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Jurisprudencia: Comunidad Indígena de Campo Agua'e v. Paraguay

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Titulo

Comunidad Indígena de Campo Agua'e v. Paraguay

Hechos relevantes del caso

La Comunidad Indígena de Campo Agua’ẽ habita en su territorio ancestral y subsiste a partir de los recursos naturales que les provee el bosque. El territorio de la comunidad se encontraba rodeado por empresas dedicadas al cultivo extensivo de soja. Estas empresas realizaban fumigaciones masivas con agrotóxicos que provocaban graves daños en la diversidad biológica y en los recursos naturales del territorio indígena. Además, las fumigaciones ocasionaban diversos problemas de salud a los integrantes de la comunidad. Por ese motivo, la comunidad inició una denuncia penal por los daños a la vida, integridad y salud derivados de las actividades de fumigación. Asimismo, presentó una denuncia administrativa por el uso de agrotóxicos no registrados o prohibidos en incumplimiento de las normas ambientales locales. Sin embargo, ninguna de las denuncias prosperó y las fumigaciones continuaron. Ante esta situación, el representante de la comunidad presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

12/10/2021

Voces CSJN

PUEBLOS INDÍGENAS; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; MEDIO AMBIENTE; DAÑO AMBIENTAL; CONTAMINACIÓN; PLAGUICIDAS; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO DE PROPIEDAD; EMPRESA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PROPIEDAD COMUNITARIA; DESC; DERECHO A LA IDENTIDAD; SUPRESIÓN DE IDENTIDAD; CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO INFORMADO; DERECHO A LA VIDA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;

