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Jurisprudencia: Acción de inconstitucionalidad 148-2017

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Titulo

Acción de inconstitucionalidad 148-2017

Hechos relevantes del caso

En 2017 el Estado de Coahuila de Zaragoza, México, incorporó a su ordenamiento un tipo penal que impedía la interrupción voluntaria del embarazo. El artículo 196 del Código Penal de Coahuila imponía pena de prisión “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”. A su vez, el artículo 198 preveía penas de suspensión para personal de salud que interviniera en el aborto, fuera o no consentido. Por su parte, el artículo 199 regulaba los supuestos de aborto no punible, dentro de los que no se encontraba el aborto voluntario. Contra dichas disposiciones, la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de México. En su presentación, afirmó que la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo violentaba la autonomía y libertad reproductiva de las mujeres. En ese sentido, solicitó que se declare la invalidez de la norma.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

07/09/2021

Voces CSJN

ABORTO; GÉNERO; AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD; AUTODETERMINACION; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PERSPECTIVA DE GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; LIBERTAD INDIVIDUAL; MATERNIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTIMIDAD; DEMOCRACIA; LIBERTAD DE CULTOS; LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA SALUD; DERECHOS SEXUALES; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; DERECHO PENAL; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LESIVIDAD; VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; VULNERABILIDAD;

