norma reglamentaria restringir derechos que la ley que viene a reglamentar otorga, excediendoen caso de ocurrir, las facultades previstas por el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, es decir transformándose en un exceso del poder reglamentario…”.
“Se advierte nuevamente que al reglamentar, se restringen los derechos que la ley otorgó. En la ley expresamente se habla de una cobertura de salud, advirtiéndose con claridad que refería a que lo sea a través de un agente de salud, de hecho luego agrega que quienes posean tal cobertura de prepaga u obra social, la siguen percibiendo.
Sin embargo, la reglamentación modifica nuevamente los términos, estableciendo que lo será a través del sistema público, lo cual de haber sido así al momento de sancionar la norma, ni siquiera se habría agregado la anterior disposición, en tanto todos los ciudadanos tienen acceso al mismo”.
INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DECRETO REGLAMENTARIO; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; DERECHO A LA SALUD;
RV y RC (causa N° 16897)Juzgado Federal de Río Grande.
El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a la nulidad y dictó el sobreseimiento de la imputada (jueza Borruto).
1. Violencia de género. Vulnerabilidad. Estado de necesidad. Perspectiva de género.
“[La mujer] contrajo matrimonio […], y el objetivo de la nombrada era conformar una familia, transformándose dicho deseo en un padecimiento para la misma, tomando el control [su pareja] de toda la estructura familiar y hasta del propio hijo de [la mujer]. La madre, no tuvo otra opción que aceptar estas situaciones de maltrato y violencia llevada a cabo […] como único medio para resolver los conflictos constantes con el imputado.
La perspectiva de género es considerada como multidimensional, se encuadra al sexo en un determinado contexto social, los roles desplegado por cada persona, la manera en que se definen, perciben y viven. Tal es así que, dependiendo de éste contexto se despliegan diferentes comportamientos, expectativas, responsabilidades sociales y económicas que vinculan siempre a las mujeres con los hombres, posicionándose éstos últimos con mayor poder”.
“[S]e puede inferir que la misma ha actuado bajo el poder de [su pareja], quien la obligó a dar su consentimiento para que su hijo […] tuviera el apellido [de su pareja], actuando bajo un estado de necesidad, cuyo único objetivo era proteger su vida y la de su hijo ante las continuas amenazas por parte del imputado”.
2. Supresión de identidad. Autoincriminación. Prueba. Apreciación de la prueba.
“El sistema normativo argentino, tiene como objetivo resguardar a las personas de lo que se denomina la autoincriminación forzada, y en el caso de autos, existen suficientes elementos de prueba para considerar que [la mujer] admitió su ilícito en un claro intento de proteger a su hijo.
Que habiendo tomado conocimiento […] de las circunstancias vividas por la nombrada y de acuerdo a su manifestación […] hacen no más que descartar su participación en el hecho delictivo llevado a cabo únicamente por [el hombre]”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; ESTADO DE NECESIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUPRESIÓN DE IDENTIDAD; AUTOINCRIMINACIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
PVP (causa N°6138)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asegurase de manera inmediata el acceso a una vivienda digna y adecuada a la mujer hasta tanto las circunstancias de emergencia habitacional fuesen superadas (juez Reynoso).
1. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad.
“Específicamente en cuanto al grupo de vulnerabilidad que integra la actora (mujer, trans, [con discapacidad] y portadora de VIH) es necesario recordar las obligaciones que recaen en el Estado cuando se encuentra involucrada, como en el caso, la satisfacción de sus derechos fundamentales.
La actora integra un grupo de alta vulnerabilidad estructural, y, a su vez, presenta características que la colocan en una crítica situación de necesidad de asistencia. En efecto, la realidad social de las personas travestis y trans discurre frente a la permanente y continua exclusión de ámbitos tales como la actividad política, los espacios públicos y privados, los empleos, la vivienda, las relaciones de familia, el acceso a servicios sociales y sanitarios.
Como mujer trans, el plan de vida de PVP se desarrolla frente al prejuicio basado en que sus cuerpos difieren del estándar de corporalidad femenina y masculina; lo que se relaciona con las situaciones de violencia y discriminación que afecta a este grupo en múltiples dimensiones”.
2. Perspectiva de género. Derecho al acceso a una vivienda digna. Situación de calle. Subsidio.
“La perspectiva de género […] provee de marcos teóricos y metodologías útiles para analizar e intervenir sobre las desigualdades estructurales en el acceso a bienes materiales y simbólicos que afectan a los sujetos en función de su identidad o expresión de género. En tal sentido, constituye una mirada especifica e imprescindible acerca de las injusticias basadas en el género y sus relaciones causales con la política publica, partiendo de la idea de que toda acción u omisión del Estado tiene un sesgo en relación con el género, reportando beneficios para algunos e impactando de forma negativa en otros, en función de sus identidades o expresiones de género…”.
“En lo que respecta específicamente a la problemática de los grupos sociales o individuos que por sus condiciones de exclusión social no pueden acceder por sus propios medios a una vivienda, a lo largo del tiempo se han creado diversas políticas y programas dirigidos a atender esta situación de emergencia.
Entre ellos, es especialmente relevante el Decreto 690/06 que aprobó el programa `Atención Para Familias en Situación de Calle´. Ese programa […] tiene por objetivo brindar asistencia a familias o personas solas en situación de calle, entendiendo por tales a aquellas que se encuentran en forma transitoria sin vivienda o refugio a consecuencia de desalojos, o por otras causas. Así, se previó el otorgamiento de subsidios, a fin de mitigar una comprobada situación de emergencia habitacional, fortaleciendo el ingreso familiar exclusivamente con fines habitacionales (art. 3°)”.
“[E]l derecho a una vivienda adecuada que invoca la parte actora se encuentra ampliamente reconocido y que es deber del Estado garantizar la protección de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social.
Vale la pena, asimismo, hacer referencia también al contexto actualde pandemia provocada por el brote del virus COVID-19, sobre el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que `al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle ; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas´ (CIDH, resolución n° 1/2020 `Pandemia y Derechos Humanos en las Américas´…)”.
3. Emergencia sanitaria. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo.
“[E]n lo que respecta al derecho a la vivienda, cabe considerar que, si bien en términos formales, la actora no puede ser desalojada en el contexto actual de la pandemia ocasionada por el brote del virus COVID-19, lo cierto es que la decisión de emergencia adoptada por el Ejecutivo Nacional no sustituye ni modificala pretensión principal de estos obrados, pese a que la inmediatez en el cumplimiento de parte del GCBA le permita a la amparista seguir abonando el valor actual del alquiler, lo que, vale recordar, es consecuencia directa de la medida cautelar dictada en autos.
Tales extremos permiten considerar a la actora incluida en los sectores de la población que el constituyente ha decidido dar prioridad en el inciso 1° del artículo 31, CCABA, y comprendida entre aquellos a los que la ley 4.036 específicamente garantiza un alojamiento. Por lo expuesto, habida cuenta de que la Sra. P.V.P. no ha logrado superar el estado de emergencia habitacional, se impone concluir que existe en cabeza de la actora un derecho a la vivienda –entendido como el derecho a vivir en un lugar con condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad– acorde a la dignidad de la persona humana, por lo que el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a esa finalidad, mas no como resultado de su discrecionalidad o como una mera asistencia, sino como el reconocimiento efectivo de derechos jurídicamente exigibles”.
LGBTIQ; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; SITUACIÓN DE CALLE; SUBSIDIO; EMERGENCIA SANITARIA; DESALOJO;
Tulini (casa N° 247689)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala II
La Sala 2 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata admitió parcialmente el recurso interpuesto por la parte codemandada y confirmó la decisión en cuanto había declarado la inconstitucionalidad de la ley provincial Nº 14.432. Sin embargo, dispuso que el inmueble resultaba inejecutable y dejó sin efecto la subasta ordenada (juezas Hooft y Bourimborde).
1. Vivienda. Vivienda única. Bien de familia. Bienes inembargables.
“[A]l iniciar en el año 1997 el tránsito de regularización que, con una clara finalidad social, prevé la ley 24.374, no se contemplaba la posibilidad de protección de los derechos sobre la vivienda bajo el régimen de `bien de familia´, tutela a la cual, en el mejor de los casos, sus titulares podrían haber accedido en el año 2007. Mas ello no los hubiera precavido de su ejecución por una deuda contraída en el año 2000 como la aquí reclamada, cuya ejecución fue iniciada en el año 2002. Lo expuesto demuestra que el ordenamiento jurídico no brindaba, al menos de modo expreso, una respuesta adecuada para este singular supuesto…”.
“[S]iguiendo el razonamiento desplegado por la mayoría de la Corte Nacional en Fallos 343:264, una respuesta acorde a los principios y derechos constitucionales en juego puede lograrse considerando la situación aquí planteada como un `caso no previsto´ que debe ser resuelto por disposiciones análogas.
Así, a tenor de las circunstancias relevantes del caso enjuiciado y, en particular, la falta de tutela expresa de quienes han iniciado la regularización de la ley 24.374, sumada a la protección singular y diferenciada a la que tiene derecho la recurrente –dada su avanzada edad, estado de salud y situación de vulnerabilidad social en su condición de jubilada de magros ingresos–, cabe extender, por analogía, la inembargabilidad e inejecutabilidad que ampara a la `vivienda única´ a los derechos posesorios de la señora […] sobre su vivienda única y de carácter permanente plasmados en el acta de constatación inscripta en el Registro […].
Una solución contraria, que no permita la integración del régimen de la ley 24.374 con normas análogas que también tienen por finalidad la protección de la vivienda única, máxime cuando se trata de un inmueble de limitado valor […] y en beneficio de una persona que ostenta una particular vulnerabilidad, carecería de razonabilidad…”.
2. Vivienda única. Interpretación de la ley. Declaración de inconstitucionalidad. Razonabilidad. Bienes inembargables. Acciones posesorias.
“A un resultado equivalente se arriba de apegarnos al texto de la ley en cuanto no prevé de modo expreso este supuesto de inembargabiidad e inejecutabilidad, hipótesis en la cual el camino a seguir es acoger el planteo con base constitucional de la apelante y declarar la inaplicabilidad al caso del poder de agresión consagrado en el art. 242 del CCC respecto del bien […]. [L]a ejecución pretendida no supera el `test de razonabilidad´ que impone el art. 28 de la Constitución Nacional”.
“Ahora bien, la razonabilidad de un precepto o regla jurídica es predicable en un contexto determinado. Y en tren de efectuar el balance ponderativo que encierra el juicio de razonabilidad, a la luz de las puntuales circunstancias de esta causa, cabe resaltar los siguientes factores: i] que los derechos posesorios cuya ejecución se pretende al amparo de la regla general sentada en el art. 242 del CCC recaen sobre un inmueble que constituye la vivienda única y de ocupación permanente de la codeudora A.; ii] que la mencionada coejecutada ostenta tales derechos en el marco de regularización diseñado por la ley 24.374 que, como viéramos, persigue un evidente fin social y tiene por objeto bienes de un limitado valor económico; iii] que al inicio del tránsito del procedimiento de regularización de la ley 24.374 […] y hasta el cumplimiento del plazo decenal previsto en el art. 8 de la citada norma (en el caso, en el año 2007), la nombrada careció de una alternativa legal expresa para tutelar o resguardar dicha vivienda de la agresión de eventuales acreedores, entre ellos el aquí ejecutante cuyo crédito data de noviembre de 2000 y, iv] que la coejecutada resulta ser una persona que, al día de hoy, tiene 76 años de edad, posee problemas de salud y cuenta con escasos recursos provenientes de su jubilación, siendo merecedora de un tratamiento singular y diferenciado en orden a los instrumentos constitucionales [...]
Las razones enunciadas patentizan que la aplicación del poder de agresión sobre ese bien en particular –en rigor, sobre los derechos posesorios sobre el inmueble bajo la ley 24.374 inscriptos en el Registro el7/11/1997– arroja un resultado jurídicamente incompatible o reprobable a la luz de los principios constitucionales implicados. La consecuencia desemejante poder, en el caso considerado, luce desproporcionada (y por tanto irrazonable), desoyendo los derechos constitucionales de la señora […] (arts. 16, 28, 75 inc. 22 y 23 CN)”.
VIVIENDA; VIVIENDA ÚNICA; BIEN DE FAMILIA; BIENES INEMBARGABLES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; ACCIONES POSESORIAS;
Lee (causa N° 2774)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia de Formosa que arbitrase los medios necesarios para garantizar el ingreso al territorio provincial, con las medidas sanitarias que considerase pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hubiesen solicitado (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Emergencia sanitaria. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos […] emitió una Declaración titulada `COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales´, a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de ese Tribunal.
Entre las consideraciones particulares incluidas en dicha declaración, cabe destacar, por su atinencia al caso y en tanto esta Corte la comparte, que: `Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos´” (considerando 5°).
2. Derecho de entrar permanecer transitar y salir. Salud pública.
“[L]a Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes de la Nación el derecho a transitar libremente en su territorio, sin distinción alguna (artículos 8° y 14). Por su parte, entre los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto la `Convención Americana sobre los Derechos Humanos´[…] como el `Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos´[…], ambos con jerarquía constitucional […], también reconocen en los incisos 1° de sus artículos 22 y 12, respectivamente, el derecho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular libremente por él; y si bien el ejercicio de dicho derecho puede ser restringido en virtud de una ley cuando sea necesario para proteger, entre otras cosas, la salud pública, lo cierto es que las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en esos pactos (incisos 3° de los artículos 12 y 22 citados)” (considerando 6°).
“[A]un cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto. Los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance” (considerando 7°).
3. Control de razonabilidad. Facultades no delegadas. Razonabilidad.
“[E]n el marco de las consideraciones particulares incluidas en la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordada en el considerando 5°, cabe señalar que este Tribunal ha establecido que, aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad [...].
El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional” (considerando 8°).
“[P]ese a que no pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la Provincia de Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considere adecuadas en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales que está transcurriendo, dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales.
Sin perjuicio de reconocer los propósitos de protección de la salud pública perseguidos por el `Programa de Ingreso Ordenado y Administrado´ instaurado por el Estado provincial, lo cierto es que, en los hechos, las restricciones establecidas por las autoridades locales no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable…” (considerando 9°).
4. Interpretación de la ley. Derecho de entrar permanecer transitar y salir. Salud pública. Igualdad.
“[E]sta Corte ha sostenido que los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía. La interpretación debe armonizarlos, ya se trate de derechos individuales o de atribuciones estatales […].
Se trata, pues, de la valoración comparativa de dos intereses jurídicamente protegidos con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos, dentro de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico y de la medida de protección que el legislador ha considerado digno de revestir a uno y otro.La cuestión radica entonces en valorar ambos derechos en las especiales circunstancias de la causa y en el conjunto orgánico del ordenamiento jurídico […].
En síntesis, a la luz de todo lo hasta aquí expresado, cabe puntualizar que la restricción de derechos en el marco de la aplicación de medidas de la naturaleza de las descriptas, no resulta prima facie razonable en su aspecto temporal (por las excesivas esperas […]) ni en el aspecto económico, en tanto supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica” (considerando 11°).
EMERGENCIA SANITARIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; DERECHO DE ENTRAR PERMANECER TRANSITAR Y SALIR; SALUD PÚBLICA; CONTROL DE RAZONABILIDAD; FACULTADES NO DELEGADAS; RAZONABILIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; IGUALDAD;
Majewski (causa N° 40517)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación, declaró nula la disposición administrativa y devolvió las actuaciones a la Dirección Nacional de Migraciones para que en el plazo de 60 días dictase un nuevo acto (jueces Fernández y Grecco). 1. Expulsión de extranjeros. Excepciones. Derecho a la reunificación familiar. Facultades discrecionales. “[L]a Corte Suprema ha señalado que la Ley N° 25.871 tiene como objetivos, en lo que aquí interesa y está en juego, tanto garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar […] como promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación […]. En efecto, el Máximo Tribunal ha reconocido la competencia que le otorga la Ley Nacional de Migraciones a la autoridad de aplicación para admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, a extranjeros que se encuentren comprendidos en algunas de las causales que obsten a su ingreso o permanencia en el país [...]. En este orden de ideas, la jurisprudencia ha sostenido que la previsión contenida en la última parte del artículo 29 de la Ley N° 25.871 sólo puede ser considerada como una facultad discrecional otorgada a la Dirección Nacional de Migraciones, por la que –previa actuación del Ministerio del Interior– `podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular a los extranjeros comprendidos en el presente artículo´ […]. A su vez, no puede pasarse por alto que la dispensa en cuestión reviste carácter excepcional y, en razón de ello, debe necesariamente ser apreciada en sentido estricto…”. 2. Actos administrativos. Control de razonabilidad. Excepciones. “[S]e impone recordar que […] medidas como la recurrida constituyen el ejercicio de un poder propio de la Administración y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano estatal altamente especializado (creado al efecto) cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error (de hecho ode derecho), omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado […] supuestos que en la especie y por las particularidades del caso […] se advierten configurados. [E]n el caso se configura un supuesto de razones humanitarias a los efectos de otorgar la dispensa prevista en el artículo 29 in fine y el artículo 23 inciso m) del Decreto N° 616/2010, en tanto en el expediente se acreditó debidamente no solamente que se trata de una persona mayor que padece diversas enfermedades, sino que también quien fuera en vida su mujer –ciudadana argentina– se encuentra enterrada en el país. En este mismo sentido, también debe tenerse presente que el accionante tampoco posee antecedentes penales”.
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; EXCEPCIONES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; FACULTADES DISCRECIONALES; ACTOS ADMINISTRATIVOS; CONTROL DE RAZONABILIDAD;
CC (causa N° 38028)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, hizo lugar al recurso de la parte actora, condenó al Estado Nacional y elevó los montos de los rubros indemnizatorios (jueces Facio y Lopéz Castiñera y jueza Heiland).
1. Género. Perspectiva de género. Estereotipos de género.
“Una solución justa y adecuada de esta causa requiere, ciertamente, su ponderación desde una perspectiva de género […]. Esta perspectiva `reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática´ e implica `una mirada ética del desarrollo y la democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la desigualdad y los oprobios de género prevalecientes´, con la finalidad de `lograr un orden igualitario, equitativo y justo de géneros´ [...]
Desde ese enfoque se ha expuesto en nuestros tribunales que `al valorar elementos probatorios —particularmente pero no excluyentemente en la esfera penal— debe ponderar[se] los patrones socioculturales y estereotipos sobre los que se construye esta problemática, a fin de tener una verdadera comprensión del fenómeno de violencia de género y, de esta manera, poder lograr desde el Derecho aportar soluciones que contribuyan a atacar el flagelo de la violencia y trabajar en pos de la igualdad de género´…”.
2. Responsabilidad contractual. Concesión. Contrato de concesión. Servicios públicos.
“Es innegable […] que existía una exigencia contractual de mantener el buen estado de conservación de todos los edificios y de todas las obras e instalaciones complementarias, y que ese mantenimiento requería, en términos concretos, `atención, idoneidad, eficiencia y diligencia suficiente´”.
“No es dudosa, por tanto, la razonabilidad de interpretar […] que […] esos deberes se traducían, cabalmente, en la obligación de hacer efectivo el cercamiento, la iluminación, el desmalezamiento y la limpieza, en orden al buen mantenimiento del predio. Y ello es así, sobre todo, si se repara en las características propias de la noción jurídica de la concesión.
En efecto:
—La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a la naturaleza de la concesión […] consideró que comporta `un acto jurídico de derecho público que tiene por fin esencial organizar un servicio de utilidad general. Y partiendo de la realización de tal propósito, su rasgo característico consiste en delegar en un concesionario, aquella parte de la autoridad del Estado o de sus cuerpos administrativos, reputada indispensable para hacer efectiva, dentro de ciertas bases establecidas por la misma concesión o por los principios del derecho administrativo, la remuneración de los capitales puestos a contribución en la realización de la empresa pública´…”.
“Esta cámara consideró que el deber de control común atodas las concesiones consiste en que el concesionario, como entidad técnica especializada, vele por el estado de conservación, mantenimiento y señalización…”.
3. Violencia de género. Espacio público. Deber de cuidado.
“[N]o resulta discutible […] la conclusión de que en un terreno caracterizado por el abandono era previsible la comisión de hechos ilícitos como los que sufrieron las hermanas C.C y C.C. Puede decirse, bien por el contrario, que dicho lugar, por desolado, era proclive a la comisión de hechos semejantes, y que `la aparición de forajidos no es un hecho imprevisible para el empresario transportista´ […]. Desde una mirada experta en urbanismo con perspectiva de género se ha descripto claramente la necesidad de visibilizar los escenarios de riesgo para las mujeres…”.
“`La inseguridad es un obstáculo para que las mujeres sean ciudadanas totalmente activas, ya que impide que participen de la vida pública cuando el lugar y la hora no son las `convenientes’´ […].
`En concreto, las mujeres han sido excluidas de la noche debido a cómo sus cuerpos han sido definidos y controlados socialmente. La noche ha sido históricamente conceptualizada como un tiempo y espacio peligroso y prohibido para las mujeres […]. En consecuencia, las mujeres que transgreden este imaginario y utilizan el espacio público en la noche son aún vistas como fuera de lugar en muchos contextos´[…].
Las violencias que se ejercen en los espacios públicos, como aquellas que tienen lugar puertas adentro, avasallan los cuerpos de las mujeres […]. `[T]iene que garantizar[se] que no existan esas zonas inhóspitas entre las casas y el tejido urbano. Es decir: si quedan territorios vacantes hay que garantizar que estén limpios, iluminados y que exista algún tipo de control, ya que sabemos que implican algún peligro adicional´; `Los recorridos por lugares inhóspitos, descampados, o calles oscuras; esos lugares abandonados o residuales se tornan en paisaje urbano que son trampas para las mujeres y potencian oportunidades para las violencias de género´…”.
4. Entes reguladores. Obligación de seguridad. Protección integral de la mujer. Tutela judicial efectiva. Derecho administrativo. Perspectiva de género.
“Las previsiones […] contienen de una manera inequívoca […] diversos mandatos expresos y determinados que comportan deberes jurídicos de obrar. Esa compresión es lógica en tanto se considere […] que `los entes reguladores o de control existen bajo la premisa del mandato expreso y determinado de vigilar y controlar que la prestación del servicio garantice los derechos de los usuarios y de los consumidores de dicho servicio pues ello atañe a su propia finalidad, a la razón de su creación´…”.
“Paralelamente es necesario retener también las normas, las reglas y los principios que el derecho internacional de los derechos humanos establece como estándares expresos directamente aplicables. Aquí emerge, en términos convencionales, el deber estatal de actuar con la debida diligencia en la tutela de la mujer […].
En el plano jurisprudencial, el deber de diligencia fue receptado por esta cámara en su directa aplicación, con expreso fundamento en la Convención de Belém do Pará, en dos casos en los que se hallaba en discusión, precisamente, la responsabilidad estatal […], y también en un caso en el que examinó la impugnación dirigida a una orden de expulsión en el marco de la ley 25.871 […]. Con la mirada puesta en la efectiva tutela de las mujeres en el marco de la protección de las trabajadoras embarazadas, esta sala hizo hincapié en la importancia que tiene la CEDAW como instrumento del Sistema Universal de Derechos Humanos con jerarquía constitucional […].
En el ámbito doctrinario, al proponerse una nueva mirada con perspectiva de género sobre diversos aspectos del derecho administrativo, y al interrogarse con particular referencia a la observancia de la debida diligencia en los ámbitos nacional, provincial y comunal, apuntada al derecho a la vida y a la integridad psicofísica, se ha afirmado que `sería recomendable dirigir la mirada al orden local, poniendo la lupa sobre los rasgos del ordenamiento urbano. Ello incluye […] la instalación de luces y desmalezamiento de pastizales para evitar zonas de inseguridad en el escenario comunal´…”.
“En términos de una conducta regular, a partir del entorno descripto, la CNRT debió desplegar los medios necesarios (i) para detectar (a) el estado de abandono en el que se encontraba el predio al tiempo en que se produjeron los hechos delictivos, y (b) el escenario de riesgo real que ese estado implicaba hacia las mujeres, ya que, según se vio, el predio componía claramente un lugar `proclive a la comisión de delitos semejantes´ a los que se produjeron en este caso […], y (ii) para prevenir la materialización de ese riesgo real”.
5. Riesgo de la cosa. Responsabilidad extracontractual del Estado. Facultades discrecionales.
“Ante la comprobable y comprobada magnitud del estado de abandono del predio y el escenario de riesgo real que esa situación implicaba para las mujeres, la CNRT contaba con una serie de mandatos expresos y determinados que su estatuto […], le asigna inequívocamente, más allá de sus denominaciones.
Ciertamente: Además de la atribución de imponer sanciones […] en la que hace hincapié la CNRT, ésta tenía a su alcance, también, las `facultades´ […] En la hipótesis de que esas `facultades´ fueran comprendidas sólo como `facultades discrecionales´, y no como mandatos expresos y determinados de obrar, se llegaría a la inadmisible conclusión de que todas esas previsiones son disponibles, y, con ella, a la redundancia de su enunciado…”.
“[E]l deber jurídico de obrar a cargo de la CNRT no se agotaba en la constatación de los incumplimientos contractuales y la consiguiente imposición de las respectivas sanciones patrimoniales, sino que era más extenso”.
6. Entes reguladores. Obligaciones de hacer. Razonabilidad. Debida diligencia. Vulnerabilidad.
“El deber jurídico de obrar […] exigía su cumplimiento concreto y eficiente, de un modo consistente con dos aspectos centrales para este caso:
1. La consistencia con todas las competencias propias de ese control, razón de la creación de los entes reguladores […].
2. La consistencia con la severidad del incumplimiento contractual por parte de la firma concesionaria sobre el predio.
Sólo mediante una tarea de control concreta y eficiente que hubiese desplegado razonablemente los medios disponibles para el cumplimiento del servicio, se habría observado, por un lado, el estándar convencional reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer, y se habría alcanzado, por otro lado, uno de los claros objetivos que el estatuto prevé como es `Lograr mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad, igualdad y uso generalizado del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento en todas sus modalidades´…”.
“[E]xistía un claro deber jurídico de obrar determinado basado en obligaciones preexistentes. Ese deber surgía tanto de las normas que regulan el funcionamiento de la CNRT cuanto de las normas, las reglas y los principios del derecho internacional de los derechos humanos que establecen el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer.
Efectivamente, por un lado existía en el caso un deber jurídico expreso y determinado de respetar y observar, por una parte, las disposiciones normativas que fueron elaboradas —por el Poder Ejecutivo Nacional— con el claro y explícito propósito de que la CNRT, como ente de control, preste de una manera adecuada el servicio para el que fue creado.
Por otro lado, si queda claro, pues, que resulta aplicable directamente el estándar reforzado establecido por el derecho internacional de los derechos humanos que obliga al Estado a actuar con la debida diligencia en la tutela de la mujer, y que existe un expreso deber estatal de obrar en orden a esa tutela […], [se encuentra] allí una fuerte razón para proyectar ese deber, por medio de un control concreto y eficiente […] a los supuestos en que, como ocurre en este caso, el Estado Nacional ha concesionado un predio en el que se produjeron graves hechos delictivos de los que fueron víctimas dos hermanas adolescentes.
En esa dirección, [cabe] recordar que […] el arco normativo de protección a la mujer implica el reconocimiento de una situación de vulnerabilidad y traduce la necesidad de tomar medidas, y que gran parte de esas medidas se concreta en `la asunción de deberes por parte del Estado Argentino (…) para contener las vulneraciones a los derechos del colectivo tutelado´ […].
[Q]ueda descartada toda línea argumentativa que intente identificar la situación de las hermanas […] con `un deber jurídico indeterminado para la generalidad de los ciudadanos´ o `un interés legítimo subjetivamente indiferenciado a la Seguridad´”.
7. Daño. Inmuebles. Riesgo de la cosa. Omisión.
“El estado de abandono en el que se encontraba el predio en el momento en que se produjeron los hechos delictivos constituye un dato determinante. No es discutible, sensatamente, que la comisión de los delitos ultrajantes en el predio era previsible:
i. De un lado, se encuentra ampliamente demostrado el factor de riesgo que el predio abandonado comportaba hacia las mujeres […].
ii. De otro lado, como bien dice la parte actora en la demanda, los hechos delictivos no podrían haberse producido de ese modo si el inmueble entregado en concesión no hubiera sido convertido, como consecuencia de los diversos incumplimientos, `en un reducto propicio al delito´…”.
“[L]a CNRT no actuó conforme a la capacidad razonable de prever el curso normal y ordinario de las cosas, lo cual genera su responsabilidad según el Código Civil (artículos 901 a 906)”.
8. Entes reguladores. Responsabilidad extracontractual del Estado. Relación de causalidad. Responsabilidad contractual. Debida diligencia.
“[L]a relación de causalidad existente entre la conducta antijurídica de la firma concesionaria y los daños no excluye, de ninguna manera, el nexo causal existente entre esos daños y la conducta irregular de la CNRT. Es decir, la relevancia del incumplimiento de los deberes contractuales por parte de la firma concesionaria en la producción de los daños no desplaza la importancia que la conducta irregular de la CNRT tuvo en ese resultado dañoso. Por otra parte, el contrato de concesión, de conformidad con el artículo 1195 del Codigo Civil, es inoponible a los terceros damnificados, en este caso a las hermanas C.C. y C.C…”.
“[E]xistía un claro deber jurídico de obrar determinado basado en obligaciones preexistentes. Dicho deber emergía de las examinadas previsiones contenidas en el pliego de bases y condiciones, y, asimismo, de las normas, las reglas y los principios del derecho internacional de los derechos humanos que establecen el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer.
Ciertamente, había un deber jurídico expreso y determinado de cumplir y observar las disposiciones normativas que fueron elaboradas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (el pliego), con una evidente y precisa finalidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la firma concesionaria.
Y paralelamente resultaba aplicable el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer, ya que este estándar no era únicamente exigible a la CNRT, si se retiene que los Estados —y no sólo algunas dependencias dentro de la esfera estatal— deben `adoptar […] todos los medios apropiados´ para `prevenir […] la violencia contra la mujer´, cuando se trata de actos de violencia `perpetrados por el Estado o por particulares´ (Convención de Belém do Pará, artículo 7, y Declaración y plataforma de acción de Beijing, Capítulo II…)”.
9. Obligaciones concurrentes. Responsabilidad patrimonial.
“Las obligaciones concurrentes así son denominadas, de acuerdo con la opinión de la doctrina, porque las diversas obligaciones están conectadas entre sí por el hecho de concurrir respecto de un mismo objeto y acreedor […]. Sobre dichas obligaciones, la Corte Suprema ha expresado:
i. Las obligaciones concurrentes —también denominadas in solidum— se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los deudores […].
ii. Entre los deudores concurrentes si bien no juega el principio de contribución de las obligaciones solidarias, debe admitirse que el obligado concurrente que ha satisfecho el objeto —común— de la deuda no puede verse privado del derecho de probar cuál ha sido la real causalidad de la conducta de cada uno de ellos en la producción del daño […].
iii. `[L]as diferentes culpas de los obligados concurrentes bastan, indistintamente, para darle derecho al damnificado a la obtención del resarcimiento total del daño contra cualquiera de los responsables in solidum. Pero después de ser desinteresado aquél, queda en pie una eventual responsabilidad compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de la indemnización sea cubierto, en definitiva, por todos los deudores concurrentes, en la medida, desde luego, en que cada cual contribuyó a causar el daño´ […].
iv. En este tipo de obligaciones las responsabilidades corresponden a cada uno de los codemandados, sin perjuicio de que ulteriormente puedan ejercer las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución de cada uno en la obligación solventada […].
Desde ese enfoque, corresponde reconocer el derecho de las hermanas […] a reclamar el monto debido a todas y/o a cualquiera de las personas a las que se atribuyó e imputó responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de que cada una de ellas puede ulteriormente ejercer las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución de cada una en la obligación solventada de acuerdo con el grado de responsabilidad fijado…”.
GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL; CONCESIÓN; CONTRATO DE CONCESIÓN; SERVICIOS PÚBLICOS; VIOLENCIA DE GÉNERO; ESPACIO PÚBLICO; DEBER DE CUIDADO; ENTES REGULADORES; OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DERECHO ADMINISTRATIVO; RIESGO DE LA COSA; RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO; FACULTADES DISCRECIONALES; OBLIGACIONES DE HACER; RAZONABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; VULNERABILIDAD; DAÑO; INMUEBLES; OMISIÓN; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; OBLIGACIONES CONCURRENTES; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL;
EYV (causa Nº 33871)Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno
El Juzgado Federal de Moreno hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la ANSeS que incluyese a la mujer dentro de la nómina de beneficiarios/as del Ingreso Familiar de Emergencia. Además, ordenó que le abonase la prestación de IFE de maner retroactiva al mes de abril de 2020 (juez González Charvay).
1. Acción de amparo. Admisibilidad. Emergencia sanitaria.
“[S]i el planteo de la amparista se reduce al hecho de obtener el reconocimiento de los derechos constitucionales que en forma actual e inminente lucen vulnerados, por normas que aparecen como arbitrarias o ilegales, deviene imperiosa la admisión de la acción frente a las restantes vías procesales que aparecen como menos aptas para lograr la tutela judicial inmediata que se pretende, correspondiendo así declararlo”.
“[L]a vía excepcional del amparo, elegida por la actora, reúne […] los extremos requeridos para su admisión, dado que encuentra su razón en la canalización de cuestiones que deben ser resueltas de inmediato como lo es el reclamo a la denegatoria a acceder al Ingreso Federal de Emergencia […].
En el presente caso la actora ha demostrado que esta acción es la más apropiada para discutir el objeto de su pretensión. Otra interpretación y, sin perjuicio de actuar con la extrema cautela y prudencia debida, importaría –so pretexto de atenernos a exigencias formales–, frustrar derechos de fondo, desconociendo la cuestión fáctica en que se encuentra la actora, deviniendo necesario e imperioso llegar a una resolución a la mayor brevedad posible.
A mayor abundamiento, lo reclamado por esta vía, los hechos relatados por la accionante y el marco de emergencia sanitaria que nos encontramos a raíz de la pandemia por COVID 19 ameritan una solución expedita y rápida, características inherentes a la acción de amparo. En consecuencia, […] el amparo es la vía idónea para salvaguardar derechos constitucionales –como los de la actora– y procurar que sean protegidos por esta vía, en atención al contenido previsional y  alimentario de los derechos en juego. Todo ello, claro está, sin perjuicio de lo que corresponda resolver en definitiva...”.
2. Perspectiva de género. Emergencia sanitaria. Igualdad.
“[L]os tratados internacionales de Derechos Humanos sientan las bases para que los casos sometidos a control jurisdiccional sean ventilados desde un enfoque de género, impulsando criterios basados en el principio de igualdad”.
“[E]l presente caso debe ser analizado con perspectiva de género y enfoque intersecccional, en el reconocimiento de la desigualdad estructural en que se encuentran las mujeres y, la posición de desventaja –entre ese grupo– de aquellas que tienen a su cargo los deberes de cuidado respecto de su hijos o hijas menores de edad, sin trabajo, en el marco de una emergencia sanitaria a raíz de COVID-19”.
3. Expediente administrativo. Procedimiento administrativo.
“[L]as alegaciones de la ANSES en cuanto a que el trámite del IFE es virtual y que por ello no puede acompañar las actuaciones administrativas completas porque no existe expediente administrativo resultan inadmisibles […], puesto que el hecho de que las actuaciones sean virtuales no implica la inobservancia de los procedimientos administrativos correspondientes ni la omisión de informar a este Juzgado de manera completa y en tiempo oportuno lo solicitado. Las actuaciones administrativas deben seguir un procedimiento determinado y el expediente administrativo puede adaptarse a las nuevas tecnologías más nunca desaparecer, pues hace a la esencia del dictado de cualquier acto administrativo y al derecho de defensa en juicio del administrado…”.
3. Asignaciones familiares. Responsabilidad parental.
“[S]i se insistiese […] o se alegase que en la base de datos el hijo o la hija poseen igual domicilio que su padre, el hecho de que continúen en la obra social del padre no puede ser un obstáculo o motivo para el rechazo del IFE solicitado por su madre, pues es un derecho que les asiste y una obligación que tiene su padre para con ellos”.
“[N]o quedan dudas de que [la niña y el niño] residen con su madre, ello sin perjuicio que, ante los nuevos paradigmas de derechos humanos receptados por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, ellos tienen el derecho de habitar alternadamente con cualquiera de sus padres, con las limitaciones y excepciones allí establecidas...”.
4. Información sumaria. Sistema informático. Perspectiva de género.
“[U]na cuestión meramente formal, como ser la actualización de datos rígidos del sistema, no puede estar por encima de los derechos fundamentales que le asisten a la actora. Más aún cuando de todas las constancias arrimadas a autos –y hasta de los propios dichos de la demandada– la actora con posterioridad al primer rechazo adjuntó la documentación correspondiente, implicando ello un reproceso.
Una mirada con perspectiva de género es indispensable en la presente para impedir que la aplicación rígida del derecho, a partir de una interpretación estereotipada, afecte los derechos de una mujer que es jefa de hogar, que tiene dos hijos a cargo y que, conforme ella misma alega y prueba, cuenta hoy, a raíz de la pandemia, con un ingreso inferior al que percibía antes de la misma”.
5. Emergencia sanitaria. Interpretación de la ley. Perspectiva de género.
“[T]ampoco puede desconocerse la situación de desventaja estructural que poseen las mujeres que quedan a cargo de los cuidados de sus hijos/as una vez separadas, aún en aquellos casos en que el padre asista económicamente, en parte, a estos/as mismos/as.
[A]siste razón a la [mujer] en cuanto a que, las consecuencias de la pandemia por COVID 19, las restricciones de circulación y la suspensión de las clases presenciales en las escuelas resulten impedimentos para que pueda acceder a un trabajo y haya perdido el que tenía. De hecho, para situaciones como estas es que fue creado el IFE, conforme surge de los propios fundamentos de los Decretos que lo instituyen”.
“[S]i bien es cierto que las normas deben ser interpretadas, en primer lugar, por su letra y que no corresponde a la magistratura extender sus alcances por vía de interpretación, no lo es menos que la actora acompañó elementos de mérito que acreditan particularidades que exigen una hermenéutica más amplia y profunda de las normas involucradas”.
Así debe tenerse en cuenta que la normativa no ha previsto situaciones como la de autos pero tampoco las ha prohibido. El hecho de que  la actora, por embargo, perciba como adulto responsable las Asignaciones Familiares correspondiente a su hijo e hija menores de edad, no trae aparejado que ella conviva con su ex pareja ni que el mismo integre su grupo familiar.
Por lo tanto, no puede condenarse a una mujer al no acceso a una prestación de la seguridad social porque se ha separado de su pareja (y él cuenta con un trabajo formal en relación de dependencia y ella no), desatendiendo que es ella quien tiene a su a cargo los cuidados y asistencia sus hijos, que los mismos no concurren presencialmente a la escuela; todo ello en el marco de emergencia sanitaria y del impacto que esto está teniendo en las economías mundiales y en los puestos de trabajo en particular”.
“No puede aceptarse, de manera alguna, que una mujer quede atrapada y se convierta en víctima de estas interpretaciones restrictivas de derechos. Más aún cuando la ley no lo prohíbe expresamente, por lo tanto debe estarse a la interpretación más armoniosa de los derechos en juego, en virtud del principio pro homine”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; IGUALDAD; EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ASIGNACIONES FAMILIARES; RESPONSABILIDAD PARENTAL; INFORMACIÓN SUMARIA; SISTEMA INFORMÁTICO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Agüero (causa N 12001371)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 1, de manera unipersonal, concedió la prisión domiciliaria al condenado (jueza Prado).
1. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud.
“La prisión domiciliaria es un instituto previsto por el art. 33 de la ley 24660 para penados, que añadió causales de concesión —como formas alternativas de cumplimiento de pena— a las ya previstas en el art. 10 del Código Penal. Este instituto implica el encierro del causante y por tanto el efectivo cumplimiento de la pena privativa de libertad. No se trata de la transformación de dicha pena en una mera formalidad ni de la dilución de su cumplimiento. La prisión domiciliaria es una solución prevista por la ley para aquellos casos en que el encierro carcelario va más allá de la restricción de la libertad para constituir —en función de la situación particular del causante— un sufrimiento intolerable e inhumano, por lo que precisamente, la finalidad de este instituto se dirigía a humanizar la ejecución de la pena privativa de libertad, cuando en función de la situación descripta, la finalidad de reinserción social no tenía efecto práctico”.
“Ahora bien, en el caso de autos [se advierte] que el informe médico es contundente en cuanto a que el estado de salud del justiciable, torna desaconsejable su alojamiento en un establecimiento carcelario […]. Así las cosas, aparece altamente relevante y […] dirimente para el caso bajo examen por sus particularidades, la crítica situación que al día de la fecha atraviesa la República Argentina frente a la situación de pandemia mundial con expansión del denominado COVID 19 – coronavirus”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Cámara Federal de Casación Penal. Jurisprudencia.
“En ese contexto y mas allá de los protocolos de actuación vigentes en las unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba tendientes a minimizar el número de contagios y sus efectos entre la población carcelaria y el personal penitenciario, tal como lo afirma el representante del Ministerio Público Fiscal, es de conocimiento público que al día de la fecha se está produciendo un ‘brote’ de Coronavirus en todos los establecimientos carcelarios que, al menos por el momento y supeditado a la evolución de la situación epidemiológica, torna desaconsejable […] su alojamiento en una unidad carcelaria; ello dado el riesgo clínico aumentado de contraer otras enfermedades debido a su inmunodeficiencia.
De este modo, […] la característica de gravedad que presentan las enfermedades [del hombre condenado] conforman elementos que lo ubican especialmente dentro de lo que se ha dado en llamar población de riesgo, tornando así aplicables al caso bajo examen los lineamientos establecidos por la Acordada N° 9 de la Cámara Federal de Casación Penal. Nótese que en dicha Acordada se recomienda a los tribunales inferiores la adopción de medidas alternativas a la prisión en determinados casos, con vistas a reducir la población carcelaria, ‘a fin de inhibir, en la mayor medida posible, el riesgo existente para la salud e integridad física de las personas privadas de su libertad y también del propio personal penitenciario’, frente al Covid-19”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; DERECHO A LA SALUD; CÁRCELES; CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL; JURISPRUDENCIA;
Olmedo (causa N° 7488544)Cámara en lo criminal y correccional de primera nominación de la segunda circunscripción judicial de Río Cuarto
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Cuarto, junto al jurado popular, por mayoría, reconoció a la imputada como víctima de violencia de género y la absolvió por el delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación por considerarla inimputable en virtud del artículo 34, inciso 1, del Código Penal. Por último, dispuso su inmediata libertad (juezas Emma y García y juez Varela).
1. GÉNERO. VIOLENCIA DE GÉNERO. PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER. IGUALDAD. NO DIS-CRIMINACIÓN. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINA-CIÓN CONTRA LA MUJER. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ).
“El tratamiento de los casos en los que, como víctima o victimarias, se encuentren involucradas mujeres, exige a los magistrados, sean estos técnicos o legos, un análisis con perspectiva de género. […] Analizar con perspectiva de género significa enfrentar que en nuestra sociedad existe una desjerarquización cultural de la mujer, considerar de qué manera esa desjerarquiza-ción influye en la situación traída a juicio y resolver, teniendo en cuenta los efectos de esa de-sigualdad en el caso concreto”.
“Esta desigualdad cultural se incrementa en los ámbitos privados (violencia doméstica) donde el dominio violento del hombre sobre la mujer no responde a casos aislados, patológicos o inexplicables de violencia, sino que son prácticas aprendidas, conscientes y orientadas, produc-to de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad”.
“Enfrentando esta realidad, el Estado Argentino asumió obligaciones ante la comunidad inter-nacional: suscribió y se comprometió con la Convención Sobre la Eliminación de todas las for-mas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y con de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -usualmente aludida como ‘Con-vención de Belém do Pará’ (Ley 24.632). También, asumió compromisos internos, al promover normativa propia y específica (Ley Nacional N 26.485) que eleva los estándares de protección de la mujer frente a situaciones de violencia.
Estas normas reconocen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ám-bito público cuanto en el privado y contienen obligaciones que comienzan con la prevención, con la obligación de establecer mecanismos que prevengan y eviten que las mujeres (y las ni-ñas) padezcan situaciones de violencias en cualesquiera de los ámbitos en los que desempeñen su vida.
