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Jurisprudencia: Cwik v. Polonia

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Titulo

Cwik v. Polonia

Hechos relevantes del caso

El peticionario formaba parte de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en Polonia. En 1997, el peticionario y KG, otro miembro de la banda, empezaron a operar de forma independiente. Sin embargo, en uno de los operativos no pudieron dar cuenta de un gran cargamento de cocaína. Con posterioridad, la organización secuestró a KG y lo torturó para obtener información sobre la cocaína no contabilizada y el dinero correspondiente a la banda. Para ello, grabaron sus declaraciones en una cinta de audio. La policía, que había sido avisada por el propietario de la casa donde estaba retenido KG, liberó al rehén e incautó el material de audio. En 2008, el peticionario fue declarado culpable de tres cargos de tráfico de cocaína y condenado a doce años de prisión. El Tribunal de Primera Instancia se basó en las declaraciones de dos miembros de la antigua banda criminal del peticionario, que habían decidido cooperar con las autoridades. También se basó, como prueba complementaria, en la transcripción de las declaraciones de KG tomadas en la grabación de la banda. En su recurso de apelación, el peticionario impugnó, entre otras cosas, el uso de la transcripción por parte del tribunal. Argumentó que las declaraciones se habían obtenido mediante tortura y que, por tanto, eran inadmisibles en virtud de la normativa del Código de Procedimiento Penal que excluía toda prueba obtenida mediante coacción. El Tribunal de Apelación desestimó el recurso al considerar que la norma se aplicaba exclusivamente a las autoridades que realizaban la investigación y no afectaba a los particulares. En 2009, el Tribunal Supremo desestimó un recurso de casación del peticionario por considerarlo infundado.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