Decisión y argumentos

La Suprema Corte de Justicia de México declaró la invalidez del artículo 196 y de las porciones normativas pertinentes de los artículos 198 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. Aborto. Género. Autonomía personal. Autodeterminación. Igualdad. No discriminación. Perspectiva de género. Estereotipos de género. “[L]a presente Acción impone –como tema central– revisar si es constitucional sancionar con pena de prisión a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo (y, en su caso, a la persona que con consentimiento de ella ejecute ese acto)” (párr. 43). “[E]ste Tribunal Pleno guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con perspectiva de género como método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar a partir de las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. El acercamiento a la problemática definida parte de cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria” (párr. 46). “[E]l derecho de la mujer a decidir (y cuya titularidad se extiende, por supuesto, a las personas con capacidad de gestar) es resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la noción esencial de que es intrínseco a la persona humana la disposición de su libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. El sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva” (párr. 52). 2. Aborto. Género. Principio de dignidad humana. Autodeterminación. Libertad individual. “[E]n el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como el presupuesto esencial del resto de los derechos fundamentales en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad” (párr. 59). “Este derecho fundamental constituye además una norma jurídica viva que no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta –en su núcleo más esencial– como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada” (párr. 60). “Eso que llamamos dignidad de la persona humana se apoya en dos pilares, la conciencia y la libertad, como punto de partida hacia la máxima realización del libre desarrollo de la personalidad singular. En el caso específico de las mujeres, este derecho adquiere los matices connaturales a sus rasgos y a las características que las definen, de manera que su dignidad funge como precondición para que puedan decidir sobre sí mismas y su proyección hacia los demás” (párr. 61). “La dignidad humana reconoce la especificidad de la condición femenina y —puesta en perspectiva con los elementos que enseguida serán reseñados—, se funda en la idea central de que la mujer puede disponer libremente de su cuerpo y puede construir su identidad y destino autónomamente, libre de imposiciones o transgresiones, esta concepción no puede ser de otra manera, pues parte de reconocer los elementos que definen a las personas con capacidad de gestar y el despliegue de las libertades mínimas para el desarrollo de su vida en plenitud” (párr. 62). 3. Aborto. Género. Autonomía personal. Autodeterminación. Maternidad. Estereotipos de género. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la intimidad. “Dentro de la narrativa de la dignidad humana que, como se describió, es fuente y origen del resto de las prerrogativas de carácter específico, tienen un rol protagónico la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la protección del ámbito de la vida privada de las personas, pues consisten en la capacidad de elegir y materializar libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros o del propio poder estatal” (párr. 63). “La autonomía y el libre desarrollo de la personalidad brindan cobertura a la ‘libertad de acción’ que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad, así como también brinda protección a una ‘esfera de privacidad’ en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. En el tópico que aquí concierne, la manifestación directa es que la decisión de la mujer de ser madre o no está tutelada por los alcances de este derecho, a partir de que ella es la única que por su intrínseca dignidad puede decidir el curso que habrá de tomar su vida, de manera tal que debe reconocerse la existencia de un margen mínimo de decisión íntima de interrumpir o continuar su embarazo” (párr. 66). “[E]n el ejercicio del control constitucional judicial de leyes y actos del Estado, es preciso ser particularmente escrupuloso en la identificación de los casos que representan una intromisión del poder del Estado en la vida privada de las mujeres y de las personas gestantes, pues la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad protege esta vertiente específica de conducir la vida a partir de las decisiones individuales, sin que éstas puedan ser limitadas mediante el uso del aparato estatal y menos aún del poder punitivo” (párr. 70). “De esta forma, el derecho a decidir funge como instrumento para ejercer el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y el derecho a la vida privada, de manera que le permite a la mujer, en relación con la posibilidad de ser madre, elegir quien quiere ser, pues no puede perderse de vista que, desde esta apreciación, se reconoce que en la maternidad subyace la noción de voluntad, de deseo de que la vida personal atraviese por tal faceta. En el seno de esta controversia debe partirse del reconocimiento de la individualidad de las mujeres y su identidad, de modo que esta es la razón por la que la libertad se juzga tan personal, tan íntima, tan fundamental, lo que constituye la raíz de la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección” (párr. 72). “No tiene cabida, para anular el derecho a decidir, una postura de corte paternalista que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser ‘protegidas’ de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva, pues ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, plenamente consciente de las decisiones que –conforme a su proyecto de vida– son las que considera más convenientes” (párr. 73). 4. Aborto. Autodeterminación. Democracia. Libertad de cultos. Libertad de expresión. “Si bien en una democracia del tipo deliberativo se debe aceptar la expresión de ideas de todo tipo de contenido, lo que comprende la expresión de ideas religiosas o espirituales, ello no significa que el Estado pueda hacer propias o cristalizar en su sistema jurídico reglas nutridas por ese contenido y que se corresponden con el ámbito individual y privado de las personas” (párr. 78). “La laicidad debe ser concebida como una cualidad democrática, ya que significa que el Estado respeta y valora positivamente que las personas tengan creencias religiosas, éticas, ideológicas y de conciencia, pero se asegura que el Estado y las confesiones religiosas se encuentren separados. Esta óptica permite advertir que la constitucionalización del derecho a decidir reconoce la existencia de una multiplicidad de perfiles éticos, de conciencia y de religión, y se define como un presupuesto para la coexistencia armónica de cualquier convicción, en el sentido de que su diseño evita la imposición de cualquier visión por encima de otra, entendiendo al ser humano como racional y responsable de sus propias decisiones en pleno respeto de la propia autodeterminación” (párr. 79). “Estás puntualizaciones son elementos clave para asegurar una convivencia plural como parte del núcleo de una sociedad democrática, de manera que es indispensable convenir en el respeto mutuo e irrestricto de las creencias y principios individuales y de la construcción personalísima de cada plan de vida y, se reitera: sin la imposición de un criterio por encima de otro, destacadamente, en aquellos tópicos sumamente complejos y que sólo pueden ser resueltos en un ámbito de privacidad y conforme a las más íntimas convicciones personales. Simultáneamente, esta posición constituye un rechazo tajante a la posibilidad de imponer –a través del uso del poder estatal– criterios que únicamente se corresponden con la conciencia individual” (párr. 82). 