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DoctrinaVoces CSJN
Aguirre (Causa Nº 2561)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos los fundamentos y conclusiones del Procurador General de la Nación, y dejó sin efecto la sentencia apelada. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que no se le había dado intervención oportuna al Ministerio Público (Ministros Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti).
1. Recurso extraordinario. Arbitrariedad. Excesivo rigor formal. Caducidad de la instancia. Derecho de defensa. Debido proceso.
"[C]abe recordar que, si bien los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales sometidos a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, tal principio reconoce excepciones cuando media arbitrariedad y la declarada improcedencia puede generar una restricción indebida del derecho de defensa […].

[A]unque es cierto que lo atinente a la caducidad de instancia remite al examen de cuestiones fácticas y de derecho procesal ajenas de por sí al remedio federal, también lo es que tal criterio admite excepción cuando media un apartamiento de las constancias de la causa, o cuando el examen de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta los derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad, máxime cuando la decisión en curso pone fin al pleito causando un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos: 342:1362, `Banco de la Nación Argentina´).

[E]l caso reúne las condiciones apuntadas, pues cabe adelantar que la sentencia recurrida resulta arbitraria en tanto confirmó, con excesivo rigor formal, el pronunciamiento de grado que había decretado la caducidad de la instancia, sin ponderar de manera adecuada la falta de intervención oportuna que correspondía otorgar al Ministerio Público con competencia local para ejercer la representación promiscua de los niños involucrados en la causa…” (dictamen del Procurador General de la Nación).

2. Responsabilidad del Estado. Responsabilidad por omisión. Nulidad. Control judicial. Tutela judicial efectiva. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Derecho a ser oído. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Constitución Nacional. Protección Integral de niños, niñas y adolescentes. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[E]l Alto Tribunal ha sostenido recientemente que son descalificables las sentencias que omiten dar intervención al ministerio pupilar para ejercer la representación promiscua cuando la resolución compromete en forma directa los intereses de niños, niñas y adolescentes, por cuanto ello importa desconocer el alto cometido que la ley le ha asignado a dicho órgano, y no solo menoscaba su función institucional sino que acarrea la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas condiciones (Fallos: 341:424, `T., A. A.´) […].

De ese modo, ante esa primera presentación, el tribunal pasó por alto la participación necesaria que correspondía conferir al Ministerio Público competente a nivel local para garantizar el impulso del trámite del expediente en caso de inacción de la progenitora, y a los efectos de defender los intereses del niño, en particular, su derecho a ser oído (cf. art. 18, Constitución Nacional; 8.1, Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 12, Convención sobre los Derechos del Niño; 2, 3. b, 24 y 27, Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).

Es que, ante la verificación de la situación de indefensión jurídica de los hijos de la demandante, el juzgador debió llevar a cabo un control judicial activo y disponer la notificación inmediata de esta situación al Ministerio Público, a fin de evitar el abandono de proceso en perjuicio éstos. En ese sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacaron el deber de tutela reforzada que recae sobre los jueces en los procedimientos judiciales que involucran derechos de los niños, niñas o adolescentes […]. En particular, el tribunal interamericano remarcó que, en procesos de esta naturaleza, `el Estado, en ejercicio de su función judicial, ostenta un deber jurídico propio, por lo que la conducta de las autoridades judiciales no debe depender exclusivamente de la iniciativa procesal de la parte actora de los procesos´…” (dictamen del Procurador General de la Nación).

3. Ministerio Pupilar. Defensor de Menores e Incapaces. Asesor de Menores. Representación procesal. Interés superior del niño. Orden público. Interpretación de la ley. Código Civil y Comercial de la Nación.
“[L] a actuación del Ministerio Público respecto de niñas y niños puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal y, en lo que aquí interesa, se torna principal cuando existe inacción de los representantes legales y se encuentran comprometidos los derechos de los representados (arts. 59, 493 y 494 del Código Civil vigente al inició de la acción y 103, inc. b. i, del actual Código Civil y Comercial; art. 21, inciso 2, del Código Procesal del Trabajo de la Provincia de Jujuy, aplicable al sub lite). La intervención de ese ministerio no es equivalente a la de quien patrocina a un adulto, dado que en el primer caso se procura resguardar el interés superior del niño y el orden público, valores estos que merecen especial tutela jurisdiccional.

[E]l Superior Tribunal provincial debió valorar de manera adecuada la falta de intervención oportuna del órgano competente para representar a los hijos del trabajador fallecido, previo a confirmar una medida tan gravosa para éstos, como la caducidad de la instancia. En especial, cuando la omisión de esta diligencia impidió a ese ministerio cumplir en tiempo y forma con los deberes y atribuciones específicos que la ley le asigna en resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que cuentan con protección especial del ordenamiento jurídico.

Esa vista resulta esencial para la integración regular del proceso en el que participan menores de edad, por lo que su omisión justifica la declaración de nulidad de todo lo actuado sin la intervención del referido organismo […].

Además, en la medida en que le corresponde al juez como director del proceso asegurar la participación oportuna del Ministerio de Menores, hasta tanto no se efectiviza dicha participación, e incluso se dirime si ese ministerio actuará en calidad complementaria o principal, no puede configurarse la caducidad de la instancia sólo por la falta de impulso procesal del representante legal. Ello, máxime, cuando a la luz de la materia en debate el instituto de la caducidad de instancia debe aplicarse en autos de manera especialmente restrictiva…” (dictamen del Procurador General de la Nación).

RECURSO EXTRAORDINARIO; ARBITRARIEDAD; EXCESIVO RIGOR FORMAL; CADUCIDAD DE LA INSTANCIA; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; RESPONSABILIDAD POR OMISION; NULIDAD; CONTROL JUDICIAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; DERECHO A SER OIDO; CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CONSTITUCION NACIONAL; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; MINISTERIO PUPILAR; DEFENSOR DE MENORES E INCAPACES; ASESOR DE MENORES; REPRESENTACIÓN PROCESAL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; ORDEN PÚBLICO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN;
Vidal (Causa N° 35381)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos los fundamentos y conclusiones del Procurador General de la Nación. De esa manera, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada. Además, ordenó que volvieran los autos al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (ministros Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti).
1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Dirección Nacional De Migraciones. Procedimiento administrativo. Actos administrativos. Arbitrariedad. Control Judicial. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[H]abida cuenta […] de los términos [del art. 70 de la ley N° 25.871], y el alcance del carácter instrumental del instituto de la retención respecto de la medida de expulsión que de ella surge, […] el pronunciamiento impugnado por esta vía resulta prematuro. De conformidad con las constancias de la causa, en efecto, la orden de expulsión […] se encuentra actualmente en debate […], en trámite ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 sin haberse dictado aún el pronunciamiento de primera instancia […].
En tales condiciones, […] la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso y tiene graves defectos en la consideración de cuestiones conducentes para la correcta solución del litigio, por lo que, al guardar el planteo de la apelante relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas, corresponde descalificar el fallo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad […], sin que lo dicho implique abrir juicio sobre la solución que, en definitiva, proceda adoptar sobre el fondo del asunto”.
MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ACTOS ADMINISTRATIVOS; ARBITRARIEDAD; CONTROL JUDICIAL; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA;
C. M. H (Causa N° 7936)Juzgado de Seguridad Social N° 8
El Juzgado de Seguridad Social N° 8 hizo lugar a la demanda y reconoció al adolescente el derecho de percibir una pensión derivada por el fallecimiento de su abuelo. Además, declaró la inaplicabilidad del artículo 53 de la ley N° 24.241 y artículo 3 de la ley N° 26.222 para el caso especifico (jueza Saino).
1. Seguridad social. Pensión. Pensión por fallecimiento. Derecho de la seguridad social. Familias. Guarda de niños. Alimentos. Acceso a la justicia. Ley Aplicable. Interpretación de la ley. Responsabilidad del estado. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Constitución Nacional. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[H]abiendo fallecido el causante el 14/11/20, le son de aplicación las modificaciones que al artículo 161 de la ley 24241 efectuó la ley 26222, que al respecto en su artículo 13 prescribe: Sustitúyase el artículo 161 de la ley 24241 y sus modificatorias, por el siguiente artículo 161: El derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario: a) para las jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese en la actividad o la de la solicitud, lo que ocurra primero, siempre que a esa fecha el peticionario fuera acreedor a la prestación, y b) para las pensiones, por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante…”.
“[S]i bien no se puede desconocer que jurídicamente el actor, no se encuentra comprendido entre los actuales beneficiarios con derecho a pensión comprendidos en el art. 53 de la ley 24.241 de aplicación al caso (norma que redujo sensiblemente a los beneficiarios oportunamente contemplados en los arts. 38 y 26 de las leyes 18.037 T. o. 1.976 y 18.038 t.o. 1980 y que contemplan como beneficiarias a las hijas divorciadas o separadas de hecho por culpa exclusiva del marido que no percibieran prestación alimentaria de este, todas ellas incapacitadas y a cargo del causante a la fecha de su deceso inc 1 apartado c) de dichos artículos), no es menos cierto que dada la historia de vida del demandante su situación es idéntica de hecho a la de un padre con un hijo a cargo, con evidente dependencia económica, social y afectiva…”.
“[E]n el particular, están comprometidos el derecho a la seguridad social, que cubre los riesgos de subsistencia (art. 14 bis, Constitución Nacional y art. 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); el acceso a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el disfrute del más alto nivel posible de la salud (art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). A ello cabe agregar la especial protección que los instrumentos internacionales y las leyes prevén a favor de los niños a fin de garantizar su acceso a un nivel de vida adecuado para su desarrollo en condiciones de igualdad (art.75, inc. 23, Constitución Nacional; arts. 6, 23, 24 y 27, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 8 y 26 de la Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).
En dicho sentido no puede contradecirse el análisis con el deber de juzgar con especial cautela las peticiones vinculadas con la seguridad social en tanto revisten carácter alimentario y su cometido es la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por los riesgos sociales de subsistencia.
De la aplicación de estos principios y de la reglamentación que las leyes hacen del ejercicio de los mismos, constituyen el objeto de la seguridad social, esto es, suplir las carencias provocadas por las contingencias sociales, entendidas como aquellos acontecimientos futuros e inciertos que afectan la capacidad de ganancia del trabajador.
Este ha sido el criterio receptado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha establecido: ...´15) Que corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de las prestaciones. Ello surge con claridad del artículo 14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional en tanto expresa que ´El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: ...jubilaciones y pensiones móviles...´…’. En forma concorde con ese mandato, diversos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país han consagrado el derecho de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida cuando ya no pueda proveerse un sustento…”.
2.. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad.
“[C]abe destacar que la normativa citada en la actualidad debe interpretarse en forma acorde y en consonancia con el derecho internacional de los Derechos Humanos, en especial la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las personas de Discapacidad aprobada por la República Argentina mediante ley 25.280, y promulgada de hecho el 31 de Julio de 2000, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; arts. 8 y 26 de la Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes…”.
“[A]demás, en el sub lite se encuentra en juego la protección de derechos sociales fundamentales de un niño con discapacidad que está en una situación de precariedad económica. En particular, están comprometidos el derecho a la seguridad social, que cubre los riesgos de subsistencia e igualdad (arts. 75, inc. 23 y 14 bis, Constitución Nacional y art. 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 6, 23, 24 y 27, Convención sobre los Derechos del Niño); el acceso a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el disfrute del más alto nivel posible de la salud (art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)…”.

SEGURIDAD SOCIAL; PENSIÓN; PENSIÓN POR FALLECIMIENTO; DERECHO A LA SEGURIDAD; FAMILIAS; GUARDA DE NIÑOS; ALIMENTOS; ACCESO A LA JUSTICIA; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; CONSTITUCION NACIONAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
ROMERO (Causa Nº 1943)Juzgado Federal de Corrientes N°1
El Juzgado Federal de Corrientes Nº 1 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la demandada que conservara el plan contratado por la afiliada con los valores originales (juez Fresneda).
1. Derecho a la salud. Derecho a la preservación de la salud. Asistencia médica. Responsabilidad del Estado. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Constitución Nacional.
“[E]l beneficio de gozar del más elevado nivel de salud posible es uno de los derechos fundamentales del ser humano de acuerdo a lo establecido en el Preámbulo de la Organización Mundial de la Salud. En el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre cuya jerarquía constitucional le fue acordada en el art. 75, inc. 22, del nuevo texto de la Carta Magna se prevé que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
Por su parte, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – también de jerarquía constitucional– se establecieron medidas que los Estados Partes deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. También el art. 19 de nuestra Constitución Nacional, cláusula decisiva para la existencia de una sociedad libre, comprende entre las acciones privadas de los hombres lo atinente a la salud que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el estado de perfecto bienestar físico, mental y social e integridad física y psicológica de las personas. Estos derechos reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por los Tratados Internacionales, conllevan deberes correlativos que el Estado debe asumir en la organización del servicio sanitario…”.
2.  Sistema Nacional del Seguro de Salud. Obras sociales. Plan Médico Obligatorio. Contratos. Rescisión de contrato. Defensa del consumidor. Usuarios y consumidores. Vulnerabilidad. Enfermedades poco frecuentes. Falsedad de declaración jurada. Mala fe. Prueba.
“[L]a Ley 23.661 “[…] pone en cabeza de las obras sociales la obligación de proveer prestaciones de salud igualitaria, integral y humanizada, tendiente a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible (art.2).
[E]l concepto de salud en tanto derecho humano pone el énfasis en los aspectos sociales y éticos de la atención de salud del estado y revela que su negación, al igual que a la de cualquier otro derecho se puede impugnar legítimamente. A su vez, el derecho a la salud constituye un presupuesto esencial del inalienable derecho a la vida.
Al decidir unilateralmente el aumento desproporcional de la cuota pactada inicialmente con la afiliada bajo apercibimiento de rescindir el vínculo contractual, la prepaga demandada colocó a la amparista en una situación de vulnerabilidad, por el sólo hecho de suponer que la misma obró de mala fe y con reticencia…”.
“[L]os beneficiarios de los agentes del sistema nacional del seguro de salud comprendidos en el art. 1º de la Ley 23.660, tienen derecho a recibir las prestaciones médico asistenciales que se establezcan en el programa médico asistencial aprobado por el Ministerio de Salud y Acción Social a través de la Secretaría de Políticas de Salud y Regulación Sanitaria. Dicho programa se denomina Programa Médico Obligatorio (PMO) y es obligatorio para todos los agentes de salud. El PMO establece un conjunto mínimo de prestaciones, un límite debajo del cual sólo existe ilegalidad manifiesta…”.
“[E]l contrato de salud en cuestión, como contrato de consumo, está sujeto a las normas de defensa del consumidor que son a favor del usuario (art. 42 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, las garantías establecidas a favor del usuario no pueden ser desconocidas por las empresas prestadoras de servicios de salud.
[L]as enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario, y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. Cuando las empresas prepagas alegan falseamiento de la declaración jurada, deben probar dicho falseamiento. No es el consumidor quien debe probar el hecho negativo de no haber falseado la declaración jurada. Por lo tanto, no es correcto que la empresa prepaga proceda a tomar acciones como la de aumentar indiscriminadamente la cuota mensual de su afiliada argumentando que falseó su declaración jurada, pues dicha cuestión debe ser probada y dirimida por la Justicia y no unilateralmente por la empresa prestadora del servicio.
[H]asta tanto no se pruebe en el ámbito judicial la inexactitud, falacia o divergencia con la realidad de la información suministrada en la declaración jurada de la parte actora, o de su negativa a suministrar información, o de la existencia de cualquier causal de rescisión del contrato, la parte demandada no puede aumentar unilateralmente y en forma desmedida la cuota mensual de su afiliada, provocando la imposibilidad de la misma de abonar dicha cuota y resultando ello en la recisión del contrato invocando dicha causa, ni discontinuar con la cobertura y prestación de los servicios médicos asistenciales…”.
3. Principio de dignidad humana. Libertad. Principio Pro Homine. Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[L]a actitud asumida por la demandada afecta también el Derecho a la Dignidad. Resulta plenamente aplicable la doctrina sentada en el caso BAHAMONDEZ donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que ´El respeto por la persona humana es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Los derechos de la personalidad son esenciales para ese respeto de la condición humana. Los derechos que amparan la dignidad y la libertad se yerguen para prevalecer sobre los avances de ciertas formas de vida, impuestas por la tecnología y cosmovisiones dominadas por un sustancial materialismo práctico´.
[L]a labor de los jueces debe asirse a la directiva axiológica y hermenéutica ´Pro Homine´, norte que informa en toda su extensión al campo de los derechos humanos. Así lo tiene decidido la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia representa una guía particularmente idónea en la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, operativo en la República Argentina, con rango supralegal…”.
DERECHO A LA SALUD; DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD; ASISTENCIA MEDICA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; CONSTITUCION NACIONAL; SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD; OBRAS SOCIALES; PLAN MEDICO OBLIGATORIO; CONTRATOS; RESCISIÓN DE CONTRATO; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; USUARIOS Y CONSUMIDORES; VULNERABILIDAD; ENFERMEDADES POCO FRECUENTES; FALSEDAD DE DECLARACIÓN JURADA; MALA FE; PRUEBA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; LIBERTAD; PRINCIPIO PRO HOMINE; DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
Arias (Causa N° 1586)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos los fundamentos y conclusiones del Procurador General de la Nación. De esa manera, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto el pronunciamiento apelado (ministros Rosatti, Maqueda, Lorenzetti y Rosenkrantz).
1. Debido proceso. Aribietrariedad. Sentencia arbitraria. Deber de fundamentación. Revisión judicial. Niños, niñas y adolescentes. Detención de personas. Procedimiento policial.
“[L]a resolución apelada no satisface la exigencia de fundamentación, pues […] se sustenta en la afirmación dogmática de una solución jurídica, desprovista del debido examen razonado de las circunstancias del caso y de los términos en que se planteó la cuestión debatida en el proceso”.
“[L]a sentencia [impugnada] afirma que la práctica policial que motivó la presentación de la acción de habeas corpus se encuentra amparada por el ordenamiento legal y representa uno de los variados modos de cumplir el deber del Estado de proteger al menor […]. Este último juicio representa la conclusión de un razonamiento que al menos ha sido expresado en forma incompleta, pues surge con toda claridad que para poder realizar esa inferencia es fundamental contar con una descripción circunstanciada de la práctica policial a la que se refiere el juzgador. Sin embargo, la sentencia apenas se refiere a esa necesaria premisa fáctica de una manera vaga e imprecisa y a lo largo del relato sólo se puede saber que la policía ‘demora’ niños para ‘protegerlos’ o los ‘traslada a una oficina tutelar’ [...] y en esto consistiría ‘esa intervención de la autoridad policial’ o ese ‘accionar policial’”.
“[L]a resolución apelada no satisfizo la exigencia de estar debidamente fundamentada y atender en forma concreta a los argumentos de las partes. [S]obre ese punto, la sentencia de primera instancia refiere una práctica de aprehender en la vía pública a los menores que se encuentren en una situación riesgosa, según el juicio del policía que interviene y sin necesidad de respaldarlo con elementos objetivos”.
“Dados los términos en que la cuestión estaba planteada, […] el tratamiento que le deparó el a quo no es suficiente para constituir una respuesta fundada, es decir, la expresión de un razonamiento que sea una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias probadas de la causa…” (dictamen del Procurador General de la Nación).


DEBIDO PROCESO; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA ARBITRARIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; REVISION JUDICIAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DETENCIÓN DE PERSONAS; PROCEDIMIENTO JUDICIAL;
Hernández (causa N°22265)Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 sobreseyó al imputado en los términos del el artículo 336, inciso 4, del Código Procesal Penal de la Nación (juez Slupski).
1. Prueba. Prueba digital. Apreciación de la prueba. Internet. Participación criminal. Estafa. Sobreseimiento.
“[M]ás allá de que [el imputado] era el titular para esa fecha del servicio de internet contratado […], no es posible sostener que […] haya participado en la maniobra bajo investigación. […] En ese sentido, pudo haber sido cualquier dispositivo a nombre de cualquier otra persona el que se conectó a la red contratada por el imputado […] y desde allí realizar la transferencia en cuestión. Cabe tener en cuenta que el lugar en donde se encontraba instalado el servicio de internet se trataba de un taller mecánico, y por lo general, esos establecimientos comparten su ´WIFI´ con sus clientes. Por cierto que, a la vez, no se puede perder de vista que en base a la experiencia –propia de la sana crítica– no permite descartar que, por el tipo de accesibilidad de ese tipo de servicio, cualquier vecino hubiera sido el cómplice del procesado […].
Al respecto, se destaca que conforme lo informado por la empresa [proveedora de internet] no es posible visualizar qué dispositivos conectaron a la interna de la IP [en cuestión], toda vez que la empresa no guarda dicha información […]”.
“[C]abe poner de resalto lo informado por la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad […]. Allí se concluyó que existen infinidad de posibilidades, formas y métodos por los cuáles delincuentes informáticos podrían haber tomado poder de los equipos del imputado o simplemente haber hecho uso de su dirección IP”.
“[T]ampoco fue posible acreditar algún tipo de vínculo entre [quien recibió el dinero de la cuenta del damnificado] y [el imputado]. […] En esa línea, no luce lógico que si [el imputado] hubiese sido parte del hecho no se haya registrado algún tipo de comunicación telefónica con [la persona que recibió el dinero], ni antes de la fecha del hecho –como por ejemplo para coordinar la maniobra a llevar a cabo–, ni después de la fecha del fraude –como por ejemplo para repartir los frutos del dinero obtenido–“.
PRUEBA; PRUEBA DIGITAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; INTERNET; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; ESTAFA; SOBRESEIMIENTO;
De Jesús (causa N° 15-01-024098-16 y reg. N°2491)TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 7 DE SAN MARTÍN
El Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Martín, por mayoría, absolvió a la imputada por haber actuado en legítima defensa (jueces Varvello y Descalzo). De manera concurrente, el juez Saint Martin consideró que no se habían probado los requisitos para configurar la legítima defensa y absolvió a la imputada en base al principio in dubio pro reo.
1. Prueba. Prueba testimonial. Versiones contrapuestas. Informes. Apreciación de la prueba.  
“[El relato del amigo de la víctima] emerge inconsistente. [L]a mecánica de acción imprevista que describe, escenificó, y atribuye a la imputada, resulta incompatible con las características físicas de los protagonistas. El occiso medía 1.75 de estatura […], el adujo 1.68 y la encartada no más de 1.50 tal como fácilmente se apreció. En ese contexto la modalidad de ejecución resulta altamente improbable, por cuanto la encartada no pudo extender su corto brazo por encima del hombro derecho de aquel y alcanzar así el pecho de la víctima, que a la par estaba distante [del testigo] lo que mide la extensión de su brazo, tal como afirmó. Así también aparece incongruente con las características de la única lesión que presentaba la víctima, al haber ingresado el filo de la cuchilla en forma paralela al esternón, a la altura del corazón, es evidente que una puñalada intempestiva, desde la posición en la que sostuvo se encontraba la imputada −a su derecha y levemente hacia atrás− y la víctima −frente a él−, sumado a la distancia entre ambos, hubiere necesariamente presentado ángulo oblicuo, lo que no se informó. En la misma dirección [se valora], en cuanto afirmó que el occiso tras ser herido, propinó a la encartada un golpe en el rostro derribándola, para luego caer desvanecido, ello por cuanto la Medica Forense al ser interrogada respecto a la posibilidad física de articular esa respuesta en dicha condición, en forma enfática lo negó […].
Con igual alcance, la condición en que fue encontrada la encartada por los efectivos al presentarse en la escena, afirmaron haberla visto muy golpeada, siendo congruente con las únicas manifestaciones que formuló en el trayecto a la Seccional ‘me pegaron, me pegaron’, y lo relatado por la Oficial Barrios, quien en la madrugada la asistió para que pudiera mudar sus ropas, al señalar ‘la ayudamos a cambiarse, estaba muy golpeada, la ayudamos a que se cambiara de ropas, despacito, para que no le doliera, no podía levantar los brazos de los golpes que tenía, le sacamos las ropas porque estaban rasgadas y sucias’.
Al respecto nadie adujo haber presenciado que, a modo de represalia, vindicación o con el fin de evitar la fuga, persona alguna, luego del hecho la golpeara; incluso lo afirmó el Oficial Barrios, señalando que si bien las personas se encontraban muy ofuscadas, le querían pegar, se limitaron a indicarle que había ingresado en la casa, encontrándola en los fondos, en un terreno lindero al que accedió tras sortear un alambrado caído, debajo de un árbol, lugar oscuro ‘Cuando entramos nosotros, nadie la agredió ni nada’; la propia encartada en su descargo refirió que solo recibió golpes al momento de la agresión, luego nadie lo hizo. […] Las secuelas de golpes en su cuerpo, fue informada a posteriori por el Médico de Policía que la examinó en horas de la mañana del día subsiguiente 17 de octubre, y las fotos […] las ilustran.
Esta condición física que ostensiblemente evidenciaba minutos después de acaecido el hecho, no es congruente con la secuela del único golpe de carácter reactivo, que aquel le atribuyó propinarle al occiso. […] En este marco, las incongruencias resultantes de la confrontación del relato con evidencia física y pruebas objetivas, siembra dudas sobre su credibilidad en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que adujo [acaeció] el hecho” (voto del juez Varvello, al que adhirió el juez Descalzo).
2. Prueba. Prueba testimonial. Pericia médica. Informes. Apreciación de la prueba. Homicidio. Lesiones.
“[La] versión de los hechos [expresada por la imputada] que, por otra parte en lo esencial, brindó desde el inicio mismo del proceso, emerge coherente y consistente en lo concerniente a la causa que desencadenó la acción que se le imputa.
En efecto, en primer término las lesiones que adujo recibir, se compadecen con la constatación de secuelas de múltiples golpes en su cuerpo, que la médica de policía que la examinó, en horas tempranas de la mañana siguiente, describió y caracterizó. Al respecto es relevante indicar que el Oficial Barrios rememoró que la vio golpeada al encontrarla y que solo refería ‘me pegaron, me pegaron’; así también lo dicho por su colega […] al describir su estado, cuando la ayudó horas de la madrugada de aquella noche en la dependencia, a mudar sus ropas, […] recibiendo con posterioridad atención médica en el Hospital Belgrano.
Por otra parte, en cuanto a la mecánica de la acción que adujo realizó, desde la posición que adoptó, de carácter defensiva, colocándose en posición fetal contra el alambrado, reactiva, sacando y blandiendo hacia la izquierda la cuchilla que llevaba, sin mirar, es compatible con la característica de la herida que presentaba el occiso en el tórax, paralela al esternón, dada la proximidad de su agresor, ubicado sobre ella o a su izquierda, en razón del movimiento circular del brazo, tal como lo escenificó.
En la misma dirección [se pondera] el estado de sus ropas, en particular el jogging que llevaba puesto, al presentar, como el informe indicó rotura ‘en el frente del mismo, en la parte superior zona genital’, ello al corresponderse con su relato en cuanto dijo: ‘yo creo que reaccioné cuando me pegaron muy fuerte ahí, (se señala la entrepierna) y me tiraron del pantalón, ahí me asusté tuve miedo y me iban a matar, pensé que me iban a hacer lo que ya me hicieron, me defendí como pude, fue un flash’” (voto del juez Varvello, al que adhirió el juez Descalzo).
3. Legítima defensa. Agresión ilegítima. Falta de provocación. Género. Violencia de Género. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Prueba. Informe psicológico. Pericia médica. Testimonios. Apreciación de la prueba.
“Así también las conclusiones a las que arribara la profesional que la asistió y los peritos que la evaluaron, al descartar mendacidad. [En particular, los peritos oficiales y de parte] coincidieron en lo esencial, en relevar en la imputada un síndrome de estrés postraumático, consecuencia de su historia vital, compleja, signada por el mal trato, abusos, discriminación, violencia, verbal y física a consecuencia de su orientación sexual, cruzada por la marginalidad, que este suceso potenció, reactualizó, conforme los indicadores de sueños y angustia desbordante al rememorarlo en razón de la culpa consecuente de haber quitado la vida a una persona, dejando a un hijo sin padre, más la situación de encierro que sobrevino.
Descartaron la mendacidad en su discurso, y en cuanto a la incidencia del estrés postraumático no tratado, en orden a la percepción de la realidad y su posible distorsión, indicaron que es factible que una circunstancia cualquiera, a consecuencia de ello, dispare en su psiquis, en estado de alerta de hipervigilancia, angustia y temor de revivir situaciones traumáticas pasadas. También concluyeron que la encartada, mantiene un juicio conservado, distingue lo lícito de lo ilícito”.
“En este contexto, lo relevante es que la evidencia física neutraliza incidencia de distorsión cognitiva o malinterpretación de los hechos que vivenció. En efecto, las secuelas de los golpes en su cuerpo y estado de su vestimenta, dan cuenta, que fue víctima de una agresión física relevante, que, si bien puede colegirse por sus dichos, tuvo lugar en acción rauda, resultó múltiple y significativa, a la que reaccionó, intentando hacerla cesar y para evitar una mayor de índole sexual, conforme el tenor de las palabras que percibió”.
“[N]o obra evidencia de provocación alguna por parte de la imputada respecto del occiso instantes previos al suceso, más allá de mantener con él una relación distante, no amigable. Lo cierto es que la encartada aún encontrándose alcoholizada, se relacionó con los presentes de manera tranquila, sin mediar cruzamiento verbal o físico con la victima; mientras este último con igual grado de intoxicación, se mostró irritable y belicoso” (voto del juez Varvello, al que adhirió el juez Descalzo).
4. Legítima defensa. Agresión ilegítima. Falta de provocación. Necesidad racional del medio empleado. Violencia de Género. LGBTIQ. Vulnerabilidad. Prueba. Informe psicológico. Pericia médica. Testimonios. Apreciación de la prueba. Lesiones.
“[T]odos los partícipes de la reunión habían ingerido alcohol desde horas tempranas, y […] el suceso conforme la versión de uno y otro, se caracterizó por lo intempestivo, dinámico y efímero. […] De igual forma, […] los Oficiales que acudieron a la escena, encontraron el cuerpo tendido en la calle, y a metros una cuchilla con machas presumiblemente hemáticas en su hoja.
[Tampoco] fueron realizadas pericias −planimetría, inspección ocular, u otras−, que [aportaran] datos objetivos relevantes, en cuanto a los sitios indicados, calle e interior de la propiedad, que permitiera establecer, iluminación, distancia respecto entre uno y otro –donde fue habido la víctima y evidencia física y portón de acceso del terreno ocupado por la familia […]−, características de esta finca, en lo relativo a la dimensión del patio delantero y relevamiento de rastros, pasillo, distribución de edificaciones que contiene, como así del lugar en donde fue habida la imputada, y/o placas fotográficas adecuadas (con una mínima mayor resolución y amplitud a las obtenidas y glosadas), que los ilustraran, tampoco y más allá de tratarse de una zona hostil para con el personal policial […] se indagó entre vecinos sobre la posible observación del hecho, constituyendo ello un déficit probatorio que impide arrojar mayor luz al respecto. En este marco, sin perjuicio de la duda que emerge en lo concerniente al sitio en que tuvo lugar el suceso, en particular considerando que el personal policial, observó en la calle el cuerpo tendido del occiso y a metros la cuchilla, ello no desvirtúa, ni desplaza la prueba que permite dirimir la responsabilidad penal de la imputada, al haber admitido su participación en forma calificada.
En efecto, lo central en orden a ello, resulta de la verificación de secuelas físicas de múltiples golpes en su cuerpo y el estado de sus ropas, cuya etiología se corresponde, conforme la prueba aportada al debate y el carácter fugaz de la acción, con una agresión plural previa, tal que luego −como resulta de lo escuchado− nadie la lastimó  −y que no provocó, no obran elementos que permita inferir ello; aunado a la compatibilidad del movimiento de defensa que adujo intentó con la cuchilla −que llevaba entre sus prendas a ese efecto−, con las características de la herida que presentaba el occiso, a quien identificó entre sus atacantes por la voz, blandiéndola a ciegas con su mano izquierda con el fin de hacer cesar esa agresión y evitar una mayor de índole sexual que interpretó inminente.
En orden a los dichos que adujo escuchar al momento del ataque, sin bien la evidencia no acredita en el caso, más allá de su relato, animosidad del occiso a su respecto por su orientación sexual […] no puede soslayarse que dicha circunstancia, resulta factor común de discriminación, que generalmente se traduce en sarcasmos, insultos y en algunos casos agresión física y que la ingesta significativa de alcohol, potencia conductas agresivas, verbales y físicas, siendo ello congruente con el estado inmediato anterior que presentaba la víctima.
El análisis global de la prueba, entonces, permite concluir que aún en el marco de la duda imperante en lo que atañe al lugar en que acaece el hecho; al infligir la herida, la imputada, obró en respuesta de una agresión ilegitima, que no provocó, valiéndose en la emergencia de un medio racional para repelerla, dada la marcada desigualdad de fuerzas, natural y numérica, eximiendo ello su responsabilidad en la acción que acometió y epilogó en la muerte de [la víctima]” (voto del juez Varvello, al que adhirió el juez Descalzo).
5. Homicidio. Legítima defensa. Versiones contrapuestas. Prueba. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo. Sentencia absolutoria. Género. Violencia de género. Vulnerabilidad. Igualdad. Protección integral de la mujer.
“En este punto si bien [se coincide] y así fue resuelto que se arribó a un veredicto absolutorio, [se arriba] a dicha solución distinta a la desarrollada por [los jueces] preopinantes, adelantando que la absolución […] se deriva en resumidas cuentas en que tanto la hipótesis de la Fiscalía, haber causado la muerte […] con intención dolosa, y la sostenida por la Defensa en que su defendida actuó en el marco de su legítima defensa, […] no ha sido probado con la certeza necesaria para llegar a dicha conclusión sin lugar a dudas, es decir que no hay certeza respecto de la materialidad ilícita de lo acontecido, debiendo jugar entonces, ante esta duda, en favor de la acusada principio que se deriva del art. 18 de la Constitución Nacional, 11,1 de la Decl. Univ. de los Derechos Humanos, 8,2 de la C.A. D.H. y 1 del C.P.P. En ese norte […] las incongruencias resultantes de la confrontación del relato con evidencia física y pruebas objetivas, siembra dudas sobre su credibilidad en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ambas partes adujeron al desarrollo del hecho”.
“[E]n cuanto la hipótesis brindada por [la imputada], primeramente [se debe] destacar […] que [la acusada] no miente, la misma se encuentra convencida qué es lo que le ocurrió en ese fatídico día, para ella es su verdad de lo ocurrido, en ese sentido los peritos forenses actuantes de la psicología y psiquiatría en el debate concluyeron que [ella] padece de stress post-traumático, a consecuencia de las múltiples vivencias sufridas a través de su vida que han marcado sus psiquis, en ese sentido […] por su condición de mujer criada en condiciones de pobreza, sufriendo abuso sexual infantil, sumado a que ha elegido ser lesbiana, han provocado hechos de discriminación y violencia aún más marcadas en décadas pasadas por los prejuicios socio culturales que pesaban en esas épocas y que progresivamente aunque dificultosa y lentamente ha evolucionado faltando recorrer mucho camino, reconociendo dichas condiciones y reconocidos derechos para colocar en un pie de igualdad el ejercicio de los mismos, presentando [la imputada] este cúmulo de vulnerabilidades que [se ha] contemplado y valorado para arribar al veredicto […] en concordancia con lo establecido por la ley 26485 y convenciones internacionales que gobiernan sobre la materia.
Este desarrollo de vida en [la acusada], ha provocado un estado de hipervigilancia −justificada por su historia vital−, arriesgando los psicólogos y la psiquiatra […] que pudiera haber sufrido una suerte de flashback sobre hechos vividos, y tenerlos como que estaban ocurriendo al momento del hecho, provocando una distorsión en la realidad…”.
“[C]on la prueba desarrollada en la audiencia, no [se ha] podido llegar a desbrozar las dudas que se ciernen sobre dicha materialidad, circunstancia que me llevó −favor rei− a dictar el veredicto absolutorio compartiendo en ese sentido la jurisprudencia que destaca que las dudas existentes sobre la concurrencia de la legítima defensa deben resultar a favor del acusado” (voto concurrente del juez Saint Martin).
PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; VERSIONES CONTRAPUESTAS; INFORMES; APRECIACION DE LA PRUEBA; PERICIA MÉDICA; HOMICIDIO; LESIONES; LEGÍTIMA DEFENSA; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; FALTA DE PROVOCACIÓN; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; LGBTIQ; VULNERABILIDAD; INFORME PSICOLÓGICO; TESTIMONIOS; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; IN DUBIO PRO REO; SENTENCIA ABSOLUTORIA; IGUALDAD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER;
M.D.R (Causa N° 58651)Juzgado Nacional Civil Nro. 82
El Juzgado Civil N° 82 resolvió que la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era el organismo responsable para el proceso de externación y posterior inserción en un dispositivo acorde a la situación de la persona. Asimismo, reconoció la posible responsabilidad internacional del Estado Argentino (juez Sidero).
1. Salud mental. Internación. Control de internación. Responsabilidad del estado.
“[L]a DGSM del Ministerio de Salud del GCBA ha sido designada como autoridad de aplicación de la ley CABA 448, hágase saber a la Dirección General de Salud Mental del GCBA que siendo un organismo responsable en el proceso de externación [de la persona] y en la posterior prestación de dispositivos necesarios para ello, deberá arbitrar los medios necesarios a fin de otorgar una vacante en un dispositivo acorde a la situación del nombrado; ello sin perjuicio de los convenio interjurisdiccionales y/o acciones de recupero que pudieran corresponder. Pudiendo encontrarse comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino…”.
SALUD MENTAL; INTERNACIÓN; CONTROL DE INTERNACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;
Fernández (Causa n° 793)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de la mujer imputada, casó la sentencia y la absolvió (jueza Figueroa y juez Barroetaveña).
1. Apreciación de la prueba. Perspectiva de género. Participación criminal. Vulnerabilidad. Estereotipos de género.
“[E]l tribunal omitió valorar la prueba con perspectiva de género lo que deriva en una errónea evaluación de ésta con relación al grado de participación de [la mujer imputada], si fue coautora, partícipe secundaria o no tuvo ningún nivel de decisión en el ilícito”.
“[A] fin de garantizar el real acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de las mujeres con rango constitucional y convencional, la decisión traída a estudio debe ser analizada y valorada desde una perspectiva de género, evaluar el estado de vulnerabilidad y condicionamientos de [la mujer imputada] que pudo haber tenido debido a su condición de mujer-esposa y madre de los hijos del imputado con quienes constituían una familia al momento de los hechos…”.
“[E]s exigencia constitucional y convencional analizar la prueba, teniendo presente la situación estructural sobre la desigualdad de género […]. Al momento de valorar las constancias probatorias el Tribunal debe evitar que los mitos y estereotipos de género distorsionen las percepciones sobre los hechos probados, no tomando decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia. ¿Qué comportamiento se le exigía a la imputada en el juicio para demostrar ante los magistrados que era una mujer vulnerable a la decisión de su marido?” (voto de la jueza Figueroa).
2. Secuestro extorsivo. Apreciación de la prueba. Tenencia. Telefonía celular. Estereotipos de género. Vulnerabilidad. In dubio pro reo.
“[L]a circunstancia de que [el teléfono secuestrado] haya sido utilizado de manera ‘conjunta’ tanto por [la mujer imputada] como por su marido, introduce una duda razonable en punto a [su intervención activa], duda que se refuerza con lo declarado por ambos al momento de prestar indagatoria y con la ausencia de reconocimiento de la víctima […] en relación a una intervención concreta y activa durante el tiempo de su cautiverio…”.
“[N]o es posible negar que [la mujer imputada] tuviera conocimiento de lo que sucedía en su casa, esto es, la presencia [del hombre secuestrado]. Sin embargo, con perspectiva de género, la hipótesis planteada por [ambos miembros de la pareja] en sus declaraciones indagatorias se presenta como sensata y genera, cuanto menos, un estado de duda, que demanda la aplicación de la garantía in dubio pro reo…”.
“[E]s razonable cuestionarse la inferencia de culpabilidad por ese conocimiento o por su presencia en el hogar, e incluso analizar qué posibilidad tenía […] de oponerse a lo que sucedía (a su marido y un conjunto de hombres armados), de exigírsele otra conducta con la incertidumbre acerca de su persona y de sus hijos, y finalmente razonable considerar que la encartada no tenía opción de actuar de un modo diferente en el breve período de una noche donde estuvo secuestrado la víctima”.
“[Resulta] razonable entender que [la mujer imputada] no tenía más opción que aceptar las decisiones que de manera inconsulta, tomó su pareja y padre de su hijo. La dependencia económica de su marido le hubiera dificultado oponerse a las decisiones que éste tomaba. En efecto, durante la audiencia llevada a cabo ante esta instancia […] [la mujer imputada] respondió que en su hogar quien tomaba las decisiones era su marido”.
“[N]o puede afirmarse con la certeza que este estadio requiere, que [la mujer imputada] haya sido coautora del ilícito que se le atribuye. De hecho, el razonamiento de los magistrados se funda en estereotipos propios del modelo patriarcal y androcéntrico, pues se apartan de la declaración de la imputada, sin analizar si tenía libertad, independencia, autonomía y autodeterminación para decidir”.
“[A la mujer imputada] sólo la une con el hecho juzgado la posesión compartida de un aparato celular y la cohabitación. Repárese en que, dentro de ese precario esquema cargoso, siquiera se ha incursionado en una posible delimitación del carácter conjunto, alternativo o indistinto que pueda haber tenido el empleo del teléfono; circunstancia que se presentaba como esencial para habilitar un pronunciamiento condenatorio” (voto de la jueza Figueroa).
3. Secuestro extorsivo. Participación criminal. Dolo. In dubio pro reo.
“[N]o resulta posible tener por probado el dominio funcional del hecho que requiere el reproche penal asignado a [la mujer imputada], ni tampoco siquiera un aporte no esencial pero con entidad suficiente como para superar el umbral del ámbito prohibido. [En] el desarrollo del aspecto subjetivo del tipo, tampoco es factible afirmar […] la voluntad de aquélla de participar en la empresa criminal”.
“[E]n qué consistió el aporte objetivo y concreto al hecho con relevancia penal suficiente por parte de [la mujer imputada] –y menos aún que tal aporte fuera doloso– es un interrogante que no ha sido despejado en forma certera en la sentencia, ni ha sido justificado lógicamente como derivación de las pruebas reseñadas como fundamento de la responsabilidad penal de la enjuiciada, por lo que, por aplicación del principio in dubio pro reo, corresponde su absolución” (voto del juez Barroetaveña).
APRECIACION DE LA PRUEBA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; VULNERABILIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; SECUESTRO EXTORSIVO; TENENCIA; TELEFONÍA CELULAR; IN DUBIO PRO REO; DOLO;
Cardoso (Causa n° 53010068)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar de manera parcial a los recursos de casación y anuló los puntos dispositivos de la sentencia vinculados al monto de la pena (voto de la jueza Ledesma y de los jueces Borinsky y Carbajo).
1. Régimen penal tributario. Determinación de la pena. Perspectiva de género.
“[D]el decisorio cuestionado se observan una serie de omisiones que imponen su descalificación como acto jurisdiccional válido. Así, […] más allá de haberse tenido en consideración su corta edad al momento de los hechos, [respecto de las mujeres imputadas no] se merituó como circunstancia atenuante que ambas se encontraban al mando de su padre, figura de autoridad que regía no sólo en el ámbito laboral sino también en el familiar.
Sumado a ello, […] la perspectiva de género como argumento no puede pasar inadvertida a la hora de evaluar la situación particular de las imputadas. En efecto, de la lectura del pronunciamiento [surge] que el tribunal ha omitido analizar la aplicación de la pena de las nombradas desde ese prisma, lo que contradice los principios de orden superior que rigen la materia”.
“[R]esulta necesario incorporar perspectiva de género no solo en la investigación y juzgamiento de hechos ilícitos, sino también en ocasión de decidir el monto y modalidad de la pena en el caso de mujeres como las aquí condenadas, en consonancia con las recomendaciones realizadas en instrumentos internacionales. Ello, dado que en el caso de colectivos especialmente vulnerables las penas tienen mayor impacto, y para que las sanciones resulten proporcionales [...] es preciso que se indaguen y evalúen diferentes factores, tales como maternidad, rol de cuidado de otras personas dependientes, jefatura de hogar, violencia de género [y] contexto cultural…” (voto de la jueza Ledesma).
2. Determinación de la pena. Autodeterminación. Perspectiva de género.
“[L]os jueces al momento de aplicar una pena deben tener en cuenta las posibilidades de autodeterminación que pudo haber tenido la persona al momento de cometer el hecho, y al mismo tiempo, mensurar el daño que la pena puede generar al proyecto de vida existencial de la condenada. Una pena que, en principio, parece proporcionada, puede convertirse en cruel, inhumana y degradante por el daño que provoca a la existencia de quien la padece…”.
“[L]a situación de las imputadas […] ha sido analizada sin tener en consideración estos postulados. Ello así pues nada se ha dicho en la sentencia acerca del impacto que el vínculo paterno filial de las nombradas con el imputado […] jefe y organizador de la asociación ilícita fiscal […], pudo haber tenido respecto de sus posibilidades de autodeterminación para cometer el hecho. El contexto cultural en el que se suscitaron los acontecimientos, así como la corta edad de las nombradas, su inexperiencia en el rubro laboral, la emancipación que realizó su padre para colocarlas al mando de dos de sus empresas, y el vínculo natural de autoridad que ejerce un padre en la vida de sus hijas, son elementos que deben ser ponderados en función de la perspectiva de género” (voto de la jueza Ledesma).
3. Determinación de la pena. Deber de fundamentación. Debido proceso.
“Tanto el ejercicio excesivo del ius puniendi estatal, como los casos de indulgencias exageradas o desmedidas sin apoyarse en las constancias del juicio, significan una violación a la máxima de razonabilidad que debe respetar toda sentencia condenatoria y, por tanto, un agravio irreparable a las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio. [S]e ha destacado que [el padre de las mujeres imputadas] dispuso la emancipación de sus hijas cuando resultaban menores de edad para integrarlas a sus emprendimientos y negocios…”.
“Tal realidad es, sin duda alguna, una pauta relevante a la hora de justipreciar la extensión del reproche que le cabe a [las mujeres imputadas] pues, si bien al momento de los hechos ambas resultaban mayores de edad y su intervención en aquellos se advierte debidamente comprobada, no puede desconocerse la particular interrelación familiar en la que se encontraban inmersas” (voto del juez Carbajo).
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; DETERMINACIÓN DE LA PENA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; AUTODETERMINACION; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DEBIDO PROCESO;
CAM (causa Nº 11733)Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba
El Juzgado Federal de San Francisco hizo lugar a la acción y le ordenó a la demandada la provisión de una muñequera de neoprene y una silla de rueda motorizada híbrida (juez Reback).
1. Acción de amparo. Admisibilidad. Verosimilitud del derecho.
“[D]esde 1994 se encuentra expresamente prevista por la Constitución Nacional la posibilidad de demandar por este medio a los particulares […]. En cuanto a la existencia de vías administrativas, la Carta Magna también dispone que las mismas pueden ser omitidas cuando no resulten idóneas en el caso concreto. De todos modos, en el asunto traído a conocimiento se advierte que ha habido por lo menos cuatro reclamos prejudiciales […], de tal suerte que no puede agraviarse el representante de la Obra Social por el planteo de esta acción.
En cuanto a la inexistencia de arbitrariedad manifiesta por parte de la accionada, hay que destacar que lo exigido por la ley, para abrir la competencia de los órganos judiciales es que la restricción claramente individualizada por el accionante, indique con precisión, el o los derechos lesionados, resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez en el curso de un breve debate […]. A ello cabe agregar que el amparo ha sido señalada como vía apta en los casos en que resulte imprescindible para la salvaguarda del derecho fundamental de la vida (Fallos: 325:292)…”.
2. Derecho a la salud. Enfermedades poco frecuentes. Obras sociales. Personas con discapacidad.
“[A] partir del dictado de la Resolución Ministerial N° 641/2021, se aprobó el listado de enfermedades poco frecuentes previsto por la ley N° 26.689, incluyendo a la esclerosis lateral amiotrófica –bajo el orphacode nro. 803, identificador único y estable para cada patología en los sistemas de información sanitaria y para la investigación. Siendo esto así, la patología del actor, comprendida por la reglamentación de la mencionada ley de EPF que promueve el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, debe gozar de cobertura asistencial por parte de las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661 (art. 6).
A mayor abundamiento, por medio de la ley N° 27.044 se otorgó jerarquía Constitucional a la `Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad´, lo cual resulta de importancia a los fines de la presente resolución”.
3. Acción de amparo. Informes. Apreciación de la prueba. Certificado Único de Discapacidad.
“[E]n la medida en que la Constitución Nacional prevé que la acción de amparo es `expedita y rápida´, tal pauta debe primar en el proceso. En consecuencia, en la medida en que sean contestado los extremos requeridos por la demandada en su informe circunstanciado […], corresponde convalidar la prueba. La postura del agente de salud insistiendo en formalidades que enlentecerían innecesariamente la resolución del asunto choca con el empeoramiento de la salud del actor […] que elaborara el equipo multidisciplinario involucrado en el seguimiento del amparista…”.
“[S]e advierte que la respuesta brindada por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación confirma las consideraciones anteriores, al informar que mientras haya certificado de discapacidad […] y el requerimiento esté vinculado con el diagnóstico por el cual se emitió ese certificado, existiendo justificación médica de por medio, la cobertura deberá ser garantizada, según lo estipula la ley 24.901”.
ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; DERECHO A LA SALUD; ENFERMEDADES POCO FRECUENTES; OBRAS SOCIALES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INFORMES; APRECIACION DE LA PRUEBA; CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD (CUD);
Rivero (causa n° 8033)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió y se remitió a los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación interino. De esa manera, hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia impugnada. Además, ordenó que los autos volvieran al tribunal de origen para que dictara un nuevo fallo (voto de los ministros Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda).
1. Prueba. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención De Belém Do Pará). Apreciación de la prueba. Arbitrariedad. Estereotipos de género.
“La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), establece en su artículo 7° que los Estados Partes convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer…”.
“En ese sentido, la ley 26.485, en su artículo 16, dispone que los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, el derecho –entre otros– ‘i) a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos’”.
“En el sub examine, sin embargo, tanto el tribunal oral como el a quo pasaron por alto esos criterios para la correcta valoración de la prueba en casos como el presente, en la medida en que cuestionaron la confiabilidad del testimonio de la víctima a partir de la diferencia que presentarían sus declaraciones acerca de la cantidad de veces que fue obligada a practicar sexo oral al acusado. Tal proceder […] implicó, además, menospreciar lo declarado por aquélla sobre las oportunidades en que habría sido accedida carnalmente por [el hombre imputado] a pesar de que en este aspecto no existieron discrepancias –en todas sus declaraciones dijo que ocurrió tres veces–, lo que […] constituye una patente arbitrariedad”.
“[El] argumento, que el a quo convalidó, fue construido sobre un estereotipo según el cual una mujer que fuese desenfadada en sus expresiones o comportamientos sexuales con alguna persona en particular, no podría proceder con timidez al referirse a hechos de violencia sexual de los que fue víctima”.
“[E]l pronunciamiento apelado también fue construido sobre una valoración parcial y sesgada de los restantes elementos de prueba”.
2. Prueba. Arbitrariedad. Recurso Extraordinario Federal. Admisibilidad. In dubio pro reo.
“[S]i bien la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad propia de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria […] en el sub lite corresponde hacer excepción a esa regla, conforme lo ha admitido la Corte con base en la doctrina de la arbitrariedad […] ya que con ésta se procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa…”.
“[E]l estado de duda –invocado por el tribunal oral y el a quo– no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto […]. La mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos no impide, per se, obtener razonablemente, a través de un análisis detenido de toda la prueba en conjunto, el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena.
El concepto ‘más allá de duda razonable’ es, en sí mismo, probabilístico y, por lo tanto no es, simplemente, una duda posible, del mismo modo que no lo es una duda extravagante o imaginaria. Es, como mínimo, una duda basada en razón…”.
“En consecuencia, […] el fallo apelado no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, y debe ser descalificado como un acto jurisdiccional válido”.
3. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención De Belém Do Pará). Víctima. Debida diligencia.
“[L]os defectos hasta aquí expuestos adquieren especial significación teniendo en cuenta […] el compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer plasmado en la Convención de Belém do Pará …”.
PRUEBA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); APRECIACION DE LA PRUEBA; ARBITRARIEDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RECURSO EXTRAORDINARIO; ADMISIBILIDAD; IN DUBIO PRO REO; VICTIMA; DEBIDA DILIGENCIA;
Giancola (Causa n° 7837)Juzgado Federal en lo Criminal Federal Nro. 1 de Lomas de Zamora
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas De Zamora concedió la suspensión del juicio a prueba respecto del joven imputado (juez Villena).
1. Niños, niñas y adolescentes. Convención sobe los Derechos del Niño. Suspensión de juicio a prueba. Reinserción social.
“[L]a Convención sobre los Derechos del Niño […] ha establecido que los Estados partes […] deberán reconocer el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad…”.
“[N]umerosos instrumentos internacionales […] han esbozado medidas alternativas en el proceso penal, tendientes a facilitar la reinserción social de las personas menores de edad sometidas a proceso. Dichos parámetros resultan dirimentes en este caso, en el que se han incorporado indicios respecto de que constituyen alternativas idóneas a fin de garantizar el bienestar del joven [imputado]”.
2. Suspensión de juicio a prueba. Reparación. Régimen penal juvenil.
“[E]l informe socio ambiental acompañado por la asistencia técnica, la conducta que ha esgrimido el joven en el proceso ­quien se ha hecho presente cuando se lo ha citado en esta judicatura­ y el ofrecimiento realizado en concepto de reparación integral, constituyen elementos que permiten esbozar razones fundadas para tener por cumplido el año de tratamiento tutelar previsto por el art. 8º en función del art. 4º de la Ley 22.278, las pautas de conducta previstas por el art. 27 del Código Penal y el plazo mínimo de suspensión de juicio a prueba establecido por el art. 76 ter del Código Penal…”.
“[S]in perjuicio de que el delito que se le ha imputado al Joven […] prevé una escala penal cuyo monto máximo es de 6 años de prisión, a partir del precedente [‘Acosta’] del más Alto Tribunal [...], dicho parámetro ya no representa un obstáculo a los fines de conceder el presente instituto”.
“[T]eniendo en cuenta lo previsto por el Máximo Tribunal en el precedente que antecede, […] [corresponde] resaltar que a partir de los lineamientos establecidos en [‘Maldonado’], la pena prevista por el delito que se le ha imputado al [joven], era susceptible de ser reducida en la escala del delito tentado”.
“[E]n virtud de lo referido por el más Alto Tribunal de la Nación, el máximo de la pena previsto por el art. 296 en función del art. 292 del Código Penal de la Nación, no es un obstáculo en el caso concreto para conceder la suspensión de juicio a prueba a favor del nombrado”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA; REINSERCIÓN SOCIAL; REPARACIÓN; RÉGIMEN PENAL JUVENIL;
SRA (causa Nº 27047)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la decisión apelada (ministros Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti).
1. Concesión del recurso extraordinario. Caducidad de la instancia. Excesivo rigor formal. Derecho de defensa. Debido proceso.
“[S]i bien los agravios del recurrente sobre la caducidad de la instancia remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho procesal ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a esa regla cuando media un apartamiento de las constancias de la causa conducentes para la correcta solución del caso o un excesivo rigor formal que menoscaba el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (Fallos: 324:3645, 329:4865, 342:741 y 1362, entre otros)” (considerando 2º).
2. Defensor Público Oficial. Tutor. Defensor de Menores e Incapaces. Caducidad de la instancia. Cuestiones procesales. Debido proceso. Arbitrariedad.
“[A]siste razón al Defensor Público Tutor cuando en su recurso extraordinario asigna relevancia a la circunstancia de que el juzgado no dio cumplimiento con la nueva vista pedida por la Defensora Pública de Menores y dispuesta [por el juzgado]”.
“Al decidir de ese modo, la cámara prescindió de la circunstancia de que la nueva vista omitida por el juzgado había sido solicitada por la Defensoría `independientemente´ del resultado de la intimación a la actora […], y proveída sin condicionarla al resultado de dicha intimación o a una finalidad determinada (por ejemplo, la designación de un tutor). Consecuencia de ello, la caducidad de la instancia no podía decretarse por cuanto estaba pendiente una actividad que correspondía al juzgado y no a la parte actora […], sin que resulte razonable la inferencia del a quo en el sentido de que la nueva vista no era necesaria para la prosecución del trámite de la causa, ante la actividad de los representantes legales del menor de edad posterior a la providencia […]. Dicha actividad de la representación legal del menor –que ya había sido cuestionada por la Defensoría en su presentación […]– resultó, por demás, insuficiente, tal como lo demuestra la secuela que tuvo la causa, en tanto que la nueva vista ordenada y omitida por el juzgado, tenía relación directa con la posibilidad de que la Defensoría peticionara las medidas que, ante las referidas particularidades de la causa, considerase pertinentes, en ejercicio de la intervención que la ley prevé para garantizar la adecuada representación en juicio del menor de edad (arts. 59 del Código Civil y 54 de la ley 24.946, vigentes al momento de la providencia […]; en el mismo sentido, art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 43 de la ley 27.149; art. 27 de la ley 26.061)” (considerandos 4º).
[E]n consecuencia, lo decidido guarda relación directa e inmediata con las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso que se invocan como vulneradas (arts. 15 de la ley 48 y 18 de la Constitución Nacional), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional, en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias” (considerando 5º).
CONCESIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO; CADUCIDAD DE LA INSTANCIA; EXCESIVO RIGOR FORMAL; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL; TUTOR; DEFENSOR DE MENORES E INCAPACES; CUESTIONES PROCESALES; ARBITRARIEDAD;
Godoy (causa Nº 58)Juzgado Federal Nro. 2 de Mar del Plata
El Juzgado Federal de Mar del Plata Nº 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto hasta tanto se dictara sentencia definitiva en autos. Asimismo, indicó que la empresa debía abstenerse de iniciar tareas de exploración vinculadas al proyecto referido hasta el mismo término (juez Martín).
1. Medidas cautelares. Desarrollo sustentable. Medio ambiente.
“[E]l análisis y resolución de la medida cautelar solicitada, serán realizados considerando especialmente el modelo de desarrollo sustentable impuesto por la Constitución Nacional a partir de la Reforma Constitucional de 1994, que pone el énfasis en la idea de que toda acción de desarrollo impulsada por el hombre, tendrá como límite la no afectación del ambiente, dentro de ciertos parámetros previamente establecidos.
Esta idea, que es un punto de partida, no persigue la parálisis del desarrollo económico, industrial, etc., sino que busca, tal cual lo señalado por Daniel Sabsay, que `cada obra, actividad, acción que se emprenda, deberá ser efectuada teniendo en cuenta que ellas no produzcan determinado tipo de consecuencias negativas para el medio ambiente´ […].
El foco debe estar puesto, por imperativo constitucional, en el ‘desarrollo humano’, que no es otro que el preservar las condiciones de vida ‘digna’ para la existencia humana, no sólo de quienes habitamos el planeta en el presente, sino también de quienes lo harán en el futuro. Por tal razón es que la Constitución señala, luego de declarar el derecho de todas y todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, que éste debe ser `apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…´ (art. 41)”.
2. Mar territorial argentino. Evaluación de impacto ambiental. Interés público.
“[L]a envergadura del proyecto de exploración que se ha autorizado sobre el mar argentino, el potencial impacto relevante sobre el medio ambiente y sobre la actividad pesquera y turística de la ciudad de Mar del Plata, y el intenso interés público comprometido, que se aprecia por la repercusión que ha tenido en la sociedad y en los medios de comunicación la noticia sobre su aprobación, imponen como consecuencia, aplicar un estándar riguroso de revisión de los actos cuestionados, sin perjuicio de la prudencia y excepcionalidad que debe tener toda decisión judicial que suspenda actos emanados de la administración pública“.
3. Derecho a la información. Derecho ambiental. Publicidad. Principio de prevención. Principio precautorio. Buena fe.
“[E]l derecho de acceso a la información pública ambiental y el derecho a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas ambientales, están regulados principalmente por la Ley General del Ambiente nº 25.675 (arts. 16/18 información ambiental; arts. 19/21 participación ciudadana), por la ley de presupuestos mínimos sobre acceso a la información ambiental nº 25.831, y por el denominado ‘Acuerdo de Escazú’ (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe), aprobado por la Ley 27.566 (B.O. 19/10/2020). También cabe mencionar al Decreto PEN 1172/2003 sobre Acceso a la Información Pública, que incorpora (entre otras disposiciones) como ‘Anexo I’ el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional.
Este conjunto de normas responde a una serie de principios que deben ser respetados por las autoridades estatales en la gestión de los temas ambientales, entre los que cabe destacar el principio de máxima publicidad, el de transparencia y de rendición de cuentas, el principio preventivo, el principio precautorio, el principio de buena fe, etc. (art. 4 Ley General del Ambiente, art. 3, Acuerdo de Escazú).
Impone también un cúmulo de obligaciones hacia las autoridades estatales y hacia las personas físicas y jurídicas privadas que desarrollan actividades susceptibles de afectar al medio ambiente, que en sustancia están resumidas en los artículos 16 (primer párrafo) y 18 (primer párrafo) de la Ley General del Ambiente…”.
“[D]e las actuaciones administrativas se desprende que las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de ‘máxima publicidad’, que las obliga en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible (art. 6.1 del Acuerdo de Escazú). Estas acciones deben realizarse ‘desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’ (art. 7.4 del Acuerdo de Escazú). No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de ‘medios apropiados’ (escritos, electrónico u orales) como impone el Acuerdo de Escazú (arts. 7.6 y 7.9), de modo de garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental.
Si bien es claro que el proceso de [Evaluación de Impacto Ambiental] ha sido público y de libre acceso a la información, ello no resultaría suficiente de cara a los estándares que actualmente rigen en la materia”.
4. Actos administrativos. Motivación. Control de legitimidad. Derecho de información.
“[N]o se habría dado a conocer suficientemente el contenido de dichos informes, ni las razones que motivaron a las autoridades ambientales a desestimar las observaciones opuestas por las Cámaras y Asociaciones referidas, lo que redundaría no sólo en un déficit de información en esta etapa final del proceso, sino también en una deficiente motivación que afectaría en tanto acto administrativo a la Declaración de Impacto Ambiental contenida en la Res. 436/2021 referida (art. 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos), y a la presunción legal de legitimidad que ésta conlleva (art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos). Se vislumbra, por el contrario, una remisión recurrente a informes técnicos y resoluciones, que resulta insuficiente (prima facie) para tener por satisfechos los estándares de acceso a la información ambiental ya referidos”.
5. Competencia. Competencia federal. Competencia local. Autonomía provincial. Derecho ambiental.
“Si bien se ha dicho que el ejercicio legítimo de las competencias del Estado Nacional no puede afectar la autonomía de las provincias (Fallos: 301:341; cons. 16), criterio que es trasladable a los municipios, lo cierto es que el derecho ambiental obliga a revisar ciertos paradigmas, y en el marco de un ‘federalismo ambiental’, justifica y exige que las decisiones que se adopten y que puedan involucrar a otros órdenes estatales, sean tomadas con la previa participación de éstos. Es decir, que el Estado Nacional tenga el dominio y la jurisdicción sobre los recursos hidrocarburíferos objeto de la exploración, no obsta a su obligación de informar, participar y/o consultar a las provincias o municipios potencialmente afectados sobre las políticas implementadas en éste área. Ello en el marco de un ‘federalismo de concertación’, que en esta materia ya fuera rescatado por Pedro Frías en su recordada disidencia en el caso ‘YPF c. Provincia de Mendoza’ (Fallos: 301:341).
Incluso no debe olvidarse que en la materia ambiental estamos frente a competencias concurrentes (art. 41 CN), lo que obliga a coordinar políticas ambientales, y a maximizar los principios de solidaridad y de cooperación cuando se trate de sistemas ecológicos compartidos y/o de efectos ambientales transfronterizos (art. 4 LGA)”.
“La intervención ‘institucional’ del Municipio no se vería satisfecha con la instancia de la audiencia pública, la que tiene por objeto promover un ámbito de participación ‘ciudadana’. Aquí se trata, vale aclararlo, de la participación del municipio en tanto ‘sujeto político de existencia necesaria’, como lo ha calificado la Corte Suprema de Justicia (Fallos 342:509), que posee un rol en la dinámica federal que no puede ser desatendido”.
6. Evaluación de Impacto Ambiental. Principio de prevención.
“El tercer argumento referido se vincula con las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino”.
“El análisis deficiente, o la ausencia de la previsión de los impactos acumulativos que denuncian los accionantes, derivarían de la existencia de una pluralidad de autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes para realizar exploraciones sísmicas en el Mar Argentino. En esta causa se cuestiona una de ellas, la referida a la exploración de las áreas CAN-100, CAN 108 y CAN 114 otorgada a la empresa Equinor, pero según denuncian los presentantes, existirían otras otorgadas con anterioridad (17 en total), en la Cuenca Malvinas Oeste (MLO), en el Área Austral y en la Cuenca Argentina Norte (CAN)”.
“De lo transcripto se advierte que la empresa Equinor no ofrecería certezas de que no se producirán las superposiciones temporales o territoriales en las tareas de prospección, quedando abierta esa cuestión a una ‘planificación posterior’, lo que de por sí resultaría una explicación insuficiente de cara al principio de prevención que debe regir toda la planificación de exploración sísmica. Recuérdese que este principio apunta a prevenir los daños que sobre el ambiente pueden producir las actividades antrópicas, en los casos en que hay un ‘riesgo cierto’ de que aquellos se produzcan (art. 4 LGA)”.
7. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Informes. Principio precautorio. Principio de prevención. Daño ambiental.
“[S]e encuentra suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho invocado por las y los amparistas, sin perjuicio, claro está, de las explicaciones que brinden el Estado Nacional y la empresa Equinor al tiempo de presentar los informes que se les requerirá en este proceso colectivo.
Las falencias descriptas justifican e imponen la aplicación del ‘principio precautorio’, en cuanto establece que: `Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente´ (art. 4º LGA).
En este sentido ha afirmado la Corte Suprema de Justicia que tanto el principio recién enunciado, como el de prevención del daño ambiental, apuntan a constituir a las medidas cautelares en medios idóneos para hacer efectivos los propósitos y fines perseguidos por el art. 41 de la Constitución Nacional (Fallos: 329:3493, disidencia de los jueces Maqueda y Zaffaroni), y que `deben entenderse las facultades que el art. 32 de la Ley General del Ambiente otorga a la autoridad judicial interviniente con el objeto de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En igual sentido debe interpretarse el último párrafo de ese artículo en cuanto dispone que en cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, que el juez también podrá disponer sin petición de parte, aun sin audiencia de la parte contraria, prestándose debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse (Fallos: 333:748, disidencia de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni) (`Cruz y otros c. Minera Alumbrera Limited y otro´, sentencia del 23 de febrero de 2016, cons. 3º)”.
8. Medidas cautelares. Peligro en la demora. Evaluación de Impacto Ambiental. Principio precautorio.
“En este análisis y en la aplicación de los estándares referidos, también está presente el peligro en la demora hacia el medio ambiente involucrado que conllevaría aguardar al dictado de la sentencia definitiva.
Se hizo referencia anteriormente a que las zonas a explorar integran un ecosistema marino oceánico de alta productividad y diversidad biológica, que se conoce como Ecorregión del Mar Argentino (acápite I’). Del EsIA se desprenden también los efectos potenciales de las operaciones sísmicas en los organismos marinos, lo que obliga a implementar medidas de mitigación sobre bases científicas adecuadas.
El impacto sobre los invertebrados marinos, los peces, los mamíferos marinos, las tortugas marinas y aves marinas, como consecuencia de la exposición al sonido irradiado por una campaña sísmica puede resultar significativo. A modo de ejemplo, en el caso de los mamíferos marinos es susceptible de generar lesiones auditivas temporales y permanentes, desplazamientos, alteración del comportamiento (alimentación, reproducción, descanso, migración), entre otros. Para los peces e invertebrados los daños pueden ser físicos y/o fisiológicos, pueden conducir a un deterioro en la audición que reduzca su aptitud de supervivencia, cambios de comportamiento, e incluso hasta la muerte. Ello se desprende del EsIA, capítulo 7 destinado a la evaluación de los impactos ambientales.
Por ello es que frente a la eventualidad de un perjuicio irreparable derivado de la ejecución de las tareas de exploración, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por resultar aplicable al caso el principio precautorio previsto en el artículo 4º de la Ley 25.675, es que considero que corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada”.
MEDIDAS CAUTELARES; DESARROLLO SUSTENTABLE; MEDIO AMBIENTE; MAR TERRITORIAL ARGENTINO; EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; INTERÉS PÚBLICO; DERECHO AMBIENTAL; PUBLICIDAD; PRINCIPIO DE PREVENCIÓN; PRINCIPIO PRECAUTORIO; BUENA FE; ACTOS ADMINISTRATIVOS; MOTIVACIÓN; CONTROL DE LEGITIMIDAD; DERECHO DE INFORMACIÓN; COMPETENCIA; COMPETENCIA FEDERAL; COMPETENCIA LOCAL; AUTONOMÍA PROVINCIAL; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; INFORMES; DAÑO AMBIENTAL; PELIGRO EN LA DEMORA;
Orazi (causa Nº 3995)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso extraordinario federal y confirmó la sentencia apelada (ministros Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti).
1. Sufragio. Voto. Personas privadas de la libertad. División de los poderes. Plazo razonable. Jurisprudencia.
“[E]l Tribunal coincide con la opinión referida en cuanto a que la condena impuesta por la Cámara Electoral siguió la línea fijada por esta Corte en el precedente de Fallos: 325:524 `Mignone´. Ello se debe a que, en ambos casos, se partió de la base de que el ejercicio efectivo del derecho al sufragio exige una regulación específica, cuyo dictado es resorte exclusivo de otros poderes del Estado.
Asimismo, concuerda en que la fijación de un plazo indeterminado no significa que la sentencia sea meramente declarativa, ni que deje librado su cumplimiento al arbitrio de los órganos estatales competentes. Es que la pauta temporal `a la mayor brevedad posible´ contiene un límite claro, que implica el requerimiento de una conducta urgente que puede ser judicialmente exigida. En efecto, esta Corte ha exhortado al Poder Legislativo en términos similares en distintos precedentes (Fallos: 329:3089 y 339:1562). También ha ejercido su función de supervisión y tuvo por incumplido el mandato judicial cuando consideró que se había agotado el plazo razonable impuesto en la condena (Fallos: 330:4866)” (considerando 4º).
“[D]esde esa comprensión, el Tribunal advierte que la parte recurrente tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena sobre la base del vencimiento de la pauta temporal impuesta en la sentencia apelada; máxime cuando han transcurrido más de cinco años desde que la Cámara Electoral dictó sentencia y el Congreso de la Nación ni siquiera ha dado tratamiento a los diversos proyectos de ley presentados a efectos de implementar el derecho a votar de los condenados…” (considerando 5º).
SUFRAGIO; VOTO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DIVISIÓN DE LOS PODERES; PLAZO RAZONABLE; JURISPRUDENCIA;
Bertone (causa n° 27510)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución recurrida y remitió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que citara al imputado para que ratificase la solicitud de su defensor y luego dictara una nueva decisión (jueces Jantus y Huarte Petite).
1. Tribunales unipersonales. Tribunales colegiados. Derecho de defensa.
“[S]ólo en caso de los delitos cuya escala penal amenazada no exceda de seis años de pena privativa de libertad, resulta obligatorio el juzgamiento unipersonal. Por el contrario, en los demás supuestos en que la pena privativa de libertad amenazada excediese de seis años, debe garantizarse un tribunal colegiado, y en particular para el caso de autos, ello dependerá de la voluntad expresa manifestada por el imputado y su defensor, estableciendo la ley que sólo en caso de silencio al respecto en la oportunidad procesal respectiva se llevará a cabo el juicio de manera unipersonal”.
“Habiéndose la defensa técnica inclinado por el juzgamiento colegiado, no es de presumir que su asistido sostuviese un criterio contrario, por lo cual, ante la duda que de todos modos se desprende sobre dicha conformidad por la falta de suscripción del escrito respectivo, ella debe aclararse requiriéndosele que ratifique o no la postura de su defensor de confianza, pues en definitiva, la duda sobre la clase de tribunal que debe juzgar un caso debe decantarse en principio por el colegiado porque, precisamente, es el que más derechos le acuerda a la persona que va a ser juzgada: por lo menos a tener tres opiniones, garantizándose una deliberación y una diversidad de posturas y matices que expresen criterios que, eventualmente, conduzcan a mejorar su situación procesal, con un margen mayor de probabilidades que en el caso de juzgamiento unipersonal. Lo cual ya no ocurriría en el caso de validarse la decisión recurrida, ocasionándosele un perjuicio definitivo en ese sentido. Por ello es evidente que se ha afectado el derecho del imputado de elegir el tipo de tribunal que la propia ley le da y, por aplicación del art. 167, incisos 1º y 2º, del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde declarar la nulidad de la decisión impugnada y devolver el caso para que se dicte una nueva, luego de haber citado al imputado para que determine si ratifica o no la solicitud de su defensor”.
TRIBUNALES COLEGIADOS; TRIBUNALES UNIPERSONALES; DERECHO DE DEFENSA;
SRS (Causa N° 18645)Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 5 de Cipolleti
El Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 5 de Cipolleti, hizo lugar a la demanda y ordenó la rectificación registral del adolescente conforme a su identidad de género autopercibida (juez Benatti).
1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. LGBTIQ. Derecho a la identidad. Identidad de género. Registro civil. Nombre. Documento nacional de identidad. Interpretación de la ley.
“[L]a ley 26743 establece el derecho a la identidad de género de las personas, y en su art. 2 define que: se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Asimismo autoriza a toda persona a solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida (art. 3), permitiendo sobre la base de la identidad autopercibida el cambio de género ante el registro civil, sin necesidad de intervención quirúrgica ni tratamiento médico ni psicológico alguno.

