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Jurisprudencia: Barbosa de Souza y otros v. Brasil

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Titulo

Barbosa de Souza y otros v. Brasil

Hechos relevantes del caso

En 1998 una mujer concurrió a un motel para encontrarse con un hombre que en aquel momento era diputado estatal por Paraíba, Brasil. Al día siguiente, un testigo observó que tiraban el cuerpo de la mujer a un terreno baldío. Un informe emitido por la policía indicó como principal sospechoso al entonces diputado. El hombre gozaba de inmunidad parlamentaria por su trabajo. Por ese motivo, la fiscalía interviniente solicitó en dos ocasiones autorización a la Asamblea Legislativa de Paraíba a fin de iniciar la acción penal en su contra. Las autorizaciones fueron denegadas sin expresión de motivos. En 2003, a raíz de una reforma constitucional, la fiscalía dio inicio formal a un proceso penal contra el hombre. Durante las investigaciones y la tramitación del proceso, las partes hicieron foco en consideraciones sobre la personalidad, conducta social y sexualidad de la víctima. El tribunal condenó al hombre por homicidio y ocultación de cadáver. El hombre impugnó la sentencia, pero falleció antes de que el recurso fuera examinado.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

07/09/2021

Voces CSJN

VIOLENCIA DE GÉNERO; FEMICIDIO; DEBIDA DILIGENCIA; INMUNIDADES PARLAMENTARIAS; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; NO DISCRIMINACIÓN; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; PERSPECTIVA DE GÉNERO; CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ); GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; IGUALDAD; REVICTIMIZACIÓN;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Brasil era responsable por la violación de los artículos 5.1 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento y con el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 1. Violencia de género. Femicidio. Debida diligencia. Inmunidades parlamentarias. Acceso a la justicia. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. “La inmunidad parlamentaria es un instituto que ha sido ideado como una garantía de independencia del órgano legislativo en su conjunto y de sus miembros, y no puede concebirse como un privilegio personal de un parlamentario. En esta medida, cumpliría el rol de garantía institucional de la democracia. No obstante, bajo ninguna circunstancia, la inmunidad parlamentaria puede transformarse en un mecanismo de impunidad, cuestión que de suceder, erosionaría el Estado de derecho, sería contrario a la igualdad ante la ley y haría ilusorio el acceso a la justicia de las personas afectadas” (párr. 100). “[P]ara evitar una decisión arbitraria, la Corte considera que el órgano legislativo debe motivar su decisión de levantamiento o no de la inmunidad procesal. Ello, porque esta decisión, necesariamente, impactará tanto los derechos del parlamentario relacionados con el ejercicio de sus funciones, como el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las supuestas infracciones penales atribuidas a este mismo parlamentario” (párr. 110). “[P]or tratarse de un caso relativo a la muerte violenta de una mujer […], lo cual evidentemente no está relacionado con el ejercicio de las funciones de un diputado, la posibilidad del uso político de la acción penal debió haber sido analizada con aún más detenimiento y cautela, teniendo en consideración el deber de debida diligencia estricta en la investigación y sanción de hechos de violencia contra la mujer que exige el régimen convencional. Al contrario, el Tribunal advierte que ambas resoluciones de la Asamblea Legislativa de Paraíba demuestran que el órgano legislativo no analizó ni hizo ponderación alguna entre un eventual fumus persecutionis de la acusación del Ministerio Público y el derecho de acceso a la justicia de los familiares de [la víctima] y la exigencia de investigar con debida diligencia estricta hechos de violencia contra la mujer” (párr. 120). “[E]l marco jurídico […] en Brasil, para la fecha de los hechos, obstaculizó de forma arbitraria el acceso a la justicia de los familiares de [la víctima], al no prever los criterios que debían tomarse en cuenta en el análisis de la solicitud de licencia previa, la necesidad de motivación de la decisión o el plazo para la resolución final. Además, la falta de motivación de las dos decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa de Paraíba indica que no se procedió a la realización de un riguroso test de proporcionalidad, por el cual, se tomaría en cuenta el impacto al derecho de acceso a la justicia de las personas que podrían verse afectadas por dichas decisiones” (párr. 121). 2. Violencia de género. Femicidio. Acceso a la justicia. Debida diligencia. Tutela judicial efectiva. No discriminación. Prevención e investigación. Perspectiva de género. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará). “[C]uando existen indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género. La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia” (párr. 125). “[L]a debida diligencia estará demostrada en el proceso penal si el Estado logra probar que ha emprendido todos los esfuerzos, en un tiempo razonable, para permitir la determinación de la verdad, la identificación y sanción de todos los responsables, sean particulares o funcionarios del Estado” (párr. 127). “[E]l deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Además, la investigación debe ser seria, objetiva y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos” (párr. 128). “Cabe recordar que, en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales previstas por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, con las obligaciones provenientes de la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b), dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la ‘debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer’. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección” (párr. 129). “[E]l deber de investigar tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. A menudo es difícil probar en la práctica que un homicidio o acto de agresión violento contra una mujer ha sido perpetrado por razón de género. Dicha dificultad a veces deriva de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades sobre el incidente violento y sus causas. Es por ello que las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual, de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada. Asimismo, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género” (párr. 130). 3. Género. Estereotipos de género. Violencia de género. Femicidio. Acceso a la justicia. Garantía de imparcialidad. Igualdad. No discriminación. Revictimización. “[L]os prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes” (párr. 144). “El Tribunal ya se posicionó anteriormente sobre la importancia de reconocer, visibilizar y rechazar los estereotipos de género por los cuales en los casos de violencia contra la mujer las víctimas son asimiladas, por ejemplo, al perfil de una pandillera y/o una prostituta y/o una ‘cualquiera’, y no se consideran lo suficientemente importantes como para ser investigados, haciendo además a la mujer responsable o merecedora de haber sido atacada. En este sentido, ha rechazado toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza de esta, toda vez que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio discrecional y discriminatorio con base en el origen, condición y/o comportamiento de la víctima por el solo hecho de ser mujer” (párr. 145). “En el caso sub judice, la Corte verifica que existió una intención de devaluar a la víctima por la neutralización de valores. En efecto, durante toda la investigación y el proceso penal, el comportamiento y la sexualidad de [la víctima] pasaron a ser un tema de especial atención, provocando la construcción de una imagen de [la víctima] como generadora o merecedora de lo ocurrido y desviando el foco de las investigaciones a través de estereotipos relacionados con aspectos de [su] vida personal […], que a su vez fueron utilizados como hechos relevantes para el propio proceso. El hecho de que era una mujer representó un factor facilitador de que ‘el significado de lo ocurrido se construy[era] sobre estereotipos culturales generales, en lugar de centrarse en el contexto de lo ocurrido y en los resultados objetivos que arroje la investigación’” (párr. 146). “[L]a investigación y el proceso penal por los hechos relacionados con el homicidio de [la víctima] tuvieron un carácter discriminatorio por razón de género y no han sido conducidos con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la Convención de Belém do Pará […]. Esta situación implica que, en el presente caso, no se garantizó el derecho de acceso a la justicia sin discriminación, así como el derecho a la igualdad” (párr. 150).

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Tribunal

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