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Jurisprudencia: Feilazoo v. Malta

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Titulo

Feilazoo v. Malta

Hechos relevantes del caso

Un hombre nigeriano había cumplido una pena privativa de la libertad en un centro penitenciario en Malta. Al recuperar la libertad, las autoridades lo declararon inmigrante ilegal en base a su condena y ordenaron la inmediata expulsión a Nigeria. Sin embargo, el hombre no contaba con documentos de viaje válidos. Por ese motivo, las autoridades maltesas solicitaron su emisión a las autoridades nigerianas y trasladaron al hombre a un centro de detención para inmigrantes hasta que se ejecutara la orden de expulsión. El centro de detención se encontraba sobrepoblado y presentaba condiciones de higiene y salubridad muy deficientes. Un día, el hombre se quejó de las condiciones de detención ante la policía y el defensor del pueblo. A raíz de sus quejas, el hombre fue aislado en un container metálico durante setenta y cinco días sin luz natural ni aire fresco. Además, durante los primeros cuarenta días no se le permitió realizar salidas al exterior del container. Ante esta situación, el hombre solicitó la asignación de un defensor público para iniciar un reclamo ante la justicia por las condiciones de detención deficientes. Sin embargo, nunca se le asignó un abogado. Luego, inició una demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin representación letrada. El Tribunal notificó al gobierno de Malta de las denuncias presentadas y el Estado procedió a designarle una defensora pública para actuar ante el Tribunal. De todas maneras, la abogada nunca se comunicó con su asistido ni presentó documentación en su defensa. El hombre fue notificado de manera tardía de su designación y presentó sus escritos por su cuenta. Luego de algunos meses, la defensora solicitó a los tribunales locales la revocación de su designación. Esta solicitud nunca fue otorgada y tampoco se le asignó al hombre una nueva representación letrada.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

