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Jurisprudencia: Villarroel Merino y otros v. Ecuador

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Titulo

Villarroel Merino y otros v. Ecuador

Hechos relevantes del caso

A raíz de un informe de la Controlaría General del Estado, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación penal contra un grupo de agentes policiales por malversación de fondos públicos y falsificación de instrumentos privados. En el marco del proceso, la fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia Policial el procesamiento y la detención de las personas imputadas. En aquel momento, el sistema ecuatoriano preveía la “detención en firme”, una modalidad de detención preventiva obligatoria y automática basada en la modalidad de la comisión del delito y la gravedad de la pena atribuida. La Corte consideró que existían indicios suficientes de culpabilidad y dispuso el procesamiento y la detención en firme de los agentes imputados. Contra esta decisión, interpusieron recursos de nulidad y de apelación. Además, presentaron recursos de amparo de libertad. La Corte rechazó todas las impugnaciones. En ese sentido, los agentes pasaron más de un año privados de su libertad bajo las modalidades de detención en firme y prisión preventiva. Luego, todos los imputados fueron absueltos.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

24/08/2021

Voces CSJN

PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD INDIVIDUAL; PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD; RIESGOS PROCESALES; ARBITRARIEDAD; MOTIVACIÓN; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; CARGA DE LA PRUEBA; RAZONABILIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 7.1, 7.2, 7.3. 7.5, 7.6 (derecho a la libertad personal), 8.1, 8.2 (garantías judiciales) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 1. Prisión preventiva. Libertad individual. Principio de excepcionalidad. Riesgos procesales. Arbitrariedad. Motivación. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. “[L]a prisión preventiva es la medida más severa que se puede imponer a una persona imputada, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional. Adicionalmente, la privación de libertad de una persona imputada o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, la regla general debe ser que el imputado afronte el proceso penal en libertad” (párr. 83). “El artículo 7.2 de la Convención Americana establece que ‘nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas’ […]. [A]l remitir a la Constitución y leyes establecidas ‘conforme a ellas’, el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’ en dicho ordenamiento en cuanto a las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. Si la normativa interna, tanto en el aspecto material como en el formal, no es observada al privar a una persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana” (párr. 85). “[N]adie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad [...]. [S]e requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad” (párr. 86). “[P]ara que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que: i) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; ii) la medida restrictiva de la libertad cumpla con los cuatro elementos del ‘test de proporcionalidad’, es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y iii) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas” (párr. 87). “[C]ualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria. La decisión judicial debe fundamentar y acreditar –de manera clara y motivada– la existencia de indicios suficientes que prueben la conducta delictiva de la persona. Ello resguarda la presunción de inocencia. Además, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva” (párr. 91). 2. Prisión preventiva. Recursos. Revisión judicial. Tutela judicial efectiva. Deber de fundamentación. Debido proceso. Principio de inocencia. Carga de la prueba. Razonabilidad. Principio de legalidad. “[L]a detención o prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe valorar si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de la detención, además de si se ha respetado la razonabilidad del plazo. De lo contrario, el juez deberá ordenar inmediatamente la libertad del privado. Recae en las autoridades nacionales aportar los motivos suficientes por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, lo cual debe estar fundado en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia” (párr. 92). “Uno de los principios que limitan la prisión preventiva es el de presunción de inocencia […], según el cual una persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De esta garantía se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos de la privación preventiva de la libertad tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado, quien además debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado. En la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva se debe verificar la presencia de los fines procesales convencionales exigibles, de lo contrario supone la aplicación de una pena anticipada” (párr. 93). “[E]l artículo 7.6 de la Convención tiene un contenido jurídico propio, que consiste en tutelar de manera directa la libertad personal o física, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad […]. [E]stos recursos no solo deben existir formalmente en la legislación, sino que deben ser efectivos, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención. De lo contrario, la actividad judicial no significaría un verdadero control, sino un mero trámite formal, o incluso simbólico, que generaría un menoscabo de la libertad del individuo. Más aún, el análisis de la legalidad de una privación de libertad ‘debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana’” (párr. 110). “[E]n las decisiones […] mediante las cuales [la Corte Nacional de Justicia Policial] denegó los recursos interpuestos no se mencionan los fundamentos que sustentaron los recursos ni se hizo pronunciamiento alguno al respecto […]. [La Corte] no fundamentó debidamente la decisión ni se pronunció sobre la legalidad o no de la detención, ni sobre el mantenimiento de la medida […]. Por lo tanto, en este caso el amparo interpuesto no permitió un verdadero control de la libertad de las presuntas víctimas, ya que no se examinó la legalidad de la detención […], ni se pronunció expresamente sobre el mantenimiento de tal medida” (párr. 112). 3. Prisión preventiva. Arbitrariedad. Principio de legalidad. Igualdad. No discriminación. “[El artículo] del Código de Procedimiento Penal referente a la detención en firme […], plantea dos categorías: a) aquellas personas procesadas por los delitos con una pena mayor a un año, que no fueran calificadas como presuntas encubridoras, a las cuáles se les debía imponer la medida cautelar de detención en firme, y b) aquellas personas procesadas por delitos con una pena menor a un año o calificadas presuntas encubridoras, o incluso sin esos requisitos, cuando no se les hubiere emitido el llamamiento a juicio que podían ser sujetas a otras medidas cautelares. Esta diferencia de trato no estaba fundada en ninguna finalidad legítima a la luz de los estándares establecidos por este Tribunal para justificar la imposición de la detención preventiva y, por lo tanto, resulta arbitraria” (párr. 101). “[E]se trato diferenciado no puede ser justificado de manera razonable de acuerdo a los fines convencionales de las medidas coercitivas que implican la privación de la libertad personal. [N]o consta en el expediente ninguna justificación o motivación formal de parte de la autoridad judicial para ordenar la prisión en firme de las presuntas víctimas, ni se encuentra una justificación para mantenerla, lo que implicó para las presuntas víctimas una restricción discriminatoria y arbitraria de la libertad personal” (párr. 102).

Otra jurisprudencia relacionada

Jenkins v. Argentina; Romero Feris v. Argentina; Bayarri v. Argentina; Carranza Alarcón v Ecuador; Montesinos Mejía v. Ecuador; Medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas; González y otros v. Venezuela 

Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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