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> Jurisprudencia > Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1-2018  

Jurisprudencia: Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1-2018

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Titulo

Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1-2018

Hechos relevantes del caso

Un grupo de personas solicitó una autorización individual para el consumo recreativo de cannabis y del psicotrópico THC ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) –órgano de la Secretaría de Salud de México–. La COFEPRIS negó, en todos los casos, la autorización solicitada. Para decidir de ese modo, invocó la Ley General de Salud. Esta norma establecía en sus artículos 235 y 247 que todo acto relacionado con estupefacientes, substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga “sólo podr[á] realizarse con fines médicos y científicos y requerir[á] autorización de la Secretaría de Salud”. Frente a esta situación, las personas promovieron diversas acciones de amparo. Los juzgados intervinientes rechazaron las acciones interpuestas. Ante esta situación las personas promovieron, respectivamente, recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de México. La Primera Sala de la Suprema Corte hizo lugar a los recursos y revocó las sentencias impugnadas. Entre sus argumentos, consideró que la prohibición absoluta del autoconsumo de cannabis y THC con fines recreativos representaba una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, entendió que existían medios alternativos para proteger la salud y el orden público que eran menos lesivos a este derecho fundamental. Por este motivo, la Presidenta de la Primera Sala solicitó ante el pleno de la Suprema Corte una declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

28/06/2021

Voces CSJN

ESTUPEFACIENTES; CONSUMO PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES; CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES; TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES; SALUD PÚBLICA; LEGISLACIÓN SANITARIA; AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; ALCANCE; AUTONOMÍA PERSONAL; PRINCIPIO DE RESERVA; DIVISIÓN DE LOS PODERES; CONGRESO NACIONAL; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL;

Decisión y argumentos

La Suprema Corte de Justicia de México, por mayoría, hizo lugar al recuso y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud en su porción normativa “sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos” (jueces Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Zaldívar Lelo de Larrea). Asimismo, ordenó a la COFEPRIS autorizar y regular en lo sucesivo la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis y THC con fines recreativos. 1. Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. Cultivo de estupefacientes. Transporte de estupefacientes. Salud pública. Legislación sanitaria. Autorización administrativa. Derecho a la vida privada y familiar. Alcance. Autonomía personal. Principio de reserva. “[El artículo 235 de la Ley General de Salud] prevé que el uso de [cannabis] sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo” (párr. 73). “[La Ley General de Salud], si bien permit[e] el uso del THC y sus variantes estereoquímicas para fines médicos, no elimina el problema de constitucionalidad, pues persiste la prohibición del uso de esa substancia con fines recreativos en el último párrafo del artículo 247” (párrs. 74 y 75). “[C]on la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (párr. 90). “[E]n lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis […] y del psicotrópico ‘THC’ […], en conjunto conocido como ‘marihuana’” (párr. 91). “[A]l emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros” (párr. 93). 2. Estupefacientes. Consumo personal de estupefacientes. División de los poderes. Congreso Nacional. Salud pública. Legislación sanitaria. Supremacía Constitucional. “[E]sta Suprema Corte de Justicia de la Nación exhorta al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros, sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dar mayores lineamientos respecto de las políticas que el legislador, en uso de su libertad política, decida tomar al respecto” (párr. 95). “[Q]ue el Poder Judicial haya determinado de forma reiterada que una norma es inconstitucional es un hecho que la autoridad emisora, generalmente el Poder Legislativo, debe tomar en serio. Ciertamente, tiene una obligación de analizar con cuidado la norma y las consideraciones de la jurisprudencia”. “[E]ste diálogo entre Poderes [no puede resultar] un obstáculo para la supremacía constitucional, al contrario. [E]l diálogo contribuye al modelo deliberativo de democracia que establece nuestra Constitución, así como al modelo de separación de poderes que, es cierto, exige pesos y contrapesos, pero también colaboración para cumplir con las finalidades y derechos constitucionales” (voto aclaratorio del juez González Alcántara Carrancá).

Otra jurisprudencia relacionada

Aguilera (Causa N°29799); GSF (Causa Nº5400); Hintermeister (causa N° 5571); BCM (causa Nº 10853) 

Tribunal

Suprema Corte de Justicia de México

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