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Jurisprudencia: Muhammad y Muhammad v. Rumania

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Titulo

Muhammad y Muhammad v. Rumania

Hechos relevantes del caso

Dos hombres de nacionalidad pakistaní vivían en Rumania con visas estudiantiles. Un día, fueron citados a comparecer ante la Corte de Apelaciones de Bucarest. Allí, la fiscalía solicitó que los declarara indeseables en el territorio rumano. Sostuvo que, de acuerdo a información clasificada proporcionada por el Servicio Rumano de Inteligencia, existían serios indicios de que tenían intenciones de participar en actividades que atentaban contra la seguridad nacional. Los hombres indicaron que la demanda sólo contenía referencias abstractas a normas legales y solicitaron que se les informara sobre las acusaciones en su contra. A su vez, requirieron la asistencia técnica de un abogado defensor. La Corte denegó el pedido de información. Entre sus argumentos, indicó que sólo el tribunal tenía acceso a la documentación clasificada. Además, rechazó la solicitud de defensa técnica por considerarla extemporánea. En su resolución, los declaró indeseables por un período de quince años y ordenó que se los colocara bajo custodia hasta su deportación. Frente a esta situación, los hombres obtuvieron representación letrada y apelaron ante el Tribunal Superior de Casación. Alegaron que la ausencia de información sobre las acusaciones y la prueba presentada en su contra había vulnerado sus garantías procesales en el marco de un procedimiento de expulsión, protegidas por el artículo 1 del Protocolo N° 7 a la Convención Europea de Derechos Humanos. En ese sentido solicitaron, una vez más, el acceso a la documentación. La Corte Superior consideró que sus abogados no contaban con un certificado especial habilitante para acceder a esa documentación y no hizo lugar a la solicitud. Asimismo, rechazó el recurso de apelación. Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta el deber de confidencialidad de los tribunales. Los hombres debieron abandonar Rumania. Por este motivo, iniciaron una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

15/10/2020

Voces CSJN

MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; DELITOS QUE COMPROMETEN LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN; DEBIDO PROCESO; INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS; DERECHO A LA INFORMACIÓN; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS; ARBITRARIEDAD; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; RAZONABILIDAD; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO DE REPRESENTACIÓN;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rumania era responsable por la violación del artículo 1 (garantías procesales en caso de expulsión de extranjeros) del Protocolo N° 7 a la Convención Europea de Derechos Humanos. 1. Migrantes. Expulsión de extranjeros. Delitos que comprometen la seguridad de la nación. Debido proceso. Información confidencial. Suspensión de garantías. Derecho a la información. Principio de contradicción. Principio de igualdad de armas. “[U]n extranjero no puede desafiar de manera significativa los alegatos de las autoridades locales que sostienen que la seguridad nacional está en peligro, ni hacer valer de manera razonable los motivos contra su expulsión sin conocer los elementos fácticos relevantes que han conducido a las autoridades locales a considerar que el interesado representa un peligro a la seguridad nacional” (cfr. párr. 126). “[A]un cuando la seguridad nacional estuviera en peligro, una medida de expulsión debe ser sometida a algún tipo de proceso contradictorio, y puede prever, de ser necesario, limitaciones procesales adecuadas respecto de la utilización de información clasificada […]. [E]sto implica que […] se garantiza al extranjero un derecho a ser informado, preferentemente por escrito y de manera que pueda defenderse de forma efectiva del contenido de los documentos y de la información sobre la que se funda la autoridad nacional competente para decidir sobre la expulsión, sin prejuicio de la posibilidad de imponer, de ser necesario, restricciones debidamente justificadas en cuanto a ese tipo de información” (cfr. párr. 128). “[A]un cuando la seguridad nacional o el orden público estuvieran en peligro, sólo serían legítimas las limitaciones a los derechos procesales que no atentaran contra su esencia” (cfr. párr. 134). “[L]as partes en un litigio que puedan ser fácilmente contactadas por las autoridades tienen derecho a recibir información oficial con un nivel de especificidad y de precisión adaptado a las particularidades del litigio en cuestión y del alcance de sus derechos procesales” (cfr. párr. 174). 2. Debido proceso. Suspensión de garantías. Arbitrariedad. Deber de fundamentación. Razonabilidad. “La arbitrariedad que implica la negación del Estado de derecho […] es intolerable tanto en materia de derechos procesales como en materia de derechos sustantivos” (cfr. párr. 118). “El Tribunal admite que pueden existir motivos debidamente justificados, tales como la necesidad de proteger la seguridad nacional, para imponer restricciones a los derechos procesales de los extranjeros […]. En una sociedad democrática regida por el Estado de derecho, la valoración de la necesidad de imponer [estas] restricciones debe estar rodeada de garantías contra la arbitrariedad. A este efecto, es necesario que la decisión que imponga tales restricciones sea debidamente motivada y que exista un procedimiento que permita controlar los motivos de manera apropiada, especialmente cuando estos no son informados a la persona involucrada” (cfr. párr. 139). 3. Expulsión de extranjeros. Derecho de defensa. Información confidencial. Derecho a la información. Derecho de representación. “[L]os extranjeros deben poder hacerse representar ante la autoridad competente para decidir sobre su expulsión. Esto implica ante todo la existencia de normas legales en el derecho interno que aseguren para los extranjeros una posibilidad efectiva de hacerse representar. La posibilidad de hacerse representar por un abogado, o incluso por un abogado especializado en la materia habilitado a acceder a los documentos clasificados del expediente del caso que no son accesibles al extranjero involucrado, es un factor compensatorio importante” (cfr. párr. 154). “[L]a presencia de los abogados de los peticionarios ante el Tribunal Superior, sin ninguna posibilidad de conocer las acusaciones contra sus asistidos, no era capaz de asegurar su defensa efectiva” (cfr. párr. 191).

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Tribunal

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