Saltar al contenido principal
Ir a buscar
Inicio
Jurisprudencia Nacional
Jurisprudencia Internacional
Difusiones Mensuales
Boletines
Estudios sobre Jurisprudencia
CASOTECA
Intranet
  
> Jurisprudencia > Recomendación General Nº 38  

Jurisprudencia: Recomendación General Nº 38

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

Recomendación General Nº 38

Hechos relevantes del caso

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer emitió su Recomendación General Nº 38, relativa a la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración global. El documento puso especial énfasis sobre el artículo 6 de la Convención, donde estableció la obligación jurídica de los Estados partes de tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

20/11/2020

Voces CSJN

TRATA DE PERSONAS; GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA DE GÉNERO; EXPLOTACIÓN SEXUAL; VIOLENCIA SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PROSTITUCIÓN; VICTIMA; VULNERABILIDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; MIGRANTES; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; ZONAS DE FRONTERA; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; MINORÍAS CULTURALES, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS; PUEBLOS INDÍGENAS; REFUGIADO; APÁTRIDA; ACCESO A LA JUSTICIA; REVICTIMIZACIÓN; DEBIDO PROCESO; DEBIDA DILIGENCIA; ASISTENCIA LETRADA; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; ASISTENCIA MEDICA; TRABAJO; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; EMERGENCIA SANITARIA; INTERNET; RED SOCIAL;