11/03/2021

Voces CSJN

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; PRUEBA; CARGA DE LA PRUEBA; CONFINAMIENTO; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DEBIDA DILIGENCIA; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ARBITRARIEDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO DE REPRESENTACIÓN; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Malta era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes), 5.1 (detención legal) y 34 (demandas individuales) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Hacinamiento. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. Prueba. Carga de la prueba. “[L]os malos tratos deben alcanzar un umbral mínimo de gravedad para recaer dentro de la esfera de protección del artículo 3 del Convenio. La valoración de este umbral mínimo es relativa; depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración del maltrato, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima. Además, para determinar si un trato es ‘degradante’ en los términos del artículo 3, se debe analizar si tiene por objeto humillar y menospreciar a la persona involucrada y si este trato ha afectado de manera adversa su personalidad en una forma incompatible con el artículo 3. Sin embargo, la ausencia de este propósito degradante no permite descartar por sí sola una violación al artículo 3 de manera conclusiva” (cfr. párr. 80). “[E]l Estado debe garantizar que la persona es detenida en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana, y que la forma y método de ejecución de la medida de detención no someten al individuo a sufrimientos de una intensidad que excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención […]. Al evaluar las condiciones de detención, se deberá tener en cuenta el efecto acumulado del conjunto de estas condiciones, así como las denuncias particulares realizadas por el solicitante […]. También deberá considerarse la duración del periodo de detención en dichas condiciones” (cfr. párr. 81). “La extrema falta de espacio personal en los lugares de detención es un aspecto de gran peso a considerar para determinar si las condiciones de detención denunciadas eran ‘degradantes’” (cfr. párr. 82). “[A]demás de la necesidad de contar con suficiente espacio personal, existen otros aspectos de las condiciones físicas de detención que son relevantes para evaluar el cumplimiento del artículo 3 […]. Tales factores incluyen la posibilidad de realizar ejercicio al aire libre, el acceso a luz natural o aire, la ventilación del espacio, y el cumplimiento de requisitos sanitarios e higiénicos básicos” (cfr. párr. 83). “[L]os casos donde se denuncian condiciones de detención inadecuadas no se prestan a una aplicación estricta del principio affirmanti incumbit probatio (quien alega algo debe probarlo), porque en estos casos solo el Estado demandado tiene acceso a información capaz de corroborar o refutar dichas afirmaciones […]. Una vez que la Corte notifica la denuncia del solicitante al Estado, la carga de recolectar y producir la prueba pertinente recae sobre este último. Una falla de su parte en presentar prueba convincente sobre las condiciones materiales de detención puede dar lugar a una presunción favorable sobre las afirmaciones del solicitante” (cfr. párr. 85). 2. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. Confinamiento. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de proporcionalidad. “[S]i bien el confinamiento en un contenedor por sí solo puede no equivaler a un trato inhumano y degradante, la limitada iluminación y ventilación denunciadas por el solicitante son motivo de preocupación. Estas condiciones de confinamiento se habrían agravado por el limitado o inexistente tiempo de ejercicio otorgado […]. No tener acceso al exterior ni tiempo de ejercicio son factores de valor considerable cuando se combinan con las demás condiciones de detención” (cfr. párr. 90). “[D]urante aquellos setenta y cinco días que estuvo confinado en un contenedor […], pero en especial durante los primeros cuarenta y cinco días de ese período en que ni siquiera podía salir para hacer ejercicio, el solicitante fue sometido a un aislamiento de facto, aunque no fuera de jure. De todas maneras, los principios generales aplicables son los mismos […], en especial, se deben tener en cuenta las condiciones particulares del aislamiento, la severidad de la medida, su duración, el propósito perseguido y sus efectos en la persona involucrada. Asimismo, la duración del periodo de aislamiento requiere un examen cuidadoso de su justificación, la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada en relación con otras medidas alternativas, las garantías ofrecidas al solicitante contra la arbitrariedad y las medidas adoptadas por las autoridades para asegurarse que las condiciones físicas y psicológicas del solicitante le permitían permanecer en aislamiento” (cfr. párr. 91). 3. Personas privadas de la libertad. Expulsión de extranjeros. Debida diligencia. Razonabilidad. Principio de legalidad. Arbitrariedad. “El artículo 5 consagra un derecho humano fundamental, que es la protección de la libertad personal contra la injerencia arbitraria del Estado […]. El texto del artículo deja en claro que la protección que confiere es aplicable a todas las personas [y] que ninguna privación de la libertad será licita si no encuadra en uno de los supuestos [previstos por la norma]. Uno de tales supuestos […] permite al Estado controlar la libertad de las personas extranjeras en contextos migratorios” (cfr. párr. 101). “Sin embargo, cualquier privación de la libertad que encuadre bajo este supuesto estará justificada sólo mientras exista un procedimiento de expulsión o extradición en proceso. Si tales procedimientos no se llevan a cabo con la debida diligencia, la detención dejará de estar justificada” (cfr. párr. 102). “La privación de la libertad también debe ser ‘lícita’. Cuando se discute la ‘legalidad’ de la detención, incluso cuando se discute si se ha seguido un ‘procedimiento previsto por la ley’, la Convención remite en especial a la legislación nacional y establece la obligación de conformarse a las reglas sustantivas y procedimentales de tales normas, pero requiere además que cualquier privación de la libertad se ajuste al propósito del artículo 5, que es proteger a los individuos contra la arbitrariedad” (cfr. párr. 103). “Es un principio fundamental que ninguna detención arbitraria pueda ser compatible con el artículo 5.1, y la noción de arbitrariedad […] excede la falta de conformidad con la legislación nacional, de forma que una privación de la libertad puede ser legal de acuerdo a la normativa interna pero aun así arbitraria y por tanto contraria a la Convención […]. Para evitar ser considerada arbitraria, la detención […] debe llevarse a cabo de buena fe; tener un vínculo estrecho con los fundamentos de la detención invocados por el Estado; el lugar y las condiciones de detención deben ser apropiadas; y la duración de la detención no debe exceder lo razonablemente necesario para los fines que persigue” (cfr. párr. 104). “[L]a única medida que adoptaron las autoridades durante [el período de detención en espera a la deportación] fue escribirles a las autoridades nigerianas para solicitar la emisión de documentos de viaje […]. [E]n estas circunstancias, no puede considerarse que las autoridades hayan actuado de forma activa y diligente en miras a lograr la deportación del solicitante […]. Por lo tanto, las autoridades locales deberían haber tenido en claro […] que la deportación no era factible. Además […], el Estado admitió que la deportación ya se había tornado improbable” (cfr. párrs. 108 y 109). “Lo anterior permite al Tribunal concluir que los fundamentos de la detención del solicitante –medida adoptada en miras a su deportación– no se mantuvieron válidos durante la totalidad del periodo de privación de la libertad” (cfr. párr. 110). 4. Acceso a la justicia. Debido proceso. Derecho de defensa. Derecho de representación. Defensa técnica ineficaz. Responsabilidad del Estado. “Debe existir un marco institucional adecuado para garantizar la representación legal efectiva de los usuarios de la defensa pública y la suficiente protección de sus intereses […]. Asignar un defensor para representar a una de las partes del proceso no asegura por sí mismo la eficacia de la defensa técnica […]. También es esencial que el sistema de defensa pública ofrezca a los individuos garantías sustantivas para protegerlos contra la arbitrariedad” (cfr. párr. 125). “[E]l desarrollo del caso es, en esencia, una cuestión entre la persona defendida y su abogado, sea este un defensor público o un abogado privado, y por lo tanto no puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado salvo circunstancias excepcionales […]. [Sin embargo], los errores de los abogados pueden resultar una defensa técnica ineficaz, y por lo tanto dar lugar a la responsabilidad del Estado, cuando fueran críticos para el acceso a la justicia del defendido e insalvables en la medida que no fueran subsanados por actos de las autoridades o de los mismos tribunales” (cfr. párr. 126). “En efecto, en el presente caso una abogada fue asignada luego de haberse notificado al Estado demandado de las denuncias en su contra […]. De todas maneras, aquello no fue suficiente para salvaguardar el derecho del solicitante a efectuar una presentación individual ‘de manera efectiva’ […]. Alcanza con remarcar que la defensora del solicitante no mantuvo el contacto regular y confidencial requerido entre abogada y cliente. Más llamativo aún, abandonó su mandato sin informar a su representado (ni al Tribunal) y sin haber obtenido la revocatoria de su designación […]. Como resultado, en incumplimiento de su mandato, no efectuó presentaciones en nombre de su representado cuando le fueron solicitadas, lo que podría haber perjudicado de manera irreparable la situación del solicitante” (cfr. párr. 127).

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Acceso efectivo a la justicia de las personas migrantes - Informe; Deliberación revisada Nº 5 - Privación de libertad de las personas migrantes 

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Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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