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Jurisprudencia: Urbina (reg. N° 2138 y causa N° 9948)

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Titulo

Urbina (reg. N° 2138 y causa N° 9948)

Hechos relevantes del caso

Un hombre que se encontraba detenido tenía un hijo de dos años. El niño se encontraba al cuidado de su madre, quien tenía una alta carga horaria laboral, y de su abuela que realizaba un tratamiento oncológico. En ese contexto, la defensa del hombre solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. La Asesora de Menores acompañó el pedido y sostuvo que el niño se encontraba en una situación de vulnerabilidad psico-emocional. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa y la Asesora de Menores interpusieron recursos de casación.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

25/10/2019

Voces CSJN

PRISIÓN DOMICILIARIA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ANALOGÍA; RESPONSABILIDAD PARENTAL; IGUALDAD; VULNERABILIDAD;

Decisión y argumentos

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia recurrida y concedió el arresto domiciliario (jueces Yacobucci y Slokar y jueza Ledesma). “[L]a resolución cuestionada fundó su decisión en que las circunstancias del caso no se adecuan a ninguna de las causales establecidas por el art. 32 de la ley 24.660. Además, que no se advertía que el menor en cuestión se encuentre en una situación de desamparo, abandono o inseguridad material o moral que habilite a hacer lugar a la excepcionalidad pretendida, pero no ha desarrollado el contenido de este concepto. En ese sentido, el a quo ha omitido valorar que, de acuerdo a lo manifestado por la defensa y la documentación acompañada en el incidente, la abuela materna del menor […], una de las personas que integrarían el grupo de adultos encargados de velar por su interés, transita un tratamiento intenso de quimioterapia y no podría hacerse cargo del cuidado del menor, mientras que toda la familia paterna se encuentra radicada en la provincia de San Salvador de Jujuy […]. Tampoco ha considerado que del informe socio-ambiental se desprende que, actualmente, la progenitora del menor trabaja en relación de dependencia […] y su jornada laboral es de 12 a 22 hs. más sábados y domingos de 13 a 21:30 contando con un solo franco semanal los días viernes […]. Por otra parte, en el resolutorio recurrido no se analizó la posibilidad de incorporar al imputado […] al ‘Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control’ dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.” (voto del juez Yacobucci al que adhirieron el juez Slokar y la jueza Ledesma). “Sobre el particular, corresponde examinar si la situación de [el hombre] está comprendida en los supuestos del artículo 10 del CP y 32 de la ley 24.660. Nótese que [su hijo], de dos años y cuatro meses de edad, es hijo del imputado […], y la circunstancia de que sea el padre del menor quien solicita la medida, no puede ser un obstáculo a su concesión en los términos del art 10 inc. f) del CP y 32 inc. f) de la ley 24.660, ello así pues ‘lo que la norma pretende garantizar es que aquella relación de dependencia no se quiebre, más allá del género de la persona privada de la libertad’”. “Por otra parte, es dable remarcar que la decisión del Tribunal no se ajusta a los parámetros exigidos por las normas vigentes que imponen dar preeminencia al interés superior del niño […]. ‘Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño (…) A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos’ (Corte IDH, Opinión Consultiva 17/2002, del 28 de agosto de 2002). En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que ‘(l)a consideración rectora del interés superior del niño que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, lejos de erigirse en una habilitación para prescindir de toda norma jurídica superior, constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo, obviamente, a la Corte cuando procede a la hermenéutica de los textos constitucionales’ (Fallos 324:975)” (voto concurrente de la jueza Ledesma)

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Tribunal

Cámara Federal de Casación Penal, Sala II

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