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Jurisprudencia: VCL y AN v. Reino Unido

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Titulo

VCL y AN v. Reino Unido

Hechos relevantes del caso

Dos ciudadanos vietnamitas fueron procesados y condenados por delitos relacionados con drogas tras ser descubiertos en granjas de cannabis cuando aún eran menores de edad. Durante la época de los hechos, las directrices para los agentes de policía y los fiscales indicaban que los menores vietnamitas descubiertos en granjas de cannabis eran probablemente víctimas de trata. En mayo de 2009, el primer peticionario fue descubierto por la policía durante una redada de drogas. Durante el interrogatorio policial, el peticionario declaró que tenía quince años, que había entrado al país de forma ilegal y que dos personas lo habían recibido y llevado a una granja de cannabis para trabajar. Tras la redada, fue acusado de producción de estupefacientes, a pesar de que los servicios sociales expresaron, en un informe dirigido a la Fiscalía, su preocupación por la posibilidad de que fuera víctima de trata. Sin embargo, el peticionario se declaró culpable de producción de drogas por indicación de su letrado. Luego de revisar su decisión de elevar la causa, la Fiscalía concluyó que no había pruebas creíbles de que hubiera sido objeto de trata. El peticionario fue condenado a veinte meses de reclusión en una institución de menores. En abril de 2009, la policía entró en una residencia tras recibir información sobre la comisión de un robo. En el lugar descubrieron una gran plantación de cannabis y un grupo de ciudadanos vietnamitas. Entre ellos se encontraba el segundo peticionario, de diecisiete años. Durante el interrogatorio policial el joven declaró que, tras llegar al país, conoció a un grupo de personas de su país que se ocuparon de él. Ellos lo llevaron a la granja de cannabis donde comenzó a trabajar sin remuneración. Fue acusado de producción de estupefacientes y, por recomendación de su defensor oficial, se declaró culpable. Se le impuso una orden de detención y formación de dieciocho meses. Posteriormente, una ONG consideró que había pruebas sólidas de que el peticionario había sido víctima de trata, en relación con su trabajo forzado y su confinamiento en la granja de cannabis. A ambos peticionarios se les concedió la posibilidad de recurrir fuera de plazo. Argumentaron, entre otras cosas, que debió valorarse su condición de víctimas de trata y que no correspondía el procesamiento. En febrero de 2012, el Tribunal de Apelación consideró que las víctimas de trata de personas no adquirían automáticamente la inmunidad judicial. Determinó que la obligación del Reino Unido, en relación con la posibilidad de no castigar a las víctimas de trata, dependía de la facultad de los fiscales. A su vez, el tribunal consideró que la decisión de procesar había estado ampliamente justificada y desestimó los recursos. Luego, se les denegó la autorización para recurrir ante el Tribunal Supremo.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

