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Jurisprudencia: Pérez, Juan José

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Titulo

Pérez, Juan José

Hechos relevantes del caso

Un hombre fue imputado, junto a seis personas más, por el delito de promoción y facilitación de la prostitución de personas mayores de edad. Los hechos habían sido cometidos en junio del 2001. En junio del 2004 fue citado a prestar declaración indagatoria. Luego se dictó su procesamiento y la causa fue elevada a un tribunal oral. En el año 2006 las partes fueron citadas a juicio. Durante ocho años fueron dictadas diferentes disposiciones. Entre otras cuestiones, se le concedió la suspensión del proceso a prueba a cuatro personas y en 2009 se fijó la primera audiencia de debate, que fue postergada en cuatro ocasiones. En el año 2015, la defensa solicitó que se dictara la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de su asistido. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo sostuvo que si bien los hechos imputados habían ocurrido con anterioridad a la reforma del artículo 67 del CP ¬¬–que determinó qué actos eran considerados “secuela de juicio”–, dicha norma resultaba aplicable al caso por ser más benigna. En ese sentido, tuvo en consideración la fecha de la citación a juicio y concluyó que la acción no se encontraba prescripta. Por otra parte, señaló que el Estado tenía la responsabilidad internacional de investigar hechos como los imputados en el caso y que, a tenor de su complejidad, no se había violado el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

12/02/2016

Voces CSJN

PRESCRIPCIÓN; SECUELA DEL JUICIO; PLAZO RAZONABLE; SOBRESEIMIENTO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; PROSTITUCIÓN; TRATA DE PERSONAS; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;

Decisión y argumentos

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia, declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó al imputado (jueces Sarrabayrouse, García y la jueza Garrigós de Rébori). 1. Plazo razonable. Prueba. Apreaciación de la prueba. Interpretación de la ley. “[E]l ordenamiento procesal carece de una regla general que regule el plazo razonable. Por esta razón, su fijación dependerá de las características de cada caso particular”. “[H]asta la audiencia […] de 2015, el trámite de la causa ha insumido catorce años, dos meses y cinco días. De ellos, corresponden cuatro años, ocho meses y veintidós días a la etapa de instrucción. Por su parte, en el periodo del juicio, la causa ha permanecido desde la citación del art. 354, CPPN, ocho años, ocho meses y cinco días. En esa última fase, no se ofrecieron pruebas que obligaran a la realización de una investigación preliminar; además, se fijaron cuatro fechas de debate distintas […]. Las suspensiones respectivas no tuvieron que ver con actividad desplegada por el imputado Pérez. [Debe establecerse] si el plazo razonable ha sido vulnerado en el presente caso. El primer cartabón mencionado para medirlo (´la complejidad del caso´) muestra que el hecho aquí investigado revestía cierto grado de dificultad, expresado en el volumen del expediente (veinte cuerpos), la entidad de la prueba ofrecida y la cantidad de imputados (siete). Sin embargo, de estas personas, cuatro se encuentran con el proceso suspendido a prueba. Asimismo, el juicio ya estaba en condiciones de realizarse, como mínimo, el 11 de mayo de 2009, fecha en que se fijó la primera audiencia de debate. Por lo tanto, la fijación de la audiencia marca que la causa estaba en condiciones de ser discutida, por lo cual, ´la complejidad del caso´ había desaparecido […]. En cuanto al segundo parámetro (´la conducta del inculpado´) quizás resulte el más difícil de medir porque implica inmiscuirse en el derecho de defensa del perseguido penalmente […]. Pese a ello, el análisis del caso no permite atribuir al imputado ninguna actividad dilatoria, pues las suspensiones de las audiencias no se han debido a la actividad procesal desarrollada por Pérez sino que corresponden a otros factores; del mismo modo, los pedidos de suspensión del juicio a prueba y los planteos de prescripción de la acción formulados con anterioridad, tampoco los efectuó este imputado”. “Con respecto a la ´debida diligencia de las autoridades judiciales´ surge que la tramitación de la causa tuvo periodos de inactividad prolongados: véase el lapso transcurrido entre el ofrecimiento de prueba y la primera fijación de audiencia […]. [L]as demoras en la tramitación de la causa, en particular durante la etapa del juicio, no se han debido a la complejidad del asunto, sino a otras razones vinculadas con problemas funcionales: discusiones entre los fiscales que debían intervenir en el proceso, suspensión de audiencias de debate fijadas por razones ajenas al imputado, planteos realizados por otros acusados”. 2. Prostitución. Trata de personas. Responsabilidad del Estado. “[L]a obligación asumida por el Estado nacional en los convenios mencionados, no significa en modo alguno que se haya comprometido a alterar los términos en que debe realizarse esa investigación o que se ha establecido alguna cláusula especial referida a la imprescriptibilidad de esta clase de hechos […]. Por lo demás, los mismos colegas han señalado que a cuatro de los siete imputados se les otorgó la suspensión del juicio a prueba, lo cual demuestra que la índole de los delitos imputados no implica una disminución de las garantías del proceso penal ni la imposibilidad de acceder a medios alternativos a la pena”. 3. Plazo razonable. Prescripción. Sobreseimiento. “La forma de hacer valer el plazo razonable es considerar extinguida la acción penal por prescripción, pues en este caso concreto el tiempo que ha durado el proceso excede el marco de razonabilidad establecido por la Constitución Nacional y el Derecho Internacional. En consecuencia, debemos dictar el sobreseimiento [del imputado]. En este sentido, el plazo razonable es un presupuesto procesal cuya inexistencia se traduce en la falta de acción para continuar adelante con la persecución penal…”. 4. Secuela de juicio. Interpretación de la ley. Plazo razonable. “[E]l concepto ‘secuela de juicio’ impone una interpretación estrictísima que no desnaturalice la voluntad del legislador de establecer un régimen de extinción de la acción penal por prescripción”. “[L]a interpretación del término secuela de juicio debe hacerse de un modo tal que no enerve el derecho de todo imputado […] a ser juzgado en un plazo razonable”. “[A] más tardar, desde el momento en que un órgano del Estado formula oficialmente cargos contra el imputado, notificándolo de los hechos de la imputación, empieza a computarse para el Estado el deber de diligencia de decidir dentro de un plazo razonable esa imputación penal y, en consecuencia, es ese acto el que fija el comienzo del cómputo del plazo de duración del proceso”. “[E]s el decreto […] de 2004, por el que se dispuso citar [al imputado] para comunicarle los hechos imputados y darle oportunidad de prestar declaración indagatoria, el que ha operado el efecto interruptivo de la prescripción a su respecto. […]. Ahora bien, desde el dictado del decreto […] ha transcurrido el plazo de diez años […] sin que se hubiesen acreditado otras circunstancias interruptivas o suspensivas del curso de la prescripción distintas de la secuela de juicio”.

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Melián Massera (Causa n°72288); Mansilla (Causa N° 830893); PMD; Silva (causa N° 16001248); Duarte, Felicia (CFCP) 

Tribunal

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I

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