5. Aborto. Autodeterminación. Igualdad. No discriminación. Maternidad. Estereotipos de género. Derechos reproductivos. “[E]l reconocimiento del derecho a elegir tiene la pretensión de eliminar la posibilidad de que exista una discriminación basada en género en materia de maternidad y derechos reproductivos. Se trata de reconocer que la mujer puede desplegar estos derechos desde sus propias características, en un plano de igualdad de género que privilegie la capacidad femenina de tomar decisiones responsables sobre su plan de vida e integridad corporal” (párr. 86). “El derecho a decidir se construye sobre la igualdad de género que supone la eliminación de los estereotipos que pueden asignarse a la mujer en relación con su disfrute del derecho a la sexualidad. Además, en la libertad de decisión en materia reproductiva, se trata de disociar el constructo social tradicional que empató los conceptos femenino y maternidad, para subrayar que esto último ‘no es destino, sino una acción que, para ejercerse a plenitud, requiere ser producto de una decisión voluntaria’” (párr. 88). “El mandato de igualdad jurídica del hombre y la mujer ante la ley, conforme a lo dicho, se traduce en que, frente a supuestos que garanticen que la mujer quedará sujeta a un ámbito de vida no elegido –y que impliquen que no podrá desempeñarse de la misma forma que los hombres– y otro en la que ella podrá contar con mayores oportunidades, se debe preferir este último” (párr. 104). 6. Aborto. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Derechos sexuales. Violencia obstétrica. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la intimidad. Maternidad. “[N]o es suficiente con tener libertad para adoptar, autónomamente, las decisiones acerca de la propia salud y la libertad reproductiva, pues es fundamental contar con la correlativa asistencia para poder ejecutarlas adecuadamente, es decir, una decisión sobre la propia salud, como terminar un embarazo, no puede ser interferida arbitrariamente y, además, debe existir toda la infraestructura para poder llevarla a cabo: servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad” (párr. 121). “La constitucionalización del derecho a decidir, permite sostener que no tiene cabida […] un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación, lo que además conllevaría una lesión de origen a su integridad psicoemocional al limitar las posibilidades en relación con su plan y proyecto de vida, e impediría alcanzar el bienestar integral en su carácter de meta permanente del derecho a la salud” (párr. 128). “[L]os pilares que sostienen el derecho a decidir la vida reproductiva irradian elementos que, unidos, configuran la noción de justicia reproductiva que comprende el derecho a la autodeterminación de la mujer, vinculado al principio más amplio de autonomía corporal que es el derecho a la integridad física y psicológica. La decisión de ser madre o no, una vez que ha ocurrido el momento de la concepción y conforme a la intrínseca dignidad de la mujer, se debe presumir racional y deliberada, que considera a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad en términos de realización y responsabilidad individual” (párr. 129). “La libertad reproductiva, en su vertiente específica del derecho a decidir, implica que no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer, y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas (físicas y psicológicas), económicas, familiares, sociales, entre otras” (párr. 130). “Los servicios de salud deben garantizar, desde la primera aproximación y contacto con la mujer interesada, que no exista una invasión a su esfera de intimidad que implique atentados contra su dignidad; en ese entendimiento, deben abstenerse por completo de utilizar técnicas que, de forma violenta o no, tiendan a cuestionar o imposibilitar el acceso a la interrupción del embarazo” (párr. 160). 7. Aborto. Derecho penal. Género. Derecho penal. Tipicidad. Principio de lesividad. Violencia de género. Protección integral de la mujer. Vulnerabilidad. “Estimar contrario a la moral la acción de interrumpir el embarazo y, en esa medida, traducir esa valoración en el establecimiento de medidas de orden penal, no puede ser considerado un fin legítimo que sustente la racionalidad de la norma, pues el debate sobre su moralidad o inmoralidad debe reservarse al ámbito íntimo de cada persona, pero de ninguna manera debe dar contenido a la política criminal. El derecho penal, en su carácter de último recurso estatal para proteger bienes jurídicos, no debe involucrar –ni en su construcción ni en su uso– corrientes o posturas ideológicas de orden moral en relación con la interrupción del embarazo” (párr. 223). “[L]la vía punitiva diseñada por la legislatura estatal no concilia el derecho de la mujer a decidir con la finalidad constitucional, sino que lo anula de manera total a través de un mecanismo –el más agresivo disponible– que no logra los fines pretendidos (inhibir la práctica de abortos) y, correlativamente, produce efectos nocivos como: puesta en riesgo de la vida e integridad de la mujer, criminalización de la pobreza, y descarta otras opciones de tutela de carácter menos lesivo que parten del trabajo conjunto con la mujer embarazada y que reconocen el ámbito privado en que desenvuelve el vínculo único que existe entre ella y el producto de la concepción” (párr. 228). “En atención a que el derecho a decidir, como se vio, está construido sobre pilares con implicaciones individuales propias, la tipificación que anula por completo esa prerrogativa de la mujer se traduce –en automático– en la vulneración inmediata de todos los elementos involucrados: se trastoca la dignidad de la mujer frente al desconocimiento de sus propias características que la individualizan y la definen; se afecta trascendentalmente su autonomía y libre desarrollo de la personalidad al impedirse la posibilidad de elegir el propio plan y proyecto de vida conforme a sus íntimas convicciones; se crea un mecanismo de violencia de género que refuerza roles –la maternidad como destino obligatorio– que repercuten en la imposibilidad de alcanzar la igualdad jurídica y se lesiona su salud mental y emocional ante la imposibilidad de plantearse alternativas de decisión, de conducción de la vida propia, lo que a su vez genera el impedimento de alcanzar el más pleno bienestar” (párr. 236). “[E]l empleo del derecho penal no puede comprender la afectación de otros derechos fundamentales sobre la pretendida finalidad de brindar cobertura total a un bien constitucionalmente relevante, tal y como fue desarrollado en esta sentencia en relación con la inexistencia de derechos y bienes de carácter absoluto” (párr. 250). “La legitimidad del derecho penal en este caso es inexistente cuando ha excedido sus propias finalidades, no sólo no brinda la pretendida tutela al bien jurídico que busca proteger, sino que, además, se asocia a la producción de una multiplicidad de resultados perjudiciales para todos los componentes involucrados. La disposición en comento constituye un uso ilegítimo del poder coercitivo del Estado, pues se sostiene en la afectación a grupos que históricamente han visto mermados sus derechos, las mujeres, y agudiza otros escenarios de desigualdad social, como en el caso ocurre con los grupos sociales menos favorecidos en educación y económicamente, y que adolecen de precariedad en el acceso a servicios de salud, tratamientos psicológicos, y en general carecen de recursos y medios en todos los rubros previamente enunciados” (párr. 267).

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