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DoctrinaVoces CSJN
MC (causa Nº 58431)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia (juezas Iturbide y Perez Pardo, y juez Liberman).
1. Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Salud mental. Capacidad. Personas con discapacidad.
“[L]a revisión periódica de la sentencia, que es una de las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 12.4), se encuentra contemplada en la ley de Salud Mental (art. 42)”.
“En la actualidad, con el Código Civil y Comercial, la capacidad jurídica solo puede ser restringida con carácter de excepción y siempre en beneficio de la persona (art. 31 inc b del CCyC), a consecuencia de lo cual la eventual limitación que pudiera establecerse al ejercicio de la capacidad civil, `siempre debe serlo con contornos acotados, es decir, referidos a actos específicos´ […].
En lo que a la terminología respecta, cabe señalar que la ley 26.657, sancionada el 25 de noviembre de 2010, utiliza el término de personas `con padecimiento mental´ –a diferencia del término `demente´ usado por el derogado Código Civil, como una reforma no discriminatoria. Es que la terminología debe en un todo adecuarse al nuevo paradigma imperante en la materia. Al respecto, el CCyC utiliza denominaciones tales como `persona con capacidad restringida´, `persona con incapacidad´, `interesado´, `persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso´ (v. arts. 23, 35, 36, entre otros) e introduce un nuevo criterio interdisciplinario que permite brindar una visión de la persona situada y contextuada en el ámbito de su interacción social.
Los principios y reglas que regulan la restricción o restricciones en materia de capacidad jurídica plasman en el nuevo Código el reemplazo de un `modelo de sustitución en la toma de decisiones´ por un `modelo de apoyo en la toma de decisiones´. Ese cambio de paradigma implica que, desde la asunción de que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones, la pregunta deja de ser si una persona puede ejercer su capacidad jurídica, para concentrarse en que necesita la persona para ejercer su capacidad jurídica […].
[L]a restricción a la capacidad deber serlo en la medida necesaria y apropiada para el bienestar (conf. Art. 1° de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 25.280), proporcional y adaptada a las circunstancias de cada persona, y sujeta a exámenes periódicos…”.
2. Sistemas de apoyo. Informes.
“El art. 12 de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no sólo prevé el `apoyo´ para la toma de decisiones, sino la implementación de `salvaguardas´ como medida complementaria. Las salvaguardas deberán ser ordenadas por el Juez y serán proporcionales al grado de las medidas que afecten a los derechos e intereses de las personas.
Este Tribunal entiende que más allá de la revisión prevista por el art. 40 del CCyC, corresponde ordenar informes anuales sobre la evolución y estado general de la interesada”.
3. Personas con discapacidad. Voto. Capacidad.
“La restricción del derecho al voto que prevé el art. 3, inciso a), del Código Electoral Nacional (texto según la ley 26.571) debe aplicarse de acuerdo con los principios y garantías que rigen para las personas con disparidad e impone una evaluación pormenorizada y específica sobre la capacidad para votar, incluso con la designación de apoyos en el caso de que la personal esté en condiciones de ejercer autónomamente ese derecho pero presente alguna dificultad para poder hacerlo, siempre que se respete su voluntad y preferencias, sin conflicto de intereses ni influencias indebidas (argumento del art. 12, inciso 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
De ese modo, se compatibiliza la norma electoral que reglamenta el ejercicio del derecho a votar por razones de capacidad con el modelo social de discapacidad que el legislador definió con posterioridad a la sanción de la ley 26.571 (artículo 3, inciso a), del Código Electoral Nacional), sin necesidad de declarar su inconstitucionalidad […].
Por ello, en función de lo que surge de los informes agregados en autos, se deja constancia que la causante podrá votar si lo desea, sin perjuicio de lo cual no podrá ser autoridad de mesa ni candidata a cargo público”.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SALUD MENTAL; CAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SISTEMAS DE APOYO; INFORMES; VOTO;
Castillo (causa Nº 15676)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y anuló la resolución impugnada (jueces Borinsky y Carbajo, y jueza Ledesma).
1. Prisión domiciliaria. Principio de contradicción. Principio acusatorio.
“[E]l tribunal a quo no ha fundado en forma suficiente la irrazonabilidad de la posición del Ministerio Público Fiscal relativa a la aptitud de la detención domiciliaria del imputado [...] para la neutralización de los peligros procesales”.
“[E]l Fiscal General ante esta Cámara no ha expresado su posición sobre la cuestión en trato en la oportunidad prevista por el art. 465 bis en función de los artículos 454 y 455 del C.P.P.N. –según ley 26.374–, conduce a un escenario de ausencia de contradictorio entre las partes que [...] impide la convalidación del fallo impugnado –sólo en lo que concierne al rechazo del arresto domiciliario solicitado [...]–” (voto del juez Borinsky, al que adhirió el juez Carbajo).
“[S]e advierte que el órgano jurisdiccional interviniente excedió el límite para el que estaba habilitado a expedirse. En efecto, ha mediado una afectación al modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra Constitución Nacional (arts. 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP –que expresamente ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos 7° y 15° del precedente 'Casal', Fallos 328:3399–), cuyo paradigma esencial consiste en la separación de las funciones de enjuiciamiento y postulación” (voto de la jueza Ledesma).
2. Principio de contradicción. Principio acusatorio. Consentimiento fiscal. Garantía de imparcialidad.
“[L]a sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza no estaba autorizada a rechazar la prisión domiciliaria solicitada por el imputado, pues la parte acusadora se había expedido en sentido favorable, todo lo cual lesiona la garantía de imparcialidad del juzgador (arts. 75 inc. 22 de la CN, 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP, 10 de la DUDH, 26 de la DADDH), por afectación del principio acusatorio” (voto de la jueza Ledesma).
PRISIÓN DOMICILIARIA; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD;
OBN (causa N° 38979)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba hizo lugar a la impugnación y ordenó a la demandada que, en el plazo de 10 días hábiles, conceda la pensión no contributiva solicitada con su consecuente pago mensual (jueces Sánchez Torres y Navarro).
1. Acción de amparo. Seguridad Social. Vulnerabilidad. LGTBIQ. Tutela judicial efectiva. Personas con discapacidad. Perspectiva de género. Interpretación de la ley.
“'[E]l carácter de la discriminación varía según el contexto y evoluciona con el tiempo. Por lo tanto, la discriminación basada en otra condición social exige un planteamiento flexible que incluya otras formas de trato diferencial que no puedan justificarse de forma razonable y objetiva […]. Estos motivos adicionales se reconocen generalmente cuando reflejan la experiencia de grupos sociales vulnerables que han sido marginados en el pasado o que lo son en la actualidad'”.
“[S]e observa a las claras que el objeto del presente proceso excede los estándares establecidos por la normativa citada, que condicionan el acceso a la tuición estatal, a un porcentaje de incapacidad biológica específico, ya que esto luce insuficiente para dar efectividad a la protección de la vida, la salud y la dignidad de grupos como los que integra la actora, claramente vulnerable y objeto de tutela por parte de todos los poderes del estado”.
“[D]ebe ponderarse no sólo la incapacidad física de la persona sino también la incapacidad social ya que, encontrándose inmersa en una sociedad que la excluye por su identidad de género y las condiciones médicas que la aquejan, difícilmente podrá acceder al mercado laboral que tanto ansía con independencia de su voluntad de hacerlo”.
“[R]esulta inadmisible en el presente caso correr la mirada ante la probada dificultad de ingreso al mercado de trabajo, con la consecuente ausencia de medios para subsistir, y la precariedad habitacional y sanitaria en la que se encuentra la amparista, lo cual la coloca en una crítica situación de necesidad de asistencia que no debe ser desoída, ya que ello conllevaría juzgar de manera ciega y basada en estrictos rigores formales, situaciones que demandan de los sentenciantes una sensibilidad social de mayor envergadura”.
2. Género. Perspectiva de género. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[J]uzgar con perspectiva de género no resulta una 'opción' y mucho menos una 'cuestión' que debe ser introducida o solicitada en la demanda. Juzgar con perspectiva de género es un imperativo moral y ético que ha sido instituido y reglamentado internacionalmente y al cual nuestro país ha adherido por resultar indispensable a los fines de alcanzar un parámetro de justicia que no se quede sólo en la letra de la ley sino que trascienda hacia los justiciables en concreto”.
“[L]a necesidad de abordar los casos con perspectiva de género que aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se deriva de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino relativos a las declaraciones sobre derechos humanos, a los estándares internacionales fijados por los respectivos órganos de aplicación y control, y a la normativa nacional existente, que les otorga carácter constitucional. No resulta la imposición de una ideología o una 'cuestión' disponible sino de la consideración de un abordaje que permita aportar soluciones adecuadas a la conflictividad propia de cada caso”.
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emergencia sanitaria. Vulnerabilidad. LGBTIQ.
“[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 'al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas'”.
ACCION DE AMPARO; SEGURIDAD SOCIAL; VULNERABILIDAD; LGBTIQ; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; GÉNERO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; EMERGENCIA SANITARIA;
Fundación Acceso Ya (Causa N° 85682)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia impugnada. También, declaró que la resolución N° 309/SYJSU/GCBA/04 resultaba inaplicable al caso concreto por ser inconstitucional (voto de los jueces Díaz Solimine, Converset y Trípoli).
1. Accesibilidad. Personas con discapacidad. Igualdad. Vulnerabilidad.
“[L]a accesibilidad es la condición previa y fundamental para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad en igualdad de situaciones y disfrutar de manera efectiva todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, lo que debe abarcar el entorno físico”.
“[L]a ley 962 CABA 'Accesibilidad para todos', que modificó el Código de Edificación de esta ciudad se dictó, entre otros aspectos, para el cumplimiento de la mayor accesibilidad física para sus habitantes respecto de los inmuebles de uso público e indudablemente receptó las previsiones que, en torno a ellas ya existían en las leyes nacionales 22.341 y 24.314.
De ahí que, la omisión en la resolución 309/GCBA/SJYSU/04 de replicar uno de los requisitos impuestos por el art. 62 de la citada ley 962 (la acreditación de que no es posible modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones horizontales y verticales) restringe el contenido de la citada ley y permite que los establecimientos no adecuen sus condiciones arquitectónicas en pos de la accesibilidad prevista en dicha norma con el plan de mayor ajuste razonable de adaptabilidad y ello afecta los derechos de las personas con discapacidad impidiendo el cumplimiento de la directiva general de su protección, consistente en la eliminación de las barreras físicas y arquitectónicas respecto de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida”.
“[P]or la vía de la omisión de la resolución en replicar el requisito ya mencionado, se restringen derechos consagrados a nivel internacional, constitucional y local; definen circuitos segregados que reinstauran el paradigma desplazado por la Convención (CIPD) al impedir a las personas con discapacidad una vida autónoma y plena en condiciones de igualdad, limitando su circulación y acceso a espacios públicos y consecuentemente al campo de su vida social”.
2. Accesibilidad. Personas con discapacidad. No discriminación. Igualdad. Reforma legal.
“[E]l primero de enero de 2019 entró en vigencia el nuevo código de Edificación de la Ciudad (Ley 6100, BOCBA, 27/12/2018), en el cual, entre los estándares que define, se encuentra el de accesibilidad y uno de los objetivos básicos es permitir que todas las personas puedan hacer uso de un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades cognitivas o físicas siendo la accesibilidad universal, condición necesaria e imprescindible para la participación de todas las personas más allá de las posibles limitaciones que puedan tener […].
Tal ordenamiento local define a la accesibilidad en sentido amplio como la posibilidad de ingreso o egreso en igualdad de condiciones a un predio, establecimiento, inmueble y sus locales que deben encontrarse libre de obstáculos para la circulación. En sentido estricto, es el conjunto de condiciones o requisitos constructivos que posibilitan a las personas con discapacidades temporales o permanentes, ingresar y desarrollar actividades en edificios; transitar, sin interposición de desniveles que, en su caso, deben ser salvados por rampas o medios mecánicos”.
3. Personas con discapacidad. Accesibilidad. Ajustes razonables. No discriminación.
“La adaptabilidad es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo accesible a las personas con discapacidad temporal o permanente.
Por ajustes razonables se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales […]”.
“[E]l citado ordenamiento local establece exigencias mínimas de accesibilidad universal como requisito para la integración de todos los ciudadanos, sin perjuicio de sus características funcionales. Las condiciones básicas de acceso universal garantizan que todas las personas pueden utilizar un edificio, visitarlo, acceder a sus servicios y prestaciones, independientemente de sus capacidades. Las exigencias mínimas contemplan los espacios de ingreso y/o egreso a los locales de los edificios y las dimensiones de los mismos […]”.
4. Acción de amparo - actos u omisiones de particulares. Personas con discapacidad. Constitución Nacional.
“[E]n virtud de lo expuesto, en especial las normas de protección de rango internacional, nacional y local y, en tanto, en el local Tienda de Café […], las personas con discapacidad y/o movilidad reducida no pueden tener acceso correcto, incluso a las instalaciones sanitarias, configurándose en el caso una omisión que restringe derechos fundamentales en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional”.
ACCESIBILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; IGUALDAD; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; REFORMA LEGAL; AJUSTES RAZONABLES; ACCION DE AMPARO-Actos u omisiones de particulares; CONSTITUCION NACIONAL;
Comunidad Mapuche Catalán (Causa N° 1490)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, revocó la sentencia apelada e hizo lugar a la demanda. A su vez, dispuso que la Provincia del Neuquén, en el plazo de 60 días, convoque y concrete una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina para oírlos y diseñar en forma conjunta con la Municipalidad de Villa Pehuenia mecanismos permanentes de participación institucional y comunicación a fin de que puedan intervenir en la determinación de las políticas y decisiones municipales (ministros Lorenzetti, Maqueda y ministra Highton con remisión al dictamen de la Procuradora General y, de manera concurrente, ministro Rosatti).
1. Pueblos indígenas. Derecho a ser oído. Constitución Nacional. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas.
“[L]a creación de un municipio es susceptible de afectar, en forma concreta y directa, a las comunidades mapuches en relación con la adecuada protección de su tierra y territorio, y con sus derechos políticos a participar en el diseño de las instituciones políticas locales ya decidir en forma autónoma sobre aspectos indispensables que hacen a la preservación de la vida indígena.
[L]a demarcación es susceptible de afectar la integridad, valor, uso o goce de sus territorios, colocándolos, por ejemplo, bajo jurisdicciones municipales diversas. Es decir, el interés de las comunidades en este caso se funda en la adecuada conservación de la tierra y el territorio que tradicionalmente ocupan (art. 75, inc. 17, Constitución Nacional y arts. 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT)” (dictamen de la Procuradora General a cuyos fundamentos remitieron los ministros Lorenzetti, Maqueda y la ministra Highton).
“[E]l actual art. 75, inciso 17, […] da cuenta de la adopción de un nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural. Esta disposición, luego de afirmar la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, les garantiza un conjunto de derechos específicos basados en el deber de asegurar 'el respeto a su identidad cultural', entre los que destaca como instrumento para hacerlos efectivos el derecho a la participación en la gestión referida a los recursos naturales y otros intereses que los afecten. Por su parte, la constitución de la Provincia del Neuquén contiene en su art. 53 una norma similar al citado art. 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Esta prerrogativa importa 'oír la voz de los pueblos indígenas' con el fin de tomar en cuenta sus intereses, opiniones y puntos de vista en determinados asuntos y prevenir posibles lesiones a su identidad cultural cuando se adopten medidas que puedan afectar su forma de vida o sus costumbres tradicionales. Esta participación debe permitir que los pueblos indígenas expresen sus inquietudes, propuestas y apreciaciones en una etapa oportuna por medio de procedimientos apropiados para resguardar sus derechos e intereses”.
“[L]a 'creación legal' de un municipio no supone un acto por el cual se hace surgir una realidad de la nada […]. Vecinos y viviendas constituyen una realidad preexistente que justifica la decisión gubernamental; por ello lo que hace el legislador es un acto de 'reconocimiento atributivo': 'reconoce' una realidad –en el caso neuquino una cantidad mínima de vecinos– y le 'atribuye' un status jurídico específico pleno de consecuencias institucionales” (voto concurrente del ministro Rosatti).
2. Pueblos indígenas. Consulta previa. Autodeterminación. Vulnerabilidad. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas.
“[E]l derecho a la consulta es, en este caso, una de las herramientas para que las comunidades indígenas gocen, de manera efectiva, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, que está previsto en la Constitución  Nacional (arts. 1 y 37) y en los instrumentos internacionales (art. 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 21, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 20, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 23, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
[L]a sola concesi6n de esas facultades a una autoridad municipal, sin cumplir con el deber de consultar a las comunidades indígenas, puede implicar un menoscabo de su derecho a la autodeterminación, así como a mantener y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, y a decidir y controlar sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural”.
“En el caso, el derecho a la participación se ve afectado no sólo por la falta de consulta previa a la sanción de la ley 2.439 sino también porque la regulación de la Municipalidad de Villa Pehuenia no prevé un mecanismo que asegure la participación permanente de las comunidades indígenas en el gobierno municipal, aun cuando se trata de una jurisdicción con gran presencia de comunidades mapuches” (dictamen de la Procuradora General a cuyos fundamentos remitieron los ministros Lorenzetti, Maqueda y la ministra Highton).
“[N]o solo no ha ‘oído’ a los pueblos y comunidades alcanzadas por dicha normativa, con carácter previo a su sanción, sino que tampoco ha contemplado la creación de mecanismos apropiados y adecuados que aseguren una participación permanente de aquellos en el diagrama del gobierno municipal creado, de modo que puedan intervenir, de manera efectiva, en la determinación de las políticas que los atañen. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas –debido a su idiosincrasia que los diferencia de la mayoría de la población– exige que el Estado diseñe, promueva y fomente diversas formas de participación que permitan a dichos sectores de la sociedad entender en los asuntos públicos que involucren sus intereses”.
“[L]a 'participación' de los pueblos y comunidades indígenas no puede ser entendida con un alcance limitado al proceso de elección de autoridades; debe asegurar una interacción adecuada, armoniosa y razonable entre la forma de vida indígena y la no indígena en la gestión gubernamental, haciendo realidad el modelo de Estado multicultural y plural que ha adoptado nuestro país” (voto concurrente del ministro Rosatti).
PUEBLOS INDÍGENAS; DERECHO A SER OIDO; CONSTITUCION NACIONAL; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; CONSULTA PREVIA; AUTODETERMINACION; VULNERABILIDAD;
PPN. Internos U4 SPF(causa n° 7825)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación y se remitió a ellos. En ese sentido, desestimó el recurso de queja (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti y ministra Highton).
1. Cuestión de derecho común. Ejecución de la pena. Leyes laborales. Cárceles. Derecho al trabajo. Salario. Licencia.
“[L]os reclamos basados en la interpretación del derecho común –carácter que ostenta la ley 24660 […]– remiten a cuestiones cuya resolución es privativa de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria.
Tal es el caso de lo decidido en las instancias anteriores con fundamento en los artículos 107, 117 Y 120 de la ley de ejecución penal, en cuanto establecen, respectivamente, que el trabajo de los internos respetará la legislación laboral y de la seguridad social vigente, que en su organización, métodos, jornadas, horarios, seguridad e higiene se atenderán las normas del trabajo libre, y que el salario será abonado en los términos establecidos en la regulación en vigor, todo lo que condujo al tribunal a quo a considerar que el tiempo trabajado se debía computar como lo dispone el artículo 152 de la ley de contrato de trabajo, es decir, incluyendo los períodos de licencias legales o convencionales y las ausencias por enfermedad u otras causas no imputables al trabajador empleado” (dictamen del Procurador General de la Nación).
2. Cuestión de derecho común. División de los poderes.
“[S]obre la posibilidad de fijar un plazo judicial a la incorporación de talleres para ampliar la oferta laboral […] el reclamo se dirige a una cuestión de derecho procesal ajena a la revisión de la Corte, en tanto la mera invocación del principio de división de poderes carente de una explicación concreta acerca de cuál sería la facultad privativa de la administración que mediante ese proceder se habrían arrogado los jueces, no basta para demostrar la existencia de una auténtica cuestión federal, ni es fundamento bastante para apreciar un supuesto de arbitrariedad” (dictamen del Procurador General de la Nación).
CUESTIÓN DE DERECHO COMÚN; EJECUCIÓN DE LA PENA; LEYES LABORALES; CÁRCELES; DERECHO AL TRABAJO; SALARIO; LICENCIA; DIVISIÓN DE LOS PODERES;
Boudou (causa n°1302)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso, anuló la resolución impugnada y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que realizase una audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas y luego dictase un nuevo pronunciamiento (jueces Carbajo y Borinsky y jueza Ledesma).
1. Principio de contradicción. Derecho de defensa.
“[E]n el caso, se configuró una afectación al derecho de defensa […] por cuanto el órgano judicial interviniente, de manera previa a resolver, omitió dar intervención a la defensa del dictamen fiscal presentado […].Dicha circunstancia, impidió a los defensores desarrollar su estrategia defensiva, incorporar nuevos argumentos y/o explicar los puntos más importantes de su oposición, todo lo cual redundó en la afectación a su derecho constitucional de defensa técnica eficaz […].Esa afectación incluso se cristalizó en el contenido de la decisión recurrida, pues aquella ha sido fundada esencialmente en los extremos señalados por el fiscal, sobre los cuales no ha habido contradicción de la defensa. De esta manera, se observa que el juez no garantizó un ejercicio adecuado de la contradicción entre las partes”.
“[E]l principio de contradicción no puede ser entendido como una mera formalidad sino como un presupuesto de validez de la decisión adoptada por el juez en cualquier etapa del proceso.[U]na de las consecuencias que hacen a la aplicación del principio contradictorio es que la convicción del juez emane de la información que surja de esa contradicción, ya que ella ha podido ser apreciada y discutida por las partes, en su presencia”.
“En el caso, el principio de contradicción no encontró una expresión plena pues en el marco de las vistas sucesivas escritas, las defensas no han podido contradecir los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal […], de modo tal que se vieron impedidas de defenderse de esas interpretaciones, y esto, repercutió en una decisión que pospuso sus intereses”.
2. Audiencia. Derecho a ser oído. Garantía de imparcialidad. Principio acusatorio. Principio de contradicción. Reforma legal.
“[E]l déficit observado es propio de los sistemas que se rigen por la escritura, pues con el trámite del expediente resulta sumamente dificultoso que los magistrados garanticen un genuino contradictorio entre las partes respecto de todos y cada uno de los puntos de discusión. Siendo así, […] este tipo de decisiones deben ser abordadas en el marco de una audiencia oral y pública con la presencia ininterrumpida de todas las partes.
Es que el derecho a ser oído de la persona sometida a proceso –en cualquiera de sus etapas–, alcanza su expresión real en una audiencia oral frente a un juez, pues en dicho momento procesal, se encuentra en óptimas condiciones de contestar cualquier imputación que se le formula e incorporar circunstancias y argumentos que considere necesarios para hacer valer su defensa.
Desde un punto de vista constitucional, la audiencia oral y pública es el escenario más propicio para garantizar adecuadamente ese derecho pues allí se maximizan las garantías de contradicción, imparcialidad y publicidad. Asimismo, se ven ampliamente favorecidos los principios de inmediación, celeridad y concentración, que permiten arribar a decisiones de mayor calidad jurisdiccional.
En efecto, la audiencia oral fomenta la participación de las partes de un modo dinámico y transparente, permitiendo un control interno de la información que ingresa, gracias a la actividad de los adversarios que se enfrentan en una genuina contradicción litigiosa y, un control externo debido a su carácter público; todo lo cual permite arribar a decisiones de una mayor calidad y legitimidad, en preservación de los derechos constitucionales del acusado”.
“[L]os principios de contradicción, oralidad e imparcialidad constituyen las bases del sistema acusatorio que ha sido implementado con la sanción del nuevo Código Procesal Penal Federal…” (jueza Ledesma).
3. Sentencia firme. Prisión domiciliaria. Ejecución de la pena. Libertad condicional.
“[D]e la lectura de la resolución impugnada no surgen cuáles han sido los motivos por los que el magistrado de la instancia previa decidió apartarse del criterio esgrimido al conceder el arresto domiciliario [del hombre imputado].Ello así, en tanto no fue explicitada la variación de la situación fáctica que sustente tal decisión.
En este sentido, debe destacarse que la firmeza de la condena impuesta no tiene necesariamente implicancias sobre la modalidad de ejecución de la pena en detención que [el hombre] se encuentra cumpliendo en la actualidad. En la resolución impugnada tampoco se invocó ni aludió que el nombrado haya incurrido en alguno de los supuestos contemplados legalmente para la revocación de la detención domiciliaria…”.
“Aunado a ello, se advierte que, el condenado […], se encontraría próximo a cumplir con el requisito temporal previsto en el art. 13 del CP” (juez Borinsky).
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; DERECHO DE DEFENSA; AUDIENCIA; DERECHO A SER OIDO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; PRINCIPIO ACUSATORIO; REFORMA LEGAL; SENTENCIA FIRME; PRISIÓN DOMICILIARIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL;
Rodríguez Altamira (N° 39913)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de casación (jueces Borinsky y Carbajo). En disidencia, la jueza Ledesma hizo lugar a la impugnación, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inc. 10 de la ley N° 24.660 y 14 inciso 10 del Código Penal, y anuló la sentencia impugnada.
1. Reforma legal. Ejecución de la pena. Principio de reinserción social. Progresividad de la pena. Declaración de inconstitucionalidad.
“La ejecución de la pena privativa de la libertad se rige principalmente por un sistema progresivo que es la materialización del principio constitucional de reintegración social consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 10.3 PIDCyP y el art. 5.6 de la CADH). [T]anto la legislación como la función carcelaria y judicial deben tener en miras la reintegración social, lo que significa que cualquier decisión o norma que sea restrictiva de este postulado será contraria al fin de la ejecución de la pena”.
“[La ley de ejecución, en su artículo 1,] adopta como fin de la ejecución de la pena —y no de la pena— el ‘ideal resocializador’ [...] criterio que además se mantuvo con la modificación de la ley 27.375, aunque paradójicamente la norma luego veda el acceso a los institutos que hacen a la plena vigencia del art. 1...”.
“En función de todo lo expuesto, […] las limitaciones de los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 atentan contra la progresividad del régimen consagrado constitucional (arts. 18, 75 inc. 22, 5.6, CADH, 10.3 PIDCyP) y legalmente (artículos 6, 12, 7, 8, 14, 28, ley 24.660), en tanto importan una restricción para acceder a institutos liberatorios que hacen a la naturaleza resocializadora del modelo”.
2. Reforma legal. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Igualdad.
“El texto de los Tratados que conforman el bloque constitucional no indican ningún tipo de diferenciación con motivo del delito. Así pues, allí donde la norma de orden superior no ha efectuado distinciones, no corresponde que las leyes de inferior jerarquía lo hagan, como es del caso verificar a través de las previsiones de los artículos 14i inc. 10 del CP y 56 bis inc. 10 de la ley 24.660 al establecer un status inferior para los condenados por delitos contra 23.737. La reinserción social constituye un derecho de los condenados y es obligación del Estado garantizarla a todos ellos”.
“[L]as restricciones que establecen los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 no encuentran basamento en la conducta del condenado mientras cumple la pena, sino que se basan excluyentemente en el delito cometido contra la ley 23.737; pauta que resiente la igualdad que debería regir en el trato hacia los condenados y que anula la importancia de la conducta individual del condenado en su evolución personal hacia la reinserción social”.
3. Reforma legal. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Régimen preparatorio para la liberación.
“Se ha sostenido, sin embargo, que la progresividad del régimen no se encuentra menguada pues el legislador previó una modalidad preparatoria para la liberación en el artículo 56 quater, ley 24.660.
En efecto, dicha norma establece el Régimen preparatorio para la liberación, según el cual ‘En los supuestos de condenados por delitos previstos en el artículo 56 bis, la progresividad deberá garantizarse a partir de la implementación de un régimen preparatorio para la liberación, elaborado a través de un programa específico de carácter individual, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido, que permita un mayor contacto con el mundo exterior […]’ (art. 56, quater, ley 24.660).
De la lectura de la norma se advierte la imposibilidad de considerar este programa preparatorio como una forma adecuada de garantizar el régimen progresivo, pues carece de un requisito esencial: la existencia de un mecanismo supervisado de libertad permanente antes del vencimiento de la pena.
En efecto, el art. 56 quater no prevé modalidades de libertad vigilada, sino que lo máximo que establece son salidas diurnas de un máximo de 12 horas durante los últimos 3 meses. Estas salidas de carácter transitorio no logran satisfacer el estándar mínimo necesario para considerarlas compatibles con el sistema progresivo.
Si bien la norma establece que debe garantizarse la progresividad, lo cierto es que dicho enunciado se agota en lo meramente terminológico.
Está lo suficientemente claro que mediante el artículo 56 bis el legislador tuvo la intención de eliminar la progresividad del régimen, es decir, impedir que cierto grupo de condenados accedieran a determinados institutos liberatorios, motivo por el cual es difícil de sostener que luego haya procurado garantizarlo. No se puede afirmar simultáneamente que se elimina la posibilidad de acceder a la libertad condicional y al mismo tiempo que subsiste la progresividad del modelo”.
REFORMA LEGAL; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; IGUALDAD; RÉGIMEN PREPARATORIO PARA LA LIBERACIÓN;
Escudero (causa Nº 25)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario federal, revocó la sentencia recurrida, declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyó al imputado. Además, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a que adoptara, con carácter urgente, medidas conducentes para que cesara la excesiva duración de los trámites recursivos en el fuero penal de su jurisdicción (ministra Highton de Nolasco y ministros Maqueda y Lorenzetti).
1. Condena no firme. Recursos. Duración del proceso. Plazo razonable. Debido proceso. Derecho de defensa. Cuestión federal.
“[E]n primer lugar –y sin perjuicio del tenor de los agravios planteados por la parte recurrente–, incumbe a este Tribunal expedirse sobre la cuestión federal que involucra la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. En efecto, toda vez que la prosecución de un pleito indebidamente prolongado –máxime de naturaleza penal– conculcaría el derecho de defensa de los acusados (conf. ‘Mattei’, Fallos: 272:188)”.
“[S]e ha conculcado el derecho de [el hombre imputado] a ser juzgado en un plazo razonable, toda vez que en el caso particular, tratándose de un ilícito común y que no presentaba mayores complejidades probatorias, el tiempo irrogado desde el momento del hecho y hasta la sentencia condenatoria fue inferior a un año; mientras que, hasta la fecha, la etapa recursiva –cuyo más elemental objetivo es la búsqueda de mejor derecho– ha insumido más de veintiún años sin que el encausado pueda contar con un pronunciamiento definitivo pasado en autoridad de cosa juzgada”.
“[E]l juzgamiento de un delito de muy escasa complejidad se ha extendido ya por más de veintidós años sin que se haya arribado aún a una sentencia que determine, en forma definitiva, la situación procesal [del imputado]. Como así también que la inmensa mayoría de ese tiempo (veintiún años) correspondió al trámite –todavía inconcluso– de la impugnación deducida por la defensa contra la condena primigenia y los fallos posteriores de los tribunales intermedios que la confirmaron, a cuya morosidad ha contribuido de un modo decisivo la injustificada reiteración de ‘tiempos muertos’…”.
2. Duración del proceso. Plazo razonable. Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
“[D]e igual manera, corresponde reiterar la preocupación […] en orden al problema referido a la excesiva duración de los trámites recursivos en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, exhortar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de dicha provincia, en su calidad de máxima autoridad del Poder Judicial provincial –y, por su intermedio, a los órganos que corresponda– para que adopte, con carácter de urgente, medidas conducentes a hacer cesar la problemática descripta”.

CONDENA NO FIRME; RECURSOS; DURACIÓN DEL PROCESO; PLAZO RAZONABLE; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CUESTIÓN FEDERAL; SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;
Frias (causa N° 1052)Juzgado Federal de Azul Nro. 2
El Juzgado Federal de Azul N° 2 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de efectuar retenciones por el “impuesto PAIS” y retenciones por adelanto de percepción de impuesto a las ganancias sobre los consumos con tarjeta de débito hasta que finalice el tratamiento de I.B. en el exterior (juez Bava).
1. Impuesto de emergencia. Acción de amparo. Actos u omisiones de autoridades públicas. Vulnerabilidad.
“[E]l art. 36 de la ley 27541 establece que ‘Tampoco se encontrarán alcanzadas por el presente impuesto las siguientes operaciones: a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos’.
[E]l art. 1 de la Resolución General 4815/2020 de AFIP dispone que ‘No se encuentran sujetas al presente régimen de percepción las siguientes operaciones: a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos’.
[E]l grupo familiar se halla en una posición de extrema vulnerabilidad, sin poder trabajar debido a los cuidados que demanda la atención de I.B., sustentándose a través de donaciones de su comunidad y viviendo en el extranjero a fin de procurar a la niña un tratamiento experimental que atempere la grave enfermedad que la aqueja.
[L]a actitud asumida por las demandadas lesiona, restringe y amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos a la amparista. La posición evidenciada carece de toda razonabilidad, pues la expone a un derrotero interminable de tramitaciones administrativas a fin de obtener la devolución del dinero, que solo dificultan las posibilidades de su hija de continuar recibiendo el tratamiento médico en Brasil. Sin duda, ese retardo y la necesidad de garantizar el derecho a la salud de I.B. revelan la procedencia de la vía intentada”.
2. Derecho a la salud. Constitución Nacional. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Medidas de acción positiva.
“[E]l derecho a ‘la preservación de la salud', si bien no se encuentra explícitamente consagrado en nuestra Constitución Nacional […] desde siempre ha sido considerado como uno de aquellos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, es decir, integrante de la categoría de los denominados ‘derechos implícitos' de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 33 de la Constitución Nacional).
[E]l art. 25 de la 'Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad' […] establece que 'Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud'.
[E]l art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, establece entre las atribuciones del Congreso, la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, situación en la que se encuentra la menor”.
IMPUESTO DE EMERGENCIA; ACCION DE AMPARO; ACCION DE AMPARO-Actos u omisiones de autoridades públicas; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA SEGURIDAD; CONSTITUCION NACIONAL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;
MGAJuzgado en lo Civil y Comercial y Familia de 1° Nominación de Río Tercero
El Juzgado en lo Civil y Comercial y Familia de 1° Nominación de Río Tercero hizo lugar al reclamo de fijación de la cuota alimentaria y le ordenó al abogado del progenitor que realizara una adecuada capacitación en género, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados (jueza Sánchez Torassa).
1. Género. Estereotipos de género. Violencia de género. No discriminación.
“[Los] argumentos [esgrimidos por el demandado] en su escrito de contestación de la demanda no conforman parte de una estrategia defensiva. Por el contrario, reflejan un discurso ofensivo y humillante hacia la mujer, que patentiza las normas patriarcales que han regido las relaciones humanas de modo desigual, y que ha perjudicado, no sólo, a la mujer, sino también, a los varones.
[L]os nuevos estándares normativos y el abordaje con una perspectiva de género, obligan a las entidades estatales, entre ellas el Poder Judicial, a garantizar una protección eficaz y a eliminar la discriminación y la violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones. Para lograr tal cometido, resulta indispensable actuar con la debida diligencia, a fin de identificar y evitar la incidencia de estereotipos de género que posibiliten tolerar, ocultar y perpetuar la discriminación y violencia contra las mujeres. Dentro de este contexto, el accionar de los órganos jurisdicciones debe estar orientado a detectar, en los casos sometidos a juzgamiento, las desigualdades generadas por esos patrones socioculturales y de esa manera remediarlas.
[L]a forma en la que el [demandado] pretende justificar la improcedencia del reclamo […] permite encuadrar el presente como un caso sospechoso de género. Un caso es sospechoso de género cuando la posición asumida por cada una de las partes, en el marco de una situación conflictual entre un varón y una mujer, responda a una distribución de roles basados en estereotipos de índole patriarcal. De esta manera, las manifestaciones formuladas por el demandado en su escrito de contestación de demanda reflejan un evidente menosprecio para quien fue su esposa y compañera en un proyecto de vida en común y es la madre de sus hijas. Ello no es más que una visión androcéntrica, que resulta intolerable en los tiempos que corren, de absoluta igualdad entre los varones y las mujeres…”.
2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Protección integral de la mujer. Violencia de género. Actos discriminatorios. Familia.
“[L]a conducta del demandado, reflejada en los términos transcriptos, representa un supuesto de violencia simbólica, consagrado en el art. 5, inc. 5, ley 26485 de ´Protección Integral a las Mujeres´, en tanto dispone que: Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: […] Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. En este contexto, la perspectiva de género cobra particular relevancia en el tratamiento de la presente causa; lo contrario implicaría cohonestar una discriminación en contra de la mujer, dentro de las relaciones familiares.
[L]os arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenan los actos de discriminación hacia la mujer por su condición de tal y en contraposición con el varón. Asimismo, imponen al Estado conductas concretas a los fines de modificar patrones socioculturales basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y en funciones estereotipadas de varones y mujeres. Parámetros similares surgen de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Do Belem do Pará). Esta Convención consagra el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado...”.
3. Género. Estereotipos de género. Principio de dignidad humana. Alimentos. Cuidado personal. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]as palabras empleadas por el [demandado], al referirse al reclamo impetrado por la progenitora a favor de sus hijas como destinado a atender aspectos personales de su vida privada, representan una mirada estereotipada en la distribución de roles del varón y de la mujer, que desconoce el verdadero alcance de los cuidados personales de los hijos. En efecto, considerar que la progenitora efectúa un reclamo alimentario a favor de sus hijas, encubriendo la pretensión de atender sus propios gastos personales, implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que realiza [la actora] quien ha asumido el cuidado personal de sus hijas, no sólo en beneficio de ellas, sino también del [demandado].
[E]sta concepción de la mujer, propia de una cultura patriarcal, –se insiste– no puede ser tolerada, porque toda mujer tiene derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona; máxime cuando [la actora] es la madre de sus hijas, también mujeres y comprendidas dentro de aquel grupo al que se ha referido en aquellos términos.
[S]e encomienda al [demandado] que, en las futuras presentaciones a efectuar en los estrados del tribunal y en su relación con [su ex pareja], respete la dignidad inherente a su persona, despojada de padrones estereotipados en la distribución de sus roles en el cuidado personal de sus hijas…”.
4. Convención Sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Género. Estereotipos de género. Abogado. Asistencia letrada. Tribunal de disciplina.
“[P]ara la presentación de sus pretensiones, las partes cuentan con asistencia letrada y, por lo tanto, las defensas y argumentos deben ser plasmados en un todo de acuerdo con la legislación y principios vigentes. Por tal motivo, […] corresponde ordenar al letrado, […], a que realice una adecuada capacitación en cuestiones de género, a los fines de que internalice los principios antes mencionados y modifique los patrones socioculturales de conducta para alcanzar la eliminación de los perjuicios y prácticas que se encuentran basados en la inferioridad o superioridad de cualquier de los sexos o en las formas estereotipadas de hombres y mujeres (art. 5, inc. 9, CEDAW), todo ello bajo apercibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados”.
5. Responsabilidad parental. Cuidado personal. Alimentos. Capacidad contributiva. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a carga alimentaria es una consecuencia derivada de la responsabilidad parental (art. 658, CCCN). Esto significa que, en virtud del ejercicio de una paternidad responsable, los progenitores deberán arbitrar los recursos económicos, para que los hijos satisfagan sus necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio (cfr. art. 659 del CCCN). De este modo, a los fines de determinar el monto de los alimentos, ha de tenerse en cuenta las necesidades del niño, niña o adolescente involucrado y los ingresos de los padres (arts. 646, 658 y 659, CCCN), puesto que debe existir un equilibro entre las necesidades que la cuota tiende a cubrir y la aptitud del obligado para cumplir con esa finalidad…”.
“[E]l cuidado personal de [las niñas] es ejercido por su progenitora […]. Esta circunstancia compensa la parte de la [actora] en el deber alimentario, sumado al aporte económico en sí mismo; aportes que aun cuando no se encuentran cuantificados, resultan presumibles en el particular. Y ello independientemente del desarrollo por parte de la progenitora conviviente de cualquier actividad laboral. Esto es así ya que, en orden a lo establecido por el art. 660, CCCN, la [actora], al haber asumido el cuidado personal de [las hijas] ya realiza un aporte a la manutención en las tareas cotidianas, las que tienen un valor económico en sí mismas que no puede dejar de ser contemplado. Si bien es cierto que la madre también está obligada al mantenimiento de sus hijos, se encuentra razonablemente más limitada para generar mayores ingresos al efecto, dado al tiempo que debe destinar al cuidado de sus hijos […]. Por consiguiente, el hecho que la [actora] haya asumido el cuidado personal de la adolescente y de la niña admite una distribución de los montos de manera diferente.
[C]uando hablamos de capacidad contributiva nos referimos, no sólo a las capacidades actuales para generar ingresos, sino además, a la aptitud o a la potencialidad para responder por la obligación alimentaria […]. El progenitor […] desempeña trabajos productivos que le generan ciertos ingresos para contribuir mensualmente con dinero con la prestación alimentaria…”.
GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; ACTOS DISCRIMINATORIOS; FAMILIA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; ALIMENTOS; CUIDADO PERSONAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ABOGADO; ASISTENCIA LETRADA; TRIBUNAL DE DISCIPLINA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; CAPACIDAD CONTRIBUTIVA;
Escobar (Causa N° 23388)Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia (voto de los jueces Lozano y Gallego).
1. Acción de amparo. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Excesivo rigor formal. Peligro en la demora.
“[E]ste tribunal desde su creación se ha autoimpuesto la adopción de criterios elásticos de ponderación para evitar, salvo supuestos de notoria significación, la sanción a que se refiere el art. 266 del CPCC, de modo que no se desnaturalice la garantía de la doble instancia por causa de un excesivo rigorismo formal”.
“[La demandada] no plantea una divergencia con el tratamiento prescripto por los médicos que asisten al menor, sino únicamente el cumplimiento de un recaudo del cual no tiene ningún respaldo normativo y así, frente a esta situación, cabe reiterar el criterio expuesto por el tribunal en ocasión de resolver la apelación deducida contra la medida cautelar dictada en autos […], según el cual, principalmente en situaciones de urgencia, como ocurre en este supuesto, corresponde priorizar lo que el galeno interviniente evalúa con relación a la confiabilidad de la prescripción indicada a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”.
2. Personas con discapacidad. Tratamiento interdisciplinario. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la salud. Obra social. Plan médico obligatorio.
“[E]l tratamiento de la patología del menor es abordado por un equipo profesional interdisciplinario entre los que, también, se incluye un médico neurólogo y un nutricionista quienes efectúan el seguimiento de la dieta cetogénica, ilustrando su médica pediatra […] la necesidad de aquella y de la leche para el caso del menor, con la cual la queja del recurrente queda desprovista de todo sustento”.
“[L]a falta de inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de la leche especial objeto de reclamo, en tanto se trata de una cuestión que no fue propuesta al magistrado de grado, este tribunal se ve impedido de expedirse al respecto (art. 277 del CPCC)”.
ACCION DE AMPARO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; OBRA SOCIAL; TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO; PELIGRO EN LA DEMORA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA SALUD; EXCESIVO RIGOR FORMAL; PLAN MEDICO OBLIGATORIO;
Cisneros (causa N° 6229)Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Sala I
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas declaró la nulidad de la decisión apelada y dispuso la inmediata devolución de los efectos del condenado (jueces Vázquez y Bosch, y jueza Marum).
1. Decomiso. Interpretación de la ley. Sentencia firme. Debido proceso. Cosa juzgada.
“De la letra [del artículo 23 del Código Penal] se desprende que resulta una obligación del Juez pronunciarse respecto del decomiso, en caso de corresponder, en el momento de dictar la condena, sin que la disposición legal requiera petición de parte alguna e incluso, cuando como en el caso de autos, nada dijera al respecto el acuerdo de juicio abreviado, por tratarse de una consecuencia legal propia de la condena”.
“[A]siste razón a la defensa, cuando señala que la a quo se ha pronunciado sobre el decomiso luego de que la sentencia condenatoria dictada contra [el condenado] se encontraba firme, lo que resulta violatorio del debido proceso y de la garantía de cosa juzgada, […] ello en razón de que la oportunidad procesal para pronunciarse acerca de la condena y sus consecuencias precluyó, y en virtud de ello, modificar su alcance, es claramente violatorio de las garantías constitucionales antes mencionadas por lo que el pronunciamiento deviene inválido, y corresponde declarar su nulidad conforme lo dispuesto en los arts. 77 y ccdtes del CPP CABA”.
DECOMISO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; SENTENCIA FIRME; DEBIDO PROCESO; COSA JUZGADA;
RFJ (causa N° 63633)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J
La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia respecto de la cuestión de fondo y elevó la cantidad fijada como indemnizatoria del daño moral (juezas Scolarici y Verón).

