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> Jurisprudencia > GL v. Italia  

Jurisprudencia: GL v. Italia

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Titulo

GL v. Italia

Hechos relevantes del caso

Una niña fue diagnosticada con autismo no verbal al poco tiempo de nacer. Debido a esta discapacidad, tuvo una asistencia especializada durante su educación en un jardín de infantes, de conformidad con la legislación italiana. Este apoyo escolar se dirigía a potenciar su independencia, su comunicación personal y mejorar su aprendizaje e integración. Sin embargo, esta asistencia finalizó cuando ingresó a la escuela primaria. Tras un año académico sin el apoyo especializado, los padres de la niña presentaron una solicitud de queja ante las autoridades municipales. Debido a la falta de respuesta, y luego de reiterar la solicitud, los padres contrataron un asistente especializado particular. Nueve meses después de haber recibido la primera solicitud, las autoridades alegaron la dificultad de poner en marcha un programa de apoyo especializado y la imposibilidad de reasignarle asistencia a la menor. Entre sus argumentos, señalaron problemas presupuestarios. Ante esta decisión, los padres interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Regional reconocida por la ley y solicitaron una compensación por los gastos del asistente contratado. El Tribunal Administrativo desestimó el recurso y dictaminó que el municipio había realizado las gestiones necesarias conforme a la reducción de recursos destinados a la región. Finalmente, tras apelar ante el Consejo de Estado, el recurso fue desestimado.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

