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> Jurisprudencia > Ramazan Demir v. Turquía  

Jurisprudencia: Ramazan Demir v. Turquía

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Titulo

Ramazan Demir v. Turquía

Hechos relevantes del caso

Un hombre se encontraba detenido en un centro penitenciario de Silivri, Turquía. El hombre era abogado e intervenía en varias causas de sus clientes. Por ese motivo, solicitó a la administración penitenciaria autorización para acceder a sitios de contenido jurídico en internet. La administración denegó la autorización solicitada. Entre sus fundamentos, consideró que la normativa sólo autorizaba a los detenidos el acceso a internet en el marco de programas de formación o resocialización. Contra esta decisión, el hombre presentó un recurso ante el juez de ejecución. En su presentación, afirmó que acceder a los sitios de internet era fundamental para su profesión y para preparar su propia defensa. El juez de ejecución adhirió a los fundamentos de la administración penitenciaria y rechazó el recurso. El hombre impugnó la resolución ante el Tribunal de Apelaciones de Silivri, Turquía. Sin embargo, el tribunal confirmó la decisión. Luego, el hombre presentó una petición individual ante el Tribunal Constitucional de Turquía. En su escrito, sostuvo que la decisión de la justicia había vulnerado su derecho a la libertad de expresión y a recibir información. El Tribunal rechazó la petición. Para decidir así, consideró que las restricciones al acceso a internet estaban fundadas en el objetivo legítimo de mantener el orden y la seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

09/02/2021

Voces CSJN

LIBERTAD DE EXPRESIÓN; DERECHO A LA INFORMACIÓN; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; INTERNET; CONDICIONES DE DETENCIÓN; CÁRCELES; SENTENCIA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RAZONABILIDAD;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Turquía era responsable por la violación del artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Libertad de expresión. Derecho a la información. Personas privadas de la libertad. Internet. Condiciones de detención. Cárceles. “El Tribunal ha reconocido de manera consistente el derecho de las personas a recibir información de interés general […]. [E]l derecho a recibir información en esencia prohíbe que el Estado impida que una persona reciba información que otros deseen o estén dispuestos a comunicar” (cfr. párr. 30). “El valor de servicio público de Internet y su importancia para el disfrute de los derechos humanos ha sido reconocido [por diversos instrumentos internacionales]. [E]stos desarrollos reflejan el rol fundamental que juega internet en la vida cotidiana de las personas. En efecto, un número creciente de servicios y de información sólo se encuentran disponibles en internet” (cfr. párr. 33). “Cualquiera fueran los motivos específicos invocados por el solicitante para requerir acceso a internet, no puede ignorarse que además su demanda encuadra sin duda dentro de los objetivos de formación y reinserción que justifican el acceso a internet de las personas detenidas de acuerdo a la normativa interna, en especial dada su profesión jurídica y la naturaleza de los sitios de internet a los que deseaba acceder” (cfr. párr. 37). “[D]ado que la normativa interna ya preveía el acceso de las personas detenidas a determinados sitios de internet con fines de formación y reinserción, la restricción al acceso del solicitante a los sitios de internet que no contenían más que información jurídica útil para su desarrollo y rehabilitación en función de su profesión y de sus intereses, constituye una injerencia en el ejercicio de su derecho a recibir información” (cfr. párr. 38). 2. Libertad de expresión. Derecho a la información. Internet. Sentencia. Deber de fundamentación. Razonabilidad. “[C]orresponde a los tribunales locales verificar si los motivos invocados por las autoridades para justificar la medida impugnada resultaban ‘pertinentes y suficientes’ en las circunstancias del caso […]. [P]ara determinar si la necesidad de la medida quedó establecida de manera convincente en el presente caso, se debe prestar especial atención a la fundamentación esgrimida por el juez local al considerar el recurso interpuesto por el solicitante” (cfr. párr. 43). “Al analizar las sentencias emitidas por las autoridades locales en el presente caso, el Tribunal constata que estas parecen fundarse esencialmente en [su normativa interna] para restringir el acceso del solicitante a los sitios web en cuestión. Sin embargo […], las autoridades no han ofrecido fundamentación suficiente sobre por qué el acceso del solicitante a dichos sitios web no podía considerarse relevante para su formación y reinserción, ni en qué caso el acceso a internet de los detenidos sí estaba autorizado por las disposiciones invocadas” (cfr. párr. 45). “Ni las autoridades judiciales ni el Estado explicaron por qué la medida impugnada, en las circunstancias particulares del caso, era necesaria en vista al objetivo legítimo de mantener el orden y la seguridad dentro del establecimiento penitenciario y de prevenir el crimen […]. Las medidas necesarias para que los detenidos puedan utilizar internet bajo el control de las autoridades penitenciarias ya habían sido adoptadas, en todo caso, en el marco de los programas de formación y reinserción. Incluso si las consideraciones de seguridad invocadas por las autoridades nacionales fueran consideradas pertinentes […], las jurisdicciones nacionales no efectuaron un análisis detallado de los riesgos de seguridad que habrían resultado del acceso del solicitante a los sitios web mencionados, incluso cuando se trataba de sitios de acceso público y que el solicitante sólo hubiera accedido a estos sitios bajo control de las autoridades y de acuerdo a las condiciones que estas determinaran” (cfr. párr. 46). “[E]l Estado no ha demostrado que los motivos invocados por las autoridades judiciales para justificar la medida impugnada eran pertinentes ni suficientes, ni que dicha medida fuera necesaria en una sociedad democrática” (cfr. párr. 47).

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