Cuando los mecanismos de prevención fallaron, o fueron insuficientes, el Estado Argentino también se compromete a sancionar y erradicar la violencia que sufrieron las mujeres. Las au-toridades deben arbitrar cuanta norma, mecanismo o decisión sea precisa para que se protejan los derechos de la mujer. Ya frente al fracaso de la ayuda, la prevención y la erradicación, en aquellos supuestos (como el que hoy nos ocupa) en el que algunas mujeres, sumergidas en contextos de violencia lesionan a sus agresores, los compromisos internacionales (y tal vez, antes los compromisos con la verdad y la justicia) compelen a los órganos judiciales a construir el análisis de los casos desde una adecuada perspectiva de género para así reconocer fielmente los derechos de las víctimas mujeres y -al resolver- evitarles una nueva victimización en la esfe-ra institucional […].
La sensibilidad que aconseja la perspectiva de género, atraviesa todas las etapas y manifesta-ciones del proceso penal: desde la forma de adquisición y valoración de la prueba (análisis con-textual, amplitud probatoria), hasta una reinterpretación de algunos conceptos dogmáticos. Resolver con perspectiva de género significa restaurar -en la medida posible- el desequilibrio y los daños que la violencia ocasionó”.
2. VIOLENCIA DE GÉNERO. VIOLENCIA SEXUAL. VIOLENCIA ECONÓMICA. VIOLENCIA FAMILIAR. VIOLENCIA INSTITUCIONAL. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. PRUEBA. TESTIMONIOS. INFORME PSI-COLÓGICO. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
“[La imputada] fue víctima de violencia. […] Una niñez con derechos negados, cercenada por la asunción prematura de una pareja (tendría entre 12 y 13 años cuando comenzó su convivencia con quien -entonces- le doblaba la edad), sumida respecto de [P] en la dicotomía hija ([P] ejer-cía sobre ella violencias asociadas a la paternidad -le pegó a los 13 años porque no quería co-mer y potestades (tal vez fingidas), ella creía que él tenía un papel que lo constituía en su tene-dor)- esposa (experiencias sexuales prematuras, violencia sexual y una maternidad a los 16 años). Resuenan las desigualdades estructurales que marcó la PAHO en el año 2010 edad y género. Ambas se dan en la vida de [la mujer]”.
“[V]ivió en soledad situaciones de maltrato físico (algunas dejaron secuelas) que al ser vistas por los vecinos y familiares, fueron toleradas en silencio. […] El maltrato físico incluyó situacio-nes de violencia sexual relatadas por la imputada, no sólo durante la audiencia -yo no quería tener relaciones con él y yo la tenía por miedo las tenía que tener igual a las relaciones-, sino también en el ambiente terapéutico […] relató múltiples episodios de violencia - física, psicoló-gica e incluso sexual. Ni ella, ni su entorno, ni las situaciones pudieron hacer algo para frenar esta situación. […] La apropiación del cuerpo femenino como botín de satisfacción sexual del varón aparece como una manifestación elocuente de la desigualdad real y estructural de las mujeres en la protección y ejercicio de sus derechos”.
“[V]ivió situaciones de maltrato verbal y psicológico. De naturaleza más íntima, fueron percibi-das y relatadas por [su hermana], quien cohabitó con [la imputada] y [P]. Al presentarse a la audiencia de debate afirmó: en dos ocasiones escuché amenazas ‘que la iba a matar a la mierda’ … varias veces le pego delante mío … en la casa de mi padre le quiso pegar un tiro… y él también le pegaba, la amenazaba, la trataba de puta … le decía puta no vales nada, le pegó en varias ocasiones cuando ella vivía en la casa de mi papá.
En éste orden conductas de maltrato, incluyo aquellas visiones o dichos que le niegan su cali-dad de persona. Como las que manifestó el [hermano del fallecido] con su referencia perma-nente durante el debate (que no pasó desapercibida para ninguno de los jurados populares o técnicos) a que [la imputada] se le iba todos los fines de semana, …ella se le iba los viernes y le volvía los domingos a la tardecita y su esposa […] ([P], referido a la infidelidad de la [acusada]) a lo mejor lo sospechaba, decía ‘se me va todo los fines de semana’ … siempre los domingo lo encontrábamos solo con las nenas”.
“[La imputada] sufrió situaciones de violencia económica. Relató durante la audiencia que pese a que ella trabajaba, le daba a él todo su dinero para que él lo administrara, situación que de-viene, a la luz de las relaciones de dominación y subordinación que venimos relatando, creíble y compatible con el resto de los indicadores detectados por las peritos psicólogas ya en el año 2011 en el informe de 2011 había indicadores de todos estos propios de conductas de violen-cia familiar, los valoramos como de riesgo: machismo, dominantes, trastornos de celos”.
“[La acusada] sufrió situaciones de maltrato institucional, que derivaron de la invisibilización de las situaciones de violencia que sufría: Las autoridades policiales se negaron a recibir su denun-cia, la respuesta del Juzgado de Paz fue una hogarización precaria y no deseada, la respuesta final fue restituir a [la imputada] al dominio de quien la sometía a Violencia, aún desoyendo las advertencias realizadas por las peritos que se involucraron al tratar el asunto (reconociendo la existencia de violencia física de palabras de la propia [imputada] es verdad que su pareja le pegó en reiteradas oportunidades pero que siempre fue con la mano abierta y que ella le de-volvía los golpes, las discusiones comenzaban porque él traía amigos a la casa pero a la vez la celaba con ellos … de no considerarse las sugerencias es altamente probable que los episodios de violencia aumenten, situación que se agravará con el nacimiento del niño, sumado a la negativa de la joven a solicitar ayuda, ya que estas situaciones están naturalizadas en su grupo familiar […]). Todos estos hechos quedaron impunes, la indefensión de la [acusada] le impidió que sus demandas fueran reconocidas, y -finalmente- se resignó a aceptarlas”.
“Se sostiene que otro código cultural que ha mostrado un efecto prevalente en el incremento de la violencia contra las mujeres es la separación del espacio público y el espacio privado. De acuerdo con este código propio de las sociedades más patriarcales, ‘lo que pase en casa se queda en casa’, lo que quiere decir que los vecinos y la comunidad en general no tienen el per-miso social de intervenir en lo que ocurre en el interior de una familia […].
Por todo lo expuesto (que ni lejanamente agota las pruebas recibidas en el juicio y que obran en la causa y sus posibles y graves interpretaciones) el primer acto de restauración que corres-ponde a este tribunal es reconocer a […] Olmedo como víctima de violencia de género (en los términos del art. 4, de la CEDAW, artículo 1 y ss de la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de la Ley Nacional N 26485 y de la Ley Provincial 9283)”.
3. VIOLENCIA DE GÉNERO. LEGÍTIMA DEFENSA. PRUEBA. INFORME PSICOLÓGICO. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. INIMPUTABILIDAD.
“Las acciones o reacciones que las mujeres tienen, en defensa de sus derechos debe contextua-lizarse: requiere que se valore una mujer situada en ese escenario y con las consecuencias que de ello se derivan. La mujer víctima de maltrato no es una mujer media, es precisamente una mujer ubicada en un contexto específico, con características especiales derivadas de ese mal-trato y que harían desigualitario y discriminatorio que se le exija actuar negando esa realidad que la rodea […].
Las soluciones jurisprudenciales de defensa de las mujeres, transitaron -mayormente- nuevas, interesantes y justas reflexiones sobre la legítima defensa y el estado de emoción violenta. Pese a que esa es la solución en la que coincidieron el Sr. Fiscal de Cámara y la defensa técnica, no fue la acogida por el jurado popular y por el jurado técnico. Cada mujer reacciona a la violencia como puede, no existe una respuesta estandarizada y como tal, no hay una respuesta jurídica única.
Frente a la pregunta del Sr. Fiscal, como jurado, decidimos comprender a [la imputada, quien] llegó a nosotros (como jurado) con toda su historia y ese fue el motivo por el cual la reconoci-mos como víctima de violencia. […] Luego, comprendimos su historia y, frente al hecho concre-to por el que vino a juicio, valoramos que no es merecedora de una pena (de un reproche jurí-dico penal).
Consideramos probado que, en el momento del hecho, no pudo dirigir sus acciones. […] Basa-mos nuestra convicción en distintos tipos de análisis: 1- El análisis contextual […]. 2- La perso-nalidad de [la imputada] en cuanto a su dificultad para controlar sus impulsos (altamente in-fluenciada por la violencia como forma de resolución de conflictos, naturalizada). 3- La alergia sensitiva (diagnosticada a [la acusada]) que impide que un tercer observador (neutro) pondere como operaban en [ella] los estímulos. 4- La conducta que la [mujer] tuvo, al momento e inme-diatamente después, de valerse del cuchillo para lesionar al Sr. [P]. […] La inimputabilidad de una persona se define (según la fórmula del artículo 34 inc. 1 del Código Penal) en el momento del hecho”.
“El informe de la licenciada […], del año 2016 […] nos presentó a [la imputada]: inmadura con baja tolerancia a la frustración y dificultades para controlar impulsos […]. Anunció: de no consi-derarse las sugerencias es altamente probable que los episodios de violencia aumenten, si-tuación que se agravará con el nacimiento del niño, sumado a la negativa de la joven a solici-tar ayuda, ya que estas situaciones están naturalizadas en su grupo familiar.
Ya en el marco de esta causa, al momento de ser requerido su conocimiento técnico, la Licen-ciada detectó en la [la acusada] alergia sensitiva: concepto tomado para explicar la capacidad de adaptación de una persona, tanto consigo mismo como con el mundo que lo circunda que tiene sus límites... la reiteración de estímulos desagradables, nocivos, dañosos para el equili-brio psíquico, dejan un residuo subconsciente que baja paulatinamente el umbral de tolerancia o sensibiliza el organismo, explica que la reiteración de estímulos nocivos hacen que se genere gradualmente una sobrecarga emocional que puede llevar a una reacción impulsiva y de des-carga desmedida frente al mínimo estímulo, ya que trae acumulada toda la carga de los episo-dios vividos anteriormente…”.
“Entonces uniendo el análisis científico que, sobre la vida y la conducta de [la mujer], realizó la Licenciada […] ( El impulso la arrebató, no pudo detenerse a pensar ni a responder de otra manera. No actuaron sus frenos inhibitorios), con las palabras que [la imputada] dijo, inme-diatamente después, de matar al Sr. [P] resulta que el encuadre que se ajusta a lo que ocurrió ‘en el momento del hecho’, es el descripto por el inciso 1 del artículo 34 del Código Penal: La [acusada], no pudo dirigir sus acciones y es, por tanto, inimputable y -como tal- no punible”.
“La defensa ‘era mi vida o la de él’, en contextos de violencia de género son (cuando concurren las circunstancias) válidos y atendidos por el derecho. Sin embargo, no hace justicia a lo vivido por la [imputada]. Apareció, en este juicio, como una racionalización que pudo ser real. Sin em-bargo […] que se basa en nociones de autovalía y respeto a la vida de la mujer, que [la acusada] no tenía -al momento del hecho- respecto de sí misma. Era mi vida o la de él, exige un razona-miento que estuvo ausente en [la mujer] al momento de asestar el cuchillo porque ella no pudo dirigir sus acciones. No pudo instrumentar sus impulsos. Sus impulsos la actuaron.
En la causa, a cuyo debate asistimos, la fatalidad hizo por [la imputada], lo que ella no pudo hacer por sí misma. De alguna manera, su propia indefensión aprendida […], aquella que la incapacitaba para controlar su voluntad, fue la que liberó esos impulsos que -en definitiva- la pusieron a salvo de la violencia que sufría”.
4. VIOLENCIA DE GÉNERO. VULNERABILIDAD. AUTODETERMINACIÓN.
“Si [se afirma que la acusada] fue víctima de violencia de género desde su infancia y durante todo el tránsito de su relación de pareja con [P] –que inició cuando ella contaba con tan sólo 12 años-, se impone concluir que existe una asociación indisoluble entre este tipo de injuria y la pérdida de la libertad […]. Es en este contexto pues, en el cual la supremacía masculina va mi-nando la posibilidad de construir aquel ser persona antes aludido cuyo más intenso motivo es la autodeterminación. Siendo que la vida de [Olmedo] estuvo signada por el avasallamiento, no podemos afirmar que en el momento de matar a su opresor haya sido libre de elegir entre dos vidas. Aquel impulso ciego referido por la Perito Psicóloga, sumado a las circunstancias que rodearon el momento del homicidio, nos impide considerar que se trató de un acto libre, antes bien, fue la derivación necesaria de la opresión sistemática a la que fue sometida. Es que la libertad es la esencia de lo humano, su profundo sentido, y no habrá de manifestarse como tal si se cercena su ejercicio desde la etapa más crítica y vulnerable que no es otra que la infancia. Tal es el caso de la mujer que fue juzgada”.
“En este punto es preciso destacar que […] la Querella manifestó que [la mujer] pudo irse de su casa como lo hacía los fines de semana, llevando consigo a sus hijas. A ello cabe responder que pretender que la mujer se fuera y no regresara al hogar, implica atribuirle la posibilidad de elegir y, de ese modo, considerarla un ser libre…”.
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA SEXUAL; VIOLENCIA ECONÓMICA; VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PRUEBA; TESTIMONIOS; INFORME PSICOLÓGICO; APRECIACION DE LA PRUEBA; LEGÍTIMA DEFENSA; INIMPUTABILIDAD; VULNERABILIDAD; AUTODETERMINACION;
Aguirre (causa N° 42127)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución y modificó la calificación legal por el delito encubrimiento agravado por el ánimo de lucro en concurso real con el de apropiación de cosa perdida (jueces Lucero y Rimondi).
1. Emergencia sanitaria. Situación de calle. Residencia. Vivienda. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia.
“[A]siste razón a la defensa en el sentido de que es incorrecto formularle tal imputación pues no puede afirmarse que ha violado los DNU dictados con motivo de la pandemia, ya que el aislamiento social preventivo impone a los habitantes del país el deber de ‘permanecer en sus residencias habituales’, siendo que [el imputado] afirmó desde un primer momento vivir en situación de calle y ser cartonero. Es más, esta precaria situación social fue reconocida implícitamente por la propia juez [interviniente], la que en la incidencia de excarcelación valoró en contra de la libertad que [el imputado] ‘carece de arraigo’.
De este modo, existe un salto lógico en el razonamiento de la jueza de grado ya que no explica cómo pudo haber violado todos los DNU que prolijamente enumera quien no tiene una ‘residencia habitual’ en la que permanecer. Esta laguna resta validez a la fundamentación. Por lo expuesto, […] no se ha infringido en el caso al art. 205, CP”.
EMERGENCIA SANITARIA; SITUACIÓN DE CALLE; RESIDENCIA; VIVIENDA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA;
VM (causa N° 62230)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró admisible el recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti y ministra Highton de Nolasco).
1. Restitución internacional de menores. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño.
“[E]sta Corte Suprema se ha expresado en reiteradas oportunidades acerca de la inexistencia de incompatibilidad o contradicción entre el [Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (CH 1980)] y la Convención sobre los Derechos del Niño –aprobada por ley 23.849–, en razón de que ambas propenden a la protección del interés superior del niño, principio de consideración primordial en todas las decisiones que lo atañen, sin que se presenten circunstancias excepcionales, ni la apelante aduzca razones de entidad que permitan a este Tribunal apartarse de dicho criterio […].
La citada Convención sobre los Derechos del Niño […] reconoce en su art. 3° el derecho del niño a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que se adopten y que le afecten, y en su art. 11 dispone que `1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes´” (considerando 7°).
“[E]s en ese marco que el Estado argentino ha suscripto el mencionado Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (aprobada por ley 25.358). Ambas contemplan un proceso urgente –con un marco de actuación acotado– para paliar los traslados o retenciones ilícitas de los menores de edad, en la inteligencia de que la mejor protección del interés del niño se alcanza volviendo en forma inmediata al statu quo anterior al acto de desplazamiento o retención ilícitos, a fin de que sean los tribunales con competencia en el lugar de su residencia habitual los que decidan acerca de las cuestiones de fondo, atinentes a la guarda, al cuidado personal de la niña o niño, al régimen de comunicación y a la cuota alimentaria, entre otras...” (considerando 8°).
2. Niños, niñas y adolescentes. Residencia. Interpretación de la ley.
“[R]esulta necesario, liminarmente, precisar el alcance del concepto de residencia habitual. Esta Corte Suprema ha señalado que la expresión residencia habitual que utiliza el CH 1980 hace referencia a `una situación de hecho que presupone estabilidad y permanencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda referencia al domicilio dependiente de los menores´ (conf. Fallos: 318:1269).
En la misma línea, el Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado dicha interpretación al prever expresamente que el concepto jurídico de residencia habitual al que se refieren los instrumentos internacionales en materia dedesplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad debe ser entendido como el lugar en el cual viven y establecen vínculos durables por un tiempo prolongado (conf. arts. 2613 y 2614)” (considerando 10°).
“[E]n los procesos de restitución de niños, niñas y adolescentes la determinación del lugar de residencia habitual resulta de suma relevancia pues constituye el punto de conexión con la normativa aplicable a los efectos de evaluar el derecho de custodia y así concluir si puede calificarse de ilícito el traslado o la retención por infringir tal derecho. También es el elemento que establecerá la jurisdicción ante la cual deberán, en definitiva, debatirse las cuestiones de fondo que se encuentran excluidas de tratamiento en este tipo de procesos. Por tal motivo, teniendo en cuenta que se trata de un factor de considerable entidad dentro del mecanismo de reintegro que prevé el CH 1980, debe encontrarse acreditado de manera fehaciente e indubitada.
En ese mismo orden de ideas, dada la importancia de las consecuencias que irradia su correcta determinación, no cabe tenerla por configurada a partir de un concepto de `simple residencia´. Las notas de estabilidad y permanencia que deben caracterizar a la `residencia´, deben tener necesariamente un grado suficiente de continuidad que permita otorgarle el exigido carácter de `habitual´, esto es, que habilite a concluir que en dicho lugar el niño desarrollaba con naturalidad su vida” (considerando 11°).
3. Residencia. Apreciación de la prueba. Jurisdicción. Retención y ocultamiento de menores.
“Que en dicho contexto la circunstancia de que de los tres meses y medio que duró el viaje a Europa, la niña permaneció con sus progenitores tan solo un mes y algunos días en la ciudad de Burdeos, Francia, unida a que contaba con tan solo cinco meses de edad cuando viajó a ese continente, resulta insuficiente para atribuirle la estabilidad y permanencia requeridas para considerar a dicho estado extranjero como el centro de gravedad de su vida […].
La conclusión referida no se ve alterada por la intención o el consenso de los progenitores acerca del lugar en que residiría la familia. Al respecto, en oportunidad de decidir cuestiones que guardan similitud con el supuesto de autos, este Tribunal ha señalado que para que dicho consenso pueda adquirir la concreción propia de una decisión jurídicamente relevante, debe tratarse de una clara intención compartida de trasladar la residencia, que debe ser demostrada cabalmente. La prueba debe superar el plano de una simple posibilidad, no bastando un panorama de ambigüedad…” (considerando 12°).
“[L]a ausencia de una permanencia prolongada en la ciudad de Burdeos, así como de la acreditación de una voluntad precisa, concluyente y compartida por ambos progenitores de trasladar el hogar familiar a Francia, conducen a descartar a dicha ciudad como lugar de residencia habitual y, por ende, a rechazar la solicitud de restitución requerida por no configurarse un supuesto de retención ilícita” (considerando 16°).
“[C]abe considerar que al tiempo de los hechos era este país el lugar de residencia habitual y que, en consecuencia, son nuestros tribunales los que se encuentran en mejores condiciones para resolver las cuestiones vinculadas con la niña […] que pudieran presentarse en el marco del conflicto familiar” (considerando 17°).
4. Interés superior del niño. Responsabilidad parental. Derecho a la intimidad.
“[T]eniendo en miras el principio del interés superior del niño que debe regir las decisiones que los atañen, corresponde exhortar a ambas partes, a fin de que obren con mesura en el ejercicio de sus derechos y, en particular, a que cooperen estrechamente en la búsqueda de una solución amistosa que no se oriente en la satisfacción del interés subjetivo de cada uno sino en el respeto del bienestar y la integridad de su hija menor, así como también de la relación parental −permanente y continua− con ambos progenitores, que no puede verse lesionada por decisión unilateral de uno de ellos.
Asimismo, ante la existencia de notas periodísticas en diversos portales de internet que exponen hechos o circunstancias de la vida de la niña N. L. S. V. y de la disputa familiar que en autos se trata, a los efectos de evitar agravar el conflicto generado, corresponde instarlos a que se abstengan de exponerla públicamente –por cualquier medio– a fin de resguardar su derecho a la intimidad” (considerando 19°).
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESIDENCIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; APRECIACION DE LA PRUEBA; JURISDICCIÓN; RETENCIÓN Y OCULTAMIENTO DE MENORES; RESPONSABILIDAD PARENTAL; DERECHO A LA INTIMIDAD;
Barbosa Ramirez (Causa n° 63730)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró la nulidad de la detención y sobreseyó al imputado (juez Pinto y jueza Laiño).
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Nulidad. Interpretación de la ley.
“En el caso no se verifican datos objetivos que hubieran habilitado al funcionario policial a interceptar [al imputado]…”.
“La situación fáctica […] no permitía inferir, objetiva y razonablemente, que los nombrados estuvieran en alguna situación que hiciera suponer que habían cometido un hecho ilícito, o que hubieran sustraído las bicicletas o recibido conociendo su origen espurio. Se desprende sin mayor esfuerzo de las constancias del expediente la ausencia de circunstancias previas y/o concomitantes que justificaran el requerimiento policial. No existía ninguna ‘circunstancia debidamente fundada’ que habilitara a detener la marcha de los ciclistas, solicitarle que se identificaran, en cuyo contexto [el imputado] manifestó que no poseían comprobante de alquiler y que las habían encontradas tiradas en la plaza […], para finalmente proceder a su detención y requisa”.
“[L]a determinación del preventor no encuentra siquiera fundamento en la denominada ‘causa probable’ que regulan los artículos 284 y 285 del Código Procesal Penal de la Nación, para sospechar la existencia de una presunta actividad ilícita por parte de los conductores de las ‘Ecobicis’, media una ausencia total de elementos de contexto que permitan considerar legítimo aquel accionar. Elementos que ciertamente no puede ser suplidos a través de una motivación ex post.
Cabe tener presente que el estado de sospecha no puede proceder de un instinto subjetivo del funcionario policial (el llamado ‘olfato policial’), sino que debe obedecer a circunstancias razonables y objetivas, debidamente explicitadas, en función de que permitan su posterior control de legalidad por parte del órgano judicial”.
2. Detención de personas. Requisa. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[R]ecientemente sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que: ´[…] la inexistencia de una obligación posterior de justificar un registro o una requisa con independencia de los resultados obtenidos por la misma, generaron un espacio amplio de discrecionalidad que derivó en una aplicación arbitrarias de las facultades en cabeza de las autoridades policiales, lo cual además fue avalado mediante una práctica judicial que convalidó dichas detenciones sobre la base de criterios generales como la prevención del delito o ex post por las pruebas obtenidas […]´ [‘Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina’] ….”.
“[C]on el criterio expuesto no se pretende acotar la posibilidad policial de ejercer las facultades de prevención que les son inherentes, más ello cede cuando se vulnera decididamente alguna garantía constitucional, caso que sí ocurre en las presentes actuaciones, lesionando así, lo consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional…”.
3. Procedimiento policial. Nulidad. Regla de exclusión. Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[Corresponde] anular las actuaciones desde la detención de los nombrados y de todo lo obrado en consecuencia. Ello así en base a la doctrina fijada a partir del caso [‘Rayford’], mediante la cual la Corte ha establecido que si en el proceso existe un sólo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél…”.
“[L]a presente investigación se inició y estructuró -exclusivamente- a partir del procedimiento […] inválido por lo que al no existir una vía independiente para continuar con la investigación corresponde sobreseer [al imputado]…”.
“[El preventor] previo a realizar la interceptación en la vía pública del imputado no se encontraba en presencia de un delito. Sólo se acercó por una referencia general vinculada a la comisión de delitos relacionados con la sustracción de bicicletas del gobierno de la ciudad, pero no describió en forma precisa o particularizada circunstancias específicas que le permitieran considerar que podría estar en concreto en este caso en la posible comisión de un delito”.
“[L]uego de la interceptación y la detención surgieron en forma concomitante a partir de los dichos del afectado su posible vinculación con un delito, pero lo cierto es que la detención no estaba motivada. Por lo cual, de acuerdo a los precedentes […] como ser lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (voto del Juez Petracchi en la causa ‘Fernández Prieto’), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede convalidarse la detención, por cuanto el agente estatal no brindó un detalle específico de las razones que justificaron la restricción a la libertad del afectado”.
DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; REQUISA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; REGLA DE EXCLUSIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
Olivera Róvere (causa N° 14216)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inoficioso el pronunciamiento respecto del imputado que había fallecido, declaró procedente la impugnación en relación a los demás y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Maqueda y Rosatti). 1. Cuestión federal. Sentencia condenatoria. Deber de fundamentación. Debido proceso. Derecho de defensa. “[S]i bien el modo de emitir el voto de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de las sentencias, son cuestiones de naturaleza procesal y ajenas, en principio, a la apelación del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción cuando el alegado vicio procedimental afecta la certeza jurídica de las sentencias, entendida como expresión final del derecho a la jurisdicción, así como el amparo del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio, todos ellos consagrados en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional” (considerando 3°). 2. Tribunales colegiados. Mayoría. Deber de fundamentación. “[E]n los sistemas judiciales de magistratura profesional, la adecuada prestación del servicio de justicia supone que el justiciable pueda conocer de manera acabada, explícita y sencilla las razones por las cuales se decidió el caso que lo involucra, máxime cuando la sentencia contraría su pretensión. En el caso de los tribunales pluripersonales, este deber general de los jueces profesionales importa la necesidad de asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus decisiones. De lo contario, se corre el riesgo de incurrir en el absurdo de suponer que, para impugnar, sean las partes del proceso quienes deban escoger cualquiera de los fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión, es decir, que sea el propio recurrente quien le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo” (considerando 5°). “[L]as sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos […].De tal modo, la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada […]. [U]na sentencia cuenta con mayoría aparente, si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a los fallos judiciales […] o aquellos con fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito, en tanto ello lesiona el derecho de defensa en juicio…” (considerando 6°). “[L]os magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe –cuanto menos– a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo. Sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad. Dicho de otro modo: no basta con el nudo imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva para dar validez y fijar los alcances de un pronunciamiento si este se asienta en motivaciones lógicamente desconectadas y/o sustantivamente inconciliables” (considerando 8°). 3. Recursos. Recurso de casación. Expresión de agravios. Mayoría. Deber de fundamentación. “[L]a responsabilidad de juzgar las cuestiones sometidas a su conocimiento impone a los magistrados la obligación de pronunciarse sobre todos aquellos puntos comprendidos en el pleito que resulten conducentes a su decisión, es decir, aquellas cuestiones que se estimen necesarias para el dictado de la sentencia […]. En definitiva, la conformación de un acuerdo mayoritario que idóneamente exprese el razonamiento lógico seguido para arribar a la solución del caso, constituye un deber propio de los magistrados que componen este tipo de tribunales colegiados, dirigido a cumplir con la obligación genérica de resolver, en forma válida, las cuestiones sometidas a su conocimiento” (considerando 9°). “[E]l análisis de sendos votos no evidencia una concordancia sustancial de opiniones dirimentes en las que se funde la decisión adoptada. En otras palabras: no ha existido una mayoría real de sus integrantes que sustente las conclusiones del pronunciamiento…” (considerando 10°). “[D]e todo lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida no ha sido adoptada con mayoría sustancial de argumentos, requisito indispensable para su validez, por lo que resulta admisible la tacha de arbitrariedad y corresponde hacer lugar a su descalificación” (considerando 11°).
CUESTIÓN FEDERAL; SENTENCIA CONDENATORIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; TRIBUNALES COLEGIADOS; MAYORÍA; RECURSOS; RECURSO DE CASACIÓN; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS;
Farfan (causa N° 24003)Juzgado de Minas de la provincia de Salta
El Juzgado de Minas de la provincia de Salta hizo lugar a la acción de manera parcial y ordenó a la provincia de Salta que diera cumplimiento con las medidas colectivas de acción positiva. Además, dispuso que se extendieran en el tiempo hasta tanto se adoptasen las medidas reglamentarias por parte del Poder Ejecutivo provincial para dar cumplimiento a las mandas constitucionales y convencionales de igualdad y no discriminación de género respecto de las mujeres que se desempeñaban como agentes del Servicio Penitenciario con situación de revista (jueza Mosmann).
1. Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. Procesos colectivos.
“Si bien podría afirmarse que la cuestión debatida en autos requiere una vía de conocimiento ordinaria […], y que sería deseable que el legislador provincial regule el trámite de los procesos colectivos que no discurran –por su complejidad– por la vía de amparo, mora que ha sido destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente `Halabi´, y también […] en el antecedente […] dictado en los autos `Usuarios y Consumidores Unidos (U.C.U.) Delegación Salta vs. Autoridad Metropolitana de Transporte y SAETA S.A. s/ Amparo Colectivo´[…], donde [se afirmó] que la falta de regulación de los procesos colectivos en la provincia de Salta hace que los litigantes opten por la vía de amparo, por ser esta una vía procesal que admite su adecuación a las necesidades del proceso conforme a una recta interpretación de la Constitución […], sin que la mora legislativa para regular el especial cause que requieren los procesos colectivos pueda implicar, o convertirse, en una negación del acceso a la justicia de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, los que resultan plenamente operativos […], [se mantiene] lo allí dispuesto sobre la admisión de la vía de amparo aun en los casos que –como el presente– requieren una tramitación que supera los cauces propios y típicos del amparo, mientras perdure la falta de regulación de los procesos colectivos, y en virtud del principio pro actione…”.
“[R]emitir el caso a la conclusión del procedimiento administrativo importaría una solución meramente ritual reñida con un adecuado servicio de justicia”.
2. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“La palabra género se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociados con ser hombre y mujer y las relaciones entre hombres y mujeres. Estos atributos, oportunidades y relaciones son socialmente construidos y se aprenden a través de los procesos de socialización y cambian en el tiempo. El género determina lo que se espera, permite y valora en una mujer o un hombre en un contexto sociocultural dado, generándose diferencias en las responsabilidades, y oportunidades de toma de decisiones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso `González y otras (`Campo Algodonero´) vs. México´ […] consideró que el estereotipo de género `se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado […], es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer´”.
3. Empleo público. Ascenso. Actos discriminatorios.Facultades discrecionales.
“Sostienen las accionantes que, en la labor profesional que desarrollan en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta se ha impuesto lo que se ha dado en llamar un `techo de cristal´, por el que las trabajadoras no logran acceder a los puestos de mayor rango, jerarquía y nivel de decisión; no cuestionan las posibilidades de ingreso a los puestos de trabajo en el mencionado Servicio, pero sí la existencia de una práctica, no explícita, por la cual no se permite a las mujeres lograr el ascenso a los cargos más altos. El reclamo es referido entonces a una discriminación cualitativa y no cuantitativa respecto de las mujeres”.
“Es evidente que el problema no es el denominado suelo pegajoso (sticky floor) que dificulta el acceso a los primeros niveles de carrera, sino que –tal como lo reclaman las actoras–, es el acceso a los puestos más altos en la carrera del Servicio Penitenciario, esto es la Plana Mayor, lo que se ve obstaculizado para las trabajadoras del Servicio Penitenciario ya que se encuentran ocupados por hombres exclusivamente”.
“[S]urge del ordenamiento normativo vigente en la provincia que los cargos de Director General y Sub Director son designados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, y que los cargos que componen la Plana Mayor son elegidos también discrecionalmente por quien ocupe el cargo de Director General. No es en estos casos la capacidad o mérito demostrado ante las instancias de evaluación o calificación previstas en la ley orgánica lo que define la selección, sino la sola decisión tomada por quien tiene la potestad decisoria para ello, respecto de la cual se puede afirmar como dato objetivo emergente de la prueba producida, que no ha recaído nunca en una mujer hasta el momento en que se inició este proceso.
Esta situación prolongada a lo largo de `toda la historia del Servicio Penitenciario de Salta´ […], es demostrativa de la discriminación de género a la que han sido sometidas las mujeres en este ámbito de la función pública, circunstancia que alcanza el estándar probatorio requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente `Sisnero´, en tanto habiéndose probado el aludido hecho objetivo correspondía a la Provincia demandada demostrar el motivo objetivo y razonable para la selección realizada, lo que no ocurrió, ya que la defensa se limitó a sostener que se han realizado siempre las selecciones –de hombres– sobre la base de una facultad discrecional”.
“[E]s demostrativo de la discriminación operada para el ascenso a los cargos superiores, el hecho de que hasta los primeros días de diciembre de 2019 no existía personal femenino ocupando el grado de prefecto, ni de prefecto mayor. Dicha circunstancia también incide de modo directo en la conformación de las Juntas Calificadoras […], ya que ellas se integran con personal de mayor jerarquía o antigüedad que el personal a considerar, motivo por el cual, al no existir mujeres con dichos cargos, tampoco pueden ocupar lugares en las Juntas Calificadoras, estado de cosas que muestra una arraigada práctica que impide el ascenso a los cargos más altos a las mujeres que conforman el Servicio Penitenciario”.
4. Género. Igualdad. No discriminación. Derechos de incidencia colectiva.
“[L]a perspectiva de abordaje institucional debe estar cruzada por la realidad de los múltiples actores sociales interesados: víctimas, reclusos, familiares, funcionarios, es decir una realidad atravesada por relaciones humanas de diversos géneros y no solo signada por una mayoría masculina, que a la postre se espera reconstruya un vínculo resocializador y plural con la comunidad que espera vivir en paz y fraternalmente”.
“[S]e muestra necesario incorporar de modo estructural una perspectiva aún hoy inexistente en el Servicio Penitenciario, perforando el techo de cristal existente, modificando las prácticas cotidianas hacia dentro del sistema para con las internas y con las agentes penitenciarias, y hacia afuera para con las victimas y los familiares de todos las y los penados.Si bien no todos los procesos colectivos tienen efectos estructurales, sí puede afirmarse que los conflictos estructurales tienen efectos colectivos, y en el presente caso concurren ambos efectos, en tanto se ha visto afectado un colectivo de mujeres, y la práctica que provoca tal lesión requiere una solución estructural para lograr el restablecimiento y la vigencia plena del derecho invocado a través de la disposición de medidas de acción de positiva…”.
ACCION DE AMPARO; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; PROCESOS COLECTIVOS; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; EMPLEO PÚBLICO; ASCENSO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; FACULTADES DISCRECIONALES; IGUALDAD;
González Nieva (causa Nº 4490)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia impugnada y absolvió al imputado (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Prueba. Apreciación de la prueba. Debido proceso. In dubio pro reo.
“[T]al como se alega en el remedio federal, y se comprueba del examen de las piezas procesales pertinentes, tanto para rechazar los distintos planteos realizados en el marco de la defensa material y técnica de […] González Nieva, como para tener por acreditada su participación en estos sucesos, dictar sentencia condenatoria y convalidarla, los tribunales intervinientes en las distintas instancias esgrimieron una serie de argumentos que […] resultan incompatibles con el debido proceso, la defensa en juicio y, en definitiva, el in dubio pro reo.
Ello así porque ‘…respecto de la valoración de la prueba realiza una construcción argumental apartándose de las constancias de la causa; […] desatiende prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia y…convalida un doble estándar de valoración probatoria en desmedro de dichos principios cuando efectúa un análisis parcial y sesgado del cúmulo probatorio oportunamente valorado por el tribunal de grado’ (Fallos: 342:2319, considerando 9°)” (considerando 4°).
2. Reconocimiento fotográfico. Reconocimiento impropio. Identificación de personas. Prueba. Apreciación de la prueba. Notificación. Derecho de defensa.
“[E]l tribunal oral tuvo especialmente en cuenta que el acusado había sido identificado ‘categóricamente’ en un reconocimiento fotográfico realizado, en sede policial, por el testigo […], a menos de dos meses del episodio, y ratificado en el juicio oral. Según el tribunal, [el testigo] fue ‘terminante’ al sindicar a González Nieva como uno de los miembros de la banda que había perpetrado el robo y como el autor del disparo que ocasionó la muerte de [la víctima].
[…] Tanto el tribunal de mérito como el revisor, en criterio convalidado por el a quo, rechazaron [los] reproches [de la defensa], aduciendo que no se trataba de un acto irreproducible y que no se había demostrado el perjuicio que la omisión de la adecuada notificación hubiera ocasionado al imputado y a su defensa. […] Estos criterios, en una prueba de cargo decisiva -casi única- y en el contexto de las cuestiones que se desarrollarán en los siguientes considerandos, no pueden ser admitidos por esta Corte, por entender que se fundan en una concepción que vacía de contenido el derecho constitucional de defensa en juicio” (considerando 5°).
“Por un lado, resulta pertinente invocar las consideraciones efectuadas en Fallos: 329:5556 (‘Benítez’) en cuanto a que, en este caso, a riesgo de desnaturalizar el derecho de defensa ‘no es posible partir del presupuesto –implícito en el razonamiento del a quo- [en cuanto a que] dicho contralor resulta ´ex ante inidóneo para lograr, al menos, echar alguna sombra de duda sobre un cuadro probatorio suficiente´’.
Por otro lado y en particular, lo resuelto desatiende distintos estándares recogidos en Fallos: 329:5628 (‘Miguel’) donde, por un lado, se entendió objetable que se valorara como prueba dirimente de cargo un reconocimiento impropio realizado en inobservancia a la ley procesal, pese a estar reunidos los extremos que permitían la localización del imputado para la producción de una rueda de reconocimiento de personas, supuesto que esta Corte advierte que también se verifica en este caso, en tanto González Nieva ya había sido sindicado en el legajo por la policía con anterioridad al reconocimiento fotográfico.
Por su especial correspondencia con el sub judice, cabe también recordar la doctrina del citado precedente, en el que se efectuó una importante consideración vinculada a la directa relación entre el cumplimiento de la reglamentación procesal que prescribe el modo en que deben llevarse a cabo esta clase de medidas y el derecho de defensa, al afirmarse que ‘…las exigencias incumplidas no revisten el carácter de meras formalidades sino que, desde la perspectiva del derecho de defensa, configuran requisitos estrechamente ligados a la seguridad de la prueba de reconocimiento, toda vez que tanto la rueda de personas como el interrogatorio previo a los testigos que han de practicarlo constituyen verdaderas válvulas de garantía que operan en favor de la exactitud, seriedad y fidelidad del acto en la medida en que tienden a disminuir las posibilidades de error a fin de resguardar la sinceridad de la identificación’ (considerando 9°).
En el mismo fallo, esta Corte Suprema destacó que el incumplimiento de las exigencias formales dirigidas a resguardar el derecho de defensa del imputado adquieren ’sustancial relevancia’ cuando el cuestionado reconocimiento impropio se erige en la prueba por excelencia -o prácticamente exclusiva- para fundar la atribución de culpabilidad respecto del acusado (considerando 8°), en especial ante la existencia de indicios concordantes que apuntan en dirección opuesta (considerando 10), aspectos que […] resultan plenamente aplicables a la situación de González Nieva en el sub examine” (considerando 5°).
3. Reconocimiento fotográfico. Identificación de personas. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Deber de fundamentación.
“Para afirmar la suficiencia del reconocimiento fotográfico, el tribunal oral destacó que el acta policial correspondiente había sido ratificada por el testigo […] en el juicio, no obstante lo cual omitió completamente mencionar que, al hacerlo, el testigo negó haber aportado ciertos detalles relativos a la descripción física del atacante que se encontraban asentados en el acta; en lo que se revela como una valoración sesgada del testimonio que convalidó una afirmación tendiente a corroborar la hipótesis de cargo y desatendió a aquella que la ponía en entredicho.
Asimismo, se omitió analizar otra aclaración del testigo cuando, en referencia al reconocimiento fotográfico, destacó ‘que las fotos que le exhibieron fueron tres, de fisonomías muy distintas’ […]. Esta circunstancia no podía ser obviada por el juzgador al momento de sopesar el valor convictivo del reconocimiento por fotografías realizado por [el testigo], y exigía -cuanto menos- algún desarrollo adicional del tribunal que justificara el peso probatorio que se le terminó asignando a este elemento de cargo. Del mismo modo, se excluyó todo análisis respecto al hecho de que ninguno de los testigos presenciales identificara a […] González Nieva en los reconocimientos en rueda de personas que se practicaron durante la instrucción del caso, ni tampoco en la sala de audiencias en la que se llevó a cabo el juicio oral y público […], circunstancia que cobra especial importancia por encontrarse incluido entre ellos, justamente, el testigo […].
Al respecto, el tribunal oral consideró resguardado el derecho de defensa por la sola circunstancia de haberse ordenado y realizado nuevos reconocimientos respecto de González Nieva, y no estimó relevantes sus resultados negativos, desestimando el hecho que el testigo […] no hubiera reconocido al encausado al verlo personalmente ni en el reconocimiento formal en rueda de personas, ni en la sala de audiencias durante el juicio. Se aseveró que esas circunstancias no invalidaban el primer reconocimiento fotográfico. Así, la única medida de prueba que culminó con un señalamiento a González Nieva resultó ser aquella realizada sin contradictorio ni control de las partes […].
Resulta claro que este temperamento no puede ser admitido por esta Corte, dado que se funda en razonamientos arbitrarios y, sustantivamente, en una concepción difícilmente compatible con la presunción constitucional de inocencia. En este punto, se verifican en el sub examine circunstancias análogas a las ponderadas por este Tribunal en Fallos: 339:1493 (‘Carrera’) al acoger las quejas de la parte por las que se agraviaba de que se convalidara una condena cuando, frente a las lagunas que presentaba la reconstrucción de los hechos, o bien, ante elementos de prueba ambivalentes, en todos los casos, decidió las dudas en contra de la hipótesis de descargo.
[L]os resultados contrarios a la hipótesis de cargo han sido desestimados con argumentos inadmisibles y, además, se ha prescindido de analizar las razones que fundaron la necesidad de realizar el segundo reconocimiento (en rueda de personas) o el tercero (en sala de juicio), cuyo análisis era necesario incluso en el supuesto en que se le hubiera querido asignar mayor fuerza convictiva al primer reconocimiento (por fotografía)” (considerando 6°).
4. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Debido proceso. Derecho de defensa. In dubio pro reo. Principio de igualdad de armas.
“[A] las severas falencias en la argumentación en torno a la valoración del mentado reconocimiento fotográfico, cabe agregar la circunstancia de que el resto de la evidencia producida en el debate no solo no refuerza su peso convictivo, sino que, por el contrario, se lo resta. [N]o se obtuvo prueba forense que vincule físicamente a González Nieva con los hechos de la condena, ni tampoco pudo establecerse vinculación entre las personas identificadas como miembros de la banda que cometió el robo y el encartado González Nieva. Así lo declararon todos los preventores […] y lo destacó uno de los coimputados […], quien negó conocer a González Nieva. [A]simismo, tanto los descargos realizados por González Nieva, como la prueba testimonial producida en su favor que los avalaban, fueron descartados en la sentencia de mérito […] con base en fundamentos que, en su propia formulación, son inadmisibles por ser directamente contrarios a las fundamentales garantías del in dubio pro reo y defensa en juicio” (considerando 8°).
“Por otro lado, la circunstancia invocada para restar credibilidad a estos testimonios -esto es, que inicialmente fueron prestados ante escribano público- soslaya la circunstancia de que ambos testigos declararon también ante las autoridades judiciales bajo juramento y de conformidad con las reglas que rigen este tipo de medio probatorio. Finalmente, tachar estos testimonios de ‘interesados’ por la sola razón de haber sido ofrecidos por la defensa, no puede en modo alguno constituir un ‘elemento fundante válido’ en el marco del paradigma constitucional vigente. En efecto, semejante preconcepto implica, ni más ni menos, privar de razón de ser y de toda eficacia a la garantía de defensa en juicio reconocida por el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto establece que ‘es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos’. Además, ello importa, también, convertir en letra muerta las previsiones específicas del artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…” (considerando 9°).
