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> Jurisprudencia > Navalnyy y Ofitserov v. Rusia  

Jurisprudencia: Navalnyy y Ofitserov v. Rusia

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Titulo

Navalnyy y Ofitserov v. Rusia

Hechos relevantes del caso

En el año 2009, una empresa estatal rusa, Kirovles, comenzó a registrar importantes pérdidas económicas. En consecuencia, el gobernador de la región convocó al abogado y líder de la oposición para que ayudara a la empresa a salir de la crisis. Luego de discutir el asunto con su director, el señor X, se firmó un contrato con otra empresa (VLK) creada al solo efecto de atraer nuevos clientes. Dicho contrato estipulaba que Kirovles vendería sus productos a VLK para comercializarlos con sus clientes a cambio de una comisión. Meses más tarde, el señor X fue despedido por mala gestión y el contrato con VLK culminó. En el año 2012, poco después de que uno de los implicados en la contratación hubiera publicado un artículo que contenía acusaciones contra el jefe del comité investigador, se inició un proceso por la presunta conspiración para disipar activos de la empresa estatal. En este marco, el señor X suscribió un acuerdo de juicio abreviado y fue condenado. Otro de los imputados apeló la decisión por entender que era perjudicial para el resultado de su juicio. El tribunal rechazó el planteo por considerar que no contaba con legitimidad para impugnar la resolución. En oportunidad de llevarse a cabo el juicio oral contra el resto de los sujetos implicados en el caso, éstos reclamaron que la sentencia contra el señor X no sea tenida en cuenta como prueba. Tal planteo fue desestimado. Durante el desarrollo de la audiencia, el señor X fue convocado a declarar en calidad de testigo y, antes de que la defensa hiciera el con-tra-examen, se le leyó su declaración como imputado. Esto fue objetado por los peticionarios con fundamento en que, al brindar tal declaración, el señor X no estaba obligado a decir la verdad. El tribunal rechazó el planteo y condenó a los dos imputados. A uno de ellos por organizar el robo de activos y al otro por facilitarlo.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

26/02/2016

Voces CSJN

DEBIDO PROCESO; PRUEBA; TESTIGOS; IMPUTADO; JURAMENTO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; PRUEBA TESTIMONIAL; SENTENCIA CONDENATORIA; COSA JUZGADA; DERECHO DE DEFENSA;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo concluyó que el procedimiento en cuestión violó el derecho a un juicio justo contemplado en el artículo 6 de la Convenio Europeo. 1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Garantía de imparcialidad. “Es […] innegable que cualquier hecho establecido en el procedimiento contra X y cual-quier conclusión legal hecha en él habrían sido directamente relevantes para el caso de los peticionarios. En tales circunstancias, era esencial […] asegurar que […] las decisiones tomadas en el procedimiento contra X no comprometieran la imparcialidad de la audiencia en los procedimientos posteriores contra los peticionarios” (cfr. párr. 103). 2. Prueba. Prueba testimonial. Imputado. Declaración indagatoria. Sentencia condenatoria. Cosa juzgada. Derecho de defensa. “[L]a calidad de cosa juzgada no puede unirse a hechos admitidos en un caso en el que los individuos no fueron parte. [E]n el presente caso, ninguna constatación de hechos efectuada en el procedimiento contra X podría haber sido admitida en el caso de los peticionarios sin un completo y adecuado examen” (cfr. párr. 105). “[E]l riesgo de emitir juzgamientos contradictorios fue un factor que desalentó a los jueces a averiguar la verdad y disminuyó su capacidad de administrar justicia, lo que causó un daño irreparable a la independencia e imparcialidad del tribunal y, en general, a su capacidad de asegurar un juicio justo” (cfr. párr. 108). 3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Imputado. Declaración indagatoria. “[L]a separación de los casos […] comprometió su competencia como testigo en el caso de los peticionarios. […]. Además, al permitir que las declaraciones anteriores de X sean leídas en el juicio antes que la defensa pueda contra-examinarlo como testigo, el tribunal podría dar la impresión –a un observador independiente– de que había animado al testigo para mantener una versión particular de los acontecimientos. Todo lo anterior confirma el argumento de los peticionarios con relación a que el procedimiento en el cual las pruebas fueron obtenidas de X y usadas en su juicio había sido susceptible de manipulación, in-compatible con la noción de un juicio justo” (cfr. párr. 109). “[N]i la validez del contrato de venta entre VLK y Kirovles, ni su naturaleza jurídica, fueron puestos en cuestión […]. En consecuencia, incluso si las afirmaciones de X eran de hecho ciertas y había entrado en una transacción no rentable por las razones equivoca-das, no se estableció una relación de causalidad entre la conducta de los peticionarios y las pérdidas de Kirovles” (cfr. párr. 112 y 114). “[H]ubo una conexión entre las actividades públicas del primer peticionario y la decisión del Comité Investigador de presentar cargos contra él. Era, por lo tanto, el deber de los tribunales locales examinar sus alegaciones de presión política y de decidir si, a pesar de esa conexión, había una causa genuina para llevarlo a la justicia. Lo mismo ocurre con el segundo peticionario quien tenía un reclamo discutible de que él fue apuntado solo como un vehículo para traer también al primer peticionario a la órbita de la causa penal, una razón igualmente sin relación con los verdaderos propósitos de un proceso penal. Habiendo omitido abordar estas alegaciones los tribunales han aumentado las preocupaciones de que la verdadera razón de la persecución y condena de los peticionarios era política” (cfr. párr. 119).

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