16/02/2021

Voces CSJN

TRATA DE PERSONAS; SERVIDUMBRE; TRABAJO ESCLAVO; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VULNERABILIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VICTIMA; PRUEBA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; DEBIDO PROCESO; APRECIACION DE LA PRUEBA; PROCESO PENAL; ASISTENCIA LETRADA; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Reino Unido era responsable por la violación del artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado) y 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Trata de personas. Servidumbre. Trabajo esclavo. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Debida diligencia. Medidas de acción positiva. Responsabilidad del Estado. “[T]anto el tráfico nacional como transnacional de seres humanos, con independencia de si está o no relacionado con la delincuencia organizada, entra en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio [SM v. Croacia]. De esta manera, no es necesario identificar si el trato denunciado por el peticionario constituye ‘esclavitud’, ‘servidumbre’ o ‘trabajo forzoso [u] obligatorio’ [Rantsev v. Chipre y Rusia]” (cfr. párr. 148). “La conducta examinada sólo puede dar lugar a una cuestión en virtud del artículo 4 del Convenio si están presentes todos los elementos constitutivos de la definición de trata contenida en el artículo 3.a) del Protocolo de Palermo y en el artículo 4.a) del Convenio contra la Trata (a menudo descritos como ‘acción’, ‘medios’ y ‘finalidad’, aunque no es necesario demostrar los ‘medios’ en el caso de un niño). Concretamente, si una situación incluye todos los elementos constitutivos [de la definición de trata] es una cuestión de hecho que debe examinarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes del caso […]. De la misma manera, si un individuo se ofrece voluntariamente para trabajar es una cuestión de hecho que debe examinarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes. No obstante, el Tribunal ha dejado manifiestamente claro que cuando un empresario emplea su poder abusivamente o se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de sus trabajadores para explotarlos, éstos no trabajan voluntariamente. Así pues, el consentimiento previo de la víctima no es suficiente para descartar la caracterización del trabajo como trabajo forzoso [Chowdury y otros v. Grecia]” (cfr. párr. 149). “Las obligaciones positivas de los Estados miembros en virtud del artículo 4 del Convenio se deben interpretar a la luz del Convenio contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa y entender que exigen no sólo la prevención sino también la protección de las víctimas y la investigación […]. El artículo 4 implica una obligación positiva específica para los Estados miembros de sancionar y perseguir de manera eficaz cualquier acto destinado a mantener a una persona en una situación de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso u obligatorio […]. Para cumplir con esta obligación, los Estados miembros deben establecer un marco legislativo y administrativo para prevenir y castigar la trata y proteger a las víctimas” (cfr. párrs. 150-151). “En determinadas circunstancias, el artículo 4, al igual que los artículos 2 y 3 del Convenio, puede exigirle a un Estado que adopte medidas operativas con la finalidad de proteger a las víctimas, o a las posibles víctimas de trata. Para que surja una obligación positiva de adoptar medidas en un caso concreto, debe demostrarse que las autoridades conocían, o deberían haber conocido, las circunstancias que originaron una sospecha fundada de que una persona había sido, o corría el riesgo real e inmediato de ser, víctima de trata o de explotación en el sentido del apartado a) del artículo 3 del Protocolo de Palermo y del apartado a) del artículo 4 del Convenio contra la Trata. Cuando así fuere, existirá una violación del artículo 4 del Convenio en tanto las autoridades no tomen las medidas apropiadas en el ámbito de sus competencias para sacar a la persona de esa situación o riesgo” (cfr. párr. 152). “En lo que respecta a la naturaleza de las medidas operativas exigibles por el artículo 4 del Convenio, el Tribunal ha considerado pertinente que el Convenio contra la Trata de Seres Humanos exija a los Estados miembros que adopten una serie de medidas para prevenir la trata y proteger los derechos de las víctimas. Las medidas de prevención incluyen medidas para reforzar la coordinación a nivel nacional entre los distintos organismos de lucha contra la trata y para desalentar la demanda de todas las formas de explotación de personas. Las medidas de protección incluyen facilitar la identificación de las víctimas por parte de personas cualificadas y asistirlas en su recuperación física, psicológica y social” (cfr. párr. 153). “De la misma manera que los artículos 2 y 3, el artículo 4 también conlleva una obligación de procedimiento para investigar situaciones de posible trata. La obligación de investigar no depende de una denuncia de la víctima o de los familiares; una vez que el asunto ha llegado a conocimiento de las autoridades, éstas deben actuar de oficio” (cfr. párr. 155). “De lo anterior se deduce que el marco general de las obligaciones positivas del artículo 4 incluye 1) el deber de establecer un marco legislativo y administrativo para prohibir y castigar la trata; 2) en determinadas circunstancias, el deber de adoptar medidas operativas para proteger a las víctimas, o posibles víctimas de trata; y 3) una obligación procesal para investigar las situaciones potenciales de trata. Generalmente, los dos primeros aspectos de las obligaciones positivas pueden nominarse como sustantivos, mientras que el tercer aspecto designa la obligación procesal (positiva) de los Estados” (cfr. párr. 156). 