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> Jurisprudencia > Morice v. Francia  

Jurisprudencia: Morice v. Francia

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Titulo

Morice v. Francia

Hechos relevantes del caso

Dos jueces fueron apartados de un proceso penal en el que se investigaba un homicidio en razón de las irregularidades que tuvieron lugar en su sustanciación. Con la designación de otros magistrados, se confeccionó un informe en el que puso en evidencia que parte de la prueba no se había incorporado a la investigación sino que fue entregada en mano por uno de los jueces, con una carta que ponía de manifiesto la estrecha relación que tenía con el fiscal y su animosidad en contra de la viuda y sus abogados, entre ellos, el peticionario. Frente a esta situación, el peticionario denunció las deficiencias del procedimiento y la actitud asumida por los magistrados. Asimismo, fragmentos de esa denuncia fueron publicados durante los días siguientes en un periódico en el que se hizo énfasis en la crítica formulada respecto de la actuación de los jueces. Allí, además, se aludió a otro caso en el que uno de los magistrados había sido apartado por la desaparición de prueba. Los jueces cuestionados iniciaron acciones penales contra el peticionario, acusándolo por difamación pública. En virtud de ello, el abogado fue condenado al pago de una multa. El tribunal de casación rechazó, posteriormente, el recurso deducido por el peticionario contra esa sentencia. Entre los jueces de ese tribunal se encontraba un magistrado que se había pronunciado públicamente con anterioridad en favor de los querellantes.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

23/04/2015

Voces CSJN

CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS; PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD; IMPARCIALIDAD OBJETIVA; ABOGADO; JUICIO PENAL; INTERÉS PÚBLICO; LIBERTAD DE EXPRESIÓN;

Decisión y argumentos

El TEDH, en primer lugar, sostuvo que para analizar la imparcialidad de un tribunal se debe realizar un test subjetivo y un test objetivo. El primero consiste en analizar si el juez, por sus convicciones personales y su comportamiento, evidencia prejuicios, preferencias o intereses personales en el caso, que derriben la presunción de imparcialidad que rige en esta materia. El segundo test implica determinar si el tribunal, en sí mismo, por su composición, frente a observadores externos, ofrece las garantías suficientes para excluir todo temor razonable de parcialidad. En el caso, explicó, existía un temor de parcialidad razonable, por lo que el juez del tribunal de casación debió haber sido apartado. Por lo tanto, el tribunal determinó la violación del artículo 6.1 del CEDH. En segundo lugar, el Tribunal Europeo sostuvo que la libertad de expresión goza de la más alta protección, sobre todo en temáticas de interés público. Por ello, el margen para restringirla es muy estrecho y sólo justificable si resulta necesario en una sociedad democrática. Asimismo, entendió que la exigencia de probar la veracidad de las opiniones vertidas resulta contrario a la libertad de expresión. Del mismo modo, agregó que la posibilidad de aplicar a partir de ellas sanciones penales genera un efecto de “congelamiento” en el ejercicio de ese derecho. Por último, el TEDH hizo referencia a que las cuestiones referidas al funcionamiento del sistema de justicia son de interés público y que –manteniendo la prudencia correspondiente al caso– los abogados pueden ejercer su ministerio fuera del juicio y utilizar los medios de comunicación para informar a la sociedad. En consecuencia, el tribunal afirmó que se violó el artículo 10 del CEDH.

Otra jurisprudencia relacionada

 

Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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