Decisión y argumentos

El Comité presentó las recomendaciones con el fin de aclarar la obligación de combatir la discriminación contra las mujeres y las niñas, y crear las condiciones adecuadas para que puedan gozar plenamente de sus derechos. De la misma manera, estableció las orientaciones prácticas para llevar a cabo intervenciones contra la trata basadas en un enfoque que incorpora una perspectiva de género e interseccional como prioridad estratégica. Asimismo, instó a los Estados partes a detectar, ayudar y proteger a las víctimas supervivientes de la trata, impedir su revictimización y garantizar su acceso a la justicia. 1. Trata de personas. Género. Igualdad. No discriminación. Violencia de género. Explotación sexual. Violencia sexual. Niños, niñas y adolescentes. Prostitución. Víctima. Vulnerabilidad. Estereotipos de género. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Zonas de frontera. Expulsión de extranjeros. Personas con discapacidad. Minorias culturales, étnicas y religiosas. Pueblos indígenas. Apátrida. Refugiado. Acceso a la justicia. Revictimización. Debido proceso. Debida diligencia. Asistencia letrada. Interés superior del niño. Asistencia médica. Trabajo. Principio de no devolución. Emergencia sanitaria. Internet. Red social. Marco jurídico “[L]a discriminación contra las mujeres y las niñas abarca la violencia de género, cuya prohibición se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario. El Comité reconoce la naturaleza específicamente de género de las diversas formas de trata de mujeres y niñas y sus consecuencias, entre otras cosas respecto de los daños sufridos, y reconoce también que la trata y la explotación de la prostitución de mujeres y niñas es indudablemente un fenómeno que hunde sus raíces en la discriminación estructural por razón de sexo, que constituye violencia de género y que con frecuencia se ve agravado en los contextos del desplazamiento…” (párr. 10). “[L]a realidad de la trata de mujeres y niñas va más allá del alcance del Protocolo contra la Trata de Personas, como es el caso reciente de las tendencias y el papel de la tecnología de la información y las comunicaciones, los medios sociales y las aplicaciones de mensajería en la captación de mujeres y niñas y su explotación. El Comité reconoce que la definición de trata de personas no se restringe a aquellas situaciones en que se ha recurrido a la violencia física o se ha privado a la víctima de la libertad personal. [E]l abuso de una posición de vulnerabilidad y el abuso de poder son los medios más comunes utilizados para cometer el delito de la trata y que las víctimas suelen ser objeto de múltiples formas de explotación” (párr. 12). “Los Estados partes tienen la obligación jurídica de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención a toda persona que esté bajo su autoridad o control efectivo, aunque no se encuentre en sus respectivos territorios. La obligación directa de los Estados partes de prevenir, investigar, enjuiciar y castigar los actos de trata de mujeres y niñas y de ofrecer reparación a las víctimas se extiende a los actos u omisiones de todos los autores, incluidos particulares, familiares y parejas, agentes y funcionarios estatales, organizaciones y empresas, así como agentes no estatales, incluidos los grupos terroristas armados” (párr. 17). Causas fundamentales de la trata de mujeres y niñas “Descubrir, atacar y eliminar las siguientes causas fundamentales es un componente clave de la obligación de los Estados partes de prevenir la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial: a) la discriminación de género sistémica que crea las injusticias económicas y sociales que sufren de manera desproporcionada las mujeres y las niñas; b) las situaciones de conflicto y las emergencias humanitarias, incluido el consiguiente desplazamiento; c) la discriminación en los regímenes de migración y asilo; y d) la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata” (párr. 18). Injusticia socioeconómica “La trata de mujeres y niñas tiene sus raíces en la discriminación por razón de sexo y género, la desigualdad estructural por razón de género y la feminización de la pobreza. Las mujeres y las niñas más vulnerables a la trata son las que pertenecen a grupos marginados, como las que viven en zonas rurales y remotas, las pertenecientes a comunidades indígenas y de minorías étnicas, las mujeres y niñas con discapacidad, las mujeres y niñas en situación de migración irregular, así como las desplazadas, apátridas o en riesgo de apatridia, las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo, incluidas aquellas cuyas solicitudes han sido rechazadas, las mujeres y niñas que viven en situaciones de conflicto o de posconflicto o que proceden de ellas y las niñas privadas de cuidados o en acogimiento, y su vida se caracteriza por una grave privación de sus derechos” (párr. 20). “Las mujeres y las niñas siguen siendo el principal objetivo de los tratantes para formas específicas de