2. Trata de personas. Víctima. Prueba. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. “Es evidente que no puede deducirse ninguna prohibición general de procesar a las víctimas de trata respecto del Convenio contra la Trata de Personas o de cualquier otro instrumento internacional. De hecho, las disposiciones de ‘no castigo’ del artículo 26 del Convenio contra la Trata, el artículo 8 de la Directiva contra la Trata y el artículo 4, apartado 2, del Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT […] contienen dos calificaciones importantes: la víctima de trata debe haber sido obligada a cometer la actividad delictiva; y, cuando así sea, las autoridades nacionales deben tener derecho, sin estar obligadas, a no someter a juicio. Aunque la coacción no parece ser un elemento necesario para que un niño entre en el ámbito de aplicación del artículo 26 del Convenio contra la Trata de Seres Humanos, o del artículo 8 de la Directiva contra la Trata de Seres Humanos, no existe nada en ninguno de los dos instrumentos que pueda interpretarse como un impedimento para el procesamiento de los niños víctimas de trata en cualquier circunstancia” (cfr. párr. 158). “No obstante, el Tribunal considera que, en determinadas circunstancias, el procesamiento de las víctimas, o de las víctimas potenciales de trata, puede estar en contradicción con el deber del Estado de adoptar medidas operativas con el fin de protegerlas. Esto es, cuando tenga conocimiento, o deba tenerlo, de circunstancias que den lugar a una sospecha fundada de que una persona ha sido objeto de trata. En opinión del Tribunal, el deber de adoptar medidas operativas en virtud del artículo 4 del Convenio tiene dos objetivos principales: proteger a la víctima de trata de nuevos daños y facilitarle su recuperación. Es axiomático que el procesamiento de las víctimas de trata sería perjudicial para su recuperación física, psicológica y social, y podría dejarlas potencialmente vulnerables para volver a ser víctimas de la trata en un futuro. No sólo tendrían que pasar por las dificultades propias de un proceso penal, sino que una condena penal podría crear un impedimento para su posterior integración en la sociedad. Además, la privación de libertad impediría su acceso al apoyo y los servicios previstos en la Convención contra la Trata” (cfr. párr. 159). “La pronta identificación de la víctima o posible víctima de trata es de suma importancia para que el procesamiento de una víctima demuestre el respeto de las libertades garantizadas por el artículo 4. De ello se desprende que, tan pronto como las autoridades tengan conocimiento, o deban tenerlo, de las circunstancias que dan lugar a una sospecha fundada de que una persona sospechosa de haber cometido un delito puede haber sido objeto de trata o de explotación, debe ser evaluada sin demora por personas formadas y cualificadas para tratar con víctimas de trata. Dicha evaluación debe fundamentarse en los criterios identificados en el Protocolo de Palermo y en el Convenio contra la Trata (es decir, que la persona haya sido objeto de un acto de captación, transporte, traslado, acogida o recepción, mediante la amenaza basada en la fuerza u otra forma de coacción, con fines de explotación), teniendo en cuenta específicamente que la amenaza en base a la fuerza y/o coacción no es necesaria cuando la persona es un menor” (cfr. párr. 160). “[D]ado que la condición de una persona como víctima de trata puede afectar a la existencia de pruebas suficientes para el procesamiento […], cualquier decisión debería tomarse, en la medida de lo posible, una vez que el personal cualificado haya realizado una evaluación de la trata. Esto posee una importancia capital cuando se trata de niños. Así pues, dado que los niños son especialmente vulnerables, el Tribunal ha reconocido que las medidas aplicadas por el Estado para protegerlos contra los actos de violencia (que entran en el ámbito de aplicación de los artículos 3 y 8) deben ser efectivas e incluir tanto las medidas razonables para prevenir los malos tratos de los que las autoridades tenían, o deberían haber tenido, conocimiento, como la disuasión efectiva contra las violaciones graves a la integridad personal […]. Dichas medidas deben estar orientadas a garantizar el respeto de la dignidad humana y a proteger el interés superior del menor […]. Dado que la trata amenaza la dignidad humana y las libertades fundamentales de sus víctimas […], de igual manera ocurre con las medidas de protección contra los actos que entran en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio” (cfr. párr. 161). “Una vez que el personal cualificado haya realizado una evaluación de la trata, cualquier decisión judicial posterior tendría que tenerla en cuenta. Si bien el fiscal podría no estar obligado por las conclusiones de dicha evaluación, tendría que tener razones claras, suficientes y coherentes con la definición de trata contenida en el Protocolo de Palermo y en el Convenio contra la Trata para estar en desacuerdo con ella” (cfr. párr. 162). 