[L]a ley establece una definición despatologizadora, es decir, que no se basa en un diagnóstico médico, conforme se indica en la última parte del art. 4 de la norma citada. [E]l eje central de la identidad de género gira en torno a la vivencia personal del género tal como cada persona lo siente y vive internamente…”.
“[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría o no corresponder con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones del género con el cual la persona se identifica. Ello en armonía con los Principios de Yogyakarta que definen la identidad de género como ´la vivencia interna e individual del grupo, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones del género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar, y los modales (Informe sobre las personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales´ Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, OEA/ser. L/V/II. Doc. 239,7 agosto 2020. P 24)…”.

2. Covención sobre los Derechos del Niño. Protección Integral de Niños, niñas y adolescentes. Identidad de género. Niños, niñas y adolescentes. Autonomía progresiva. Interés superior del niño. Derecho a ser oído. Documento Nacional de Identidad. Consentimiento. Registro civil. Interpretación de la ley.
“[L]a ley de identidad de género, en su art. 5 determina el procedimiento que deben cumplimentar las personas menores de 18 años, señalando que: ´...la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061´.
Si bien es cierto que conforme la normativa referida, la solicitud del trámite de rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, es una de aquellas situaciones que de acontecer en la minoría de edad de la persona requieren la conformidad de sus progenitores o representantes legales, la última parte de la norma citada autoriza al juez a suplirla, entre otros supuestos, cuando mediare negativa de éstos para prestarla, o cuando su obtención resultare imposible, teniendo para ello en cuenta el Interés Superior del NNyA involucrado…”.
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Código Civil y Comercial de la Nación. Interés superior del niño. Niños, niñas y adolescentes. Principio de dignidad humana. Interpretación de la ley.
“[E]l artículo 706 inc. c) del CCyC impone a los jueces que la decisión que se dicte en procesos que involucren niños, niñas y adolescentes, debe tener en cuenta su interés superior, en un todo de acuerdo con lo establecido por el art. 3 de la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes: ´En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño´, principio además interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que: ´(...)´ el presente caso debe resolverse en base al Interés Superior del Niño, principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades´…”.
“´[L]a regla del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene –al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias–, el efecto de separar conceptualmente aquél interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso llegado el caso, el de los padres, razón por la cual, la coincidencia entre uno y otro interés ya no es algo lógicamente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente que, ante el conflicto, exige justificación puntual en cada caso concreto´ (CSJN Del voto del Dr. Eugenio Zaffaroni, en causa “M. D. H. c. M. B. M. F.”, CS, 29/04/2008, LA LEY, 2008-C, 540.).
Este principio regulador, se encuentra reconocido en el art. 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y establece que: ´En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño´. A su vez ha sido incorporado en el art. 3 de la Ley 26.061, y en el art. 10 de la Ley 4109…”.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; LGBTIQ; DERECHO A LA IDENTIDAD; IDENTIDAD DE GÉNERO; REGISTRO CIVIL; NOMBRE; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; AUTONOMÍA PROGRESIVA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A SER OIDO; CONSENTIMIENTO; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;
AML (Causa N° 1050)Juzgado Civil en Familia y Sucesiones, Única Nominación de Tucumán
El Juzgado Civil en Familia y Sucesiones Única Nominación de Tucumán hizo lugar a la demanda y reconoció la filiación extramatrimonial de las dos mujeres con respecto a su hijo. Además, ordenó la inscripción registral del nacimiento del niño (jueza Rey Galindo). 1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Niños, niñas y adolescentes. Nacimiento. Hijos extramatrimoniales. Derecho a la identidad. Documento Nacional de identidad. Partida de nacimiento. Registro Nacional de las personas. Inscripción registral. Responsabilidad del Estado. Técnicas de reproducción humana asistida. Técnicas de inseminación casera (TIC). “[L]a Convención de los Derechos del Niño prevé, en su artículo 7, que todo niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CorteIDH) señaló, en la Opinión Consultiva Nº 24/17, que el ejercicio del derecho a la identidad es indisociable de un registro y de un sistema nacional efectivo, accesible y universal que permita proporcionar materialmente a las personas los documentos que contengan los datos relativos a su identidad, tomando en cuenta de forma particular que el derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como de un derecho que es esencial para el ejercicio de otros derechos de naturaleza política, civil, económica, social, cultural. [H]ay un derecho a la inscripción después del nacimiento y un deber del Estado de tomar las provisiones necesarias para este fin. El registro de nacimiento se convierte así en un instrumento primario y punto de partida para ejercer la personalidad jurídica ante el Estado y los particulares y actuar en condiciones de igualdad ante la ley (artículo 3 de la CADH ; artículo 51 y 62 del CCCN). [L]a denegatoria de la inscripción inmediata del nacimiento del niño, como hijo extramatrimonial de la [pareja de mujeres], fruto de la voluntad procreacional y con el uso de las técnicas de inseminación casera (TIC), carece de todo fundamentos éticos, moral y jurídicos. La probable exigencia que hiciera el Registro para que se denuncie al padre o se identifique al donante de gametos masculino sería absolutamente infundada. Tales requisitos no se encuentran entre los que corresponden a esta fuente filial (voluntad procreacional) pero con asistencia médica (TRHA). [L]a denegatoria de la inscripción inmediata de [el niño] por parte del Estado Argentino, y el reconocimiento de su personalidad jurídica, atenta principalmente contra su dignidad humana (art. 51 del CCCN), luego, contra el derecho a obtener la nacionalidad por haber nacido en este territorio. En su caso, el Registro Civil y de Capacidad de las personas (como expresión del Estado) debió adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar que [el niño], en tanto persona física, pudieran acudir al reconocimiento de ―su existencia, con la anotación de su nombre y la identificación de sus progenitoras (co-maternidad), aunque sea de forma provisoria. Puesto que [el niño], en tanto sujeto de derechos, goza de la tutela preferente del Estado (art. 4 de la CDN), razón por la cual el Registro debió instrumentar, hasta el máximo de los esfuerzos posibles, los procedimientos pertinentes que logren materializar la identidad e identificación de éste ciudadano menor de edad…”. “[E]l Registro Civil y de Capacidad de las Personas […], como organismo del Estado, tiene la obligación no solo de facilitar y colaborar con la identificación y registración de los niños nacidos en esta República, sino de garantizar los procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial (artículo 11, 12 y 13 de la ley 26.061 en concordancia con la Ley 24.540). [E]l RegistroCiv omitió toda observación a la Constitución Nacional. Vulneró el derecho fundamental de este niño a estar inscripto de pleno derecho e inmediatamente después del nacimiento y con ello ser reconocido por la ley como un ciudadano argentino y disfrutar de los demás derechos económicos, sociales y culturales (CN art. 8, 16, 28, 75 inc. 228)…”. 2. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Técnicas de inseminación casera. Voluntad procreacional. Constitución Nacional. Código Civil y Comercial de la Nación. Protección integral de la familia. No discriminación. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la identidad. “[L]a TIC es un procedimiento que consiste en realizar la inseminación directamente desde casa, sin intervención de centros clínicos o profesionales de la salud, es decir, una autoinseminación. La propia mujer (o su pareja) es la encargada de inyectar la jeringa con el semen en el tracto reproductivo, de forma similar a una relación sexual. La TRHA, en contraposición con la anterior, implica la manipulación de los espermatozoides y óvulos o de los embriones en un laboratorio (in vitro) con el objetivo de lograr un embarazo. [E]n ambos casos (TIC y TRHA) el elemento central sobre el que se construye la determinación de la filiación de los nacidos mediante el empleo de estas técnicas (legisladas u omitidas), es la voluntad procreacional. Vale recordar que la voluntad procreacional es la decisión, de querer llevar adelante un proyecto parental, conjuntamente con otra persona o bien en el marco de una familia monoparental. La diferencia radical —desde la perspectiva jurídica, […], puesto que desde la ciencia médica podrían ser múltiples— entre una y otra práctica estaría dada por la preexistencia de esa voluntad procreacional debidamente plasmada en el consentimiento anterior, informado y libre de la persona que accede a esos procedimientos…”. “[J]uega un rol preponderante el valor de dos institutos esenciales del CCCN: las relaciones familiares y la filiación. Para el primero, es impostergable la mirada democratizada de las familias de tanto peso en nuestros días, dado que en la amplitud de los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional se refiere de manera general a la protección integral de la familia, sin limitar esta noción (de carácter sociológico y en permanente transformación) a la familia matrimonial y heterosexual intacta (artículo 17 CADH). Por otro lado, también es obligada la mirada convencional del instituto de la filiación y sus modificaciones sustanciales (de carácter genético o socioafectivo). Las 3 fuentes admitidas, por aplicación de los principios constitucionales de fundar una familia gozan del reconocimiento de las diversas formas de organización familiar y el principio de igualdad y no discriminación…”. “[C]omo contracara de esta técnica (TIC), queda reservado para [el niño] el derecho siempre latente a tener la información sobre las circunstancias de su origen, concepción y nacimiento. Puesto que, es un derecho intrínseco a su historia de vida (artículos 1, 2, 3, 4, 11 y ccs de la CADH14). El derecho a conocer sus orígenes —cuestionado o no desde los claustros académicos—, en este caso, y por la singularidad de las condiciones es un derecho subyacente del niño. Toda vez que, por el principio de realidad, solo contando con esa información sabrá cómo posicionarse ante la dimensión jurídica de su vida…”. 3. Corte Interamericana de Derechos humanos. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Técnicas de inseminación caceras. Interpretación de la ley. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la identidad. Nombre. Inscripción registral. LGBTIQ. “[L]a TIC no está contemplada como fuente filial (art. 558 CCCN20). Tampoco está prohibida (art. 19 CN21). De una interpretación armónica de las fuentes del derecho (art. 1, 2, 3 CCCN22) y a la luz del derecho constitucional—convencional en vigencia, no concibo posible que el origen o causa de la filiación de [el niño], y el modelo de constitución familiar homoparental no matrimonial, coloque a estas madres y su hijo en algún plano de desigualdad legal o al margen del sistema jurídico vigente. Obligatoriamente [se debe] interpretar las normas en el sentido de no limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención, o bien de excluir o limitar el efecto que puedan producir (artículo 29 de la CADH , articulo 15 del Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 19 de la CN, CDN)…”. “[E]l criterio asumido por la CorteIDH cuando afirma que para la interpretación del derecho interno de los Estados partes, debe tenerse presente el objeto y fin de la Convención Americana, que no es otro que la ―protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, a propósito de lo cual fue diseñada para proteger los derechos humanos de las personas frente a su propio Estado o a cualquier otro. Todo lo cual tiene como efecto que la interpretación de las normas internas […]deba desarrollarse a partir de un modelo basado en valores que el sistema interamericano pretende resguardar, desde el mejor ángulo para la protección de la persona: [el niño y sus madres]…”. “[E]l ´interés superior del niño´ no es un concepto nuevo. El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la CDN y el desarrollo holístico del niño. La plena aplicación del concepto de interés superior del niño […] exige adoptar un enfoque basado en los derechos de [el niño], a fin de garantizar su identidad, su integridad física, psicológica, moral y espiritual como así también promover su dignidad humana. En este caso, el interés superior de [el niño] es la consideración especial (artículo 3 y 4 de la CDN) que obliga al Estado a garantizar —sin perjuicio de las complejidades antes explayadas— su derecho a estar inscripto; a tener la filiación correspondiente; a llevar el nombre y apellido elegido por sus madres y a conocer su origen (el derecho a la verdad)…”.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NACIMIENTO; HIJOS EXTRAMATRIMONIALES; DERECHO A LA IDENTIDAD; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; PARTIDA DE NACIMIENTO; REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER); INSCRIPCIÓN REGISTRAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); TÉCNICAS DE INSEMINACIÓN CASERA (TIC); FILIACIÓN; VOLUNTAD PROCREACIONAL; CONSTITUCION NACIONAL; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; NO DISCRIMINACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; NOMBRE; LGBTIQ;
Cancino (causa Nº 3058)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la decisión (jueces Castellanos, Sola Espeche y French).
1. Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. Jurisprudencia.
“[E]l Alto Tribunal admitió que los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos –como los aquí involucrados– se encuentran contemplados en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional y pueden ser objeto de tutela en el marco de acciones colectivas. Ello, en la medida en que, quien persiga su protección, demuestre: la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los `efectos comunes´ para toda la clase involucrada; y que de no reconocerse legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir […].
También la Corte sostuvo que para la admisión formal de toda acción colectiva se requiere la identificación precisa del grupo o colectivo afectado (`Halabi´  Fallos: 332:111, considerando 20), pues resulta razonable exigir a quienes pretenden iniciar este tipo de procesos una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes, de forma tal que resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del trámite, tanto la existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus miembros […]”.
2. Acción de amparo. Derecho a la salud. Derechos de incidencia colectiva. Legitimación activa. Requisitos de la demanda.
“[N]o se exige de quien promueve la acción la identificación de cada persona representada –como pretende la demandada– sino una caracterización suficiente de los integrantes del grupo a fin de que se pueda corroborar la existencia del colectivo y sus miembros…”.
“Es verdad que pudieron deslizarse en el resolutorio apelado […] algunas expresiones de cierta vaguedad o imprecisas, que parecieran hacer alusión indistinta a los afiliados del PAMI de Orán o de Hipólito Yrigoyen, identificándolos asimismo con los socios del Centro de Jubilados `San Joaquín´, y que de igual modo se hubo aludido a las dificultades vivenciadas por afiliados de la demandada en Hipólito Yrigoyen, tanto como las verificadas respecto de los domiciliados en la ciudad de Orán. Pero ello no supone un inconveniente para determinar el universo de beneficiarios sobre los que recae la decisión cuestionada, siendo de destacar que menos aún puede invocarse por parte del Instituto que ostenta el control del padrón de afiliados a los que debe proveer cobertura”.
“[D]ebe señalarse que no se desatiende que el fin perseguido mediante la definición del universo de sujetos alcanzados por el proceso colectivo no se circunscribe a aglutinar planteos semejantes en un único proceso, sino evitar que se incluya a quienes, por cualquier razón, podrían no querer integrar el consorcio litigioso. Sin embargo, dadas las particularidades del caso, es razonable descartar la posibilidad de que exista algún desacuerdo con que se ordene al PAMI a realizar gestiones para ampliar su atención prestacional en Hipólito Yrigoyen, extremo éste que incluso no podría serle cercenado si decidiera hacerlo por propia iniciativa.
En síntesis, el colectivo al que representa [el recurrente] se encuentra claramente identificado, sin que interese aquí […] quiénes son las personas que individualmente integran el centro de jubilados, ni las necesidades específicas que cada una tiene, pues se denuncia un hecho único como causante de la lesión que invocan, la pretensión está concentrada en los `efectos comunes´ y, de no reconocerse legitimación procesal al accionante, podría comprometerse el acceso a la salud del colectivo aquí representado”.
ACCION DE AMPARO; DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; JURISPRUDENCIA; DERECHO A LA SALUD; LEGITIMACIÓN; REQUISITOS DE LA DEMANDA;
Argañaraz (causa N° 41492)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala de Feria A
La Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró la nulidad del auto de procesamiento y revocó la disposición que obligaba a la defensa a informar todos los meses acerca del estado de salud del hombre (jueza Laiño y juez Rodríguez Varela).
1. Incapacidad sobreviniente. Salud mental. Suspensión del proceso judicial. Personas con discapacidad. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Informe pericial. Debido proceso.
“[L]a situación [del imputado] se encuentra bajo el amparo de la Ley de Salud Mental –Ley 26.657– y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –Ley 26.378–, instrumentos que regulan con suma precisión los principios generales de abordaje del colectivo de pacientes con discapacidad psicosocial (art. 75 inc. 22 CN).
En este contexto, al momento de resolver, la magistrada [que dispuso el procesamiento] se encontraba impedida […] de emitir un pronunciamiento de fondo […], pues tal como en la misma decisión lo reconoce, en base a los informes médicos producidos, el imputado se encuentra incapacitado procesalmente para continuar en proceso en los términos establecidos por el artículo 77 del ordenamiento ritual (voto de la jueza Laiño)”.
2. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso judicial. Acusación. Derecho de defensa.
“[E]l verdadero motivo de la suspensión prevista en el artículo 77 del CPPN obedece a que, en tales casos, el enfermo no se encuentra en condiciones de comprender la naturaleza de la acusación que se le formula y, por consiguiente, tampoco lo está para oponer una adecuada defensa desde el punto de vista material, tanto en lo relativo a la existencia del hecho que originó las actuaciones, su intervención en el mismo, como en lo concerniente a la corroboración de los distintos aspectos que lo convierten en un ´injusto´ (típico y antijurídico) atribuible objetiva y subjetivamente”.
“[D]ebe tenerse presente que la incapacidad para defenderse no puede ser suplida por el abogado defensor, ello por cuanto el abogado no puede actuar autónomamente sino como mero asesor letrado de una decisión que debe ser tomada exclusivamente por el imputado. Ambos funcionan como un binomio, el primero en virtud de su derecho de defensa material y el segundo llevando a cabo la defensa técnica, que actúa como complemento de la autodefensa, su actuación no consume ni sustituye aquella (voto de la jueza Laiño)”.
3. Incapacidad sobreviniente. Proceso penal. Derecho de defensa. Principio de contradicción. Arbitrariedad. Nulidad.
“[R]esulta contrario al derecho de defensa y a los derechos que lo conforman –entre ellos, el derecho de hallarse presente en el proceso y el derecho a ser oído y en ese contexto asegurar las reglas del contradictorio–, la tramitación de un proceso penal contra una persona desde el momento en que se constata su incapacidad para ejercer con eficacia y plenitud su derecho de defensa. Bajos estos parámetros se impone la declaración de nulidad de la decisión examinada al advertirse la existencia de los vicios lógicos (art. 123 del CPPN) (voto de la jueza Laiño)”.
“[E]l procesamiento dictado respecto [del imputado] merece ser tachado de nulidad en la medida que se advierte una afectación al derecho de defensa, dada por el cercenamiento de su derecho a cuestionar el agravamiento de su situación procesal –tal como la normativa lo prevé– por presentar una incapacidad sobreviniente que motivó la suspensión del proceso a su respecto (artículos 77, 167 inciso 3º y 311 del CPPN) (voto del Juez Rodríguez Varela)”.
4. Incapacidad sobreviniente. Control de internación. Salud mental. Informes. Justicia civil. Ministerio Público de la Defensa. Autonomía.
“[S]e considera que asiste razón a la defensa pues, en el caso, la obligación impuesta excede los preceptos establecidos en la Ley 27.149 que le otorga autonomía e independencia técnica en la gestión de sus casos. Tampoco puede ser asimilada a un compromiso cautelar o a la imposición de una obligación procesal bajo condición, donde la defensa oficia como reaseguro técnico de pautas de conducta u obligaciones en rigor dirigidas al imputado”.
“[H]abiendo quedado firme la intervención del fuero civil en el control del estado de salud del causante, corresponde a la Sra. Jueza de grado la actualización de la información para realizar un seguimiento del estado de salud [del imputado] y así determinar la vigencia de la suspensión ordenada, recurriendo a la asistencia de los galenos del Cuerpo Médico Forense que fueron, justamente, quienes informaron la incapacidad sobreviniente (voto de la jueza Laiño)”.
“Se trata de una actividad jurisdiccional, expresamente impuesta en el artículo 77 del CPPN, por lo que la actualización de la información para realizar un seguimiento del estado de salud [del imputado] a los fines de determinar la vigencia de la medida, deberá ser efectuada por la juez a quo, con el auxilio Cuerpo Médico Forense al que el imputado deberá asistir de manera trimestral (voto del juez Rodríguez Varela)”.
INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; SALUD MENTAL; SUSPENSIÓN DEL PROCESO JUDICIAL; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INFORME PERICIAL; DEBIDO PROCESO; ACUSACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; PROCESO PENAL; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; ARBITRARIEDAD; NULIDAD; CONTROL DE INTERNACIÓN; INFORMES; JUSTICIA CIVIL; MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA; AUTONOMÍA;
Diez (Causa N° 1610)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la resolución impugnada (Ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).
1. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Sentencia definitiva. Sentencia equiparable a definitiva. Principio de progresividad.
“[L]as resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal, salvo cuando dicho sometimiento pudiera provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior” (Considerando 4).
“[E]l caso de autos debe ser incluido en esas excepciones, toda vez que el reclamo del apelante exige una consideración inmediata para su adecuada tutela en tiempo oportuno. [E]llo es así toda vez que el nombrado ha sostenido un agravio dirigido a evitar la desnaturalización de reglas procesales estructurales vinculadas, en esta oportunidad, con la operatividad del derecho legalmente previsto al doble conforme del auto de procesamiento (artículo 311, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación), cuestión que no podrá ser subsanada posteriormente.
[D]e acuerdo con la ley procesal aplicable al caso, a partir [del auto de procesamiento] y de conformidad con el principio de progresividad, la dinámica propia de esta etapa preliminar del proceso penal impedirá una revisión posterior eficaz del agravio” (Considerando 5).
2.  Concesión del recurso extraordinario. Excepciones. Arbitrariedad. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de legalidad. Doble conforme.      
“[E]s posible hacer excepción a [la regla del no otorgamiento de la apelación extraordinaria de decisiones sobre la improcedencia de recursos] con base en la doctrina de la arbitrariedad, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, cuando la decisión apelada frustra el alcance de la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea o suficiente” (Considerando 6).
“[T]al es la situación que se ha configurado en este expediente, toda vez que el tribunal a quo declaró inadmisible el recurso de esa especialidad interpuesto por la defensa, sin hacerse cargo de evaluar y abordar debidamente los planteos oportunamente formulados por el recurrente.
En efecto, el a quo, por medio de una fórmula dogmática y sin atender a la sustancia real del cuestionamiento efectuado —vinculado con el respeto por el derecho al doble conforme allí donde ha sido establecido y que fuera fundado, esencialmente, en las reglas que surgen de tratados internacionales de derechos humanos— se limitó a declarar inadmisible la impugnación por considerar, con base en los motivos antes reseñados, que la resolución recurrida no encuadraba en los supuestos previstos en el artículo 457 del ordenamiento adjetivo” (Considerando 7).
“[N]o se satisface [el mandato del artículo 18 de la Constitución Nacional] con la mera realización de un proceso previo cómo presupuesto para la aplicación de una pena, sino que, además, ese juicio debe ajustarse y ser tramitado de conformidad a una ley anterior al hecho del proceso que al mismo tiempo faculte y limite al Estado en el ejercicio de la coacción procesal” (Considerando 9).
RECURSO EXTRAORDINARIO; ADMISIBILIDAD; SENTENCIA DEFINITIVA; SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; CONCESIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO; EXCEPCIONES; ARBITRARIEDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; DOBLE CONFORME;
Reynal (Causa n° 1875)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible la queja y dejó sin efecto la resolución impugnada. Además, ordenó que los autos volvieran al tribunal de origen para que dictara un nuevo fallo (voto de los ministros Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda).
1. Sentencia equiparable a definitiva. Cosa juzgada. Prescripción. Non bis in idem.
“[E]ste Tribunal tiene establecido que las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no resultan, por regla, revisables en esta instancia extraordinaria, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación […]. Sin embargo, también ha dicho que corresponde hacer excepción a dicha regla cuando la resolución impugnada, por sus efectos, es susceptible de generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, por lo que se requiere su tutela inmediata…”.
“[E]l auto apelado configura esa situación excepcional, ya que de quedar firme lo resuelto, quedarían sin efecto actuaciones regularmente realizadas en un juicio criminal en las que el imputado quedó desvinculado definitivamente –con base en la causal de prescripción de la acción penal– ya que, a partir de la doctrina sentada [‘Mazzeo’], la cosa juzgada quedaría ipso jure removida con la categorización de los hechos como de lesa humanidad que se entiende declaró el auto apelado”.
“[C]abe equiparar el auto apelado a sentencia definitiva ya que, en tanto lo resuelto supuso admitir la configuración en el caso del delito de lesa humanidad, el agravio del imputado que recurre aparece vinculado al respeto de la cosa juzgada con el fin de lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal, cuyo rango constitucional ha sido reconocido por la Corte [‘Álvarez’] […] y que quedaría comprometido de quedar firme una categorización en términos de lo resuelto” (considerando 11°).
2. Debido proceso. Derecho de defensa. Cuestión federal. Arbitrariedad. Admisibilidad.
“[S]i bien lo atinente al alcance de la competencia de los tribunales de alzada cuando conocen por vía de los recursos deducidos ante ellos no constituye, en razón de su carácter fáctico procesal, cuestión federal que justifique el otorgamiento de la apelación extraordinaria, ello es así con excepción de supuestos de arbitrariedad en la inteligencia de que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio…” (considerando 13°).
3. Delitos de lesa humanidad. Prueba. Arbitrariedad.
“[H]abrá de descalificarse lo decidido por el a quo en cuanto a la categorización del caso como de lesa humanidad que hizo valer al acoger la pretensión del querellante particular sobre que la prueba reunida resultaba suficiente para proceder de acuerdo a su pretensión.
Lo así resuelto solo es producto de una afirmación dogmática sin una mínima argumentación sobre las razones de hecho y de derecho en que se sustenta, y sin ponderar las diversas razones por las cuales la cámara de apelaciones había entendido –más allá de su acierto o error– que la prueba reunida era insuficiente para acoger la categorización pretendida por el querellante particular.
Por el contrario, el auto apelado denota un apego –de modo exclusivo y excluyente de otras consideraciones– a la ‘pretensión’ del querellante particular con base a referencias harto vagas que tampoco incluyen una mínima delimitación de su contenido y alcance ni del modo en que lo resuelto incidiría en ello…” (considerando 14°).
“[A] la luz de lo expuesto, y sin que ello importe adoptar una posición acerca de si corresponde, o no, caracterizar a los delitos investigados en el sub examine como de lesa humanidad, se descalificará el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal por no cumplir con la exigencia que demanda que las sentencias constituyan una derivación razonada del derecho vigente […]. En consecuencia, se devolverán estas actuaciones para que, por quien corresponda, y haciendo uso de las facultades de ordenación del proceso, se dé cumplimiento en el menor plazo posible con lo aquí dispuesto teniendo en cuenta la especial naturaleza y problemática que presenta el caso” (considerando 15°).
SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA; COSA JUZGADA; PRESCRIPCIÓN; NON BIS IN IDEM; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CUESTIÓN FEDERAL; ARBITRARIEDAD; ADMISIBILIDAD; DELITOS DE LESA HUMANIDAD; PRUEBA;
Flores Duran (causa N° 1972)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar de manera parcial a la impugnación y condenó al imputado a la pena de dos años de prisión en suspenso por considerarlo coautor del delito de transporte de estupefacientes en grado de tentativa (voto unipersonal de la jueza Ledesma).
1. Fundamento del recurso. Motivación. Código Procesal Penal. Reforma legal. Doble conforme.
“[E]n tanto el Fiscal General se opuso a que fueran considerados los nuevos agravios introducidos por la defensa durante la audiencia, habré de señalar que el art. 362 del CPPF, en función del derecho al recurso en cabeza del imputado, permite la ampliación de fundamentos en esta instancia procesal, interpretación que no solo es coherente con los arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCYP sino también con la doctrina que emana de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ‘Catrilaf’ (c.2979.XLII, 26 de junio de 2007), ‘Concha’ (C.1223.XLIII, 20 de agosto de 2008) y ‘Rodríguez’ (R.764.XLIV, 9 de marzo de 2010)”.
2. Transporte de estupefacientes. Tentativa. Tipicidad. Principio de ejecución.
“[L]a acción de transportar estupefacientes sólo podrá considerarse consumada cuando el agente cumpla con la totalidad del recorrido preconcebido en su plan (obtención del fin típico planeado a través de los medios utilizados por el autor […]) y, por ende, la mera acción de transportar que se ve interrumpida por la interferencia de terceros, constituye un supuesto de tentativa, desde que, si bien hubo inicio de ejecución, el núcleo del tipo objetivo no se agotó (fin de la transportación con el arribo al lugar de destino)”.
“[En relación con] la idea de permanencia del tipo bajo examen, si [se admitiera] que la mera acción de transportar consuma el delito, ello nos llevaría a sostener que esta figura no admite la tentativa […], sin embargo, este extremo supone una errónea superposición de los distintos estadios que conforman las etapas del hecho punible (ideación, preparación, ejecución y consumación)”.
“[D]ado que el traslado de la sustancia estupefaciente secuestrada en el interior de la mochila [del hombre] fue interrumpido por circunstancias ajenas a la voluntad del imputado […] sin poder alcanzar su destino, se impone concluir […] que el hecho juzgado no alcanzó su consumación.
En consecuencia, dadas las circunstancias fácticas del caso, la prueba producida y la tesis sostenida por la defensa ante esta instancia, corresponde subsumir los hechos imputados en la hipótesis jurídica de transporte de estupefacientes en grado de tentativa -arts. 5 incisos c) de la ley 23.737 y 42 del CP”.
3. Pena. Determinación de la pena. Tentativa. Monto mínimo. Condena condicional. Ministerio Público Fiscal.
“[L]a pena de cuatro años de prisión aplicada, que fuera solicitada por la acusación durante el juicio de cesura y sostenida por el Fiscal General ante instancia al solicitar la confirmación de la sentencia – que por cierto coincide con el mínimo establecido para el delito consumado –, es el quantum sobre el cual debe aplicarse la reducción prevista legalmente al tratarse el presente de un delito tentado.
En consecuencia, a partir de las consideraciones expuestas y conforme los parámetros de la cesura de juicio, [...] corresponde imponer […] una pena de dos años de prisión en suspenso (arts. 5 inciso c) de la ley 23.737, 42, 44 y 26 del CP)”.
FUNDAMENTO DEL RECURSO; MOTIVACIÓN; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; DOBLE CONFORME; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; TENTATIVA; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE EJECUCION; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; MONTO MÍNIMO; CONDENA CONDICIONAL; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
MG (causa N° 21-512408-2)Corte Suprema de Justicia de Santa fe
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por mayoría, declaró procedente la impugnación, anuló la determinación de la pena efectuada y remitió la causa al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Falistocco, Erbetta, Gutiérrez y Spuler, y jueza Gastaldi).
1. Régimen penal juvenil. Declaración de responsabilidad. Responsabilidad penal. Niños, niñas y adolescentes. Femicidio. Prisión perpetua. Tentativa. Principio de legalidad.
“[E]n el caso, debe partirse de considerar que el delito por el cual se declarara la responsabilidad penal del imputado y luego se resolviera la necesidad de aplicación de pena, tiene prevista como sanción la de prisión perpetua (art. 80, inc. 11, C.P.). Y lo cierto es que, tal como lo sostienen los Jueces de la causa y no fuera controvertido por las partes en la instancia de apelación, su aplicación se encuentra vedada para las personas menores de edad”.
“Descartada entonces la posibilidad de aplicación de la prisión perpetua, en el presente la única solución respetuosa de los estándares vigentes en el derecho penal juvenil y del principio de legalidad, era reducir la respuesta punitiva en la forma regulada para la tentativa, tal como lo prevé el artículo 4 de la ley 22278 –única pauta normativa existente, que además surge de la legislación específica–. En consecuencia, a partir de tal disposición, debía fijarse la sanción a imponer dentro de la escala del artículo 44 del Código Penal para los casos de delitos reprimidos con prisión perpetua, esto es, de 10 a 15 años de prisión”.
2. Régimen penal juvenil. Pena. Determinación de la pena. Interpretación de la ley. Principio de culpabilidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]l precepto de la ley 22278 sólo [puede] ser interpretado en estricta correspondencia con el principio de culpabilidad disminuida. De ello se deriva la existencia de un deber de justificar la imposición de la pena y de explicar los motivos en virtud de los cuales se aplicará o no la escala reducida, por lo que para alejarse de dicha disminución o, en su defecto, de la absolución, deben analizarse concretamente los parámetros referidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Maldonado’, pues, en caso contrario, la selección de la sanción escaparía a la finalidad de ‘ultima ratio’ del derecho penal.
De este modo, se admitió la posibilidad de que, brindando adecuada fundamentación, los jueces descarten la reducción prevista en el artículo 4 de la ley 22278. Sin embargo, ello no habilitaba una solución como la escogida en el pronunciamiento impugnado. En efecto, en primer lugar, en el antecedente referido dichas consideraciones fueron formuladas a mayor abundamiento, por cuanto ninguna incidencia tenía para la resolución de la causa. Es que allí, esta Corte anuló la sentencia de declaración de responsabilidad penal del imputado menor de edad –por violación de las garantías de debido proceso y de los derechos de defensa y al recurso, entre otros. Por tanto, no era necesario en esa oportunidad analizar cómo debía procederse en aquellos supuestos en los que –como en este caso– la decisión –aun fundada– de apartarse de la escala penal reducida de la tentativa, determinaría la imposición de una sanción vedada […] en nuestro ordenamiento constitucional.
Ahora bien, planteada esta problemática en autos, corresponde abordarla efectuando una interpretación progresiva de las garantías constitucionales y de las obligaciones convencionales que esta Corte tiene la responsabilidad de tornar operativas. Y, en dicha tarea, […] debe entenderse que en los casos en que se decide imponer pena a personas menores de edad por la comisión de delitos conminados con prisión perpetua, la única solución posible es la aplicación de la reducción prevista en el artículo 4 de la ley 22278”.
“Ante este panorama, debe buscarse una solución y la única alternativa nos la da el mismo ordenamiento normativo al contemplar la posibilidad de reducir la pena en la escala de la tentativa, pauta prevista en el artículo 4 de la ley 22278, legislación específica vigente en materia de régimen penal juvenil. En consecuencia, conforme al mencionado precepto, debe reducirse la escala en el modo previsto en el artículo 44 del Código Penal para la tentativa de delitos reprimidos con prisión perpetua. Cualquier otra interpretación genera la necesidad de determinar una escala penal dentro de la cual debería fijarse la sanción a imponer, incurriéndose en una integración analógica ‘in malam partem’ inadmisible en materia penal”.
3. Régimen penal juvenil. Pena. Determinación de la pena. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia. Convención sobre los Derechos del Niño.
“Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó en el caso ‘Mendoza’ referido los principios de ‘ultima ratio’ y de máxima brevedad posible en la aplicación de las penas, siguiendo las directivas impartidas por el artículo 37, inciso b de la Convención sobre los Derechos del Niño […]. También cabe mencionar las observaciones finales del Comité Internacional de los Derechos del Niño (órgano de control de la Convención) para Argentina, en las que señala la falta de compatibilidad de la ley 22278 con la Convención, reafirmando los principios de ‘ultima ratio’ y máxima brevedad de la pena.
De lo reseñado, surge inequívocamente que los principios que rigen el derecho penal juvenil establecen claramente que la sanción penal debe operar como ‘ultima ratio’, de manera subsidiaria y siempre atendiendo al interés superior del niño [hay cita]”.
“[L]a Alzada, luego de considerar que la reducción prevista por la ley 22278 es facultativa y no obligatoria para los jueces, brindó las razones por las cuales no correspondía […] aplicarla en el caso [del imputado] y, en consecuencia, al no poder imponerle la pena de prisión perpetua, recurrió a una integración normativa para buscar cuál era la escala penal a tener en cuenta. En ese cometido, entendió que aquélla debía ser la prevista para la figura básica del delito por el cual se había condenado al justiciable y, dentro de la escala del homicidio simple, confirmó la pena impuesta en primera instancia que había sido de 21 años y 6 meses de prisión.
Mas en este razonamiento el A quo no debió desatender que, al dejar de lado la reducción de la pena en el modo previsto para la tentativa, se apartaba de los principios específicos vigentes en la materia –privación de la libertad como ‘ultima ratio’ y por el menor tiempo posible–. Ello es así, por cuanto la solución a la que arribara la Cámara implica desconocer lo dispuesto por el artículo 37, inciso b de la Convención sobre los Derechos del Niño –norma con jerarquía superior que manda a imponer la pena más breve posible–, al habilitar la consideración a la hora de individualizar la pena del imputado de una escala penal con un máximo –25 años– ostensiblemente mayor al que surge de aplicar la escala atenuada prevista en el artículo 4 de la ley 22278 –15 años.
Pero además, tal decisión resulta violatoria del principio de legalidad que rige también respecto de la pena y, en especial, de la prohibición de integración normativa ‘in malam partem’. Es que, los Magistrados debieron ‘buscar’ una escala penal para el caso, realizando […] una integración normativa vedada en materia penal, máxime cuando se hizo en perjuicio del imputado. En efecto, como resultado del razonamiento seguido por los Judicantes, se tuvo en cuenta una escala penal más gravosa –8 a 25 años– que la que hubiera correspondido en caso de optar por la solución normativa –10 a 15 años–, aplicándosele en definitiva una sanción –21 años y 6 meses de prisión– muy superior al máximo posible conforme la prevista legalmente –15 años.
La descalificación constitucional del pronunciamiento cuestionado no importa desconocer la gravedad del hecho aquí analizado. En efecto, en el presente se investiga y juzga un ‘femicidio’ que, atento a la condición de vulnerabilidad de la víctima –una niña de 14 años de edad embarazada– exige una respuesta del Estado acorde a los compromisos internacionales asumidos. Por ello, tales circunstancias si bien no habilitaban el apartamiento del marco legal referido a la hora de determinar la escala penal, sí deberán ser tenidas en cuenta para individualizar la pena del imputado conforme las pautas sentadas por los artículos 40 y 41 del Código Penal”.
RÉGIMEN PENAL JUVENIL; DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD; RESPONSABILIDAD PENAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; FEMICIDIO; PRISIÓN PERPETUA; TENTATIVA; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PRINCIPIO DE CULPABILIDAD; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO;
Cenat (causa N° 46738)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación y declaró competente el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti).
1. Refugiado. Competencia territorial. Ley aplicable. Residencia.
“La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165 no fija pautas de atribución de competencia territorial. Su art. 34 dispone: `El procedimiento se regirá por lo que dispone la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificaciones en lo que no sea objeto de expresa regulación específica en la presente ley´.
Por su parte, el art. 57 prevé: `Las disposiciones y alcances de esta ley serán interpretadas y aplicadas de acuerdo a los principios y normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 y el correspondiente Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y todas aquellas disposiciones o convenciones aplicables de los Derechos Humanos y sobre refugiados ratificados por la República Argentina y/o contenidos en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional e instrumentos de asilo vigentes en la República Argentina´.
En ese marco hermenéutico, [debe entenderse] que a los fines de determinar la competencia territorial para conocer en la presente causa debe ponderarse prioritariamente el lugar de residencia del actor, pues esa solución es la que mejor se compadece con las garantías mínimas del debido proceso que deben resguardarse en este tipo de procesos vinculados a la determinación de la condición de refugiado del solicitante (arts. 18 y 75 inc. 22, Constitución Nacional; arts. 8° y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1°, 32, 50 in fine y 57, ley 26.165)”.
2. Refugiado. Acceso a la justicia. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Residencia.
“En tales condiciones, [debe entenderse] que resultan de aplicación al sub lite las consideraciones expuestas en Fallos 337:530, en el marco de un proceso previsional. Allí, la Corte afirmó: `…que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia judicial sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento. Así lo reconocen los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 (artículo 75, inc. 22) entre los cuales cabe citar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25.2.a) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1)´.
Sentado ello, puntualizó: `Tal derecho aparece seriamente afectado cuando, en una materia tan sensible como lo es la previsional, el trámite ordinario del proceso, sin razones particulares que lo justifiquen, se traslada de la sede de residencia del actor. En este sentido, cabe resaltar que la importancia de la proximidad de los servicios de los sistemas de justicia a aquellos grupos de población que se encuentren en situación de vulnerabilidad ha sido expresamente destacada en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (Capítulo 11, Sección 4°, pto. 42)´. (cfr. consid. 15, C.766.XLIX, `Pedraza, Héctor Hugo c/ANSeS s/acción de amparo´, sentencia del 6 de mayo de 2014)”
REFUGIADO; COMPETENCIA TERRITORIAL; LEY APLICABLE; RESIDENCIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
Paoli (Causa n° 1237)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia de la justicia provincial para intervenir en las actuaciones (ministros Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda).
1. Competencia federal. Competencia local. Emergencia sanitaria. Violación de medidas para impedir propagación de epidemia.
“[E]ste Tribunal ha señalado […] que la lectura de los artículos 121, 116 y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional indica que el diseño institucional en materia jurisdiccional se erige sobre el principio de que la competencia federal se encuentra acotada y definida a los poderes que las provincias delegaron en el Estado Federal. De ahí que, desde su instalación, es inveterada la jurisprudencia de la Corte que sostiene que la competencia de los tribunales federales es restrictiva…” (considerando 4°).
“[E]sta Corte ha sostenido desde antaño que constituye su deber indeclinable el salvaguardar la jurisdicción provincial de aquellas restricciones indebidas, el impedir que se desnaturalice la jurisdicción del juez federal por convertirlo en un magistrado del ‘fuero común’ y el asegurar que la justicia estadual cumpla la misión que le es propia […]. [S]e ha remarcado incluso que, cuando la atribución de competencia a la jurisdicción federal ha sido establecida por ley, esta será tenida por válida ‘siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad’…” (considerando 5°).
“[B]ajo dicha comprensión analítica, el juzgamiento del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal no se haya atribuido a la justicia federal en las diversas normas que determinan la competencia del fuero de excepción (artículo 3° de la ley 48, artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 11 de la ley 27.146, de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal). En tales condiciones, según lo establece el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, se encuentra a cargo de las autoridades locales conocer, como principio, de los hechos que en esta materia cayeron bajo sus respectivas jurisdicciones” (considerando 6°).
“[D]e conformidad con lo expresado y en ausencia de alguna otra circunstancia que en el actual estado del proceso haga surtir la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restrictiva […], corresponde que sea la justicia local de la Provincia de Entre Ríos la que investigue el hecho por el cual se trabó la presente contienda negativa de competencia, sin perjuicio de lo que resulte de la investigación posterior…” (considerando 7°).
COMPETENCIA FEDERAL; COMPETENCIA LOCAL; EMERGENCIA SANITARIA; VIOLACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA;
Hambo (causa Nº 757)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, En pleno
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno y por mayoría, fijó como doctrina legal que el ‘beneficio de justicia gratuita’ que dispone el artículo 53 de la ley N° 24.240, además de los gastos, sellados u otros cargos inherentes a la promoción de la demanda, exime al consumidor del pago de las costas del proceso si fuera condenado a satisfacerlas total o parcialmente.
Juezas Ballerini, Gómez A. de Díaz Cordero, Villanueva y Tevez
1. Defensa del consumidor. Principio de gratuidad. Debate parlamentario.
“[El debate del Senado de la Nación en la sesión del 19/12/2007] permite extraer las siguientes conclusiones: a) según el razonamiento de los legisladores el `beneficio de justicia gratuita´ es sinónimo del `beneficio de litigar sin gastos´ —en los términos del art. 78 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—; interpretación que se funda en lo explicitado en el veto que el PE efectuó al originario art. 53 (dto. 2089/93). Ergo, es dable sostener que la exención prevista en la ley 24.240 comprendía no sólo el pago de la tasa de justicia sino también las costas que se impusieran a quienes impetraran una acción en los términos fijados por la ley; y b) surge de los debates de los senadores que la distinción entre los conceptos `beneficio de justicia gratuita´ y `beneficio de litigar sin costas´ […] obedeció a que en el último se incluye la tasa de justicia; así, al constituir tal tributo un recurso de orden local, su exención no podía —por respeto a las autonomías provinciales— figurar en una ley de fondo, por lo que la única interpretación posible es que en las provincias el `beneficio de justicia gratuita´ comprende las costas que irrogue un proceso judicial iniciado de conformidad a la LDC —con las salvedades allí establecidas— sin que se incluya dentro del mismo a la tasa judicial, aspecto sobre el cual habrá de estarse a lo que dispongan las respectivas jurisdicciones.
Conforme el examen precedente y en el orden nacional, cabe asimilar ambos beneficios (`de justicia gratuita´ y `de litigar sin gastos´) conforme lo estatuido en el art. 78, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, por lo que el actual art. 53 de la LDC incluye no sólo la tasa de justicia sino también las costas que irrogue un proceso judicial iniciado conforme dicha normativa, siempre que aquéllas sean impuestas a su promotor y no prospere el incidente de solvencia al que se encuentra facultada la demandada (CNCom., Sala B, in re `Zoli, Sergio c. Caja de Seguros S.A. s/ beneficio de litigar sin gastos´ del 24/08/2016)”.
2. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación de la ley.
“[D]e conformidad a lo dispuesto en los arts. 1º y 2º del Cód. Civil y Comercial, el concepto amplio de justicia gratuita para los consumidores encuentra asidero interpretativo no solo si se tienen en cuenta las palabras utilizadas en la norma, sino también si se las coteja armónicamente con la finalidad de la Ley de Defensa del Consumidor —de innegable carácter protectorio— y con los principios y valores jurídicos que inspiran a toda la normativa de defensa del consumidor desde la propia Constitución Nacional y en sus puntos de conexión con los instrumentos internacionales de derechos humanos: `protección estatal al débil jurídico´, `in dubio pro consumidor´, `protección a los intereses económicos´, `acceso a la justicia´, `principio pro homine´, entre otros…”.
3. Defensa del consumidor. Tutela judicial efectiva. Acceso a la justicia. Principio de gratuidad.
“[S]e ha expuesto con acierto en cuanto concierne al fundamento de la tutela legal que consagra la Ley de Defensa del Consumidor, que la finalidad del beneficio de justicia gratuita es posibilitar al consumidor el acceso a los tribunales disminuyendo las barreras que obsten a un reclamo efectivo, que no están dadas únicamente por la pertenencia de los consumidores a una condición humilde o de escasos recursos.
Sin esta gratuidad, solo los consumidores con recursos podían acceder al sistema de protección ya que justamente los que carecen de recursos debían recurrir al beneficio de litigar sin gastos, que implica un proceso con costos implícitos en sí mismo. Ello, si se tiene en cuenta que el consumidor está en una posición de debilidad, en principio, porque posee menos información y también puede estar en una situación de inferioridad o asimetría en relación a la cuantía de su reclamo y los gastos fijos mínimos que pueden insumir la defensa de su derecho”.
4. Defensa del consumidor. Beneficio de litigar sin gastos. Economía procesal. Carga de la prueba.
“Obligar al consumidor a promover un beneficio de litigar sin gastos a fin de llegar a igual resultado, amén de multiplicar innecesariamente los trámites judiciales en perjuicio del principio de economía procesal, importa desconocer el especial interés legal en asegurar el acceso igualitario a la justicia y la obligación del estado, en sus tres poderes, de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores en cumplimiento de la manda del art. 42 de la Constitución Nacional.
No puede dejar de señalarse que no se ha verificado, en la práctica y conforme a la experiencia en la labor de los firmantes, que el acceso gratuito a la justicia –y la eximición de costas procesales– hubiera generado un aumento de reclamos injustificados, como auguraba cierta doctrina y el primigenio veto presidencial”.
“La remoción de obstáculos de orden patrimonial para la promoción de reclamos por el consumidor con base en la relación de consumo se erige, entonces, en principio básico de la legislación protectoria. El legislador decidió presumir la carencia de recursos e invirtió la carga probatoria de la solvencia, que pende ahora sobre el proveedor de bienes o servicios. Sentado ello, es claro que la única explicación que puede sustentar el texto legal del aludido art. 53, es que el beneficio de justicia gratuita incluye a la tasa de justicia (en el ámbito de la Justicia Nacional) pero no se agota en ella en tanto también que comprende a las costas”.
5. Interpretación de la ley. Tasa de justicia.
“[S]i se pretendiera limitar la exoneración sólo al pago de la tasa de justicia con exclusión de los gastos causídicos, esa interpretación conduciría a la afectación de las autonomías provinciales, soberanas en materia tributaria.
Sin embargo, el beneficio de justicia gratuita en el orden nacional puede identificarse –como ha quedado recién expuesto– con el beneficio de litigar sin gastos; en las distintas provincias, habrá que estar a lo que allí se disponga respecto de la tasa judicial pero no respecto de las costas, por las que los consumidores y usuarios no deberían responder salvo que prosperara un incidente de solvencia”.
Jueces Monclá y Sala
1. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó por unanimidad doctrina en el tema que convoca sustancialmente al plenario. Se trata del pronunciamiento dictado el pasado 14 de octubre en la causa `ADDUC y otros c/ AySA S.A. y otro s/ proceso de conocimiento´.
Allí el Tribunal Supremo, luego de desarrollar los antecedentes constitucionales y legales de la cuestión (considerandos 5° a 7°), puntualizó en la primera parte del considerando 8° que `...una razonable interpretación armónica de los artículos transcriptos permite sostener que, al sancionar la ley 26.361 –que introdujo modificaciones al texto de la ley 24.240–, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso...´.
Agregando en el párrafo siguiente: `...En efecto, la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente. Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición. En este contexto, al brindarse a la demandada –-en ciertos casos– la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte...´.
De modo que la interpretación dada por la Corte a la materia no deja lugar a dudas que el inicio de una demanda conforme al estatuto del consumidor esta eximida del pago de las costas del proceso”.
2. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Economía procesal.
“Aun cuando las sentencias del Superior Tribunal sólo tienen eficacia vinculante en el proceso en el que se dictan, y no importan privar a los magistrados de la facultad de aplicar con criterio propio las resoluciones de aquél y apartarse de ellas cuando existen motivos valederos para hacerlo, en el caso median razones de orden práctico que, apoyadas en el principio de economía procesal, aconsejan seguir los lineamientos del pronunciamiento citado.
Sin perjuicio, entonces, de la inexistencia de un efecto obligatorio general de los fallos de la Corte, y de las distintas interpretaciones doctrinarias sobre la materia que en particular se plantea a este Acuerdo Plenario vinculada a los alcances del `beneficio de justicia gratuita´ que dispone la LDC. 53 […], no puede desconocerse el valor del precedente citado, dado el contexto en el que fue dictado, la motivación y la finalidad que lo sustentó, puestas de manifiesto de forma unánime”.
Juez Barreiro, al que adhierieron los jueces Machin y Lucchelli, y la jueza Vásquez
1. Defensa del consumidor. Ley aplicable. Interpretación de la ley. Beneficio de litigar sin gastos.
“[E]s doctrina consolidada de la CSJN que las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos, siendo la primera fuente de interpretación de las leyes su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu […]. Ese es, en definitiva, el criterio adoptado en la redacción del mencionado art. 2, CCyC, que dispone que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Interpretar en forma limitada la disposición del art. 53 LDC aparece desprovisto de fundamento legal ya que `introduce una hipótesis de inaplicabilidad de la norma que ésta no prevé lo cual violenta la pauta interpretativa que desaconseja distinguir donde la ley no distingue´ (confr. dictamen del señor Procurador al que adhirió la Corte en Fallos: 333:735).
Y esa inveterada directiva justifica concluir que el criterio restringido –que impondría en cada causa articular el beneficio procesal de litigar sin gastos– se aparta de la solución legal prevista para el caso mediante una exégesis irrazonable de la norma aplicable que la desvirtúa y la torna inoperante […] con serio menoscabo de garantías constitucionales.
Por ese motivo […] la interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores –y de las asociaciones que pretendan proteger sus intereses– a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos (Fallos 338:1344)”.
2. Defensa del consumidor. Usuarios y consumidores. Interpretación de la ley. Tutela judicial efectiva.
“[E]l art. 3 LDC integra las disposiciones de la ley con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Leyes Nº 25.156 y Nº 22.802 o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esa ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.
En la interpretación legal debe concluirse que si hubiera colisión entre una norma de derecho común y otra que protege a los consumidores, primará esta última. Incluso la ley establece que en caso de duda sobre la interpretación de `los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor´…”.
3. Usuarios y consumidores. Vulnerabilidad. Tutela judicial efectiva. Acceso a la justicia.
“[L]as posturas restringidas y las amplias en esta materia parten de una apreciación diversa de la intensidad de la protección legal que se debe dispensar a los consumidores y usuarios. Por ese motivo también parece que enfocar la cuestión solo desde la eliminación –definitiva o solo temporaria– de los impedimentos económicos iniciales, podría implicar la negación de la obligación estatal de prestar tutela judicial efectiva en aquellos casos en que es, precisamente, más necesaria para paliar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los consumidores.
Admitir que el demandante pueda únicamente exonerarse de tasas y sellados significa allanar parcialmente los obstáculos iniciales sin profundizar en el principio protectorio, que presenta contornos ciertamente de mayor significación. [E]n el caso `Ledesma, María Leonor c/ Metrovías SA´ (Fallos 331:819), la CSJN señaló que los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial (considerando 7º).
Esa protección diferenciada no parece que se ubique dentro del estándar constitucional si solo se reduce a permitir el acceso a la justicia sin trabas económicas, apreciación relevante sin duda, pero que se desentiende de las vicisitudes de idéntica naturaleza que puedan suceder en la tramitación del proceso. El criterio que se inclina por exigir la tramitación del beneficio de litigar sin gastos o sus equivalentes en los ordenamientos procesales locales, parece asimilar carencia de recursos con vulnerabilidad. El consumidor no debe ser necesariamente pobre para quedar al amparo de la legislación que lo protege”.
4. Defensa del consumidor. Principio de gratuidad. Derecho de defensa. Tutela judicial efectiva. Debido proceso. Igualdad.
“La ilimitada gratuidad del proceso promovido por el consumidor se rige, entonces, por el principio constitucional y convencional de la tutela judicial efectiva –que comprende las garantías del acceso a la justicia y del debido proceso– e impone interpretar ampliamente la necesidad de remover todos los obstáculos económicos, iniciales o sobrevinientes, que pudieran disuadir al demandante de introducir el reclamo al que se considera con derecho.
Además, es pertinente recordar que el Alto Tribunal Federal ha considerado que `el beneficio de litigar sin gastos, encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley, ya que por su intermedio se asegura la prestación del servicio de justicia, no ya en términos formales sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes´ (Fallos: 326:818). La vinculación con la decisión que se emite en este fallo plenario no necesita demostración, no solo por su referencia a un supuesto de gratuidad procesal, sino de manera principal porque le confirió protagonismo a la igualdad efectiva.
La igualdad, precisamente, no puede reducirse a un plano formal ni proveer fundamentos a decisiones judiciales que hagan abstracción de la esencia de la relación de consumo, construida en base a asimetrías ciertas de la más distinta índole. Tampoco puede considerarse como un derecho absoluto que no admita razonables modulaciones interpretativas (arts. 28 y 33, CN). Abordajes como este conducen indefectiblemente a la infracción del principio protectorio y contribuyen a profundizar la disparidad entre proveedores y consumidores.
Dicha garantía constitucional está prevista en el Préambulo, y en los arts. 16, 20 y 75, inc. 23. Fecunda ha sido su interpretación y aplicación en la jurisprudencia de la CSJN y los demás tribunales de toda la República, así como objeto de la prolífica labor de los autores. Además, es tradicional en la interpretación filosófico-jurídica destacar la tensión entre libertad e igualdad con disímiles planteos argumentales que sugieren respuestas multívocas.
De la más estrecha noción que encuadraba la garantía de igualdad `como el derecho a que no se establezcan excepciones y privilegios que excluyan a unos de lo que, en iguales circunstancias, se concede a otros´ […], se ha evolucionado –en consecuencia de la Reforma de 1994– a imponer al Congreso Nacional la elaboración de legislación y medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno ejercicio de derechos conferidos por la CN y los tratados internacionales (art.75, inc. 23)”.
Voto en disidencia de los jueces Chomer, Kölliker Frers y de la jueza Uzal, al que adhiere el juez Bargalló
1. Defensa del consumidor. Beneficio de litigar sin gastos. Principio de gratuidad. Tasa de justicia.
“[S]i se litiga sin gastos, no se debe abonar ni tasa, ni sellado, ni honorarios profesionales, ni ningún tipo de costas durante todo el trámite del litigio; pero que, si lo gratuito es la Justicia, no se deberá pagar ninguna tasa o sellado para promover una demanda, aunque una vez iniciado el juicio habrá que estar al régimen general de gastos en materia de honorarios profesionales y demás costas de todo proceso. Esto, sin perjuicio de que, si la situación económica del litigante lo justifica pueda, además, solicitar de modo más o menos integral, también, el beneficio de litigar sin gastos”.
“[L]as garantías constitucionales en juego imponen analizar la cuestión teniendo en cuenta que, si bien la intención de la ley es proteger los derechos de los consumidores, ello en ningún modo puede importar el atropello de los derechos de los demás actores involucrados en las relaciones de consumo, también reconocidos por la Constitución Nacional. En este marco, en el caso del pago de la tasa de justicia, no existen dudas de que el legislador ha dispuesto que el consumidor debe estar eximido de su pago, puesto que se hallan en juego garantías constitucionales cuyo cumplimiento se encuentra en cabeza de quien debe percibir dicho arancel.
Pero distinto es el caso con relación a las demás costas del proceso y, muy especialmente, en relación a los honorarios de los profesionales de la contraparte y de los peritos y auxiliares judiciales, cuando el consumidor, que ha litigado sin derecho, resulta perdidoso en la acción principal intentada y es condenado en costas.
Es claro que la situación descripta ocasiona un conflicto entre el derecho del peticionante, que es consumidor, pero no por ello necesariamente carece de recursos económicos y los derechos legítimos y también constitucionalmente amparados de los letrados y peritos, que, con toda justicia, quieren que su labor judicial sea remunerada, remuneración que, por otra parte y como ha sido reiteradamente resuelto, también tiene carácter alimentario.
Asimismo, se produce aquí el enfrentamiento de los derechos del consumidor con los de su contraparte, quien, siendo ganadora y no habiendo sido condenada en costas, debería de todos modos afrontar el pago de estas últimas, con una clara afectación de su legítimo derecho de propiedad, que también tiene amparo constitucional.
Es por lo expuesto que debe entenderse que el beneficio de justicia gratuita no es automáticamente equiparable al beneficio de litigar sin gastos, pues, es claro […] que no todo consumidor carece de recursos para todos los procesos y, por ende, que por el solo hecho de serlo, este último no debe ser equiparado al beneficiario de un concreto beneficio de litigar sin gastos. Máxime que, aún cuando se encontrara en esa situación, nada obstaría para que pueda recurrir a la vía incidental (art. 78 del CPCCN) como complemento del beneficio de gratuidad que la ley ya le confiere, para promover y obtener, en su caso, el beneficio de litigar sin gastos”.
Voto en disidencia del juez Heredia, al que adhirieron los jueces Vasallo y Garibotto
1. Costas. Acceso a la justicia. Principio de proporcionalidad. Principio de gratuidad. Carga de la prueba.
“[S]i de lo que se trata es de evitar que el régimen de las costas se convierta en fuente de sacrificios desmedidos con aptitud para obstaculizar el acceso a la justicia, el sistema debe y puede ciertamente reaccionar en distintas direcciones […], pero no es concebible ninguna interpretación orientada a ello que termine por socavar la importancia que tal régimen tiene para el buen funcionamiento del sistema judicial, y menos cuando su apartamiento lo sería en favor de solamente una de las partes manteniéndoselo respecto de la otra como lo pretenden quienes entienden que la irresponsabilidad en el pago de las costas está aprehendida en el concepto de `beneficio de justicia gratuita´ referido por los arts. 53 y 55 de la ley 24.240.
Pensar de otro modo es, sencillamente, negar las razonables finalidades que justifican el sistema de imposición de las costas procesales, prescindiendo de un juicio relativo a su proporcionalidad frente a la carga de diligencia exigible a aquellos que acuden a la justicia. En este sentido, las instituciones legales orientadas a la remoción de los obstáculos al acceso de justicia deben ser equilibradoras, esto es, generadoras de una igualdad por compensación mediante el reconocimiento de ciertas ventajas procesales a la parte menos dotada […].
Y, ciertamente, no hay equilibrio alguno si se interpreta que el instituto del `beneficio de justicia gratuita´ determina un tratamiento privilegiado en la responsabilidad por el pago de las costas procesales causadas por el vencimiento pues, como se dijo, el respectivo régimen procesal hace a la sustancia misma del correcto funcionamiento del sistema judicial desde que la actuación de los abogados y peritos debe ser equitativamente remunerada ya que ello resulta condicionante de la calidad del servicio, siendo procedente, cuanto más, una `reducción global´ de los honorarios correspondientes a tales profesionales para que su exigibilidad no se convierta en un impedimento real para el acceso a la justicia […]; reducción global que, valga observarlo, ya se encuentra contemplada en la legislación arancelaria con carácter general para el caso de rechazo de la demanda, y con carácter especial para las acciones colectivas (arts. 22 y 49 de la ley 27.423), y que no excluye, desde ya, el ejercicio por los jueces de su facultad, de más amplio alcance, para no reconocer emolumentos exorbitantes –incluso regulándolos por debajo de las escalas arancelarias– pues, ciertamente, la justa retribución que reconoce la Carta Magna en favor de los acreedores por la prestación de servicios onerosos debe ser, por un lado, conciliada con la garantía –de igual grado– que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar –con sus patrimonios– honorarios excesivos […].
Ni tampoco hay equilibrio alguno si la actuación del régimen procesal de las costas se entiende solamente aplicable para beneficio de la parte promotora del juicio pero no para la adversaria en su defensa, pues el resultado visible de ello es establecer una desigualdad bajo el argumento de estar solucionando otra distinta vinculada a una restricción del derecho al acceso a la justicia, desde que se llevaría al demandado vencedor a que ineluctablemente tenga que asumir los costos económicos de su propia victoria, lo que equivale, de paso, directamente a suprimir los eventuales derechos que se encuentran comprendidos en el concepto de costas del que naturalmente sería acreedor, extremo éste último que, acaso, en una máxima expresión, podría ser tildado de inconstitucional […] porque afecta, como se dijo, el principio de indemnidad de la tutela y el derecho a que el proceso para obtener razón no se convierta en un daño para el que la tiene agraviándose su derecho de igualdad ante la ley y de propiedad (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional) y porque, además, se insiste, indirectamente afecta a los profesionales que han asistido al sistema judicial para hacer posible la declaración de esa razón, cuyos justos honorarios ya no podrían ser cobrados contra el que no la tuvo al litigar”.
2. Principio de gratuidad. Interpretación de la ley. Costas.
“En las condiciones expuestas, interpretar que el `beneficio de justicia gratuita´ desplaza al régimen procesal de la imposición de las costas en su aplicabilidad, no es conclusión razonable ni siquiera desde la perspectiva de la necesaria remoción de los obstáculos económicos al acceso a la justicia, pues entre estos últimos, ciertamente, se ubican aquellos que representan las erogaciones `directas´ con aptitud para frenar la litigación misma (tasa de justicia, depósitos para recurrir, adelanto de gastos periciales; etc.), pero de cara a un sistema de equilibrio que razonablemente compatibilice el derecho reconocido por el art. 18 de la Constitución Nacional con el ejercicio de los derechos de los demás intervinientes en el proceso […], no lo podrían ser aquellas erogaciones que se imponen con ocasión de la pérdida del litigio y a título de justa indemnización para resarcir las expensas que han debido realizarse a fin hacer valer la propia razón ante los estrados judiciales.
Antes bien, sostener que el `beneficio de justicia gratuita´ aprehende las costas no es interpretación que […] pueda calificarse de afortunada, pues abre la vía para que los beneficiarios hagan uso abusivo de la litigación sin consecuencias económicas, lo cual además de ser contrario al fundamento de la propia justicia gratuita –equilibrar situaciones de desigualdad económica–, redunda como se dijo negativamente en el conjunto de la Administración de Justicia y perjudica directamente a la parte vencedora de la contienda, la cual no será reintegrada de las cargas económicas asumidas para su propia defensa aunque gane el pleito”.
“Lo previsto por el art. 20 de la ley 20.744 [beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales laborales] sólo alcanza a personas humanas, por lo que su consideración a los efectos de interpretar lo dispuesto por el art. 53, último párrafo, de la ley 24.240, no puede predicarse respecto de la persona jurídica consumidora, y toda generalización en tal sentido es un evidente error”.
3. Principio de gratuidad. Persona física. Defensa del consumidor.
“Una consideración específica se impone respecto del `beneficio de justicia gratuita´ concedido a las asociaciones de consumidores por el art. 55, segundo párrafo, de la ley 24.240. Al respecto y ante todo, cabe advertir contra la muy generalizada propensión de cierta jurisprudencia y doctrina en equiparar a tales asociaciones con la situación del consumidor individual persona humana, reproduciendo argumentos o afirmaciones a favor de aquellas que son propias o exclusivamente inherentes a este último.
En tal sentido, aserciones tales como que el `…consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural…´ y que `…la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal…´ pueden ser aceptables respecto del usuario o consumidor individual persona humana, pero no parecen sin más predicables respecto de una asociación de consumidores. Empero, ellas aparecen escritas en sentencias dictadas en causas promovidas por estas últimas...”.
4. Costas. Principio de gratuidad. Igualdad. Privilegios
“[L]a no imposición de costas con fundamento en el `beneficio de justicia gratuita´ agravia severamente la garantía de igualdad ante la ley, pues la parte demandada, a diferencia de su adversaria, sí está expuesta al pago de las expensas del juicio en caso de ser vencida”.
“Desde luego no se desconoce que la garantía de igualdad ante la ley no impide que el legislador contemple de manera distinta situaciones que considere diferentes, en la medida en que dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni importen ilegítima persecución de personas o grupos de ellas […].
Sin embargo, considerada la garantía de igualdad en el plano específico que aquí interesa (el del régimen de las costas procesales) ha expresado la Corte Suprema que si bien las leyes pueden disponer la solución que se considere más justa, incluso apartándose del criterio de una imposición al vencido para, por ejemplo, distribuir las expensas del juicio en el orden causado, lo cierto es que ello es a condición de que el régimen especial favorezca a ambas partes por igual […].
Y esto último […] no se cumple con relación a los citados arts. 53 y 55 de la ley 24.240 interpretados con el alcance que este voto reprueba, pues se llega al resultado de solo privilegiar a una parte en franco desmedro de la otra”.
Voto en disidencia del juez Bargalló
1. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Acceso a la justicia. Costas.
“[S]e ha pretendido mediante la citada norma dotar a los consumidores de la facultad de acceder a la justicia sin el pago de tasas, sellados u otros cargos. Ello implica, desde una perspectiva protectoria, la imposibilidad de gravar el ejercicio de las acciones judiciales o de las peticiones administrativas, pero no puede interpretarse, por una inadecuada vía extensiva, que tal prerrogativa alcance a la imposición de costas porque ello podría significar un indebido desplazamiento de normativa específica: CPr., 68, con sus inherentes consecuencias.