explotación, debido a la omnipresencia y la persistencia de las desigualdades de género y edad que dan lugar a que la condición económica, social y jurídica de las mujeres y las niñas sea inferior a la que disfrutan los hombres y los niños. En el origen de la trata de mujeres y niñas se pueden hallar violaciones de todos los derechos contemplados en la Convención, las cuales deben solventarse como parte de un enfoque transformador que empodere a las mujeres y las niñas mediante la promoción de la igualdad de género y de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales…” (párr. 21). Discriminación en los regímenes de migración y asilo “Las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata en todas las etapas del ciclo migratorio: en tránsito, en los centros de acogida y alojamiento, en las fronteras y en los países de destino. Además, a su regreso, pueden sufrir represalias y revictimización” (párr. 22). “Las políticas de migración y asilo discriminatorias o específicas para cada sexo que establecen medidas como un mayor control de fronteras, la denegación de entrada, la devolución sumaria, la expulsión o la detención limitan la circulación de las mujeres y las niñas que huyen de crisis y zonas de conflicto. También aumentan su vulnerabilidad a todas las formas de explotación, en particular en los puntos de tránsito…” (párr. 24). “[L]a violencia de género contra las mujeres y las niñas es una de las principales formas de persecución que estas sufren y puede ser motivo para concederles la condición de refugiadas y permisos de asilo o residencia por motivos humanitarios […]. [L]as mujeres y las niñas refugiadas son muy vulnerables a la trata y necesitan protección internacional, especialmente contra la devolución” (párr. 25). “Las disposiciones neutras en cuanto al género en las políticas migratorias de los Estados contribuyen a limitar el acceso de las mujeres a vías de migración segura y regular y a oportunidades de trabajo regular y decente en los países de tránsito y de destino. La capacidad de las mujeres para migrar se ve aún más restringida por los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, la discriminación y la explotación en la contratación, la falta de trabajo decente disponible y la limitada información fiable sobre la migración. Asimismo, las migrantes se enfrentan a la discriminación indirecta a raíz de las leyes de migración que establecen requisitos tales como unos ingresos mínimos obligatorios para obtener un visado. Dado que las mujeres suelen trabajar en empleos mal remunerados e inseguros, es difícil que algunas de ellas satisfagan esos criterios” (párr. 26). “Un número desproporcionado de mujeres migrantes tienen empleo informal y precario, en particular en sectores clasificados como ‘poco calificados’, como los servicios de cuidados, domésticos y de manufactura. En esos sectores, las normas y políticas de migración específicas para cada sexo se entrecruzan con la discriminación racial y perpetúan los estereotipos de sexo sobre qué constituye ‘trabajo de mujeres’ y la discriminación contra las mujeres. Esos mercados laborales segregados por género no ofrecen condiciones de trabajo decentes y seguras, porque forman parte de la economía informal no regulada o, cuando están regulados, ofrecen menos protección que los sectores que cumplen normativas nacionales” (párr. 28). Demanda que propicia la explotación y conduce a la trata “La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. Las pertinaces normas y estereotipos sobre la dominación masculina y la necesidad de imponer el control o poder masculino hacen insoslayables los roles patriarcales de género y el sentimiento de superioridad, la coacción y el control sexuales por parte de los hombres, lo que alimenta la demanda de explotación sexual de las mujeres y las niñas […]. La necesidad de atajar la demanda que propicia la explotación sexual reviste especial importancia en el contexto de la tecnología digital, que expone a las posibles víctimas a un mayor riesgo de ser objeto de trata” (párr. 30). Uso de la tecnología digital en la trata “Las tecnologías digitales ofrecen nuevas posibilidades de tener un efecto positivo en la sociedad, y, al mismo tiempo, plantean nuevos problemas de seguridad a nivel individual y estatal […]. Los canales de demanda, a través de los medios sociales, la web oscura y las plataformas de mensajería, proporcionan acceso fácil a las posibles víctimas, lo cual aumenta su vulnerabilidad” (párr. 36). “El uso de la tecnología digital para la trata plantea problemas especiales durante las pandemias mundiales. En el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), los Estados partes se enfrentan a un aumento de la trata en el ciberespacio, lo que abarca un aumento de la captación para fines de explotación sexual en línea, la demanda de contenido de abusos sexuales infantiles y la trata de niños con fines sexuales facilitada por la tecnología” (párr. 37). Asistencia y protección para