10/09/2020

Voces CSJN

EDUCACIÓN; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; EDUCACIÓN INCLUSIVA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AJUSTES RAZONABLES;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Italia era responsable por la violación del artículo 14 (no discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en conjunción con el artículo 2 del Protocolo Nº 1 (derecho a la educación) del mismo instrumento. 1. Educación. Derecho a la vida privada y familiar. No discriminación. Igualdad. Responsabilidad del Estado. “El Tribunal recuerda que […] en una sociedad democrática el derecho a la educación es indispensable para la realización de los derechos humanos y ocupa un lugar fundamental […], y es uno de los servicios públicos más importantes de un Estado moderno. [A] la hora de decidir cómo regular el acceso a la educación, el Estado debe poner en equilibrio las necesidades educativas de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción con su capacidad limitada para satisfacerlas. Sin embargo, el Tribunal no puede ignorar el hecho de que, a diferencia de otras prestaciones públicas, la educación es un derecho directamente protegido por el Convenio” (cfr. párr. 49). “[A]l interpretar y aplicar el artículo 2 del Protocolo Nº 1, el Convenio se debe leer en su conjunto e interpretarse de manera que se favorezca su coherencia interna y la armonía entre sus distintas disposiciones […]. Por ello, el artículo 2 del Protocolo Nº 1 debe interpretarse, entre otros, a la luz del artículo 8 del Convenio, que establece el derecho de toda persona ‘al respeto de su vida privada’…” (cfr. párr. 50). “En referencia a la prohibición [de discriminación] establecida en el artículo 14 del Convenio, el Tribunal reitera que consiste en tratar de forma diferente a personas que se encuentran en situaciones comparables sin una justificación objetiva y razonable, y que el trato diferenciado carece de ‘justificación objetiva y razonable’ cuando no persigue una ‘finalidad legítima’ o cuando no existe ‘una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida’ […]. Sin embargo, el artículo 14 no prohíbe a un Estado parte tratar de forma diferente a los grupos para corregir ‘desigualdades de hecho’ entre ellos; de hecho, en determinadas circunstancias es la ausencia de un trato diferenciado para corregir una desigualdad lo que, si no se basa en una justificación objetiva y razonable, puede dar lugar a una violación de dicha disposición […]. Además, los Estados parte gozan de un cierto margen de apreciación para determinar si las diferencias entre situaciones que, por lo demás, son similares, justifican las distinciones de trato y en qué medida…” (cfr. párr. 52). 2. Educación inclusiva. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. No discriminación. Igualdad. “Al examinar un caso en virtud del artículo 14 del Convenio, el Tribunal debe tener en cuenta la evolución del Derecho internacional y europeo y reaccionar, por ejemplo, a cualquier consenso que pueda surgir en estos niveles en cuanto a las normas que deben alcanzarse […]. A este respecto, en el ejercicio del derecho a la educación, señala la importancia que tienen los principios fundamentales de universalidad y no discriminación, consagrados reiteradamente en los textos internacionales […]. Además, subraya que estos instrumentos reconocen que el medio más adecuado para garantizar estos principios fundamentales es la educación inclusiva, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades para todos, incluidas las personas con discapacidad […]. La educación inclusiva es, por tanto, un componente incuestionable de la responsabilidad internacional de los Estados…” (cfr. párr. 53). “[C]uando una restricción de los derechos fundamentales se aplica a una categoría de población especialmente vulnerable, y que ha sufrido una discriminación importante en el pasado, el margen de apreciación de que dispone el Estado se reduce considerablemente y sólo consideraciones muy sólidas deberían llevarle a aplicar la restricción en cuestión. El Tribunal ya ha identificado varias de estas categorías vulnerables que son víctimas de un trato diferenciado por sus características o situación, incluida su discapacidad […]. Además, todas las acciones relacionadas con los niños con discapacidad deben perseguir, de forma prioritaria, el interés superior del niño […]. Sin embargo, en cualquier caso, con independencia del margen de apreciación que le corresponda al Estado, es tarea del Tribunal pronunciarse en última instancia sobre el cumplimiento de las exigencias del Convenio…” (cfr. párr. 54). “[E]n virtud del artículo 15 de la Carta Social Europea […], los Estados deben ‘promover la plena integración y participación en la vida social [de las personas con discapacidad], en particular mediante medidas, incluidas las ayudas técnicas, destinadas a superar los obstáculos referentes a la comunicación y a la movilidad’ […]. En el presente caso, la peticionaria debería haber recibido una asistencia especializada destinada a promover su autonomía y comunicación personal y a mejorar su aprendizaje, su vida interpersonal y su integración en el centro escolar para evitar el riesgo de marginación. El Tribunal recuerda que, en su Recomendación Rec (2006) 5 […], el Comité de Ministros subrayó que ‘dar a las personas con discapacidad la oportunidad de participar en las estructuras educativas generales es importante no sólo para ellas, sino también para las personas no discapacitadas, que así tomarán conciencia de que la discapacidad es parte de la diversidad humana’” (cfr. párr. 69). “[L]as autoridades no trataron de determinar las necesidades reales de la peticionaria y las soluciones susceptibles de satisfacerlas para permitirle asistir a la escuela primaria en condiciones equivalentes, en la medida de lo posible, a las que disfrutan los demás niños, sin imponer una carga desproporcionada o indebida a la administración […]. Además, el Tribunal considera que la discriminación sufrida por la menor es más grave al haber tenido lugar en el contexto de la enseñanza primaria, que constituye la base de la educación y de la integración social y de las primeras experiencias de convivencia, y que es obligatoria en la mayoría de los países…” (cfr. párr. 70-71). 3. Educación inclusiva. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad. Ajustes razonables. No discriminación. “El Tribunal considera […] que el artículo 14 de la Convención debe interpretarse a la luz de los requisitos establecidos en los textos mencionados [Carta Social Europea y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y, particularmente, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Según este instrumento, los ajustes razonables a los que tienen derecho las personas con discapacidad son ‘las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida’ realizadas ‘cuando se requieran en una situación particular’ para el ‘disfrute o ejercicio del derecho, sobre la base de la igualdad con los demás y de todos los derechos humanos y libertades fundamentales’ […], y la discriminación por motivos de discapacidad ‘incluirá todas las formas de discriminación, incluida la denegación de ajustes razonables’. La finalidad de los ajustes razonables es corregir las desigualdades de hecho…” (cfr. párr. 62). “Aunque no corresponde al Tribunal definir los ‘ajustes razonables’ […] que deben aplicarse en el ámbito de la educación para satisfacer las necesidades educativas de las personas con discapacidad, las autoridades nacionales están en mejor posición para hacerlo […]. Sin embargo, es importante que los Estados presten especial consideración a sus decisiones en este ámbito, dado el impacto de estas decisiones en los niños con discapacidad, cuya especial vulnerabilidad no puede ignorarse…” (cfr. párr. 63). “[L]as autoridades nacionales no contemplaron en ningún momento la posibilidad de que la falta de recursos o la necesidad extraordinaria de dar prioridad a la atención de las personas que padecen una patología grave se compensara no con una modificación de los ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades de los niños con discapacidad, sino con una reducción de la oferta educativa distribuida equitativamente entre los alumnos sin discapacidad y los discapacitados, a pesar de que el Tribunal de Casación ya había destacado este aspecto en sus sentencias […]. Así pues, el Tribunal considera que a la luz del modelo de educación inclusiva adoptado en Italia, en el que todos los alumnos están inscritos en el mismo flujo, y de la jurisprudencia del Tribunal de Casación, toda restricción presupuestaria debe tener una repercusión equivalente en la oferta educativa para los alumnos discapacitados y no discapacitados” (cfr. párr. 68).

Otra jurisprudencia relacionada

Calleja Loma y Calleja Lucas v. España; Informe sobre la equidad e inclusión en el derecho a la educación; Gomez Lafuente (causa N° 9568); BJF (causa Nº 65.875); UAE (causa N° 62756) 

Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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