3. Debido proceso. Prueba. Apreciación de la prueba. Proceso penal. Asistencia letrada. Defensa técnica ineficaz. Niños, niñas y adolescentes. Víctima. “En reiteradas ocasiones, el Tribunal ha enfatizado sobre la importancia que tiene la fase de investigación para la preparación del proceso penal, ya que las pruebas obtenidas durante esta fase determinan el marco en el que se considerará el delito imputado durante el juicio […]. Igualmente, ha reconocido que la persona imputada se encuentra habitualmente en una posición de especial vulnerabilidad durante esa fase del proceso, cuyo efecto aumenta debido a que la legislación sobre el procedimiento penal tiende a ser cada vez más compleja, especialmente en lo relacionado a las normas que rigen la obtención y el uso de las pruebas. En la mayor parte de los casos, esta particular vulnerabilidad sólo puede equilibrarse adecuadamente con la asistencia de un abogado […]. La equidad en los procedimientos judiciales requiere que un imputado pueda hacer valer las garantías específicas asociadas a la asistencia jurídica. De esta forma, el abogado deberá asegurar sin restricciones los aspectos básicos y fundamentales de la defensa de esa persona: discusión del caso, organización de la defensa, recabamiento de pruebas favorables al imputado, preparación del interrogatorio, apoyo al defendido en momentos de dificultad y la verificación de las condiciones de detención” (cfr. párr. 195). “Aunque las víctimas de trata no estén exentas de persecución penal, la condición de una persona como víctima de trata puede afectar a la existencia de pruebas suficientes […] y a la conveniencia de hacerlo en base al interés público […]. Por lo tanto, las pruebas relativas a la condición de víctima de trata son un ‘aspecto fundamental’ de la defensa que ésta debe tener la posibilidad de obtener sin restricciones” (cfr. párr. 196). “[S]i bien la defensa debe estar atenta a los indicadores de la trata, el hecho de que no reconozcan los mismos o no actúen en consecuencia no puede eximir al Estado y a sus agentes de su responsabilidad de hacerlo. [E]l Tribunal ha sostenido, aunque en el contexto del artículo 6.3 c) del Convenio, que las autoridades nacionales competentes están obligadas a intervenir en caso de que el defensor no proporcione una representación efectiva […]. Aunque ninguno de los peticionarios ha invocado dicho artículo, de la jurisprudencia se desprende que el Estado no puede escudarse en las deficiencias del abogado de oficio cuando dichas deficiencias equivalen a una ‘falta manifiesta de representación efectiva’” (cfr. párr. 198). “En el ámbito de aplicación del artículo 4 del Convenio, es el Estado el que ostenta la obligación positiva de proteger a las víctimas, así como de investigar las situaciones potenciales de trata. [E]sa obligación positiva se origina por la existencia de circunstancias que den lugar a una sospecha fundada de que una persona ha sido víctima, y no por una denuncia presentada por la víctima potencial o en su nombre […]. Por lo tanto, el Estado no puede depender de la falla de un representante legal o en el hecho de que un imputado, especialmente un menor de edad, no comunique a la policía o a su representante legal que ha sido víctima de trata. [L]os niños víctimas de trata son un grupo especialmente vulnerable que puede no ser consciente de que ha sido víctima de trata, o que puede tener demasiado miedo para revelar esta información a las autoridades […]. En consecuencia, no se les puede exigir que se autoidentifiquen ni se les puede penalizar por no hacerlo” (cfr. párr. 199). “Ni la letra ni el espíritu del artículo 6 del Convenio impiden que una persona renuncie por su propia voluntad, expresa o tácitamente, al derecho a las garantías de un juicio justo. Sin embargo, para que dicha renuncia sea efectiva a los términos del Convenio, debe establecerse de forma inequívoca, no debe ser contraria al interés público y debe ir acompañada de unas garantías mínimas en base a su importancia […]. Además, no debe estar contaminada por la coacción […]. Sobre los acuerdos de culpabilidad y condena, el Tribunal ha sostenido que al no impugnar un cargo penal, un peticionario puede renunciar a su derecho a que se examine el fondo de la causa contra él. Sin embargo, la decisión de aceptar un acuerdo de culpabilidad debe ir acompañada de las siguientes condiciones: a) la negociación deberá aceptarse con el pleno conocimiento de los hechos del caso, de las consecuencias jurídicas y de forma realmente voluntaria; y b) el contenido de la negociación y la equidad en el acuerdo alcanzado entre las partes deben ser objeto de un control judicial suficiente […]” (cfr. párr. 201). “[E]n cada caso concreto, el cumplimiento de las exigencias de un juicio justo debe examinarse teniendo en cuenta el desarrollo del proceso en su totalidad y no sobre la base de una consideración aislada sobre un aspecto o un incidente concreto, aunque no puede descartarse que un factor específico sea tan decisivo que permita apreciar la equidad del juicio en una fase anterior del proceso” (cfr. párr. 205). “Aunque los peticionarios invocaron el artículo 4 del Convenio, el Tribunal no consideró sus casos a través del prisma de las obligaciones positivas del Estado en virtud de dicho artículo. Por el contrario, se limitó a un examen relativamente estrecho. Al desestimar los recursos de ambos peticionarios, el Tribunal de Apelación dejó claro que un imputado dispone de una oportunidad para dar sus instrucciones a sus asesores jurídicos y que sólo ‘en los casos más excepcionales’ el tribunal consideraría apropiado permitir al imputado adelantar nuevas instrucciones sobre los hechos a efectos de un recurso contra la condena […]. En opinión del Tribunal, tal enfoque penalizaría a las víctimas de la trata por no identificarse inicialmente como tales y permitiría a las autoridades ampararse en su propio incumplimiento del deber que les impone el artículo 4 del Convenio de adoptar medidas operativas para protegerlas” (cfr. párr. 208).

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