las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata “El derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados obligaciones positivas de detectar a las víctimas de la trata, un deber que les incumbe firmemente, independientemente de si la víctima no se identifica a sí misma como tal. Con frecuencia, las víctimas están ocultas en zonas no públicas, como residencias particulares, fábricas y granjas aisladas, y prostíbulos. Los profesionales de primera línea suelen carecer de la formación necesaria para comprender y detectar todos los tipos de víctimas, incluidas las supervivientes de la explotación sexual, y atender a las víctimas adecuadamente y actuar en respuesta a las formas interseccionales de explotación. En las zonas críticas con corrientes migratorias mixtas faltan espacios adecuados y confidenciales donde llevar a cabo la detección, con personal capacitado e intérpretes, que pueden evaluar rápidamente los indicadores de vulnerabilidad y prestar el apoyo adecuado. Las víctimas supervivientes suelen ser reacias a identificarse a sí mismas como tal o a revelar la identidad de los tratantes por temor a represalias, debido a la falta de información sobre el delito y dónde denunciarlo y al miedo a colaborar con las autoridades, entre otras cosas por temor a ser detenidas, enjuiciadas, castigadas y deportadas” (párr. 38). “Las víctimas de la trata necesitan servicios de apoyo de gran calidad y disponibilidad inmediata, los cuales deben ser inclusivos y accesibles, incluir acceso a información sobre sus derechos, los servicios médicos, psicológicos, sociales y jurídicos de que disponen y la forma de acceder a ellos, y a un alojamiento seguro y adecuado” (párr. 40). “Los Estados partes están obligados a proteger a las víctimas de la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, frente a la revictimización, lo que incluye ofrecer a las víctimas la garantía de que se las protegerá del retorno forzoso” (párr. 41). Acceso de las víctimas a la justicia “Se debe velar por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata, incluidas aquellas sin condición de inmigrantes, tengan acceso a la justicia de una forma equitativa y no discriminatoria, lo que incluye el enjuiciamiento de los autores y la provisión de recursos jurídicos. No obstante, puede que los sistemas de justicia existentes tiendan más a violar los derechos de las mujeres que a protegerlos, entre otras cosas sometiendo a las víctimas a criminalización, estigmatización, revictimización, acoso y posibles represalias” (párr. 42). “El artículo 2 b) de la Convención obliga a los Estados partes a proporcionar recursos adecuados y efectivos, entre ellos la restitución, la recuperación, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición, a las mujeres cuyos derechos protegidos por la Convención hayan sido violados. Las víctimas de la trata suelen tener grandes dificultades para reclamar una indemnización y otras formas de reparación, incluida la indemnización por daños y perjuicios, que compense el agravio sufrido, entre otros casos en aquellos en que se condiciona a la cooperación con las fuerzas del orden; las víctimas no tienen acceso a asistencia y representación letrada de gran calidad, sensible a las cuestiones de género y que tome en consideración los traumas; los permisos de residencia están vinculados a procesos de justicia penal y la repatriación se produce antes de que se soliciten u obtengan recursos civiles; la víctima soporta la carga de la prueba en las demandas civiles; no se identifica a las personas supervivientes de la trata como víctimas de un delito a efectos de las reparaciones que se deben en virtud de la ley; y no se ofrece ninguna indemnización pecuniaria o el producto de los delitos no se redistribuye entre las víctimas” (párr. 43). “Entre los obstáculos al enjuiciamiento figuran la falta de procedimientos judiciales especiales que se adapten a las necesidades de las víctimas, deficiencias en la calidad de los sistemas de justicia, entre ellas el prejuicio sexista y el discurso de culpabilización de las víctimas en los tribunales, resultantes en sentencias o decisiones discriminatorias, la aceptación social explícita o implícita de la violencia de género contra la mujer, las demoras y la excesiva duración de los procedimientos, la corrupción de los funcionarios del Estado y su implicación en el delito, y la ignorancia de la demanda de todas las formas de explotación, incluida la explotación sexual” (párr. 44). “El carácter transnacional de la trata de personas y la migración exige la cooperación de todos los países afectados y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada a fin de proteger los derechos de las víctimas. Los Estados partes tienen el deber de aceptar y facilitar el retorno voluntario de sus nacionales que hayan sido víctimas de la trata en el extranjero” (párr. 45). “El Comité condena el uso de intervenciones contra la trata para justificar la violencia contra grupos específicos de mujeres, en