A ese respecto cabe advertir haberse sostenido que las excepciones a los preceptos generales de la ley, obra exclusiva del legislador, no pueden crearse por inducción o extenderse por interpretación a casos no expresados en la disposición excepcional […].  En el caso, la ley 24.240 no establece que los reclamos formulados con sustento en la misma estén exentos del pago de las costas aun cuando hayan sido condenadas a sufragar dichas accesorias”.
2. División de los poderes. Poder judicial. Razonabilidad.
“[E]n virtud del principio de separación de poderes que consagra nuestra organización constitucional, no es de competencia de los jueces determinar el modo de realización de los fines de una determinada institución jurídica, ya que esta atribución es propia de los poderes políticos. El control judicial debe quedar ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de razonabilidad y no avance sobre prohibiciones específicas contenidas en la Constitución o, en su caso, en las leyes. Ello es así en razón de que no compete a los tribunales juzgar el acierto o conveniencia del medio arbitrado por los otros poderes, en el ámbito propio de sus atribuciones, para alcanzar el fin propuesto […].
De allí se sigue que no es propio del Poder Judicial sustituir al legislador a la hora de decidir qué políticas públicas deben implementarse en materia de garantizar el acceso a la justicia de los consumidores. Se trata, por el contrario, de atribuciones propias de los demás poderes del Estado, a los cuales el judicial debe reconocer un amplio margen de discrecionalidad, por ser los órganos constitucionalmente habilitados para ello”.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR; PRINCIPIO DE GRATUIDAD; DEBATE PARLAMENTARIO; DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; ACCESO A LA JUSTICIA; BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS; ECONOMÍA PROCESAL; CARGA DE LA PRUEBA; TASA DE JUSTICIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; LEY APLICABLE; USUARIOS Y CONSUMIDORES; VULNERABILIDAD; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; IGUALDAD; COSTAS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PERSONA FÍSICA; PRIVILEGIOS; DIVISIÓN DE LOS PODERES; PODER JUDICIAL; RAZONABILIDAD;
Sayago Tovar (Causa N° 6886)Juzgado Federal de Gualeguaychú
El Juzgado Federal de Gualeguaychú sobreseyó al imputado y ordenó la entrega de los bienes secuestrados (juez Viri).
1. Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Cultivo de estupefacientes. Salud pública. Tipicidad. Dolo. Principio de lesividad.
“[N]o existe ningún elemento fáctico en los obrados que permita continuar con la investigación, ya que no se ha verificado una acción ilícita, toda vez que de las constancias de autos surge que [el imputado] poseía semillas de cáñamo, perteneciente a la familia de las cannabis sativa, de bajo poder germinativo tal como lo determinó la pericia […], corroborándose de esta manera [...] que las semillas [...] tenían un destino medicinal.
Pero no es sólo tal situación la que conlleva a desvincular [al imputado], sino también el resultado de la pericia telefónica […] permite sostener que el imputado no está vinculado al cultivo de plantas de cannabis sativa con la intención de insertar su producido en la cadena de tráfico de estupefaciente y que, de tal modo, los hechos acaecidos no afectaron a la salud pública siendo este el bien jurídico protegido”.
“[S]i bien en el análisis de la estructura típica del delito investigado, en su faz objetiva se observa claramente que las semillas pertenecen a la familia de las cannabis sativa para abarcar en su plenitud la configuración del ilícito adolece del daño a la salud pública, ya que tanto su finalidad e intencionalidad se enmarcan en lo estipulado en la ley 27.350…”.  
ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; SALUD PÚBLICA; TIPICIDAD; DOLO; PRINCIPIO DE LESIVIDAD;
Torres (Causa N° 19199)Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por mayoría, hizo lugar al recurso, revocó el auto de procesamiento y dictó el sobreseimiento del imputado (juez Elías, jueza Catalano y, según su voto, juez Castellanos).
1. Código Aduanero. Contrabando. Mercaderías. Tipicidad.
“[L]a valuación de la mercadería no resulta una cuestión irrelevante [...] porque redunda en el encuadre de la conducta del imputado ya sea en el ámbito penal o en el infraccional, por lo que debe prestarse especial atención a los fines de su fijación”.
“[N]o cabe efectuar aditamentos impositivos a mercaderías cuya incorporación al mercado no se presenta de manera regular y por ello debe estarse al valor del aforo de aduana de las hojas de coca que, como se detalló, no supera los $ 500.000. Por ello, [...] le asiste razón a la defensa toda vez que no resulta lógico que a los efectos de su valoración y aforo se adicionen los impuestos (vgr. IVA 21% e IVA Adicional), más aún si aquel aditamento eleva ilegítimamente el monto de la mercadería hasta superar el parámetro fijado por el mentado artículo”.
“[C]uando la mercadería objeto de secuestro carece de un mercado regulado, como es el particular caso de las hojas de cocas, no resulta razonable añadir los tributos que [...] se consigan [en el Código Aduanero], pues es de público conocimiento que el precio que se fija por su venta es el resultado de la libre oferta y demanda, pues no existen tributos que graven tal producto” (voto del juez Elías, al que adhirió la Jueza Catalano).  
2. Contrabando. Contrabando de estupefacientes. Bien jurídico. Principio de lesividad.
“[U]na ponderación relativa al bien jurídico tutelado por la norma prohibitiva y la necesidad de su afectación para tener por configurado el principio de lesividad sobre el que se sustenta la legitimidad y justificación del ejercicio del poder punitivo estatal, […] llevan igualmente a sostener que existen supuestos en los que, por falta de potencialidad nociva de la conducta se determina la inaplicabilidad de la figura penal, sea esta el propio delito de contrabando”.
“[A]tento que las cantidades de hojas secuestradas no parecen estar destinadas ni siquiera potencialmente a la fabricación de estupefacientes, la falta de nocividad y consecuente puesta en riegos del bien jurídico tutelado se muestra patente, razón por la cual corresponde [dictar el sobreseimiento del imputado]” (juez Castellanos).
CONTRABANDO; MERCADERIAS; CÓDIGO ADUANERO; TIPICIDAD; CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; BIEN JURÍDICO;
SG (causa Nº 8646912)Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 4° Nominación de la Ciudad de Córdoba
El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 4a Nominación de Córdoba hizo lugar a la demanda en contra del docente y declaró a la adolescente víctima de violencia de género de tipo sexual. Por otro lado, hizo lugar a la demanda en contra del instituto educativo y declaró que la adolescente había sido víctima de violencia de género tipo psicológica y simbólica de modalidad institucional. En ese sentido, el juzgado tomó una serie de medidas:
- Ordenó al docente demandado que asistiera de manera obligatoria a las actividades psico–socio-educativas propuestas por el Centro Integral de Varones. Además, se indicó que acreditase su concurrencia con los certificados correspondientes.
Respecto del instituto educativo, la jueza ordenó que acreditase en el término de 30 días:
- El programa de capacitación temática de violencia de género y los propios de la ley 27.499 “Ley Micaela”.
- El protocolo de intervención frente a noticias de hechos de violencia de género ocurrido en el interior de la institución como de los que afectasen a sus miembros.
- La adecuación de la gestión institucional en materia de criterios básicos para las intervenciones en prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes, de conformidad al instrumento jurídico “La violencia contra niños, niñas y adolescentes Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas. 2006”.
- La propuesta elevada a la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza de la inclusión de la temática de los Derechos Humanos y la violencia institucional en su Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Además, puso en conocimiento del Ministerio de Educación y de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza la resolución a los efectos de que se iniciasen las actuaciones pertinentes y se determinara la continuidad de las autoridades al frente a la institución escolar.
Por otro lado, ordenó a la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza que incluyeran los plazos y sanciones a los efectos de que en el término de 30 días presentara el protocolo aplicable ante denuncias de violencia de género. Asimismo, ordenó a la Dirección de Medicina de Trabajo que, en el término de 30 días, presentase los parámetros de valoración incluidos en los exámenes psicofísicos para otorgar los aptos a docentes a fin de que se detectasen perfiles compatibles con abusadores sexuales. Por último, ordenó como reparación simbólica que se colocase una placa de material perdurable en el lugar y con la leyenda que la víctima indicara (jueza Wallace).
1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Violencia de género. Actos discriminatorios.
“A nivel global, [junto con] la genérica protección de que `Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona´ (art. 3) brindada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de toda Discriminación contera la Mujer (CEDAW) integrada […] con las Recomendaciones Generales 19 y 35 del Comité de CEDAW […], describe puntillosamente la discriminación contra la mujer al decir que es `…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales…´ (parr. 7) y que la violencia contra la mujer, basada en su género, es una forma de discriminación que impide gravemente tal goce, incluyendo `…actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual…´ (parr. 6). Asimismo: `El Comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer está arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología del derecho y el privilegio de los hombres respecto de las mujeres, las normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar el control o el poder masculinos, imponer los papeles asignados a cada género o evitar, desalentar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de las mujeres. Esos factores también contribuyen a la aceptación social explícita o implícita de la violencia por razón de género contra la mujer´ […] Además, la CIDH ha sostenido que `…La violencia contra las mujeres se perpetúa por la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias para con las víctimas´ (CIDH, El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití. Informe anual, Haití, 2009, párrafo 78). Cabe consignar que CEDAW establece que el Estado signatario tomará en todas las esferas, `todas las medidas apropiadas… para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre´ (art. 3). Concretamente, las medidas apropiadas para `modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres´ (art. 5 inc. a). Por otro lado, establece que los Estados parte adoptaran `…todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas…´ (art. 2 inc. e)”.
2. Convención sobre los Derechos del Niño. Violencia de género.
“Dentro del estatuto referido a Niñez, la Convención Sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 CN) específicamente pone en cabeza del Estado signatario, la obligación de adoptar: `todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo´ (art. 19 a. ). A su vez, el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General N° 13, define violencia como `toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual…lesiones, abuso, descuido o trato negligente, malos tratos y explotación…sentado inequívocamente que la elección del término `violencia´ en la presente observación general no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas no físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otras), ni la necesidad de hacerles frente´. (par. 4). Esta misma OG, refiere por abuso y explotación sexual, entre otras prácticas, a aquellas en las cuales: `…pese a no mediar la fuerza o la coerción físicas, son intrusivos, opresivos y traumáticos desde el punto de vista psicológico´ (par. 25. d), por último, define a los cuidadores comprendiendo en tal categoría `… a las personas con una clara responsabilidad legal, ético-profesional o cultural reconocida respecto de la seguridad, la salud, el desarrollo y el bienestar del niño, principalmente…el personal de los centros de enseñanza…´ (par. 33), categorizando al docente como `cuidador temporal…en espacio de atención habituales´ (par. 34)”.
3. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará); Violencia de género. Violencia sexual. Niños, niñas y adolescentes. Establecimiento educativo. Violencia institucional.
“Belem do Para define violencia contra la mujer a: `…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado´ (art. 1). Luego, aclara que esa violencia basada en el género alcanza la violencia física, sexual y psicológica y que esta puede tener lugar: `...en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar´ (art. 2 inc. b). Las definiciones de violencia –genérica– hacia niños NNA, adoptadas a nivel internacional abarcan conceptos de violencia reflejados en la CDN –especialmente art 19– así como la definición de violencia adoptada por la OMS. Y es que la violencia, basada en el género, de tipo sexual, ha sido incluida en todas las definiciones de violencia hacia NNA o maltrato infantil: `…El maltrato infantil, en general, se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder…´ […].
Puntualmente, la Violencia Sexual en NNA se refiere a conducta sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia y recursos que utiliza incorrectamente su poder o autoridad (La violencia contra niños, niñas y adolescente. Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas. 2006)”.
“Respecto de la Violencia Institucional en NNA detalla, `violaciones de los derechos en las instituciones y/o sistema puede producirse por omisiones: no aprobar o revisar disposiciones legislativas o de otro tipo, no aplicar adecuadamente las leyes y otros reglamentos, no contar con suficientes recursos y capacidades materiales, técnicas y humanas para detectar, prevenir y combatir la violencia…´…”.
4. Violencia de género. Prueba. Apreciación de la prueba. Vulnerabilidad.
“[L]a prueba incorporada al presente proceso incidental ha contribuido a formar el convencimiento de quien suscribe que la situación de violencia de género, de tipo sexual física atribuida por [la adolescente] [al docente] ha existido en los términos denunciados. No sólo por la descripción de los profesionales de salud mental que contuvieron a la joven en la oportunidad, que dan cuenta que el trauma que [la adolescente] experimento en el día y meses sucesivos […], es real…”.
“Si [se tiene en cuenta] además que la persona a la que se le atribuye esa conducta intimidatoria y agraviante, es un profesor dispuesto en ese cargo por la dirección escolar, posiblemente no determinante de las calificaciones de la materia, pero si con la autoridad suficiente como para estar al frente de un curso completo, evacuar dudas, controlar trabajos prácticos, entre otras tareas descriptas también por el testigo […], la vulneración se vuelve sustancialmente más insoportable para la persona victimizada, configurando un caso de violencia de género, en razón de la relación asimétrica de poder (jerarquía académica y generacional). En su declaración [el docente] reconoció ser `…muy exigente, muy estricto…´ con sus alumnos, menos liberal que otros profesores quienes no miden riesgos […]. La valoración interdisciplinaria de la personalidad [del docente] puntualmente cuando dice impulsividad reactiva, sumado a su propia opinión respecto de la rigidez o severidad con alumnos, admiten la posibilidad de un comportamiento inesperado o sorpresivo y hasta invasivo/agraviante hacia otros. Pero este análisis no carece de sustento fáctico ni resulta arbitrario, puesto que ha quedado también acreditado en la causa que lo vivenciado por [la adolescente] fue presenciado por dos alumnos y no se trató de una situación aislada, ya que existen otros relatos de otras mujeres, que dan cuenta de situaciones similares, a los cuales el actor significa de un sentido y todas las actuadas de otro, así en al menos cinco situaciones con distintas mujeres en situación de desventaja: una preceptora recién ingresada […] y cuatro alumnas…”.
“Si fuera el caso que el docente no registró la invasión a la intimidad de la alumna, no lo exonera en lo más mínimo, por el contrario, la naturalidad le impide identificar a una mujer dueña de su cuerpo y no un cuerpo para la exaltación de la sensorialidad propia de un modo casual/ocasional. Nadie debe ni puede dejar de registrar estos avancen porque no corresponde cosificar el cuerpo ajeno, menos de su alumna. Y allí es donde queda excluida la posibilidad de pensar la situación como una accidental y, claramente, emerge configurada la violencia de género”.
5. Violencia de género. Violencia institucional. Establecimiento educativo. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
“Tratándose de un establecimiento educativo privado, esta última cualidad no lo eximiría de causar esa modalidad de violencia de género. Esto último, en función que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas apropiadas paras prevenir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación en todos los supuestos que le sean presentados por víctimas de violencia de género, como derivación de la diligencia debida. Eso significa que la damnificada puede sufrir tales mermas a sus derechos por acciones u omisiones provenientes de agentes públicos y/o privados, caso contrario, la obligación del Estado signatario lo sería solamente por las acciones u omisiones de agentes estatales y, como arriba se señala, no así. Asimismo, nadie puede generar tales hechos u omisiones reprochables, si no se encuentra comprendido en la genérica obligación de no hacerlos.
A más de lo cual `Conforme a este marco jurídico internacional, el Estado tiene un deber de debida diligencia aún más intenso respecto a las niñas debido a la obligación de protección especial contenida en los artículos 19 de la Convención Americana y VII de la Declaración Americana, así como a la obligación de debida diligencia reforzada establecida en la Convención de Belém do Pará´ (Mesecvi 2016. Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará. Pár 32).
Avalando tal postulado, rezan las normas que obligan al Estado Argentino, que debe proteger a la `mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social´ (Comité CEDAW Recomendación General N° 12/1989, `Violencia contra la Mujer´); recalcado en `de conformidad a la convención, la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre. …. En virtud del inciso c) del artículo 2 de la convención, los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. En virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización´ (Comité CEDAW Recomendación General N° 19/1991 `La Violencia contra la Mujer´, párr. 9). En el mismo sentido: `Los Estados partes tiene la obligación de no discriminar a la mujer por acción o por omisión; además, están obligados a reaccionar activamente ante la discriminación contra la mujer, independientemente de que esas acciones u omisiones sean cometidas por el Estado o por actores privados´ (Comité CEDAW Recomendación General N° 28/2010 `Relativa al artículo 2´, párr. 10) y `En virtud del derecho internacional general, así como de los tratados internacionales, los actos u omisiones de un agente privado pueden generar la responsabilidad internacional del Estado en ciertos casos, entre los que se incluyen los siguientes: a) Los actos u omisiones de agentes privados facultados por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, entre ellos los organismos privados que prestan servicios públicos, tales como la atención de la salud o la educación….´ (Comité CEDAW Recomendación General N° 35/2017 `Sobre la violencia por razón de género contra la Mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19´, párr. 24.1.a)”.
6. Establecimiento educativo. Denuncia. Reglas de Brasilia. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém Do Pará). Derecho a ser oído. Acceso a la justicia.  
“[T]anto a nivel institucional como personal, los directivos del Colegio […], se encuentran comprendidos en la obligatoriedad de denunciar inmediatamente los hechos de violencia de género que tomen conocimiento en ocasión de sus funciones (art. 5 ley 10.401), por lo tanto, se encuentran comprendidos en la categoría `quienes intervengan de una u otra forma en su funcionamiento (del sistema de justicia)´, razón por la cual son destinatarios del contenido de las Cien Reglas de Brasilia (Regla 24 inc. f), las que se aplican en los presentes a la adolescente […], quien pertenece, simultáneamente, a tres condiciones de vulnerabilidad: por su edad (Regla 5), por su género (Regla 17) y por ser víctima (Regla 10). A esta interseccionalidad, se suma la absoluta asimetría de poder entre jefa de preceptoras, docentes y cuerpo directivo, y una alumna dentro de la institución.
Atento la condición de interseccionalidad arriba referida, es que desde la intervención del Estado, se le generan a [la adolescente] un plus de derechos para revertir el plus de dificultades que le pesan, conforme lo cual: `Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad´ (art. 9 Belém do Pará).
En particular, [se hace referencia] no solamente al derecho a ser escuchada (art. 12 CSDN), sino al del acceso a la Justicia, y la relevancia del patrocinio jurídico, que se le garantiza a la adolescente proveyéndole asistencia jurídica gratuita, especializada y de calidad, de acuerdo a la Reglas 30 y 31 de Brasilia; Recomendación General N° 28 (Relativa al Art. 2 CEDAW), párr. 34; Recomendación General N° 33 (Sobre el acceso de las mujeres a la justicia), pár. 37 y Recomendación General N° 35 (Sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza le recomendación general N° 19), pár. 31 a...”.
7. Violencia de género. Violencia institucional. Apreciación de la prueba. Ley aplicable. Establecimiento educativo. Categorías sospechosas.
“[L]a Ley de Violencia de Género 10.401 (art. 25), regula como supletorio el régimen procesal, el específico que corresponda, debiendo ser aplicadas las normas del proceso más sumario previsto en cada ordenamiento y en todo lo que no se oponga a la propia ley. En una demanda por violencia de género institucional, no es dable valorar la prueba bajo los principios del proceso administrativo, en razón que afecta más de uno aplicable a los procesos de género, como la carga probatoria tratándose de una categoría sospechosa. Este último encuadre no es arbitrario, atento a que, existe el `principio por el cual una vez que se demuestra que la aplicación de una regla lleva impacto diferenciado entre mujeres y hombres, el Estado debe probar que se debe a factores objetivo no relacionados a la discriminación´ (Tribunal Europeo de Derechos Humanos en `Opuz Vs. Turkey´ 2009). En el caso que nos ocupa, la regla aplicada por el Colegio […] a partir del conocimiento de un acto atentatorio de la integridad sexual, siempre perjudica a quienes los exponen (mujeres), en función que obtura el esclarecimiento y castigo de los hechos, recrudeciendo las acciones y omisiones negativas para con quienes dan a conocer tales indebidas acciones.
Este principio de categoría sospechosa, originalmente aplicado a causas que involucran al Estado, se aplica transitivamente a protagonistas no estatales, con fundamento en la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa `Sisneros´ […]. Con esta línea argumentativa, queda absolutamente fundada la valoración de la prueba con criterios que no se corresponden al proceso administrativo”.
8. Violencia de género. Revictimización. Reglas de Brasilia.
“La acciones y omisiones de la institución en esta primera etapa, se caracterizan por i. hacer reiterar a [la adolescente] el relato de los acontecimientos traumatizantes, tres veces en un día y el cuarto si se suma al de su progenitora, lo necesario y suficiente como para que bloquee su capacidad de reclamo por hartazgo repetitivo, lo que se conoce como revictimización, contrariando así las Reglas 37 y 69 Brasilia y art. 3 inc k. ley 26.485. ii. emitir juicios críticos sobre sus dichos en oportunidad de efectuar el relato, contrariando así las Regla 73 de Brasilia. iii. omitir labrar actas de las manifestaciones de [la adolescente], desconociendo no sólo la vital ulterior utilidad de tales soportes sino, principalmente omitir deliberadamente la elaboración del instrumento que permitiría una investigación administrativa al interior del colegio, contrariando las obligaciones inherentes a los cargos jerárquicos en los establecimiento educativos, responsables del `daño sufrido por sus alumnos menor de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar´, desconociendo la recomendación de preconstituir prueba, contrariando la Regla 70 de Brasilia y el art. 1767 CCCN. iv. se descree absolutamente el relato de [la adolescente] (y otras mujeres), valorando el Concepto Personal docente del [docente] […], no tomando en cuenta a la Observación General 12 del Comité de los Derechos del Niño, párr. 2, cuando refiere que `El derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención´;  v. se le ofrece a [la adolescente] que el profesor […] le pida disculpas como alternativa reparativa, contrariando la Recomendación Nº 5 del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Violencia 2012 (MESECVI), el Segundo informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del comité de Expertas del MESECVI, pár. 53 y el Comité CEDAW. Recomendación General 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General núm. 19, pár. 52 b y art. 15 de la ley 10.401…”.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; VIOLENCIA DE GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; VULNERABILIDAD; DENUNCIA; REGLAS DE BRASILIA; DERECHO A SER OIDO; ACCESO A LA JUSTICIA; LEY APLICABLE; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; REVICTIMIZACIÓN;
MASCI (causa Nº 12620)Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II
La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar al recurso de revocatoria, declaró la inconstitucionalidad del artículo 49, inciso 4, de la ley N° 24.241 y remitió las actuaciones a la Cámara Federal con jurisdicción en el Juzgado Federal del domicilio del actor en la ciudad de Mar del Plata (jueces Fantini Albarenque y Carnota, y jueza Dorado).
1. Seguridad Social. Competencia. Competencia federal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“Más allá de la situación de colapso de esta Cámara, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia del 15 de julio de 2021, Giménez Rosa E […] formuló diversas puntualizaciones al respecto.
En tal sentido, cabe señalar que, a partir de lo decidido oportunamente por la Excma. C.S.J.N. en precedentes como `Pedraza´ y `Constantino´ como así también lo actuado en su consecuencia (ver a modo de ejemplo lo dispuesto por el art. 7 última parte del Dcto. 894/16), la atribución competencial en lo relativo a la materia previsional ha sufrido un constante desplazamiento de la competencia desde un fuero capitalino especializado hacia la justicia federal del interior con competencia múltiple, erigiendo un criterio de territorialidad que se compadece con la inmediatez respecto del domicilio real del justiciable, asegurando así el debido acceso a la justicia y observando principios de economía procesal de los que no cabe desdeñar”.
“[C]oincidir con las consideraciones del Sr. Procurador Fiscal en la causa […] referida, que hunden sus raíces en el art. 18 C.N. y en el derecho internacional de los derechos humanos de análogo linaje. A mayor abundamiento, y a guisa de `soft law´, cabe mencionar las `Reglas de Brasilia´, a las que el Supremo Tribunal adhirió por medio de la Acordada 5 del año 2009 y que configuran una `guía´ para resolver estas cuestiones”.
SEGURIDAD SOCIAL; COMPETENCIA; COMPETENCIA FEDERAL; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
PNG (causa Nº 41265)Corte de Justicia de Salta
La Corte de Justicia de Salta hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia y condenó a la provincia de Salta a pagar una indemnización en concepto de daño material y moral (jueces Aguilar y Samsón, y juezas Ovejero Cornejo y Rodríguez Faraldo).
1. Cuestión prejudicial. Ley aplicable. Interpretación de la ley. Sentencia absolutoria. Cuestiones de hecho. Indemnización. Daños y perjuicios.
“Concretamente, sin pasar por alto que el objeto del proceso versa sobre dos aspectos –responsabilidad por el dependiente y por la prestación del servicio–, ello ocurre con las reglas de la prejudicialidad aplicables al presente caso y los efectos que cabe asignar a la absolución del profesional médico […].
Específicamente el art. 1103 del Código Civil (Ley 340), al tratar sobre el ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por el delito, establecía que después de la absolución no podía alegarse en juicio civil la existencia del hecho principal sobre el que ésta recayera.
El concepto de hecho es aquí tomado en sentido general e independientemente del significado jurídico que se le asigna tanto desde la faz administrativa, civil y penal. De ello se sigue que los efectos de la regla varían según cuál sea la concreta causal que en los términos del ordenamiento jurídico vigente dé lugar a la absolución y cuáles los puntos que, a partir de ese pronunciamiento, se identifican en las distintas materias comprometidas. En consecuencia, la inexistencia del hecho es única y alcanza a todo el derecho, pero no ocurre necesariamente lo mismo con otros motivos liberatorios de la responsabilidad criminal.
Sucede, pues, que esa única realidad constituida por el hecho humano y fáctico es susceptible de ser conceptualizado mediante distintos elementos dogmáticos que permiten su examen. El hecho, así, es categorizado como `punible´ si resulta típico, antijurídico y culpable; luego, la absolución puede proceder por exclusión de cualquiera de esos elementos, produciendo, en orden a la prejudicialidad, distintos efectos […].
En efecto, los juicios para determinar la concurrencia o exclusión de cada uno de esos elementos jurídicos siguen un orden lógico, concatenado y lineal, de modo que el análisis de un elemento subsiguiente se encuentra condicionado a la verificación de su anterior: la tipicidad solo puede estudiarse si se verifica la existencia de una acción atribuible al agente; la antijuridicidad, si es positiva la conclusión sobre la acción, la atribución y la tipicidad, y así sucesivamente […].
Normativamente, dicho orden es traducido en específicas disposiciones de estricto carácter imperativo, que condicionan la actuación jurisdiccional; tales preceptos no son otros que los mencionados arts. 326 y 403 del C.P.P. (texto según Ley 6345 y modificatorias). El segundo menciona el procedimiento de toda deliberación y el primero dispone cómo deben examinarse las posibles causales de sobreseimiento, enumerándolas prolijamente una a una y siguiendo el método descriptivo de los elementos del hecho punible”.
2. Responsabilidad del Estado. Falta de servicio. Daño.
“[E]s dable recordar que en los supuestos de responsabilidad por falta de servicio no es necesario individualizar al autor material del daño porque es el servicio en su totalidad el que, funcionando irregularmente –como se verifica en autos–, produce daño […].
Este tipo de responsabilidad presenta particularidades que la tornan autónoma pues el concepto de falta de servicio es radicalmente extraño al derecho privado, independiente de la noción de culpa, y está caracterizado por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la Administración, ya sea por acción o por omisión, cuando pesa sobre aquélla la obligación de actuar […].
En efecto, para que se configure la responsabilidad estatal por falta de servicio se requiere, puntualmente, la presencia de determinados requisitos, a saber: imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones; falta o funcionamiento defectuoso o irregular del servicio; existencia de daño cierto; y, relación causal entre el hecho y el daño…”.
3. Relación de causalidad. Prestación de servicio. Responsabilidad extracontractual del Estado. Falta de servicio. Responsabilidad objetiva.
“El lazo que unía a la víctima con el servicio está suficientemente probado en autos, como también lo que concierne a la previsibilidad del daño que podía y debía valorarse del traslado y que, como lamentablemente ocurrió, desencadenó el desprendimiento de la placenta y con él tanto la muerte de la niña […] como la puesta en riesgo de la vida de la actora […]
En virtud de todo lo expuesto se concluye sin hesitación que los daños y perjuicios ocurridos podrían haber sido evitados si la prestación del servicio hubiese sido la correcta y ello, en suma, determina la falla del sistema de salud de la Provincia de Salta en esta eventualidad y, consecuentemente, la responsabilidad objetiva del sistema, con encuadre en la doctrina de la falta de servicio elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la base del art. 1112 del Código Civil, vigente al momento del evento dañoso.
Que la concepción objetiva de la falta de servicio o, si se prefiere, de una responsabilidad sin culpa, con fundamento en el art. 1112 del Código Civil, terminó por generalizarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación […]. Es decir que puede predicarse su existencia sin necesidad de identificar al empleado o funcionario autor de la acción u omisión, o aún sin tener que determinar la culpabilidad del agente […]. Dicho en otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes, sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada en el concepto de falta de servicio no es subjetiva, sino objetiva (Fallos, 330:563), concepto que no fue atendido por la `a quo´ en la sentencia dictada […]
En consecuencia, atendiendo a las circunstancias analizadas en esta causa, corresponde atribuir responsabilidad a la Provincia de Salta, con el encuadre normativo referido. Ello sin perjuicio de las acciones que ésta tuviera contra sus agentes, pues la Administración responde siempre directamente ante la víctima, independientemente de las acciones de regreso que pueda intentar contra sus funcionarios”.
CUESTIÓN PREJUDICIAL; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; SENTENCIA ABSOLUTORIA; CUESTIONES DE HECHO; INDEMNIZACIÓN; DAÑOS Y PERJUICIOS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; FALTA DE SERVICIO; DAÑO; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; PRESTACION DE SERVICIO; RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO; RESPONSABILIDAD OBJETIVA; VIOLENCIA OBSTÉTRICA;
Cañete (Causa N° 49642)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario federal, revocó la sentencia impugnada y devolvió los autos al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (Ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).
1. Recurso extraordinario. Sentencia definitiva. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[S]i bien el modo de emitir el voto de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de las sentencias son cuestiones de naturaleza procesal y ajenas, en principio, a la apelación del artículo 14 de la ley 48, cabe hacer excepción cuando el alegado vicio procedimental afecta la certeza jurídica de las sentencias, entendida como expresión final del derecho a la jurisdicción, así como el amparo del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio, todos ellos consagrados en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional” (considerando 3).
2. Actos de gobierno. Razonabilidad. Magistrados judiciales. Deber de fundamentación. Expresión de agravios. Mayoría.
“[E]l principio constitucional de racionalidad de los actos de gobierno, inherente a la forma republicana de gobierno adoptada en el artículo 1° de la Constitución Nacional, exige que todo acto estatal deba tener una explicación racional y obliga a los magistrados del Poder Judicial a dar a conocer las razones de sus decisiones” (considerando 4).
“[L]a responsabilidad de juzgar las cuestiones sometidas a su conocimiento impone a los magistrados la obligación de pronunciarse sobre todos aquellos puntos comprendidos en el pleito que resulten conducentes a su decisión, es decir, aquellas cuestiones que se estimen necesarias para el dictado de la sentencia.
[L]a conformación de un acuerdo mayoritario que idóneamente exprese el razonamiento lógico seguido para arribar a la solución del caso, constituye un deber propio de los magistrados que componen este tipo de tribunales colegiados, dirigido a cumplir con la obligación genérica de resolver, en forma válida, las cuestiones sometidas a su conocimiento” (considerando 8).
3. Magistrados judiciales. Sentencia. Deber de fundamentación. Tribunales colegiados. Mayoría.  
“[E]n el caso de los tribunales pluripersonales, [el deber general de fundamentación] de los jueces profesionales importa la necesidad de asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus decisiones. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en el absurdo de suponer que, para impugnar, sean las partes del proceso quienes deban escoger cualquiera de los fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión, es decir, que sea el propio recurrente quien le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo” (considerando 4).
“[L]as sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos [...].  De tal modo, la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada” (considerando 5).
“[A] la hora de examinar la existencia de una mayoría sustancial de fundamentos que ponga de manifiesto la voluntad de un tribunal colegiado, no cabe atenerse a un criterio puramente formalista que permita tenerla por configurada con opiniones formalmente concurrentes que coinciden en la parte dispositiva. Sin que ello implique adoptar una postura que exija que las opiniones de cada uno de los miembros del tribunal resulten idénticas para poder tener por configurada la mayoría necesaria, toda vez que ello no se condice con la naturaleza plural y deliberativa de esta clase de tribunales” (Considerando 6).
RECURSO EXTRAORDINARIO; SENTENCIA DEFINITIVA; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; ACTOS DE GOBIERNO; RAZONABILIDAD; MAGISTRADOS JUDICIALES; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS; MAYORÍA; SENTENCIA; TRIBUNALES COLEGIADOS;
Bertolo (causa n° 26757)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, declaró la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó al hombre imputado (jueces Magariños y Jantus).
1. Sentencia condenatoria. Interpretación de la ley. Lesiones leves. Prescripción.
“[L]a sentencia de condena no es un acto procesal que se pueda considerar firme por partes. [Y]a sea desde la sentencia originaria dictada por el Tribunal Oral […], o la resolución de la [CNCCC] […], o la sentencia dictada […] mediante la cual se impuso la correspondiente sanción de siete años de prisión […] se encuentra cumplido el plazo previsto por el art. 62 del Código Penal respecto de los delitos de lesiones leves y suministro de pornografía a menores de 14 años, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 67 inc. ‘e’ de dicho ordenamiento sustantivo, sin interrupción alguna”.
SENTENCIA CONDENATORIA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; LESIONES LEVES; PRESCRIPCIÓN;
ML(M) (causa Nº 15332)Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 2, Río Gallegos, Santa Cruz
El Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº 2, Río Gallegos, Santa Cruz, hizo lugar a la venia judicial planteada por el Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Santa Cruz y autorizó la rectificación de la Partida de Nacimiento en los términos de la Ley de Identidad de Género. La rectificación consistió en la supresión del nombre L. y, en su reemplazo, la consignación por el prenombre M. A su vez, se mantuvo la categoría de sexo femenino (juez Andrade).
1. LGBTIQ. Identidad de género. Nombre. Principio pro homine. Principio de progresividad.
“[S]i bien el cambio de prenombre en éste caso sería por una clara afectación a la personalidad de [la persona], quién […] tiene mucha claridad sobre la transición que se encuentra encarando; desde el punto de vista de la normativa se le brindan opciones heteronormativas binarias o no binarias (si tenemos en cuenta el Decreto Nro. 476/21). Aún cuan de avanzada resultan la Ley Nacional 26743 y el Decreto Nro. 476/21, tampoco prevén la opción de vida que aquí […] plantea M”.
“Sabido es que la interpretación de los jueces deber ser la que resulta más favorable al sistema de derechos humanos, o sea la que se condice con el principio `pro homine´. Sobre éste principio rector de interpretación el maestro Bidart Campos ha dicho que: `...El principio `pro homine´ indica que en cada caso que versa sobre derechos humanos hay que emprender la búsqueda para hallar la fuente y la norma que provean la solución más favorable a la persona humana, a sus derechos y al sistema de derechos en sentido institucional. La fuente y la norma más beneficiosas pueden pertenecer al derecho interno o al derecho internacional de los derechos humanos...´ [...] Interpretación que surge de la previsión del art. 29 inc. b) del Pacto de San José de Costa Rica. -Resolver en contrario importaría un desconocimiento al principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, previstos por la Constitución Nacional.
Al respecto al Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 1993, ha referido: `De manera que de ello se desprende que la obligación de los Estados miembros de observar y defender los derechos humanos de los individuos dentro de sus jurisdicciones, como lo establecen la Declaración Americana y la Convención Americana, los obliga, independientemente del nivel de desarrollo económico, a garantizar un umbral mínimo de esos derechos. El nivel de desarrollo podría ser un factor que entre en el análisis para la puesta en vigor de esos derechos, pero no se debe entender como un acto que excluya el deber del Estado de implementar estos derechos en la mayor medida de sus posibilidades. El principio de progresividad exige más bien que, a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejor el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales...´ […]”.
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Principio de dignidad humana. Derecho a la intimidad.
“Centralmente [ha de ponderarse] de los elementos colectados en relación al adolescente de autos y en función de su interés superior, obligación jurisdiccional que surge del Bloque Constitucional y de las leyes de infancia que en consecuencia se dictaron a posteriori (conf. art. 2, 3 inc. 1 y 9 inc. 1 y 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y art. 3 de la ley Nacional 26.061, art. 2 Ley Provincial N° 3062, arts. 639 y 706 del Código Civil y Comercial de la Nación).
En tal sentido el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz ha dicho:  `...el interés superior del niño es el techo que guía toda la normativa de la Convención...´, ya que con el calificativo `superior´ se ha `...querido poner de manifiesto que al niño le asiste un verdadero y auténtico poder para reclamar la satisfacción de sus necesidades esenciales, simboliza la idea de que ocupa un lugar importante en la familia y en la sociedad y que ese lugar debe ser respetado... cuando se defiende el interés del niño implica la protección y defensa de un interés privado, al mismo tiempo, el amparo de un interés social...´. Alentándose la idea que `...Frente a un conflicto de intereses se consideren de mayor jerarquía aquellos que permiten la realización plena de los derechos del niño...´[...].
La premisa para resolver la petición es la opción que logre la `máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías´ (art. 3 de la ley 26061) […]. En éste caso resultan más que obvias las necesidades personales y de la esfera de la intimidad del adolescente y los derechos implicados, que tienen que ver estrictamente con la intimidad, dignidad y el más alto proyecto de vida.
En cuanto a estos derechos en juego, la Corte Suprema de Tucumán ha dicho: `...A su vez, el art. 3 de la referida ley nacional establece que debe entenderse por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esa ley. Concordantemente el art. 5 de la Ley Nº 26.061 regla la responsabilidad gubernamental de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en dicha norma, entre los que se cuentan: el derecho a la salud (art. 14) y a obtener los beneficios de la seguridad social (art. 26). Respecto de éste último interés tutelado, la doctrina ha sostenido que: `…la ley de protección integral establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener sus beneficios…y que es una obligación estatal proveerlos mediante los órganos competentes´ […]; satisfacción que requiere tanto de acciones positivas como de la abstención de aquellas que sean vulneratorias de esos derechos…”.
3. Niños, niñas y adolescentes. Autonomía progresiva. Derecho a ser oído. Socioafectividad.
“En éste sentido cobra total gravitación la edad y madurez de M. quién ya cuenta con la edad de 15 años. Es necesario señalar uno de los nuevos principios incorporados por el Código Civil Y Comercial de la Nación, esto es la capacidad y/o autonomía progresiva establecida además por la Convención de los Derechos del Niño.
Por derivación de esta base de interpretación (capacidad progresiva) la graduación en el nivel de discernimiento para adoptar una decisión deberá ser valorada en cada caso concreto y en función de las características personales, psicológicas, emocionales y sociales de cada NNA en particular, pudiendo ejercerse los derechos (entre ellos los de ser oído y de participar activamente en el proceso) sin una delimitación etaria.
Respecto de M. debe tenerse presente que el joven en la actualidad ya cuenta con 15 años de edad, con un ciclo madurativo suficientemente razonable para expresar lo que él quiere y conocer cuáles son las consecuencias de su decisión, además (repito nuevamente) la claridad en los fundamentos de su planteo.
Al respecto se ha dicho que: `...Los estudios sobre psicología evolutiva nos enseñan que el arribo a la adultez implica un proceso en el cual el niño pasa por distintas etapas de desarrollo físico, mental y espiritual. A partir de los últimos años de la niñez (esto es entre los 10 y los 12 años), el niño está preparado para buscar una identidad y una existencia independientes de las de sus progenitores. Y así es que las diferentes etapas por las que atraviesa el niño determinan una gradación en el nivel de decisión al que puede acceder. A medida que el niño crece y es poseedor del pensamiento abstracto, adquiere discernimiento para comprender el sentido de sus acciones, su valoración como sujeto de derechos en la relación paterno filial significa reconocer su opinión y colaboración en las materias que afecten a su persona...´”.
4. Derecho a la intimidad. Autonomía personal. Identidad de género. Derechos personalísimos.
“[L]a autodeterminación y de la autorregulación, se ve directamente relacionado con el derecho a la intimidad individual, definido como `una zona de reserva personal, propia de la autonomía del ser humano, dentro de la cuál podemos excluir las instrucciones ajenas y el conocimiento generalizado por parte de terceros, como realizar acciones autorreferentes que caigan bajo ese conocimiento público´ […].
Recordemos que este derecho fue agudamente analizado por la Corte Suprema de Justicia en el Fallo `Ponzetti de Balbín Indalia C/Editorial Atlántida S.A´ […], y en su voto individual el Dr. Petracci tuvo palabras que merecen ser destacadas respecto a la temática aquí analizada y cuándo se refería a la injerencia estatal en `las dimensiones fundamentales de la vida´. Al respecto detalló que: `…La intromisión estatal con repercusión en dichas dimensiones sólo podrá justificarse sobre la base de ponderadísimos juicios que sean capaces de demostrar, a la luz de la clase de test histórico-cultural (…) que las restricciones conciernen a la subsistencia de la propia sociedad...´.
Para finalizar este acápite traeré a colación una de las Conclusiones expuestas por el XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en la que se destacó que: `La autonomía de la voluntad en las relaciones personales de familia está íntimamente ligada al principio de reserva que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional, y consecuentemente, a la noción de orden público vigente en una época y una sociedad determinadas´.
[E]l filósofo español Paul B. Preciado en su obra `El manifiesto contrasexual´ nos interpela: `...Artículo 1. La sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino correspondiente a las categorías biológicas (varón/mujer, macho/hembra) del carné de identidad, así como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Los códigos de masculinidad y de la femenidad se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos hablantes en el marco de contratos consensuados temporales´…”.
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; NOMBRE; PRINCIPIO PRO HOMINE; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA INTIMIDAD; AUTONOMÍA PROGRESIVA; DERECHO A SER OIDO; SOCIOAFECTIVIDAD; AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD; DERECHOS PERSONALÍSIMOS;
C.A.E (Causa N° 00485)Cámara de Trabajo de Cipolletti
La Cámara del Trabajo de Cipolletti hizo lugar a la medida autosatisfactiva y ordenó que la Policía de la Provincia de Rio Negro readecúe la licencia por maternidad conforme al artículo 2, inciso c de ley Ley Provincial N°5348 por el término de los ciento ochenta  días corridos desde el nacimiento (jueza Gejo y jueces Lavedan, Santos y Mendez).
1. Licencia por maternidad. Técnica de reproducción humana asistida. Nacimiento. Cuidado personal. Niños, niñas y adolescentes. Medida cautelar autosatisfactiva. LGBTIQ. No discriminación. Igualdad. Protección integral de la familia. Conviviente. Fuerzas de seguridad. Interpretación de la ley.
“[E]l artículo 2 de la Ley 5348 establece que `La licencia familiar por nacimiento será de ciento ochenta (180) días corridos. Podrá usufructuarse según las siguientes opciones y modalidades: a) b) c) En caso de que los/las progenitores sean del mismo sexo deberán acordar entre ambos/as quién será titular de la licencia familiar por nacimiento, con posibilidad de alternancia informada, planificada, no simultánea, entre ambos/as´.
[L]a actora en su planteo, […], acreditó en autos que resulta dependiente de la Policia de Rio Negro […], amparada por la ley N° 679 del Personal de la Policia de la Provincia de Rio Negro, que es conviviente de la Sra. M. […], que han decido como proyecto en común –por técnicas de repoducción asistida ROPA– ser madres, la Sra. [C.A.E] no gestante y la Sra. M. gestante […], manifestando en forma expresa la Sra. [C.A.E] que han acordado que las tareas de cuidado esenciales de los primeros meses del niño se encontrarán a su cargo por cuanto su pareja al tener trabajo independiente […] dificilmente pueda llevar adelante dicha tarea, cuidados que resultan por demás importantes a los fines del desarrollo y crecimiento del niño recién nacido, en consecuencia, cabe concluir que la situación descripta encuadra en el supuesto contemplado por el Articulo 2 inc. c) de la Ley 5348/18”.
“[D]e de la lectura del artículo citado [articulo 2 inc. c) de la Ley 5348/18], la norma comprende a los progenitores/as que sean del mismo sexo, imponiendo solo el requisito de que deben acordar quién será el titular de la licencia familiar por nacimiento, no existe distinción alguna con relación a si deben depender ambos de la fuerza, por lo que no corresponde hacer distinción alguna. En este sentido, cabe recordar que ´donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir –ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus–´ conforme reiteradamente lo viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados pronunciamientos (Fallos: 294:74, 304:226; 333:735), siendo claro e insoslayable que si el legislador hubiera querido hacer distinciones, lejos de expresarse en términos generales, hubiese expresamente hecho las salvedades o excepciones pertinentes…”.
LICENCIA POR MATERNIDAD; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); NACIMIENTO; CUIDADO PERSONAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MEDIDA CAUTELAR AUTOSATISFACTIVA; LGBTIQ; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; CONVIVIENTE; FUERZAS DE SEGURIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
Zárate y otros (reg. N° 1984 y causa N° 17846)Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en forma unipersonal, hizo lugar a la impugnación de manera parcial, anuló la resolución con relación a la pena de multa y devolvió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que se desinsaculara otro juez y dirimiera la controversia (jueza Ledesma).
1. Determinación de la pena. Multas. Monto Mínimo. Realidad económica. Arbitrariedad.
“[A]siste razón al recurrente –más allá de que el quantum de la pena impuesta por el Tribunal […] fue el mínimo autorizado por la norma– toda vez que no se analizaron las particulares circunstancias que hacen a la situación económica de cada uno de los acusados, ni se evaluó la posibilidad de perforar el mínimo de la multa a imponer, conforme lo acentuó”.
“[E]l fallo carece de motivación suficiente –en lo que hace al extremo impugnado– toda vez que la sentenciante no indicó cuáles fueron las circunstancias evaluadas que determinaron el monto de multa finalmente impuesto”.
2. Determinación de la pena. Multas. Principio de proporcionalidad. Perspectiva de género. Vulnerabilidad.
“[R]esulta necesario incorporar perspectiva de género no solo en la investigación y juzgamiento de hechos ilícitos, sino también en ocasión de decidir el monto y modalidad de la pena en el caso de mujeres como las aquí condenadas, en consonancia con las recomendaciones realizadas en instrumentos internacionales.
Ello, dado que en el caso de colectivos especialmente vulnerables las penas tienen mayor impacto, y para que las sanciones resulten proporcionales –en el caso la multa, que según alega la defensa resulta de imposible cumplimiento– es preciso que se indaguen y evalúen diferentes factores, tales como maternidad, rol de cuidado de otras personas dependientes, jefatura de hogar, violencia de género, entre otras”.
DETERMINACIÓN DE LA PENA; MULTAS; MONTO MÍNIMO; REALIDAD ECONÓMICA; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD;
GJE (Causa N° 35837)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar de manera parcial a los agravios que había expuesto la mujer. En ese sentido, le prohibió salir del país al demandado y dispuso el embargo de una eventual indemnización por despido. Para decidir así, tuvo en cuenta la violencia de género de tipo económica en contra de la progenitora (jueza Gusado y juez Rodriguez).
1. Responsabilidad parental. Alimentos. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Niños, niñas y adolescentes. Deber de cuidado. Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación de la ley. Medidas cautelares. Razonabilidad.
“[T]oda vez que el obligado se trata de una persona que no demostró ningún impedimento que lo inhabilite para arbitrar los medios necesarios para satisfacer sus deberes alimentarios y se encuentra constreñido a trabajar de modo de procurar lo que fuere necesario.
Por otro lado, debe recordarse que ni la insuficiencia de ingresos ni su carencia relevan al alimentante de su obligación respecto de sus hijos, pues se encuentra constreñido a trabajar de manera de procurarse recursos necesarios con el objeto de satisfacer los derechos derivados de la responsabilidad parental. Es que los padres no pueden excusarse de cumplir con la obligación alimentaria invocando la falta de trabajo o de ingresos suficientes cuando ello no se debe a dificultades insalvables demostradas en el curso del proceso…”.
“[E]l artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone expresamente las facultades de los magistrados para imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Esta herramienta debe interpretarse conjuntamente con el artículo 550 que permite la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos –siendo los definitivos y futuros, en el caso de autos– cuando se encuentren reunidos los requisitos típicos para su procedencia […].
En consecuencia, se puede vislumbrar que el código ofrece la posibilidad de aplicar las medidas que se consideren más apropiadas a fin de obtener el cumplimiento de la prestación alimentaria. A tales fines, los jueces deben valorar: i) el incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria por parte del alimentante y; ii) la razonabilidad de la medida…”.
2. Género. Estereotipos de género. Violencia de género. Violencia económica. Alimentos. Derecho a la alimentación. Protección integral de la mujer. Actos discriminatorios. Familias. Cuidado personal. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Vulnerabilidad. Derechos humanos. Interpretación de la ley.
“[E]l derecho alimentario constituye un derecho humano básico, por lo cual su prestación es siempre motivo de gran preocupación, pero no solo su fijación sino también de su efectivo cumplimiento. En consecuencia, el incumplimiento del obligado compromete: i) el derecho de los beneficiarios a un nivel de vida adecuado (art. 27, Convención sobre los Derechos del Niño); y ii) el interés superior del niño, niña o adolescente (art. 3 de la CDN). En ese sentido cabe tener presente que el interés superior es precisamente eso: en el conflicto, priorizar el interés del niño por encima de otros titularizados por personas que destrozan los derechos de la persona vulnerable mediante el incumplimiento de concretas prestaciones a su cargo´ […].
Así, el incumplimiento del obligado con deberes esenciales respecto de sus hijos, vulnerando derechos humanos básicos de uno de los grupos más desprotegidos de la sociedad, importa además ejercer violencia de género de tipo económica en contra de la progenitora, en los términos del artículo 5° de la ley de Protección Integral a las Mujeres n° 26.485. Adviértase, entonces, que la falta de pago de la mentada cuota alimentaria afecta directamente a la madre, pues ocasiona un deterioro de su situación económica, ya que debe cubrir de manera casi exclusiva las necesidades materiales de sus hijos, con la consiguiente limitación injustificada de sus propios recursos económicos…”.
3. Derecho de familias. Alimentos. Derecho a la alimentación. Medidas cautelares. Admisibilidad. Tutela judicial efectiva. Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Americana de Derechos humanos. Convención Americana de Derechos Humanos. Sentencia. Ejecución de sentencia.
“[N]o pude perderse de vista que la idea central que emerge de la doctrina especializada y jurisprudencia prácticamente uniforme, es que los objetivos de la normativa del derecho de familia, especialmente cuando está en juego el derecho alimentario, deben prevalecer sobre cuestiones formales y/o procedimentales. Por lo tanto, los presupuestos de admisibilidad procesal de las medidas en la materia deben ser analizados con criterio amplio y flexible, razón por la cual los jueces están autorizados a tomar todas aquellas medidas que considere útiles para lograr la percepción de la cuota. Todo ello con la provisoriedad y mutabilidad propia de este tipo de cuestiones.
También debe estarse al principio de tutela judicial efectiva, reconocido en numerosas convenciones y declaraciones internacionales (art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y receptado además por el artículo 706 del Código Civil y Comercial Nación.
[S]e ha concluido que una vez determinado el monto de la cuota alimentaria, mediante convenio o sentencia, el obligado solo se libera de su obligación cumpliendo lo debido. Es que el acuerdo homologado y las sentencias de alimentos –este último es el caso de autos– conservan su fuerza ejecutoria hasta tanto se dicte un pronunciamiento, disminuyéndola o haciendo cesar la obligación en los términos del artículo 650 del Código Procesal o, en su caso, se arribe a un nuevo acuerdo homologado por el órgano jurisdiccional […].
Ahora bien, bajo la órbita de la normativa vigente en la materia, puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos (art. 550 CCCN). De modo tal que, dada la naturaleza asistencial y urgente de la cuota alimentaria y el carácter provisional de las medidas cautelares, corresponde admitirlas para garantizar la percepción de alimentos –tanto los ya devengados como los futuros–, cuando pueda inferirse que existe riesgo de que el obligado se insolvente para eludir el pago de la cuota alimentaria o concurran causales objetivas que tornen incierta la percepción de la cuota…”.
RESPONSABILIDAD PARENTAL; ALIMENTOS; INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DEBER DE CUIDADO; CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIDAS CAUTELARES; RAZONABILIDAD; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA ECONÓMICA; DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; ACTOS ADMINISTRATIVOS; FAMILIAS; CUIDADO PERSONAL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; VULNERABILIDAD; DERECHOS HUMANOS; ADMISIBILIDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; SENTENCIA; EJECUCIÓN DE SENTENCIA;
GJJ (causa Nº O-2RO-95-F11-21)Unidad Procesal de Familia Nº 11, General Roca, Río Negro
La Unidad Procesal de Familia Nº 11 de General Roca, Río Negro, hizo lugar a la demanda y otorgó la adopción plena del niño a la pareja de señores (jueza Revsin).
1. LGBTIQ. Personas con discapacidad. Adopción. Proceso.
“Al avanzar con el proceso de selección, la decisión se inclinó hacia esta pareja porque se valoró que por sus experiencias de vida eran dos personas que entendían muy bien lo que significaba vivir en una sociedad que muchas veces es hostil con las personas que no se encuentran en los estándares medios y estas vivencias los habían fortalecido de modo que son personas que gozan de sus derechos y que tienen muy aceitados los mecanismos para eliminar aquellas barreras que la sociedad tiene levantadas. Notamos que ellos no solo empatizan con la situación [del niño] sino que también lo comprenden y son grandes maestros para enseñarle cómo vivir de un modo pleno”.
“No [se puede] desconocer que [se tuvo] reparo cuando [se supo] que una de las parejas inscriptas estaba integrada por dos personas sordas, porque [se dudaba] cómo podrían interactuar con un niño que tenía tantas dificultades para comunicarse. Por suerte, esos reparos –a los que en debida forma [debe llamarse] `prejuicios´, los que aún [se tienen] pese a nuestra formación y compromiso con los derechos humanos y los que tenemos que detectar y aceptar para poder propiciar cambios en nosotrxs mismxs– no impidieron que citemos a [ambos señores] para conocerlos en persona y permitirles que pudieran enseñarnos aspectos muy interesantes de sus vidas cotidianas. Este contacto […] hizo apreciar que se iban a poder comunicar con el niño sin mayores inconvenientes, porque tienen suficientes recursos para ello y, de algún modo, encontrarían caminos para superar nuevos desafíos”.
2. Adopción. Niños niñas y adolescentes. Protección de menores. Derecho a la identidad. Socioafectividad.
“Al [advertirse] que en la práctica tribunalicia (de todo el país, tal como se ve en las noticias) suele haber cierto desaire hacia estas familias de tránsito en el momento de trabajar la inclusión en la familia adoptiva, [resulta] importante mencionar que nuestro actual Código Civil y Comercial propone un sistema de adopción que tiene como centro la observación de los derechos de lxs niñxs o adolescentes y para ello [se debe] analizar su vida desde una manera lineal, por lo cual, es importante el respeto de su derecho a conocer su realidad biológica, los motivos por los cuales la vinculación con esa familia se vio interrumpida y también qué pasó entre ese momento de sus vidas y el día en que inicia la nueva convivencia familia (todo ello es parte de `sus orígenes´). En este período intermedio están las familias solidarias y, desde el sistema legal de protección integral (ley 26.061), se pretende que este período se transite en grupos familiares en lugar de estar viviendo en instituciones, lo cual trae muchísimos beneficios. Permitir que lxs niñxs y adolescentes cesen la convivencia con esta familia de una manera afectuosa y respetarles que mantengan una vinculación con estos referentes afectivos –con quienes han generado una relación familiar socioafectiva–, es un aspecto muy relevante dentro del análisis de su interés superior. Por ello, facilitar la comunicación directa entre la familia solidaria y la adoptiva es una circunstancia que debe ser propiciada ([decimos] `propiciada´, no `impuesta´) por los tribunales porque favorece los derechos de estxs niñxs y adolescentes”.
3. Adopción. Familia. Filiación. Interés superior del niño.
“Con todo lo que hemos apreciado durante estos meses, no [cabe] dudas que la familia elegida para [el niño] es la mejor que [se ha] podido seleccionar y que esta idea inicial de que [los señores] iban a comprender [al niño] y desde ese lugar de comprensión iban a pensar y poner en práctica las mejores estrategias para su crianza, quedó confirmada con el paso del tiempo. Su proyecto familiar cuenta con un sólido acompañamiento de familiares y amigxs, que en ocasiones funcionan como apoyos, y aportan beneficios a la dinámica familiar para que tengan una buena calidad de vida. La valoración de las pruebas agregadas en el expediente me lleva a concluir que el vínculo paterno-filial se ha formado, que esta vinculación permite la identificación [del niño] como hijo de [ambas personas] (a quienes reconoce y busca cuando necesita contención) y que entre los tres forman un grupo familiar nuclear con las características de homogeneidad que los unen y distinguen frente al resto de la sociedad e integran una familia ampliada en la que [el niño] también ha logrado sentir su pertenencia, al igual que con la pertenencia al grupo de amistades cercanas de sus papás, importantes referentes afectivos.
Consecuentemente, esta relación se observa como muy beneficiosa para el niño, quien tiene sus derechos satisfechos en los términos pretendidos por la Convención sobre Derechos de los Niños. Por su parte, de las pruebas obrantes se puede inferir que esto tiene la misma proyección hacia el futuro, motivo por el cual es positivo el emplazamiento filiatorio pretendido pues le dará a esta unión estabilidad y continuidad.
Por lo tanto, [debe concluirse] en que el otorgamiento de la adopción plena del niño […] a lxs Sres. […] satisface plenamente el interés superior de este niño, cumpliéndose con esta decisión con el control de los recaudos que están establecidos en las leyes que regulan este proceso y con los principios y directivas de jerarquía supralegal. En este sentido, las Directrices de Riad destacan que `se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el desplazamiento de un lugar a otro´ (Directriz 14 de Riad, elaborado por la Asamblea General de la ONU en el año 1990)”.
4. Nombre. Adopción. Derecho a la identidad.
“Respecto a la modificación del segundo nombre de pila del niño, considero que los fundamentos expresados por [la pareja] son absolutamente atendibles. [N]o es un nombre con el cual él se sienta identificado, por cuanto nunca lo ha usado. Por ende, no observo una afección a su identidad si se produce esta modificación y se lo reemplaza por [el solicitado]. En cambio, sí produce un cambio que es muy beneficioso para sus padres porque es cierto que este otro nombre les resulta más sencillo de pronunciar y les facilitaría la tarea de informar el nombre de su hijo, tal como lo indicaron cuando estuvimos en la audiencia. Se trata de una petición que no altera la regla prevista en el art. 623 CCiv y Com y conjuga en forma adecuada el derecho del niño con el derecho de estas personas adultas que están peticionado la modificación...”.
LGBTIQ; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ADOPCIÓN; PROCESO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD; DERECHO A LA IDENTIDAD; SOCIOAFECTIVIDAD; FAMILIAS; FILIACIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NOMBRE;
Escobar Mamani (causa Nº 2662)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría II
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía declaró la prescripción de la acción sancionatoria de la Dirección Nacional de Migraciones (jueces Picado y Lerriera).
1. Procedimiento administrativo. Dirección Nacional de Migraciones. Prescripción. Notificación. Sanciones administrativas.
“En cuanto al impulso del procedimiento administrativo de parte de la Dirección Nacional de Migraciones como acto tendiente a interrumpir la prescripción, [se considera] acertada la conclusión a la que arriba el fiscal, la cual sostuvo en cada oportunidad en que intervino en las presentes actuaciones.
[S]i bien la notificación como acto jurídico podría ser tenida como una secuela del procedimiento administrativo –causal de interrupción de la prescripción en los términos del art. 97 de la ley 25.871–, resultaría forzado pretender que las diligencias tendientes a llevar a cabo esa notificación también lo sean.
Ello, en el entendimiento de que la prescripción apunta a poner un límite al ejercicio del ius puniendi estatal, en tanto evita someter al particular a tal legítima potestad en forma irrestricta. Es decir, el instituto de la prescripción de la acción sancionatoria implica un límite temporal al poder sancionador del Estado, por lo que, tal como aduce el fiscal, considerar a una sola gestión por parte de la DNM destinada a llevar a cabo una notificación, como `secuela del procedimiento administrativo´, implicaría desnaturalizar tal facultad en desmedro del particular ante la autoridad.
En esa exégesis, el artículo 40 del Decreto 1759/72 reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, dispone que las notificaciones se deben diligenciar dentro de los cinco días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación, disponiendo, a su vez, la invalidez de las que se realizan en contravención a las normas precedentes (artículo 44 del mencionado decreto)”.
2. Procedimiento administrativo. Debido proceso. Derechos y garantías. Jurisprudencia.
“Asimismo, resulta atendible la postura de la CSJN en el fallo `Losicer´. Allí, nuestro alto Tribunal determinó que las garantías del artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos resultan aplicables de forma directa al procedimiento administrativo sumarial, enunciando específicamente las garantías de inviolabilidad de defensa en juicio, debido proceso legal, presunción de inocencia, y el derecho a obtener una decisión en el plazo razonable como corolario del derecho de defensa (`Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA´, sentencia del 26 de junio de 2012), reafirmando de esta manera, que la aplicación de las garantías a todo tipo de procedimiento sancionador de la Administración se da por aplicación directa –so pena de responsabilidad internacional– de las garantías reconocidas en los instrumentos internacionales”.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; PRESCRIPCIÓN; NOTIFICACIÓN; SANCIONES ADMINISTRATIVAS; DEBIDO PROCESO; DERECHOS Y GARANTÍAS; JURISPRUDENCIA;
Tapia (reg. N° 1942 y causa N° 241)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso, anuló la resolución impugnada y reenvío el caso al juzgado de origen (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Reforma legal. Vigencia de la ley. Principio de legalidad. Retroactividad de la ley. Ley penal más benigna.
“[E]l principio de legalidad contiene la exigencia de someter la actividad penal del Estado a una ley previa a los hechos que se quieren sancionar, lo que impide su retroactividad. Este principio, de rango constitucional, debe ser interpretado de modo tal que no resulten aplicables las leyes penales de modo retroactivo, excepto que sean más benignas. Además, esta ley previa supone fundamentalmente el precepto y la sanción, pero asume igualmente institutos y consecuencias vinculados con ellos, tal como el caso de autos, en donde las modificaciones introducidas por la ley 27.375 —si bien […] no encuentran reparos constitucionales— impiden que el encausado pueda acceder a la libertad condicional pretendida”.
“[L]a ley aplicable al encartado resulta ser la N° 24.660, antes de la reforma introducida por la ley 27.375, en tanto era la ley vigente al momento de la comisión del primero de los hechos por los cuales recibió reproche penal y que, además, resulta ser la ley penal más benigna para el condenado”.
2. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Reforma legal. Vigencia de la ley. Unificación de penas.
“[E]n casos [en los que convergen hechos cometidos bajo la vigencia de la ley Nº 24.660, previos a la reforma introducida por la ley Nº 27.375, y hechos posteriores a la reforma], no resulta posible aplicar parcialmente dos regímenes distintos de ejecución de pena, dado que el tratamiento penitenciario no puede escindirse en función de las diversas condenas unificadas”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; RETROACTIVIDAD DE LA LEY; LEY PENAL MÁS BENIGNA; UNIFICACIÓN DE PENAS;
SGL (causa Nº 2006)Tribunal Colegiado de Instancia Única Civil de Familia, 4º nominación, Rosario
El Tribunal Colegiado de Instancia Única Civil de Familia, 4º Nominación, Rosario, hizo parcialmente lugar a la demanda. De esa manera autorizó a VSS y a ARRV como progenitores intencionales y a GLS como gestante a realizarse la técnica médica de reproducción asistida de gestación por sustitución, mediante la transferencia de embriones. También, ordenó que el niño/niña que naciere de esa práctica sea inscripto ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas como hijo o hija de VSS y a ARRV. Por último, determinó que el niño/niña que naciere de esa práctica no tendrá vínculo jurídico con la señora GLS (juez Antelo).
1. Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Gestación por sustitución. Voluntad procreacional. Jurisprudencia.
“Son ciertamente numerosos los precedentes jurisprudenciales emitidos en causas cuyo objeto es de similares características al de los presentes, siendo de utilidad acudir a las consideraciones que los Dres. Kiper y Fajre efectúan al analizar la materia en uno de ellos.
Afirman los Sres. Vocales citados `El nuevo Cód. Civ. y Com. de la Nación, ha incorporado una tercera fuente de la filiación. Además de la filiación por naturaleza y de la filiación por adopción, el actual art. 558 contempla la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Por imperio de dicha normativa, la filiación por TRHA se encuentra en igualdad de condiciones y efectos que la filiación por naturaleza o por adopción, con el límite de dos vínculos filiales. Estas TRHA, han sido definidas como el conjunto de métodos o técnicas médicas que, a través de la unión de gametos (extracción quirúrgica de los óvulos del ovario de la mujer y su combinación con el esperma) conducen a facilitar o sustituir a los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación humana. Se trata de técnicas que permiten la procreación de un ser humano sin necesidad de la previa unión sexual entre un hombre y una mujer […]. Según se sostiene, a partir de su utilización se ha ensanchado considerablemente la generación de nuevos núcleos familiares, tanto tradicionales como no tradicionales, en tanto si bien podremos hablar de la utilización de estas técnicas en los casos de imposibilidad biológica de acceder a la maternidad para parejas heterosexuales —casadas o no— y dentro del marco de la llamada fecundación homóloga; también y fundamentalmente habilitan paternidades y maternidades inconcebibles años atrás tales como la maternidad o paternidad en casos de esterilidad, maternidad sin paternidad, paternidad sin maternidad, paternidad y/o maternidad de los miembros de una pareja homosexual […]. El eje central en que se asienta la determinación de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida es la llamada voluntad procreacional, que se evidencia en la intención de ser padres, con total independencia del aporte del material genético´ [...].
Al avanzar en el análisis de la figura a la que pretenden acudir los peticionantes, surge que en doctrina se la identifica como `el compromiso, acuerdo, convenio gratuito u oneroso, entre una mujer, llamada `mujer gestante’, a través del cual ésta acepta someterse a técnicas de reproducción asistida para llevar a cabo la gestación en favor de una persona o pareja comitente, llamados él o los `subrogantes´, a quien o a quienes se compromete a entregar el niño o niños que pudieran nacer, sin que se produzca vínculo de filiación alguno con la mujer gestante, sino con él o los subrogantes nacer´…”.
2. Gestación por sustitución. Ley aplicable. Principio de legalidad. Interpretación de la ley. Declaración de inconstitucionalidad.
“[S]e ve conveniente en primer lugar determinar si efectivamente la gestación por sustitución, en los términos que fue conceptualizada, se encuentra regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación, para en caso afirmativo, resolver si el artículo 562 del mismo cuerpo legal supera el test de constitucionalidad y convencionalidad.

