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> Jurisprudencia > Informe sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación a las mujeres, niñas y LGTBI  

Jurisprudencia: Informe sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación a las mujeres, niñas y LGTBI

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Titulo

Informe sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación a las mujeres, niñas y LGTBI

Hechos relevantes del caso

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de las mujeres, niñas y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

05/01/2016

Voces CSJN

TORTURA; GÉNERO; LGBTIQ;

Decisión y argumentos

En el presente informe, el Relator Especial evaluó la aplicación de la prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional a las experiencias propias de las mujeres, niñas y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. El informe señala que este colectivo se encuentra expuesto de manera particular a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad. Ello, entre otras cosas, debido a que los agentes del Estado suelen emplear la violencia y cometer abusos sexuales como medios de coacción o para obtener confesiones. Las mujeres –explica el informe– representan entre el 2 y el 9 por ciento de la población reclusa en el 80 por ciento de los sistemas penitenciarios del mundo. La mayoría de las detenidas no poseen antecedentes penales y se sospecha o se las acusa de cometer delitos no violentos (relacionado con las drogas o la propiedad). Independientemente de ello, las mujeres son automáticamente enviadas a prisión preventiva. Es por ello que, en muchos países, el número de mujeres en prisión preventiva es equivalente o mayor que el número de reclusas condenadas. De manera frecuente las mujeres se encuentran en lugares de detención preventiva que no han sido construidos ni son gestionados con perspectiva de género. No tienen acceso a atención médica especializada ni a educación o formación profesional. Además, cuando son recluidas con presas condenadas u hombres o cuando son vigiladas por guardias varones corren un riesgo mayor de sufrir agresiones y violencia sexual. El Relator Especial refirió, asimismo, que para las reclusas que han sufridos maltratos o tienen problemas de salud mental el aislamiento supone un nuevo trauma. Adicionalmente, se las suele someter a revisiones corporales invasivas y sin ropa. Durante las revisiones son frecuentes los tocamientos y manoseos inapropiados equiparables al acoso sexual, que tiene efectos desproporcionados sobre las mujeres, particularmente cuando las realizan guardias varones. De la misma forma, se destacó que la mayoría de las políticas y servicios médicos de las prisiones no han sido diseñados con el objetivo de satisfacer las necesidades de las mujeres, que necesitan atención especializada (como, por ejemplo, acceso a ginecólogos y obstetras). Además, la atención médica que se les brinda es inadecuada y se les niegan los medicamentos que quieren, en particular, aquellos que se orientan al tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. El informe analiza una condición más de vulnerabilidad: la maternidad. Existen estudios que indican que hasta el 80 por ciento de las reclusas son madres. Sin embargo, el contacto entre ellas y su descendencia es difícil, pues las cárceles de mujeres están en lugares apartados. Por otro lado, señaló que las víctimas de violencia de género tropiezan con importantes obstáculos para acceder a la justicia y a medidas de reparación. Los delitos por razones de género pueden acarrear estigmas y las víctimas temen el rechazo de sus familiares y de la comunidad y tener que tratar con personal que no esté debidamente capacitado para responder a sus necesidades. Todas las víctimas han de tener acceso a recursos judiciales y administrativos eficaces. Para ello, según el informe, se deben eliminar las barreras discriminatorias y se les debe prestar apoyo en todas las etapas del proceso judicial. El Relator Juan E. Méndez recomendó a los diferentes países derogar todas aquellas leyes que favorezcan la opresión de las mujeres. De la misma forma, llamó a las autoridades judiciales utilizar la prisión preventiva como último recurso, garantizar el derecho a la asistencia de un abogado y que los países revisen leyes, procedimientos penales y prácticas judiciales para que en las sentencias se tome en cuenta su condición social.

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