particular en el caso de las redadas violentas y las operaciones de provocación policial llevadas a cabo por las fuerzas del orden con miras a desmantelar las redes de trata” (párr. 46). Recomendaciones “Adoptar un enfoque transformador, que promueva la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a fin de poner fin a las condiciones estructurales y sistémicas que privan a las mujeres y las niñas de sus derechos fundamentales y, como consecuencia, las ponen en situaciones de vulnerabilidad a todas las formas de trata y explotación sexual” (párr. 49). “Reducir el riesgo de la trata erradicando la desigualdad de género generalizada y pertinaz que da lugar a que la condición económica, social y jurídica de las mujeres y las niñas sea inferior a la que disfrutan los hombres y los niños, mediante la adopción de políticas económicas y públicas que prevengan la carencia de opciones en materia de medios de vida sostenibles y niveles de vida básicos para las mujeres y las niñas” (párr. 50). “Promulgar leyes que protejan a las mujeres y presten asistencia efectiva a las víctimas del maltrato en el hogar, revisar el derecho de familia y encarar las prácticas socioculturales, incluidos los arreglos intrafamiliares, que aumentan la exposición de las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual” (párr. 52). “Establecer un marco de migración segura y con perspectiva de género para proteger a las mujeres y las niñas migrantes, incluidas aquellas en situación migratoria irregular, frente a las violaciones de sus derechos humanos en todas las etapas de la migración…” (párr. 56). “Prevenir la trata y la explotación sexual en todas las instalaciones donde se alojan mujeres y niñas desplazadas, entre otras cosas capacitando al personal de las instalaciones para detectar a las posibles víctimas, y garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas creando alojamientos e instalaciones exclusivos para su sexo…” (párr. 67). “Adoptar una política de tolerancia cero frente a la trata, la explotación sexual, el trabajo forzoso, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, sobre la base de las normas internacionales de derechos humanos, que se dirija a grupos como las fuerzas armadas nacionales, las fuerzas de mantenimiento de la paz, la policía de fronteras, los funcionarios de inmigración, los agentes humanitarios y otros funcionarios de organizaciones internacionales y organizaciones internacionales de la sociedad civil” (párr. 68). “Garantizar el acceso a procedimientos de denuncia y mecanismos de reparación en los casos de violaciones de los derechos humanos” (párr. 69). “Pedir a las empresas de medios sociales y plataformas de mensajería que rindan cuentas por exponer a las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual mediante el uso de sus servicios. Requerir que esas empresas definan los controles pertinentes para mitigar esos riesgos y establezcan la estructura y los procedimientos de gobernanza adecuados para poder ser ágiles en su respuesta y proporcionar información a las autoridades competentes en la medida necesaria” (párr. 71). “Iniciar la detección proactiva de la producción de contenido en línea relativo a abusos sexuales durante la pandemia de COVID-19 y, después, cooperar con las empresas tecnológicas en la creación de herramientas automatizadas para detectar la captación en línea e identificar a los tratantes, y fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado para afrontar el incremento de la incidencia de este delito a raíz de la pandemia” (párr. 73). “Pedir que las plataformas interactivas digitales intercambien información a fin de facilitar la cooperación internacional en la lucha contra la trata y la explotación sexual, y ayudar en las actividades de aplicación de la ley” (párr. 74). “Afrontar los efectos colaterales adversos de las actividades de lucha contra la trata velando por que no se detenga arbitrariamente a mujeres y niñas inocentes, ni se las someta a malos tratos ni a acusaciones falsas, en particular las mujeres pertenecientes a grupos marginados y las que ejercen la prostitución, entre otras cosas mediante redadas llevadas a cabo por las fuerzas del orden con miras a desmantelar redes de trata” (párr. 76). “La detección de las víctimas o presuntas víctimas y su remisión a servicios de asistencia deben estar a cargo de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de todas las esferas pertinentes, cuya composición pueda adaptarse a las circunstancias de cada caso, y no deben ser dirigidas exclusivamente por las autoridades policiales o de inmigración ni estar condicionadas a que se emprendan actuaciones penales ni a su resultado, sino que deben basarse en las vulnerabilidades personales y sociales de las víctimas y posibles víctimas” (párr. 78). “Impartir capacitación actualizada y consecuente a profesionales de todas las esferas pertinentes sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas y las diversas formas de explotación de