Por las razones que se pasan a dar, la respuesta negativa se impone en torno a la primer cuestión.
Es que si bien en el Anteproyecto de Ley se regulaba expresamente la figura en cuestión, previendo un proceso judicial con reglas propias que culminaría con una decisión judicial de autorización, la discusión parlamentaria cercenó dicha posibilidad al pasar por el Senado de la Nación en el año 2012, con acento puntual durante el debate en el dictamen de la Comisión Bicameral, en que la maternidad por sustitución `...encierra dilemas éticos y jurídicos de gran envergadura que ameritan un debate más profundo de carácter interdisciplinario. En este contexto de incertidumbre y cuasi silencio legal en el derecho comparado, se propone de manera precautoria, eliminar la gestación por sustitución del proyecto de reforma´”.

“Por consiguiente, y atento la evidente falta de previsión legislativa, es de aplicación obligada el principio de reserva o de legalidad fijado en el artículo 19 de la CN, con lo que todo lo que no está prohibido se encuentra permitido, no siendo necesario entonces invalidar la norma tal como lo proponen los actores.
Amén de ello, y en respuesta al panorama legal, la situación fue objeto de debate en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca llevadas a cabo en el año 2015. Allí la Comisión de Familia concluyó por unanimidad que esta no era una situación de anomia para los jueces, los que deben resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada (art. 3 del CCyC), y que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados internacionales sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.
3. Derecho a la vida privada y familiar. Familia. Derecho a la integridad personal.
“[E]l derecho a la vida privada y familiar encuentra amparo en lo normado en los artículos 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, formando parte de este derecho el vedar toda invasión o agresión abusiva o arbitrarias, fuera de terceros o de la autoridad pública.
Íntimamente vinculado a este derecho se encuentra el de fundar una familia, derecho que se encuentra tutelado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17, cuando dispone que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, reconociendo asimismo el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, con especial referencia a evitar todo tipo de discriminación (cfme. artículo 24 del mismo cuerpo legal). En similares términos se encuentra redactado en artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo VI de la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre, y el artículo 15 del Protocolo de San Salvador.
Estrechamente asociados a los derechos ya enunciados, es el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral, pautado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no siendo sobreabundante anclar la cuestión con el derecho a la libertad y a la seguridad personales, artículo 7.1 allí fijado”.
4. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Autonomía.
“La autonomía reproductiva es otro derecho en juego en autos, siendo que cuenta también con claro respaldo supraconstitucional. Sobre este tópico, la Dra. Alicia Galleto como Jueza de trámite de este Tribunal Colegiado de Familia que integra quien suscribe, y en causa ya citada en este decisorio sostiene que este derecho (que se encuentra expresamente reconocido en la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer art. 10, 11 y 16), conlleva el de decidir libre y responsablemente el números de los hijos y el intervalo de los nacimientos y tener acceso a la información, a la educación y a los medios que le permitan ejercer estos derechos. Los derechos reproductivos abarcan derechos humanos reconocidos tanto en leyes nacionales –Ley 25.673, 26.862– como en instrumentos internacionales de derechos humanos y se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y de disponer de la información y de los medios para ellos y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; abarcando el derecho a acceder a la tecnología médica necesaria para satisfacer ese derecho (art. 15 P.I.D.E.S.C). Consagrar un derecho y no asegurar los recursos para garantizar el efectivo disfrute del mismo, equivale a la no existencia del derecho. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 14 ha dicho que el derecho a la salud sexual y el derecho a la salud reproductiva son una parte fundamental del derecho a la salud en particular e integran de manera interdependiente a todos los derechos humanos. Así como la sexualidad integra a las personas, los derechos sexuales y reproductivos integran su derecho a la salud. La salud genésica significa que la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y en que momento, y tiene derecho de estar informados y tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección.
Que tal como señalara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en `Artavia Murillo vs Costa Rica´, la salud debe entenderse como estado completo de bienestar, mental y social, y no solo ausencia de afecciones o enfermedades. Dentro del concepto de salud, se encuentra incluida la salud reproductiva, definida ésta como un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de afecciones o enfermedades, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos; abarcando la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos; de procrear y la libertad de decir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. Asimismo incluye el derecho de la mujer y el hombre a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad y acceso a medios eficaces, asequibles y aceptables, derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos y den las máximas posibilidades de tener hijos sanos”.
FILIACIÓN; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN; VOLUNTAD PROCREACIONAL; JURISPRUDENCIA; LEY APLICABLE; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; FAMILIAS; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS REPRODUCTIVOS; AUTONOMÍA;
Haller (Causa N° 79385)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 29 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal hizo lugar a la reparación integral ofrecida e intimó a la defensa a presentar el cumplimiento de la donación (juez Navarro).
1. Reparación. Reforma legal. Interpretación de la ley. Vías alternativas. Comisión Bicameral. Economía procesal.
“Desde el punto de vista formal, el instituto fue diseñado por el legislador como una medida alternativa de solución de conflictos, con la finalidad de dotar de mayor eficiencia y celeridad al trámite de los expedientes, evitar demoras en procesos poco complejos y lograr un mejor servicio de administración de justicia”.
“[L]os medios alternativos de solución de conflictos son las herramientas que mejor se adecuan al restablecimiento de la armonía entre las partes y a garantizar la paz social, siendo ese uno de los objetivos que tuvo la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, al poner en vigencia los arts. 22, 31, 34, 80 y 81 oportunidad en la que señaló que son herramientas propias de los sistemas acusatorios que permiten gestionar eficazmente la carga del trabajo y orientar los mayores esfuerzos de investigación a los casos complejos”.
“[De las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad] se desprende que [las medidas no privativas de la libertad] tienen por objeto favorecer una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal —especialmente en lo que respecta al tratamiento de los justiciables—, así como fomentar entre los imputados el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad, para alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los justiciables, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito”.
“De la descripción de los hechos se advierte, […] que estamos ante un delito sin violencia en las personas (Cfr. art. 34 del CPPF). En ese orden, las cuestiones apuntadas, permiten tal como lo peticionaron las partes, intentar solucionar el conflicto mediante alguna vía de solución alternativa, que bien podría ser la conciliación o la reparación integral”.
2. Reparación. Ministerio Público Fiscal. Consentimiento fiscal. Obligatoriedad. Principio de imparcialidad. Principio de contradicción. Principio acusatorio.
“[E]l dictamen favorable del titular del Ministerio Público Fiscal —en tanto que se encuentra legal y razonablemente fundado—, resulta vinculante para el Suscripto, puesto que en tal caso, al carecer de jurisdicción para impulsar el proceso, de hacerlo como mínimo violaría los principios de imparcialidad y contradicción entre las partes —a que al haber prestado las partes su consentimiento a la resolución del conflicto por ésta vía legal, prevista y vigente en el código de fondo, no existiría controversia alguna que resolver—”.
REPARACIÓN; REFORMA LEGAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VÍAS ALTERNATIVAS; COMISIÓN BICAMERAL; ECONOMÍA PROCESAL; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; CONSENTIMIENTO FISCAL; OBLIGATORIEDAD; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN;
Casco (reg. N° 1901 y causa N° 3870)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, casó la sentencia y condenó a MYC por el delito de explotación económica de la prostitución ajena, a SC por el delito de promoción y facilitación de la prostitución ajena y absolvió a IP y a CKR (jueces Mahiques y Yacobucci). A su vez, por unanimidad, casó y anuló de manera parcial el decomiso de uno de los inmuebles, apartó al tribunal de origen y remitió las actuaciones al tribunal que resultara desinsaculado para que se pronunciara respecto de las penas y el decomiso (jueces Mahiques, Yacobucci y Slokar).
Voto del juez Mahiques, al que adhirió el juez Yacobucci.
1. Trata de personas. Victima. Autodeterminación. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba.
“[D]el cotejo y confronte de las declaraciones de las víctimas y de las profesionales que las entrevistaron, es posible afirmar que no surgen respecto de ninguno de los hechos investigados, elementos o indicadores determinantes que permitan encuadrar la conducta de los imputados en las previsiones de los arts. 145 bis y 145 ter del Código Penal. [N]o puede tenerse por probado que las conductas investigadas hayan efectivamente anulado o limitado el ámbito de autodeterminación de las víctimas o reducido su libertad de modo tal que no hayan contado con la posibilidad de tomar sus propias decisiones y elegir su propio proyecto de vida”.
“Aquellos relatos configuran una narrativa común en las entrevistadas, cuyo coincidente denominador es haber nacido y crecido en contextos socio-económicos desfavorables que las volvió personas vulnerables, aunque esta circunstancia no aparezca en el caso aprovechada por alguno de los imputados como una forma restringir el ámbito de su autodeterminación. En efecto, no surge indicio relevante alguno que indique que se utilizó con estas mujeres métodos de coerción o engaño que redujeran o anularan su capacidad de abandonar la actividad que ya venían ejerciendo antes de su concurrencia a los locales tantas veces mencionado”.
“[N]o hay evidencia en el caso de la ocurrencia de una limitación a la libertad de las damnificadas que haya entrañado la afectación de la dignidad humana con los alcances consignados en el tipo del penal del delito de trata de personas enrostrado. Es, en cambio, claro que no fue un supuesto de acogimiento ni recepción en los términos del art. 145 bis del CP, porque las trabajadoras salían e ingresaban a los locales a su aire, y conocían previamente la oferta y demás condiciones de utilización de los locales, sabiendo también cuales serían los beneficios y consecuencias de su decisión”.
2. Prostitución. Explotación sexual. Consentimiento. Tipicidad.
“No obstante lo anterior, los hechos verificados en este proceso no permiten relevar a MYC y SC de reproche jurídico penal. En efecto, en lo que atañe a la imputada MYC, del relato de las víctimas que trabajaban en [uno de los locales] quedó comprobado que la nombrada obtenía un rédito económico por el ejercicio de la prostitución ajena en el local que tenía bajo su administración, lo que habilita calificar su conducta como infracción al art. 127 del Código Penal.
La norma citada establece una pena de cuatro a seis años de prisión para aquel que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima. En este delito ingresa quien obtiene un lucro o beneficio económico por el ejercicio de la prostitución de otro cuando se verifique en un contexto de extrema vulnerabilidad en el que se suelen encontrar las personas que ejercen esta actividad. […] En el sub examine se encuentra probado que MYC tenía a su cargo el local […]. Existen numerosas pruebas que acreditan que en este local se ejercía la prostitución y que, mediante el mecanismo de ‘copas y pases’, la nombrada obtenía un porcentaje del rédito económico percibido por las víctimas”.
“La defensa alegó que existía una presunta cooperativa ‘de hecho’ entre la imputada y las víctimas. Para así sostenerlo, aludió al consentimiento prestado por estas últimas en cuanto a los porcentajes que obtenían y lo que le correspondía a la dueña del local. Sin embargo en una situación de tamaña asimetría y explotación por una de las partes, mal puede admitirse un ‘consentimiento’ a los fines de excluir la configuración del delito…”.
3. Prostitución. Victima. Consentimiento. Prueba. Apreciación de la prueba.
“En el caso de SC, los elementos probatorios reunidos no permiten, del modo en que acontece con MYC, arribar a la certeza de que la primera percibía un rédito económico por el ejercicio de la prostitución de las mujeres que trabajaban en [otro de los locales]. De las declaraciones de las victimas surge que la nombrada les indicó que no podían efectuar los ‘pases’ en el local porque ‘estaba prohibido’…”.
“En el referido escenario, con SC como encargada de [este local], ha quedado verificado que el ‘pase’ estaba precedido y relacionado directamente con la ‘copa’ en una suerte de lógica secuencia que comenzaba con la captación de los clientes dentro del local, y que muchas veces concluía con el comercio sexual. En ese contexto, el ‘copeo’, como la antesala del ‘pase’, sitúa a la encausada como protagonista y favorecedora insoslayable de la prostitución de las mujeres a las que, de ese modo, les ofrecía la posibilidad de obtener un beneficio en términos económicos. […] Entonces, la conducta de SC se adecua a la prevista en el art. 125 bis del Código Penal, que establece la pena de cuatro a seis años de prisión para aquel que promoviere o facilitare la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima, bastando la sola intención de beneficiarse y explotar la prostitución ajena”.
4. Trata de personas. Prueba. Apreciación de la prueba. Arbitrariedad. Deber de fundamentación. In dubio pro reo.
“En [los casos de IP y CKR] no solo medió errónea aplicación de la ley penal sino también una insuficiencia probatoria que deslegitima la condena dictada, convirtiéndola en arbitraria por falta de adecuada fundamentación. Es sabido que si bien los magistrados cuentan con un margen de discrecionalidad a la hora de valorar la prueba y seleccionar aquella útil y conducente a los fines del proceso, tienen siempre como límite la razonabilidad en la apreciación de la prueba producida y en el valor que esta asume para la determinación de los hechos. La irrazonable valoración de dicha prueba y la omisión de valorar elementos determinantes constituye un caso típico de arbitrariedad, que se verifica en el sub examine”.
“[L]a resolución en crisis adolece de defectos de fundamentación y valoración de la prueba que se describen como causales de arbitrariedad en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 123 del C.P.P.N). Esto, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos: 311:949 y 314:83), lo que conduce a descalificar a la resolución como acto jurisdiccional válido, por constituir el resultado de un análisis aislado y fragmentario del material probatorio producido durante el debate. […] De lo precedentemente expuesto, cabe concluir la absolución de IP y CKR por los delitos imputados en virtud del principio in dubio pro reo previsto en los arts. 3 del Código Procesal Penal y 18 de la Constitución Nacional…”.
4. Decomiso. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Arbitrariedad.
“Por último, asiste razón a la defensa de MYC en cuanto a que el tribunal omitió expedirse respecto de la invocada circunstancia de que en el inmueble conocido como Casanova -propiedad de la nombrada- reside su hijo, [persona con discapacidad] de 20 años de edad, por lo que, en el caso, su decomiso importaría una vulneración al derecho a una vivienda para el nombrado. En este punto, también la resolución se presenta arbitraria en tanto carece de la debida fundamentación (art. 123 C.P.P.N.)”.
Voto del juez Slokar.
1. Trata de personas. Prostitución. Vulnerabilidad. Culpabilidad. Pena. Determinación de la pena.
“[E]n las particularidades del sub examine donde las imputadas se encontraban inmersas en el mercado sexual desde hacía décadas, presentando un alto grado de vulnerabilidad y escasa instrucción, debe ser necesariamente atendido en el pronunciamiento […]. En tales condiciones, la sanción mínima de 8 años de prisión correspondiente a la calificación jurídica establecida se evidencia definitivamente excesiva y desproporcionada, habida cuenta las circunstancias personales de las encartadas y las condiciones en que se ejerció la explotación”.
“Efectivamente es el postulado de mínima irracionalidad de la reacción punitiva el que exige que ésta guarde proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad, lo que sólo se puede salvar entendiendo que ciertos mínimos legales son meramente indicativos…”.
“En definitiva, las historias de vida y el tránsito por situaciones de prostitución en condiciones de violencia y victimización por trata, sin haber recibido asistencia ni protección estatal alguna, ubica a las tres encausadas en circunstancias en que la comprensión sobre los alcances del texto legal resulta completamente ajeno a su propia experiencia en la misma clase de explotación que sufrieron y cometieron. En tal contexto, exigir un plus de responsabilidad a quienes se reconoce como personas que han sufrido violencia, explotación y vulnerabilidad deviene contrario a toda comprensión de la finalidad del principio de culpabilidad y, antes aún, de la ley de trata en particular”.
“En efecto, la violencia y la discriminación son relevantes no solamente respecto de las víctimas de esta clase de sucesos, sino que resultan también aplicables al momento de juzgar a las mujeres cuya victimización las empujó a cometer un delito. Es responsabilidad del Estado investigar con la debida diligencia estos aspectos y establecer las consecuencias jurídicas adecuadas. Así, la valoración de las vulnerabilidades sufridas por las víctimas sin atender a las situaciones de violencia y discriminación de las acusadas constituye un recorte arbitrario y generador de posible responsabilidad internacional que debe ser corregido en esta instancia. [Se propicia] al acuerdo hacer lugar parcialmente a los recursos de MYC, SC y CKR, anular las penas dispuestas y remitir las actuaciones a su origen a fin de que, por quien corresponda, se fije una nueva sanción, de conformidad con lo aquí decidido”.
TRATA DE PERSONAS; VICTIMA; AUTODETERMINACION; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; PROSTITUCIÓN; EXPLOTACIÓN SEXUAL; CONSENTIMIENTO; TIPICIDAD; ARBITRARIEDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; IN DUBIO PRO REO; DECOMISO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; CULPABILIDAD; PENA; DETERMINACIÓN DE LA PENA;
Fernandez (causa Nº 47118)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V
La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión (voto del  Alemany, al que adhirieron los jueces Treacy y Gallegos Fedreani).
1. Error judicial. Falta de servicio. Responsabilidad del Estado. Jurisprudencia.
“[C]abe señalar que en el caso no resulta aplicable la jurisprudencia de Fallos 317:1233 y sus citas, relativa a la responsabilidad por error judicial, porque la parte demandante no cuestiona el contenido de uno o más actos jurisdiccionales cuyas consecuencias deban ser dejadas sin efecto legal; sino en el concepto de la falta de servicio en que incurrieron a los órganos administrativos y judiciales que intervinieron en el caso, de conformidad con la doctrina de Fallos 306:2030, en razón de haber omitido adoptar de manera coordinada y articulada las medidas de seguridad razonablemente necesarias para prevenir el violento desenlace de la situación. En tal sentido, cabe recordar que `quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular en los términos del artículo 1112 del Código Civil […]. En un sentido análogo, los artículos 1º y 3 º de la ley 26.944 establecen que para que la responsabilidad sea atribuible al Estado el daño debe haber sido causado por una falta de servicio, consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado, que deriva de la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado”.
2. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención De Belém Do Pará). Protección integral de la mujer. Medidas precautorias.
“[C]abe señalar que la obligación de prevenir y garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin violencia no se desprende solamente de normas convencionales de derecho internacional, sino que se deriva de la propia legislación interna de la República Argentina. En efecto, la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, en vigencia al momento de los hechos, establece que las mujeres tienen derecho a recibir protección judicial urgente y preventiva se encuentren amenazados o vulnerados su derecho a una vida sin violencia y sin discriminaciones, a la salud y a la integridad física (cfr. artículo 16, inciso e), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3º). Asimismo, y frente a casos de denuncias, el artículo 26 establece que en cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar diverso tipo de medidas y, en general, toda `medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer´ (cfr. inciso a), pto. 7; la cursiva no es del original). El artículo 34, además, pone a cargo del/la juez/a el control de la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, y, de conformidad con el artículo 32, `cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal´”.
3. Vulnerabilidad. Víctimas. Violencia de género. Reglas de Brasilia. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No es posible soslayar el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres, y, en particular, quienes son víctimas de violencia. Por ello, en las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que corresponde aplicar de conformidad con la Acordada CSJN nro. 5/09, se establece que se debe prestar `una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna´. En un sentido concordante, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer aprobada por ley 24.632, también denominada `Convención de Belem do Pará´, establece en su artículo 7 que los Estados Partes deben `adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer´. La obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir situaciones de violencia no se limita a casos en los que esté involucrado directamente el Estado a través de sus agentes, sino que ésta obligación también se extiende a aquellos casos que resultan ser obra de un particular […].
Frente a casos concretos de violencia contra las mujeres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que `los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia´. Precisó que se debe contar con un adecuado marco jurídico de protección, `con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias´; y para ello, se deben tener en cuenta los factores de riesgo para que se pueda proporcionar una respuesta efectiva. En particular, adoptando medidas preventivas en `casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia´. Concretamente, señaló que `ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección´. Ello es así, porque los `Estados tienen, además de las obligaciones genéricas establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, obligaciones específicas a partir del tratado interamericano específico, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)´ […].
Además, porque la `violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es ´una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres´, que ´trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases´ […]. Por ello, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sostenido que la `definición de la discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada´, porque `impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre´…”.
4. Perspectiva de género. Debida diligencia. Falta de servicio.
“[D]esde un concepto del derecho con perspectiva de género, la responsabilidad del Estado fundada en la idea objetiva de falta de servicio (Fallos 306:2030) debe ser considerada de una manera específicamente adaptada a la singularidad de cada situación considerada en el caso; así lo exige el estándar de la `debida diligencia reforzada´ [...]; en el que se expresó que si bien el deber de investigar y prevenir constituye una obligación de medios y no de resultado, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa [...].
Del examen de las actuaciones, y de los agravios expuestos por las partes resulta que la actuación descoordinada de los funcionarios administrativos y judiciales, de los fiscales, defensores, y jueces, frente a una situación de violencia creciente que, a primera vista se evidenciaba como extremadamente peligrosa para la víctima y sus hijas, no puede ser sino considerada como un supuesto específico de prestación irregular del servicio de seguridad y del servicio de administración de justicia; cuya actuación revela un obrar contrario a las normas nacionales e internacionales que rigen esa materia. En éste ámbito, no es suficiente argumentar que cada uno de los órganos estatales intervinientes, aisladamente considerado, ajustó su actuación a las normas que regulan su competencia formal y material, ya que proceder de ese modo justamente constituye una manera de atender a la formalidad, más que cumplir con el deber jurídico prioritario de procurar la protección de la mujer en situación de riesgo por todos los medios que estén razonablemente a su alcance […].
Tal deber `pertenece a toda la estructura estatal´, y las ordenes o medidas de protección como las referidas `son vitales para garantizar la obligación de la debida diligencia en los casos de violencia doméstica´, porque `a menudo son el único recurso del cual disponen las mujeres víctimas y sus hijos e hijas para protegerse de un daño inminente. Sin embargo, sólo son efectivas si son implementadas con diligencia´ […].
5. Daños y perjuicios. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Incapacidad. Porcentaje de incapacidad.
“[C]abe recordar que en Fallos 342:2198 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la víctima resulte disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su vida […]. Asimismo, sostuvo que `no es necesario ajustarse a criterios matemáticos ni tampoco a los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como pauta de referencia. Debe tenerse en cuenta, además, las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y
los efectos que estas puedan tener en su vida laboral y de relación […]´. Además, y con relación a las cicatrices, no es posible soslayar que la suma fijada comprende lo reclamado en concepto daño estético, porque `más allá de la discriminación conceptual y las denominaciones empleadas, persiguen la reparación económica de las secuelas que la incapacidad originó en la víctima atendiendo a su incidencia en los múltiples ámbitos en que la persona proyecta su personalidad, dimensión a la que atiende el concepto resarcitorio en examen´…”.
ERROR JUDICIAL; FALTA DE SERVICIO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; JURISPRUDENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; MEDIDAS PRECAUTORIAS; VULNERABILIDAD; VICTIMA; VIOLENCIA DE GÉNERO; REGLAS DE BRASILIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; PERSPECTIVA DE GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; DAÑOS Y PERJUICIOS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; INCAPACIDAD; PORCENTAJE DE INCAPACIDAD;
Barriento (Causa n° 25901)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán
El Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo lugar al pedido de la defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 17 inciso I) b de la ley N° 24.660 (juez Jimenez Montilla).
1. Ejecución de la pena. Principio de reinserción social. Progresividad de la pena.
“[E]l diseño normativo referido a las penas privativas de la libertad en el derecho argentino está influenciado por los principios que informan la prevención especial positiva. En este sentido, la normativa que regula la ejecución de la pena fue pensada para que las personas privadas de la libertad fueran incorporando paulatinamente herramientas para su resocialización a través de su contacto con la vida extramuro, antes de cumplir con la pena. En esta dirección, piénsese en el sinsentido de la incorporación al medio libre sin antes haberle dado al interno la posibilidad de haber gozado de espacios de libertad paulatinos y progresivos”.
“La resocialización consagrada en las cláusulas constitucionales y convencionales, se ve desnaturalizada al impedirse la fluidez de la progresividad”.
2. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Cárceles. Ejecución de la pena.
“[E]s necesario reparar en la situación específica del sistema carcelario en [la] provincia [de Tucumán] y su deterioro. La situación de las cárceles y las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad motivó la presentación de numerosos hábeas corpus por parte del Ministerio Público de la Defensa […]. La permanencia en un encierro prolongado en estas circunstancias, sin tener ningún incentivo respecto a la posibilidad de salidas controladas al medio libre, salvo lo previsto en el art. 56 quáter, no contribuye a la resocialización consagrada constitucionalmente, sino que deteriora a quienes están privados/as de la libertad”.
3. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Reforma legal. Principio de reinserción social.
“[L]a presentación efectuada no puede ser afrontada sin la necesaria armonización de los principios que nutren la ley 24.660 con los dispositivos legales que regulan el acceso al régimen de semilibertad, debiendo ser la respuesta a que se llegue razonable y sistemática en función de los principios que informan a la misma.
En tal sentido, queda claro que para poder incorporarse al período de prueba es necesario que el condenado haya cumplido la mitad de la condena, según el caso (art. 15 inc. 2 a) según ley 27.375. Y a continuación, habiendo cumplido la mitad de la condena, se debe además, haber cumplido seis meses desde el ingreso al período de prueba (art. 17 inc. 1 b). Es decir que se produce un doble requisito temporal para poder gozar del régimen de semilibertad o de salidas transitorias: mitad de la condena (en el caso específico de la condena dictada en esta causa) más seis meses. De lo que lógicamente se deduce que esos seis meses servirán para consolidar los avances obtenidos en el régimen progresivo y poder acceder a los institutos morigeradores del encierro”.
4. Salidas transitorias. Principio de reinserción social. Ejecución de la pena. Declaración de inconstitucionalidad.
“[D]esde la óptica normativa y dentro del esquema de organización constitucional, no cabe ninguna duda de que es perfectamente razonable y legítimo el límite temporal previsto en el art. art. 15 inc. 2 a) según ley 27375, que por otra parte, es similar al que preveía la norma antes de la modificación, pues el legislador es soberano en darle contenido y forma a la política criminal del Estado.
Más no así el segundo plazo (el de seis meses desde el ingreso al período de prueba), porque demora, sin razón o utilidad alguna el ingreso al goce del régimen de semilibertad o de salidas transitorias y, por ende, se agrega un obstáculo adicional al curso del cumplimiento del encierro, posponiendo el logro del fin resocializador seis meses más.
Es aquí donde […] el dispositivo de la ley 24.660 es inconstitucional, en tanto ese plus de la permanencia en encierro, cuyo fundamento no está explicitado en la norma, es irrazonable y claramente no contribuye al logro del fin de resocialización consagrado constitucionalmente, sino que lo demora y por ende lo alarga sin fundamento alguno, deteriorando a quienes están privados de la libertad.[…] Atento a lo considerado precedentemente, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 17 inc. 1 b) de la ley 24.660”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; CÁRCELES; REFORMA LEGAL; SALIDAS TRANSITORIAS; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Cabrera López (causa N° 37628)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 10 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 10 de la Capital Federal absolvió al imputado y dispuso su inmediata libertad (voto del juez Noceti Achával, al que adhirieron las juezas Mora y Rodríguez).


1. Legítima defensa. Agresión ilegítima. Necesidad racional del medio empleado. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[E]l inciso 6° del artículo 34 del Código Penal establece que no es punible el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriere una agresión ilegítima; que existiere una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y que el que se defiende no haya provocado suficientemente la agresión.
En lo que respecta a la agresión ilegítima ninguna duda cabe de que [la víctima] y sus acompañantes acometieron contra [el imputado] a quien apremiaron con violencia en la soledad de una noche oscura y en el apretado espacio que brinda el interior de una villa de emergencia”.
“[L]a agresión a la que fue sometido [el imputado] era actual y se vio incrementada la violencia inicial de la agresión con la amenaza inminente e inmediata hacia su vida al observar el movimiento que [la víctima] habría realizado de extraer un arma de la cintura, resultando verosímil, para el imputado, que aquél se encontrara armado, debido a que, al conocerlo del barrio, sin dudas estaba al tanto de ciertos rasgos de su personalidad y sus costumbres ilícitas expuestas en el debate por su defensa y corroboradas por [testimonios]”.
“[E]l medio empleado por [el imputado] para repeler la agresión sufrida, fue racional pues, si se tiene en cuenta que se encontraba cercado por un agresor presuntamente armado, acompañado de otras dos personas, en un lugar y en un horario en el que no obtendría ninguna ayuda externa, puede afirmarse que guardó proporción con el ataque. Es decir, era superado en número y en poder vulnerante, por lo que, ante la inminencia de una mayor agresión, se vio compelido a extraer su arma de fuego en defensa de su vida.
Y, si la ponderación de la correspondencia entre ataque y defensa debe ser realizada sopesando cuidadosamente todas las circunstancias que rodearon al hecho (lugar, tiempo, modo y cantidad de intervinientes), dentro de las que se desplegó la acción defensiva, conforme se le exige a un hombre medio, pero frente a las modalidades concretas del caso, con mayor razón debe concluirse en que la situación que enfrentó [el imputado] (atendiendo a las características de su personalidad y a las de su agresor) lo colocaron en una clara necesidad de defenderse como lo hizo.
Además, no parece razonable que, dadas las condiciones en que la agresión se desarrolló, se le exija al imputado una respuesta distinta a la que tuvo, tal como blandir o exhibir su arma al agresor para repeler el ataque, pues ello desconocería los datos ya expuestos acerca del modo peligroso en que estaba siendo agredido. No parece adecuado, tampoco, obligarlo a esperar un mayor agravamiento de su situación para recién allí (y quien sabe en qué condiciones a esa altura) autorizarlo a esgrimir una defensa útil”.
2. Legítima defensa. Agresión ilegítima. Tipicidad. Error. Interpretación de la ley. Vulnerabilidad.
“[S]e verifican en el caso todos los elementos exigidos por el artículo 34 inciso 6° del Código Penal para tener por justificada la conducta [del imputado]. Sin embargo, al advertirse que [la víctima] no se encontraba armado, la situación a la que se enfrentó [el imputado] debe ser analizada desde la óptica de la ocurrencia de un error sobre un elemento objetivo de la justificación, análisis que exige realizar algunas aclaraciones previas […]. En el ámbito de la legítima defensa, debe existir una situación objetiva de agresión ilegítima contra una persona, que debe reaccionar mediante un medio necesario y racional y además no debe haber provocado suficientemente al agresor.
Esto significa que, desde el punto de vista intelectual, el autor que se defiende tiene que conocer todos estos datos externos que justificarían su reacción. Así surge de la frase inicial del inciso 6° del artículo 34 del Código Penal que requiere que se actúe ´en defensa de sus intereses o de sus derechos´. Esta partícula ´en´ pone énfasis precisamente en la necesidad de que el autor, además de conocer la situación de riesgo, proceda con un propósito de salvamento. Este es el dato subjetivo completo de la justificación o del permiso. Los errores que pueden operar respecto de las causas de justificación, a su vez, pueden distinguirse en tres categorías diferentes.
La primera se relaciona con la creencia del autor de estar actuando amparado en una causa de justificación que el orden jurídico no prevé; la segunda se presenta cuando el autor procede de acuerdo a una causa de justificación verdaderamente existente, pero a la que le asigna un alcance distinto al que la ley prevé; y la tercera cuando el permiso legalmente existe pero el autor se equivoca sobre la situación objetiva que autorizaría su comportamiento”.
“[El imputado] tenía buenas razones para presumir fundada y seriamente, que su vida corría peligro y que estaba ante una importante agresión que habilitaba su ejercicio defensivo, de modo que el error relacionado con la falsa creencia de que [la víctima] tenía consigo un arma de fuego, es un error inevitable”.
Ocurre que […] no solo el caso muestra a un imputado con marcadas condiciones personales que lo hacen más vulnerable debido a su escasa formación educativa y cultural; con un nulo sostén emocional del grupo familiar primario; con un déficit cognitivo y deterioro psíquico aumentado por la ingesta habitual de sustancias estupefacientes, sino que también exhibe a una víctima peligrosa, agresiva, prepotente que comúnmente mostraba su poder, frente a otros habitantes del barrio, portando armas de fuego”.
“El error en que incurrió [el imputado] acerca de la ´intensidad’ o ´gravedad’ de la agresión, no podía ser superado, en las circunstancias en que se desarrolló todo el episodio, ni aún con un mínimo esfuerzo pues, de acuerdo a lo ya sostenido, cualquier demora en defenderse como lo hizo el imputado, podía implicar para él (según su visión en ese momento), la frustración a la posibilidad útil de defenderse”.
3. Legítima defensa. Error. Prueba. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo
“[N]o podría aceptarse una condena que se basara en la conclusión de que el imputado no pudo acreditar que la víctima haya realizado un movimiento sospechoso y que lo llevó a presumir que se encontraba armada, pues, en rigor de verdad, lo que debe dilucidarse es si, con las pruebas rendidas durante el debate puede afirmarse, con certeza, que ese movimiento no existió. Lo contrario deja un resquicio a la duda y presenta el caso cuanto mucho, como una hipótesis de probabilidad o de verosimilitud, grados del conocimiento que no logran destruir el estado de inocencia del acusado con base en el ‘in dubio pro reo’ (artículo 3 del Código Procesal Penal).
Ello es así pues, ante la proposición que afirma que no se pudo acreditar la existencia de aquel movimiento sospechoso, puede postularse que también es formalmente cierto que no se pudo acreditar que ese movimiento no haya existido; y esta conclusión, por falta de certeza, impide la imposición de la condena. Y para ello lo que se debe valorar son las circunstancias que hicieron presumir tal situación, pero como [se dijo], desde la propia óptica subjetiva de apreciación del imputado”.
4. Legítima defensa. Armas de fuego. Portación de arma. Requerimiento de elevación a juicio. Acusación.
“[S]e desprende sin dificultad que [el imputado] también debe resultar absuelto en orden al delito de portación de arma de fuego de uso condicional por el que fue acusado por el Fiscal General. Ocurre que en el requerimiento de elevación a juicio, esa imputación se limitó temporalmente al momento en que el procesado dio muerte, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar ya especificadas, a [la víctima], sin abarcar momentos anteriores ni posteriores a ese suceso fatal.
Pese a ello, el acusador, basándose en la confesión del imputado durante el debate, solicitó la condena por la portación que, del arma de fuego usada para matar, ejerció [el imputado] desde el momento en que, según él mismo relató, la sustrajo a un vendedor de drogas del barrio donde vivía.
La acusación por ese hecho, no incluido en el requerimiento de elevación a juicio, no puede ser admitida pues ha sido expuesta contrariando el derecho de defensa en juicio al extralimitarse de la base fáctica fijada en la apertura del debate. De esa manera, al haber concluido que [el imputado], usando el arma de fuego, se defendió legítimamente de la agresión que estaba sufriendo, mal podría afirmarse, paralelamente, que ese uso constituyera una infracción penal.
Para ser más claro, si la ley le permitió al imputado usar el arma de fuego para defenderse, también abarca ese permiso la ineludible portación que debió producirse para poder efectuar los disparos”.
LEGÍTIMA DEFENSA; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; TIPICIDAD; ERROR; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; VULNERABILIDAD; IN DUBIO PRO REO; ARMAS DE FUEGO; PORTACIÓN DE ARMA; ACUSACIÓN; REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO;
Vila (causa N° 18857)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 10 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10, de manera unipersonal, concedió la excarcelación al condenado bajo caución juratoria (voto del juez Noceti Achával). 1. Ejecución de la pena. Libertad condicional. Abuso sexual. Pena. Vencimiento. Unificación de penas. Reforma legal. “[L]a situación procesal [del condenado] no puede ser encasillada en la prohibición de obtener su libertad condicional, tal como surge del artículo 14, inciso 2° del Código Penal, por cuanto habiendo agotado casi por completo la pena por el delito de abuso sexual, su mantenimiento en detención no lo es en el carácter de condenado por esa clase de delitos, sino por la revocación de la condenación condicional en orden al delito contra la propiedad, la administración pública y la integridad física. Así, por tratarse de un caso de unificación de penas ninguna discusión existe en cuanto a la subsistencia de la condena anterior; y encontrándose, como dije, agotada casi en su totalidad la pena por el delito contra la integridad sexual, no resulta aplicable al caso, la prohibición de la concesión de la libertad condicional y, consecuentemente, tampoco la de la excarcelación bajo ese régimen. En definitiva, advirtiendo que la situación procesal del imputado encuadra en las previsiones del inciso 5° del artículo 317 del Código Procesal Penal, se dispondrá su excarcelación bajo caución juratoria y con la imposición de las obligaciones previstas en los incisos 1°, 2°, 4° y 5° del artículo 13 del C.P…”.
EJECUCIÓN DE LA PENA; LIBERTAD CONDICIONAL; ABUSO SEXUAL; PENA; VENCIMIENTO; UNIFICACIÓN DE PENAS; REFORMA LEGAL;
BPMB (causa Nº 13-04199742)Suprema Corte de Justicia de Mendoza
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a la impugnación, anuló la sentencia y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Valerio y Adaro).
Juez Adaro
1. LGBTIQ. Perspectiva de género. Orientación sexual. No discriminación.
“El caso traído a resolver en esta oportunidad refiere a la situación atravesada por una mujer que, en razón de su orientación sexual, fue víctima de actos discriminatorios en su ambiente laboral, de los que no tan sólo derivaron consecuencias nocivas para su salud, sino que, además, nutrieron la decisión de desvincularla laboralmente de manera injustificada y arbitraria.
Tales circunstancias suponen indefectiblemente que el entendimiento que este órgano decisor realice, tanto del conflicto como de las pruebas sobre las que las partes fundan sus dichos, debe ejecutarse desde el enfoque de géneros; con las implicancias ineludibles que tal paradigma nos impone a la hora de entender los contextos en los que se producen las relaciones interpersonales y sus consecuencias; y de leer y dotar de contenido a las normas”.
2. Informes. Prueba de peritos. Deber de fundamentación.
“[S]i la sentenciante decide apartarse de lo establecido por las pericias incorporadas en la causa, debe fundar su disconformidad con otras pruebas rendidas en la causa que informen y demuestren lo contrario […] cuestión que no se vislumbra en estos autos.
De modo que ambos dictámenes resultan debidamente fundados y cumplen con las exigencias legales que debe contener una prueba pericial de conformidad con lo dispuesto por el art. 183 y conc. del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario.
[Debe agregarse], además, que, si la sentenciante descartó la pericia médica por considerar que carecía de la especialidad en psiquiatría, bien pudo –con el fin de dilucidar la procedencia o no de esa dolencia reclamada– dictar una medida para mejor proveer tendiente a tener un panorama más esclarecedor al respecto […] más aún teniendo en cuenta que la misma profesional médica expresó la posibilidad de solicitar una pericia psiquiátrica.
Esta Sala tiene dicho que el disenso con el dictamen técnico no puede ser antojadizo y arbitrario, ni puede el juez fundar su discrepancia sólo en su íntimo parecer, basándose exclusivamente en su particular modo de apreciar la cuestión, sino que debe apoyar su apartamiento de la prueba pericial en pautas y conceptos científicos o técnicos relativos a la misma materia sobre la que se expidió el experto, es menester que el criterio disidente tenga un serio y lógico apoyo científico que demuestre claramente el por qué los expertos han errado en su dictamen...”.
3. Derecho a la integridad personal. Prueba. Apreciación de la prueba. Acoso laboral.
“[E]xisten en la presente causa pruebas que demuestran que en el ámbito laboral la actora debió soportar un ambiente hostil y perjudicial para su salud y que ello no fue prevenido y menos aún reparado por la empleadora cuando sí tenía efectivo conocimiento de la situación siendo que la propia trabajadora comunicó mediante telegrama colacionado que sus afecciones obedecían a los maltratos y agresiones recibidas en el trabajo […].
En efecto, del examen anterior se demuestra que el empleador, a sabiendas de la situación de salud que estaba transitando la actora como consecuencia del ambiente laboral, incumplió la correspondiente obligación de resguardar la integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras a su cargo (artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, Ley 19.587).
Sobre el tema, nuestro Superior Tribunal Nacional ha resuelto que: `La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador, en síntesis, es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana. A conclusiones análogas conducen los instrumentos internacionales que enuncian el derecho del empleado tanto a condiciones de trabajo `equitativas y satisfactorias´ (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23.1) o `dignas´ (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XIV), cuanto a la protección en los supuestos de incapacidad, enfermedad o invalidez (arts. 25.1 y XVI, respectivamente). El art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), a su vez, después de reiterar la citada Declaración Universal en orden al derecho de toda persona al goce de `condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias´, especifica que éstas deben asegurar, la seguridad y la higiene en el trabajo y el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.´ (CSJN `Ascua, Luis Ricardo vs. SOMISA s. Cobro de pesos - Recurso de hecho´ . 10/08/2010)”.
4. Violencia de género. Actos discriminatorios. Carga de la prueba.
“En cuanto a las razones que sirvieron como fundamento a los actos de violencia perpetrados contra la actora –de los que derivó la enfermedad laboral que la misma reclama–, debe ponerse en evidencia el alto contenido discriminatorio que las atraviesa.
Tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de Nación `la discriminación no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable, de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que patente, y difícil de demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a la diferencia de trato está en la mente de su autor´ (CSJN, `Sisnero´ Fallos 337:611).
Por ello es que en estas situaciones, para la parte que invoca un acto discriminatorio resulta suficiente `con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación, y la evaluación de uno y otro extremo, es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica´ (Fallos 334:1387 `Pellicori´).
Pues bien, la Justicia del caso amerita no tan solo advertir, con rigor de verdad, respecto de la existencia de los actos de violencia ejecutados contra la actora sino, además, vislumbrar el contexto de discriminación en que los mismos fueron consumados, y adoptar medidas en consecuencia”.
5. Trabajo de mujeres o niños. Igualdad. Principio de dignidad humana. Violencia de género. Ley aplicable.
“Sobre la situación de las mujeres trabajadoras tengo dicho en precedente `Montani´ […] que el derecho de la mujer trabajadora a que sean respetadas sus garantías constitucionales y convencionales, en pie de igualdad con el hombre, exige una mirada con perspectiva de género, bajo el paradigma social que supone que la mujer trabajadora sufre una vulnerabilidad especial que requiere tutela para su no discriminación.
a. La desigualdad del hombre y la mujer, construida a partir de patrones socio-culturales, da lugar a la violencia estructural contra la mujer que encuentra su fundamento en las relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos.
b. Asimismo, la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza […].
c. Cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres, en cualquier ámbito –incluido el laboral–, atenta no solamente contra el derecho a la igualdad y a la no discriminación, sino que también afecta al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; todos derechos protegidos por los distintos regímenes legales: Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), Convenios OIT N°111, Convenio N°156, Convenio Nº190 sobre la violencia y el acoso en el ámbito laboral, ratificado por Ley N° 27580, Arts. 14, 14 bis, 16 y 75 inc 22 y 23 de la Constitución Nacional; la ley 23.592, la Ley 26.485 y su decreto reglamentario 1011/2010 de `Protección Integral de las Mujeres´, arts. 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo y ley provincial 9263”.
6. LGBTIQ. Actos discriminatorios. Categorías sospechosas. Acoso laboral. Control de convencionalidad. Orientación sexual. Perspectiva de interseccionalidad.
“En adhesión a la observancia de tales premisas –que arrojan luz en aras de entender el contexto patriarcal en el que sostienen las relaciones interpersonales de las mujeres y se las jerarquiza– se encuentran presentes en este conflicto otras variables de las cuales se desprenden las conductas discriminatorias que se acusan; y que tienen que ver con la pertenencia de la actora al colectivo LGBTI.
De manera tal que la discriminación que se advierte como presente en la matriz del presente conflicto da cuenta de criterios interseccionales, en tanto resulta de la intersección de diversas categorías prohibidas que dan como resultado una forma determinada de discriminación con características específicas […]. Recuérdese que la discriminación interseccional no sólo se refiere a la discriminación basada en diferentes motivos, sino que atiende a la concurrencia simultánea de diversas causas de discriminación que pueden tener un efecto sinérgico, superior a la simple suma de varias formas de discriminación, y que combinadas generan un tipo particular de discriminación […].
Al respecto, tiene dicho la jurisprudencia interamericana que `el hecho que la orientación sexual y la identidad de género sean consideradas categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención, implica que toda diferencia de trato basada en tales criterios debe ser considerada `sospechosa´, y en consecuencia `se presume incompatible con la Convención Americana´ (CIDH, Reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, diciembre de 2018; par. 32).
De esta manera, surgen […] obligaciones de diferentes niveles que [deben atenderse]: la primera, analizar desde un enfoque de géneros con perspectiva de derechos humanos de las personas LGTBI el conflicto traído a colación; pero, además, realizar un control de convencionalidad respecto de otras cuestiones que, no habiendo sido traídas a resolver en los presentes autos, ameritan un pronunciamiento respecto del verdadero fundamento que las soslaya: esto es, en concreto, los evidentes tintes discriminatorios que ostenta el despido del que fue objeto la actora, anclados esencialmente en razón de su pertenencia al colectivo LGTBI –a cuyo respecto se firmó convenio ante la Subsecretaría de Trabajo en fecha 03/10/2017–”.
“Al respecto, considero que al analizar la situación particular de [la mujer] surge que a la desigualdad propia que se evidencia de por sí en el vínculo laboral (art. 17 bis ley 20.744) se añadió la discriminación a la fue sometida en razón de su orientación sexual, hechos que motivaron los persistentes y reiterados actos hostiles que desencadenaron su malestar psíquico. Circunstancias que, por lo demás, deben ser ancladas en contextos culturales signados por la existencia de múltiples barreras que dificultan tanto el acceso a un puesto laboral como la protección de los derechos en el ambiente laboral respecto a las personas de la comunidad LGTBI, como es el caso bajo análisis.
De este modo, corresponde velar por la efectiva de la protección de los derechos humanos de un colectivo en especial situación de vulnerabilidad, tal como ha sido identificado el colectivo LGTBI. Ello, en tanto ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual […]; sumado a que el derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas (Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239; par. 133) […].
En virtud de todo ello, y ciñendo mi análisis de la situación traída a resolver al test de criterio estricto que me ordena la Corte IDH cuando se ven involucradas categorías sospechosas ante un posible acto de discriminación, no encuentro razones ni pruebas que sirvan para desterrar la hipótesis de que las razones de su despido fueron arbitrarias y estuvieron fundadas en su condición de mujer con una orientación sexual distinta a las demás personas que trabajan en el registro […]; por el contrario, surge de las actuaciones obrantes en autos la vinculación evidente entre el mal trato y el hostigamiento sufrido por la actora y su orientación sexual.
Expresar tales consideraciones con esta claridad, más allá del convenio alcanzado entre las partes […], se vuelve ineludible, por cuanto supone echar luz sobre prácticas discriminatorias que suceden en el ámbito laboral en perjuicio de las personas LGTBI”.
Juez Valerio
1. Violencia de género. Violencia económica. Niños Niñas y Adolescentes. Orientación sexual.
“[L]a lesión no sólo al proyecto de vida privada sufrido por la trabajadora, sino también a su hijo menor de edad, como consecuencia de la reticencia en materia económica por parte del empleador, violentando así el derecho del niño a `…un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social…` (art. 27 de la Convención de los Derechos del Niño, de raigambre constitucional, art. 75.22 C.N.). Como dije, la actora, gozaba plenamente del derecho a elegir en forma libre su pareja, de acuerdo con su orientación sexual y a realizar su proyecto personal de vida, pero sin desmedro o afectación alguna a los derechos que, a su vez, titularizaba su hijo en forma indiscutible, en virtud de la protección brindada a todos estos derechos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, vigente a nivel interno a través del Bloque de Constitucionalidad Federal (art. 75.22 C.N.).
Lo analizado en el punto anterior […] lleva a tratar otro aspecto relacionado con la violencia económica de la que fue víctima la actora, acentuada por el hecho de ser sostén de familia…”.
“[E]l convenio celebrado y homologado ante esta entidad […], no quita el carácter violento a las conductas que la trabajadora debió soportar mientras se desempeñaba para su empleador”.
2. Violencia de género. Perspectiva de género. Apreciación de la prueba. Protección integral de la mujer. Vulnerabilidad.
“[L]o que hace es poner énfasis o reforzar el método de valoración de las pruebas por parte de los Jueces de manera de garantizar acciones positivas respecto del abordaje de tan sensible temática y por ello afirmo que no resulta novedoso para la labor jurisdiccional, puesto que es sabido, que los jueces debemos ponderar los elementos de prueba –objetivos y subjetivos– a la luz de aquellos parámetros interpretativos que hacen al contexto dentro del cual tuvo lugar cada uno de los comportamientos ilícitos sometidos a juzgamiento.
Transformándose en un vector necesario para evitar que los órganos jurisdiccionales decisores se aparten en la adopción de decisiones, del contexto fáctico que es propio a este género de conductas.
Dicho de otro modo, es el contexto en el que se inserta el ilícito el que viene a determinar el modo en que debe ser apreciado tal o cual elemento probatorio. Es por ello que en los casos de violencia contra las mujeres el testimonio de la víctima ostenta un valor fundamental en la comprobación de los extremos necesarios para la determinación del hecho y la imputación de responsabilidad.
Es decir, el juez no puede apreciar la prueba aislándose de los aspectos fácticos y modales que conforman las particulares circunstancias de cada caso en concreto. Por el contrario, su labor hermenéutica debe estar informada de ellos, y atendiendo siempre no sólo a los bienes jurídicos que resultan protegidos por las normas jurídicas en juego sino, también, a las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas.
Desde esta perspectiva, estimo que uno de los valores significativos que ostenta la normativa nacional –ley N° 26.485–, resulta precisamente en reforzar direccionadamente el método de valoración en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, para lograr desterrar las prácticas nocivas derivadas de la cultura jurídica patriarcal-inquisitiva, que tanto daño ha causado por los usos y costumbres de los operadores judiciales.
A lo que debe destacarse su incidencia como herramienta positiva para profundizar el análisis desde el enfoque de la vulnerabilidad porque, como bien reconoce valiosa doctrina, la igualdad, como criterio formal de realización de la justicia es hoy un criterio insuficiente porque no permite matizar ni colocarse `en los zapatos de´ la persona cuya posición en la sociedad y en la vida resulta fragilizada por circunstancias diversas”.
LGBTIQ; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ORIENTACIÓN SEXUAL; NO DISCRIMINACIÓN; INFORMES; PRUEBA DE PERITOS; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; ACOSO LABORAL; VIOLENCIA DE GÉNERO; ACTOS DISCRIMINATORIOS; CARGA DE LA PRUEBA; TRABAJO DE MUJERES O NIÑOS; IGUALDAD; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; LEY APLICABLE; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD; VIOLENCIA ECONÓMICA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VULNERABILIDAD; VIOLENCIA LABORAL;
Vallejos Meneses (causa N° 60581)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia y absolvió a la persona imputada (voto del juez Morin, al que adhirió juez Días).
1. Violencia de género. Amenazas. Juicio oral. Incorporación de prueba por lectura. Oficina de Violencia Doméstica. Nulidad.
“[E]s en la etapa de juicio en la que debe producirse la prueba, bajo estricto control de las partes y en respeto de los principios de publicidad, inmediación y oralidad, sobre la que luego se dirimirá la eventual responsabilidad penal del imputado. La oportunidad para la producción de nuevas pruebas y la forma en que se incorporan al debate las ya producidas durante la instrucción se encuentran reguladas en el código ritual (arts. 355, 356, 383, 385, 388, CPPN).
El problema con lo obrado en el fallo es que [la denuncia ante la O.V.D. valorada] por el tribunal a quo no se encuentra entre aquellas que fueron incorporadas por lectura al debate. [Este aspecto] sella cualquier discusión posterior que pudiera sustanciarse respecto a la eventual validez del fallo que se asentara únicamente sobre lo afirmado por la denunciante ante la O.V.D. Es que evidentemente, de haberse incorporado por lectura dicha pieza, frente a la ausencia de la presunta víctima al debate, sí cobraría mayor sentido la crítica de la defensa referida a que no pudo controlar de ninguna manera el testimonio de [la denunciante] ante aquella oficina. En ese hipotético cuadro de situación, la resolución del conflicto habría transitado, muy probablemente, alrededor de la doctrina derivada del precedente “Benítez” de la CSJN y lo dicho acerca de la doble condición a través de la cual debe ponderarse la prueba de cargo discutida.
Aquí la solución del caso se presenta en un estadio anterior. Todas las inferencias realizadas en la sentencia basadas en la exposición de [la denunciante] ante la O.V.D. son nulas, en tanto ese elemento no forma parte de la prueba válidamente incorporada al debate […].
Ni de los exámenes médicos y periciales [realizados] surgen los términos de las frases intimidatorias que fueron calificadas como amenazas coactivas, mucho menos el tiempo y lugar en que fueron vertidas. En esas piezas se alude únicamente a los efectos causados por la situación de violencia denunciada, describiendo la sintomatología tanto física como psíquica presentada por la presunta víctima”.
2. Violencia de género. Amenazas. Prueba. Apreciación de la prueba. Arbitrariedad.
“[L]leva razón la defensa cuando subraya que el tribunal interpretó de manera arbitraria las manifestaciones de [la denunciante]. Lo reseñado alcanza para advertir que las amenazas denunciadas no habrían tenido lugar el 13 de octubre de 2015 como tuvo por acreditado el tribunal, sino cuando menos una semana antes (tomando la fecha en que la nombrada se entrevistó tanto con la Brigada Móvil como su presentación ante la OVD).
De allí que, esto es lo importante, lo asentado en el informe de la Brigada Móvil […], en el que se mencionan frases intimidatorias proferidas por [el imputado], no alcanza para contextualizar correctamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían sido volcadas.
Además de recordar que se trata de una prueba indirecta, lo relevante es que, sin esfuerzo, puede apreciarse, del mismo modo en que quedó plasmado en la entrevista realizada ante la O.V.D., que aquellos dichos amenazantes habrían tenido lugar una semana antes del suceso que se investigó en esta pesquisa (lo ocurrido el 13 de octubre de 2015 en el interior de la vivienda del imputado).
[C]abe concluir que no ha podido acreditarse de manera suficiente la ocurrencia material del hecho denunciado, en los términos fijados por el acusador público y admitidos por los sentenciantes”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; AMENAZAS; JUICIO ORAL; INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA; NULIDAD; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; ARBITRARIEDAD;
Morales (reg. N° 1806 y causa N° 29282)Cámara Federal de Casación Penal, Sala II
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación, anuló la resolución recurrida y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Yacobucci y Slokar).
1. Libertad condicional. Hecho nuevo. Reforma legal. Vigencia de la ley. Ley penal más benigna.
“[R]esulta menester evocar que, por el principio general, conforme se establece en el art. 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes se considerarán vigentes después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen. Por otra parte, el propio art. 2 del Código Penal determina que, si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la que resulte más benigna.
En ese contexto, analizada la norma en cuestión —ley 27.375—, se observa que su publicación en el Boletín Oficial se produjo el día 28 de julio de 2017, motivo por el cual, al no contener ninguna disposición específica, debe concluirse que entró en vigencia a partir del día 5 de agosto de dicho año, es decir, después del octavo día de su publicación oficial, tal como determina el art. 5 CCyCN.
Así, no cabe más que concluir que asiste razón a la defensa en cuanto a que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad que resulta aplicable a la recurrente es la N° 24.660, antes de la reforma operada por la ley 27.375. Ello, en tanto era la ley vigente al momento de la comisión del primero de los hechos por los cuales recibió reproche penal —4 de noviembre de 2016— y que, además, resulta ser la ley penal más benigna para la condenada”.
2. Unificación de penas. Ejecución de la pena. Principio de legalidad. Retroactividad de la ley. Ley penal más benigna.
“[E]n casos como el de autos, no resulta posible aplicar parcialmente dos regímenes distintos de ejecución de la pena, dado que el tratamiento penitenciario no puede escindirse en función de las diversas fechas de los hechos por los cuales resultó condenada.
Cabe recordar que el principio de legalidad contiene la exigencia de someter la actividad penal del Estado a una ley previa a los hechos que se quieren sancionar, lo que impide su retroactividad. Este principio, de rango constitucional, debe ser interpretado de modo tal que no resulten aplicables las leyes penales de modo retroactivo, excepto que sean más benignas. Además, esta ley previa supone fundamentalmente el precepto y la sanción, pero asume igualmente institutos y consecuencias vinculados con ellos, tal como el caso de autos, en donde las modificaciones introducidas por la ley 27.375 –si bien no encuentran reparos constitucionales– impiden que [la mujer condenada] pueda acceder al régimen de Libertad condicional”.
LIBERTAD CONDICIONAL; HECHO NUEVO; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; LEY PENAL MÁS BENIGNA; UNIFICACIÓN DE PENAS; EJECUCIÓN DE LA PENA; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; RETROACTIVIDAD DE LA LEY;
Retambay (causa Nº 2618)Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la decisión (jueces Suárez, Leal de Ibarra y Corchuelo de Huberman).
1. Fuerzas armadas. Sistema de ingreso. Ley aplicable. Razonabilidad de la ley. Estado civil.
“[C]ualquier tipo de cuestionamiento que hubiera podido efectuarse en cuanto a la dedicación e idoneidad [del hombre] para ingresar a la Fuerza pierde toda virtualidad, al haber quedado acreditado que, a pesar de las dificultades que el apelante señala, no sólo aprobó la capacitación con un elevado promedio (90/100), sino que, además resultó ser uno de los mejores candidatos que se postularon.
De allí que no resulte acertado (al menos en este caso) justificar la distinción que propone la norma a partir de una suerte de `presunción de fracaso´ que se atribuye a los candidatos casados, en tanto los hechos demuestran que –muy por el contrario– ello no impide, que el procedimiento sea culminado satisfactoriamente.
Aunado a lo anterior, debemos remarcar que el único motivo por el que se resolvió desvincular [al hombre] de la Fuerza fue su estado civil, no habiéndose efectuado ningún tipo de cuestionamiento en torno a su desempeño o capacidad psicofísica, que constituyen los restantes requisitos para su incorporación.
Incluso, corresponde tener presente que fue él mismo, quien informó, desde el inicio del proceso de admisión, cuál era su estado civil; descartando así cualquier tipo de ocultamiento o discusión que pudiera efectuarse en cuanto a su ética u honestidad.
De esta forma, debemos concluir en que la solución adoptada en su contra, no encuentra un fundamento objetivo y racional que la justifique, a la luz de los principios constitucionales a los que toda normativa debe respetar”.
2. Igualdad. No discriminación. Organización Internacional del Trabajo. Razonabilidad de la ley. Interpretación de la ley.
“[L]a distinción que introduce la norma, en cuanto veda la posibilidad de ingreso a una fuerza armada y como soldados voluntarios, a los candidatos casados, carece de justificación objetiva y racional suficiente, lo que la torna ilegitima por contrariar los principios de igualdad de trato y prohibición de toda discriminación que surgen tanto del artículo 16 de la Constitución Nacional como de Tratados Internacionales de la más alta jerarquía.
Puntualmente, el Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, obliga al Estado a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto (art. 2°).
En el ámbito legislativo nacional, a su vez, la ley 23.592 establece, en su artículo primero, que se deberá dejar sin efecto o hacer cesar todo acto discriminatorio, engendrando la obligación de resarcir el perjuicio que éste hubiera ocasionado.
La determinación de dicho carácter surge claramente del horizonte interpretativo que proponen estas normas, que sugieren que todo tratamiento arbitrario que tenga por objeto o resultado, impedir, obstruir, restringir o de algún modo menoscabar el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional (entre ellos, el de trabajar), constituye un acto discriminatorio que torna operativo el deber de dejarlo sin efecto, contenido en la ley 23.592”.
3. Control de legitimidad. Facultades discrecionales. Razonabilidad. Principio de proporcionalidad. Declaración de inconstitucionalidad.
“A la luz de lo anterior, ninguna de las consideraciones que se han planteado en cuanto al régimen legal de los soldados voluntarios, o las facultades discrecionales de la administración en el manejo de su personal, le brinda legitimidad al accionar de la Fuerza Armada, al colisionar con normas de mayor jerarquía que le restan legitimidad.
Particularmente en cuanto a la invocación de las apuntadas facultades discrecionales, recordaremos que tales atribuciones constituyen, en definitiva, la libertad que la norma atributiva de competencia otorga al órgano estatal para adoptar determinada decisión o conducta. Esta libertad, por supuesto, debe ser siempre ejercida respetando el principio de razonabilidad, es decir en forma justa y manteniendo una relación de adecuación, proporcionalidad y/o necesidad con los fines normativamente perseguidos y los hechos que le sirven de causa.
Si bien en este supuesto, la norma atributiva de competencia administrativa resulta ser una ley, en todos los casos es necesario recordar, que dichas normas deben respetar el mentado principio de legalidad, integrado por el de razonabilidad, conf. art 28 C.N, y que su validez se encuentra condicionada por los preceptos receptados en la Constitución nacional”.
FUERZAS ARMADAS; SISTEMA DE INGRESO; LEY APLICABLE; RAZONABILIDAD DE LA LEY; ESTADO CIVIL; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; CONTROL DE LEGITIMIDAD; FACULTADES DISCRECIONALES; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
AGLI (causa Nº 982)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario federal, revocó la sentencia apelada e hizo lugar a la demanda de restitución internacional de personas menores de edad (ministros Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti y ministra Highton).
1. Restitución internacional de menores. Niños, niñas y adolescentes. Residencia. Ley aplicable. Excepciones.
“[R]especto a la oposición de las niñas a regresar a su país de residencia habitual (art. 13, penúltimo párrafo, del CH 1980), excepción que la sentencia recurrida tiene por configurada y que motivó el rechazo de la demanda, este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que, por la singular finalidad del convenio que rige el asunto, no cabe adherir a una sumisión irrestricta respecto de la opinión que pudiese haber expresado el infante. La posibilidad de negar el regreso fundado en ese supuesto particular solo se abre frente a una voluntad cualificada dirigida al reintegro al país de residencia habitual que no ha de consistir en una mera preferencia o negativa, sino en una verdadera oposición, entendida como un repudio genuino e irreductible a regresar [...].
Ello así, la configuración de la excepción sustentada en la oposición de los niños exige la existencia de una situación delicada que exceda el natural padecimiento que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia o la desarticulación de su grupo conviviente. La mera invocación genérica del beneficio del niño, o los perjuicios que pueda aparejarle el cambio de ambiente o de idioma, no bastan para configurar la situación excepcional que permitiría negar la restitución […].
En esa línea de razonamiento, se ha sostenido que la integración conseguida en el nuevo ambiente –o, en el caso, el mantenimiento de la conexión afectiva y emocional con el círculo de pertenencia existente en la ciudad de Bernal que, según se refiere en la sentencia recurrida, invocan las niñas en apoyo a su postura y al que, según expresan, se sienten vinculadas e Integradas– no constituye un motivo autónomo de oposición ni resulta decisivo para excusar el incumplimiento de la obligación internacional asumida, ceñida únicamente a evitar que se concreten sustracciones ilícitas en infracción al derecho de custodia de uno de los progenitores […].
Idéntica conclusión resulta aplicable a la oposición fundada en la preferencia de vivir con uno u otro de los progenitores, desde que […] no constituye objeto del proceso de restitución examinar lo atinente al cuidado personal de las niñas, que será asunto de análisis por ante la jurisdicción competente del país de residencia habitual” (considerando 4°).
2. Restitución internacional de menores. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído. Ley aplicable.
“[L]as constancias de la causa dan cuenta de que las niñas fueron adecuadamente oídas durante el proceso de manera directa por los magistrados intervinientes en las diferentes instancias judiciales y también por intermedio de profesionales especializados, sin que de una adecuada ponderación tanto de sus dichos como de las consideraciones efectuadas en las distintas resoluciones e informes emitidos en autos pueda concluirse la existencia de una oposición a retornar con las características exigidas para configurar la citada excepción del art. 13, penúltimo párrafo del CH 1980 […].
Aun cuando en las entrevistas las niñas manifestaron su deseo de permanecer viviendo en la localidad de Bernal, Provincia de Buenos Aires, tales declaraciones no tienen entidad suficiente para sustentar la excepción en cuestión. No ponen de manifiesto una resistencia u oposición irreductible a regresar a España fundada en serios motivos que así lo autoricen, sino solo una simple preferencia respecto de continuar residiendo en el lugar en donde expresan se encuentran integradas y sin poder precisar si desearían vivir con su madre a quien, sin embargo, han manifestado querer verla […]. Tales argumentos, apreciados a la luz de los criterios señalados en este pronunciamiento, no bastan para constituir una objeción a la restitución.
La conclusión señalada no impide que las niñas, al tiempo de resolverse sobre las cuestiones de fondo vinculadas con su custodia y la responsabilidad parental −entre las que se encuentra la determinación del lugar de residencia−, puedan ejercer nuevamente su derecho a ser oídas y reiterar sus manifestaciones por ante quienes tienen a su cargo la resolución de tales aspectos, circunstancia que ha sido destacada por el señor Defensor General adjunto en su dictamen […]”.
3. Restitución internacional de menores. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído. Peritos.
“Refuerza la solución propuesta el peritaje elaborado en respuesta a la medida para mejor proveer ordenada por la suprema corte local, según el cual ambas niñas cuentan con los recursos y mecanismos psicológicos necesarios para afrontar una situación de traslado −en caso de ordenarse su retorno−, y la circunstancia destacada por el referido tribunal en punto a que, por su edad, logran distinguir entre las cuestiones relativas a su custodia de las relacionadas con la solicitud de restitución” (considerando 5°).
“[N]o obstante lo manifestado, el Tribunal estima conveniente reafirmar que el objetivo del CH 1980 radica en garantizar el regreso del niño no solo inmediato sino también seguro […]. A tal efecto, el magistrado a cargo del proceso, de acuerdo a las particularidades del caso, determinará la forma, el modo y las condiciones en que deberá llevarse a cabo el retorno, procurando siempre decidir por aquellas que resulten menos lesivas para las niñas” (considerando 6°).
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESIDENCIA; LEY APLICABLE; EXCEPCIONES; DERECHO A SER OIDO; PERITOS;
Vidal (Causa N° 601)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedentes los recursos extraordinarios federales interpuestos, revocó la resolución impugnada, reenvió la causa al tribunal de origen y encomendó a la Cámara Federal de Casación Penal, al Ministerio Público Fiscal y a la Administración Federal de Ingresos Públicos que tomen debida nota de las consideraciones  expuestas en su decisorio (ministros Rosatti, Lorenzetti, Maqueda y ministras Highton).
1. Cámara Federal de Casación Penal. Competencia. Recurso de casación. Recurso de inaplicabilidad de ley. Recurso extraordinario federal. Sentencia definitiva.
“[L]a adecuada aplicación de las reglas y principios que rigen la competencia de la Cámara Federal de Casación Penal [...] adquiere especial significación en circunstancias como las del sub lite en tanto la sala interviniente no impulsó la convocatoria a plenario —ni previo al dictado de la primera sentencia que dio origen a la jurisprudencia contradictoria en ese ámbito (´Galetti´, sentencia del 27 de junio de 2018)— ni luego de ello. Por lo demás, una compulsa del sub lite  [...], pone en evidencia que existió un trato dispar en la forma en que la Sala III abordó el agravio referido a la existencia de jurisprudencia contradictoria en supuestos como el de autos, lo que revela la ausencia de una respuesta institucional seria que –en términos de eficacia y eficiencia— atendiera a la situación a la que estaba llamada a contrarrestar, por vía del recurso de inaplicabilidad de ley, siendo que –en definitiva— solo sumó mayor indefinición e incertidumbre al estado de cosas existente. Ello de un modo que incluso condujo a cercenar —como sucedió en el supuesto de autos— el acceso del justiciable a esa vía de impugnación desentendiéndose de las consecuencias adversas —de público y notorio conocimiento— que de ello se derivaban en la buena y pronta administración de justicia.
[E]l criterio de ´sentencia definitiva´ que hizo valer el tribunal apelado en el sub lite difiere según se trate del supuesto del artículo 11 de la ley 24.050 o del recurso extraordinario federal, aplicando respecto del primero una noción de sentencia definitiva más restrictiva que la adoptada para el segundo, pese a que –en última instancia– ambas vías recursivas se dirigen contra un mismo acto jurisdiccional (el de anulación con reenvío). Lo así resuelto supuso un apartamiento de la regla fijada en Fallos: 328:1108 ´Di Nunzio´ (considerando 12) y la consecuente consagración de criterios contradictorios entre pronunciamientos sucesivamente dictados en una misma causa, nada de lo cual se compadece con la adecuada prestación del servicio de justicia…” (considerando 8).
“[E]l avance jurisdiccional en la concesión del recurso extraordinario federal —en las circunstancias referidas— no solo no analizó de modo suficientemente circunstanciada la apelación federal, sin referirse con precisión y de manera separada a cada uno de los distintos agravios presentados por cada uno de los recurrentes sino que, además, tuvo lugar sin que la Cámara Federal de Casación Penal dirimiera, con carácter previo y tal como correspondía, la divergencia suscitada en su propio seno. Esto último, con el objetivo de que, dentro del ámbito de ese tribunal colegiado, se dictara la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa que determinara el parecer uniforme de la máxima instancia federal del país…” (considerando 9).
2. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Principio de igualdad. Seguridad jurídica. Economía procesal.
“[S]i bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben –aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido– conformar sus decisiones a las sentencias de este Tribunal dictadas en casos similares […], obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108 de la Constitución Nacional), los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional. [S]i las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos y fundados argumentos que justifiquen no aplicar al caso la posición sentada por el Tribunal, carecen de fundamento […] salvo que se invoquen circunstancias de hecho con base a las cuales se fijan distinciones entre los fallos que se invocan como contradictorios…” (considerando 15).
3. Régimen penal tributario. Política criminal. Ley penal más benigna. Reforma legal. Poder legislativo. Actualización de montos.
“[S]ostener [que] el aumento que introdujo la reforma sancionada por la ley 27.430, en los ´montos cuantitativos´ de los tipos penales tributarios, haya respondido a una ´actualización monetaria´, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno, lo cual conduce también a la descalificación del auto apelado desde esta perspectiva. Y, al propio tiempo, a desestimar el agravio que, sobre esa base, las partes acusadoras públicas invocaron al impulsar la vía extraordinaria federal en los demás casos citados en el considerando 4º segundo párrafo”  (considerando 17).
“[L]o resuelto en ´Palero´ siguió la línea jurisprudencial del precedente ´Cristalux´ que supuso la aplicación universal del principio de la ley más benigna salvo algunas excepciones, cuyo abordaje sometió a rigurosos estándares y sin que ello supusiera prescindir del sistema en el que está llamado a operar ese principio según la regla del artículo 4° del Código Penal […], sin que sea preciso que las leyes dispongan literalmente lo contrario respecto de las disposiciones generales del Código Penal para excluir la aplicación de estas, sino que es suficiente que la aplicación subsidiaria del Código mencionado sea incompatible con la orgánica armonía de las disposiciones de aquellas. [N]o surge –ni se invoca— que el sub examine encuadre en el supuesto de excepción tenido en cuenta por el Tribunal en ´Cristalux´ ni tampoco que, siendo la ley penal tributaria una ley especial […], el legislador haya excluido a la materia expresamente del ámbito del principio constitucional, ni que la aplicación subsidiaria de este último resulte incompatible en los términos señalados, sin que ello suponga adelantar opinión del Tribunal en cuanto a que esa sola previsión legal per se constituya un recorte admisible de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna.
[C]ualquier solución que –por vía interpretativa— pretenda introducir un recorte del principio constitucional bajo examen, en supuestos como el que motivan esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al ´silencio´ de la ley 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos de ´Cristalux´ […] como así también de la clara previsión del artículo 4° del Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no exceptuar —de la aplicación de ese principio— a la materia penal tributaria” (considerando 18).
4. Régimen penal tributario. Ley penal más benigna. Reforma legal. Evasión. Actualización de montos. Política económica.
“[T]ampoco es admisible derivar de la Unidad de Valor Tributaria […] que crea la ley 27.430 un argumento en pos de que la actual elevación de los montos no es más que una actualización monetaria de las condiciones objetivas de punibilidad que no puede ser asimilada a un menor reproche de la conducta de evasión [...].
Si mediante la consagración de la [Unidad de Valor Tributaria], el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la ´actualización´ de los ´parámetros monetarios´ del régimen penal tributario, con la finalidad de contrarrestar los efectos adversos de la inflación –como todos coinciden– es porque sin esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los ´montos cuantitativos´ como ´condiciones objetivas de punibilidad´. Cualquier inferencia que, por ende, se efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemática de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual fue creada la [Unidad de Valor Tributaria], según quedó plasmado en la letra de la ley” (considerando 19).
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL; COMPETENCIA; RECURSO DE CASACIÓN; RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY; RECURSO EXTRAORDINARIO; SENTENCIA DEFINITIVA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; SEGURIDAD JURÍDICA; ECONOMÍA PROCESAL; RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; POLÍTICA CRIMINAL; LEY PENAL MÁS BENIGNA; REFORMA LEGAL; PODER LEGISLATIVO; ACTUALIZACIÓN DE MONTOS; EVASIÓN; POLÍTICA ECONÓMICA;
Costa Ludueña (causa Nº 31235)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró procedente el recurso extraordinario federal, revocó la sentencia impugnada y rechazó la demanda (ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti).
1. Migrantes. Igualdad. No discriminación. Interpretación de la ley. Universidad de Buenos Aires. Documento Nacional de Identidad. Educación. Derecho de enseñar y aprender.
“[L]a garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria, ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clase de personas, ni encierra un indebido favor o privilegio, personal o de grupo (Fallos: 182:355 y sus citas; 258:36; 312:826; 321:3481 y 340:1581).
En el presente caso, la decisión de exigir la presentación del DNI a todos los aspirantes a las carreras de grado dictadas en la Universidad de Buenos Aires –sean estos nacionales o extranjeros, se encuentren, o no, cumpliendo una pena privativa de la libertad– no constituye un indebido privilegio otorgado a una persona o a un grupo sino, simplemente, la fijación de un requisito uniforme para demostrar la identidad de las personas, conforme el régimen vigente.
En función de ello, la exigencia cuestionada por el actor no supone ningún tipo de afectación al derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues tanto aquel como el resto de los aspirantes se encuentran obligados a satisfacerla, cualquiera sea su nacionalidad y sea que estén privados o no de su libertad ambulatoria. Máxime cuando en la misma disposición que se ataca se establece un plazo para el cumplimiento de aquel requisito para quienes no hubieran nacido en el país” (considerando 6°).
2. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Personas privadas de la libertad. Igualdad. No discriminación. Arraigo. Documento Nacional de Identidad. Educación. Derecho de enseñar y aprender.
“[E]l hecho de que, en este caso, el peticionario no pueda regularizar su situación migratoria por la particular situación penal en la que se encuentra y, por ende, se vea impedido de tramitar el documento nacional de identidad argentino requerido por la demandada, no torna arbitraria o irrazonable una reglamentación que se muestra homogénea en sus exigencias para todas las personas que procuran acceder al programa implementado por la universidad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Al respecto, es preciso observar que el único obstáculo para que el actor pueda obtener el documento nacional de identidad argentino que se le exige está dado por la condena a una pena privativa de la libertad que se encuentra cumpliendo en la Argentina la que, conforme con lo dispuesto en el art. 29, inc. c, de la ley 25.871, es causa impediente de su permanencia en el país” (considerando 7°).
“[N]o obsta a la conclusión antedicha lo establecido en el art. 7° de esa misma ley, en el que el tribunal de alzada apoyó su decisión, en cuanto dispone que la irregularidad migratoria de un extranjero no impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo; pues a la par establece el deber para las autoridades de dichos establecimientos de brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites para subsanar la irregularidad migratoria aludida” (considerando 8°).
“[E]l derecho de aprender que la Constitución y los pactos internacionales amparan no sufre privación alguna por el hecho de que una razonable reglamentación condicione su disfrute a la observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el titular de aquel debe someterse. Específicamente en lo que al caso interesa, se debe tener en consideración que el requisito impuesto por las autoridades universitarias en función del marco normativo vinculado a la acreditación de la identidad –y que implica un cierto grado de arraigo– no parece desproporcionado ni un recaudo injustificado si se tiene en cuenta que lo que se halla en disputa es el acceso a ofertas educativas que permitan a los aspirantes formarse, capacitarse y obtener el título universitario que los habilite para ejercer una profesión” (considerando 9°).
MIGRANTES; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; EDUCACIÓN; DERECHO DE ENSEÑAR Y APRENDER; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ARRAIGO;
BF (causa Nº 7328)Juzgado Federal Nro. 1 de Córdoba
El Juzgado Federal de Córdoba Nº 1 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la parte demandada a que en el término de 10 días acreditase la afiliación definitiva de la amparista a la empresa de medicina prepaga en idénticos términos a los contratados el día anterior a su baja. Además, le ordenó que brindase la cobertura integral del 100% de la vaginoplastía en el centro denominado `Reasignación Genital Grupo La Plata´ de la Ciudad de la Plata, con la consecuente cobertura de transporte, internación, anestesia, insumos, estadía para control quirúrgico y todos los demás costos que la intervención requiera (juez Bustos Fierro).
1. LGBTIQ. Empresa de medicina prepaga. Derecho a la salud. Falsedad de declaración jurada.
“[E]n primer término y en cuanto a la baja de la afiliación, no se encuentra acreditado en la causa, por ninguna de las partes, que la actora al momento de ingresar a la empresa de salud contaba con alguna enfermedad preexistente que debiera declarar y que le resulte aplicable consecuentemente una tarifa diferencial a la cuota social
La normativa es clara en cuanto dispone que tal declaración es para informar sobre la preexistencia de una enfermedad, de una patología, lo que no ocurre en el presente caso, y mal puede interpretar la demandada, sin pruebas suficientes para dar tal hecho como válido, adjudicándole a la actora una supuesta patología y/o enfermedad que no padece”.
2. No discriminación. Actos discriminatorios. Género. Identidad de género. Derecho a la salud. Vulnerabilidad.
“[S]uponer que la demandada considera la situación actual de la amparista como una ocultación engañosa al momento de suscribir la declaración jurada, equiparando sin que la ley justifique, a los tratamientos hormonales realizados por la actora a la causal de `enfermedad preexistente´, representa una errónea aplicación de la ley 26682. Más aún, una grave afectación a las garantías constitucionales, así como un desconocimiento de lo establecido por la Ley 26.743, aun cuando declare al contestar el informe que su parte nunca ha tenido, ni tiene la intención de discriminar por razones de identidad de género u orientación sexual.
La Ley 26.743 que protege la identidad de género de las personas reza en su art. 1 que `…Toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada…´.
“Más allá de lo expresado, lo cierto es que la accionada al referirse a la amparista en forma masculina […] vulnera explícitamente la ley mencionada precedentemente. Y que tal actuar se condice plenamente con el accionar de SIPSSA en vía administrativa, cuando pretende adjudicar la autodeterminación de genero de la actora como una enfermedad preexistente, dándole de baja la relación contractual desposeyéndola de toda cobertura médico-asistencial, lo cual resulta completamente arbitrario y no se ajusta a derecho.
[L]a demandada ha actuado desconociendo la normativa legal vigente, tanto en vía administrativa como judicial, colocando a la actora en una situación de desamparo al no reconocer sus derechos a la salud y a la identidad de género”.
3. Tratamiento médico. Plan médico obligatorio. LGBTIQ. Identidad de género. Vulnerabilidad.
“[S]e desprende del mismo la obligación de cobertura de la empresa de salud respecto a la intervención quirúrgica solicitada, esto es, la vaginoplastía, cirugía que se encuentra debidamente incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
En lo que respecta al lugar donde se llevará a cabo la prestación, lo cierto es la actora ha dado fundamentos suficientes para no aceptar la cobertura a cargo del prestador de la empresa de salud, teniendo en cuenta los antecedentes del profesional sobre otros casos de reasignación genital […], situación que también ha sido conocida por la demandada.
Teniendo en cuenta la compleja cirugía a la cual va a ser sometida la actora, lo más prudente seria que sea realizada en un centro médico que cuente con las condiciones necesarias y con el grupo de profesionales que sigan estrictamente el protocolo médico para evitar impericias que puedan dejarle secuelas insanables posteriormente […]. Ello a los fines de evitar un posible mal mayor.
También, y siendo que la prestación debe ser cubierta en forma integral, esto comprendería además los gastos de traslado, estadía, insumos, anestesia, y todos los costos que la prestación principal conlleve, teniendo en cuenta que será realizada en la Ciudad de La Plata.
A través de la sanción de la Ley de Identidad de Género, los legisladores han previsto crear una normativa cuyo espíritu sea la protección de todas aquellas personas que constituían un grupo vulnerable de nuestra sociedad por no reconocerse su identidad, su autopercepción y que carecían de tutela jurídica alguna. Tal legislación, viene a dar solución a las necesidades actuales de nuestra sociedad, y como Juez, [debe asegurarse] la ejecución de esos derechos, evitando [conformarse] únicamente con el texto frío de la ley”.
LGBTIQ; MEDICINA PREPAGA; DERECHO A LA SALUD; FALSEDAD DE DECLARACIÓN JURADA; NO DISCRIMINACIÓN; ACTOS DISCRIMINATORIOS; GÉNERO; IDENTIDAD DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; TRATAMIENTO MÉDICO; PLAN MEDICO OBLIGATORIO;
VYB (Causa n° 24921)Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B
La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, por mayoría, confirmó el sobreseimiento de la mujer imputada y ordenó que se modificase la causal en función de la excusa absolutoria prevista en el artículo 5º de la ley N° 26.364 (jueza Navarro y juez Ávalos).
1. Trata de personas. Error culturalmente condicionado.
“[E]n el caso de autos […] no [se] ha demostrado que el error sea de naturaleza ‘cultural’, habida cuenta de que nada indica que la prevenida pertenezca a una cultura distinta, de igual modo, tampoco se ha acreditado que sea insalvable ni directo.
Por otra parte, además de no haberse configurado el instituto del error de prohibición directo e insalvable, culturalmente condicionado, independientemente de ello, en el presente caso, tampoco resulta aplicable”.
“[E]n el caso de autos […] no se configura el instituto del ‘error de prohibición directo e insalvable culturalmente condicionado’, por el cual […] [se] otorgó el sobreseimiento de la inculpada […], en los términos del art. 336 inc. 5 del CPPN”.
2. Trata de personas. Víctima. Excusa absolutoria.
“[L]a norma excluye la punibilidad a la víctima de trata de la comisión de cualquier ilícito que sea el resultado directo de haber sido víctima de trata, pero […] no exige simultaneidad, es decir que en ese mismo instante o momento estaba siendo explotada como víctima de trata de personas. [L]a voluntad del legislador ha sido proteger en sentido amplio a quien es víctima de trata en el presente, pero también en un tiempo pasado, porque la recuperación de lo vivido como víctima de una explotación sexual, no será inmediata”.
“[E]n el art. 5 de la ley 26.364 existe una presunción de la restricción de la libertad de autodeterminación de la víctima de trata frente a la comisión de un delito, circunstancia acabadamente demostrada en el caso concreto.
Los delitos que podría haber cometido la encartada […] fueron el resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante veinte años, y […] la ley no exige simultaneidad, porque es evidente que las consecuencias del sometimiento de la víctima se prolongaran en un período de tiempo mayor o menor, o quizás no logren superarse nunca, y la persona sólo aprenda a sobrevivir con esos episodios traumáticos de por vida, lo que forjaran su personalidad. Por esta razón es que la ley considera que la víctima de trata y a raíz de los padecimientos que ha sufrido no merece ningún reproche penal por los delitos cometidos a consecuencia directa de su condición”.
3. Trata de personas. Víctima. Autodeterminación.
“[L]as formas de abuso y explotación sexual a las que ha sido sometida [la mujer imputada], permite confirmar que la misma ha sido víctima de trata, y los sometimientos y situaciones inhumanas que ha padecido por más de veinte años, desde su niñez, han producido secuelas irremediables en su personalidad por lo que no es posible afirmar que la misma haya recuperado su autodeterminación en tan corto espacio de tiempo”.
“[E]s sabido que aunque estas mujeres alcancen mediana confianza por parte de sus proxenetas, y les asignen otras tareas, no dejan de ser explotadas y lo que hacen le genera importantes ingresos a sus explotadores, nunca a ellas”.
“[M]ientras una persona es víctima de trata, resulta claro que carece de libertad de autodeterminación, ahora bien, al momento en que una persona deja de ser victimizada, ello no implica que automáticamente vaya a recuperar sin más, su libertad de autodeterminación, sin que por ello pierda su condición de víctima en el sentido fijado por la ley en su art. 5º”.
TRATA DE PERSONAS; ERROR CULTURALMENTE CONDICIONADO; VICTIMA; EXCUSA ABSOLUTORIA; AUTODETERMINACION;
BCB (causa Nº 417)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario federal, revocó la sentencia apelada e hizo lugar a la acción de amparo. En consecuencia, condenó a IOSPER a cubrir el 100% del costo del aceite de cannabis en las dosis que indicase su médico neurólogo (Ministros Rosatti –por su voto–, Maqueda, Lorenzetti, Rosenkrantz, y Ministra Highton).
Voto de los Ministros Maqueda, Rosenkrantz, Lorenzetti y Ministra Highton
1. Recurso extraordinario. Ley aplicable. Cannabis. Obras sociales. Tratamiento médico. Personas con discapacidad.
“[S]egún conocida jurisprudencia de esta Corte, sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal y, si en el transcurso del proceso, han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias de las que no es posible prescindir […].
En virtud de esta pauta jurisprudencial, a partir del dictado del reseñado decreto 883/2020, las defensas de las aquí demandadas y en cuanto al caso particularmente incumbe, las obras sociales deben brindar cobertura para la adquisición de los derivados de la planta de cannabis a aquellos pacientes que cuenten con indicación médica según la propia letra del citado art. 3 inc. d.
En consecuencia, con los alcances definidos actualmente por las disposiciones vigentes, no se albergan dudas acerca de que la demandada debe brindar al hijo de los actores la cobertura de la prestación requerida” (considerando 9º).
“[L]a solución propuesta por la nueva normativa respeta el mandato constitucional de un particular –tal su término exacto en el art. 75 inc. 23– deber de cuidado respecto de las personas con discapacidad que consagra la Carta Fundamental, especialmente desde la reforma de 1994, con la incorporación con jerarquía constitucional de la `Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad´ (ley 27.044 B.O. 22 de diciembre de 2014) (art. 75, incs. 22 y 23). Vale precisar que en el art. 25 de ese instrumento internacional los estados se comprometen a asegurar `a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas…;´ y proporcionar `servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad´ (art. 25 incs. a y b de la citada Convención)” (considerando 10º).
2. Cannabis. Tratamiento médico. Derechos del paciente.
“[N]o es ocioso recordar que los progresos del paciente […] resultan consistentes con los estudios científicos realizados sobre la efectividad del aceite de cannabis en el tratamiento de la epilepsia refractaria, reconocida incluso por la auditora de IOSPER […]. El aval científico de la droga para el tratamiento de la patología en cuestión fue ponderado, además, en el Informe Ultrarrápido de Evaluación de Tecnología Sanitaria sobre Cannabinoides y Epilepsia, elaborado en el marco del Programa de Evaluación de Tecnología Sanitaria y publicado por la ANMAT, en el que se concluyó que `el uso de CBD en formulaciones estandarizadas y controladas […] como tratamiento coadyuvante en la epilepsia refractaria o fármacorresistente en niños y jóvenes, ha demostrado tener efecto anticonvulsivante principalmente en crisis motoras y debe considerarse como una opción efectiva y segura en el tratamiento de este tipo de pacientes. […] El uso medicinal de los cannabinoides y sus compuestos no adictivos deben ser considerados dentro del arsenal terapéutico de uso controlado, en el tratamiento de la - 11 - epilepsia refractaria´ (Informe realizado el 21 de junio de 2017 y actualizado al 30 de mayo de 2017, pág. 35). De hecho, la evidencia sobre la efectividad del aceite de cannabis para tratar diversas enfermedades y, en particular, la epilepsia refractaria, fue uno de los motivos de la sanción de la ley 27.350 (Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 21ª reunión, 20° sesión ordinaria (especial), 23 de noviembre de 2016, período 134, en especial, págs. 39, 41, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 61, 64, 67, 68, 74, 77, 78 y 84)” (considerando 11º).
Voto del Ministro Rosatti
1. Derecho a la salud. Interpretación de la ley. Medidas de acción positiva. Niños niñas y adolescentes. Personas con discapacidad.
“[E]l último tribunal interviniente encuadró la pretensión de la parte actora en las disposiciones de la ley 27.350 y, ante la ausencia de una cláusula que expresamente estipulara la obligación de las demandadas, juzgó improcedente la demanda. La télesis que sustenta el fallo soslaya el análisis de la totalidad de las normas que concurren a dirimir la contienda, consagrando una interpretación fragmentaria del ordenamiento jurídico que contradice su finalidad última.
Como ha dicho esta Corte `[l]as leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas o conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso no resultan compatibles con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial” (Fallos: 343:848, disidencia del juez Rosatti).
En efecto, se ha omitido ponderar, en concreto, las previsiones del art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional, en cuanto dispone que corresponde al Congreso Nacional `legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad´; los arts. 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10, 25 y 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigentes por el reenvío del art. 75 inc. 22 de la Norma Fundamental; y, particularmente, la ley 24.901 que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
En este preciso marco constitucional se inscriben las disposiciones de la ley 24.901 que, en su art. 1° instituye el `Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad´ estableciendo la creación de un régimen de prestaciones básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. En cumplimiento de ese cometido, el art. 2° de ese estatuto dispone que: `Las obras sociales (…) tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas´. Las disposiciones de los arts. 15 (prestaciones de rehabilitación) y 38 (cobertura total de medicamentos o productos específicos) de la citada ley, iluminadas por las normas constitucionales que se han enumerado, completan el plexo jurídico tutelar que sin duda asistía a A.M. A las previsiones de la ley 24.901 debió aditarse la protección específica y adicional que la ley 25.404 estipuló para el paciente epiléptico al disponer el derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna (art. 4°). Es dable memorar la ley provincial 9705 en cuanto estipuló que `la asistencia médica integral quedará integrada a los nomencladores de las obras sociales que operan en la Provincia, formando parte del Plan Básico Obligatorio y Gratuito para Tratamiento Crónicos y Prolongados´” (considerando 10º).
2. Tutela judicial efectiva. Principio de progresividad. Personas con discapacidad.
“[L]a preferente tutela de la que goza el hijo de los actores por encontrarse incapacitado y ser paciente epiléptico, y el principio de progresividad en la satisfacción plena de sus derechos fundamentales, según se encuentra prescripto en el transcripto inc. 23 del art. 75 de la Constitución Nacional, debió desterrar definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos (Fallos: 332:2454), lo que ocurre cuando, como en el caso, se limita la cobertura de salud por una interpretación excesivamente amplia de las resoluciones reglamentarias de otra norma o la lisa y llana exclusión de las leyes orientadas a la específica protección de las personas discapacitadas, esto es, las leyes 24.901 y 25.404 (conf. doctrina de Fallos: 343:848, voto del juez Rosatti).
Este Tribunal ha considerado, reiteradamente, que el individuo es el eje y centro de todo el sistema jurídico y que, en tanto fin en sí mismo, la inviolabilidad de la persona constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes). A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), ha reafirmado en diversos pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga […], agregando que no cabe imponer a la persona con discapacidad una mayor mortificación que la que su propio estado le ocasiona…” (considerando 11º).
RECURSO EXTRAORDINARIO; LEY APLICABLE; CANNABIS; OBRAS SOCIALES; TRATAMIENTO MÉDICO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHOS DEL PACIENTE; DERECHO A LA SALUD; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD;
BEM (causa Nº 241)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso de queja, procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia apelada. En consecuencia, hizo lugar parcialmente a la demanda, mantuvo la guarda, y otorgó la adopción simple de la niña EMB al matrimonio. Todo esto, con el alcance previsto en el art. 627 del Código Civil y Comercial de la Nación (ministros Maqueda, Rosatti y Lorenzetti, y Ministra Highton).
1. Recurso extraordinario. Expresión de agravios. Cuestión federal. Interés superior del niño. Sentencia.
“[L]os planteos de los recurrentes atinentes a la inadecuada apreciación del caso bajo el principio del interés superior del niño, suscitan cuestión federal para su examen en la vía intentada, desde que ponen en tela de juicio la inteligencia de una norma de naturaleza federal como es la contenida en el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el art. 3 de la ley 26.061 y la sentencia apelada es contraria al derecho que la apelante funda en ella […].
El principio liminar que las normas mencionadas prevén, la protección del `interés superior del niño´ –que no puede ser aprehendido ni entenderse satisfecho sino en la medida de las circunstancias particulares del caso–, ha sido una premisa concluyente en el fallo en cuestión. Por ende, lo decidido guarda relación directa con los agravios que, en este aspecto, sirven de fundamento al recurso (art. 15 de la ley 48).
Por otro lado, en tanto los agravios vinculados con la arbitrariedad de sentencia en punto a la errónea valoración de las circunstancias particulares del caso, a un apego excesivo a las formas y a la omisión de ponderar los informes especializados obrantes en la causa como la opinión de la niña en un asunto que la afecta, se encuentran inescindiblemente ligados con los referentes a la inteligencia de una norma federal, resulta procedente tratar en forma conjunta ambos aspectos…” (considerando 6º).
“[D]eviene pertinente puntualizar que al decidir la controversia este Tribunal no puede dejar de ponderar que –como ha sido reiterado en numerosas ocasiones– sus sentencias deben adecuarse a las circunstancias existentes al momento en que se dictan, aunque ellas resulten sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario […], a fin de dar una respuesta que contemple las concretas particularidades que se evidenciaron con posterioridad a dicha oportunidad procesal con entidad para incidir en la resolución del conflicto sometido a su conocimiento, de manera de hacer efectivo un adecuado servicio de justicia” (considerando 7º).
2. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Tratados internacionales. Convención Sobre los Derechos del Niño.
“[E]n situaciones que guardan cierta analogía con el asunto bajo examen, la Corte Suprema ha enfatizado firmemente sobre la necesidad de resolver los conflictos que atañen a los infantes a la luz del principio del interés superior del niño, en tanto sujetos de tutela preferente (confr. doctrina Fallos: 328:2870; 341:1733 y CSJ 2209/2019/CS1 `L.,M. s/ abrigo´, sentencia del 7 de octubre de 2021).