“Asimismo, debe remarcarse que el criterio aquí criticado por tornar vacuo el ejercicio de una garantía constitucional tan fundamental también debe ser enérgicamente censurado porque, al dejar inerme al imputado para poder resistir eficazmente la acusación, atenta contra ‘…el ‘principio de igualdad de armas’ que, como parte del derecho al debido proceso y a la defensa en juicio, asiste a toda persona inculpada de delito (arts. 8.2. del Pacto de San José de Costa Rica y 14.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)’ (Fallos: 328:3233)” (considerando 9°).
5. Declaración indagatoria. Culpabilidad. Derecho de defensa.
“[A]simismo, por necesaria derivación de las consideraciones expuestas en el anterior considerando, debe también reprobarse que […] se fundara la condena de González Nieva sosteniendo que constituía indicio de cargo ‘…el de mendacidad, negando el hecho ante prueba tan directa que lo compromete’. Ello, toda vez que configura un argumento circular y de una lógica inaceptable, al considerar como elemento de cargo los dichos del encausado González Nieva al mantener su ajenidad al hecho atribuido.
En efecto, constituye un despropósito lógico y nunca puede ser un argumento válido para atribuir culpabilidad, que el juez considere mendaz los dichos de un imputado que se limita a negar toda participación en los hechos atribuidos, alegando su inocencia. No se trata de premiar la mentira de un encartado sino de asumir que la tacha de mendacidad exige la existencia de una decisión apriorística de culpabilidad basada en pruebas, impidiendo que la misma aseveración del encausado opere como premisa y conclusión de un mismo razonamiento” (considerando 10°).
6. Procedimiento policial. Extorsión. Revisión judicial. Derecho de defensa.
“[C]abe recordar que […] efectivos policiales que tuvieron un rol central en la instrucción del caso […] se encontraban detenidos y bajo proceso por distintos hechos delictivos que involucraban la adulteración y manipulación de información y pruebas en sus investigaciones policiales y la fabricación de imputaciones con fines extorsivos, entre otras cuestiones. [E]l propio González Nieva declaró ante los jueces sentenciantes que el policía […] le había exigido que le entregara su automóvil […] y que su negativa había contribuido a mantenerlo imputado y detenido […]. [R]esultaba imperativo que el tribunal de mérito analizase el planteo de la parte, atendiendo al grave contexto de irregularidades que afectaba la legitimidad del proceso…” (considerando 13°).
“Así las cosas, y a los efectos de impedir la vulneración de la garantía contenida en el artículo 25.1 de la CADH, es preciso que el juzgador, cuando se enfrenta a la sospecha fundada de algún vicio sustancial en el origen o producción (fuente) de un elemento probatorio (medio) -y, en especial, cuando en el vicio sospechado se vislumbra una posible o alegada violación de los derechos fundamentales- no se limite a analizar el cumplimiento de los aspectos formales establecidos en la normativa procesal aplicable, sino que procure descartar la posible existencia de tal vicio a efectos de que tal elemento pueda tener validez y eficacia probatoria en el proceso penal. Asimismo, y en aras de salvaguardar el derecho de defensa del imputado, este análisis efectuado por el juzgador debe ser reflejado en una decisión motivada, ya sea durante el proceso o en la propia sentencia de mérito” (considerando 14°).
7. Revisión judicial. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“[L]os deberes y principios aquí mencionados también fueron incumplidos por el tribunal de casación, en cuanto convalidó el decisorio de mérito por entender que ‘…ninguna conclusión incriminante’ se había extraído de los testimonios del personal policial […], desconociendo las implicancias de la actuación policial conforme las constancias del caso.
[…] En el contexto de las particulares circunstancias del sub judice, el adecuado cumplimiento del citado estándar conllevaba analizar en profundidad el modo en que el tribunal de mérito había tratado –o, en el caso, soslayado tratar- los serios y concretos indicios vinculados a irregularidades que, se denunció, habían tenido lugar durante la instrucción, circunstancias en que la defensa afirmó su alegato de ‘causa armada’, y que oportunamente planteó ante el tribunal de casación” (considerando 15°).
“[L]a Suprema Corte provincial hizo propias las ostensibles deficiencias argumentativas de los decisorios del tribunal de mérito y de casación y, al amparo de un excesivo rigor formal y con base en expresiones dogmáticas y sin contenido, desatendió los antecedentes que hacen a la cuestión fáctica sustancial de la causa y el adecuado estudio de elementos conducentes obrantes en la misma. En tales condiciones, el pronunciamiento apelado exhibe graves vicios de fundamentación que lo descalifican como un acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia” (considerando 16°).

PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DEBIDO PROCESO; IN DUBIO PRO REO; RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO; RECONOCIMIENTO IMPROPIO; IDENTIFICACION DE PERSONAS; NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; PRUEBA TESTIMONIAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; DECLARACIÓN INDAGATORIA; CULPABILIDAD; PROCEDIMIENTO POLICIAL; EXTORSIÓN; REVISION JUDICIAL; ARBITRARIEDAD;
GRE (causa N° 303)Superior Tribunal de Justicia de Chubut
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar al recurso, revocó la sentencia apelada y fijó el aporte alimentario del Sr. G. en la suma de $ 2500 más la cobertura de la obra social (jueces Vivas y Panizzi).
1. Divorcio. Alimentos. Vulnerabilidad. Interpretación de la ley.
“El cuerpo normativo actual apunta a que, luego de la ruptura del matrimonio, cada uno de los cónyuges desarrolle las estrategias necesarias para su propio sostenimiento en el nuevo proyecto de vida que emprenda, sin depender `económicamente´ del otro. Naturalmente, ello no quiere decir que se propicie un abandono del esposo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sino que se deben garantizar las herramientas para evitar que se configure esa desigualdad, quedando la prestación de alimentos reservada sólo a supuestos absolutamente excepcionales que se encuentran expresamente previstos por la ley. Estas excepciones configuran un mínimo de prestaciones que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con situaciones de vulnerabilidad de las personas…”.
“[E]l inciso b) del artículo [434 del Código Civil y Comercial de la Nación], que se refiere a las prestaciones alimentarias posteriores al divorcio a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidades reales razonables de procurárselos, establece que a tal fin debe tenerse en cuenta la edad, el estado de salud, la capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos y la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar.
A fin de evaluar las pautas que la norma manda a tener en cuenta, se ha dicho que no tienen otro propósito que orientar al juez para la determinación real de la necesidad invocada y el monto de alimentos que resulta indispensable establecer, por ello la enumeración funciona a título enunciativo; y que, además, en virtud de la permanente preocupación por alcanzar la verdad real que subyace en los procedimientos de familia, podrán valorarse las circunstancias que se consideren pertinentes para obtener una solución conforme a derecho y a los principios de equidad […].
Cabe agregar que evaluar la edad y el estado de salud de quien solicita los alimentos va a permitir indagar respecto a las necesidades relacionadas a los gastos médicos o en medicamentos que regularmente el estado de salud de una persona de edad avanzada puede demandar; además de considerar, si cuenta con la cobertura de obra social u otro medio que permita paliar las consecuencias de la edad avanzada o de un estado de salud deteriorado.
En lo que respecta a la capacitación laboral y las posibilidades de acceder a un empleo se requiere valorar las reales posibilidades de quien solicita la prestación alimentaria. No sirve la valoración abstracta de una potencialidad sino las posibilidades efectivas de acceder a un empleo remunerado que le permita abastecerse.Y finalmente, la atribución de la vivienda familiar resulta, también una pauta de valoración para determinar –en su caso– la cuantía de la prestación alimentaria, por tratarse de uno de los rubros más importantes que la componen”.
2. Arbitrariedad. Perspectiva de género. Apreciación de la prueba.
“[L]a recurrente ha logrado acreditar el estándar que exige la doctrina de la arbitrariedad, puesto que se resolvió el caso con total prescindencia de las circunstancias particulares de la causa y en base a una errónea interpretación de la norma aplicable, por omitir juzgar con la imperativa mirada de género…”.
“En un sentido opuesto al decisorio en crisis, [se considera] que el material probatorio con el que contaban las sentenciantes […] imponía realizar un recorrido por la historia vital de la Sra. M. para verificar si existían aspectos vinculados al género que la pudieran atravesar; y ante el caso de ser detectados, intervenir en pos de revertir la situación de desigualdad que pudiera presentarse. Pese a las evidencias probatorias, nada de ello avisoró el Tribunal”.
3. Prueba. Apreciación de la prueba. Violencia de género.
“Otro elemento de prueba relevante, del que tampoco se podía prescindir, es el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que hace perceptible que la Sra. [M.] vivencia este proceso de cesación de alimentos, como la exposición a una nueva situación de violencia que la obliga a transitar o revivir hechos pasados que la colocan nuevamente `en un lugar de vulnerabilidad, imposibilidad y dependencia que excede lo ventilado en autos´.
En relación al aporte alimentario en sí, la profesional del ETI es contundente al concluir que la organización económica de la Sra. […] se vería afectada seriamente al cesar el aporte de la cuota alimentaria, por no contar con mayores recursos para propiciarse otros ingresos que redunden en una mejora de su calidad de vida.Por otra parte, y en sintonía con este informe; cobra importancia considerar, que el proceso de divorcio vincular de las partes brinda información respecto a que el vínculo matrimonial estuvo signado por la violencia física y psicológica del marido respecto a la esposa; y que ello, a la postre determinó, incluso, que se dictara la sentencia de divorcio con fundamento en la causal de injurias graves del esposo”.
4. Alimentos. Interpretación de la ley. Carga de la prueba. Vivienda.
“Enfocados estos elementos trascendentes del caso con la normativa que lo regula, [se advierte] de inmediato, que se efectuó una errónea interpretación del art. 434 del CCyC que consolida la arbitrariedad alegada, toda vez, que se le atribuye un carácter excepcional y restrictivo, con la inversión de la carga de la prueba a cargo de la alimentada –a punto tal– que se indicó, expresamente, que solo debían realizar una comprobación de los datos objetivos del caso a fin de verificar si la alimentada estaba o no incluida en los supuestos previstos en los incisos a) o b) de dicho artículo (sic).
En rigor de verdad, en el contexto expuesto y con las particularidades que presenta el caso, no puede válidamente sostenerse que la recurrente `desarrolle tareas remuneradas´ con tal contundencia y como único elemento de ponderación para definir el cese del aporte alimentario, con las consecuencias que ello implica para la beneficiaria. Tampoco es posible, no tomar en consideración, que con las exigencias del mercado de trabajo actual –que son de público conocimiento– la Sra. [M.] tenga posibilidades reales de acceder a un puesto de trabajo con un ingreso estable que le permita sustentarse por sí misma.Y finalmente, resulta irrazonable merituar que por tener satisfecha la necesidad de la vivienda […] no tenga la necesidad de afrontar […] el pago de un canon locativo, y que ello sume al razonamiento que propicia el cese de la cuota alimentaria.
En este aspecto, [se entiende] que la circunstancia de no contar con recursos suficientes, no se modifica con el hecho de que tenga garantizado su derecho a la vivienda. Es que, la cobertura de tan significativo derecho humano, no debe tomarse como un parámetro que le niega el acceso a otro derecho humano tan relevante como aquél, como lo es el derecho a los alimentos de primera necesidad por su situación de vulnerabilidad”.
5. Igualdad. Violencia de género. Estereotipos de género. Reglas de Brasilia.
“En definitiva, el análisis hasta aquí efectuado, no hace más que poner en evidencia que se sentenció al margen de los derechos en juego y de los principios que informan al instituto en cuestión. El caso, indefectiblemente, debió tener anclaje en los principios de igualdad (real de oportunidades) de rango constitucional y de solidaridad familiar […]; y sobre, la base esencial que ante la situación de violencia que vivenció la Sra. [M.] por muchos años […] el fallo debió estar despojado de estereotipos de género (por ser el único camino para superar las desigualdades históricas del colectivo de mujeres), máxime que no es una opción para el juzgador sino que viene impuesto por ley.
En este sentido, […] juzgar con perspectiva de género no rompe con el principio de igualdad entre las partes de un conflicto. Por el contrario, permite mostrar en qué momento por motivos de género, cualquiera de las partes se encuentra (o encontraba) en desventaja respecto de la otra para ejercer sus derechos y se hace cargo de esa situación. Esto es justo lo que permite colocar en igualdad a ambas partes […]. En igual sentido, y en miras a garantizar el derecho de acceso a la justicia este Superior Tribunal de Justicia adhirió a las `100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad´[…], y en consonancia luego dictó las Acordadas Nros. 4426/16 y 4428/16.
Ampliando y ratificando todo lo dicho, […]–en casos como estos– es donde el auxilio del enfoque de género permite la intervención judicial desde el reconocimiento de las vulnerabilidades, y la puesta en perspectiva de los datos colectados, para respetar los intereses en juego.Así, desde esta mirada se debió poner el foco en las características de la beneficiaria de la prestación alimentaria, en cuanto a que es una mujer de edad avanzada, sin experiencia laboral y sin capacitación, que por más de 20 años se abocó a la realización de las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, rol que la mantuvo fuera del mercado laboral, pues el esposo como proveedor del hogar cubría las necesidades del grupo. Ante la ruptura del sistema matrimonial, los únicos recursos que logró obtener derivan de la realización de trabajos informales y de una beca, que por sus propias características, de ninguna forma se sostienen en el tiempo. Obsérvese además, que la interseccionalidad de la discriminación padecida por la Sra. [M.] potenció su vulnerabilidad[…].
En conclusión, la omisión del decisorio al no reconocer esta realidad distinta entre alimentante y alimentada provocada por la utilización de estereotipos de género, que se cuelan en la errónea interpretación de la norma (art. 434, CCyC) (no tomó en cuenta los parámetros que la norma señala como relevantes: edad, salud, posibilidades de obtener un trabajo que le permita solventar sus necesidades primarias; ni aplicó, el principio de solidaridad familiar, ínsito en este tipo de conflictos) afecta directamente el principio de igualdad y no discriminación; que –en esencia– se vincula a los derechos de gozar de un nivel de vida adecuado, al desarrollo, al bienestar, a la salud, y dignidad de las personas; y ratifica la arbitrariedad invocada por la Sra. M…”.
DIVORCIO; ALIMENTOS; VULNERABILIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ARBITRARIEDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA; VIOLENCIA DE GÉNERO; CARGA DE LA PRUEBA; VIVIENDA; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; REGLAS DE BRASILIA;
Nieto (causa N° 74000672)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar a la impugnación y ordenó a la ANSES que abonase el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del hombre (jueces Avalos y Velez Funes y jueza Montesi).
1. Matrimonio. Separación de hecho. Ley aplicable. Reforma legal. Pensión.
“El vínculo matrimonial, conforme lo dispuso el art. 213 de la ley 23515 se disolvía –entre otros– por la muerte de uno de los esposos, es decir en el caso, ello ocurre, es decir el vínculo matrimonial se disuelve, cuando el causante fallece el 1-7-2008. Así las cosas, desde ya se descarta de plano el argumento de la sentencia que tuvo en cuenta el art. 432 del Código Civil y Comercial, por no ser la norma aplicable al agregar condiciones para otros supuestos de hecho.
Estando regulado el matrimonio de la actora por la ley 23.515, surge que no hubo `acción´ ante juez competente, de separación personal o de divorcio vincular entre los cónyuges, aunque estuvieran separados de hecho. Porque conforme la ley aplicable para separarse de hecho, los cónyuges tenían que iniciar una acción judicial. Y era el juez competente el facultado para declarar la culpa de uno o de ambos cónyuges. No la administración, tampoco los vecinos. No existe sentencia alguna que haya declarado la inocencia o culpa de uno, o de ambos cónyuges, requisito ineludible conforme el art. 1 de la ley 17.562 para denegar la prestación.
Conforme el juego armónico de las leyes referidas, sólo se pierde el derecho de acceder a la pensión, cuando judicialmente haya sentencia de divorcio o separación de hecho, por culpa del cónyuge supérsite o de ambos cónyuges. Por lo que no es razonable fulminar con la sanción de pérdida del derecho, a la peticionante inocente o cuya culpa en la separación de hecho no hubiera sido fehacientemente probada en el proceso judicial pertinente”.
2. Principio de dignidad humana. Violencia de género. Principio pro homine.
“La dignidad intrínseca de la persona es el fundamento de los derechos humanos. Con todo respeto a la intimidad y memoria del causante, se revelan como indicios, algunos hechos de la vida privada de esa persona, que pudieron ser de violencia contra la actora, que trascienden del fallecido y afectan a la familia.
Ello así con fundamento en el principio pro homine o pro persona, corresponde tener presente la incidencia de casos de violencia doméstica, a fin de no denegar derechos de carácter alimentario como el solicitado. Y aquí entran en juego los instrumentos de Derechos Humanos más importantes de las mujeres aplicables en el mundo, la región y el país, a favor de la actora conforme las circunstancias particulares del planteo, que han sido incorporados por nuestro país a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, a saber:
La `CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer´ aprobada por ley Ley 23.179 en el año 1985 y con jerarquía constitucional a partir de la reforma de nuestra Ley Fundamental del año 1994, en el art. 75 inc. 22. A partir de marzo de 2007 Argentina es parte del sistema de la CEDAW, por Ley 26171 que aprobó el Protocolo Facultativo.
La `Convención Interamericana BELEM DO PARA´, aprobada en 1996, por Ley 24.632, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Ley 26485 promulgada de hecho el 1-4-2009 de `Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales´”.
3. Pensión. Separación de hecho. Jurisprudencia.
“[E]n cuanto al alcance que debe darse al art. 1 de la ley 17562, la CSJN ha entendido que la separación de hecho por sí sola no perjudica el derecho a pensión, ya que es condición para la pérdida del beneficio que la separación se hubiera producido por culpa de ambos o por culpa exclusiva del supérstite […]. El Alto Tribunal en sentencia del 11/7/2002 dictada en autos `Gómez, Timotea c/ANSES´, reitera su doctrina aclarando que el hecho de que la Administración Previsional haya comprobado que los cónyuges estaban separados al momento del fallecimiento del causante, no era razón suficiente para declarar extinguido el beneficio de pensión, pues para ello hubiera sido menester una declaración de culpabilidad de la peticionaria, lo que en la causa no estaba acreditado”.
“Con palabras de nuestro más Alto Tribunal `Que con respecto al tema de fondo y culpabilidad de la cónyuge supérstite, solicitante de la prestación, esta Corte ha decidido que `debe dejarse sin efecto la sentencia que denegó el beneficio previsional si no se probó la culpa de la apelante en la supuesta separación de hecho en que se fundó la negativa, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del art. 1°, inc. a, de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se hallara separada de hecho del causante desde varios años antes a su fallecimiento´[…], antecedentes que resultan coincidentes con lo resuelto por el a quo´[...].
También el Alto Tribunal ha expresado que `debe dejarse sin efecto la sentencia que denegó el beneficio previsional si no se probó la culpa de la apelante en la supuesta separación de hecho en que se fundó la negativa, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del artículo 1°, inciso a, de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se hallara separada de hecho del causante desde varios años antes de su fallecimiento" […]. 5°) Que los antecedentes citados cobran particular relevancia en el caso si se tiene en cuenta el detallado examen de las pruebas que se efectuó en la sentencia de primera instancia, de la cual se desprende sin hesitación que no existen en las actuaciones elementos que permitan sospechar que la peticionaria tuvo la responsabilidad en la separación de hecho del causante…´”.
MATRIMONIO; SEPARACIÓN DE HECHO; LEY APLICABLE; REFORMA LEGAL; PENSIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; VIOLENCIA DE GÉNERO; PRINCIPIO PRO HOMINE; JURISPRUDENCIA;
Aramburu (causa N° 21478)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5, de manera unipersonal, homologó el acuerdo conciliatorio y supeditó la resolución final del expediente hasta que se acreditara el total y efectivo cumplimiento de las pautas acordadas (juez Gamboa).
1. Conciliación. Homologación. Consentimiento Fiscal. Víctima.
“[L]uego de escuchar la propuesta de la defensa, la aceptación libre y voluntaria de la víctima acompañada por su letrado y el consentimiento manifestado por la Fiscal, […] para solucionar el conflicto existente entre los intervinientes corresponde homologar el acuerdo al que arribaron. […] No obstante, la resolución final del expediente estará sujeta a la acreditación en este Tribunal del efectivo cumplimiento de las pautas allí acordadas”
CONCILIACIÓN; HOMOLOGACIÓN; CONSENTIMIENTO FISCAL; VICTIMA;
Mbaye (causa Nº 11636)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el auto de procesamiento y sobreseyó a la persona imputada (jueces Lucero y Pociello Argerich).
1. Falsificación. Venta. Tipicidad.
“Las características que reunían las prendas de vestir y el contexto en que se incautaron permiten sostener que resultaban inidóneas para provocar un error en el eventual consumidor, tal como […] lo requiere la figura en análisis. […] Los productos presuntamente se encontraban exhibidos a la venta en la vía pública y se verificó que presentaban particularidades totalmente disímiles a la mercadería original, por lo que no resultaba suficiente para que un número indeterminado de personas los acepte como pertenecientes a esa marca. […] Entonces, las circunstancias en que se habrían ofrecido y las condiciones que evidenciaban impiden asignarle a la conducta relevancia jurídico penal”.
FALSIFICACIÓN; MARCA REGISTRADA; VENTA; TIPICIDAD;
Balbuena (Causa n°27968)Juzgado Federal Nro. 3 de Mar del Plata
El Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3 sobreseyó a la persona imputada (juez Inchausti).

1. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Contrabando de estupefacientes. Tipicidad.

“[E]n el caso se presenta un problema a nivel de la antijuridicidad. En efecto, la circunstancia alegada por [el hombre imputado] lleva a sostener que ha existido un exceso en el ejercicio de un derecho (o deber legal de obrar), por cuanto a partir de las patologías de su sobrino y la prescripción médica recibida de un profesional médico, dirigió su conducta inicialmente en busca de una mejora del tratamiento del menor que derivó en un aporte en un contrabando prohibido”.

2. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Cannabis. Reforma legal.

“[R]ecientemente fue sancionada la ley 27.350 […] de ‘Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados’ que tiene ‘por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados’ […]; para ello crea el ‘Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales’ […], del que podrán participar los pacientes que se inscriban en un registro nacional voluntario, presenten las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por médicos de hospitales públicos y sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis […]. Por su parte, la reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación […] establece que las personas que padezcan epilepsia refractaria, y a las que se prescriba el uso de Cannabis y sus derivados, en base a las evidencias científicas existentes, son susceptibles de solicitar la inscripción en los Registros que le dependen…”.

“Asimismo, han existido varios amparos de personas que han recurrido a la justicia a reclamar por la provisión de aceite de cannabis a partir de la sanción de la Ley Nº 27.350 y que ese derecho les ha sido reconocido por los tribunales argentinos…”.

3. Contrabando de estupefacientes. Tipicidad. Dolo.

“[R]esulta atendible el descargo de la defensa en cuanto a que actuó bajo la creencia de estar obrando en un todo conforme al ejercicio de un derecho (actividad curativa), máxime si se tiene en cuenta que el imputado consignó todos sus datos personales en los detalles del envío, lo que da cuenta de que no hubo ningún ardid para ocultar su accionar o su participación en los hechos.

A partir de ello, [resulta] procedente el sobreseimiento por aplicación de la solución prevista en el artículo 35 del Código Penal por cuanto no está prevista la figura culposa para el delito de contrabando para los particulares…”.
DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO; CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES; TIPICIDAD; CANNABIS; REFORMA LEGAL; DOLO;
DSR (causa N° 41982)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desestimó las quejas y confirmó la decisión de primera instancia (jueces Polo Olivera y Rodríguez y jueza Barbieri).
1. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Vacunas.
“Sucede que en situaciones como la de autos donde se encuentra en riesgo la salud de la niña no debe atenderse a la mayor comodidad de alguno de los progenitores, ni deben convertirse en una ocasión para reavivar discrepancias que dejan de lado el interés superior de I. D., para anteponer los propios […].
Al respeto cuadra señalar que, como sucede en la especie, donde se encuentran involucrados los derechos de menores la solución a la que arribe el tribunal debe atender al `interés superior del niño´, por así imponerlo el sentido común y la Convención de los Derechos del Niño. Este concepto representa el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo y, a fin de evitar subjetividades, en procura de superar la relativa indeterminación de la expresión, resulta pertinente y útil asociar dicho `interés del niño´ con sus derechos fundamentales. Así, resultará en interés del menor toda acción o medida que tienda a respetar sus derechos y perjudicial la que pueda vulnerarlos. Debe establecerse en cada caso si la voluntad o acción de los padres o guardadores afecta los diversos derechos del niño o adolescente […].
Por otra parte el Tribunal no desconoce la situación actual de alta circulación del virus Covid-19, lo que impone por parte de los padres que tomen todas las medidas de protección necesarias (barbijo, lavados de manos, protección ocular, etc.) para que la vacunación de la niña se realice en debida forma y evitar de este modo cualquier situación no deseada”.
DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; VACUNAS;
SAM (causa Nº 98030)Juzgado Nacional Civil Nro. 25
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 25 hizo lugar a la inscripción de la sentencia extranjera por la cual se otorgó la kafala definitiva respecto de la niña. Además, designó a la pareja como tutora de la niña (juez Aon).
1. Exequátur. Sentencia extranjera. Revisión judicial.
“El juicio de exequátur posibilita el ejercicio de una acción ante el órgano jurisdiccional a cuya revisión se somete una sentencia extranjera a fin de obtener su reconocimiento, o sea que se pretende una declaración sobre su eficacia para equipararla –en cuanto a sus efectos– a una sentencia nacional.
Tal revisión no implica una valoración de los `justos motivos´ tenidos en cuenta para dictar la sentencia que se pretende reconocer, sino que importa la observancia de ciertos requisitos específicamente establecidos en el art. 517 del Código Procesal, a los que necesariamente debe ajustarse la sentencia extranjera.
El objeto del procedimiento de exequátur no es la relación sustancial debatida en el proceso cuya sentencia se pretende hacer reconocer, sino la decisión o fallo extranjero como tal a través de un examen de índole procesal tendiente a verificar su idoneidad para producir efectos ejecutorios en el país. Hay tres aspectos que son materia de la declaración que emite el órgano jurisdiccional tratándose de la aplicación de una sentencia extranjera: a) autenticidad; b) legalidad del proceso; c) orden público internacional…”.
2. Sentencia extranjera. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño.
“[T]anto los hechos que revelan, especialmente la intervención de la autoridad administrativa local para la situación de la niña y el desconocimiento de vínculos filiatorios, como la afirmación del cumplimiento de los recaudos legales internos de fondo y forma permiten sostener que el procedimiento extranjero ha sido legal.
En cuanto a la cuestión relativa al orden público, cabe señalar que se hace en principio visible a través de la Convención Nacional sobre los Derechos del Niño (CDN), […] donde reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, creando un punto de inflexión respecto de la concepción de la infancia y su relación con el Estado, debiendo éste ser garante de los derechos humanos de los niños. En su art. 20 `…Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico´. Bajo estos preceptos, [se puede] adelantar que –en principio– la `kafala´ no es contraria a los principios de nuestro ordenamiento jurídico”.
3. Protección de menores. Interés superior del niño. Familia.
“Si bien […] dicho instituto no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, es preciso destacar que su finalidad es la protección de la niñez desamparada”.  
“El principal objetivo de ésta figura es ofrecer al menor abandonado o huérfano un entorno familiar donde pueda desarrollarse como persona y sea protegido por adultos responsables y afectuosos, en definitiva consiste en la búsqueda del bienestar de la infancia”.
“[E]s preciso evaluar y asegurarse que la validez y ejecutoriedad pretendida satisface el interés superior de la niña”.
“[E]ste interés superior debe manifestarse específicamente en el logro de la mayor cantidad de derechos y por otro lado en la menor restricción de ellos, analizándose a tales efectos cómo los derechos y los intereses del niño se ven o se verán afectados por las decisiones y las medidas que se tomen en relación a su persona o, en su caso, por la omisión de su dictado. La legislación vigente en nuestro país, en el art 2640, al tratar los institutos de protección establece `…otros institutos de protección de niños, niñas y adolescentes regularmente constituidos según el derecho extranjero aplicable, son reconocidos y despliegan sus efectos en el país, siempre que sean compatibles con los derechos fundamentales del niño´”.
4. Derecho internacional privado. Sentencia extranjera. Familia.
“La disposición no implica el reconocimiento de un acto jurisdiccional extranjero sino, propiamente, de la forma de colocación o de reubicación de niños creada en el extranjero. Para ello, se recurre al llamado `método de reconocimiento´, entendido como aquel que opera para insertar una situación jurídica que ya ha sido creada al amparo del derecho extranjero y con la finalidad de que esta despliegue efectos en el foro, sin necesidad de someterla al procedimiento de exequátur […] En consecuencia, se evita el trámite previsto en el art. 517 CPCCN y sus equivalentes en los códigos procesales provinciales.
Esta posibilidad obedece principalmente a la consideración del derecho a la estabilidad de los vínculos familiares como un derecho humano fundamental, en concordancia con decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, dentro del límite fijado estrictamente en referencia a los derechos fundamentales del niño […], se admite la inserción de instituciones provenientes de sistemas culturalmente diferentes respetando sus particularidades, tal como el caso de la Kafala […]. La inserción de estos institutos resulta sumamente respetuosa del derecho a la identidad de los sujetos protegidos puesto que no se requiere, necesariamente, la asimilación del instituto creado en el extranjero a las propias del foro […]. En este sentido, haciendo uso de la técnica proporcionada por el Derecho Internacional Privado denominada `ajuste´ o `adaptación´, se busca brindar una regulación armoniosa y coherente…”.
5. Tutela. Interés superior del niño. Autonomía progresiva. Derecho a ser oído.
“Desde esta perspectiva, considero adecuada la pretensión de los peticionantes de aplicar las reglas de la tutela de nuestro derecho interno [...]. El art. 104 del CCCN, establece que la tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental.
De tal manera, se aplican los principios generales enumerados en el Título VII del Libro Segundo respecto de la responsabilidad parental de modo tal que debe respetarse a) el interés superior del niño; b) su autonomía progresiva conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, disminuyendo la representación en la medida que aumenta la autonomía, y c) su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez”.
6. Niños, niñas y adolescentes. Religión. Autonomía progresiva.
“El art. 12 in 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Sin embargo, dicho precepto no puede ser interpretado en forma aislada sino a la luz de la Convención de los Derechos del niño, en primer lugar; y de la ley 26.061 y el Código Civil y Comercial en segundo. En el art. 14 in 1 y 2 de la CDN los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, los padres tendrán el derecho y el deber de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades [...].
La Ley 26.061 reconoce al niño el derecho a tener sus propias creencias y culto religioso […] y el deber de los padres de respetar las garantías que asisten a los hijos […] y determina el criterio de la capacidad progresiva. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías […].
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar […]. Tienen derecho a la libertad, derecho que comprende, entre otros: tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos, pero con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico; tienen además derecho a poder expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela [...].
Por ello, frente a las características particulares que presenta el instituto a estudio (kafala) en tanto implica cierta dificultad de separación fáctica entre creencia práctica religiosa e identidad cultural musulmana, […] corresponde respetar la autonomía progresiva de la niña, imponiéndole al Sr. A. H. el deber de guiar a N. H., de acuerdo a sus propias convicciones y en línea al culto que profesan, pero, de modo alguno pueden imponerla ni cercenarle ninguno de sus derechos“.
SENTENCIA EXTRANJERA; REVISION JUDICIAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; PROTECCIÓN DE MENORES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; FAMILIA; DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; TUTELA; AUTONOMÍA PROGRESIVA; DERECHO A SER OIDO; RELIGIÓN; EXEQUÁTUR;
Puig (causa N° 57589)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso de queja, hizo lugar al recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Rosenkratz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
Voto de los ministros Maqueda y Lorenzetti y de la ministra Highton de Nolasco
1. Sentencia. Razonabilidad. No discriminación. Protección integral de la familia.
“[S]i bien la impugnación traída conduce a la interpretación de una norma de derecho común –el art. 181 de la LCT– y tal cuestión sería, en principio, ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a esa regla en la medida en que la cámara ha dado a tal precepto un alcance irrazonable, que no solo prescinde de sus propios términos sino que, además, colisiona abiertamente con las directivas que fluyen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de no discriminación y protección integral de la familia...” (considerando 4º).
2. Despido. Matrimonio. Nulidad. Interpretación de la ley. Igualdad. No discriminación.
“[E]l art. 180 […] enfatiza la nulidad de los negocios jurídicos y de las reglamentaciones internas de una empresa `que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio´ (énfasis agregado), expresión ciertamente comprensiva tanto de los trabajadores como de las trabajadoras” (considerando 5º).
“[L]a ley no restringe su protección a las hipótesis de despido de trabajadoras mujeres. No hay en la literalidad de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT (a la que corresponde estar como primera regla de la interpretación legal […]) elemento alguno que autorice a excluir de sus disposiciones al trabajador varón.
La propia LCT, además, `prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores´, entre otros, `por motivo de sexo´ (art. 17) y considera `trato desigual´ al dispensado a los trabajadores por esa misma razón, entre otras (art. 81). Frente a tan claras directivas, la única interpretación que cabe efectuar de los artículos en cuestión es que sus disposiciones son aplicables indistintamente a hombres y mujeres; sin que obste a tal conclusión la circunstancia de que el capítulo en el que se ubican estas normas de modo inadecuado integre el título VII de la ley referente al `Trabajo de Mujeres´.
En cuanto a esto último, es un dato sumamente relevante que cada uno de los artículos que conforman los demás capítulos del Título VII de la ley expresamente aclara que su texto va dirigido al personal femenino lo cual no ocurre con los que integran el capítulo III, cuyo primer precepto, por el contrario, deja en claro que las normas de este capítulo están dirigidas a todo el personal de la empresa” (considerando 6º).
3. Interpretación de la ley. Matrimonio. Estereotipos de género.
“[L]a restricción consagrada en el fallo apelado se revela como producto de una inteligencia regresiva que contrasta con la orientación postulada por esta Corte al señalar que `las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, [y] está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción´ (Fallos: 333:2306, considerando 9°).
Ciertamente, para sustentar su posición, la cámara puso de relieve la existencia de poderosas razones que justifican el otorgamiento de una especial protección legal a la mujer frente a la discriminación de la que comúnmente es objeto, especialmente en el terreno laboral. [E]l paradigma familiar ha experimentado profundas modificaciones en los últimos años orientándose hacia un nuevo modelo en el cual ambos cónyuges `entre los cuales, inclusive, puede no haber diferencia de sexo´ se hacen cargo indistintamente de las tareas y obligaciones domésticas y familiares” (considerando 8º).
“[E]n el nuevo paradigma sociocultural los cónyuges ya asumen o tienden a asumir por igual las responsabilidades familiares, no puede interpretarse que los estímulos del empleador para despedir a quienes contraen matrimonio se suscitan solamente en el caso de las mujeres trabajadoras, y que solamente ellas deben estar íntegramente abarcadas por el sistema protector especial de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT” (considerando 9º).
4. Igualdad. Matrimonio. Familia. Estereotipos de género. No discriminación.
“[L]as directivas internacionales […] consagran innegablemente la igualdad de derechos de hombres y mujeres frente al matrimonio y las responsabilidades familiares. Más aún, imponen a los estados nacionales la obligación de adoptar medidas adecuadas que permitan erradicar el perimido patrón socio cultural que pone exclusivamente a cargo de las mujeres las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Es evidente que para cumplir con tal cometido el Estado debe facilitar, incentivar y apoyar la participación de los hombres en esas tareas. Una imprescindible medida de facilitación y apoyo al efecto es la de protegerlos de la discriminación laboral de la que puedan ser objeto a la hora de contraer enlace y asumir, en pie de igualdad con las mujeres, los compromisos propios del ámbito doméstico” (considerando 11º).
“[L]as previsiones vigentes de nuestro derecho interno en materia civil vedan el otorgamiento de un trato diferencial al varón que contrae matrimonio respecto del que se da a la mujer […]. En razón de ello y, frente a la necesidad de contar con criterios interpretativos homogéneos que aseguren la coexistencia armónica de las disposiciones existentes en las distintas ramas del ordenamiento nacional, la única inteligencia posible que cabe asignar al art. 181 de la LCT es la que equipara a varones y mujeres para acceder a la protección especial en caso de despido por matrimonio” (considerando 12º).
Voto del ministro Rosenkrantz
5. Interpretación de la ley. Razonabilidad. Matrimonio.
“[L]a postura de la cámara, según la cual la presunción contenida en el art. 181 solo beneficia a trabajadoras mujeres, no constituye derivación razonada del derecho vigente. La ley no restringe su protección a las hipótesis de despido de trabajadoras mujeres. No hay en la literalidad de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT elemento alguno que autorice a excluir de sus disposiciones al trabajador varón. La finalidad perseguida por la norma (la protección del matrimonio) claramente lo pone de manifiesto. Y la historia legislativa de los preceptos lo confirma” (considerando 6º).
Voto del ministro Rosatti
6. Cuestión federal. Familia. Protección integral de la familia. Igualdad.
“[L]os agravios del apelante suscitan la cuestión federal que habilita la instancia de excepción de este Tribunal, pues se sostiene que la interpretación realizada por el a quo respecto del art. 181 de la LCT es violatoria de garantías constitucionales, en particular de los derechos a la protección de la familia y a la igualdad, y la decisión apelada ha sido contraria al derecho fundado en ellas...” (considerando 4º).
“[E]s evidente que las normas en estudio […] referidas a la tutela contra el despido por causa de matrimonio, reglamentan de manera directa el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto estipula la `protección integral de la familia´, pues el listado de beneficios mencionados expresamente por el constituyente […] es meramente enunciativo y no invalida otros que se dirijan al mismo objetivo.
La manda constitucional tutela `los atributos de la familia´, entendida como una `sociedad natural organizada… sin discriminar sobre su forma de constitución, protegiendo además la maternidad, la infancia, y la menor edad´ […]. Una conceptualización dinámica impone afirmar que la familia constitucionalmente aludida no es solo la llamada `familia tradicional´ sino que abarca asimismo a otro tipo de relaciones basadas en el afecto, conforme a ponderaciones sociales que se expresan históricamente en criterios legislativos y jurisprudenciales...” (considerando 7º).
“[D]e la cláusula constitucional relativa a la protección integral de la familia se deprende el principio de trato igualitario de los integrantes primarios de dicho núcleo social […], que recibe reconocimiento expreso en un conjunto de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, conforme lo dispuesto por el art. 75, inciso 22, de la Norma Fundamental nacional” (considerando 8º).
7. Familia. Matrimonio. Igualdad. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“[A] la luz de la evolución y el desarrollo progresivo y dinámico de los conceptos, principios y pautas constitucionales que definen y gobiernan la garantía de `protección integral de la familia´ que surgen de las consideraciones precedentes, limitar a la trabajadora mujer la presunción de despido por causa de matrimonio supone desconocer la igualdad de condiciones de los integrantes del núcleo familiar en el ejercicio de las responsabilidades y deberes que se derivan de ese especial vinculo social en sus aspectos filiales, domésticos, económicos e interfamiliares.
La decisión de considerar que no rige a favor del trabajador varón la presunción del despido por causa de matrimonio importa recurrir a consideraciones que no encuentran acogida en una sociedad global en la que imperan criterios que se alejan de los estereotipos vigentes en otro tiempo, enmarcados en un contexto socio-cultural en el que la igualdad de género no alcanzaba el grado de desarrollo y reconocimiento que hoy ha logrado tanto a nivel nacional como internacional…” (considerando 9º).
“[E]l espíritu tuitivo que llevó a consagrar la presunción del artículo 181 bajo el título `Del trabajo de las mujeres´, constituyó una precursora y temprana `medida de acción positiva´ dirigida –en ese entonces– a proteger a un colectivo vulnerable como el de las trabajadoras. En la actualidad resulta imperativa una lectura dinámica y progresiva de la norma que, superando los estereotipos culturales con tintes discriminatorios precedentemente referidos, procure su extensión a todos los trabajadores, con una hermenéutica de equidad de género” (considerando 10º).
SENTENCIA; RAZONABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; DESPIDO; MATRIMONIO; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; FAMILIA; CUESTIÓN FEDERAL; GÉNERO;
Cofre; VB; A (causa N° 15586)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, de manera unipersonal, absolvió a VB y a A, y condenó a Cofre a la pena de dos de prisión en suspenso. A su vez, le ordenó someterse a un tratamiento de rehabilitación para su adicción a las drogas y al alcohol (juez Grosso).

1. Violencia de género. Violencia doméstica. Género. Autodeterminación. Vulnerabilidad.
“El Estado argentino ha ratificado la Convención de Belém do Pará así como la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley n° 26.485) y como consecuencia de ello todos los operarios judiciales tenemos el deber de abordar con perspectiva de género todo el proceso penal, lo que implica también tener presente que en la comisión de los delitos previstos en la ley de drogas las víctimas son especialmente utilizadas por organizaciones criminales para cumplir roles de baja responsabilidad. Se trata de una de las expresiones de la violencia por razones de género que el Estado (y también el sistema de justicia) debe atender.
No [se puede] dictar una sentencia sin atender el escenario en que ocurrió el delito, y la particular situación de cada uno de los juzgados, y en este caso en particular el de [VB], quien desde un comienzo del proceso puso en conocimiento de las autoridades judiciales la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y el sometimiento físico y psicológico que sufría de parte de su pareja y co-imputado. Una situación de violencia que claramente y en perfecta coincidencia con lo reseñado por el Sr. Fiscal General, vedaron de modo absoluto la voluntad de una persona que actuaba todo el tiempo en un contexto de miedo e intimidación además de agresiones físicas y psicológicas, de modo que es posible sostener que su conducta no resulta culpable y no le debe ser reprochada, conforme las previsiones del art. 34 inc. 2 del CP”.
2. Juicio abreviado. Pena. Determinación de la pena. Condena condicional.
“[N]o es competencia de la magistratura, realizar análisis alguno sobre el quantum de la pena acordada por las partes, más allá de determinar si se encuentra comprendida o no, dentro de la escala penal prevista para el delito en trato, ya que su no observancia implicaría lisa y llanamente su improcedencia”.
“[N]o prevé la norma en trato que el Tribunal esté facultado a revisar el monto de la pena acordado ni a cuestionarlo siquiera, ya sea por exceso o defecto; es más […], dispone que el Tribunal no podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el Ministerio Fiscal, con lo cual se quiere significar que, de producirse alguna modificación en el monto de la pena acordado, sólo podría serlo en beneficio del condenado, esto es, imponiendo una pena menor”.
“Con respecto a la modalidad de ejecución acordada, conforme lo previsto por el art. 26 del C.P., [se considera] la inconveniencia para este caso, de un encierro efectivo tomando en cuenta la pena de prisión impuesta, sumando a ello la circunstancia de que a la sazón, un corto encierro sería altamente perjudicial para el imputado, lo que justamente la forma suspensiva de la imposición de la pena intenta evitar. En el entendimiento que esta sanción opere como última advertencia para apartarlo de un futuro accionar delictivo, es que [se decide] la homologación de la ejecución condicional de la pena privativa de libertad a imponer, propuesta por las partes”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA DOMÉSTICA; GÉNERO; AUTODETERMINACION; VULNERABILIDAD; JUICIO ABREVIADO; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; CONDENA CONDICIONAL;
RWNV (causa N° 31166)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso, declaró la nulidad de la disposición y ordenó la reincorporación de la actora en su lugar y puesto de trabajo. Además, condenó a la parte demanda a pagar a la actora una indemnización en concepto de daño moral (juezas Do Pico y Heiland y juez Facio).
1. Derecho de defensa. Debido proceso. Tutela judicial efectiva.
“Indiscutiblemente la garantía constitucional de la defensa en juicio es aplicable en el procedimiento administrativo, que se traduce en la garantía del debido proceso. La Corte Suprema ratificó, acentuadamente, que las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observancia en todo tipo de actuaciones, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria, haya o no sumario para lo cual resulta indispensable que se dé a la persona interesada la oportunidad de ser oída y de probar de algún modo los hechos que considere conducentes […].
En términos supralegales, el Alto Tribunal asignó al derecho a la tutela administrativa efectiva (y a la tutela judicial efectiva) un fundamento constitucional, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y un fundamento convencional, en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2° inciso 3°, apartados a y b, y 14, inciso 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos […].
Ese derecho supone […] la posibilidad de ocurrir ante las autoridades administrativas competentes —o, en su caso, ante los tribunales de justicia— y obtener una decisión —o una sentencia—útil relativa a los derechos de los particulares —o litigantes—, y requiere, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que eventualmente pudieran asistirles sino es por medio de un procedimiento —o proceso— conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una decisión —o sentencia— fundada...”.
