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Jurisprudencia: S.M. v. Croacia

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Titulo

S.M. v. Croacia

Hechos relevantes del caso

Una mujer fue contactada vía Facebook por un hombre que manifestó ser amigo de sus padres. En su mensaje, le ofreció ayuda para conseguir un empleo y ella aceptó encontrarse con él. Sin embargo, el hombre la engañó, la manipuló y la forzó a prestar servicios sexuales a otros hombres bajo amenazas y golpes. Al poco tiempo, alquiló un departamento para mantenerla bajo su control constante. Allí, la obligó a prostituirse y cuando se negaba a tener relaciones sexuales con otros hombres o con él, la golpeaba. Un día, la mujer logró escapar a la casa de una amiga. Luego, efectuó una denuncia ante la policía. De esa manera, inició un procedimiento penal. En el marco del proceso, la fiscalía interrogó a la amiga de la mujer. En su declaración, la amiga señaló que la mujer había recurrido de manera voluntaria a la prostitución porque necesitaba dinero. Luego, la fiscalía presentó una acusación contra el hombre por el delito de facilitar la prostitución agravado por el uso de coerción. Para fundar la imputación, se basó en los testimonios de la mujer y de su amiga. El tribunal absolvió al hombre. Para decidir así, sostuvo que no se había acreditado el elemento de coerción. En este sentido, consideró que las declaraciones de la denunciante eran incoherentes y contrarias al testimonio de su amiga. Contra esa decisión, la mujer presentó un recurso ante la Corte Provincial. Sin embargo, el tribunal adhirió a los argumentos de la instancia anterior y rechazó la impugnación. Ante esta situación, interpuso un recurso de queja ante la Corte Constitucional. En su presentación, alegó que las autoridades no habían adoptado todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos del caso. No obstante, la Corte declaró inadmisible el recurso.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

25/06/2020

Voces CSJN

TRATA DE PERSONAS; PROSTITUCIÓN; EXPLOTACIÓN SEXUAL; TRABAJO ESCLAVO; DEBIDO PROCESO; PROCESO PENAL; PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN; PRUEBA; VICTIMA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Croacia era responsable por la violación del artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado) del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su faz procesal. 1. Trata de personas. Prostitución. Explotación sexual. Trabajo esclavo. “[E]l concepto de trata de personas abarca la trata de seres humanos, sea nacional o trasnacional, esté vinculada o no al crimen organizado, en tanto los elementos constitutivos de la definición internacional de trata de personas estén presentes, según la Convención contra la Trata de Personas y el Protocolo de Palermo” (cfr. párr. 296). “[L]a noción de ‘trabajo forzoso’ bajo el artículo 4 del Convenio busca proteger contra supuestos de explotación grave tales como la prostitución forzada, con independencia de si, en las circunstancias particulares del caso, están vinculados a un contexto específico de trata de personas” (cfr. párr. 300). “[E]l elemento de ‘fuerza’ puede englobar formas sutiles de coerción identificadas en la jurisprudencia del Tribunal […] así como aquellas identificadas por la OIT y en otros instrumentos internacionales” (cfr. párr. 301). 2. Trata de personas. Debido proceso. Proceso penal. Prevención e investigación. Prueba. Víctima. Responsabilidad del Estado. “El marco general de obligaciones positivas que surgen del artículo 4 incluye: (i) el deber de poner en marcha un marco legislativo y administrativo para prohibir y sancionar la trata de personas; (ii) el deber de adoptar medidas operativas para proteger a las víctimas o potenciales víctimas de trata, en determinadas circunstancias; y (iii) una obligación de procedimiento de investigar las situaciones de potencial trata de personas” (cfr. párr. 306). “Estas obligaciones de procedimiento refieren, ante todo, al deber de las autoridades de iniciar y conducir una investigación efectiva […]. [E]sto implica iniciar y conducir una investigación capaz de llevar a la determinación de los hechos, a la identificación y –en su caso– sanción de los responsables” (cfr. párr. 313). “[C]onforme su obligación de procedimiento, las autoridades deben actuar de oficio una vez que el caso ha llegado a su conocimiento. En particular, no pueden dejar la responsabilidad de conducir la investigación a la iniciativa de la víctima” (cfr. párr. 314). “[L]as autoridades deben adoptar todas las medidas razonables que sean posibles para recolectar evidencia y esclarecer las circunstancias del caso. En particular, las conclusiones de la investigación deben basarse en un análisis exhaustivo, objetivo e imparcial de todos los elementos relevantes. El hecho de no seguir una línea evidente de investigación socava en gran medida la posibilidad de determinar las circunstancias del caso y de identificar a los responsables” (cfr. párr. 316). “Existe un riesgo al depender de manera exclusiva del testimonio de la víctima, que lleva a la necesidad de clarificar y –de ser apropiado– sustentar las declaraciones de la víctima con otros medios de prueba” (cfr. párr. 344). “[L]as múltiples deficiencias en la conducción del caso por parte de la fiscalía socavaron de manera fundamental la posibilidad de las autoridades locales –incluidos los tribunales intervinientes– de determinar la verdadera naturaleza del vínculo entre la peticionaria y el acusado, y si había sido explotada por él tal como alegó” (cfr. párr. 345).

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