En ese contexto, ha señalado que la consideración del referido interés superior debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos que involucran a los infantes en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar –en la medida de su jurisdicción– los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que la Constitución Nacional les otorga (art. 75, inciso 22, de la Ley Fundamental).

Ello así, pues los niños tienen derecho a una protección especial que debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que ante un conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los infantes debe tener prioridad por sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso en concreto, aún frente al de sus progenitores […]. Dicho principio encuentra consagración constitucional en la Convención sobre los Derechos del Niño e infra-constitucional en el art. 3 de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en el actual art. 706, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación, así como en la ley local 4109 (art.10).

La configuración de ese `interés superior´ exigirá examinar en cada caso las particularidades del asunto y privilegiar, frente a las alternativas posibles de solución, aquélla que contemple –en su máxima extensión– la situación real del infante. Este Tribunal ha subrayado con especial intensidad que aquél principio no puede ser aprehendido ni entenderse satisfecho sino en la medida de las circunstancias particulares comprobadas en cada caso, desde que de lo que se trata es de alcanzar la máxima certidumbre respecto del modo como mejor se lo satisface (confr. Fallos: 330:642)” (considerando 9º).
3. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Socioafectividad. Excesivo rigor formal. Tribunales de familia.
“[L]a decisión de considerar satisfecho el interés superior del niño a partir de modificar la situación socio-afectiva que mantenía –y mantiene– la infante por más de 9 años con principal apoyo en la obligación de respetar el debido proceso legal y la sujeción a las normas adjetivas específicas del proceso de que se trata, importó en el caso dar preeminencia a aspectos formales que, aun cuando exigibles, no revestían al tiempo de su valoración la entidad pretendida; ello, en desmedro de la ponderación de otras cuestiones que en las particulares circunstancias del asunto adquirían una especial consideración a la hora de definir el contenido del citado concepto y, por lo tanto, permitían dar una respuesta que, dentro de las posibles, resolvía el asunto del mejor modo para los intereses de la niña.
Este Tribunal ha señalado que queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales en temas de familia si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley manda valorar […]. Del mismo modo, ha destacado que a la hora de definir una controversia, los jueces no deben omitir atender a las consecuencias que se derivan de ellas a fin de evitar que, so pena de un apego excesivo a las normas, se termine incurriendo en mayores daños que aquellos que se procuran evitar, minimizar o reparar […], conclusiones que –valga remarcar– adquieren ribetes especiales cuando se trata de niños, niñas y adolescentes” (considerando 10º).
4. Adopción. Entrega directa. Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Debido proceso.
“[T]ampoco la entrega directa de la niña como la falta de inscripción de los guardadores en el registro pertinente adquieren en el caso entidad suficiente para sustentar, por sí solos, el pronunciamiento apelado.
No cabe duda de que el respeto al debido proceso y la sujeción a las normas procesales y sustanciales que rigen el instituto de la adopción constituyen premisas fundamentales que no pueden ser soslayadas ni desconocidas tanto por quienes la solicitan como por quienes deben decidir al respecto, en resguardo del citado debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica que deben regir en todo pleito (arts. 18 de la Constitución Nacional). No obstante, frente a situaciones de marcada excepcionalidad como la de autos, a la hora de decidir, la satisfacción del interés superior exige atender a una visión de conjunto.
Este Tribunal ha señalado en distintas oportunidades que los jueces, en cuanto servidores de justicia en el caso concreto, no deben limitarse a la aplicación mecánica de las normas y desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia en la resolución del conflicto, pues de lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados, particularmente en esta materia, tarea en la que tampoco cabe prescindir de las consecuencias que se derivan de los fallos, pues ello constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su decisión (conf. arg. Fallos: 302:1611, 304:1919, 315:992, 323:3139, 326:3593, 328:4818 y 331:1262, entre otros).
En esa línea de razonamiento, si bien es cierto que las irregularidades señaladas constituyen conductas no solo sumamente reprochables sino prohibidas por el ordenamiento de fondo (conf. art. 318 del anterior Código Civil y art. 611 del actual Código Civil y Comercial de la Nación), susceptibles -incluso- de poner en serio riesgo el instituto de la guarda y la adopción de tornarse habituales -tarea en la que todos los operadores judiciales deben comprometer sus esfuerzos para evitarlas-, la corte local no pudo restar entidad a las consecuencias que se derivaban de su sujeción en el caso en concreto, en tanto conllevaban necesariamente a modificar una situación de estabilidad afectiva y social que se mantenía inalterable hace años y en la que, según expresó la niña, deseaba permanecer (confr. fs. 120) , sin evaluar, con el grado de rigurosidad que es exigible en razón de los intereses en juego, la incidencia que dicha modificación podría traer aparejada para la infante.
Análogas consideraciones cabe formular respecto de la falta de inscripción de los guardadores en el Registro Único de Adoptantes. Este Tribunal ha reafirmado el criterio según el cual `más allá de la relevancia que adquiere la existencia y la validez de las gestiones a cargo de los registros nacionales o locales de adoptantes en resguardo de las personas menores de edad, resulta inadmisible que tal exigencia constituya un obstáculo a la continuidad de una relación afectiva como la aquí considerada entre la niña y el matrimonio que la acogió de inicio, quienes han demostrado, en principio, reunir las condiciones necesarias para continuar con la guarda que les fuera confiada´ (cfr. doctrina de Fallos: 331:147 y 2047; 341:1733).”.
5. Guarda de niños. Estabilidad. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Guarda con fines de adopción.
“[F]rente a la inexistencia de circunstancias excepcionales que desaconsejaran su permanencia en ese núcleo familiar o que demostraran que su estadía generaría un trauma mayor al que se deriva de todo cambio de guarda, no resulta admisible confirmar la decisión apelada en cuanto importó modificar la situación de estabilidad –social y afectiva– en la que se encuentra la niña con la posibilidad cierta de someterla a una nueva situación de vulnerabilidad padeciendo otra desvinculación y otro desarraigo, sin certeza sobre sus consecuencias. Máxime frente a lo señalado por la defensora con posterioridad a la sentencia acerca de lo que le habría manifestado la infante […].
Una decisión en tal sentido no importa –como lo ha sostenido este Tribunal en distintas oportunidades– soslayar la trascendencia que tienen los denominados `lazos de sangre´ y el derecho fundamental de la niña a su identidad, ni asignar algún tipo de preeminencia material a la familia que ejerce la guarda con fines de adopción desde hace ya 11 años respecto de la biológica cuando, justamente, el derecho vigente postula como principio la solución opuesta. Mucho menos estigmatizar –de modo expreso o solapado– a la progenitora por la conducta que adoptó en el caso. Por el contrario, se trata de considerar, entre todos los intereses en juego –legítimos desde cada óptica– el del sujeto más vulnerable y necesitado de protección de modo que en el `juicio de ponderación´ de ellos la medida de no satisfacción de uno dependa del grado de importancia de satisfacción del otro (confr. Fallos: 341:1733 y sus citas)” (considerando 15º).
6. Derecho a ser oído. Familia biológica. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño.
“[C]orresponde descalificar la sentencia apelada y mantener la guarda con fines de adopción en el matrimonio C.L.R-C.A.C. y, a fin de dar una respuesta definitiva a una situación de incertidumbre que se ha mantenido por demasiados años, otorgar la guarda de la niña a dicho matrimonio con el alcance que surge de la sentencia de cámara, en tanto se presenta, entre las posibles, como la mejor alternativa para el sujeto más vulnerable de los involucrados, que es la niña.
En ese marco de actuación y en circunstancias especiales como las examinadas, este Tribunal ha admitido la necesidad de recurrir a lo que se ha denominado el `triángulo adoptivo-afectivo´, como una alternativa saludable para todos los involucrados y, obviamente, para el sujeto de preferente tutela, en tanto permite la preservación de los distintos vínculos que conforman parte de su universo. Ello, claro está, en la medida en que resulte beneficioso para la infante a quien, oportunamente, deberá oírse y darse debida participación habida cuenta la dinámica que domina este tipo de procesos.
Frente a las manifestaciones del matrimonio guardador sobre su conformidad para que el vínculo con la familia biológica se mantenga y continúe en el futuro por resultar beneficioso no solo para la niña sino para su familia de sangre, así como respecto de su colaboración para que dicho vínculo pueda llevarse a cabo […], la propuesta se exhibe como una respuesta que permite conjugar las realidades de la niña de un modo que atiende a `su interés superior´, en su acepción más amplia, sin que las circunstancias destacadas con posterioridad a la sentencia que se cuestiona […] puedan eliminar la solución que, al presente y en el contexto de la decisión que se adopta, luce -prima facie- como la más respetuosa de los derechos fundamentales de la infante.
Oportunamente, los jueces de la causa, dentro del marco de actuación que les es propio, deberán adoptar las medidas pertinentes para, a más de, como se señaló, oírla. La ley 26.061, como el art. 707 del Código Civil y Comercial de la Nación, contemplan expresamente la opinión del niño como derecho fundamental, receptando de ese modo lo dispuesto por el art. 12 de la citada Convención sobre los Derechos del Niño” (considerando 16º).
RECURSO EXTRAORDINARIO; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS; CUESTIÓN FEDERAL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; SENTENCIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; TRATADOS INTERNACIONALES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; SOCIOAFECTIVIDAD; EXCESIVO RIGOR FORMAL; TRIBUNALES DE FAMILIA; ADOPCIÓN; ENTREGA DIRECTA; REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS; DEBIDO PROCESO; GUARDA DE NIÑOS; ESTABILIDAD; VULNERABILIDAD; GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN; DERECHO A SER OIDO; FAMILIA BIOLÓGICA;
Etcheverry (causa Nº 49220)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró formalmente admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada (ministro Rosenkrantz y ministra Highton; Maqueda y Lorenzetti –por su voto–; y ministro Rosatti –por su voto–).
Voto de la ministra Highton y del ministro Rosenkrantz
1. Trabajo. Derecho del trabajo. Trabajo de mujeres o niños. Maternidad. Reglamentación de la ley.
“[E]l artículo 179 de la ley 20.744, en lo pertinente, dispone que `En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan´.
Como puede verse, el propio texto de la norma condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabajadores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas. A pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en cuestión no fue reglamentada.
La falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce en la práctica, tal como sostiene el dictamen del señor Procurador Fiscal, a privar de efectos jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación de los empleadores e impide el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Se configura entonces, en los términos de la doctrina de esta Corte, una omisión de autoridad pública frente a un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional (`Villarreal´, Fallos: 337:1564, considerando 11).
No obsta a dicha conclusión lo dispuesto en el artículo 103 bis, inciso f, de la ley 20.744. Esta norma dispone que cuentan como beneficios sociales `los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones´. Esta norma no es incompatible con el artículo 179 y ciertamente no suple la omisión de reglamentar dicho artículo. Tampoco suple la omisión la existencia de convenciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibilidad de estos servicios en las empresas. Como acertadamente señala el dictamen del señor Procurador Fiscal, al tratarse de un derecho derivado de la propia ley de contrato de trabajo no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva.
En definitiva, frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el deber de reglamentar, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión en un plazo razonable” (considerando 2º).
Voto de los ministros Maqueda y Lorenzetti
1. Acción de amparo. Admisibilidad. Acceso a la justicia. Reglamentación de la ley. Plazo razonable. Omisión.
“La Constitución protege las libertades y los derechos de las personas, y no es correcto interpretar que son meras declaraciones abstractas. Como dijo Joaquín V. González, las `declaraciones, derechos y garantías´ no son `simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación´ […].
La lectura del artículo 43 de la Constitución que hace el recurrente, al sostener que el prolongado tiempo de la omisión de reglamentar ─más de cuarenta años─ `impediría tener por acreditada la urgencia que requeriría esta vía´, arrasa con la letra y el espíritu de esa cláusula constitucional. Es que la propia configuración de una omisión constitucionalmente relevante exige, en general y entre otras condiciones, el transcurso de un plazo razonable por lo que mal podría esgrimirse ese lapso para inhibir la habilitación de la vía de amparo.
El tiempo, en sí mismo considerado, lejos de obstaculizar la admisibilidad de la acción de amparo, agrava la lesión que esta acción debe resguardar. A su vez, y a la luz del sentido constitucional del artículo 43, tampoco resulta procedente el agravio del Estado referido a que el amparo no es la vía adecuada porque los beneficios a los que se accedería con una sentencia favorable no serán inmediatos debido a que, aun en el caso de reglamentarse la ley, se requiere `tiempo´ para que las empresas puedan modificar sus estructuras para cumplir con la nueva reglamentación.
La inmediatez procesalmente requerida, se refiere a la satisfacción del acceso a justicia por parte del titular de un derecho vulnerado. Pero el tiempo final de la materialización siempre está sometido a una serie de variables no judiciales. Ello es irrelevante para la admisibilidad, porque llevará tiempo cumplir con una eventual reglamentación, sea que ella derive de una acción de amparo o de un proceso ordinario.
Por otra parte, no resulta atendible el planteo de la recurrente en cuanto a que el amparo no es la vía más idónea a la luz del artículo 43 de la Constitución Nacional porque el artículo 103 bis, inciso f, de la LCT ofrecería a los actores como alternativa el reintegro de gastos de guarderías o salas maternales. Tal argumento remite a un análisis de normas de derecho común cuya interpretación por el a quo, como se explicará, no luce arbitraria en tanto no incurre en la excepcionalmente grave deficiencia de fundamentación que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces de la causa como una sentencia fundada en ley, con directa lesión a la garantía del debido proceso (`Estrada, Eugenio´, Fallos: 247:713, entre otros)” (considerando 5º).
2. División de los poderes. Facultad reglamentaria. Discrecionalidad. Derechos operativos. Poder judicial. Acceso a la justicia.
“[M]ás allá de los correspondientes ámbitos de discrecionalidad, la omisión de reglamentar en un plazo razonable una ley puede ser motivo de escrutinio judicial cuando es una causa directa e inmediata para la lesión de un derecho individual o de incidencia colectiva, como también de cualquier otra cláusula constitucional. Es que tanto se vulnera la Constitución Nacional cuando se hace lo que ella prohíbe como cuando no se hace lo que ella manda […]
En este caso, del propio texto del artículo 179 de la LCT se desprende que es necesario que el Poder Ejecutivo expida un reglamento para la operatividad del derecho que consagra, es decir, para la ejecución de lo dispuesto por una ley de la Nación. Y lo cierto es que la Ley de Contrato de Trabajo fue promulgada en 1974 (ley 20.744, artículo 1°) y todavía no ha sido reglamentado el artículo al que se viene haciendo alusión” (considerando 9º).
“[L]a solución de este caso obliga a ponderar la función del Poder Judicial en cuanto a garantizar el acceso a justicia así como la eficacia de los derechos, por un lado, y por el otro, la división de poderes.
En relación al primer principio, esta Corte ha considerado que la Constitución Nacional, en cuanto norma jurídica, reconoce derechos humanos para que estos resulten efectivos y no ilusorios, pues el llamado a reglamentarlos no puede obrar con otra finalidad que no sea la de darles todo el contenido que aquella les asigne (Fallos: 335:452; 339:1077).
En cuanto al segundo principio, todos los precedentes de esta Corte Suprema son consistentes en señalar que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones […].
En cuanto a la ponderación entre ambos principios, esta Corte ha señalado que le corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos o suplir omisiones en la medida que dichos derechos puedan estar lesionados (Fallos: 328:1146; 341:39).
Por ello cabe concluir que deben ser respetados los ámbitos de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, con un límite, esto es, que se configure una omisión durante un tiempo irrazonable que torne ilusoria alguna cláusula de la Constitución” (considerando 11º).
Voto del ministro Rosatti
1. Protección integral de la familia. Familia. Tutela judicial efectiva.
“[R]esulta manifiesto que el citado artículo 179 in fine de la LCT encuentra sustento en distintos preceptos ubicados en la más alta jerarquía normativa.
En efecto, el precepto legal aludido se conecta con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto estipula la `protección integral de la familia´, pues el listado de beneficios allí mencionados expresamente por el constituyente (compensación económica, bien de familia y acceso a la vivienda digna) es meramente enunciativo y no invalida otros que se dirijan al mismo objetivo.
La manda constitucional tutela `los atributos de la familia´, entendida como una `sociedad natural organizada… sin discriminar sobre su forma de constitución, protegiendo además la maternidad, la infancia, y la menor edad” […]. La `familia´ constitucionalmente aludida, conforme a una interpretación dinámica del texto constitucional, no es solo la llamada `familia tradicional´ sino que abarca asimismo a otro tipo de relaciones basadas en el afecto, conforme a ponderaciones sociales que se expresan históricamente en criterios legislativos y jurisprudenciales (conf. Fallos: 312:1681; 340:1154, disidencia del juez Rosatti)” (considerando 8º).
“[L]a cláusula constitucional relativa a la protección integral de la familia se desprenden derechos y responsabilidades inherentes –entre otros tópicos– al cuidado de los hijos menores de edad, pautas que también reciben reconocimiento expreso en un conjunto de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, vigentes con el más alto rango jurídico conforme al reenvío dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional” [considerando 9º).
“[L]os derechos reconocidos en la legislación –cuya frustración se verifica por la omisión de reglamentar– constituyen una proyección de la tutela preferencial prevista en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, donde se establece como potestad del Congreso […].
La preferente tutela constitucional de mujeres y niños, y el amparo que el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo otorga a los trabajadores para el ejercicio de las responsabilidades familiares y el desarrollo de su proyecto de vida, invalida todo límite que se pretenda imponer al efectivo goce de sus derechos” (considerando 10º).
TRABAJO; DERECHO DEL TRABAJO; TRABAJO DE MUJERES O NIÑOS; MATERNIDAD; REGLAMENTACIÓN DE LA LEY; ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; PLAZO RAZONABLE; OMISIÓN; DIVISIÓN DE LOS PODERES; FACULTAD REGLAMENTARIA; DISCRECIONALIDAD; DERECHOS OPERATIVOS; PODER JUDICIAL; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; FAMILIAS; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;
LME (causa N° 7913)Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba
El Juzgado Federal de San Francisco, Córdoba hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a OSECAC a que en el plazo de cinco días proceda a restituir la cobertura de salud del niño como afiliado incluido en el grupo familiar de su madre, en las mismas condiciones que se encontraba con anterioridad a la baja dispuesta de manera unilateral (juez Bustos Fierro).

1. Derecho a la salud. Obras sociales. Pensión por fallecimiento. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Jurisprudencia.
“[L]a cuestión ya ha sido dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes `Albónico´ y `Andrada´ (Fallos: 324:1550 y 343:1591). A su vez, en idéntico sentido se ha pronunciado la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en `B, P D L M c/ OSPE s/ Prestaciones médicas´ (Sala B, Expte. N° 30599/2017, 24/10/18…).
Se ha señalado en tales fallos que el paso de la obra social del origen al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados debe ser siempre fruto de una opción específica y no un pase automático. En efecto, no es posible presumir la renuncia tácita al servicio de salud que lo amparaba, y la ausencia de constancias acerca de esa opción obsta a tener por válida la transferencia producida sin una expresa voluntad en tal sentido.
Se indicó, a su vez, que las sucesivas normas legales y reglamentarias han tenido por objeto ampliar y garantizar paulatinamente la libertad de elección de los prestadores médicos por parte de los beneficiarios, lo que enfatiza la necesidad de evitar soluciones que puedan desvirtuar el ejercicio de ese derecho”.
2. Derecho a la salud. Obras sociales. Derecho de opción. Pensión. Pensión por fallecimiento.
“[C]abe remarcar que el integrante del grupo familiar (el menor […]) de un afiliado titular directo (la [madre del niño], véase credencial […]) no se encuentra imposibilitado de optar por continuar con la obra social accionada por el solo hecho de haber recibido un beneficio de pensión. En efecto, el derecho de la accionante y su grupo familiar a las prestaciones médicos asistenciales que le corresponden por su carácter de afiliados, radica en el vínculo de origen que los une. El decreto 292/95, además de alentar la posibilidad de que los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud elijan a quién les brinde cobertura, no impiden que quienes gozaban de ella continúen bajo su misma protección”.
“Por ello y teniendo en cuenta que la [madre] no solo no ejerció la opción de cambio a favor de su hijo […] a fin de afiliarse al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados sino que por el contrario al tomar conocimiento de la baja dispuesta unilateralmente por la obra social, manifestó en forma expresa su intención de que el niño permanezca como afiliado, corresponde hacer lugar a la acción entablada y ordenar la reafiliación, sin perjuicio del eventual derecho que le pudiera corresponder a la demandada de percibir reintegros por parte del INSSJP”.
DERECHO A LA SALUD; OBRAS SOCIALES; PENSIÓN POR FALLECIMIENTO; INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS; JURISPRUDENCIA; DERECHO DE OPCIÓN; PENSIÓN;
MMN (causa Nº 2904)Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 1
El Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1 desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva e hizo lugar a la demanda. Además, obligó al Estado a que le otorgase a la actora una beca integral de estudios en las instituciones públicas que sean de elección de las reclamantes, tanto para que culminasen su educación secundaria, como luego universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio, para lo cual deberá otorgar la cobertura integral de los gastos de transporte y material educativo que sean necesarios. Por otra parte, condeno a la parte demandada a que acreditase en el expediente la implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de género y violencia contra la mujer (jueza Brancamonte).
1. Responsabilidad del Estado. Responsabilidad objetiva. Fuerzas de seguridad.
“[E]l Estado ha de responder en forma directa por los hechos ilícitos cometidos por los miembros de sus fuerzas de seguridad en ejercicio o en ocasión de sus funciones […]. Y aun cuando los hechos objetos de autos no fueron cumplidos dentro de los límites específicos de las funciones propias de la Policía Federal, es claro que, contrariamente a lo expuesto por la accionada, no se trató de cuestiones estrictamente interpersonales, reservadas a la intimidad de sus dependientes, sino que ha quedado sobradamente demostrado en las constancias de la causa penal labrada y fallos allí dictados, que tales hechos fueron llevados a cabo por sus dependientes en ocasión de sus funciones, lo cual determina la responsabilidad del Estado, tratándose de una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de la falta de servicio, aun cuando se considere la falla personal del agente público.
Sobre el particular, también debe recordarse las disposiciones específicas para el personal de la fuerza plasmadas en la ley 21.965, que en su artículo 8, establece que el estado policial `supone los siguientes deberes comunes al personal en actividad o retiro: a) adecuar su conducta pública y privada a normas éticas, acordes con el estado policial; b) no integrar, participar o adherir al accionar de entidades políticas, culturales o religiosas que atenten contra la tradición, la Institución, la Patria y sus símbolos; c) defender, conservar y acrecentar el honor y el prestigio de la Policía Federal Argentina; d) defender contra las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las personas aun a riesgo de su vida o integridad personal´.
Asimismo, el artículo 9, inciso a) agrega que tal estado impone como obligación esencial del personal en actividad `mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir toda infracción legal de su competencia, aun en forma coercitiva y con riesgo de vida´ y el inc. h) `atender con carácter exclusivo y permanente el ejercicio de la función policial´.
Por su parte, la exposición de motivos al analizar el Título I –Estado Policial–, aclara que distinguen `…los deberes y las obligaciones, entendiendo que aquellos son indivisibles respecto a la personalidad del policía, penetrando en el ámbito de su moral como irrenunciables e indelegables…´., lo cual implica el deber de velar adecuadamente por la integridad física de los miembros de la sociedad y la preservación de sus bienes, y que dicho deber es –como lo indica la mencionada exposición– indivisible respecto de la personalidad del policía.
En este orden, también debe agregarse que conforme lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 322:2002) `el ejercicio del poder de policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes (arts. 512 y 902 del Código Civil), pues ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados; y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado…´”.
2. Responsabilidad del Estado. Relación de causalidad. Falta de servicio.
“[T]oda vez que los aberrantes hechos que motivaron este juicio tuvieron directa conexidad con el accionar de los agentes que los promovieron y causaron, aunque no se encontraran cumpliendo las tareas específicas del cargo, es claro que el Estado es responsable por el hecho dañoso, pues `basta que la función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el hecho dañoso´ para que surja la responsabilidad del principal […].
Solo basta agregar que, tal como lo tiene reiteradamente decidido la jurisprudencia del Fuero, el criterio doctrinario y jurisprudencial sobre la responsabilidad estatal varió a lo largo del tiempo. Durante una etapa significativa, se la fundó en normas de derecho común asumiendo -juristas y jueces- que el Estado debía responder en forma refleja por los hechos obrados por sus dependientes con dolo o culpa […].
[U]na modulación de ese enfoque constituyó la prestación irregular del servicio y la aplicación analógica del artículo 1112 del Código Civil […], siendo doctrina del Máximo Tribunal que la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho de sus agentes, no es indirecta ni basada en la culpabilidad, por el contrario, cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad, aquél responde directamente por la falta de una regular prestación. Y es que, aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio. Es decir, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas […]. Esa responsabilidad directa basada en la falta de servicio y definida por la Corte como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño […]. Dicho con otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva […].
De tal modo, considerando que los antecedentes de la causa evidencian el accionar ilícito de la Policía Federal Argentina –a través de sus dependientes– […] cabe tener por configurada la irregularidad en la prestación del servicio de seguridad y adjudicarle la responsabilidad al Estado Nacional”.
3. Violencia de género. Abuso sexual. Perspectiva de género. Vulnerabilidad.
“[D]ebe ponderarse especialmente que las actoras fueron víctimas de abuso sexual con acceso carnal, e inducidas a la prostitución, cuando eran dos niñas comenzando su adolescencia (13 y 14 años), hechos que se reiteraron por más de dos años y a los que fueron obligadas mediante intimidaciones y aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad de discernimiento, social y económica que atravesaban.
Tales circunstancias hacen necesario evaluar la responsabilidad con un enfoque o `perspectiva de género´ y un análisis de la `vulnerabilidad´ de las damnificadas, conforme los postulados constitucionales y el bloque de convencionalidad aplicable, en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional.
Sobre el particular, debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado que la Administración de Justicia es la primera línea de defensa en la protección de los derechos humanos a nivel nacional, incluyendo los derechos de las mujeres. El Poder Judicial tiene un rol destacado en enviar mensajes sociales, para avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos, en particular las normas encaminadas a proteger a sectores en particular riesgo a sus derechos humanos como las mujeres (CIDH, 2011, `Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación´, Resumen ejecutivo e introducción, punto 8).
Asimismo, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) ha publicado un trabajo efectuado por la Justicia de México […], donde se expresa que `Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria´ […].
Desde esta perspectiva, es claro que analizar el caso con perspectiva de género no constituye una opción voluntaria o facultativa del órgano jurisdiccional, sino una obligación que viene impuesta por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a aquélla a partir de la reforma constitucional de 1994. Esto se aprecia en primer término en las disposiciones del art. 75, inc. 23 CN, en cuanto establece que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Y ello es así, en tanto se los considera como `grupos en situación de vulnerabilidad que, por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas, observándose que la vulnerabilidad acarrea situaciones de discriminación estructural, exclusión y marginación y destacándose que la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha llevado a una protección normativa y judicial más profunda, que brinda herramientas para generar un contexto más favorable para revertir las situaciones de inequidad´…”.
4. Responsabilidad del Estado. Prevención e investigación. Debida diligencia. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención De Belém Do Pará). Perspectiva de género.
“[E]l Estado Nacional asumió el compromiso de prevenir, investigar, sancionar y reparar los tipos de violencia […], de modo que para el entendimiento interamericano de protección de los derechos humanos, [el] marco convencional (en especial, el dado por la Convención de Belém do Pará), reconoce el `vínculo crítico que existe entre el acceso de las mujeres a una adecuada protección judicial al denunciar hechos de violencia, y la eliminación del problema de la violencia y la discriminación que la perpetúa´ […].
De tal modo, es claro que la totalidad de las pautas referidas precedentemente, deben ser tenidas en cuenta para decidir en esta causa, ya que la perspectiva de género debe ser ponderada especialmente para una justa resolución del conflicto, con una visión que abarque integralmente todas las normas legales y supralegales, precedentes y recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso, las cuales no deben considerarse pautas generales de alcance difuso, sino de normas operativas cuya aplicación genera efectos concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa […].
Para ello, debe considerarse especialmente, que quienes ejercen la magistratura no cuentan solo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte, ante ataques deliberados de todo tipo como consecuencia de su condición de mujer, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable (art. 7 inc. g, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; art. 7 Ley 26.485). Y esa obligación excede el ámbito del derecho penal o de familia, resultando de plena aplicación en todo tipo de procesos que así lo requieran por sus circunstancias de hecho, aun en los reclamos de daños y perjuicios civiles. Más no debe traducirse […] en una mejora en las sumas de dinero otorgadas de modo automático, porque ello sería llevar la cuestión a un reduccionismo contrario a las reglas que consagran la protección integral. En cambio, deben aplicarse métodos, sanciones y reparaciones de distinta entidad para que el abordaje resulte efectivo (reparación económica, sanciones extrapatrimoniales, medidas de reeducación (CA Civ. y Com. N° 2 de La Plata, Sala II, causa 127098 del 14/7/2020), como así también efectuarse especial ponderación de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que al establecer los derechos y garantías mínimas que deben asegurarse en todo procedimiento judicial o administrativo incluye: `la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia…´…”.
5. Indemnización. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral. Daño psicológico. Incapacidad.
“Sobre el particular, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físico como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, ello es en la medida que asuma la condición de permanente […]. De modo que, para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso.
En este mismo orden, la Corte ha reconocido que la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente importa una incapacidad que debe ser objeto de reparación al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida […].
Siguiendo esta línea de razonamiento, se ha decidido reiteradamente que la indemnización en concepto de daño psíquico resulta diferenciable de aquella que se destine a reparar el daño moral. Al punto, resulta conveniente señalar que el daño psíquico o psicológico remite a una verdadera lesión orgánica, a diferencia del menoscabo moral que –por definición– opera en el ámbito anímico espiritual […]. Es que el daño psíquico no implica cualquier desequilibrio espiritual –ámbito propio del daño moral–, sino que requiere la existencia de una lesión o menoscabo patológico, diagnosticable y más o menos clasificable por la ciencia médica […]. Además, se ha entendido que para que dicha indemnización resulte autónoma del daño moral reclamado, la incapacidad a resarcir debe ser permanente y no transitoria, así como también debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso […]. En igual sentido, se ha precisado que `el daño psíquico no queda subsumido en el daño moral, y corresponde resarcirlo en la medida en que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integrado´ […]. En suma, cabe considerar ontológicamente distinto el trastorno psíquico visto como daño cierto, evaluable a través de la pericia respectiva, del dolor experimentado como caracterizante del daño moral, debiendo afirmarse la distinción y consecuente valuación de cada rubro...”.
6. Daño psicológico. Informes. Informe psicológico.
“Ahora bien, si bien [se tiene] en cuenta que ambos profesionales adujeron que sus informes fueron realizados de manera tal de proteger el secreto profesional, el deber de confidencialidad y evitar potenciales situaciones de revictimización, lo cierto es que resultan tan escuetos que, de ser el único medio probatorio a tener en cuenta, en lo que hace a la pericia psicológica, solo contaríamos con los cuadros psicológicos objetivados a fs. 196 y 204, con porcentajes de incapacidad mencionados como orientativos y sin respuesta efectiva a la entidad de los tratamientos psicoterapéuticos indicados a las actoras […], mientras que en lo que hace a la pericia psiquiátrica, con la conclusión de que las actoras no presentan alteraciones de tipo psicótico que les impida tener autonomía psíquica como para intervenir en un proceso judicial […], circunstancias que […] lleva a considerarlos absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada.
En las condiciones indicadas, si bien debe ponderarse que los informes aludidos no contradicen, ni derriban las conclusiones de los restantes dictámenes evaluados y detallados en este considerando, estimo que, a los fines de la justa composición de la procedencia del rubro reclamado, deben ser analizados en forma integral y juntamente con aquellos, que también se encuentran agregados como prueba en esta causa.
Ello así, considerando la amplitud y precisión de las pericias realizadas en sede penal que ilustran cabalmente sobre la magnitud de la afectación psíquica que los hechos objeto de autos produjeron en ambas actoras, ponderando las pautas indicadas por la ley 26.485 (art. 16 inc. i) que […] resultan de aplicación al caso de autos, y teniendo en cuenta que los diferentes porcentajes de incapacidad aludidos por los profesionales que evaluaron a las accionantes, en función de distintos baremos, resultan, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una pauta genérica de referencia […], corresponde tener por debidamente acreditado el daño psicológico alegado”.
7. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Daño psicológico. Tratamiento médico.
“En cuanto al rubro tratamiento psicológico, debe ser indemnizado de manera autónoma de lo que corresponda por el rubro daño psíquico. El monto destinado a reparar el daño psíquico, tiene como fin indemnizar concretamente el daño en sí mismo que han padecido las co-actoras, y que ha sido ponderado en los informes […], con independencia de los tratamientos a futuro que se recomienda realizar, mientras que el concepto de tratamiento psicológico, se encuentra destinado directamente a lo que se deba abonar en virtud de las sesiones terapéuticas recomendadas a las actoras como paliativo del daño psicológico [..].
En este orden de análisis, cabe recordar que los gastos terapéuticos son resarcibles siempre que de acuerdo a la índole de las lesiones sea previsible la necesidad de realizar o continuar algún tratamiento curativo o paliativo. Ello no obsta a que tenga lugar el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni que exista por dicha causa duplicación de reparaciones, puesto que una cosa es resarcir la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado de las peticionantes. Si bien su finalidad estriba en revertir el diagnóstico de duelo patológico, no puede desconocerse que el éxito depende de variables que impiden asegurarlo […]. La señalada necesidad de la terapia apunta, obviamente, a los aspectos reversibles de las afecciones, como así también a los paliativos de las secuelas no modificables y a la prevención de ulteriores deterioros…“.
8. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios.
“En lo atinente a este rubro, debe ponderarse que, entre las múltiples definiciones que ha aportado la doctrina y la jurisprudencia respecto del daño moral podemos encontrar la que sostiene que consiste en `la minoración en la subjetividad de la persona humana, derivada de la lesión a un interés no patrimonial (individual o colectivo). O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial´. Tal idea atiende a las consecuencias que produce la acción antijurídica, y pondera al daño extrapatrimonial o moral por lo que es, en términos positivos, asignándole un contenido propio y específico, no por mera contraposición con el daño material, y da cuenta de que el detrimento se traduce en una modificación disvaliosa del espíritu, expresión que destaca que la persona humana es cuerpo y espíritu, lo cual es comprensivo de múltiples aspectos de su personalidad que son dignos de protección. Finalmente, el daño moral supera lo meramente afectivo, los sentimientos, y proyecta también sus efectos hacia otras zonas de la personalidad que merecen debida protección: la capacidad de entender y la de querer, de suerte que la mera ausencia de sensibilidad o de comprensión del dolor no excluyen la posibilidad de existencia de daño moral. Aun cuando no exista consciencia del agravio, el disvalor subjetivo puede configurarse. El sufrimiento no es, de tal modo, un requisito indispensable para que haya daño moral, aunque sí una de sus posibles manifestaciones más frecuentes. Con ello se supera el estrecho molde del llamado pretium doloris, que presupone necesariamente aptitud del damnificado para sentir el perjuicio. Por lo tanto, la pérdida de los sentimientos o de la posibilidad de experimentarlos, y más aún, de la aptitud de encontrarse en una situación anímica deseable, es daño moral […].
A su vez, y en lo relativo a su cuantificación, se ha dicho reiteradamente que se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado a través de dinero, que funciona como un medio de obtener goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales, siendo claro que el dinero no cumple una función valorativa exacta, pues el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (CSJN, `Baeza, Silvia Ofelia c/. Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios´, 12/4/2011).
En otro orden, debe ponderarse que en el caso, las hermanas M.N.M y C.S.M sufrieron todos los tipos de violencia definidos por la normativa aplicable (Ley 26.485, art. 5°), en tanto se las sometió a violencia física, psicológica, sexual, y simbólica, debiendo sumarse a ello la violencia económica sufrida en función de su extrema vulnerabilidad dada no solo por las condiciones sociales y económicas que atravesaban (nótese que en muchos de los casos las prácticas a las que eran sometidas tenían como moneda de cambio un plato de comida, o dinero para viajar), sino también la vulnerabilidad propia de la edad en la que transcurrieron esos hechos (edades, en las que ya se dijo, debían ser consideradas como niñas, conforme art. 1 de la Convención de los Derechos del Niño), como así también por la relación de asimetría absoluta con los depredadores que llevaron a cabo las deleznables prácticas ya evaluadas en autos”.
“[L]a inmensa gravedad de los hechos, el extenso tiempo en el que transcurrieron, la manifiesta vulnerabilidad de las actoras, son circunstancias que llevan a considerar que la procedencia del rubro en análisis se encuentra configurada in re ipsa, en tanto los padecimientos por parte de las reclamantes resultan de los propios hechos y sus consecuencias, por lo que aún al margen de las probanzas aportadas, no requieren de acreditación específica alguna…”.
9. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Consecuencias extrapatrimoniales. Valor vida.
“[L]a jurisprudencia ha destacado que el tema remite al caso `Loayza Tamayo vs. Perú´, fallado el 27 de noviembre de 1998 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (capítulo XII, numeral 144 y ss.). En esa oportunidad los jueces procuraron precisarlo de la siguiente manera `...El proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone...´ para afirmar más adelante que `...no se trata de un resultado seguro, que haya de presentarse necesariamente, sino de una situación probable –no meramente posible dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido (sic) y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos...´ (núm. 148 y 149).
En base a ello, se sostuvo que su definición es problemática ya que todas las personas tienen un proyecto o, inclusive, varios proyectos de vida, de acuerdo a la actividad personal y profesional que desarrollen […]. Y que esa dificultad se proyecta en la diferenciación especifica con otros rubros indemnizatorios y, por lo tanto, en la determinación de su cuantía“.
“En base a tales pautas, se estimó que el interesado debía exponer y probar cuál fue el proyecto de vida que se vio afectado por la conducta antijurídica, decidiéndose en estos casos, que el daño al proyecto de vida es una categoría del daño inmaterial que puede ser subsumido en el daño moral, por lo que se amplió el monto de condena por dicho rubro...”.
“[E]l daño al proyecto de vida `interfiere en el destino del sujeto, frustrando, menoscabando o postergando su realización personal´; que se trata de la mutilación del plan existencial del sujeto, de aquel que conforma su libre, personalísimo, íntimo y auténtico `ser y hacer´, y en la medida que ese plan supere el mero deseo, aspiración o expectativa y que se arraigue en la probabilidad cierta de que el objetivo vital sería razonablemente alcanzado de no mediar el hecho nocivo. Por ello la alteración debe ser profunda y comprometer las potencialidades ciertas de la persona y encaminada diariamente a su consecución. En sentido concordante, se ha expresado que `el proyecto de vida frustrado implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o de muy difícil reparación, es decir no sólo importa la frustración del proyecto de vida, sino también todo menoscabo, restricción o retardo en su realización´, agregándose que el daño al proyecto de vida se concibe como la frustración de fundadas, razonadas y objetivas expectativas de índole personal, enraizadas en un plan trascendente y significativo de la víctima…”.
“[L]a reparación al daño al proyecto de vida implica una indemnización, pero que no se reduce necesariamente a ésta, sino que puede traer consigo otras prestaciones que aproximen la reparación al ideal de la restitutio in integrum”.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; RESPONSABILIDAD OBJETIVA; FUERZAS DE SEGURIDAD; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; FALTA DE SERVICIO; VIOLENCIA DE GÉNERO; ABUSO SEXUAL; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); INDEMNIZACIÓN; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL; DAÑO PSICOLÓGICO; INCAPACIDAD; INFORMES; INFORME PSICOLÓGICO; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; TRATAMIENTO MÉDICO; VALOR VIDA;
Aráoz (Causa n°649)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación y se remitió a ellos. En ese sentido, hizo lugar al recurso de queja, revocó la sentencia impugnada y ordenó que vuelvan las actuaciones al tribunal de origen a fin de que se dictase una nueva sentencia (voto de los ministros Rosatti, Lorenzetti y Maqueda).
1. Admisibilidad. Recurso extraordinario. Debido proceso. Arbitrariedad.
“Es doctrina del Tribunal que las resoluciones por las cuales los superiores tribunales de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local que se interponen ante ellos no son, en principio, revisables en la instancia del artículo 14 de la ley 48, y que la tacha de arbitrariedad a su respecto es especialmente restrictiva […]. Empero, la regla puede ceder cuando lo resuelto conduce a una restricción sustancial de la vía utilizada por el apelante sin fundamentación idónea o suficiente, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional…”.
“Si bien el planteo remite al examen de cuestiones de hecho y a la interpretación y aplicación de normas de carácter procesal provincial, privativas de la justicia local y ajenas como regla y por su naturaleza a la instancia federal […] se configura un claro supuesto de arbitrariedad normativa que habilita la consideración de los agravios por la vía elegida, en la medida que lo resuelto encuentra fundamento en una exégesis inadecuada de la norma aplicable que la desvirtúa y torna inoperante […], extremo que se traduce en una restricción intrínseca del derecho de defensa por privar de un legítimo medio procesal de impugnación ante la justicia…”.
2. Sobreseimiento. Inimputabilidad. Arbitrariedad.
“[Al dictar el sobreseimiento] la cámara consideró probable la inimputabilidad [del hombre imputado] sobre la base del informe del perito psiquiátrico de la policía (cuya validez ha sido puesta en cuestión por la querella). Al respecto, cabe señalar que la imputabilidad es una categoría normativo valorativa y, como tal, le corresponde determinarla exclusivamente a los jueces y a tal propósito el peritaje psicológico psiquiátrico, es un elemento de relevante pero no excluyente.
En esas condiciones el sobreseimiento del imputado luego de la revocación de su procesamiento, sin haberse incorporado y valorado nuevos elementos de convicción […] deviene arbitrario, como postula el recurrente, porque se dictó sin haberse alcanzado el grado de certeza negativa exigido por la ley procesal para el auto conclusivo. Las evidencias colectadas hasta ese momento, aunque insuficientes para procesarlo o sobreseerlo, eran adecuadas para mantenerlo vinculado al proceso”.
3. Querella. Doble conforme. Víctima. Debido proceso.
“[C]orresponde por último hacer referencia al restante planteo de la querella, referido al menoscabo del derecho constitucional al doble conforme. Si bien esa garantía se encuentra constitucionalmente asegurada sólo en beneficio de inculpado […], el Tribunal ha hecho excepción respecto del acusador cuando –como en el caso– las leyes la establezcan específicamente…”.
“[E]l adecuado respeto al debido proceso sólo exige que el litigante sea oído con las formalidades legales y no depende del número de instancias que las leyes procesales, al reglamentarlo, establezcan según la naturaleza de las causas […]. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que es doctrina consolidada de la Corte que todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución, puesto que ella garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera sea la naturaleza del procedimiento – civil o criminal– de que se trate…”.
4. Querella. Tutela judicial efectiva. Víctima. Violencia de género.
“[L]os antecedentes expuestos muestran que en el sub judice se ha efectuado una inteligencia de la ley local aplicable que condujo al menoscabo de la garantía constitucional al debido proceso que, con el alcance indicado, ampara a la querella.
Sus derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia reconocidos en los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8°, inciso 1°, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2°, inciso 3°, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adquieren mayor entidad en la especie en la medida que dicho resguardo resulta especialmente exigible en tanto se le imputa [al hombre] haberle arrojado alcohol y prendido fuego a su esposa, quien falleció como consecuencia de ese acto, calificándose el hecho como homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y mediando violencia de género. En estos supuestos, la protección de los derechos constitucionales que asisten a las víctimas en general está especialmente garantizada por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres…”.
ADMISIBILIDAD; RECURSO EXTRAORDINARIO; DEBIDO PROCESO; ARBITRARIEDAD; SOBRESEIMIENTO; INIMPUTABILIDAD; QUERELLA; DOBLE CONFORME; VICTIMA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; VIOLENCIA DE GÉNERO;
Oviedo (causa Nº 34938)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión (juez Facio y jueza Do Pico).
1. Ley aplicable. Iura novit curia.
“Aun si se estimase que las pretensiones descriptas no fueron expuestas por la actora con una claridad sobresaliente, cabe recordar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el principio iurit novit curia `faculta al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes´ y los tribunales `tienen el deber de examinar autónomamente los hechos controvertidos para poder encuadrarlos en las disposiciones jurídicas que apropiadamente los rigen […] En ningún caso, el nomen iuris utilizado por el demandante ata al juez quien está constitucional y legalmente investido de imperium para declarar cuál es el derecho aplicable […] es función de los jueces la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se les presentan, conjugando los enunciados normativos con los elementos fácticos del caso […] Tal cometido, por lo demás, debe ser armonizado con la necesidad de acordar primacía a la verdad objetiva, considerada como una exigencia propia del adecuado servicio de la justicia que garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional y que impide el ocultamiento o la desnaturalización de la realidad mediante la utilización de ropajes jurídicos inapropiados´ (Fallos: 337:1142; y esta sala, causa `Martínez Hugo Alberto c/ Edenor SA s/ expropiación– servidumbre administrativa´, pronunciamiento del 10 de noviembre de 2020).
El Máximo Tribunal, simultáneamente, precisó que las sentencias deben ser congruentes con los planteos y las defensas que formulan las partes, y que aunque los tribunales pueden reparar los errores referentes al derecho en que se fundan las pretensiones, en razón del principio iura novit curia, no están habilitados para hacerlo respecto de los hechos en que ellas se apoyan alterando la base fáctica del litigio o la causa petendi…”.
2. Policía Federal. Facultades discrecionales. Discrecionalidad.
“Las críticas expresadas por la PFA en el sentido de que la sentencia apelada desconoció el ejercicio de facultades discrecionales, propias de la `zona de reserva´ de la administración, no son admisibles.
El artículo 149, inciso ‘b’, de la reglamentación aprobada por el decreto 1866/1983, prescribe: `Los postulantes a Agente o Bombero, Escalafones Seguridad, Bomberos y Comunicaciones, para su ingreso a los Institutos de formación deberán reunir y satisfacer las siguientes condiciones particulares: […] Tener los hombres de UN METRO CON SESENTA Y CINCO CENTIMETROS (1,65 m.) a UN METRO CON NOVENTA Y CINCO CENTIMETROS (1,95 m.) de estatura; y las mujeres de UN METRO SESENTA CENTIMETROS (1,60 m.) a UN METRO CON OCHENTA Y CINCO CENTIMETROS (1,85 m.) de estatura´.
La formulación textual de la reglamentación relativamente a la condición física exigida para ingresar a la institución policial —en cuanto aquí interesa: el requisito de una altura mínima— no confiere a la administración una potestad discrecional, como postula la PFA, que, francamente, no explica de qué manera aquella previsión puede ser considerada como un supuesto de `discrecionalidad técnica´. Esa deficiencia en la crítica de uno de los pilares fundamentales sobre los que reposa el pronunciamiento apelado es, por sí sola, decisiva”.
3. Control de razonabilidad. Perspectiva de género. Jurisprudencia. Ley aplicable.
“Los agravios que propone la PFA acerca de la interpretación constitucional y convencional que expuso la sentencia de primera instancia no son idóneos para rebatirla, si se repara en que la conclusión sobre la irrazonabilidad de la exigencia reglamentaria fue precedida, con una intensidad determinante, aunque no excluyente, de la ponderación de que la parte actora es mujer y que diversas normas nacionales e internacionales le otorgan una tutela singular.
En ese sentido, cabe recordar, acentuadamente, algunas consideraciones que esta sala ha formulado en la aplicación de la perspectiva de género. En las causas `C.C. y otro c/ EN- Mº Economía- Secretaria de Transporte y otros s/ daños y perjuicios´ —pronunciamiento del 5 de noviembre de 2020— y `L,H.V. c/ EN s/empleo público´ —pronunciamiento del 8 de julio de 2021—, enfatizó en cuanto aquí más interesa:
El ámbito de tutela que la Constitución Nacional, en su artículo 75, incisos 22 y 23, diversos tratados internacionales —algunos de ellos, como se sabe, enunciados en ese inciso 22—, varios instrumentos internacionales y las leyes nacionales aseguran determinadamente a la mujer, como:
*La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979, aprobada mediante la ley 23.179, 1985).
* La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994, aprobada mediante la ley 24.632, 1996).
*La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la ONU Mujeres, Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (2010).
*La ley 26.485, ley de protección integral a las mujeres (2009).
*La ley 27.499, ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (2018).
—`El derecho internacional de los derechos humanos construye normas, reglas y principios, en una evolución continua, en favor de la igualdad de género, como el resultado de una lucha incesante por alcanzar y consolidar esa meta´.
—`[U]na mirada e/tica del desarrollo y la democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la desigualdad y los oprobios de género prevalecientes´, con la finalidad de `lograr un orden igualitario, equitativo y justo de géneros´.
La importancia señalada aconseja destacar, paralelamente, que la Sala II enfatizó que la aplicación del marco normativo conformado por las normas convencionales y nacionales —con hincapié en la CEDAW, en la Convención de Belém do Pará y en la 26.485— `no es, para quien tiene la función de impartir justicia, una opción; se trata, verdaderamente, de un mandato vinculante en las naciones donde imperen textos semejantes o análogos´...”.
4. Control de razonabilidad. Igualdad. No discriminación. Categorías sospechosas. Principio de proporcionalidad.
“Si, con todo, se considera que la norma reglamentaria es `neutra´ o presenta `neutralidad´ —circunstancia que aquí, como se vio, no se configura ya que su irrazonabilidad quedó claramente establecida—, es insoslayable retener el concepto de impacto desproporcionado:
1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el derecho internacional de los derechos humanos no so/lo prohíbe políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas cuyo impacto sea discriminatorio contra ciertas categorías de personas, aun cuando no se pueda probar la intención discriminatoria […]
2. La Corte Suprema ha explicado que en algunos supuestos `A pesar de su apariencia —que por sí sola no ofrece ningún reparo de constitucionalidad—, puede ocurrir, sin embargo, que […] la norma —aplicada en un contexto social— produzca un impacto desproporcionado en un grupo determinado´ (Fallos: 340:1795).
Es así que —ha aclarado— `No solo serán violatorias del principio de igualdad las normas que deliberadamente excluyan a determinado grupo, sino también aquellas que […] tienen comprobados efectos o impactos discriminatorios´ (ídem)”.
“[L]a Constitución Nacional establece la regla de la igualdad (artículo 16) y justifica la distribución diferenciada por medio de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y el pleno goce de los derechos reconocidos en ella y en los tratados internacionales que componen el sistema universal de los derechos humanos en `particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad´ (artículo 75, inciso 23, párrafo primero) y que `estos principios de igualdad democrática y de finalidad tuitiva de los sectores referidos deben ser respetados por el legislador´”.
LEY APLICABLE; IURA NOVIT CURIA; POLICÍA FEDERAL; FACULTADES DISCRECIONALES; DISCRECIONALIDAD; CONTROL DE RAZONABILIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; JURISPRUDENCIA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD;
ADDUC (causa Nº 17990)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja de manera parcial, declaró admisible el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia apelada respecto de la imposición de costas (ministros Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti, y ministra Highton de Nolasco).
1. Recurso extraordinario. Expresión de agravios. Admisibilidad. Deber de fundamentación.
“[C]on respecto al agravio relativo a la imposición de costas, cabe advertir que este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que, si bien dicha objeción remite al estudio de cuestiones fácticas y procesales, propias de los jueces de la causa y ajenas, en principio, a la vía del artículo 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a esa regla cuando el pronunciamiento contiene solo una fundamentación aparente, prescinde de circunstancias relevantes del proceso, o no satisface la exigencia de validez de las decisiones que impone siempre la aplicación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos comprobados en la causa…” (considerando 4°).
2. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Ley aplicable. Interpretación de la ley. Principio de gratuidad. Costas.
“[R]especto de la reglamentación legal de la cláusula constitucional examinada [artículo 43], corresponde recordar que en el segundo párrafo del artículo 55 de la ley 24.240 (con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) se establece, en relación con las asociaciones de consumidores, que `[l]as acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita´.
A los efectos de determinar el alcance que cabe asignar a la frase `justicia gratuita´ empleada por el legislador, es importante reparar en que tales términos también fueron incorporados en el párrafo final del artículo 53 de la misma ley, en el que se señala que `[l]as actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio´” (considerando 7°).
“[U]na razonable interpretación armónica de los artículos transcriptos permite sostener que, al sancionar la ley 26.361 ─que introdujo modificaciones al texto de la ley 24.240─, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso. En efecto, la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente. Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición. En este contexto, al brindarse a la demandada ─en ciertos casos─ la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte” (considerando 8°).
3. Defensa del consumidor. Ley aplicable. Interpretación de la ley. Debate parlamentario. Beneficio de litigar sin gastos. Costas.
“[E]l criterio de interpretación expuesto coincide con la voluntad expresada por los legisladores en el debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley 26.361, en el que se observa la intención de liberar al actor de este tipo de procesos de todos sus costos y costas, estableciendo un paralelismo entre su situación y la de quien goza del beneficio de litigar sin gastos. En efecto, en el informe que acompañó el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados por las comisiones de Defensa del Consumidor, de Comercio y de Justicia, en referencia al artículo 53 de la ley 24.240, se señaló que `se reinstala en la ley que nos ocupa el beneficio de justicia gratuita para todos los procesos iniciados en su mérito, que había sido oportunamente vetado al promulgarse la ley en 1993, estableciéndose empero la posibilidad de que la demandada alegue y demuestre la solvencia de la parte actora, haciendo cesar el beneficio. Todo ello en el entendimiento de que se coadyuva a garantizar así el acceso de los consumidores a la justicia, sin que su situación patrimonial desfavorable sea un obstáculo´.
En igual documento, en referencia al artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor, se sostuvo que `por similares razones a las expuestas al fundar la reforma al artículo 53, y aún mayores en consideración a que se acciona en defensa de los intereses colectivos, se propicia el beneficio de justicia gratuita en este tipo de causas. También teniendo en cuenta que cuando alguna autoridad pública o alguna defensoría del pueblo han actuado en procesos colectivos se los ha eximido de gastos por pertenecer al aparato del Estado, con lo que podría configurarse una indebida discriminación en contra del restante legitimado para incoar acciones colectivas, las asociaciones de consumidores, cuya genuina y eficiente representación de la sociedad civil en estos temas está convalidada con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico´ […].
En el mismo sentido, en cuanto al alcance que corresponde adjudicar a los términos aquí examinados, el diputado Pinedo planteó sus observaciones al proyecto por entender que extendía notable e inconvenientemente el carácter de consumidor y, por tanto, el ámbito de aplicación de la ley. Así, en relación a su artículo 53, señaló que `…una pequeña y mediana empresa al ser considerada consumidor, gozará del beneficio de litigar sin gastos, eventualmente aun contra sus proveedores, obligando a éstos a acreditar la solvencia de la compañía´ […].
Por su parte, en oportunidad de debatirse el proyecto de ley en el Senado de la Nación, se señaló que con la incorporación del beneficio de justicia gratuita se pretendía remover los obstáculos que impedían a la mayoría de los usuarios y consumidores recurrir a la justicia `…para hacer valer la vulneración de un derecho, porque no están en condiciones de contratar los servicios de un profesional del Derecho ni de afrontar los gastos que demande una pretensión judicial en concreto´ […]. En igual sentido se expidió el senador Pichetto, quien sostuvo que “…Si este es un proyecto de ley de defensa del usuario, de los humildes, de los pobres y de los más débiles, el principio de gratuidad tiene que ser inherente a esta norma, si no para qué votar esta iniciativa…” […]. Y en coincidencia con ello, el senador Morales afirmó que `…vamos a sancionar una norma que consolidará y reglamentará un derecho establecido en la Constitución, que es de orden público y de aplicación para los usuarios y consumidores de todo el país. Por consiguiente, considero que está bien establecer el principio de gratuidad, de acceso gratuito a la Justicia…´ […].
Cabe destacar que si los legisladores descartaron la utilización del término `beneficio de litigar sin gastos´ en la norma no fue porque pretendieran excluir de la eximición a las costas del juicio, sino para preservar las autonomías provinciales en materia de tributos locales vinculados a los procesos judiciales. En este sentido, aparecen como esclarecedoras las exposiciones tanto de la senadora Escudero […] como las del senador Guinle, quien afirmó que `…esta es una ley de fondo, pero también es cierto que la tasa de justicia le corresponde ser percibida por los gobiernos provinciales. Entonces, como decía la senadora Escudero, lo pertinente es establecer el principio de gratuidad, porque corresponde en la ley de fondo (…)´...” (considerando 9°).
4. Derechos de los consumidores. Defensa del consumidor. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Costas.
“[E]sta Corte entendió que no correspondía la imposición de costas en el marco de los recursos traídos a su conocimiento en acciones que propenden a la protección de derechos de usuarios y consumidores (CSJ 66/2010 (46-U)/CS1 `Unión de Usuarios y Consumidores y otros c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ sumarísimo´, sentencia del 11 de octubre de 2011; Fallos: 335:1080; CSJ 10/2013 (49-U)/CS1 `Unión de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ ordinario´, sentencia del 30 de diciembre de 2014; Fallos: 338:40; CSJ 27/2013 (49-D)/CS1 `Damnificados Financieros Asociación para su Defensa c/ Bco. Patagonia Sudameris S.A. y otros s/ sumarísimo´, sentencia del 7 de abril de 2015; CSJ 443/2011 (47-P)/CS1 `Padec Prevención Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/ Cablevisión S.A. s/ cumplimiento de contrato´, sentencia del 22 de diciembre de 2015, entre otros). A mayor abundamiento, en el precedente `Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A.´ (Fallos: 338:1344), este Tribunal señaló ─en ocasión de resolver una petición relativa a la exención del depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación─ que `la efectiva vigencia de este mandato constitucional, que otorga una tutela preferencial a los consumidores [en referencia al art. 42 citado], requiere que la protección que la Constitución Nacional encomienda a las autoridades no quede circunscripta solo al reconocimiento de ciertos derechos y garantías sino que además asegure a los consumidores la posibilidad de obtener su eficaz defensa en las instancias judiciales´ (considerando 4°). Y, en el mismo precedente, afirmó que `…la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo´ (considerando 6°).
Así las cosas, allí se concluyó en que `una interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto no solo desconocería la pauta interpretativa que desaconseja distinguir… donde la ley no distingue […] sino que conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores ─y de las asociaciones que pretendan proteger sus intereses─ a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos´” (considerando 10°).
RECURSO EXTRAORDINARIO; EXPRESIÓN DE AGRAVIOS; ADMISIBILIDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; LEY APLICABLE; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PRINCIPIO DE GRATUIDAD; COSTAS; DEBATE PARLAMENTARIO; BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA;
NIT (Causa N° 2054)Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay
La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay dispuso con carácter cautelar el cese de los actos perturbadores, intimidatorios y hostiles hacia la mujer. Además, ordenó que el jefe departamental arbitrara todas las medidas para que la mujer pudiera realizar sus funciones de acuerdo con las tareas de cuidado de sus hijos (jueza Erramuspe y juez Lacava).
1. Medida cautelar. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. Tutela judicial efectiva. Duración del proceso. Principio de inmediación. Violencia laboral. Violencia de género. Protección integral de la mujer.
“[L]a protección judicial de derechos en situaciones de urgencia frente a las autoridades públicas evidencia la necesidad de contar con instrumentos idóneos para dar respuestas ágiles y oportunas a los desarreglos estatales y, en particular, para conferir protección efectiva a ciertos derechos fundamentales, lo cual evidencia la necesidad de adoptar mecanismos de suficiente tutela para su efectiva salvaguarda, decantando en una progresiva ampliación de los instrumentos de tutela de urgencia.
En este sentido, la medida debe ser tomada con la mayor premura para cumplir con el objetivo protector vertebrado por la ley, dado que una decisión a destiempo puede acarrear serios perjuicios a la persona que ha acudido al tribunal para pedir amparo, estando investida la judicatura de la facultad de ordenar una medida distinta de la peticionada de acuerdo con la información con que cuente.