1. Libertad de prensa. Real malicia. Derechos personalísimos. Derecho a la intimidad. Daños y perjuicios. Daño moral. Femicidio.
“[P]retender que la libertad de prensa constituya una causa de justificación de todo tipo de publicaciones, so pretexto del servicio de información pública, significa tanto como otorgarle a aquella un bill de indemnidad […], de allí que puedan priorizarse otros derechos de la persona contra actos, expresiones o imágenes éticamente degradantes que hayan sido publicados y que afecten su dignidad”.
“[E]n el caso de autos, no se configuran los presupuestos de aplicación de la doctrina de la real malicia, pues no se encuentra en discusión la exactitud de los hechos o dichos, sino que se centra en el presunto ejercicio abusivo de la potestad de informar, por exceder el medio periodístico los límites externos que el ordenamiento jurídico prevé con el fin de que la actuación en cada situación en concreto de este derecho, como de todos los demás derechos normativamente consagrados resulte razonable”.
“[L]os derechos personalísimos se extinguen con la muerte, lo cierto es que hay determinadas situaciones en que algunos de esos derechos pueden prolongarse más allá de la vida del sujeto […]. En este tipo de casos, la sola demostración de la violación de su memoria justifica la procedencia de la acción que puedan entablar los descendientes de las personas fallecidas, no se advierte que la publicación de las fotografías del cuerpo sin vida de la menor […] responda a la crónica de un hecho noticioso que respalde la necesidad de acompañar la divulgación de las fotografías en la forma que se hizo, por lo que, sin descartar que la noticia del aberrante crimen revistió un significativo interés general para la sociedad, debido al estupor que produjo, surge diáfano que la demandada excedió el alcance y los límites del derecho a la libertad de prensa”.
2. Libertad de prensa. Derecho a la información. Derecho a la intimidad. Femicidio.
“[D]e las constancias de autos no solo queda evidenciada la violación de un deber de cuidado periodístico, sino que se han traspuesto sin ningún tipo de tapujos los límites jurídicos del derecho de información, máxime que no puede dejar de ponderarse que en el caso nos encontramos frente a un delito aberrante de una menor de edad, por lo que la empresa periodística debió poner especial énfasis en la tutela del resguardo de su intimidad”.
“[L]a intimidad, comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar de amistad, sino también a otros aspectos de la personalidad espiritual física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse”.
3. Libertad de prensa. Derecho a la intimidad. Femicidio. Victima. Revictimización. Daños y perjuicios.
“[L]os argumentos de la demandada en torno a la finalidad de 'generar conciencia y compromiso' acerca de los femicidios en Argentina, carecen de virtualidad para exonerarla de responsabilidad, pues al hacerlo sin autorización previa, se traducen en un sacrificio inaceptable que únicamente ha recaído sobre el aquí actor y los restantes integrantes de su esfera familiar. La revictimización del actor por parte del medio periodístico, quien ya había padecido la lamentable pérdida de su hija en las siniestras circunstancias en que ocurrió, resulta inaceptable”.
“[N]o basta que la información fuese veraz o que las fotografías resultasen auténticas o que en ellas no se alcance a identificar la persona de la hija del accionante, sino que lo relevante y que no fue tenido en consideración por la demandada es que la difusión de las imágenes no debía resultar lesiva a la memoria y dignidad de la menor y de sus parientes, ofensa que causa un irremediable daño al progenitor, aquí demandante”.
LIBERTAD DE PRENSA; REAL MALICIA; DERECHOS PERSONALÍSIMOS; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; FEMICIDIO; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN;
Sandoval Subiabre y otro (Causa N° 24329)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación (jueces Barroetaveña y Petrone, y jueza Figueroa). 1. Nulidad procesal. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[E]l instituto de las nulidades procesales tiene por objeto resguardar el debido proceso y la defensa en juicio. En este orden, es criterio inalterado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que para que prospere la declaración de nulidades procesales se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia...” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
2. Estupefacientes. Requisa. Procedimiento policial. Identificación de personas. Deber de fundamentación.
“[L]a actividad policial no resultó acorde a las normas procesales por cuanto no se encontró debidamente justificada en una sospecha fundada de conformidad con los requisitos exigidos por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación”.
“[U]na actuación al amparo de la situación prevista en el art. 230 bis, supone –como requisito indispensable– la existencia de previos indicios objetivamente acreditados, que razonablemente autoricen a inferir que una persona oculta en su cuerpo, en las pertenencias que lleva consigo o en el vehículo en el que se traslada, objetos o cosas directamente relacionadas con un delito”.
“[S]i al agente de prevención determinadas conductas de una persona humana le generaron un estado de sospecha es necesario que las describa fehacientemente. Luego de ello, son los jueces quienes tienen que determinar si las circunstancias alegadas por el agente objetivamente podían generar en su ánimo un estado de sospecha” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
3. Derecho a la intimidad. Requisa. Procedimiento policial.
“[L]a presencia de un vehículo automotor, con dos ocupantes, ubicado a la vera de un río, en horas de la noche, no necesariamente resultan circunstancias que justifiquen una requisa. En el caso, los agentes de policía no dieron una explicación suficiente que fundamente cuál fue la conducta de los imputados que los llevó al estado de sospecha requerido por la norma. Por el contrario, de las constancias del expediente digital se observa que los ocupantes del vehículo se identificaron inmediatamente” (voto del juez Barroetaveña, al que adhirió el juez Petrone).
“[E]l hecho de observar un vehículo estacionado a orillas del río no autorizan -de manera aislada- a identificar y requisar a una persona, ya que el ámbito de intimidad sólo cede frente a circunstancias que de manera previa o concomitante, y de modo razonable y objetivo, justifiquen una intromisión estatal de la naturaleza de la aquí cuestionada, circunstancia que [...] no se advierte del caso” (jueza Figueroa).
4. Principio de dignidad humana. Derecho a la intimidad. Razonabilidad. Constitución Nacional - Derecho y garantías.
“[L]a razonabilidad de la medida aquí sometida a inspección jurisdiccional no puede ni debe meritarse por el resultado que la misma eventualmente arrojó. Ello implicaría convalidar cualquier intromisión del poder punitivo en la esfera privada de las personas o afectación a la dignidad humana, bajo falsos pretextos de eficacia, contrariando garantías fundamentales que gozan de especial protección constitucional”.
“[E]l derecho a la intimidad y al respeto de la dignidad humana se encuentran debidamente resguardados en los artículos 1, 18, 19, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y su custodia por parte del Poder Judicial de la Nación deviene imprescindible para no vulnerar garantías básicas del Estado Moderno frente a la pretensión represiva estatal” (jueza Figueroa).
NULIDAD PROCESAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; ESTUPEFACIENTES; REQUISA; PROCEDIMIENTO POLICIAL; IDENTIFICACION DE PERSONAS; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DERECHO A LA INTIMIDAD; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RAZONABILIDAD; CONSTITUCION NACIONAL-Derechos y garantías;
Rodriguez (Causa n°12570)Cámara Federal de Casación Penal - voto unipersonal
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación de la fiscalía y confirmó la absolución de la imputada (jueza Ledesma).
1. Vulnerabilidad. Género. Violencia de género. Igualdad. No discriminación.
“[A]tento a las especiales condiciones y circunstancias de vida de [la mujer imputada], nos encontramos ante un supuesto de especial vulnerabilidad de la mujer en un contexto de violencia de género y necesidad económica, cuyo análisis no puede limitarse únicamente a las disposiciones del art. [34] inc. 3 del Código Penal, sino que debe incluir los principios rectores de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que conforman nuestro bloque constitucional […]. Así pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado concretamente que las mujeres cabeza de familia son personas en estado de vulnerabilidad…”.
“[A]ún cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y no discriminación…”.
“[E]l análisis del presente caso requiere un enfoque integrador que incluya la perspectiva de género en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer […] y la ley 26.485, que imponen el deber de facilitar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y garantizar la asistencia a las mujeres víctimas de violencia, además de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres…”.
“Desconocer la situación de necesidad que primó sobre [la mujer imputada], quien […] se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal”.
2. Estado de necesidad. Género. Vulnerabilidad.
“[S]i bien el Ministerio Público Fiscal postula una interpretación dogmática y objetiva del estado de necesidad justificante, lo cierto es que dicho análisis no puede prescindir de los factores sociales de género, pobreza y violencia que gobiernan la sociedad actual y que se acentúan en determinadas regiones”.
“[S]e observa como primer agravio, la ausencia en el caso de un mal inminente por no encontrarse en juego la vida de la niña. [L]a inminencia del mal, en este caso, está determinada por la imposibilidad de [la mujer imputada] –debido a su situación de vulnerabilidad– de asumir con la premura que el médico le había indicado el tratamiento reconstructivo de la mano de su hija. Desde esta perspectiva, resulta claro que cuanto antes se opere mayores posibilidades tendrá de mejorar su calidad de vida”.
3. Violencia de género. Vulnerabilidad.
“[E]l fiscal puso en duda que [la mujer imputada] se encontrara en estado de vulnerabilidad o fuera víctima de violencia de género. [M]ás allá de que [la mujer imputada] efectivamente contara con la tarjeta [de su expareja] y su salario de 8000 pesos –salario que no alcanza ni mínimamente para cubrir las necesidades básicas de un grupo familiar–, no debemos olvidar que el sufrimiento psicológico actual de [la mujer imputada] también es una consecuencia directa del ejercicio de violencia física que sufrió durante 6 años en su ambiente familiar por parte de su expareja”.
“[E]l fiscal hace un análisis parcializado de las circunstancias, argumentando insuficientemente que es posible vivir y abastecer las necesidades de su familia con el salario de 8.000 pesos de su expareja, a quien, además, le cedía parte de ese dinero […]. Por otro lado, desconoce por completo el sufrimiento emocional y el hostigamiento psicológico que aún persistía sobre [la mujer imputada]. Extremo que por sí sólo constituye un grave escenario de violencia de género en los términos de las Convenciones citadas y que surge con claridad del informe psicosocial…”.
4. Transporte de estupefacientes. Género. Estado de necesidad. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes.
“[La fiscalía] cuestionó la ponderación de bienes efectuada por el juez haciendo alusión a la especial gravedad del delito que se le imputa vinculado al tráfico de estupefacientes y a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en la persecución de dichos delitos. Ahora bien, sin desconocer la trascendencia que reviste la persecución de ese tipo de criminalidad, no debe pasar inadvertido que, nos encontramos ante un supuesto de una mujer que actuó como ‘mula’ o ‘correo humano’”.
“[E]n la medida que el estado de necesidad presupone necesariamente un conflicto de intereses, lo decisivo debe ser el merecimiento de protección de un bien concreto, en una determinada situación social, lo que permite al juzgador ponderar las circunstancias sociales y personales, en detrimento de una valoración que podría ser pura objetividad dogmática y absoluta injusticia para la suerte del caso…”.
“En el caso, [la mujer imputada] está a cargo de la manutención, cuidado y contención de sus dos hijos menores, en un contexto de violencia de género y con una situación socioeconómica desfavorable –en los términos de la Convención–, producto de las ocasionales y precarias actividades laborales a las que ha podido acceder, y que además no ha completado sus estudios secundarios […]. En esta tesitura, es que debe afrontar con carácter urgente la cirugía que el médico le prescribió a su hija.
Teniendo en cuenta el contexto analizado, resulta evidente, la diferencia que existe entre los bienes jurídicos en juego. Por un lado, en términos abstractos se encuentra involucrada la salud pública (el bien protegido y tutelado en la Ley de Estupefacientes N° 23.737) –en este caso por el transporte de una cantidad inferior a un kilo de cocaína que era transportado por una mujer ‘mula’ en su cuerpo–, y por el otro, en términos bien concretos, la calidad de vida e integridad psicofísica de su hija de tan solo dos años que se encuentra en la etapa de desarrollo. En consecuencia, no existen dudas […] que, en este particular supuesto, la calidad de vida e integridad psicofísica de su hija era el bien con mayor protección legal.
Más aún si tenemos en cuenta la incidencia psicológica que la malformación también produce en la vida de su hija y la carga emocional que eso conlleva sobre [la mujer imputada]. [No es posible] dejar de lado las presiones sociales y culturales que recaen sobre el rol materno de la mujer, que inevitablemente impactan en su estado emocional y juegan un rol significativo a la hora de decidir la ponderación de intereses en juego.
Desde esta perspectiva, no [se advierten] fisuras en el razonamiento del tribunal, que tras observar y ponderar las circunstancias sociales y personales que expresan la situación de vulnerabilidad y violencia en la que se encontraba [la mujer imputada], consideró que ‘eligió’ un mal menor para salvar la integridad psicofísica de su hija”.
5. Estado de necesidad. Vulnerabilidad. Género. Violencia institucional.
“[E]l fiscal consideró que el dinero proveniente del delito no era la única alternativa posible para operar a su hija. [La mujer imputada], no estaba inserta en el mercado de trabajo formal y su cobertura social era muy precaria. […]En este contexto, cabe preguntarse ¿qué posibilidades reales tenía [la mujer imputada] de actuar de un modo alternativo para que su hija no vea disminuido su proyecto de vida? Para responder este interrogante no debemos perder de vista las diferencias que existen entre hombres y mujeres para hacer frente a la pobreza. […] Atendiendo a estas circunstancias, y sólo desde su posicionamiento, [es posible] comprender las dificultades que concretamente tuvo [la mujer imputada] para recurrir a otros medios menos lesivos”.
“[P]rescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad, para analizar la procedencia del estado de necesidad justificante, no sólo nos llevaría a incurrir en una posible causa de violencia institucional por omisión de la dimensión de género, sino también a efectuar una interpretación in malam partem, en contraposición con los principios de legalidad, pro homine y pro libertate que operan en nuestro sistema de garantías como límites al abuso del poder penal del Estado”.
“[L]as especiales condiciones de vida de [la mujer imputada] producto de la situación de violencia y vulnerabilidad económica que padecía, así como la ausencia de posibilidades para acceder a un trabajo mejor remunerado, redujeron sus posibilidades de elección para actuar conforme a derecho. En ese contexto, […] la posibilidad de obtener dinero mediante actividades vinculadas a delitos de drogas fue, para [la mujer imputada], la única alternativa posible para resolver el problema de salud de su hija de dos años”.
VULNERABILIDAD; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ESTADO DE NECESIDAD; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA INSTITUCIONAL;
Vázquez y otros (causa N° 27987)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación y anuló parcialmente la decisión en lo referido al monto de la pena impuesta y su modalidad de cumplimiento (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Ley de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Determinación de la pena. Interpretación de la ley. Equidad. Finalidad de la pena. Principio de proporcionalidad.
“[L]a hermenéutica jurídica contempla situaciones donde se verifica un conflicto entre el especial escenario del caso concreto y la rigidez impuesta por el carácter abstracto o la generalidad de los términos usados en el enunciado legal […]. En esa línea, la Corte ha indicado que ´razones de equidad y justicia´ aconsejan al juez tomar en cuenta aspectos de la privación de la libertad que van más allá de los límites del enunciado literal. [L]a interpretación en equidad resulta procedente cuando se verifica que la literalidad del texto, por su naturaleza general, aplicada al caso concreto, produce un resultado injusto o irrazonable que obsta a su progreso. No se trata de que la norma en si misma sea injusta o irrazonable, o que las circunstancias del proceso no se correspondan con sus previsiones, sino que su improcedencia en términos materiales acontece en la instancia operativa. En ese nivel, se determina que la excepcionalidad del caso provoca, que la generalidad de la escala punitiva, colisione con los propios objetivos buscados por el legislador de cara a la situación particular.
[Bajo esa lógica] corresponde efectuar una interpretación en equidad para corregir el monto mínimo de esa pena en abstracto, readaptando la punibilidad de la sanción privativa de libertad, de modo tal que habilite su cumplimiento en suspenso. [También] de ese modo […] se satisfacen los criterios retributivos y preventivos generales positivos del injusto culpable demostrado y, al mismo tiempo, se aseguran funciones preventivo especiales congruentes con la proporcionalidad, que impiden una pena cuya falta de necesidad la haría contraria a los valores constitucionales” (voto del juez Yacobucci).
2. Determinación de la pena. Finalidad de la pena. Reinserción social.
"[Debe observarse] como indicador relevante, el paso del tiempo entre el hecho comprobado, la concreción del juicio penal y, en definitiva, la pena impuesta [...]. No es como pretende la parte, que la escala penal mínima lesione de manera evidente la culpabilidad del condenado. Lo que sucede es que las finalidades retributivas, preventivo generales y especiales entran en crisis frente al sujeto alcanzado por la pena, cuando han transcurrido casi seis años desde el ilícito y el culpable ha reconstruido su existencia personal en libertad, manteniendo la fidelidad al derecho y mostrando marcadores de integración social y laboral positivos.
[R]esultaría probablemente contrario a los objetivos de reinserción social –satisfechos los preventivo generales positivos y retributivos– que [la persona], después de largos años en libertad, integrado según surge de las constancias traídas a consideración y habiendo incluso reconocido el hecho, se vea ahora extraído de esa situación para cumplir una pena que ha dejado de mostrarse como enteramente necesaria en su ejecución" (voto del juez Yacobucci).
3. Determinación de la pena. Principio acusatorio. Garantía de imparcialidad. Juicio abreviado. Ministerio público Fiscal.
“[T]al lo explicitado en la crítica impugnaticia, se impone evocar que: ´…la característica principal del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio previsto por nuestra Constitución Nacional implica: ‘…la división de poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir’ […].
También debe señalarse que: ´la garantía de la separación, así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad […] del juez respecto a las partes de la causa, que […] es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio´ […]” (voto del juez Slokar).
LEY DE ESTUPEFACIENTES; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; DETERMINACIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; EQUIDAD; FINALIDAD DE LA PENA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; REINSERCIÓN SOCIAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; JUICIO ABREVIADO; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
Brugger (Causa N° 5514)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por unanimidad, hizo lugar al recurso de apelación y modificó parcialmente la demanda. A su vez, incrementó el monto de la indemnización por daño moral (jueces Uriarte, Gusman y Antelo).
1. Estado nacional. Gendarmería Nacional. Fuerzas de seguridad. Responsabilidad. Elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Accidentes del trabajo. Accidentes in itinere. Contrato de trabajo. Cumplimiento de un deber. Obligación de seguridad.
“[E]l apelante parece desconocer la responsabilidad que emerge del deber de indemnidad que el empleador tiene respecto de su empleado, que se extiende al trayecto que lo lleva de su hogar al trabajo y luego de regreso. El accidente sufrido en el ámbito laboral y en el curso del desempeño de las funciones propias o con motivo de ellas –que incluye el accidente in intinere–, implica infracción al deber de seguridad que incumbe al principal respecto de sus dependientes en orden a la preservación de su integridad psicofísica, deber que es inherente al contrato –llámese de trabajo o de empleo público– que vinculara a las partes y preexistente al infortunio.
[V]ale la pena recordar que la obligación de seguridad es aquella en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o sus bienes sanos y salvos a la expiración del contrato […]. El dependiente tiene protección constitucional y legal por su condición de tal, y dicha protección alcanza su máxima expresión con este deber de seguridad que impone resultado.
[L]a propia Corte Suprema de Justicia de la Nación […] ha planteado la necesidad de evitar discriminaciones impropias equiparando al Estado con cualquier empleador que se sirve de trabajo ajeno y que, por tanto, debe afrontar los accidentes sufridos por sus dependientes ínterin el cumplimiento de sus tareas.
[T]oda vez que aparecen configurados en el caso los presupuestos de la responsabilidad que el demandante le ha endilgado a la demandada [Gendarmería Nacional], esto es, la existencia de un daño, la relación de causalidad del perjuicio y los hechos que le dieron origen –calificados administrativamente como ´en servicio´–, y su imputabilidad a la accionada en razón de su responsabilidad objetiva, no cabe más que confirmar la atribución de responsabilidad a cargo de la parte demandada, tal como ha resuelto la sentencia apelada…”.
2. Fallecimiento del trabajador. Indemninización. Daños y perjuicios. Daño moral. Daño psicológico. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Valor vida.
“[E]n lo tocante al único agravio de la parte actora –monto acordado por daño moral–, cabe señalar que en supuestos de la naturaleza de este litigio la existencia del daño moral no requiere prueba específica, porque está en el curso natural y ordinario de las cosas que la pérdida de un hijo lesione la afectividad de los padres que lo sobreviven, sin que pueda imaginarse situación con mayor repercusión espiritual, sobre todo cuando la muerte se produce en circunstancias inesperadas y trágicas, como aconteció en este caso […].
A los fines de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio del daño moral, como así también la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste…”.
ESTADO NACIONAL; GENDARMERÍA NACIONAL; FUERZAS DE SEGURIDAD; RESPONSABILIDAD; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; ACCIDENTES DE TRÁNSITO; ACCIDENTES IN ITINERE; CONTRATO DE TRABAJO; CUMPLIMIENTO DE UN DEBER; OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD; FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR; INDEMNIZACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; DAÑO MORAL; DAÑO PSICOLÓGICO; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; VALOR VIDA;
Internos U.R. III y U.R. II del CPF V (causa N° 678)Juzgado Federal de 1a Instancia de Neuquén Nº 2
El Juzgado Federal de Neuquén N° 2 hizo lugar a la acción por haberse configurado un agravamiento en las condiciones de detención vinculado con la modalidad de las requisas. Asimismo, exhortó a las autoridades del complejo para que dichos procedimientos se ejecuten en cumplimiento de la normativa vigente y garanticen el respeto de la dignidad humana (juez Villanueva).
1. Ejecución de la pena. Cárceles. Hábeas corpus. Procesos colectivos. Condiciones de detención.
“[La] vía intentada resulta idónea para salvaguardar los derechos que se aducen conculcados, y que -por tratarse del modo en cómo se ejecutan los procedimientos- involucra a toda la población del establecimiento carcelario. [L]a decisión que se adoptará tendrá un alcance general, no sólo porque de lo contrario aparecería repugnado un elemental principio de igualdad sino también para evitar un eventual dispendio de actividad jurisdiccional”.
2. Ejecución de la pena. Cárceles. Requisa. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Derecho a la integridad personal. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. Trato cruel, inhumano y degradante.
“[U]n exceso de [las] facultades [del Servicio Penitenciario Federal] quitarles su vestimenta [a las personas destinadas] hasta el desnudo en un sitio no del todo adecuado –por tratarse de celdas compartidas, en las que se alojan con pares y a las que accede personal penitenciario–, pues no quedan dudas que su dignidad es afectada de manera flagrante.
Lo observado resulta innecesario, por cuanto existiendo dispositivos electrónicos destinados a la detección de objetos metálicos peligrosos –incluso aparatos de telefonía móvil–, bien se puede acudir al uso de estos para el adecuado control de las funciones asignadas al personal de requisa”.
“[E]l método de control escogido –aunque la autoridad alegara su carácter excepcional, razonado en la posible introducción al pabellón de elementos peligrosos–, no solo lesiona el derecho a la integridad física y moral de las personas […] y el derecho a la protección de la honra y la dignidad […], sino que también resultan contrarias a la finalidad de prevención especial positiva que orienta la ejecución penal […], debiendo agregar[se] los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas…”.
“[R]esulta necesario destacar que el Protocolo General de Registro e Inspección del Servicio Penitenciario Federal […] establece como regla el registro superficial, consistente en una inspección corporal tendiente a detectar todo elemento no permitido que pueda ocultarse entre las prendas de vestir y/u objetos personales mediante la utilización de dispositivos tecnológicos y, de manera subsidiaria, autoriza el registro manual […], estableciendo de modo excepcional el registro integral […], y agrega que tal modalidad integral consiste en la inspección corporal, luego de haber sido invitado a desvestirse en forma parcial, no quedando en ninguna circunstancia en completa desnudez…”.
“[E]n aquellos casos que la coyuntura carcelaria –razones de necesidad y urgencia– requiera acudir a la vía excepcional, debe darse estricto acatamiento al procedimiento diseñado por la normativa que rige la materia, indicando el proceder adoptado, razones que lo motivaron y el personal interviniente, además de labrar las actuaciones que correspondan a partir del resultado obtenido, con comunicación a las autoridades. Ello, de conformidad con lo establecido en la Regla 51 (Reglas Mandela)…”.
“[D]e conformidad con cuanto se ha señalado respecto de la desnudez de los internos, indudablemente significó un agravamiento en sus condiciones de detención fundado en una afectación a la intimidad y dignidad de las personas alojadas, por especial impacto a su pudor”.
3. Ejecución de la pena. Cárceles. Requisa. Prueba. Registro en video. Servicio Penitenciario Federal.
“[A] los efectos de cumplir cabalmente con el [´Protocolo de uso de cámaras portátiles audiovisuales´], es que [se ordena] al Director del CPF V que –en lo sucesivo– arbitre las medidas necesarias para que el personal de requisa ajuste el procedimiento de filmación a lo establecido en el Anexo I, debiendo captarlo íntegramente desde su inicio hasta su finalización, eso es, el momento de ingreso, permanencia y salida de los agentes, permitiendo la identificación de cada una de las celdas, reiterando lo asentado en el protocolo de mención, en lo atinente a que la instrucción de documentar el procedimiento de manera que sirva como elemento probatorio, no solo de las denuncias efectuadas por los internos sino también frente a posibles falsas acusaciones al personal”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; CÁRCELES; HÁBEAS CORPUS; PROCESOS COLECTIVOS; CONDICIONES DE DETENCIÓN; REQUISA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRUEBA; REGISTRO EN VIDEO; SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL;
Habeas corpus CPF V (causa Nº 628)Juzgado Federal de 1a Instancia de Neuquén Nº 2
El Juzgado Federal de Neuquén N° 2 hizo lugar al habeas corpus correctivo, amplió su alcance a toda la población carcelaria y dispuso que en el término de treinta días el CPF V subsanara las falencias verificadas por la inspección bromatológica (juez Villanueva).
1. Habeas corpus. Cárceles. Condiciones de detención. Derecho a la salud. Derecho a la alimentación. Principio de dignidad humana.
“No puede desconocerse que es alto el riesgo de propagación de enfermedades infectocontagiosas –algunas de ellas de carácter grave, tal como la leptospirosis– ante la presencia de roedores y sus excrementos mezclados en el pan, como así también las cucarachas y gorgojos que deambulan en los sectores que fueran objeto de inspección. Tampoco [se puede] soslayar [que] si Bromatología hubiera advertido tal gravedad, la decisión a tomar hubiera sido otra: la de clausurar las instalaciones y no asignar un plazo para remediar tales falencias; estimo más bien que al tratarse de un establecimiento de elaboración de productos –en el caso, panificación– y constatadas las falencias […] se optó por intimar al Servicio Penitenciario a solucionarlas, estableciendo plazos para ello”.
“No cabe duda pues, que ha habido un desmedro de los derechos esenciales de los accionantes –que incluye a toda la población del CPF V, toda vez que se hornea el pan una vez al día– al carecer este producto y las instalaciones donde se manufactura de las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas […]. Es deber del Estado organizar sus estructuras y [las] conductas de sus funcionarios de modo tal que garanticen, efectivamente, la satisfacción de los derechos de los detenidos a una alimentación acorde a su dignidad personal y a [la] necesidad de preservación de su salud integral”.
HÁBEAS CORPUS; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;
Cerron Ruiz (Causa N° 38120)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el recurso extraordinario concedido (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
1. Sentencia condenatoria. Doble conforme. Revisión judicial. Recurso de casación.
“[E]n ‘P., S. M. y otro’ (Fallos: 342:2389), se estableció que ante el dictado de una sentencia condenatoria en sede casatoria, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado debe ser salvaguardada directamente en dicho ámbito mediante la interposición de un recurso de casación que deberán resolver otros magistrados que integren ese tribunal, sin necesidad de que el imputado deba previamente recurrir a esta Corte para obtener una decisión que ordene que tenga lugar dicha revisión” (considerando 1°).
2. Sentencia condenatoria. Notificación. Revisión judicial.
“[E]n atención a que en dicho precedente también se precisó que el criterio jurisprudencial allí establecido no se aplicaría a las causas en que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal casatorio hubiera sido notificada con anterioridad a su dictado, a los efectos de no contrariar el criterio explicitado, ni tampoco vulnerar los derechos de los recurrentes, corresponde remitir nuevamente las actuaciones a la instancia de origen, para que la defensa de la imputada pueda obtener la revisión del fallo condenatorio mediante la interposición del recurso correspondiente; habilitándose a tal efecto los plazos pertinentes a partir de la notificación de la radicación de los autos en el tribunal casatorio” (considerando 2°).
SENTENCIA CONDENATORIA; DOBLE CONFORME; REVISION JUDICIAL; RECURSO DE CASACIÓN; NOTIFICACIÓN;
Zumbay (causa Nº 3546)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar al recurso de apelación y ordenó a la ANSeS que abonase en forma inmediata la Asignación Universal por Hijo suspendida hasta tanto se resolviese el trámite principal (jueces Rabbi Baldi Cabanillas, Sola Espeche y French).
1. Medidas cautelares. Medida de no innovar. Peligro en la demora.
“[C]abe recordar que `las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces, y si bien para descartarlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus bonis iuris, siendo admisibles en tanto y cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable´ […].
Pues bien, el art. 230 del CPCCN dispone que `podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicios, siempre que: 1°) El derecho fuera verosímil. 2°) Existiere peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3°) La cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria´.
Por medio de esta se trata de `asegurar la inalterabilidad de la situación de hecho existente mientras se sustancia el proceso principal, en tanto su modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible (art. 230, inc. 2°, del CPCCN), de tal manera que no pueda cambiarse de estado la cosa objeto del juicio para que no sea trabada la acción de la justicia´ […]. `Se observa que la medida tiene un objeto inmediato, a saber: que no se modifique ni altere la situación fáctica o jurídica. Y un objeto mediato: que al momento de la sentencia pueda ésta cumplirse si el derecho le es reconocido al litigante, despejando la posibilidad de que se torne ilusorio el derecho que pueda corresponderle, evitando así un perjuicio irreparable´ como el que derivaría de `la concreta realización de actos o hechos cuyas consecuencias se prevén como definitivamente perjudiciales´…”
2. Medida de no innovar. Actos administrativos. Medidas precautorias. Peligro en la demora.
“Asimismo, corresponde puntualizar que `si bien por vía de principio, la prohibición de innovar –como la dispuesta en autos–, no procede respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles´ […] por lo que en esos supuestos, la apreciación de las circunstancias particulares del expediente a los fines de la ponderación de los requisitos que hacen a la admisibilidad de la medida solicitada debe examinarse con mayor severidad y con carácter restrictivo […].
Finalmente, cabe reseñar que para acceder a la medida precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la justifique, el que debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros […], siendo este presupuesto aún más exigible cuando la petición cautelar coincide con la petición de fondo, en tanto su concesión implicaría desnaturalizar la finalidad asegurativa que inspira el instituto provisorio, cuando no existan circunstancias que justifiquen un adelanto de jurisdicción”.
3. Medidas cautelares. Responsabilidad del Estado. Verosimilitud del derecho.
“[E]l supuesto de autos se encuentra dentro de las prescripciones previstas por el art. 14 inc. 1° puntos a), b) y c) de la ley 26.854 que viabiliza el dictado de medidas cautelares en contra del Estado Nacional ante la inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico concreto y específico a cargo de la demandada frente a `la fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública exista´.
Así, pues, en el limitado y provisorio marco de conocimiento propio del instituto en examen, aparece configurado el requisito que atañe a la verosimilitud del derecho con el grado antes referido, ya que se está frente a una cuestión que permite en el estado actual de discusión y análisis tener por acreditado un mejor derecho de la actora frente a un acto administrativo que, en principio, resultaría arbitrario”.
MEDIDAS CAUTELARES; MEDIDA DE NO INNOVAR; PELIGRO EN LA DEMORA; ACTOS ADMINISTRATIVOS; MEDIDAS PRECAUTORIAS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Fleitas (causa N° 13141)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación y absolvió al imputado (jueces Sarrabayrouse y Morin).
“[S]i la función del Derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos y debe ser la última ratio del sistema, la conducta desplegada por Fleitas no afectó el patrimonio del negocio porque no sólo las cuatro frutas que intentó llevarse no representan un valor económico significativo, sino porque también fueron recuperadas de inmediato. Las características del hecho, además, revelan la inexistencia de una acción que por sus características disvaliosas justifique la intervención del Derecho penal, si se toma en cuenta la falta de violencia o fraude en la conducta reprochada”.
“[No] puede pasarse por alto el nudo central que exhibe el asunto con independencia del enfoque dogmático a que se adopte y la concepción sobre la función y los fines del Derecho penal: la aplicación del castigo penal en contextos de desigualdad, esto es, la concreta situación social y personal de Fleitas […], que excede la sola consideración para la medición de la pena…” (voto del juez Sarrabayrouse).
“[En el precedente Catule] se puso de manifiesto que los criterios para resolver acerca de la aplicación de este principio [principio de insignificancia] no se agotaban en el valor económico de la cosa sustraída sino que también se debía tomar en consideración, entre otras cosas, las características del hecho, las condiciones personales del imputado, el daño concreto producido en relación con las características de la víctima, la proporcionalidad entre la respuesta estatal y la magnitud de la infracción, la racionalidad de los actos de gobierno, los principios de lesividad y ultima ratio, el funcionamiento del sistema penal, en especial en lo que se refiere al proceso de selectividad y la inadecuada utilización de recursos humanos escasos”.
“[A] pesar del aparente ingreso de la conducta al tipo, [cabe] concluir que, por imperio del principio de insignificancia, corresponde excluirla del tipo de hurto por el que Fleitas fue condenado”.
“[T]ambién se manifiesta aquí la distorsión de un sistema que se dedica a atender mediante la intervención de jueces, fiscales y defensores, casos de mínima alteración del orden social en detrimento de la utilización de los escasos recursos humanos al procesamiento de causas de alto impacto” (voto del juez Morín).
HURTO; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; DESIGUALDAD SOCIAL; PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA;
Aquino (Causa N° 3421)Cámara Federal de Apelaciones de Posadas
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas rechazó el recurso y confirmó la sentencia (juez Boldú y juezas Cáceres de Mengoni y Tyden de Skanata).

1. Administración Nacional de la Seguridad Social. Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Legitimación. Legitimación procesal. Falta de legitimación pasiva.
“[D]e los agravios expuestos por la demanda recurrente, la cuestión gira en torno a la legitimación pasiva para ser parte del proceso.
[A] éste respecto la doctrina ha dicho que la legitimación procesal o legitimación en causa ‘es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hayan en una determinada relación con el objeto del litigio, y, en virtud de lo cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso´ […].
Por lo tanto, la falta de legitimación se configuraría cuando alguna de las partes en litigio no es titular de la relación jurídica sustancial que da origen a la causa, sin perjuicio de que la pretensión tenga o no fundamento.
[S]in perjuicio de que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es un organismo distinto de la ANSES aquí demandada, la acción deducida persigue el restablecimiento del beneficio suspendido, es decir que guarda interés en el resultado del presente proceso. Por lo tanto la capacidad de la accionada para ser accionada resulta adecuada…”.
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO; LEGITIMACIÓN; LEGITIMACIÓN PROCESAL; FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA;
CR del V (causa Nº 156909)Tribunal de Familia, Vocalía V, San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Familia Vocalía V dispuso la continuación del proceso de vinculación diagnóstica entre la pareja y la adolescente R. y les otorgó por el plazo máximo de seis meses la guarda con fines de adopción de los otros niños (jueza María Julia Garay).
1. Adopción. Guarda con fines de adopción. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Autonomía progresiva. Derecho a ser oído.
“[E]l principio de tutela judicial efectiva establecido en el art. 706 del CCyCN en relación a los procesos de familia, tiene entre sus fundamentos y premisas el tiempo oportuno en la toma de decisiones. El interés superior de niños, niñas y adolescentes (art. 706 inc. c del CCyCN) nos obliga a tomar medidas razonables en tiempos razonables (art. 29 inc. 3 de la Constitución Provincial)”.
“[D]e los requisitos establecidos en el art. 613 del CCyCN, se advierte que el informe de p. 70/71 del Equipo Interdisciplinario de este Tribunal, al otorgarse la guarda de vinculación diagnóstica a los pretensos adoptantes, da cuenta que la pareja mostró 'herramientas y cualidades parentales adecuadas para cada situación que fue surgiendo dentro del grupo fraterno, pudiendo ofrecer contención, acompañamiento, escucha activa, organización en las tareas, juegos, comenzando a observarse los inicios de una dinámica familiar atravesada por el afecto'”.
“El art. 613 del CCyCN, en su último párrafo, nos obliga a escuchar la opinión de R. y a tenerla en cuenta según su edad y grado de madurez. R. es una adolescente de 15 años de edad, próximos a cumplir 16 años […] Tiene la madurez suficiente como para empezar a decidir sobre su destino. Su decisión de no ser adoptada y de mantenerse institucionalizada, si bien no es vinculante para este Tribunal […] será respetada en esta instancia a fin de no provocar un desgaste prematuro de la relación con sus pretensos adoptantes”.
“[L]a voluntad que pueda tener R., quien se encuentra en plena adolescencia, solo puede tener consecuencias en relación a ella; pero no en relación a sus hermanos menores, dado que todos afirmaron estar bien con H. y E. y querer irse a Buenos Aires con ellos, por lo que se les debe asegurar el derecho a vivir en una familia adoptiva en la cual conformar su derecho a la identidad. Así, el art. 11 de la ley 26.061, al hablar del derecho a la identidad, establece que los niños, niñas y adolescentes, en tanto sea imposible que ellos convivan y tenga relación directa con sus padres y familiares, de manera excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley”.
2. Reglas de Brasilia. Sentencia. Acceso a la justicia.
“Comunicación en lenguaje claro. La Acordada 69/2012 del Superior Tribunal de Justicia adhiere a la 100 Reglas de Brasilia. La misma establece en su Regla 60 que 'En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas'. Siendo así, el derecho al acceso a la justicia, a la educación y a la cultura de los cinco hermanos, parte del derecho a entender los actos judiciales que se realizan en relación a ellos”.
ADOPCIÓN; GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AUTONOMÍA PROGRESIVA; DERECHO A SER OIDO; REGLAS DE BRASILIA; SENTENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA;
Peralta (reg. N° 92 y causa N° 17833)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró improcedente el recurso de inconstitucionalidad (jueces Magariños, Jantus y Huarte Petite).
1. Jurisdicción y competencia. Conflicto de competencia. División de los poderes.
“[E]l impugnante pretende modificar las reglas de competencia, a los efectos de la revisión de la condena confirmada respecto de la imputada, atento a que, de momento, los poderes legislativos nacional y local no han sancionado las leyes de jurisdicción y competencia cuyo dictado permanece en la órbita de sus facultades, y el recurrente considera conducente y necesaria su modificación. Ello, sin duda, no puede prosperar.
[P]ostula, mediante la articulación del recurso de inconstitucionalidad, que esta Cámara suplante ese proceso político, republicano y democrático, por una imposición pretoriana sustentada en su desacuerdo o discrepancia con los tiempos y con los resultados vinculados a las tareas que se encuentran en desarrollo y que incumben a otros departamentos de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cláusula transitoria segunda de la Constitución local, y arts. 6 y 8 de la ley nacional 24.588.
Ello atenta contra la misión más delicada del Poder Judicial, esto es, saber mantenerse dentro de sus atribuciones, evitando enfrentamientos estériles con los restantes poderes (Fallos, 155:248; 254:43; 263:267 y 282:392, entre muchos otros); y respetando –en especial– las atribuciones propias del Congreso de la Nación en tanto representante del pueblo (Fallos: 339:1077; 342:917, etc.). Los jueces no pueden apartarse del principio primario de sujeción a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por este (Fallos: 313:1007 y sus citas). De otro modo podría arribarse a una interpretación que –sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal– equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 279:128; 300:687; 301:958; 321:1434; 323:3139)”.
2. Jurisdicción y competencia. Federalismo. División de poderes. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l Máximo Tribunal no ha desarticulado por vía de precedente a la justicia nacional, sino que ha establecido que su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar convenios de transferencia, para cuya conclusión deben intervenir los poderes políticos, tal como aquí se ha afirmado”.
“Más allá de advertir los desajustes institucionales que emergerían de la demora de las autoridades federales o provinciales en cumplir con los ‘mandatos de hacer’ establecidos constitucionalmente como estructurantes del federalismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación continuó ejerciendo competencia para resolver las innumerables impugnaciones interpuestas contra las decisiones de esta Cámara…”.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido de modo reiterado sobre los límites impuestos a los jueces en punto a la prohibición de usurpar funciones legislativas y la necesidad de respetar las competencias asignadas por el modelo republicano consagrado en la Constitución Nacional”.
“[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación lejos de usurpar ámbitos funcionales reservados constitucionalmente a otros departamentos de gobierno, procedió a requerir a los Poderes Ejecutivos Nacional y local que, a través de los organismos correspondientes, adoptaran las medidas que son de su propia incumbencia”.

JURISDICCION Y COMPETENCIA; CONFLICTO DE COMPETENCIA; DIVISIÓN DE LOS PODERES; FEDERALISMO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
DRR (causa Nº 40665)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso y confirmó la sentencia apelada (juezas Bonari, Gauffin, Ovejero Cornejo, y jueces Catalano, López Viñals, Samsón, Vittar y Aguilar).
1. Establecimiento educativo. Derecho de admisión. Derecho de enseñar y aprender. Igualdad.
“[R]esulta pertinente señalar que la cuestión gira en torno al ejercicio del derecho de admisión por parte de la institución educativa.
Conforme lo señala la doctrina, el derecho de admisión y el derecho de elegir a los docentes constituyen el núcleo de la libertad de enseñanza, porque ambas facultades están directamente relacionadas con los fines y objetivos de quien enseña y organiza sociedades educativas. Por cierto, el derecho de admisión no puede ejercerse de modo arbitrario o intempestivo, de modo tal que interfiera con el derecho a la educación…”.
“[E]sta Corte ha señalado respecto del ejercicio del derecho de admisión que en atención a las características y naturaleza del servicio educativo –y de los instrumentos internacionales y la normativa local que tutelan los derechos de niñas, niños y adolescentes– resulta inconcebible que la negativa a matricular o reinscribir a un alumno se funde exclusivamente en la voluntad de una institución educativa, presentada bajo la denominación de derecho de admisión, y no en razones objetivas debidamente probadas. El derecho de admisión –o de permanencia– más allá de cualquier reglamentación que pudiese existir, debe ser ejercido en forma razonable, respetando el principio de igualdad. Con este alcance debe entenderse el ejercicio regular de tal derecho, ya que los derechos subjetivos son reconocidos como medios de obtención de fines, por lo que pierden su carácter legítimo cuando se los ejerce contrariando dicha finalidad o el espíritu que fundamenta su reconocimiento […].
En definitiva, el derecho de admisión debe ejercerse regularmente, esto es, sin contrariar los fines que justifican su existencia o más llanamente, de modo que no sea abusivo…”.
2. Enseñanza privada. Derecho de admisión. Razonabilidad.
“Cuando un instituto de enseñanza privada expresa las causas que se oponen a la rematriculación de un alumno, corresponderá ponderar la razonabilidad de los argumentos puestos de manifiesto a la luz del conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos, así como de normas locales, vinculados con los derechos del niño y el derecho a la educación, y las particulares características del sistema educativo, en especial en cuanto se vinculan con el interés estatal que lo informa […].
Estamos en presencia de un caso de negativa de rematriculación debido a una conducta que se evalúa reprochable del padre de los/as alumnos/as hacia las autoridades del colegio, es decir, que el motivo por el cual se decide la no matriculación de los/as alumnos/as es ajena a éstos.
Y si bien el contrato educativo puede ser interrumpido por decisión unilateral de la institución privada, tal como surge de la cláusula 15 de la copia del Contrato de Enseñanza acompañado por los amparistas y no desconocido por la demandada, dicha facultad no debe ejercerse de manera abusiva”.
3. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho de enseñar y aprender.
“En ese sentido, es menester considerar los efectos que la no rematriculación de los hijos de los actores en el colegio al que concurren desde el jardín de infantes puede tener en ellos. Así, corresponde puntualizar que la exclusión de un niño de su entorno cotidiano, fundamentalmente a determinada edad, repercute de forma negativa en la conformación de su personalidad, con particular incidencia en la manera de sociabilizar y de relacionarse con las autoridades. Este daño –de muy difícil ponderación– abarca las dificultades que puedan acontecer a consecuencia del cambio escolar, que incluyen, además del desarraigo propio de la exclusión de su entorno, los problemas de adaptación a la nueva comunidad escolar.
Una vez admitido el alumno en una determinada institución, ésta asume compromisos respecto de su proceso educativo y por tanto debe garantizar su continuidad en ella, –salvo razones objetivas que justifiquen distinto proceder–, pues es en este momento de su vida donde se definen aspectos esenciales que condicionarán toda la vida posterior del educando, a la idea que éste se va haciendo de sí mismo a través de su tránsito por la escuela y la incidencia de ese autoconcepto en su desarrollo personal […].
Por lo tanto, se advierte un considerable perjuicio en la vida de los niños, provocado a raíz de un acontecimiento totalmente ajeno a ellos, y que los tiene como los principales afectados. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, establece en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño (art. 3.1). Y el fin público que persiguen los institutos educativos públicos de gestión privada debe tener como norte aquel interés, no contemplado en la decisión adoptada por el colegio”.
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; DERECHO DE ADMISIÓN; DERECHO DE ENSEÑAR Y APRENDER; IGUALDAD; ENSEÑANZA PRIVADA; RAZONABILIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
Saucedo (causa N° 11337467)Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 14ta Nominación de Rosario
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 14ta Nominación de Rosario hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó resarcir a la actora por el enriquecimiento sin causa (juez Quaglia).
1. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Unión convivencial. Género. Perspectiva de género. Prueba. Carga de la prueba. Carga dinámica de la prueba.
“[E]l planteo [de la carga de la prueba respecto de los hechos controversiales] debe plantearse desde la perspectiva de género, y en clave de Derechos Humanos. En efecto, existe un imperativo constitucional y supranacional que demanda hacer efectiva la igualdad que las normas pregonan (arg. arts. 1, 2 y 3 CCyC), existiendo patrones socioculturales que imponen considerar especialmente las circunstancias del caso, donde no se definen los derechos…”.
“[L]a perspectiva de género se evidencia como una herramienta esencial para eliminar desigualdades creadas a partir de condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas a partir del sexo biológico. Constituye una de las medidas especiales destinadas a eliminar la desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, a los fines de garantizar una igualdad real por sobre la meramente formal (art. 4.1, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–), y «modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres» (art. 5.a, CEDAW).
En el caso, entre los efectos concretos y palpables que debe otorgar la perspectiva de género se plantea el de morigerar las cargas probatorias, llegando aún a su inversión, siendo el demandado el que tiene que probar que la diferencia de trato económico dentro de la unión convivencial generada se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir un fin legítimo.
[P]esando sobre el demandado en este caso concreto la acreditación de las razones que imponen la exclusión económica de la conviviente dentro del vínculo generado, especialmente ante la existencia de normas […] que brindan una solución diferente…”.
2. Código Civil y Comercial de la Nación. Enriquecimiento sin causa. Obligaciones. Familia. Derecho de familia. Unión convivencial. Responsabilidad civil.
“[E]l instituto [enriquecimiento sin causa] debe considerarse una fuente autónoma de obligaciones, fuente que naturalmente puede resultar aplicable (de configurarse sus presupuestos) en el ámbito del derecho de familia […].
De esta forma, la disposición establecida en el art. 1716 CCyC (deber de no dañar) resulta plenamente aplicable en este ámbito y, naturalmente da lugar a la reparación del daño que se cause.
[P]or lo que resultan aplicables a las relaciones de familia, las normas que regulan la responsabilidad civil. Esta opción responde a la convicción que el Derecho de Familia es Derecho Privado.
[L]o reseñado aplica, evidentemente, al supuesto de las uniones convivenciales, donde si bien el inicio y el fin de la convivencia de hecho constituyen de un derecho de libertad, es individualizable un límite: la solidaridad y la buena fe. Violado ese límite, el ejercicio abusivo de la libertad deviene ilícito y no puede faltar aquella forma mínima de tutela representada por el resarcimiento de daño…”.
“[D]ebe acreditarse que el demandado se ha enriquecido patrimonialmente, el empobrecimiento del actor, la relación causal existente entre ambos, la ausencia de justificación sobre dicho enriquecimiento y la inexistencia de otras vías jurídicas adecuadas para satisfacer la pretensión…”
3. Código Civil y Comercial de la Nación. Trabajo en el hogar. Aportes. Género. Perspectiva de género.
“[C]onforme las constancias acompañadas a la causa no cabe duda alguna que la actora realizó aportes concretos y directos en las tareas de reparación, acondicionamiento y mejora del inmueble.
Ello fue desarrollado a través de aportes directos efectuados por terceros cuyas tareas sólo pueden justificarse en razón del vínculo existente con la actora […].
Pero también coloró a través de la prestación de aportes económico indirectos a partir de las tareas que desarrollaba en el hogar (expresamente reconocidas por el demandado) y el trabajo en el negocio de su padre…”.
“[L]as tareas vinculadas a los denominados «quehaceres del hogar», tienen un valor económico, que debe ser reconocido de manera efectiva y palpable. Así lo reconoce expresamente el art. 660 del CCyC. «El trabajo no remunerado es esencial para que cada día se reproduzca la fuerza de trabajo, sin la cual el sistema no puede subsistir. Es decir, el funcionamiento económico se recuesta en la existencia de ese trabajo, que como muestran múltiples encuestas, está muy mal distribuido entre varones y mujeres. Esta situación, además de ser injusta, implica una serie de desventajas a la hora de la participación económica de las mujeres, y explica la persistencia de la desigualdad económica del género. Se lo llama técnicamente trabajo de reproducción. La reproducción humana ha sido y es realizada por la mujer, lo que permite la supervivencia de individuos y sociedades» [.] «También se utiliza el término trabajo de la reproducción en lugar de trabajo doméstico, por considerarse que la denominación tiene un alcance mayor al atribuido habitualmente a este último tipo de tareas. Así, puede afirmarse que el escenario de la actividad de reproducción es el hogar y la familia, por lo cual también se lo llama trabajo de cuidado».
Se destaca que el art. 660 CCyC visibiliza a nivel normativo el contenido económico de dichas tareas, las que objetivamente insumen una cantidad de tiempo real que se traduce en valor económico, ya que el tiempo, en una sociedad compleja como la contemporánea, es una de las variables de mayor, sino exclusivo, contenido económico. El mismo CCyC en su art. 455 dispone que se debe considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.
Naturalmente los aportes reseñados aliviaban proporcionalmente al demandado quien podía destinar el dinero a la construcción de la casa […] –que finalmente quedó en su patrimonio y hoy posee– y/o a mejorar el vehículo que poseía…”.
4. Patrimonio. Unión convivencial. Enriquecimiento sin causa. Interpretación de la ley. Compensación económica. Género. Perspectiva de género.
“[L]a jurisprudencia ha encontrado en el enriquecimiento sin causa la vía adecuada para encauzar las divergencias patrimoniales entre concubinos, por no haberse podido probar, y por lo tanto, encuadrar en otras situaciones jurídicas. En tal sentido, si no se admitiera el enriquecimiento sin causa, importaría consagrar una inmoralidad mayor; por lo que su aplicación evitaría perpetrar un daño irreparable…”.
“[D]icho enriquecimiento […] se vincula claramente con el empobrecimiento padecido por la actora la que si bien no sufrió el desplazamiento de un bien de su patrimonio hacia el del demandado o el de un tercero (pérdida de un bien), sufrió la pérdida de una expectativa de las ventajas o ganancias que conllevaría principalmente el hogar propio […].
En efecto, la separación le ha generado la pérdida de una ganancia o beneficio que esperaba percibir, la que se evidencia en clara correlación con el enriquecimiento generado, ambos en apropiada relación causal ya que de no haber existido la relación afectiva la actora no habría aportado elemento alguno.
De esta forma, corresponde reconocer jurídicamente el esfuerzo que la actora puso tanto en construir la casa que sería el hogar que integraba el proyecto de vida en común de la pareja […].
Dicho reconocimiento conlleva evitar el despojo total de los aportes de uno de los miembros, que beneficiaría sin causa al otro. En caso contrario habría una transmisión patrimonial de uno de los integrantes de la unión hacia el otro, sin ninguna contraprestación lícita que se constituya como causa del negocio jurídico. El principio del enriquecimiento sin causa aparece nítido en su aporte para solucionar los conflictos patrimoniales entre convivientes, de cara a la ruptura de la unión…”.
“[E]n el caso concreto, y a partir de este juzgamiento que se impone con perspectiva de género a través de los mandatos constitucionales y convencionales, se exige considerar ciertas pautas que no pueden soslayarse porque se relacionan directamente con la situación de las partes, tanto del deudor –en cuanto a su capacidad de pago–, como de la acreedora. En tal sentido, y como ya ha determinado cierta jurisprudencia […], corresponde aplicar analógicamente las pautas para la fijación judicial de la compensación económica desarrolladas en el art. 525 CCyC…”.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; UNIÓN CONVIVENCIAL; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA; OBLIGACIONES; FAMILIA; DERECHO DE FAMILIA; RESPONSABILIDAD CIVIL; TRABAJO EN EL HOGAR; APORTES; PATRIMONIO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; COMPENSACIÓN ECONÓMICA;
SEE (causa Nº 96658)Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II
La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia apelada (jueces Carnota y jueza Dorado).
1. Derecho a la salud. Jurisprudencia. Medidas de acción positiva. Medida cautelar innovativa.
“El Alto Tribunal de la Nación ha señalado en numerosos precedentes que `La preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (arts. 42 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional)´ (CSJN, `Institutos Médicos 26/03/2019´; Fallos: 342:459). También ha enfatizado el Tribunal Cimero que `El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo este el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional; el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental.´ (CSJN: `Nobleza Piccardo S.A.I.C. Y F. C/ Santa Fe, Provincia de S/Acción Declarativa´, sentencia del 27/10/2015; Fallos: 338:1110).
En otro orden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el caso `Furlán y familiares v. Argentina´ (sentencia del 31 de agosto de 2012), lo siguiente: `Toda persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos´; y con no menos contundencia, más adelante puntualizó: `No basta con que el Estado se abstenga de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particularidades necesarias de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad.´ […].
Un diáfano perfil proteccionista que rodea a nuestra Constitución Nacional no puede estar ausente en casos como el planteado en autos, pues exige de parte del juzgador su aplicación al caso concreto, para que la peticionante de autos, pueda gozar, aunque provisoriamente y hasta tanto quede resuelto el fondo de la cuestión, un servicio de salud adecuado, oportuno y de acuerdo con sus necesidades.
Por ello, con los elementos de prueba aportados y pudiéndose ver afectado el crecimiento y desarrollo de la menor, encuentro acreditados los requisitos del art. 230 del CPCC y procedente la medida cautelar innovativa solicitada”.
2. Salud pública. Derecho de propiedad. Personas con discapacidad.
“No resulta óbice a ello, las afirmaciones que realiza la accionada respecto a la afectación de derecho de propiedad y/o desvío de fondos, pues es deber del Estado garantizar la salud pública con la comunidad en general y la Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo descentralizado en la órbita de la Secretaria de Discapacidad de la Presidencia de la Nación (Decreto 698/2017), encargado del diseño, coordinación y ejecución general de las políticas en materia de discapacidad, y de la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad”.
DERECHO A LA SALUD; JURISPRUDENCIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; SALUD PÚBLICA; DERECHO DE PROPIEDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
VJA (Causa N° 40879)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso interpuesto por la Obra Social y confirmó la medida innovativa dictada (jueces Catalano, Samsón, Vittar, Viñals y Aguilar, y juezas Bonari, Ovejero Cornejo, Gauffin y Faraldo).