05/11/2020

Voces CSJN

TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DERECHO A LA VIDA; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; DEBIDO PROCESO; PRUEBA; ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; CONFESIÓN;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Polonia era responsable por la violación del artículo 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. “El Tribunal reitera que la prohibición de la tortura y los tratos o penas inhumanas o degradantes es un valor fundamental en las sociedades democráticas […]. Es también un valor propio de la civilización, vinculado de forma estrecha al respeto de la dignidad humana, que forma parte de la esencia misma del Convenio […]. La prohibición en cuestión es absoluta, pues no se admite ninguna excepción a la misma, ni siquiera en caso de emergencia pública que amenace la vida de la nación o en las circunstancias de mayor complejidad, como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, con independencia de la conducta de la persona afectada […]” (cfr. párr. 60). “En la evaluación sobre si una persona ha sido ‘sometida a […] un trato’ que es ‘inhumano o degradante’ en el sentido del artículo 3, el enfoque general del Tribunal ha sido hacer hincapié en que el trato debe alcanzar un nivel mínimo de gravedad para que entre en el ámbito de esta disposición. La evaluación de ese nivel es relativa y dependerá de todas las circunstancias del caso, principalmente la duración del trato, sus efectos físicos o mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima […]” (cfr. párr. 61). “Someter a una persona a malos tratos que alcancen ese nivel mínimo de gravedad suele implicar una lesión corporal real o un sufrimiento físico o mental de gran intensidad. No obstante, incluso en ausencia de esas características, cuando el trato humilla o envilece a un individuo, mostrando una falta de respeto o menoscabando su dignidad humana, o que despierte sentimientos de miedo, angustia o inferioridad capaces de quebrar la resistencia moral y física de un individuo, puede ser entendido como degradante y también caer dentro de la prohibición establecida en el artículo 3. Puede bastar con que la víctima sea humillada a sus propios ojos, aunque no a los ojos de los demás […]” (cfr. párr. 62). “En virtud del artículo 1 del Convenio, la obligación de los Estados parte de garantizar a toda persona sometida a su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Convenio, en relación con el artículo 3, exige que los Estados adopten medidas destinadas a garantizar que las personas sometidas a su jurisdicción no sean sometidas a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, incluidos los malos tratos administrados por particulares […]. Estas medidas deben garantizar una protección eficaz e incluir medidas razonables para evitar los malos tratos de los que las autoridades tenían o deberían haber tenido conocimiento […]. Sin embargo, el alcance de las obligaciones positivas del Estado podría diferir entre los casos en los que el trato contrario al artículo 3 del Convenio ha sido infligido mediante la participación de agentes del Estado y los casos en los que la violencia fue infligida por particulares […]” (cfr. párr. 63). 2. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la vida. Funcionarios públicos. “[L]a prohibición de malos tratos establecida en el artículo 3 protege a toda persona con independencia del hecho de que dichos malos tratos sean administrados por un funcionario público o un particular, siempre que una determinada forma de malos tratos haya alcanzado el nivel mínimo de gravedad exigido en virtud de esta disposición […]. El Tribunal ha confirmado recientemente la aplicabilidad del criterio del umbral de gravedad a los malos tratos infligidos por particulares […]” (cfr. párr. 66). “Esto también lo confirma el enfoque del Tribunal en los casos de expulsión, en los que se aceptó, debido al carácter absoluto del derecho garantizado, que el artículo 3 se aplicaba no sólo al peligro que emanaba de las autoridades del Estado, sino también cuando el peligro emanaba de personas o grupos de personas que no eran funcionarios públicos (agentes no estatales) […]” (cfr. párr. 67). “[E]l artículo 3 del Convenio consagra un derecho absoluto. Siendo absoluto, no puede haber una ponderación de otros intereses frente a él, como la gravedad del delito investigado o el interés público en una persecución penal efectiva, pues hacerlo desvirtuaría su carácter absoluto. Ni la protección de la vida humana ni la obtención de una condena penal pueden obtenerse a costa de comprometer la protección del derecho absoluto a no ser sometido a malos tratos prohibido por el artículo 3, ya que ello sacrificaría esos valores y desacreditaría la administración de justicia […]” (cfr. párr. 68). “A este respecto, el Tribunal señala además que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General nº 20, de 10 de marzo de 1992, relativa a la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, consideró que el Estado Parte tenía el deber de ofrecer a todas las personas protección contra los actos prohibidos por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso por parte de personas que actuaran a título privado […]” (cfr. párr. 69). 3. Debido proceso. Prueba. Admisibilidad de la prueba. Derecho de defensa. “En virtud del artículo 19 del Convenio, el Tribunal manifiesta que su función consiste en velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados con el Convenio. En particular, no es su función ocuparse de los errores de hecho o de derecho cometidos supuestamente por un órgano jurisdiccional nacional […]. Aunque el artículo 6 garantiza el derecho a un juicio justo, no establece ninguna norma sobre la admisibilidad de las pruebas como tal, que es una cuestión que se regula principalmente en el derecho nacional […]” (cfr. párr. 70). “Así pues, no es función del Tribunal determinar, como cuestión de principio, si determinados tipos de pruebas –por ejemplo, las obtenidas ilegalmente en términos de derecho interno– pueden ser admisibles. La cuestión que debe responderse es si el procedimiento en su conjunto, incluida la forma en que se obtuvieron las pruebas, fue justo. Esto implica un examen de la ilegalidad en cuestión y, cuando se trata de la violación de otro derecho del Convenio, de la naturaleza de la violación constatada […]” (cfr. párr. 71). “Con el fin de determinar si el procedimiento fue justo en su conjunto, también debe considerarse si se han respetado los derechos de la defensa. En particular, debe examinarse si el demandante tuvo la oportunidad de impugnar la autenticidad de las pruebas y de oponerse a su utilización. Además, debe tenerse en cuenta la calidad de la prueba, así como las circunstancias en las que se obtuvo y si estas arrojan dudas sobre su fiabilidad o exactitud. Aunque no surge necesariamente ningún problema de equidad cuando las pruebas obtenidas no están respaldadas por otro material, cabe señalar que cuando las pruebas son muy sólidas y no hay riesgo de que no sean fiables, la necesidad de pruebas de apoyo es, en consecuencia, menor […]. Además, a este respecto, el Tribunal concede importancia al hecho de que las pruebas hayan sido o no decisivas para el resultado del procedimiento […]” (cfr. párr. 72). 4. Debido proceso. Garantía de imparcialidad. Prueba. Admisibilidad de la prueba. Tortura. Confesión. “[S]e aplican consideraciones particulares respecto del uso de pruebas obtenidas en violación del artículo 3 en un proceso penal. El uso de tales pruebas, obtenidas como resultado de una violación de uno de los derechos fundamentales y absolutos garantizados por el Convenio, siempre plantea serias cuestiones en cuanto a la imparcialidad del proceso, incluso si la admisión de dichas pruebas no fue decisiva para asegurar una condena […]” (cfr. párr. 73). “Así, en el contexto de casos relativos a malos tratos por parte de funcionarios públicos, el Tribunal ha sostenido que la admisión como prueba de declaraciones obtenidas como resultado de tortura o de otros malos tratos en violación del artículo 3 para establecer los hechos relevantes en un proceso penal hace que el proceso sea injusto en su conjunto. Esto es independiente del valor probatorio de las declaraciones e independientemente de si su uso fue decisivo para asegurar la condena del acusado […]” (cfr. párr. 75). “Lo anterior también aplica para el uso de pruebas reales recabadas como resultado directo de actos de tortura […]; no obstante, la admisibilidad de dichas pruebas, obtenidas como resultado de un acto calificado como trato inhumano en violación del artículo 3, pero que no llega a ser tortura, solo vulnerará el artículo 6 si se ha demostrado que la violación del artículo 3 tuvo relación en el resultado del proceso contra el acusado, es decir, que tuvo un impacto en su sentencia o condena” (cfr. párr. 76). “Estos principios se aplican no sólo cuando la víctima del trato contrario al artículo 3 es el propio acusado, sino también cuando se trata de terceros” (cfr. párr. 77).

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Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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