Por otra parte, [se debe] remarcar que este tipo de medidas [cautelares], por estar referidas a la salvaguarda de la integridad psicofísica en el marco de una relación de sujeción especial, no requieren una prueba acabada, por lo que bastan que surjan prima facie la verosimilitud del derecho y la urgencia de la medida.
Estos principios rectores en materia de protección contra la violencia de género, obligan a la intervención judicial precautoria, inmediata y oportuna, y a los fines de la configuración de la verosimilitud del derecho, basta la sospecha de maltrato para disparar la tutela protectoria, con absoluta independencia de si el órgano otorgante cuenta o no con aptitud para intervenir en la cuestión fondal (cfr. art. 22 Ley 26.485)…”.
2. Constitución Nacional. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Maternidad. No discriminación. Género. Violencia de género. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Responsabilidad del estado. Niños, niñas y adolescentes. Deber de cuidado. Protección integral de la familia. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“[E]ntre los dispositivos incorporados [al artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional] se encuentra la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW, por sus siglas en inglés), cuyo preámbulo reconoce el aporte de la maternidad, al afirmar que ´el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación´.
La referida Convención dispone la obligación genérica de los Estados Parte de seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer (cfr. artículo 2 de la CEDAW), y el deber de velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con la obligación de abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer (artículo 2 inciso 'd'). [E]l Estado está obligado a adoptar un rol activo en la promoción de la igualdad, en el plano preventivo, sancionador y reparador. La prevención claramente apunta a desmontar el andamiaje cultural del patriarcado, los prejuicios, preconceptos, estereotipos e ideas sostenidas a través de los siglos…”.
“[P]articularmente el artículo 11.2 apartado c) de la CEDAW dispone que debe prestarse protección especial a la mujer en razón de la maternidad, alentando el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños…”.
“Por su parte, el artículo 30 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece que ´toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad´ y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en su artículo 10.1 que los Estados parte deben ´conceder a la familia, que es el elemento natural fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo´, y en su artículo 10.2, que los Estados Parte ´deben conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto´…”.
3. Violencia laboral. Acoso laboral. Violencia de género. No discriminación. Igualdad. Perspectiva de género. Fuerzas de seguridad. Maternidad. Familia. Deber de cuidado.
“[A]tento los deberes estatales adquiridos en materia de igualdad entre varones y mujeres, y la eliminación de la discriminación contra la mujer tornan obligatorio el impulso de instancias institucionales que consideren específicamente las cuestiones de género en el ámbito de las fuerzas policiales y de seguridad, que permitan a una mujer, durante el período de lactancia o post parto, compatibilizar sus tareas profesionales o laborales con el cuidado y atención de la familia.
La normativa vigente en el ámbito de la fuerza policial provincial refracta carecer de regulación específica en lo tocante al establecimiento de regímenes de guardias, actividades de tiro, ejercicios de combate, de instrucción y otros para mujeres embarazadas y lactantes. [P]or las características propias de la actividad de guardia resulta necesario limitar su asignación en el caso de las mujeres lactantes a fin de garantizar un adecuado desempeño de las funciones profesionales y un óptimo estado físico que atienda la situación especial por la que se atraviesa y, a su vez, garantice el derecho a la alimentación y cuidado/crianza/ desarrollo del niño o la niña…”.
“[T]eniendo en cuenta que la práctica de la lactancia no depende exclusivamente del deseo de las y los progenitores y/o de la familia, en este caso particular, es necesario que el Estado, en su rol de empleador, promueva medidas que garanticen las mejores prácticas de cuidado de las niñas y los niños lactantes, promoviendo que las mujeres lactantes gocen de horarios de trabajo determinados, sin guardias nocturnas, y que se favorezcan marcos jurídicos que impidan la discriminación de las trabajadoras por motivos de género, maternidad, paternidad o responsabilidades familiares…”.
MEDIDA CAUTELAR AUTOSATISFACTIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DURACIÓN DEL PROCESO; PRINCIPIO DE INMEDIACION; VIOLENCIA LABORAL; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; CONSTITUCION NACIONAL; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; MATERNIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DEBER DE CUIDADO; PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA; DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; ACOSO LABORAL; IGUALDAD; FUERZAS DE SEGURIDAD; FAMILIAS;
Ramírez (causa N° 36474)Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 de la Capital Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 declaró extinguida la acción penal por prescripción y absolvió al imputado por el delito de homicidio preterintencional (jueces Ramírez y Salas, y jueza Dieta de Herrera).
1. Homicidio. Motivación. Prueba. Testimonios. Informe pericial. Apreciación de la prueba.
“[E]l Tribunal ha señalado claramente que la muerte de [la víctima] fue consecuencia directa del golpe que [el imputado] le propinó con una botella. […] Sostuvo también que el enfrentamiento entre quienes eran amigos desde la adolescencia no fue producto de una rencilla personal entre ellos sino que aparece exclusivamente vinculado a la pretensión [del acusado] de recuperar el teléfono que [la víctima] le sustrajo a [su novia], y que obró determinado por el pedido de ésta y no por motivos de índole personal.
También ha sostenido que el resultado del examen de autopsia resulta compatible con la mecánica de los hechos finales descripta por el imputado por lo que ha desechado las conclusiones y reconstrucción intentada por el acusador fiscal. […] De esta manera adquieren prevalencia las hipótesis planteadas por la defensa”.
2. Homicidio. Delito preterintencional. Prescripción. Actos interruptivos. Pena máxima.
“[E]l Tribunal advierte un obstáculo para continuar su examen. En efecto, la defensa planteó como primera hipótesis la aplicación del art. 81, inc. b, del Código Penal y, como segunda hipótesis la aplicación del artículo 35 del mismo Código. En el primer caso la escala penal aplicable se extiende desde los tres a seis años de reclusión, o de uno a tres años de prisión. En el segundo caso se extiende desde uno a cinco años de prisión”.
“En el caso, la prescripción de la acción empezó a correr en la medianoche del 24 de septiembre de 2012 y el último acto interruptivo en este proceso, lo constituye la citación a juicio ordenada el día 12 de julio de 2013.
Puesto que no existe constancia de que [el acusado] haya cometido ningún delito con posterioridad a esa fecha, resulta evidente que ha transcurrido un plazo que excede la pena máxima que, en la hipótesis más gravosa, podría haber calificado como homicidio preterintencional la conducta del imputado”.

HOMICIDIO; MOTIVACIÓN; PRUEBA; TESTIMONIOS; INFORME PERICIAL; APRECIACION DE LA PRUEBA; DELITO PRETERINTENCIONAL; PRESCRIPCIÓN; ACTOS INTERRUPTIVOS; PENA MÁXIMA;
PBEG (causa Nº 1813)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja, declaró admisible el recurso extraordinario federal y revocó la sentencia apelada (ministros Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, y Ministra Highton).
1. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Gravamen. Niños, niñas y adolescentes. Cuestión federal. Derecho a ser oído.
“[A]un cuando la decisión apelada, dictada en el marco de un proceso sobre medidas cautelares, no constituye –como regla– sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario, este Tribunal ha admitido que pueda reputarse equiparable a tal cuando lo decidido es susceptible de producir un perjuicio que, por su magnitud y las circunstancias de hecho que lo condicionan, podría resultar frustratorio de los derechos constitucionales en que se funda el recurso por ser de insuficiente o tardía reparación ulterior (conf. Fallos: 331:2135 y sus citas).
Ello es lo que sucede en el caso pues, a la luz del desarrollo de los hechos, de lo informado por los especialistas y de lo manifestado por los destinatarios de las medidas aquí dispuestas, mantener, sin más, la solución propuesta por la corte local podría traer aparejado un gravamen de dificultosa o imposible reparación ulterior dada la crucial incidencia en la vida presente y futura de los niños involucrados en el conflicto parental e, incluso, hasta agravar una situación que en la actualidad ya luce seriamente complicada, en desmedro de todos los involucrados” (considerando 8°).
“[L]os agravios del recurrente suscitan cuestión federal para su consideración por la vía intentada, desde que ponen en tela de juicio la inteligencia de las normas de un tratado que goza de jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 3.1 y 12) y la sentencia del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que aquel funda en ellas […]. Asimismo, el interesado invoca la errónea ponderación de las disposiciones de la ley 26.061 como del art. 707 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto receptan las directrices adoptadas en el citado tratado” (considerando 9°).
2. Interés superior del niño. Niños, niñas y adolescentes.
“[L]a Corte Suprema ha enfatizado firmemente sobre la necesidad de resolver los conflictos que atañen a los infantes a la luz del principio del interés superior del niño, en tanto sujetos de tutela preferente […].
En ese contexto, ha señalado que la consideración del referido interés superior debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos que involucran a los niños y niñas en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar –en la medida de su jurisdicción– los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que la Constitución Nacional les otorga (art. 75, inciso 22, de la Ley Fundamental).
Ello así, pues los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial que debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que ante un conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de ellos debe tener prioridad por sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso en concreto, aun frente al de sus progenitores […]. Dicho principio encuentra consagración constitucional en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e infra-constitucional en el art. 3 de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los arts. 639, inciso a y 706, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación” (considerando 11°).

“[E]ste Tribunal ha señalado que dicho principio no debe ser considerado en forma puramente abstracta, sino que su contenido debe determinarse en función de los elementos objetivos y subjetivos propios de cada caso en concreto […]. Se trata de un concepto dinámico y flexible que deberá precisarse de forma individual, con arreglo a la situación particular y a las necesidades personales de los sujetos involucrados, tarea en la que la opinión del infante, la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, así como su cuidado, protección y seguridad, se presentan como elementos a tener en cuenta para evaluar y conformar el citado interés superior (confr. Comité de los Derechos del Niño, Observación n° 14, puntos 4; 10/11; 32/34; 36/37; 52/54 y 58/74)” (considerando 12°).
3. Interés superior del niño. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído.
“[E]n la apreciación de las diferentes variables que contribuyen a conformar el concepto de `interés superior del niño´, la opinión del niño, niña y adolescente constituye un parámetro que en determinados asuntos adquiere y exige una imperiosa ponderación atendiendo a la edad y madurez de quien la emite, desde que no cabe partir de la premisa de que aquellos son incapaces de formarse un juicio propio ni de expresar sus propias opiniones.
Tanto la […] ley 26.061 como el art. 707 del Código Civil y Comercial de la Nación expresamente así lo contemplan, receptando de ese modo lo dispuesto por el art. 12 de la mencionada Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto dispone que `Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez…´. El derecho de todos los niños a ser escuchados constituye uno de los valores fundamentales de la Convención, a punto tal `que no es posible una aplicación correcta del artículo 3 si no se respetan los componentes del art. 12´ (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 12, puntos 2 y 74)” (considerando 13°).
“[L]a suprema corte local no efectuó el análisis que la hermenéutica constitucional y legal exigía, en particular los efectos o consecuencias que podía traer aparejada para los niños y la niña la confirmación de la medida cautelar que ordenaba su reintegro al cuidado de su madre en la forma en que fue dispuesta.
La decisión cuestionada hizo particular mérito de la existencia de un acuerdo de cuidado personal y régimen de comunicación homologado e incumplido por el progenitor, de la falta de acreditación suficiente de los hechos de violencia alegados, así como de la intervención del discurso paterno, pero no ponderó adecuadamente, a la luz del desarrollo de los hechos la incidencia que en la solución que proponía evidenciaba, la concordante y férrea opinión expresada por los niños y la niña que se oponían y se oponen a volver a residir y a estar al cuidado de su progenitora, así como a vincularse con ella […].
Esta expresión de voluntad que ha sido reiterada en la audiencia celebrada ante este Tribunal, en la que ratificaron la postura que vienen manteniendo a lo largo del proceso, resulta relevante a los efectos de determinar el interés superior del niño al que debe atenderse de manera primordial, según se ha manifestado” (considerando 16°).
“[L]a exigencia legal que impone a los jueces escuchar la opinión de los niños no implica el cumplimiento de una mera formalidad ni impide que aquellos puedan desatender sus preferencias si de los elementos obrantes en la causa surge que satisfacerlas no es conducente al logro de su superior interés.
Empero, cuando las circunstancias del caso advierten sobre la necesidad de atender sus expresiones, es responsabilidad de los magistrados adoptar una decisión que, al contemplarlas, conjugue de la mejor forma posible todos los intereses en juego sobre la base de parámetros sustentados en una razonable prudencia judicial y teniendo en miras que es la conveniencia de la persona en formación lo que debe guiar la labor decisoria. Máxime cuando dichas expresiones se han mantenido inalteradas en el tiempo pese a los intentos orientados a lograr una morigeración de su contenido y no se avizora la posibilidad cierta de modificación en las condiciones actuales” (considerando 18°).
4. Niños, niñas y adolescentes. Revinculación. Informes. Informe pericial. Informe psicológico.
“[R]esultan elocuentes las distintas consideraciones y conclusiones formuladas por el Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación en su informe en punto a que el fracaso sistemático de las medidas judiciales impuestas ha llevado la disfuncionalidad familiar a una etapa de marcada gravedad y a la necesidad de considerar medidas alternativas de resolución de la problemática que eviten procesos de victimización secundaria y la imposición de una metodología que ya ha fracasado en el pasado, al tiempo que dan cuenta de la posible implementación como recurso terapéutico de lo que se denomina `una desvinculación constructiva´ para encarar un nuevo vínculo desde otra perspectiva […].
La necesidad de afrontar la revinculación materno-filial desde otro enfoque y recurriendo a una técnica que difiera de la hasta ahora intentada sin resultados concretos favorables, aún en su mínima expresión, se ve reflejada en el último informe acompañado por la institución que tenía a su cargo el proceso de revinculación en esta jurisdicción -por decisión de las partes- que pone de manifiesto la seria y conflictiva situación del grupo familiar que ha llevado a dar por concluida su intervención en el asunto dada la imposibilidad de continuar con el mismo…” (considerando 20°).
“[F]rente a las circunstancias actuales, mantener lo resuelto en las distintas instancias –reintegro de los niños a la progenitora– no resulta viable ni acorde con la prudencia y la mesura que deben primar en la búsqueda de dar solución a conflictos en los que se encuentran involucrados los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes. Esta Corte Suprema ha tenido oportunidad de señalar que `los jueces deben pesar las consecuencias futuras de sus decisiones, sobre todo cuando los destinatarios son los niños´ (Fallos: 331:941).
En virtud de ello, la decisión que se adopte respecto de la conflictividad familiar que impera en el caso deberá inevitablemente atender a la evolución que tenga el tratamiento psicológico que deben mantener los hoy adolescentes y los adultos -cuya continuación y debida acreditación resultan esenciales para el resguardo de su integridad- tendiente a recomponer los lazos familiares y a alejar miedos e inseguridades de los primeros, paso imprescindible para arribar posteriormente al establecimiento de una paulatina, adecuada y saludable revinculación, todo ello sujeto a sus necesidades […].
Para el logro de dicho cometido, resultará imprescindible que, por un lado, el progenitor conviviente extreme sus esfuerzos a fin de permitir que el vínculo con el progenitor no conviviente pueda ir restableciéndose en un clima de paz y tranquilidad, evitando circunstancias que puedan llegar a agravar la situación personal de los involucrados que, de por sí, ya se encuentra en un estado delicado y, por el otro, que la progenitora adopte idéntica conducta con el propósito de ir recreando una relación materno-filial que, indefectiblemente, se ha ido perdiendo con el tiempo.
Asimismo, constituirá una nota esencial para alcanzar una solución que permita un acercamiento familiar genuino y adulto –con los tiempos propios que demandan las relaciones interpersonales– que ambos progenitores enfoquen su atención en la persona de sus hijos y dejen de lado cualquier desavenencia entre ellos que configure un obstáculo, impedimento o dificultad para el avance en la vinculación familiar” (considerando 21°).
RECURSO EXTRAORDINARIO; ADMISIBILIDAD; GRAVAMEN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CUESTIÓN FEDERAL; DERECHO A SER OIDO; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; REVINCULACIÓN; INFORMES; INFORME PERICIAL; INFORME PSICOLÓGICO;
Diez (causa nº 38433)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V
La Sala V de La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución impugnada y concedió la excarcelación bajo caución juratoria (voto de los jueces López y Pociello Argerich).
1. Medidas cautelares. Riesgos procesales. Código Procesal Penal. Reforma legal. Robo. Tentativa. Arraigo. Caución. Antecedentes penales.
“[E]l análisis de la procedencia de la morigeración de la prisión preventiva para que sea llevada a cabo en su domicilio requiere para su correcta evaluación de la confección de un informe socio ambiental que permita dar cuenta de las condiciones personales del encausado; esto es, si puede afrontar la prisión en su domicilio junto a sus familiares o bajo la vigilancia de un dispositivo electrónico, situaciones fácticas en las que primordialmente pueden indagar los especialistas que la autoridad previó para ello y que los jueces deben considerar a efectos de evitar la vulneración de sus derechos, requisitos que no fueron cumplidos por el a quo para su rechazo, pese a que ello había sido dispuesto por la sala en nuestra anterior intervención y que implica, en los hechos, un alzamiento a lo dispuesto”.
“[S]e pondera especialmente que el imputado ha cumplido el mínimo de la penalidad que prevé el delito que se le imputa, que el hecho representa un injusto de escasa lesividad y que en caso de resultar condenado, podría acceder a una pena en suspenso (artículo 26, a contrario sensu, del Código Penal); lo cual demuestra que mantener la medida de coerción resulta en el caso desproporcionado, por cuanto la prolongación de su encierro cautelar aparecería más gravosa que el fin de asegurar la aplicación de la ley penal.
De este modo, el riesgo procesal de fuga que se deriva de la circunstancia de que en los últimos tres meses se ha visto involucrado en al menos dos procesos penales, y en uno de ellos fue dictada su rebeldía y captura, deberá ser contrarrestado con una caución juratoria, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de sus familiares, como así también la acreditación del inicio del tratamiento en la institución [La Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario] y el compromiso de comparecer o entablar comunicación con el Juzgado cada vez que se estime pertinente, a fin de neutralizar los riesgos procesales que se derivan de su inconducta procesal (artículos 319 del Código Procesal Penal de la Nación y 210, incisos `a´, `b´, ´c´ del Código Procesal Penal Federal)” (voto del juez López).
2. Excarcelación. Riesgos procesales. Código Procesal Penal. Reforma legal. Ministerio Público Fiscal. Principio acusatorio.
“[E]n los casos en los que el Ministerio Público no se ha opuesto a la concesión de la excarcelación, [es necesario valorar] que `teniendo en cuenta el desinterés de la parte acusadora en adoptar cualquier medida restrictiva de la libertad, superado el control de legalidad, no se advierte razón alguna para convalidar el auto en crisis frente a la ausencia de contradictorio entre ambas partes´[…]; y en el caso, nuevamente el dictamen fiscal supera el control de legalidad y logicidad, previsto en el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación, por cuanto ha expresado los motivos por los cuales considera que debe concederse el derecho peticionado” (voto del juez Pociello Argerich).
MEDIDAS CAUTELARES; RIESGOS PROCESALES; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; ROBO; TENTATIVA; ARRAIGO; CAUCIÓN; ANTECEDENTES PENALES; EXCARCELACIÓN; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO;
RAPM (causa Nº 1092)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso de apelación y revocó parcialmente la sentencia en el sentido que la medida allí establecida no tenía carácter reciproco y sólo recaía sobre el denunciado (jueza Guisado y juez Rodríguez).
1. Violencia doméstica. Revictimización. Prohibición de acercamiento. Violencia institucional.
“[O]rdenarle a la denunciante de una situación de violencia doméstica que mantenga el mismo distanciamiento que se le exige al denunciado importaría una revictimización que afecta directamente a sus derechos, cuando el cumplimiento con la medida de prohibición por parte del demandado es suficiente para que la denunciante recupere su seguridad, sumado a que de las constancias de la causa surge que se le ha entregado un botón antipánico.
La idea es que quienes sufren violencia de género no tengan que afrontar el riesgo de una revictimización, que consiste –precisamente– en el padecimiento de otro tipo de maltratos por parte de las instituciones policiales, judiciales y de salud, que en la especie se concretaría en imponerle también a ella una prohibición de acercamiento.
Es importante recordar que la declaración sobre eliminación de la Violencia contra la Mujer y otros instrumentos internacionales destacan el deber de `evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer´.
En consonancia con esta temática, resulta imperativo adoptar medidas de carácter positivo tendientes a minimizar –y de ser posible neutralizar– la situación de riesgo denunciada en autos, lo que a todas luces no se concreta con la prohibición de acercamiento de la denunciante al denunciado”.
2. Protección integral de la mujer. Medidas de acción positiva. Víctima. Violencia de género. Prohibición de acercamiento.
“En este sentido, el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional, impone al Congreso el deber de `Legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.´
Es en cumplimiento de ello que se dictó la ley 26.485 que impone la obligación a la judicatura de tomar todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos a favor de las personas víctimas de violencia de género.
Esa combinación de legislar y promover medidas de acción positiva, no es una mera expresión de deseos del legislador, sino por el contrario, el precepto se impone como fuerza normativa para la plena operatividad de la norma. La inobservancia de ese mandato generaría una clara transgresión a las obligaciones internacionales asumidas por la República al momento de suscribir los Tratados de Derechos Humanos, y muy especialmente en el incumplimiento de maximizar los esfuerzos del Estado Argentino para la satisfacción y aplicación del sistema de protección integral para la denunciante (CEDAW)”.
3. Medidas de acción positiva. Igualdad. No discriminación. Prohibición de acercamiento. Protección integral de la mujer.
“Es más, al decir de diversos autores, de lo que se trata en estas cuestiones –y en este caso en particular– al adoptar medidas positivas, sería asegurar la vigencia sociológica de los derechos reconocidos por la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos que conforman el bloque constitucional vigente […].
Dicho con mayor claridad, las llamadas `acciones positivas´ tratan de discriminar o desigualar para igualar. Es el principio de la `discriminación inversa´, que es la manera como se puede llegar a igualar a quienes no parten de la misma situación.
En ese contexto, se concluye que la prohibición de acercamiento debe regir sólo respecto del denunciado y por lo tanto excluir a la denunciante de la reciprocidad establecida al respecto, a los efectos que no tenga que desarrollar una conducta omisiva a fin de proteger su integridad ni modificar rutinas de traslado a otros lugares por la vecindad con el denunciado, siendo que con la prohibición de acercamiento del denunciado ese extremo debe encontrase cubierto.
A todo evento, si el denunciado considera que lo descripto en su presentación del 1º de febrero de 2021 le da derecho a articular algún tipo de medida en su resguardo, nada impide que peticione ante las autoridades lo que estime corresponda por la vía pertinente.
Empero desde el marco legal aplicable al presente no se advierte que lo manifestado por el denunciado amerite la reciprocidad de la prohibición”.
“En tales términos, la crítica deducida por la apelante debe ser admitida a poco que se repare que –en efecto– la medida se dispuso por el alto riesgo que importa la cercanía entre las partes, empero ello no puede operar en desmedro de los derechos de la denunciante a favor de quien se dictó la medida, dado que en este caso en particular a tenor de cómo han sucedido los hechos, igualar a las partes con una medida recíproca altera el ejercicio de los derechos de la denunciante en vez de ampararlos”.
VIOLENCIA DOMÉSTICA; REVICTIMIZACIÓN; PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; VICTIMA; VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN;
Tejerina (causa N° 20364)Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a la imputada y ordenó su libertad (jueza Figueroa y jueces Petrone y Barroetaveña).
1. Ley de estupefacientes. Requisa. Prueba. Apreciación de la prueba. Principio de inocencia. In dubio pro reo. Principio pro homine.
“[D]el análisis de la probanza reunida y los fundamentos sobre cuya base el tribunal tuvo por acreditada la materialidad del hecho y la responsabilidad asignada a [la imputada], surge que, de adverso a lo sostenido por el órgano jurisdiccional, lo único que los elementos ponderados consiguen demostrar es la concurrencia de las objetivas circunstancias previstas en el art. 230 bis del CPPN para la procedencia de la requisa sin orden judicial y, por otra parte, la existencia de material estupefaciente fraccionado en dos paquetes dentro del recinto donde iba a ser requisada la nombrada, más no consigue la sentencia demostrar, con el grado de certeza requerido para una decisión condenatoria que el material estupefaciente efectivamente le perteneciera a la encartada.
Es que conforme surge de la evaluación del iter formativo de tal convicción –propiedad del material estupefaciente–, se observa que tal extremo se ha sustentado exclusivamente en lo declarado por la gendarme […], testimonio cuyo contenido es contrastado por otros elementos arrimados a la causa, que generan un estado de duda en punto a la propiedad de la droga incautada”.
“[Una vez analizado] de manera integral el plexo probatorio y correlacionada la prueba reunida, en el particular caso de autos no se supera el estándar de prueba que debe imperar para el dictado de una sentencia condenatoria, en la medida en que el cuadro probatorio que sustenta la acusación se limita a la declaración [del personal de Gendarmería], la que frente los restantes elementos de prueba reunidos y la versión defensista, no encuentra apoyatura en otro elemento cargoso que conduzca de manera necesaria y unívoca a corroborar la hipótesis de ocurrencia de los hechos conforme la acusación fiscal y, finalmente, conforme lo resuelto por el tribunal de juicio en el pronunciamiento impugnado”.
“[L]as deficiencias probatorias que presentó la acusación esgrimida en contra de la imputada no […] permiten arribar a la certeza necesaria para considerarla penalmente responsable por el hecho que se le atribuye, pues no ha logrado destruir el estado de inocencia que la ampara”.
“Esta solución se presenta además como la más respetuosa del principio pro homine, pauta jurídica interpretativa que traza transversalmente todo el ordenamiento jurídico penal y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que coincide con el rasgo fundamental del Derecho de los Derechos Humanos que se cimienta en estar siempre a favor de la persona humana” (voto de la jueza Figueroa, al que adhirió el juez Barroetaveña).
2. Tráfico de estupefacientes. Fuerzas de seguridad. Prevención e investigación. Derecho a la privacidad.
“A fin de garantizar el cumplimiento de [las obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico], resulta de suma importancia que las fuerzas de seguridad intervinientes en la prevención de este tipo de criminalidad compleja, estén dotadas de recursos suficientes a fin de poder llevar a cabo adecuadamente la función, atribución y deberes que le han sido encomendados – arts. 183, 184 y cc. del CPPN–.
Al respecto, menester es poner de resalto que actualmente se cuenta con nuevos medios técnicos y de otro tipo, propios del desarrollo tecnológico alcanzado por nuestras sociedades, cuyo empleo por parte de las fuerzas de seguridad resulta recomendable”.
“[E]l empleo de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal refuerza la protección del accionar desplegado por el personal preventor interviniente ante su eventual cuestionamiento constitucional y convencional y, al mismo tiempo, implica una intensificación de las medidas precautorias previas a la realización de concretas medidas intrusivas en la esfera privada de las personas” (voto de la jueza Figueroa, al que adhirió el juez Barroetaveña).
3. Ley de estupefacientes. Ministerio Público Fiscal. Acusación. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio acusatorio. Principio de contradicción. Recurso de casación.
“[L]a actuación del órgano jurisdiccional empece la postura del Ministerio Público Fiscal y, en ausencia de impulso ajeno al tribunal, violenta la garantía del debido proceso y afecta seriamente el derecho de defensa en juicio de los imputados de raigambre constitucional y convencional (artículos 18 de la Constitución Nacional; 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.
“[E]n el caso traído a estudio corresponde hacer extensiva la aplicación de la doctrina de los aludidos fallos ´Tarifeño´ y ´Cattonar´ – entre otros–  al ámbito recursivo, pues si la Corte Suprema entendió que la posición acusatoria y valorativa de la prueba del juicio asegura el contradictorio y habilita la potestad de juzgar, de la misma manera debe interpretarse que si el señor fiscal general –en tanto superior jerárquico del fiscal de juicio– declina la pretensión acusatoria allanándose a la pretensión de la defensa, el juzgador en la etapa recursiva no puede suplantarlo en su rol sin romper el juego de equilibrio entre las partes”.
“[L]as formas sustanciales del juicio requieren de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal, en resguardo de la garantía de debido proceso penal (art. 18 C.N.)”.
“[S]uperado el test de razonabilidad y logicidad sobre el dictamen fiscal en cuestión, dirigido en sentido idéntico al de la impugnación interpuesta por la defensa –lo que revela la ausencia de contradicción entre las partes–  determina la suerte favorable del presente recurso” (voto del juez Petrone).
LEY DE ESTUPEFACIENTES; REQUISA; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; PRINCIPIO PRO HOMINE; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; FUERZAS DE SEGURIDAD; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; DERECHO A LA PRIVACIDAD; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; ACUSACIÓN; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO ACUSATORIO; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; RECURSO DE CASACIÓN;
Nieva (causa N°23592)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán autorizó a la imputada salir a trabajar dos horas por día bajo la modalidad de prisión domiciliaria (juez Basbus).
1. Prisión domiciliaria. Niños, niñas y adolescentes. Género. Perspectiva de género. Trabajo. Principio de intrascendencia de la pena.
“[L]as circunstancias especiales que rodean el contexto familiar de la [mujer], imponen una adecuada interpretación de la normativa que sea coherente con los preceptos que emergen de la Constitución Nacional y los Tratados internacionales de derechos humanos.
[La mujer] vive sola con tres hijos/as a su cargo, por lo que es cabeza de hogar y tiene la responsabilidad de la manutención de los/as menores.
El caso debe ser analizado bajo el prisma protector de los derechos del niño y el principio de mínimo perjuicio a terceros extraños a la pena (trascendencia), valorando que la incorporación de la condenada al `Programa Hacemos Futuro´ implica la posibilidad de tener un ingreso adicional y es un elemento que contribuye al bienestar del grupo familiar, más aún que la misma se construye en forma monoparental”.
2. Ejecución de la pena. Semilibertad. Trabajo. Derecho al trabajo. Principio de dignidad humana. Ministerio Público Fiscal. Principio de reinserción social.
“[H]abiendo cumplido la interna la mitad de su condena, se encontraría comprendida en el régimen de Semilibertad, que le permite trabajar fuera del establecimiento penitenciario en similares condiciones a la de un trabajador en libertad, sin vigilancia directa por un organismo de seguridad y debiendo regresar al mismo, una vez concluida su jornada.
Ello fue advertido por el Ministerio Fiscal, señalándose que el instituto de la Semilibertad, permite conciliar las exigencias del cumplimiento de la pena y la disminución de los efectos negativos del encierro; en tanto la concesión de lo solicitado creará hábitos laborales a los fines de presentar una nueva alternativa de medio de vida, que posibilitará una adecuada ocupación al momento de su incorporación definitiva al medio libre.
Consecuentemente, más allá de la meta de la satisfacción económica, esta posibilidad laboral que se presenta, se revalorizaría como instrumento que dignifica al ser humano […]. La incorporación al Régimen de Semilibertad es de fundamental importancia para la vida futura, y la posibilidad de instruirse y capacitarse procuran la finalidad primera del régimen y tratamiento penitenciario: la resocialización (Art. 1 de la Ley 24.660 en concordancia con el Art. 5 ap. 6° del Pacto de San José de Costa Rica y el Art. 10 ap. 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.
PRISIÓN DOMICILIARIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; TRABAJO; PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA; EJECUCIÓN DE LA PENA; SEMILIBERTAD; DERECHO AL TRABAJO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL;
Madero y otros (causa N° 5986)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dictaminado por el representante de la Procuración General de la Nación, hizo lugar parcialmente a la queja, declaró parcialmente procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada en lo que refiere a la determinación de la pena (jueces Maqueda, Rosatti y Lorenzetti).
1. Doble conforme. Determinación de la pena. Pena. Agravantes. Plazo razonable.
“[L]a mera repetición de los fundamentos dados en el juicio, solo formalmente satisface la revisión de la pena, pero no demuestra un tratamiento de las cuestiones llevadas a estudio, lo que conduce a dejar sin efecto el auto apelado (conf. CSJ 1856/2006 (42-S)/CS1 ´Silva, José Manuel s/causa n° 6653´, sentencia del 1° de abril de 2008).
Máxime si se tiene en cuenta que, en esa repetición, la casación no incluyó dos extremos que el tribunal de condena había aplicado como agravantes pero nada dijo sobre las consecuencias que de ello debían derivarse y la forma en que –si acaso- debía impactar para reducir el monto de pena fijado. Tales, el de la ´impunidad con la que se manejó [el condenado] al realizar la maniobra´ y ´la falta de arrepentimiento alguno en los años que duró este proceso´ […]”.
“[L]os reparos a hacer valer la ´falta de arrepentimiento´ del modo señalado habían sido planteados en el recurso de casación junto con la garantía de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas […] y no se ha ensayado, tan siquiera, una respuesta pese a que –además- quien recurre se agravió, en todas sus presentaciones, porque lo resuelto implica la prisión efectiva de una persona que al momento de dictarse el auto apelado tenía 74 años, sin antecedentes y que, por una diferencia de seis meses, no puede cumplir la pena de forma condicional (jueces Maqueda, Rosatti y Lorenzetti)”.
2. Deber de fundamentación. Determinación de la pena. Pena. Finalidad de la pena. Reinserción social.
“Resulta claro que [el agravio sobre los reparos a hacer valer la ´falta de arrepentimiento´ y la garantía de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable] exigía especial consideración por parte del a quo teniendo en cuenta que, conforme se estableciera en Fallos: 328:4343 (´Maldonado´), ´el mandato constitucional que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10, inc. 3°, PIDCP) exige que el sentenciante no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial´ y ponderando también que, en Fallos: 330:393 (´Garrone´), se consideró que la imposición de una pena elevada a más de quince años de cometido el delito debe ser precedida de una adecuada fundamentación (voto del juez Maqueda)”.
3. Determinación de la pena. Pena. Plazo razonable. Duración del proceso. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Jurisprudencia. Reparación.
“[C]on relación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable de raigambre constitucional y convencional (Fallos: 342:584, ´Espíndola´) y a su gravitación en el marco de la determinación judicial de la pena, corresponde destacar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia que, al versar sobre el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos que consagra una disposición equivalente a la del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, constituye un parámetro válido para la interpretación de las garantías constitucionales que se hallan biseladas por disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos […]
Así, el citado tribunal ha establecido que, en los casos concernientes a la excesiva duración de los procedimientos penales, tanto la discontinuidad del proceso, dependiendo de la duración del caso, como la reducción del término de la pena privativa de la libertad efectuada expresamente en consideración a esta demora, constituyen maneras válidas para remediar la violación del artículo 6.1 de la Convención […].
Atendiendo a esa jurisprudencia, el Comité de Ministros, órgano ejecutivo del Consejo de Europa que supervisa la ejecución de los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recomendó a los estados miembros a considerar la posibilidad de prever formas específicas de reparación no monetaria, como la reducción de sanciones o la suspensión de los procedimientos, según corresponda, en procedimientos penales o administrativos que hayan sido excesivamente prolongados […] (voto del juez Maqueda)”.
DOBLE CONFORME; DETERMINACIÓN DE LA PENA; PENA; AGRAVANTES; PLAZO RAZONABLE; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; FINALIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; DURACIÓN DEL PROCESO; CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA; REPARACIÓN;
Garantía (causa Nº 55202)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M
La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la medida (jueza Benavente y juez González Zurro).
1. Medidas precautorias. Desalojo. Tutela anticipada. Lanzamiento. Caución.
“La desocupación inmediata del inmueble prevista por el art. 684 bis del CPCCN constituye una medida de tutela anticipada, cuya finalidad no es asegurativa (como en el proceso cautelar), sino que consiste en evitar perjuicios irreparables.
La esencia de esos institutos procesales de orden excepcional es enfocar sus proyecciones –en tanto dure el litigio– sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque esas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.
En virtud del carácter especial de esta tutela anticipada, debe ser otorgada con suma prudencia, dado los daños irreparables que se pueden desencadenar si se materializa el desalojo y luego se rechaza la demanda. En estos casos, la contracautela que se fije puede no resultar suficiente para reparar el perjuicio que se produjere a las personas demandadas”.
2. Vivienda. Vulnerabilidad. DESC. Derechos y garantías.
“En el caso se encuentra involucrado el derecho humano a la vivienda de mujeres, niños, niñas, migrantes, personas trans y de otros grupos de vulnerabilidad, quienes pueden verse afectadas en forma `desproporcionada´ por medidas como la dispuesta, de conformidad con lo dispuesto por el Comité DESC en la Observación General N° 7.
Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías son aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos humanos”.
3. Acumulación de procesos. Desalojo. Contratos. Vencimiento. Seguridad jurídica.
“[E]s procedente la acumulación de un juicio de desalojo por vencimiento de contrato y otro por intrusión ante la posibilidad de que puedan dar lugar a sentencias contradictorias, en virtud de la conexión existente entre ambas causas.
El art. 190 del Código Procesal establece que la acumulación se ordenará de oficio o a petición de parte formulada al contestar la demanda o con posterioridad, por incidente que podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del que estuviere más avanzado.
En tal sentido, a fin de mantener el buen orden procesal y la seguridad jurídica es conveniente que ambos procesos tramiten ante un mismo tribunal, que en el caso es el que intervino en primer término. De ese modo se procura mantener un mismo criterio en ambos expedientes no solo en la etapa de decisión definitiva sino ante las distintas alternativas que se presenten durante su tramitación”.
MEDIDAS PRECAUTORIAS; DESALOJO; TUTELA ANTICIPADA; LANZAMIENTO; CAUCIÓN; VIVIENDA; VULNERABILIDAD; DESC; DERECHOS Y GARANTÍAS; ACUMULACIÓN DE PROCESOS; CONTRATOS; VENCIMIENTO; SEGURIDAD JURÍDICA;
MJH y otros (causa  Nº 23020)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal desestimó el recurso de apelación y confirmó la decisión de primera instancia (voto de la jueza Caputi, al que adhirieron los jueces López Castiñeira y Márquez).
1. Responsabilidad del Estado. Recurso de apelación. Fundamento del recurso. Deber de fundamentación.
“[L]os dichos de la apelante giran en torno a la exclusión de responsabilidad bajo el entendimiento de que sería aplicable el supuesto exculpatorio de la `culpa de la víctima´, y que la falta de servicio habría sido endilgable al tribunal interviniente y no a la administración pública. Es decir que, al no hacerse cargo de los razonamientos y fundamentos del fallo apelado, resultan insuficientes para sustentar válidamente el recurso en orden a los aspectos específicamente controvertidos y resueltos en autos (cfr. C.S.J.N., in re: `Said, Salomón c/ P.J.N.´, sentencia del 30/09/2003, publicada en Fallos: 326:3715).
Ciertamente, la postura de la accionada, no puede tener favorable acogida, atento a que ni siquiera se hace cargo del fundamento central sobre el que hace pivot el pronunciamiento apelado, a efectos de resolverse como se hizo. A saber, la responsabilidad que le cupo al organismo demando. Por ende, no debe soslayarse que […] la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la resolución cuestionada y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas […], ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el Sr. Juez de grado, sin suministrar bases fácticas y conforme a derecho del distinto punto de vista, no resulta suficiente para sostener un recurso de apelación.

[L]as alegaciones bajo examen lucen genéricas y dogmáticas, careciendo de explicación alguna que, de modo concreto, puntual y circunstanciado, revele las razones jurídicas que justificarían lo pretendido –que consiste, valga recordarlo, en el rechazo de la acción–. Y, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios (por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa), ello no puede conducir al extremo que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (art. 265 del CPCCN)”.

2. Responsabilidad del Estado. Falta de servicio. Ley aplicable. Responsabilidad objetiva. Jurisprudencia.

“[E]l Estado, por medio de sus agentes, debe desplegar una conducta, en función de deberes legales positivos y concretos, cuando se producen situaciones como la aquí analizada, y la insuficiencia o anormalidad del cumplimiento de las respectivas funciones, puede comprometer su responsabilidad patrimonial, cuando confluye con el daño y un nexo causal que conecte esa falta de servicio con el resultado dañoso”.

“[Q]uien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causaren su incumplimiento o su irregular ejecución (doctrina de los artículos 625 y 630 del Código Civil). Y si bien las relaciones entre el Estado y las personas se rigen por el derecho público, se aceptaba según el estado de cosas y el consenso jurídico y jurisprudencial vigente a la época que interesa (v.gr., años 2005 y 2006, hasta el deceso del joven […], en enero de 2007) que la regla enunciada, fundada en razones de justicia y de equidad, podía tener también su aplicación a este género de relaciones, máxime mientras no regía a dicha época una previsión legal específica que regulara el punto de modo diverso, o impidiera acudir a dichos artículos.

La noción –falta de servicio– está próxima a cumplir nueve décadas de evolución jurisprudencial y doctrinal, de modo que ha venido siendo aplicada en sucesivos casos, con los que se agregaron contornos conceptuales que sirven al efecto de esclarecer si se verifica este factor de atribución por obrar ilícito del Estado en cada caso que suscite la intervención jurisdiccional.

De esta forma, cabe partir de que la idea objetiva de la `falta de servicio´, encontró fundamento –en la época a la cual cabe juzgar los hechos motivantes de la controversia (como se recordó, hasta principios de enero de 2007)– en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del CÓDIGO CIVIL (norma positiva que regía al momento en que los hechos tuvieron lugar), el cual establecía un régimen de responsabilidad ´por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas´. Según la hermenéutica desarrollada por nuestro Máximo Tribunal a partir de los precedentes `Tomás Devoto´ y `Ferrocarril Oeste c/Prov. de Buenos Aires´, ello ponía en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público. Así, en el precedente `Vadell c/Provincia de Buenos Aires´, se resolvió que la idea de la falta de servicio era `objetiva´, e integraba un `régimen de responsabilidad´ del Estado por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el cumplimiento de dichas tareas (`obligaciones legales´, como se las describe en otro pasaje) fuera `irregular´, nociones que llegan hasta la actualidad y fueron posteriormente plasmadas en la LEY nº 26.944. Como fuese, para la Corte Suprema, al configurarse dicha irregularidad, y verificados los demás presupuestos (daño y relación causal), se ponía en juego lo que se definió como la `responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público´ […].
Complementariamente, debe recordarse que en los últimos tiempos, el quid de la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión, o por falta de servicio por no cumplirse debidamente los deberes de que se trate, hizo pivot sobre la consideración de cuán concreto resultaba el deber estatal, según el estándar que la Corte Suprema trazó, recapitulando fallos anteriores, en el caso `Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y Perjuicios´, CSJN, Expte. M. 802.XXXV, sentencia del 6 de marzo de 2007, publ. en Fallos, 330:563, del año 2007”.
3. Ley aplicable. Protección de menores. Vulnerabilidad. Derecho a la salud. Salud mental. Debida diligencia.

“[L]as disposiciones aplicables son las resultantes del bloque de normatividad que emana de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y la CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO, junto con las leyes y reglamentaciones respectivas –en especial, la LEY N° 26.061 de PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES– […].

Por cierto, este marco normativo, no se limita a trazar objetivos fijados sólo de un modo general e indeterminado, sino que contiene mandatos con suficiente determinación, que regulan de modo concreto y preciso lo referente al cuidado y protección a ser brindados en los planos normativo, institucional y de la realidad práctica con políticas públicas en pos de las infancias, máxime las que padecen vulnerabilidad y trastornos de salud como en el presente caso.

La concreción de los deberes se patentiza, además, porque el menor […] no atravesaba una situación genérica y desconocida por el Estado. De hecho, su problemática había suscitado un proceso ante la justicia de menores, la cual había ordenado de modo puntual y concreto su institucionalización, en orden a atender las severas necesidades de aquél. En otras palabras, el adolescente integraba un grupo muy determinado y concreto de personas que merecían atención particularizada y personalizada del Estado, de modo que no podría siquiera postularse vaguedad,
indefinición ni duda alguna en punto al conocimiento efectivo y puntual por parte de las autoridades de que era preciso actuar en cumplimiento de políticas públicas preordenadas y precisa…”.

“[C]abe descartar que los [medios] usados en la órbita de la demandada fueran razonablemente adecuados al fin de proteger y cuidar al menor. Más allá de que no parece un desafío de difícil cumplimiento la implementación de acciones que tiendan a dar una protección adecuada a niños con la problemática aquí verificada. Obviamente, se debe contar con personal especializado en atención de infantes y adolescentes, y profesionales de la salud en los campos específicos de las necesidades a satisfacer, junto con cierta infraestructura que, aun siendo sobria, resulte funcional, segura, limpia, especialmente acondicionada y adecuada para el fin señalado. No podría postularse una exigencia diversa, pues al estar en juego la vida e integridad psicofísica de sujetos merecedores de preferente protección en nuestro derecho, tanto en la dimensión constitucional cuanto convencional, la debida diligencia de las autoridades encargadas de cumplir dichos estándares aparece modulada en modo reforzado”.

4. Niños, niñas y adolescentes. Abuso sexual. Trato cruel, inhumano y degradante. Interés superior del niño.

“[D]e estar a las imágenes del centro de alojamiento donde permanecía y terminó falleciendo el adolescente, con indicadores de abuso sexual y rastros de sustancias prohibidas en su cuerpo (situación agravada, de cara a las patologías asociadas al consumo problemático de estupefacientes) […] aquellas imágenes transmiten de modo palmario la falta de dignidad y aún de humanidad en el trato que fue dispensado a un menor a quien se debía atender, al punto que las instalaciones difícilmente hubieran merecido estar habilitadas para Personas No Humanas (animales). El contexto de funcionamiento del centro, y de la desatención que le dispensó [al joven] la SENNAF, da cuenta de un proceder con visos de crueldad, sostenido a extramuros de la promesa que el marco constitucional y convencional profiere a cada niño, niña, o adolescente que habite la República Argentina, de que será protegido de modo especial por las autoridades, o de que se pondrá en real vigencia el `interés superior´ de aquéllos.

Sumado a lo cual, el alojamiento a sabiendas en una institución inadecuada para las concretas necesidades del menor, trasunta una transgresión de las autoridades con responsabilidad de dirección, encargadas de determinar el alojamiento de los menores en un sitio pertinente”.

5. Relación de causalidad. Deber de cuidado. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Falta de servicio.

“[C]abe indagar […] en la relación entre el Estado – Administración y quien ha sido damnificado, lo cual conduce en autos a dilucidar el vínculo jurídico suscitado entre el menor institucionalizado y la autoridad demandada (IMR, dependiente de la SENNAF). Al respecto, se observa que la relación entablada entre uno y otra no era genérica o indefinida, como lo sería la predicable para las Administraciones Públicas respecto de la generalidad de la población. Antes bien, dicho nexo incluso adquirió los ribetes propios de una vinculación especial, en cuyo contexto el menor estaba directa y concretamente bajo la guarda de la SENNAF, la cual gestionaba su estadía fuera del seno familiar –que tenía por miras, indubitablemente, el cuidado y tratamiento del menor y la superación de sus patologías–, con el registro consecuente del legajo e historia clínica, de donde surgía el motivo de su alojamiento, el tratamiento supuestamente administrado y el seguimiento de su evolución. De nuevo, es preciso advertir que los hechos del presente caso presentan una nota que abona el conocimiento puntual y concreto de la situación de significativa vulnerabilidad del menor, coherente con una concreta asunción de responsabilidad en la guarda y atención integral del mismo.

Por otra parte, y en lo referente a la nota de previsibilidad, cabe interpretar que todo el contexto del alojamiento en un instituto para menores con las vulnerabilidades y problemáticas del hijo de la parte actora, hacía pronosticable que estuviera en riesgo su vida; incluso así textualmente lo refirieron los informes de índole social y psicofísico que fueron realizados. Ello, al menos, si las autoridades responsables son versadas o experimentadas en el cuidado de menores, dado que se debería presumir el profesionalismo de aquéllas, en atención al bien jurídico a tutelar.

Cabe descartar, entonces, que los sucesos por los que la parte actora reclama una reparación puedan ser subsumidos en alguna eventualidad ajena a las vicisitudes propias del contexto suscitado y al conocimiento que se supone mínimo para gestionarlo, sino todo lo contrario. A partir de lo cual, es razonable concluir que no medió por parte de la recurrente un grado de previsión acorde con los elevados bienes jurídicos en juego.

En suma, recapitulando este análisis, se corrobora que se hallan verificadas las exigencias jurisprudenciales recordadas, en orden a confirmar que medió en autos un supuesto de `falta de servicio´”.

6. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Reglas de Brasilia.

“[E]l ESTADO NACIONAL, resulta ser el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud de los niños y de asegurar la continuidad de los tratamientos que necesiten, habida cuenta de la función rectora que le atribuye la legislación nacional en ese campo y de las facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales y los diferentes organismos que conforman el sistema sanitario en el país, en miras de lograr la plena realización del derecho a la salud.

Lo expuesto, resulta de insoslayable consideración cuando se ejerce la función jurisdiccional en orden a contribuir al goce efectivo de los derechos de los niños y sus familias, y queda robustecido con la ACORDADA N° 5/2009, de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, por la cual se incorporaron a nuestro derecho interno las `Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad´. Dichas reglas, tuvieron como objeto garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitieran a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Asimismo, se previó que los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarían a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares, es por ello que se priorizó las actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas”.

7. Niños, niñas y adolescentes. Personas privadas de la libertad. Suicidio.

“[A]un cuando ontológica y jurídicamente media una distancia superlativa entre la situación de un adulto y la de un menor, podría tomarse como parámetro de referencia la abundante jurisprudencia sobre personas privadas de la libertad por diversos motivos (v.gr., la instrucción de causas penales o la ejecución de una condena penal).

Usualmente, la jurisprudencia ha reconocido que se ha incumplido el deber de guarda de la persona, cuando ésta fallece o sufre daños psicofísicos encontrándose alojada en instalaciones de una institución, privada de la libertad por el motivo que fuese. Opera allí un vínculo de especial sujeción, donde las facultades de control de la autoridad administrativa deben garantizar el bienestar de la persona.

En definitiva, y aun asumiendo que el fallecimiento del menor resultó de su propio accionar (ello, para ser coherente con los resultados infructuosos del proceso penal respectivo), no es válido soslayar el contexto en que el deceso ocurrió: esto es, con aquél alojado en instalaciones del IMR, institución que debía brindarle atención especializada para su cuadro, y protegerlo del modo en que lo ordena el bloque de normatividad aplicable a sujetos de preferente protección. Valga reiterar que, conforme lo dictaminado por los expertos actuantes, el menor representaba un riesgo para sí, con lo que los profesionales intervinientes debían atenderlo en consecuencia y arbitrar los medios para neutralizar o hacer desaparecer dicho riesgo.

Aun cuando la experiencia pudiera indicar que desde el punto de vista de los resultados, dichos cometidos pueden frustrarse, es claro que el empleo de medios carentes de idoneidad para el fin señalado, que surgen del alojamiento en un instituto que no era el adecuado para el cuidado y tratamiento de cuadros como el padecido por [el adolescente], y en donde hay pruebas del ingreso de sustancias prohibidas, revela una clara falta de servicio por apartarse de la conducta debida en el caso”.

8. Niños, niñas y adolescentes. Suicidio. Culpa concurrente..

“[A]tribuir `culpa´ a un menor ideal, promedio o genérico, llevaría de por sí a complejas elucubraciones y podría desembocar en falacias, al colisionar con toda la construcción jurídica
estructurada como modo de proteger a las personas menores de edad, que en el Derecho Argentino son niñas, niños y adolescentes, y merecen, al menos en el plano teórico, por lo visto y reseñado, un nivel especial de protección, jurídica, institucional y en orden a la implementación de políticas públicas que pongan en ejecución los derechos y garantías que les asisten, todo ello según el bloque de normatividad convencional, constitucional, legal y reglamentario ordenado a tal fin.