las mujeres y las niñas…” (párr. 79). “Reforzar la capacidad de los sistemas de atención de la salud para detectar, en una fase temprana, a las mujeres y las niñas que corren el riesgo de ser objeto de trata y las víctimas de la trata, independientemente de su situación migratoria, e intervenir al respecto, garantizando el acceso confidencial y seguro a una atención de la salud gratuita, sobre la base de una atención que tome en consideración los traumas y se centre en las supervivientes, de conformidad con las normas internacionales” (párr. 80). “Evaluar los efectos del marco jurídico y normativo nacional, en particular con respecto a la aplicación de los marcos de inmigración, asilo, trabajo, salud, educación y protección social a las víctimas de la trata, para velar por que no afecten negativamente a la detección, la asistencia, la protección, la inclusión social y la reintegración de las víctimas y no aumenten la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la trata, la trata reiterada, la detención, el retorno forzoso u otros agravios” (párr. 82). “Mejorar la colaboración, la coordinación y el intercambio de conocimiento transfronterizos entre las autoridades de control de fronteras, aplicación de la ley, protección infantil y protección social y las organizaciones no gubernamentales, a fin de proporcionar a las mujeres y las niñas desplazadas y migrantes centros y servicios de acogida adecuados y suficientes…” (párr. 84). “Velar por que todas las medidas de gobernanza adoptadas en las fronteras internacionales, incluidas las destinadas a hacer frente a la migración irregular y combatir la delincuencia organizada transnacional, respeten el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones arbitrarias y colectivas” (párr. 85). “Desarrollar la capacidad del personal de las fuerzas del orden, incluidos los funcionarios de policía, inmigración y control de fronteras, así como los profesionales que trabajan en las zonas, o cerca de ellas, donde se encuentran las mujeres y las niñas que se enfrentan a la migración por situaciones de dificultad y al desplazamiento o corren el riesgo de hacerlo…” (párr. 86). “Aplicar un marco de diligencia debida a la evaluación de riesgos realizada por equipos multidisciplinarios para detectar a las mujeres y las niñas víctimas de la trata y protegerlas frente a nuevas violaciones de sus derechos…” (párr. 87). “Por motivos humanitarios y de derechos humanos, proporcionar acceso a asistencia letrada gratuita y conceder, cuando sea posible, un período de reflexión y recuperación, y un permiso de residencia hasta que se produzca la identificación oficial para que las mujeres víctimas de la trata y las personas a su cargo puedan participar en las medidas de recuperación y reintegración, que deben ser inclusivas y accesibles y no estar supeditadas a su participación en el proceso de justicia penal ni a que los tratantes sean condenados, entre otras un acceso de emergencia y a más largo plazo, que sea adecuado, individualizado y sensible a las cuestiones de género, esté adaptado a las necesidades de los niños y tome en consideración los traumas, a alojamiento, prestaciones sociales, oportunidades de educación y empleo, atención médica de gran calidad, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva y apoyo psicológico, la expedición de documentos oficiales de identidad de forma gratuita, medidas de reunificación familiar y procedimientos de asilo, cuando proceda. Conceder a las niñas víctimas permisos de residencia de duración indefinida, conforme a su interés superior, para facilitar el acceso a una solución duradera que sea sostenible y segura a largo plazo” (párr. 92). “Velar por que el principio del interés superior del niño sea una consideración primordial en la adopción de decisiones sobre todas las niñas que son víctimas de la trata, incluidas las no nacionales, por que se respete su derecho a ser oídas, por que se les garantice el acceso a servicios de protección y apoyo que sean adecuados a su desarrollo y edad, integrados e interdisciplinarios y que incluyan coordinación asistencial individualizada, a la localización de familiares y a la reunificación de los niños no acompañados y separados, y por que no se criminalice ni detenga nunca a los niños. Llevar a cabo determinaciones de la edad solo como medida de último recurso y de manera multidisciplinar, científica y culturalmente apropiada, adaptada a las necesidades de los niños, sensible a las cuestiones de género y, en el caso de todas las niñas no acompañadas o separadas, supervisadas por un tutor calificado” (párr. 96). “Contrarrestar las actitudes estereotipadas y la discriminación contra las mujeres y las niñas víctimas de la trata y la explotación sexual, en particular las migrantes, impartiendo capacitación, que tome en consideración los traumas, sea sensible a las cuestiones de género y esté adaptada a las necesidades de los niños, a las personas encargadas de prestar servicios de asistencia y