1. Medidas cautelares. Derecho a la salud. Interpretación de la ley.
“[L]a finalidad de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la posibilidad de una posterior sentencia favorable. Es decir, se trata de impedir la eventual frustración de los derechos de las partes con el objeto de que no resulten inocuos los pronunciamientos que dan término al litigio. Están Destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra…”.
“[E]l ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre ellos el de preservación de la salud, no necesita justificación alguna, sino por lo contrario, es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada […]. A lo que corresponde agregar que el estándar de interpretación fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación impone si se halla en juego la subsistencia de un derecho social, de principal rango y reconocimiento, tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales incorporados con esa jerarquía en el art. 75 inc. 22,  ante la interposición del mecanismo también consagrado constitucionalmente en el art. 43 con el objeto de garantizar de un modo expedito y eficaz su plena vigencia y protección, procede exigir de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia a fin de no tornar utópica su aplicación…”.
2. Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho.
“[L]a cautelar dispuesta no luce desprovista de fundamentos como invoca el recurrente, si se tiene en consideración el estadio procesal para su dictado, puesto que, como es sabido, estas medidas no exigen de la magistratura el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. Dicho análisis no entraña más que un juzgamiento acerca de la probabilidad de la existencia del derecho debatido, toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del pronunciamiento final a dictarse oportunamente [...].
Debe tenerse presente además que la articulación de una medida cautelar innovativa conjuntamente con la acción de amparo, procura una solución inmediata para una situación que se presenta con características de urgencia o impostergabilidad y fundada en un suficiente `fumus bonis iuris´, pero no se agota con su otorgamiento”.
3. Acción de amparo. Medidas precautorias. Medida de no innovar. Certificado Único de Discapacidad.
“[E]s pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sentado que la acción de amparo no actúa como una simple medida de no innovar […], teniendo en consideración que no es una acción que se agota en la traba de la medida precautoria […]. Ello es así, dado que la medida cautelar adoptada en el proceso de amparo en el que ha mediado ulterior oposición de la demandada, queda librada a la decisión final que –según admita o desestime el amparo–, convertirá la cautelar en definitiva o producirá la decadencia de tal medida.
Dado lo antes expuesto, cabe concluir que los argumentos señalados del recurrente no logran conmover la razonabilidad de lo decidido, en tanto, más allá de la alegada falta del certificado de discapacidad, no se ha cuestionado el diagnóstico de la enfermedad que padece el actor y su incidencia crónica y degenerativa, cuestión que, ante la eventual implicancia en el deterioro de la salud de aquél, justificó la concesión de la cautelar”.
4. Seguridad social. Solidaridad previsional.
“[L]os agravios relativos a la pretendida afectación del principio de solidaridad contributiva del sistema de seguridad social resultan inatendibles pues [...] la simple invocación de manera ligera y abstracta de tal principio no es suficiente para tener por acreditada la afectación patrimonial de la estructura misma del sistema de salud que el I.P.S.S está obligado a garantizar […] valoración ésta que [...] se efectúa en el marco de provisoriedad que caracteriza a las medidas cautelares y sin perjuicio de lo que se resuelva en el principal sobre la cuestión de fondo.
[C]on relación a qué debe entenderse por cobertura integral, esta Corte dijo que, de cara al sentido de las palabras, se tiene que `integral´ significa `global; total´ […] y por lo tanto comprensiva del 100% y no solo de una parte o fracción de la cobertura…”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; ACCION DE AMPARO; MEDIDAS PRECAUTORIAS; MEDIDA DE NO INNOVAR; CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD; SEGURIDAD SOCIAL; SOLIDARIDAD PREVISIONAL;
LMA (causa N° 40919)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso y confirmó la sentencia (jueces Catalano, Samsón, Vittar, Viñals y Aguilar, y juezas Bonari, Ovejero Cornejo, Gauffin y Faraldo).
1. Accion de amparo. Interpretación de la ley. Derecho a la vida. Derecho a la salud.
¨[A] tenor de los dispuesto por el art. 87 de la Constitución de la Provincia, la acción de amparo procede ante actos u omisiones ilegales de la autoridad o de particulares restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícita o implícitamente allí consagrados. La viabilidad de esta acción requiere, en consecuencia, la invocación de un derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional, pero además que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima, y que el daño no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías […].
El amparo, por lo demás, constituye un proceso excepcional que exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño grave sólo eventualmente reparable por este procedimiento urgente y expeditivo. Debe tratarse de una vulneración de garantías constitucionales, pues la razón de ser de la acción de amparo no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen la función que la ley les encomienda, sino proveer el remedio adecuado contra arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución…”.
“[E]l goce de la salud, entendido en sentido amplio, importa la defensa del derecho a la vida y a la preservación de aquélla, que dimana de normas de la más alta jerarquía (cfr. Preámbulo y arts. 31, 33, 42, 43 y 75 inc. 22 de la C.N.; 3º y 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12.1 y 12.2 ap. 'd' del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4.1, 5.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)“.
2. Convernción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Personas con discapacidad. Derecho a la salud. Estado. Responsabilidad del estado.
“[E]xisten leyes específicas de protección ante la enfermedad que aqueja al hijo de la demandante: la Ley nacional 24901 denominada Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, […] y la Ley provincial 7600 que adhiere al sistema de la ley nacional […].
[L]a Ley provincial 7600, en el art. 3°, establece en forma expresa que las personas con discapacidad que carecieran de cobertura de obra social o de la seguridad social, serán atendidas por el Estado provincial con un sistema prestacional que contemple las prestaciones básicas de atención integral enunciada en la Ley 24901. Por su parte, dicha norma determina en su articulado un sistema de prestaciones básicas de atención integral a las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, a los fines de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
En este mismo sentido, la Ley 7965, de adhesión de la Provincia de Salta a la Ley nacional 26689 de Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes, en su art. 4°, dispone que las que carecieran de cobertura de obra social o de la seguridad social, serán atendidas por el Estado provincial en las prestaciones determinadas en la Ley nacional 26689.
[E]l derecho a la preservación de la salud es una obligación impostergable que tiene la autoridad pública, quien debe garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada ‘medicina prepaga’”.
“[L]as argumentaciones relacionadas a cuestiones ajenas a la peticionante, como lo son la relativa a que el Programa ´Incluir Salud´ es asistido financieramente por el Estado nacional, por lo que depende de una transferencia presupuestaria o que para adquirir las sondas uretral debe observarse el procedimiento dispuesto por la Ley de Contrataciones de la Provincia, no constituyen justificación válida para no observar lo que, de acuerdo a la normativa vigente antes reseñada, constituye una obligación del Estado provincial”.
“[C]omplementa el bloque de protección, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado por Ley 26378, la cual, por Ley 27044 […] posee jerarquía constitucional.
El propósito de ella es ´promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente´ (art. 1°). En este orden, el Estado se comprometió a adoptar –entre otras– todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella”.
3. Convenicion sobre los Derechos del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Interes superior del niño.
“[E]l interés de un menor debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos de gobierno (art. 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño). Esta norma expresamente dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior del menor…”.
ACCION DE AMPARO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA VIDA; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ESTADO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO;
PJC (causa Nº 24873)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala de Feria
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a los recursos y estableció que el período vacacional del actor con el niño F. debía ser en la provincia de Formosa. Además, determinó que se mantuviese el vínculo paterno con el niño por los medios telemáticos a disposición mientras se encontrase con la madre y, de igual modo, con la progenitora cuando el niño se encontrase con el padre (juezas Pérez Pardo y Bermejo, y juez Fajre).
1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Responsabilidad parental.
“[L]os niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos que merecen especial tutela en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 23). Por ese motivo, debe considerarse al interés superior de ellos, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3, párrafo 1) y en el actual Código Civil y Comercial de la Nación (art. 706, inc. c).
Como se ha expuesto, `el interés al que refiere la fórmula no alude a una noción abstracta aplicable en forma sistemática e idéntica a todas las situaciones, requiriéndose en consecuencia que el intérprete emita su juicio de valor sobre cuál es, en el caso, el interés superior del niño, sopesando las características del supuesto que se presenta a su intervención, en el que debe contextualizarse el análisis. En cualquier caso, de entre las decisiones posibles, la que mejor responda al superior interés del niño será aquélla que garantice que se respeten sus derechos humanos fundamentales y su condición de sujeto de derecho.´ […].
Al respecto, cabe poner de resalto que el art. 642 del Código Civil y Comercial de la Nación contempla los desacuerdos entre los padres respecto de las decisiones relacionadas con la vida de los hijos menores de edad y establece que, ante ellos, el juez debe decidir el diferendo.
En tal sentido, la norma citada se integra con los arts. 639 y 706 del mismo cuerpo legal, en cuanto a que toda decisión que deba adoptar el magistrado actuante en la materia debe tener en cuenta el interés superior del niño”.
2. Emergencia sanitaria. Traslado de personas. Niños, niñas y adolescentes.
“[D]adas las condiciones del contexto sanitario actual ante el rebrote de la pandemia de Covid, las medidas de confinamiento y aislamiento dispuestas por las autoridades públicas nacionales y provinciales –en particular las relacionadas con el tránsito de personas entre diferentes jurisdicciones–; con todos los trastornos que ello implica, tornan desaconsejable el desplazamiento del niño F. fuera del lugar donde reside actualmente”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RESPONSABILIDAD PARENTAL; EMERGENCIA SANITARIA; TRASLADO DE PERSONAS;
De la serna (causa Nº 6920)Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala de Feria
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión recurrida (jueces Alvarez y Lemos Arias).
1. Peligro en la demora. Derecho a la preservación de la salud.
“[E]l peligro en la demora se encuentra configurado, dada la potencialidad dañosa que podría representar para la preservación en la salud de las personas que habitan el barrio `15 de diciembre´, la falta de agua potable como así también la utilización de `pozos ciegos´ precarios no evacuados, que constituyen una fuente indiscutible de inaceptable menoscabo sanitario y habitacional.
En tales condiciones, el peligro en la demora resulta manifiesto desde que se encuentra comprometida la vida e integridad física de los habitantes del lugar. Recuérdese al respecto que la Constitución reconoce expresamente entre los derechos sociales los correspondientes a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos. En consonancia con ello y en virtud de lo dispuesto en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida y expresado que existe en cabeza de las autoridades públicas una obligación impostergable de garantizarlos con acciones positivas…”.
2. Medidas cautelares. Aguas corrientes. Daño. Verosimilitud en el derecho.
“[L]a operatividad de las medidas cautelares como la señalada –disponibilidad de agua potable y sanitización de pozos– se encuentra determinada por la necesidad de proteger un derecho que todavía no es cierto para evitar la consumación de perjuicios irreparables.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido una cierta correlación entre los requisitos de procedencia para la concesión de las medidas cautelares de alcance como la antes apuntada disponiendo que `…cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad o irreparable, el rigor de las formas se puede atenuar´ […].
En virtud de lo expuesto, el plano del sumario cognitio hace suponer prima facie la existencia de un planteo audible, respecto a la existencia de un riesgo de daños de extrema gravedad o irreparable; lo cual determina atenuar el examen de la verosimilitud.
En ese entendimiento no resulta posible soslayar el grave contexto fáctico que se presenta en la especie […], caracterizado por una situación que comprometería los más elementales derechos humanos –a la vida, a la salud y a la dignidad–.
En ese específico contexto de provisionalidad –por un lado– y gravedad –por otro–, las mejoras y medidas ordenadas –de índole sanitaria en sustancia– se inscriben, ciertamente, en la necesidad de que se atienda a la impostergable protección del derecho a la salud de los accionantes y los demás habitantes del barrio”.
3. Medidas precautorias. Aguas corrientes. Salud pública.
“[E]n la decisión precautoria no se ha dispuesto el tendido de redes de agua potable en el barrio. Con relación al agua potable, cabe precisar que en virtud de los derechos en juego y el peligro en la demora, la demandada deberá procurar agua potable para los habitantes del lugar, mediante bidones, camiones cisternas o por las vías que considere aptas al efecto de facilitar el acceso a una fuente de agua segura. A similar conclusión se arriba en relación a la limpieza de los desagües cloacales cuya realización se encomendara, pues en consonancia con la transitoriedad aludida y la gravedad de la situación sanitaria, no es posible colegir de la decisión el alcance que le asigna el recurrente.
La Res. 898/2001 del Registro del Ministerio de Salud de la Nación establece, entre otras cuestiones, que las políticas estatales tienen por objetivo primero y prioritario asegurar el acceso a la salud, entendiendo por tales al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación, sean éstos de carácter público estatal, no estatal o privados; con fuerte énfasis en el primer nivel de atención.
Cabe enfatizar que el agua se constituye como un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud de las personas. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Así, entre otros Tratados Internacionales, la `Convención sobre los Derechos del Niño´ de jerarquía constitucional exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades mediante el suministro de agua potable salubre (art. 24°, 2.c.)”.
PELIGRO EN LA DEMORA; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; MEDIDAS CAUTELARES; AGUAS CORRIENTES; DAÑO; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; MEDIDAS PRECAUTORIAS; SALUD PÚBLICA;
Perez Gonzalez (causa Nº 4253)Cámara Federal de Apelaciones de Salta
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó el recurso de apelación (jueces Rabbi Baldi Cabanillas, French y Castellanos).
1. Medidas cautelares. Derecho a la salud. Verosimilitud del derecho.
“[E]l recurso en examen debe ser analizado partiendo de la base de que la cautelar solicitada –en el marco del proceso de amparo– consiste en que se ordene a la demandada una real e integral cobertura médica asistencial consistente en la provisión de un acompañante terapéutico y/o enfermero/a a favor de un menor de edad durante las 24 horas, todos los días de la semana. Es decir, que nos conduce a tratar un asunto vinculado al derecho a la salud que, derivado del derecho a la vida, tiene jerarquía constitucional, al ser reconocido implícitamente en el art. 33 y de modo explícito en diferentes tratados internacionales en los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”.
“[R]esulta importante destacar que `las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su función y si bien para acogerlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario verosimilitud en el derecho invocado, siendo admisibles en tanto y en cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece fundada y la reclamación de fondo se muestra viable y jurídicamente tutelable´ […], circunstancias que, conforme lo apuntado, concurren en el presente caso, en el que ante la eventual concreción de un daño irreparable se debe otorgar una inmediata protección frente a la situación en la que se encuentra el afiliado…”.
MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A LA SALUD; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
MC (causa Nº 11890)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala de Feria
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil habilitó la feria judicial y remitió las actuaciones al Ministerio Público de la Defensa para que dictaminase en relación con la vista conferida el 30 de diciembre del 2020 (juezas Perez Pardo, Bermejo y Benavente).
1. Feria judicial. Habilitación.
“Las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son aquéllas que entrañan para los litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos, para cuya tutela se exige protección jurisdiccional. Por lo tanto, la intervención de los tribunales durante este período es de excepción (art. 153 del Código Procesal).
Los motivos extraordinarios que autorizarían a su recepción deben ser reales, emanados de la propia naturaleza de la cuestión y no de la premura que un asunto pueda tener desde la óptica del interés particular del litigante, frente a la demora que traería aparejada la suspensión de la actividad judicial.
En suma, debe existir la posibilidad cierta de que el retardo frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño irreparable, todo lo cual debe valorarse con criterio objetivo y restrictivo en los términos del citado art.153…”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho y deber de comunicación.
“[E]n toda actuación judicial en la que se encuentren involucrados niños o adolescentes, debe velarse por el interés supremo de éstos, que se erige como principio rector del derecho procesal de familia.
Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la expresión `interés superior del niño´ implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida (CIDH, 28/08/2002, Opinión Consultiva OC 17/02, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[…]); y la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 lo definió como `la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley´ (art. 3°).
En consecuencia, en todos los asuntos de esta índole, ha de ser aquel interés primordial de los niños y adolescentes el que ha de orientar y condicionar toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos; y ello conforme a reiterada jurisprudencia de nuestra Corte Federal […].
Conviene aquí resaltar que el derecho de los hijos a no ser separados de sus padres y a tener adecuada comunicación con ellos, se encuentra garantizado por los arts. 9.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por el artículo 11 de la ley 26.061, que dispone que los niños tienen derecho `...a la preservación de sus relaciones familiares [...] a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados´.
Es por ello que uno de los deberes fundamentales que tiene el padre o la madre que se encuentra al cuidado de un hijo es el de favorecer y estimular la libre comunicación de éste con el padre o la madre no conviviente (ver art. 653, inc. a), del Cód. Civil y Comercial). Desde esta perspectiva, mantener contacto y comunicación con el hijo constituye un deber paternal y maternal de interés y atención; como asimismo, desde la óptica del hijo, existe también un deber filial de éste de ver y comunicarse con aquéllos...”.
FERIA JUDICIAL; HABILITACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO Y DEBER DE COMUNICACIÓN;
AGLI (causa N° 123332)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso extraordinario, revocó la sentencia impugnada y rechazó la demanda interpuesta (Jueces Torres, Pettigiani, Genoud, Lázzari y la jueza Kogan).

1.Convención de los Derechos del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Interpretación de la ley.
“[L]a sentencia impugnada infringe la Convención sobre los Derechos del Niño […] según la cual ´En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño´ […].
[T]al como lo ha sostenido la Corte nacional ´el interés superior de los menores (art. 3°, ap. 1°, de la referida Convención) constituye una pauta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales en el juzgamiento de las causas en las que se ven involucrados intereses de aquellos´ […] resaltando que ´cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional´…” (voto del juez Torres al que adhirió el juez Petiggiani y la jueza Kogan).
2. Residencia. Apreciación de la prueba. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a señora A.G. había obtenido la tarjeta de residencia en España por cinco años […] no habiendo la actora acompañado constancia alguna que permita asegurar que la hubiese renovado o arbitrado algún mecanismo tendiente a brindar seguridad en torno a las condiciones en que pasarían a residir las niñas en aquel país mientras se dirime el fondo de las cuestiones relativas a la guarda o custodia de aquellas. Teniendo en cuenta que la pareja ya había residido temporalmente en España y regresado a la Argentina, el hecho de que el permiso de residencia tuviera un plazo permitiría colegir que la residencia en España era transitoria […].
Como ha resaltado la Corte nacional […]. El niño tiene pues, derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto…” (Voto del juez Torres al que adhirió el juez Petiggiani y la jueza Kogan).
3.Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Emergencia sanitaria.
“[L]a emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, que ha tornado necesaria la adopción de múltiples medidas de emergencia pública por parte de los Estados, situación inesperada e imprevisible que torna imprescindible poner bajo resguardo la salud de las niñas en atención a su interés superior.
La propia Convención sobre los Derechos del Niño tiende a que el niño no sea separado de sus padres, pero establece una salvedad cuando tal separación es mejor para él, por ejemplo cuando puede estar involucrada su salud (arts. 9 y 24, CDN).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ´…en los procesos en los que se debate la custodia de un niño, el derecho a la salud -reconocido como atributo inherente a la dignidad humana y, por ende, inviolable-, interpela directamente a los jueces, como una manda de jerarquía superior, que reclama la búsqueda de los medios más idóneos para su consagración efectiva´...” (Voto del juez Torres al que adhirió el juez Pettigiani y la jueza Kogan).
4. Restitución internacional de menores. Restitución de hijo. Residencia. Centro de vida. Interpretación de la ley.
“[L]a ilegalidad del traslado o retención, que constituye un requisito esencial para la admisibilidad de toda solicitud de restitución se yergue como un elemento jurídico, no fáctico […] cuya apreciación necesariamente depende de las definiciones que se adopten acerca de dónde se hallaba la ´residencia habitual del menor´ antes de la vía de hecho reputada ilícita y quién ejercía en dicho lugar el "derecho de custodia" que se alega infringido por el accionar del sustractor”.
“[S]e ha sostenido –entonces– que para asignarle significado a dicho término convencional el juez requerido debe primeramente acudir a las definiciones o calificaciones de su lex fori […].
[E]l Código Civil y Comercial –aplicable al caso, en tanto vigente al momento del hecho reputado ilícito, […] establece que toda persona humana posee su residencia habitual en el Estado en el que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado (conf. art. 2.613).
Mediante esta redacción se acepta que la residencia habitual se presenta como una noción de hecho que, diferenciándose de los conceptos jurídicos de domicilio, simple residencia o habitación, conforma un término sociológico flexible que tiene en cuenta el lugar donde –en este caso– el menor posee efectivamente su centro de gravedad, su ubicación en el espacio como una situación de hecho que supone un apreciable grado de estabilidad y proyección de permanencia […]. Así, la residencia habitual del menor comulga con su centro de vida, ejerciendo –ambos conceptos– una suerte de mutua retroalimentación semántica, tal como lo disponen la ley 20.061 y su decreto reglamentario 415/06.
De este modo, la residencia habitual del menor no puede reflejar un significado exclusivamente cuantitativo […] sino que el concepto se expande e implica la definición del sitio en el que debe ser ubicado, de conformidad con la intención de quienes ejercen su custodia en términos convencionales, el centro de la presencia del menor, para lo cual también debe atenderse a su entorno familiar y social, sus afectos, su posible asentamiento e integración en el determinado medio, con cierto grado de estabilidad y proyección de permanencia, debiendo ponderarse todos los elementos con el debido criterio de actualidad”
5.Restitución internacional de menores. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído. Autonomía progresiva.
“[A] decidir respecto de la procedencia de la restitución internacional de un menor, no puede prescindirse de recabar la opinión que este posee sobre el tópico […]
Cierto es –no obstante– que la opinión que aquel pueda poseer al respecto debe ser pasada por el rasero que implican su edad y grado de madurez (art. 13, CH1980), para lo cual le es imprescindible al juez conocerlo y ponderar cuidadosamente las circunstancias que lo rodean, balanceándolas mesuradamente en relación con las restantes connotaciones que presenta el caso, los dictámenes de los profesionales intervinientes, el Ministerio Público y particularmente con la índole de los derechos en juego […]. Se admite -en estos casos- que la opinión del menor pueda ser decisiva si, en opinión de las autoridades competentes, ha alcanzado una edad y un grado de madurez tal que resulte apropiado tener inexorablemente en cuenta sus opiniones, convirtiéndose así en intérprete de su propio interés […].
[E]xiste consenso en la comunidad internacional acerca de que -en este tópico- el menor no solo debe oponerse a la restitución sino que debe demostrar un sentimiento fuerte más allá de la mera expresión de una preferencia o un deseo […]”.
“[L]as chicas logran distinguir claramente entre las cuestiones relativas a su custodia y las relacionadas con la solicitud de restitución, extremo que evidencia un suficiente grado de madurez en sus opiniones, atento al nivel de abstracción que ello implica, lo que -por demás- resulta acorde con sus edades actuales (13 y 9 años, respectivamente) y la descripción de sus personalidades efectuada por la perito psicóloga en su informe del 16 de octubre de 2019 ante esta sede casatoria, quien reseñó que ambas presentan recursos y desempeños psíquicos acordes y suficientes a las respectivas etapas evolutivas que atraviesan, poseyendo ambas un desempeño por encima de la media esperada a su edad.
[T]anto A. como N. no solo no lograron integrarse emocionalmente a su nueva comunidad catalana, sino que –más aún– mantuvieron siempre su fuerte ligazón con aquel entorno físico, social, familiar y afectivo que dejaron en Bernal cuando se fueron, que añoraron fuertemente desde el extranjero y que las volvió a acoger cuando regresaron dos años después…”.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; RESIDENCIA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO A LA SALUD; EMERGENCIA SANITARIA; RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES; RESTITUCIÓN DE HIJO; CENTRO DE VIDA; DERECHO A SER OIDO; AUTONOMÍA PROGRESIVA;
De Lillo (causa n° 7919)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en los Criminal Federal N° 1 incorporó al hombre imputado al régimen de salidas transitorias y dispuso su ingreso en el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, mediante la colocación de un dispositivo electrónico(jueces Grünberg, Michilini y Basílico).
1. Salidas transitorias. Estímulo educativo. Unificación de penas. Ejecución de la pena.
“[A] fin de resolver sobre la solicitud de salidas transitorias efectuada a favor [del hombre imputado], se tiene en cuenta que […][d]e acuerdo con el cómputo de pena provisorio practicado […] se encuentra cumplido el requisito temporal previsto por el art. 17, punto I, inc. a, de la ley 24.660. A tales fines, […] la pena impuesta vencería el día 16 de marzo de 2027, y […] el nombrado fue beneficiado con una reducción total diez […] meses por estímulo educativo…”.
2. Consejo Correccional. Derecho a la vida privada y familiar. Salidas transitorias.
“Según se desprende del informe técnico criminológico obrante en autos, al encartado le correspondió en la última calificación correspondiente a septiembre de 2020: CONDUCTA EJEMPLAR DIEZ […] Y CONCEPTO MUY BUENO SIETE […], no ha sido pasible de sanciones disciplinarias, y ha observado con regularidad los reglamentos carcelarios.
Allí se propicia su incorporación a la modalidad de salidas transitorias en virtud de su favorable evolución intramuros y en consideración al efecto beneficioso que las salidas pueden tener para su futuro personal, familiar y social…”.
“[Del acta incorporada][s]e desprende que los miembros del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidieron por unanimidad, en forma positiva en relación con la incorporación [del hombre imputado] al régimen de salidas transitorias, proponiendo que las mismas sean usufructuadas bajo tuición familiar. Que, por otra parte el Consejo Correccional consideró que, toda vez que al día de la fecha, el interno no cuenta con una sentencia condenatoria firme, quedaba a criterio de quien entendiera en la ejecución de la pena, la modalidad del régimen en cuanto a la duración y frecuencia en que las mismas deberán ser usufructuadas”.
SALIDAS TRANSITORIAS; ESTÍMULO EDUCATIVO; UNIFICACIÓN DE PENAS; EJECUCIÓN DE LA PENA; CONSEJO CORRECCIONAL; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR;
Coria García Martínez (causa Nº A75163)Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso, revocó la sentencia impugnada y declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del reglamento de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (jueces Pettigiani, Torres y Genoud, y jueza Kogan).
1. Actos discriminatorios. Estereotipos de género. Categorías sospechosas. Jurisprudencia.
“[L]a norma impugnada en este aspecto evidencia desajustes con la manda fijada en el art. 11 de la Constitución provincial.
Ello por cuanto tal regulación importa una discriminación entre afiliados a la Caja con motivo del género sin que se advierta una causa objetiva y razonable que sustente el desigual tratamiento.
Al respecto, […] esta Corte abordó hace ya largo tiempo la temática vinculada con la discriminación por género en el marco de prestaciones sociales, sentando una doctrina que […] puede trasladarse a este caso sin mayor esfuerzo.
Así, en la causa I. 2.022, `Barcena´ (sent. de 20-IX-2000) este Tribunal tachó de inconstitucional un régimen normativo dispuesto por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que, tal como aquí sucede, contenía una regulación que distinguía según el sexo de sus afiliados directos a efectos de permitir –o no– la inscripción gratuita de sus cónyuges en los beneficios que prestaba tal obra social.