2. Procedimiento administrativo. Debido proceso. Verdad jurídica objetiva.
“En esa senda, resulta imprescindible tener en cuenta diversas reglas cardinales del procedimiento administrativo explicitadas, y empleadas, por la Corte Suprema y por esta sala:
1. Los principios del derecho administrativo integran el ordenamiento jurídico argentino como conceptos generales de la legislación específica sobre la materia […].
2. De conformidad con los principios generales que rigen la materia, en el procedimiento administrativo predominan las reglas de informalismo y la impulsión de oficio, la buena fe, la lealtad y la probidad […].
3. La búsqueda de la verdad jurídica objetiva es el norte de todo procedimiento administrativo […].
4. Los particulares ostentan la condición de colaboradores de la administración en la elaboración de las decisiones administrativas, aun cuando defienden sus derechos subjetivos, y en la realización de un fin público […], pero no son litigantes en sede administrativa […]. Ciertamente, el procedimiento administrativo no presenta intereses contrapuestos entre partes contendientes, dado que la administración y los particulares coadyuvan mutuamente con la finalidad de llegar a la verdad jurídica objetiva […].
Buena parte de esas reglas cardinales, como se sabe, fueron receptadas en el artículo 1, incisos ‘a’, ‘b’, ‘c’ y ´f´, de la ley 19.549: el impulso y la instrucción de oficio, la celeridad, la economía, la sencillez, la eficacia y el informalismo, y el debido proceso adjetivo, conformado por el derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir pruebas y el derecho a una decisión fundada […], replicado asimismo en el artículo 29 de la ley marco de regulación de empleo público nacional 25.164”.
3. Protección integral de la mujer. Embarazo. Motivación del acto administrativo.
“Si […] con el telegrama […] la actora comunicó que existieron razones médicas certificadas que justificaban sus inasistencias e informó sobre su embarazo, en ese momento la administración debía hacer efectiva la tutela especial propia de las trabajadoras embarazadas.
Si hubiese ponderado idóneamente esas circunstancias, podía haber advertido la existencia del certificado expedido […] pocos días antes del dictado de la disposición DIAP nº80/2010 ‘c’ […] que da cuenta […] de que la actora `cursa[ba] embarazo de 5 meses 5 días siendo su fecha probable de parto el 22/12/10´ […]. No obstante, la administración nada hizo en ese sentido.
[L]a administración no sólo exhibió […] un criterio puramente formalista, dejando de lado la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, con afectación de las garantías constitucionales y convencionales de la tutela administrativa efectiva y del debido proceso adjetivo, sino que también desconoció los principios y las reglas que presiden, en el ordenamiento jurídico de los derechos humanos, tanto nacional cuanto internacional, la protección especial en favor de las trabajadoras embarazadas”.
“La administración, como parte integrante del Estado, tiene la obligación constitucional, y moral, de fundar y explicar idóneamente sus decisiones y, en particular, como ocurre en este caso, aquellas que tienen incidencia en el ámbito de los derechos relativos a la función pública. Es el deber estatal que se origina, como anverso y reverso, en el derecho constitucional de peticionar a las autoridades enunciado en el artículo 14 de la Ley Fundamental […].
Y el acto administrativo, como una manifestación de la conducta estatal, debe responder `en su motivación interna al sentido teleológico de la actividad administrativa orientada en la promoción del interés público y sometida a ineludibles imperativos de moralidad…”.
4. Daño moral. Protección integral de la mujer. Actos ilícitos. Despido. Embarazo.
“[L]a Sala II [de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa B., S. M.] señaló que este ítem es procedente cuando se compruebe `situaciones concretas que se estiman como de cierta excepcionalidad y particularidad, lo cual amerita la ponderación de principios específicos sobre esta clase de supuestos´.
Anotó, por un lado, que la protección de las mujeres trabajadoras cuando están embarazadas, tutelada en las recordadas normas jurídicas con jerarquía constitucional y en las normas legales, no es neutra para fijar la suma que cabe asignar por daño moral, en tanto se advierta que la actora vivió esa etapa bajo los efectos de un acto que ha sido declarado formalmente ilícito, efectos que al privarla de su empleo incidían negativamente sobre su situación y en la esfera de sus derechos.
Por otro lado, puntualizó que en ciertos contextos es evidente que la privación del empleo produce un hondo padecimiento por las consecuencias negativas que proyectan en el orden profesional y espiritual, toda vez que las sanciones disciplinarias expulsivas conllevan una calificación deshonrosa para la persona destinataria, con idoneidad para afectar su prestigio y su honor. Y concluyó en que existe, en estos casos, `una presunción hominis de que una privación ilegítima del empleo provoque en el agente padecimientos morales injustos que cabe resarcir´, tal como lo hizo esta cámara en diversos precedentes...”.
DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; VERDAD JURÍDICA OBJETIVA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; EMBARAZO; MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO; DAÑO MORAL; ACTOS ILÍCITOS; DESPIDO;
Bertinat (reg. Nº 2753 y causa Nº 79262)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida, absolvió a la imputada y dispuso su inmediata libertad (jueces Jantus y Magariños).
1. Prueba. Principio de inocencia. In dubio pro reo.  
“[E]l rendimiento de la prueba colectada en el debate es insuficiente para tener por acreditada más allá de toda duda razonable la participación de [la imputada] en los hechos. En ese sentido, […] el razonamiento que efectuó el Tribunal para fundar esa intervención resulta violatorio del principio in dubio pro reo contenido en el art. 3 CPPN, corolario a su vez del principio fundamental de inocencia (art. 18 CN), al que debieron recurrir los jueces que dictaron la sentencia por mandato constitucional al no alcanzar el grado de certeza positiva que demanda un pronunciamiento de tales características…”.
2. Indicios. Informes. Vínculo. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[N]o se encuentra controvertido aquí que no existen pruebas directas […]. La presencia de [la imputada] en el lugar y al momento del hecho no fue verificada por testigos, registros fílmicos, el hallazgo de evidencia biológica, huellas, rastros, u otro medio probatorio, más allá de inferencias extraídas de insuficientes elementos indiciarios y de circunstancias hipotéticas y conjeturales a partir de las cuales el tribunal oral construyó la intervención de la imputada. [L]a tarea de combinar indicios debe tener por objeto, obviamente, determinar si en cada caso particular se ha logrado certeza, lo que […] no ocurre en el caso”.
“De hecho, luego de escrutado el plexo probatorio producido, lo único que es posible aseverar con certeza es que la imputada y la víctima se conocían y que mantuvieron una relación sentimental sumamente conflictiva […]. [L]os elementos probatorios valorados por el sentenciante de modo alguno logran establecer algún vínculo certero entre la imputada y el hecho, sino solamente entre ella y la víctima, circunstancia que resulta insuficiente para responsabilizar a [la imputada] por el hecho juzgado.
En efecto, la construcción de la responsabilidad, reposa, en muchos aspectos, en la introducción de hipótesis conjeturales con, incluso, nula o débil vinculación con indicios. Ejemplo de ello es valorar que se encontró un manojo de llaves en el lugar del hecho e inferir, sin mayores razones, que podrían pertenecer a [la imputada]. O construir la ruta emprendida por la imputada, presuntamente entre su domicilio, el lugar del hecho y el Hospital Alvear, a partir de la circunstancia de que el uso de un taxi, medio de transporte usualmente utilizado por la acusada así como por un amplio sector de la población, podría haberlo permitido en el rango horario valorado.
Aún valorados de modo conglobado e integral, los elementos apreciados por el tribunal de la anterior instancia no satisfacen las exigencias de inmediatez y asertividad que la conclusión a partir de indicios debe cumplir. Los indicios entonces valorados en la sentencia, es decir, el horario fijado para el deceso, el conocimiento previo, la relación conflictiva y personalidad de los intervinientes, el episodio previo en el cual la imputada habría rociado nafta en el local del fallecido, la distancia existente entre los domicilios, la aparición de un juego de llaves en la escena del crimen –cuya propiedad no pudo determinarse de modo certero- y la activación de las antenas telefónicas, no son unívocos sino anfibológicos, pues no determinan la presencia de [la imputada] en el lugar del hecho en el momento en que se habría cometido, y no informan inequívocamente acerca de la acción de quitar la vida a [la víctima], ni descartan otra hipótesis acerca de lo que realmente sucedió; por ende, no resultan idóneos para el juicio de reproche al que se ha arribado”.
3. Indicios. Sentencia condenatoria. Deber de fundamentación. Sana crítica. Principio de inocencia. In dubio pro reo.
“En tal sentido, se observa un defecto en la construcción lógica de la sentencia, en la cual, a partir de los elementos reseñados, se edifica la ‘inexistencia de imposibilidad’ de la intervención de la imputada en el hecho […] sin que de modo alguno se haya podido satisfacer los parámetros de certeza exigidos para el dictado de una sentencia condenatoria […]. Aparece como una falacia lógica que la imposibilidad de descartar la veracidad de una premisa, derive en que se la tenga por necesariamente verdadera. Aquello que no se puede descartar no implica su verdad”.
“De todo ello se extrae no sólo que los indicios recabados resultan insuficientes para afirmar sin hesitación la participación cuestionada, sino que el Tribunal expresamente contravino el principio de inocencia cuando intentó justificar todos esos extremos, dando razones posibles pero eventuales, en lugar de valorarlos a su favor como impone el mandato constitucional. […] Al dictar sentencia, el juez no está llamado seleccionar la más razonable de entre las hipótesis probables que se le presenten, sino llegar a una convicción, razonada y fundada en la prueba, con una acabada reconstrucción histórica del hecho”.
“En consecuencia, […] en este caso el Tribunal se ha conformado con la hipótesis presentada por la acusación, que sólo resulta probable y puede haber dado lugar a la realización del debate, pero que por las serias deficiencias probatorias que presenta en punto a circunstancias relevantes para la reconstrucción histórica del hecho, impide la posibilidad de una condena por aplicación del estándar de duda referido. [L]a meta de conocer la verdad no se ha alcanzado en el caso”.
“Por eso […] el razonamiento desarrollado en la decisión en revisión viola tanto la regla de la sana crítica racional –al construir la participación de la acusada sobre indicios insuficientes– como el principio in dubio pro reo que debió necesariamente aplicarse en consecuencia. […] El estado de duda que prevalece en el caso se ve incluso robustecido por la hipótesis alternativa ofrecida por la defensa en punto a la posible autoría de [la otra mujer] y los puntos de contacto que –conforme lo expone la recurrente- existirían entre aquélla, el imputado y el hecho objeto del proceso, resultando a su vez llamativo que, de acuerdo a los aportes documentales de la defensa, recientemente […] haya sido detenida e imputada por el homicidio de una persona mayor cuya muerte tuvo lugar por apuñalamiento”.
PRUEBA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; INDICIOS; INFORMES; VÍNCULO; APRECIACION DE LA PRUEBA; SENTENCIA CONDENATORIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; SANA CRÍTICA;
De la Puente (causa N° 27835)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 27 de la Capital Federal
1. Falta de acción. Principio acusatorio. Dictamen. Consentimiento fiscal.
“[E]n este caso no existe una controversia para resolver entre las partes, sino que ambas postulan el sobreseimiento del imputado, por considerar que la conducta resultaría atípica, por lo que en definitiva, postulando el Ministerio Público Fiscal el sobreseimiento del imputado y toda vez que los argumentos expresados por el representante del Ministerio Público son autosuficientes y el dictamen supera el control de legalidad que debe imperar sobre todo requerimiento que se opone al progreso de la acción, [se hará] lugar al pedido.
En efecto, una vez que se le confirió la vista, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento [del imputado], por entender que la conducta que se le atribuye es atípica y expresó los fundamentos que ha tenido en cuenta para tomar esa decisión. Desde este punto de vista, teniendo en cuenta la ausencia de acusación fiscal, corresponde dictar su sobreseimiento”.
“Si el pedido de absolución vertido durante los alegatos vincula al tribunal, la misma consecuencia debe acarrear el pedido de sobreseimiento formulado antes del juicio. Es que, ante el retiro de la acusación por parte del Ministerio Público, siendo el dictamen vinculante por encontrarse fundado; dicho criterio prevalece por sobre el que pueda llegar a tener el [tribunal], salvo supuestos de arbitrariedad, que no se verifican en la especie. Lo contrario importaría desvirtuar el principio acusatorio con el consecuente menoscabo del derecho de defensa en juicio del acusado.
Un último argumento se agrega por razones de economía procesal, y es que no se advierte impedimento alguno para concluir el proceso, resultando la prosecución de la causa en un debate oral y público un inútil desgaste jurisdiccional, puesto que el Ministerio Público Fiscal ya ha sentado su postura. Si bien las cuestiones relativas al fondo deben en principio ventilarse en la audiencia, ello no resulta óbice para que cuando la atipicidad resulta manifiesta, sin necesidad de producir mayores pruebas, el planteo sea introducido como excepción…”.
2. Patente de automotor. Tipicidad. Fe pública.
“[C]orresponde destacar que el pedido de la defensa ha sido debidamente fundamentado, y resulta razonable. En definitiva, asiste razón a esa parte, puesto que el delito previsto en el artículo 289 inciso 3º del código penal, lo que reprime es la adulteración de la ‘numeración’, y se desprende de los términos de la misma acusación que justamente el número de la patente no estaba alterado. En la misma senda, la fiscalía señala que para que se configure el delito la maniobra debe tener entidad para confundir respecto de la identidad del vehículo y de esa manera afectar el bien jurídico tutelado, lo que no se verifica en el caso.
Asimismo, no es ocioso recordar que la imputación viene delimitada por el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Por lo que en esta etapa la acusación se circunscribe a la plataforma fáctica allí establecida. Es por ello, que corresponde destacar que la acusación no puede ser modificada en esta instancia, y no encontrándose subsumida la conducta en el tipo penal previsto por el artículo 289 inciso 3 del CP. También es pertinente traer a colación el principio de ultima ratio del derecho penal. Por lo que la adulteración de la chapa patente, en todo caso podría configurar una infracción administrativa, pero por lo ya expuesto corresponde el dictado del sobreseimiento en relación a la imputación penal aquí tratada”.
FALTA DE ACCIÓN; PRINCIPIO ACUSATORIO; DICTAMEN; CONSENTIMIENTO FISCAL; PATENTE DE AUTOMOTOR; TIPICIDAD; FE PÚBLICA;
Heredia (Causa N°4893)Juzgado Federal de Bell Ville
El Juzgado Federal de Bell Ville sobreseyó a los imputados (juez Pinto).
1. Emergencia sanitaria. Circulación territorial. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Estado de necesidad.
“[L]a prueba incorporada […], fundamentalmente el certificado médico expedido por el […] especialista en ginecología y obstetricia […], viene a corroborar la parte más importante del relato efectuado por los imputados en sus declaraciones indagatorias […], lo que brinda sustento al estado de necesidad alegado”.
“A través del certificado médico […] puede ser corroborado que […] [la] ex nuera de la imputada […] [que] se encontraba cursando un embarazo de 31 semanas y media, acudió a la guardia médica…”.
“[D]e lo manifestado por las partes y de las constancias de autos puede advertirse la existencia del estado de necesidad…”.
“Ese estado, como causa de justificación que es, presenta una situación de crisis para los bienes jurídicos en juego, por un lado la salud pública y por otro lado, la salud de la [ex cuñada] del niño o niña por nacer y la seguridad del menor […] de dos años de edad, que el ordenamiento jurídico termina resolviendo a favor del interés preponderante. Es decir, prevalecerá aquella conducta que cause un mal menor en proporción al mal que amenaza producirse”.
“En el caso de autos, están reflejados los extremos necesarios para poder determinar que efectivamente existió un estado de necesidad que impulsó a la [imputada] y su ex pareja […] a trasladarse, infringiendo de esa manera la prohibición de circulación existente conforme art. 2 del DNU 297/2020, acudiendo en ayuda de [la mujer], a los fines de salvaguardar la salud de la misma, del niño o niña por nacer y la seguridad del menor […] de dos años de edad”.
EMERGENCIA SANITARIA; CIRCULACIÓN TERRITORIAL; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; ESTADO DE NECESIDAD;
HC La Rioja (causa N° 8712)Juzgado Federal de La Rioja
El Juzgado Federal de La Rioja hizo lugar a la acción de habeas corpus correctivo y colectivo. Entre otras cuestiones, exhortó a la Ministra de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia de La Rioja a que dispusiera los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de los parámetros preventivos frente a la emergencia sanitaria en los centros de detención (juez Herrera Piedrabuena).
1. Habeas corpus. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Emergencia sanitaria.
“[L]a acción interpuesta por el Ministerio Publico de la Defensa, se justifica, tanto por los motivos que la impulsan como por la finalidad del instituto el acceso a la justicia en busca de soluciones excepcionales y rápidas para problemas también excepcionales que confrontan manifiestamente con garantías constitucionales y aquejan a un determinado número de personas. [N]o cabe duda que los inconvenientes […] que padece tanto la Alcaidía como el Servicio Penitenciario, se relaciona directamente con la garantía de los internos a recibir un trato digno y condiciones carcelarias adecuadas.
En virtud de las diversas razones expuestas, hace procedente la presente acción de habeas corpus correctivo y colectivo, ya que el mismo hace a la seguridad de los internos, higiene, cuestiones sanitarias, sin perjuicio de los informes circunstanciados evacuados por los centros de detenciones, que establecen protocolos de actuación ante la extrema situación que se afronta por la pandemia de COVID19, que entiendo, han puesto en marcha conforme la normativa nacional e internacional, como recomendaciones de la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud).
Es en tal inteligencia, que a partir de las garantías constitucionales y legales […], las que constituyen normas de cumplimiento imperativo para la Judicatura, que hacen que, verificado un supuesto de la realidad que podría colisionar con la vigencia de las mismas y que perjudicaría a un conjunto de personas que se encuentran bajo la tutela que dichas normas proporcionan, corresponde hacer lugar a la acción de Habeas Corpus correctivo y colectivo solicitada por el Ministerio Publico de la Defensa en representación de sus asistidos, por ser la medida de carácter expedita que permite atender al cumplimiento de la finalidad de las normas aludidas, por cuanto garantizan las condiciones en que se debe llevar a cabo una restricción a la libertad.
El fundamento de tal criterio radica en que, más allá de velar por la observancia de las garantías constitucionales que rigen la situación de quienes se hallan privados de libertad, este Tribunal tiene otros cometidos, asegurar que la privación de la libertad que se impone a una persona en establecimiento del Estado, debe hacerse con la provisión de bienes y servicios indispensables para respetar la condición humana de los detenidos”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención.
“[D]ebe repararse que la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente. […] Resolver esta problemática es una exigencia ineludible e imperiosa en un Estado Constitucional de Derecho, como consecuencia necesaria de la obligación de éste de brindar condiciones carcelarias dignas y evitar que el encierro se convierta en una pena cruel, inhumana o degradante.
[E]n relación a la infraestructura edilicia de ambos centros, recursos materiales, humanos y específicamente a las falencias de las que adolecen dichos centros, a fin de asegurar el cumplimiento de la garantía de la Constitución Nacional del art. 18, deviene necesario Exhortar a la Sra. Ministra de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos […] a fin de que disponga de los medios necesarios para asegurar que, en los centros de detención, se cumplan con los parámetros preventivos ante la pandemia COVID19, conforme los protocolos establecidos y la normativa nacional e internacional; a través de la Secretaria de Derechos Humanos de la Pcia. de La Rioja, dentro de su área de competencia, que deberá hacer observar en los Institutos Carcelarios de la Provincia, las condiciones de salubridad, higiene y sobre todo de dignidad de las personas allí detenidas, para mantener incólume el estándar alcanzado por los derechos humanos en cuanto al respeto que se debe a los mismos y poder cumplir acabadamente con la manda constitucional del art. 18 ‘in fine’ de la C.N.”.
“[S]e deberá exhortar a Alcaidía de la Policía de la Provincia de La Rioja, al Servicio Penitenciario Provincial, y a la Unidad de Asuntos Juveniles, del Niño y la Mujer, que arbitren los medios necesarios para asegurar y garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, y apeguen sus recaudos a lo establecido mediante Resolución 01/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ‘Pandemia y Derechos Humanos en las Américas’…”.
HÁBEAS CORPUS; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES;
Lugo (causa N° 19147)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión y dispuso el sobreseimiento de la mujer (jueces Pociello Argerich y López).
1. Violencia de género. Violencia familiar. Homicidio. Autodeterminación. Informes. Prueba. Apreciación de la prueba.
“Valorando la prueba conforme la exigencia de tratados internacionales y legislación interna, no puede sino concluirse en la existencia de una situación que bien pudo impedir la libertad de acción de [la mujer] para adoptar una conducta que, eventualmente, y solo eventualmente, podría haber evitado el deceso de su hija”.
“[A]l momento de asignar mayor o menor credibilidad al relato de cada uno u otro de los imputados […] no [se] puede dejar de [valorar] la existencia del ya mencionado expediente radicado ante la justicia local […] donde quien da intervención a la autoridad policial es [una familiar del hombre], quien se enfrenta a la agredida que intenta defender a su agresor, valga la redundancia, en una actitud que claramente da sustento a las conclusiones a las que arribaron las especialistas el efectuar el informe requerido por este tribunal”.
“Dada la extensión de todos estos estudios, valga sólo citar lo sostenido entre muchas conclusiones por la Licenciada [en psicología] en relación a que ‘…en el contexto del suceso [la imputada] vio decididamente afectada su capacidad de autodeterminación por interferencia directa del cuadro de salud mental que padecía y ya fue descripto…’ para concluir luego que ‘…A partir de toda la información recolectada, podía concluirse que [la mujer] no contó con plena capacidad de autodeterminación para poder operar en su entorno, especialmente en relación a los hechos investigados, para poder salvaguardar así la integridad de su hija […] o la suya propia…’.
Poco queda entonces agregar para sostener que en la instancia se ha alcanzado el grado de convicción necesario para concluir que [la mujer] no puede ser responsabilizada por el hecho que originara su vinculación a proceso y por tanto se dispondrá su sobreseimiento conforme lo dispuesto por el artículo 336 inciso 4° del Código Procesal Penal de la Nación”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; HOMICIDIO; AUTODETERMINACION; INFORMES; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
MAI (causa N° 86952)Juzgado Nacional Civil Nro. 25
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 25 admitió de manera parcial la excepción de pago formulada y descontó las sumas correspondientes al 50% de la contribución alimentaria mientras ambos niños convivieron con su progenitor y la suma equivalente al 25% de la cuota alimentaria mientras duró la convivencia de uno de ellos (juez Aón).
1. Emergencia sanitaria. Alimentos. Solidaridad. Equidad.
“[F]rente a la situación emergencia sanitaria que enfrenta el país, más que nunca es necesario apelar al principio de solidaridad familiar que informa toda nuestra legislación en la materia y que impone a los adultos adoptar todas las conductas necesarias para sostener el bienestar de sus hijos generando un ambiente de colaboración mutua y evitando desencuentros que solo generan incertidumbre y zozobra en el ánimo de aquellos a quienes deben proteger, educar y proporcionarles todo lo necesario para que no deban enfrentar dificultades innecesarias. Así, entiendo que en esta especial, extraordinaria e imprevisible situación sanitaria, social y familiar que atraviesa la humanidad ese principio de solidaridad, en el caso concreto de autos, se traduce en una decisión equitativa que conjugue las distintas circunstancias que atraviesan las partes y la adecuada satisfacción de los derechos de sus hijos”.
“En este sentido, cabe ponderar que las situaciones excepcionales como la que se atraviesa mundialmente-pandemia Covid 19-, requieren de un plus de protección para que el desarrollo de C. y E. no se torne ilusorio e insuficiente”.
2. Alimentos. Pago. Excepción de pago.
“Es cierto que, el obligado al pago de una cuota alimentaria no puede pretender compensación por los que entregó en especie al alimentado, o servicios que le prestó, o pagos que hizo a terceros en relación a rubros que integran el contenido de los alimentos. El art. 539 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos y, conforme a ello, se afirma que las erogaciones hechas por el alimentante deben considerarse simples liberalidades de éste […].
Sin embargo, en las circunstancias apuntadas y dadas las particularidades que surgen de estas actuaciones en que los niños estuvieron durante el período reclamado conviviendo con el progenitor, quien tuvo que solventar exclusivamente todos los gastos generados durante esa época (junio y julio de 2020) y la convivencia de C. con el Sr. D. hasta el mes de agosto de 2020, cabe admitir la excepción planteada, pero no en la entidad que se reclama…”.
EMERGENCIA SANITARIA; ALIMENTOS; SOLIDARIDAD; EQUIDAD; PAGO; EXCEPCIÓN DE PAGO;
Asociación Comunitaria La Matanza (causa Nº 11001630)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar al recurso, revocó la sentencia e hizo lugar a la demanda. En consecuencia, condenó al Estado nacional al pago de una indemnización directa a la parte actora. Además, ordenó al Estado a que destinase dinero en los sucesivos diez años a inversiones públicas en beneficio de los integrantes de la etnia Toba (juezas Denogens y Alcala).
1. Pueblos indígenas. Asociación civil. Legitimación procesal. Derechos de incidencia colectiva.
“[L]a finalidad perseguida con la promoción de la presente acción excede lo meramente económico […] siendo susceptible de encuadrarse en los fines de `procurar el perfeccionamiento moral y material de todos los componentes de la comunidad dentro de un clima de concordia y respeto al orden jurídico´ y `llevar a cabo una acción de tipo cultural, social y deportivo y toda otra actividad legal que contribuya a la elevación de los niveles de vida y participación plena en la vida social y económica de la zona y de sus socios´, contemplados en el estatuto constitutivo de la asociación actora.
[L]a Constitución Nacional reformada contempla la legitimación procesal no sólo del afectado […] sino también habilita expresamente a intervenir como parte actora a otros sujetos –distintos de aquél– que actuarán en nombre propio pero invocando la defensa de derechos de otros. Así, el artículo 43, 2º párrafo de la CN establece que podrá interponer una acción expedita y rápida de amparo: `... contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las Asociaciones que propendan a esos fines, registrados conforme a la ley´.
Cabe aclarar que, si bien en el texto constitucional la intervención de tales sujetos está contemplada en el marco de la regulación de la acción de amparo, la CSJN ha considerado que dicha legitimación extraordinaria es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general, por ejemplo: la acción declarativa de inconstitucionalidad y procesos ordinarios […]. La redacción del precepto constitucional en examen prevé, como requisitos formales para legitimar a las asociaciones, que `propendan a esos fines´ y que se encuentren inscriptas en el registro respectivo […].
A su vez, el artículo 75 inc. 17 de la CN y las constituciones provinciales que cuentan con normas similares han otorgado a las comunidades indígenas un reconocimiento normativo de su condición de sujeto colectivo de derecho […]. [L]a comunidad indígena mantiene diferencias con el art. 141 CCyC en su calidad de sujeto de derecho, respecto de la obligación de sujetarse a los fines y objeto de su constitución. La finalidad de una comunidad indígena no es otra que su reproducción y supervivencia cultural, normativa y económica, de acuerdo a sus propias pautas, en el presente y para las generaciones venideras. La cuestión importante es que no se trata de `la garantía constitucional de asociarse con fines útiles […]´ ni de la `regla de la especialidad´, sino del ejercicio del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la ONU las comunidades indígenas cuentan con el derecho a solicitar su inscripción registral de la personería jurídica que pretendan, con base en su sola condición de sujeto colectivo de derecho.
Aunque, a la vez, la eventual falta de inscripción no implica, bajo ningún concepto, un menoscabo en sus derechos fundamentales ni la carencia de su personalidad jurídica, la cual está reconocida constitucionalmente. Por eso mismo, el artículo 75 inc. 17 de la CN refiere, en verdad, al derecho a la personalidad jurídica, es decir al reconocimiento directo que hizo la asamblea constituyente en 1994 a la condición de sujeto colectivo de derecho de las comunidades indígenas, en forma genérica; mientras que el asunto relativo a las inscripciones de las personerías jurídicas en los registros estatales, refiere a la representación concreta y específica de las mismas, en los ámbitos que corresponda. (EL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, Javier Azzali, Paula Barberi, https://jurisprudencia.mpd.gov.ar)”.
2. Pueblos indígenas. Personería. Interpretación de la ley.
“[L]a norma que regula lo relativo a la personería de las comunidades indígenas (Ley 23.302) es anterior a la reforma constitucional, por lo que su contenido debe ser interpretado de manera armónica con los derechos reconocidos en la Carta Magna con posterioridad al dictado de aquélla. De tal manera, la interpretación que se haga del art. 2 de la Ley 23.302 debe garantizar el ejercicio amplio de los derechos de las comunidades cuya preexistencia se reconoce y pretende proteger”.
“[L]a falta de inscripción de la Asociación actora en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas no resulta óbice para reconocerle legitimación activa en las presentes actuaciones, toda vez que la misma sí se encuentra inscripta desde el año 2008 en la Dirección de Personas Jurídicas del Chaco […], por tratarse de facultades concurrentes que pueden ser ejercidas tanto por la autoridad nacional como provincial, y que no se excluyen entre sí”.
3. Acciones imprescriptibles. Pueblos indígenas. Delitos de lesa humanidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[E]ste Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse con relación a la temática en trato, sosteniendo la imprescriptibilidad del reclamo resarcitorio derivado de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Nacional contra la etnia Pilagá.
En este sentido, […] dicho criterio ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al manifestar `Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos...las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú...´ (conf. CIDH, caso `Barrios Altos´, sentencia del 14 de marzo de 2001, serie C N° 75)”.
4. Pueblos indígenas. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral. Reparación.
“[Corresponde] la procedencia del reclamo por el daño moral causado a la comunidad Toba que la asociación actora representa, no resultando pertinente colocar el sufrimiento espiritual solamente en cabeza de las personas que sufrieron de manera directa la masacre del 19 de julio de 1924, sino entendiendo que esos hechos fueron susceptibles de causar un daño espiritual a la comunidad como tal, cuyas repercusiones subsisten hasta la actualidad, y que por ello merecen ser reparadas.
Sin embargo, tal como lo ha declarado la CIDH, la reparación más idónea para este concepto no resulta ser la reparación económica, sino que consiste en el reconocimiento de los hechos que ya ha sido efectuado por la magistrada de la instancia anterior, así como una serie de medidas que han sido adoptadas por los distintos poderes de la Provincia del Chaco…”.
“[N]o resulta posible encuadrar los daños descriptos en las clásicas categorías de `daño emergente´ o `lucro cesante´, lo que [hace] la procedencia de una reparación `in totum´, que procure el desarrollo de la comunidad indígena que vio afectados sus derechos durante tantos años, y que constituya la vía que garantice por parte del Estado Nacional la implementación de políticas públicas tendientes a reparar los daños sufridos por los integrantes de la etnia.
En este sentido, en el plano internacional se ha señalado que en la medida de lo posible, la reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho acto…”.
5. Gastos de justicia. Acceso a la justicia. Igualdad. Vulnerabilidad.
“[E]l postulado de economía de gastos exige que el proceso no sea objeto de gravosas imposiciones fiscales, ni que, por la magnitud de los gastos y costas que origine, resulte inaccesible a los litigantes, sobre todo a los de condición económica precaria. No puede perderse de vista que la amplia dimensión del complejo problema del acceso a la justicia y de las formas de facilitarlo, son cuestiones que modernamente vienen acaparando en todas las latitudes la atención no sólo de los juristas, sino también de los políticos, sociólogos, economistas y otros expertos […]. La cuestión de la igualdad ante la ley se traduce ahora en el tema de la igualdad ante la justicia, que lleva al problema de la dimensión social del derecho en general, y de la justicia. La remoción de los obstáculos de todo tipo –especialmente económicos– que impiden el libre acceso a la jurisdicción, ha sido objeto de particular atención desde la esfera constitucional […]. Atención que se ha potenciado en los últimos tiempos con la elevación de los tratados sobre derechos humanos a rango constitucional…”.
“Es tarea de los magistrados intervinientes en procesos de este tipo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos allí plasmados, asegurando el acceso a la justicia de pueblos que han sido históricamente relegados. Se trata de un derecho humano fundamental por el cual las personas pueden exigir una respuesta adecuada a sus necesidades jurídicas. Entre otras cuestiones, esto significa que los miembros de comunidades indígenas tienen derecho a:
- Contar con recursos efectivos para reclamar y defender sus derechos (arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional) –convenio 169 OIT Iniciar procedimientos legales para reclamar el cumplimiento de sus derechos (art. 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT–).
- Obtener una pronta decisión sobre los conflictos que plantean, y una reparación de las lesiones a sus derechos individuales y colectivos (art. 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
[…] Las 100 Reglas [de Brasilia] tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas (entre otros grupos sociales) porque está comprobado que, en muchas circunstancias, han tenido dificultades para poder hacer valer sus derechos. Por eso, las Reglas establecen específicamente que los funcionarios y magistrados judiciales deben brindar un trato respetuoso a su dignidad, lengua y tradiciones culturales…”.
PUEBLOS INDÍGENAS; ASOCIACIÓN CIVIL; LEGITIMACIÓN PROCESAL; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; PERSONERÍA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ACCIONES IMPRESCRIPTIBLES; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL; REPARACIÓN; GASTOS DE JUSTICIA; ACCESO A LA JUSTICIA; IGUALDAD; VULNERABILIDAD;
Rochi (causa N° 746)Juzgado Federal de 1a Instancia Nº 2 de Paraná
El Juzgado Federal de Paraná N° 2 hizo lugar a la acción y declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1º, 2, 79 inc. c y cctes de la ley N° 20.628, su modificatoria dispuesta por ley N° 27.346 y las resoluciones reglamentaria dictadas por la AFIP al respecto. Asimismo, dispuso que la demandada reintegrase a la actora los montos que se le hubiere retenido en tal concepto (juez Alonso).
1. Acción de amparo. Admisibilidad.
“[L]a vía del amparo es apta para resolver el conflicto planteado. Ello por cuanto el objeto de la pretensión es de neto carácter alimentario, toda vez que se solicita el cese en la aplicación del impuesto a las ganancias. El art. 2 de la ley 16.986 establece que `La acción de amparo no será admisible cuando: a) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate´.
En el presente caso, la alternativa de deducir una demanda de conocimiento pleno no se condice con la premura y urgencia que requiere el debate. Nótese que con la sola mención de los derechos que se encuentran en juego, todos ellos de carácter alimentario, la vía de amparo aparece como la más adecuada a los fines de salvaguardar los derechos que la actora entiende conculcados”.
“[N]o corresponde a los jueces decidir si un tributo es o no conveniente, pero si les incumbe analizar si aquel es contrario a los principios y garantías contenidos en la Carta Magna. Por ello, en virtud de que la actora entiende vulnerados derechos constitucionales, a partir de ser sujeto obligado al pago de impuesto a las ganancias, se procederá a efectuar el análisis de la cuestión litigiosa para determinar la existencia o no de dicha afectación”.
2. Jubilación. Haber jubilatorio. Impuesto a las ganancias.
“[D]ebe tenerse en consideración que el haber previsional, tiene por finalidad esencial asegurar la subsistencia frente a la contingencia vejez y se encuentra protegido, no solo por las leyes propias de la seguridad social, sino también por la Constitución Nacional y normas que comparten su jerarquía.
La mengua del haber previsional mediante la retención de un porcentaje de aquel, en concepto de impuesto a las ganancias, afecta notablemente su esencia, y por lo tanto le impide cumplir con su finalidad. A ello se le suma el hecho de que el tributo de mención, fue oportunamente abonado, al encontrarse el sujeto pasivo –hoy retirado– en actividad. Esto lleva a una doble imposición, por un lado, el fisco percibió el tributo por el trabajo personal y, por otro lado, percibe el mismo impuesto, por el beneficio previsional derivado de aquella labor por la cual ya se tributó”.
“[N]o puede considerarse al haber previsional como una ganancia. La ganancia es una utilidad obtenida por una prestación o una renta; y el haber jubilatorio o de pensión, no cuenta con estas características, por el contrario, como he dicho con anterioridad su finalidad es paliar la contingencia vejez, y está financiado por los aportes efectuados durante la vida activa”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; JUBILACIÓN; HABER JUBILATORIO; IMPUESTO A LAS GANANCIAS;
Centurion (Causa N°11325)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas hizo lugar al pedido de arresto domiciliario (juez Moreira).
1. LGBTIQ. Personas privadas de la libertad. Vulnerabilidad.
“[S]e debe considerar que las personas privadas de libertad constituyen per se un colectivo vulnerable…”.
“En el caso, se evidencia aún más la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la condenada […], no solo por la pertenencia al colectivo de LGBT, sino por su corta edad […], su falta de adaptación y consecuente desmedro de su salud psíquica y posibles situaciones de violencia a las que pudo haber sido sometida”.
“[E]n correlación a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que fueran incorporados a nuestra Constitución Nacional y la extensa jurisprudencia e informes emitidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros, considerando por un lado, que la potestad de administrar justicia debe estar enmarcada dentro de los cauces constitucionales, como son la observancia de los principios, valores y derechos fundamentales que en ella se reconocen, y por otro lado, que es necesario darse cuenta que existen diferencias efectivas y que no puede mantenerse la libertad y la igualdad en un plano simplemente formal, sosteniéndose que la justicia debe dirigir su atención a equilibrar las desventajas de hecho, considerando especialmente la situación de vulnerabilidad de la encartada, es que debe concederse el beneficio del arresto domiciliario solicitado”.
2. LGBTIQ. Personas privadas de la libertad. Identidad de género. No discriminación. Responsabilidad del Estado.
“La discriminación contra las personas privadas de libertad por motivo de su identidad de género u orientación sexual no está justificada bajo ninguna circunstancia. De conformidad a los Principios y Buenas Practicas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de América de la CIDH, las personas privadas de la libertad no deben ser objeto de discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, o cualquier condición social”.
“El hecho de que las personas estén privadas de su libertad impone al Estado una responsabilidad todavía mayor de velar por su integridad física y moral. En el caso de la población LGBT, adicionalmente, debe tenerse en cuenta la información concreta de que se encuentran aún más vulnerables de sufrir agresiones físicas y morales en ese centro penitenciario, por lo que la protección necesaria es aún mayor.
Si bien en nuestro país se reconoció la especial vulnerabilidad del colectivo LGTB en el ámbito penitenciario federal y se han tomado medidas especiales, como la creación de Pabellones destinados especialmente a personas trans, en el caso esta medida especial no fue suficiente para garantizar la adaptación e integridad física y psíquica de la condenada…”.
“Conforme lo ha dicho en numerosas ocasiones la […] Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. En este particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables…”.
3. Prisión domiciliaria. Ejecución de la pena. Emergencia sanitaria.
“[E]s preciso recordar que el arresto domiciliario constituye una solución más aceptable para los casos en que el encierro carcelario implica un desmedro que va más allá de las restricciones propias de la ejecución de la pena…”.
“Por las razones apuntadas, y en la inteligencia de que en el contexto extraordinario actual de pandemia, esta es la solución que mejor se ajusta a la protección integral de los derechos en juego, a la salud, a una vida digna y libre de violencia, es que […] se encuentran dadas las condiciones fácticas y jurídicas conforme a la actual legislación 26.472, y a los Tratados y Convenciones Internacionales, para acoger favorablemente el pedido de la defensa, a fin de que [la imputada] continúe cumpliendo condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria”.
LGBTIQ; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; VULNERABILIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PRISIÓN DOMICILIARIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; EMERGENCIA SANITARIA;
Mendoza (reg. N° 2694 y causa N° 48221)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la decisión recurrida y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que evaluara la procedencia de la libertad asistida (jueces Días y Sarrabayrouse).
“[L]a unificación de penas prevista en el art. 58, C.P. importa la pérdida de la individualidad de cada una de ellas, para transformarse en una nueva sanción, única y definitiva, a la cual le son aplicables todos los mecanismos de egreso anticipado previstos en la ley 24.660. […] Por lo tanto, asiste razón a la defensa cuando sostiene que en el caso existió una errónea interpretación del art. 56 de la ley 24.660”.
“[L]a libertad asistida es la última oportunidad que tiene el penado de insertarse gradualmente al medio libre, previo al agotamiento de la condena; y por dicha razón, el texto legal expresa que su denegatoria habrá de ocurrir únicamente de manera extraordinaria, y sólo cuando el egreso implique un riesgo para sí o para terceros. Además, […] este análisis requiere una resolución fundada al respecto. [Por lo demás,] no se analizó detalladamente la presencia del mencionado riesgo…”.
LIBERTAD ASISTIDA; REVOCACIÓN; UNIFICACIÓN DE PENAS; EJECUCIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Duran (Causa n°16919)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la declaración de rebeldía, dispuso la averiguación del paradero del imputado y la notificación fehaciente de la audiencia de clausura (jueces Lucero y Pociello Argerich).
1. Excarcelación. Notificación.
“Si bien [el imputado] fue oportunamente detenido y excarcelado en la audiencia inicial del procedimiento de flagrancia […] y, por ende, conoce la existencia de la causa, lo cierto es que en el acta en la que se dispuso su soltura, se dejó asentado que debía comunicar cualquier cambio de domicilio y comparecer al tribunal cada quince días […] hasta tanto se constante fehacientemente el nuevo domicilio aportado, bajo apercibimiento en caso de inasistencia injustificada…”.
“Como puede advertirse, se omitió poner en su conocimiento el domicilio del Tribunal, y los restante datos para que pueda estar a derecho”.
“Es más, en esa ocasión el Juzgado […] se declaró incompetente, y dispuso la intervención del [otro] Juzgado […] -donde actualmente tramita este sumario-, pero ninguna información se le brindó al respecto para que pueda cumplir con las obligaciones…”.

1. Excarcelación. Notificación.
“Si bien [el imputado] fue oportunamente detenido y excarcelado en la audiencia inicial del procedimiento de flagrancia […] y, por ende, conoce la existencia de la causa, lo cierto es que en el acta en la que se dispuso su soltura, se dejó asentado que debía comunicar cualquier cambio de domicilio y comparecer al tribunal cada quince días […] hasta tanto se constante fehacientemente el nuevo domicilio aportado, bajo apercibimiento en caso de inasistencia injustificada…”.
“Como puede advertirse, se omitió poner en su conocimiento el domicilio del Tribunal, y los restante datos para que pueda estar a derecho”.
“Es más, en esa ocasión el Juzgado […] se declaró incompetente, y dispuso la intervención del [otro] Juzgado […] -donde actualmente tramita este sumario-, pero ninguna información se le brindó al respecto para que pueda cumplir con las obligaciones…”.
2. Notificación. Emergencia sanitaria. Rebeldía. Domicilio.
“En ese marco, es erróneo pretender que con un simple llamado al juzgado donde tramitó el sumario originalmente podría demostrar su voluntad de estar sometido a proceso y tomar conocimiento de la judicatura que actualmente interviene para estar a derecho, máxime cuando ni siquiera cuenta con los números telefónicos de contacto.
De este modo, frente a la escasa información que se le aportó [al imputado] vinculada con la modalidad que quedaba sujeto proceso, que se omitió poner en su conocimiento el nuevo tribunal que intervendría, así como los datos que le permitan sujetarse al proceso, sumado a que previo a que venza el término de la comparecencia se dispusieron la medidas de aislamiento social […], más allá que la notificación que se le curso arrojó resultado negativo, debe estarse a la averiguación de su actual paradero y posterior notificación a la audiencia de clausura”.
EXCARCELACIÓN; NOTIFICACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; REBELDÍA; DOMICILIO;
Gimenez (causa N° 55560)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión (Juez Lucero).
1. Suspensión del juicio a prueba. Revocación. Sentencia firme. Hecho nuevo
“[S]i bien en el informe actuarial que da cuenta acerca de la posible comisión de un delito con posterioridad a la suspensión del proceso data del 16 de octubre de 2019, posteriormente y como lo adelantara la recurrente, se estableció que fue impugnada la condena dictada”.
“[R]esulta necesario contar con una sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada para acreditar la condición que exige el art. 76 bis, quinto párrafo, del CPPN para reanudar este proceso; extremo que no ocurre en este caso. Además, esa posición es la más respetuosa del estado de inocencia y que mayores derechos otorga al justiciable, tal como lo desarrolló la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el precedente ‘Gramajo’ […].
