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> Jurisprudencia > MA v. Dinamarca  

Jurisprudencia: MA v. Dinamarca

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Titulo

MA v. Dinamarca

Hechos relevantes del caso

Un hombre huyó de Siria y solicitó protección internacional en Dinamarca. El Estado le otorgó una protección temporaria y un permiso de residencia para permanecer en el territorio. Luego de un año, debido a que su esposa aún se encontraba en Siria, el hombre solicitó ante las autoridades migratorias un permiso de residencia para ella. Las autoridades rechazaron la solicitud. Para decidir así, sostuvieron que no se habían cumplido los tres años de residencia necesarios para conceder la reunificación familiar a los beneficiarios de “protección temporaria”. Además, consideraron que no se verificaba en el caso ninguna circunstancia excepcional que justificara la reunificación familiar, tales como un riesgo para la unidad familiar o en la salud de un miembro de la familia. Contra esta decisión, el hombre interpuso un recurso de apelación que no prosperó. Luego, inició un reclamo judicial. En su presentación, argumentó que la exigencia de un período de tres años para solicitar la reunificación familiar vulneraba su derecho a la vida privada y familiar. El tribunal resolvió de manera desfavorable al reclamo. Ante esta situación, el hombre presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Dinamarca. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la instancia anterior.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

09/07/2021

Voces CSJN

MIGRANTES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; RESIDENCIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; FACULTADES DISCRECIONALES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; INTERESES LEGÍTIMOS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Dinamarca era responsable por la violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Migrantes. Derecho a la reunificación familiar. Residencia. Derecho a la vida privada y familiar. Facultades discrecionales. Interés superior del niño. Trato cruel, inhumano y degradante. “Se encuentra bien establecido en el derecho internacional que un Estado tiene la potestad de controlar la entrada de extranjeros a su territorio y su residencia allí, sujeto a sus obligaciones convencionales. El Convenio no asegura el derecho de un extranjero de entrar o residir en un país en particular” (cfr. párr. 131). “[E]n lo que respecta a la inmigración, no puede entenderse que el artículo 8 imponga al Estado la obligación general de respetar la elección del país de residencia de una pareja casada o de autorizar la reunificación familiar en su territorio. Sin embargo, en un caso que involucre tanto la reunificación familiar como la inmigración, el alcance de la obligación del Estado de admitir a su territorio a los familiares de sus residentes variará de acuerdo a las circunstancias particulares de las personas involucradas y al interés general, y está sujeto al equilibrio justo que debe lograrse entre los intereses contrapuestos involucrados. Los factores a tener en cuenta en este contexto son la medida en la que la vida familiar se vería irrumpida por la separación, la extensión de los vínculos formados en el país de residencia, si hay obstáculos insuperables en el camino de la familia que reside en el país de origen y si existen cuestiones de control migratorio” (cfr. párr. 132). “[E]xiste un amplio consenso, incluso en el derecho internacional, a favor de la idea de que en todas las decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes, su interés superior es de importancia fundamental. Si bien este interés no puede ser decisivo por sí mismo, se le debe conceder un peso significativo” (cfr. párr. 133). “La situación de violencia generalizada en un país puede ser de tal intensidad como para concluir que cualquier repatriado correría un riesgo real de sufrir malos tratos según el artículo 3 por su mera presencia allí. La naturaleza absoluta del derecho consagrado en el artículo 3 no admite excepciones, justificaciones ni equilibrios de intereses. En consecuencia, una mayor afluencia de migrantes no puede eximir a un Estado de la obligación que surge de esta disposición […]. En principio, este factor también puede reducir el margen de apreciación de los Estados para lograr un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos de la reunificación familiar y el control de la inmigración a la luz del artículo 8” (cfr. párr. 145). 2. Migrantes. Derecho a la reunificación familiar. Intereses legítimos. Principio de proporcionalidad. Tutela judicial efectiva. “[S]e debe reconocer a los Estados un margen de apreciación amplio para decidir si exigen un período de espera para la reunificación familiar solicitada por personas a quienes no se les ha reconocido la condición de refugiadas pero que gozan de una protección subsidiaria o, como el solicitante, de protección temporaria” (cfr. párr. 161). “Sin embargo, el margen de apreciación de los Estados en este aspecto no puede ser ilimitado y debe examinarse a la luz de la proporcionalidad de la medida […]. Aunque no puede considerarse que el artículo 8 imponga a un Estado la obligación general de conceder la reunificación familiar en su territorio […], el objeto y fin de la Convención exigen una lectura y aplicación de sus disposiciones que torne a sus exigencias prácticas y efectivas, no teóricas e ilusorias en su aplicación al caso particular” (cfr. párr. 162). “[L]a evaluación de dicho equilibrio justo debe integrar un proceso de toma de decisiones que salvaguarde de manera suficiente la flexibilidad, rapidez y eficiencia necesarias para cumplir con el derecho del solicitante al respeto de la vida familiar” (cfr. párr. 163). “[L]o principal de esta cuestión es si las autoridades locales […], al rechazar la solicitud de reunificación familiar del solicitante debido al período de espera exigido de tres años, lograron un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos del individuo y de la comunidad en su conjunto” (cfr. párr. 165). “[La norma danesa] no permitía una evaluación individualizada del interés a la unidad familiar de acuerdo con la situación concreta de las personas interesadas, más allá de las muy limitadas excepciones incluidas en [la norma]. Tampoco preveía un examen de la situación en el país de origen en vista a determinar la perspectiva real de retorno o los obstáculos para ello” (cfr. párr. 192). “Así, para el solicitante, el marco legal y el período de espera obligatorio de tres años operaron como un requisito estricto que lo forzaron a soportar una separación prolongada de su esposa sin tener en cuenta las consideraciones sobre la unidad familiar que podían surgir a partir de la esperable duración de los obstáculos para la reunificación. En estas circunstancias, no se puede decir que el solicitante tuvo la posibilidad real de contar con una evaluación individualizada sobre si un período de espera inferior a tres años estaba justificado por consideraciones de unidad familiar bajo la norma local aplicable” (cfr. párr. 193).

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Biao v. Dinamarca 

Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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