Tal agravio, ciertamente, en los hechos importaría desplazar al propio adolescente vulnerable y afectado por patologías psiquiátricas y psicológicas –abundantemente certificadas y verificadas–, la carga de velar por su propio bienestar, dejando a la autoridad administrativa como un espectador inerme y prescindente; alternativa hermenéutica que, en tanto luce eviscerada de juridicidad, carece de seriedad, por lo que no merecería mayores consideraciones”.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; RECURSO DE APELACIÓN; FUNDAMENTO DEL RECURSO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; FALTA DE SERVICIO; LEY APLICABLE; RESPONSABILIDAD OBJETIVA; JURISPRUDENCIA; PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA SALUD; DEBIDA DILIGENCIA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ABUSO SEXUAL; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; DEBER DE CUIDADO; DERECHO A LA VIDA; REGLAS DE BRASILIA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; SUICIDIO; CULPA CONCURRENTE;
Galvez (causa N° 1863)Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego incorporó al condenado a la segunda etapa del Régimen Preparatorio para la Liberación (jueza D’Alessio).
1. Libertad condicional. Cómputo del tiempo de detención. Derecho de defensa. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[E]n relación al tiempo en que [el imputado] recuperó la libertad en los términos del art. 13 del CP, […] asiste razón a la defensa y se deben computar los días en que el nombrado permaneció en esa condición dando cumplimiento a las reglas de conducta que se le impusieran al concederle en beneficio. Es decir, cumplió con las obligaciones que le fueran fijadas al otorgarle la libertad condicional, y el dejarla sin efecto no resulta imputable a su inconducta sino a las diferencias de criterio entre los diferentes actores del proceso judicial al que se encuentra sujeto. Bien explica la defensa los supuestos en que legislativamente se previó no computar ese término, y claramente no fue por alguno de ellos el regreso del condenado a prisión. Por el contrario, obtuvo un beneficio y se sujetó a las pautas que se le fijaron para alcanzar esa condición. El diferente criterio del tribunal jerárquicamente superior con respecto a la aplicación de la ley 27.375 no puede jugar en su contra”.
“Cabe traer a colación también un principio que conforma la posición de nuestra Corte Suprema desde hace tiempo acerca de que no puede pesar en perjuicio del imputado el legítimo ejercicio de un derecho. Tal lo resuelto por el Alto Tribunal en el fallo ‘Goye’, donde relativizó –ante la definición de plazo razonable– la cuestión atingente a las demoras derivadas de las peticiones del imputado, teniendo en cuenta que, en definitiva, éstas integran parte de su derecho de defensa en juicio. Su espíritu es plenamente aplicable aquí en tanto que la libertad [del imputado] y su revocatoria, derivaron del legítimo ejercicio de un derecho; de la obtención de una decisión favorable; de una distinta opinión del Tribunal superior y del ejercicio del derecho al recurso del que hizo uso el Ministerio Público”.
2. Ejecución de la pena. Progresividad de la pena. Régimen Preparatorio para la Liberación. Informes. Reforma legal. Interpretación de la ley.
“Con relación a su incorporación al Régimen Preparatorio para la Liberación cabe señalar que el mismo se encuentra contemplado en el art. 56 quáter de la ley 24.660 y es el sistema a través del cual el legislador entendió que garantizaba la progresividad del régimen penitenciario a los condenados por los delitos contemplados en el art. 56 bis de la ley 24.660 […]. Se establece que se puede acceder al mismo, un año antes del cumplimiento de la condena, siempre que el interno haya observado con regularidad los reglamentos carcelarios, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social.
Este programa, específico e individual, establece que los 3 (tres) primeros meses son para preparar al condenado para su salida, lo cual se lleva a cabo dentro del establecimiento; posteriormente se admitirán salidas con acompañamiento durante un plazo de seis (6) meses y, finalmente, en los últimos tres (3) meses el condenado accederá a la posibilidad de ingresar en el régimen de salidas fuera del establecimiento penitenciario sin supervisión. Todas las salidas serán diurnas y por plazos no superiores a las doce (12) horas”.
“En tales condiciones y reuniéndose los requisitos de ley, tanto temporales como de concepto, evolución y pronóstico, es que haré lugar a la incorporación al Régimen de Preparación para la Libertad del interno. La defensa lo ha requerido y la posición de la Dirección ha resultado favorable. En cuanto a la forma de transitar este tiempo he de destacar que siendo un período que se basa en la observación de la conducta, la paulatina adecuación al medio libre y su obtención de las condiciones para permanecer en libertad sin control de autoridad alguna, las decisiones deben adoptarse paso a paso en la medida en que cada objetivo se va cumpliendo satisfactoriamente.
[Se comparte] la conclusión de los funcionarios del Servicio Penitenciario acerca de que la fase de concientización puede tenerse por cumplida. Ello así, por la interacción con las profesionales de psicología que lo han tratado, por la conducta y concepto que alcanzó y por haber estado en libertad prácticamente 3 meses sin inconducta alguna. Se presentó a cumplir la pena cuando se revocó su libertad condicional y mantuvo su comportamiento y sujeción a las normas”.
LIBERTAD CONDICIONAL; CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN; DERECHO DE DEFENSA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; EJECUCIÓN DE LA PENA; PROGRESIVIDAD DE LA PENA; RÉGIMEN PREPARATORIO PARA LA LIBERACIÓN; INFORMES; REFORMA LEGAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY;
SM (causa Nº 130061)Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata, Sala II
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata Nº 2 hizo lugar al recurso, revocó la sentencia de primera instancia y fijó el cuidado personal de la niña compartido e indistinto a ambos progenitores con residencia principal en el partido de La Plata. Además, estableció que no podía ser modificado sin previo acuerdo de las partes o decisión judicial que lo autorizase. Por otro lado, ordenó que la niña volviera a residir en La Plata junto a su madre o, en caso de negativa, de la progenitora, mudarse con su padre (jueces Banegas y Hankovits).
1. Niños, niñas y adolescentes. Centro de vida. Interés superior del niño. Residencia. Ley aplicable.
“[S]i bien la mudanza de los hijos dentro del país no se encuentra expresamente incluida dentro de los actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores (art. 645 CCyC), la oposición formal de uno de ellos abre camino a una decisión judicial al respecto, la que deberá estar ajustada al interés superior del Niño, Niña o Adolescente, protección especial contenida en los Tratados Internacionales vigentes en la materia de los que se ha hecho eco CCyC en sus arts. 113 inc. «c», 639 inc. «a» y 706 inc. «c».
De este modo, en los casos como el presente en el que se encuentran en discusión cuestiones atinentes a una persona menor de edad, el análisis debe partir necesariamente del concepto de superior interés del niño, definido como «la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley» (art. 3, ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).
Entre las previsiones que la legislación establece como protección a ese interés supremo se cuenta la necesidad de respetar […] el «centro de vida» del menor (art. 3 inc. »f» de la misma ley), entendiéndose por éste «el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia» El Decreto reglamentario de la mencionada ley 26.061 (N° 415/2006) agrega que el concepto «centro de vida» debe interpretarse de manera armónica con la definición de «residencia habitual» de la niña, niño o adolescente contenida en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina en materia de sustracción y restitución internacional de personas menores de edad, mientras que el CCyC hace referencia a ese concepto al tratar las reglas de competencia en este tipo de procesos (art. 716 CCyC).
Ahora bien, la determinación del «centro de vida» en cada caso particular puede resultar extremadamente complejo toda vez que más allá de los parámetros objetivos que la norma otorga (fundamentalmente el factor temporal y legalidad) se conjuga el componente subjetivo en la formación de ese concepto jurídico abstracto. Este factor se traduce en lo que el niño, niña o adolescente efectivamente sienta como su centro de vida en base a experiencias propias, vínculos familiares, sociales, escolares, injerencias de tipo familiar, etc. Ello se traduce en que la definición y disposición jurídica fijadas por Convenciones Internacionales con jerarquía constitucional, el CCyC, la Ley 26061, su Decreto Reglamentario y la normativa aplicable a la materia deberán conjugarse necesariamente por la realidad fáctica, alejándonos de presunciones y ficciones jurídicas que puedan afectar el interés superior tutelado.
«Se ha concebido al interés superior del niño como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto… cuando en materia de menores todo esta signado por la provisoriedad, lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente» (SCBA Ac. 78099 sent. del 28/03/2001, C. 121.612 sent. del 03/07/2019).
Como consecuencia de ello [se concluye] que no necesariamente el lugar donde más tiempo vivió la menor se deba considerar automáticamente el centro de vida o que la ilegitimidad de la mudanza […] resulten per se (por sí mismas) contrarias a su interés superior. Aun así, [se considera] que ambos componentes del concepto «centro de vida» (el objetivo y el subjetivo) conjugados con el interés superior del niño, deben ser analizados en forma conjunta sin prescindir de ninguno de ellos. El paso del tiempo o la inmediatez con que se plantee la oposición a la mudanza, la legitimidad en el traslado, la adaptación del Niño, Niña o Adolescente y su opinión actual son elementos que estarán presente en la solución al caso”.
2. Principios generales del derecho. Buena fe. Decisión unilateral de un progenitor. Régimen de comunicación. Incumplimiento.
“[T]ampoco resulta inocua la ilegalidad en el traslado de la menor a la localidad de Olivos y su ilegal permanencia, traducido en el incumplimiento persistente por parte de la madre de mantener el statu quo establecido a principios del año 2020. Todo ello, se traduce en una abierta violación del principio de buena fe que debe ser rector en este tipo de causas y que emana del art. 706 CCyC estableciendo que el proceso de familia debe transitar respetando ciertos principios entre los que se destacan el de la buena fe.
Este principio conjuntamente con el de lealtad procesal es un concepto abierto que puede definirse como el deber de los sujetos procesales (las partes, el juez, personal judicial, auxiliares de justicia) de adaptar su comportamiento durante el proceso a un conjunto de reglas, criterios de conducta, de carácter ético, social y deontológico. La defensa de una parte no puede basarse en perjudicar el derecho a defensa de la otra o en la inducción a error del órgano jurisdiccional, impidiendo o dificultando que pueda ofrecer una efectiva tutela de los intereses en conflicto. La libertad de la conducta de las partes no puede extenderse al extremo de lesionar la buena fe y la ética procesal, dado que si bien el proceso es un conflicto en que cada profesional defiende con todas las herramientas sustanciales y procesales los intereses de su parte, y lo contrario puede considerarse mala praxis, éste ha de ser leal. El principio de buena fe se aplica especialmente en la materia en relación a los acuerdos celebrados por las partes, ya sea extra procesalmente o durante el proceso, que no sólo deben ser respetados por las partes que los celebraron, sino que deben ser tomados como antecedente relevante para decidir las cuestiones sometidas al juez […].
De ello se colige que la inconducta procesal es un acto violatorio de ese principio […]. De allí es que encuentro probado en este proceso la violación del principio de buena fe por parte [de la madre] ante el traslado unilateral de la niña y el posterior incumplimiento del régimen de comunicación por ella misma suscripto que ya he referenciado (arts. 384, 474 CPCC).
En definitiva, no [se evidencia] ni ajustado a derecho ni respetuoso del interés superior de [la niña] convalidar el traslado efectuado de forma inconsulta, unilateral y mediando oposición del padre, además de que en ese caso se estarían avalando conductas contrarias al ordenamiento jurídico (art. 706 CCyC)”.
3. Decisión unilateral de un progenitor. Responsabilidad parental. Centro de vida.
“No se trata de negar que toda persona tiene derecho a buscar lo mejor para sí y a radicarse en aquel lugar que considere más adecuado para su desarrollo integral, pero lo cierto es que cuando el ejercicio de ese derecho involucra a los hijos menores de edad, debe prevalecer el interés de éstos por sobre los propios…”.
“Es por todo lo expuesto que [se concluye] –previa escucha [de la niña] en audiencia del 21 de septiembre de 2021– que la decisión del traslado de la niña, adoptada unilateralmente por la progenitora conviviente sin consultar ni consensuar con el otro, conculca los derechos y deberes que la responsabilidad parental (arts. 638, 639, 641, 642, 646, CCyC), que el interés superior de [la niña] se vio afectado por ese traslado –afectación evidenciada en la perdida de contacto de sus amigos en La Plata y la ausencia de contacto actual con su padre y su familia paterna– y que el centro de vida no se ha visto modificado a partir de la mudanza y por el solo transcurso del tiempo (arts. 384, 474 CPCC)”.
4. Principios generales del derecho. Interés superior del niño.
“El interés superior del niño «proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos» […]. «Así lo expresa, de manera terminante, la Convención sobre los Derechos del Niño, que cuenta con jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75.22): «[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño» (art.3.1), orientación que ya contaba con los antecedentes de la Declaración de los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20-11-1959, principio 2). Tal como lo ha puntualizado el intérprete autorizado en el plano universal de dicha Convención, el Comité de los Derechos del Niño, es asunto de que los Estados Partes tomen todas las medidas necesarias ´para garantizar la debida integración del principio general del interés superior del niño en todas las disposiciones legales así como en las decisiones judiciales y administrativas y en los proyectos, programas y servicios relacionados con los niños´ […].
De ello se puede advertir que el interés superior de niño desempeña un papel integrador de las normas legales y sirve de recurso hermenéutico para moldear la aplicación de las mismas (aspecto general y abstracto) a las particularidades que presentan los casos que las y los jueces debemos resolver mediante el dictado de las sentencias respectivas (normas individuales y concretas). Mas nunca para abrogar el régimen jurídico imperante, o en base al mismo soslayar la aplicación de la ley sancionada por los representantes directos de la sociedad en el asunto a decidir. En otras palabras, el interés superior del niño sirve para completar lagunas legales, adaptar la solución legal de un caso a sus singularidades y evitar que la aplicación mecánica de la ley, sin meritar las consecuencias de ello, provoque un resultado disvalioso para los niños y niñas; pero nunca para la no aplicación de los preceptos jurídicos que resultan pertinentes a la situación en juzgamiento. Es por ello que la tarea de argumentación de las decisiones en sede judicial requiere de una faena más compleja que la mera enunciación de un principio (aún con jerarquía constitucional) para justificar las mismas. Esto es, la sola invocación del principio de interés superior no habilita por sí mismo lo que la ley expresamente no admite.
Específicamente, «No puede invocarse el interés superior del niño para legitimar la inobservancia de requisitos legales» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso «Forneron e hija vs. VS. Argentina», sentencia del 27 de abril de 2012, párr. 105). De lo contrario no hay integración alguna ni diálogo de fuentes (art. 2 del CCyC). Y mucho menos para consolidar la fuerza de los hechos impuesta unilateralmente por uno de los progenitores frente al otro. De allí la trascendencia de la función jurisdiccional en el establecimiento de la vigencia de la ley (en sentido amplio) «de modo coherente con todo el ordenamiento (art. 2 del digesto citado) «mediante una decisión razonablemente fundada» (art. 3 del mismo régimen jurídico sustancial) y debidamente motivada”.
5. Centro de vida. Interés superior del niño. Niños, niñas y adolescentes. Familia.
“[C]abe referir que el art. 3 de la ley 26.061 señala que debe respetarse el «centro de vida» del niño/a, esto es, el lugar donde hubiese transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia […]. Por ello, el desplazamiento unilateral del niño, niña o adolescente sin consentimiento del otro progenitor o en su caso sin autorización judicial no vuelve por ello a su nueva residencia «su centro de vida» (art. 3, ley 26.061 inc. f) dado que ha sido realizado al margen de la ley.
Los derechos y los intereses del niño/a se ven afectados por las decisiones de los adultos por lo que se les requiere prudencia y mesura en relación a la adopción de conductas que puedan desatender la tutela de los derechos de la infancia. En el caso, se advierte ello así en tanto se hace prevalecer la mayor cercanía al lugar de prestación de servicios laborales de la madre a partir de la justificación que de ese modo, mediante el cambio de residencia de su hija, aquélla se encontraría más próxima a ésta frente el desplazamiento permanente de [la niña] para poder tener contacto personal con su padre, tíos y abuelos y la de crecer con el afecto (no virtual) de ambos progenitores y sus familias (art. 9 del Convención sobre los derechos del niño). Ello así, máxime que la familia es responsable de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías (art. 7, Ley 26.061).
La regla del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias, el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos. Igualmente, en la medida que todo cambio implica un «trauma» para el niño/a (desde que al modificar radicalmente su inserción en un determinado grupo familiar/escolar altera su modo de vida y puede causarle daño) debe demostrarse que no llevarlo a cabo le causaría un perjuicio mayor o más grave, circunstancia ésta que no fue evidenciada en la especie para justificar el cambio de residencia de [la niña].
Asimismo, no puedo dejar de meritar en estas actuaciones la actitud asumida por la [progenitora] respecto a la falta de acatamiento de las órdenes judiciales firmes emanadas tanto de primera instancia como de este Tribunal. En ese orden, coetáneamente con su mudanza ya al menos existía un pronunciamiento judicial que impedía la misma y luego de producida ella, resolución que disponía su regreso a esta localidad, lo que obviamente no ha sucedido. El respeto por la legalidad y estar conforme a derecho es una pauta básica para una convivencia pacífica. Mal puede la misma imponer su propia valoración subjetiva (al ser parte interesada en estos obrados) del interés superior […]  por sobre la consideración de terceros imparciales (judicatura) llamados a resolver la disputa. Y a ello se añade que el propio régimen de comunicación por ella acordado en sede judicial es igualmente incumplido por la misma. La conducta de las partes (colaboración, buena fe) en el proceso también se constituye en un factor de ponderación al momento de dictar la decisión de mérito. Y la asistencia letrada que asistan a las mismas, como colaboradores del servicio de Justicia (art. 59 inc. 1, Ley 5177) en un ejercicio responsable de la profesión deben contribuir eficazmente a que sus representados cumplan con las resoluciones firmes adoptadas en el juicio evitando el abuso del derecho de defensa dado que la esencia de su deber profesional, cabe recordarlo «es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración» y que «la conducta del abogado debe estar garantizada por la veracidad y la buena fe» (arts. 1 y 6 de las normas de ética del abogado)”.
6. Sentencia. Interés superior del niño. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia.
“Las decisiones en los procesos judiciales deben contribuir efectivamente a poner fin a una situación violatoria de derechos y a asegurar la no repetición de los actos lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos […]. El tiempo acecido y la alegación (en base a ello) del interés superior del menor no es elemento de fundamentación judicial válido para justificar una decisión jurisdiccional que convalida una situación generada contraria a la ley […] y con desprecio por el acatamiento de pronunciamientos judiciales y acuerdos previos.
Por el contrario, la Corte Interamericana es clara y contundente al señalar que la observancia de las disposiciones legales y la diligencia en los procedimientos judiciales son elementos fundamentales para proteger el interés superior del niño (Caso «Forneron e hija vs. VS. Argentina», cit., párr. 105).
Asimismo, se exige en el acto resolutivo respectivo que actúa dicho principio cardinal, racionalidad, seguridad jurídica, aceptabilidad, razonabilidad y coherencia como una totalidad abarcadora y necesaria para la existencia de un mínimo umbral de racionalidad que debe contener toda decisión judicial […]. El interés superior de [la niña] es que tenga contacto permanente, fluido y personal con ambos progenitores y no privarla de ello al sobrepeoner un interés personal que quiebra la igualdad real en el vínculo entre ellos sin serio motivo que lo justifique (arts. 3 y 12 Convención sobre los Derechos del niño). El tiempo transcurrido y ganado por su progenitora para consolidar su decisión unilateral no avalada por el régimen legal imperante y su actitud no colaborativa con la Justicia no pueden ser, en mi criterio, motivos razonables para justificar racionalmente una decisión contraria a ello”.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CENTRO DE VIDA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; RESIDENCIA; LEY APLICABLE; PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO; BUENA FE; DECISIÓN UNILATERAL DE UN PROGENITOR; RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN; INCUMPLIMIENTO; RESPONSABILIDAD PARENTAL; FAMILIAS; SENTENCIA; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; JURISPRUDENCIA;
LJY (causa Nº 59012)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso, modificó la decisión y dejó sin efecto la reciprocidad de la medida (jueces Li Rosi, Calvo Costa y Picasso).
1. Principio de congruencia. Violencia de género.
“[C]abe señalar que el principio de congruencia, de indudable rango constitucional, exige la concordancia que debe existir entre la demanda, la contestación y la sentencia en lo que hace a las personas, al objeto y a la causa, de modo que, las partes al fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica requerida delimitan la actividad jurisdiccional a las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y la oposición del demandado […]
Por consiguiente, tal como lo establece el imperativo legal del art. 34, inciso 4˚, del Código Procesal, los jueces deben ceñir su pronunciamiento a las pretensiones invocadas por las partes en las etapas procesales oportunas. Este principio es plenamente aplicable a la presente acción expedita prevista en la ley 24.417”.
2. Violencia de género. Prohibición de acercamiento. Denuncia. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho.
“[S]e advierte con claridad que el pronunciamiento apelado, al disponer la prohibición de acercamiento y contacto recíproco entre denunciante y denunciado, excede el marco de lo solicitado en autos.
Más allá de que resulta evidente que la petición de la accionante lleva ínsita su intención de no tener contacto con el demandado mientras dure la restricción ordenada en autos, ello no es óbice a que la resolución recurrida también coloca a la propia denunciante como sujeto pasivo de la cautelar decretada a instancias de ella.
No se pierde de vista que en materia de medidas cautelares el art. 204 del Código Procesal permite disponer una medida distinta de la solicitada o limitarla; empero, tal facultad judicial no puede desnaturalizar los términos de las peticiones formuladas por las partes en el proceso.
En tal sentido, se advierte que los términos de la decisión cuestionada podrían llevar a que la propia denunciante de violencia de género se vea eventualmente involucrada en el incumplimiento de una medida cautelar que la contraparte no pidió y que, a la luz de los elementos incorporados hasta el momento al proceso principal, tampoco gozaría de verosimilitud en el derecho”.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO; DENUNCIA; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO;
Di Sarli (causa N° 10055)Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, secretaría I
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca hizo lugar al recurso de apelación (juez Amabile y Candisano).
ARGUMENTOS
1. Jubilación. Haber jubilatorio. Adultos mayores. Impuesto a las ganancias. Declaración de inconstitucionalidad. Administración Federal de Ingresos Públicos. Razonabilidad. Seguridad social. Derecho tributario. Capacidad contributiva. Jurisprudencia.
“[D]ebe hacerse lugar a la apelación deducida por la parte actora, toda vez que la sanción de la Ley 27.617 no cumple con los estándares fijados por la CSJN en el precedente ´García´ en el que se fundó la sentencia definitiva.
A la luz del antecedente citado, la orden de no retener el impuesto a las ganancias se extiende ´hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto´, entendiéndose por ello a una nueva regulación que contemple la vulnerabilidad vital de las personas que perciben jubilaciones o pensiones como pauta de diferenciación tributaria.
Ello, en modo alguno se ha modificado con la sanción de la Ley 27.617, puesto que ésta no altera la estructura en la que estaba tipificado el tributo con relación a los jubilados y pensionados (hecho imponible, deducciones, base imponible y alícuota), manteniéndose la subcategorización mediante un criterio estrictamente patrimonial, con la única diferencia de que en la actualidad se elevó el monto del mínimo no imponible y el de la deducción especial para jubilados.
En efecto, al no haberse ajustado la legislación de acuerdo a los estándares fijados por la CSJN en el fallo ´García´, corresponde mantener lo ordenado en la sentencia en cuanto a que la demandada debe abstenerse de realizar descuento alguno sobre los haberes previsionales de la actora en concepto de impuesto a las ganancias, debiéndose asimismo devolver toda suma retenida desde la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago…” (Voto juez Amabile, al que adhirió el juez Candisano).
JUBILACIÓN; HABER JUBILATORIO; IMPUESTO A LAS GANANCIAS; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS; RAZONABILIDAD; SEGURIDAD SOCIAL; DERECHO TRIBUTARIO; JURISPRUDENCIA; ADULTOS MAYORES;
Salas (causa N° 19143)Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la decisión apelada y sobreseyó a la imputada (jueces Ibarra y Suárez).
1. Trata de personas. Tipicidad. Vulnerabilidad. Autonomía. Libertad individual. Género.
“La trata de personas es atentatoria de la dignidad de la víctima, se vulnera en ella la autonomía personal, es decir, la capacidad que tiene una persona de decidir sobre sí misma. Así, algunas de las características que denotan la pérdida de autonomía son: ausencia de control sobre lo que se quiere o no se quiere, pérdida total o parcial de la libertad, cambio en su proyecto de vida y adaptarse a una nueva circunstancia donde el autor del delito es quien decide a donde la lleva, donde la sitúa y como la utiliza. Hay una cosificación del sujeto, la persona pierde su humanidad y se convierte en un objeto lo que lleva a una negación de la dignidad. Se protege así la libertad individual y autonomía personal, en tanto cada persona puede diseñar y edifica su proyecto de vida como le plazca.
La penosa realidad que subyace se relaciona con cuestiones de género, categoría que se construye cultural y socialmente, y en el que se cosifica a las mujeres y su servidumbre mediante la mercantilización del consumo del cuerpo; con esto se tiende a justificar la apropiación del cuerpo de la mujer. La pobreza es otro aditamento que envuelve esta realidad, debido a que ella genera exclusión, carencia de recursos económicos que empujan a alternativas de supervivencia, condicionado por el padecimiento de injusticias sociales de las que las organizaciones de trata son buenas lectoras resultando la prostitución funcional al sistema”.
2. Trata de personas. Explotación sexual. Tipicidad. Participación criminal. Intención. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[N]o se ha podido determinar que [la imputada] haya participado en el hecho que se investiga. Ello así porque si bien en las tareas de inteligencia realizadas por la prevención se sindica como la ‘portera’ del lugar, tal afirmación se encuentra controvertida por el plexo probatorio reunido. No son siempre las mismas mujeres las que reciben a los clientes y en muchas de las observaciones ni siquiera se ve quien es la persona que abre la puerta […]. Pero aun partiendo de que tal información es certera, no se sindica a [la imputada] como encargada, sino como portera. De esas mismas tareas de inteligencia, no surge en cabeza de [ella] un comportamiento diferente al de las otras mujeres que se encontraban en el inmueble”.
“No parece, en principio, y con el plexo probatorio recabado que alguna de las mujeres […] ejerciera el rol de control y administración del lugar y que se quedara con un porcentaje de las ganancias de las mujeres que prestaban servicios en el mismo. […] No se ha probado que [la imputada] más allá de abrir la puerta, en algunas ocasiones, y ser la titular del contrato de alquiler, haya tenido participación en la consumación del delito, en perjuicio de las presuntas víctimas si las hubiere […], así como tampoco que las mujeres encontradas en el lugar fueran realmente víctimas de alguien”.
“Se encuentra probado que efectivamente trabajaba en el lugar, y aun cuando pudiese sostenerse que acogió a las mujeres que allí se encontraban con el plexo probatorio reunido no puede probarse otro de los elementos objetivos del tipo que es la finalidad o ultra intención de explotar a las víctimas mediante alguna de las modalidades previstas por la norma, en el caso la explotación sexual, ello sin perjuicio que no se requiera la realización del resultado. Esta finalidad de explotación, en cuanto elemento integrante del tipo subjetivo, debe acreditarse a partir de hechos y datos objetivos. La prueba de su existencia forma parte del juicio de reproche del imputado, y es un elemento más que debe surgir de forma inequívoca de los elementos probatorios de modo de poder emitir un juicio de certeza sobre la finalidad invocada, caso contrario, será de aplicación la cláusula in dubio pro reo.
La comisión del delito requiere que el autor proyecte sobre las victimas una finalidad específica, su explotación, no siendo necesario para la consumación del delito que ésta se concrete. La figura solo exige que las acciones típicas tengan el propósito específico de llevarla a cabo, situación que en absoluto se encuentra acreditada en autos, pues quedó totalmente desvirtuada la posibilidad de que haya existido cualquier restricción a su libertad ambulatoria o de autodeterminación, a tal extremo que se encuentra acreditado por prueba testimonial agregada en autos. La restricción a la libertad ambulatoria no se traduce solamente en candados o vigilancias que limitan sus movimientos para el desplazamiento, sino que pueden existir esas limitaciones cuando se carece de los medios económicos para cubrir sus necesidades básicas. No resulta el caso de autos, donde se encuentra acreditado que las supuestas víctimas disponían de dinero el cual fue encontrado en poder de las mismas”.
“Cierto es que las mujeres víctimas modifican aspectos sustanciales de su declaración para beneficiar a sus tratantes, muchas veces desconocen o no asumen su calidad de víctimas. Ello así, o bien porque equivocadamente asumen parte de la culpa o también por miedo a perder su fuente de ingreso. Ninguna de estas circunstancias se vislumbra en autos, las mujeres disponían del dinero, habían llegado al lugar por sus propios medios, sostienen y nada lo contradice, que las ganancias eran individuales y no se ha probado en autos que el canon que pagan de alquiler fuera una suma superior a la distribución igualitaria del mismo, como porcentaje disfrazado para ganancia de [la imputada]. Por todo lo expuesto no existe ningún hecho o dato objetivo más allá de la firma del contrato de locación que ponga en cabeza de [la imputada] la ultrafinalidad requerida como elemento subjetivo del tipo”.
3. Prostitución. Explotación sexual. Autonomía. Prueba. Apreciación de la prueba. In dubio pro reo. Sobreseimiento.
“La ley no pena la prostitución, por el contrario, el espíritu de la ley es crear un marco de protección que garantice que cualquiera sea la decisión de la mujer en su elección de vida, ésta sea libre, sin vicios que puedan afectar su voluntad [hay cita].
Es por ello que el Código reprime a quien busca una ventaja económica a costa de la explotación del trabajo humano (trata de personas artículo 145 bis C.P.) o a quien facilita o promueve que otras personas se prostituyan (artículo 125 bis C.P.), porque se entiende que son conductas que interfieren en la libre sexualidad de la persona, afectando el bien jurídico que la norma tutela. La elección no sería cabalmente autónoma e independiente sino direccionada, promovida o facilitada por terceras personas y que actuarían en desmedro del sujeto pasivo. Todo lo cual, debe ser acreditado en cada caso particular.
Esto no ha ocurrido en [este caso], si bien la relación entre todas involucraba el negocio del comercio sexual, pues todas actuaban en forma coordinada para organizar la prestación de servicios en el lugar no existe prueba de que alguna […] se beneficiara con el trabajo de otra. En este andarivel, en cuanto la finalidad de explotación, la misma no se ha probado en el sub examine en cabeza de ninguna de sus protagonistas”.
“A cierta altura del proceso (agotada la investigación) la duda se transforma en certeza negativa, que es causa del sobreseimiento. Desde esa perspectiva puede afirmarse con grado de verdad legal que el hecho atribuido no fue cometido por la imputada. Así, el instituto del sobreseimiento resulta sumamente eficaz como válvula de escape para situaciones donde los derechos de los imputados se ven menoscabados, como para supuestos donde resulta imperioso adecuar el proceso ante la imposibilidad de continuar el mismo, que se presente como irrazonable frente al paso del tiempo o de las consecuencias que la comisión del ilícito implicó para su ejecutor. No se puede encausar el proceso hacia el estadio subsiguiente porque, objetivamente, no es posible relevar mayores elementos de prueba que los recolectados una vez iniciado el juicio”.
“En definitiva, corresponde el sobreseimiento atento que no existen elementos de prueba que permitan inferir que los actos reconocidos por la imputada —haber firmado el contrato de alquiler donde funcionaba el departamento en el que ella trabajaba prestando servicios sexuales— configuren un delito por el cual deba mantenerse abierta la causa a su respecto, ni medidas de prueba que pueden resultar dirimentes para la solución del caso”.
TRATA DE PERSONAS; TIPICIDAD; VULNERABILIDAD; AUTONOMÍA; LIBERTAD INDIVIDUAL; GÉNERO; EXPLOTACIÓN SEXUAL; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; INTENCIÓN; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PROSTITUCIÓN; IN DUBIO PRO REO; SOBRESEIMIENTO;
PAULA SRL (reg. N° 1662 y causa N° 44478)Cámara Federal de Casación Penal, Sala III
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal (jueza Catucci y juez Gemignani). En disidencia, el juez Riggi propuso hacer lugar al recurso y anular la resolución recurrida.
1. Régimen penal tributario. Política criminal. Ley penal más benigna.
“[D]e la letra de la ley 27.430, analizada según la doctrina sentada por el alto tribunal en el fallo [‘Palero, Jorge Carlos s/recurso de casación’ (Fallos: 330:4544)], se desprende que la modificación del monto de la deuda punible responde a una cuestión de política criminal y dinámica social, basada en la pérdida del interés punitivo del estado en mantener una incriminación por una obligación tributaria no cumplida de valor mínimo. De ahí el aumento. […] Puesto, pues, en evidencia a través de la sanción de la ley 27.430 el desinterés del Estado en el incumplimiento de tributos considerados de bajo monto, no cabe sino concluir que respecto que la imputación atribuida a los encausados debe examinarse según dicha norma. […] Frente a la ausencia actual de punibilidad del accionar atribuido a [las personas imputadas], vano resulta discutir acerca de la nulidad planteada por el ministerio público fiscal” (voto de la Jueza Catucci, al que adhirió el juez Gemignani).
2. Régimen penal tributario. Reforma legal. Evasión. Tipicidad. Acción penal.
“[E]l examen acerca de si la acción penal continúa activa o no, debe evaluarse a la luz de lo estipulado en la ley 26.735, mas no en lo dispuesto en la ley 27.430. Ello es así, por cuanto […] la modificación operada en los montos dinerarios de los artículos de la ley penal tributaria vía sanción de la 27.430, no comporta una ley penal más benigna en los términos del art. 2° del código sustantivo. [E]l aumento de los montos de la ley penal tributaria tuvo lugar a consecuencia de la actualización que se llevó a cabo con el fin de compensar la depreciación sufrida por la moneda desde la sanción de la ley 24.769 fijando así las barreras de punibilidad, siendo estas cuestiones fluctuantes de política criminal que variaron y que no tienen impacto sobre el tipo penal, por lo que mal podríamos decir que corresponde aplicarla retroactivamente. [L]as alteraciones monetarias son cuestiones de política criminal que fomentan la persecución de grandes evasiones, que solo limitan la punibilidad y no desincriminan el comportamiento delictivo” (voto en disidencia del Juez Riggi).
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO; POLÍTICA CRIMINAL; LEY PENAL MÁS BENIGNA; REFORMA LEGAL; EVASIÓN; TIPICIDAD; ACCIÓN PENAL;
Roldán y otro (causa Nº 32848)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decretó la nulidad del procesamiento de los imputados en orden al delito de hurto en tentativa (jueza Laíño y juez Lucini).
1. Concurso de delito. Defraudación. Hurto.
“[N]o puede afirmarse que el estelionato hubiese venido a perfeccionar la sustracción, ni que se asigne esa última sólo en caso que no hubiese habido una defraudación, ni mucho menos que el hurto incluya el mismo disvalor que la restante figura. Es decir, que solo por haber pretendido vender objetos sustraídos, la defraudación no descarta al hurto como delito autónomo.
Sin perjuicio de ello, asiste razón a la [defensa] en cuanto a que podríamos estar frente a dos injustos que concurren idealmente. Nótese estamos ante un episodio que perfectamente puede quedar atrapado en más de una figura penal. Es que no sólo se advierte que todo se desarrolló en un mismo lapso sino que, además, se da una relación de medio a fin (hurtaron para vender)”.
2. Acción penal. Extinción de la acción penal. Conciliación. Concurso de delito. Non bis in idem. Debido proceso. Ministerio Público Fiscal.
“[L]a decisión de procesar y a la vez sobreseer por extinción de la acción penal, se basó exclusivamente en calificaciones legales y no sobre hechos como indica el catálogo ritual. Escindió algo que aparece como único, ya que en una misma situación los presuntos autores habrían pretendido sustraer unos objetos, para luego venderlos.
En este marco, no puede haber reproche y desvinculación simultánea sin vulnerar el principio de ´ne bis in idem´ y la garantía del debido proceso legal”.
“[S]i bien es cierto que el Ministerio Público Fiscal puede prescindir ‘total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública’, de acuerdo al artículo 31 del Código Procesal Penal Federal, no es menos exacto que ´esta facultad puede manifestarla respecto a la totalidad de los hechos objeto de investigación o ejercerla limitadamente respecto a alguno o algunos de ellos´ […] y, en el caso [se trata de] un único hecho no escindible.
Ello constituye un obstáculo insoslayable que […] impide ingresar en el análisis de la cuestión traída a estudio, pues el sobreseimiento adquirió firmeza ante la falta de recurso del representante del Ministerio Público Fiscal y se impone estar a lo allí decidido”.
“[L]a Corte Nacional se ha expedido en forma reiterada […] donde ha sostenido con diversos fundamentos que debe otorgársele rango constitucional a la prohibición de doble persecución penal contra una persona; hoy dicho principio, ha quedado regulado en la CADH en su art. 8.4 y en el PIDCyP en el art. 14.7 (art. 75 inc. 22, de la Carta Magna) y debe ser tomado en su sentido más amplio, porque así lo dispone la norma interpretativa inserta en el art 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que, consecuentemente bien puede abarcar la prohibición de sometimiento al riesgo de un nuevo juzgamiento que pueda implicar la posibilidad de una condena (double jeopardy según la Corte Suprema de los Estados Unidos - ne bis in idem en nuestro territorio)”.
CONCURSO DE DELITOS; DEFRAUDACIÓN; HURTO; ACCIÓN PENAL; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; CONCILIACIÓN; NON BIS IN IDEM; DEBIDO PROCESO; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
OAC (causa Nº 9963)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso, revocó la resolución apelada y admitió la pretensión cautelar. En ese sentido, ordenó a la ANMAT que, en el plazo de cinco días hábiles administrativos, emitiera la autorización y todos los actos, disposiciones y recaudos formales, documentales o de cualquier otra naturaleza, que habilitaran la inmediata importación del medicamento identificado como Aceite de Cannabis Real Scientific Hemp Oil Max 10 de 10.000 mg de CBD en 236ml, en la cantidad de unidades indicadas por el médico tratante (jueza Caputi y jueces López Castiñeira y Márquez).
1. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Cannabis. Ley aplicable. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho.
“[C]on fecha 12/02/21, fue dictada la Resol. MS 654/21, que […] aprueba el Régimen de Acceso de Excepción a productos que contengan cannabinoides –o derivados de la planta de cannabis– destinados exclusivamente para uso medicinal (sea para tratamiento de pacientes en forma individual o dentro del contexto de una investigación científica; art.2), y prevé que el mencionado régimen se aplicará cuando no existan registros sanitarios en el país de productos que contengan el mencionado principio activo, o cuando dichos productos se encuentren en fase de investigación y en forma exclusiva para las patologías que revistan evidencia de calidad metodológica determinada por la autoridad de aplicación (art. 3).

Su art. 12 completa el cuadro normativo en que se sustenta la denegatoria, al establecer que sólo aquéllos pacientes que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, hayan accedido a través del régimen de excepción establecido por la Resolución Nº 133/19, a un producto que contenga cannabinoides o derivados, podrán continuar con su importación”.

“[U]na prudente e inicial aproximación permite razonablemente afirmar que, en tanto el producto a que alude la autoridad administrativa como alternativa terapéutica, no constituye el medicamento específico para tratar la patología que porta la menor beneficiaria, la situación así configurada queda al margen de la previsión contenida en el art. 3 de la Resol. MS 645/21 y, por lo mismo, también excluida de las limitaciones a la importación establecida en el art. 12 del citado dispositivo.

Desde esta perspectiva, analizando la cuestión con la provisionalidad que es propia de este tipo de medidas, sin que cuanto aquí se desarrolla y valora pueda ser interpretado como adelanto de opinión sobre el fondo de la materia debatida en el presente amparo, al sólo y único efecto de la
determinación de la verosimilitud en el derecho, puede tenerse suficientemente acreditado que los argumentos de orden fáctico y normativo en los que se sustenta la denegatoria a la importación, resultan `prima facie´ incorrectos, en tanto no aparece en principio ajustado a una
correcta valoración de los mismos, que se prohíba a la paciente recibir un medicamento que es específicamente indicado para el tratamiento de su afección, sobre la base de la existencia en el mercado local de otro producto, que según su propio fabricante, es de aplicación a un padecimiento diferente.
2. Derecho a la salud. Médicos. Tratamiento médico. Medicamentos. Cannabis. Verosimilitud del derecho.
A esta altura, es necesario destacar que la prescripción del médico tratante, traduce –en principio, y dicho esto a los efectos del análisis cautelar que se lleva a cabo– un elemento de convicción que no puede ser desconocido sin elementos de peso científico que lo desmerezcan. En función de ello, y aún bajo las limitaciones que impone el reducido ámbito cognoscitivo propio de la medida peticionada, no deja de observarse que la implícita imposición de continuar el abordaje con una droga que, según lo dictaminado, no beneficia ni trae mejoría para el puntual y concreto cuadro de la niña, pierde el grado de legitimidad necesario para mantener –mientras dure la medida, y sujeto ello a ulteriores vicisitudes dadas por el progreso propio del proceso– lo resuelto por la demandada.

En este sentido, se ha resuelto que `–precautoriamente– debe estarse a los términos e indicaciones expresas del médico tratante, quien es en definitiva responsable final del tratamiento que requiere el estado de salud de la destinataria de la acción. Ello así, mientras se sustancia completamente la causa y se producen todas las pruebas pertinentes a los fines de dilucidar si la medicación aquí requerida resulta idónea para el tratamiento de su enfermedad, máxime si la contraria no se hace cargo de la recomendación profesional del médico tratante´, cuestión que es considerada como `primordial´ para el tribunal interviniente al momento de resolver […].

De conformidad con cuanto se lleva expuesto, ha de tenerse por configurada la existencia de suficiente verosimilitud en el derecho en el reclamo de la amparista, pues aparte de que el medicamento cuya importación se requiere parece ser prima facie el indicado para tratar de manera eficaz el padecimiento de la menor beneficiaria, en el caso también se verifica que la negativa emitida por parte de la autoridad de aplicación, se encuentra sustentada en la disponibilidad en el mercado nacional de un específico indicado para una patología diferente”.
3. Peligro en la demora. Derecho a la salud. Tratamiento médico. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes.
“[S]e configura el más alto grado de perjuicio, actual, grave e irreparable, respecto de la menor beneficiaria, en razón del severo compromiso de su salud que representa la afección que padece (susceptible de verse agravada o cuanto menos impedida de obtener una mejoría, por la privación del medicamento durante el lapso que insume la tramitación natural del proceso), lo cual unido a su edad (13 años) y condición de discapacidad (conf. certificado emitido con fecha 13/7/18, agregado como documentación acompañada en el escrito de inicio), es determinante de las rigurosas circunstancias que habilitan una tutela diferenciada merecedora de especial protección, en los términos de las previsiones contenidas en el art. 75 inc. 23 CN, la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 26.061) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26378) (arg. art. 2º, inc. 2º, de la ley 26.854).

Y a tal fin, ha de tenerse presente que si bien el control judicial del modo en que la ANMAT ejerció su potestad de denegar el acceso de excepción a la importación de productos que contengan cannabinoides, exige un ámbito de debate mayor que el permitido en el estrecho marco de conocimiento precautorio, ello en modo alguno impide considerar que […] se ha logrado satisfacer un grado de verosimilitud suficiente para habilitar su examen en la sentencia definitiva, a tenor precisamente de la acreditada especial y delicada condición de salud de la menor […], y la inexistencia de un medicamento específicamente indicado para dar tratamiento eficaz a su
patologia, disponible en el país”.
4. Medidas cautelares. Interés público. Derecho a la salud. Derechos individuales.
“[E]s preciso valorar de modo primordial, que cuando las exigencias del interés público involucradas en la ejecución de un acto de gobierno resultan de gran intensidad, sólo perjuicios de más elevada consideración aún podrán determinar la suspensión de su ejecución; mientras que cuando esta medida tenga bajo impacto en el interés público bastarán menoscabos de menor intensidad. Este criterio ha sido aplicado por todas las Salas de esta Cámara cuando se estima que denegar la medida provocaba un daño mayor que concederla, y viceversa […].

Tal examen no puede eludir, entre otros aspectos, que la medida cautelar bajo análisis se limita a soslayar una restricción para la importación de un producto medicinal para una persona individual, cuyo médico tratante es responsable de la prescripción para la dolencia de la hija de la amparista, quien prestó su consentimiento para continuar el tratamiento con dicha medicación; de modo que el Tribunal debe ponderar tanto el gravamen que produciría al interés público la autorización de la importación del medicamento pretendido, si la sentencia definitiva fuera desestimatoria, como aquél que resulta y se configura en la actualidad como consecuencia de la ejecutoriedad del acto denegatorio, en el supuesto de arribarse a una decisión final estimatoria de la demanda […].