Así sostuvo: ‘Por todo ello, cabe concluir que cuando el art. 76 ter quinto párrafo del CP hace referencia a ‘un nuevo delito’ para tener por acreditada dicha circunstancia, debe existir una sentencia condenatoria que así lo establezca, y ella debe adquirir firmeza dentro del plazo por el que se otorgó la suspensión del juicio a prueba’ […].
Lo expuesto se inscribe a su vez, desde una hermenéutica sistemática, en la doctrina del máximo tribunal al analizar la institución de la extinción por prescripción de la acción penal –por ‘la comisión de un delito’–, cuando exige para otorgar carácter interruptivo a un hecho criminal una sentencia firme que declare su realización y atribución de responsabilidad al mismo encausado (CSJN, Fallos: 322:717; ‘Reggi’).
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; REVOCACIÓN; SENTENCIA FIRME; HECHO NUEVO;
Zerrizuela (Causa n°36200)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el auto que había rechazado la designación de los letrados y dispuso que se tuvieran como abogados defensores del imputado (juez Lucini y jueza Laiño).
1. Asistencia letrada. Orden de captura. Rebeldía.
“La jurisprudencia es pacífica respecto de que quien no está sometido a proceso no puede tener comunicación con el magistrado que entiende en la causa que se sustancia en su contra, pero ello está limitado a que el sujeto sea declarado rebelde.
En el caso concreto, esa circunstancia no se verifica, por lo que, de momento, no se evidencian motivos válidos para que no cuente con asistencia letrada. Ello sin perjuicio de lo que resuelva el instructor en el devenir de la investigación”.
2. Derecho de defensa. Debido proceso. Asistencia letrada. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“No [se desconoce] que es inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual quien se sustrae de la acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar ante la autoridad que él ha desconocido el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción […], sin embargo no es menos cierto que también ha sostenido que en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa.
La tutela de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal que le asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio […]. La defensa del imputado resulta esencial en el proceso, pues en materia criminal constituye un elemento sustancial de las formas del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales…”.
“Sabido es que el derecho del justiciable a defenderse personalmente o a elegir un abogado de su confianza se encuentra previsto en normas de raigambre convencional, las cuales gozan de jerarquía constitucional […]. Así en base a los alcances que deben otorgarse al derecho de defensa y en resguardo del debido proceso, del juego armónico de lo prescripto en los artículos 72, 73, 104, 107 y 211 del Código Procesal Penal de la Nación, se extrae con toda claridad que el imputado tiene derecho a ser defendido por un abogado desde el primer momento en que es sindicado como tal…”.
ASISTENCIA LETRADA; ORDEN DE CAPTURA; REBELDÍA; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Chilo (causa N° 119538)Tribunal de Impugnación de Salta
La Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta rechazó el recurso y confirmó la decisión (voto del juez Barrionuevo al que adhirió la jueza Solorzano).
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad del Estado.
“[C]orresponde analizar los criterios sostenidos por la C.S.J.N. en esta materia, la que vía juris-prudencia, determinó los presupuestos de la responsabilidad extracontractual. Como afirma el recurrente debe comprobarse: a) imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano estatal en ejercicio de sus funciones; b) falta o funcionamiento defectuoso o irregular del servicio; c) existencia de daño cierto, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero y d) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue...”.
Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación. Omisión del Estado.
“En el caso concreto se atribuye como responsable a la provincia por una omisión, y ante ello se distingue `los casos de omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. La determinación de la responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos jurídicos indeterminados debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar.´ (C.S.J.N., Fallos `Mosca´ 330:563); `…la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. En consecuencia, el factor de atribución genérico deberá ser examinado en función de los elementos, antes mencionados...toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directo...”.
“En el caso concreto y conforme fue debidamente acreditado la Provincia de Salta, a través de las autoridades policiales tuvieron pleno conocimiento de la situación de violencia familiar existente entre el hoy condenado y la víctima S. Tuvieron también conocimiento del estado de labilidad emocional de Chilo. Tenían la certeza de que Chilo tenía bajo su custodia, a su alcance y plena disponibilidad un arma y que la misma resulta un elemento letal que aumenta de un modo inaceptable el riesgo al que se encontraba sometida S. Como bien se relata en la sentencia, las Licenciadas M. y C. intervienen en la problemática alertadas por instrumentos públicos policiales. Fue allí donde surgió el deber estatal de retirar el arma de fuego provista por la Provincia a quien resultaba Sgto. de la Policía Provincial. No se trata en este estado de cosas de la intervención genérica del Estado Provincial en particular del Ejecutivo en la Policía Administrativa de un deber genérico de lucha contra la violencia de género –por otro lado vigente y exigible al Estado Provincial– sino claramente de un deber específico: Conocida una situación concreta de riesgo directo el deber de retiro del arma era expedito, inminente, urgente.
Existe en el caso entonces un deber omitido, retirar el arma a quiense encontraba ejerciendo violencia sobre una mujer quien había requerido formal y reiteradamente intervención estatal; había también informes de profesionales designados por la Policía de la Provincia para intervenir en el caso que consideraban emocionalmente inestable al agresor.
No hay dudas sobre el factor de atribución de responsabilidad directa y gravemente relacionado con una falta de cumplimiento de obligaciones, ello importó una abstención que infringió un deber legal de actuar, que se conectó causalmente con el daño sufrido, toda vez que fue con el arma reglamentaria no retirada al agente emocionalmente inestable con la que perpetró el hecho luctuoso objeto de responsabilización”.
“La problemática planteada no es una situación de violencia común, se trata de un caso de violencia extrema claramente previsible para el Estado. El Estado tuvo conocimiento expreso de la conflictiva de la que era víctima S., de la labilidad de Chilo, de la existencia de un elemento letal como es el arma, provista a Chilo por el mismo Estado, y no hizo nada efectivo para evitarlo. Claramente el deber de retirar el arma era jurídico y operativo y con total certeza se omitió cumplir el mismo”.
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación.
“Tampoco es cierto que se responsabilizó al Estado Provincial por la acción homicida de Chilo, se responsabilizó al Estado Provincial por la omisión de intervenir del modo debido frente al conocimiento efectivo de una situación de violencia familiar de alto riesgo y omitir retirar del poder de alguien emocionalmente inestable el arma homicida. La responsabilidad estatal, como ya se analizó, deviene clara.
Es que se ha comprobado la imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano estatal en ejercicio de sus funciones, esto es del deber de la Policía de la Provincia de intervenir en la situación de modo efectivo retirando el arma a Chilo; se ha comprobado la falta de cumplimiento del deber de prevención específico, pues conoció el Estado Provincial la situación concreta de riesgo. El riesgo indebidamente asumido por el estado se tradujo en un daño cierto, la muerte de S. por el arma reglamentaria que la provincia omitió retirar a Chilo, e in-equívocamente hay una relación decausalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se ordenó”.
“[L]a inexplicable negación que hace el Estado Provincial de su responsabilidad civil frente a este luctuoso hecho producido por el funcionario público con el arma reglamentaria llama la atención que se desconozca como fuente de obligación de reparar su defectuosa intervención en la prevención de un hecho de violencia de género producido por un efectivo policial que fuera suficientemente comunicado y conocido por la autoridad policial, responsable directa de velar para que las armas de fuego provistas, sólo estén en poder de personas mentalmente estables y sin peligro concreto de generar hechos violentos como el que originó el presente proceso.
La inacción policial pone de manifiesto que el Estado, en este caso concreto, no tomó conciencia al momento de las denuncias de S. del peligro que existía entonces por la violencia de género a la que era sometida la hoy fallecida. Fue su indiferencia y su inacción la que se tradujo en el resultado muerte de S. El resultado disvalioso ocurrido y que hoy lamentamos se produjo por ello, la ausencia de políticas sostenidas de prevención como sería el retiro del arma a un dependiente denunciado de violencia familiar, como la falta de realización de actos concretos de protección ante el informe que el mismo Estado produjo respecto de que Chilo era emocionalmente inestable.
La responsabilidad estatal frente a este resultado deberá asumirse desde la reparación ya que se omitió intervenir eficazmente en la prevención. No se trata de un deber de prevención genérico, pues ese deber devino en concreto cuando el Estado fue anoticiado de los hechos de violencia y verificó la inestabilidad emocional de Chilo”.
“Se expresa como burdo atenuante que la persistencia de Chilo en su determinación exime la responsabilidad estatal. El Estado Provincial, tal como se afirma en este fallo, era conocedor de las condiciones psíquicas de Chilo. A mayor conocimiento mayor responsabilidad”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Valor vida. Daño patrimonial indirecto.
“Respecto al cuestionamiento del monto asignado al daño material debe decirse que el mismo fue suficientemente justificado en la sentencia cuestionada, allí se dijo que: `se advierte que con la muerte de C. A. S. C se vulneró uno de los derechos fundamentales más importantes, cual es la vida de una joven mujer de 33 años de edad, madre de cuatro hijos menores de edad e hija de una mujer que debe afrontar con entereza el infortunio de la pérdida de su hija mayor, como así también la frustración y daño al proyecto de vida por su muerte´. `Como es sabido, para fijar el monto de indemnización, no es adecuado admitir el daño material con un criterio matemático, por cuanto ello equivaldría considerar a la víctima como una unidad económica de producción, situación que no corresponde pues debe destacarse que la vida humana no tiene valor económico per se, ello toda vez que, la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo que produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que la extinta producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue no cabiendo duda alguna, que era la actora, a la postre la madre de hijos menores de la infortunada damnificada, quienes resultaban destinatarios de los bienes económicos de la hija y madre cruelmente asesinada por su ex pareja por lo que, con arreglo a las previsiones del Art. 1.085 del C.C. le corresponde a ellos obtener la reparación del daño material sufrido”.
“[L]a C.S.J.N. ha sostenido en materia civil, laboral y de familia, que el derecho a conformar el propio proyecto de vida viene garantizado constitucionalmente y que es exigible la reparación de la frustración del desarrollo pleno de la vida que implique una reformulación del proyecto de vida […] [C]abe considerar si el proyecto de vida de C. A. debe ser objeto de ponderación, y la respuesta, sin lugar a dudas, debe ser afirmativa por cuanto ésta modificación traumática a dicho proyecto tiene incidencia e impacta no solo en el afectado sino en su familia… No cabe dudas que C. S. C., era una joven y abnegada mujer, dispuesta a superar los obstáculos y desafíos que su historia de vida le imponían, con denodado esfuerzo, tesón y sacrificio; sintiéndose inspirada en un claro propósito de superación”.
“Hay una distancia enorme entre la arbitrariedad y la construcción razonado de una conclusión en base a elementos y lógica. La característica de vocación de superación, esmero y procura de bienestar para su entorno por parte de la víctima de asesinato y omisión estatal está más que construida con certeza lógica jurídica. El monto fijado en modo alguno deviene exorbitante en atención a la edad de la víctima y sus capacidades”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral.
“En relación al daño moral y a la exclusión como legitimada de la […] madre de la víctima debe analizarse el planteo recursivo no sólo en base a la literalidad de la norma establecida en el Código Civil vigente al momento del hecho, sino sobre todo a la luz de los derechos constitucionales en juego.
[N]os encontramos frente a una responsabilidad estatal existente en virtud de una omisión a un deber jurídico del Estado Provincial. Y por ello a la hora de valorar la responsabilidad del Estado y la legitimación activa para reclamar la reparación integral habrá que mirar con especial atención lo establecido por instrumentos y tribunales de derechos humanos.
En particular el art. 63 de la CADH reconoce el derecho al pago de una justa indemnización de la parte lesionada. Por ello nos encontramos constreñidos a buscar la interpretación más integradora de derechos que el art. 1.078 del CC pueda presentar.
Se encuentra vigente y lo estaba ya al momento de la sentencia de primera instancia el Código Civil y Comercial, con lo cual la interpretación del mismo debe ser no sólo teniendo en cuenta sus palabras sino también las finalidades de la reparación en los términos constitucional y convencionalmente reconocidos, así como el avance que la conceptualización al derecho a la reparación que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
En idéntico sentido debe decirse que ha mirado sobre el deber de reparar en particular y mientras la reparación del daño moral estaba negada a víctimas indirectas y fue reconocida como excepción y con limitaciones en la Ley 17.711, queda claro que doctrinaria, jurisprudencial y finalmente legislativamente se ha reconocido a los ascendientes derecho a ser reparados en el daño moral, tal cual lo establece hoy en día el art. 1.746 respecto del daño llamado extramatrimonial”.
“Lo jurídicamente analizado es válido para cualquier planteo resarcitorio, reparatorio. Si esta reparación es importante en todos los casos, lo es mucho más cuando es el Estado el que violentando sus deberes de protección resultó parte del nexo causal de un hecho fatal de violencia de género. No puede el Estado pretender negar la reparación a una madre sufriente, que en virtud de la inactividad estatal tuvo que afrontar el fallecimiento de su hija y asumir el rol de protección de sus nietos huérfanos”.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; OMISIÓN DEL ESTADO; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; VALOR VIDA; DAÑO PATRIMONIAL INDIRECTO; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL;
Blanco (causa Nº 8293)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión impugnada y dispuso la remisión de testimonios al Colegio Público de Abogados (jueces Rodríguez Varela y Lucero).
1. Asistencia letrada. Derecho de defensa. Defensa técnica ineficaz.
“[N]o se ven reflejados en la actuación del encausado los requisitos necesarios para el encuadre típico. En efecto, la compulsa de los testimonios […] refleja que durante la instrucción de la causa [el abogado] aceptó el cargo, acompañó a sus asistidos a la indagatoria […] y mantuvo con ellos una entrevista previa, aconsejándolos a que no prestaran declaración. El día […] se resolvió la situación procesal de ambos, dictándose el procesamiento, que no fue recurrido.
[Las dos personas asistidas] se manifiestan ahora en desacuerdo con la actividad de quien fuera su letrado en ese proceso, remarcando su contrariedad porque aquel no hubiera presentado sus descargos por escrito ni apelado el procesamiento. Pese a ello, no han indicado motivos que pudieran haber impulsado al letrado a actuar de un modo perjudicial”.
2. Asistencia letrada. Defensa técnica ineficaz. Tipicidad. Prueba. Apreciación de la prueba.
“No puede el análisis de los hechos y sus pruebas prescindir de los elementos del tipo penal invocado en la acusación, que no se puede sustentar en meras torpezas o cuestiones propias del arte de abogar, en tanto requiere intención de perjudicar los derechos e intereses confiados. En habitual ausencia de manifestaciones directas de ese obrar doloso (como los actos prohibidos por el art. 10 de la Ley 23.187), este puede derivarse de manera indiciaria de la evidencia de groseras omisiones en el ejercicio de las defensas asumidas, independientemente del perjuicio que en concreto pudieran causar. Ninguno de estos supuestos se presenta en el caso en estudio; así como no se observan ni se han alegado actos ineludiblemente relacionados con la intención de perjudicar a sus asistidos, tampoco se advierte un desempeño del imputado que supere los márgenes razonables de lo opinable en la prudencia y habilidad en el ejercicio de una defensa penal”.
“No hay posibilidad de señalar de manera certera a la ausencia de descargo escrito posterior ni a la eventual decisión de dejar firme el procesamiento como conductas objetivamente reñidas con una defensa correcta, menos aún si, como los propios agraviados reconocieron, desde un primer momento el encausado les habría adelantado que pensaba dirigir a un instituto en el que la discusión de la imputación no es sustancial”.
“[C]oincidimos con el juez de grado acerca de que los hechos traído a estudio no encuadran en figura legal alguna (artículo 336, inciso 3º del código ritual). Sin embargo, […] el trato dispensado por el abogado a sus pupilos merece un análisis en sede administrativa. Aún cuando hubiera señalado, manifestando una reserva profesional que aquí no impugnamos, que no habría de abundar en detalles de sus entrevistas con los denunciantes, en los elementos agregados a la causa destacan las contingencias opuestas, es decir la falta de contacto y comunicación del letrado con sus clientes”.
ASISTENCIA LETRADA; DERECHO DE DEFENSA; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; TIPICIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Ramos León (reg. N° 2682 y causa N° 67322)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución y reenvió las actuaciones al tribunal de origen (jueces Bruzzone y Rimondi).
1. Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal. Dictamen. Control de razonabilidad. Control de legalidad. Víctima. Derecho a ser oído.
“[L]a jurisprudencia de esta sala resulta pacífica en punto a que la posición de la fiscalía es vinculante para los jueces del caso, si supera el correspondiente control negativo de legalidad. En otras palabras, los jueces no pueden apartarse de la posición del MPF, si esta se presenta razonable y adecuada a los hechos de la causa y al derecho de aplicación al caso. Sobre esa base, […] los motivos dados por la acusación para fundar su oposición al beneficio, no lucen razonables ni adecuados como respuesta al caso”.
“Va de suyo que, en vistas al análisis global de la información disponible sobre el caso, la ponderación de la categorización fijada por la OVD hace cuatro años, merecía, cuanto menos, un reexamen. [E]n esas condiciones, el dictamen no puede convalidarse. Es que ya hemos sostenido en numerosas oportunidades que la probation puede constituir una alternativa válida en este tipo de supuestos, verificadas las particulares razones que en cada caso concreto demuestren su viabilidad y pertinencia. El juicio de valor sobre esos extremos siempre debe atender al derecho de la víctima a ser oída.”
2. Suspensión de juicio a prueba. Violencia de género. Derecho a ser oído. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém Do Pará).
“Sobre esa base, se observa que tanto el dictamen de la fiscalía como la decisión que viene impugnada invocan, en forma aislada, la Convención de Belém do Pará como obstáculo insalvable para la procedencia del instituto. Sin embargo, el art. 14 de esa norma señala que ‘nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema’. El art. 8.1 CADH, por su parte, establece que ‘toda persona tiene derecho a ser oida...́ ', que en el caso de la presunta damnificada […], no se agota en las manifestaciones brindadas en el marco de la audiencia prevista en el art. 293 CPPN.
Por el contrario, el goce sustancial de ese derecho requiere que tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como la jurisdicción atiendan a su contenido. Ello no implica que la posición de la presunta damnificada determine la solución a adoptar en el caso, sino que tanto la fiscalía como el tribunal deberán considerarla y, en caso de apartarse de ella, dar una respuesta a esa postura. De esta forma se garantizan sus derechos a ser escuchada, y de acceder a la justicia así como también a su dignidad, en la medida en que no se la instrumentaliza y se la valora como sujeto con autonomía (arts. 33 CN; 8.1, 11 y 25 CADH; 4 inc. e, 6, inc. b y 14 de la Convención de Belém Do Pará)”.
“En síntesis, una armónica aplicación de las diversas normas convencionales en juego en estos supuestos, impone que el Ministerio Público Fiscal llegue a la audiencia del art. 293, CPPN, la que deberá volver a realizarse, con un conocimiento acabado y directo sobre el conflicto, el que más allá de las constancias del caso le debe ser proporcionado por la presunta víctima y, en base a ello, emitir su dictamen en favor o en contra de la concesión del instituto”.
3. Recursos. Responsabilidad del Estado. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“Cuadra apenas agregar, como consideración final, que sostener el rechazo de cara a la posible recursividad que ello traería aparejado, podría culminar con el fenecimiento de la acción penal, como trágicamente ocurriera en el caso ‘Góngora’. Ello importaría contravenir el espíritu mismo que sustentara la posición de la Corte Suprema en aquél precedente, brindando la peor de las respuestas posibles, y conjurando cualquier forma de intervención estatal, que, insistimos, se impone a la luz de los compromisos internacionales asumidos. Aquel riesgo, entonces, no puede ser desatendido al momento de resolver el destino que cabe dar al asunto”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; OPOSICIÓN FISCAL; DICTAMEN; CONTROL DE RAZONABILIDAD; CONTROL DE LEGALIDAD; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO; VIOLENCIA DE GÉNERO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); RECURSOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
CPF I y otros (causa N° 15054)Juzgado Federal en lo Criminal Federal Nro. 1 de Lomas de Zamora
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas De Zamora N° 1 hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el cumplimiento de las "Pautas de procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del COVID­19 por parte de los profesionales de la salud del Servicio Penitenciario Federal" y del "Protocolo de alojamiento de carácter preventivo destinado a la Unidad Residencial de Ingreso". En ese sentido, indicó que debía evitarse el movimiento y realojamiento de detenidos dentro del CPF I y de manera particular hacia sectores del Módulo de Ingreso que contasen con casos de Covid­19 positivos y hasta tanto la situación de contagios se encontrase controlada. Por último, indicó que se debía respetar el período de aislamiento de catorce días de cada interno que ingresase al establecimiento penitenciario, ya fuera desde las alcaidías u otras unidades del SPF (juez Villena).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Tratamiento médico. Traslado de detenidos.
“[A] raíz de la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud ante la propagación del coronavirus (COVID­19) sumado a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en torno a la Declaración de Emergencia Sanitaria (DNU N° 260/20) y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el día 12 de marzo del corriente año […] la Dirección Nacional del SPF conformó el Comité de Crisis para la coordinación de medidas de prevención, control, detección y asistencia en virtud del brote epidemiológico, con el objeto de evitar la propagación del virus en los establecimientos carcelarios federales, elaborándose en consecuencia diferentes guías de actuación y protocolos.
[A]nte la delicada situación que atraviesa el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a raíz de los contagios producidos y su consecuente propagación, resulta necesario verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos de actuación elaborados por el Servicio Penitenciario Federal frente a la pandemia del Covid­19 a fin de evitar que continúe expandiéndose el virus dentro del establecimiento”.
2. Medidas cautelares. Cárceles. Condiciones de detención. Derecho a la salud.
“[C]abe evaluar si se verifican en autos, los extremos de concurrencia de tal especie de cautelares que, dada su esencia, deben ser juzgadas con criterio restrictivo. Así pues, medidas de la índole de la presente sólo deben decretarse cuando, además de la presencia de los recaudos generales de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como un posible daño irreparable, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y finalmente, no verse perjudicado el interés público en juego”.
“En cuanto al primero de ellos, para su configuración, no se requiere la certeza absoluta del derecho invocado sino sólo su apariencia, que lleve al convencimiento de que pueda existir un alto grado de probabilidad de que la sentencia que en definitiva se dicte, produzca el reconocimiento de tales derechos.
En orden al segundo de los recaudos, el peligro en la demora, debe resultar de un juicio de probabilidad de que, dadas las circunstancias que concurran al caso, una eventual sentencia que reconozca los derechos cuya tutela se pretenden, luego de tramitada la acción principal, pueda ser tardía o pueda haberse generado un perjuicio irreparable. Nuevamente no se requiere certeza sino probabilidad razonable de que ello ocurra”.
“Los derechos en cuestión se encuentran estrictamente vinculados a la salud de los detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y la situación vinculada a la propagación del Covid­19, que azota a todo el país e ineludiblemente también a las personas privadas de libertad en dicho establecimiento carcelario”.
“Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones hasta aquí desarrolladas, habiendo evaluado las constancias obrantes en autos, y más allá de la existencia de diversos protocolos destinados a preservar la salud de los detenidos y evitar la propagación masiva del virus, [se entiende] necesario adoptar medidas conducentes para observar el estricto cumplimiento de las [Pautas y el Protocolo] en materia del aislamiento preventivo allí establecido para todo nuevo ingreso al Complejo Penitenciario Federal I; a su vez, [resulta] pertinente que se restrinjan los traslados de internos alojados en las Unidades Residenciales del Complejo Penitenciario Federal I hacia el Módulo de Ingreso”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; TRATAMIENTO MÉDICO; TRASLADO DE DETENIDOS; MEDIDAS CAUTELARES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD;
Molo y Díaz (causa N° 1312)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó la decisión impugnada y dispuso el sobreseimiento de las personas (juezas Denogens y Alcalá).
1. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir la propagación de epidemia.
“[S]i bien la situación epidémica –no pandémica en aquel momento– en los países por los que transitaron las nombradas (España, Francia y Rusia) era de mayor complejidad que en Latinoamérica, dichas naciones aún no habían adoptado medidas preventivas como las que rigen hoy en día a nivel mundial. Lo mismo ocurría en Argentina…”.
“[N]o puede soslayarse el hecho de que, como manifestaron las mismas implicadas en sus respectivas declaraciones indagatorias, en ninguno de los lugares que visitaron les indicaron si debían tener en cuenta reglamentaciones o restricciones en cuanto al avance de la enfermedad. Lo mismo ocurrió –según sus dichos– al regresar a Paraguay y Argentina, de manera tal que no puede sostenerse que su actitud, tanto fuera como dentro de nuestro país, haya sido imprudente”.
“[C]abe tener presente que la Organización Mundial de la Salud determinó como pandemia la aparición del COVID­19 en fecha 11/03/20 al tiempo que el Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional prescribió como ‘zona de riesgo’ a varios países europeos en fecha 12/03/20. Asimismo, el Decreto Nº 297/2020, estableció el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio el 19/03/2020, siendo dichas normativas posteriores a las conductas presumiblemente endilgadas a las encartadas, las que hipotéticamente podríamos situar en el período comprendido entre el 28/02/20 y el 05/03/20”.
2. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir la propagación de epidemia. Ley penal en blanco. Principio de legalidad. Deber de cuidado.
“[S]i bien la figura penal atribuida no encuadra dentro de los denominados tipos penales en blanco, la conducta ‘imprudente’ que la Juzgadora estima habrían cometido [las imputadas], estaría supeditada a las disposiciones antes referidas, las cuales […] fueron posteriores a su accionar, e incluso a la potencial propagación o contagios”.
“[L]a prudencia y mesura que la Instructora parecería exigirles a las imputadas tiene directa relación con las normas dictadas a consecuencia de la pandemia, las que socialmente no podían serle demandadas frente a una coyuntura mundial que en aquel momento era incierta, aun para los expertos. En síntesis, no se puede requerir a una persona un hacer prudente, que las normas (en aquel período histórico) no le reclamaban, incluso cuando los medios de comunicación trataran el tema, ya que tal obligación excedería el marco de lo jurídicamente exigible”.
“Es dable consignar que el obrar imprudente –a diferencia del doloso– consiste en llevar a cabo una acción ‘sin haber’ tomado los recaudos para neutralizar los peligros de dicha acción […], generando un riesgo jurídicamente desaprobado por la inobservancia de un deber de cuidado. Y en tal sentido cabe preguntarse cuáles eran los deberes de cuidado objetivamente exigibles en la época de ocurrencia de las conductas provisoriamente imputadas, ante la ausencia de normas o pautas claras de comportamientos evitables.
[C]abe indicar que al momento de retornar las imputadas de su viaje […] no se habían dictado normas que establecieran parámetros objetivos de comportamiento que sirvan de baremo para establecer si las nombradas incrementaron el riesgo por encima del jurídicamente permitido, existiendo más bien una gran confusión respecto de los comportamientos debidos, sobre los que quizás hoy no existan dudas, pero que en aquel momento presentaba grandes incógnitas”.
EMERGENCIA SANITARIA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; LEY PENAL EN BLANCO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBER DE CUIDADO;
Mora Amaro (causa N° 24880)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 19 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19, de manera unipersonal, extinguió la acción penal y sobreseyó a las personas imputadas (juez Paduczak).
1. Conciliación. Reparación. Víctima.
“[C]orresponde tener especial consideración sobre dos cuestiones insoslayables para la aplicación del instituto que se analiza: por un lado, la opinión favorable de la víctima, y por el otro, la entidad del delito endilgado a los imputados -de contenido patrimonial cometido sin grave violencia sobre las personas-. La concurrencia de estas dos circunstancias permitieron hacer lugar al acuerdo conciliatorio”.
2. Conciliación. Código Procesal Penal. Vigencia de la ley.
“Consecuentemente, teniendo en cuenta los principios rectores propugnados por el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, existiendo un acuerdo conciliatorio entre los imputados y la víctima respecto del hecho calificado como hurto agravado por haber sido cometido con escalamiento en grado de tentativa, en los términos del artículo 34 de dicho cuerpo normativo, y habiendo cumplido los imputados con el depósito de la suma de dos mil pesos en el plazo establecido durante la audiencia, corresponde proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal y artículos 334 y 336 inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación”.
CONCILIACIÓN; REPARACIÓN; VICTIMA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; VIGENCIA DE LA LEY;
Oliva (causa N°  9963)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).

Dictamen de la Procuración General de la Nación (procurador Casal)
1. Conciliación. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley.
“Es sabido que las sentencias de la Corte deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan, aunque hayan sobrevenido a la interposición del recurso extraordinario, como ocurre cuando en el transcurso del proceso son dictadas nuevas normas sobre la materia objeto del litigio que reclaman aplicación inmediata […]. En consecuencia, es pertinente señalar que por resolución 2/2019 del 13 de noviembre pasado (B.O. 19/11/2019) la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal decidió implementar, a partir del tercer día hábil de la publicación de la norma y en el ámbito de la justicia federal y nacional en lo penal, el artículo 34 del nuevo código de forma, referido a la conciliación entre el imputado y la víctima”.
“Con el mencionado cambio legislativo, lo resuelto en esta causa ya no puede mantenerse por sus fundamentos, razón por la cual […] V.E. debe dejar sin efecto el pronunciamiento apelado y ordenar el dictado de uno nuevo con arreglo a la normativa vigente”.
CONCILIACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY;
Dirección Legal y Contencioso Penal de la PPN (causa N° 30739)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso y confirmó la decisión impugnada (jueces Huarte Petite y Jantus).
1. Cárceles. Hábeas corpus. Emergencia sanitaria. Competencia.
“[E]l agravio no podrá prosperar, centralmente, toda vez que omite toda consideración a los argumentos vertidos por la decisión de los jueces de la anterior instancia; en efecto, más allá de señalar que la clase de internos aquí representados se encontraría comprendida dentro de aquella mayor a cuyo favor se interpuso la acción en el ámbito de la Ciudad, ningún argumento se ofrece para rebatir la consideración —puntual y específica— de los magistrados del a quo relativa a que la situación de esta clase particular de detenidos no fue abordada allí con exhaustividad y que no puede quedar supeditada al plazo de resolución establecido en la otra acción existente a partir de la mesa de diálogo, y presenta una urgencia particular.
[L]a alegación de que lo aquí decidido podría generar una ‘colisión o impacto’ en la otra acción o ‘decisiones contradictorias’ […] carece por completo de fundamentación y se presenta como un agravio meramente conjetural; así, al mencionar la posible colisión o impacto, el recurrente no le otorga a esa proposición ningún apoyo adicional que permita comprender de qué modo concreto ello podría ser y, por otro lado, la referencia a decisiones en sentido contrario es, al día de hoy, un perjuicio potencial”.
2. Cárceles. Emergencia sanitaria. Hacinamiento. Tratamiento médico.
“[L]a crítica no toma a su cargo aquello efectivamente decidido por los jueces de la anterior instancia quienes, específicamente, establecieron en su decisión que ‘los internos deberán ser examinados por profesionales de la salud con especialidad en enfermedades infectocontagiosas para determinar que estadio de la enfermedad transitan […] para poder implementar el debido tratamiento que se aplicará a cada uno de ellos y, de ese modo, de ser posible derivarlos a la unidad 21 u otras que tengan infraestructura adecuada de manera inmediata’, de modo que solo una lectura fragmentaria de la sentencia podría dar lugar a esa comprensión y, en consecuencia, a ese agravio”.
“Corresponde señalar aquí, una vez más, que la argumentación presentada por el impugnante, por un lado, encierra agravios meramente conjeturales, como aquellos vinculados con los posibles efectos colaterales, máxime cuando no precisa la ocurrencia de ninguno de ellos; por otra parte, la afirmación de que el traslado de detenidos fuera del área metropolitana resultaría contrario al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y favorecería la propagación del virus, no se encuentra respaldada por una fundamentación que permita advertir de qué modo ello podría ser así, cuando, como es evidente, se tratan de personas privadas de su libertad, a disposición de organismos estatales que deberán tomar los recaudos para su tratamiento en lugares aislados, como la resolución cuestionada correctamente señala”.
CÁRCELES; HÁBEAS CORPUS; EMERGENCIA SANITARIA; COMPETENCIA; HACINAMIENTO; TRATAMIENTO MÉDICO;
ALCE (causa N° 30859)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia (jueces Tripoli, Converset y Díaz Solimine).
Violencia de género. Perspectiva de género. Apreciación de la prueba. Testimonios.
“[L]a denominada `violencia doméstica´ o de `género´ es considerada uno de los mayores problemas de derechos humanos para la comunidad internacional. Este tipo de violencia es causa de un importante índice de muertes y lesiones de naturaleza física, psicológica y sexual, que afecta a todas las clases sociales, culturales y económicas, y a personas de cualquier edad; razón más que suficiente para que aquella sea abordada como una `violación de los derechos humanos´ y de las `libertades individuales´, en la medida en la cual ella, cercena la igualdad, la seguridad, la dignidad y la autoestima de quienes la padecen, en su mayoría mujeres [...].
Sólo si se entiende que la violencia contra la mujer es un supuesto de discriminación en razón de su género y que ésta se encuentra específicamente reprobada a nivel internacional se podrá comprender por qué dicha violencia es una cuestión de derechos humanos y, por ende, la necesidad de un abordaje integral a través de la acción positiva por parte de los Estados”.
“La necesidad de enfocar el análisis de casos de violencia contra la mujer desde la `lente´ de los derechos humanos, influye necesariamente en la apreciación y valoración de la prueba. En esta dirección, se ha explicado que en los procesos judiciales vinculados con esta problemática, la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que sólo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por tal razón, que en estos supuestos, resulta fundamental el testimonio de la víctima, siempre que se efectúe con las debidas garantías de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la denunciante.
Ese relato de la denunciante, puede ser reforzado […] con otros elementos probatorios de carácter objetivo, corroborantes o periféricos, como por ejemplo: a) testimonios de profesionales pertenecientes a los equipos interdisciplinarios, que toman intervención con respecto a tal situación de `violencia doméstica´ y que tienen contacto directo con la damnificada desde el inicio del conflicto, que valoran la seriedad de dicha exposición con herramientas coadyuvantes a la actuación judicial y que realizan los informes técnicos de la `evaluación del riesgo´ del conflicto existente entre la víctima y el agresor; y/o b) el testimonio de testigos de referencia, que, independientemente de que observen o no el hecho puntual por el que se sustancia el conflicto, puedan dar datos o referirse a situaciones concomitantes que permitan conferirle un mayor valor de convicción al relato de la víctima […].
Lo anterior no sugiere que quien deba dictar sentencia libremente juzgue sin prueba o absuelva sin analizarlas. Implica que razonadamente, con la amplitud probatoria que autoriza la normativa vigente en materia de acreditación de hechos de violencia contra las mujeres (art. 31 de la ley 26.485) y bajo las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial); analice el conjunto de la prueba producida”.
“[E]l sobreseimiento definitivo dictado en sede penal no tiene efectos de cosa juzgada en sede civil, dada la diferente naturaleza que tiene la sentencia dictada al término de un procedimiento regular y completo en que ha intervenido o podido intervenir el titular de la acción civil y un auto pronunciado sobre el sumario criminal en el que el damnificado ha carecido de posibilidades de defender su derecho”.
“[A]un cuando sobre los hechos invocados por la actora no pudiere recaer una sentencia penal condenatoria, lo cierto es que en materia de derecho civil, los supuestos de violencia de género, sean conductas, actos u omisiones, no importarán la creación de nuevos tipos penales ni modificación o derogación de los vigentes (art. 41, ley 26485), por lo que perfectamente podría verificarse un supuesto en esta norma contemplado que no caiga dentro de los tipos penales existentes y por ello la valoración de si el imputado ha cometido o no un delito o cuasidelito civil…”.
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad civil. Deber de no dañar.
“[L]a responsabilidad civil exige la ocurrencia de cuatro presupuestos: 1) un hecho antijurídico o contrario a Derecho; 2) que provoque un daño; 3) la conexión causal entre aquel hecho y el perjuicio; y la 4) existencia de un factor de atribución subjetivo u objetivo que la ley considere idóneo para sindicar en cada caso quien habrá de resultar responsable.
Correlativamente, la exención de responsabilidad exige la negación o destrucción de alguno de los aludidos presupuestos; la no autoría por ausencia de relación de causalidad entre el hecho y el perjuicio; la inimputabilidad del autor del daño; la existencia de una causa de justificación del obrar aparentemente antijurídico; u obviamente la inexistencia del perjuicio”.
Prueba. Apreciación de la prueba. Perspectiva de género
“[E]n su artículo 16, inciso i), la ley 26.485 dispone que en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de los ya reconocidos, se le garantizará a la mujer el derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. En sentido concordante, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI o CEVI), responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención en los Estado Parte ha recomendado, en el marco de la alegación de legítima defensa en un contexto de violencia contra la mujer, la adopción de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado para otro grupo de casos, en lo que aquí interesa, entender que la declaración de la víctima es crucial, y que la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados y tampoco la falta de señales físicas implica que no se ha producido la violencia…”.
“El hecho que la Sra. Juez de instrucción no le haya dado crédito al relato de [E] a fin de tener por acreditado que [A] le profirió frases amenazantes, no alcanza para desplazar la certeza acerca de la ocurrencia de un episodio de violencia lo suficientemente importante, que incluso llegó a la agresión física, aunque no califique como delito del derecho criminal. En efecto, tal como concluye la sentencia de grado apelada, la conducta del demandado para con su ex pareja constituyó un acto de violencia según lo establecido por los artículos 1° y 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer –`Convención de Belém do Pará´ (1994), aprobada por Argentina por la ley 24.632 de 1996 y los artículos 5° incisos 1) y 2) y art. 6º inc. a) de la ley 26.485”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Incapacidad sobreviniente. Daño material. Deber de no dañar.
“[E]l resarcimiento por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de la personalidad de la víctima, o sea, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc…”.
“[E]sta partida –que supone necesariamente la existencia de secuelas físicas o psíquicas de carácter permanente o irreversible– comprende, con excepción del daño moral, todos los su-puestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica, es decir, todas las consecuencias que afecten la personalidad íntegramente considerada.
Para fijar la cuantía de este renglón, debe tomarse en cuenta la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia según la cual el derecho a la reparación del daño injustamente experimentado tiene jerarquía constitucional, toda vez que el neminem laedere, reconoce su fuente en el art. 19 de la Constitución Nacional. De éste se infiere el derecho a no ser dañado y, en su caso, a obtener una indemnización justa y plena”.
“En efecto, aun cuando la utilización de cálculos matemáticos o tablas actuariales surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad al sistema y, por ende, tienden a reflejar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado […], existen otra serie de elementos que complementan este método y que permiten al juez mayor flexibilidad para fijar el monto del daño atendiendo a pautas que, aunque concretas, reclaman ser interpretadas en cada caso. Se trata, en definitiva, de las denominadas particularidades de cada situación específica que, en muchísimos casos, no son susceptibles de ser encapsuladas dentro de fórmulas ni pueden ser mensuradas dentro de rígidos esquemas aritméticos”.
“[D]ebe tenerse presente que dentro del concepto de incapacidad sobreviniente se incluye cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva de la víctima como aquella que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad. La reparación comprende no sólo el aspecto laborativo de la damnificada, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral.
“El daño moral ha sido definido como aquel perjuicio que se manifiesta a través de los padecimientos, molestias y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima, lo que demuestra el intento de resarcir aspectos propios de la órbita extrapatrimonial del damnificado. Para su procedencia la ley no requiere prueba de su existencia ya que se acredita ante el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho en cabeza del reclamante.
Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas”.
VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIOLENCIA DE GÉNERO; DERECHOS HUMANOS; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VICTIMA; SOBRESEIMIENTO; PROCESO CIVIL; RESPONSABILIDAD CIVIL; INDICIOS; INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; INDEMNIZACIÓN; PERJUICIO PATRIMONIAL; DAÑO PATRIMONIAL INDIRECTO; REPARACIÓN; DAÑO MORAL; PRUEBA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; TESTIMONIOS; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; DEBER DE NO DAÑAR; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; DAÑO MATERIAL; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES;
San Martín (reg. Nº 1500 y causa Nº 20290)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
1. Ministerio Público Fiscal. Dictamen. Principio Acusatorio.
“[T]eniendo en cuenta lo dictaminado por el señor Fiscal General ante esta instancia, […] corresponde hacer extensiva al ámbito recursivo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la falta de acusación (cfr. ‘García’, Fallos 317:2043, ‘Tarifeño’, Fallos 325:2019 y ‘Cattonar’, Fallos 318:1234), pues si la posición acusatoria y valorativa de la prueba del juicio asegura el contradictorio y habilita la potestad de juzgar, de la misma manera debe interpretarse que si el Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y el Fiscal General ante esta Cámara –en tanto superiores jerárquicos del Fiscal de Instrucción- declinan la pretensión acusatoria (en este caso consideran nulo el procedimiento que dio origen a las actuaciones y todo lo obrado en consecuencia) allanándose a la pretensión de la defensa, el juzgador en la etapa recursiva no puede suplantarlo en su rol sin romper el juego de equilibrio entre las partes […].
[L]as formas sustanciales del juicio requieren de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal, en respeto de la garantía de debido proceso legal (art. 18 C.N.)”.
“En tal contexto, se advierte que en el presente caso no se verificó controversia entre lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y lo solicitado por la asistencia técnica [del imputado] respecto de la declaración de nulidad del procedimiento de detención y requisa promovido en el marco del recurso de apelación de la defensa. Nótese, además, que al momento de dictaminar ante esta instancia, el señor Fiscal General tuvo en consideración los actuales elementos que obran en la causa.
Tal proceder se condice con la teoría de los recursos, según la cual es ineludible el principio que ordena que éstos sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición […]. [L]a ausencia de contradictorio entre la defensa y el dictamen, con fundamentos, del representante del Ministerio Público Fiscal impide, como en este caso, la convalidación del fallo impugnado”.
“A la luz de lo expuesto y dado que el señor Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con fundamentos suficientes para dar por cumplido en el caso el requisito de razonabilidad […] ha retirado la acusación realizada por el señor Fiscal de Instrucción, y que el […] representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, compartió los argumentos expuestos por el señor fiscal de la instancia anterior y postuló, también con fundamentos suficientes, que se haga lugar al recurso de casación interpuesto y se declare la nulidad del procedimiento por el cual se diera inicio a las actuaciones y de todo lo obrado en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto”.
2. Procedimiento policial. Requisa. Nulidad. Unidad de actuación del Ministerio Público.
“En este escenario, entonces, el ‘a quo’ se apartó de la fundada postura presentada tanto por la defensa como por el Ministerio Público Fiscal sin argumentos que autoricen a evaluar que el rechazo de la nulidad del procedimiento invocada por las partes resulte un acto jurisdiccional válido, en tanto desoyó el tratamiento de los sustanciales y específicos motivos por los que las partes concluyeron que el procedimiento que dio inicio a este proceso es nulo a la luz de las normas que rigen la cuestión, en adecuado resguardo de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 18 de la C.N.
En tal sentido, se presenta razonable la argumentación del Fiscal General ante esta instancia toda vez que, en definitiva, sostiene que los nuevos testimonios de los preventores a los que se refiere el tribunal de a quo resultarían impertinentes a los fines de definir la cuestión de que se trata por cuanto, como lo señala el acusador público, de las constancias ya obrantes en el proceso surgirían específicamente cuáles serían los motivos que, en su momento, llevaron al personal policial a efectuar el procedimiento que se cuestiona, y que no fueron otros más que el hecho de que el imputado se encontraba saliendo de una galería […] de esta ciudad, en el que se venderían diversos objetos –como aparatos de telefonía de presunta procedencia ilícita, entre otros objetos-.
De manera que el sustento en el que se apoya la necesidad de continuar el proceso como motivo del rechazo de la nulidad pretendida: la necesidad de recabar testimonios relativos a aspectos que ya obran en el presente proceso, y que ya fueron valorados oportunamente por los acusadores públicos […], se define como no pertinente en relación a la concreta cuestión de que se trata. Esta postura resulta congruente, además, con el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, y encuentra sustento en razones constitucionales, así como en la defensa del interés público (art. 120 de la C.N y arts. 1 y 25 y 28 de la ley 24.946)”.
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; DICTAMEN; PRINCIPIO ACUSATORIO; PROCEDIMIENTO POLICIAL; REQUISA; NULIDAD; UNIDAD DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO;
Félix (reg. Nº 2547 y causa Nº 78410)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia impugnada  y remitió las actuaciones al tribunal de origen (jueces Días y Morin).
