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Jurisprudencia: El Ayoubi y El Azouan Azouz v. España

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Titulo

El Ayoubi y El Azouan Azouz v. España

Hechos relevantes del caso

Una familia no contaba con medios económicos suficientes para alquilar un inmueble en Madrid. El padre tenía un empleo temporal y poco estable; la madre se dedicaba por completo al cuidado de su hijo, que tenía un importante retraso madurativo. A pesar de su situación, no cumplían con los requisitos para solicitar una vivienda social y decidieron ocupar un apartamento abandonado. Por este motivo, la entidad financiera propietaria de la vivienda inició una demanda de desahucio. La familia invocó un estado de necesidad producto de su situación económica y del estado de salud de su hijo. El Juzgado consideró que la familia ocupaba de manera ilegal el inmueble y ordenó el desalojo. Contra esta decisión, la familia presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial Civil. Sin embargo, el tribunal adhirió a los argumentos de la instancia anterior y confirmó la resolución. Luego de algunos meses, ante el incumplimiento de la orden de desalojo, la entidad financiera requirió la ejecución de la sentencia. De esa manera, el Juzgado fijó una fecha para desalojar el inmueble. Frente a esta medida, la familia solicitó en dos oportunidades la suspensión del desalojo. En consecuencia, la medida se reprogramó y al momento de formularse la petición ante el Comité, aún no se había ejecutado.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

19/02/2021

Voces CSJN

VIVIENDA; DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA; DESALOJO; DESC; POLÍTICA PÚBLICA; REALIDAD ECONÓMICA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DERECHO DE PROPIEDAD;

Decisión y argumentos

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que España era responsable por la violación del artículo 11, párrafo 1 (derecho a una vivienda adecuada) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1. Vivienda. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo. DESC. Política pública. Realidad económica. Responsabilidad del Estado. “El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles” (párr. 11.1). “La obligación de proveer una vivienda alternativa a los desalojados que la requieran implica que […] los Estados partes tomen todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para satisfacer este derecho. Los Estados partes pueden optar por políticas muy diversas para lograr ese propósito. Sin embargo, cualquier medida adoptada debe ser deliberada, concreta y orientada lo más claramente posible hacia el cumplimiento de este derecho, de la forma más expedita y eficaz posible. Las políticas de vivienda alternativa en el caso de desalojos deben ser proporcionales a la necesidad de las personas afectadas y la urgencia de la situación y deben respetar la dignidad de la persona. Además, los Estados partes deben tomar medidas, de forma coherente y coordinada, para resolver fallas institucionales y causas estructurales de la falta de vivienda” (párr. 12.2). 2. Vivienda. Desalojo. Vulnerabilidad. Derecho a la propiedad. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad. “Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto y solo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad entre el objetivo legítimo de desalojo y las consecuencias de este sobre las personas desalojadas” (párr. 11.2). “Cuanto más serio es el impacto en los derechos protegidos por el Pacto, mayor escrutinio ha de prestársele a la justificación otorgada para tal limitación. La disponibilidad de vivienda alternativa adecuada, las circunstancias personales de los ocupantes y sus dependientes, y su cooperación con las autoridades en la búsqueda de soluciones adaptadas a ellos son también factores cruciales en tal examen” (párr. 11.3). “[L]os desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda” (párr. 12.1). 3. Vivienda. Derecho al acceso a una vivienda digna. Desalojo. Derecho de propiedad. Principio de proporcionalidad. No discriminación. “El Comité considera que los Estados partes, con el fin de racionalizar los recursos de sus servicios sociales, pueden establecer requerimientos o condiciones que los peticionarios tengan que cumplir para recibir prestaciones sociales, como una vivienda alternativa. Igualmente, los Estados pueden tomar medidas para proteger la propiedad privada y evitar las ocupaciones ilegales y de mala fe de inmuebles. Sin embargo, las condiciones para acceder a los servicios sociales deben ser razonables y estar cuidadosamente diseñadas, no solo para evitar posibles estigmatizaciones, sino también porque cuando una persona requiere una vivienda alternativa, su conducta no puede ser en sí misma una justificación para que el Estado parte le deniegue vivienda social. Además, la interpretación y aplicación por los tribunales y las autoridades administrativas de normas sobre el acceso a la vivienda social o al alojamiento alternativo deben evitar perpetuar la discriminación y estigmatización sistémicas contra quienes viven en la pobreza y ocupan, por necesidad o de buena fe, predios sin tener el título legal para hacerlo” (párr. 13.1). “[E]l Juzgado no hizo un balance entre los beneficios de la medida en ese momento, en este caso la protección del derecho a la propiedad de la entidad titular del inmueble, y las consecuencias que esta medida podría tener sobre los derechos de las personas desalojadas. El análisis de la proporcionalidad de un desalojo, por tanto, no solo implica el examen de las consecuencias de la medida sobre las personas desalojadas, sino también la necesidad del autor de recuperar la posesión de la propiedad. Será inevitable distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras, como es el caso actual. Encontrar que un desalojo no es una medida razonable en un momento concreto no significa necesariamente que no se pueda emitir una orden de desalojo contra los ocupantes. No obstante, los principios de razonabilidad y proporcionalidad pueden requerir que la orden de desalojo se suspenda o posponga para evitar exponer a las personas desalojadas a situaciones de indigencia o a violaciones de otros derechos contenidos en el Pacto” (párr. 14.5).

Otra jurisprudencia relacionada

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Tribunal

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR

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