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Jurisprudencia: Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) v. Honduras

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Titulo

Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) v. Honduras

Hechos relevantes del caso

Diversas empresas se dedicaban a la explotación de la pesca submarina en la zona rural de Moskitia, Honduras. Ante la falta de alternativas laborales, gran parte del pueblo indígena miskito —incluso niños, niñas y adolescentes— se dedicaba de manera informal a la pesca por buceo. Dado que se trata de una actividad de alto riesgo, el Estado reglamentó los requisitos mínimos de seguridad y salud que debían cumplir las embarcaciones pesqueras. A pesar de la reglamentación, la pesca submarina se realizaba en condiciones de suma precariedad y eran muy frecuentes los accidentes laborales por la falta de condiciones de seguridad. En ese contexto, varias personas desarrollaron enfermedades y discapacidades permanentes mientras que otras perdieron la vida. A su vez, las personas que habían sufrido afecciones en su salud encontraban serios obstáculos para acceder a servicios médicos debido a que no contaban con un sistema de seguridad social. Algunas iniciaron reclamos por indemnización en sede administrativa o judicial con resultados diversos. Ante esta situación, varias asociaciones de la comunidad miskita presentaron una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

31/08/2021

Voces CSJN

EMPRESA; PUEBLOS INDÍGENAS; DERECHOS HUMANOS; RESPONSABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; TRABAJO INSALUBRE; RIESGOS DEL TRABAJO; VULNERABILIDAD; REGLAMENTACIÓN; TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO; ASISTENCIA MEDICA; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Honduras era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño), 24 (igualdad ante la ley), 25.1 (protección judicial) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 1. Empresa. Pueblos indígenas. Derechos humanos. Responsabilidad. Responsabilidad del Estado. Trabajo insalubre. Riesgos del trabajo. Vulnerabilidad. Reglamentación. “[L]os Estados tienen el deber de prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas privadas, por lo que deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir dichas violaciones, e investigar, castigar y reparar tales violaciones cuando ocurran. Los Estados, de esta forma, se encuentran obligados a reglamentar que las empresas adopten acciones dirigidas a respetar los derechos humanos […] especialmente en relación con las actividades riesgosas. En virtud de esta regulación, las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar violaciones a derechos humanos, y adoptar medidas dirigidas a subsanar dichas violaciones” (párr. 48). “[L]os Estados deben adoptar medidas destinadas a que las empresas cuenten con: a) políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos; b) procesos de diligencia debida para la identificación, prevención y corrección de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar el trabajo digno y decente; y c) procesos que permitan a la empresa reparar las violaciones a derechos humanos que ocurran con motivo de las actividades que realicen, especialmente cuando estas afectan a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad” (párr. 49). “[S]on las empresas las primeras encargadas de tener un comportamiento responsable en las actividades que realicen, pues su participación activa resulta fundamental para el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Las empresas deben adoptar, por su cuenta, medidas preventivas para la protección de los derechos humanos de sus trabajadoras y trabajadores, así como aquellas dirigidas a evitar que sus actividades tengan impactos negativos en las comunidades en que se desarrollen o en el medio ambiente. En este sentido, la Corte considera que la regulación de la actividad empresarial no requiere que las empresas garanticen resultados, sino que debe dirigirse a que éstas realicen evaluaciones continuas respecto a los riesgos a los derechos humanos, y respondan mediante medidas eficaces y proporcionales de mitigación de los riesgos causados por sus actividades, en consideración a sus recursos y posibilidades, así como con mecanismos de rendición de cuentas respecto de aquellos daños que hayan sido producidos. Se trata de una obligación que debe ser adoptada por las empresas y regulada por el Estado” (párr. 51). “[E]ste Tribunal destaca, tal como lo ha hecho la Comisión Interamericana a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), que ‘los Estados deben asegurar que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupos de personas, incluyendo a los pueblos indígenas y tribales, comunidades campesinas y poblaciones afrodescendientes como colectivo cohesionado […]’. Esto último resulta fundamental en relación con todas las empresas que realicen sus actividades que puedan afectar a personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad y, en particular, en relación con los actos de empresas transnacionales. En relación con estas últimas, el Tribunal considera que los Estados deben adoptar medidas dirigidas a garantizar que las empresas transnacionales respondan por las violaciones a derechos humanos cometidas en su territorio, o cuando son beneficiadas por la actividad de empresas nacionales que participen en su cadena de productividad” (párr. 52). 