1. Suspensión del juicio a prueba. Género. Reparación. Oposición fiscal. Deber de fundamentación.
“[E]l juez a quo fundó correctamente por qué correspondía conceder la suspensión del juicio a prueba del imputado. En particular, indicó que en caso de ser condenado la pena que le podría recaer en estas actuaciones podrá ser dejada en suspenso, que si bien en uno de los hechos la víctima fue una mujer, el suceso que se detalló en el requerimiento de elevación a juicio ‘no puede ser asimilado al que dio lugar al dictado del (...) fallo `Góngora´’ y que la suma ofrecida en concepto de reparación del supuesto daño causado lucía razonable con relación a su situación económica, máxime cuando el hecho no habría revestido mayor gravedad”.  
“En este contexto, se observa que el impugnante no rebate suficientemente lo señalado ni demuestra que el criterio adoptado por el magistrado haya valorado erróneamente las constancias de la causa o que haya incurrido en una errónea interpretación de las normas que regulan la suspensión del juicio a prueba”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; GÉNERO; REPARACIÓN; OPOSICIÓN FISCAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN;
Pérez (causa N° 31000615)Cámara Federal de Casación Penal, Sala III
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación y concedió la prisión domiciliaria (jueces Gemignani y Riggi).
1. Delitos de lesa humanidad. Adultos mayores. Prisión domiciliaria. Tratados internacionales.
“[E]n pleno entendimiento de los valores en pugna, en causas como la que nos ocupa, resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ello no significa desconocer la gravedad de los hechos que se han ventilado en autos y la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena que les fuere eventualmente impuesta […] sino, por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor.
En efecto, dicha obligación internacionalmente asumida por la Argentina no implica sortear los principios y garantías constitucionales inherentes a un debido proceso, pues ello conllevaría al quiebre del Estado de Derecho. Sino, por el contrario, aquélla requiere […] un análisis racional de los derechos y garantías involucrados, principalmente, los derechos humanos que asisten a las personas adultas mayores, no obstante se encuentren sometidos a proceso penal o ya habiendo sido declarados responsables por algún delito, incluso, si fueran condenados por hechos calificados como de lesa humanidad, atendiendo no sólo a la normativa constitucional sino, además, a los estándares y obligaciones internacionalmente asumidos acerca de la vejez.
Ello, pues […], aquellas obligaciones no pueden jamás conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado o una interpretación diferente y más perjudicial a los intereses del encausado a la legalmente establecida. Lo contrario implicaría la violación a los principios constitucionales de legalidad formal, máxima taxatividad interpretativa, in dubio pro reo y pro homine, entre muchos otros. En síntesis, no debe sólo focalizarse en aquella obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino, concerniente en la investigación y sanción de los responsables en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, ya que deben considerarse el resto de los derechos que se encuentran en juego en situaciones como la que nos ocupa, tales como los especiales derechos humanos reconocidos internacionalmente a las personas adultas mayores […].
En definitiva, no deben perderse de vista los especiales derechos reconocidos por aquel tratado internacional a las personas adultas mayores y al cual el Estado argentino decidió ser parte, en el entendimiento de que la vejez […] debe transitarse en pleno ejercicio (y vigencia) de los derechos humanos reconocidos a todos sus habitantes, en respeto a los principios esenciales emanados del derecho internacional de los derechos humanos, esto es, la dignidad e igualdad de las personas.
Asimismo, teniendo presente que la Argentina se obligó frente a la comunidad interamericana a adoptar su legislación a los estándares internacionales, garantizar el ejercicio de los derechos humanos a todos sus habitantes y, en caso de incumplir con lo anterior, responder ante el órgano jurisdiccional -Corte Interamericana de Derechos Humanos- cuya competencia reconoció y aceptó […], cobra virtualidad lo establecido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, […] en cuanto señala que ‘persona mayor’ es ‘Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor’; toda vez que tanto el artículo 10 del Código Penal, como el artículo 32 de la ley 24.660 -ambos en su inciso d)- establecen el arresto domiciliario por cuestión etaria a partir de los 70 años de edad del interno. Por último, […] resulta necesario recordar que, no estando prevista legalmente ninguna otra exigencia más allá del cumplimiento del requisito etario, se impone que, para cobrar validez jurídica las decisiones de los tribunales acerca de la cuestión bajo estudio, sólo deben evaluarse y fijarse las condiciones a las que de hecho quedará supeditado el arresto domiciliario a fin de garantizar un real y efectivo control jurisdiccional…”.
2. Prisión domiciliaria. Adultos mayores. Derecho a la salud. Emergencia sanitaria.
“Huelga señalar que, la prisión domiciliaria no deja de ser una forma de encarcelamiento. Cierto es […] que se trata de una modalidad menos gravosa de encierro que la detención en un presidio, mas también debe convenirse que esa característica no la priva o despoja de su naturaleza de institución de neto corte prisionizante. Efectivamente, el arresto domiciliario es un mecanismo mediante el cual se altera el sitio habitual donde una persona cumple la privación de la libertad (un establecimiento penitenciario), por otro, en concreto un domicilio. Sintetizando, la detención domiciliaria se trata de un instituto que sólo dispensa a la persona en conflicto con la ley penal a cumplir la detención en una cárcel común”.
“[L]a normativa doméstica es clara y no acepta otra inteligencia que aquella que sostiene que la satisfacción de la edad fijada hace nacer el derecho a cumplir la privación de la libertad extramuros. En efecto, el reclamo de concurrencia de una suerte de salud deteriorada o terminal u otro tipo de circunstancia no surge del ordenamiento jurídico interno como un requisito sine qua non para la concesión del instituto […]. [Se] encuentran presentes –también- razones humanitarias que fundamentan el instituto examinado, atento el cuadro de salud que atraviesa el encartado, diagnosticado con Covid 19 positivo”.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD; ADULTOS MAYORES; PRISIÓN DOMICILIARIA; TRATADOS INTERNACIONALES; DERECHO A LA SALUD; EMERGENCIA SANITARIA;
Gonzalez (causa N° 3497)Juzgado Federal de Río Grande.
El Juzgado Federal de Río Grande desestimó las actuaciones (juez Borruto).

1. Emergencia sanitaria. Decreto de necesidad y urgencia. Protesta. Circulación territorial. Servicios públicos. Gas. Tipicidad. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia.
“Si bien es cierto que frente a la delicada situación que nos encontramos atravesando por la actual pandemia covid-19, el Poder Ejecutivo Nacional se ha visto en la necesidad de dictar medidas a fin de restringir la circulación de las personas con el fin de evitar la propagación del virus, no debemos perder de vista que el reclamo llevado adelante […] tenía por objeto satisfacer una necesidad tan básica y esencial como es la provisión de gas, máxime en un provincia como la nuestra en donde las condiciones climáticas extremas hacen imposible la subsistencia sin este tipo de bien esencial.
Considerar la conducta llevada adelante […] como contraria a las disposiciones tanto nacionales como provinciales dictadas en torno a la pandemia que atravesamos, no sería acorde a la intención perseguida por dichos decretos, los cuales […] tienen por fin último y primordial, el cuidado de la salud y vida de toda la población”.
[R]esulta clara la atipicidad de la conducta ya que este se encontraba autorizado a circular en virtud del decreto mencionado. Tampoco puedo pasar por alto que al momento en que se realizaron las comunicaciones pertinentes con esta judicatura dando cuenta de la situación […] este tribunal y teniendo en consideración el objeto del reclamo, había dado órdenes expresas al personal actuante de NO INICIAR CAUSA POR DNU, y establecer comunicación con la secretaria de Desarrollo Social con el fin de dar una solución al reclamo; pero no obstante y pese a ello, el personal procedió a la lectura de Derechos y Garantías”.
“[E]n miras a resolver la situación procesal del ciudadano […], y considerando que la conducta de este no encuadra dentro de las previsiones que puedan ser consideradas violatorias de la normativa de emergencia dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, lo cual la hace atípica; sumado a que desde este tribunal se ordenó expresamente no iniciar causa por violación al DNU al personal policial actuante, es que [se deja] sin efecto la notificación de derechos y garantías realizada por el personal policial [y se procede] a desestimar las presentes actuaciones por inexistencia de delito –Artículo 180 del C.P.P.N.–”.
EMERGENCIA SANITARIA; DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA; PROTESTA; CIRCULACIÓN TERRITORIAL; SERVICIOS PÚBLICOS; GAS; TIPICIDAD; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA;
Garibay (causa N° 26694)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 hizo lugar a la excarcelación (juez Valle).
1. Prisión preventiva. Excarcelación. Libertad condicional.
“Sumados los parciales, computa diez meses y siete días, por lo que satisface la exigencia temporal que reclama la […] norma, es decir, el cumplimiento de ocho meses de prisión para los supuestos de condenas de tres años o menos de esa especie de pena como es el caso de autos (cfr. art. 13, primer párrafo, del Código Penal).
[P]or otra, se ha satisfecho el segundo requisito legal, por lo que puede adelantarse que la soltura del nombrado resultará procedente. Ello encuentra sustento en que, tal como informara la División de Servicio Criminológico del Complejo Penitenciario Federal II, debido al corto período desde que […] ingresó a esa unidad […] no registra calificación de conducta, ya que sería calificado en el mes de septiembre próximo, informándose que no posee sanciones disciplinarias”.
PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; LIBERTAD CONDICIONAL;
Bajaneta (reg. N° 2523 y causa N° 26310)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró parcialmente inadmisible la impugnación con relación al agravio vinculado a la agravante del artículo 80, inciso 1°, CP (Magariños, Huarte Petite y Jantus). Por otro lado, por mayoría, excluyó la aplicación al caso de la agravante del inciso 2° del artículo 80 CP y estableció que el hecho era constitutivo del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra una mujer y mediando violencia de género, y contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja (jueces Magariños y Huarte Petite).
1. Homicidio. Agravantes. Pareja. Tipicidad. Unión convivencial. Víctima. Vulnerabilidad.
“[P]ara sostener que el mayor disvalor de la conducta de homicidio, cuando recae sobre una persona con la que el autor mantiene o ha mantenido una relación de pareja, no depende de que entre ellos medie o haya mediado convivencia. [E]sa conclusión se torna evidente si se analizan los antecedentes parlamentarios de la ley que luego fue sancionada bajo el n° 26.791, pues allí se observa, sin margen para la duda, que la voluntad del legislador penal fue la de comprender, en el marco de la calificante, a aquellas parejas entre las que no existiese, ni hubiese existido, convivencia” (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
“[E]n la voluntad del legislador no se concibió a la convivencia como requisito para la aplicación de la agravante, razón por la cual, al interpretar el sentido de la regla penal, no es acertado recurrir a una institución del derecho privado que, entre sus requisitos constitutivos, establece como ineludible a la convivencia” (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
“[A]quello que justifica la agravante bajo análisis radica en que la existencia, previa o actual, de una relación de pareja, le proporciona una mayor eficiencia a la comisión del comportamiento prohibido, en tanto supone una cierta vulnerabilidad de la víctima como consecuencia de estar o haber estado inmersa en una ‘relación de pareja’ junto al autor, y esto es, precisamente, aquello que consideró el tribunal oral al momento de aplicar esta figura.
Sobre ese marco, más allá de afirmarlo dogmáticamente, la defensa no explica por qué razones, para concluir que esa exigencia no se configuró en el caso, sería relevante tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la finalización de ese vínculo y la comisión del hecho, pues resulta evidente que aquella razón determinante del encuentro en el cual tuvo lugar el episodio fue, precisamente, la existencia previa de una relación de pareja entre el acusado y la víctima” (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
2. Homicidio. Agravantes. Pareja. Unión convivencial. Tipicidad. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[L]as razones del establecimiento de dicha calificante radican en los deberes de asistencia, respeto y cuidado que se deben mutuamente los integrantes de las parejas, que se ven vulnerados en supuestos como el de autos. [L]a necesidad de incorporar a cualquier relación de pareja en el tipo de marras obedece a que dichos deberes existen al margen de la forma de constitución del vínculo, y aun contemplando aquellas relaciones finalizadas. […] Esto es, se atendió al vínculo originado en el parentesco por consanguinidad y el matrimonio, así como también las uniones de hecho y las parejas o noviazgos, incluyendo las relaciones vigentes o finalizadas, y se remarcó que no es necesario, como requisito, la convivencia.
En efecto, la razonable valoración probatoria efectuada […] permitió concluir motivadamente que [el imputado] había mantenido una relación de pareja con la víctima en los términos aquí propuestos, lo cual fue demostrado por los testigos que acudieron al debate y narraron que aquél mantuvo con la víctima una relación de noviazgo público y continuo durante tres años y que se extendió hacia el resto de la familia y círculo de amigos, incluso luego de finalizado ese vínculo.
Dentro de tal contexto fáctico, es claro que el imputado violó los deberes de respeto que, más allá de la finalización de la convivencia, todavía debía observar en relación a la damnificada” (voto del juez Huarte Petite).
HOMICIDIO; AGRAVANTES; PAREJA; TIPICIDAD; UNIÓN CONVIVENCIAL; VICTIMA; VULNERABILIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Gonzalez (Causa n°2204)Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora declaró la inconstitucionalidad del inciso 10 de la segunda parte del artículo 14 Código Penal de la Nación y su inaplicabilidad en el caso (juez Conti).
1. Principio de reinserción social. Progresividad de la pena. Libertad condicional.
“[L]os instrumentos internacionales que a partir del año 1994 fueron incorporados a nuestro derecho interno y dotados de jerarquía constitucional por decisión de los constituyentes […], contemplan expresamente a la resocialización como finalidad esencial de la pena privativa de libertad”.
“[E]sas mismas directrices fueron receptadas tanto por la Ley Nacional como por la Ley Provincial de Ejecución Penal…”.
“[Ambas leyes] […] se caracterizan por regular un régimen penitenciario basado en el tratamiento progresivo e individualizado […], que importa el avance del interno por las distintas etapas de la ejecución de la pena –entre éstas la libertad condicional-, considerándose para ello sus potencialidades y evolución y que […] tenga por propósito fundamental el fin preventivo especial positivo enunciado”.
“[E]l sistema de progresividad durante la ejecución de la pena, además de ser la modalidad tradicionalmente receptada por la legislación local, también tiene su génesis en el art. 18 de la Constitución Nacional”.
2. Libertad condicional. Principio de reinserción social.
“[L]a libertad condicional […], es el instituto central y característico de este tipo de regímenes progresivos de ejecución de la pena y, asimismo, constituye la herramienta fundamental y elegida por el legislador para alcanzar la enunciada finalidad de reinserción social de la pena privativa de la libertad.
A través de esta instancia liberatoria, además de garantizarse la mitigación de los efectos desocializadores del encarcelamiento, se favorece la adecuada incorporación del condenado al medio social libre, permitiéndole recuperar los vínculos familiares, sociales y laborales durante esta etapa previa al agotamiento de la sanción que fuera impuesta y, en simultáneo, se ponen a prueba los resultados del tratamiento progresivo brindado otorgándole al Estado la oportunidad de evaluar si la persona ha logrado su correcta readaptación social”.
3. Libertad condicional. Ejecución de la pena. Reforma legal. Declaración de inconstitucionalidad.
“[S]i los fines constitucionalmente proclamados de la pena privativa de la libertad y el sistema progresivo […] solo pueden materializarse en la medida que se otorgue al condenado la posibilidad de obtener su libertad condicional de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos que preceden, la prohibición incorporada al art. 14 apartado 10 del Código Penal de la Nación por la ley 27.375 no logra sortear el tamiz de constitucionalidad”.
“[L]a solución propuesta por la norma, en tanto veda a las personas condenadas por los delitos comprendidos en los arts. 5, 6 y 7 de la de la ley 23.737 la posibilidad de obtener la libertad condicional, obstaculiza la adecuada resocialización y el tránsito progresivo durante la ejecución de la pena, aspectos que […] tienen raigambre constitucional, obligando al sujeto a cumplir la totalidad de la pena en el encierro en detrimento de los derechos que lo asisten sin fundamento alguno.
De esta manera se genera de hecho un régimen mucho más gravoso que aquel previsto por la ley fundamental sobre un colectivo de personas por la sola circunstancia de la calificación legal del delito cometido, que no solamente obstaculiza la posibilidad de flexibilizar el tratamiento, sino esencialmente, provoca la neutralización o inocuización del condenado al apartarlo del medio social libre más allá de los límites previstos normativamente, distorsionando notoria y arbitrariamente los fines de la pena perseguidos”.
“[C]ercenar cualquier posibilidad de acceder al instituto liberatorio aludido de antemano, también incide directamente sobre la cotidianeidad de la vida intramuros, ya que echa por tierra los esfuerzos personales del interno, su evolución en el tratamiento, su desenvolvimiento, o la calificación sobre el concepto y la conducta de la que sea merecedor, aspectos que siquiera pueden ser capitalizados por el sujeto para alcanzar avances durante el régimen progresivo que incluyan el mencionado período de soltura del que está privado”.
4. Ejecución de la pena. Reforma legal. Ley de Estupefacientes. Declaración de inconstitucionalidad. Razonabilidad. Principio de proporcionalidad. Igualdad.
“[L]a introducción realizada por la ley 27.375 sobre el código de fondo, resulta violatoria del principio de igualdad ante la ley […], ya que regula en casos análogos un tratamiento desigual sin una justificación racional sino por la sola naturaleza del delito cometido, generando sistema diferenciado de ejecución de la pena privativa de libertad incompatible con el diseño constitucional reseñado precedentemente, de donde surge claramente que debe regirse por un sistema progresivo en miras de la adecuada readaptación social del individuo”.
“[L]a norma discutida no guarda razonabilidad con el sistema de ejecución de la pena, en tanto viola los fines resocializadores y el tratamiento progresivo que el propio ordenamiento jurídico prevé por la sola naturaleza del delito cometido, y aquella distinción resulta arbitraria ya que no tiene fundamento razonable que justifique el apartamiento de los fines constitucionales aludidos”.
“[N]o surge de los antecedentes parlamentarios de la ley 27.375 cuáles fueron los fundamentos que abrieron paso a la incorporación discriminatoria y arbitraria de un catálogo de delitos de la más variada naturaleza, de distinta afectación a los bienes jurídicos, para que operen en todos los casos por su sola calificación como impedimento para la procedencia del instituto liberatorio que el art. 13 del Código Penal consagra. Tampoco se observa del debate congresista, en lo que respecta a la incorporación de los delitos de narcomenudeo, que hayan sido expresados de manera suficiente los motivos que impulsaron al legislador a determinar que quienes hayan cometido este tipo de delitos no puedan acceder a la libertad anticipada”.
“Su incorporación […] configura también una respuesta absolutamente desproporcionada al injusto cometido, contrariando otros principios constitucionales como aquél que se deriva del art. 19 de la Constitución Nacional”.
“[D]ebe señalarse que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ratificada por el Estado argentino […], no excluye la concesión de la libertad condicional en los casos de condenas basadas en los delitos que ella estipula, sino que contempla la posibilidad de que la autoridad judicial evalúe al momento de decidir sobre la procedencia de ese instituto la gravedad del delito cometido […] o la concurrencia de alguna de las circunstancias agravantes previstas por de ese mismo cuerpo normativo […], extremos que no se han verificado en la conducta reprochada…”.
DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; EJECUCIÓN DE LA PENA; IGUALDAD; LEY DE ESTUPEFACIENTES; LIBERTAD CONDICIONAL; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; RAZONABILIDAD; REFORMA LEGAL;
Lezcano (causa Nº 1646)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 concedió la excarcelación al imputado (jueces Grünberg, Basilico y Michilini).
1. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Libertad condicional. Reforma legal. Interpretación de la ley. Estímulo educativo.
“[E]n primer lugar, si bien es cierto que la ley 26.695 al modificar la normativa vigente sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad en cuanto a los términos a partir de los cuales los detenidos pueden acceder a las distintas fases y períodos del régimen de progresividad, no tuvo en cuenta que el art. 28, primer párrafo, de la ley 24.660 al tratar el período de libertad condicional, hace expresa referencia al plazo establecido por el art. 13 del C. P., sin que alguna de esas dos normas hubiera sido reformada para tener en cuenta expresamente estas alternativas, lo cierto es que la exégesis propuesta por la Fiscalía General torna inaplicable la intención del legislador al crear estos estímulos educativos, cual es la de obtener una mejoría en los resultados académicos, incentivándolos con la reducción de tiempos prevista en el art. 140 de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad […].
En esta inteligencia, el Tribunal colige que, no debiéndose suponer la inconsecuencia del legislador […] debe interpretarse el texto legal de manera tal que la totalidad de las normas antes citadas resulten operativas y tengan validez y efectos, evitando asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus distintas disposiciones, destruyendo las unas por las otras, sino más bien adoptando el criterio que las integre y suponga su integral armonización.
Por lo demás, de seguirse la postura de la representante del Ministerio Público Fiscal, el art. 140 de la ley 24.660 -texto según ley 26.695- no sería aplicable en supuesto alguno, pues el legislador tampoco modificó, por ejemplo, el art. 17, punto I de dicho cuerpo legal (salidas transitorias y régimen de semilibertad) ni su art. 54 (libertad asistida); argumento éste que también nos persuade acerca de lo incorrecto de su criterio”.
2. Libertad condicional. Excarcelación. Reinserción social. Excesivo rigor formal.
“[A]hora bien, en primer lugar corresponde valorar que en función del tiempo en detención que viene sufriendo [el imputado], quien se encuentra detenido de manera ininterrumpida desde el 17 de junio de 2015, el quantum punitivo establecido en la sentencia dictada por el Tribunal -ocho años de prisión- y la reducción valorada en la presente -dos meses-, el imputado llevará soportando en prisión preventiva, el 16 de agosto próximo, un tiempo suficiente como para acceder a su excarcelación, en los términos del art. 317 –inc. 5°- del C. P. P. N., en función del art. 13 del C. P.”.
“La interpretación contraria efectuada por la Fiscalía General, en cuanto a que no se contaría en autos con elementos suficientes para determinar si existe posibilidad de trazar un pronóstico de reinserción favorable con respecto al imputado –tal su estatus procesal habida cuenta de la falta de firmeza de la sentencia recaída en autos- resulta a criterio del Tribunal excesivamente rigorista desde el punto de vista formal y no ha efectuado análisis alguno de los informes producidos por el Servicio Penitenciario Federal a instancias del Tribunal…”.
“Así, nos encontramos frente al caso de un interno cuya conducta es calificada de ejemplar y que tiene buen concepto de las autoridades penitenciarias en cuanto a su evolución en el tratamiento penitenciario, en el que se encuentra en fase de consolidación, siendo considerado viable al menos su alojamiento en un régimen semiabierto y cuyo pronóstico de reinserción no ha sido trazado por el Servicio Criminológico por una cuestión estrictamente formal, por lo que mal podría hablarse de que se carece de elementos para efectuar una proyección, al menos de forma provisoria, de sus posibilidades de readaptación a la vida en sociedad, de manera tal que a falta de individualización por parte del S. P. F. de alguna cuestión de mínima envergadura que se pudiera considerar un obstáculo para la procedencia de la excarcelación en términos de libertad condicional, corresponde disponer que se haga efectiva desde la fecha en que [el detenido] alcance el requisito temporal para ello”.
3. Condena no firme. Libertad condicional. Riesgos procesales. Derecho de defensa.
“Que, a su vez, en cuanto a los riesgos procesales a los que aludiera la Fiscalía General en su dictamen, entiende el Tribunal que no pueden ser valorados en su perjuicio llegada esta instancia del proceso en la que el imputado, condenado por fallo no firme, cuenta con un tiempo cumplido en detención que hubiera sido suficiente como para obtener la libertad condicional en caso de haber pasado esa sentencia en autoridad de cosa juzgada, pues ello iría en desmedro de su derecho de defensa en juicio”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL; ESTÍMULO EDUCATIVO; REFORMA LEGAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; EXCARCELACIÓN; REINSERCIÓN SOCIAL; EXCESIVO RIGOR FORMAL; CONDENA NO FIRME; RIESGOS PROCESALES; DERECHO DE DEFENSA;
DSRD (causa N° 11641)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 1
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 hizo lugar de manera parcial a la demanda y ordenó a ANSeS que verificase los restantes requisitos exigidos por la normativa que instituyó el IFE y su reglamentación, incluyendo la evaluación socioeconómica y patrimonial que realiza AFIP. Para el caso de no poder llevarse acabo por falta de documento nacional de identidad, dispuso que se le tomase declaración bajo juramento. Por último, ordenó que ANSeS otorgase el IFE en forma retroactiva (jueza Candis).
1. Vulnerabilidad. Migrantes. Emergencia sanitaria. Violencia de género. Seguridad Social.
“[E]s de particular relevancia y consideración que la situación personal y particular de la actora es de extrema vulnerabilidad social, debido a su condición de migrante, de encontrarse sola en nuestro país con un hijo de tres años a cargo e imposibilitada de realizar sus tareas habituales de vendedora ambulante a causa del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus sucesivas prorrogas, debido a la pandemia mundial del Coronavirus y la enfermedad que propaga Covid 19, que aqueja a nuestro país y al mundo entero.
Su frágil situación personal y social se ve también comprometida debido a haber sido víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo, en cuya relación afirma que se dictó judicialmente una prohibición de acercamiento. La función de la judicatura es aplicar la ley, teniendo una visión conjunta de todas las aristas implicadas y utilizando un criterio armonicista del andamiaje jurídico que regula la cuestión, aunque sin obviar la situación particular de los sujetos individuales involucrados a la luz de la normativa protectoria de la Seguridad Social que hace a la naturaleza propia del fuero que nos compete.
El Decreto 310/2020, consideró que como consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud […] se produjo una crisis sanitaria global, por la que el gobierno argentino dispuso un conjunto  de medidas para el cuidado de su población, incluyendo un aislamiento social, preventivo y obligatorio para reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de atención del sistema de salud.
Dentro de las consecuencias más relevantes de producirse en el contexto señalado, […] las personas vinculadas al sector informal de la economía tendrían una severa discontinuidad y/o pérdida de sus ingresos, a la vez que señaló la prioridad del gobierno argentino de colaborar con el acceso a los bienes y servicios indispensables para el conjunto de la población y principalmente para quienes más lo necesitan.
Frente a esta situación de angustia e incertidumbre generada por la imposibilidad de ir a trabajar para garantizar el sustento económico necesario creó el `Ingreso Familiar de Emergencia´–IFE–, para los sectores más vulnerables de la sociedad, instituida con alcance nacional, como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020 y complementarias”.
2. Migrantes. Residencia precaria. Derecho a los beneficios de la seguridad social. Igualdad.
“[L]a actora, de nacionalidad venezolana, migrante en nuestro país desde el 18.12.2018[…]se encuentra sola en nuestro país con un hijo a cargo, […] se desempeña habitualmente en el ámbito de la economía informal como vendedora ambulante y […] debido al aislamiento preventivo social y obligatorio se ve impedida de desarrollar estas tareas frecuentes, sumado al hecho de haber sido víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo, necesita la ayuda que el Estado previó en el marco del Decreto 310/2020 […] para aquellas personas pertenecientes a sectores más vulnerables de nuestra sociedad, dentro de los cuales corresponde incluir a la actora y su pequeño hijo a cargo”.
“[E]l Estado deberá hacerle extensivo el pago del IFE creado por el Decreto 310/2020, aún cuando no cuenta con el requisito de dos años como mínimo de residencia en el país, ni con DNI para acceder a la solicitud del mismo.Ello por cuanto, de aplicarse taxativamente el requisito del tiempo requerido de residencia mínima en el país implicaría someter a quien reclama a una situación de una mayor aún vulnerabilidad social y fragilidad  de su pequeño núcleo familiar en Argentina.
[N]o debe realizarse una identificación de necesidades económicas entre vulnerables según la cantidad de años que poseen en nuestro país, pues ello sometería la cuestión al siniestro ejercicio de suponer que quien no cuenta con una residencia legal mínima de dos años no registra las mismas necesidades materiales que aquél que si la posee. Realizar diferencias entre los migrantes en nuestro país con necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con la cantidad de tiempo que registran viviendo en nuestro país, no se aviene con la garantía de igualdad, de no discriminación, de favorabilidad y no regresión que caracterizan a la Seguridad Social y son receptadas en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía internacional…”.
VULNERABILIDAD; MIGRANTES; EMERGENCIA SANITARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; SEGURIDAD SOCIAL; RESIDENCIA PRECARIA; DERECHO A LOS BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL; IGUALDAD;
GAE (causa N° 98101)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión (jueza Guisado y Juez Rodríguez).
1. Derecho a la salud. Responsabilidad del Estado.
“[N]o se trata de desconocer los esfuerzos dirigidos a conseguir un dispositivo acorde que permita la externación de A., pero lo cierto es que a un año de aquella petición, las gestiones no han mostrado resultado alguno y, sobre esta base, parece claro que la resolución apelada que hizo efectiva la sanción pecuniaria encuentra su fundamento en el incumplimiento reiterado de aquella orden.
Bajo estos lineamientos, corresponde considerar el caso bajo la especial tutela que los tratados internacionales reconocen al derecho  a  la  salud  […]. Las vicisitudes relacionadas con la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden judicial reiteradamente ordenada en razón de la estructura interna de los organismos encargados de dar respuesta y en el modo en que estos organizan y articulan los diferentes mecanismos de acción, en modo alguno pueden repercutir en la decisión adoptada en resguardo del derecho a la salud del causante. Con tales antecedentes, esta sala considera que no hay argumentos suficientes en el memorial de agravios para revocar la resolución apelada que efectiviza la multa sobre la DGSAM”.
2. Astreintes. Multas.
“[L]a naturaleza propia de las astreintes y […] su finalidad se dirige a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial y alcanza a quienes, después de dictadas, persisten en desentenderse injustificadamente de la orden impartida (cfr. CSJN, Fallos, 322:68). Es dable destacar que el art. 37 del CPCC dispone que `...podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. [...] Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder´”.
“[D]ebe tenerse presente que la quantía de la multa debe fijarse teniendo en cuenta el cumplimiento rápido de la prestación, sobretodo en estos casos en que se encuentran en juego derechos tan fundamentales como el de la salud y la libertad. Este aspecto del decisorio referido al quantum de la multa también deberá ser desestimado”.
DERECHO A LA SALUD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ASTREINTES; MULTAS;
Farias (Causa n° 95425)Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Sala IV
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a los recursos, anuló la resolución impugnada y ordenó la realización de un nuevo juicio (jueces Natiello, Kohan y Mancini).
1. Garantía de imparcialidad. Estereotipos de género. Víctima. Vulnerabilidad.
“[El] déficit de imparcialidad [de los magistrados] se manifestó palmaria y expresamente […] en un preconcepto respecto de las actividades y hábitos de la víctima, y fue en base a ese ilegítimo argumento subjetivo en que se edificaron su posición o postura al respecto”.
“[E]sas manifestaciones subjetivas llevaron necesariamente a comprometer las libres convicciones razonadas del sentenciante, expresamente cuando se refiere a la eventual vulnerabilidad de la víctima…”.
2. Responsabilidad del Estado. Acceso a la justicia. Violencia de género.
“[E]l Estado argentino ratificó diversos instrumentos internacionales, que consagran el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, a través de los cuales se comprometió a adoptar medidas necesarias para prevenir la violencia de género, asistir y reparar a las víctimas, y sancionar a los responsables”.
“[La normativa vigente impone] a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.
3. Víctima. Abuso sexual. Consentimiento. Apreciación de la prueba. Estereotipos de género. Vulnerabilidad.
“[E]l Tribunal, inexplicablemente se enfoca a indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si [la víctima] había consentido el acceso carnal”.
“Respecto del concepto de vulnerabilidad, y el sentido jurídico que el término posee, no es otro que el fijado por las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad […] y la jurisprudencia que la propia Corte ha pronunciado en casos como el que nos ocupa”.
“Se advierte de la sentencia que los juzgadores se han apartado de la normativa vigente desoyendo la misma”.
“[L]o relevante es evaluar la prueba rendida a los fines de determinar si en el caso concreto [la víctima] se encontraba en condiciones de consentir, o no, libremente el acto sexual y para ello, entiendo no resulta relevante saber sobre [su] vida personal…”.
“[L]os elementos tenidos en cuenta por los juzgadores, exponen claramente que el mismo se fundó en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”.
“[E]l Tribunal se basó en prejuicios de sexo, guiando su razonamiento en base a estereotipos e ideas preconcebidas. Se infirió el eventual consentimiento, aludiendo a la personalidad de la víctima, a la poca diferencia de edad con el agresor y a su pasado sexual. Estos estereotipos son meras afirmaciones dogmáticas desprovistas de sustento fáctico que descalifican al decisorio como acto jurisdiccional válido”.
“[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que el incumplimiento de investigar con la debida diligencia refuerza la impunidad de actos de violencia de género. Su abordaje debe hacerse de manera seria y exhaustiva”.
“[E]l fallo […] en su análisis de los hechos y valoración de la prueba, viola las convenciones internacionales y la normativa nacional que rigen el punto. Toma el historial sexual, y conductas pasadas, para presumir el consentimiento en este hecho, violando su derecho a la intimidad que debe quedar en su esfera privada…”.
4. Víctima. Estereotipos de género. Violencia institucional. Garantía de imparcialidad.
“La influencia de los estereotipos de género discriminatorios, demuestra su parcialidad y es una expresión de violencia institucional”.
“Un mal funcionamiento del sistema de justicia como forma de violencia institucional hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe la víctima una vez que entra en contacto con ese sistema de justicia”.
“[La] revictimización es consecuencia de las malas o inadecuadas prácticas que provienen de las instituciones y es un resultado directo, aunque no exclusivo, de la violencia institucional que incluye acciones u omisiones del estado de las que este es directamente responsable. Algunas de las causas que llevan a la revictimización son las referidas a los estereotipos de género y el cuestionamiento a la víctima en lo que hace a la repetición del relato y/o la minimización de los hechos conllevando a la descalificación, al descrédito y la falta de empatía respecto de las mujeres como integrantes de colectivos vulnerables. En el caso de autos, resulta evidente que el razonamiento del Tribunal resultó guiado por prejuicios y estereotipos que lo llevaron a desviarse del objeto sometido a su decisión, apartándose de la normativa Nacional vigente y de los estándares Internacionales en materia de Género”.
5. Género. Debida diligencia. Consentimiento. Abuso sexual. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).
“Tratándose de un caso donde los imputados llegaron al juicio oral acusados de hechos donde la existencia de violencia de género se discutió desde el inicio de las investigaciones, el estándar probatorio debió ser regido por la aplicación de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional tales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la ley  destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley provincial  12.569…”.
“[L]as exigencias de debida diligencia en la investigación de estos casos, se plasman en la exhaustividad y en el principio de amplitud probatoria signados por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elaborada a partir del precedente [‘Leiva’] el cual cristaliza una regla de los estudios de género. Dentro de la misma, se debe sospechar de las evaluaciones abstractas alejadas de su contexto”.
“[Q]ue [la víctima] no haya sido coaccionada física o moralmente a concurrir al domicilio no implica interpretar ello como la expresión de un consentimiento a mantener relaciones sexuales”.
“[E]l ingreso consentido a una vivienda no implica que todo lo que suceda allí también lo sea, como ya se dijo, el consentimiento debe ser prestado en el momento del acto sexual, es más, incluso puede alguien compartir el deseo de mantener relaciones sexuales y luego arrepentirse o simplemente negarse a ello. Los estándares internacionales advierten sobre la necesidad de estar atentos a argumentaciones que justifiquen la violencia de género, porque la conciban como una cuestión ‘privada’ en importancia o porque contengan estereotipos sexistas”.
“[E]l razonamiento de los Jueces de grado se ha visto contaminado con los preconceptos que se han formado en forma previa al análisis de la prueba y de la situación fáctica que reconstruyeran en el debate […]. Dicha concepción alteró sin dudas el prisma a través del cual han tamizado la apreciación de los hechos ventilados en el juicio, proyectando esos preconceptos al resto de sus razonamientos, lo que descalifica sus conclusiones como un razonamiento fundante de un pronunciamiento judicial válido”.
GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VICTIMA; VULNERABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; ACCESO A LA JUSTICIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; ABUSO SEXUAL; CONSENTIMIENTO; APRECIACION DE LA PRUEBA; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA;
Rivera (causa nº 12251)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 hizo lugar a la observación del cómputo del tiempo de detención y dispuso que se practicase uno nuevo (juez Laufer).
1. Ejecución de la pena. Cómputo del tiempo de detención. Libertad condicional. Revocación.
“[E]n estas actuaciones se presenta una razón para apartarse de lo dispuesto en el art. 15, CP y, es precisamente, que una de las condiciones allí establecidas –la revocación de la libertad condicional-, no ha sido decidida”.
“[T]eniendo en cuenta que fue informado que [el imputado] dio inicio a la supervisión y control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, corresponde computar en su favor el lapso temporal reclamado por la defensa. En efecto, habrá de computarse a favor [del imputado] el plazo desde que la [primera] sentencia dictada […] adquirió firmeza […] hasta [la] fecha en la que resultó detenido para las presentes actuaciones.
Ello así porque a partir de la fecha [en la cual la sentencia adquirió firmeza], cobra virtualidad lo que sería el cumplimiento de pena –en el medio libre- en el contexto de una ‘libertad condicional’”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; LIBERTAD CONDICIONAL; REVOCACIÓN;
Equistica Defensa del Medio Ambiente Asoc. Civil (causa N° 468)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria para entender en la causa y dispuso como medida cautelar que las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y los municipios de Victoria y Rosario, constituyesen de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental. Ordenó, entre otras cuestiones, que el comité adoptase medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios en la región del Delta del Paraná (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti).
1. Incendio. Medio ambiente. Salud pública. Protección de la fauna. Daño ambiental.
“[E]xisten suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. El caso no consiste en el juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino que se trata del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.
El Delta del Paraná es un ecosistema vulnerable que necesita protección. De acuerdo a lo señalado en el `Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná´ (PIECAS-DP), producido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Jefatura de Gabinete de Ministros […], `es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple múltiples y fundamentales funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima y una extensa lista de bienes y servicios al hombre´.
Así, el sistema cumple también un rol importante, como reservorio de biodiversidad, brindando alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas, especies de peces, aves, reptiles y mamíferos. El peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se pierden bosques, se afecta la función de humedales, se cambia abruptamente el uso del suelo, desaparecen innumerables especies de origen subtropical, de la vida silvestre, de la flora, de la fauna y la biodiversidad. Todo ello causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná” (considerando 3°).
“[C]omo consecuencia de estos gigantescos incendios en el Delta, resultan también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario. Se produce un incremento de los niveles de monóxido de carbono y de  partículas sólidas en suspensión durante la propagación de la nube de humo, la que por lo general produce problemas en la salud, tales como irritación en nariz, garganta, pulmones y ojos, problemas respiratorios y otras perturbaciones más complejas.
Los incendios provocan molestias que exceden el límite de la normal tolerancia, por la presencia en cantidades importantes de partículas en el aire, que se desprenden de las llamas, que contaminan el aire. La población que obtiene su sustento del río se ve igualmente afectada, ya que se ven impedidos de acceder normalmente a los sitios que forman parte de su cultura. Del mismo modo, la actividad turística y recreativa está gravemente dificultada” (considerando 4°).
“[E]xiste prueba suficiente, y de carácter público y notorio, que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente” (considerando 5°).
2. Medio ambiente. Emergencia. Incendio.
“[E]l caso presenta, prima facie, características que permiten encuadrar los hechos denunciados en la figura legal de la emergencia ambiental (arts.2°, inciso k, y 4°, `principio de cooperación´, de la ley 25.675).En este contexto, los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato. La intervención de la justicia, en el caso, será para fortalecer las labores de fiscalización por parte de los Estados en el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental, en cumplimiento de las leyes ambientales...” (considerando 8°).
3. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. Daño ambiental.
“[E]l Tribunal considera que, en el marco de las circunstancias señaladas, se configuran los presupuestos necesarios para hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Respecto de la verosimilitud del derecho, resulta verosímil la denuncia del desarrollo de una actividad calificada de manifiestamente ilegal en relación. Con las quemas de pastizales, dado que vulnera de manera patente expresas prohibiciones contenidas en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional y de las leyes 26.562 (Control de Quema), 26.815 (Manejo del Fuego), 26.331 (Bosques Nativos), 25.675 (Ley General del Ambiente), 23.919 (Protección de los Humedales, RAMSAR), 24.295 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), y 27.520 (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global).
Por su parte, el peligro en la demora surge de la necesidad de prevenir y evitar que el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la degradación del ambiente […] en la región del Delta del Paraná. Así, se configura en autos el citado requisito para acceder a la cautela solicitada, ya que de la información aportada surge que la actividad de quema de pastizales, y los incendios, no ha desaparecido sino que parece haber aumentado, con el consecuente impacto que esto tiene en el ambiente que se intenta proteger.

En suma, resulta con suficiente evidencia, aun en esta instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional; que hay efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad; que su conservación es prioritaria, no solo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras; y que como consecuencia de estos incendios, hay afectación en la calidad del aire” (considerando 9°).
4. Medidas precautorias. Incendio. Jurisdicción.
“[L]a medida precautoria, cuya adopción el caso requiere, referida al sector donde se concentran los incendios reiterados —esto es, la región del Delta del Paraná– y el marco institucional en el que deberá llevarse a cabo (PIECAS-DP), impone que no se limite a las jurisdicciones territoriales demandadas […]. Por esa razón, cabe incluir en la cautelar que aquí se dispone a la Provincia de Buenos Aires” (considerando 10°).
INCENDIO; MEDIO AMBIENTE; SALUD PÚBLICA; PROTECCIÓN DE LA FAUNA; DAÑO AMBIENTAL; EMERGENCIA; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; MEDIDAS PRECAUTORIAS; JURISDICCIÓN;
SEY (causa N° 193)Cámara de Apelaciones en lo Civil de Esquel
La Cámara de Apelaciones Civil Esquel modificó de manera parcial la sentencia y declaró la inconstitucionalidad del apartado 3° del artículo 525 del CCCN (jueces Flass y Petris).
1. Unión convivencial. Matrimonio. Compensación económica. Plazo. Caducidad. Declaración de inconstitucionalidad.
“[C]uando se aplica empíricamente el sistema surge con carácter evidente un claro perjuicio para las parejas en uniones convivenciales en comparación con las parejas unidas en matrimonio. En el caso del matrimonio a la ruptura del vínculo afectivo por decisión unilateral o bilateral le sigue un período judicial, previo al dictado de la sentencia, que puede llegar a durar un tiempo más o menos prolongado. El cónyuge perjudicado cuenta con un lapso anterior al inicio de la caducidad para meditar y decidir si reclama compensación, cuanto, cómo y porqué.
No es ello lo que ocurre a las personas unidas convivencialmente que deciden cortar la convivencia, pues aun cuando la decisión se haya tomado antes, no precisa de un proceso judicial previo con el tiempo que ello conlleva. En las uniones convivenciales el cómputo del plazo tiene la instantaneidad de lo fáctico, por eso siempre implica una desventaja en comparación con la sentencia de divorcio”.
“[E]stamos frente a una discriminación indirecta en perjuicio de las parejas que han decidido no formalizar su vínculo mediante un matrimonio”.
“Es claro que resulta inconstitucional el plazo de caducidad semestral (ART.525 CCyC) cuando su cómputo comienza en las oportunidades previstas en el art. 523 pues ello implica un impacto dispar, perjudicial para las parejas unidas convivencialmente en comparación con las unidas en matrimonio”.
2. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“También […] el artículo 524 y 525, en sí mismos, establecen una discriminación indirecta en contra de las mujeres. La perspectiva de género nos lleva a advertir que entre mujeres y varones hay relaciones de poder y que generalmente, aunque no siempre, tales relaciones son perjudiciales para las mujeres. Estas relaciones de poder, cualquiera sea la distribución de roles, deben ser identificadas, cuestionadas y modificadas para evitar cualquier tipo de supremacismo.
Desde la misma perspectiva de género se puede afirmar que el predominio de integraciones familiares patriarcales, durante mucho tiempo, hace que todavía sean las mujeres quienes con mayor frecuencia reclaman compensaciones tras la disolución de uniones convivenciales por resultar perjudicadas en la atribución de bienes.
Aun cuando las partes no arrimaron estadísticas y era carga suya hacerlo, se puede afirmar que hoy, el exiguo plazo de caducidad afecta a un porcentaje mayor de mujeres que de varones, produciéndose así una discriminación indirecta contra la mujer que viene a sumarse a la discriminación indirecta contra las parejas convivenciales a las que ya me referí en el punto anterior. Se trata de un nuevo motivo para la declaración de inconstitucionalidad”.
