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Jurisprudencia: Marcos Alejandro Martín v. Argentina

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Titulo

Marcos Alejandro Martín v. Argentina

Hechos relevantes del caso

Un hombre había sido detenido e imputado por el delito de robo con armas. Durante la audiencia pública, la presunta víctima no acudió a declarar y la fiscalía solicitó que se incorporara por lectura la declaración que había rendido ante la policía durante la etapa de instrucción. La defensa se opuso al pedido. Entre sus argumentos, sostuvo que se trataba de una prueba esencial que no se había sometido al control previo de la defensa y que su incorporación vulneraría el derecho de defensa del imputado. Sin embargo, el tribunal hizo lugar al pedido y ordenó la incorporación por lectura de la declaración. Al momento de dictar sentencia, entre sus argumentos, invocó la declaración de la presunta víctima y condenó al imputado como coautor del delito de robo con armas. Contra esta decisión, el imputado presentó un recurso de casación. En su escrito, manifestó que la declaración incorporada por lectura había sido decisiva para la condena y que la defensa no había podido interrogar a la presunta víctima ni controvertir su declaración. La Cámara Nacional de Casación Penal declaró inadmisible la impugnación. Frente a esta situación, el imputado presentó un recurso extraordinario que fue rechazado. Luego, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta impugnación también fue declarada inadmisible.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

05/10/2021

Voces CSJN

DERECHO DE DEFENSA; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE INOCENCIA; IN DUBIO PRO REO; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; CARGA DE LA PRUEBA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; RECURSOS; DOBLE CONFORME; DETENCIÓN DE PERSONAS; ARBITRARIEDAD; SENTENCIA ARBITRARIA; PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD;

Decisión y argumentos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2 c), 8.2 f), 8.2 h) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. 1. Derecho de defensa. Principio de contradicción. Prueba. Prueba testimonial. Incorporación de prueba por lectura. “[E]l derecho a las garantías judiciales incluye el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. [E]l derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso” (párr. 26). “Sobre la relación entre la prueba practicada y el derecho de defensa, la CIDH ha destacado el principio de contradictorio, el cual implica la intervención del inculpado en la recepción y control de la prueba. Por su parte, la Corte ha considerado como una violación del derecho de defensa, el hecho de que la defensa legal no pudiera estar presente en la realización de una diligencia fundamental en el marco de un proceso penal” (párr. 27). “Una de las manifestaciones concretas de este derecho se [relaciona] con el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos […]. [E]ntre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La CIDH ha declarado la violación del derecho de defensa por la admisión de una declaración escrita considerada como una de las pruebas fundamentales para una sentencia condenatoria, y la imposibilidad de cuestionar dicha prueba durante todo el proceso” (párr. 28). “[L]a declaración testimonial de [la presunta víctima] fue rendida en la etapa instructiva ante autoridad policial, sin presencia ni participación del abogado defensor […]. Conforme a los estándares indicados, el derecho de defensa debe garantizarse desde el momento en que una persona es individualizada como posible responsable de un delito, por lo que la ausencia de su abogado en la práctica de esta prueba, resulta violatoria del derecho consagrado en el artículo 8.2 c) de la Convención” (párr. 38). “Si bien es cierto que […] el derecho a interrogar a los testigos puede ser restringido en circunstancias excepcionales, tal limitación debe estar fundamentada en razones de mucho peso, tales como el riesgo a la vida e integridad personal de los declarantes, y siempre que se dispongan medidas de compensación respecto del derecho de defensa de la persona procesada. En el presente caso, el Estado de Argentina se limitó a indicar que la incorporación por lectura de la declaración testimonial estaba permitida en la normativa interna, pero no alegó razones imperativas que justificaran dicha incorporación a la luz de la Convención Americana, a pesar de la afectación que implicaba respecto del derecho de defensa del [imputado]. [L]a sola referencia a que no fue posible localizar al detenido, en un caso de esta naturaleza, no constituye una situación que justifique la restricción en el derecho de defensa y específicamente en el derecho a interrogar testigos” (párr. 41). 2. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de inocencia. In dubio pro reo. Deber de fundamentación. Prueba. Carga de la prueba. “Por otra parte, otro elemento fundamental del debido proceso lo constituye el principio de presunción de inocencia, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas” (párr. 31). “La presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, de modo tal que debe recibir del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada […]. [E]llo implica que la persona acusada no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. De esta forma […], la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en la persona acusada” (párr. 32). “[E]l derecho internacional de los derechos humanos establece que ninguna persona puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. En palabras de la Corte, ‘si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla’. En el mismo sentido […], la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia” (párr. 33). “[L]a violación al derecho de defensa resultó especialmente grave en el presente caso, tomando en cuenta que la declaración testimonial de [la presunta víctima] tuvo un valor fundamental en la condena […]. [O]torgarle un fuerte valor probatorio a una prueba practicada en violación al derecho de defensa, y condenar fundamentalmente con base en dicha prueba, cuando no existen otros elementos de corroboración sobre aspectos esenciales para determinar la responsabilidad penal de una persona, resulta violatorio también del principio de presunción de inocencia” (párr. 47). 3. Debido proceso. Derecho de defensa. Tutela judicial efectiva. Recursos. Doble conforme. “[El derecho a recurrir el fallo] es una garantía primordial en el marco del debido proceso legal, cuya finalidad es evitar que se consolide una situación de injusticia. El objetivo de este derecho es permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica y evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. La Corte ha sostenido que ‘la doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado’” (párr. 35). “[A] fin de garantizar el derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia, en situaciones en las cuales en segunda instancia se determina que una prueba fue recibida en violación del debido proceso, lo que le corresponde a dicha autoridad es declarar tal situación y devolver el caso a la autoridad inferior a fin de que excluya del proceso decisorio la referida prueba y haga una nueva determinación sobre la responsabilidad penal a la luz de la prueba restante o si corresponde la absolución. Esta nueva determinación debe poder contar con un doble conforme” (párr. 50). 4. Detención de personas. Arbitrariedad. Sentencia arbitraria. Privación ilegal de la libertad. Derecho de defensa. “[E]n ciertas circunstancias, las violaciones a derechos humanos al momento de adoptar decisiones relacionadas con la libertad de una persona, pueden tornar arbitraria la detención que pudiere resultar de dichas decisiones. En similar sentido, la Corte ha considerado que la violación a las garantías judiciales puede generar el efecto de viciar el proceso, así como las consecuencias derivadas del mismo, incluyendo la detención de una persona” (párr. 54). “[S]i bien la privación de libertad [del imputado] se basó en una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial, ésta devino arbitraria […]. [L]as personas sólo pueden ser objeto de una restricción a su libertad mediante sentencia basada en un proceso penal durante el cual hayan tenido la oportunidad de defenderse, situación que no se presentó en el presente caso” (párr. 55).

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Tribunal

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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