[A]llí se señaló que aun cuando el legislador tiene plenas facultades para crear categorías y efectuar distinciones en la medida que ellas resulten razonables y no obedezcan a propósitos hostiles o persecutorios, tal discriminación no debía ser arbitraria ni importar una ilegítima persecución de personas o grupos de personas.
En esa causa se puntualizó, también, que frente a distinciones de este estilo el Tribunal debía `buscar objetivamente la racionalidad de la distinción y tratar de establecer cuáles pueden haber sido los motivos y fines perseguidos por la norma en tratamiento´ y que si tales motivos no podían establecerse el régimen debía ser invalidado, pues no resultaría admisible que el único fundamento de la distinción repose en el sexo del afiliado.
Este criterio fue reiterado por la Corte en varias ocasiones, no solamente en pleitos de idéntico objeto […], sino también frente a otra situación en la cual una caja profesional había establecido recaudos más estrictos para conceder un beneficio pensionario cuando el cónyuge supérstite fuera de género masculino (causa I. 2.207, `Ferrari´, sent. de 2-XI-2005)” (voto del juez Pettigani).
2. Estereotipos de género. Control de razonabilidad. Familia. Responsabilidad parental. Igualdad.
“Resulta evidente […] que la regulación es tributaria de un esquema muy concreto de organización familiar sobre la base de la distribución de roles específicos en función del género –en el caso, asumiendo que recaen preponderantemente sobre la mujer las obligaciones de cuidado–, procurando imponerlo a la totalidad de los afiliados a la Caja de Abogados.
Empero […] ello no supera actualmente el test de razonabilidad.
Y es que a efectos de proteger el interés familiar procede rechazar, por regla, aquellas propuestas heterónomas que pretendan imponer modelos de vida familiar […].
Esta idea, por otra parte, se refleja de manera expresa en el esquema del Código Civil y Comercial, que, por un lado, prioriza la adopción de acuerdos entre los progenitores en orden a fijar el régimen de cuidado de los hijos y, por el otro, determina que a falta de consenso ha de procurarse que tales deberes se realicen en forma compartida y prohibiendo, en ese trance, adoptar discriminaciones fundadas, entre otras circunstancias, en el sexo […], lo cual no es más que una derivación de las directivas que emanan del art. 18 de la Convención Sobre los Derechos del Niño tendiente a que los Estados partes `pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño´”(voto del juez Pettigani).
3. Control de razonabilidad. Declaración de inconstitucionalidad. Igualdad.
“[L]a negativa de la entidad demandada de reconocerle al actor el derecho a acceder al subsidio pretendido se aprecia como una decisión irrazonable, contrariando el art. 11 de la Constitución provincial, interpretado según los estándares antes señalados.
En suma, nos encontramos aquí frente a un supuesto de inconstitucionalidad sobreviniente, lo cual resulta relativamente frecuente cuando se trata de confrontar normas con el principio de igualdad fijado en las constituciones, ya que […] `el contenido extensivo de la igualdad constitucional puede y debe acrecer a tenor de nuevas valoraciones sociales, con efecto de engendrar inconstitucionalidad sobreviniente para discriminaciones que, a su hora, pudieron no ser o no fueron inconstitucionales´ [...].
Y ello resulta de mayor aplicación a supuestos como el presente, en el cual se encuentra comprometido el interés familiar, en tanto a […] efectos de su concreción `cabrá analizar –al igual que lo que sucede con el bien común– en función de las particulares circunstancias de tiempo y lugar que configuren la cultura de un pueblo dado en un momento determinado´...” (voto del juez Pettigani).
ACTOS DISCRIMINATORIOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; JURISPRUDENCIA; CONTROL DE RAZONABILIDAD; FAMILIA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; IGUALDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Salvatierra (causa N° 74000120)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti).
1. Derecho de defensa. Asistencia letrada. Defensor particular. Sentencia equiparable a definitiva. Cuestión federal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]ste Tribunal tiene establecido que las decisiones que resuelven nulidades no resultan, por regla, revisables en esta instancia extraordinaria en la medida en que no constituyen sentencia definitiva (Fallos: 311:1671; 318:665). Sin embargo, también se ha dicho que corresponde hacer excepción a dicha regla cuando la resolución impugnada, por sus efectos, es susceptible de generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, por lo que se requiere su tutela inmediata. En este sentido, se ha decidido, en particular, que es equiparable a definitiva la resolución que priva al imputado de ser representado por un letrado de su elección, en cuanto ella puede causar un perjuicio irreparable a la garantía de defensa (Fallos: 329:1219)” (considerando 2°).
“[E]n Fallos: 155:374 el Tribunal señaló que ‘es evidente el derecho de quien ocurre ante la justicia como actor o demandado, querellante o acusado, para elegir la persona que, llenando las condiciones legales, produzca en su nombre los alegatos y pruebas pertinentes a los fines de poner de manifiesto el derecho que le asiste, conforme a la garantía de la libre defensa en juicio que menciona el artículo 18 de la Constitución Nacional… No es suficiente que se llene la fórmula de la defensa con un patrocinio de oficio, aún cuando éste sea inteligente, diligente y recto, porque solamente la parte interesada es la dueña de las condiciones en que, dentro de las normas reglamentarias, deben ser alegados y probados sus derechos, tanto más cuando estos sean, como en el juicio criminal los esenciales de vida, libertad y honor’.
Aun cuando en dicho caso no se hizo lugar a la pretensión, el reconocimiento de la significación del derecho a la libre elección de la asistencia letrada quedó establecido. Con este alcance, la garantía de defensa en juicio fue reafirmada, entre otros casos, en Fallos: 312:1042. Dentro de esta línea jurisprudencial, resulta particularmente relevante el caso […] registrado en Fallos: 329:1219, en el que se destacó el carácter definitivo del perjuicio que decisiones de esta naturaleza pueden ocasionar al derecho en cuestión” (considerando 4°).
“[E]n esas condiciones, frente a la entidad de la vulneración de las garantías federales que habían sido sometidas a su conocimiento, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no podía omitir el tratamiento de las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la solución del litigio mediante meras afirmaciones dogmáticas y ritualistas, contrarias a lo establecido por esta Corte en Fallos: 328:1108” (considerando 5°).
DERECHO DE DEFENSA; ASISTENCIA LETRADA; DEFENSOR PARTICULAR; SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA; CUESTIÓN FEDERAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Pando de Mercado (causa N° 63667)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nacióndeclaró procedente el recurso, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda (ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
1. Libertad de expresión. Derecho al honor. Derecho a la imagen. Derecho a la vida privada y familiar.
“[E]l derecho a la libertad de expresión goza de un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales […], entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática […] y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo establecido por nuestra Constitución […].
Sin embargo, este Tribunal ha manifestado que `el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir, difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio´[…]. Ello así, pues esa posición preferencial que ocupa la libertad de expresión no la convierte en un derecho absoluto. Sus límites deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales que pueden resultar afectados por su ejercicio, así como a la necesidad de satisfacer objetivos comunes constitucionalmente consagrados” (considerando 6°).
“[E]sta Corte Suprema también ha destacado que el reconocimiento y la protección del derecho al honor –derecho fundamental, inherente a la persona humana, en tanto importa la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona– encuentran fundamento constitucional en el art. 33 de la Ley Fundamental y en los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional […], que a su vez también lo contemplan como una restricción legítima al ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión (conf. arts. 11 y 13.2.a del Pacto de San José de Costa Rica; 17 y 19.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; V y XXIX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), como infra-constitucional en el art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación” (considerando 7°).
“Asimismo cabe mencionar que uno de los aspectos centrales de la protección de la esfera privada de toda persona –art. 19 de la Constitución Nacional– está constituido por la tutela del derecho a la imagen de la persona. Vale recordar la clásica doctrina de esta Corte, según la cual el derecho a la privacidad comprende no solo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen. Nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello, y solo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa dela sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen […].
En efecto, la imagen protegida es la que constituye uno de los elementos configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual…” (considerando 8°).
2. Interés público. Delitos de lesa humanidad. Libertad de expresión.
“[L]a publicación que motivó el reclamo de la señora Pando de Mercado se encuentra vinculada a un asunto de interés público. Ello así pues, con el estilo propio del medio de comunicación en cuestión […], la contratapa del ejemplar de la revista hacía referencia a lo que había sido la protesta llevada a cabo [...] por esposas y familiares de militares que se encontraban presos por causas en que se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad, entre las que se encontraba la actora […].
Por ende, el hecho que da origen a la publicación controvertida pretende referir a un reclamo que se realizó en un espacio público y que reflejaba el cuestionamiento que un grupo determinado de personas, entre las que se encontraba la demandante, realizaba respecto de los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y de las políticas que sobre la cuestión llevaban adelante las autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.No caben dudas de que así como existe en nuestra sociedad un especial interés respecto del desarrollo de estos procesos judiciales y de las políticas públicas de justicia, verdad y memoria, idéntico efecto produce el debate, la discusión y el cuestionamiento que con motivo de ellos puedan suscitarse” (considerando 11°).
3. Libertad de expresión. Jurisprudencia. Derecho de publicar las ideas.
“[L]a Corte Suprema ha tenido oportunidad de expedirse respecto de este género y ha destacado que la expresión satírica utiliza el humor o lo grotesco para manifestar una crítica, para expresar un juicio de valor. En consecuencia, como modo de expresión de ideas aunque distinto de la exteriorización directa de ellas, la sátira social o política no está excluida de la tutela constitucional a la libertad de expresión (conf. Fallos: 321:2637, disidencia de los jueces Belluscio y Bossert). No quedan dudas acerca de la importancia que para la existencia de un amplio debate democrático tiene el ejercicio de la crítica satírica, muchas veces ligada a la provocación, respecto de los temas de interés público…” (considerando 15°).
“[N]o caben dudas respecto de que la contratapa del ejemplar cuestionado, conformada tanto por el fotomontaje del rostro de la actora con un cuerpo desnudo envuelto en una red, como por las leyendas que acompañaban dicha imagen, constituye una expresión satírica que refleja una crítica o juicio de valor.En consecuencia, el examen de si tal ejemplar se encuentra amparado por la libertad de expresión o vulnera los derechos personalísimos invocados por la actora, debe efectuarse bajo el estándar de revisión correspondiente a los supuestos de expresión de opiniones o críticas, teniendo para ello especialmente en cuenta que, en virtud de lo manifestado, se está ante una manifestación satírica que utiliza el humor o lo grotesco para referirse a un hecho de interés público en el que participó la actora en su carácter de figura pública” (considerando 16°).
“[E]n lo que respecta al derecho a la crítica que forma parte de la libertad de expresión, el Tribunal ha señalado que el criterio de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación y el honor de terceros, deberá estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que en forma manifiesta carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan. Ello es así pues no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada […].
La mayor amplitud de la tutela constitucional reconocida a los juicios de valor o a las opiniones críticas no importa convertirlas en una `patente de corso´ para legitimar la vulneración de otros derechos que también gozan de protección constitucional, ni constituye un salvoconducto de impunidad de quienes han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular del derecho de crítica…” (considerando 17°).
4. Derecho de publicar las ideas. Libertad de expresión. Injurias. Publicaciones obscenas. Interpretación de la ley.
“[E]sta Corte Suprema ha establecido también que en el examen de los términos utilizados para expresar las críticas o juicios de valor no es suficiente la indagación de sus significados literales y aislados, sino que, por el contrario, debe considerarse especialmente la terminología usual en el contexto en el que han sido enunciados, así como el grado de agresividad discursiva propia del medio en cuestión […].
El cariz desagradable, indignante o desmesurado de ciertas expresiones del debate público no podría despojarlas de protección constitucional sin incurrir en criterios que, en última instancia, dependerían de los subjetivos gustos o sensibilidades del tribunal de justicia llamado a ponderarlas. El solo motivo de que esas expresiones puedan resultar ingratas u ofensivas para las personas involucradas, tampoco podría sustraerlas, sin más, de esa protección constitucional. [E]l criterio estará dado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriantes que carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan […].
Por último, debe tenerse presente que la posibilidad de que, al igual que los funcionarios públicos, las personas que tienen un alto reconocimiento por su participación en cuestiones de interés público estén especialmente expuestas a la crítica, incluso ríspida e irritante, respecto de su desempeño en ese ámbito, habilita un debate robusto que es indispensable para el desarrollo de la vida republicana y democrática. Es por ello que la Constitución Nacional protege no solamente la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas, sino también aquellas formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, dureza o causticidad, o que apelan a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, indudablemente molestas para los funcionarios o figuras públicas...” (considerando 18°).
“[E]l montaje de la foto […] constituye una composición gráfica satírica mediante la cual se ejerció de modo irónico, mordaz, irritante y exagerado una crítica política respecto de un tema de indudable interés público −con mayor precisión acerca de un acto público, el encadenamiento de la actora y otras personas frente al edificio Libertador como acto de protesta política−, protagonizado por una figura pública.
Tratándose de un medio gráfico dedicado a este tipo de manifestaciones satíricas respecto de la realidad política y social, al observar la publicación cuestionada ningún lector podría razonablemente creer estar ante un mensaje auténtico, ni que las frases que la acompañaban fuesen verdaderas. De ellos solo puede deducirse que, con el sarcasmo y la exageración que caracterizan a la revista en cuestión, se estaba realizando una crítica política con las características ya mencionadas, sin exceder la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión y de crítica” (considerando 19°).
5. Derecho a la imagen. Medios de comunicación. Fotografía.
“[E]n lo que respecta a la vulneración del derecho a la propia imagen alegada por la actora […], corresponde señalar que, dada la característica del medio en que fue inserto y el contexto de la publicación en cuestión, dicho fotomontaje puede ser considerado una manipulación de la imagen asimilable a una caricatura.
Al ser la característica principal del fotomontaje la alteración de la imagen original, su protección no podría examinarse, sin más, bajo el prisma de una imagen auténtica y libre de todo proceso de manipulación sino que requerirá de una apreciación que se atenga a las particularidades propias de la técnica y el contexto en el que se encuentra inmersa. La esencia de creación con tinte satírico no se pierde por la `evolución´ en el modo y/o forma en que se patentiza: inicialmente como dibujo u obra de arte, hoy también como manipulación fotográfica. Desde esta perspectiva, su difusión forma parte de la sátira y cabe respecto de ella la conclusión desarrollada precedentemente en cuanto a la ausencia de responsabilidad…” (considerando 20°).
“[D]ada su caracterización de expresión satírica de una crítica política, al citado fotomontaje tomado en su individualidad y considerado como una caricatura, le cabe idénticas conclusiones que las expresadas respecto de la totalidad de la publicación, motivo por el cual su utilización no genera responsabilidad para la demandada” (considerando 21°).
“[A] la misma conclusión se llega en el caso de que se tomara en consideración la fotografía de la cara de la actora en forma aislada, es decir distinguiéndola como imagen fotográfica de su persona dentro del conjunto del montaje caricaturesco, por cuanto su difusión se enmarca en la excepción contemplada en el art. 31 de la ley 11.723 y en el art. 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto prevén que la prohibición de reproducir la imagen de alguien sin su consentimiento cede si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general que lo justifique…” (considerando 22°).
6. Violencia de género. Libertad de expresión. Actos discriminatorios.
“[S]in perjuicio de lo expresado, cabe formular una reflexión final sobre una cuestión que, aunque traída de modo tangencial por la actora, no puede ser obviada por este Tribunal.Se trata de la violencia de género a la que la accionante alude de un modo particular al afirmar que en la publicación se la representó de manera sexualizada cuando ella no apareció de esa forma en público […]. Esta breve referencia dejaría entrever una supuesta tensión entre dos valores constitucionales: por un lado, la libertad de expresión, y por el otro, el derecho a la igualdad de la mujer […].
Con relación al caso, a partir de una mirada atenta al contexto satírico en el que se sitúa la publicación, su estrecha relación con las concretas circunstancias fácticas que la antecedieron y motivaron su existencia, y considerando el `contrato de lectura´ establecido entre el soporte y el lector−comprensivo tanto del texto como de la imagen− no puede admitirse el planteo discriminatorio que la actora intentó enlazar al derecho al honor.
Ello así por cuanto, en atención a esos factores dirimentes, no se advierte que las expresiones en este caso configuren claros insultos discriminatorios que, de manera desvinculada de la crítica política que suponen, utilicen el perfil femenino como un modo de reafirmar estereotipos y/o roles de género que subordinan a las mujeres. La sucinta argumentación de la actora en este aspecto no rebate –y, más aún, pierde de vista– que la publicación pone de manifiesto un discurso de neto tinte satírico respecto de los comportamientos que motivaron y justificaron el procesamiento, el juzgamiento y la detención de aquellos por quienes la señora Pando ejerció su defensa […], como así también busca parodiar la particular conducta que la actora adoptó para ello…” (considerando 23°).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO AL HONOR; DERECHO A LA IMAGEN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; INTERÉS PÚBLICO; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; JURISPRUDENCIA; DERECHO DE PUBLICAR LAS IDEAS; INJURIAS; PUBLICACIONES OBSCENAS; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; FOTOGRAFÍA; VIOLENCIA DE GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS;
Tommasi, J A (causa N° 23)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y, según su voto, Rosenkrantz).
1. Recurso de casación. Revisión judicial. Doble conforme.
“[C]onforme lo estableciera el Tribunal en el precedente ‘Casal’ (Fallos: 328:3399), el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior del artículo 8.2. ap. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del concordante artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, requiere garantizar una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio. Sin embargo, en inobservancia de ese deber, el a quo convalidó la condena limitándose a reiterar los fundamentos del fallo pero sin abordar –y en consecuencia, sin tampoco refutar– los conducentes planteos que los recurrentes formularon respecto tanto a la falta de correlato de los indicios de cargo con las constancias probadas de la causa como a la alegada presencia de razonamientos contradictorios en los que, con mengua del principio de culpabilidad y del principio de presunción de inocencia, habría incurrido la sentencia de mérito para fundar el reproche.
De tal modo, la actividad revisora desplegada por el a quo devino en insuficiente en la medida que se limitó a repetir los términos empleados en la sentencia de mérito sin brindar un razonamiento y una respuesta concreta que rebatiera los planteos de los recurrentes que cuestionaban todos y cada uno de los extremos a partir de los que se infirió su conocimiento de la ocupación de la finca y del que, a su vez, se derivó que conocieron el destino que se le dio al inmueble y que quisieron brindarlo a esos efectos”.
“Por ello, sin abrir juicio sobre el fondo del asunto, se concluye que el a quo omitió analizar agravios conducentes planteados por la defensa de [los imputados], para la correcta resolución del asunto, lo que implicó, en definitiva, que no se cumpliera con la revisión integral y exhaustiva del fallo condenatorio en los términos establecidos en el precedente ‘Casal’ (Fallos: 328:3399) y, por tal motivo, el fallo impugnado debe ser descalificado” (considerando 10° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
2. In dubio pro reo. Principio de inocencia. Prueba. Apreciación de la prueba.
“En el presente caso debe hacerse lugar a los recursos interpuestos, dado que en modo alguno pudo acreditarse la responsabilidad de los hermanos [imputados]. No existe la necesaria certeza, requerida para la imposición de pena en un Estado de Derecho, acerca del conocimiento por parte de los [hermanos] de la comisión de los delitos que se imputaron a los autores directos de los hechos investigados, y menos aún existe certeza de su voluntad de cooperar en la comisión de dichos delitos” (considerando 3° del voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
“La sentencia recurrida afirmó también que la inexistencia de signos de violencia en las entradas a la propiedad desmiente la tesis de la usurpación invocada por la defensa. En autos no se comprobó la existencia de signos de violencia en las entradas a la propiedad, pero de ello en modo alguno se sigue que, tal como sugiere el tribunal a quo, sus propietarios conocieran el uso que le fuera dado a la propiedad durante los cuatro días que [el abogado] fue allí apresado. Los hermanos [imputados] sostuvieron que su propiedad estaba deshabitada y en desuso, lo que, como se dijo precedentemente, no fue desmentido por la prueba reunida, por lo que resulta plausible que la propiedad haya sido usada sin el conocimiento y menos aún el consentimiento de los recurrentes” (considerando 4° del voto concurrente del ministro Rosenkrantz).
3. Delitos de lesa humanidad. Deber de investigar.
“[A] partir de lo expresado en los considerandos precedentes y dada la especial trascendencia del caso, este Tribunal entiende oportuno precisar que se ratifica, en forma expresa y contundente, la vigencia del deber constitucional y convencional de enjuiciar y castigar, sin excepción alguna, a todos los responsables de las gravísimas violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, cuyo cumplimiento esta Corte ha buscado asegurar en su jurisprudencia en aras de remover diversos obstáculos que lo comprometían indebidamente […].
Por tal motivo, se efectúa la importante aclaración que en modo alguno este fallo puede implicar tolerar o fomentar que se empleen subterfugios para amparar cualquier forma de impunidad, sino simplemente que resulta indudable que este deber tiene que ser asegurado cumpliendo también con las normas constitucionales y convencionales que obligan a esta Corte a velar por el respeto de las garantías judiciales, en el caso la del doble conforme, las que resultan instrumentales para asegurar que ‘la aplicación de una pena solo pued[a] estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho atribuible al acusado’…” (considerando 11° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
4. In dubio pro reo. Doble conforme. Prueba. Apreciación de la prueba. Principio de inocencia.
“[E]s preciso no perder de vista la íntima relación existente entre la garantía de la doble instancia y el beneficio de la duda […]. En este sentido, corresponde recordar que tanto ese principio como el del in dubio pro reo […] guardan una estrecha relación con la presunción de inocencia constitucional (artículo 18 de la Constitución Nacional). Que cuando ese artículo dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (Fallos: 321:3630 ‘Nápoli’).
A ello se agrega lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75, inc. 22, con la máxima jerarquía normativa, que expresamente establece que ‘toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’. En una formulación equivalente, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuenta con la misma jerarquía, determina que ‘toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley’ […]. A la luz de estos principios, resulta decisivo que el juez, aun frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal” (Fallos: 339:1493, considerando 22°, y Fallos: 342:2319, considerando 22°)” (considerando 11° del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
RECURSO DE CASACIÓN; REVISION JUDICIAL; DOBLE CONFORME; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DELITOS DE LESA HUMANIDAD;
Marquiegui (causa N° 93003277)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, confirmó la decisión y sobreseyó al imputado. Sin embargo, aclaró que el sobreseimiento debía ser dictado en los términos del art. 336, inc 5) CPPN (voto del juez Mahiques al que adhirió el juez Yacobucci).
1. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso judicial. Sobreseimiento. Principio Pro Homine. Razonabilidad.
“Si bien es cierto que, como alega el impugnante, la norma no prevé taxativamente el supuesto planteado en autos [sobreseimiento por incapacidad sobreviniente], la interpretación del texto legal realizada por el a quo resulta adecuada a los principios de trato humanitario y pro homine”.
“[E]n casos como el presente donde el cuadro clínico de incapacidad debidamente constatado fue calificado de irreversible, deviene necesario realizar una interpretación conforme los principios enunciados que, a su vez, favorezca la adopción de un criterio procesal que cierre definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al  imputado, en los términos del art. 335 CPPN”.
“[L]a resolución impugnada no revela ningún déficit de fundamentación que la invalide como acto jurisdiccional por arbitraria […], ya que el dictado de un sobreseimiento en supuestos de incapacidad mental sobreviniente de carácter irreversible, aparece como la solución más razonable” (voto del juez Mahiques).
2. Incapacidad Sobreviniente. Inimputabilidad. Excusa Absolutoria. Extinción de la acción penal.
“[E]l caso en estudio [incapacidad sobreviniente] guarda más relación con los supuestos de inimputabilidad, inculpabilidad o de excusa absolutoria, previstos en el art. 336, inc. 5to, que con un supuesto de extinción de la acción penal”.
“[L]a incapacidad mental sobreviniente no extingue de ningún modo la acción penal; ésta se mantiene vigente pero con la particularidad de que la persona sometida a proceso o  cumpliendo pena no puede comprender sus alcances”.
“Del mismo modo que corresponde sobreseer a quien no pudo comprender la criminalidad de sus actos, y por tanto, motivarse por la norma, cabe la misma solución respecto del condenado cuya incapacidad mental no le permite internalizar el sentido y la finalidad de la pena impuesta (tanto sean estos retributivos o de prevención especial o general)” (voto del juez Mahiques).
INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; SUSPENSIÓN DEL PROCESO JUDICIAL; SOBRESEIMIENTO; PRINCIPIO PRO HOMINE; RAZONABILIDAD; INIMPUTABILIDAD; EXCUSA ABSOLUTORIA; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL;
VMI del C (causa Nº 48267)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M
La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución (juezas Benavente e Iturbide).
1. Alimentos. Embarazo. Persona por nacer.
“El artículo 665 del Código Civil y Comercial establece que la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. Por su parte, la ley 26.061 reconoce el derecho a los alimentos a la mujer embarazada (arts. 18 y 37, inc. c) […].
Se exige probar fehacientemente la existencia de un embarazo (alcanzará con un certificado médico) y, sumariamente, la filiación […]. Es posible recurrir a cualquier medio de prueba tendiente a demostrar que el demandado es el presunto padre (o madre) de la persona por nacer...”.
2. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Embarazo. Alimentos.
“Como se trata de alimentos provisorios, es decir, que revisten el carácter cautelar […], debe demostrarse la `verosimilitud´ del vínculo invocado, cuya evaluación deberá realizar el juez en cada caso, debiendo privilegiar la atención de la necesidad impostergable de la persona por nacer…”.
“La prueba de la existencia del embarazo y el reconocimiento formulado por el accionado de haber mantenido una larga convivencia con la actora constituyen antecedentes que, a juicio del Tribunal, justifican prima facie la procedencia del pedido.
Es cierto que, como sostiene el accionado, el embarazo se inició unos meses después del cese de la convivencia. Sin embargo, la propia actora, al efectuar la denuncia ante la OVD, mencionó expresamente que las relaciones sentimentales continuaron luego de la ruptura, lo que no fue negado por [el demandado].
No debe perderse de vista que la tutela jurídica del niño por nacer debe extenderse a un conjunto de obligaciones y cuidados de naturaleza impostergable donde cualquier demora podría incidir negativamente en el bienestar y desarrollo psicofísico dada la especial condición –persona por nacer–, y en atención a que la paternidad se encuentra incierta o indeterminada, será la madre la que cargue con todas las consecuencias de la procreación...”.
ALIMENTOS; EMBARAZO; PERSONA POR NACER; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Pérez (causa N° 3073)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar a la queja, declaró procedente la impugnación y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Rosatti y Maqueda). Para decidir de ese modo, se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación.
1. GÉNERO.  LEGÍTIMA DEFENSA. AGRESIÓN ILEGÍTIMA. ESTADO DE NECESIDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO. VIOLENCIA FAMILIAR.
“En primer lugar, no [se advierte] arbitrariedad, sino más bien conformidad con los estándares vigentes en la materia, en la conclusión sobre el punto a la que arribaron los jueces de la causa al descartar que en el momento del hecho hubiese existido una agresión antijurídica, actual o inminente, de parte de [C], que hubiera hecho necesario reaccionar apuñalándolo. En particular, esa conclusión se halla en consonancia con la opinión dominante según la cual, en atención a la intensidad de la autorización, no limitada por la proporcionalidad, la noción de ‘actualidad de la agresión’ es más restrictiva que la de ‘actualidad del peligro’ del estado de necesidad, y sólo abarca por ello a la agresión que se dará en forma inminente, que ha comenzado o que aún continúa, a la vez que excluye los casos de ‘defensa preventiva’ y de ‘peligro permanente’, sin perjuicio de su eventual consideración como estado de necesidad.
[L]a doctrina y la jurisprudencia han admitido, excepcionalmente, en ciertos casos extremos de violencia familiar, no la justificación por legítima defensa, como postula la defensa, pero sí la exculpación del homicidio del llamado ‘tirano de la familia’ cuando las particulares circunstancias del caso permiten afirmar la concurrencia de los presupuestos de un estado de necesidad exculpante, en particular, la existencia de un peligro permanente que sólo podía ser conjurado eficazmente actuando sin demora, y que tampoco podía ser evitado de otro modo.
Sin embargo, esta argumentación no fue planteada por la defensa, de modo que su no tratamiento por los jueces de la causa y, en particular, por el a quo no puede ser considerado un defecto del pronunciamiento impugnado. En este punto, no [se pasa] por alto que la defensa postuló la existencia de un peligro derivado de la situación de violencia de género que describió, pero […] esa alegación [no ha] sido acompañada siquiera de una mínima argumentación tendiente a demostrar o explicar, ni la urgencia de actuar la mañana en cuestión, ni la inexistencia de otros medios (especialmente, de procedimientos institucionales) para resolver la situación; ambos requisitos, según se ha visto, para la operatividad de la excusa en examen. Este defectuoso planteamiento descarta por ello también cualquier reproche a los jueces que se pudiera pensar hacer por no haber considerado el tema, aunque fuese bajo otro nomen iuris”.
2. EMOCIÓN VIOLENTA. TIPICIDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO.
“El tribunal de audiencia justificó el rechazo de [la atenuante del homicidio cometido en estado de emoción violenta] fundamentalmente en la falta de inmediatez entre el hecho supuestamente desencadenante de la emoción: la sustracción del televisor, y la reacción. […] Esta solución de continuidad, sumada al comportamiento exhibido por la imputada, que fue en búsqueda de la víctima, descartaría, para el tribunal, que P ‘h[ubiera] actuado bajo una conmoción violenta del ánimo, motivada en una incitación externa justificada inmediatamente anterior al hecho’ y, por el contrario, sería demostrativa de que ‘actuó de manera consciente y deliberada’…”.
“Concretamente, con invocación de peritajes y testimonios, la defensa describió la hipótesis de una personalidad desbordada emocionalmente por el acoso y las agresiones que venía sufriendo de parte de su ex pareja, todo ello agravado por el trasfondo de un historia de vida signada por el abandono y el abuso desde la niñez, que, en palabras de la propia imputada, en el marco de la confrontación que mantuvo con [C] ante la sospecha de que hubiera sustraído el televisor, habría experimentado las expresiones que le profirió como la provocación que desencadenó la reacción emotiva que la llevó a cometer el hecho […]. La pérdida de memoria, la angustia y la actitud general revelada por la imputada con posterioridad al hecho se hallarían en consonancia con esa hipótesis, que tampoco se vería desvirtuada por la circunstancia de que [P] hubiera ido con un cuchillo, porque surge de los testimonios que lo llevaba permanentemente, desde la separación, como medio de protección y defensa ante eventuales agresiones de [C]”.
“Esta hipótesis de un suceso aparentemente nimio, que opera sobre un trasfondo pasional ya existente como desencadenante, era entonces […] un argumento conducente, planteado oportunamente, que, más allá de la conclusión a la que finalmente se arribara, debía ser tratado por el Tribunal de Impugnación en el marco de la revisión que le incumbía realizar como consecuencia del recurso interpuesto por la defensa”.
3. EMOCIÓN VIOLENTA. VIOLENCIA DE GÉNERO. PRUEBA. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
“Sin embargo, […] dicho tribunal soslayó por completo la consideración de la hipótesis que, desde una perspectiva totalmente distinta, había puesto a su consideración la defensa, pues sin hacer ninguna alusión a esa nueva propuesta, ni siquiera para refutarla, se limitó a reproducir la tesis de la falta de inmediatez entre la agresión y la ofensa […].
[L]os jueces volvieron a incurrir en el mismo vicio cuando, sin consideración alguna a la prueba pericial y testimonial cuyo reexamen pedía la defensa, expresaron dogmáticamente que ‘ninguno de los tres elementos tipificados de la emoción violenta, a saber: intensa conmoción de ánimo, motivo moralmente relevante y reacción inmediata ante la permanencia de circunstancias lesivas, se han materializado en el caso’ […]. [E]ra precisamente en esa prueba, referida a la situación de violencia que habría padecido la imputada y el efecto que habría tenido sobre ella, que la defensa sustentaba la existencia del estado pasional y de las circunstancias que estimaba excusantes. Esta omisión luce más grave por cuanto ambos tribunales, de juicio y de impugnación, habían dado por acreditada la existencia de esa situación de violencia doméstica y de género a partir de la cual la defensa desplegaba su argumentación.
Por último, […] la defensa había argumentado con base en diversos testimonios que la imputada llevaba el cuchillo permanentemente consigo, como forma de protección, de modo que su portación, la mañana del hecho, no podía ser valorada como prueba de una premeditación incompatible con el estado pasional alegado. Sin embargo, […] a pesar del planteamiento de esta cuestión, también aquí el tribunal de impugnación omitió pronunciarse sobre el mérito de esos testimonios en los que el recurrente basaba su objeción y, en cambio, afirmó dogmáticamente que la presencia del arma se debía a que [P] pensaba utilizarlo contra la víctima, lo cual demostraba una preparación y una intención manifiesta que descartaba el estado de emoción”.
4. RECURSOS. REVISIÓN JUDICIAL. DEBIDO PROCESO.
“De allí que […] no quepa más que dar la razón en este aspecto al impugnante y deba concluir que el trámite recursivo, en lo que atañe a este agravio, no satisfizo los estándares de revisión amplia establecidos por V.E. in re ‘Casal’ (Fallos: 328:3399), como así también que la negativa del a quo a conocer del recurso interpuesto por ese motivo importó una restricción sustancial de la vía utilizada por el apelante, sin fundamentación idónea suficiente, que se traduce en una violación a la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 315:761 y 1629, entre muchos otros)…”.
GÉNERO; LEGÍTIMA DEFENSA; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; ESTADO DE NECESIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; EMOCIÓN VIOLENTA; TIPICIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; DEBIDO PROCESO;
Tornello (Causa n°48439)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 11 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 homologó el acuerdo conciliatorio, extinguió la acción penal por conciliación y sobreseyó al hombre imputado (juez Sañudo).
“[E]l conflicto básico y primario es entre el imputado y la damnificada, y no tanto entre el imputado y la sociedad (representada por el Sr. Fiscal). No [resulta posible imaginar] a la sociedad preocupada por este caso, y mucho menos por la reparación de la persiana del negocio en el que trabaja la [damnificada]. De todas formas, el conflicto subsiste en el orden procesal legal, ante la oposición del Ministerio Fiscal”.
“[Corresponde apartarse] de [la] opinión [de la fiscalía] por no considerarla suficientemente razonable frente a este caso en concreto. […] [S]urge como premisa fundamental que la oposición sea suficientemente fundada y más que nada razonable, […] en tanto y en cuanto se inspiran en la búsqueda de solucionar conflictos para restablecer la armonía entre los protagonistas, y, por sobre todo la paz social. En tal línea de pensamiento, […] el conflicto concreto [se percibe] planteado entre la damnificada y el imputado; y no entre la sociedad y el imputado. Por otra parte, […] surge la necesidad de que la víctima se encuentre en un pie de igualdad (empoderada) para decidir sobre sus intereses, sin que ello admita ser reemplazada ni por el Juez interviniente ni por el representante de la sociedad (titular de la acción). La oposición, en consecuencia, debe estar fundada ante todo en casos en que lo contrario podría comprometer la paz social y no al contrario como en este caso, en que la escasa lesividad del hecho delictivo que se le enrostra al imputado, carente de toda violencia (física) impide catalogarlo como siquiera cercano a todo supuesto de afectación de la mentada paz social. Al contrario, es la propia damnificada que actuando manifiestamente de modo libre y sincero, aceptó las disculpas [del hombre imputado] aceptó la reparación económica, comprendió cabalmente los alcances de este beneficio, escuchó atentamente la enumeración de antecedentes que efectuó el Sr. Fiscal, y no obstante ello insistió en aceptar el acuerdo conciliatorio en todos sus términos y hasta proponiendo como condición que tanto el nombrado como su familia se comprometan formalmente a encaminar a [al hombre imputado] a un tratamiento curativo y sanador de las adicciones que los han llevado a desviarse conductualmente”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; ROBO; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; LIBERTAD CONDICIONAL; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
Díaz y Vaz (CNCCC_Causa n°12240)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala de turno
La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la fiscalía (juez Magariños y jueza Llerena).
“En su recurso de casación, el impugnante sostuvo, en lo sustancial, que el dictamen fiscal se encontraba debidamente fundado y, en esa medida, resultaba vinculante para el juez, pues, al tratarse de un supuesto de disponibilidad de la acción penal, solamente el representante del Ministerio Público Fiscal podía decidir su declinación.
Se observa que el recurso interpuesto es inadmisible por falta de fundamentación, en tanto el impugnante no se ha hecho cargo de refutar todos y cada uno de los argumentos contenidos en la resolución puesta en crisis.
En particular, más allá de la corrección o no del fundamento con el que se sostiene el recurso de casación, el recurrente no se ha hecho cargo de refutar el argumento del a quo vinculado a que la presencia de antecedentes penales no constituye un obstáculo previsto en la norma para la procedencia del instituto.
Además, el recurrente no demuestra, en el caso, la sustancia de la arbitrariedad que alega en el pronunciamiento criticado, ni la existencia de alguna otra cuestión federal…”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; ROBO; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
SMR (causa N° 36513)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar al recurso de la parte actora y modificó parcialmente la sentencia de primera instancia. En consecuencia, admitió la asignación de una cobertura de salud debiendo el Estado nacional efectuársela a través del agente o programa que considerase. Además, por mayoría, estableció que a las sumas a abonar debía adicionárseles, desde la fecha de la resolución y hasta su efectivo pago, los intereses equivalentes a la Tasa Activa Cartera General Nominal Anual vencida con capitalización cada 30 días del Banco de la Nación Argentina (jueces Rueda y Sánchez Torres y jueza Navarro).
1. Interpretación de la ley. Decreto reglamentario. Declaración de inconstitucionalidad. Derecho a la salud.
“[L]a primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma […]. En efecto, el Alto Tribunal ha sostenido que el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley…”.
“No [se advierte] que pueda admitirse otra interpretación más que la que su propio texto dispone, resultando razonable considerar que el legislador de haber querido regularlo de manera distinta lo hubiera hecho en forma expresa…”.
“[T]ampoco puede la norma reglamentaria restringir derechos que la ley que viene a reglamentar otorga, excediendoen caso de ocurrir, las facultades previstas por el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, es decir transformándose en un exceso del poder reglamentario…”.
“Se advierte nuevamente que al reglamentar, se restringen los derechos que la ley otorgó. En la ley expresamente se habla de una cobertura de salud, advirtiéndose con claridad que refería a que lo sea a través de un agente de salud, de hecho luego agrega que quienes posean tal cobertura de prepaga u obra social, la siguen percibiendo.
Sin embargo, la reglamentación modifica nuevamente los términos, estableciendo que lo será a través del sistema público, lo cual de haber sido así al momento de sancionar la norma, ni siquiera se habría agregado la anterior disposición, en tanto todos los ciudadanos tienen acceso al mismo”.
INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DECRETO REGLAMENTARIO; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; DERECHO A LA SALUD;
RV y RC (causa N° 16897)Juzgado Federal de Río Grande.
El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a la nulidad y dictó el sobreseimiento de la imputada (jueza Borruto).
1. Violencia de género. Vulnerabilidad. Estado de necesidad. Perspectiva de género.
“[La mujer] contrajo matrimonio […], y el objetivo de la nombrada era conformar una familia, transformándose dicho deseo en un padecimiento para la misma, tomando el control [su pareja] de toda la estructura familiar y hasta del propio hijo de [la mujer]. La madre, no tuvo otra opción que aceptar estas situaciones de maltrato y violencia llevada a cabo […] como único medio para resolver los conflictos constantes con el imputado.
La perspectiva de género es considerada como multidimensional, se encuadra al sexo en un determinado contexto social, los roles desplegado por cada persona, la manera en que se definen, perciben y viven. Tal es así que, dependiendo de éste contexto se despliegan diferentes comportamientos, expectativas, responsabilidades sociales y económicas que vinculan siempre a las mujeres con los hombres, posicionándose éstos últimos con mayor poder”.
“[S]e puede inferir que la misma ha actuado bajo el poder de [su pareja], quien la obligó a dar su consentimiento para que su hijo […] tuviera el apellido [de su pareja], actuando bajo un estado de necesidad, cuyo único objetivo era proteger su vida y la de su hijo ante las continuas amenazas por parte del imputado”.
2. Supresión de identidad. Autoincriminación. Prueba. Apreciación de la prueba.
“El sistema normativo argentino, tiene como objetivo resguardar a las personas de lo que se denomina la autoincriminación forzada, y en el caso de autos, existen suficientes elementos de prueba para considerar que [la mujer] admitió su ilícito en un claro intento de proteger a su hijo.
Que habiendo tomado conocimiento […] de las circunstancias vividas por la nombrada y de acuerdo a su manifestación […] hacen no más que descartar su participación en el hecho delictivo llevado a cabo únicamente por [el hombre]”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; ESTADO DE NECESIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUPRESIÓN DE IDENTIDAD; AUTOINCRIMINACIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
PVP (causa N°6138)Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asegurase de manera inmediata el acceso a una vivienda digna y adecuada a la mujer hasta tanto las circunstancias de emergencia habitacional fuesen superadas (juez Reynoso).
1. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad.
“Específicamente en cuanto al grupo de vulnerabilidad que integra la actora (mujer, trans, [con discapacidad] y portadora de VIH) es necesario recordar las obligaciones que recaen en el Estado cuando se encuentra involucrada, como en el caso, la satisfacción de sus derechos fundamentales.
La actora integra un grupo de alta vulnerabilidad estructural, y, a su vez, presenta características que la colocan en una crítica situación de necesidad de asistencia. En efecto, la realidad social de las personas travestis y trans discurre frente a la permanente y continua exclusión de ámbitos tales como la actividad política, los espacios públicos y privados, los empleos, la vivienda, las relaciones de familia, el acceso a servicios sociales y sanitarios.
Como mujer trans, el plan de vida de PVP se desarrolla frente al prejuicio basado en que sus cuerpos difieren del estándar de corporalidad femenina y masculina; lo que se relaciona con las situaciones de violencia y discriminación que afecta a este grupo en múltiples dimensiones”.
2. Perspectiva de género. Derecho al acceso a una vivienda digna. Situación de calle. Subsidio.
“La perspectiva de género […] provee de marcos teóricos y metodologías útiles para analizar e intervenir sobre las desigualdades estructurales en el acceso a bienes materiales y simbólicos que afectan a los sujetos en función de su identidad o expresión de género. En tal sentido, constituye una mirada especifica e imprescindible acerca de las injusticias basadas en el género y sus relaciones causales con la política publica, partiendo de la idea de que toda acción u omisión del Estado tiene un sesgo en relación con el género, reportando beneficios para algunos e impactando de forma negativa en otros, en función de sus identidades o expresiones de género…”.
“En lo que respecta específicamente a la problemática de los grupos sociales o individuos que por sus condiciones de exclusión social no pueden acceder por sus propios medios a una vivienda, a lo largo del tiempo se han creado diversas políticas y programas dirigidos a atender esta situación de emergencia.
Entre ellos, es especialmente relevante el Decreto 690/06 que aprobó el programa `Atención Para Familias en Situación de Calle´. Ese programa […] tiene por objetivo brindar asistencia a familias o personas solas en situación de calle, entendiendo por tales a aquellas que se encuentran en forma transitoria sin vivienda o refugio a consecuencia de desalojos, o por otras causas. Así, se previó el otorgamiento de subsidios, a fin de mitigar una comprobada situación de emergencia habitacional, fortaleciendo el ingreso familiar exclusivamente con fines habitacionales (art. 3°)”.
“[E]l derecho a una vivienda adecuada que invoca la parte actora se encuentra ampliamente reconocido y que es deber del Estado garantizar la protección de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social.
Vale la pena, asimismo, hacer referencia también al contexto actualde pandemia provocada por el brote del virus COVID-19, sobre el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que `al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle ; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas´ (CIDH, resolución n° 1/2020 `Pandemia y Derechos Humanos en las Américas´…)”.
3. Emergencia sanitaria. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo.
“[E]n lo que respecta al derecho a la vivienda, cabe considerar que, si bien en términos formales, la actora no puede ser desalojada en el contexto actual de la pandemia ocasionada por el brote del virus COVID-19, lo cierto es que la decisión de emergencia adoptada por el Ejecutivo Nacional no sustituye ni modificala pretensión principal de estos obrados, pese a que la inmediatez en el cumplimiento de parte del GCBA le permita a la amparista seguir abonando el valor actual del alquiler, lo que, vale recordar, es consecuencia directa de la medida cautelar dictada en autos.
Tales extremos permiten considerar a la actora incluida en los sectores de la población que el constituyente ha decidido dar prioridad en el inciso 1° del artículo 31, CCABA, y comprendida entre aquellos a los que la ley 4.036 específicamente garantiza un alojamiento. Por lo expuesto, habida cuenta de que la Sra. P.V.P. no ha logrado superar el estado de emergencia habitacional, se impone concluir que existe en cabeza de la actora un derecho a la vivienda –entendido como el derecho a vivir en un lugar con condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad– acorde a la dignidad de la persona humana, por lo que el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a esa finalidad, mas no como resultado de su discrecionalidad o como una mera asistencia, sino como el reconocimiento efectivo de derechos jurídicamente exigibles”.
LGBTIQ; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; SITUACIÓN DE CALLE; SUBSIDIO; EMERGENCIA SANITARIA; DESALOJO;
Tulini (casa N° 247689)Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala II
La Sala 2 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata admitió parcialmente el recurso interpuesto por la parte codemandada y confirmó la decisión en cuanto había declarado la inconstitucionalidad de la ley provincial Nº 14.432. Sin embargo, dispuso que el inmueble resultaba inejecutable y dejó sin efecto la subasta ordenada (juezas Hooft y Bourimborde).
1. Vivienda. Vivienda única. Bien de familia. Bienes inembargables.
“[A]l iniciar en el año 1997 el tránsito de regularización que, con una clara finalidad social, prevé la ley 24.374, no se contemplaba la posibilidad de protección de los derechos sobre la vivienda bajo el régimen de `bien de familia´, tutela a la cual, en el mejor de los casos, sus titulares podrían haber accedido en el año 2007. Mas ello no los hubiera precavido de su ejecución por una deuda contraída en el año 2000 como la aquí reclamada, cuya ejecución fue iniciada en el año 2002. Lo expuesto demuestra que el ordenamiento jurídico no brindaba, al menos de modo expreso, una respuesta adecuada para este singular supuesto…”.
“[S]iguiendo el razonamiento desplegado por la mayoría de la Corte Nacional en Fallos 343:264, una respuesta acorde a los principios y derechos constitucionales en juego puede lograrse considerando la situación aquí planteada como un `caso no previsto´ que debe ser resuelto por disposiciones análogas.
Así, a tenor de las circunstancias relevantes del caso enjuiciado y, en particular, la falta de tutela expresa de quienes han iniciado la regularización de la ley 24.374, sumada a la protección singular y diferenciada a la que tiene derecho la recurrente –dada su avanzada edad, estado de salud y situación de vulnerabilidad social en su condición de jubilada de magros ingresos–, cabe extender, por analogía, la inembargabilidad e inejecutabilidad que ampara a la `vivienda única´ a los derechos posesorios de la señora […] sobre su vivienda única y de carácter permanente plasmados en el acta de constatación inscripta en el Registro […].
Una solución contraria, que no permita la integración del régimen de la ley 24.374 con normas análogas que también tienen por finalidad la protección de la vivienda única, máxime cuando se trata de un inmueble de limitado valor […] y en beneficio de una persona que ostenta una particular vulnerabilidad, carecería de razonabilidad…”.
2. Vivienda única. Interpretación de la ley. Declaración de inconstitucionalidad. Razonabilidad. Bienes inembargables. Acciones posesorias.
“A un resultado equivalente se arriba de apegarnos al texto de la ley en cuanto no prevé de modo expreso este supuesto de inembargabiidad e inejecutabilidad, hipótesis en la cual el camino a seguir es acoger el planteo con base constitucional de la apelante y declarar la inaplicabilidad al caso del poder de agresión consagrado en el art. 242 del CCC respecto del bien […]. [L]a ejecución pretendida no supera el `test de razonabilidad´ que impone el art. 28 de la Constitución Nacional”.
“Ahora bien, la razonabilidad de un precepto o regla jurídica es predicable en un contexto determinado. Y en tren de efectuar el balance ponderativo que encierra el juicio de razonabilidad, a la luz de las puntuales circunstancias de esta causa, cabe resaltar los siguientes factores: i] que los derechos posesorios cuya ejecución se pretende al amparo de la regla general sentada en el art. 242 del CCC recaen sobre un inmueble que constituye la vivienda única y de ocupación permanente de la codeudora A.; ii] que la mencionada coejecutada ostenta tales derechos en el marco de regularización diseñado por la ley 24.374 que, como viéramos, persigue un evidente fin social y tiene por objeto bienes de un limitado valor económico; iii] que al inicio del tránsito del procedimiento de regularización de la ley 24.374 […] y hasta el cumplimiento del plazo decenal previsto en el art. 8 de la citada norma (en el caso, en el año 2007), la nombrada careció de una alternativa legal expresa para tutelar o resguardar dicha vivienda de la agresión de eventuales acreedores, entre ellos el aquí ejecutante cuyo crédito data de noviembre de 2000 y, iv] que la coejecutada resulta ser una persona que, al día de hoy, tiene 76 años de edad, posee problemas de salud y cuenta con escasos recursos provenientes de su jubilación, siendo merecedora de un tratamiento singular y diferenciado en orden a los instrumentos constitucionales [...]
Las razones enunciadas patentizan que la aplicación del poder de agresión sobre ese bien en particular –en rigor, sobre los derechos posesorios sobre el inmueble bajo la ley 24.374 inscriptos en el Registro el7/11/1997– arroja un resultado jurídicamente incompatible o reprobable a la luz de los principios constitucionales implicados. La consecuencia desemejante poder, en el caso considerado, luce desproporcionada (y por tanto irrazonable), desoyendo los derechos constitucionales de la señora […] (arts. 16, 28, 75 inc. 22 y 23 CN)”.
VIVIENDA; VIVIENDA ÚNICA; BIEN DE FAMILIA; BIENES INEMBARGABLES; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; ACCIONES POSESORIAS;
Sánchez (causa Nº 165815)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín
El Tribunal Oral Federal de San Martin N° 5, por unanimidad, declaró la nulidad de las órdenes de allanamiento y secuestro del material estupefaciente, y absolvió a los imputados (jueces Mancini y Rodríguez Eggers, y jueza Morgese Martín).
1. Estupefacientes. Violación de correspondencia. Orden judicial. Cadena de custodia. Derecho a la intimidad.
“[L]a apertura de la encomienda se llevó a cabo sin orden judicial (art. 234 del CPPN) ni justificación alguna prevista por el ordenamiento jurídico. […] Por el contrario, la conducta [del empleado de la empresa] además de traslucir una directa injerencia antijurídica en el ámbito de intimidad protegido expresamente por la Constitución Nacional (art. 18), pareciera encuadrarse, cuanto menos, en la conducta delictiva prevista en el art. 154 del CP, dificultando con ello, además, la segura custodia de los efectos incautados y de las formalidades al efecto y disipar, en la oportunidad propicia, cualquier duda sobre el dueño o tenedor de la encomienda”.
“[E]l hallazgo de la sustancia estupefaciente en el interior de la encomienda objeto de investigación se produjo como consecuencia de una conducta ilegal llevada a cabo por un particular, en clara vulneración al derecho a la intimidad, expresamente previsto en el art. 18 que protege la correspondencia y los papeles privados”.
2. Violación de correspondencia. Nulidad. Derecho a la intimidad. Prueba. Regla de exclusión. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[T]ratándose de un único cauce de investigación que tenía su génesis en una conducta ilegal llevada a cabo por un particular, resultaba inevitable analizar el caso a la luz de las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de exclusión probatoria, en tanto es doctrina firmemente sentada que corresponde extraer del ámbito de valoración aquellas pruebas que hayan sido incorporadas al proceso como resultado de un acto reñido con la vigencia de garantías constitucionales…”.
“[S]iendo que […] la conducta llevada a cabo por el empleado de empresa de correos se erigía no sólo en pugna con la ley, sino contraria a derechos expresamente consagrados en nuestra Constitución Nacional (art. 18), la circunstancia de que el ofensor fuera un particular en nada alteraba la aplicación de la mentada regla, máxime cuando quien ejecuta el acto ilegítimo tiene el deber legal (y, en virtud de ello, una especial posición de garante) frente al bien jurídico tutelado por la norma –en el caso la intimidad (y propiedad) –, como lo es quien se desempeña en el transporte de correspondencia privada.
Como consecuencia de ello, tratándose tal curso causal viciado el único que motivó (y fundó) los autos que dispusieron los allanamientos que culminaron con el secuestro del material estupefaciente cuya tenencia ilegal el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a los incusos, corresponde, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 166 y 168 disponer la nulidad de las mentadas resoluciones y, de acuerdo a la ya sindicada teoría del fruto del árbol venenoso (art. 172 del CPPN), absolver a los imputados…”.
ESTUPEFACIENTES; VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA; ORDEN JUDICIAL; CADENA DE CUSTODIA; DERECHO A LA INTIMIDAD; NULIDAD; PRUEBA; REGLA DE EXCLUSIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
ONV y GHE (causa N° 14600)Juzgado Federal de 1a Instancia en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de San Martín
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín declaró la nulidad del modo en que se inició el expediente y dictó el sobreseimiento de ambas personas (jueza Vence).
1. Violencia de género. Debida diligencia. Acceso a la justicia. Autoincriminación. Ministerio Público Fiscal. Violencia institucional. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convencion de Belém do Pará). Regla de exclusión. Nulidad.
“[E]l desenlace del juicio –la extracción de testimonios que originó este expediente– refleja que el Ministerio Público Fiscal no actuó con diligencia debida.
[N]o […] asesoró [a la mujer] de manera adecuada ni se ocupó en llevar adelante el interrogatorio para evitar que revelara hechos o datos que no eran útiles para probar su propia teoría del caso y que la terminaron incriminando. [N]o se trata de una recomendación o regla de soft law, sino de una verdadera obligación que deriva del derecho internacional de los derechos humanos y que tiene acogida expresa en nuestra legislación (Convención de Belém do Pará y Ley 24.632)”.
“[N]o se le garantizó un adecuado acceso a la justicia –lo que debía traducirse en brindarle herramientas útiles para discriminar qué información era relevante en el debate o que la fiscalía se hiciese hacerse cargo del examen directo para conducir el testimonio–. [De este modo] no es posible mantener vigente la imputación penal. De lo contrario, sería avalada la trasgresión de los estándares legales citados y podría consolidarse un caso de violencia institucional en los términos elaborados por la doctrina penal feminista”.
“[L]a vigencia de la acción penal desalentaría que las mujeres se acerquen a la administración de justicia a denunciar a sus agresores y mellaría el propósito –y la obligación legal y convencional– de sacarlas de los círculos de violencia en los que se encuentran. [T]ambién le estaríamos cargando a su cuenta un error u omisión del Estado, pues si la fiscalía hubiese actuado con diligencia debida, [la mujer] no se habría incriminado”.
2. Autoincriminación. Extracción de testimonios. Vulnerabilidad. Ministerio Público Fiscal. Coacción.
“[N]ada impide que alguien confiese la comisión de un delito, en tanto eso suceda en un ámbito de libre determinación […]. Por lo que es ineludible encontrar, en cada caso, el equilibrio de derechos que permita dirimir la controversia y, en concreto, concluir si una persona declaró libremente”.
“[La mujer] no concurrió a la audiencia por su propia voluntad, el tribunal de juicio le tomó juramento y la fiscalía no la asesoró ni condujo el interrogatorio en el examen directo. De modo que, sumado a las intensas vulneraciones y violencias a las que estuvo sometida, […] deviene ineludible concluir que no declaró con discernimiento, intención y, por supuesto, libertad.
[En este sentido] atestiguó bajo la coacción moral que deriva del juramento judicial y, librada a su propia suerte y obligada a decir toda su verdad, se explayó sobre su historia de vida sin contar con información adecuada y herramientas suficientes para distinguir qué hechos o datos eran útiles para la teoría del caso de la acusación y, más importante todavía, cuáles podían comprometerla penalmente”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; AUTOINCRIMINACIÓN; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA INSTITUCIONAL; REGLA DE EXCLUSIÓN; NULIDAD; EXTRACCIÓN DE TESTIMONIOS; VULNERABILIDAD; COACCIÓN;
Lee (causa N° 2774)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia de Formosa que arbitrase los medios necesarios para garantizar el ingreso al territorio provincial, con las medidas sanitarias que considerase pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hubiesen solicitado (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Emergencia sanitaria. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos […] emitió una Declaración titulada `COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales´, a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de ese Tribunal.
Entre las consideraciones particulares incluidas en dicha declaración, cabe destacar, por su atinencia al caso y en tanto esta Corte la comparte, que: `Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos´” (considerando 5°).
2. Derecho de entrar permanecer transitar y salir. Salud pública.
“[L]a Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes de la Nación el derecho a transitar libremente en su territorio, sin distinción alguna (artículos 8° y 14). Por su parte, entre los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto la `Convención Americana sobre los Derechos Humanos´[…] como el `Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos´[…], ambos con jerarquía constitucional […], también reconocen en los incisos 1° de sus artículos 22 y 12, respectivamente, el derecho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular libremente por él; y si bien el ejercicio de dicho derecho puede ser restringido en virtud de una ley cuando sea necesario para proteger, entre otras cosas, la salud pública, lo cierto es que las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en esos pactos (incisos 3° de los artículos 12 y 22 citados)” (considerando 6°).
“[A]un cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto. Los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance” (considerando 7°).
3. Control de razonabilidad. Facultades no delegadas. Razonabilidad.
“[E]n el marco de las consideraciones particulares incluidas en la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordada en el considerando 5°, cabe señalar que este Tribunal ha establecido que, aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad [...].
El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional” (considerando 8°).
“[P]ese a que no pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la Provincia de Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considere adecuadas en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales que está transcurriendo, dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales.
Sin perjuicio de reconocer los propósitos de protección de la salud pública perseguidos por el `Programa de Ingreso Ordenado y Administrado´ instaurado por el Estado provincial, lo cierto es que, en los hechos, las restricciones establecidas por las autoridades locales no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable…” (considerando 9°).
4. Interpretación de la ley. Derecho de entrar permanecer transitar y salir. Salud pública. Igualdad.
“[E]sta Corte ha sostenido que los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía. La interpretación debe armonizarlos, ya se trate de derechos individuales o de atribuciones estatales […].
Se trata, pues, de la valoración comparativa de dos intereses jurídicamente protegidos con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos, dentro de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico y de la medida de protección que el legislador ha considerado digno de revestir a uno y otro.La cuestión radica entonces en valorar ambos derechos en las especiales circunstancias de la causa y en el conjunto orgánico del ordenamiento jurídico […].
En síntesis, a la luz de todo lo hasta aquí expresado, cabe puntualizar que la restricción de derechos en el marco de la aplicación de medidas de la naturaleza de las descriptas, no resulta prima facie razonable en su aspecto temporal (por las excesivas esperas […]) ni en el aspecto económico, en tanto supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica” (considerando 11°).
EMERGENCIA SANITARIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; DERECHO DE ENTRAR PERMANECER TRANSITAR Y SALIR; SALUD PÚBLICA; CONTROL DE RAZONABILIDAD; FACULTADES NO DELEGADAS; RAZONABILIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; IGUALDAD;
Majewski (causa N° 40517)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación, declaró nula la disposición administrativa y devolvió las actuaciones a la Dirección Nacional de Migraciones para que en el plazo de 60 días dictase un nuevo acto (jueces Fernández y Grecco). 1. Expulsión de extranjeros. Excepciones. Derecho a la reunificación familiar. Facultades discrecionales. “[L]a Corte Suprema ha señalado que la Ley N° 25.871 tiene como objetivos, en lo que aquí interesa y está en juego, tanto garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar […] como promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación […]. En efecto, el Máximo Tribunal ha reconocido la competencia que le otorga la Ley Nacional de Migraciones a la autoridad de aplicación para admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, a extranjeros que se encuentren comprendidos en algunas de las causales que obsten a su ingreso o permanencia en el país [...]. En este orden de ideas, la jurisprudencia ha sostenido que la previsión contenida en la última parte del artículo 29 de la Ley N° 25.871 sólo puede ser considerada como una facultad discrecional otorgada a la Dirección Nacional de Migraciones, por la que –previa actuación del Ministerio del Interior– `podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular a los extranjeros comprendidos en el presente artículo´ […]. A su vez, no puede pasarse por alto que la dispensa en cuestión reviste carácter excepcional y, en razón de ello, debe necesariamente ser apreciada en sentido estricto…”. 2. Actos administrativos. Control de razonabilidad. Excepciones. “[S]e impone recordar que […] medidas como la recurrida constituyen el ejercicio de un poder propio de la Administración y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano estatal altamente especializado (creado al efecto) cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error (de hecho ode derecho), omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado […] supuestos que en la especie y por las particularidades del caso […] se advierten configurados. [E]n el caso se configura un supuesto de razones humanitarias a los efectos de otorgar la dispensa prevista en el artículo 29 in fine y el artículo 23 inciso m) del Decreto N° 616/2010, en tanto en el expediente se acreditó debidamente no solamente que se trata de una persona mayor que padece diversas enfermedades, sino que también quien fuera en vida su mujer –ciudadana argentina– se encuentra enterrada en el país. En este mismo sentido, también debe tenerse presente que el accionante tampoco posee antecedentes penales”.
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; EXCEPCIONES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; FACULTADES DISCRECIONALES; ACTOS ADMINISTRATIVOS; CONTROL DE RAZONABILIDAD;
MCCámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo, Cuarta Circunscripción Judicial, Villa María, Córdoba
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo, Cuarta Circunscripción Judicial hizo lugar a la demanda y ordenó a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba que dicte un nuevo acto administrativo que otorgue a la mujer los beneficios de pensión por fallecimiento de sus padres (jueces Domenech y Cammisa).
“[E]l hecho de realizar algún trabajo […] evidencia determinada autonomía de la persona, pero no significa que no tenga la discapacidad. Esa función, trabajo, tarea, ocupación de la persona con discapacidad, es indicativo de su autonomía en función de sus posibilidades, pero no puede significar una interpretación sobre que la persona no padece discapacidad, en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“'[L]os Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho'. Precisamente, y relacionado con este caso, el punto e) del inc. 2 referido, dispone categóricamente que: 'e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación'”.
“[L]a actitud de la Caja de Jubilaciones, al sobrevalorar la autonomía de la demandante, ha significado un acto discriminatorio, y que afectó la dignidad inherente de la persona con diversidad funcional (o persona con discapacidad, en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). En efecto, no se tuvo en cuenta la real situación de la mujer, demostrada con las pruebas producidas en este juicio, sobre la 'invalidez' requerida para acceder a los beneficios de pensión de su padre y de su madre, en los términos de la ley 8024”.
“[R]esulta atinado valorar la cuestión con perspectiva favorable a la persona en condición de vulnerabilidad, en este caso por sus condiciones de mujer y de persona con discapacidad o diversidad funcional […]. Efectivamente, las Reglas de Brasilia 'tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando medidas, facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los Derechos Humanos que les son inherentes ante los sistemas judiciales'”.
“[E]l conocimiento personal de la demandante, lleva a la conclusión que se corresponde íntegramente con lo dictaminado por la pericia médica realizada, en cuanto se advierte que las características personales de la mujer que la hacen depender necesariamente del apoyo de terceras personas para su vida diaria”.
“[E]l Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su punto s) establece que se subraya '… la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad'”.
“[L]a Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer […] identifica como discriminación contra la mujer por su condición de tal, en tanto se denote exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el ejercicio por la mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera civil”.
“[L]a negativa de la Caja demandada, de reconocer el derecho de la demandante, tanto en el trámite administrativo como en este trámite judicial, trasunta una situación no explícita pero que puede advertirse como discriminatoria respecto de la demandante, en sus condiciones de mujer y de mujer con discapacidad. Ese trato discriminatorio implícito, que conlleva la denegatoria de sus derechos previsionales, no debe ser aceptado, y configura un motivo más para reconocer la pretensión planteada en la demanda”.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PREVISIÓN SOCIAL; VULNERABILIDAD; REGLAS DE BRASILIA; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; GÉNERO;
CC (causa N° 38028)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, hizo lugar al recurso de la parte actora, condenó al Estado Nacional y elevó los montos de los rubros indemnizatorios (jueces Facio y Lopéz Castiñera y jueza Heiland).
1. Género. Perspectiva de género. Estereotipos de género.
“Una solución justa y adecuada de esta causa requiere, ciertamente, su ponderación desde una perspectiva de género […]. Esta perspectiva `reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática´ e implica `una mirada ética del desarrollo y la democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la desigualdad y los oprobios de género prevalecientes´, con la finalidad de `lograr un orden igualitario, equitativo y justo de géneros´ [...]
Desde ese enfoque se ha expuesto en nuestros tribunales que `al valorar elementos probatorios —particularmente pero no excluyentemente en la esfera penal— debe ponderar[se] los patrones socioculturales y estereotipos sobre los que se construye esta problemática, a fin de tener una verdadera comprensión del fenómeno de violencia de género y, de esta manera, poder lograr desde el Derecho aportar soluciones que contribuyan a atacar el flagelo de la violencia y trabajar en pos de la igualdad de género´…”.
2. Responsabilidad contractual. Concesión. Contrato de concesión. Servicios públicos.
“Es innegable […] que existía una exigencia contractual de mantener el buen estado de conservación de todos los edificios y de todas las obras e instalaciones complementarias, y que ese mantenimiento requería, en términos concretos, `atención, idoneidad, eficiencia y diligencia suficiente´”.
“No es dudosa, por tanto, la razonabilidad de interpretar […] que […] esos deberes se traducían, cabalmente, en la obligación de hacer efectivo el cercamiento, la iluminación, el desmalezamiento y la limpieza, en orden al buen mantenimiento del predio. Y ello es así, sobre todo, si se repara en las características propias de la noción jurídica de la concesión.
En efecto:
—La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a la naturaleza de la concesión […] consideró que comporta `un acto jurídico de derecho público que tiene por fin esencial organizar un servicio de utilidad general. Y partiendo de la realización de tal propósito, su rasgo característico consiste en delegar en un concesionario, aquella parte de la autoridad del Estado o de sus cuerpos administrativos, reputada indispensable para hacer efectiva, dentro de ciertas bases establecidas por la misma concesión o por los principios del derecho administrativo, la remuneración de los capitales puestos a contribución en la realización de la empresa pública´…”.
“Esta cámara consideró que el deber de control común atodas las concesiones consiste en que el concesionario, como entidad técnica especializada, vele por el estado de conservación, mantenimiento y señalización…”.
3. Violencia de género. Espacio público. Deber de cuidado.
“[N]o resulta discutible […] la conclusión de que en un terreno caracterizado por el abandono era previsible la comisión de hechos ilícitos como los que sufrieron las hermanas C.C y C.C. Puede decirse, bien por el contrario, que dicho lugar, por desolado, era proclive a la comisión de hechos semejantes, y que `la aparición de forajidos no es un hecho imprevisible para el empresario transportista´ […]. Desde una mirada experta en urbanismo con perspectiva de género se ha descripto claramente la necesidad de visibilizar los escenarios de riesgo para las mujeres…”.
“`La inseguridad es un obstáculo para que las mujeres sean ciudadanas totalmente activas, ya que impide que participen de la vida pública cuando el lugar y la hora no son las `convenientes’´ […].
`En concreto, las mujeres han sido excluidas de la noche debido a cómo sus cuerpos han sido definidos y controlados socialmente. La noche ha sido históricamente conceptualizada como un tiempo y espacio peligroso y prohibido para las mujeres […]. En consecuencia, las mujeres que transgreden este imaginario y utilizan el espacio público en la noche son aún vistas como fuera de lugar en muchos contextos´[…].
Las violencias que se ejercen en los espacios públicos, como aquellas que tienen lugar puertas adentro, avasallan los cuerpos de las mujeres […]. `[T]iene que garantizar[se] que no existan esas zonas inhóspitas entre las casas y el tejido urbano. Es decir: si quedan territorios vacantes hay que garantizar que estén limpios, iluminados y que exista algún tipo de control, ya que sabemos que implican algún peligro adicional´; `Los recorridos por lugares inhóspitos, descampados, o calles oscuras; esos lugares abandonados o residuales se tornan en paisaje urbano que son trampas para las mujeres y potencian oportunidades para las violencias de género´…”.
4. Entes reguladores. Obligación de seguridad. Protección integral de la mujer. Tutela judicial efectiva. Derecho administrativo. Perspectiva de género.
“Las previsiones […] contienen de una manera inequívoca […] diversos mandatos expresos y determinados que comportan deberes jurídicos de obrar. Esa compresión es lógica en tanto se considere […] que `los entes reguladores o de control existen bajo la premisa del mandato expreso y determinado de vigilar y controlar que la prestación del servicio garantice los derechos de los usuarios y de los consumidores de dicho servicio pues ello atañe a su propia finalidad, a la razón de su creación´…”.
“Paralelamente es necesario retener también las normas, las reglas y los principios que el derecho internacional de los derechos humanos establece como estándares expresos directamente aplicables. Aquí emerge, en términos convencionales, el deber estatal de actuar con la debida diligencia en la tutela de la mujer […].
En el plano jurisprudencial, el deber de diligencia fue receptado por esta cámara en su directa aplicación, con expreso fundamento en la Convención de Belém do Pará, en dos casos en los que se hallaba en discusión, precisamente, la responsabilidad estatal […], y también en un caso en el que examinó la impugnación dirigida a una orden de expulsión en el marco de la ley 25.871 […]. Con la mirada puesta en la efectiva tutela de las mujeres en el marco de la protección de las trabajadoras embarazadas, esta sala hizo hincapié en la importancia que tiene la CEDAW como instrumento del Sistema Universal de Derechos Humanos con jerarquía constitucional […].
En el ámbito doctrinario, al proponerse una nueva mirada con perspectiva de género sobre diversos aspectos del derecho administrativo, y al interrogarse con particular referencia a la observancia de la debida diligencia en los ámbitos nacional, provincial y comunal, apuntada al derecho a la vida y a la integridad psicofísica, se ha afirmado que `sería recomendable dirigir la mirada al orden local, poniendo la lupa sobre los rasgos del ordenamiento urbano. Ello incluye […] la instalación de luces y desmalezamiento de pastizales para evitar zonas de inseguridad en el escenario comunal´…”.
“En términos de una conducta regular, a partir del entorno descripto, la CNRT debió desplegar los medios necesarios (i) para detectar (a) el estado de abandono en el que se encontraba el predio al tiempo en que se produjeron los hechos delictivos, y (b) el escenario de riesgo real que ese estado implicaba hacia las mujeres, ya que, según se vio, el predio componía claramente un lugar `proclive a la comisión de delitos semejantes´ a los que se produjeron en este caso […], y (ii) para prevenir la materialización de ese riesgo real”.
5. Riesgo de la cosa. Responsabilidad extracontractual del Estado. Facultades discrecionales.
“Ante la comprobable y comprobada magnitud del estado de abandono del predio y el escenario de riesgo real que esa situación implicaba para las mujeres, la CNRT contaba con una serie de mandatos expresos y determinados que su estatuto […], le asigna inequívocamente, más allá de sus denominaciones.
Ciertamente: Además de la atribución de imponer sanciones […] en la que hace hincapié la CNRT, ésta tenía a su alcance, también, las `facultades´ […] En la hipótesis de que esas `facultades´ fueran comprendidas sólo como `facultades discrecionales´, y no como mandatos expresos y determinados de obrar, se llegaría a la inadmisible conclusión de que todas esas previsiones son disponibles, y, con ella, a la redundancia de su enunciado…”.
“[E]l deber jurídico de obrar a cargo de la CNRT no se agotaba en la constatación de los incumplimientos contractuales y la consiguiente imposición de las respectivas sanciones patrimoniales, sino que era más extenso”.
6. Entes reguladores. Obligaciones de hacer. Razonabilidad. Debida diligencia. Vulnerabilidad.
“El deber jurídico de obrar […] exigía su cumplimiento concreto y eficiente, de un modo consistente con dos aspectos centrales para este caso:
1. La consistencia con todas las competencias propias de ese control, razón de la creación de los entes reguladores […].
2. La consistencia con la severidad del incumplimiento contractual por parte de la firma concesionaria sobre el predio.
Sólo mediante una tarea de control concreta y eficiente que hubiese desplegado razonablemente los medios disponibles para el cumplimiento del servicio, se habría observado, por un lado, el estándar convencional reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer, y se habría alcanzado, por otro lado, uno de los claros objetivos que el estatuto prevé como es `Lograr mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad, igualdad y uso generalizado del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento en todas sus modalidades´…”.
“[E]xistía un claro deber jurídico de obrar determinado basado en obligaciones preexistentes. Ese deber surgía tanto de las normas que regulan el funcionamiento de la CNRT cuanto de las normas, las reglas y los principios del derecho internacional de los derechos humanos que establecen el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer.
Efectivamente, por un lado existía en el caso un deber jurídico expreso y determinado de respetar y observar, por una parte, las disposiciones normativas que fueron elaboradas —por el Poder Ejecutivo Nacional— con el claro y explícito propósito de que la CNRT, como ente de control, preste de una manera adecuada el servicio para el que fue creado.
Por otro lado, si queda claro, pues, que resulta aplicable directamente el estándar reforzado establecido por el derecho internacional de los derechos humanos que obliga al Estado a actuar con la debida diligencia en la tutela de la mujer, y que existe un expreso deber estatal de obrar en orden a esa tutela […], [se encuentra] allí una fuerte razón para proyectar ese deber, por medio de un control concreto y eficiente […] a los supuestos en que, como ocurre en este caso, el Estado Nacional ha concesionado un predio en el que se produjeron graves hechos delictivos de los que fueron víctimas dos hermanas adolescentes.
En esa dirección, [cabe] recordar que […] el arco normativo de protección a la mujer implica el reconocimiento de una situación de vulnerabilidad y traduce la necesidad de tomar medidas, y que gran parte de esas medidas se concreta en `la asunción de deberes por parte del Estado Argentino (…) para contener las vulneraciones a los derechos del colectivo tutelado´ […].
[Q]ueda descartada toda línea argumentativa que intente identificar la situación de las hermanas […] con `un deber jurídico indeterminado para la generalidad de los ciudadanos´ o `un interés legítimo subjetivamente indiferenciado a la Seguridad´”.
7. Daño. Inmuebles. Riesgo de la cosa. Omisión.
“El estado de abandono en el que se encontraba el predio en el momento en que se produjeron los hechos delictivos constituye un dato determinante. No es discutible, sensatamente, que la comisión de los delitos ultrajantes en el predio era previsible:
i. De un lado, se encuentra ampliamente demostrado el factor de riesgo que el predio abandonado comportaba hacia las mujeres […].
ii. De otro lado, como bien dice la parte actora en la demanda, los hechos delictivos no podrían haberse producido de ese modo si el inmueble entregado en concesión no hubiera sido convertido, como consecuencia de los diversos incumplimientos, `en un reducto propicio al delito´…”.
“[L]a CNRT no actuó conforme a la capacidad razonable de prever el curso normal y ordinario de las cosas, lo cual genera su responsabilidad según el Código Civil (artículos 901 a 906)”.
8. Entes reguladores. Responsabilidad extracontractual del Estado. Relación de causalidad. Responsabilidad contractual. Debida diligencia.
“[L]a relación de causalidad existente entre la conducta antijurídica de la firma concesionaria y los daños no excluye, de ninguna manera, el nexo causal existente entre esos daños y la conducta irregular de la CNRT. Es decir, la relevancia del incumplimiento de los deberes contractuales por parte de la firma concesionaria en la producción de los daños no desplaza la importancia que la conducta irregular de la CNRT tuvo en ese resultado dañoso. Por otra parte, el contrato de concesión, de conformidad con el artículo 1195 del Codigo Civil, es inoponible a los terceros damnificados, en este caso a las hermanas C.C. y C.C…”.
“[E]xistía un claro deber jurídico de obrar determinado basado en obligaciones preexistentes. Dicho deber emergía de las examinadas previsiones contenidas en el pliego de bases y condiciones, y, asimismo, de las normas, las reglas y los principios del derecho internacional de los derechos humanos que establecen el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer.
Ciertamente, había un deber jurídico expreso y determinado de cumplir y observar las disposiciones normativas que fueron elaboradas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (el pliego), con una evidente y precisa finalidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la firma concesionaria.
Y paralelamente resultaba aplicable el estándar reforzado de la debida diligencia en la tutela de la mujer, ya que este estándar no era únicamente exigible a la CNRT, si se retiene que los Estados —y no sólo algunas dependencias dentro de la esfera estatal— deben `adoptar […] todos los medios apropiados´ para `prevenir […] la violencia contra la mujer´, cuando se trata de actos de violencia `perpetrados por el Estado o por particulares´ (Convención de Belém do Pará, artículo 7, y Declaración y plataforma de acción de Beijing, Capítulo II…)”.
9. Obligaciones concurrentes. Responsabilidad patrimonial.
“Las obligaciones concurrentes así son denominadas, de acuerdo con la opinión de la doctrina, porque las diversas obligaciones están conectadas entre sí por el hecho de concurrir respecto de un mismo objeto y acreedor […]. Sobre dichas obligaciones, la Corte Suprema ha expresado:
i. Las obligaciones concurrentes —también denominadas in solidum— se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los deudores […].
ii. Entre los deudores concurrentes si bien no juega el principio de contribución de las obligaciones solidarias, debe admitirse que el obligado concurrente que ha satisfecho el objeto —común— de la deuda no puede verse privado del derecho de probar cuál ha sido la real causalidad de la conducta de cada uno de ellos en la producción del daño […].
iii. `[L]as diferentes culpas de los obligados concurrentes bastan, indistintamente, para darle derecho al damnificado a la obtención del resarcimiento total del daño contra cualquiera de los responsables in solidum. Pero después de ser desinteresado aquél, queda en pie una eventual responsabilidad compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de la indemnización sea cubierto, en definitiva, por todos los deudores concurrentes, en la medida, desde luego, en que cada cual contribuyó a causar el daño´ […].
iv. En este tipo de obligaciones las responsabilidades corresponden a cada uno de los codemandados, sin perjuicio de que ulteriormente puedan ejercer las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución de cada uno en la obligación solventada […].
Desde ese enfoque, corresponde reconocer el derecho de las hermanas […] a reclamar el monto debido a todas y/o a cualquiera de las personas a las que se atribuyó e imputó responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de que cada una de ellas puede ulteriormente ejercer las acciones de regreso destinadas a obtener la contribución de cada una en la obligación solventada de acuerdo con el grado de responsabilidad fijado…”.
GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL; CONCESIÓN; CONTRATO DE CONCESIÓN; SERVICIOS PÚBLICOS; VIOLENCIA DE GÉNERO; ESPACIO PÚBLICO; DEBER DE CUIDADO; ENTES REGULADORES; OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DERECHO ADMINISTRATIVO; RIESGO DE LA COSA; RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO; FACULTADES DISCRECIONALES; OBLIGACIONES DE HACER; RAZONABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; VULNERABILIDAD; DAÑO; INMUEBLES; OMISIÓN; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; OBLIGACIONES CONCURRENTES; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL;
EYV (causa Nº 33871)Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno
El Juzgado Federal de Moreno hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la ANSeS que incluyese a la mujer dentro de la nómina de beneficiarios/as del Ingreso Familiar de Emergencia. Además, ordenó que le abonase la prestación de IFE de maner retroactiva al mes de abril de 2020 (juez González Charvay).
1. Acción de amparo. Admisibilidad. Emergencia sanitaria.
“[S]i el planteo de la amparista se reduce al hecho de obtener el reconocimiento de los derechos constitucionales que en forma actual e inminente lucen vulnerados, por normas que aparecen como arbitrarias o ilegales, deviene imperiosa la admisión de la acción frente a las restantes vías procesales que aparecen como menos aptas para lograr la tutela judicial inmediata que se pretende, correspondiendo así declararlo”.
“[L]a vía excepcional del amparo, elegida por la actora, reúne […] los extremos requeridos para su admisión, dado que encuentra su razón en la canalización de cuestiones que deben ser resueltas de inmediato como lo es el reclamo a la denegatoria a acceder al Ingreso Federal de Emergencia […].
En el presente caso la actora ha demostrado que esta acción es la más apropiada para discutir el objeto de su pretensión. Otra interpretación y, sin perjuicio de actuar con la extrema cautela y prudencia debida, importaría –so pretexto de atenernos a exigencias formales–, frustrar derechos de fondo, desconociendo la cuestión fáctica en que se encuentra la actora, deviniendo necesario e imperioso llegar a una resolución a la mayor brevedad posible.
A mayor abundamiento, lo reclamado por esta vía, los hechos relatados por la accionante y el marco de emergencia sanitaria que nos encontramos a raíz de la pandemia por COVID 19 ameritan una solución expedita y rápida, características inherentes a la acción de amparo. En consecuencia, […] el amparo es la vía idónea para salvaguardar derechos constitucionales –como los de la actora– y procurar que sean protegidos por esta vía, en atención al contenido previsional y  alimentario de los derechos en juego. Todo ello, claro está, sin perjuicio de lo que corresponda resolver en definitiva...”.
2. Perspectiva de género. Emergencia sanitaria. Igualdad.
“[L]os tratados internacionales de Derechos Humanos sientan las bases para que los casos sometidos a control jurisdiccional sean ventilados desde un enfoque de género, impulsando criterios basados en el principio de igualdad”.
“[E]l presente caso debe ser analizado con perspectiva de género y enfoque intersecccional, en el reconocimiento de la desigualdad estructural en que se encuentran las mujeres y, la posición de desventaja –entre ese grupo– de aquellas que tienen a su cargo los deberes de cuidado respecto de su hijos o hijas menores de edad, sin trabajo, en el marco de una emergencia sanitaria a raíz de COVID-19”.
3. Expediente administrativo. Procedimiento administrativo.
“[L]as alegaciones de la ANSES en cuanto a que el trámite del IFE es virtual y que por ello no puede acompañar las actuaciones administrativas completas porque no existe expediente administrativo resultan inadmisibles […], puesto que el hecho de que las actuaciones sean virtuales no implica la inobservancia de los procedimientos administrativos correspondientes ni la omisión de informar a este Juzgado de manera completa y en tiempo oportuno lo solicitado. Las actuaciones administrativas deben seguir un procedimiento determinado y el expediente administrativo puede adaptarse a las nuevas tecnologías más nunca desaparecer, pues hace a la esencia del dictado de cualquier acto administrativo y al derecho de defensa en juicio del administrado…”.
3. Asignaciones familiares. Responsabilidad parental.
“[S]i se insistiese […] o se alegase que en la base de datos el hijo o la hija poseen igual domicilio que su padre, el hecho de que continúen en la obra social del padre no puede ser un obstáculo o motivo para el rechazo del IFE solicitado por su madre, pues es un derecho que les asiste y una obligación que tiene su padre para con ellos”.
“[N]o quedan dudas de que [la niña y el niño] residen con su madre, ello sin perjuicio que, ante los nuevos paradigmas de derechos humanos receptados por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, ellos tienen el derecho de habitar alternadamente con cualquiera de sus padres, con las limitaciones y excepciones allí establecidas...”.
4. Información sumaria. Sistema informático. Perspectiva de género.
“[U]na cuestión meramente formal, como ser la actualización de datos rígidos del sistema, no puede estar por encima de los derechos fundamentales que le asisten a la actora. Más aún cuando de todas las constancias arrimadas a autos –y hasta de los propios dichos de la demandada– la actora con posterioridad al primer rechazo adjuntó la documentación correspondiente, implicando ello un reproceso.
Una mirada con perspectiva de género es indispensable en la presente para impedir que la aplicación rígida del derecho, a partir de una interpretación estereotipada, afecte los derechos de una mujer que es jefa de hogar, que tiene dos hijos a cargo y que, conforme ella misma alega y prueba, cuenta hoy, a raíz de la pandemia, con un ingreso inferior al que percibía antes de la misma”.
5. Emergencia sanitaria. Interpretación de la ley. Perspectiva de género.
“[T]ampoco puede desconocerse la situación de desventaja estructural que poseen las mujeres que quedan a cargo de los cuidados de sus hijos/as una vez separadas, aún en aquellos casos en que el padre asista económicamente, en parte, a estos/as mismos/as.
[A]siste razón a la [mujer] en cuanto a que, las consecuencias de la pandemia por COVID 19, las restricciones de circulación y la suspensión de las clases presenciales en las escuelas resulten impedimentos para que pueda acceder a un trabajo y haya perdido el que tenía. De hecho, para situaciones como estas es que fue creado el IFE, conforme surge de los propios fundamentos de los Decretos que lo instituyen”.
“[S]i bien es cierto que las normas deben ser interpretadas, en primer lugar, por su letra y que no corresponde a la magistratura extender sus alcances por vía de interpretación, no lo es menos que la actora acompañó elementos de mérito que acreditan particularidades que exigen una hermenéutica más amplia y profunda de las normas involucradas”.
Así debe tenerse en cuenta que la normativa no ha previsto situaciones como la de autos pero tampoco las ha prohibido. El hecho de que  la actora, por embargo, perciba como adulto responsable las Asignaciones Familiares correspondiente a su hijo e hija menores de edad, no trae aparejado que ella conviva con su ex pareja ni que el mismo integre su grupo familiar.
Por lo tanto, no puede condenarse a una mujer al no acceso a una prestación de la seguridad social porque se ha separado de su pareja (y él cuenta con un trabajo formal en relación de dependencia y ella no), desatendiendo que es ella quien tiene a su a cargo los cuidados y asistencia sus hijos, que los mismos no concurren presencialmente a la escuela; todo ello en el marco de emergencia sanitaria y del impacto que esto está teniendo en las economías mundiales y en los puestos de trabajo en particular”.
“No puede aceptarse, de manera alguna, que una mujer quede atrapada y se convierta en víctima de estas interpretaciones restrictivas de derechos. Más aún cuando la ley no lo prohíbe expresamente, por lo tanto debe estarse a la interpretación más armoniosa de los derechos en juego, en virtud del principio pro homine”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; EMERGENCIA SANITARIA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; IGUALDAD; EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ASIGNACIONES FAMILIARES; RESPONSABILIDAD PARENTAL; INFORMACIÓN SUMARIA; SISTEMA INFORMÁTICO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Fernandez (Causa n°4109)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 homologó el acuerdo conciliatorio (juez Laufer).
“[E]l Ministerio Público Fiscal tiene por función intervenir en todos los asuntos en los que se encuentren involucrados el interés de la sociedad y el orden público, como así también debe promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Ergo, su fundada oposición sería vinculante, máxime […] [ceñidos a] un esquema procesal predominantemente acusatorio.
Sin embargo, a la hora de analizar la oposición del Ministerio Público Fiscal a la homologación de este acuerdo en particular, […] [la fiscalía] para el mencionado rechazo, basó su dictamen negativo en que el imputado registra condenas anteriores y el resto de sus argumentos no son más que derivaciones de este enunciado inicial”.
“[M]ás allá de advertir que no se encuentra regulada por la ley la mencionada causa que, según el Ministerio Público se presenta como obstativa para la aplicación del instituto, corresponde relevar antecedentes del imputado. En ese sentido, conforme surge del certificado de antecedentes [el hombre imputado] registra [un proceso penal en el cual se] resolvió suspender el proceso a prueba, por el término de un año […]. A la luz de ello, se observa que, [el hombre imputado] no cuenta con un pronunciamiento condenatorio, ni se tiene certeza del eventual cumplimiento efectivo de pena de prisión alguna en el supuesto de revocación de la suspensión del proceso a prueba oportunamente otorgada…”.
“[E]l art. 34, CPPF, no establece ningún obstáculo a la homologación del acuerdo que no sea el del tipo de delito de que se trate; sólo se admite en ‘los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte’. Nada dice de los antecedentes de las personas que pueden presentar un acuerdo o siquiera de alguna condición personal o de cualquier otro factor externo al proceso; la norma tampoco prevé que el juez interrogue al imputado acerca de sus condiciones personales en la audiencia, mucho menos que se dé lectura al certificado de antecedentes. Nada impide, según la ley, que una persona a la que le fue concedida una probation pueda presentar un acuerdo, ni tampoco que lo haga otra que registra una condena en suspenso o haya cumplido pena; nada impide que una persona pueda volver a conciliar un segundo proceso, o un tercero, o todos los que pueda”.
“Como la única limitación para la conciliación es la de la calidad del delito que verse el proceso, así como la modalidad y el resultado del hecho, […] las pautas para rechazar un acuerdo no pueden buscarse por fuera o más allá de tales circunstancias”.
“[D]e la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, de las resoluciones de ese ministerio y de la Constitución Nacional emana inequívocamente, que una de las funciones del Ministerio Público Fiscal, es representar a las víctimas de delitos, asistiéndolas durante el proceso y teniendo especial consideración con lo que ellas plantean.
La razón de política criminal alegada por la Fiscalía fue teórica y no se justificó porque aplicar ese criterio, en detrimento de otros que contribuyan a asegurar la paz social y componer los conflictos que se generan en la comunidad, de acuerdo a lo previstos en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; ROBO; SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
Agüero (causa N 12001371)Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba
El Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 1, de manera unipersonal, concedió la prisión domiciliaria al condenado (jueza Prado).
1. Emergencia sanitaria. Prisión domiciliaria. Derecho a la salud.
“La prisión domiciliaria es un instituto previsto por el art. 33 de la ley 24660 para penados, que añadió causales de concesión —como formas alternativas de cumplimiento de pena— a las ya previstas en el art. 10 del Código Penal. Este instituto implica el encierro del causante y por tanto el efectivo cumplimiento de la pena privativa de libertad. No se trata de la transformación de dicha pena en una mera formalidad ni de la dilución de su cumplimiento. La prisión domiciliaria es una solución prevista por la ley para aquellos casos en que el encierro carcelario va más allá de la restricción de la libertad para constituir —en función de la situación particular del causante— un sufrimiento intolerable e inhumano, por lo que precisamente, la finalidad de este instituto se dirigía a humanizar la ejecución de la pena privativa de libertad, cuando en función de la situación descripta, la finalidad de reinserción social no tenía efecto práctico”.
“Ahora bien, en el caso de autos [se advierte] que el informe médico es contundente en cuanto a que el estado de salud del justiciable, torna desaconsejable su alojamiento en un establecimiento carcelario […]. Así las cosas, aparece altamente relevante y […] dirimente para el caso bajo examen por sus particularidades, la crítica situación que al día de la fecha atraviesa la República Argentina frente a la situación de pandemia mundial con expansión del denominado COVID 19 – coronavirus”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. Cámara Federal de Casación Penal. Jurisprudencia.
“En ese contexto y mas allá de los protocolos de actuación vigentes en las unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba tendientes a minimizar el número de contagios y sus efectos entre la población carcelaria y el personal penitenciario, tal como lo afirma el representante del Ministerio Público Fiscal, es de conocimiento público que al día de la fecha se está produciendo un ‘brote’ de Coronavirus en todos los establecimientos carcelarios que, al menos por el momento y supeditado a la evolución de la situación epidemiológica, torna desaconsejable […] su alojamiento en una unidad carcelaria; ello dado el riesgo clínico aumentado de contraer otras enfermedades debido a su inmunodeficiencia.
De este modo, […] la característica de gravedad que presentan las enfermedades [del hombre condenado] conforman elementos que lo ubican especialmente dentro de lo que se ha dado en llamar población de riesgo, tornando así aplicables al caso bajo examen los lineamientos establecidos por la Acordada N° 9 de la Cámara Federal de Casación Penal. Nótese que en dicha Acordada se recomienda a los tribunales inferiores la adopción de medidas alternativas a la prisión en determinados casos, con vistas a reducir la población carcelaria, ‘a fin de inhibir, en la mayor medida posible, el riesgo existente para la salud e integridad física de las personas privadas de su libertad y también del propio personal penitenciario’, frente al Covid-19”.
EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN DOMICILIARIA; DERECHO A LA SALUD; CÁRCELES; CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL; JURISPRUDENCIA;
Martínez (causa nº 73253)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala 2 de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la nulidad planteada por la defensa y absolvió al hombre imputado (jueces Sarrabayrouse, Días y Morin).
1. Delitos dependientes de instancia privada. Lesiones.