Decisión y argumentos

El Comité de Derechos Humanos consideró que Paraguay era responsable por la violación de los artículos 17 (protección contra injerencias arbitrarias o ilegales) y 27 (derechos de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, leídos solos y en conjunto con el artículo 2 párrafo 3 (recurso judicial efectivo) del mismo instrumento. Asimismo, en voto concurrente, las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan consideraron que Paraguay era responsable por la violación del artículo 6 (derecho a la vida) del Pacto. 1. Pueblos indígenas. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Medio ambiente. Daño ambiental. Contaminación. Plaguicidas. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho de propiedad. Empresa. Responsabilidad del Estado. “[L]os integrantes de la comunidad indígena, incluidos los autores, dependen, para su subsistencia, de sus cultivos, animales de cría, árboles frutales, caza, recolección, pesca, y recursos hídricos, elementos de su territorio en el cual habitan y desarrollan su vida privada […]. El Comité considera que los elementos anteriormente mencionados son constitutivos del modo de vida de los autores y demás integrantes de la comunidad, los cuales mantienen una especial relación con su territorio, y que son elementos que pueden entrar dentro del ámbito de protección del artículo 17 del Pacto […]. [N]o debe entenderse el artículo 17 como limitándose a la abstención de injerencias arbitrarias, sino que implica la obligación de adoptar medidas positivas necesarias para el respeto efectivo de este derecho frente a injerencias que provengan tanto de autoridades estatales como de personas físicas o jurídicas” (párr. 8.3). “[E]l Estado parte no ejerció controles adecuados sobre actividades ilegales contaminantes, ampliamente documentadas [y] observadas por el propio Estado […]. Al no ejercer los controles adecuados, el Estado parte no impidió las contaminaciones. Dicha omisión en su deber de proteger permitió que prosiguieran por muchos años las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, incluido con el uso de agrotóxicos prohibidos, que no solamente causaron problemas de salud a los integrantes de la comunidad –incluidos niños y niñas, por darse las fumigaciones a pocos metros de la escuela en horario de clases–, sino que también contaminaron sus cursos de agua, destruyeron sus cultivos de subsistencia, provocaron la muerte de sus animales de cría, favorecieron la extinción masiva de peces y abejas, elementos constitutivos de su vida privada, familiar y domicilio […]. Cuando la contaminación tiene repercusiones directas sobre el derecho a la vida privada y familiar y el domicilio, y […] sus consecuencias tienen cierto nivel de gravedad, la degradación del ambiente afecta el bienestar del individuo y genera violaciones de la vida privada y familiar y del domicilio” (párr. 8.4). 2. Pueblos indígenas. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Medio ambiente. Daño ambiental. Propiedad comunitaria. Contaminación. Plaguicidas. DESC. Derecho a la identidad. Supresión de identidad. Consulta previa. Consentimiento informado. “[E]n el caso de los pueblos indígenas, el disfrute de la cultura puede guardar relación con modos de vida estrechamente asociados al territorio y al uso de sus recursos, y […] ‘puede incluir actividades tradicionales tales como la pesca o la caza’; así, la protección de ese derecho ‘tiene por objeto garantizar la preservación y el desarrollo continuo de la identidad cultural’. Como expresado también por el CESCR, la ‘fuerte dimensión colectiva de la vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable para su existencia, bienestar y desarrollo integral, y comprende el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido’. Por ende, ‘[h]ay que respetar y proteger los valores culturales y los derechos de los pueblos indígenas asociados a sus tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza, a fin de evitar la degradación de su peculiar estilo de vida, incluidos los medios de subsistencia, la pérdida de recursos naturales y, en última instancia, su identidad cultural’. [E]l Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha afirmado que ‘la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica’, siendo su relación con la tierra un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente ‘para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras’, es decir, un requisito previo para ‘prevenir su extinción como pueblo’ […]. [E]l artículo 27, interpretado a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consagra el derecho inalienable de los pueblos indígenas a gozar de los territorios y recursos naturales que tradicionalmente han utilizado para su subsistencia alimentaria e identidad cultural” (párr. 8.6). “[S]e requiere la adopción de medidas para asegurar la participación eficaz de los pueblos indígenas en las decisiones que les afectan. En particular, ‘es de fundamental importancia que las medidas que comprometan o interfieran con las actividades económicas de valor cultural de una comunidad indígena hayan sido sometidas al consentimiento libre, previo e informado de los miembros de la comunidad, además deben respetar el principio de proporcionalidad, de manera que no pongan en peligro la propia subsistencia de la comunidad’” (párr. 8.7). “[L]as fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte […]. Sin embargo, el Estado parte no detuvo dichas actividades por lo que siguieron contaminando los ríos en los cuales los autores pescan, se abastecen de agua, se lavan y lavan su ropa, siguieron matando a sus animales de cría, fuente de alimentación, destruyendo sus cultivos, así como los recursos del bosque de donde recolectan y cazan […]. Por ende, [estos hechos] ponen de manifiesto una violación del artículo 27 del Pacto en perjuicio de la Comunidad Indígena de Campo Agua’ẽ.” (párr. 8.8). 3. Pueblos indígenas. Minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Medio ambiente. Daño ambiental. Contaminación. Derecho a la vida. Principio de dignidad humana. DESC. “[E]l derecho a la vida no puede interpretarse de forma estrecha, y abarca el derecho ‘a una vida digna’; el Comité ha afirmado que ‘el deber de proteger la vida implica asimismo que los Estados deben adoptar medidas adecuadas para hacer frente a las condiciones generales que puedan dar lugar a amenazas directas a la vida o impedir a los individuos el disfrute de su derecho a una vida digna […]. Estas condiciones generales pueden incluir […] la degradación del ecosistema, la privación de tierras, territorio y recursos de los pueblos indígenas’” (cfr. párr. 2 del voto concurrente de las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan) “[L]os Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y salvaguarde este derecho al proteger el acceso a condiciones que garanticen una vida digna. El derecho de los pueblos indígenas a una vida ‘digna’ fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad indígena Yakye Axa v. Paraguay, donde estableció una estrecha conexión entre el derecho a la vida y los derechos económicos, sociales y culturales” (cfr. párr. 3 del voto concurrente de las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan). “[L]a salud de los miembros de la comunidad se vio afectada de manera crítica por el uso extensivo de pesticidas por parte de las industrias extractivas y por la falla del Estado en prevenir la degradación de su salud […]. [E]sta cuestión debería haberse analizado bajo el artículo 6 […]. [Este artículo] es aplicable incluso en ausencia de una muerte” (cfr párr. 5 del voto concurrente de las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan). “[L]as graves consecuencias del uso masivo de pesticidas quedan cubiertas de manera imperfecta por [la provisión del artículo 27]. [L]a tarea del Comité debería haber sido determinar si la inacción y las fallas de las autoridades estatales ‘generaron condiciones que empeoraron las dificultades de acceso a una vida digna para los miembros de la […] comunidad, y si, en ese contexto, el Estado adoptó medidas positivas acordes para cumplir con esta obligación, teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraba la comunidad a causa de su estilo de vida y sus aspiraciones individuales y colectivas diferentes” (cfr. párr. 6 del voto concurrente de las juezas Tigroudja y Sancin y el juez Bulkan).

Otra jurisprudencia relacionada

Comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat v. Argentina; Portillo Cáceres y otros v. Paraguay; Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros v. Panamá; Lars-Anders Ågren y otros v. Suecia; OC 23-17 Medio ambiente y derechos humanos; Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina; Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU) - Informe 

Tribunal

Comité de Derechos Humanos - CCPR

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