2. Trabajo. Seguridad social. Derecho a la salud. Personas con discapacidad. Higiene y seguridad en el trabajo. Riesgos del trabajo. Asistencia médica. “[El derecho a condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias] implica que el trabajador pueda realizar sus labores en condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo cual resulta especialmente relevante cuando se trata de actividades que implican riesgos significativos para la vida e integridad de las personas, y en particular de niños” (párr. 75). “[E]l Estado incumplió con su obligación de garantizar el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo que aseguren la seguridad, la salud y la higiene del trabajador, en la medida en que falló en su deber de prevenir accidentes de trabajo y de garantizar la aceptabilidad y calidad del ejercicio laboral de las víctimas del caso. Dicho incumplimiento resulta aún más relevante debido a la magnitud de los hechos del presente caso, que afectaron gravemente la vida y la integridad personal de los buzos, que tuvieron como consecuencia que algunos de ellos adquirieran enfermedades y discapacidades […]. En este caso, si bien Honduras cumplió con su deber de reglamentar la actividad desarrollada por las víctimas […], falló en implementar efectivamente dicha normativa, y por lo tanto en ejercer el control y fiscalización de las condiciones laborales, como medida necesaria para la prevención de accidentes y de permitir el goce de condiciones laborales justas y favorables” (párr. 78). “[E]l derecho a la seguridad social es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. [S]i bien los elementos del derecho a la seguridad social pueden variar según diferentes condiciones, dicho derecho debe ser garantizados conforme a los principios de disponibilidad y accesibilidad, debe cubrir riesgos e imprevistos sociales, las prestaciones deben tener un nivel suficiente, y debe ser considerado en su relación con otros derechos” (párr. 90). “Dicho sistema de seguridad social debe abarcar la atención a la salud, de forma que las personas puedan acceder a servicios de salud adecuados, los cuales además deben incluir el acceso a medidas preventivas y curativas. Asimismo, los Estados deben proporcionar prestaciones a las personas imposibilitadas a trabajar por motivos de salud, y deben garantizar protección a los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral durante el empleo u otro trabajo productivo. En este sentido, los Estados deben prestar apoyo suficiente a aquellas personas con discapacidad. Las prestaciones necesarias para la garantía del derecho a la seguridad social deben ser suficientes en importe y duración, ya sea en especie o en efectivo, para efectos de que las personas puedan ejercer sus derechos” (párr. 91). “[L]a falta de acceso a un sistema de salud que les proveyera servicios preventivos o curativos, respecto de los accidentes que sufrieron, y de las discapacidades que surgieron en virtud de dichos accidentes, constituyó una violación del derecho a la seguridad social. La omisión total del Estado de garantizar a las víctimas del caso acceso a dicho sistema, constituyó un incumplimiento de sus obligaciones conforme al principio de disponibilidad, en tanto existía una carencia total de seguridad social en la zona de la Moskitia que les permitiera gozar de las prestaciones correspondientes a los riesgos que surgían de la pesca por buceo, y de accesibilidad, en tanto las víctimas no se encontraban cubiertas por el sistema de seguridad social, pues trabajaban en una situación de informalidad, ya que no tenían contratos de trabajo con las empresas pesqueras” (párr. 96). 3. Minorías étnicas, culturales y lingüísticas. Pueblos indígenas. Personas con discapacidad. Igualdad. No discriminación. Vulnerabilidad. Perspectiva de interseccionalidad. “[E]l derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados” (párr. 99). “[E]l origen étnico de las personas es una categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención, por lo que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su origen étnico. [L]a etnia se refiere a comunidades de personas que comparten, entre otras, características de naturaleza sociocultural, tales como afinidades culturales, lingüísticas, espirituales y orígenes históricos y tradicionales. Dentro de esta categoría se encuentran los pueblos indígenas, respecto de los cuales la Corte ha reconocido que tienen características propias que conforman su identidad cultural, tales como su derecho consuetudinario, sus características económicas, sociales, sus valores, usos y costumbres” (párr. 101). “[A]un cuando la pobreza y la discapacidad no son consideradas categorías especiales de protección al tenor literal del artículo 1.1 de la Convención Americana, ello no es un obstáculo para considerar que la discriminación por estas razones está prohibida por las normas convencionales. Esto es así por dos razones: primero, porque el listado contenido en el artículo 1.1 de la Convención no es taxativo sino enunciativo; segundo, porque la pobreza bien puede entenderse dentro de la categoría de ‘posición económica’ a la que se refiere expresamente el referido artículo, o en relación con otras categorías de protección como el ‘origen […] social’ u ‘otra condición social’, en función de su carácter multidimensional, y la discapacidad está comprendida en la categoría de ‘otra condición social’” (párr. 102). “[L]as víctimas se encontraban inmersas en patrones de discriminación estructural e interseccional, pues eran personas pertenecientes a un pueblo indígena y se encontraban en una situación de pobreza, una de ellas era un niño, algunas de ellas adquirieron discapacidades y no recibieron tratamiento médico, y no contaban con ninguna otra alternativa económica más que aceptar un trabajo peligroso que ponía en riesgo su salud, su integridad personal y su vida. [E]l hecho de que las víctimas pertenecieran a un grupo en especial situación de vulnerabilidad acentuaba los deberes de respeto y garantía a cargo del Estado. Sin embargo, el Estado no adoptó medidas orientadas a garantizar el ejercicio de sus derechos sin discriminación, y la intersección de desventajas comparativas hizo que la experiencia de victimización en este caso fuese agravada” (párr. 107). “[E]l derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, esto es, corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus propios casos, la igualdad material. Para ello, los Estados deben enfrentar activamente situaciones de exclusión y marginación” (párr. 108).

Otra jurisprudencia relacionada

Observación General 24; Debida diligencia de las empresas en materia de DDHH; Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU) - Informe 

Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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