“En cuanto al ejercicio de la acción penal, nuestro derecho conoce una clase de delitos cuya persecución depende de la instancia privada. Producirla es una facultad disponible para quien goza de ella, pero sólo en cierta medida: una vez que se produjo en el mundo ese presupuesto hasta entonces inexistente, libera la persecución penal estatal, sin distinción alguna, como si se tratara de un delito común, perseguible de oficio [hay nota]. [E]l art. 72, CP, establece cuáles son los delitos que ingresan en esta categoría, entre ellos las lesiones leves, culposas o dolosas, distinción que desaparece cuando median razones de seguridad o interés público”.

“Para resolver la cuestión, conviene repasar qué dijo la [damnificada] durante el trámite del caso. [La mujer] declaró en sede policial y dijo que no quería instar la acción penal. Luego, […] hay una constancia, según la cual no se presentó ni en la Oficina de Violencia Doméstica ni en el Departamento de Medicina Legal. Luego, […] declaró ante el juzgado de instrucción y reiteró su voluntad de no instar la acción penal, pese a lo que inicialmente le había referido al preventor que concurrió a su domicilio el día del hecho. Finalmente, se presentó a declarar durante el debate y, después de declarar acerca del hecho en sí, aclaró que cuando fue a la comisaría ‘…explicó todo lo que pasó pero para que quedara ahí, jamás pensó que iban a llegar a esta instancia, no pensó que lo iba a dejar en un calabozo o que lo iban a llevar esposado acá. No pensó en causar un daño semejante’…” (voto del juez Sarrabayrouse, al que adhirió el juez Morin).

2. Delitos dependientes de instancia privada. Violencia de género. Denuncia. Lesiones. Víctima.

“De la fundamentación de la sentencia no [se advierte] que el tribunal de grado haya brindado explicación plausible alguna para descartar la aplicación del art. 72, inc. 2º, CP pues, además de que la subsunción en un concurso ideal no estaba suficientemente fundada, lo cierto es que esa circunstancia, dadas las particularidades del caso y lo expresado por la [damnificada], no resultaba suficiente y se había evaporado luego del alegato de la fiscalía”.

“[E]l caso siguió adelante sin atender a la voluntad expresada por [la damnificada] y, lo que es lo más importante, tampoco [brindó] otros fundamentos que habilitaran a encuadrar el caso concreto dentro de las situaciones excepcionales previstas en el art. 72, CP, esto es, razones de seguridad o interés público. Dicho claramente: frente al cuadro descripto (manifestación expresa de la víctima de no instar la acción penal) debió explicarse por qué el Estado estaba habilitado para prescindir de su voluntad, cuestión que puede fundarse, por ejemplo en otros casos, en que la mujer se encuentra inmersa en un círculo de violencia. Sin embargo, nada se hizo ni argumentó al respecto...”.

“[P]ostular la persecución de oficio [del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo] deja de lado la posibilidad de que, con la formulación de la denuncia, la presunta víctima pueda solucionar su conflicto (por ejemplo, provocar que el agresor cese en la violencia o abandone el hogar), al menos desde el punto de vista de la mujer. Esto, a su vez, conduce a otros problemas, pues pueden presentarse casos donde se termina avanzando en contra de la voluntad de la presunta víctima, se desmaterializa la violencia y se invisibilizan los motivos por los cuales las mujeres no desean denunciar”.

“[C]on total independencia del modo en que se habían subsumido los hechos, no se explicitó ningún motivo plausible ni la sentencia explicó por qué en las particulares circunstancias del caso podía dejarse de lado el impulso de la acción penal que estaba en cabeza de la [damnificada]. De este modo, ante la ausencia de un presupuesto procesal para arribar a la sentencia cuestionada, […] corresponde su revocación y absolver [al hombre imputado] por el hecho que fue condenado” (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin).

3. Alegato. Principio acusatorio. Delitos dependientes de instancia privada.

“[S]i bien es cierto que, hasta el momento previo al inicio de los alegatos en el debate, efectivamente la pretensión punitiva del acusador en lo tocante a la calificación legal encuadraba parcialmente dentro de la categoría conocida como delitos de acción pública, la verdad es que […] la modificación [...] ocurrida en los alegatos, le abrió la puerta a la defensa para volver a cuestionar la falta de acción; de manera tal que el tribunal de juicio debió haber respondido dicha crítica mediante un análisis que determinara si efectivamente la denunciada omisión se encontraba o no configurada en este expediente...”.