protección, entre ellas las autoridades competentes a nivel local y estatal, los organismos de protección infantil, las autoridades de embajadas y consulados, los empleadores y las agencias de contratación públicas y privadas, y los agentes de policía, los funcionarios de fronteras, el personal de inmigración, los inspectores de trabajo, los trabajadores sociales y los profesionales sanitarios” (párr. 97). “Velar por que ninguna de las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata, sin excepción, sea objeto de arresto, acusación, detención, enjuiciamiento o sanción ni sea castigada de otro modo por la entrada o la estancia irregular en países de tránsito y destino debido a la falta de documentación o por su participación en actividades ilícitas en la medida en que esta sea consecuencia directa de su condición de víctima de la trata. El principio de no penalización: a) Debe consagrarse en la legislación y aplicarse mediante una capacitación adecuada para garantizar que los equipos de respuesta puedan detectar a las víctimas de la trata a fin de prestarles socorro; b) No debe obligar a las víctimas a aportar pruebas ni a testificar a cambio de inmunidad de enjuiciamiento, reparación o servicios; c) Debe facilitar a las víctimas de la trata la interposición de un recurso para eliminar sus antecedentes penales en los casos en que hayan sido condenadas por delitos cometidos como consecuencia directa de su condición de víctimas de la trata” (párr. 98). “Proporcionar a todas las mujeres y las niñas información accesible, en un formato que comprendan, sobre sus derechos en virtud de la Convención y su Protocolo Facultativo, las disposiciones jurídicas que las protegen de la trata y la explotación y los recursos jurídicos correspondientes de que disponen para presentar denuncias de violaciones de esos derechos, la forma de acceder a ellos, sus derechos a asistencia y protección continuadas, entre otras cosas mediante teléfonos de asistencia ininterrumpida y asistencia letrada gratuita, asesoramiento y representación en procesos judiciales y cuasijudiciales en todos los campos del derecho” (párr. 99). “Velar por que se facilite el acceso a mecanismos de denuncia y de justicia inclusivos que tengan en cuenta la edad y las cuestiones de género, entre otras cosas mediante la provisión de ajustes procedimentales y en función de la edad, para todas las mujeres y las niñas víctimas de la trata, incluidas las no ciudadanas, proporcionando vías eficaces para buscar protección y reparación por las violaciones de sus derechos mediante la creación de las condiciones adecuadas para presentar denuncias sin temor a represalias, arresto, detención ni deportación” (párr. 100). “Velar por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata tengan derecho ejecutorio a recursos jurídicos asequibles, accesibles y oportunos por conducto de los tribunales penales, civiles y laborales y de procedimientos administrativos…” (párr. 101). “Garantizar a todas las mujeres y las niñas víctimas de la trata una vista imparcial y el debido proceso en los procedimientos administrativos y judiciales, incluidos los procedimientos de detención y expulsión, asegurándose de que sean oídas, informadas y consultadas durante toda la vista y de que tengan acceso a ajustes, apoyo y protección adecuados, que tomen en consideración los traumas, la edad y las cuestiones de género, y estén adaptados a su cultura, de manera que puedan testificar contra sus tratantes” (párr. 102). “Salvaguardar el derecho a la intimidad de las niñas víctimas de la trata, velando por que estén constantemente informadas y puedan ejercer su derecho a ser oídas. Velar por su derecho a una protección especial en las actuaciones judiciales mediante la prestación de asistencia jurídica especializada y adaptada a las necesidades de los niños a fin de simplificar los procedimientos de testificación y prevenir traumas adicionales, entre otras cosas asignando defensores de las víctimas, trabajadores sociales o tutores legales” (párr. 103). “Se alienta a los Estados partes a que sistematicen su cooperación judicial y en materia de justicia penal, entre otras cosas armonizando los procedimientos jurídicos de asistencia judicial recíproca, extradición y decomiso y devolución del producto del delito, con los países de origen, tránsito y destino para la trata de mujeres y niñas” (párr. 107).

Otra jurisprudencia relacionada

Informe sobre Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos; Recomendación General Nº 2 sobre mujeres y niñas desaparecidas; Observaciones finales sobre Argentina (CMW) 

Tribunal

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW

Presentaciones relacionadas

 
Historial de versionesHistorial de versiones

Nombre

Titulo

Hechos relevantes del caso

Categoria

Fecha

Voces CSJN

Decisión y argumentos

Otra jurisprudencia relacionada

Tribunal

Presentaciones relacionadas

Estado de aprobación
Versión:
Creado el por
Última modificación realizada el por