3.  Matrimonio. Compensación económica. Plazos. Caducidad. Igualdad.
“Es evidente que en el caso del matrimonio, cualquiera de las partes tiene un plazo mucho más amplio para reflexionar, reclamar, decidir su estrategia procesal y accionar, pues a los seis meses establecidos en la norma habrá que sumarle el tiempo que dure el divorcio y durante el cual los cónyuges saben de antemano que el vínculo se extinguirá y cuentan ya con una asistencia letrada”.
“Dicho así las normas [de los artículos 441, 442, 523 y 525 del CCyC] son contrarias al art. 16 de la Constitución Nacional y a los diferentes tratados que integran el ámbito de constitucionalidad y deben ser declaradas inconstitucionales”.
“[A]l tratarse el instituto de la compensación económica de una herramienta destinada a lograr un equilibrio patrimonial, es necesario realizar un análisis comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges o convivientes al inicio del vínculo y al momento de producirse la ruptura, esto es, obtener una fotografía del estado patrimonial de cada uno de ellos, y ante un eventual desequilibrio proceder a su recomposición”.
UNIÓN CONVIVENCIAL; MATRIMONIO; PLAZO; CADUCIDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; COMPENSACIÓN ECONÓMICA;
ACS (causa N° 75482)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso, revocó la sentencia apelada y declaró la nulidad parcial del acta (jueces Castiñeira y Márquez y jueza Caputi).
1. Facultades discrecionales. Control de razonabilidad. Arbitrariedad.
“[L]a circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades discrecionales, no puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la Ley n° 19.549, pues es la legitimidad –constituida por la legalidad y la razonabilidad– con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias (Fallos 331:735, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la C.S.J.N.).De este modo, cabe señalar que la legalidad de la decisión implica la validez de sus elementos constitutivos […], previstos en el art. 7° LNPA.
Por su parte, el principio de razonabilidad […] importa la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad, en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos, y obliga a dar a la ley –y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente– un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien pueda ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido...”.
2. Actos administrativos. Forma de los actos administrativos. Motivación del acto administrativo.Interpretación de la ley.
“Respecto al primer foco de análisis [de legalidad], cabe precisar […] que el procedimiento, como requisito esencial de todo acto administrativo […] supone un conjunto de formalidades arbitradas en garantía del particular, cuya finalidad es la de conseguir el acierto en las decisiones administrativas […]. En efecto, para valorar si ha existido indefensión debe apreciarse el procedimiento en su conjunto y el actofinal como resultado de la integración de trámites y actuaciones de distinta clase y procedencia, en los que el particular va teniendo oportunidad de defenderse y de poner de relieve ante la administración sus puntos de vista[…].
Por su parte, la causa […] de los actos administrativos también constituye uno de sus requisitos esenciales en tanto la LNPA exige que ellos se sustenten en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable […]; de modo que la misma no puede ser discrecional, en tanto debe hallarse referida a circunstancias perfectamente verificables […] y, de no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados, o por violación de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado, el art. 14 de la Ley n° 19.549 prevé […] la nulidad absoluta e insanable del mismo [...].
A su turno, la motivación […] es la explicitación de la `causa´: esto es, la declaración de cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto […]. Es decir, sus motivos o presupuestos; es la exposición y argumentación fáctica y jurídica con que la administración debe sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada...”.
2. Refugiado. Reubicación interna. Carga de la prueba.
“[L]a alternativa de reubicación interna `…no se menciona explícitamente entre los criterios fijados en el artículo 1A(2) de la Convención de 1951´(ACNUR, `Directrices sobre Protección Internacional N° 4: La ‘alternativa de huida interna o reubicación’ en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados´, integrante del `Manual y Directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados´[...].
En tanto, nuestro ordenamiento legal (Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado – N° 26.165) si bien no ha receptado este instituto de manera expresa, sí lo ha hecho de manera indirecta, toda vez que en su art. 35 dispone que `[e]n el cumplimiento de las funciones que les son asignadas en la presente ley, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión tendrán presente los criterios interpretativos emanados de las Conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR y de las recomendaciones del Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado del ACNUR´”.
“Como fuere, lo que las Directrices en estudio disponen de manera indubitable es que el uso del concepto de `reubicación interna´ no debería conducir a que se agrave la carga que sufren los solicitantes de asilo y que, por consiguiente, debe seguir vigente la regla habitual según la cual quien invoca un alegato debe probarlo[...]. De este modo, y más allá que (en principio) la carga probatoria es compartida en procedimientos como el que nos ocupa […], quien tome la decisión asumirá la carga de la prueba de establecer que un análisis sobre reubicación es pertinente al caso en particular […].
Es que, `[e]l concepto de una alternativa de huida interna o reubicación se refiere (…) a una zona específica del país donde no haya riesgo de temores fundados de persecución y donde, dadas las circunstancias particulares del caso, es razonable esperar que el individuo pueda asentarse y llevar una vida normal. En consecuencia, si la huida interna o reubicación han de considerarse en el contexto de la determinación de la condición de refugiado, debe identificarse una zona en particular, así como dar al solicitante una oportunidad apropiada para pronunciarse al respecto´...”.
3. Carga de la prueba. Derecho de defensa
“[S]e observa que […] recaía en la autoridad de aplicación la carga de recabar toda aquella información respecto de la ciudad cuya reubicación se propuso, no únicamente desde el plano objetivo sino también subjetivo e, incluso, tanto respecto de la situación allí imperante como de otros aspectos, tales como la proyección futura del actor en esa localidad.[E]n la especie si bien se ha meritado que durante su estadía en Aba no había padecido problema alguno y que la información recabada no daba cuenta que el desarrollo del conflicto se extendiera hasta allí, lo cierto es que ello dista de comportar el cumplimiento de una carga que era propia del órgano decisor.
Por otro lado, si bien al momento de presentar su alegato el actor se ha manifestado respecto a la eventualidad de que la autoridad optare por estar a la alternativa de reubicación externa, lo cierto es que no se observa que se le hubiere dado una oportunidad apropiada para pronunciarse concretamente respecto de la zona propuesta…”.
4. Reubicación interna. Refugiado. Apreciación de la prueba.
“En este orden, no es posible soslayar […] que prima facie se podría inferir que la situación imperante en Nigeria (y en particular, en el Estado de Abia) hubiere efectivamente experimentado sustanciales alteraciones; lo cual, unido al extenso lapso insumido durante la tramitación y sustanciación tanto del procedimiento administrativo –que incluye el tratamiento del recurso interpuestoen dicho ámbito–, como por el proceso judicial, constituyen factores determinantes de la necesidad de que la Administración lleve a cabo un nuevo examen de la cuestión, teniendo en cuenta precisamente las circunstancias actuales de la mencionada región, en orden a establecer con fundamento en datos actuales, y desde la perspectiva de los principios humanitarios aplicables, la concreta y real posibilidad de reubicación del actor en dicha zona.
Ello adquiere suma relevancia puesto que si bien la Administración mal pudo conocer acontecimientos que, al momento de decidir, aun no habían ocurrido en la mencionada región,de las `Directrices sobre Protección Internacional N° 4: La ‘alternativa de huida interna o reubicación’ en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados´ se sigue la importancia y utilidad de contar con información actualizada acerca de las condiciones imperantes en la zona respecto de la cual se lleva a cabo el concreto análisis de factibilidad de la reubicación, a los efectos de optar, en su caso, por tal alternativa […], puesto que tal posibilidad `…puede verse limitada en casos en que la situación del país de origen es volátil y pueden ocurrir cambios repentinos en zonas hasta entonces consideradas seguras. Tales cambios podrían no haberse registrado en el momento de examinar la solicitud´ […].
[L]a condición de refugiado –aún mediando el dictado de un acto administrativo que así la reconozca–, es susceptible de cesar a causa de la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de la emisión de tal dispositivo (arts.11 y 12 de la ley 26.165), extremo que en supuestos análogos a los aquí configurados, implica por parte de la autoridad de aplicación, el análisis y determinación de que el beneficiario no pueda ya continuar negándose a recibir la protección de su país de nacionalidad, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales se lo reconoció como refugiado […].
Y siendo ello así por imperativo legal, con mayor razón aún cuando (como aquí ocurre), no ha mediado el dictado de un acto firme, resulta jurídicamente posible y ajustado a una razonable interpretación y aplicación de los principios vigentes en la materia, que se lleve a cabo un análisis completo y exhaustivo de la situación que impera actualmente en la ciudad y/u/o región en la cual se indique la posibilidad de reubicación, como factor justificante de la denegatoria del amparo solicitado”.
FACULTADES DISCRECIONALES; CONTROL DE RAZONABILIDAD; ARBITRARIEDAD; ACTOS ADMINISTRATIVOS; FORMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS; MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; REFUGIADO; REUBICACIÓN INTERNA; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Larramendi (causa N° 3698)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 20 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal incorporó a la persona al régimen de libertad asistida y ordenó su libertad en esos términos (juez Martin).
1. Ejecución de la pena. Unificación. Cómputo del tiempo de detención. Condiciones de detención. Principio de reinserción social.
“[H]a habido disposiciones normativas para calcular de forma diversa la prisión sin sentencia condenatoria cuando no se han respetado las condiciones mínimas en que debía cumplirse (art. 24 CP según ley 24390, art. 1 y 2 de la ley 23070). También […] ha habido desarrollos diversos sobre el deber de contabilizar privaciones de libertad impuestas en otros procesos cuando concluyeron sin condena e, incluso, ha habido interesantes trabajos sobre la forma de considerar judicialmente la privación de libertad cuando ésta no ha respetado las condiciones en que debió cumplirse según lo definido por el art. 7.2 CADH.
[E]n esa línea […] podrían mencionarse lo resuelto por la CorteIDH en los casos “Medidas provisionales respecto de Brasil. Asunto del Instituto penal Plácido de Sá Carvalho” y “Medidas provisionales respecto de Brasil. Asunto del Instituto penal de Curado” del 22 y 28 de noviembre de 2018, respectivamente…”.
“[N]o resulta complejo advertir que la concurrencia de determinadas situaciones puede determinar que, lo que aparecía como posible o razonable, en cierto momento, sea groseramente irracional en otro. En consecuencia, la determinación de la pena entendida como la fijación del momento en que la privación de libertad deberá finalizar, no puede ser una situación estanca y definida irrevocablemente por la sentencia.
De hecho, a las personas privadas de libertad le ocurren acontecimientos en sus vidas que pueden reclamar una modificación de la forma de cumplimiento de la pena. […] En esos casos se ha establecido, con carácter general que se deba modificar la forma de cumplimiento de la pena arts. 10 CP y 32 de la ley 24660. Sin embargo, esa necesidad de modificación se agrava en nuestro contexto cuando se advierte que también puede ocurrir –con notable habitualidad– que las agencias ejecutivas del Estado no cumplan con las condiciones de validez de la detención a las que se habían comprometido, y hayan afectado derechos de la persona privada de libertad, tales como la integridad física o psíquica”.
2. Ejecución de la pena. Error judicial. Cómputo del tiempo de detención. Libertad asistida.
“Cierto es que, aparentemente, la fecha en que esa pena venció no se condice con la cantidad de días que [el condenado] estuvo privado de libertad. Sin embargo, ello no es necesariamente un error, ya que las formas distintas de considerar el tiempo de pena, si se valoran las condiciones de su cumplimiento, podrían llegar a explicar esa aparente discordancia…”.
“No obstante ello, aun cuando se tratara de un error judicial, este no ha sido corregido o impugnado por quien tenía posibilidades de hacerlo en tiempo oportuno, lo que no puede ahora ser pretender que sea modificado en perjuicio de la persona condenada”.
“[C]iertas situaciones que se advierten de la lectura de los informes de las autoridades judiciales y penitenciarias resultan suficientes para resolver la libertad […], en términos de libertad asistida, sin continuar profundizando en la forma en que se desarrolló su privación de libertad. Ello, más allá de que, pueda continuarse el trámite del planteo principal para establecer lo requerido”.
“[La persona] cumplió la pena de tres años de prisión el 22 de julio de 2020 y no recuperó su libertad porque en marzo el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 20 lo condenó a tres meses de prisión, y a la pena única de tres años y dos meses que comprendía la de tres años mencionada. En suma, no es posible habilitar en esta instancia una suerte de revisión en perjuicio, y sin requerimiento oportuno del MPF, de una decisión judicial que definió el plazo máximo que [la persona] debía estar detenid[a] para agotar la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4.
Ante ello, sólo es posible mantener [la detención] dos meses más, ya que los tres años mencionados se habrían cumplido. La operación matemática es sencilla. Si con la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4 debería haber recuperado la libertad ambulatoria el 22 de julio de 2020, el agregado de dos meses establecido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 20 no puede llevarlo a cumplir pena privativa de libertad más allá del 22 de septiembre de 2020. En definitiva, le resta por cumplir menos de tres meses de prisión”.
“En efecto, más allá del referido ‘pronóstico desfavorable’ para obtener la libertad condicional, […] la explicación sobre ello dio cuenta de que el propio SPF no […] había podido realizar el programa de tratamiento individualizado porque la pena se iba a agotar rápidamente”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; UNIFICACIÓN; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; ERROR JUDICIAL; LIBERTAD ASISTIDA;
AAA (causa Nº 3950)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
1. Decomiso. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Emergencia sanitaria. Libertad de tránsito.
“En el caso, lo que se encuentra retenido no es el automotor, sino su cédula única de identificación y, lo que es peor, la licencia de conducir del recurrente, lo que lo deja sin posibilidades de conducir ningún vehículo, pese a que ya ha cesado el acto puntual catalogado como infracción al aislamiento social, preventivo y obligatorio. […] En consecuencia, al no haber identidad de objeto entre la norma y lo sucedido en el sustrato fáctico del presente asunto, ya que la primera refiere a vehículos y aquí no se retuvo eso sino documentación, se descarta la subsunción de los hechos dentro de las prerrogativas que el Decreto N° 297/2020 otorga. [S]e puede aseverar que la finalidad perseguida por el citado Decreto, a través de la retención de los vehículos, responde a ‘evitar su desplazamiento’, impedimento que expresamente se consigna que debe durar ‘el tiempo que sea necesario’ para salvaguardar la salud pública y evitar la propagación del virus.
El plazo de su persistencia es, entonces, limitado, y ese valladar no se fija en abstracto -es decir, considerando la pandemia y el peligro de un menoscabo a ‘toda’ la salud pública-, sino que va a estar determinado puntualmente y en el caso particular y concreto, en una relación causal y razonable entre el resguardo de la salud pública y el accionar del presunto infractor, y no más allá”.
“[L]a retención de la documentación […] tampoco se adecua a lo dispuesto en las reglas citadas […] atento a que: 1) no fue dispuesta judicialmente, dado que no obra en las actuaciones elevadas resolución alguna que haya dispuesto una medida cautelar del tenor de las nombradas -embargo o inhibición- respecto de la documentación retenida; 2) la posesión, por parte del juzgado, de la cédula de identificación del automotor y de la licencia de conducir del presunto infractor, en nada contribuye a garantizar el futuro decomiso del vehículo; y 3) la fundamentación de la resolución no se basa directamente en la necesidad de preservar el bien sobre el que puede recaer un futuro decomiso […], sino que se enfoca en argumentar que la defensa no ha acreditado fehacientemente que la circulación se debía a una causal permitida o exceptuada en el marco del aislamiento decretado en virtud de la pandemia de coronavirus. Sin perjuicio de lo expuesto, y en punto específicamente a la cédula de identificación del automotor, parecería poder sospecharse […] que la finalidad perseguida por su retención podría basarse en imposibilitar el uso y la disposición del vehículo con el que se cometió la infracción […], y el único fundamento que se advierte posible para sustentar esto – ya que como sanción no surge de la ley- sería querer preservar el bien para el caso de un futuro decomiso.
De ser correcta esta inferencia, el cauce procedimental a seguir para llevarla a cabo sería que se dicte judicialmente una medida cautelar, ya sea de embargo sobre el vehículo en particular o de inhibición, de considerar que habría otras posibles vicisitudes a asegurar que no serían satisfechas con el valor de la cosa, o cualquier otra que se estime procedente para satisfacer los fines que se pretenden conjurar, los que deben estar explícitamente expresados en la sentencia que la disponga. […] Toda otra vía oblicua o indirecta, que no se encuentre prevista por las leyes que rigen el procedimiento y que no fuere dispuesta dentro de las prerrogativas judiciales, no puede ser convalidada…”.
“[N]o se vislumbra cómo este desapoderamiento, efectuado por el personal policial por instrucción de fiscalía, y sin intervención judicial, podría resultar adecuado a nuestro ordenamiento jurídico y a las previsiones de la constitución nacional.  El fin previsto por este acápite de la resolución no parece ser otra cosa […] que lograr el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/2020, que no implica, bajo ningún punto de vista, la privación absoluta de la libertad ambulatoria, ya que si bien se la limita […], se disponen ciertas causas por las que efectivamente se puede circular por la vía pública, y esa posibilidad no desaparece por haberse verificado una infracción al régimen dispuesto”.
“Además, […] existen otras causales por las que éste podría circular y que se encuentran permitidas en el marco de la emergencia por la pandemia […] y nada impide que ese desplazamiento sea mediante la utilización de un vehículo para el que requiera contar con la licencia de conducir. La retención de la licencia deviene en la prohibición absoluta de utilizar cualquier vehículo para trasladarse, sin importar si ese desplazamiento se encuentra autorizado o no por las normas que rigen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que a todas luces resulta […] arbitrario e irrazonable”.
“Con base en lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que la retención de la documentación reseñada claramente constituye una restricción desmesurada, excesiva e irrazonable sobre las libertades del presunto infractor ya que, además de no estar prevista normativamente y no estar fundada en la imposición judicial de ninguna medida cautelar, sus efectos inciden negativamente en sus derechos de transitar libremente, de trabajar y de ejercer toda industria lícita, derechos fundamentales de raigambre constitucional que, pese a no ser absolutos, deben ser garantizados en su ejercicio en la medida que las normas que razonablemente los reglamentan lo permitan…”.
2. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Prueba.
“Finalmente, [resulta] pertinente efectuar una breve digresión respecto de la exigencia impuesta sobre la defensa, consistente en el deber de acreditar las labores que realiza, si éstas estaban exceptuadas o no del aislamiento o si poseía justificación válida para circular cuando fue interceptado por el personal de seguridad.
La verificación de la comisión de una infracción como la de autos da lugar a la formación de la causa penal en la que se determinará, entre otras cosas, la responsabilidad penal de quien cometió el hecho en función del art. 205 del CP. La prueba que habrá de recaer respecto de si se encontraba fuera de su domicilio realizando actividad exceptuada o no en función de lo dispuesto por el Decreto N° 297/2020 es una cuestión que debe ser reservada para su evaluación en otra etapa procesal, no en el marco de la incidental solicitud de devolución de la documentación retenida al investigado”.
DECOMISO; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; EMERGENCIA SANITARIA; LIBERTAD DE TRÁNSITO; PRUEBA;
DNR (causa N° 50016)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H
La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión apelada (jueces Kiper y Fajre y jueza Abreut de Begher).
1. Derecho a la información. Libertad de expresión. Censura.
“[Q]uien pretenda difundir ideas a través del sistema lo puede hacer libremente y, como corresponde, es responsable de sus actos. Aquí no hay ninguna censura. Bien puede una persona crear una página y buscar la manera de que otros la conozcan para que la lean […]. Es cuestión de saber la dirección. Además, el buscador puede, aún en contra del pedido del afectado, seguir difundiendo si le parece, al menos hasta que un juez se lo prohíba. Claro que una vez que una persona afectada pide ser sacada, tomará la decisión de seguir difundiendo o permitiendo la búsqueda, o no hacerlo. En tal caso,[…] tomar una decisión implica asumiruna posible responsabilidad. Esto no es censura. Para completar el cuadro, […] así como la Constitución garantiza la libertad de prensa y de expresión, también protege el honor y la intimidad de todos los ciudadano”.
“La medida de cada derecho, en particular si posee una naturaleza `social´, determina, al mismo tiempo, la consiguiente contrapartida de responsabilidad que esa prerrogativa lleva implícita, y en tanto a los medios de comunicación y de prensa, así como a las expresiones artísticas, se les reconoce una amplia libertad por entender que es útil y bueno para la comunidad el enriquecimiento por medio de la difusión, reflexión o la confrontación de las ideas o de las expresiones del arte, esa libertad conlleva una igualmente grande responsabilidad social”.
2. Derecho al olvido. Internet. Derecho al honor. Derecho a la intimidad.
“[E]l caso presenta un matiz peculiar, ya que se invoca un `derecho al olvido´. Esto […] implica aceptar la veracidad de las noticias difundidas por el buscador, pero que el paso del tiempo debería enterrarlas al ser perjudiciales, sin causar un beneficio su difusión, por falta de interés público, histórico, científico, etc. […] si la noticia fuera falsa, difamatoria, habría oros remedios, sin necesidad de invocar el paso del tiempo, como surge de numerosos precedentes jurisprudenciales.
Es cierto que no hay una norma específica que regule este derecho, pero no […] parece importante pues la cuestión debe ser enfocada […] como una derivación del derecho al honor, o el de la intimidad. Esto es, si tales derechos están –sin duda– reconocidos por el ordenamiento jurídico, el derecho al olvido podría ser una herramienta útil para hacerlos valer. También puede acudirse por analogía a la ley que regula el habeas data, bajo ciertas circunstancias. Lo que importa es ver qué derechos están en juego, buscar el equilibrio, y luego tomar una decisión”.
“Su ejercicio tiene el efecto de limitar su difusión y circulación, por lo que, si bien no se suprime la información en sí misma, se restringe u obstaculiza su acceso, por parte de los medios tradicionales de búsqueda. Aunque, no puedo ignorar que si no fuera por los buscadores, difícilmente sería leídas muchas noticias”.
3. Derecho al olvido. Censura. Responsabilidad.
“[E]l llamado derecho al olvido es de interpretación restrictiva. Como ha resuelto esta Sala en otras oportunidades, no debe haber censura, sin perjuicio de responsabilidades ulteriores. Aquí no hay censura, ya que se trata de noticias y difusiones que fueron reproducidas por aproximadamente 24 años. Tiempo por demás razonable”.
“[E]xiste un reconocimiento del derecho al olvido en materia crediticia, reconocido en algunas legislaciones, y una fuerte discusión sobre su aplicación cuando se trata de antecedentes penales, esto es, de personas condenadas por la comisión de un delito y que pretenden una resocialización […]. En el caso, la actora no cometió ningún delito, y de lo que ahora se trata es de bloquear en el buscador algunos programas televisivos en los que participó hace más de 24 años, y de los que no puede sentirse orgullosa. No [se ve] que se afecte el interés público.Si el ordenamiento brinda protección de esta índole a quien fue deudor en el pasado, por qué no a quien participó de una suerte de shows televisivos seudo periodísticos”.
DERECHO A LA INFORMACIÓN; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; CENSURA; DERECHO AL OLVIDO; INTERNET; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA INTIMIDAD; RESPONSABILIDAD;
GAEN (causa N° P. 130.555)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de inaplicabilidad de la ley (jueza Kogan y jueces Genoud Pettigiani y Soria).
1. Juicio por jurados. Víctima. Derecho a ser oído. Recurso de inconstitucionalidad. Fundamentación del recurso.
“El recurrente insiste ante esta instancia con su petición de inconstitucionalidad del art. 371 quater inc. 7 (en correlación con las restricciones dispuestas en los arts. 79 inc. 7, 423, 448 bis y 453, CPP) por omitir ese diagrama legal la potestad impugnativa de la víctima ante veredictos emanados del sistema de jurados. Sin embargo, […] el reclamo no contempla todos los términos del fallo impugnado. Y es sabido que deben rebatirse mediante una prolija crítica -como condición de suficiencia impugnativa conforme art. 495 en función del art. 15 de la ley 48- todos y cada uno de los argumentos en que se apoya aquel […], carga que como fuera dicho, aquí se ve claramente incumplida, dada la reedición en el recurso extraordinario en examen, de similares argumentos a los ya respondidos por Casación.
Estas exigencias son mayores en los casos como el presente, en el que se pretende un acto de suma gravedad institucional como lo es la declaración de inconstitucionalidad, supuesto que impone a quien la realiza […] demostrar de qué manera la circunstancia de que el régimen procesal vigente no prevea la posibilidad de que la víctima constituida como particular damnificado impugne el veredicto de no culpabilidad sufragado por el jurado, afecta en el caso concreto las garantías que se dicen conculcadas, causándole así un gravamen irreparable.
En resumidos términos […] no hay duda de que la intervención de la víctima como sujeto del proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva asegurado convencionalmente a partir de los arts. 8 apartado 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”.
2. Juicio por jurados. Sentencia absolutoria. Víctima. Recursos.
“Ahora bien, de la circunstancia de que la víctima sea un sujeto beneficiario de las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, y que por ende, pueda intervenir en el proceso penal como un sujeto procesal legítimo (art. 77 y concs., CPP -tal como lo hizo la víctima de autos a quien el Estado le aseguró el patrocinio jurídico gratuito a través de la defensa oficial-), no parece derivarse un derecho de raigambre constitucional a hacer revisar los veredictos de no culpabilidad que emita el jurado popular.
Por el contrario, el ‘derecho al recurso’ que expresamente establecen tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos (art. 8.2. ‘h’, CADH) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5, PIDCP) sólo le asiste al imputado. Y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329:5994) se encargó de señalar que la fuente convencional de la que emana el derecho a recurrir para la víctima son los arts. 8.1. y 25 (CADH) y no el específico 8.2. ‘h’.
Por ello es que, al déficit de no haber rebatido cada uno de los fundamentos brindados por el revisor, debe sumársele que las argumentaciones expuestas por los recurrentes no demuestran que el alcance otorgado por el a quo a las garantías constitucionales invocadas como fundamento invalidante de la restricción impugnativa que presenta el procedimiento de juicio por jurados -aun para un caso de violencia institucional- haya sido incorrecto (art. 495, CPP)”.
3. Juicio por jurados. Debido proceso. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[C]orresponde destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se expidió sobre la observancia del debido proceso por parte del procedimiento de jurados del país demandado, enumeró una serie de ‘buenas prácticas’ generadas en distintos sistemas procesales que fungen como mecanismos tanto para evitar la arbitrariedad, como para permitir al acusado y a la víctima la comprensión de las razones en que ha de fundarse un veredicto. […] Para ello tomó como ejemplo -entre otros- al sistema de jurados bonaerense del cual justipreció, como herramienta para cumplir ese cometido, a las instrucciones judiciales (arts. 371 bis y ter, CPP) y a la audiencia de voire dire (art. 338 quáter, CPP).
Es decir que, según el criterio esbozado en el precedente interamericano, la configuración de nuestro procedimiento de jurados cuenta con dispositivos que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos identifica como ‘...medidas para evitar la arbitrariedad y otorgarle a la víctima garantías suficientes para poner límites de racionalidad a una decisión’, lo que desde ese punto de vista también conlleva a aventar sospechas sobre su incompatibilidad convencional”.
JUICIO POR JURADOS; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO; RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD; FUNDAMENTO DEL RECURSO; SENTENCIA ABSOLUTORIA; RECURSOS; DEBIDO PROCESO; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
Piedrabuena (causa N° 2584)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná hizo lugar al recurso, revocó la resolución y admitió la medida cautelar solicitada. Además, ordenó a la parte demandada que procediese ala afiliación de la adolescente y le brindase cobertura médico asistencial (juez Busaniche y juezas Aranguren y Gomez).
1. Medidas cautelares. Derecho a la salud.
“[A]ntes de analizar los presupuestos fundantes de la medida cautelar deducida corresponde sostener, respecto a la admisibilidad de medidas como la peticionada en supuestos como el de autos, que el criterio no debe ser restrictivo sino amplio; con mayor énfasis cuando se encuentra en juego el derecho a la salud de una menor, como valor y derecho humano fundamental, a fin de evitar la posible frustración del derecho invocado y que la sentencia definitiva que pudiere acoger la pretensión no resulte inoficiosa o de imposible cumplimiento, es decir, que carezca de eficacia práctica”.
2. Verosimilitud del derecho. Prueba documental. Apreciación de la prueba.
“[L]a verosimilitud del derecho (fumus boni iuris) en el presente, resulta de las constataciones de la causa, en función del juicio de probabilidad y no de certeza que debe realizarse en las medidas cautelares. En este sentido,el magistrado de grado no está obligado sino a realizar apreciaciones sumarias, superficiales o periféricas entorno a su concurrencia”.
“La exigencia, por tanto, de la verosimilitud del derecho se ve satisfecha, en este caso, mediante la verificación de los datos probatorios documentales que sustentan y generan credibilidad –prima facie– en lo afirmado por la peticionante y en las constancias obrantes en autos, tales como la solicitud de la parte actora mediante carta documento de la afiliación de ella y su grupo familiar, la acreditación mediante comprobante de pago como monotributista a la obra social emitido por AFIP y la falta de respuesta de la accionada, quien no ha respondido en relación a la cobertura de lo requerido pese a haber sido debidamente intimada”.
3. Peligro en la demora. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño. Tutela judicial efectiva.
“[E]n lo atinente al `peligro en la demora´, requisito que el Juez de primera instancia no encontró satisfecho, es importante señalar la jerarquía valorativa que adquiere el recaudo, toda vez que se encuentra en juego el derecho a la salud de una menor, titular de derechos específicos indispensables para su formación y que está protegida por la Convención sobre los Derechos del Niño, de raigambre constitucional.
En este sentido, la inexistencia de una enfermedad actual, no resulta óbice en manera alguna para viabilizarla protección de la reclamante, toda vez que el amparo es viable cuando existe una amenaza, es decir actos lesivos de futuridad inminente […]. En tal sentido, no es necesario que la menor se encuentre enferma a los fines de atender su derecho de afiliación, puesto que nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a necesitar de los servicios de una obra social y el impedimento de su acceso conlleva un potencial riesgo para su salud, y, en definitiva, para su vida, que gozan de protección constitucional. El peligro en la demora se vislumbra claramente por el perjuicio inminente o irreparable que pudiera sufrir.Es por ello que la ausencia de una respuesta jurisdiccional favorable, oportuna y eficaz, implicaría violentar el derecho constitucional a la salud de la menor pretendiente”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PRUEBA DOCUMENTAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; PELIGRO EN LA DEMORA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
Bustamante (causa Nº 31000179)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén hizo lugar al planteo y concedió la prisión domiciliaria al imputado (juez Cabral).
1. Emergencia sanitara. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria. Progresividad de la pena. Principio de reinserción social. Educación. Principio pro homine.
“[H]ay que analizar cada caso en particular, y concretamente […] hay razones para mirar muy bien el caso de BUSTAMANTE; porque lo que hay que tener en cuenta de ese fallo es la mirada en función del principio pro homine, tener en cuenta a la persona como tal. […] En este caso, BUSTAMENTE viene cumpliendo su pena de manera regular, acatando las pautas carcelarias y superándose por medio del estudio; también se debe tener en consideración la situación de emergencia sanitaria, que hace que todas las personas hoy tengamos un trato distinto”.
“A raíz de que el virus ingresó al Complejo y la imposibilidad de tener cursos on line, la regularidad del cumplimiento de la pena y el programa de progresividad del régimen se han visto afectados, lo que hay que tener en cuenta en relación a la igualdad de trato respecto de otras personas. Hay que ver en cada caso las posibilidades del interno, en el marco de la facultad conferida al juez por el art. 7 de la ley 24.660.
Además [se impondrán] otras normas de conducta, porque […] el hecho de que cumpla la pena en su domicilio debe ser una pena progresiva, y dentro de la progresividad tiene que estar su educación y su posibilidad de reinserción social. Por eso, le exigirá que realice cursos on line gratuitos de capacitación, de la especialidad que sea de su interés. De manera que transite su pena realizando actividades que le ayuden a su reinserción social; amén de las demás obligaciones que se imponen regularmente para esta modalidad de cumplimiento de la pena”.
EMERGENCIA SANITARIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRISIÓN DOMICILIARIA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; EDUCACIÓN; PRINCIPIO PRO HOMINE;
BOI (causa N° 18894)Juzgado de Familia N° 1 de Tandil
El Juzgado de Familia N° 1 de Tandil declaró la anticonvencionalidad del art. 611 por no ser de aplicación a supuestos legítimos de relaciones basadas en la socio-afectividad, y contrariar el interés superior del niño.Además, otorgó a favor de A. y su pareja la adopción plena de la joven y realizó expresa reserva del derecho a un régimen comunicacional con sus hermanos (jueza Monserrat).
1.Adopción.Familia. Niños, niñas y adolescentes.
“[La adopción] constituye, sin lugar a dudas, una institución protectora de niños, niñas o adolescentes [y] `ha sido creada para optimizar la vida de los niños y adolescentes y proporcionar un marco de afecto y seguridad al que los mismos tienen derecho´[…]; resultando su finalidad superadora del desamparo al otorgar al niño, niña o adolescente un ámbito familiar y un hogar, imprescindibles para su formación integral, como así también resulta generadora de un vínculo filial análogo al de la filiación biológica.
`La adopción, para no ver perjudicados sus fines ni caer en un desprestigio institucional que la torne indeseable para quienes pretenden acceder a ella, y a la postre inexistente como opción válida para encauzar sus sentimientos afectivos y solidarios, debe procurar seguridad jurídica para quienes conforman la unión naciente´[...].
`Esta seguridad debe ante todo orientarse en función de los hijos, quienes son los primeros interesados en que el vínculo se consolide definitivamente por cuanto ya han sido objeto y sufrido las traumáticas consecuencias del abandono, y deben por lo tanto ser protegidos de toda situación de duda, que sí se genera frente a un vínculo claudicante marcadamente intermitente, cuando no totalmente abandónico, que se procura mantener artificialmente con sus padres naturales´…”.
“`[L]a institución de la adopción, ha surgido como consecuencia de la existencia de la necesidad de legitimar una relación que involucra a personas que, bajo ciertas condiciones, se vinculan afectivamente, dotándolas de fijeza, procurando sustancialmente el bien del menor involucrado en ella´[…].
`[E]n el ámbito de los derechos del niño se reconoce a la adopción como un instrumento necesario para la protección de los menores, institución ésta que tiene justificación y fundamento en los valores justicia, solidaridad y paz social´…”.
2. Guarda de niños. Interpretación de la ley.Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Interés superior del niño.
“Una interpretación sistémica del […] artículo [611] podría significar que la prohibición incluida, en el último párrafo, que desestima como adoptantes aquellas personas que detentaran una guarda judicial o a quienes se les hubiera delegado el ejercicio de la responsabilidad parenteral, lo serían sólo en casos de `entrega directa en guarda de NNA mediante escritura pública o acto administrativo´ o cuando la entrega directa en guarda hubiera sido realizada por otros familiares del niño.Pero lamentablemente no hay conectores en la redacción gramatical que nos permitan afirmar, efectivamente, que el primer párrafo y el últimos tienen relación de causa efecto, y por el mencionado párrafo, al no distinguir, incurre en una generalización, que pudiera incluir la situación a quienes pretenden la adopción de [la joven]…”.
“[T]oda norma debe aceptar su excepcionalidad, cuando las relaciones humanas, las circunstancias fácticas de cada una de los procesos de abrigo que culminan en la declaración de estado de adoptabilidad, de mantenerse el rigorismo formal, terminarían ser contrarias al interés superior del niño. Ha dicho la SCBA con relación al Registro Central de postulantes a guarda con fines de adopción que el mismo `resulta un factor de singular valor a efecto de estar en condiciones de resolver con mayor posibilidad de éxito acerca de la idoneidad de eventuales adoptantes de acuerdo con las características que presentan los niños en situación de adoptabilidad, pero constituye simplemente un medio instrumental, como tal ordenado a la consecución de un fin.
De modo que en definitiva, el registro cumple una función de marcada importancia en cuanto rodea de ciertas garantías la entrega de criaturas en estado de abandono con destino a su futura adopción contribuyendo a desplazar prácticas ilícitas tales como el tráfico y la explotación de menores, pero no puede representar una especie de monopolio para determinar las personas que pueden adoptar un niño cuando obrar en su estricto apego produjere un perjuicio para el menor, contrario a su concreto interés superior.´[…]. Y es esta, precisamente, la situación de autos, donde la suscripta ha dispuesto, ya en la propia sentencia de estado de adoptabilidad, que no habría de requerir la remisión de los listados respectivos, convencida que ese no era precisamente el camino a seguir en el marco del `interés superior del niño´”.
3. Familia. Socioafectividad.
“[N]o sólo el Derecho Brasilero se ha manifestado con relación a la socio-afectividad como causa fuente de derechos y obligaciones, sino también el Derecho argentino (aunque más tímida e incipientemente) por ej. en el art. 7º del dec. 415/2006 que reglamenta la ley 26.061 dispuso al definir a la familia o al núcleo familiar que `Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección´, por su parte también la jurisprudencia desde aquel fallo de la Justicia de Córdoba que en el 2010 al resolver favorablemente el pedido de la expareja lesbiana de la madre biológica, estimaba la necesidad de `distinguir el parentesco de sangre o legal, de aquel que se establece por la fuerza de los hechos (o los afectos) y que cuenta con una aceptación social que lo legitima, aun cuando desde el punto de vista normológico carezca de recepción´…”.
4. Adopción. Control de convencionalidad. Régimen de comunicación.
“[R]esulta aconsejable otorgar la adopción plena toda vez que los vínculos morales van más allá de las disposiciones legales, siendo indispensable y necesario brindar a niñas, niños y adolescentes un marco de seguridad jurídica, y es en esa necesidad, y teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aseverado, al referirse a los sistemas judiciales de los países firmantes de los Tratados Derechos Humanos, que los mismos: `debe(n) ejercer una especie de `control de convencionalidad´ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos´[…] Y es en ese `control difuso de la convencionalidad´ que [...] debe ser garantía del interés superior de O...”.
“[L]a forma legal que [se entiende] más beneficiosa es la que confiere la adopción plena. Al mismo tiempo, se tiene particular consideración a la realidad biológica de la adolescente y en ese contexto, en la necesidad de otorgar a todos los actores de esta historia un marco jurídico de seguridad, es que […] si bien la adopción plena aparece como la figura que […] mejor garantiza y supera el estado de incertidumbre jurídica, también […] el derecho al régimen comunicacional, aún en dicho marco, debe resguardarse en relación a los hermanos biológicos. Ese régimen comunicacional debe ser estatuido en forma flexible y consensuada, fuera de los estrados de este Juzgado, respetando la madurez progresiva de cada niño y sus propios deseos. […] Resulta imprescindible destacar que [se ha] merituado los extremos producidos en autos tomando como principio rector el Interés superior del niño, principio fundamental emanado de la Convención de los Derechos del Niño (arts. 3° y 21 CDN) como uno de los pilares de la decisión adoptada […] para el otorgamiento de la adopción requerida”.
ADOPCIÓN; FAMILIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; GUARDA DE NIÑOS; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; SOCIOAFECTIVIDAD; RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN;
Quintana Artigas (causa Nº 5058)Juzgado Federal de Río Grande.
La Secretaría Penal N° 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande hizo lugar a la propuesta de reparación integral (jueza Borruto).
1. Conciliación. Reparación. Extinción de la acción. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley.
“[L]a alternativa procesal […] ha tenido su recepción en el código de fondo, en el artículo 59 inc. 6, que dispone la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. […] Esta alternativa se erige en un obstáculo procesal a la respuesta punitiva, y corresponde que sea aplicada por los jueces con el mismo carácter que las restantes causales extintivas de la acción, incluidas en dicho artículo.
Del mismo modo, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, en el mes de noviembre de 2019, puso en vigencia herramientas valiosas para la solución de conflictos como el que nos convoca, tal es el caso del artículo 22, que habilita a los jueces y representantes del Ministerio Público a procurar la resolución de conflictos mediante soluciones que puedan restablecer la paz social. Esta nueva perspectiva nos insta a analizar los delitos en tanto conflictos sociales, que requieren de abordajes complejos por tratarse de fenómenos multicausales, así como a ser abiertos a la búsqueda de soluciones que no se limiten a la aplicación de una sanción, sino antes bien a alternativas que procuren una restauración del orden social convulsionado por la transgresión de la norma”.
2. Código Procesal Penal. Interpretación de la ley. Vías alternativas. Justicia restaurativa.
“El derecho penal, en tanto herramienta represiva, debe representar la última ratio dentro de un sistema democrático, esto quiere decir, que debe conferirse primacía a otros instrumentos con mayor aptitud para gestionar el conflicto social, máxime cuando nos encontramos ante delitos que, pese a contar con una escala penal relativamente baja, resultan de especial interés para el conjunto de la sociedad en tiempos como los que atravesamos.
De la lectura del referido artículo 22 del C.P.P.F. no puede sino interpretarse que nos encontramos ante una norma de carácter imperativo para los organismos públicos que intervienen en el proceso penal, ello así en la medida que dispone: Solución de conflictos. Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. La elección del término procurarán por parte del legislador […] no es azaroso y evidencia que se espera, por parte de los representantes de los órganos públicos encargados de realizar el trámite penal, una conducta activa tendiente a la resolución del conflicto por vías alternativas a las de la sanción penal, y no una simple consideración o evaluación de las alternativas que le sean propuestas.
Resulta evidente, en ese sentido, la existencia de una voluntad legislativa de desmontar el modelo actual de gestión retribucionista de la conflictividad social, que considera el castigo del autor del acto disvalioso como la única respuesta estatal posible. […] El modelo de justicia restaurativa, por oposición al señalado anteriormente, admite la reparación del daño causado por la infracción penal, colocando al imputado en un rol activo en la proposición y materialización de medidas que propendan a la reposición del orden público alterado”.
3. Emergencia sanitaria. Salud pública. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Delitos contra la seguridad pública. Reparación.
“En ese orden, no puede desconocerse que en casos como el que nos ocupa, se han puesto en juego bienes jurídicos que se encuentran tutelados dentro del capítulo de los delitos contra la seguridad pública, ubicado dentro del título de los delitos contra la seguridad pública, del Código Penal, con lo cual el sujeto pasivo no se trata, en esta oportunidad, de un individuo en particular, sino antes bien, de la comunidad en su conjunto. Por este motivo es que la propuesta […] de hacer una donación de elementos a organizaciones dedicadas a la asistencia alimentaria y sanitaria de miembros de esta ciudad, resulta pertinente en tanto alternativa destinada a la reparación del perjuicio causado.
No puede soslayarse […] que sin perjuicio que la conducta atribuida al imputado no se tradujo en un daño epidemiológico o material concreto, sino antes bien en una mera desobediencia a las normas dispuestas por la autoridad para evitar la propagación de una pandemia, tal como exige el tipo penal del artículo 205 del C.P., la intervención de los organismos públicos destinados a la persecución penal, así como de todas las instituciones auxiliares de esa tarea (prevención policial, centros médicos asistenciales, organismos provinciales y municipales, etc.), implicaron una efectiva distracción de recursos públicos. De esta manera, resulta posible realizar una mensuración patrimonial del daño provocado por la conducta reprochada, susceptible de ser reparado con la alternativa propuesta por el imputado en la suma de pesos treinta mil…”.
CONCILIACIÓN; REPARACIÓN; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VÍAS ALTERNATIVAS; JUSTICIA RESTAURATIVA; EMERGENCIA SANITARIA; SALUD PÚBLICA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA;
Ramos Campagnolo (reg. Nº 922 y causa Nº 54000011)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida y concedió la libertad condicional al condenado (jueces Mahiques y Yacobucci). En disidencia, el juez Slokar propuso declarar la nulidad de la decisión por no haberle dado intervención previa a la defensa al denegar la libertad condicional
Voto de los jueces Mahiques y Yacobucci
1. Libertad condicional. Plazo. Principio de legalidad. Interpretación de la ley. Arbitrariedad.
“[N]o explica la magistrada los motivos por los cuales agrega, como impedimento legal a la concesión del instituto, que el condenado permanezca detenido en el marco de otra causa, empleando -sin dar otros fundamentos-, una interpretación in malam partem. En definitiva, no está controvertido que [el imputado] cumple con el requisito temporal establecido en el artículo 13 del C.P. para la concesión de la libertad condicional […] y que, además, la totalidad de las áreas del Instituto Penal Federal Campo de Mayo (Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal) dictaminaron a favor de la concesión del beneficio –extremo que tampoco fue discutido-, lo cual es suficiente para habilitar el reclamo de la defensa, dado que la detención referida a la [otra] causa […] en nada modifica la situación del causante respecto de la pena única impuesta en esta causa (art. 13 CP)”.