“[L]a sentencia impugnada es nula en virtud de lo dispuesto por el segundo inciso del art. 404 del CPPN; ello toda vez que […] el a quo no brindó una fundamentación suficiente como para responder al pedido que oportunamente formuló la defensa en su alegato, tendiente a cuestionar la configuración de los mismos presupuestos procesales que habilitaban el ejercicio de la acción penal a la luz de la acusación que finalmente articuló la fiscalía en la audiencia de juicio oral y público” (voto del juez Días).
DELITOS DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA; LESIONES; VIOLENCIA DE GÉNERO; DENUNCIA; VICTIMA; ALEGATO; PRINCIPIO ACUSATORIO;
Yurey (Causa n°59171)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casó la resolución y homologó el acuerdo conciliatorio (juez Sarrabayrouse y jueza Llerena).
“[L]a mera oposición de la fiscalía es insuficiente para rechazar un acuerdo de conciliación […]. [L]a imputación que se dirige [al hombre imputado] no posee la inusitada gravedad que el juez a quo le asigna − se trata de la sustracción de un monopatín dejado en la vía pública−”.
“[La fiscalía] no explicó la incidencia que los antecedentes condenatorios pueden tener en un caso que presenta las características antes señaladas, dadas las condiciones personales del imputado. En este sentido, los antecedentes condenatorios no pueden ser valorados por sí solos para oponerse a la concesión de un instituto que no exige su ausencia como requisito. Por el contrario, la titular de la acción penal pública debe dar cuenta de las razones por las cuales las inconductas del pasado del imputado repercuten en detrimento de la solución alternativa al conflicto que subyace a este proceso penal. Es que no son únicamente los intereses de aquél los que están en juego sino de la persona presuntamente afectada por el delito, cuyas manifestaciones merecen ser atendidas por el órgano que tiene en cabeza la persecución estatal como así también por la jurisdicción […]. Este estándar no se satisface con la invocación de valoraciones generales e intereses difusos”.
“[D]ebe otorgarse un lugar preponderante a la posición de la víctima en cada caso; no obstante, el Ministerio Público Fiscal puede fundar su oposición en determinados casos, cuando la paz social se encuentra comprometida; o bien, cuando se trate de delitos a cuya persecución el país se obligó a través de instrumentos internacionales, como por ejemplo, la trata de personas, el narcotráfico, la corrupción funcional, entre otros. Así pues, en el caso traído a estudio, […] la oposición fiscal no se ha basado en cuestiones que trasciendan del interés de las víctimas. En primer término, el hecho imputado consiste en la sustracción, sin fuerza en las cosas ni violencia física en las personas, de un monopatín, propiedad de una empresa que, como víctima, ha prestado su consentimiento en la aplicación del procedimiento previsto en el art. 59, inc. 6, CP. Además, dadas las características del hecho, se observa que, conforme las pautas del art. 34 CPPF, se trata de un caso que configura ‘delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas…’. […] [E]n este caso en concreto, el Ministerio Público se ha opuesto sin ningún basamento legal que impida que las partes ­imputado y víctima­ lleguen a un acuerdo que concluya el conflicto suscitado entre aquellos”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; HURTO; VEHÍCULOS DEJADOS EN LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE ACCESO PÚBLICO; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
Olmedo (causa N° 7488544)Cámara en lo criminal y correccional de primera nominación de la segunda circunscripción judicial de Río Cuarto
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Cuarto, junto al jurado popular, por mayoría, reconoció a la imputada como víctima de violencia de género y la absolvió por el delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación por considerarla inimputable en virtud del artículo 34, inciso 1, del Código Penal. Por último, dispuso su inmediata libertad (juezas Emma y García y juez Varela).
1. GÉNERO. VIOLENCIA DE GÉNERO. PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER. IGUALDAD. NO DIS-CRIMINACIÓN. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINA-CIÓN CONTRA LA MUJER. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ).
“El tratamiento de los casos en los que, como víctima o victimarias, se encuentren involucradas mujeres, exige a los magistrados, sean estos técnicos o legos, un análisis con perspectiva de género. […] Analizar con perspectiva de género significa enfrentar que en nuestra sociedad existe una desjerarquización cultural de la mujer, considerar de qué manera esa desjerarquiza-ción influye en la situación traída a juicio y resolver, teniendo en cuenta los efectos de esa de-sigualdad en el caso concreto”.
“Esta desigualdad cultural se incrementa en los ámbitos privados (violencia doméstica) donde el dominio violento del hombre sobre la mujer no responde a casos aislados, patológicos o inexplicables de violencia, sino que son prácticas aprendidas, conscientes y orientadas, produc-to de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad”.
“Enfrentando esta realidad, el Estado Argentino asumió obligaciones ante la comunidad inter-nacional: suscribió y se comprometió con la Convención Sobre la Eliminación de todas las for-mas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y con de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -usualmente aludida como ‘Con-vención de Belém do Pará’ (Ley 24.632). También, asumió compromisos internos, al promover normativa propia y específica (Ley Nacional N 26.485) que eleva los estándares de protección de la mujer frente a situaciones de violencia.
Estas normas reconocen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ám-bito público cuanto en el privado y contienen obligaciones que comienzan con la prevención, con la obligación de establecer mecanismos que prevengan y eviten que las mujeres (y las ni-ñas) padezcan situaciones de violencias en cualesquiera de los ámbitos en los que desempeñen su vida.
Cuando los mecanismos de prevención fallaron, o fueron insuficientes, el Estado Argentino también se compromete a sancionar y erradicar la violencia que sufrieron las mujeres. Las au-toridades deben arbitrar cuanta norma, mecanismo o decisión sea precisa para que se protejan los derechos de la mujer. Ya frente al fracaso de la ayuda, la prevención y la erradicación, en aquellos supuestos (como el que hoy nos ocupa) en el que algunas mujeres, sumergidas en contextos de violencia lesionan a sus agresores, los compromisos internacionales (y tal vez, antes los compromisos con la verdad y la justicia) compelen a los órganos judiciales a construir el análisis de los casos desde una adecuada perspectiva de género para así reconocer fielmente los derechos de las víctimas mujeres y -al resolver- evitarles una nueva victimización en la esfe-ra institucional […].
La sensibilidad que aconseja la perspectiva de género, atraviesa todas las etapas y manifesta-ciones del proceso penal: desde la forma de adquisición y valoración de la prueba (análisis con-textual, amplitud probatoria), hasta una reinterpretación de algunos conceptos dogmáticos. Resolver con perspectiva de género significa restaurar -en la medida posible- el desequilibrio y los daños que la violencia ocasionó”.
2. VIOLENCIA DE GÉNERO. VIOLENCIA SEXUAL. VIOLENCIA ECONÓMICA. VIOLENCIA FAMILIAR. VIOLENCIA INSTITUCIONAL. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. PRUEBA. TESTIMONIOS. INFORME PSI-COLÓGICO. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
“[La imputada] fue víctima de violencia. […] Una niñez con derechos negados, cercenada por la asunción prematura de una pareja (tendría entre 12 y 13 años cuando comenzó su convivencia con quien -entonces- le doblaba la edad), sumida respecto de [P] en la dicotomía hija ([P] ejer-cía sobre ella violencias asociadas a la paternidad -le pegó a los 13 años porque no quería co-mer y potestades (tal vez fingidas), ella creía que él tenía un papel que lo constituía en su tene-dor)- esposa (experiencias sexuales prematuras, violencia sexual y una maternidad a los 16 años). Resuenan las desigualdades estructurales que marcó la PAHO en el año 2010 edad y género. Ambas se dan en la vida de [la mujer]”.
“[V]ivió en soledad situaciones de maltrato físico (algunas dejaron secuelas) que al ser vistas por los vecinos y familiares, fueron toleradas en silencio. […] El maltrato físico incluyó situacio-nes de violencia sexual relatadas por la imputada, no sólo durante la audiencia -yo no quería tener relaciones con él y yo la tenía por miedo las tenía que tener igual a las relaciones-, sino también en el ambiente terapéutico […] relató múltiples episodios de violencia - física, psicoló-gica e incluso sexual. Ni ella, ni su entorno, ni las situaciones pudieron hacer algo para frenar esta situación. […] La apropiación del cuerpo femenino como botín de satisfacción sexual del varón aparece como una manifestación elocuente de la desigualdad real y estructural de las mujeres en la protección y ejercicio de sus derechos”.
“[V]ivió situaciones de maltrato verbal y psicológico. De naturaleza más íntima, fueron percibi-das y relatadas por [su hermana], quien cohabitó con [la imputada] y [P]. Al presentarse a la audiencia de debate afirmó: en dos ocasiones escuché amenazas ‘que la iba a matar a la mierda’ … varias veces le pego delante mío … en la casa de mi padre le quiso pegar un tiro… y él también le pegaba, la amenazaba, la trataba de puta … le decía puta no vales nada, le pegó en varias ocasiones cuando ella vivía en la casa de mi papá.
En éste orden conductas de maltrato, incluyo aquellas visiones o dichos que le niegan su cali-dad de persona. Como las que manifestó el [hermano del fallecido] con su referencia perma-nente durante el debate (que no pasó desapercibida para ninguno de los jurados populares o técnicos) a que [la imputada] se le iba todos los fines de semana, …ella se le iba los viernes y le volvía los domingos a la tardecita y su esposa […] ([P], referido a la infidelidad de la [acusada]) a lo mejor lo sospechaba, decía ‘se me va todo los fines de semana’ … siempre los domingo lo encontrábamos solo con las nenas”.
“[La imputada] sufrió situaciones de violencia económica. Relató durante la audiencia que pese a que ella trabajaba, le daba a él todo su dinero para que él lo administrara, situación que de-viene, a la luz de las relaciones de dominación y subordinación que venimos relatando, creíble y compatible con el resto de los indicadores detectados por las peritos psicólogas ya en el año 2011 en el informe de 2011 había indicadores de todos estos propios de conductas de violen-cia familiar, los valoramos como de riesgo: machismo, dominantes, trastornos de celos”.
“[La acusada] sufrió situaciones de maltrato institucional, que derivaron de la invisibilización de las situaciones de violencia que sufría: Las autoridades policiales se negaron a recibir su denun-cia, la respuesta del Juzgado de Paz fue una hogarización precaria y no deseada, la respuesta final fue restituir a [la imputada] al dominio de quien la sometía a Violencia, aún desoyendo las advertencias realizadas por las peritos que se involucraron al tratar el asunto (reconociendo la existencia de violencia física de palabras de la propia [imputada] es verdad que su pareja le pegó en reiteradas oportunidades pero que siempre fue con la mano abierta y que ella le de-volvía los golpes, las discusiones comenzaban porque él traía amigos a la casa pero a la vez la celaba con ellos … de no considerarse las sugerencias es altamente probable que los episodios de violencia aumenten, situación que se agravará con el nacimiento del niño, sumado a la negativa de la joven a solicitar ayuda, ya que estas situaciones están naturalizadas en su grupo familiar […]). Todos estos hechos quedaron impunes, la indefensión de la [acusada] le impidió que sus demandas fueran reconocidas, y -finalmente- se resignó a aceptarlas”.
“Se sostiene que otro código cultural que ha mostrado un efecto prevalente en el incremento de la violencia contra las mujeres es la separación del espacio público y el espacio privado. De acuerdo con este código propio de las sociedades más patriarcales, ‘lo que pase en casa se queda en casa’, lo que quiere decir que los vecinos y la comunidad en general no tienen el per-miso social de intervenir en lo que ocurre en el interior de una familia […].
Por todo lo expuesto (que ni lejanamente agota las pruebas recibidas en el juicio y que obran en la causa y sus posibles y graves interpretaciones) el primer acto de restauración que corres-ponde a este tribunal es reconocer a […] Olmedo como víctima de violencia de género (en los términos del art. 4, de la CEDAW, artículo 1 y ss de la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de la Ley Nacional N 26485 y de la Ley Provincial 9283)”.
3. VIOLENCIA DE GÉNERO. LEGÍTIMA DEFENSA. PRUEBA. INFORME PSICOLÓGICO. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. INIMPUTABILIDAD.
“Las acciones o reacciones que las mujeres tienen, en defensa de sus derechos debe contextua-lizarse: requiere que se valore una mujer situada en ese escenario y con las consecuencias que de ello se derivan. La mujer víctima de maltrato no es una mujer media, es precisamente una mujer ubicada en un contexto específico, con características especiales derivadas de ese mal-trato y que harían desigualitario y discriminatorio que se le exija actuar negando esa realidad que la rodea […].
Las soluciones jurisprudenciales de defensa de las mujeres, transitaron -mayormente- nuevas, interesantes y justas reflexiones sobre la legítima defensa y el estado de emoción violenta. Pese a que esa es la solución en la que coincidieron el Sr. Fiscal de Cámara y la defensa técnica, no fue la acogida por el jurado popular y por el jurado técnico. Cada mujer reacciona a la violencia como puede, no existe una respuesta estandarizada y como tal, no hay una respuesta jurídica única.
Frente a la pregunta del Sr. Fiscal, como jurado, decidimos comprender a [la imputada, quien] llegó a nosotros (como jurado) con toda su historia y ese fue el motivo por el cual la reconoci-mos como víctima de violencia. […] Luego, comprendimos su historia y, frente al hecho concre-to por el que vino a juicio, valoramos que no es merecedora de una pena (de un reproche jurí-dico penal).
Consideramos probado que, en el momento del hecho, no pudo dirigir sus acciones. […] Basa-mos nuestra convicción en distintos tipos de análisis: 1- El análisis contextual […]. 2- La perso-nalidad de [la imputada] en cuanto a su dificultad para controlar sus impulsos (altamente in-fluenciada por la violencia como forma de resolución de conflictos, naturalizada). 3- La alergia sensitiva (diagnosticada a [la acusada]) que impide que un tercer observador (neutro) pondere como operaban en [ella] los estímulos. 4- La conducta que la [mujer] tuvo, al momento e inme-diatamente después, de valerse del cuchillo para lesionar al Sr. [P]. […] La inimputabilidad de una persona se define (según la fórmula del artículo 34 inc. 1 del Código Penal) en el momento del hecho”.
“El informe de la licenciada […], del año 2016 […] nos presentó a [la imputada]: inmadura con baja tolerancia a la frustración y dificultades para controlar impulsos […]. Anunció: de no consi-derarse las sugerencias es altamente probable que los episodios de violencia aumenten, si-tuación que se agravará con el nacimiento del niño, sumado a la negativa de la joven a solici-tar ayuda, ya que estas situaciones están naturalizadas en su grupo familiar.
Ya en el marco de esta causa, al momento de ser requerido su conocimiento técnico, la Licen-ciada detectó en la [la acusada] alergia sensitiva: concepto tomado para explicar la capacidad de adaptación de una persona, tanto consigo mismo como con el mundo que lo circunda que tiene sus límites... la reiteración de estímulos desagradables, nocivos, dañosos para el equili-brio psíquico, dejan un residuo subconsciente que baja paulatinamente el umbral de tolerancia o sensibiliza el organismo, explica que la reiteración de estímulos nocivos hacen que se genere gradualmente una sobrecarga emocional que puede llevar a una reacción impulsiva y de des-carga desmedida frente al mínimo estímulo, ya que trae acumulada toda la carga de los episo-dios vividos anteriormente…”.
“Entonces uniendo el análisis científico que, sobre la vida y la conducta de [la mujer], realizó la Licenciada […] ( El impulso la arrebató, no pudo detenerse a pensar ni a responder de otra manera. No actuaron sus frenos inhibitorios), con las palabras que [la imputada] dijo, inme-diatamente después, de matar al Sr. [P] resulta que el encuadre que se ajusta a lo que ocurrió ‘en el momento del hecho’, es el descripto por el inciso 1 del artículo 34 del Código Penal: La [acusada], no pudo dirigir sus acciones y es, por tanto, inimputable y -como tal- no punible”.
“La defensa ‘era mi vida o la de él’, en contextos de violencia de género son (cuando concurren las circunstancias) válidos y atendidos por el derecho. Sin embargo, no hace justicia a lo vivido por la [imputada]. Apareció, en este juicio, como una racionalización que pudo ser real. Sin em-bargo […] que se basa en nociones de autovalía y respeto a la vida de la mujer, que [la acusada] no tenía -al momento del hecho- respecto de sí misma. Era mi vida o la de él, exige un razona-miento que estuvo ausente en [la mujer] al momento de asestar el cuchillo porque ella no pudo dirigir sus acciones. No pudo instrumentar sus impulsos. Sus impulsos la actuaron.
En la causa, a cuyo debate asistimos, la fatalidad hizo por [la imputada], lo que ella no pudo hacer por sí misma. De alguna manera, su propia indefensión aprendida […], aquella que la incapacitaba para controlar su voluntad, fue la que liberó esos impulsos que -en definitiva- la pusieron a salvo de la violencia que sufría”.
4. VIOLENCIA DE GÉNERO. VULNERABILIDAD. AUTODETERMINACIÓN.
“Si [se afirma que la acusada] fue víctima de violencia de género desde su infancia y durante todo el tránsito de su relación de pareja con [P] –que inició cuando ella contaba con tan sólo 12 años-, se impone concluir que existe una asociación indisoluble entre este tipo de injuria y la pérdida de la libertad […]. Es en este contexto pues, en el cual la supremacía masculina va mi-nando la posibilidad de construir aquel ser persona antes aludido cuyo más intenso motivo es la autodeterminación. Siendo que la vida de [Olmedo] estuvo signada por el avasallamiento, no podemos afirmar que en el momento de matar a su opresor haya sido libre de elegir entre dos vidas. Aquel impulso ciego referido por la Perito Psicóloga, sumado a las circunstancias que rodearon el momento del homicidio, nos impide considerar que se trató de un acto libre, antes bien, fue la derivación necesaria de la opresión sistemática a la que fue sometida. Es que la libertad es la esencia de lo humano, su profundo sentido, y no habrá de manifestarse como tal si se cercena su ejercicio desde la etapa más crítica y vulnerable que no es otra que la infancia. Tal es el caso de la mujer que fue juzgada”.
“En este punto es preciso destacar que […] la Querella manifestó que [la mujer] pudo irse de su casa como lo hacía los fines de semana, llevando consigo a sus hijas. A ello cabe responder que pretender que la mujer se fuera y no regresara al hogar, implica atribuirle la posibilidad de elegir y, de ese modo, considerarla un ser libre…”.
GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA SEXUAL; VIOLENCIA ECONÓMICA; VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PRUEBA; TESTIMONIOS; INFORME PSICOLÓGICO; APRECIACION DE LA PRUEBA; LEGÍTIMA DEFENSA; INIMPUTABILIDAD; VULNERABILIDAD; AUTODETERMINACION;
Aguirre (causa N° 42127)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución y modificó la calificación legal por el delito encubrimiento agravado por el ánimo de lucro en concurso real con el de apropiación de cosa perdida (jueces Lucero y Rimondi).
1. Emergencia sanitaria. Situación de calle. Residencia. Vivienda. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia.
“[A]siste razón a la defensa en el sentido de que es incorrecto formularle tal imputación pues no puede afirmarse que ha violado los DNU dictados con motivo de la pandemia, ya que el aislamiento social preventivo impone a los habitantes del país el deber de ‘permanecer en sus residencias habituales’, siendo que [el imputado] afirmó desde un primer momento vivir en situación de calle y ser cartonero. Es más, esta precaria situación social fue reconocida implícitamente por la propia juez [interviniente], la que en la incidencia de excarcelación valoró en contra de la libertad que [el imputado] ‘carece de arraigo’.
De este modo, existe un salto lógico en el razonamiento de la jueza de grado ya que no explica cómo pudo haber violado todos los DNU que prolijamente enumera quien no tiene una ‘residencia habitual’ en la que permanecer. Esta laguna resta validez a la fundamentación. Por lo expuesto, […] no se ha infringido en el caso al art. 205, CP”.
EMERGENCIA SANITARIA; SITUACIÓN DE CALLE; RESIDENCIA; VIVIENDA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA;
VM (causa N° 62230)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró admisible el recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti y ministra Highton de Nolasco).
1. Restitución internacional de menores. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño.
“[E]sta Corte Suprema se ha expresado en reiteradas oportunidades acerca de la inexistencia de incompatibilidad o contradicción entre el [Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (CH 1980)] y la Convención sobre los Derechos del Niño –aprobada por ley 23.849–, en razón de que ambas propenden a la protección del interés superior del niño, principio de consideración primordial en todas las decisiones que lo atañen, sin que se presenten circunstancias excepcionales, ni la apelante aduzca razones de entidad que permitan a este Tribunal apartarse de dicho criterio […].
La citada Convención sobre los Derechos del Niño […] reconoce en su art. 3° el derecho del niño a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que se adopten y que le afecten, y en su art. 11 dispone que `1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes´” (considerando 7°).
“[E]s en ese marco que el Estado argentino ha suscripto el mencionado Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (aprobada por ley 25.358). Ambas contemplan un proceso urgente –con un marco de actuación acotado– para paliar los traslados o retenciones ilícitas de los menores de edad, en la inteligencia de que la mejor protección del interés del niño se alcanza volviendo en forma inmediata al statu quo anterior al acto de desplazamiento o retención ilícitos, a fin de que sean los tribunales con competencia en el lugar de su residencia habitual los que decidan acerca de las cuestiones de fondo, atinentes a la guarda, al cuidado personal de la niña o niño, al régimen de comunicación y a la cuota alimentaria, entre otras...” (considerando 8°).
2. Niños, niñas y adolescentes. Residencia. Interpretación de la ley.
“[R]esulta necesario, liminarmente, precisar el alcance del concepto de residencia habitual. Esta Corte Suprema ha señalado que la expresión residencia habitual que utiliza el CH 1980 hace referencia a `una situación de hecho que presupone estabilidad y permanencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda referencia al domicilio dependiente de los menores´ (conf. Fallos: 318:1269).
En la misma línea, el Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado dicha interpretación al prever expresamente que el concepto jurídico de residencia habitual al que se refieren los instrumentos internacionales en materia dedesplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad debe ser entendido como el lugar en el cual viven y establecen vínculos durables por un tiempo prolongado (conf. arts. 2613 y 2614)” (considerando 10°).
“[E]n los procesos de restitución de niños, niñas y adolescentes la determinación del lugar de residencia habitual resulta de suma relevancia pues constituye el punto de conexión con la normativa aplicable a los efectos de evaluar el derecho de custodia y así concluir si puede calificarse de ilícito el traslado o la retención por infringir tal derecho. También es el elemento que establecerá la jurisdicción ante la cual deberán, en definitiva, debatirse las cuestiones de fondo que se encuentran excluidas de tratamiento en este tipo de procesos. Por tal motivo, teniendo en cuenta que se trata de un factor de considerable entidad dentro del mecanismo de reintegro que prevé el CH 1980, debe encontrarse acreditado de manera fehaciente e indubitada.
En ese mismo orden de ideas, dada la importancia de las consecuencias que irradia su correcta determinación, no cabe tenerla por configurada a partir de un concepto de `simple residencia´. Las notas de estabilidad y permanencia que deben caracterizar a la `residencia´, deben tener necesariamente un grado suficiente de continuidad que permita otorgarle el exigido carácter de `habitual´, esto es, que habilite a concluir que en dicho lugar el niño desarrollaba con naturalidad su vida” (considerando 11°).
3. Residencia. Apreciación de la prueba. Jurisdicción. Retención y ocultamiento de menores.
“Que en dicho contexto la circunstancia de que de los tres meses y medio que duró el viaje a Europa, la niña permaneció con sus progenitores tan solo un mes y algunos días en la ciudad de Burdeos, Francia, unida a que contaba con tan solo cinco meses de edad cuando viajó a ese continente, resulta insuficiente para atribuirle la estabilidad y permanencia requeridas para considerar a dicho estado extranjero como el centro de gravedad de su vida […].
La conclusión referida no se ve alterada por la intención o el consenso de los progenitores acerca del lugar en que residiría la familia. Al respecto, en oportunidad de decidir cuestiones que guardan similitud con el supuesto de autos, este Tribunal ha señalado que para que dicho consenso pueda adquirir la concreción propia de una decisión jurídicamente relevante, debe tratarse de una clara intención compartida de trasladar la residencia, que debe ser demostrada cabalmente. La prueba debe superar el plano de una simple posibilidad, no bastando un panorama de ambigüedad…” (considerando 12°).
“[L]a ausencia de una permanencia prolongada en la ciudad de Burdeos, así como de la acreditación de una voluntad precisa, concluyente y compartida por ambos progenitores de trasladar el hogar familiar a Francia, conducen a descartar a dicha ciudad como lugar de residencia habitual y, por ende, a rechazar la solicitud de restitución requerida por no configurarse un supuesto de retención ilícita” (considerando 16°).
“[C]abe considerar que al tiempo de los hechos era este país el lugar de residencia habitual y que, en consecuencia, son nuestros tribunales los que se encuentran en mejores condiciones para resolver las cuestiones vinculadas con la niña […] que pudieran presentarse en el marco del conflicto familiar” (considerando 17°).
4. Interés superior del niño. Responsabilidad parental. Derecho a la intimidad.
“[T]eniendo en miras el principio del interés superior del niño que debe regir las decisiones que los atañen, corresponde exhortar a ambas partes, a fin de que obren con mesura en el ejercicio de sus derechos y, en particular, a que cooperen estrechamente en la búsqueda de una solución amistosa que no se oriente en la satisfacción del interés subjetivo de cada uno sino en el respeto del bienestar y la integridad de su hija menor, así como también de la relación parental −permanente y continua− con ambos progenitores, que no puede verse lesionada por decisión unilateral de uno de ellos.
Asimismo, ante la existencia de notas periodísticas en diversos portales de internet que exponen hechos o circunstancias de la vida de la niña N. L. S. V. y de la disputa familiar que en autos se trata, a los efectos de evitar agravar el conflicto generado, corresponde instarlos a que se abstengan de exponerla públicamente –por cualquier medio– a fin de resguardar su derecho a la intimidad” (considerando 19°).
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESIDENCIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; APRECIACION DE LA PRUEBA; JURISDICCIÓN; RETENCIÓN Y OCULTAMIENTO DE MENORES; RESPONSABILIDAD PARENTAL; DERECHO A LA INTIMIDAD;
Barbosa Ramirez (Causa n° 63730)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró la nulidad de la detención y sobreseyó al imputado (juez Pinto y jueza Laiño).
1. Detención de personas. Procedimiento policial. Nulidad. Interpretación de la ley.
“En el caso no se verifican datos objetivos que hubieran habilitado al funcionario policial a interceptar [al imputado]…”.
“La situación fáctica […] no permitía inferir, objetiva y razonablemente, que los nombrados estuvieran en alguna situación que hiciera suponer que habían cometido un hecho ilícito, o que hubieran sustraído las bicicletas o recibido conociendo su origen espurio. Se desprende sin mayor esfuerzo de las constancias del expediente la ausencia de circunstancias previas y/o concomitantes que justificaran el requerimiento policial. No existía ninguna ‘circunstancia debidamente fundada’ que habilitara a detener la marcha de los ciclistas, solicitarle que se identificaran, en cuyo contexto [el imputado] manifestó que no poseían comprobante de alquiler y que las habían encontradas tiradas en la plaza […], para finalmente proceder a su detención y requisa”.
“[L]a determinación del preventor no encuentra siquiera fundamento en la denominada ‘causa probable’ que regulan los artículos 284 y 285 del Código Procesal Penal de la Nación, para sospechar la existencia de una presunta actividad ilícita por parte de los conductores de las ‘Ecobicis’, media una ausencia total de elementos de contexto que permitan considerar legítimo aquel accionar. Elementos que ciertamente no puede ser suplidos a través de una motivación ex post.
Cabe tener presente que el estado de sospecha no puede proceder de un instinto subjetivo del funcionario policial (el llamado ‘olfato policial’), sino que debe obedecer a circunstancias razonables y objetivas, debidamente explicitadas, en función de que permitan su posterior control de legalidad por parte del órgano judicial”.
2. Detención de personas. Requisa. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[R]ecientemente sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que: ´[…] la inexistencia de una obligación posterior de justificar un registro o una requisa con independencia de los resultados obtenidos por la misma, generaron un espacio amplio de discrecionalidad que derivó en una aplicación arbitrarias de las facultades en cabeza de las autoridades policiales, lo cual además fue avalado mediante una práctica judicial que convalidó dichas detenciones sobre la base de criterios generales como la prevención del delito o ex post por las pruebas obtenidas […]´ [‘Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina’] ….”.
“[C]on el criterio expuesto no se pretende acotar la posibilidad policial de ejercer las facultades de prevención que les son inherentes, más ello cede cuando se vulnera decididamente alguna garantía constitucional, caso que sí ocurre en las presentes actuaciones, lesionando así, lo consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional…”.
3. Procedimiento policial. Nulidad. Regla de exclusión. Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[Corresponde] anular las actuaciones desde la detención de los nombrados y de todo lo obrado en consecuencia. Ello así en base a la doctrina fijada a partir del caso [‘Rayford’], mediante la cual la Corte ha establecido que si en el proceso existe un sólo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél…”.
“[L]a presente investigación se inició y estructuró -exclusivamente- a partir del procedimiento […] inválido por lo que al no existir una vía independiente para continuar con la investigación corresponde sobreseer [al imputado]…”.
“[El preventor] previo a realizar la interceptación en la vía pública del imputado no se encontraba en presencia de un delito. Sólo se acercó por una referencia general vinculada a la comisión de delitos relacionados con la sustracción de bicicletas del gobierno de la ciudad, pero no describió en forma precisa o particularizada circunstancias específicas que le permitieran considerar que podría estar en concreto en este caso en la posible comisión de un delito”.
“[L]uego de la interceptación y la detención surgieron en forma concomitante a partir de los dichos del afectado su posible vinculación con un delito, pero lo cierto es que la detención no estaba motivada. Por lo cual, de acuerdo a los precedentes […] como ser lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (voto del Juez Petracchi en la causa ‘Fernández Prieto’), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede convalidarse la detención, por cuanto el agente estatal no brindó un detalle específico de las razones que justificaron la restricción a la libertad del afectado”.
DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO POLICIAL; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; REQUISA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; REGLA DE EXCLUSIÓN; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
Olivera Róvere (causa N° 14216)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inoficioso el pronunciamiento respecto del imputado que había fallecido, declaró procedente la impugnación en relación a los demás y dejó sin efecto la sentencia apelada (ministra Highton de Nolasco y ministros Maqueda y Rosatti). 1. Cuestión federal. Sentencia condenatoria. Deber de fundamentación. Debido proceso. Derecho de defensa. “[S]i bien el modo de emitir el voto de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de las sentencias, son cuestiones de naturaleza procesal y ajenas, en principio, a la apelación del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción cuando el alegado vicio procedimental afecta la certeza jurídica de las sentencias, entendida como expresión final del derecho a la jurisdicción, así como el amparo del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio, todos ellos consagrados en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional” (considerando 3°). 2. Tribunales colegiados. Mayoría. Deber de fundamentación. “[E]n los sistemas judiciales de magistratura profesional, la adecuada prestación del servicio de justicia supone que el justiciable pueda conocer de manera acabada, explícita y sencilla las razones por las cuales se decidió el caso que lo involucra, máxime cuando la sentencia contraría su pretensión. En el caso de los tribunales pluripersonales, este deber general de los jueces profesionales importa la necesidad de asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus decisiones. De lo contario, se corre el riesgo de incurrir en el absurdo de suponer que, para impugnar, sean las partes del proceso quienes deban escoger cualquiera de los fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión, es decir, que sea el propio recurrente quien le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo” (considerando 5°). “[L]as sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos […].De tal modo, la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada […]. [U]na sentencia cuenta con mayoría aparente, si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a los fallos judiciales […] o aquellos con fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito, en tanto ello lesiona el derecho de defensa en juicio…” (considerando 6°). “[L]os magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe –cuanto menos– a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo. Sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad. Dicho de otro modo: no basta con el nudo imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva para dar validez y fijar los alcances de un pronunciamiento si este se asienta en motivaciones lógicamente desconectadas y/o sustantivamente inconciliables” (considerando 8°). 3. Recursos. Recurso de casación. Expresión de agravios. Mayoría. Deber de fundamentación. “[L]a responsabilidad de juzgar las cuestiones sometidas a su conocimiento impone a los magistrados la obligación de pronunciarse sobre todos aquellos puntos comprendidos en el pleito que resulten conducentes a su decisión, es decir, aquellas cuestiones que se estimen necesarias para el dictado de la sentencia […]. En definitiva, la conformación de un acuerdo mayoritario que idóneamente exprese el razonamiento lógico seguido para arribar a la solución del caso, constituye un deber propio de los magistrados que componen este tipo de tribunales colegiados, dirigido a cumplir con la obligación genérica de resolver, en forma válida, las cuestiones sometidas a su conocimiento” (considerando 9°). “[E]l análisis de sendos votos no evidencia una concordancia sustancial de opiniones dirimentes en las que se funde la decisión adoptada. En otras palabras: no ha existido una mayoría real de sus integrantes que sustente las conclusiones del pronunciamiento…” (considerando 10°). “[D]e todo lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida no ha sido adoptada con mayoría sustancial de argumentos, requisito indispensable para su validez, por lo que resulta admisible la tacha de arbitrariedad y corresponde hacer lugar a su descalificación” (considerando 11°).
CUESTIÓN FEDERAL; SENTENCIA CONDENATORIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; TRIBUNALES COLEGIADOS; MAYORÍA; RECURSOS; RECURSO DE CASACIÓN; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS;
Farfan (causa N° 24003)Juzgado de Minas de la provincia de Salta
El Juzgado de Minas de la provincia de Salta hizo lugar a la acción de manera parcial y ordenó a la provincia de Salta que diera cumplimiento con las medidas colectivas de acción positiva. Además, dispuso que se extendieran en el tiempo hasta tanto se adoptasen las medidas reglamentarias por parte del Poder Ejecutivo provincial para dar cumplimiento a las mandas constitucionales y convencionales de igualdad y no discriminación de género respecto de las mujeres que se desempeñaban como agentes del Servicio Penitenciario con situación de revista (jueza Mosmann).
1. Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. Procesos colectivos.
“Si bien podría afirmarse que la cuestión debatida en autos requiere una vía de conocimiento ordinaria […], y que sería deseable que el legislador provincial regule el trámite de los procesos colectivos que no discurran –por su complejidad– por la vía de amparo, mora que ha sido destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente `Halabi´, y también […] en el antecedente […] dictado en los autos `Usuarios y Consumidores Unidos (U.C.U.) Delegación Salta vs. Autoridad Metropolitana de Transporte y SAETA S.A. s/ Amparo Colectivo´[…], donde [se afirmó] que la falta de regulación de los procesos colectivos en la provincia de Salta hace que los litigantes opten por la vía de amparo, por ser esta una vía procesal que admite su adecuación a las necesidades del proceso conforme a una recta interpretación de la Constitución […], sin que la mora legislativa para regular el especial cause que requieren los procesos colectivos pueda implicar, o convertirse, en una negación del acceso a la justicia de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, los que resultan plenamente operativos […], [se mantiene] lo allí dispuesto sobre la admisión de la vía de amparo aun en los casos que –como el presente– requieren una tramitación que supera los cauces propios y típicos del amparo, mientras perdure la falta de regulación de los procesos colectivos, y en virtud del principio pro actione…”.
“[R]emitir el caso a la conclusión del procedimiento administrativo importaría una solución meramente ritual reñida con un adecuado servicio de justicia”.
2. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“La palabra género se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociados con ser hombre y mujer y las relaciones entre hombres y mujeres. Estos atributos, oportunidades y relaciones son socialmente construidos y se aprenden a través de los procesos de socialización y cambian en el tiempo. El género determina lo que se espera, permite y valora en una mujer o un hombre en un contexto sociocultural dado, generándose diferencias en las responsabilidades, y oportunidades de toma de decisiones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso `González y otras (`Campo Algodonero´) vs. México´ […] consideró que el estereotipo de género `se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado […], es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer´”.
3. Empleo público. Ascenso. Actos discriminatorios.Facultades discrecionales.
“Sostienen las accionantes que, en la labor profesional que desarrollan en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta se ha impuesto lo que se ha dado en llamar un `techo de cristal´, por el que las trabajadoras no logran acceder a los puestos de mayor rango, jerarquía y nivel de decisión; no cuestionan las posibilidades de ingreso a los puestos de trabajo en el mencionado Servicio, pero sí la existencia de una práctica, no explícita, por la cual no se permite a las mujeres lograr el ascenso a los cargos más altos. El reclamo es referido entonces a una discriminación cualitativa y no cuantitativa respecto de las mujeres”.
“Es evidente que el problema no es el denominado suelo pegajoso (sticky floor) que dificulta el acceso a los primeros niveles de carrera, sino que –tal como lo reclaman las actoras–, es el acceso a los puestos más altos en la carrera del Servicio Penitenciario, esto es la Plana Mayor, lo que se ve obstaculizado para las trabajadoras del Servicio Penitenciario ya que se encuentran ocupados por hombres exclusivamente”.
“[S]urge del ordenamiento normativo vigente en la provincia que los cargos de Director General y Sub Director son designados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, y que los cargos que componen la Plana Mayor son elegidos también discrecionalmente por quien ocupe el cargo de Director General. No es en estos casos la capacidad o mérito demostrado ante las instancias de evaluación o calificación previstas en la ley orgánica lo que define la selección, sino la sola decisión tomada por quien tiene la potestad decisoria para ello, respecto de la cual se puede afirmar como dato objetivo emergente de la prueba producida, que no ha recaído nunca en una mujer hasta el momento en que se inició este proceso.
Esta situación prolongada a lo largo de `toda la historia del Servicio Penitenciario de Salta´ […], es demostrativa de la discriminación de género a la que han sido sometidas las mujeres en este ámbito de la función pública, circunstancia que alcanza el estándar probatorio requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente `Sisnero´, en tanto habiéndose probado el aludido hecho objetivo correspondía a la Provincia demandada demostrar el motivo objetivo y razonable para la selección realizada, lo que no ocurrió, ya que la defensa se limitó a sostener que se han realizado siempre las selecciones –de hombres– sobre la base de una facultad discrecional”.
“[E]s demostrativo de la discriminación operada para el ascenso a los cargos superiores, el hecho de que hasta los primeros días de diciembre de 2019 no existía personal femenino ocupando el grado de prefecto, ni de prefecto mayor. Dicha circunstancia también incide de modo directo en la conformación de las Juntas Calificadoras […], ya que ellas se integran con personal de mayor jerarquía o antigüedad que el personal a considerar, motivo por el cual, al no existir mujeres con dichos cargos, tampoco pueden ocupar lugares en las Juntas Calificadoras, estado de cosas que muestra una arraigada práctica que impide el ascenso a los cargos más altos a las mujeres que conforman el Servicio Penitenciario”.
4. Género. Igualdad. No discriminación. Derechos de incidencia colectiva.
“[L]a perspectiva de abordaje institucional debe estar cruzada por la realidad de los múltiples actores sociales interesados: víctimas, reclusos, familiares, funcionarios, es decir una realidad atravesada por relaciones humanas de diversos géneros y no solo signada por una mayoría masculina, que a la postre se espera reconstruya un vínculo resocializador y plural con la comunidad que espera vivir en paz y fraternalmente”.
“[S]e muestra necesario incorporar de modo estructural una perspectiva aún hoy inexistente en el Servicio Penitenciario, perforando el techo de cristal existente, modificando las prácticas cotidianas hacia dentro del sistema para con las internas y con las agentes penitenciarias, y hacia afuera para con las victimas y los familiares de todos las y los penados.Si bien no todos los procesos colectivos tienen efectos estructurales, sí puede afirmarse que los conflictos estructurales tienen efectos colectivos, y en el presente caso concurren ambos efectos, en tanto se ha visto afectado un colectivo de mujeres, y la práctica que provoca tal lesión requiere una solución estructural para lograr el restablecimiento y la vigencia plena del derecho invocado a través de la disposición de medidas de acción de positiva…”.
ACCION DE AMPARO; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; PROCESOS COLECTIVOS; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; EMPLEO PÚBLICO; ASCENSO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; FACULTADES DISCRECIONALES; IGUALDAD;
González Nieva (causa Nº 4490)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia impugnada y absolvió al imputado (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Prueba. Apreciación de la prueba. Debido proceso. In dubio pro reo.
“[T]al como se alega en el remedio federal, y se comprueba del examen de las piezas procesales pertinentes, tanto para rechazar los distintos planteos realizados en el marco de la defensa material y técnica de […] González Nieva, como para tener por acreditada su participación en estos sucesos, dictar sentencia condenatoria y convalidarla, los tribunales intervinientes en las distintas instancias esgrimieron una serie de argumentos que […] resultan incompatibles con el debido proceso, la defensa en juicio y, en definitiva, el in dubio pro reo.
Ello así porque ‘…respecto de la valoración de la prueba realiza una construcción argumental apartándose de las constancias de la causa; […] desatiende prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia y…convalida un doble estándar de valoración probatoria en desmedro de dichos principios cuando efectúa un análisis parcial y sesgado del cúmulo probatorio oportunamente valorado por el tribunal de grado’ (Fallos: 342:2319, considerando 9°)” (considerando 4°).
2. Reconocimiento fotográfico. Reconocimiento impropio. Identificación de personas. Prueba. Apreciación de la prueba. Notificación. Derecho de defensa.
“[E]l tribunal oral tuvo especialmente en cuenta que el acusado había sido identificado ‘categóricamente’ en un reconocimiento fotográfico realizado, en sede policial, por el testigo […], a menos de dos meses del episodio, y ratificado en el juicio oral. Según el tribunal, [el testigo] fue ‘terminante’ al sindicar a González Nieva como uno de los miembros de la banda que había perpetrado el robo y como el autor del disparo que ocasionó la muerte de [la víctima].
[…] Tanto el tribunal de mérito como el revisor, en criterio convalidado por el a quo, rechazaron [los] reproches [de la defensa], aduciendo que no se trataba de un acto irreproducible y que no se había demostrado el perjuicio que la omisión de la adecuada notificación hubiera ocasionado al imputado y a su defensa. […] Estos criterios, en una prueba de cargo decisiva -casi única- y en el contexto de las cuestiones que se desarrollarán en los siguientes considerandos, no pueden ser admitidos por esta Corte, por entender que se fundan en una concepción que vacía de contenido el derecho constitucional de defensa en juicio” (considerando 5°).
“Por un lado, resulta pertinente invocar las consideraciones efectuadas en Fallos: 329:5556 (‘Benítez’) en cuanto a que, en este caso, a riesgo de desnaturalizar el derecho de defensa ‘no es posible partir del presupuesto –implícito en el razonamiento del a quo- [en cuanto a que] dicho contralor resulta ´ex ante inidóneo para lograr, al menos, echar alguna sombra de duda sobre un cuadro probatorio suficiente´’.
Por otro lado y en particular, lo resuelto desatiende distintos estándares recogidos en Fallos: 329:5628 (‘Miguel’) donde, por un lado, se entendió objetable que se valorara como prueba dirimente de cargo un reconocimiento impropio realizado en inobservancia a la ley procesal, pese a estar reunidos los extremos que permitían la localización del imputado para la producción de una rueda de reconocimiento de personas, supuesto que esta Corte advierte que también se verifica en este caso, en tanto González Nieva ya había sido sindicado en el legajo por la policía con anterioridad al reconocimiento fotográfico.
Por su especial correspondencia con el sub judice, cabe también recordar la doctrina del citado precedente, en el que se efectuó una importante consideración vinculada a la directa relación entre el cumplimiento de la reglamentación procesal que prescribe el modo en que deben llevarse a cabo esta clase de medidas y el derecho de defensa, al afirmarse que ‘…las exigencias incumplidas no revisten el carácter de meras formalidades sino que, desde la perspectiva del derecho de defensa, configuran requisitos estrechamente ligados a la seguridad de la prueba de reconocimiento, toda vez que tanto la rueda de personas como el interrogatorio previo a los testigos que han de practicarlo constituyen verdaderas válvulas de garantía que operan en favor de la exactitud, seriedad y fidelidad del acto en la medida en que tienden a disminuir las posibilidades de error a fin de resguardar la sinceridad de la identificación’ (considerando 9°).
En el mismo fallo, esta Corte Suprema destacó que el incumplimiento de las exigencias formales dirigidas a resguardar el derecho de defensa del imputado adquieren ’sustancial relevancia’ cuando el cuestionado reconocimiento impropio se erige en la prueba por excelencia -o prácticamente exclusiva- para fundar la atribución de culpabilidad respecto del acusado (considerando 8°), en especial ante la existencia de indicios concordantes que apuntan en dirección opuesta (considerando 10), aspectos que […] resultan plenamente aplicables a la situación de González Nieva en el sub examine” (considerando 5°).
3. Reconocimiento fotográfico. Identificación de personas. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Deber de fundamentación.
“Para afirmar la suficiencia del reconocimiento fotográfico, el tribunal oral destacó que el acta policial correspondiente había sido ratificada por el testigo […] en el juicio, no obstante lo cual omitió completamente mencionar que, al hacerlo, el testigo negó haber aportado ciertos detalles relativos a la descripción física del atacante que se encontraban asentados en el acta; en lo que se revela como una valoración sesgada del testimonio que convalidó una afirmación tendiente a corroborar la hipótesis de cargo y desatendió a aquella que la ponía en entredicho.
Asimismo, se omitió analizar otra aclaración del testigo cuando, en referencia al reconocimiento fotográfico, destacó ‘que las fotos que le exhibieron fueron tres, de fisonomías muy distintas’ […]. Esta circunstancia no podía ser obviada por el juzgador al momento de sopesar el valor convictivo del reconocimiento por fotografías realizado por [el testigo], y exigía -cuanto menos- algún desarrollo adicional del tribunal que justificara el peso probatorio que se le terminó asignando a este elemento de cargo. Del mismo modo, se excluyó todo análisis respecto al hecho de que ninguno de los testigos presenciales identificara a […] González Nieva en los reconocimientos en rueda de personas que se practicaron durante la instrucción del caso, ni tampoco en la sala de audiencias en la que se llevó a cabo el juicio oral y público […], circunstancia que cobra especial importancia por encontrarse incluido entre ellos, justamente, el testigo […].
Al respecto, el tribunal oral consideró resguardado el derecho de defensa por la sola circunstancia de haberse ordenado y realizado nuevos reconocimientos respecto de González Nieva, y no estimó relevantes sus resultados negativos, desestimando el hecho que el testigo […] no hubiera reconocido al encausado al verlo personalmente ni en el reconocimiento formal en rueda de personas, ni en la sala de audiencias durante el juicio. Se aseveró que esas circunstancias no invalidaban el primer reconocimiento fotográfico. Así, la única medida de prueba que culminó con un señalamiento a González Nieva resultó ser aquella realizada sin contradictorio ni control de las partes […].
Resulta claro que este temperamento no puede ser admitido por esta Corte, dado que se funda en razonamientos arbitrarios y, sustantivamente, en una concepción difícilmente compatible con la presunción constitucional de inocencia. En este punto, se verifican en el sub examine circunstancias análogas a las ponderadas por este Tribunal en Fallos: 339:1493 (‘Carrera’) al acoger las quejas de la parte por las que se agraviaba de que se convalidara una condena cuando, frente a las lagunas que presentaba la reconstrucción de los hechos, o bien, ante elementos de prueba ambivalentes, en todos los casos, decidió las dudas en contra de la hipótesis de descargo.
[L]os resultados contrarios a la hipótesis de cargo han sido desestimados con argumentos inadmisibles y, además, se ha prescindido de analizar las razones que fundaron la necesidad de realizar el segundo reconocimiento (en rueda de personas) o el tercero (en sala de juicio), cuyo análisis era necesario incluso en el supuesto en que se le hubiera querido asignar mayor fuerza convictiva al primer reconocimiento (por fotografía)” (considerando 6°).
4. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Debido proceso. Derecho de defensa. In dubio pro reo. Principio de igualdad de armas.
“[A] las severas falencias en la argumentación en torno a la valoración del mentado reconocimiento fotográfico, cabe agregar la circunstancia de que el resto de la evidencia producida en el debate no solo no refuerza su peso convictivo, sino que, por el contrario, se lo resta. [N]o se obtuvo prueba forense que vincule físicamente a González Nieva con los hechos de la condena, ni tampoco pudo establecerse vinculación entre las personas identificadas como miembros de la banda que cometió el robo y el encartado González Nieva. Así lo declararon todos los preventores […] y lo destacó uno de los coimputados […], quien negó conocer a González Nieva. [A]simismo, tanto los descargos realizados por González Nieva, como la prueba testimonial producida en su favor que los avalaban, fueron descartados en la sentencia de mérito […] con base en fundamentos que, en su propia formulación, son inadmisibles por ser directamente contrarios a las fundamentales garantías del in dubio pro reo y defensa en juicio” (considerando 8°).
“Por otro lado, la circunstancia invocada para restar credibilidad a estos testimonios -esto es, que inicialmente fueron prestados ante escribano público- soslaya la circunstancia de que ambos testigos declararon también ante las autoridades judiciales bajo juramento y de conformidad con las reglas que rigen este tipo de medio probatorio. Finalmente, tachar estos testimonios de ‘interesados’ por la sola razón de haber sido ofrecidos por la defensa, no puede en modo alguno constituir un ‘elemento fundante válido’ en el marco del paradigma constitucional vigente. En efecto, semejante preconcepto implica, ni más ni menos, privar de razón de ser y de toda eficacia a la garantía de defensa en juicio reconocida por el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto establece que ‘es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos’. Además, ello importa, también, convertir en letra muerta las previsiones específicas del artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…” (considerando 9°).
“Asimismo, debe remarcarse que el criterio aquí criticado por tornar vacuo el ejercicio de una garantía constitucional tan fundamental también debe ser enérgicamente censurado porque, al dejar inerme al imputado para poder resistir eficazmente la acusación, atenta contra ‘…el ‘principio de igualdad de armas’ que, como parte del derecho al debido proceso y a la defensa en juicio, asiste a toda persona inculpada de delito (arts. 8.2. del Pacto de San José de Costa Rica y 14.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)’ (Fallos: 328:3233)” (considerando 9°).
5. Declaración indagatoria. Culpabilidad. Derecho de defensa.
“[A]simismo, por necesaria derivación de las consideraciones expuestas en el anterior considerando, debe también reprobarse que […] se fundara la condena de González Nieva sosteniendo que constituía indicio de cargo ‘…el de mendacidad, negando el hecho ante prueba tan directa que lo compromete’. Ello, toda vez que configura un argumento circular y de una lógica inaceptable, al considerar como elemento de cargo los dichos del encausado González Nieva al mantener su ajenidad al hecho atribuido.
En efecto, constituye un despropósito lógico y nunca puede ser un argumento válido para atribuir culpabilidad, que el juez considere mendaz los dichos de un imputado que se limita a negar toda participación en los hechos atribuidos, alegando su inocencia. No se trata de premiar la mentira de un encartado sino de asumir que la tacha de mendacidad exige la existencia de una decisión apriorística de culpabilidad basada en pruebas, impidiendo que la misma aseveración del encausado opere como premisa y conclusión de un mismo razonamiento” (considerando 10°).
6. Procedimiento policial. Extorsión. Revisión judicial. Derecho de defensa.
“[C]abe recordar que […] efectivos policiales que tuvieron un rol central en la instrucción del caso […] se encontraban detenidos y bajo proceso por distintos hechos delictivos que involucraban la adulteración y manipulación de información y pruebas en sus investigaciones policiales y la fabricación de imputaciones con fines extorsivos, entre otras cuestiones. [E]l propio González Nieva declaró ante los jueces sentenciantes que el policía […] le había exigido que le entregara su automóvil […] y que su negativa había contribuido a mantenerlo imputado y detenido […]. [R]esultaba imperativo que el tribunal de mérito analizase el planteo de la parte, atendiendo al grave contexto de irregularidades que afectaba la legitimidad del proceso…” (considerando 13°).
“Así las cosas, y a los efectos de impedir la vulneración de la garantía contenida en el artículo 25.1 de la CADH, es preciso que el juzgador, cuando se enfrenta a la sospecha fundada de algún vicio sustancial en el origen o producción (fuente) de un elemento probatorio (medio) -y, en especial, cuando en el vicio sospechado se vislumbra una posible o alegada violación de los derechos fundamentales- no se limite a analizar el cumplimiento de los aspectos formales establecidos en la normativa procesal aplicable, sino que procure descartar la posible existencia de tal vicio a efectos de que tal elemento pueda tener validez y eficacia probatoria en el proceso penal. Asimismo, y en aras de salvaguardar el derecho de defensa del imputado, este análisis efectuado por el juzgador debe ser reflejado en una decisión motivada, ya sea durante el proceso o en la propia sentencia de mérito” (considerando 14°).
7. Revisión judicial. Deber de fundamentación. Arbitrariedad.
“[L]os deberes y principios aquí mencionados también fueron incumplidos por el tribunal de casación, en cuanto convalidó el decisorio de mérito por entender que ‘…ninguna conclusión incriminante’ se había extraído de los testimonios del personal policial […], desconociendo las implicancias de la actuación policial conforme las constancias del caso.
[…] En el contexto de las particulares circunstancias del sub judice, el adecuado cumplimiento del citado estándar conllevaba analizar en profundidad el modo en que el tribunal de mérito había tratado –o, en el caso, soslayado tratar- los serios y concretos indicios vinculados a irregularidades que, se denunció, habían tenido lugar durante la instrucción, circunstancias en que la defensa afirmó su alegato de ‘causa armada’, y que oportunamente planteó ante el tribunal de casación” (considerando 15°).
“[L]a Suprema Corte provincial hizo propias las ostensibles deficiencias argumentativas de los decisorios del tribunal de mérito y de casación y, al amparo de un excesivo rigor formal y con base en expresiones dogmáticas y sin contenido, desatendió los antecedentes que hacen a la cuestión fáctica sustancial de la causa y el adecuado estudio de elementos conducentes obrantes en la misma. En tales condiciones, el pronunciamiento apelado exhibe graves vicios de fundamentación que lo descalifican como un acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia” (considerando 16°).

PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DEBIDO PROCESO; IN DUBIO PRO REO; RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO; RECONOCIMIENTO IMPROPIO; IDENTIFICACION DE PERSONAS; NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; PRUEBA TESTIMONIAL; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; DECLARACIÓN INDAGATORIA; CULPABILIDAD; PROCEDIMIENTO POLICIAL; EXTORSIÓN; REVISION JUDICIAL; ARBITRARIEDAD;
GRE (causa N° 303)Superior Tribunal de Justicia de Chubut
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar al recurso, revocó la sentencia apelada y fijó el aporte alimentario del Sr. G. en la suma de $ 2500 más la cobertura de la obra social (jueces Vivas y Panizzi).
1. Divorcio. Alimentos. Vulnerabilidad. Interpretación de la ley.
“El cuerpo normativo actual apunta a que, luego de la ruptura del matrimonio, cada uno de los cónyuges desarrolle las estrategias necesarias para su propio sostenimiento en el nuevo proyecto de vida que emprenda, sin depender `económicamente´ del otro. Naturalmente, ello no quiere decir que se propicie un abandono del esposo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sino que se deben garantizar las herramientas para evitar que se configure esa desigualdad, quedando la prestación de alimentos reservada sólo a supuestos absolutamente excepcionales que se encuentran expresamente previstos por la ley. Estas excepciones configuran un mínimo de prestaciones que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con situaciones de vulnerabilidad de las personas…”.
“[E]l inciso b) del artículo [434 del Código Civil y Comercial de la Nación], que se refiere a las prestaciones alimentarias posteriores al divorcio a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidades reales razonables de procurárselos, establece que a tal fin debe tenerse en cuenta la edad, el estado de salud, la capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos y la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar.
A fin de evaluar las pautas que la norma manda a tener en cuenta, se ha dicho que no tienen otro propósito que orientar al juez para la determinación real de la necesidad invocada y el monto de alimentos que resulta indispensable establecer, por ello la enumeración funciona a título enunciativo; y que, además, en virtud de la permanente preocupación por alcanzar la verdad real que subyace en los procedimientos de familia, podrán valorarse las circunstancias que se consideren pertinentes para obtener una solución conforme a derecho y a los principios de equidad […].
Cabe agregar que evaluar la edad y el estado de salud de quien solicita los alimentos va a permitir indagar respecto a las necesidades relacionadas a los gastos médicos o en medicamentos que regularmente el estado de salud de una persona de edad avanzada puede demandar; además de considerar, si cuenta con la cobertura de obra social u otro medio que permita paliar las consecuencias de la edad avanzada o de un estado de salud deteriorado.
En lo que respecta a la capacitación laboral y las posibilidades de acceder a un empleo se requiere valorar las reales posibilidades de quien solicita la prestación alimentaria. No sirve la valoración abstracta de una potencialidad sino las posibilidades efectivas de acceder a un empleo remunerado que le permita abastecerse.Y finalmente, la atribución de la vivienda familiar resulta, también una pauta de valoración para determinar –en su caso– la cuantía de la prestación alimentaria, por tratarse de uno de los rubros más importantes que la componen”.
2. Arbitrariedad. Perspectiva de género. Apreciación de la prueba.
“[L]a recurrente ha logrado acreditar el estándar que exige la doctrina de la arbitrariedad, puesto que se resolvió el caso con total prescindencia de las circunstancias particulares de la causa y en base a una errónea interpretación de la norma aplicable, por omitir juzgar con la imperativa mirada de género…”.
“En un sentido opuesto al decisorio en crisis, [se considera] que el material probatorio con el que contaban las sentenciantes […] imponía realizar un recorrido por la historia vital de la Sra. M. para verificar si existían aspectos vinculados al género que la pudieran atravesar; y ante el caso de ser detectados, intervenir en pos de revertir la situación de desigualdad que pudiera presentarse. Pese a las evidencias probatorias, nada de ello avisoró el Tribunal”.
3. Prueba. Apreciación de la prueba. Violencia de género.
“Otro elemento de prueba relevante, del que tampoco se podía prescindir, es el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que hace perceptible que la Sra. [M.] vivencia este proceso de cesación de alimentos, como la exposición a una nueva situación de violencia que la obliga a transitar o revivir hechos pasados que la colocan nuevamente `en un lugar de vulnerabilidad, imposibilidad y dependencia que excede lo ventilado en autos´.
En relación al aporte alimentario en sí, la profesional del ETI es contundente al concluir que la organización económica de la Sra. […] se vería afectada seriamente al cesar el aporte de la cuota alimentaria, por no contar con mayores recursos para propiciarse otros ingresos que redunden en una mejora de su calidad de vida.Por otra parte, y en sintonía con este informe; cobra importancia considerar, que el proceso de divorcio vincular de las partes brinda información respecto a que el vínculo matrimonial estuvo signado por la violencia física y psicológica del marido respecto a la esposa; y que ello, a la postre determinó, incluso, que se dictara la sentencia de divorcio con fundamento en la causal de injurias graves del esposo”.
4. Alimentos. Interpretación de la ley. Carga de la prueba. Vivienda.
“Enfocados estos elementos trascendentes del caso con la normativa que lo regula, [se advierte] de inmediato, que se efectuó una errónea interpretación del art. 434 del CCyC que consolida la arbitrariedad alegada, toda vez, que se le atribuye un carácter excepcional y restrictivo, con la inversión de la carga de la prueba a cargo de la alimentada –a punto tal– que se indicó, expresamente, que solo debían realizar una comprobación de los datos objetivos del caso a fin de verificar si la alimentada estaba o no incluida en los supuestos previstos en los incisos a) o b) de dicho artículo (sic).
En rigor de verdad, en el contexto expuesto y con las particularidades que presenta el caso, no puede válidamente sostenerse que la recurrente `desarrolle tareas remuneradas´ con tal contundencia y como único elemento de ponderación para definir el cese del aporte alimentario, con las consecuencias que ello implica para la beneficiaria. Tampoco es posible, no tomar en consideración, que con las exigencias del mercado de trabajo actual –que son de público conocimiento– la Sra. [M.] tenga posibilidades reales de acceder a un puesto de trabajo con un ingreso estable que le permita sustentarse por sí misma.Y finalmente, resulta irrazonable merituar que por tener satisfecha la necesidad de la vivienda […] no tenga la necesidad de afrontar […] el pago de un canon locativo, y que ello sume al razonamiento que propicia el cese de la cuota alimentaria.
En este aspecto, [se entiende] que la circunstancia de no contar con recursos suficientes, no se modifica con el hecho de que tenga garantizado su derecho a la vivienda. Es que, la cobertura de tan significativo derecho humano, no debe tomarse como un parámetro que le niega el acceso a otro derecho humano tan relevante como aquél, como lo es el derecho a los alimentos de primera necesidad por su situación de vulnerabilidad”.
5. Igualdad. Violencia de género. Estereotipos de género. Reglas de Brasilia.
“En definitiva, el análisis hasta aquí efectuado, no hace más que poner en evidencia que se sentenció al margen de los derechos en juego y de los principios que informan al instituto en cuestión. El caso, indefectiblemente, debió tener anclaje en los principios de igualdad (real de oportunidades) de rango constitucional y de solidaridad familiar […]; y sobre, la base esencial que ante la situación de violencia que vivenció la Sra. [M.] por muchos años […] el fallo debió estar despojado de estereotipos de género (por ser el único camino para superar las desigualdades históricas del colectivo de mujeres), máxime que no es una opción para el juzgador sino que viene impuesto por ley.
En este sentido, […] juzgar con perspectiva de género no rompe con el principio de igualdad entre las partes de un conflicto. Por el contrario, permite mostrar en qué momento por motivos de género, cualquiera de las partes se encuentra (o encontraba) en desventaja respecto de la otra para ejercer sus derechos y se hace cargo de esa situación. Esto es justo lo que permite colocar en igualdad a ambas partes […]. En igual sentido, y en miras a garantizar el derecho de acceso a la justicia este Superior Tribunal de Justicia adhirió a las `100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad´[…], y en consonancia luego dictó las Acordadas Nros. 4426/16 y 4428/16.
Ampliando y ratificando todo lo dicho, […]–en casos como estos– es donde el auxilio del enfoque de género permite la intervención judicial desde el reconocimiento de las vulnerabilidades, y la puesta en perspectiva de los datos colectados, para respetar los intereses en juego.Así, desde esta mirada se debió poner el foco en las características de la beneficiaria de la prestación alimentaria, en cuanto a que es una mujer de edad avanzada, sin experiencia laboral y sin capacitación, que por más de 20 años se abocó a la realización de las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, rol que la mantuvo fuera del mercado laboral, pues el esposo como proveedor del hogar cubría las necesidades del grupo. Ante la ruptura del sistema matrimonial, los únicos recursos que logró obtener derivan de la realización de trabajos informales y de una beca, que por sus propias características, de ninguna forma se sostienen en el tiempo. Obsérvese además, que la interseccionalidad de la discriminación padecida por la Sra. [M.] potenció su vulnerabilidad[…].
En conclusión, la omisión del decisorio al no reconocer esta realidad distinta entre alimentante y alimentada provocada por la utilización de estereotipos de género, que se cuelan en la errónea interpretación de la norma (art. 434, CCyC) (no tomó en cuenta los parámetros que la norma señala como relevantes: edad, salud, posibilidades de obtener un trabajo que le permita solventar sus necesidades primarias; ni aplicó, el principio de solidaridad familiar, ínsito en este tipo de conflictos) afecta directamente el principio de igualdad y no discriminación; que –en esencia– se vincula a los derechos de gozar de un nivel de vida adecuado, al desarrollo, al bienestar, a la salud, y dignidad de las personas; y ratifica la arbitrariedad invocada por la Sra. M…”.
DIVORCIO; ALIMENTOS; VULNERABILIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ARBITRARIEDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRUEBA; VIOLENCIA DE GÉNERO; CARGA DE LA PRUEBA; VIVIENDA; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; REGLAS DE BRASILIA;
Nieto (causa N° 74000672)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar a la impugnación y ordenó a la ANSES que abonase el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del hombre (jueces Avalos y Velez Funes y jueza Montesi).
1. Matrimonio. Separación de hecho. Ley aplicable. Reforma legal. Pensión.
“El vínculo matrimonial, conforme lo dispuso el art. 213 de la ley 23515 se disolvía –entre otros– por la muerte de uno de los esposos, es decir en el caso, ello ocurre, es decir el vínculo matrimonial se disuelve, cuando el causante fallece el 1-7-2008. Así las cosas, desde ya se descarta de plano el argumento de la sentencia que tuvo en cuenta el art. 432 del Código Civil y Comercial, por no ser la norma aplicable al agregar condiciones para otros supuestos de hecho.
Estando regulado el matrimonio de la actora por la ley 23.515, surge que no hubo `acción´ ante juez competente, de separación personal o de divorcio vincular entre los cónyuges, aunque estuvieran separados de hecho. Porque conforme la ley aplicable para separarse de hecho, los cónyuges tenían que iniciar una acción judicial. Y era el juez competente el facultado para declarar la culpa de uno o de ambos cónyuges. No la administración, tampoco los vecinos. No existe sentencia alguna que haya declarado la inocencia o culpa de uno, o de ambos cónyuges, requisito ineludible conforme el art. 1 de la ley 17.562 para denegar la prestación.
Conforme el juego armónico de las leyes referidas, sólo se pierde el derecho de acceder a la pensión, cuando judicialmente haya sentencia de divorcio o separación de hecho, por culpa del cónyuge supérsite o de ambos cónyuges. Por lo que no es razonable fulminar con la sanción de pérdida del derecho, a la peticionante inocente o cuya culpa en la separación de hecho no hubiera sido fehacientemente probada en el proceso judicial pertinente”.
2. Principio de dignidad humana. Violencia de género. Principio pro homine.
“La dignidad intrínseca de la persona es el fundamento de los derechos humanos. Con todo respeto a la intimidad y memoria del causante, se revelan como indicios, algunos hechos de la vida privada de esa persona, que pudieron ser de violencia contra la actora, que trascienden del fallecido y afectan a la familia.
Ello así con fundamento en el principio pro homine o pro persona, corresponde tener presente la incidencia de casos de violencia doméstica, a fin de no denegar derechos de carácter alimentario como el solicitado. Y aquí entran en juego los instrumentos de Derechos Humanos más importantes de las mujeres aplicables en el mundo, la región y el país, a favor de la actora conforme las circunstancias particulares del planteo, que han sido incorporados por nuestro país a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, a saber:
La `CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer´ aprobada por ley Ley 23.179 en el año 1985 y con jerarquía constitucional a partir de la reforma de nuestra Ley Fundamental del año 1994, en el art. 75 inc. 22. A partir de marzo de 2007 Argentina es parte del sistema de la CEDAW, por Ley 26171 que aprobó el Protocolo Facultativo.
La `Convención Interamericana BELEM DO PARA´, aprobada en 1996, por Ley 24.632, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Ley 26485 promulgada de hecho el 1-4-2009 de `Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales´”.
3. Pensión. Separación de hecho. Jurisprudencia.
“[E]n cuanto al alcance que debe darse al art. 1 de la ley 17562, la CSJN ha entendido que la separación de hecho por sí sola no perjudica el derecho a pensión, ya que es condición para la pérdida del beneficio que la separación se hubiera producido por culpa de ambos o por culpa exclusiva del supérstite […]. El Alto Tribunal en sentencia del 11/7/2002 dictada en autos `Gómez, Timotea c/ANSES´, reitera su doctrina aclarando que el hecho de que la Administración Previsional haya comprobado que los cónyuges estaban separados al momento del fallecimiento del causante, no era razón suficiente para declarar extinguido el beneficio de pensión, pues para ello hubiera sido menester una declaración de culpabilidad de la peticionaria, lo que en la causa no estaba acreditado”.
“Con palabras de nuestro más Alto Tribunal `Que con respecto al tema de fondo y culpabilidad de la cónyuge supérstite, solicitante de la prestación, esta Corte ha decidido que `debe dejarse sin efecto la sentencia que denegó el beneficio previsional si no se probó la culpa de la apelante en la supuesta separación de hecho en que se fundó la negativa, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del art. 1°, inc. a, de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se hallara separada de hecho del causante desde varios años antes a su fallecimiento´[…], antecedentes que resultan coincidentes con lo resuelto por el a quo´[...].
También el Alto Tribunal ha expresado que `debe dejarse sin efecto la sentencia que denegó el beneficio previsional si no se probó la culpa de la apelante en la supuesta separación de hecho en que se fundó la negativa, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del artículo 1°, inciso a, de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se hallara separada de hecho del causante desde varios años antes de su fallecimiento" […]. 5°) Que los antecedentes citados cobran particular relevancia en el caso si se tiene en cuenta el detallado examen de las pruebas que se efectuó en la sentencia de primera instancia, de la cual se desprende sin hesitación que no existen en las actuaciones elementos que permitan sospechar que la peticionaria tuvo la responsabilidad en la separación de hecho del causante…´”.
MATRIMONIO; SEPARACIÓN DE HECHO; LEY APLICABLE; REFORMA LEGAL; PENSIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; VIOLENCIA DE GÉNERO; PRINCIPIO PRO HOMINE; JURISPRUDENCIA;
Aramburu (causa N° 21478)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5, de manera unipersonal, homologó el acuerdo conciliatorio y supeditó la resolución final del expediente hasta que se acreditara el total y efectivo cumplimiento de las pautas acordadas (juez Gamboa).
1. Conciliación. Homologación. Consentimiento Fiscal. Víctima.
“[L]uego de escuchar la propuesta de la defensa, la aceptación libre y voluntaria de la víctima acompañada por su letrado y el consentimiento manifestado por la Fiscal, […] para solucionar el conflicto existente entre los intervinientes corresponde homologar el acuerdo al que arribaron. […] No obstante, la resolución final del expediente estará sujeta a la acreditación en este Tribunal del efectivo cumplimiento de las pautas allí acordadas”
CONCILIACIÓN; HOMOLOGACIÓN; CONSENTIMIENTO FISCAL; VICTIMA;
López (Causa n°2216)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 homologó el acuerdo conciliatorio (juez Laufer).
“[E]l Ministerio Público Fiscal tiene por función intervenir en todos los asuntos en los que se encuentren involucrados el interés de la sociedad y el orden público, como así también debe promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Ergo, su fundada oposición sería vinculante, máxime […] [ante] un esquema procesal predominantemente acusatorio. Sin embargo, a la hora de analizar la oposición del Ministerio Público Fiscal a la homologación de este acuerdo en particular, […] [la fiscalía] para el mencionado rechazo, basó su dictamen negativo en que la imputada registra condenas anteriores y el resto de sus argumentos no son más que derivaciones de este enunciado inicial”.
“[C]orresponde efectuar un control de razonabilidad y legalidad de la postulación efectuada por el representante del Ministerio Público Fiscal, por aplicación del principio republicano de gobierno que obliga a motivar racionalmente las decisiones estatales y de acuerdo a lo normado en losarts. 69 y 123 del Código Procesal Penal de la Nación, pues […] el consentimiento del titular de la acción resulta relevante para la solución del conflicto traído a estudio”.
“[E]l delito de robo en poblado y en banda en grado de tentativa que se le atribuye [ala imputada], es uno de los admitidos para este instituto, la víctima claramente estuvo de acuerdo con la solución propuesta y el encausado abonó una suma de dinero a su satisfacción”.
“[L]a oposición fiscal que no se ha hecho cargo de explicar por qué correspondía apartarse de las normas que fomentan la resolución de los conflictos por esas vías alternativas, no puede ser atendida pues resulta arbitraria en el marco descripto precedentemente”.
“[N]o habiendo superado el control de legalidad y racionalidad la postura del representante del Ministerio Público, […] [se encuentran reunidos] los requisitos previstos por la ley para la culminación del proceso del modo propuesto por las partes y corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto”.
“[El artículo 34 del CPPF] [n]ada dice de los antecedentes de las personas que pueden presentar un acuerdo [conciliatorio] o siquiera de alguna condición personal o de cualquier otro factor externo al proceso; la norma tampoco prevé que el juez interrogue al imputado acerca de sus condiciones personales en la audiencia, mucho menos que se dé lectura al certificado de antecedentes. Nada impide, según la ley, que una persona a la que le fue concedida una probation pueda presentar un acuerdo, ni tampoco que lo haga otra que registra una condena en suspenso o haya cumplido pena; nada impide que una persona pueda volver a conciliar un segundo proceso, o un tercero, o todos los que pueda”.
“La razón de política criminal alegada por la Fiscalía fue teórica y no se justificó porque aplicar ese criterio, en detrimento de otros que contribuyan a asegurar la paz social y componer los conflictos que se generan en la comunidad, de acuerdo a lo previstos en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. En síntesis, […] la oposición fiscal en este caso no ha sido suficiente y razonadamente fundada”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; ROBO; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; VICTIMA; OPOSICIÓN FISCAL;
Mbaye (causa Nº 11636)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el auto de procesamiento y sobreseyó a la persona imputada (jueces Lucero y Pociello Argerich).
1. Falsificación. Venta. Tipicidad.
“Las características que reunían las prendas de vestir y el contexto en que se incautaron permiten sostener que resultaban inidóneas para provocar un error en el eventual consumidor, tal como […] lo requiere la figura en análisis. […] Los productos presuntamente se encontraban exhibidos a la venta en la vía pública y se verificó que presentaban particularidades totalmente disímiles a la mercadería original, por lo que no resultaba suficiente para que un número indeterminado de personas los acepte como pertenecientes a esa marca. […] Entonces, las circunstancias en que se habrían ofrecido y las condiciones que evidenciaban impiden asignarle a la conducta relevancia jurídico penal”.
FALSIFICACIÓN; MARCA REGISTRADA; VENTA; TIPICIDAD;
Balbuena (Causa n°27968)Juzgado Federal Nro. 3 de Mar del Plata
El Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3 sobreseyó a la persona imputada (juez Inchausti).

1. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Contrabando de estupefacientes. Tipicidad.

“[E]n el caso se presenta un problema a nivel de la antijuridicidad. En efecto, la circunstancia alegada por [el hombre imputado] lleva a sostener que ha existido un exceso en el ejercicio de un derecho (o deber legal de obrar), por cuanto a partir de las patologías de su sobrino y la prescripción médica recibida de un profesional médico, dirigió su conducta inicialmente en busca de una mejora del tratamiento del menor que derivó en un aporte en un contrabando prohibido”.

2. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Cannabis. Reforma legal.

“[R]ecientemente fue sancionada la ley 27.350 […] de ‘Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados’ que tiene ‘por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados’ […]; para ello crea el ‘Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales’ […], del que podrán participar los pacientes que se inscriban en un registro nacional voluntario, presenten las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por médicos de hospitales públicos y sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis […]. Por su parte, la reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación […] establece que las personas que padezcan epilepsia refractaria, y a las que se prescriba el uso de Cannabis y sus derivados, en base a las evidencias científicas existentes, son susceptibles de solicitar la inscripción en los Registros que le dependen…”.

“Asimismo, han existido varios amparos de personas que han recurrido a la justicia a reclamar por la provisión de aceite de cannabis a partir de la sanción de la Ley Nº 27.350 y que ese derecho les ha sido reconocido por los tribunales argentinos…”.

3. Contrabando de estupefacientes. Tipicidad. Dolo.

“[R]esulta atendible el descargo de la defensa en cuanto a que actuó bajo la creencia de estar obrando en un todo conforme al ejercicio de un derecho (actividad curativa), máxime si se tiene en cuenta que el imputado consignó todos sus datos personales en los detalles del envío, lo que da cuenta de que no hubo ningún ardid para ocultar su accionar o su participación en los hechos.

A partir de ello, [resulta] procedente el sobreseimiento por aplicación de la solución prevista en el artículo 35 del Código Penal por cuanto no está prevista la figura culposa para el delito de contrabando para los particulares…”.
DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO; CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES; TIPICIDAD; CANNABIS; REFORMA LEGAL; DOLO;
DSR (causa N° 41982)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desestimó las quejas y confirmó la decisión de primera instancia (jueces Polo Olivera y Rodríguez y jueza Barbieri).
1. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Vacunas.
“Sucede que en situaciones como la de autos donde se encuentra en riesgo la salud de la niña no debe atenderse a la mayor comodidad de alguno de los progenitores, ni deben convertirse en una ocasión para reavivar discrepancias que dejan de lado el interés superior de I. D., para anteponer los propios […].
Al respeto cuadra señalar que, como sucede en la especie, donde se encuentran involucrados los derechos de menores la solución a la que arribe el tribunal debe atender al `interés superior del niño´, por así imponerlo el sentido común y la Convención de los Derechos del Niño. Este concepto representa el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo y, a fin de evitar subjetividades, en procura de superar la relativa indeterminación de la expresión, resulta pertinente y útil asociar dicho `interés del niño´ con sus derechos fundamentales. Así, resultará en interés del menor toda acción o medida que tienda a respetar sus derechos y perjudicial la que pueda vulnerarlos. Debe establecerse en cada caso si la voluntad o acción de los padres o guardadores afecta los diversos derechos del niño o adolescente […].
Por otra parte el Tribunal no desconoce la situación actual de alta circulación del virus Covid-19, lo que impone por parte de los padres que tomen todas las medidas de protección necesarias (barbijo, lavados de manos, protección ocular, etc.) para que la vacunación de la niña se realice en debida forma y evitar de este modo cualquier situación no deseada”.
DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; VACUNAS;
SAM (causa Nº 98030)Juzgado Nacional Civil Nro. 25
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 25 hizo lugar a la inscripción de la sentencia extranjera por la cual se otorgó la kafala definitiva respecto de la niña. Además, designó a la pareja como tutora de la niña (juez Aon).
1. Exequátur. Sentencia extranjera. Revisión judicial.
“El juicio de exequátur posibilita el ejercicio de una acción ante el órgano jurisdiccional a cuya revisión se somete una sentencia extranjera a fin de obtener su reconocimiento, o sea que se pretende una declaración sobre su eficacia para equipararla –en cuanto a sus efectos– a una sentencia nacional.
Tal revisión no implica una valoración de los `justos motivos´ tenidos en cuenta para dictar la sentencia que se pretende reconocer, sino que importa la observancia de ciertos requisitos específicamente establecidos en el art. 517 del Código Procesal, a los que necesariamente debe ajustarse la sentencia extranjera.
El objeto del procedimiento de exequátur no es la relación sustancial debatida en el proceso cuya sentencia se pretende hacer reconocer, sino la decisión o fallo extranjero como tal a través de un examen de índole procesal tendiente a verificar su idoneidad para producir efectos ejecutorios en el país. Hay tres aspectos que son materia de la declaración que emite el órgano jurisdiccional tratándose de la aplicación de una sentencia extranjera: a) autenticidad; b) legalidad del proceso; c) orden público internacional…”.
2. Sentencia extranjera. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobre los Derechos del Niño.
“[T]anto los hechos que revelan, especialmente la intervención de la autoridad administrativa local para la situación de la niña y el desconocimiento de vínculos filiatorios, como la afirmación del cumplimiento de los recaudos legales internos de fondo y forma permiten sostener que el procedimiento extranjero ha sido legal.
En cuanto a la cuestión relativa al orden público, cabe señalar que se hace en principio visible a través de la Convención Nacional sobre los Derechos del Niño (CDN), […] donde reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, creando un punto de inflexión respecto de la concepción de la infancia y su relación con el Estado, debiendo éste ser garante de los derechos humanos de los niños. En su art. 20 `…Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico´. Bajo estos preceptos, [se puede] adelantar que –en principio– la `kafala´ no es contraria a los principios de nuestro ordenamiento jurídico”.
3. Protección de menores. Interés superior del niño. Familia.
“Si bien […] dicho instituto no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, es preciso destacar que su finalidad es la protección de la niñez desamparada”.  
“El principal objetivo de ésta figura es ofrecer al menor abandonado o huérfano un entorno familiar donde pueda desarrollarse como persona y sea protegido por adultos responsables y afectuosos, en definitiva consiste en la búsqueda del bienestar de la infancia”.
“[E]s preciso evaluar y asegurarse que la validez y ejecutoriedad pretendida satisface el interés superior de la niña”.
“[E]ste interés superior debe manifestarse específicamente en el logro de la mayor cantidad de derechos y por otro lado en la menor restricción de ellos, analizándose a tales efectos cómo los derechos y los intereses del niño se ven o se verán afectados por las decisiones y las medidas que se tomen en relación a su persona o, en su caso, por la omisión de su dictado. La legislación vigente en nuestro país, en el art 2640, al tratar los institutos de protección establece `…otros institutos de protección de niños, niñas y adolescentes regularmente constituidos según el derecho extranjero aplicable, son reconocidos y despliegan sus efectos en el país, siempre que sean compatibles con los derechos fundamentales del niño´”.
4. Derecho internacional privado. Sentencia extranjera. Familia.
“La disposición no implica el reconocimiento de un acto jurisdiccional extranjero sino, propiamente, de la forma de colocación o de reubicación de niños creada en el extranjero. Para ello, se recurre al llamado `método de reconocimiento´, entendido como aquel que opera para insertar una situación jurídica que ya ha sido creada al amparo del derecho extranjero y con la finalidad de que esta despliegue efectos en el foro, sin necesidad de someterla al procedimiento de exequátur […] En consecuencia, se evita el trámite previsto en el art. 517 CPCCN y sus equivalentes en los códigos procesales provinciales.
Esta posibilidad obedece principalmente a la consideración del derecho a la estabilidad de los vínculos familiares como un derecho humano fundamental, en concordancia con decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, dentro del límite fijado estrictamente en referencia a los derechos fundamentales del niño […], se admite la inserción de instituciones provenientes de sistemas culturalmente diferentes respetando sus particularidades, tal como el caso de la Kafala […]. La inserción de estos institutos resulta sumamente respetuosa del derecho a la identidad de los sujetos protegidos puesto que no se requiere, necesariamente, la asimilación del instituto creado en el extranjero a las propias del foro […]. En este sentido, haciendo uso de la técnica proporcionada por el Derecho Internacional Privado denominada `ajuste´ o `adaptación´, se busca brindar una regulación armoniosa y coherente…”.
5. Tutela. Interés superior del niño. Autonomía progresiva. Derecho a ser oído.
“Desde esta perspectiva, considero adecuada la pretensión de los peticionantes de aplicar las reglas de la tutela de nuestro derecho interno [...]. El art. 104 del CCCN, establece que la tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental.
De tal manera, se aplican los principios generales enumerados en el Título VII del Libro Segundo respecto de la responsabilidad parental de modo tal que debe respetarse a) el interés superior del niño; b) su autonomía progresiva conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, disminuyendo la representación en la medida que aumenta la autonomía, y c) su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez”.
6. Niños, niñas y adolescentes. Religión. Autonomía progresiva.
“El art. 12 in 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Sin embargo, dicho precepto no puede ser interpretado en forma aislada sino a la luz de la Convención de los Derechos del niño, en primer lugar; y de la ley 26.061 y el Código Civil y Comercial en segundo. En el art. 14 in 1 y 2 de la CDN los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, los padres tendrán el derecho y el deber de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades [...].
La Ley 26.061 reconoce al niño el derecho a tener sus propias creencias y culto religioso […] y el deber de los padres de respetar las garantías que asisten a los hijos […] y determina el criterio de la capacidad progresiva. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías […].
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar […]. Tienen derecho a la libertad, derecho que comprende, entre otros: tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos, pero con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico; tienen además derecho a poder expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela [...].
Por ello, frente a las características particulares que presenta el instituto a estudio (kafala) en tanto implica cierta dificultad de separación fáctica entre creencia práctica religiosa e identidad cultural musulmana, […] corresponde respetar la autonomía progresiva de la niña, imponiéndole al Sr. A. H. el deber de guiar a N. H., de acuerdo a sus propias convicciones y en línea al culto que profesan, pero, de modo alguno pueden imponerla ni cercenarle ninguno de sus derechos“.
SENTENCIA EXTRANJERA; REVISION JUDICIAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; PROTECCIÓN DE MENORES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; FAMILIA; DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; TUTELA; AUTONOMÍA PROGRESIVA; DERECHO A SER OIDO; RELIGIÓN; EXEQUÁTUR;
Puig (causa N° 57589)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso de queja, hizo lugar al recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Rosenkratz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
Voto de los ministros Maqueda y Lorenzetti y de la ministra Highton de Nolasco
1. Sentencia. Razonabilidad. No discriminación. Protección integral de la familia.
“[S]i bien la impugnación traída conduce a la interpretación de una norma de derecho común –el art. 181 de la LCT– y tal cuestión sería, en principio, ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a esa regla en la medida en que la cámara ha dado a tal precepto un alcance irrazonable, que no solo prescinde de sus propios términos sino que, además, colisiona abiertamente con las directivas que fluyen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de no discriminación y protección integral de la familia...” (considerando 4º).
2. Despido. Matrimonio. Nulidad. Interpretación de la ley. Igualdad. No discriminación.
“[E]l art. 180 […] enfatiza la nulidad de los negocios jurídicos y de las reglamentaciones internas de una empresa `que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio´ (énfasis agregado), expresión ciertamente comprensiva tanto de los trabajadores como de las trabajadoras” (considerando 5º).
“[L]a ley no restringe su protección a las hipótesis de despido de trabajadoras mujeres. No hay en la literalidad de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT (a la que corresponde estar como primera regla de la interpretación legal […]) elemento alguno que autorice a excluir de sus disposiciones al trabajador varón.
La propia LCT, además, `prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores´, entre otros, `por motivo de sexo´ (art. 17) y considera `trato desigual´ al dispensado a los trabajadores por esa misma razón, entre otras (art. 81). Frente a tan claras directivas, la única interpretación que cabe efectuar de los artículos en cuestión es que sus disposiciones son aplicables indistintamente a hombres y mujeres; sin que obste a tal conclusión la circunstancia de que el capítulo en el que se ubican estas normas de modo inadecuado integre el título VII de la ley referente al `Trabajo de Mujeres´.
En cuanto a esto último, es un dato sumamente relevante que cada uno de los artículos que conforman los demás capítulos del Título VII de la ley expresamente aclara que su texto va dirigido al personal femenino lo cual no ocurre con los que integran el capítulo III, cuyo primer precepto, por el contrario, deja en claro que las normas de este capítulo están dirigidas a todo el personal de la empresa” (considerando 6º).
3. Interpretación de la ley. Matrimonio. Estereotipos de género.
“[L]a restricción consagrada en el fallo apelado se revela como producto de una inteligencia regresiva que contrasta con la orientación postulada por esta Corte al señalar que `las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, [y] está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción´ (Fallos: 333:2306, considerando 9°).
Ciertamente, para sustentar su posición, la cámara puso de relieve la existencia de poderosas razones que justifican el otorgamiento de una especial protección legal a la mujer frente a la discriminación de la que comúnmente es objeto, especialmente en el terreno laboral. [E]l paradigma familiar ha experimentado profundas modificaciones en los últimos años orientándose hacia un nuevo modelo en el cual ambos cónyuges `entre los cuales, inclusive, puede no haber diferencia de sexo´ se hacen cargo indistintamente de las tareas y obligaciones domésticas y familiares” (considerando 8º).
“[E]n el nuevo paradigma sociocultural los cónyuges ya asumen o tienden a asumir por igual las responsabilidades familiares, no puede interpretarse que los estímulos del empleador para despedir a quienes contraen matrimonio se suscitan solamente en el caso de las mujeres trabajadoras, y que solamente ellas deben estar íntegramente abarcadas por el sistema protector especial de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT” (considerando 9º).
4. Igualdad. Matrimonio. Familia. Estereotipos de género. No discriminación.
“[L]as directivas internacionales […] consagran innegablemente la igualdad de derechos de hombres y mujeres frente al matrimonio y las responsabilidades familiares. Más aún, imponen a los estados nacionales la obligación de adoptar medidas adecuadas que permitan erradicar el perimido patrón socio cultural que pone exclusivamente a cargo de las mujeres las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Es evidente que para cumplir con tal cometido el Estado debe facilitar, incentivar y apoyar la participación de los hombres en esas tareas. Una imprescindible medida de facilitación y apoyo al efecto es la de protegerlos de la discriminación laboral de la que puedan ser objeto a la hora de contraer enlace y asumir, en pie de igualdad con las mujeres, los compromisos propios del ámbito doméstico” (considerando 11º).
“[L]as previsiones vigentes de nuestro derecho interno en materia civil vedan el otorgamiento de un trato diferencial al varón que contrae matrimonio respecto del que se da a la mujer […]. En razón de ello y, frente a la necesidad de contar con criterios interpretativos homogéneos que aseguren la coexistencia armónica de las disposiciones existentes en las distintas ramas del ordenamiento nacional, la única inteligencia posible que cabe asignar al art. 181 de la LCT es la que equipara a varones y mujeres para acceder a la protección especial en caso de despido por matrimonio” (considerando 12º).
Voto del ministro Rosenkrantz
5. Interpretación de la ley. Razonabilidad. Matrimonio.
“[L]a postura de la cámara, según la cual la presunción contenida en el art. 181 solo beneficia a trabajadoras mujeres, no constituye derivación razonada del derecho vigente. La ley no restringe su protección a las hipótesis de despido de trabajadoras mujeres. No hay en la literalidad de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT elemento alguno que autorice a excluir de sus disposiciones al trabajador varón. La finalidad perseguida por la norma (la protección del matrimonio) claramente lo pone de manifiesto. Y la historia legislativa de los preceptos lo confirma” (considerando 6º).
Voto del ministro Rosatti
6. Cuestión federal. Familia. Protección integral de la familia. Igualdad.
“[L]os agravios del apelante suscitan la cuestión federal que habilita la instancia de excepción de este Tribunal, pues se sostiene que la interpretación realizada por el a quo respecto del art. 181 de la LCT es violatoria de garantías constitucionales, en particular de los derechos a la protección de la familia y a la igualdad, y la decisión apelada ha sido contraria al derecho fundado en ellas...” (considerando 4º).
“[E]s evidente que las normas en estudio […] referidas a la tutela contra el despido por causa de matrimonio, reglamentan de manera directa el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto estipula la `protección integral de la familia´, pues el listado de beneficios mencionados expresamente por el constituyente […] es meramente enunciativo y no invalida otros que se dirijan al mismo objetivo.
La manda constitucional tutela `los atributos de la familia´, entendida como una `sociedad natural organizada… sin discriminar sobre su forma de constitución, protegiendo además la maternidad, la infancia, y la menor edad´ […]. Una conceptualización dinámica impone afirmar que la familia constitucionalmente aludida no es solo la llamada `familia tradicional´ sino que abarca asimismo a otro tipo de relaciones basadas en el afecto, conforme a ponderaciones sociales que se expresan históricamente en criterios legislativos y jurisprudenciales...” (considerando 7º).
“[D]e la cláusula constitucional relativa a la protección integral de la familia se deprende el principio de trato igualitario de los integrantes primarios de dicho núcleo social […], que recibe reconocimiento expreso en un conjunto de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, conforme lo dispuesto por el art. 75, inciso 22, de la Norma Fundamental nacional” (considerando 8º).
7. Familia. Matrimonio. Igualdad. Género. Estereotipos de género. No discriminación.
“[A] la luz de la evolución y el desarrollo progresivo y dinámico de los conceptos, principios y pautas constitucionales que definen y gobiernan la garantía de `protección integral de la familia´ que surgen de las consideraciones precedentes, limitar a la trabajadora mujer la presunción de despido por causa de matrimonio supone desconocer la igualdad de condiciones de los integrantes del núcleo familiar en el ejercicio de las responsabilidades y deberes que se derivan de ese especial vinculo social en sus aspectos filiales, domésticos, económicos e interfamiliares.
La decisión de considerar que no rige a favor del trabajador varón la presunción del despido por causa de matrimonio importa recurrir a consideraciones que no encuentran acogida en una sociedad global en la que imperan criterios que se alejan de los estereotipos vigentes en otro tiempo, enmarcados en un contexto socio-cultural en el que la igualdad de género no alcanzaba el grado de desarrollo y reconocimiento que hoy ha logrado tanto a nivel nacional como internacional…” (considerando 9º).
“[E]l espíritu tuitivo que llevó a consagrar la presunción del artículo 181 bajo el título `Del trabajo de las mujeres´, constituyó una precursora y temprana `medida de acción positiva´ dirigida –en ese entonces– a proteger a un colectivo vulnerable como el de las trabajadoras. En la actualidad resulta imperativa una lectura dinámica y progresiva de la norma que, superando los estereotipos culturales con tintes discriminatorios precedentemente referidos, procure su extensión a todos los trabajadores, con una hermenéutica de equidad de género” (considerando 10º).
SENTENCIA; RAZONABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; DESPIDO; MATRIMONIO; NULIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; FAMILIA; CUESTIÓN FEDERAL; GÉNERO;
Cofre; VB; A (causa N° 15586)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, de manera unipersonal, absolvió a VB y a A, y condenó a Cofre a la pena de dos de prisión en suspenso. A su vez, le ordenó someterse a un tratamiento de rehabilitación para su adicción a las drogas y al alcohol (juez Grosso).

1. Violencia de género. Violencia doméstica. Género. Autodeterminación. Vulnerabilidad.
“El Estado argentino ha ratificado la Convención de Belém do Pará así como la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley n° 26.485) y como consecuencia de ello todos los operarios judiciales tenemos el deber de abordar con perspectiva de género todo el proceso penal, lo que implica también tener presente que en la comisión de los delitos previstos en la ley de drogas las víctimas son especialmente utilizadas por organizaciones criminales para cumplir roles de baja responsabilidad. Se trata de una de las expresiones de la violencia por razones de género que el Estado (y también el sistema de justicia) debe atender.
No [se puede] dictar una sentencia sin atender el escenario en que ocurrió el delito, y la particular situación de cada uno de los juzgados, y en este caso en particular el de [VB], quien desde un comienzo del proceso puso en conocimiento de las autoridades judiciales la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y el sometimiento físico y psicológico que sufría de parte de su pareja y co-imputado. Una situación de violencia que claramente y en perfecta coincidencia con lo reseñado por el Sr. Fiscal General, vedaron de modo absoluto la voluntad de una persona que actuaba todo el tiempo en un contexto de miedo e intimidación además de agresiones físicas y psicológicas, de modo que es posible sostener que su conducta no resulta culpable y no le debe ser reprochada, conforme las previsiones del art. 34 inc. 2 del CP”.
2. Juicio abreviado. Pena. Determinación de la pena. Condena condicional.
“[N]o es competencia de la magistratura, realizar análisis alguno sobre el quantum de la pena acordada por las partes, más allá de determinar si se encuentra comprendida o no, dentro de la escala penal prevista para el delito en trato, ya que su no observancia implicaría lisa y llanamente su improcedencia”.
“[N]o prevé la norma en trato que el Tribunal esté facultado a revisar el monto de la pena acordado ni a cuestionarlo siquiera, ya sea por exceso o defecto; es más […], dispone que el Tribunal no podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el Ministerio Fiscal, con lo cual se quiere significar que, de producirse alguna modificación en el monto de la pena acordado, sólo podría serlo en beneficio del condenado, esto es, imponiendo una pena menor”.
“Con respecto a la modalidad de ejecución acordada, conforme lo previsto por el art. 26 del C.P., [se considera] la inconveniencia para este caso, de un encierro efectivo tomando en cuenta la pena de prisión impuesta, sumando a ello la circunstancia de que a la sazón, un corto encierro sería altamente perjudicial para el imputado, lo que justamente la forma suspensiva de la imposición de la pena intenta evitar. En el entendimiento que esta sanción opere como última advertencia para apartarlo de un futuro accionar delictivo, es que [se decide] la homologación de la ejecución condicional de la pena privativa de libertad a imponer, propuesta por las partes”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA DOMÉSTICA; GÉNERO; AUTODETERMINACION; VULNERABILIDAD; JUICIO ABREVIADO; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; CONDENA CONDICIONAL;
RWNV (causa N° 31166)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso, declaró la nulidad de la disposición y ordenó la reincorporación de la actora en su lugar y puesto de trabajo. Además, condenó a la parte demanda a pagar a la actora una indemnización en concepto de daño moral (juezas Do Pico y Heiland y juez Facio).
1. Derecho de defensa. Debido proceso. Tutela judicial efectiva.
“Indiscutiblemente la garantía constitucional de la defensa en juicio es aplicable en el procedimiento administrativo, que se traduce en la garantía del debido proceso. La Corte Suprema ratificó, acentuadamente, que las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observancia en todo tipo de actuaciones, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria, haya o no sumario para lo cual resulta indispensable que se dé a la persona interesada la oportunidad de ser oída y de probar de algún modo los hechos que considere conducentes […].
En términos supralegales, el Alto Tribunal asignó al derecho a la tutela administrativa efectiva (y a la tutela judicial efectiva) un fundamento constitucional, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y un fundamento convencional, en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2° inciso 3°, apartados a y b, y 14, inciso 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos […].
Ese derecho supone […] la posibilidad de ocurrir ante las autoridades administrativas competentes —o, en su caso, ante los tribunales de justicia— y obtener una decisión —o una sentencia—útil relativa a los derechos de los particulares —o litigantes—, y requiere, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que eventualmente pudieran asistirles sino es por medio de un procedimiento —o proceso— conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una decisión —o sentencia— fundada...”.
2. Procedimiento administrativo. Debido proceso. Verdad jurídica objetiva.
“En esa senda, resulta imprescindible tener en cuenta diversas reglas cardinales del procedimiento administrativo explicitadas, y empleadas, por la Corte Suprema y por esta sala:
1. Los principios del derecho administrativo integran el ordenamiento jurídico argentino como conceptos generales de la legislación específica sobre la materia […].
2. De conformidad con los principios generales que rigen la materia, en el procedimiento administrativo predominan las reglas de informalismo y la impulsión de oficio, la buena fe, la lealtad y la probidad […].
3. La búsqueda de la verdad jurídica objetiva es el norte de todo procedimiento administrativo […].
4. Los particulares ostentan la condición de colaboradores de la administración en la elaboración de las decisiones administrativas, aun cuando defienden sus derechos subjetivos, y en la realización de un fin público […], pero no son litigantes en sede administrativa […]. Ciertamente, el procedimiento administrativo no presenta intereses contrapuestos entre partes contendientes, dado que la administración y los particulares coadyuvan mutuamente con la finalidad de llegar a la verdad jurídica objetiva […].
Buena parte de esas reglas cardinales, como se sabe, fueron receptadas en el artículo 1, incisos ‘a’, ‘b’, ‘c’ y ´f´, de la ley 19.549: el impulso y la instrucción de oficio, la celeridad, la economía, la sencillez, la eficacia y el informalismo, y el debido proceso adjetivo, conformado por el derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir pruebas y el derecho a una decisión fundada […], replicado asimismo en el artículo 29 de la ley marco de regulación de empleo público nacional 25.164”.
3. Protección integral de la mujer. Embarazo. Motivación del acto administrativo.
“Si […] con el telegrama […] la actora comunicó que existieron razones médicas certificadas que justificaban sus inasistencias e informó sobre su embarazo, en ese momento la administración debía hacer efectiva la tutela especial propia de las trabajadoras embarazadas.
Si hubiese ponderado idóneamente esas circunstancias, podía haber advertido la existencia del certificado expedido […] pocos días antes del dictado de la disposición DIAP nº80/2010 ‘c’ […] que da cuenta […] de que la actora `cursa[ba] embarazo de 5 meses 5 días siendo su fecha probable de parto el 22/12/10´ […]. No obstante, la administración nada hizo en ese sentido.
[L]a administración no sólo exhibió […] un criterio puramente formalista, dejando de lado la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, con afectación de las garantías constitucionales y convencionales de la tutela administrativa efectiva y del debido proceso adjetivo, sino que también desconoció los principios y las reglas que presiden, en el ordenamiento jurídico de los derechos humanos, tanto nacional cuanto internacional, la protección especial en favor de las trabajadoras embarazadas”.
“La administración, como parte integrante del Estado, tiene la obligación constitucional, y moral, de fundar y explicar idóneamente sus decisiones y, en particular, como ocurre en este caso, aquellas que tienen incidencia en el ámbito de los derechos relativos a la función pública. Es el deber estatal que se origina, como anverso y reverso, en el derecho constitucional de peticionar a las autoridades enunciado en el artículo 14 de la Ley Fundamental […].
Y el acto administrativo, como una manifestación de la conducta estatal, debe responder `en su motivación interna al sentido teleológico de la actividad administrativa orientada en la promoción del interés público y sometida a ineludibles imperativos de moralidad…”.
4. Daño moral. Protección integral de la mujer. Actos ilícitos. Despido. Embarazo.
“[L]a Sala II [de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa B., S. M.] señaló que este ítem es procedente cuando se compruebe `situaciones concretas que se estiman como de cierta excepcionalidad y particularidad, lo cual amerita la ponderación de principios específicos sobre esta clase de supuestos´.
Anotó, por un lado, que la protección de las mujeres trabajadoras cuando están embarazadas, tutelada en las recordadas normas jurídicas con jerarquía constitucional y en las normas legales, no es neutra para fijar la suma que cabe asignar por daño moral, en tanto se advierta que la actora vivió esa etapa bajo los efectos de un acto que ha sido declarado formalmente ilícito, efectos que al privarla de su empleo incidían negativamente sobre su situación y en la esfera de sus derechos.
Por otro lado, puntualizó que en ciertos contextos es evidente que la privación del empleo produce un hondo padecimiento por las consecuencias negativas que proyectan en el orden profesional y espiritual, toda vez que las sanciones disciplinarias expulsivas conllevan una calificación deshonrosa para la persona destinataria, con idoneidad para afectar su prestigio y su honor. Y concluyó en que existe, en estos casos, `una presunción hominis de que una privación ilegítima del empleo provoque en el agente padecimientos morales injustos que cabe resarcir´, tal como lo hizo esta cámara en diversos precedentes...”.
DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; VERDAD JURÍDICA OBJETIVA; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; EMBARAZO; MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO; DAÑO MORAL; ACTOS ILÍCITOS; DESPIDO;
Bertinat (reg. Nº 2753 y causa Nº 79262)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida, absolvió a la imputada y dispuso su inmediata libertad (jueces Jantus y Magariños).
1. Prueba. Principio de inocencia. In dubio pro reo.  
“[E]l rendimiento de la prueba colectada en el debate es insuficiente para tener por acreditada más allá de toda duda razonable la participación de [la imputada] en los hechos. En ese sentido, […] el razonamiento que efectuó el Tribunal para fundar esa intervención resulta violatorio del principio in dubio pro reo contenido en el art. 3 CPPN, corolario a su vez del principio fundamental de inocencia (art. 18 CN), al que debieron recurrir los jueces que dictaron la sentencia por mandato constitucional al no alcanzar el grado de certeza positiva que demanda un pronunciamiento de tales características…”.
2. Indicios. Informes. Vínculo. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[N]o se encuentra controvertido aquí que no existen pruebas directas […]. La presencia de [la imputada] en el lugar y al momento del hecho no fue verificada por testigos, registros fílmicos, el hallazgo de evidencia biológica, huellas, rastros, u otro medio probatorio, más allá de inferencias extraídas de insuficientes elementos indiciarios y de circunstancias hipotéticas y conjeturales a partir de las cuales el tribunal oral construyó la intervención de la imputada. [L]a tarea de combinar indicios debe tener por objeto, obviamente, determinar si en cada caso particular se ha logrado certeza, lo que […] no ocurre en el caso”.
“De hecho, luego de escrutado el plexo probatorio producido, lo único que es posible aseverar con certeza es que la imputada y la víctima se conocían y que mantuvieron una relación sentimental sumamente conflictiva […]. [L]os elementos probatorios valorados por el sentenciante de modo alguno logran establecer algún vínculo certero entre la imputada y el hecho, sino solamente entre ella y la víctima, circunstancia que resulta insuficiente para responsabilizar a [la imputada] por el hecho juzgado.
En efecto, la construcción de la responsabilidad, reposa, en muchos aspectos, en la introducción de hipótesis conjeturales con, incluso, nula o débil vinculación con indicios. Ejemplo de ello es valorar que se encontró un manojo de llaves en el lugar del hecho e inferir, sin mayores razones, que podrían pertenecer a [la imputada]. O construir la ruta emprendida por la imputada, presuntamente entre su domicilio, el lugar del hecho y el Hospital Alvear, a partir de la circunstancia de que el uso de un taxi, medio de transporte usualmente utilizado por la acusada así como por un amplio sector de la población, podría haberlo permitido en el rango horario valorado.
Aún valorados de modo conglobado e integral, los elementos apreciados por el tribunal de la anterior instancia no satisfacen las exigencias de inmediatez y asertividad que la conclusión a partir de indicios debe cumplir. Los indicios entonces valorados en la sentencia, es decir, el horario fijado para el deceso, el conocimiento previo, la relación conflictiva y personalidad de los intervinientes, el episodio previo en el cual la imputada habría rociado nafta en el local del fallecido, la distancia existente entre los domicilios, la aparición de un juego de llaves en la escena del crimen –cuya propiedad no pudo determinarse de modo certero- y la activación de las antenas telefónicas, no son unívocos sino anfibológicos, pues no determinan la presencia de [la imputada] en el lugar del hecho en el momento en que se habría cometido, y no informan inequívocamente acerca de la acción de quitar la vida a [la víctima], ni descartan otra hipótesis acerca de lo que realmente sucedió; por ende, no resultan idóneos para el juicio de reproche al que se ha arribado”.
3. Indicios. Sentencia condenatoria. Deber de fundamentación. Sana crítica. Principio de inocencia. In dubio pro reo.
“En tal sentido, se observa un defecto en la construcción lógica de la sentencia, en la cual, a partir de los elementos reseñados, se edifica la ‘inexistencia de imposibilidad’ de la intervención de la imputada en el hecho […] sin que de modo alguno se haya podido satisfacer los parámetros de certeza exigidos para el dictado de una sentencia condenatoria […]. Aparece como una falacia lógica que la imposibilidad de descartar la veracidad de una premisa, derive en que se la tenga por necesariamente verdadera. Aquello que no se puede descartar no implica su verdad”.
“De todo ello se extrae no sólo que los indicios recabados resultan insuficientes para afirmar sin hesitación la participación cuestionada, sino que el Tribunal expresamente contravino el principio de inocencia cuando intentó justificar todos esos extremos, dando razones posibles pero eventuales, en lugar de valorarlos a su favor como impone el mandato constitucional. […] Al dictar sentencia, el juez no está llamado seleccionar la más razonable de entre las hipótesis probables que se le presenten, sino llegar a una convicción, razonada y fundada en la prueba, con una acabada reconstrucción histórica del hecho”.
“En consecuencia, […] en este caso el Tribunal se ha conformado con la hipótesis presentada por la acusación, que sólo resulta probable y puede haber dado lugar a la realización del debate, pero que por las serias deficiencias probatorias que presenta en punto a circunstancias relevantes para la reconstrucción histórica del hecho, impide la posibilidad de una condena por aplicación del estándar de duda referido. [L]a meta de conocer la verdad no se ha alcanzado en el caso”.
“Por eso […] el razonamiento desarrollado en la decisión en revisión viola tanto la regla de la sana crítica racional –al construir la participación de la acusada sobre indicios insuficientes– como el principio in dubio pro reo que debió necesariamente aplicarse en consecuencia. […] El estado de duda que prevalece en el caso se ve incluso robustecido por la hipótesis alternativa ofrecida por la defensa en punto a la posible autoría de [la otra mujer] y los puntos de contacto que –conforme lo expone la recurrente- existirían entre aquélla, el imputado y el hecho objeto del proceso, resultando a su vez llamativo que, de acuerdo a los aportes documentales de la defensa, recientemente […] haya sido detenida e imputada por el homicidio de una persona mayor cuya muerte tuvo lugar por apuñalamiento”.
PRUEBA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; INDICIOS; INFORMES; VÍNCULO; APRECIACION DE LA PRUEBA; SENTENCIA CONDENATORIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; SANA CRÍTICA;
De la Puente (causa N° 27835)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 27 de la Capital Federal
1. Falta de acción. Principio acusatorio. Dictamen. Consentimiento fiscal.
“[E]n este caso no existe una controversia para resolver entre las partes, sino que ambas postulan el sobreseimiento del imputado, por considerar que la conducta resultaría atípica, por lo que en definitiva, postulando el Ministerio Público Fiscal el sobreseimiento del imputado y toda vez que los argumentos expresados por el representante del Ministerio Público son autosuficientes y el dictamen supera el control de legalidad que debe imperar sobre todo requerimiento que se opone al progreso de la acción, [se hará] lugar al pedido.
En efecto, una vez que se le confirió la vista, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento [del imputado], por entender que la conducta que se le atribuye es atípica y expresó los fundamentos que ha tenido en cuenta para tomar esa decisión. Desde este punto de vista, teniendo en cuenta la ausencia de acusación fiscal, corresponde dictar su sobreseimiento”.
“Si el pedido de absolución vertido durante los alegatos vincula al tribunal, la misma consecuencia debe acarrear el pedido de sobreseimiento formulado antes del juicio. Es que, ante el retiro de la acusación por parte del Ministerio Público, siendo el dictamen vinculante por encontrarse fundado; dicho criterio prevalece por sobre el que pueda llegar a tener el [tribunal], salvo supuestos de arbitrariedad, que no se verifican en la especie. Lo contrario importaría desvirtuar el principio acusatorio con el consecuente menoscabo del derecho de defensa en juicio del acusado.
Un último argumento se agrega por razones de economía procesal, y es que no se advierte impedimento alguno para concluir el proceso, resultando la prosecución de la causa en un debate oral y público un inútil desgaste jurisdiccional, puesto que el Ministerio Público Fiscal ya ha sentado su postura. Si bien las cuestiones relativas al fondo deben en principio ventilarse en la audiencia, ello no resulta óbice para que cuando la atipicidad resulta manifiesta, sin necesidad de producir mayores pruebas, el planteo sea introducido como excepción…”.
2. Patente de automotor. Tipicidad. Fe pública.
“[C]orresponde destacar que el pedido de la defensa ha sido debidamente fundamentado, y resulta razonable. En definitiva, asiste razón a esa parte, puesto que el delito previsto en el artículo 289 inciso 3º del código penal, lo que reprime es la adulteración de la ‘numeración’, y se desprende de los términos de la misma acusación que justamente el número de la patente no estaba alterado. En la misma senda, la fiscalía señala que para que se configure el delito la maniobra debe tener entidad para confundir respecto de la identidad del vehículo y de esa manera afectar el bien jurídico tutelado, lo que no se verifica en el caso.
Asimismo, no es ocioso recordar que la imputación viene delimitada por el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Por lo que en esta etapa la acusación se circunscribe a la plataforma fáctica allí establecida. Es por ello, que corresponde destacar que la acusación no puede ser modificada en esta instancia, y no encontrándose subsumida la conducta en el tipo penal previsto por el artículo 289 inciso 3 del CP. También es pertinente traer a colación el principio de ultima ratio del derecho penal. Por lo que la adulteración de la chapa patente, en todo caso podría configurar una infracción administrativa, pero por lo ya expuesto corresponde el dictado del sobreseimiento en relación a la imputación penal aquí tratada”.
FALTA DE ACCIÓN; PRINCIPIO ACUSATORIO; DICTAMEN; CONSENTIMIENTO FISCAL; PATENTE DE AUTOMOTOR; TIPICIDAD; FE PÚBLICA;
Heredia (Causa N°4893)Juzgado Federal de Bell Ville
El Juzgado Federal de Bell Ville sobreseyó a los imputados (juez Pinto).
1. Emergencia sanitaria. Circulación territorial. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia. Estado de necesidad.
“[L]a prueba incorporada […], fundamentalmente el certificado médico expedido por el […] especialista en ginecología y obstetricia […], viene a corroborar la parte más importante del relato efectuado por los imputados en sus declaraciones indagatorias […], lo que brinda sustento al estado de necesidad alegado”.
“A través del certificado médico […] puede ser corroborado que […] [la] ex nuera de la imputada […] [que] se encontraba cursando un embarazo de 31 semanas y media, acudió a la guardia médica…”.
“[D]e lo manifestado por las partes y de las constancias de autos puede advertirse la existencia del estado de necesidad…”.
“Ese estado, como causa de justificación que es, presenta una situación de crisis para los bienes jurídicos en juego, por un lado la salud pública y por otro lado, la salud de la [ex cuñada] del niño o niña por nacer y la seguridad del menor […] de dos años de edad, que el ordenamiento jurídico termina resolviendo a favor del interés preponderante. Es decir, prevalecerá aquella conducta que cause un mal menor en proporción al mal que amenaza producirse”.
“En el caso de autos, están reflejados los extremos necesarios para poder determinar que efectivamente existió un estado de necesidad que impulsó a la [imputada] y su ex pareja […] a trasladarse, infringiendo de esa manera la prohibición de circulación existente conforme art. 2 del DNU 297/2020, acudiendo en ayuda de [la mujer], a los fines de salvaguardar la salud de la misma, del niño o niña por nacer y la seguridad del menor […] de dos años de edad”.
EMERGENCIA SANITARIA; CIRCULACIÓN TERRITORIAL; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; ESTADO DE NECESIDAD;
HC La Rioja (causa N° 8712)Juzgado Federal de La Rioja
El Juzgado Federal de La Rioja hizo lugar a la acción de habeas corpus correctivo y colectivo. Entre otras cuestiones, exhortó a la Ministra de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia de La Rioja a que dispusiera los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de los parámetros preventivos frente a la emergencia sanitaria en los centros de detención (juez Herrera Piedrabuena).
1. Habeas corpus. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Emergencia sanitaria.
“[L]a acción interpuesta por el Ministerio Publico de la Defensa, se justifica, tanto por los motivos que la impulsan como por la finalidad del instituto el acceso a la justicia en busca de soluciones excepcionales y rápidas para problemas también excepcionales que confrontan manifiestamente con garantías constitucionales y aquejan a un determinado número de personas. [N]o cabe duda que los inconvenientes […] que padece tanto la Alcaidía como el Servicio Penitenciario, se relaciona directamente con la garantía de los internos a recibir un trato digno y condiciones carcelarias adecuadas.
En virtud de las diversas razones expuestas, hace procedente la presente acción de habeas corpus correctivo y colectivo, ya que el mismo hace a la seguridad de los internos, higiene, cuestiones sanitarias, sin perjuicio de los informes circunstanciados evacuados por los centros de detenciones, que establecen protocolos de actuación ante la extrema situación que se afronta por la pandemia de COVID19, que entiendo, han puesto en marcha conforme la normativa nacional e internacional, como recomendaciones de la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud).
Es en tal inteligencia, que a partir de las garantías constitucionales y legales […], las que constituyen normas de cumplimiento imperativo para la Judicatura, que hacen que, verificado un supuesto de la realidad que podría colisionar con la vigencia de las mismas y que perjudicaría a un conjunto de personas que se encuentran bajo la tutela que dichas normas proporcionan, corresponde hacer lugar a la acción de Habeas Corpus correctivo y colectivo solicitada por el Ministerio Publico de la Defensa en representación de sus asistidos, por ser la medida de carácter expedita que permite atender al cumplimiento de la finalidad de las normas aludidas, por cuanto garantizan las condiciones en que se debe llevar a cabo una restricción a la libertad.
El fundamento de tal criterio radica en que, más allá de velar por la observancia de las garantías constitucionales que rigen la situación de quienes se hallan privados de libertad, este Tribunal tiene otros cometidos, asegurar que la privación de la libertad que se impone a una persona en establecimiento del Estado, debe hacerse con la provisión de bienes y servicios indispensables para respetar la condición humana de los detenidos”.
2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Condiciones de detención.
“[D]ebe repararse que la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente. […] Resolver esta problemática es una exigencia ineludible e imperiosa en un Estado Constitucional de Derecho, como consecuencia necesaria de la obligación de éste de brindar condiciones carcelarias dignas y evitar que el encierro se convierta en una pena cruel, inhumana o degradante.
[E]n relación a la infraestructura edilicia de ambos centros, recursos materiales, humanos y específicamente a las falencias de las que adolecen dichos centros, a fin de asegurar el cumplimiento de la garantía de la Constitución Nacional del art. 18, deviene necesario Exhortar a la Sra. Ministra de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos […] a fin de que disponga de los medios necesarios para asegurar que, en los centros de detención, se cumplan con los parámetros preventivos ante la pandemia COVID19, conforme los protocolos establecidos y la normativa nacional e internacional; a través de la Secretaria de Derechos Humanos de la Pcia. de La Rioja, dentro de su área de competencia, que deberá hacer observar en los Institutos Carcelarios de la Provincia, las condiciones de salubridad, higiene y sobre todo de dignidad de las personas allí detenidas, para mantener incólume el estándar alcanzado por los derechos humanos en cuanto al respeto que se debe a los mismos y poder cumplir acabadamente con la manda constitucional del art. 18 ‘in fine’ de la C.N.”.
“[S]e deberá exhortar a Alcaidía de la Policía de la Provincia de La Rioja, al Servicio Penitenciario Provincial, y a la Unidad de Asuntos Juveniles, del Niño y la Mujer, que arbitren los medios necesarios para asegurar y garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, y apeguen sus recaudos a lo establecido mediante Resolución 01/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ‘Pandemia y Derechos Humanos en las Américas’…”.
HÁBEAS CORPUS; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES;
Lugo (causa N° 19147)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, revocó la decisión y dispuso el sobreseimiento de la mujer (jueces Pociello Argerich y López).
1. Violencia de género. Violencia familiar. Homicidio. Autodeterminación. Informes. Prueba. Apreciación de la prueba.
“Valorando la prueba conforme la exigencia de tratados internacionales y legislación interna, no puede sino concluirse en la existencia de una situación que bien pudo impedir la libertad de acción de [la mujer] para adoptar una conducta que, eventualmente, y solo eventualmente, podría haber evitado el deceso de su hija”.
“[A]l momento de asignar mayor o menor credibilidad al relato de cada uno u otro de los imputados […] no [se] puede dejar de [valorar] la existencia del ya mencionado expediente radicado ante la justicia local […] donde quien da intervención a la autoridad policial es [una familiar del hombre], quien se enfrenta a la agredida que intenta defender a su agresor, valga la redundancia, en una actitud que claramente da sustento a las conclusiones a las que arribaron las especialistas el efectuar el informe requerido por este tribunal”.
“Dada la extensión de todos estos estudios, valga sólo citar lo sostenido entre muchas conclusiones por la Licenciada [en psicología] en relación a que ‘…en el contexto del suceso [la imputada] vio decididamente afectada su capacidad de autodeterminación por interferencia directa del cuadro de salud mental que padecía y ya fue descripto…’ para concluir luego que ‘…A partir de toda la información recolectada, podía concluirse que [la mujer] no contó con plena capacidad de autodeterminación para poder operar en su entorno, especialmente en relación a los hechos investigados, para poder salvaguardar así la integridad de su hija […] o la suya propia…’.
Poco queda entonces agregar para sostener que en la instancia se ha alcanzado el grado de convicción necesario para concluir que [la mujer] no puede ser responsabilizada por el hecho que originara su vinculación a proceso y por tanto se dispondrá su sobreseimiento conforme lo dispuesto por el artículo 336 inciso 4° del Código Procesal Penal de la Nación”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; HOMICIDIO; AUTODETERMINACION; INFORMES; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
MAI (causa N° 86952)Juzgado Nacional Civil Nro. 25
El Juzgado Nacional en lo Civil N° 25 admitió de manera parcial la excepción de pago formulada y descontó las sumas correspondientes al 50% de la contribución alimentaria mientras ambos niños convivieron con su progenitor y la suma equivalente al 25% de la cuota alimentaria mientras duró la convivencia de uno de ellos (juez Aón).
1. Emergencia sanitaria. Alimentos. Solidaridad. Equidad.
“[F]rente a la situación emergencia sanitaria que enfrenta el país, más que nunca es necesario apelar al principio de solidaridad familiar que informa toda nuestra legislación en la materia y que impone a los adultos adoptar todas las conductas necesarias para sostener el bienestar de sus hijos generando un ambiente de colaboración mutua y evitando desencuentros que solo generan incertidumbre y zozobra en el ánimo de aquellos a quienes deben proteger, educar y proporcionarles todo lo necesario para que no deban enfrentar dificultades innecesarias. Así, entiendo que en esta especial, extraordinaria e imprevisible situación sanitaria, social y familiar que atraviesa la humanidad ese principio de solidaridad, en el caso concreto de autos, se traduce en una decisión equitativa que conjugue las distintas circunstancias que atraviesan las partes y la adecuada satisfacción de los derechos de sus hijos”.
“En este sentido, cabe ponderar que las situaciones excepcionales como la que se atraviesa mundialmente-pandemia Covid 19-, requieren de un plus de protección para que el desarrollo de C. y E. no se torne ilusorio e insuficiente”.
2. Alimentos. Pago. Excepción de pago.
“Es cierto que, el obligado al pago de una cuota alimentaria no puede pretender compensación por los que entregó en especie al alimentado, o servicios que le prestó, o pagos que hizo a terceros en relación a rubros que integran el contenido de los alimentos. El art. 539 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos y, conforme a ello, se afirma que las erogaciones hechas por el alimentante deben considerarse simples liberalidades de éste […].
Sin embargo, en las circunstancias apuntadas y dadas las particularidades que surgen de estas actuaciones en que los niños estuvieron durante el período reclamado conviviendo con el progenitor, quien tuvo que solventar exclusivamente todos los gastos generados durante esa época (junio y julio de 2020) y la convivencia de C. con el Sr. D. hasta el mes de agosto de 2020, cabe admitir la excepción planteada, pero no en la entidad que se reclama…”.
EMERGENCIA SANITARIA; ALIMENTOS; SOLIDARIDAD; EQUIDAD; PAGO; EXCEPCIÓN DE PAGO;
Asociación Comunitaria La Matanza (causa Nº 11001630)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar al recurso, revocó la sentencia e hizo lugar a la demanda. En consecuencia, condenó al Estado nacional al pago de una indemnización directa a la parte actora. Además, ordenó al Estado a que destinase dinero en los sucesivos diez años a inversiones públicas en beneficio de los integrantes de la etnia Toba (juezas Denogens y Alcala).
1. Pueblos indígenas. Asociación civil. Legitimación procesal. Derechos de incidencia colectiva.
“[L]a finalidad perseguida con la promoción de la presente acción excede lo meramente económico […] siendo susceptible de encuadrarse en los fines de `procurar el perfeccionamiento moral y material de todos los componentes de la comunidad dentro de un clima de concordia y respeto al orden jurídico´ y `llevar a cabo una acción de tipo cultural, social y deportivo y toda otra actividad legal que contribuya a la elevación de los niveles de vida y participación plena en la vida social y económica de la zona y de sus socios´, contemplados en el estatuto constitutivo de la asociación actora.
[L]a Constitución Nacional reformada contempla la legitimación procesal no sólo del afectado […] sino también habilita expresamente a intervenir como parte actora a otros sujetos –distintos de aquél– que actuarán en nombre propio pero invocando la defensa de derechos de otros. Así, el artículo 43, 2º párrafo de la CN establece que podrá interponer una acción expedita y rápida de amparo: `... contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las Asociaciones que propendan a esos fines, registrados conforme a la ley´.
Cabe aclarar que, si bien en el texto constitucional la intervención de tales sujetos está contemplada en el marco de la regulación de la acción de amparo, la CSJN ha considerado que dicha legitimación extraordinaria es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general, por ejemplo: la acción declarativa de inconstitucionalidad y procesos ordinarios […]. La redacción del precepto constitucional en examen prevé, como requisitos formales para legitimar a las asociaciones, que `propendan a esos fines´ y que se encuentren inscriptas en el registro respectivo […].
A su vez, el artículo 75 inc. 17 de la CN y las constituciones provinciales que cuentan con normas similares han otorgado a las comunidades indígenas un reconocimiento normativo de su condición de sujeto colectivo de derecho […]. [L]a comunidad indígena mantiene diferencias con el art. 141 CCyC en su calidad de sujeto de derecho, respecto de la obligación de sujetarse a los fines y objeto de su constitución. La finalidad de una comunidad indígena no es otra que su reproducción y supervivencia cultural, normativa y económica, de acuerdo a sus propias pautas, en el presente y para las generaciones venideras. La cuestión importante es que no se trata de `la garantía constitucional de asociarse con fines útiles […]´ ni de la `regla de la especialidad´, sino del ejercicio del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la ONU las comunidades indígenas cuentan con el derecho a solicitar su inscripción registral de la personería jurídica que pretendan, con base en su sola condición de sujeto colectivo de derecho.
Aunque, a la vez, la eventual falta de inscripción no implica, bajo ningún concepto, un menoscabo en sus derechos fundamentales ni la carencia de su personalidad jurídica, la cual está reconocida constitucionalmente. Por eso mismo, el artículo 75 inc. 17 de la CN refiere, en verdad, al derecho a la personalidad jurídica, es decir al reconocimiento directo que hizo la asamblea constituyente en 1994 a la condición de sujeto colectivo de derecho de las comunidades indígenas, en forma genérica; mientras que el asunto relativo a las inscripciones de las personerías jurídicas en los registros estatales, refiere a la representación concreta y específica de las mismas, en los ámbitos que corresponda. (EL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, Javier Azzali, Paula Barberi, https://jurisprudencia.mpd.gov.ar)”.
2. Pueblos indígenas. Personería. Interpretación de la ley.
“[L]a norma que regula lo relativo a la personería de las comunidades indígenas (Ley 23.302) es anterior a la reforma constitucional, por lo que su contenido debe ser interpretado de manera armónica con los derechos reconocidos en la Carta Magna con posterioridad al dictado de aquélla. De tal manera, la interpretación que se haga del art. 2 de la Ley 23.302 debe garantizar el ejercicio amplio de los derechos de las comunidades cuya preexistencia se reconoce y pretende proteger”.
“[L]a falta de inscripción de la Asociación actora en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas no resulta óbice para reconocerle legitimación activa en las presentes actuaciones, toda vez que la misma sí se encuentra inscripta desde el año 2008 en la Dirección de Personas Jurídicas del Chaco […], por tratarse de facultades concurrentes que pueden ser ejercidas tanto por la autoridad nacional como provincial, y que no se excluyen entre sí”.
3. Acciones imprescriptibles. Pueblos indígenas. Delitos de lesa humanidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“[E]ste Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse con relación a la temática en trato, sosteniendo la imprescriptibilidad del reclamo resarcitorio derivado de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Nacional contra la etnia Pilagá.
En este sentido, […] dicho criterio ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al manifestar `Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos...las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú...´ (conf. CIDH, caso `Barrios Altos´, sentencia del 14 de marzo de 2001, serie C N° 75)”.
4. Pueblos indígenas. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral. Reparación.
“[Corresponde] la procedencia del reclamo por el daño moral causado a la comunidad Toba que la asociación actora representa, no resultando pertinente colocar el sufrimiento espiritual solamente en cabeza de las personas que sufrieron de manera directa la masacre del 19 de julio de 1924, sino entendiendo que esos hechos fueron susceptibles de causar un daño espiritual a la comunidad como tal, cuyas repercusiones subsisten hasta la actualidad, y que por ello merecen ser reparadas.
Sin embargo, tal como lo ha declarado la CIDH, la reparación más idónea para este concepto no resulta ser la reparación económica, sino que consiste en el reconocimiento de los hechos que ya ha sido efectuado por la magistrada de la instancia anterior, así como una serie de medidas que han sido adoptadas por los distintos poderes de la Provincia del Chaco…”.
“[N]o resulta posible encuadrar los daños descriptos en las clásicas categorías de `daño emergente´ o `lucro cesante´, lo que [hace] la procedencia de una reparación `in totum´, que procure el desarrollo de la comunidad indígena que vio afectados sus derechos durante tantos años, y que constituya la vía que garantice por parte del Estado Nacional la implementación de políticas públicas tendientes a reparar los daños sufridos por los integrantes de la etnia.
En este sentido, en el plano internacional se ha señalado que en la medida de lo posible, la reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho acto…”.
5. Gastos de justicia. Acceso a la justicia. Igualdad. Vulnerabilidad.
“[E]l postulado de economía de gastos exige que el proceso no sea objeto de gravosas imposiciones fiscales, ni que, por la magnitud de los gastos y costas que origine, resulte inaccesible a los litigantes, sobre todo a los de condición económica precaria. No puede perderse de vista que la amplia dimensión del complejo problema del acceso a la justicia y de las formas de facilitarlo, son cuestiones que modernamente vienen acaparando en todas las latitudes la atención no sólo de los juristas, sino también de los políticos, sociólogos, economistas y otros expertos […]. La cuestión de la igualdad ante la ley se traduce ahora en el tema de la igualdad ante la justicia, que lleva al problema de la dimensión social del derecho en general, y de la justicia. La remoción de los obstáculos de todo tipo –especialmente económicos– que impiden el libre acceso a la jurisdicción, ha sido objeto de particular atención desde la esfera constitucional […]. Atención que se ha potenciado en los últimos tiempos con la elevación de los tratados sobre derechos humanos a rango constitucional…”.
“Es tarea de los magistrados intervinientes en procesos de este tipo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos allí plasmados, asegurando el acceso a la justicia de pueblos que han sido históricamente relegados. Se trata de un derecho humano fundamental por el cual las personas pueden exigir una respuesta adecuada a sus necesidades jurídicas. Entre otras cuestiones, esto significa que los miembros de comunidades indígenas tienen derecho a:
- Contar con recursos efectivos para reclamar y defender sus derechos (arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional) –convenio 169 OIT Iniciar procedimientos legales para reclamar el cumplimiento de sus derechos (art. 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT–).
- Obtener una pronta decisión sobre los conflictos que plantean, y una reparación de las lesiones a sus derechos individuales y colectivos (art. 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
[…] Las 100 Reglas [de Brasilia] tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas (entre otros grupos sociales) porque está comprobado que, en muchas circunstancias, han tenido dificultades para poder hacer valer sus derechos. Por eso, las Reglas establecen específicamente que los funcionarios y magistrados judiciales deben brindar un trato respetuoso a su dignidad, lengua y tradiciones culturales…”.
PUEBLOS INDÍGENAS; ASOCIACIÓN CIVIL; LEGITIMACIÓN PROCESAL; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; PERSONERÍA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; ACCIONES IMPRESCRIPTIBLES; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL; REPARACIÓN; GASTOS DE JUSTICIA; ACCESO A LA JUSTICIA; IGUALDAD; VULNERABILIDAD;
Rochi (causa N° 746)Juzgado Federal de 1a Instancia Nº 2 de Paraná
El Juzgado Federal de Paraná N° 2 hizo lugar a la acción y declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1º, 2, 79 inc. c y cctes de la ley N° 20.628, su modificatoria dispuesta por ley N° 27.346 y las resoluciones reglamentaria dictadas por la AFIP al respecto. Asimismo, dispuso que la demandada reintegrase a la actora los montos que se le hubiere retenido en tal concepto (juez Alonso).
1. Acción de amparo. Admisibilidad.
“[L]a vía del amparo es apta para resolver el conflicto planteado. Ello por cuanto el objeto de la pretensión es de neto carácter alimentario, toda vez que se solicita el cese en la aplicación del impuesto a las ganancias. El art. 2 de la ley 16.986 establece que `La acción de amparo no será admisible cuando: a) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate´.
En el presente caso, la alternativa de deducir una demanda de conocimiento pleno no se condice con la premura y urgencia que requiere el debate. Nótese que con la sola mención de los derechos que se encuentran en juego, todos ellos de carácter alimentario, la vía de amparo aparece como la más adecuada a los fines de salvaguardar los derechos que la actora entiende conculcados”.
“[N]o corresponde a los jueces decidir si un tributo es o no conveniente, pero si les incumbe analizar si aquel es contrario a los principios y garantías contenidos en la Carta Magna. Por ello, en virtud de que la actora entiende vulnerados derechos constitucionales, a partir de ser sujeto obligado al pago de impuesto a las ganancias, se procederá a efectuar el análisis de la cuestión litigiosa para determinar la existencia o no de dicha afectación”.
2. Jubilación. Haber jubilatorio. Impuesto a las ganancias.
“[D]ebe tenerse en consideración que el haber previsional, tiene por finalidad esencial asegurar la subsistencia frente a la contingencia vejez y se encuentra protegido, no solo por las leyes propias de la seguridad social, sino también por la Constitución Nacional y normas que comparten su jerarquía.
La mengua del haber previsional mediante la retención de un porcentaje de aquel, en concepto de impuesto a las ganancias, afecta notablemente su esencia, y por lo tanto le impide cumplir con su finalidad. A ello se le suma el hecho de que el tributo de mención, fue oportunamente abonado, al encontrarse el sujeto pasivo –hoy retirado– en actividad. Esto lleva a una doble imposición, por un lado, el fisco percibió el tributo por el trabajo personal y, por otro lado, percibe el mismo impuesto, por el beneficio previsional derivado de aquella labor por la cual ya se tributó”.
“[N]o puede considerarse al haber previsional como una ganancia. La ganancia es una utilidad obtenida por una prestación o una renta; y el haber jubilatorio o de pensión, no cuenta con estas características, por el contrario, como he dicho con anterioridad su finalidad es paliar la contingencia vejez, y está financiado por los aportes efectuados durante la vida activa”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; JUBILACIÓN; HABER JUBILATORIO; IMPUESTO A LAS GANANCIAS;
Centurion (Causa N°11325)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas hizo lugar al pedido de arresto domiciliario (juez Moreira).
1. LGBTIQ. Personas privadas de la libertad. Vulnerabilidad.
“[S]e debe considerar que las personas privadas de libertad constituyen per se un colectivo vulnerable…”.
“En el caso, se evidencia aún más la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la condenada […], no solo por la pertenencia al colectivo de LGBT, sino por su corta edad […], su falta de adaptación y consecuente desmedro de su salud psíquica y posibles situaciones de violencia a las que pudo haber sido sometida”.
“[E]n correlación a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que fueran incorporados a nuestra Constitución Nacional y la extensa jurisprudencia e informes emitidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros, considerando por un lado, que la potestad de administrar justicia debe estar enmarcada dentro de los cauces constitucionales, como son la observancia de los principios, valores y derechos fundamentales que en ella se reconocen, y por otro lado, que es necesario darse cuenta que existen diferencias efectivas y que no puede mantenerse la libertad y la igualdad en un plano simplemente formal, sosteniéndose que la justicia debe dirigir su atención a equilibrar las desventajas de hecho, considerando especialmente la situación de vulnerabilidad de la encartada, es que debe concederse el beneficio del arresto domiciliario solicitado”.
2. LGBTIQ. Personas privadas de la libertad. Identidad de género. No discriminación. Responsabilidad del Estado.
“La discriminación contra las personas privadas de libertad por motivo de su identidad de género u orientación sexual no está justificada bajo ninguna circunstancia. De conformidad a los Principios y Buenas Practicas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de América de la CIDH, las personas privadas de la libertad no deben ser objeto de discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, o cualquier condición social”.
“El hecho de que las personas estén privadas de su libertad impone al Estado una responsabilidad todavía mayor de velar por su integridad física y moral. En el caso de la población LGBT, adicionalmente, debe tenerse en cuenta la información concreta de que se encuentran aún más vulnerables de sufrir agresiones físicas y morales en ese centro penitenciario, por lo que la protección necesaria es aún mayor.
Si bien en nuestro país se reconoció la especial vulnerabilidad del colectivo LGTB en el ámbito penitenciario federal y se han tomado medidas especiales, como la creación de Pabellones destinados especialmente a personas trans, en el caso esta medida especial no fue suficiente para garantizar la adaptación e integridad física y psíquica de la condenada…”.
“Conforme lo ha dicho en numerosas ocasiones la […] Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. En este particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables…”.
3. Prisión domiciliaria. Ejecución de la pena. Emergencia sanitaria.
“[E]s preciso recordar que el arresto domiciliario constituye una solución más aceptable para los casos en que el encierro carcelario implica un desmedro que va más allá de las restricciones propias de la ejecución de la pena…”.
“Por las razones apuntadas, y en la inteligencia de que en el contexto extraordinario actual de pandemia, esta es la solución que mejor se ajusta a la protección integral de los derechos en juego, a la salud, a una vida digna y libre de violencia, es que […] se encuentran dadas las condiciones fácticas y jurídicas conforme a la actual legislación 26.472, y a los Tratados y Convenciones Internacionales, para acoger favorablemente el pedido de la defensa, a fin de que [la imputada] continúe cumpliendo condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria”.
LGBTIQ; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; VULNERABILIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PRISIÓN DOMICILIARIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; EMERGENCIA SANITARIA;
Mendoza (reg. N° 2694 y causa N° 48221)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la decisión recurrida y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que evaluara la procedencia de la libertad asistida (jueces Días y Sarrabayrouse).
“[L]a unificación de penas prevista en el art. 58, C.P. importa la pérdida de la individualidad de cada una de ellas, para transformarse en una nueva sanción, única y definitiva, a la cual le son aplicables todos los mecanismos de egreso anticipado previstos en la ley 24.660. […] Por lo tanto, asiste razón a la defensa cuando sostiene que en el caso existió una errónea interpretación del art. 56 de la ley 24.660”.
“[L]a libertad asistida es la última oportunidad que tiene el penado de insertarse gradualmente al medio libre, previo al agotamiento de la condena; y por dicha razón, el texto legal expresa que su denegatoria habrá de ocurrir únicamente de manera extraordinaria, y sólo cuando el egreso implique un riesgo para sí o para terceros. Además, […] este análisis requiere una resolución fundada al respecto. [Por lo demás,] no se analizó detalladamente la presencia del mencionado riesgo…”.
LIBERTAD ASISTIDA; REVOCACIÓN; UNIFICACIÓN DE PENAS; EJECUCIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Duran (Causa n°16919)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la declaración de rebeldía, dispuso la averiguación del paradero del imputado y la notificación fehaciente de la audiencia de clausura (jueces Lucero y Pociello Argerich).
1. Excarcelación. Notificación.
“Si bien [el imputado] fue oportunamente detenido y excarcelado en la audiencia inicial del procedimiento de flagrancia […] y, por ende, conoce la existencia de la causa, lo cierto es que en el acta en la que se dispuso su soltura, se dejó asentado que debía comunicar cualquier cambio de domicilio y comparecer al tribunal cada quince días […] hasta tanto se constante fehacientemente el nuevo domicilio aportado, bajo apercibimiento en caso de inasistencia injustificada…”.
“Como puede advertirse, se omitió poner en su conocimiento el domicilio del Tribunal, y los restante datos para que pueda estar a derecho”.
“Es más, en esa ocasión el Juzgado […] se declaró incompetente, y dispuso la intervención del [otro] Juzgado […] -donde actualmente tramita este sumario-, pero ninguna información se le brindó al respecto para que pueda cumplir con las obligaciones…”.