Este balance arroja un saldo favorable al otorgamiento de la tutela, ya que su denegatoria tendría un alto impacto negativo en la salud de la menor […], en tanto por su lado, la concesión de la cautelar carece por cierto de análoga repercusión en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales (decreto 738/17) …”.
DERECHO A LA SALUD; TRATAMIENTO MÉDICO; CANNABIS; LEY APLICABLE; MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; MÉDICOS; MEDICAMENTOS; PELIGRO EN LA DEMORA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; MEDIDAS CAUTELARES; INTERÉS PÚBLICO; DERECHOS INDIVIDUALES;
Rodriguez (Causa n°8956)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal y desestimó la presentación de la defensa (ministros Rosatti, Maqueda y ministra Highton de Nolasco). En disidencia, los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron lugar a la queja, declararon admisible el recurso extraordinario y revocaron la sentencia apelada.
Voto en disidencia del ministro Rosenkrantz
1. Consumo personal de estupefacientes. Privacidad. Autonomía. Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“[L]as decisiones de esta Corte en ‘Arriola’ y ‘Bazterrica’ responden a una doctrina común claramente discernible. Según esta doctrina, el castigo penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, cuando se trata de drogas en pequeña cantidad y la tenencia o el consumo no son visibles u ostensibles, es inconstitucional porque constituye una intromisión por parte del Estado en el ámbito de la privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional sin que haya una justificación razonable que muestre que ello es necesario para proteger los bienes jurídicos que la norma penal puede legítimamente apuntar a preservar (sea en la forma de la salud pública, la seguridad pública o el combate al narcotráfico) y, por lo tanto, que se dañen los bienes o derechos de terceros protegidos por la norma penal” (considerando 5°).
“[C]onviene subrayar dos aspectos relevantes sobre el alcance de dicha doctrina. En primer lugar, no constituye una consideración decisiva para analizar la inconstitucionalidad de la norma penal cuestionada si el lugar donde ocurre la conducta imputada (es decir, la tenencia de estupefacientes para consumo personal en pequeña cantidad de modo no visible) es público o privado. En ‘Bazterrica’ los estupefacientes fueron hallados durante un allanamiento al domicilio del imputado mientras que en ‘Arriola’ fueron incautados cuando los imputados circulaban por la calle. En ambos casos, más allá de la diferencia mencionada, la doctrina utilizada por esta Corte fue la misma.
En segundo lugar, si bien cada uno de los jueces que votaron en ‘Arriola’ ofreció caracterizaciones algo diferentes del derecho a la privacidad, coincidieron en que dicho derecho protege un ámbito de libertad personal de alguna manera ligado a la auto-determinación que debe estar fuera del alcance del reproche estatal”.
“Este derecho responde, tal como lo enfatizaron los jueces Belluscio y Bacqué en su voto en ‘Bazterrica’ (considerando 12) ‘a una concepción según la cual el Estado no debe imponer ideales de vida a los individuos sino ofrecerles la libertad para que ellos los elijan’. En la visión de estos jueces el derecho a ser dejado a solas es un derecho instrumental para la realización de la autonomía. De todos modos, la importancia instrumental del derecho a ser dejado a solas para asegurar la determinación autónoma no agota toda su relevancia constitucional. El derecho a ser dejado a solas es un derecho aún más básico y fundamental en tanto protege, tal como lo establecieron los jueces Carrió y Fayt en su voto conjunto en ‘Ponzetti de Balbín’ (considerando 8) ‘un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, […] reservados al propio individuo’ cuya ausencia no solo nos impediría vivir autónomamente sino que, además, nos haría imposible experimentar nuestra vida como propia. En otras palabras, de acuerdo a la doctrina aceptada por esta Corte en los precedentes mencionados, el derecho a ser dejado a solas —es decir, la existencia de un ámbito protegido de la observación, del escrutinio y, sobre todo, del reproche del Estado— es un requisito imprescindible para poder vivir nuestras vidas con dignidad” (considerando 6°).
2. Consumo personal de estupefacientes. Autonomía. Privacidad. Cárceles. Personas privadas de su libertad.
“[E]l derecho a la privacidad y la doctrina de ‘Arriola’, que estableció su alcance, son decisivos para determinar si, castigarse penalmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal en pequeña cantidad y de modo no ostensible u oculto.
De modo preliminar, aunque es un punto innegable de nuestro orden constitucional, debe enfatizarse que los internos —aquellas personas que se encuentran bajo la custodia del Estado en prisiones y otros establecimientos con la libertad ambulatoria restringida— no pierden todos sus derechos por el hecho de haber sido privados de su libertad. Los artículos 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos claramente disponen que toda persona privada de su libertad ‘será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’. […] La restricción innecesaria de los derechos de los internos no es aceptable en virtud del mandato insertado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional de evitar toda mortificación que no sea necesaria para la seguridad de los reos.
En ese marco, resulta claro que los internos pueden reclamar, como cualquier otro ciudadano, que su derecho a la privacidad sea reconocido. Por consiguiente, si el castigo penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en pequeña cantidad y no ostensible fuera del establecimiento penitenciario, cuando no están afectados los bienes jurídicos que la norma penal apunta a preservar (sea en la forma de la salud pública, la seguridad pública o el combate al narcotráfico), constituye una intromisión inadmisible por parte del Estado al ámbito de la privacidad garantizado por nuestra Constitución, el mismo tipo de castigo a la tenencia de estupefacientes dentro de dicho establecimiento constituye también una intromisión inadmisible salvo que se muestre que hay algún grado de afectación a los bienes jurídicos mencionados” (considerando 7°).
3. Consumo personal de estupefacientes. Cárceles. Declaración de inconstitucionalidad.
“En el caso de autos no hay prueba alguna de que haya habido terceros que, por ejemplo, hubiesen advertido que el imputado consumió estupefacientes o que tenía estupefacientes en su poder. Por otro lado, ni el Ministerio Público Fiscal ni el tribunal a quo han acercado argumentos para mostrar por qué la tenencia de estupefacientes en este caso afectaría la salud o la seguridad pública o estaría vinculada al combate al narcotráfico, lo que sin duda podría suceder si quien posee estupefacientes en pequeña cantidad es un eslabón más de una cadena de comercialización que opera dentro del penal. Por lo tanto, por el respeto debido a la privacidad protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional, esta Corte no puede justificar en este caso la criminalización de la conducta imputada por el mero hecho de que haya ocurrido dentro de un establecimiento carcelario. El art. 14 de la ley 23.737 es por consiguiente, en las presentes circunstancias, inconstitucional” (considerando 7°).
4. Consumo personal de estupefacientes. Cárceles. Ejecución de la pena. Sanciones disciplinarias.
“A los efectos de establecer con claridad qué es lo que aquí se decide es crucial destacar que el derecho a ser dejado a solas, tal como sucede con otros derechos, puede tener distintos alcances en diferentes contextos institucionales y, por ello, ofrecer distintos grados de protección frente a la intromisión (y también frente a la omisión) estatal. Lo que aquí se establece como constitucionalmente inválido, por consiguiente, es solo el castigo penal establecido en el art. 14 de la ley 23.737 a quien, dentro de una institución penitenciaria, posee estupefacientes para consumo personal en una pequeña cantidad de modo no visible u ostensible. Por ello, nada de lo anterior significa, ni la doctrina aceptada por esta Corte en ‘Arriola’ implica, que el derecho a la privacidad de los internos consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional necesariamente impide toda medida que busque disuadir la tenencia o el uso de estupefacientes en los establecimientos carcelarios. La necesidad de estos establecimientos de disuadir las conductas que afecten el bienestar de los internos, el buen funcionamiento de la institución (e.g. el orden, la seguridad o la disciplina en el penal) o que dificulten su reinserción social —objetivos que de hecho aparecen invocados en la ley 24.660 en sus arts. 1, 69 y 70— podría justificar, por lo tanto, que los reglamentos carcelarios impongan sanciones disciplinarias por la tenencia o el uso de estupefacientes” (considerando 7°).
Voto en disidencia del ministro Lorenzetti
1. Privacidad. Declaración de inconstitucionalidad. Consumo personal de estupefacientes.
“[T]al como se desprende del precedente [‘Arriola’] […] en casos como el sub examine corresponde adoptar un criterio para el juzgamiento fundado en las siguientes pautas:
A) El art. 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal. No se trata solo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea.
B) Este poderoso reconocimiento de la libertad personal implica una inversión de la carga argumentativa, de modo que toda restricción de ese ámbito debe ser justificada en la legalidad constitucional.
C) No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros. Los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad.
D) La conducta realizada en privado es lícita, salvo que constituya un peligro concreto o cause daños a bienes jurídicos o derechos de terceros.
E) De conformidad con lo expuesto, corresponde aplicar el criterio que esta Corte Suprema desarrolló en el precedente [‘Bazterrica’].
A su vez, de la aplicación de los referidos parámetros se sigue que es preciso respetar el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto para terceros, y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto, lo que a su vez redunda en que la norma que pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal debe ser considerada violatoria del art. 19 de la Constitución Nacional y, por tanto, declararse su inconstitucionalidad…” (considerando 4°).
2. Privacidad. Cárceles. Declaración de inconstitucionalidad. Consumo personal de estupefacientes.
“[S]in perjuicio de lo expuesto, en [‘Arriola’] se reconoció que ‘…el consumo que traiga aparejado una lesión a un bien jurídico o derecho de terceros o los ponga en concreto peligro, y la distribución de estupefacientes deben ser combatidos’” (voto del doctor Lorenzetti, considerando 19)” (considerando 5°).
“[N]inguna de esas circunstancias se verifica en el sub examine. En esa dirección, la finalidad de distribución queda descartada de antemano, desde que en el caso no se encuentra en discusión que los estupefacientes secuestrados en poder [del hombre imputado] (los cuales se encontraban ocultos en la gomaespuma de un colchón asignado al nombrado) estaban destinados a consumo personal. Así lo entendió el tribunal de mérito, en cuanto subsumió los hechos en la figura penal prevista en el art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, encuadramiento que no ha sido controvertido por ninguna de las partes. En cuanto al peligro a terceros, parece claro que no puede derivarse de la circunstancia –señalada en la sentencia apelada– de que [el hombre imputado] iba a llevar consigo el colchón en que fueron encontrados los estupefacientes a otra unidad carcelaria, toda vez que, en la medida en que dicho colchón formaba parte de sus objetos personales, el hecho de que acompañara al imputado en su traslado no supone en modo alguno que los cigarrillos de marihuana ocultos en su interior fueran a abandonar la esfera de intimidad del imputado” (considerando 6°).
“[L]a legitimidad de la aplicación del tipo penal previsto en el art. 14, 2° párrafo de la ley 23.737 al caso tampoco puede encontrar sustento en la circunstancia de que la tenencia de estupefacientes para consumo haya tenido lugar dentro de un establecimiento carcelario. Pues aunque resulta evidente que la privación de libertad conlleva, necesariamente, una restricción a la autonomía personal y al derecho a la privacidad de las personas que la sufren, en modo alguno puede considerarse que importe la pérdida definitiva de dichos derechos.
Por el contrario, ello contravendría la regla contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles de la Nación están ‘…para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas’, y veda ‘…toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija’; como así también lo dispuesto en el art. 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en punto a que ‘[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’ y en el art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el cual ‘[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’.
En base a lo expuesto, cabe concluir que cuando –como ocurre en el sub examine– la conducta del penado no trasciende a terceros, mantiene plena vigencia el derecho a la intimidad reconocido en el art. 19 de la Constitución Nacional, motivo por el cual resulta de aplicación, la doctrina emergente de los precedentes [‘Bazterrica’] y [‘Arriola’] de esta Corte Suprema y, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada” (considerando 7°).
DERECHO A LA PRIVACIDAD; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; AUTONOMÍA; JURISPRUDENCIA; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CÁRCELES; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; SANCIONES DISCIPLINARIAS; EJECUCIÓN DE LA PENA;
Biundo (causa N° 5302)Juzgados Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 10
El juzgado Federal de la Seguridad Social N° 10 hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a ANSeS la restitución del beneficio de AUH a la parte actora dentro del plazo de treinta días (juez Perez Nami).
1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la vida. Principio de dignidad humana. Vulnerabilidad. Medidas de acción positiva. Derecho a la salud.
“Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho fundamental a la vida, comprende el derecho a que no se le impida a todo ser humano el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna y la necesidad de la protección de los `más débiles´ requiere una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna […].
Este derecho significa –mínimamente– la preservación de la vida en condiciones de equilibrio psicológico y biológico y requiere de la acción positiva de los órganos del Estado –también del Departamento Judicial– en procura de que las personas en riesgo reciban las prestaciones necesarias.
Esto implica el deber de la judicatura de procurar que la declaración de derechos efectuada en nuestra Constitución no quede en mera retórica, sino que a través de su función se permita la efectiva y eficaz realización del derecho. En relación con lo expresado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema) reafirma el derecho a la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida– y destaca la obligación impostergable de la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga…”.
2. Protección integral de la mujer. Perspectiva de género. Debida diligencia. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém Do Pará). Igualdad. No discriminación.
“El arco normativo de protección a la mujer implica, de por sí, el reconocimiento de una situación determinada –de desventaja, discriminación, o vulnerabilidad–, y traduce la necesidad de tomar medidas al respecto. Gran parte de esas medidas, se plasma en la asunción de deberes por parte del Estado Argentino. Bastaría reproducir el texto de las leyes 24.417 de `Protección contra la Violencia Familiar´, 26.485 de `Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales´ (reglamentaria de la Convención CEDAW, Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), o de la Convención de Belém do Pará […] para constatar un indubitable elenco de deberes de diferentes autoridades públicas para contener las vulneraciones a los derechos del colectivo tutelado.
[C]abe descartar toda perspectiva que vacíe la esfera de deberes que el propio Estado ha asumido, en pos de la tutela de los derechos fundamentales de las mujeres. Sólo para tenerlos presente, baste recordar las medidas que resultan impostergables, plasmadas en el art. 7º de la Convención de Belém do Pará, conforme la cual los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, además de llevar a cabo una serie de acciones, que incluyen: actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7, inc. b); incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer (cfr. inc. c); f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (cfr. inc. f); establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (cfr. inc. g), y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención (cfr. inc. h). Cabe detenerse aquí en los deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, además de los encaminados a asegurar el resarcimiento o reparación del daño sufrido por ésta, detallándose que los medios de compensación resulten `justos y eficaces´. En particular, cabe poner de resalto que los Estados partes deberán velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; es decir que los órganos de los poderes públicos deben comportarse de tal modo que se ajusten a los compromisos que asumen sus países.
Al interpretar este conjunto de disposiciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enfatizado que `...los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación resultan elementos estructurales del orden jurídico constitucional argentino e internacional´, cfrme. el considerando 2º del precedente `Sisnero, Mirtha Graciela c/Taldelva´, publicado en Fallos, 337:611, de 2014. (50.029/2011 `A.,R.H. y Otra c/E.N. M Seguridad–P.F.A. y Otros s/daños y perjuicios´. 11/07/17 CAM. NAC. CONT. ADM. FED. SALA II.)”.
3. Acción de amparo. Admisibilidad. Niños, niñas y adolescentes. Asignaciones familiares. Declaración de inconstitucionalidad.
“En el caso, la acción intentada está destinada a obtener una respuesta eficaz para cubrir las necesidades del menor y de su progenitora, lo que concuerda con el espíritu y letra del art. 43 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, esta exigencia de acción rápida y expedita implica que debe satisfacerse de modo inmediato la pretensión incoada para proteger la garantía constitucional cuya lesión directa reclama la amparista, quien ha acreditado en autos, la situación de precariedad actual, encontrarse a cargo de la menor, poseer su tenencia ante los registros de la ANSeS, y las situaciones de violencia por parte del progenitor, con quien no mantiene una relación en la actualidad.
En este sentido, la resolución Nº 11/2019 APNSESS-MSYDS que dispone que se tendrá en cuenta para la concesión de la AUH la situación de ambos progenitores o adoptantes, aun cuando se encuentren separados de hecho o divorciados, importa en el caso, conculcar derechos constitucionales y convencionales por la aplicación de una resolución administrativa que excede el marco legal de la asignación ostentada y cuyos requisitos cumple de manera acabada. Máxime cuando la demandada tiene por acreditado que la Sra. B. es la única responsable a su cargo y que no solo no recibe sostén alguno por parte del progenitor sino que además el Estado intervino frente a hechos de violencia dispensados por éste a quien ahora pretende considerar como `grupo familiar´ para restringir derechos de una menor y de su madre”.
“Frente al accionar del Estado –ANSeS– que afecta los derechos de la menor, [debe recordarse] que en nuestro país rige un bloque normativo específico de protección de los niños y niñas, con deberes ante la comunidad internacional y hacia dichos sujetos […].
Conviene recordar, igualmente, que los [menores de edad y/o personas con discapacidad] a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial de su interés, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos […]. La protección de los derechos de la seguridad social es de carácter integral respecto de los derechos y necesidades del menor y de su progenitora. Denegar la prestación no contributiva impactaría notablemente no solo en su situación económica sino también en el desarrollo y protección del menor. En el caso, se encuentran comprometidos los derechos a la seguridad social, el acceso a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda adecuada y una mejora continua de las condiciones de existencia y el disfrute del más alto nivel de salud […] y en particular, la especial protección que los convenios y leyes prevén a favor de los niños a fin de garantizarles una vida digna para su desarrollo en condiciones de igualdad y de las mujeres, quienes como en el caso, afrontan solas la crianza y protección de los menores para el resguardo de la integridad física de ambos […].
Así, [se llega] a la convicción de que la actuación de la demandada constituye un comportamiento material contrario al ordenamiento jurídico que vulnera los derechos constitucionales de la amparista, protegidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y por las Convenciones Interamericanas citadas precedentemente y por lo tanto corresponde declarar, para el caso, la inconstitucionalidad de la Res. 2019-11-APNSESS-MSYDS del 30/07/2109 y ordenar a la demandada que, en el plazo de 30 días, restituya la prestación de asignación universal por hijo para protección social reconocida en la ley 24.714”.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; DERECHO A LA VIDA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; VULNERABILIDAD; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; DERECHO A LA SALUD; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; PERSPECTIVA DE GÉNERO; DEBIDA DILIGENCIA; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACCION DE AMPARO; ADMISIBILIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASIGNACIONES FAMILIARES; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;
Ifran (Causa N° 62674)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso, anuló la resolución impugnada y reenvío el caso al juzgado de origen (jueces Magariños, Huarte Petit y Jantus).
1. Declaración de inconstitucionalidad. Libertad condicional. Informes. Motivación. Nulidad.  
“[P]revio al tratamiento de la validez constitucional de una norma, corresponde al tribunal interviniente determinar si aquella resulta, o no, aplicable al caso en concreto”.
“[D]e la resolución impugnada surge claramente que el magistrado de ejecución omitió analizar de modo previo al abordaje del planteo de inconstitucionalidad, si la norma en cuestión era aplicable al caso en concreto, es decir, si en la situación particular [del imputado] se cumplían o no los requisitos legales que establece el régimen de libertad condicional. En cambio, realizó un análisis en abstracto del artículo 14 —segunda parte del Código Penal—, lo cual priva de motivación suficiente a la decisión puesta en crisis y justifica la anulación que se propone”.
“[P]ese a haberse incorporado [el informe favorable del Consejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos], éste fue inexplicablemente soslayado por el a quo en su análisis, quien —como ya se señaló— decidió adentrarse al tratamiento en abstracto del artículo 14 segunda parte del Código Penal, sin llevar a cabo un análisis de las condiciones y requisitos legales del instituto peticionado en el caso en concreto, que se exigía por mandato constitucional, previo al examen de la constitucionalidad de la norma en cuestión”.
“[M]ás allá del acierto o error del análisis llevado a cabo por el a quo respecto de la validez constitucional de la norma puesta en tela de juicio, lo cierto es que en el aspecto aquí precisado, la resolución presenta un defecto de motivación en los términos del artículo 123 del código ritual, que justifica su nulidad…”.  
DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD; LIBERTAD CONDICIONAL; INFORMES; MOTIVACIÓN; NULIDAD;
Flores (causa N° 1233)Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
La Cámara Federal de Corrientes hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y concedió la inmediata libertad a la imputada. A su vez, recomendó la continuidad del tratamiento psicológico/psiquiátrico en el establecimiento de salud más conveniente para sus patologías y de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas (voto de las juezas Sotela y Spessot, y del juez Gonzalez).
1. Transporte de estupefacientes. Prisión preventiva. Excarcelación. Vulnerabilidad. Perspectiva de Género. Revictimización. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Convencion de Belém do Pará).
“[C]abe señalar que, dado las condiciones psicológicas actuales y las circunstancias de vida de [la imputada], nos hallamos ante un supuesto especial de vulnerabilidad, dado que la imputada fue víctima de violencia de género, y actualmente posee una situación económica desfavorable (sin cobertura médica y escasos ingresos), situaciones de gravedad, que ha impactado negativamente en su aspecto psicológico. Por lo tanto, a criterio de este Tribunal, el análisis en el presente caso, no puede solamente centrarse en el riesgo procesal, dado que se deben tener presentes, los principios rectores de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que conforman el bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 de la CN), los cuales, exigen un enfoque integrador que incluya la perspectiva de género y la protección de las personas en condición de vulnerabilidad (art. 9 de la Convención de ´Belém Do Para´)”.
“[L]os múltiples compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, como ser la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la Mujer –´Convención Belem Do Pará´– y la ley 26.485, imponen el deber de facilitar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y garantizar la asistencia a las mujeres víctimas de violencia […]”.
2. Transporte de estupefacientes. Prisión preventiva. Excarcelación. Riesgos procesales.
“[E]n relación al riesgo procesal, cabe mencionar que a la imputada se le atribuye el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización – art. 5 inc. ´c´ de la ley 23.737–, razón por la cual, aquélla no podría acceder a la aplicación de una condena condicional (art. 26 del CP). Sin embargo, respecto a las circunstancias y naturaleza del hecho –221 inc. ´b´ del CPPF–, no resultan acertados los fundamentos brindados por la juez a quo […].
Debiendo considerarse además, que la imputada posee arraigo domiciliario y laboral –atento que se dedicaría a la recolección de tomates– y carecería de antecedentes penales. Por lo tanto, la concesión de libertad de la imputada, no resulta irrazonable a la luz del escaso peligro procesal –riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento–”.
3. Prisión preventiva. Excarcelación. Medidas cautelares. Riesgo procesal. Vulnerabilidad. Código Procesal Penal. Reforma legal. Ministerio Público Fiscal. Principio acusatorio.
“[E]l régimen de las medidas de coerción en el nuevo CPPF, establece que la carga de fundar la existencia de riesgo procesal se halla en cabeza del representante del Ministerio Público Fiscal, quién en este nuevo esquema, debe fundamentar la excepción a la regla, que es la libertad durante el proceso penal. Además, sabido es que en virtud del principio dispositivo en materia recursiva, la actuación del Tribunal, queda limitado exclusivamente a los puntos de agravio expuestos por las partes, y atento a la solicitud del Fiscal General respecto al otorgamiento de la excarcelación a la imputada, basándose en el resultado de los informes psicológicos, los cuales son concluyentes respecto a la situación de vulnerabilidad de la imputada, corresponde conceder la libertad a [la imputada]”.
4. Excarcelación. Tratamiento médico. Salud mental.
“[Conceder la excarcelación] permitiría la realización del tratamiento indicado, atento que conforme lo manifestado por la defensa en el recurso de apelación, el [hospital donde reside la imputada] no contaría con psiquiatra y/o psicólogos, debiendo trasladarse [otra ciudad] para tal fin. Ello en armonía, con lo dispuesto por la ley 26.657, en su art. 7 inc. ´d´ que prevé que la imputada tiene ´… derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria…´”.
TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; PRISIÓN PREVENTIVA; EXCARCELACIÓN; VULNERABILIDAD; PERSPECTIVA DE GÉNERO; REVICTIMIZACIÓN; CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); RIESGOS PROCESALES; MEDIDAS CAUTELARES; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PRINCIPIO ACUSATORIO; TRATAMIENTO MÉDICO; SALUD MENTAL;
PGD (causa Nº 32177)Juzgado Nacional Civil Nro. 22
El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 22 hizo lugar a la acción y condenó a la parte demandada a pagar una indemnización por daños y perjuicios al actor (juez Rebaudi Basavilbaso).
1. HIV. Actos discriminatorios. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No discriminación. Igualdad. Relación de trabajo.
“Algunos de los principales tratados internacionales de derechos humanos se han interpretado de tal manera que incluyen el VIH como motivo por el cual está prohibida la discriminación. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prohíbe la discriminación por diversos motivos, incluyendo `cualquier otra condición social´, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha confirmado que el `estado de salud (incluido el VIH/SIDA)´ es un motivo prohibido de discriminación. El Comité de los Derechos del Niño ha llegado a la misma conclusión en relación con el art. 2° de la Convención sobre los Derechos del Niño y también la antigua Comisión de Derechos Humanos señaló que la discriminación, actual o presunta, contra las personas con VIH/SIDA o con cualquier otra condición médica se encuentra tutelada al interior de otras condiciones sociales presentes en las cláusulas antidiscriminación. Los Relatores Especiales de la ONU sobre el derecho a la salud han adoptado esta postura (CIDH, `González Lluy y otros vs. Ecuador´, sent. Del 1° de septiembre de 2015 […]).
En el Estado social de derecho, la legislación tuvo como finalidad la desarticulación de las discriminaciones en el ámbito laboral, en especial, las desigualdades motivadas por raza, el origen étnico, el sexo o la nacionalidad. La igualdad de trato que deben dispensar los empleadores públicos y privados durante y después de concluida la relación laboral, está fuera de discusión. Tampoco se cuestiona la igualdad en el ingreso al empleo, cuando se trata de la actividad pública, sujeta –debiera estarlo– sólo a condiciones de idoneidad para la función o el cargo. En esa dirección, se trata de anular o modificar las barreras de entrada –normativas o de hecho– que imposibilitan a ciertas categorías de personas la libre competencia en situación de igualdad. Sin embargo, la cuestión resulta controversial cuando se imponen a los empleadores privados la obligación de contratar a personas o categorías de personas, por aplicación de la ley contra la discriminación…”.
2. Tratamiento médico. Contrato de trabajo. Actos discriminatorios. Organización Internacional del Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. HIV. Ley aplicable.
“La Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 37 del 14 de enero de 2010, identifica como exámenes preocupacionales o de ingreso a aquellos que tienen como propósito determinar la aptitud del postulante, conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán, indicando que en ningún caso pueden ser utilizados como elemento discriminatorio para el empleo.
Mediante el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo nº 111 del año 1958, se estableció que el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
En el caso se encuentra reconocido que al actor se le realizó un examen de VIH en el análisis de laboratorio efectuado para el preocupacional, se advierte que se ha incumplido con la manda prevista por la Resolución 270/2015 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Dicha Resolución establece en su art. 3º que las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares.
A su vez, el art 4º dispone que podrá ser motivo de denuncia por violación de las leyes nros. 23.592, 23.798 y 25.326, la exigencia de realización de estudios de laboratorio con el objeto de detectar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o V.I.H. en los postulantes a trabajador o trabajadora dentro de los exámenes preocupacionales (lo que ha ocurrido en el caso y se encuentra reconocido por ambas partes)”.
3. Actos discriminatorios. Prueba. Apreciación de la prueba. Presunciones. Inversión de la carga de la prueba.
“En conflictos derivados de situaciones de discriminación, difícilmente ha de encontrarse una prueba clara y categórica, pues seguramente dichos actos no resulten documentados. Por lo tanto, asumen relevancia las directivas contenidas por el art. 163 del Código Procesal, en tanto autorizan a echar mano a las presunciones no establecidas por ley (inc. 5).
Uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria. Por ello, y teniendo en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional (la protección emana de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales con similar jerarquía), se considera que cuando una persona invoca un supuesto de discriminación, como en el caso, se invierte la carga de la prueba. Ocurre que es mucho más difícil para el primero probar la discriminación, que para el segundo acreditar la justa causa, si es que existe.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en casos como este, que resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, se presenten idóneos para inducir su existencia; supuesto en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación (CSJN, Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio de Abogados de la Capital Federal s/ amparo, 15/11/2011)”.
“[E]l retiro del actor como candidato debe presumirse un acto discriminatorio, salvo que el Hospital A. pruebe que no fue así en virtud del encuadre normativo provisto. Debe evaluarse la existencia de una presunción discriminatoria, si se está en presencia de una persona o de un integrante de un grupo que la realidad muestra que suelen ser objeto de discriminación.
Por otro lado, la circunstancia de que el actor haya firmado el consentimiento informado, de ningún modo significa que no haya sido discriminado luego de la realización del examen de laboratorio. En este sentido se ha dicho que la gente no suele manifestar en sus búsquedas de trabajo aquellos datos que son innecesarios y que, a no dudarlo, pueden repercutir negativamente. En tal aspecto, mal podría exigirse a una persona que revele un dato que puede ser causa de discriminación, esto es, un dato sensible”.
“[L]a prueba aportada en las presentes actuaciones pudo generar claros indicios de discriminación, los cuales no fueron debidamente refutados por la parte demandada mediante algún medio probatorio eficaz, por lo que válidamente puede inferirse la intención discriminatoria.
Del relevamiento de pruebas efectuado se sigue que la prueba producida conforma, en los términos del art. 163 inc. 5° del CPCCN, un cúmulo de indicios que por su número (pluralidad de indicios), gravedad (logran dar certeza), precisión (se interpretan en el mismo sentido) y concordancia (forman entre sí un conjunto armonioso), producen convicción respecto a que [el candidato] fue discriminado por el Hospital A. al ser portador de VIH”.
4. Daño. Indemnización. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Derechos personalísimos. Elementos constitutivos de la responsabilidad civil.
“La reparación del daño ocasionado al damnificado consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso (art. 1740 Cód. Civ. y Com.).
El Cód. Civ. y Com. en su artículo 1738 dispone que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.
Este artículo regula el daño emergente (disminución del patrimonio de la víctima), el lucro cesante (en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención) y la pérdida de chance. Por último, se refiere en el segundo párrafo a la violación de los derechos personalísimos de la víctima, bienes jurídicos a los que les corresponde una tutela especial.
En el artículo 1739 se regulan los requisitos para la procedencia de la indemnización: debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Se introducen concretamente los presupuestos del daño resarcible, perjuicio directo o indirecto, actual (el ya ocurrido) o futuro (todavía no ha ocurrido pero su causa generadora ya existe), cierto (su existencia es indudable) y subsistente (se mantiene en la actualidad). Se regula la pérdida de chance, en la medida de que su contingencia sea razonable y guarde adecuada relación de causalidad con el hecho generador”.
5. Elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Daño. Relación de causalidad. Reparación. Indemnización
“El daño cuya reparación se pretende, debe tener una relación causal con el hecho de la persona o de la cosa a la cual se atribuye su producción, y además debe encontrarse en relación causal adecuada al ordenamiento jurídico. Es por ello que el nexo causal es un presupuesto de tipo objetivo que persigue establecer la adecuación de los daños causados por el autor jurídico y determinar qué consecuencias del hecho son asignadas a este, según lo dispuesto por los arts. 1726 y 1727 Cód. Civ. y Com. De ello se sigue que, sólo resultaran indemnizables aquellos daños que se encuentren en un nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño, inclinándose el código por mantener la teoría de la Relación de Causalidad Adecuada.
La causa es adecuada cuando produce un efecto que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas. Es la que ha adoptado históricamente nuestra doctrina, luego nuestra jurisprudencia y finalmente se plasmó en el Código Civil y Comercial. La reparación integral no es viable en nuestro ordenamiento, sino que debe ser plena, de conformidad con lo que dispone el ordenamiento. En virtud de lo normado por el artículo 1726 han de indemnizarse las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, conceptos definidos en el art. 1727. Ello descarta las consecuencias remotas derivadas del hecho, que no son indemnizables”.
“[No se debe considerar] que otorgar una suma mayor afecte al principio de congruencia (arts. 34, inc. 4° y 163 inc. 6° del CPCCN) ya que el actor sujetó su reclamo a las pruebas […] (conf. CNCiv., Sala I, 27/12/19, `Paz, Daniel D. c/Rodriguez, Eduardo Oscar y otro s/daños y perjuicios (acc.tran. c/les. o muerte)´, [..]) y por tanto la suma reclamada no es un límite a la cuantificación de resarcimientos que dependen de estimación judicial (conf. CNCiv., Sala M, 7 julio de 2017, `Cardozo Vera, D. Omar c/Ferreira, Luis Ricardo y otros s/daños y perjuicios´, […]).
Asimismo, tengo en cuenta que la indemnización es una obligación de valor (conf. CNCiv., Sala M, 12/12/17, `G., Sergio G. y otros c/La Unión SRL y otros s/daños y perjuicios´,[…]). y que como principio general el daño debe ser evaluado a la fecha de la sentencia o a la más próxima a ella...”.
6. Consecuencias extrapatrimoniales. Daño moral. Indemnización. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios.
“El daño moral ha sido definido como la conculcación, menoscabo o lesión al equilibrio espiritual y que repercute en los sentimientos, alteración de la paz, la tranquilidad y la integridad de una persona. Se ha señalado que el daño moral compromete lo que el sujeto `es´ y que sus principales vertientes residen en lesiones que afectan la vida, la salud o la dignidad de las personas; es decir, su existencia misma y su integridad psicofísica, espiritual y social.
El art. 1738 del Cód. Civ. y Com. dispone que la indemnización incluye especialmente las consecuencias de la violación de las afecciones espirituales legítimas de la víctima. Luego, el art. 1741 establece que para la fijación del monto de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales deben ponderarse `las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas´.
Esto significa que `la suma otorgada por este concepto debe mensurarse en función de los placeres o actividades que ella permita realizar a la víctima y que sirvan como una suerte de compensación…de los sinsabores o angustias, o bien del desmedro existencial por ella sufrido´.
Con ello `se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba ‘el precio del dolor’ para aceptarse que lo resarcible es el ‘precio del consuelo’…se trata `de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar…el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena…de afectar o destinar el dinero a la compra de bienes o la realización de actividades recreativas, artísticas, sociales, de esparcimiento que le confieran al damnificado consuelo, deleites, contentamientos´…”.
“En palabras de la CSJN, el juez valora el dolor humano, y se trata de `darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido´, mediante una suma de dinero que constituye `un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones´(CSJN, 12/04/2011, `Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios´, considerando 11.). `La finalidad satisfactiva quiere decir que el dinero que se otorga por haberlo sufrido, debe permitir al dañado la adquisición de sensaciones placenteras´”.
7. Indemnización. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Pérdida de chance.
“El art. 1738 del Cód. Civ. y Com. dispone que la indemnización comprende la pérdida de chance, y el art. 1739, que es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador.
Se trata de un perjuicio autónomo, que surge cuando lo afectado por el hecho ilícito es la frustración de la posibilidad actual y cierta con que cuenta la víctima de que un acontecimiento futuro se produzca o no se produzca, sin que pueda saberse con certeza si, de no haberse producido el hecho dañoso, ese resultado esperado o temido habría efectivamente ocurrido. Para que las consecuencias de este daño sean resarcibles es preciso que exista una relación de causalidad adecuada entre el actuar del agente y la pérdida de la oportunidad. En el caso del daño por pérdida de chance, no existe relación causal entre el hecho ilícito y el suceso (resultado final) que, en definitiva, se produce. Por el contrario, este resultado bien podría haber ocurrido o haberse evitado si el hecho ilícito no hubiera tenido lugar. Sin embargo, debe existir relación de causalidad adecuada entre el actuar del responsable y la pérdida de la oportunidad en sí misma, la víctima debe estar en una situación en donde únicamente tiene un porcentaje de chances de evitar la producción del resultado final y el hecho ilícito debe hacerle perder esas chances. Por otra parte, para que las consecuencias que se derivan de este tipo de daño sean resarcibles la pérdida de la oportunidad debe constituir un daño cierto. La víctima solo contaba con una posibilidad o probabilidad de obtener la ganancia o evitar el perjuicio, pero no existe certeza sobre su obtención o evitación. El eventual beneficio puede o no ocurrir y nunca se sabrá si se habría producido de no mediar el evento dañoso. Pero la incertidumbre no afecta la certeza de la chance, que se verifica a través de la comprobación de la existencia de una oportunidad que, por el accionar del agente, se ha visto perdida. Por el contrario, si la posibilidad no existe entonces el daño por pérdida de chance es hipotético o eventual y, por ende, no resarcible. Por consiguiente la razonabilidad de la contingencia de la chance perdida no se refiere a que ella sea estadísticamente importante, sino a que efectivamente haya existido una posibilidad de evitar el perjuicio u obtener una ganancia. Demostrada la existencia de esa chance, procede su resarcimiento aunque ella hubiera sido numéricamente poco significativa.
En la pérdida de chances lo que se frustra es la probabilidad o expectativa de ganancias futuras, en las que lo que se indemniza no es todo el beneficio esperado (caso del lucro cesante) sino de la oportunidad perdida. El monto o cuantía de la chance indemnizable no es el equivalente a todo el beneficio esperado como en el lucro cesante. En la chance frustrada lo indemnizable no es la ventaja misma sino la probabilidad de obtener el beneficio, el que siempre será más reducido o más bajo que la totalidad de la ventaja. La indemnización consiste en el valor de la posibilidad, por lo que la indemnización será necesariamente menor que el resarcimiento. Lo reparable no es el beneficio esperado sino la probabilidad perdida, lo que, en el fondo, trasunta un criterio cuantitativo y no cualitativo de ponderación.
En el caso [debe considerarse] que resulta procedente la pérdida de chance reclamada, toda vez que se frustró la mera probabilidad de lograr lo que razonablemente hubiese tenido el actor (provecho económico y espiritual), al conseguir el trabajo frustrado por la discriminación”.
8. Daño psicológico. Incapacidad. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Derecho a la integridad personal.
“La incapacidad es definida como la inhabilidad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales. Incluye cualquier disminución física o psíquica, que afecte tanto la capacidad productiva del individuo como aquella que se traduzca en un menoscabo de cualquier tipo respecto de las posibilidades genéricas de la vida y de las actividades que la víctima solía desarrollar con amplitud y libertad.
Luego de instituir que la indemnización incluye especialmente las consecuencias de la violación de la integridad personal de la víctima y de su salud psicofísica, el Cód. Civ. y Com. dispone que `en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades… En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado´ (arts. 1738 y 1746).
Este derecho a la integridad personal tiene fundamento constitucional, ya que el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional incorpora tratados internacionales que reconocen el derecho a la integridad de la persona en sus aspectos físico, psíquico y moral.
La indemnización integral por lesiones o incapacidad física o psíquica repara la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. Este daño específico se indemniza aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Ello es así pues esa disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso de que tuviera que abandonar las tareas que venía desempeñando (Conf. CSJN, 10/8/17, `Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/ accidente - inc. y cas.´).
Es uno de los rubros que se inscriben en el marco del lucro cesante, y es el `resultado de una lesión sobre el cuerpo o la psiquis de la víctima que la inhabilita, en algún grado, para el ejercicio de funciones vitales. Pero el menoscabo de esos bienes (el cuerpo, la salud, la psiquis) puede conculcar o aminorar intereses patrimoniales o extrapatrimoniales de la víctima, y dar lugar a la reparación de las consecuencias resarcibles que se produzcan en una u otra de esas esferas. Desde el punto de vista patrimonial, la `incapacidad sobreviniente´ se traduce, entonces, en un lucro cesante derivado de la disminución de la aptitud del damnificado para realizar tareas patrimonialmente mensurables (trabajar, pero también desplegar otras actividades de la vida cotidiana que pueden cifrarse en dinero)´”.
9. Reparación y cuantificación de rubros indemnizatorios. Prueba. Apreciación de la prueba. Incapacidad sobreviniente.
“Sabido es que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse debe seguir un criterio flexible apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.
Ello por cierto, concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del Cód. Civ. y Com. en tanto que para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que deben tenerse en cuentas las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación”.
HIV; ACTOS DISCRIMINATORIOS; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; TRATAMIENTO MÉDICO; CONTRATO DE TRABAJO; ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO; MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN; LEY APLICABLE; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PRESUNCIONES; INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA; DAÑO; INDEMNIZACIÓN; REPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS INDEMNIZATORIOS; DERECHOS PERSONALÍSIMOS; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; RELACIÓN DE CAUSALIDAD; REPARACIÓN; CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES; DAÑO MORAL; DAÑO PSICOLÓGICO; INCAPACIDAD; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; INCAPACIDAD SOBREVINIENTE; RELACIÓN DE TRABAJO; PÉRDIDA DE CHANCE;
Irrazabal Madrid (causa n° 4041)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VII
La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento del hombre imputado (jueces Divito y Scotto).
1. Tipicidad. Hurto. Sueldo. Trabajo.
“[N]o existen elementos que permitan inferir que el causante se apropió [del monto de dinero] que informaran los querellantes, pues se carece de constancias que permitan materializar un arqueo fidedigno del dinero existente en ese momento en la caja.
Por otro lado, no puede desconocerse la existencia de un conflicto laboral preexistente […] y que el imputado cuestionaba [a sus empleadores] un supuesto error en la liquidación de las horas trabajadas, ya que según él afirmara, superaban las ocho horas que le computaban en los recibos de sueldo”.
“[D]ado que es dable inferir que [al] momento en el que el causante tomó el dinero de la caja, aún prestaba labores en el garaje […] y por lo tanto contaba con la autorización que sus empleadores le habían acordado, sin perjuicio de las compensaciones que pudieren discernirse, tal proceder carece de notas típicas que lo tornen susceptible de reproche en este fuero”.
2. Tipicidad. Amenazas.
“[C]abe ponderar lo mencionado por [el hombre imputado] en punto a que […] lo sucedido ‘se trató de una discusión’ en el marco de la cual [sus empleadores] lo increparon…”.
“En ese contexto y con motivo de la última liquidación, el causante habría manifestado [al empleador una serie de insultos que finalizaron con] ‘ya te voy a agarrar y te voy a matar’, por lo que cabe estimar que, de haber sido efectivamente expresadas […] carecieron de idoneidad en los términos del artículo 149 bis del Código Penal.
En tal sentido, siguiendo el criterio de que resultan atípicas las frases proferidas ‘en el calor de un altercado verbal o en un rapto de ira’, cabe coincidir con el juez de grado en cuanto a que el momento de ofuscación en el que el causante se habría expresado de ese modo, desmerece su encuadre en la figura de amenazas…”.
TIPICIDAD; HURTO; SUELDO; TRABAJO; AMENAZAS;
PSS (causa Nº 31074)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar de manera parcial al recurso de la parte actora y elevó el monto concedido en concepto de daño moral y la suma correspondiente al daño psicológico. Además, ordenó que la parte demandada realizara, dentro del plazo de tres meses del dictado de la sentencia, un curso de forma presencial o virtual de capacitación y sensibilización en género y violencia brindado por una entidad u organismo autorizado. Sobre este aspecto, dispuso la acreditación de su realización y su resultado mediante comprobante de asistencia y finalización ante el juzgado de la instancia anterior bajo apercibimiento de aplicación de una multa diaria de mil pesos que se destinaría a programas de protección contra la violencia de género (voto del juez Rolleri, al que adhirieron la jueza Barbieri y el juez Polo Olivera).
1. Daños y perjuicios. Responsabilidad civil. Deber de no dañar. Violencia de género. Violencia.
“[E]l derecho de daños el eje central sobre el cual se ha asentado todo su sistema normativo lo encontramos el principio no dañar a otro o `alterum non laedere´, al que la Corte Suprema le asignó jerarquía constitucional. Así, nuestro más alto Tribunal sostuvo que dicho principio, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional, y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, pues expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica toda vez que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, ello en consonancia con lo consagrado en el preámbulo de la Carta Magna […].
En tal sentido, el artículo 1716 del CCyC dispone que `La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado´ conforme con las disposiciones de ese Código.
Adviértase que en la determinación de los presupuestos de la responsabilidad civil hay que tener en cuenta que según el artículo 1717, `cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada´. Y ni la violencia verbal, ni la física, ni la psicológica, tienen justificativo alguno ya que lo justificado es el ejercicio regular de un derecho y no el abuso del derecho o la conducta dañosa.
En este sentido, el artículo 1737 de Código Civil y Comercial establece que `hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva´”.
2. Violencia de género. Perspectiva de género. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convencion de Belém do Pará). Categorías sospechosas.
“Primeramente, es importante señalar que los casos de violencia de género deben ser juzgados con perspectivas de género, consistente en visualizar si en el caso se vislumbran situaciones discriminatorias entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla en forma diferente, a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar el concepto de categorías sospechosas de sufrir discriminación al momento de repartir el concepto de la carga probatoria […].
Así, en referencia a los marcos teóricos que deben considerarse en toda decisión judicial, la perspectiva de género implica: a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los hombres como grupo social y discriminatorias para las mujeres; b) que estas relaciones han sido constituidas social y culturalmente y son constitutivas de las personas; y c) que atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión […].
En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el documento del Comité de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (CEVI) recomendó incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares utilizados, ya que la persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género podría llevar a valorar de manera inadecuada el comportamiento. Asimismo, señaló que la inminencia permanente de la agresión, en contextos de violencia contra la mujer, se caracteriza por su continuidad –puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia– y su carácter cíclico si fue maltratada, posiblemente vuelva a serlo y no requiere la proporcionalidad entre la agresión y la respuesta defensiva porque existe una relación entre la proporcionalidad y la continuidad de la violencia. Finalmente, expresó nuestro más alto tribunal, que la aparente desproporción entre la agresión y respuesta puede obedecer al miedo de la mujer a las consecuencias por una defensa ineficaz y se subraya que existe una relación entre la defensa empleada y los medios con que las mujeres disponen para defenderse ya que no se requiere la proporcionalidad del medio, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión (CSJN 29/10/2019 `R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley´…)”.
3. Daño moral. Violencia de género. Prueba. Apreciación de la prueba.
“[N]o parecería un requisito necesario la demostración por los accionantes de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba –de producirse– sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto `previsto de antemano por la norma´ […].
De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto […].
[H]a quedado cómodamente acreditado el padecimiento espiritual que ha sufrido la accionante debido tanto a la violencia física, psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el demandado y hasta aún después de divorciados”.
4. Daño psicológico. Prueba. Valoración de la prueba. Informes. Prueba de peritos.
“[E]l daño psicológico no queda subsumido en el daño moral, pues ambos poseen distinta naturaleza. En efecto el daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integral…”.
“[S]i bien los jueces no están obligados a aceptar y consagrar los dictámenes periciales, tampoco pueden ser dejados de lado por éste en forma discrecional. Ello porque si bien es cierto que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito, para desvirtuarlo, es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error, o el inadecuado o insuficiente uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado, o sea, que el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, evidenciando la existencia de errores de entidad, o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de los hechos controvertidos…”.
5. Perspectiva de género. Estereotipos de género.
“[R]esulta una política de estado educar a la población en perspectiva de género a los fines de modificar patrones estereotipados de conductas, en particular a los agresores obligando su participación en programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de actitudes violentas.
Es por ello que, sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada que será ratificada en la presente resolución, entiendo pertinente en este caso particular, imponer al demandado la asistencia a programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendiente a modificar conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten a sus derechos, mucho más teniendo en cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función a la crianza, formación y cuidado de su hija menor […] de 11 años de edad”.
DAÑOS Y PERJUICIOS; RESPONSABILIDAD CIVIL; DEBER DE NO DAÑAR; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); CATEGORÍAS SOSPECHOSAS; DAÑO MORAL; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DAÑO PSICOLÓGICO; INFORMES; PRUEBA DE PERITOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO;
Ruiz y otro (causa N° 21240)Tribunal Oral de Menores Nro. 2
El Tribunal Oral de Menores N° 2, de manera unipersonal, homologó el acuerdo de conciliación, declaró extinguida a acción penal y dictó el sobreseimiento de los imputados (jueza Quinteiro).
1. Conciliación. Extinción de la acción penal. Vías alternativas. Justicia restaurativa. Víctima.
“[E]l objetivo del instituto de la conciliación tiene como finalidad restablecer la paz social mediante el abandono de la idea de ´delito´ –con su correspondiente responsabilidad jurídico penal– en busca del surgimiento de la idea de ´conflicto´ que permite abordar los casos desde una perspectiva distinta a la conocida. Así, la reforma antes indicada, tiende a devolver el conflicto a las partes para que sean ellas, guiadas por operadores formados en la materia, las que a través del diálogo, la empatía y la escucha activa puedan arribar a una solución que se ajuste a las necesidades de todos los involucrados.
Es por ello que desconocer una solución arribada por las partes equivaldría no sólo mantener la vía punitiva sobre el imputado, sino también, significaría seguir sometiendo a la víctima al proceso, y además, privándola de un beneficio acordado, lo que también crearía y sostendría nuevos ámbitos de conflicto. Es decir, que el desconocimiento por parte del sistema penal del acuerdo arribado por los actores, no sólo implicaría mantener vivo un conflicto ya resuelto, sino que además se convertiría en una potencial fuente de nuevos conflictos entre esos mismos actores”.
2. Derecho penal juvenil. Conciliación. Justicia restaurativa. Vías alternativas. Convención sobre los Derechos del Niño. Víctima. Reparación. Principio Pro Homine.
“[D]esde una mirada de una justicia penal juvenil esgrimida sobre el principio de ultima ratio, que se traduce exclusivamente en lo que en materia juvenil se refiere a la excepcionalidad, subsidiariedad y mínima intervención del sistema penal juvenil, tendiendo a la desjudicialización (arts. 37.b, 40.3.b y 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN–)”.
“La aplicación de métodos alternativos para la resolución de conflictos en la justicia penal juvenil es una alternativa adecuada, para generar en ellos la responsabilidad por sus propias acciones y la conciencia de las consecuencias ante los demás, favoreciendo, en su reparación, una postura activa tanto de parte de la víctima como del ofensor.
Las vías alternativas de resolución de conflictos se presentan como una forma de trabajar para lograr una pacificación social que repare heridas y genere consensos de convivencia, reconciliando a las partes y posibilitando la reparación voluntaria del daño causado.
También contribuyen a la prevención ya que han sido pensadas para evitar que los adolescentes ingresen innecesariamente o tomen contacto con el sistema de justicia, generando una participación fundamental de la comunidad en la construcción de la respuesta al delito”.
“Con la aplicación del instituto se respeta el principio pro homine, privilegiándose la interpretación más favorable al joven, limitando la pretensión punitiva del Estado. Lo mismo sucede respecto del principio de excepcionalidad y mínima intervención, puesto que se limita la intervención estatal punitiva, poniéndose el énfasis no en la sanción del joven, sino, en su responsabilización frente al conflicto”.
“[N]o hay otra forma de resolver el presente caso, debido a que por un lado resulta totalmente viable la conciliación para los imputados, se han cumplimentado las exigencias de la ley, en ese sentido: 1) el delito es de contenido patrimonial, de escaso nivel de lesividad y no fue violento, en palabras de la víctima. 2) el damnificado prestó conformidad para el proceso de conciliación, materializándose el mismo en audiencia oral, con la aceptación de las disculpas formuladas por los imputados. 3) el legislador no ha previsto como causal de improcedencia para la concesión del instituto ´el registro de antecedentes condenatorios´, en este caso, para el coimputado mayor de edad. 4) y el más importante y que no podemos perder de vista es que: nos encontramos resolviendo un proceso donde la mirada debe ser diferenciadora justamente porque es un proceso juvenil con parámetros distintivos contemplados por la especialidad del fuero”.
3. Justicia restaurativa. Reforma legal. Código Penal. Derecho penal juvenil. Código Procesal. Extinción de la acción penal. Vigencia de la ley. Víctima.
“La reforma introducida al Código Penal abre a nivel federal las puertas a la implementación y aplicación de prácticas restaurativas tan importantes y necesarias en los procesos juveniles.
Esta reforma no solo es un mecanismo que permite extinguir la acción penal, sino que también podemos decir que es una práctica restaurativa que nos permite devolver a las partes el conflicto e introduce a la víctima al proceso penal: su voz es escuchada”.
“[S]u implementación se refleja aún más evidente en los regímenes procesales penales juveniles, toda vez que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflicto que permite otorgar salidas no punitivas, a la vez que garantiza un derecho penal de ultima ratio tan importante y trascendental en el ámbito del derecho penal juvenil y acorde con el marco de estándares [internacionales en materia de derecho penal juvenil]”.
CONCILIACIÓN; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; VÍAS ALTERNATIVAS; JUSTICIA RESTAURATIVA; VICTIMA; DERECHO PENAL JUVENIL; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; REPARACIÓN; PRINCIPIO PRO HOMINE; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PENAL; CÓDIGO PROCESAL; VIGENCIA DE LA LEY;
NN (causa nº 3866)Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata Nº 1
La Secretaría Electoral del Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata Nº 1 ordenó que la modificación se efectué de manera manual en las hojas correspondientes al padrón electoral a fin de que se registrara a la persona con los mismos datos que obran en su Documento Nacional de Identidad, conforme a las previsiones de la ley Nº 26.743 y el decreto presidencial Nº 476/2021. Además, ordenó que se arbitrasen todas las medidas necesarias para garantizar que los datos personales se encontraran consignados en los padrones impresos correspondientes a las Elecciones Generales que se celebrarán el día 14 de noviembre de 2021 (juez Ramos Padilla).
1. LGBTIQ. Identidad de género. Niños, niñas y adolescentes. Nombre. Documento nacional de identidad.
“Cabe destacar que el art. 1 de la Ley 26.743 establece que `toda persona tiene derecho: (...) c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada´.
A su vez, el art. 12 de dicha norma establece que `Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. (...) En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada´”.
“[E]l Decreto presidencial nro. 476/2021, publicado el día 21 de julio del corriente, ha establecido que `que las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para argentinos en el campo referido al `sexo´ podrán ser `F´ –Femenino–, `M´ –Masculino– o `X´.
Si bien la entrada en vigencia de la norma aludida ocurrió casi simultáneamente al cierre del padrón definitivo –lo que impidió su adaptación registral– resulta un deber del Estado y sus funcionarios arbitrar los medios necesarios para respetar el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas, y garantizar que éstas sean correctamente registradas en los instrumentos que las identifican; en este caso, en el padrón electoral”.
LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; NOMBRE; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; PADRÓN ELECTORAL;
Osorez (causa N° 303252)Colegio de Jueces Penales, Centro Judicial Capital, Tucumán
El Colegio de Jueces Penales, Centro Judicial Capital, de Tucumán absolvió a la imputada por haber actuado en legítima defensa y dispuso su inmediata libertad (juez Ibáñez y juezas Ballesteros y Méndez).
1. Violencia de género. Prueba. Testimonios. Apreciación de la prueba. Perspectiva de género. Vulnerabilidad.
“[E]n la valoración del testimonio de mujeres que alegan haber sufrido violencia de género, debe tenerse especialmente en cuenta el contexto en que ocurren esos hechos, por lo general, sobre todo cuando se trata de agresiones físicas, se producen en ámbitos privados, lejos de la mirada de terceros que puedan acudir en ayuda y protección de las mujeres que sufren este tipo de hechos. En ese análisis, el tribunal debe ser extremadamente cauteloso, evitando dejar de lado esos testimonios por algunas imprecisiones, olvidos o contradicciones nimias, pues las mujeres que sufren el flagelo de la violencia, se encuentran en una clara situación de vulnerabilidad, por lo cual gozan de una protección especial conforme al sistema internacional y americano de Derechos Humanos. De tal modo que, el incumplimiento de las normas e instrumentos internacionales específicos de protección frente a esta clase de hechos de violencia, genera responsabilidad internacional del Estado”.
“[E]n el análisis y ponderación de pruebas de este caso, [se ha] tenido siempre presente la perspectiva de género como pauta interpretativa la que, debe impregnar las soluciones judiciales de hechos en los cuales, las mujeres podrían haber resultado víctimas de violencia de género, más allá de la posición procesal que revistan en el debate —víctimas o acusadas— ya que, el flagelo de la violencia ejercida sobre las mujeres, en algunas ocasiones, las obliga a defenderse por sí mismas ante la ausencia de protección por parte de los organismos obligados a ello que es lo que […] ha ocurrido en este caso…”.
“[L]a Fiscalía y la querella solo lograron acreditar parcialmente su acusación, ello en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, no así en cuanto al modo en que ocurrieron los hechos, no pudieron demostrar que efectivamente [la imputada] agredió sin razón alguna a [su concubino] y solo con la intención de causarle la muerte, por el contrario, [se considera] acreditado que la acusada, en la fecha en que ocurrió el hecho, tuvo la necesidad de defenderse frente a una agresión actual (siempre latente y continua a lo largo de su vida, incrementada en los últimos años) e ilegítima que la víctima se encontraba efectuando en su contra, por lo que actuó bajo el amparo de la legítima defensa que concurre en el caso como causa de justificación de su obrar”.
2. Violencia de género. Agresión ilegítima. Violencia sexual. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Responsabilidad del Estado.
“[A]bundan los elementos como para tener fehacientemente acreditado que [la imputada] se encontraba inmersa en un contexto de violencia de género, cuyo único responsable era [su concubino], y que este pretendía controlar y disponer de la vida de su conviviente, lo que se traducía en diversas agresiones en su contra”.
“[Este ciclo] se divide en ‘tres fases [a las que se] denomina 1) de acumulación de tensión, 2) de agresión aguda y 3) de calma y cariño’. […] En la etapa aguda, […] las agresiones se intensifican, y alcanzan una escala mayor, que puede llegar hasta la brutalidad, el daño e inclusive, la muerte…”.
“[Q]ueda en evidencia como el relato de la imputada exhibe un ciclo de violencia por ella padecido, sin que quepa plantear duda alguna al respecto. Primero la agredía de manera leve, o la celaba, después las agresiones adquirían un grado mayor de lesividad y peligrosidad y, por último, le pedía disculpas e intentaba justificarse, alegando sus problemas de adicciones”.
“Todos [los] comportamientos por parte de la víctima de autos reflejan a las claras una intencionalidad de someter a su pareja a su voluntad, bajo la firme convicción de que se encontraba con derecho a hacerlo, y que era deber de ella el obedecerlo. […] Estas conductas de sometimiento excluyen de pleno la posibilidad de hablar de una violencia cruzada, tal como lo sostuvieron en sus alegatos la Fiscalía y la Querella. Si bien la psicóloga […] usó este término para analizar la relación de [la imputada] con su pareja —a partir de la aproximación psicológica que le realizara—, está claro que una mujer que es sometida a todo tipo de agresiones físicas, psicológicas o sexuales por parte de un hombre se encuentra inmersa en un puro y simple contexto de violencia de género.
En todo caso, la posible comisión de actos lesivos por parte de [la acusada] en contra de [su concubino] —el no saber tomar distancia como pareja por otra vía que no fuera la agresión, en términos de la Lic. [en psicología propuesta por la fiscalía] —, solo puede ser considerada como el ejercicio previo de actos defensivos por parte de la imputada, ya harta de las constantes agresiones sufridas por parte de su pareja, pero que, bajo ningún punto de vista, puede colocarla en un pie de igualdad de condiciones respecto de aquel […].
Tal gravedad reviste la violencia de género —y tanto dista de la posibilidad de una violencia cruzada— que un grupo de expertos de derechos humanos las Naciones Unidas ha reconocido que la violencia de género reviste carácter de tortura”.
3. Violencia de género. Legítima defensa. Agresión ilegítima. Tipicidad.
“[E]xistió una conducta humana, ella emanada [del concubino de la imputada], que esa conducta amenazaba a un bien jurídico —la vida de [la acusada]— configurándose así la agresión exigida por la norma analizada. Además, entiendo que esa conducta […], configurativa de una agresión que amenazaba la vida de la acusada, fue ilegítima, en el sentido de que su antijuridicidad deviene patente, esa noche, la insultaba, la amenazaba y […] también la golpeaba —aunque esos golpes no le hayan dejado marcas evidentes— ¿Por qué no creer en la palabra de [la imputada], si el mismo médico que dijo que no tenía marcas en su cuello, pudo constatar que presentaba equimosis en sus brazos, agregando que se trataba de la impresión digital, que alguien —[su concubino], sin dudas—, le había dejado al tomarla de esa zona de su cuerpo? Aquí, debemos recordar que todas esas acciones que constituyeron la agresión [del hombre] configuran actos que claramente encuadran en la violencia de género, en ese marco, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como la Convención de Belem do Pará, ha considerado estas acciones de violencia como violación a los derechos humanos de la mujer, de ello, deviene prístina la ilegitimidad de las acciones de la víctima en aquella noche. Esas circunstancias, el contexto de violencia de género acreditado en el debate […] y la amplitud probatoria que consagra la ley 26.485 en favor de las mujeres víctimas de violencia de género, llevan y confluyen a una única interpretación posible, en este caso, existió una agresión ilegítima de [su pareja] hacia [la acusada].
[Se continúa con el análisis de] la condición de ‘actual’ que, esa agresión ilegítima debe presentar, para ser considerada como configurativa de la causa de justificación invocada por la defensa de la acusada […]. [S]i la legítima defensa autoriza una reacción que impida la lesión al bien jurídico amenazado, mal puede esperarse hasta el comienzo de la tentativa para afrontar la defensa, porque seguramente ello implicaría ya la existencia de la lesión al bien jurídico, sobre todo cuando lo amenazado resulta la vida. Una persona no debe esperar pacientemente a sufrir una lesión, para comenzar a defenderse, ello quitaría razón de ser a la propia existencia de esta causa de justificación. [No se puede] pretender, en el caso de autos, que [la imputada] hubiese esperado hasta encontrarse al borde de la muerte —como había ocurrido siete días antes— para recién buscar defender su vida, ello resulta ilógico y contradictorio con la naturaleza misma de la causa de justificación invocada […]. Por ello, [se considera] que la ausencia de lesiones en el cuello de la acusada, no menoscaba el hecho de que la agresión que sufría era actual, si la ahorcó hasta dejarla casi sin aliento o si se predisponía inmediatamente a hacerlo —sin llegar a lesionar su superficie corporal— abalanzándose sobre ella, ya autorizaba la reacción defensiva de [la mujer], máxime cuando ya, en la habitación, la había tomado de los pelos, insultándola y amenazándola…”.
4. Violencia de género. Legítima defensa. Necesidad racional del medio empleado. Tipicidad.
“Corresponde entonces determinar si la acción desplegada por [la imputada], frente a la agresión de la víctima, fue necesaria, en primer lugar, esa acción defensiva emprendida con un arma blanca por la acusada efectivamente fue idónea para repeler la agresión de su pareja, de hecho, detuvo ese ataque llegando a proteger así su vida, con respecto a si fue la defensa más benigna posible de varias clases de defensas elegibles, [se considera] que, en el contexto de lo sucedido, lo fue. Recordemos que se encontraban en la cocina de la vivienda, allí [la mujer] tenía a su disposición algunos elementos para defenderse —imagino platos, utensilios de cocina, vasos, etc— si consideramos que el medio menos lesivo, resulta relativizado por la circunstancia de que, la persona que sufre la agresión, no tiene por qué exponerse a sufrir riesgos, la defensa más idónea resultó la que finalmente ella empleó”.
“Aconseja la doctrina que, la medida de la defensa necesaria, debe siempre considerarse o medirse ex ante, en este caso, considerando los antecedentes de violencia constante a los que la acusada fue sometida por su pareja y especialmente el crecimiento en magnitud que, esas agresiones habían manifestado en los últimos episodios, la defensa que emprendió [la acusada] resultaba objetivamente necesaria, incluso para un tercero observador, mucho más en la piel de la mujer que sufrió esas agresiones, solo basta imaginar los recuerdos que, habrán cruzado por la memoria de la acusada, cuando [su concubino] comenzó a agredirla en aquel funesto día.
No [se debe] confundir necesidad con proporcionalidad, entre el daño que se causa con la defensa y aquel que se habría ocasionado con la agresión, una persona que está sufriendo una agresión con golpes de puño no tiene por qué intentar defenderse utilizando sus puños, si está consciente que ello, podría no asegurarle la posibilidad de evitar sufrir riesgos. Pero, aun considerando que, la proporcionalidad entre los daños no es aquello a lo que se refiere la norma con el requisito de ‘necesidad’, en este caso específico, resulta impredecible hasta donde podría haber llegado el ataque [del hombre] a su concubina, no podemos asegurar que el daño al bien jurídico causado con el homicidio fue mayor al que podría haber ocasionado [su pareja] con sus agresiones, solo basta recordar hasta donde había sido capaz de agredir a [la imputada] apenas unos días antes de aquel suceso”.
5. Violencia de género. Legítima defensa. Falta de provocación. Tipicidad. Protección integral de la mujer.
“En una relación signada por la violencia de género, no existen conductas provocadoras, cualquier actitud, contestación, reacción o mirada pueden desatar la ira del agresor, basta recordar que, en este caso concreto, la imputada en su declaración señaló que, fue una simple notificación que sonó en su celular lo que desató la reacción de [su concubino], un sonido sin importancia, fue suficiente para provocar insultos, amenazas y golpes. […] Ninguna mujer busca o provoca ser maltratada, cualquier otro razonamiento, resulta no solo ilógico, sino también, contrario al espíritu y fundamentos que, se desprenden de las convenciones internacionales en materia de género que nuestro país ha suscripto y cuyas directrices se plasman en la ley nacional 26485 ratificada por nuestra provincia”.
VIOLENCIA DE GÉNERO; PRUEBA; TESTIMONIOS; APRECIACION DE LA PRUEBA; PERSPECTIVA DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; AGRESIÓN ILEGÍTIMA; VIOLENCIA SEXUAL; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; LEGÍTIMA DEFENSA; TIPICIDAD; NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO; FALTA DE PROVOCACIÓN; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER;
LAT (Causa N° 8873702)Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Córdoba, 5° nominación
El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Córdoba, 5° Nominación, hizo lugar a la denuncia de la mujer y reconoció que se había configurado una situación de violencia género en el ámbito laboral. Además, dispuso la permanencia de la mujer en su puesto. Asimismo, ordenó al denunciado que realizara capacitaciones especializadas en violencia de género. Por último, le ordenó al director del hospital que llevara a cabo las capacitaciones obligatorias en materia de género para todos los empleados (jueza Olocco).
1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Género. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Violencia de género. Violencia laboral. No discriminación. Responsabilidad del estado. Ley aplicable.
“[L]a Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), referencia ´...toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica social, cultural y civil o en cualquier otra esfera...´( Art. 1). [L]a discriminación contra la mujer, incluye según el Comité ´.....la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de manera desproporcionada...´ (Recomendación General N° 19, párrafo 6).

[C]EDAW dispone que ´...Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, conviene en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación y con tal objeto se comprometen a:.....c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer, sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación....e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas´...”.

“[E]l nexo entre discriminación y violencia emerge con claridad, en la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ´Convención de Belén do Para´, aprobada por Ley Nacional 24.632, al disponer ´...el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, incluye entre otros: a) el derecho de la mujer de ser libre de toda forma de discriminación y b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación...´ (Art. 6)…”.

“[L]a normativa nacional vigente en la materia —Ley Nacional 26.485—, tiene por objeto promover y garantizar ´...la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida...´ (Art. 2 a.). Ese plexo legal conceptualiza a la violencia contra las mujeres como ´...toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como también así su seguridad personal. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o practica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto al varón...´ (Art. 4).

[A] nivel provincial, la Ley 10.401, constituye el plexo legal aplicable en la provincia de Córdoba, para los supuestos de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, conforme las previsiones formuladas por el Art. 4 de la Ley Nacional 26.485, y para los tipos previstos por el Art. 5 de dicha ley, en las modalidades de violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática contra las mujeres (Art. 2)…”.

2. Violencia de género. Perspectiva de género. Estereotipos de género. Protección integral de la mujer. Vulnerabilidad. Actos discriminatorios.

“[E]l análisis del contexto que rodea a la víctimas, es de fundamental importancia, en razón que la violencia de género no se presenta solo a través de daños explícitos, sino que requiere indagar profundamente para conocer si en el mismo el varón aprovecha su situación de poder, restringiendo total o parcialmente el despliegue de los derechos de los cuales la mujer es titular…”.

“[D]eviene irrelevante que el agresor integre o no una relación personal con la víctima, o sea agente del Estado o los hechos sucedan en el ámbito público o privado, mientras se posicione respecto de la mujer en un binomio superior/inferior tratándola con violencia, por su género, como ha acaecido en los presentes (Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer –CLADEM– Las lentes de género en la jurisprudencia internacional, Pub. Cit. P 34)…”.

“[S]e evidencia una percepción de la víctima no como un igual; buscando la demostración del poder y control a través de la violencia. Repárese que muchas veces, la reproducción de esos estereotipos de subordinación, puede realizarse aun de una manera inconsciente, sin intención directa de menoscabar a otra persona. No obstante ello, cualquiera fuera la intención, arrojo a la víctima a un mismo resultado, esto es, la continua profundización de su situación de vulnerabilidad.

[L]a discriminación por cuestiones de género, no suele manifestarse en forma abierta y claramente identificable, es por ello que la doctrina habla de ´expresiones invisibles de violencia´, al referir a ´...la invisibilidad como un componente que, de alguna manera opera y hace que naturalicemos determinadas conductas violentas, pero que en esa invisibilización hay una potencia inusitada...´ (MARTIN, Alejandra, ´Haciendo visible el proceso estructural en la producción de la violencia de genero para u erradicación´)…”.


3. Carga dinámica de la prueba. Apreciación de la prueba. Género. Estereotipos de género. Violencia de género. Violencia laboral. Actos discriminatorios. Poder judicial.
“[E]n los contextos como el reseñado, por la situación de vulnerabilidad que rodea a las víctimas, es el denunciado […] (principio de la carga dinámica de la prueba) quien debe realizar los esfuerzos probatorios conducentes a demostrar que los hechos denunciados por aquella no se corresponden a un acto discriminatorio por cuestiones de género.
Se ha dicho´...para la parte que invoca el hecho discriminatorio, es suficiente con la acreditación de hechos que a prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, a quien se le reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. En síntesis, si el reclamante puede acreditar la existencia de hechos de los que pueda presumirse su carácter discriminatorio, corresponderá al demandando la prueba de su existencia...´ (CSPJN, Autos ´Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo´, Recurso de Hecho, S. 932)…”.
“[I]dentificar y no convalidar los estereotipos que conducen a vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres; lo cual compele a tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias, y de cualquier otra índole, que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Resulta insoslayable el rol de los poderes judiciales en la problemática relativa a la discriminación en contra de la mujer…”.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); GÉNERO; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA LABORAL; NO DISCRIMINACIÓN; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; LEY APLICABLE; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VULNERABILIDAD; ACTOS DISCRIMINATORIOS; CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; PODER JUDICIAL;
González (Causa 1065-2021) - CámaraCámara Federal de Apelaciones de Corrientes
1. Medida cautelar innovativa. Verosimilitud del derecho. Derecho a la salud. Médicos. Obras sociales.
“[E]n este marco reducido de estudio, cabe analizar la pertinencia o no de la medida cautelar dictada en la instancia anterior. Así, surge la necesidad de tutelar el derecho invocado por la actora atento a las constancias documentales agregadas digitalmente al promover la acción, donde se podría corroborar la acreditación de la afiliación, informes médicos donde surgiría demostrado el diagnóstico (tumores en cerebro), la interconsulta –a través de video– del médico tratante en la Provincia de Corrientes con el Instituto FLENI de la ciudad de Buenos Aires en la cual se decidió la derivación urgente a ese Centro de Alta Complejidad para evaluación quirúrgica, las notas de la actora a la demandada y su posterior respuesta, con lo que, prima facie, se vislumbra probada la apariencia del derecho reclamado en la incidencia, así como también el peligro que llevaría garantizar tardíamente el derecho a la salud reclamado en autos.
En efecto, dentro del estrecho marco cognitivo de las medidas cautelares corresponde inferir que cabe estar a lo indicado por el médico tratante, que cuenta con el conocimiento del caso concreto y es quien se encuentra en las mejores condiciones para indicar la solución más adecuada para la salud de la amparista.
Así es que, considerado el campo provisional de la precautoria en cuestión, se observa –prima facie– demostrado el delicado estado de salud de la amparista, lo que hace notar la verosimilitud del derecho de la actora y también el perjuicio en la demora dada la necesidad de la derivación urgente a un Centro de Alta Complejidad en la Ciudad de Buenos Aires y de la posterior práctica quirúrgica, respecto de lo cual el apelante tampoco formuló una oposición capaz de modificar las conclusiones dadas por el a quo. Que, donde se encuentran en juego derechos como la salud, la integridad psicofísica y la vida misma de la persona, exigen de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a la magnitud de los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de un daño irreparable (conf. doctrina de la CSJN en Fallos: 324: 2042)”.
MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; DERECHO A LA SALUD; MÉDICOS; OBRAS SOCIALES;
BAFJuzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 4° Nominación de la Ciudad de Córdoba
El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, 4° nominación de Córdoba aplicó el principio de oralidad en el proceso y concedió la adopción plena del niño. Además, ordenó al Registro Civil a inscribir al niño con los apellidos de ambos padres (jueza Wallece).
1. Código Civil y Comercial de la Nación. Adopción. Proceso. Niños, niñas y adolescentes. Interés Superior del Niño. Autonomía progresiva. Socioafectividad. Familias. LGBTI.
“[E]l instituto de la adopción crea un vínculo legal entre personas que tiene los mismos efectos que los que emergen de la filiación por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida y que conforme a lo previsto por el art. 594 del CCC tiene por objeto la efectivización del derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida familiar plena. Esto es el derecho a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados para satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando éstos no pueden ser proporcionados por la familia de origen. De este modo, el niño, niña o adolescente adquiere un papel esencial en el proceso de adopción que lo involucra erigiéndose como titular del derecho humano a crecer y desarrollarse en el seno de una familia que le procure los cuidados necesarios para su adecuado crecimiento y avance hacia su autonomía personal, permitiéndole desplegar sus potencialidades en dicho camino…”.
“[E]l Juicio de Adopción en razón del Código Civil y Comercial de la Nación art. 615 y 612 […], carece de procedimiento reglado para adopción en la ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba, N° 9944 […]. Esta carencia normativa, permite  […], una mejora continua en las prácticas procesales que se aplican a, nada más y nada menos, la filiación adoptiva”.
2. Adopción. Principio de oralidad. Niños, niñas y adolescentes. Interés Superior del Niño. Derecho a ser oído. Autonomía progresiva. Derecho a la identidad. Nombre. Reglas de Brasilia.
“[A] la adopción [del niño] [se le imprimió] el trámite de juicio oral, atento ser la modalidad procesal que se promueve desde las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (Regla 35), agilizando la tramitación del proceso y disminuyendo los lapsos a fin de llegar a Sentencia que culmine con la restitución de la totalidad de los derechos [del niño], en este caso su nuevo emplazamiento filiatorio.
[L]a implementación de la íntegra oralidad del proceso, se ha realizado resguardando las garantías de fondo y procesales de las partes, aplicando un enfoque basado en los derechos del Niño (UNICEF Ginebra 2014), en particular el derecho del Niño a ser oído conforme el estándar internacional más exigente: a. Convención sobre Derechos del Niño art. 12; b. Observación General 12 del Comité de los Derechos del Niño, ´El derecho del Niño a ser escuchado´, párr. 40/47 y 55/56; c. Observación General 14 del Comité de los 21 del Comité de los Derechos del Niño, Derechos del Niño, ´El Sobre el derecho del Niño a que su interés superior sea una consideración primordial´, párr. 89, 93 y 96; d. Observación General 21 del Comité de los Derechos del Niño, ´Sobre los Niños de la calle´, párr. 10/11 y e. Opinión Consultiva OC-17/2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr. 96 y 98.
Asimismo, se supervisaron el seguir dando cumplimiento de las mejores prácticas recomendadas en materia de Niñez derivadas de las 100 Reglas de Brasilia: con trato absolutamente respetuoso de su persona y derechos (regla 50); se realizó un solo acto de audiencia evitando comparecencias innecesarias (regla 69); menor tiempo de espera para la celebración del acto judicial (regla 68); adaptando el lenguaje al del niño (regla 72), en un lenguaje accesible a su edad y grado de madurez (regla 60), entendiendo y siendo entendido en su lenguaje (regla 58); se realizó el acto procesal de modo tal que el niño comprenda en lo que participa (regla 61); en condiciones de comparecencia cómoda segura y amigable (regla 66); se le brindó información sobre la comparecencia y dinámica del acto (regla 64); los aspectos relevantes de su participación (regla 51) y la totalidad de los derechos en juego que puede ejercer (reglas 52 y 53). De este modo, el proceso aplicado, no solo que no desconoce proceso vigente, sino que implementa las mejores prácticas en materia de Niñez que la comunidad internacional promueve…”.
“[O]tra de las reglas de procedimiento que establece el Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 617 es el deber del juez de oír personalmente a los pretensos adoptados y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de madurez…”.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; ADOPCIÓN; PROCESO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AUTONOMÍA PROGRESIVA; SOCIOAFECTIVIDAD; FAMILIAS; LGBTIQ; PRINCIPIO DE ORALIDAD; DERECHO A SER OIDO; DERECHO A LA IDENTIDAD; NOMBRE; REGLAS DE BRASILIA;
RSMT (causa Nº 33027)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B
La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la reciprocidad de las medidas decretadas y los apercibimientos de sanciones dispuestos respecto de la mujer. Además, mantuvo sólo las prohibiciones ordenadas –con sus apercibimientos– al hombre. Por último, modificó la decisión y estableció que la prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima regía en un radio de 200 metros de cualquier lugar en el que ella se encontrase (jueces Ramos Feijo, Parrilli y jueza Maggio).
1. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará). Violencia de género. Igualdad. No discriminación.
“[C]onforme el art. 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer –`Convención de Belem do Pará´– toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. En el art. 7 de la mencionada Convención los Estados Partes asumieron –entre otros– los compromisos de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
Y corresponde poner énfasis en que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de los Estados de garantizar la igualdad y la no discriminación está íntimamente vinculada con la prevención de la violencia contra las mujeres.
Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres…deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz antes las denuncias. Agregó que deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Y destacó que los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención de Belem do Pará...”.
2. Vulnerabilidad. Reglas de Brasilia. Acceso a la justicia. Violencia de género. Revictimización.
“[L]a Regla N° 20 de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad –que nuestra Corte Suprema de Justicia dispuso seguir como guía mediante Acordada N° 5 del 2009– dispone que se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.
La cuestión objeto de apelación enlaza claramente con el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia y con el derecho a un trato respetuoso de ellas, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización, que la citada ley 26.485 tiene por objeto promover y garantizar (conf.: arts. 2°, inc. f), y 3°, inc. k).
Es que, tal como se expresa en la exposición de motivos de las referidas Reglas de Brasilia, el sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, que encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho”.
“[E]n la especie debe tenerse particularmente en cuenta la situación de especial vulnerabilidad a la violencia que presenta la [víctima] en su condición de mujer inmigrante y por encontrarse en una situación económica desfavorable […].
[E] l Tribunal entiende que el temperamento adoptado por la a quo soslaya la asimetría vincular y desequilibrio de poder existentes entre la denunciante y el denunciado; es decir que en el vínculo [...] se reproducen las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, de las cuales la violencia contra la mujer resulta un claro emergente”.
4. Violencia de género. Prohibición de acercamiento. Medidas cautelares. Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora.
“Desde otra perspectiva, el pronunciamiento apelado ignora diversos principios procesales, ya que por un lado se ha decretado de oficio una medida cautelar a favor del denunciado […], quien no la ha peticionado; y por otro lado, se la ha dictado pese a que en el caso no se encuentran reunidos los presupuestos requeridos para su otorgamiento –verosimilitud del derecho y peligro en la demora–, ya que no surge de las constancias de autos que el [hombre] haya denunciado por un hecho de violencia a la [mujer], ni que se le haya practicado a aquel una evaluación de riesgo de la que resultare que necesita ser protegido de ella, ni elemento alguno que permita suponer que es víctima de ella.
Así las cosas, y ante la total ausencia de denuncia y evidencia de que las agresiones sean mutuas, parece claro que la reciprocidad de la medida, así como los apercibimientos de sanciones dispuestos respecto de la [mujer] deben ser revocados, y mantenerse exclusivamente las prohibiciones ordenadas –con sus correspondientes apercibimientos– al [hombre].
Es que, por lo demás, de mantenerse el aludido aspecto de la decisión apelada, se podría enviar el mensaje de que –en palabras de la Corte IDH en el referido fallo `Campo Algodonero’– la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia”.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; REGLAS DE BRASILIA; ACCESO A LA JUSTICIA; REVICTIMIZACIÓN; PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO; MEDIDAS CAUTELARES; VEROSIMILITUD DEL DERECHO; PELIGRO EN LA DEMORA;
Price (causa N° 2646)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario, declaró la inconstitucionalidad del artículo 282 del CPP de la provincia de Chubut y revocó la sentencia apelada. Por último, remitió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (ministro Rosenkrantz y, según sus votos, ministros Maqueda, Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Prescripción de la acción penal. Plazo razonable. Código Penal. Códigos provinciales. Competencia Federal. Facultades no delegadas. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.
“[C]ualquiera sea el propósito de su legislación, las provincias no pueden alterar en forma alguna la ley de fondo y que, por consiguiente, carecen de facultades para establecer una causa de extinción de la acción penal que no está prevista en el Código Penal (Fallos: 178:31). [L]egislar sobre las causales de extinción de la acción penal es parte del derecho de fondo, materia que corresponde al Congreso de la Nación con carácter exclusivo, en razón de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional” (considerando 2°).
“[E]s incorrecta la postura sostenida en la sentencia apelada según la cual toda vez que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la prescripción de la acción penal resultan institutos conceptualmente distintos, ello debería llevar a concluir que es solamente el instituto de la prescripción el que integra el derecho de fondo, mientras que el plazo razonable es materia regulable por los ordenamientos procesales locales.
En efecto, si bien los institutos analizados no son idénticos, ellos se encuentran estrechamente vinculados. En ese sentido, el Tribunal ha dicho que ‘la prescripción de la acción penal tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y que esto obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito’ (Fallos: 342:2344 y sus citas). En virtud de su estrecha vinculación, la prescripción ha sido el mecanismo a través del cual esta Corte ha hecho efectiva la garantía del plazo razonable (Fallos: 300:1102; 312:2075; 323:982; 333:1987, entre otros), incluso si de acuerdo con los términos de la legislación ordinaria la prescripción no se hubiera producido (Fallos: 338:1538, entre otros).
En definitiva, dado que el remedio para la violación del derecho en cuestión es la extinción de la acción penal (la que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corte, debe declararse a través de la prescripción), ello no puede seguirse de una norma provincial” (considerando 3°).
“[L]as conclusiones anteriores no se ven modificadas por el hecho de que el legislador provincial, al establecer la norma cuya validez se cuestiona, haya perseguido reglamentar el derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, puesto que las legislaturas locales no pueden, bajo el pretexto de hacer efectiva una garantía constitucional, eludir la distribución de competencias fijada en la propia Constitución Nacional. Como se señaló con claridad en el […] precedente de Fallos: 178:31, las provincias ‘no pueden alterar o modificar en forma alguna la ley de fondo, cualquiera sea el propósito de su legislación: en el caso en examen, evitar que se prolonguen los juicios penales’ (considerando 4°). Esto no significa, por cierto, que ellas carezcan de potestades para legislar acerca de los procedimientos ante sus tribunales con el propósito de que tiendan a hacer efectiva la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, sino simplemente que no están facultadas para hacerlo a través del mecanismo específico elegido por el poder legislativo provincial en este caso, que supone la extinción de la acción penal a través de un modo no previsto por el derecho de fondo” (considerando 4°).
2. Autonomía provincial. Códigos de procedimientos en materia penal. Control de constitucionalidad. Competencia federal. Facultades no delegadas.
“[S]i bien es cierto que todo aquello que involucre el peligro de limitar las autonomías provinciales ha de instrumentarse con suma prudencia para evitar el cercenamiento de los poderes no delegados de las provincias; también lo es que, el ejercicio de las facultades delegadas que la Constitución Nacional asigna a la Nación, no puede ser enervado por aquellas, so pena de convertir en ilusorios los propósitos y objetivos de las citadas facultades que fincan en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan todas las provincias (conf. Fallos: 332:66 y sus citas; 333:2367). [R]esulta indiscutible que las provincias se encuentran facultadas para dictar los códigos de procedimiento con los que hacen aplicación de las leyes de fondo en sus respectivas jurisdicciones y que el criterio, oportunidad y acierto con que las ejercen son irrevisables, salvo el que corresponda efectuar en el marco del control de constitucionalidad destinado a resguardar la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso”.  
“[A]l haberse atribuido a la Nación la facultad de dictar el Código Penal (artículo 126 de la Constitución Nacional), los estados locales han admitido la prevalencia de las leyes del Congreso Nacional respecto de las materias incluidas en dicho cuerpo —entre las que se encuentran aquellas relativas a la extinción de la acción penal— y, paralelamente, la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan, sin que ello importe desconocer que las provincias conservan todo el poder no delegado en la Constitución al gobierno federal (Fallos: 326:3899, entre muchos otros), sino determinar el alcance de aquel que sí lo fuera” (considerando 13°).
“[L]a norma procesal local, tachada de inconstitucional, ha consagrado una solución normativa que apareja una drástica reducción de la vigencia temporal de la acción penal regulada en el código de fondo. De este modo, ha tornado palmariamente inoperantes las disposiciones sustantivas allí contenidas y ha alterado, inválidamente, la armonía con que el legislador nacional combinó el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito y el del individuo sometido al proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro (cf. mutatis mutandis, Fallos: 320:1717)” (voto de la ministra Highton de Nolasco).
“[E]n este caso, la caducidad ha sido regulada dentro de la competencia reconocida a la provincia, pero de un modo irrazonable, produciendo consecuencias que constituyen una interferencia relevante respecto de la ley nacional”.
“El artículo 282 del Código Procesal Penal de Chubut dispone un plazo ‘fatal’ de solo seis meses contados desde la realización de la audiencia de apertura de la investigación para que el Fiscal presente la acusación, que en caso de ser superado impone el sobreseimiento de los imputados. […] La fijación de un plazo de ‘caducidad’ tan breve es irrazonable porque sus consecuencias llevarán a la impunidad, contraria a los principios y valores de la Constitución Nacional y tratados internacionales. […] Este plazo restringe excesivamente la pretensión punitiva del Estado en orden a la persecución de los delitos de acción pública.
En este orden de ideas, vale señalar que de la circunstancia de que la norma cuestionada solo determine sobre la aplicación de la ley de fondo en el ámbito de la Provincia del Chubut, sin extenderse a casos de competencia federal (que se rigen por el Código Procesal Penal de la Nación ley 23.984 y, progresivamente, por el Código Procesal Penal Federal sancionado mediante la ley 27.063), no puede derivarse sin más que ello no redunde en una afectación de los intereses de la Nación producto de la irrazonable restricción en la aplicación de la ley penal sustantiva. Ello así, desde que, en el ordenamiento nacional, los tribunales locales son competentes para entender en materias en las que la Nación ha asumido, como signataria de diversos instrumentos multilaterales, compromisos cuyo incumplimiento –a raíz de una eventual extinción de la facultad del acusador público de impulsar la acción penal en virtud de lo dispuesto en el artículo 282 del Código Procesal Penal de Chubut– bien puede acarrear la responsabilidad internacional al Estado Argentino”.
“Siendo así, no se advierte, a priori, un obstáculo para que el legislador provincial reglamente una garantía –en este caso, la consagrada en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– planteada en similares términos –esto es, sin prever plazos específicos–mediante el establecimiento de un plazo cierto al cabo del cual se considera infringido el derecho del imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas, y una consecuencia legal que es la caducidad de la facultad del acusador público para impulsar la acción penal. En especial, dado que de ese modo es posible tomar en consideración las particularidades que tiene cada provincia (por ejemplo, en cuanto a carga de casos a tratar o cantidad de instancias recursivas), lo cual resulta imposible cuando la referida garantía es reglamentada por el legislador nacional” (voto del magistrado Lorenzetti).
3. Extinción de la acción penal. Código Penal. Competencia federal. Federalismo.
“[L]a lectura que se haga de las atribuciones de la Provincia del Chubut para regular sobre la celeridad de los procesos judiciales y la de los artículos 59, 62 y 67 del Código Penal de la Nación deberán ceñirse a una interpretación respetuosa del federalismo. Sin embargo, ello no permite tergiversar las pautas constitucionales reconociendo la atribución exclusiva ejercida por el Congreso de la Nación en el Código Penal al determinar bajo qué supuestos se extingue una acción penal por el transcurso del tiempo y simultáneamente afirmar que ello puede convivir con un modo alternativo de extinción de la acción penal vinculado a esa causa emanado de una legislatura provincial”.
“[A]l haberse atribuido a la Nación la facultad de dictar el Código Penal (artículos 75, inciso 12, y 126 de la Constitución Nacional), los estados locales han admitido la prevalencia de las leyes del Congreso Nacional respecto de las materias válidamente incluidas en dicho cuerpo –entre las que se encuentran aquellas relativas a la extinción de la acción penal– y, paralelamente, la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan” (voto del ministro Maqueda).
“En tal contexto, la invocación de facultades federales debe analizarse tomando como parámetro interpretativo que la determinación de los poderes delegados por las provincias a la Nación y el carácter de dicha delegación debe efectuarse siempre a partir de la lectura más estricta posible del texto legal. Ello, como derivación de la premisa según la cual los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, mientras que los correspondientes a la Nación son delegados y expresos, consagrada en los artículos 121 y 75 de la Constitución Nacional y reconocida en el precedente de Fallos: 1:170, entre muchos otros” (voto del magistrado Lorenzetti).
4. Prescripción de la acción penal. Plazo razonable. Caducidad. Códigos de procedimientos en materia penal.
“La circunstancia de que exista una estrecha relación entre la garantía del plazo razonable y el instituto de la prescripción no autoriza a derivar de ella la conclusión de que los tiempos previstos para la prescripción puedan ser utilizados sin más como baremo para determinar la ‘duración razonable del proceso penal’. Ello así, por cuanto la citada garantía puede infringirse aun cuando el delito puntual que se investiga no se encuentre prescripto (cfr. Fallos: 323:982 ‘Amadeo de Roth’, y ‘Espíndola, Juan Gabriel’, Fallos: 342:584, entre otros); mientras que, a la inversa, la prescripción puede operar en el marco de un proceso llevado adelante con una celeridad notable.
Es preciso concluir, entonces, que se trata de supuestos diferentes, puesto que en un caso lo que está en juego es el tiempo que tiene el titular de la acción para comenzar a ejercer la persecución penal y en el otro, la diligencia con la que se lleva adelante una persecución ya iniciada. Una diferencia adicional entre ambos institutos reside en que la duración razonable de los procedimientos, en principio, no tiene relación directa con la gravedad de los delitos que constituyen el objeto del proceso, vínculo que sí es un elemento central de la prescripción […].
Por consiguiente, no resulta posible considerar que la ‘caducidad’ a la que hace alusión el tribunal a quo (como consecuencia de la inactividad de los encargados de impulsar la acción penal) y la ‘prescripción’ sean términos equivalentes, para concluir que al legislador provincial le está vedado fijar cualquier plazo perentorio como presupuesto procesal para la validez de los actos”.
“[E]n este caso, la caducidad ha sido regulada dentro de la competencia reconocida a la provincia, pero de un modo irrazonable, produciendo consecuencias que constituyen una interferencia relevante respecto de la ley nacional” (voto del magistrado Lorenzetti).
PRESCRIPCIÓN; PLAZO RAZONABLE; CÓDIGO PENAL; CÓDIGOS PROVINCIALES; COMPETENCIA FEDERAL; FACULTADES NO DELEGADAS; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; JURISPRUDENCIA; AUTONOMÍA PROVINCIAL; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; FEDERALISMO; CADUCIDAD;
Gómez (Causa N° 2582)Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario federal y revocó la sentencia impugnada (ministros Maqueda, Lorenzetti y ministra Highton de Nolasco).
1. Plazo razonable. Condena no firme. Duración del proceso. Derecho de defensa. Constitución Nacional. Tratados internacionales.
“[La garantía del plazo razonable] no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional —derivado del speedy trial de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica—), sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional). A su vez, esta constelación normativa ha servido de guía para elaborar la fundamentación de los diferentes estándares emanados de los precedentes de esta Corte sobre la cuestión del plazo razonable tanto en materia no penal […] como en la que en el particular se debate…”.  
2. Plazo razonable. Condena no firme. Duración del proceso. Recursos. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“[E]sta Corte Suprema ha hecho propios los estándares fijados en orden a la garantía del plazo razonable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto ha señalado que el derecho de acceso a la justicia ´debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable´ […] ya que una demora prolongada o falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales…”.
“[A] los fines de establecer la razonabilidad del plazo y los elementos que deben tomarse en cuenta para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] ha señalado que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento —incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse—, hasta que se dicte sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción…”.
“[D]e conformidad con dichos parámetros resulta evidente que en el sub examine se ha conculcado el derecho […] a ser juzgado en un plazo razonable, toda vez que en el caso particular, a pesar de tener por objeto un único hecho, configurativo de un ilícito común que no presentaba mayores complejidades probatorias, el proceso en el sub examine se ha dilatado hasta extenderse por casi dieciocho años sin que se haya arribado todavía al dictado de una sentencia firme que determine, en forma definitiva, la situación procesal del imputado”.
PLAZO RAZONABLE; CONDENA NO FIRME; DURACIÓN DEL PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; CONSTITUCION NACIONAL; TRATADOS INTERNACIONALES; RECURSOS; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;
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