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Jurisprudencia: Danilevich v. Rusia

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Titulo

Danilevich v. Rusia

Hechos relevantes del caso

Un hombre había sido condenado a una pena de prisión perpetua bajo régimen estricto en un establecimiento ubicado a más de mil kilómetros de su familia. Debido a la lejanía de la prisión y a las dificultades económicas que padecía su familia, el hombre sólo mantenía contacto a través de correspondencia escrita. Por ese motivo, solicitó a las autoridades penitenciarias una autorización para realizar llamadas telefónicas a sus familiares. Las autoridades denegaron su solicitud. Contra esa decisión, presentó un reclamo ante la justicia civil. En su presentación, sostuvo que el impedimento de realizar llamadas telefónicas vulneraba su derecho a la vida privada y familiar. Sobre este punto, agregó que tenía un hijo muy pequeño que no podía comunicarse por escrito y que la comunicación telefónica era su único medio de mantener el vínculo. En el marco del proceso, el hombre fue citado a una audiencia. Ante esta situación, solicitó a las autoridades judiciales que garantizaran su presencia en el tribunal. Sin embargo, el tribunal no hizo lugar a la solicitud y llevó adelante la audiencia sin su participación. Luego, desestimó su reclamo. Para decidir así, consideró que el régimen estricto bajo el que cumplía su condena no admitía llamadas telefónicas salvo en casos de urgencia. Contra esta decisión, el hombre presentó un recurso de apelación. El tribunal de apelaciones, en ausencia de las partes, confirmó la sentencia recurrida.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

19/10/2021

Voces CSJN

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PERPETUA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; FINALIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; VISITAS CARCELARIAS; RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; DERECHO A SER OIDO; PROCESO CIVIL; AUDIENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rusia era responsable por la violación de los artículos 6.1 (derecho a un proceso equitativo) y 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Personas privadas de la libertad. Prisión perpetua. Derecho a la vida privada y familiar. Principio de dignidad humana. Finalidad de la pena. Reinserción social. Visitas carcelarias. Régimen de comunicación. “La prisión, como toda otra medida privativa de la libertad, implica restricciones inherentes a la vida privada y familiar de las personas detenidas. Sin embargo, es una parte esencial del derecho al respeto de su vida privada y familiar que las autoridades penitenciarias las asistan para mantener el contacto son su familia cercana” (cfr. párr. 46). “La reinserción, esto es, la reintegración de la persona condenada a la sociedad, es necesaria en cualquier comunidad que considere a la dignidad humana como elemento central. El artículo 8 exige a los Estados asistir a sus detenidos hasta el máximo de sus posibilidades para formar y mantener sus vínculos con personas externas al establecimiento penitenciario, a fin de promover su reinserción social” (párr 47). “En el presente caso, el solicitante no recibió ninguna visita de sus familiares, que vivían a una distancia significativa [del establecimiento penitenciario]. [Esto] lo dejó –a falta de posibilidades de comunicarse por teléfono– con la única alternativa de comunicarse por correspondencia escrita para mantener contacto con ellos. [E]ste medio de comunicación era insuficiente por varios motivos, incluido el tiempo que demoraba el envío de la correspondencia y la dificultad para contactarse con su único hijo, que por muchos años era muy pequeño como para escribir. En función de la corta edad del hijo […], esos años eran cruciales para desarrollar el vínculo familiar entre ellos” (cfr. párr. 56). “El Tribunal entendió en Khoroshenko que la naturaleza estricta del régimen de prisión perpetua impedía a los detenidos mantener contacto con sus familias, y por ende dificultaba su reintegración y rehabilitación en lugar de fomentarla y facilitarla. En este sentido, el Tribunal también reconoció una importancia considerable a las recomendaciones del [Comité Europeo para la prevención de la tortura] que notó que los regímenes carcelarios para penas de larga duración ‘deben buscar compensar [los efectos desocializadores del encarcelamiento] de manera positiva y proactiva” (cfr. párr. 59). 2. Personas privadas de la libertad. Prisión perpetua. Principio de proporcionalidad. Régimen de comunicación. Derecho a la vida privada y familiar. “[L]a justificación invocada por el Estado en el presente caso […] parece implicar que las restricciones eran consecuencia de los crímenes graves cometidos por el solicitante, por los cuales este no solo había sido privado de su libertad sino también restringido en el ejercicio de otros derechos vinculados a su vida privada y familiar. Sin embargo […], durante su encarcelamiento, las personas privadas de la libertad continúan gozando de todos sus derechos y libertades fundamentales, salvo por el derecho a la libertad” (cfr. párr. 54). “[E]l Estado no tiene la libertad de introducir restricciones generales sin admitir algún grado de flexibilidad para determinar si las restricciones son apropiadas o incluso necesarias en el caso particular. [E]l principio de proporcionalidad exige un vínculo claro y suficiente entre la aplicación de dichas medidas y la conducta y circunstancias del individuo involucrado” (cfr. párr. 58). “En vista de lo anterior […], las restricciones a la comunicación telefónica del solicitante como parte del régimen estricto de cadena perpetua no eran ‘necesarias en una sociedad democrática’ y equivalieron a una interferencia desproporcionada en su derecho al respeto a la vida privada y familiar” (cfr. párr. 64). 3. Personas privadas de la libertad. Derecho a ser oído. Proceso civil. Audiencia. Acceso a la justicia. Debido proceso. Tutela judicial efectiva. “El Tribunal ya ha encontrado violaciones al derecho a un proceso equitativo en casos donde los solicitantes privados de la libertad se agraviaban por su ausencia en audiencias de procesos civiles. En estos casos, el Tribunal evaluó si los tribunales locales habían analizado si la naturaleza de la controversia requería la presencia efectiva del solicitante, y si habían implementado algún arreglo de procedimiento que buscara garantizar su efectiva participación en el proceso” (cfr. párr. 69). “La ausencia del solicitante de la audiencia de primera instancia no fue remediada en la instancia de apelaciones. [El tribunal de apelaciones] confirmó la decisión de primera instancia en su ausencia, avalando la decisión de llevar adelante la audiencia sin la presencia del solicitante. En estas circunstancias […] se privó al solicitante de la oportunidad de presentar su caso ante el tribunal de manera efectiva, para asegurar el respeto al principio de juicio equitativo” (cfr. párr. 70).

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Khoroshenko v. Rusia 

Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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