1. Excarcelación. Notificación.
“Si bien [el imputado] fue oportunamente detenido y excarcelado en la audiencia inicial del procedimiento de flagrancia […] y, por ende, conoce la existencia de la causa, lo cierto es que en el acta en la que se dispuso su soltura, se dejó asentado que debía comunicar cualquier cambio de domicilio y comparecer al tribunal cada quince días […] hasta tanto se constante fehacientemente el nuevo domicilio aportado, bajo apercibimiento en caso de inasistencia injustificada…”.
“Como puede advertirse, se omitió poner en su conocimiento el domicilio del Tribunal, y los restante datos para que pueda estar a derecho”.
“Es más, en esa ocasión el Juzgado […] se declaró incompetente, y dispuso la intervención del [otro] Juzgado […] -donde actualmente tramita este sumario-, pero ninguna información se le brindó al respecto para que pueda cumplir con las obligaciones…”.
2. Notificación. Emergencia sanitaria. Rebeldía. Domicilio.
“En ese marco, es erróneo pretender que con un simple llamado al juzgado donde tramitó el sumario originalmente podría demostrar su voluntad de estar sometido a proceso y tomar conocimiento de la judicatura que actualmente interviene para estar a derecho, máxime cuando ni siquiera cuenta con los números telefónicos de contacto.
De este modo, frente a la escasa información que se le aportó [al imputado] vinculada con la modalidad que quedaba sujeto proceso, que se omitió poner en su conocimiento el nuevo tribunal que intervendría, así como los datos que le permitan sujetarse al proceso, sumado a que previo a que venza el término de la comparecencia se dispusieron la medidas de aislamiento social […], más allá que la notificación que se le curso arrojó resultado negativo, debe estarse a la averiguación de su actual paradero y posterior notificación a la audiencia de clausura”.
EXCARCELACIÓN; NOTIFICACIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; REBELDÍA; DOMICILIO;
Gimenez (causa N° 55560)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión (Juez Lucero).
1. Suspensión del juicio a prueba. Revocación. Sentencia firme. Hecho nuevo
“[S]i bien en el informe actuarial que da cuenta acerca de la posible comisión de un delito con posterioridad a la suspensión del proceso data del 16 de octubre de 2019, posteriormente y como lo adelantara la recurrente, se estableció que fue impugnada la condena dictada”.
“[R]esulta necesario contar con una sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada para acreditar la condición que exige el art. 76 bis, quinto párrafo, del CPPN para reanudar este proceso; extremo que no ocurre en este caso. Además, esa posición es la más respetuosa del estado de inocencia y que mayores derechos otorga al justiciable, tal como lo desarrolló la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el precedente ‘Gramajo’ […].
Así sostuvo: ‘Por todo ello, cabe concluir que cuando el art. 76 ter quinto párrafo del CP hace referencia a ‘un nuevo delito’ para tener por acreditada dicha circunstancia, debe existir una sentencia condenatoria que así lo establezca, y ella debe adquirir firmeza dentro del plazo por el que se otorgó la suspensión del juicio a prueba’ […].
Lo expuesto se inscribe a su vez, desde una hermenéutica sistemática, en la doctrina del máximo tribunal al analizar la institución de la extinción por prescripción de la acción penal –por ‘la comisión de un delito’–, cuando exige para otorgar carácter interruptivo a un hecho criminal una sentencia firme que declare su realización y atribución de responsabilidad al mismo encausado (CSJN, Fallos: 322:717; ‘Reggi’).
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; REVOCACIÓN; SENTENCIA FIRME; HECHO NUEVO;
Zerrizuela (Causa n°36200)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el auto que había rechazado la designación de los letrados y dispuso que se tuvieran como abogados defensores del imputado (juez Lucini y jueza Laiño).
1. Asistencia letrada. Orden de captura. Rebeldía.
“La jurisprudencia es pacífica respecto de que quien no está sometido a proceso no puede tener comunicación con el magistrado que entiende en la causa que se sustancia en su contra, pero ello está limitado a que el sujeto sea declarado rebelde.
En el caso concreto, esa circunstancia no se verifica, por lo que, de momento, no se evidencian motivos válidos para que no cuente con asistencia letrada. Ello sin perjuicio de lo que resuelva el instructor en el devenir de la investigación”.
2. Derecho de defensa. Debido proceso. Asistencia letrada. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“No [se desconoce] que es inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual quien se sustrae de la acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar ante la autoridad que él ha desconocido el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción […], sin embargo no es menos cierto que también ha sostenido que en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa.
La tutela de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal que le asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio […]. La defensa del imputado resulta esencial en el proceso, pues en materia criminal constituye un elemento sustancial de las formas del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales…”.
“Sabido es que el derecho del justiciable a defenderse personalmente o a elegir un abogado de su confianza se encuentra previsto en normas de raigambre convencional, las cuales gozan de jerarquía constitucional […]. Así en base a los alcances que deben otorgarse al derecho de defensa y en resguardo del debido proceso, del juego armónico de lo prescripto en los artículos 72, 73, 104, 107 y 211 del Código Procesal Penal de la Nación, se extrae con toda claridad que el imputado tiene derecho a ser defendido por un abogado desde el primer momento en que es sindicado como tal…”.
ASISTENCIA LETRADA; ORDEN DE CAPTURA; REBELDÍA; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Chilo (causa N° 119538)Tribunal de Impugnación de Salta
La Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta rechazó el recurso y confirmó la decisión (voto del juez Barrionuevo al que adhirió la jueza Solorzano).
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad del Estado.
“[C]orresponde analizar los criterios sostenidos por la C.S.J.N. en esta materia, la que vía juris-prudencia, determinó los presupuestos de la responsabilidad extracontractual. Como afirma el recurrente debe comprobarse: a) imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano estatal en ejercicio de sus funciones; b) falta o funcionamiento defectuoso o irregular del servicio; c) existencia de daño cierto, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero y d) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue...”.
Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación. Omisión del Estado.
“En el caso concreto se atribuye como responsable a la provincia por una omisión, y ante ello se distingue `los casos de omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. La determinación de la responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos jurídicos indeterminados debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar.´ (C.S.J.N., Fallos `Mosca´ 330:563); `…la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. En consecuencia, el factor de atribución genérico deberá ser examinado en función de los elementos, antes mencionados...toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directo...”.
“En el caso concreto y conforme fue debidamente acreditado la Provincia de Salta, a través de las autoridades policiales tuvieron pleno conocimiento de la situación de violencia familiar existente entre el hoy condenado y la víctima S. Tuvieron también conocimiento del estado de labilidad emocional de Chilo. Tenían la certeza de que Chilo tenía bajo su custodia, a su alcance y plena disponibilidad un arma y que la misma resulta un elemento letal que aumenta de un modo inaceptable el riesgo al que se encontraba sometida S. Como bien se relata en la sentencia, las Licenciadas M. y C. intervienen en la problemática alertadas por instrumentos públicos policiales. Fue allí donde surgió el deber estatal de retirar el arma de fuego provista por la Provincia a quien resultaba Sgto. de la Policía Provincial. No se trata en este estado de cosas de la intervención genérica del Estado Provincial en particular del Ejecutivo en la Policía Administrativa de un deber genérico de lucha contra la violencia de género –por otro lado vigente y exigible al Estado Provincial– sino claramente de un deber específico: Conocida una situación concreta de riesgo directo el deber de retiro del arma era expedito, inminente, urgente.
Existe en el caso entonces un deber omitido, retirar el arma a quiense encontraba ejerciendo violencia sobre una mujer quien había requerido formal y reiteradamente intervención estatal; había también informes de profesionales designados por la Policía de la Provincia para intervenir en el caso que consideraban emocionalmente inestable al agresor.
No hay dudas sobre el factor de atribución de responsabilidad directa y gravemente relacionado con una falta de cumplimiento de obligaciones, ello importó una abstención que infringió un deber legal de actuar, que se conectó causalmente con el daño sufrido, toda vez que fue con el arma reglamentaria no retirada al agente emocionalmente inestable con la que perpetró el hecho luctuoso objeto de responsabilización”.
“La problemática planteada no es una situación de violencia común, se trata de un caso de violencia extrema claramente previsible para el Estado. El Estado tuvo conocimiento expreso de la conflictiva de la que era víctima S., de la labilidad de Chilo, de la existencia de un elemento letal como es el arma, provista a Chilo por el mismo Estado, y no hizo nada efectivo para evitarlo. Claramente el deber de retirar el arma era jurídico y operativo y con total certeza se omitió cumplir el mismo”.
Elementos constitutivos de la Responsabilidad Civil. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación.
“Tampoco es cierto que se responsabilizó al Estado Provincial por la acción homicida de Chilo, se responsabilizó al Estado Provincial por la omisión de intervenir del modo debido frente al conocimiento efectivo de una situación de violencia familiar de alto riesgo y omitir retirar del poder de alguien emocionalmente inestable el arma homicida. La responsabilidad estatal, como ya se analizó, deviene clara.
Es que se ha comprobado la imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano estatal en ejercicio de sus funciones, esto es del deber de la Policía de la Provincia de intervenir en la situación de modo efectivo retirando el arma a Chilo; se ha comprobado la falta de cumplimiento del deber de prevención específico, pues conoció el Estado Provincial la situación concreta de riesgo. El riesgo indebidamente asumido por el estado se tradujo en un daño cierto, la muerte de S. por el arma reglamentaria que la provincia omitió retirar a Chilo, e in-equívocamente hay una relación decausalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se ordenó”.
“[L]a inexplicable negación que hace el Estado Provincial de su responsabilidad civil frente a este luctuoso hecho producido por el funcionario público con el arma reglamentaria llama la atención que se desconozca como fuente de obligación de reparar su defectuosa intervención en la prevención de un hecho de violencia de género producido por un efectivo policial que fuera suficientemente comunicado y conocido por la autoridad policial, responsable directa de velar para que las armas de fuego provistas, sólo estén en poder de personas mentalmente estables y sin peligro concreto de generar hechos violentos como el que originó el presente proceso.
La inacción policial pone de manifiesto que el Estado, en este caso concreto, no tomó conciencia al momento de las denuncias de S. del peligro que existía entonces por la violencia de género a la que era sometida la hoy fallecida. Fue su indiferencia y su inacción la que se tradujo en el resultado muerte de S. El resultado disvalioso ocurrido y que hoy lamentamos se produjo por ello, la ausencia de políticas sostenidas de prevención como sería el retiro del arma a un dependiente denunciado de violencia familiar, como la falta de realización de actos concretos de protección ante el informe que el mismo Estado produjo respecto de que Chilo era emocionalmente inestable.
La responsabilidad estatal frente a este resultado deberá asumirse desde la reparación ya que se omitió intervenir eficazmente en la prevención. No se trata de un deber de prevención genérico, pues ese deber devino en concreto cuando el Estado fue anoticiado de los hechos de violencia y verificó la inestabilidad emocional de Chilo”.
“Se expresa como burdo atenuante que la persistencia de Chilo en su determinación exime la responsabilidad estatal. El Estado Provincial, tal como se afirma en este fallo, era conocedor de las condiciones psíquicas de Chilo. A mayor conocimiento mayor responsabilidad”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Valor vida. Daño patrimonial indirecto.
“Respecto al cuestionamiento del monto asignado al daño material debe decirse que el mismo fue suficientemente justificado en la sentencia cuestionada, allí se dijo que: `se advierte que con la muerte de C. A. S. C se vulneró uno de los derechos fundamentales más importantes, cual es la vida de una joven mujer de 33 años de edad, madre de cuatro hijos menores de edad e hija de una mujer que debe afrontar con entereza el infortunio de la pérdida de su hija mayor, como así también la frustración y daño al proyecto de vida por su muerte´. `Como es sabido, para fijar el monto de indemnización, no es adecuado admitir el daño material con un criterio matemático, por cuanto ello equivaldría considerar a la víctima como una unidad económica de producción, situación que no corresponde pues debe destacarse que la vida humana no tiene valor económico per se, ello toda vez que, la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo que produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que la extinta producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue no cabiendo duda alguna, que era la actora, a la postre la madre de hijos menores de la infortunada damnificada, quienes resultaban destinatarios de los bienes económicos de la hija y madre cruelmente asesinada por su ex pareja por lo que, con arreglo a las previsiones del Art. 1.085 del C.C. le corresponde a ellos obtener la reparación del daño material sufrido”.
“[L]a C.S.J.N. ha sostenido en materia civil, laboral y de familia, que el derecho a conformar el propio proyecto de vida viene garantizado constitucionalmente y que es exigible la reparación de la frustración del desarrollo pleno de la vida que implique una reformulación del proyecto de vida […] [C]abe considerar si el proyecto de vida de C. A. debe ser objeto de ponderación, y la respuesta, sin lugar a dudas, debe ser afirmativa por cuanto ésta modificación traumática a dicho proyecto tiene incidencia e impacta no solo en el afectado sino en su familia… No cabe dudas que C. S. C., era una joven y abnegada mujer, dispuesta a superar los obstáculos y desafíos que su historia de vida le imponían, con denodado esfuerzo, tesón y sacrificio; sintiéndose inspirada en un claro propósito de superación”.
“Hay una distancia enorme entre la arbitrariedad y la construcción razonado de una conclusión en base a elementos y lógica. La característica de vocación de superación, esmero y procura de bienestar para su entorno por parte de la víctima de asesinato y omisión estatal está más que construida con certeza lógica jurídica. El monto fijado en modo alguno deviene exorbitante en atención a la edad de la víctima y sus capacidades”.
Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral.
“En relación al daño moral y a la exclusión como legitimada de la […] madre de la víctima debe analizarse el planteo recursivo no sólo en base a la literalidad de la norma establecida en el Código Civil vigente al momento del hecho, sino sobre todo a la luz de los derechos constitucionales en juego.
[N]os encontramos frente a una responsabilidad estatal existente en virtud de una omisión a un deber jurídico del Estado Provincial. Y por ello a la hora de valorar la responsabilidad del Estado y la legitimación activa para reclamar la reparación integral habrá que mirar con especial atención lo establecido por instrumentos y tribunales de derechos humanos.
En particular el art. 63 de la CADH reconoce el derecho al pago de una justa indemnización de la parte lesionada. Por ello nos encontramos constreñidos a buscar la interpretación más integradora de derechos que el art. 1.078 del CC pueda presentar.
Se encuentra vigente y lo estaba ya al momento de la sentencia de primera instancia el Código Civil y Comercial, con lo cual la interpretación del mismo debe ser no sólo teniendo en cuenta sus palabras sino también las finalidades de la reparación en los términos constitucional y convencionalmente reconocidos, así como el avance que la conceptualización al derecho a la reparación que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
En idéntico sentido debe decirse que ha mirado sobre el deber de reparar en particular y mientras la reparación del daño moral estaba negada a víctimas indirectas y fue reconocida como excepción y con limitaciones en la Ley 17.711, queda claro que doctrinaria, jurisprudencial y finalmente legislativamente se ha reconocido a los ascendientes derecho a ser reparados en el daño moral, tal cual lo establece hoy en día el art. 1.746 respecto del daño llamado extramatrimonial”.
“Lo jurídicamente analizado es válido para cualquier planteo resarcitorio, reparatorio. Si esta reparación es importante en todos los casos, lo es mucho más cuando es el Estado el que violentando sus deberes de protección resultó parte del nexo causal de un hecho fatal de violencia de género. No puede el Estado pretender negar la reparación a una madre sufriente, que en virtud de la inactividad estatal tuvo que afrontar el fallecimiento de su hija y asumir el rol de protección de sus nietos huérfanos”.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; OMISIÓN DEL ESTADO; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; VALOR VIDA; DAÑO PATRIMONIAL INDIRECTO; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL;
Blanco (causa Nº 8293)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión impugnada y dispuso la remisión de testimonios al Colegio Público de Abogados (jueces Rodríguez Varela y Lucero).
1. Asistencia letrada. Derecho de defensa. Defensa técnica ineficaz.
“[N]o se ven reflejados en la actuación del encausado los requisitos necesarios para el encuadre típico. En efecto, la compulsa de los testimonios […] refleja que durante la instrucción de la causa [el abogado] aceptó el cargo, acompañó a sus asistidos a la indagatoria […] y mantuvo con ellos una entrevista previa, aconsejándolos a que no prestaran declaración. El día […] se resolvió la situación procesal de ambos, dictándose el procesamiento, que no fue recurrido.
[Las dos personas asistidas] se manifiestan ahora en desacuerdo con la actividad de quien fuera su letrado en ese proceso, remarcando su contrariedad porque aquel no hubiera presentado sus descargos por escrito ni apelado el procesamiento. Pese a ello, no han indicado motivos que pudieran haber impulsado al letrado a actuar de un modo perjudicial”.
2. Asistencia letrada. Defensa técnica ineficaz. Tipicidad. Prueba. Apreciación de la prueba.
“No puede el análisis de los hechos y sus pruebas prescindir de los elementos del tipo penal invocado en la acusación, que no se puede sustentar en meras torpezas o cuestiones propias del arte de abogar, en tanto requiere intención de perjudicar los derechos e intereses confiados. En habitual ausencia de manifestaciones directas de ese obrar doloso (como los actos prohibidos por el art. 10 de la Ley 23.187), este puede derivarse de manera indiciaria de la evidencia de groseras omisiones en el ejercicio de las defensas asumidas, independientemente del perjuicio que en concreto pudieran causar. Ninguno de estos supuestos se presenta en el caso en estudio; así como no se observan ni se han alegado actos ineludiblemente relacionados con la intención de perjudicar a sus asistidos, tampoco se advierte un desempeño del imputado que supere los márgenes razonables de lo opinable en la prudencia y habilidad en el ejercicio de una defensa penal”.
“No hay posibilidad de señalar de manera certera a la ausencia de descargo escrito posterior ni a la eventual decisión de dejar firme el procesamiento como conductas objetivamente reñidas con una defensa correcta, menos aún si, como los propios agraviados reconocieron, desde un primer momento el encausado les habría adelantado que pensaba dirigir a un instituto en el que la discusión de la imputación no es sustancial”.
“[C]oincidimos con el juez de grado acerca de que los hechos traído a estudio no encuadran en figura legal alguna (artículo 336, inciso 3º del código ritual). Sin embargo, […] el trato dispensado por el abogado a sus pupilos merece un análisis en sede administrativa. Aún cuando hubiera señalado, manifestando una reserva profesional que aquí no impugnamos, que no habría de abundar en detalles de sus entrevistas con los denunciantes, en los elementos agregados a la causa destacan las contingencias opuestas, es decir la falta de contacto y comunicación del letrado con sus clientes”.
ASISTENCIA LETRADA; DERECHO DE DEFENSA; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; TIPICIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA;
Ramos León (reg. N° 2682 y causa N° 67322)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución y reenvió las actuaciones al tribunal de origen (jueces Bruzzone y Rimondi).
1. Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal. Dictamen. Control de razonabilidad. Control de legalidad. Víctima. Derecho a ser oído.
“[L]a jurisprudencia de esta sala resulta pacífica en punto a que la posición de la fiscalía es vinculante para los jueces del caso, si supera el correspondiente control negativo de legalidad. En otras palabras, los jueces no pueden apartarse de la posición del MPF, si esta se presenta razonable y adecuada a los hechos de la causa y al derecho de aplicación al caso. Sobre esa base, […] los motivos dados por la acusación para fundar su oposición al beneficio, no lucen razonables ni adecuados como respuesta al caso”.
“Va de suyo que, en vistas al análisis global de la información disponible sobre el caso, la ponderación de la categorización fijada por la OVD hace cuatro años, merecía, cuanto menos, un reexamen. [E]n esas condiciones, el dictamen no puede convalidarse. Es que ya hemos sostenido en numerosas oportunidades que la probation puede constituir una alternativa válida en este tipo de supuestos, verificadas las particulares razones que en cada caso concreto demuestren su viabilidad y pertinencia. El juicio de valor sobre esos extremos siempre debe atender al derecho de la víctima a ser oída.”
2. Suspensión de juicio a prueba. Violencia de género. Derecho a ser oído. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém Do Pará).
“Sobre esa base, se observa que tanto el dictamen de la fiscalía como la decisión que viene impugnada invocan, en forma aislada, la Convención de Belém do Pará como obstáculo insalvable para la procedencia del instituto. Sin embargo, el art. 14 de esa norma señala que ‘nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema’. El art. 8.1 CADH, por su parte, establece que ‘toda persona tiene derecho a ser oida...́ ', que en el caso de la presunta damnificada […], no se agota en las manifestaciones brindadas en el marco de la audiencia prevista en el art. 293 CPPN.
Por el contrario, el goce sustancial de ese derecho requiere que tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como la jurisdicción atiendan a su contenido. Ello no implica que la posición de la presunta damnificada determine la solución a adoptar en el caso, sino que tanto la fiscalía como el tribunal deberán considerarla y, en caso de apartarse de ella, dar una respuesta a esa postura. De esta forma se garantizan sus derechos a ser escuchada, y de acceder a la justicia así como también a su dignidad, en la medida en que no se la instrumentaliza y se la valora como sujeto con autonomía (arts. 33 CN; 8.1, 11 y 25 CADH; 4 inc. e, 6, inc. b y 14 de la Convención de Belém Do Pará)”.
“En síntesis, una armónica aplicación de las diversas normas convencionales en juego en estos supuestos, impone que el Ministerio Público Fiscal llegue a la audiencia del art. 293, CPPN, la que deberá volver a realizarse, con un conocimiento acabado y directo sobre el conflicto, el que más allá de las constancias del caso le debe ser proporcionado por la presunta víctima y, en base a ello, emitir su dictamen en favor o en contra de la concesión del instituto”.
3. Recursos. Responsabilidad del Estado. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“Cuadra apenas agregar, como consideración final, que sostener el rechazo de cara a la posible recursividad que ello traería aparejado, podría culminar con el fenecimiento de la acción penal, como trágicamente ocurriera en el caso ‘Góngora’. Ello importaría contravenir el espíritu mismo que sustentara la posición de la Corte Suprema en aquél precedente, brindando la peor de las respuestas posibles, y conjurando cualquier forma de intervención estatal, que, insistimos, se impone a la luz de los compromisos internacionales asumidos. Aquel riesgo, entonces, no puede ser desatendido al momento de resolver el destino que cabe dar al asunto”.
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; OPOSICIÓN FISCAL; DICTAMEN; CONTROL DE RAZONABILIDAD; CONTROL DE LEGALIDAD; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO; VIOLENCIA DE GÉNERO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); RECURSOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Fernández (CNCCC Causa n°45815)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I
La Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la fiscalía, casó la resolución recurrida y reenvió las actuaciones para que continuaran su trámite (jueces Bruzzone y Rimondi).
“[L]la fiscal postuló que la oposición que formuló es vinculante para el tribunal. En ese sentido, [los magistrados que suscriben coinciden] con ese criterio en tanto la conciliación es un supuesto de disponibilidad de la acción penal por parte de su titular, todo ello, de acuerdo a lo que establece el art. 30, inc. c), CPPF […]. Por esa razón es que […] la aplicación del instituto en cuestión no puede prosperar, en tanto y en cuanto, el caso no cuente con un dictamen fiscal favorable, siempre que éste se encuentre suficientemente fundado y supere un control de legalidad y razonabilidad”.
“[E]l art. 34 CPPF establece que la conciliación se configura con el acuerdo que se logre entre el imputado y la víctima, e impone que en la audiencia de homologación deben estar presentes todas las partes, las cuales deben ratificar ese acuerdo. Por ende, ese razonamiento da cuenta de que si, conforme el art. 25 CPPF, la acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin su conformidad, la conciliación no podrá ser homologada. Es que, al ser legalmente incorporada como un supuesto de disponibilidad de la acción, la posición del MPF es vinculante aun en los dos casos descriptos por el art. 34, CPPF. En otras palabras, la fiscalía puede oponerse a una conciliación hasta en un asunto con contenido patrimonial y sin grave violencia, siempre que lo haga fundadamente y por cuestiones de política criminal. En autos, conforme lo expuso la titular de la Fiscalía General nº 15 en la audiencia celebrada en los términos del art. 59, inc. 6º, CP, y reprodujo en su recurso, se opuso, entre otros motivos, porque ambos imputados poseen antecedentes condenatorios”.
REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; HURTO; ANTECEDENTES CONDENATORIOS; OPOSICIÓN FISCAL; VICTIMA;
CPF I y otros (causa N° 15054)Juzgado Federal en lo Criminal Federal Nro. 1 de Lomas de Zamora
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas De Zamora N° 1 hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el cumplimiento de las "Pautas de procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del COVID­19 por parte de los profesionales de la salud del Servicio Penitenciario Federal" y del "Protocolo de alojamiento de carácter preventivo destinado a la Unidad Residencial de Ingreso". En ese sentido, indicó que debía evitarse el movimiento y realojamiento de detenidos dentro del CPF I y de manera particular hacia sectores del Módulo de Ingreso que contasen con casos de Covid­19 positivos y hasta tanto la situación de contagios se encontrase controlada. Por último, indicó que se debía respetar el período de aislamiento de catorce días de cada interno que ingresase al establecimiento penitenciario, ya fuera desde las alcaidías u otras unidades del SPF (juez Villena).
1. Emergencia sanitaria. Cárceles. Tratamiento médico. Traslado de detenidos.
“[A] raíz de la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud ante la propagación del coronavirus (COVID­19) sumado a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en torno a la Declaración de Emergencia Sanitaria (DNU N° 260/20) y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el día 12 de marzo del corriente año […] la Dirección Nacional del SPF conformó el Comité de Crisis para la coordinación de medidas de prevención, control, detección y asistencia en virtud del brote epidemiológico, con el objeto de evitar la propagación del virus en los establecimientos carcelarios federales, elaborándose en consecuencia diferentes guías de actuación y protocolos.
[A]nte la delicada situación que atraviesa el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a raíz de los contagios producidos y su consecuente propagación, resulta necesario verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos de actuación elaborados por el Servicio Penitenciario Federal frente a la pandemia del Covid­19 a fin de evitar que continúe expandiéndose el virus dentro del establecimiento”.
2. Medidas cautelares. Cárceles. Condiciones de detención. Derecho a la salud.
“[C]abe evaluar si se verifican en autos, los extremos de concurrencia de tal especie de cautelares que, dada su esencia, deben ser juzgadas con criterio restrictivo. Así pues, medidas de la índole de la presente sólo deben decretarse cuando, además de la presencia de los recaudos generales de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como un posible daño irreparable, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y finalmente, no verse perjudicado el interés público en juego”.
“En cuanto al primero de ellos, para su configuración, no se requiere la certeza absoluta del derecho invocado sino sólo su apariencia, que lleve al convencimiento de que pueda existir un alto grado de probabilidad de que la sentencia que en definitiva se dicte, produzca el reconocimiento de tales derechos.
En orden al segundo de los recaudos, el peligro en la demora, debe resultar de un juicio de probabilidad de que, dadas las circunstancias que concurran al caso, una eventual sentencia que reconozca los derechos cuya tutela se pretenden, luego de tramitada la acción principal, pueda ser tardía o pueda haberse generado un perjuicio irreparable. Nuevamente no se requiere certeza sino probabilidad razonable de que ello ocurra”.
“Los derechos en cuestión se encuentran estrictamente vinculados a la salud de los detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y la situación vinculada a la propagación del Covid­19, que azota a todo el país e ineludiblemente también a las personas privadas de libertad en dicho establecimiento carcelario”.
“Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones hasta aquí desarrolladas, habiendo evaluado las constancias obrantes en autos, y más allá de la existencia de diversos protocolos destinados a preservar la salud de los detenidos y evitar la propagación masiva del virus, [se entiende] necesario adoptar medidas conducentes para observar el estricto cumplimiento de las [Pautas y el Protocolo] en materia del aislamiento preventivo allí establecido para todo nuevo ingreso al Complejo Penitenciario Federal I; a su vez, [resulta] pertinente que se restrinjan los traslados de internos alojados en las Unidades Residenciales del Complejo Penitenciario Federal I hacia el Módulo de Ingreso”.
EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; TRATAMIENTO MÉDICO; TRASLADO DE DETENIDOS; MEDIDAS CAUTELARES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; DERECHO A LA SALUD;
Molo y Díaz (causa N° 1312)Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó la decisión impugnada y dispuso el sobreseimiento de las personas (juezas Denogens y Alcalá).
1. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir la propagación de epidemia.
“[S]i bien la situación epidémica –no pandémica en aquel momento– en los países por los que transitaron las nombradas (España, Francia y Rusia) era de mayor complejidad que en Latinoamérica, dichas naciones aún no habían adoptado medidas preventivas como las que rigen hoy en día a nivel mundial. Lo mismo ocurría en Argentina…”.
“[N]o puede soslayarse el hecho de que, como manifestaron las mismas implicadas en sus respectivas declaraciones indagatorias, en ninguno de los lugares que visitaron les indicaron si debían tener en cuenta reglamentaciones o restricciones en cuanto al avance de la enfermedad. Lo mismo ocurrió –según sus dichos– al regresar a Paraguay y Argentina, de manera tal que no puede sostenerse que su actitud, tanto fuera como dentro de nuestro país, haya sido imprudente”.
“[C]abe tener presente que la Organización Mundial de la Salud determinó como pandemia la aparición del COVID­19 en fecha 11/03/20 al tiempo que el Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional prescribió como ‘zona de riesgo’ a varios países europeos en fecha 12/03/20. Asimismo, el Decreto Nº 297/2020, estableció el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio el 19/03/2020, siendo dichas normativas posteriores a las conductas presumiblemente endilgadas a las encartadas, las que hipotéticamente podríamos situar en el período comprendido entre el 28/02/20 y el 05/03/20”.
2. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir la propagación de epidemia. Ley penal en blanco. Principio de legalidad. Deber de cuidado.
“[S]i bien la figura penal atribuida no encuadra dentro de los denominados tipos penales en blanco, la conducta ‘imprudente’ que la Juzgadora estima habrían cometido [las imputadas], estaría supeditada a las disposiciones antes referidas, las cuales […] fueron posteriores a su accionar, e incluso a la potencial propagación o contagios”.
“[L]a prudencia y mesura que la Instructora parecería exigirles a las imputadas tiene directa relación con las normas dictadas a consecuencia de la pandemia, las que socialmente no podían serle demandadas frente a una coyuntura mundial que en aquel momento era incierta, aun para los expertos. En síntesis, no se puede requerir a una persona un hacer prudente, que las normas (en aquel período histórico) no le reclamaban, incluso cuando los medios de comunicación trataran el tema, ya que tal obligación excedería el marco de lo jurídicamente exigible”.
“Es dable consignar que el obrar imprudente –a diferencia del doloso– consiste en llevar a cabo una acción ‘sin haber’ tomado los recaudos para neutralizar los peligros de dicha acción […], generando un riesgo jurídicamente desaprobado por la inobservancia de un deber de cuidado. Y en tal sentido cabe preguntarse cuáles eran los deberes de cuidado objetivamente exigibles en la época de ocurrencia de las conductas provisoriamente imputadas, ante la ausencia de normas o pautas claras de comportamientos evitables.
[C]abe indicar que al momento de retornar las imputadas de su viaje […] no se habían dictado normas que establecieran parámetros objetivos de comportamiento que sirvan de baremo para establecer si las nombradas incrementaron el riesgo por encima del jurídicamente permitido, existiendo más bien una gran confusión respecto de los comportamientos debidos, sobre los que quizás hoy no existan dudas, pero que en aquel momento presentaba grandes incógnitas”.
EMERGENCIA SANITARIA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA; LEY PENAL EN BLANCO; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DEBER DE CUIDADO;
Mora Amaro (causa N° 24880)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 19 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19, de manera unipersonal, extinguió la acción penal y sobreseyó a las personas imputadas (juez Paduczak).
1. Conciliación. Reparación. Víctima.
“[C]orresponde tener especial consideración sobre dos cuestiones insoslayables para la aplicación del instituto que se analiza: por un lado, la opinión favorable de la víctima, y por el otro, la entidad del delito endilgado a los imputados -de contenido patrimonial cometido sin grave violencia sobre las personas-. La concurrencia de estas dos circunstancias permitieron hacer lugar al acuerdo conciliatorio”.
2. Conciliación. Código Procesal Penal. Vigencia de la ley.
“Consecuentemente, teniendo en cuenta los principios rectores propugnados por el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, existiendo un acuerdo conciliatorio entre los imputados y la víctima respecto del hecho calificado como hurto agravado por haber sido cometido con escalamiento en grado de tentativa, en los términos del artículo 34 de dicho cuerpo normativo, y habiendo cumplido los imputados con el depósito de la suma de dos mil pesos en el plazo establecido durante la audiencia, corresponde proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal y artículos 334 y 336 inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación”.
CONCILIACIÓN; REPARACIÓN; VICTIMA; CÓDIGO PROCESAL PENAL; VIGENCIA DE LA LEY;
Oliva (causa N°  9963)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia impugnada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).

Dictamen de la Procuración General de la Nación (procurador Casal)
1. Conciliación. Código Procesal Penal. Reforma legal. Vigencia de la ley.
“Es sabido que las sentencias de la Corte deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan, aunque hayan sobrevenido a la interposición del recurso extraordinario, como ocurre cuando en el transcurso del proceso son dictadas nuevas normas sobre la materia objeto del litigio que reclaman aplicación inmediata […]. En consecuencia, es pertinente señalar que por resolución 2/2019 del 13 de noviembre pasado (B.O. 19/11/2019) la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal decidió implementar, a partir del tercer día hábil de la publicación de la norma y en el ámbito de la justicia federal y nacional en lo penal, el artículo 34 del nuevo código de forma, referido a la conciliación entre el imputado y la víctima”.
“Con el mencionado cambio legislativo, lo resuelto en esta causa ya no puede mantenerse por sus fundamentos, razón por la cual […] V.E. debe dejar sin efecto el pronunciamiento apelado y ordenar el dictado de uno nuevo con arreglo a la normativa vigente”.
CONCILIACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY;
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