“[S]e observa que el decisorio en cuestión carece de la debida fundamentación y no puede ser admitido como acto jurisdiccional válido, pues el motivo limitativo en el que se basa el rechazo de la libertad anticipada -esto es, el hecho de que el condenado no podría cumplir con las cláusulas compromisorias establecidas en el art. 13 del Código Penal por encontrarse detenido [en otro expediente] no se encuentra previsto legalmente; lo que torna a la decisión a estudio en arbitraria y pasible de ser casada”.
Voto en disidencia del juez Slokar
1. Derecho de defensa. Principio de contradicción. Arbitrariedad. Nulidad.
“[D]ebe observarse que la resolución traída a estudio se encuentra afectada por un vicio de nulidad, toda vez que en la especie no se facilitó la intervención previa de la defensa para evaluar y postular su criterio en orden a las cuestiones alegadas por el Ministerio Público Fiscal […]. Así, la decisión emanada del órgano jurisdiccional no se encontró precedida de un verdadero contradictorio, siendo que la actividad jurisdiccional ha privado a la defensa de la posibilidad de contestar y expresar su punto de vista en orden a las cuestiones introducidas por la vindicta pública […]. Esta defectuosa sustanciación, que culminó en el rechazo de la petición solicitada, debe fulminarse con la sanción de nulidad por afectación del derecho de defensa en juicio (arts. 168 CPPN y 18 CN)”.
2. Emergencia sanitaria. Derecho a la salud.
“Magüer lo antedicho, sabedor del resultado de la deliberación, en virtud de […] que [el imputado] ha dado positivo en el hisopado realizado en razón del virus COVID-19, circunstancia que derivó en su traslado a la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, se impone, de conformidad con lo establecido en las Acordadas N° 3/20 y 9/20 de esta CFCP y destacando la imperatividad de la Resolución N° 4/20 de la CIDH que establece Directrices Interamericanas sobre los ‘Derechos Humanos de las personas con COVID-19’, encomendar enfáticamente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que se adopten de forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de resguardar su salud, como así también coadyuvar a las medidas de prevención adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional”.
LIBERTAD CONDICIONAL; PLAZO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ARBITRARIEDAD; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; NULIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; DERECHO A LA SALUD;
Morbidelli (causa Nº 7197)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la sentencia (jueces Arias y Lemos Arias).
1. Jubilación. Obras sociales. PAMI.
“[E]l art. 16 de la ley 19.032 de creación del PAMI no obliga a que se transfiera a la persona que se jubile a ese Instituto sin una expresa voluntad. A mayor abundamiento, las leyes 23.660 y 23.661 confirman esa situación al consagrar que los jubilados y pensionados pueden permanecer como beneficiarios de las o tras obras sociales integrantes del sistema de salud. Esta es la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.354.XXXIV `Albónico, Guillermo Rodolfo y otro c/ Instituto Obra Social´, del 08/05/2001, con relación a las normas invocadas en autos.
En este fallo, el Alto Tribunal también expresa `Que el principio consagrado en el art. 16 de la ley 19.032 aparece corroborado, además, con el dictado de sucesivas norma legales y reglamentarias destinadas a ampliar y garantizar paulatinamente la libertad de elección de los prestadores médicos por parte de los beneficiarios, lo que enfatiza la necesidad de evitar soluciones que puedan desvirtuar el ejercicio de ese derecho al entrar en pasividad. En tal sentido, cabe mencionar la posibilidad que se ha reconocido a los jubilados y pensionados de optar por la atención sanitaria de entidades que se inscriban en un registro especial previsto para esa finalidad, sin que ello altere la facultad de conservar las prestaciones que ya estaban a cargo de otros agentes del seguro de salud con relación a ese sector…´.
En esa inteligencia, […] las normativas citadas le permiten al beneficiario escoger un agente diferente al INSSJP, sin que se realice una automática desafiliación y una obligatoria afiliación a este último. Asimismo […], esta interpretación de las normas en análisis, impiden oponer al actor algún posible acuerdo que fuera celebrado con su ex empleadora…”.
“Cabe también observar que el argumento de la demandada acerca de que no se encuentra capacitada para atender Jubilados y Pensionados, porque requieren un tipo especial de atención y determinadas prestaciones que no posee, resulta incongruente cuando le ofrece mantener la misma cobertura en calidad de adherente…”.
JUBILACIÓN; OBRAS SOCIALES; PAMI;
Matos Conde (Causa n°73620)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la decisión impugnada y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que impusiese una nueva pena acorde a los lineamientos dados en su pronunciamiento previo (jueces Morin y Días).
1. Pena. Determinación de la pena. Nulidad. Robo. Tentativa.
“[P]ese a los expresos lineamientos dados por esta Cámara en la resolución [previa] respecto de cómo debía ser la nueva sanción a imponer [al imputado] en función del cambio de calificación establecido, el tribunal decidió apartarse de manera incomprensible de lo dispuesto, e impuso una pena idéntica a la original sin brindar ninguna explicación que justifique su proceder”.
“[A]siste razón a la defensa en su reclamo, en tanto la resolución impugnada no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido, por lo que procede su nulificación y reenvío del caso […], a fin de que dicte una nueva resolución dentro de los precisos márgenes jurisdiccionales ya fijados por esta Sala en su anterior intervención.
Cabe poner de resalto también la innecesaria ralentización de este proceso, originada en el sorpresivo incumplimiento de la precisa disposición de esta sala de que se establezca una pena inferior a la fijada previamente, desoyendo así los parámetros fijados en la sentencia firme pronunciada al efecto; lo cual constituyó, en términos procesales, una afectación de un derecho ganado por parte del recurrente”.
PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; NULIDAD; ROBO; TENTATIVA;
Asís y otros (causa N° 15621)Juzgado Federal Nro. 1 de Córdoba
El Juzgado Federal de Córdoba N° 1 sobreseyó a todas las personas imputadas (Juez Bustos Fierro).
1. Cultivo de estupefacientes. Cannabis. Reforma legal. Derecho a la salud. Personas con discapacidad.
“[E]l día 29 del mes de marzo de 2017 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 27.350 relacionada con la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. En su art. 1, la ley reza que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”.
“Otro dato importante a tener en cuenta, es que el gobierno actual, más precisamente el Ministerio de la Salud de la Nación, con fecha 16 de julio de 2020, presentó ante los medios un borrador de la reglamentación de la ley a organizaciones, médicos y científicos, que permite el autocultivo de cannabis medicinal…”.
“En el mismo orden, y para más razones, la Organización Mundial de la Salud, el 14 de diciembre de 2017 recomendó que el cannabidiol, un compuesto del cannabis, no se clasificara como sustancia sujeta a fiscalización internacional. Ello relacionado a que en su informe reza que dicha sustancia sirve como paliativo para enfermedades crónicas y para pacientes con epilepsia”.
“En el caso [presente], el legislador sancionó la Ley 23.737, que castiga las distintas conductas relacionadas al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes (comúnmente denominadas ‘drogas’), y con ellos protege a nuestra sociedad de acceso a dichas sustancias, que crean adicción y perjudican la salud de la comunidad. Pero este no es el caso de los productos medicinales derivados del cannabis, como ya se ha fundamentado”.
2. Salud pública. Tipicidad. Cannabis.
“[L]a sanción de la ley que autoriza la producción y comercialización de medicamentos derivados del cannabis […] excluye de la tipicidad de la conducta penal que implica la venta o confección de medicamentos en base a esos productos, ya que según el principio de taxatividad de la ley penal, no se podría castigar a quien realiza conductas que están permitidas por las normas.
[…] [L]o que se pretende, es recalcar, que sancionar una ley penal que castiga ciertas conductas en función de proteger la salud pública, y sancionar otra ley posterior que autoriza algunas de dichas conductas, a modo de excepción, para beneficio de la salud, implica que éstas no pueden ser castigadas penalmente, ya que no vulneran el bien que protege la Ley 23.737 (la salud), sino por el contrario, contribuyen a mejorarla”.
3. Plazo razonable. In dubio pro reo. Vulnerabilidad.
“[L]os hechos endilgados a los acusados datan de los meses comprendidos entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, de los que se sigue que ya han pasado entre 3 a 4 años en los que no se pudieron encontrar indicios que acreditan las figuras típicas endilgadas, que superen la duda razonable, y mantener esta situación de suspenso judicial vulneraría el principio del plazo razonable.
En definitiva, no puede una persona estar sometida a un proceso penal por un tiempo indefinido, ya que conllevaría a la afectación del derecho de obtener una sentencia, que dé certeza de su situación con la justicia y con la sociedad, que se entremezclan con las molestias, gastos y sufrimientos que importan estar sometido a un proceso penal por tan largo tiempo”.
“[L]os instrumentos internacionales de derechos humanos han receptado de manera expresa la vinculación de la garantía del debido proceso respecto de la existencia de un plazo razonable de duración del proceso penal”.
“[E]l último elemento de los considerados por la Corte IDH para analizar la razonabilidad del plazo, está vinculado a la prioridad de las personas en situación de vulnerabilidad. Se refiere a un concepto de acceso a la justicia cuyos patrones deben estar orientas en función de las propias necesidades de las personas integradas a algún colectivo vulnerable, priorizando su atención, resolución de los conflictos en los que intervengan y su ejecución, bajo la idea de una mayor flexibilización y rapidez”.
CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; CANNABIS; REFORMA LEGAL; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SALUD PÚBLICA; TIPICIDAD; PLAZO RAZONABLE; IN DUBIO PRO REO; VULNERABILIDAD;
Polanco Familia (causa N° 11633)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 1
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 hizo lugar a la demanda de manera parcial y ordenó a la ANSeS que verificase el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la normativa que instituyó el IFE. Además, para el caso de no poderse realizar por falta de documento nacional de identidad de la mujer, dispuso que se le requiriera que declarase bajo juramento los datos que la administración debía verificar. En ese sentido, dispuso que, de darse el cumplimiento de los restantes requisitos, la ANSeS otorgase a la actora el Ingreso Familiar de Emergencia en forma retroactiva. Por último, requirió a la Dirección Nacional de Migraciones que extremase las medidas a efectos de resolver en el menor tiempo posible, la petición de la actora de fecha febrero de 2020 y determinase su situación migratoria (jueza Alonso Candis).1. Seguridad social. Leyes previsionales. Emergencia sanitaria.
“La función de la judicatura es aplicar la ley, teniendo una visión conjunta de todas las aristas implicadas y utilizando un criterio armonicista del andamiaje jurídico que regula la cuestión, aunque sin obviar la situación particular de los sujetos individuales involucrados a la luz de la normativa protectoria de la Seguridad Social que hace a la naturaleza propia del fuero que nos compete.
El Decreto 310/2020, consideró que como consecuencia de la pandemia […] se produjo una crisis sanitaria global, por la que el gobierno argentino dispuso un conjunto de medidas para el cuidado de su población, incluyendo un aislamiento social, preventivo y obligatorio para reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de atención del sistema de salud.
[Se] creó el `Ingreso Familiar deEmergencia´ –IFE–, para los sectores más vulnerables de la sociedad, instituido con alcance nacional, como una prestación monetaria nocontributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020 y complementarias”.
“La Anses al momento de iniciar el trámite para el cobro del IFE, requiere contar con un documento nacional de identidad, extremo que como lo señala la actora no está previsto en la normativa, por lo que lo califica de arbitrario y divorciado del principio de legalidad.
Es válido y razonable entender que la actora, de nacionalidad dominicana y migrante en nuestro país desde el año 2011, al cumplir con el requisito de dos años previsto en el art. 2 inc. a) del Decreto 310/2020, tiene derecho a obtener el cobro del IFE...”.
2. Migrantes. Documento Nacional de Identidad. Residencia. Dirección Nacional de Migraciones.
“La actora como migrante en nuestro país, tiene derecho a obtener su documento nacional de identidad, pues éste le permitirá probar su identidad, que es un derecho humano, a la vez que le permitirá ejercer plenamente sus derechos. La actora no solo tiene derecho a obtener el cobro del IFE, de contar con todos los demás recaudos exigidos por el Decreto 310/2020, sino también a obtener su documento nacional de identidad y será necesario hacer saber a la actora que obtener este documento será su herramienta de inclusión social y le permitirá obtener derechos básicos y personales, tales como el derecho a obtener un trabajo formal, de ahí la necesidad de reforzar la idea de que la solución no es acceder a un derecho, en el caso obtener el cobro del IFE, forzando la reglamentación o pretendiendo su acceso a través de mecanismos irregulares de tramitación, sino dar cobertura plena e integral a la situación de la actora en su condición de migrante y para ello arbitrar los medios reglamentarios a efectos de procurarse la obtención de su documento nacional de identidad, extremo que exige la reglamentación del decreto de creación del IFE, no como un requisito aislado y arbitrario, sino que responde a la organización interna de nuestro país, en relación asus propios ciudadanos y también de los extranjeros”.
“[S]e acreditó que la actora posee más de dos años de residencia en el país, por lo que de verificarse el resto de los requisitos previstos por el Decreto 310/2020, como así también la verificación socioeconómica y patrimonial que realice la Administración Federal de Ingresos Públicos, posee derecho a cobrarla prestación monetaria no contributiva –IFE–, creada por dicha normativa, pero también ha de quedar claro que la actora tiene el deber y el derecho a obtener su documento nacional de identidad conforme ley 17.671, el que será el instrumento que le permitirá su inclusión social, al poder acompañarlo para la realización de los trámites administrativos públicos y privados para los cuales sea necesario su presentación”.
“[Si se considera la actual] forma de atención y las demoras que pueden llevar los trámites como los que debe realizar la actora para tramitar su DNI, sumado al hecho de que previo a realizar los mismos, deberá esperar la resolución que dicte la Dirección Nacional de Migraciones, –pues de esta decisión depende su posibilidad de tramitar su documento nacional de identidad–, tras su petición efectuada en febrero de 2020, […] resulta necesario adoptar una solución que permita a la actora poder acceder al cobro del IFE sin demoras, pues se trata de una prestación económica, asistencial creada para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social, sumado a la circunstancia de que la actora posee dos hijos menores a su cargo. Las demoras y vericuetos administrativos, no deben conspirar en detrimento de quienes necesitan la ayuda y remedio de la seguridad social y se encuentran en el estado más vulnerable de nuestra sociedad, pues la demora en el auxilio social, puede tornar ilusorio el derecho y agravar las condiciones de vida de quienes lo requieran”.
SEGURIDAD SOCIAL; LEYES PREVISIONALES; EMERGENCIA SANITARIA; MIGRANTES; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; RESIDENCIA; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES;
Gallardo (causa N° 1378)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelacionesde Salta rechazó el recurso y confirmó la decisión (jueza Catalano y juez Elias).
1. Carga de la prueba. Apreciación de la prueba. Derecho de defensa.
“[E]l ordenamiento procesal establece los tiempos u oportunidades que tienen las partes para hacer valer sus derechos, fuera de los cuales dichas facultades se clausuran por imperio de la ley, sin que para lograr tal resultado se requiera petición de parte y menos aún declaración judicial (cfr. art. 155 del CPCCN de aplicación al amparo en virtud de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 16.986).
Sobre tales bases, si bien el recurrente cumplió con la carga de ofrecer prueba en oportunidad de presentar el informe circunstanciado, no instó su producción ni cuestionó la providencia que ordenó el pase de la causa al Fiscal Federal omitiendo su proveído […].
Pero fundamentalmente, nada dijo al recurrir respecto de la `pertinencia, utilidad y relevancia´ de los elementos probatorios ofrecidos, limitándose a señalar que con tal omisión se había lesionado su derecho de defensa, lo que luce insuficiente a los fines de anular la sentencia. Es que, la nulidad se vincula íntimamente con la intangibilidad del derecho de defensa […], de modo que sólo cuando surge un defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad. En consecuencia, la declaración de nulidad requiere la concurrencia de determinadas circunstancias, entre las que adquieren particular relevancia el interés de la parte y el perjuicio ocasionado por las defensas efectivas que no pudo utilizar, que deben ser demostrados por quien alega. De allí que constituye un remedio de naturaleza extrema…”.
2. LGBTIQ. Identidad de género. Plan Médico Obligatorio. Tratamiento médico.
“[L]a Ley 26.743 que establece el derecho a la identidad de género de las personas incorporó en el Programa Médico Obligatorio todas las prestaciones contempladas en su art. 11 […].
A su vez, el decreto reglamentario de dicha norma (Nº 903/2015) expresa que se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida y comprende a la mastoplastía de aumento, como la requerida por la actora, por lo que teniéndose en cuenta el tiempo transcurrido desde que el mismo entró en vigencia (fue publicado en el Boletín Oficial el 29/05/2015) no puede pretender el PAMI neutralizar tal obligación con el argumento de que esa clase de cirugía no se encuentra incluida en el PMO”.
3. Derecho a la salud. Obras Sociales. Igualdad.
“[S]i bien en principio la obligación de la obra social de brindar el servicio comprometido se ajusta a una nómina de prestadores establecida atal fin, es claro que a su turno, esa obligación se enmarca en el principio de igualdad y el deber de garantizar el acceso al servicio de salud.
En efecto, uno de los pilares del sistema cerrado de salud es que los beneficiarios se atiendan con los prestadores de la `cartilla´ […], reservándose las obras sociales para sí la potestad de definir el cuerpo de especialistas y las instituciones que ponen a disposición de sus usuarios.
Sin embargo, lo anterior no es un principio absoluto puesto que, excepcionalmente, cuando resultara de las circunstancias del caso particular […], y habida cuenta de la obligación de las entidades mencionadas en último término de garantizar la atención de sus adherentes, podría configurarse un supuesto que ameritare el apartamiento de las reglas sentadas[...] Bajo tales pautas, se advierte que dicha situación excepcional acontece en el caso de autos, pues la propia demandada reconoce que carece actualmente de prestadores en la Provincia de Salta que brinden el servicio de cirugía plástica, en el que se enmarca la solicitada por la actora”.
4. Derecho a la salud. Medidas de acción positiva.
“Es preciso destacar que las obras sociales deben garantizar el derecho a la salud de sus afiliados a través de acciones positivas y no meramente con el reconocimiento del derecho, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha entendido que en la actividad de las obras sociales debe verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios […].
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 14 destacó que el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca como elemento esencial al de la `accesibilidad´, que en su dimensión `física´ implica que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar, sin discriminación alguna, al alcance geográfico de la población […]. En este aspecto, deviene imperioso destacar que de la lectura íntegra del documento de referencia en armonía con lo dispuesto por el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se colige que la obligación de garantizar el acceso al derecho a la salud debe ser entendida como la de facilitarlo en la mayor medida posible, vale decir `hasta el máximo de los recursos que se disponga´...”.
CARGA DE LA PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; TRATAMIENTO MÉDICO; DERECHO A LA SALUD; OBRAS SOCIALES; IGUALDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;
Cardozo Subia (Causa n°2524)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°1
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 1 absolvió al imputado y dispuso su libertad (jueces Díaz y Juarez Almaraz y jueza Snopek).
1. Principio acusatorio. Tráfico de estupefacientes. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad.  
“Con respecto al pedido de absolución lisa y llana formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal considera que el alegato fiscal resulta válido, puesto que contiene suficientes argumentos para adoptar la postura de la falta de acusación. Por tal motivo […]se hará lugar a la petición fiscal realizada en este sentido.
Asimismo, el Tribunal estima que no debe hacerse lugar a la medida de prohibición de ingreso al país al [imputado], en atención a que resulta ser una petición incongruente con el estado de inocencia que se reconoce al imputado”.
PRINCIPIO ACUSATORIO; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
Puga Tamani (causa n°13333)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 declaró la inconstitucionalidad del inciso 10 del artículo 14 del Código Penal de la Nación y del artículo 56 bis de la ley N° 24660 y concedió a las dos personas la excarcelación bajo caución juratoria (juez Giménez Uriburu). 1. Declaración de inconstitucionalidad. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Reforma legal. “[T]anto la Constitución Nacional como los tratados internacionales que revisten idéntica jerarquía hacen especial hincapié en la obligación del Estado de brindarle a los condenados herramientas para robustecer su reforma y readaptación, es decir, en otorgarle todas las posibilidades para que el sujeto pueda reinsertarse de manera armónica una vez que regrese al medio libre”. “[C]on una normativa como la propuesta por el segundo supuesto del artículo 14 del Código Penal, todo lo consagrado por las normas de jerarquía constitucional deviene abstracto en razón de que, independientemente del esfuerzo, conducta y sujeción al tratamiento penitenciario que demuestre el condenado, lo propio no se verá reflejado en su incorporación a algún instituto fuera del establecimiento carcelario, de forma tal que, cualquiera sea el resultado de su evolución, su fecha de egreso no podrá verse modificada”. “[Existe] una contradicción entre una norma de menor jerarquía, como lo es la ley 27375, respecto a principios y garantías constitucionales y convencionales. En efecto, el artículo 14 del Código Penal, en su segunda hipótesis, controvierte preceptos básicos establecidos en los pactos internacionales incluidos en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley Fundamental, situación que avala proceder a su control de constitucionalidad”. 2. Ley de Estupefacientes. Ejecución de la pena. Igualdad. Reinserción social. Progresividad de la pena. Principio pro homine. “[E]l acceso a cualquiera de los institutos […] [liberatorios] no puede ni debe ser rechazado por la única circunstancia de que el sujeto haya recibido una condena por un injusto determinado, ya que lo propio soslayaría la evolución del interno dentro del ámbito penitenciario, como así también sus guarismos de conducta y concepto dado que, independientemente de cual sea su actitud para con el tratamiento carcelario, la consecuencia será siempre la misma”. “[E]stas disposiciones de la ley 27375 se traslucen en un impedimento para que el penado pueda reincorporarse gradualmente a la vida en libertad, pues el art. 14 del Código Penal –en su segunda hipótesis- y el 56 bis de la ley 24660 determinan dicho agravamiento cualitativo de la pena”. “Este conflicto marcado entre el régimen de progresividad de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y la regulación objeto de estudio, debe necesariamente resolverse a favor del primero; así lo imponen las normas internacionales ya destacadas y los principios ‘pro homine y ‘pro libertatis’”. “[Resulta] insalvable la violación al principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional, toda vez que nos encontramos actualmente conviviendo con dos sistemas de ejecución penal opuestos en relación a sus características y objetivos, aún ante situaciones análogas”. “Si bien los delitos por los que la ley veda al acceso a salidas transitorias, libertad condicional y libertad asistida, tienen la particularidad de resultar, en algunos casos, extremadamente graves de conformidad con los criterios de política criminal, no es menos cierto que los legisladores no han brindado razones válidas por las que determinaron que quienes hayan cometido ese tipo de conductas no puedan acceder a los referidos institutos”. “De la lectura de las discusiones parlamentarias referidas a la sanción de la ley 27375 […] puede inferirse que las argumentaciones brindadas por los legisladores para justificar sus consecuencias, no alcanzan para ser consideradas constitucionalmente válidas. Ello así porque se basan en cuestiones que hacen al delito de autor, incompatible con las garantías consagradas por la Constituciones Nacional”. 3. Declaración de inconstitucionalidad. Reforma legal. Igualdad. No discriminación. “Se advierte […] una vulneración a la garantía constitucional de la que gozan todos los ciudadanos de ser puestos en un plano de igualdad ante la ley, por cuanto el Poder Legislativo, por intermedio de la ley en examen, propuso un tratamiento asimétrico ante situaciones idénticas, sin que lo propio se encuentra debidamente fundado e impactando directamente contra garantías reconocidas por nuestra Carta Magna”. “Ante la falta de un patrón objetivo y racional que lo justifique, el tratamiento diferenciado sólo parece obedecer a la circunstancia de que la comisión de determinados delitos resulta reveladora de la peligrosidad intrínseca de sus autores, lo que haría imperioso disponer el cumplimiento prácticamente íntegro de las penas en establecimientos carcelarios”. “[L]a discriminación efectuada por la ley 27.375 no puede ser sostenida sin vulnerar el principio de igualdad ante ley, ya que niega el derecho a la reinserción o readaptación social a un grupo determinado de personas, sin otro fundamento que el delito por el que resultaron condenados”. “[L]a restricción introducida por el legislador no supera el estándar constitucional, vulnerando el principio de igualdad, pues basa sus distinciones únicamente en función del delito por el que se estableció la condena, con la fijación de una regla genérica que impide a un sector de la población carcelaria acceder a los derechos que se les reconocen a otros, desatendiéndose infundadamente del tratamiento individualizado y de la situación en concreto de cada condenado”. 4. Ejecución de la pena. Reforma legal. Declaración de inconstitucionalidad. Principio de proporcionalidad. “[E]l inciso 10 de los artículos 14 del C.P. y 56 bis de la ley 24660 –a partir de las modificaciones plasmadas por la 27375- se da de bruces con el principio de proporcionalidad en los objetivos político criminales, cuya finalidad radica en que la intervención pública sea idónea, indispensable y proporcionada, esto es, que los medios empleados se adecuen al fin, que sea el más moderado dentro de aquéllos igualmente eficaces, y que se respete el contenido esencial de los derechos involucrados”. “[L]as aludidas modificaciones introducidas por la ley 27375 han desvirtuado el principio rector del proceso de la ejecución penal que se halla consagrado en su artículo 1ro y que encuentra respaldo en las garantías constitucionales consagradas en la carta fundamental y en los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados –con idéntico rango-, a través de la reforma del año 1994”. “[L]as garantías emanadas de la Constitución Nacional no pueden quebrantarse por el tipo de delito cometido, razón por la cual cualquier legislación inferior que pretenda menoscabar los imperativos constitucionales y convencionales, nunca podrá ser legítima independientemente de la finalidad que persiga”
DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; REFORMA LEGAL; LEY DE ESTUPEFACIENTES; IGUALDAD; REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO PRO HOMINE; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
Correa (causa N°  25855)Juzgado Federal de 1a Instancia Nro. 2 de Tucumán
El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 concedió el arresto domiciliario al imputado (juez Poviña).
1. Prisión domiciliaria. Interés superior del niño. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad.
“[L]as circunstancias invocadas por la defensa de […] Correa no encuadran en el inciso f) del art. 10 del C.P., por cuanto el imputado es padre de [un joven] de 16 años de edad, aun con ello, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados con jerarquía constitucional, se establece la primacía del interés superior del niño.
En este sentido, cabe recordar la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentra el menor, siendo este un niño discapacitado el que padece retraso mental moderado y necesidad de asistencia permanente con déficit cognitivo, trastornos en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje.
2. Prisión preventiva. Reforma legal. Código Procesal Penal. Consentimiento fiscal.
“Sin perjuicio de lo dicho precedentemente, a partir de la entrada en vigencia del art. 210 el C.P.P.F. el Juez, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, podrá disponer de alguna de las medidas cautelares establecidas en el mencionado artículo.
En este sentido, no resultando arbitraria la aplicación del instituto bajo análisis, y atento a las circunstancias particulares del caso, y habiéndose expedido en forma favorable el representante del Ministerio Público Fiscal respecto a su concesión, y atendiendo a las constancias obrantes en autos en especial el certificado de discapacidad, […] las constancias médicas [entre otras], estarían dados los recaudos de la ley 26. 472, concédase el arresto domiciliario solicitado por la defensa”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; CONSENTIMIENTO FISCAL;
Moreno y Montero (causa N° 30205)Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51 homologó el acuerdo, declaró extinguida la acción penal, sobreseyó a los imputados y ordenó la libertad de quien se encontraba en detenido (jueza Angulo).
1. Conciliación. Videoconferencia. Audiencia. Emergencia sanitaria. Consentimiento fiscal.
“[D]ebe homologarse el acuerdo al que arribaran las partes y en consecuencia declarar extinguida la acción penal”.
“Ello, toda vez que la conciliación se materializó en una audiencia celebrada entre el damnificado […] y los imputados […], en los términos de los arts. 59 del Código Penal y 34 del Código Procesal Penal Federal de la Nación; oportunidad en la que se convino que los imputados hicieran extensivo un pedido de disculpas a la víctima como condición del acuerdo, quien las aceptó plenamente. En este sentido, y conforme lo que prescribe el art. 34 del texto de referencia, se acreditó el cumplimiento del acuerdo, visualizado en la filmación de la video llamada agregada en autos, y se contó finalmente con la conformidad fiscal.
[D]ebe cerrarse definitiva e irrevocablemente este proceso en favor de los imputados, en virtud de lo normado por los arts. 59, inc. 6 y concordantes del C.P., artículo 34 del C.P.P.F e inc. 1 del art. 336 del C.P.P.N. de aplicación obligatoria a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Federal”.
“Ello, toda vez que la conciliación se materializó en una audiencia celebrada entre el damnificado […] y los imputados […], en los términos de los arts. 59 del Código Penal y 34 del Código Procesal Penal Federal de la Nación; oportunidad en la que se convino que los imputados hicieran extensivo un pedido de disculpas a la víctima como condición del acuerdo, quien las aceptó plenamente. En este sentido, y conforme lo que prescribe el art. 34 del texto de referencia, se acreditó el cumplimiento del acuerdo, visualizado en la filmación de la video llamada agregada en autos, y se contó finalmente con la conformidad fiscal.
[D]ebe cerrarse definitiva e irrevocablemente este proceso en favor de los imputados, en virtud de lo normado por los arts. 59, inc. 6 y concordantes del C.P., artículo 34 del C.P.P.F e inc. 1 del art. 336 del C.P.P.N. de aplicación obligatoria a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Federal”.
CONCILIACIÓN; VIDEOCONFERENCIA; AUDIENCIA; EMERGENCIA SANITARIA; CONSENTIMIENTO FISCAL;
Habeas corpus colectivo correctivo (causa N° 30739)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión impugnada, hizo lugar a la acción de hábeas corpus y ordenó el inmediato traslado de los detenidos a la Unidad 21 o a los complejos del SPF que tuvieran plazas para realojarlos (jueces Lucini y González Palazzo y jueza Laíño).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Derecho a la salud.
“Ninguno de los pormenores de especial interés resaltados por los participantes de la audiencia fueron despejados por el juez de la instancia anterior. Se desconoce en qué categoría y estadio de la enfermedad está cada uno de los involucrados y aún cuando en las Alcaidías de la ciudad les estén dispensando cuidados y se adopten condiciones de bioseguridad, es más que conocido que no están preparadas para hacer frente a la problemática que se plantea, la que crece día a día de manera exponencial.
Y menos debe olvidarse que esas dependencias se utilizan justamente a raíz de las falencias que presentan los lugares de alojamiento del organismo federal, remarcando así el carácter transitorio y excepcional en tanto no son detenidos a la orden de la autoridad local. Frente a este cuadro redireccionar la oportunidad y conveniencia del traslado de los implicados a los jueces y tribunales a cuya disposición están anotados, cuando se verifican justamente cupos en una unidad adaptada para hacer frente a la enfermedad, atenta contra sus garantías fundamentales.
No se desconoce que la crisis sanitaria que se padece tanto a nivel local y nacional -POR NO DECIR Mundial-, afectó sensiblemente al Servicio Penitenciario Federal, que ya estaba en un estado de emergencia […] -económica y de infraestructura- previa sin precedentes, problemática que se trata en distintos hábeas corpus…”.
“[S]e dispuso una mesa de diálogo interdisciplinaria con la participación de los representantes de todos los sectores involucrados […] para que se brinden pautas y recomendaciones para la adopción de las medidas pertinentes, a través de un nuevo Protocolo, que garantice la seguridad sanitaria en los traslados de los detenidos y su alojamiento como así también los requisitos para el ingreso en las Unidades del Servicio Penitenciario Federal. Pero nada se dijo respecto a los detenidos infectados, quienes no pueden esperar el término de 60 días […] impuesto para que se desalojen las Alcaidías de la Ciudad…”.
2. Servicio Penitenciario Federal. Traslado de detenidos.
“[E]n la audiencia se puso en evidencia que cuentan con plazas disponibles en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, pero responsables de la Institución han supuestamente dado la orden (no escrita) arbitraria y unilateral de no recibir a los detenidos, si padecen Covid-19, impidiendo cualquier posibilidad de consenso o al menos de comportamiento solidario en la emergencia. No puede dejar de ponderarse una vez más que el colapso de las alcaidías de la ciudad tiene relación directa con la decisión del servicio penitenciario federal de suspender las admisiones de nuevos internos y que pese a no contar con infraestructura adecuada aquéllas hicieron frente a la excepcional situación”.
“[D]esde el Servicio Penitenciario no se brindó alternativa alguna para hacerse cargo de alguno de esos supuestos. Ello pese a que se manifestó que hay cupos en el Complejo I de Ezeiza y en el II de Marcos Paz, a lo que podemos sumar que también habría plazas en Devoto…”.
“[A]nte la disponibilidad inmediata de plazas en un lugar de detención adaptado, precisamente, para dispensar cuidados médicos a las personas detenidas que padecen la enfermedad no resulta lógico de modo alguno prescindir de ellas. De todas maneras, con la urgencia del caso, los internos deberán ser examinados por profesionales de la salud con especialidad en enfermedades infectocontagiosas para determinar que estadio de la enfermedad transitan […] para poder implementar el debido tratamiento que se aplicará a cada uno de ellos y, de ese modo, de ser posible derivarlos a la unidad 21 u otras que tengan infraestructura adecuada de manera inmediata, con conocimiento de sus jueces naturales y control de que se haga efectivo de parte del magistrado a cargo del trámite de esta acción”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; DERECHO A LA SALUD; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL; TRASLADO DE DETENIDOS;
Balcaza (Causa n°1235)Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
La Cámara Federal de Paraná hizo lugar al recurso, revocó la resolución impugnada y ordenó la restitución de la motocicleta al imputado en carácter de depositario judicial (juezas Aranguren y Gomez y juez Busaniche).
1. Decomiso. Derechos patrimoniales.
“[L]a reforma [del artículo 23 del Código Penal] operada mediante Ley 25815, ha despejado las dudas sobre la procedencia del decomiso respecto de derechos patrimoniales, reafirmando su aplicación a delitos previstos en leyes especiales e introdujo normas de naturaleza procesal que autorizan a adoptar medidas cautelares para asegurar los bienes sobre los que pudiera recaer el eventual decomiso. En este sentido, otorga expresamente al juez desde el inicio de las actuaciones, la facultad de adoptar medidas de esta índole con el fin de asegurar bienes eventualmente sujetos a decomiso, hacer cesar la comisión de delitos y evitar que se consolide el provecho u obstaculizar la impunidad de los partícipes…”.
2. Decomiso. Prueba. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Emergencia sanitaria.
“[E]l motovehículo secuestrado al imputado […] no habría sido ‘instrumento del delito’ en los términos del […] artículo 23 del CP, es decir, destinado específicamente para cometer el ilícito por el cual fue indagado y luego procesado [el imputado] lo que daría lugar a un posible ‘decomiso’, sino utilizado ocasionalmente para su comisión, toda vez que dicha conducta podría llevarse a cabo mediante diferentes vías a la aquí empleada”.
“[C]abe agregar que –según los dichos de la defensa- el motovehículo secuestrado sería indispensable para que [el imputado] pueda movilizarse diariamente a los fines de ejercer su actividad de mecánico, la cual se encuentra incluida en las excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio conforme art. 14, apartado 3º, del Decreto Nacional Nº 576/2020; debiendo, asimismo, tenerse presente la estricta disposición de la no utilización del transporte público como medio para evitar la transmisión del virus Covid-19, el cual sólo está reservado a trabajadores esenciales…”.
“[L]a decisión de mantener secuestrado el rodado de propiedad del imputado carece actualmente de sustento legal, toda vez que –prima facie- no se presume que pueda ser objeto de decomiso, ni habrá de servir como medio de prueba, ni aparece la necesariedad de practicar algún tipo de pericia sobre aquél, por lo que debe procederse a su inmediata restitución lisa y llana, tal como se peticiona”.
DECOMISO; DERECHOS PATRIMONIALES; PRUEBA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; EMERGENCIA SANITARIA;
Alisiardi (causa n°5381)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó la declaración de incompetencia dictada por el juzgado federal (juez Ávalos).
1. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Tipicidad. Ley penal en blanco.
“[L]a atribución delictiva que se cierne sobre el art. 205 del C.P. […] a modo de legislación penal ‘en blanco’, remite en orden a los elementos objetivos y normativos del tipo, a las disposiciones que regulan el denominado ‘Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio’. En consecuencia, […] la naturaleza de esa normativa (federal o provincial) determina la competencia”.
“[S]e trata […] de una ley penal en blanco y, entonces, el tipo debe completarse con una disposición que defina la situación con la mayor certeza y que establezca la prohibición o mandato con la claridad requerida por el principio constitucional de legalidad”.
2. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Tipicidad. Principio de legalidad.
“La acción típica consistirá, entonces, en violar las medidas adoptadas en el marco de la pandemia declarada, es decir que habrá de tratarse de una desobediencia a lo que disponen expresamente. En otras palabras, las acciones, por comisión o por omisión, a [las] que la ley alude no podrán ser otras que aquellas que taxativamente las normas prescriben y que por ello completan la descripción típica. Es que, de no ser así, se incumpliría el principio de legalidad previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional que exige la existencia de una norma cierta, escrita, clara, general y, obviamente, previa…”.
3. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Competencia. Competencia federal. Competencia local.
“[E]sta crisis mundial en Argentina ha generado políticas concurrentes entre la Nación, provincias y municipios, por lo que coincido con el Juez de primera instancia en el sentido de que se trata de una competencia concurrente entre aquellas jurisdicciones, dada la multiplicidad de normativa federal y local que se fue dictando para evitar los contagios por el COVID-19, articulando la lucha contra esta pandemia, en tanto la defensa de la salud pública resulta de interés compartido entre nación, provincia y municipios.
De ahí, que […] la circunstancia de que el Sumario policial sea iniciado por una fuerza policial local provincial o por las diferentes fuerzas nacionales […] no condiciona ni establece […] que la competencia sea judicial federal o local. Máxime cuando la competencia federal es exclusiva, excluyente y de orden público. [S]erá competente para intervenir en las diferentes causas que puedan suscitarse por violación al art. 205 del C.P., y a los fines de evitar el desgaste jurisdiccional y en propensión a la efectividad en el resguardo de la salud pública, la justicia provincial o federal en cada caso, dependiendo del fuero que haya intervenido en primer lugar o haya tomado conocimiento de la supuesta infracción y labrado de las actuaciones sumariales policiales…”.
“[N]o resulta razonable que luego de admitir el a quo […] que se trata de una competencia concurrente, en el mismo acto, el Magistrado declara su incompetencia material sin dar fundamento alguno en torno a la remisión del expediente a la justicia local…”.
“[C]orresponde al Juez que previno asumir la jurisdicción, en el entendimiento de que se debe evitar el entorpecimiento del avance de la investigación en medio de una situación de emergencia sanitaria, que requiere especial celeridad de actuación”.
EMERGENCIA SANITARIA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; TIPICIDAD; LEY PENAL EN BLANCO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; COMPETENCIA; COMPETENCIA FEDERAL; COMPETENCIA LOCAL;
BAP (causa Nº 11984)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 2
El Juzgado Federal de la Seguridad Social hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a ANSeS que de manera inmediata procediera a la inclusión de la mujer en la nómina de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y procediera al pago de las sumas por dicho concepto desde mayo de 2020 y hasta tanto se resolviese el fondo de la controversia (jueza Rojas).
1. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. Seguridad social. Emergencia sanitaria. Contracautela.
“El derecho invocado por la actora en su escrito de inicio habrá de ser considerado verosímil, puesto que se encontrarían cumplidos a priori los recaudos para la percepción del Ingreso Familiar de Emergencia que pretende y en concordancia a lo sostenido reiteradamente por la jurisprudencia respecto a que `la verosimilitud del derecho debe ser entendida como la probabilidad de que el derecho exista y no como su incontrastable realidad, que sólo se logrará al agotarse el trámite´ [...].
Asimismo, el peligro en la demora se encuentra debidamente acreditado, por la naturaleza del derecho en cuestión, de carácter netamente alimentario, teniendo en cuenta la conformación del grupo familiar, la situación de vulnerabilidad económica, social y de salud por la que se encuentra atravesando, agravada por el contexto de pandemia en el que nos encontramos, que tornó sus necesidades mucho más apremiantes.
Por último, en relación a la contracautela prevista en el art. 199 del CPCC [procede] eximir a la actora de su cumplimiento en atención a las excepcionales circunstancias del caso y considerando lo expresamente solicitado en tal sentido”.
MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; SEGURIDAD SOCIAL; EMERGENCIA SANITARIA; CONTRACAUTELA;
GPL (causa N° 23568)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, revocó la decisión impugnada y dictó el procesamiento de la persona, sin prisión preventiva (jueces Lucini, González Palazzo y, en disidencia, jueza Laíño). A su vez, por unanimidad, prohibió todo tipo de comunicación y de acercamiento al domicilio o a lugares que frecuentasen la sobrina y su pareja (jueces Lucini, González Palazzo y jueza Laíño).
1. Violencia familiar. Violencia de género. Amenazas. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará).
“Si bien en el legajo se advierte un posible conflicto familiar producto de que el imputado no quería que su sobrina se fuera del domicilio para convivir con otro hombre, lo cierto es que ello no justifica de ningún modo la forma en la que se entrometió en la vida amorosa de aquella y el tinte agresivo de las frases utilizadas […] excedieron las de una ‘acalorada discusión’ y son suficientes para configurar el delito y avanzar hacia la próxima etapa para completar el estudio de su responsabilidad”.
“[S]e visualiza un claro sometimiento y opresión de la damnificada por parte de los hombres de su familia, lo cual, lejos de interpretarse como un hecho aislado, debe ser contemplado como un caso de violencia de género, máxime si se tiene en cuenta la índole de los mensajes enviados, los cuales dejan entrever cierto vínculo patológico del encausado hacia su sobrina. Sostener lo contrario implicaría agravar dicho estado y justificar su conducta. Evidentemente, las frases tuvieron entidad para quebrantar su tranquilidad e infundir temor, elementos necesarios para la configuración del delito en cuestión”.
“Toda vez que el razonamiento expresado concuerda con las pautas establecidas por las Leyes 26.485 (Protección Integral de las Mujeres) y 24.417 (Protección contra la Violencia Familiar) y, la Convención de Belém Do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) es que corresponde dictar su procesamiento” (voto del juez Lucini, al que adhirió el juez González Palazzo).
2. Violencia familiar. Violencia de género. Error culturalmente condicionado. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará).
“[L]os sucesos denunciados deben ser abordados y examinados desde una perspectiva más amplia, teniendo en consideración todas las circunstancias que funcionan como elementos de contexto, pues es fácilmente detectable cierta colisión entre un posible condicionamiento cultural –el imputado es oriundo de la República de la India– […] y la protección de los derechos garantizados a través de la ‘Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer’ (Ley 23.179); la ‘Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer’ –Convención de Belem Do Pará– (Ley 24.632) y Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (Ley 26.485)”.
“No puede pasarse por alto que ‘los considerados ‘delitos culturales’ se verifican cuando el comportamiento prohibido por normas de derecho penal constituye un comportamiento tolerado, admitido o directamente prescripto por normas comunitarias. Es importante distinguir diversos grados de vinculación de las normas comunitarias: en algunos casos se trata de prácticas socialmente impuestas, costumbres, arraigadas en la comunidad o en la cultura de pertenencia, a menudo ligadas a creencias religiosas, con severas sanciones sociales y, a veces, incluso el aislamiento en caso de inobediencia’…”.
“[L]a presencia de los condicionamientos señalados podría representar implicancias no sólo en términos de culpabilidad, sino también como parámetro de mensuración de una eventual pena o, tal como ha sugerido la acusación, como piedra angular para acreditar el tipo subjetivo de la figura propiciada (amenazas coactivas)”.
“[D]ebería recabarse la opinión de un especialista en la materia capaz de exponer desde una perspectiva cultural, la dinámica en las relaciones familiares y la posibilidad de eventuales condicionamientos religiosos […]. Asimismo, parece prudente la realización de un amplio peritaje psicológico y psiquiátrico […]. Similares experticias deberán concretarse […] con el fin de evaluar la existencia de una posible situación de sometimiento y/o síndrome de indefensión aprendida” (voto en disidencia de la jueza Laiño).
VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA DE GÉNERO; AMENAZAS; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); ERROR CULTURALMENTE CONDICIONADO;
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