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Jurisprudencia: Mota Abarullo y otros v. Venezuela

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Titulo

Mota Abarullo y otros v. Venezuela

Hechos relevantes del caso

Cinco personas se encontraban detenidas en el centro de detención de adolescentes en conflicto con la ley penal Juan José Bernal, en Bolívar. El centro estaba adscrito al Instituto Nacional de Atención del Menor (INAM) y albergaba adolescentes y también jóvenes mayores de edad, sin separación entre personas condenadas y procesadas. Las instalaciones presentaban una serie de problemas estructurales, tales como hacinamiento, falta de personal de custodia suficiente y ausencia de instalaciones y medidas de seguridad adecuadas. Existían otras deficiencias, como la falta de control de ingreso de material prohibido o la falta de implementación de programas de educación dirigidos a la readaptación social. Tampoco contaba con un plan de atención a emergencias ni con medidas de prevención y protección contra incendios. El 30 de junio de 2005 tuvo lugar un incendio en el interior de una celda. A causa del incidente, fallecieron las cinco personas, cuatro de dieciocho y una de veinte años. Todos ellos habían ingresado al centro por infracciones cometidas antes de la mayoría de edad. La actuación del servicio de emergencia y de los bomberos imposibilitó combatir el incendio a tiempo, debido a la demora en llegar al lugar y la falta de equipos adecuados. El 29 de septiembre de 2008, la Fiscalía acusó formalmente a tres funcionarios del centro por homicidio culposo y solicitó la apertura del juicio oral. No obstante, la audiencia de juicio fue pospuesta en múltiples ocasiones entre los años 2010 y 2015. El 6 de noviembre de 2019 se dictó orden de captura contra los acusados por reiteradas incomparecencias a las audiencias de juicio. Hasta la actualidad, la causa no fue concluida.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

18/11/2020

Voces CSJN

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; CONDICIONES DE DETENCIÓN; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA VIDA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; HACINAMIENTO; FINALIDAD DE LA PENA; REINSERCIÓN SOCIAL; EDUCACIÓN; TRABAJO;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida); 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 (derecho a la integridad personal, inclusive respecto a los mandatos de separación de personas condenadas y procesadas y adultas y menores de edad, así como sobre la finalidad de las penas de privación de libertad) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana. Igualmente, la Corte declaró la responsabilidad de Venezuela por la violación de los artículos 5.1 (derecho a la integridad personal), 8.1 (derecho a las garantías judiciales) y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención, en perjuicio de los familiares de las cinco víctimas. 1. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Condiciones de detención. Interés superior del niño. “[L]a privación de libertad de niñas o niños debe utilizarse como `medida de último recurso’. Debe llevarse a cabo de modo que permita cumplir la finalidad de reintegración de la medida, que es inclusiva de una educación que le permita prepararlo para su regreso a la sociedad” (párr. 80). “De lo anterior se desprende que, en tanto el régimen especial para niñas o niños resulte relevante, su ejecución debe efectuarse de modo que permita cumplir la finalidad aludida. Sobre el particular la Corte ha señalado que, `conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante la ejecución de las medidas o sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de 18 años de edad que hayan cometido delitos y que, conforme a la legislación interna, sean imputables’. Esto tiene sustento en que, como ha indicado el Comité de los Derechos del Niño, `[l]a aplicación de un método estrictamente punitivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil enunciados en el artículo 40, párrafo 1, de la Convención [sobre los Derechos del Niño]. Se debe tener en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial, así como la necesidad de promover su reintegración en la sociedad’” (párr. 81). “[L]as obligaciones relevantes del Estado respecto a los cinco jóvenes fallecidos, que iniciaron a partir de su vinculación al sistema de justicia y su privación de libertad cuando ellos eran menores de 18 años, corresponden a aquellas atinentes a los derechos de las niñas o niños, de conformidad con el artículo 19 de la Convención. En ese sentido, a fin de cumplir la finalidad socio-educativa que resulta propia de medidas adoptadas respecto a niños o niñas que hubieren cometido infracciones a la ley penal, incluso cuando implican la privación de libertad, procede extender el régimen especial de adolescentes a quienes cumplan 18 años de edad mientras se encuentran cumpliendo dichas medidas. En ese sentido, la sola circunstancia de cumplir 18 años no sustrae a los jóvenes sometidos a privación de libertad en establecimientos para adolescentes de la especial protección que debe proporcionales el Estado. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que `[l]os sistemas de justicia juvenil […] deben ampliar la protección a los niños que eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito pero que alcanzan esa edad durante el juicio o el proceso de imposición de la pena’” (párr. 85). “Es preciso enfatizar que, si bien las víctimas del presente caso habían cumplido 18 años cuando ocurrió el incendio en su celda, su privación de libertad era consecuencia de infracciones a la ley penal cometidas cuando eran menores de edad. En consecuencia, el principio de especialidad […] determina que la sanción se rija en su ejecución conforme al estatuto personal vigente a la fecha de la comisión del ilícito. El principio de especialidad se aplica en cuanto a la determinación de las medidas y sanciones e impone condiciones de ejecución diferenciadas durante toda su implementación” (párr. 86). 2. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Responsabilidad del Estado. Condiciones de detención. Principio de dignidad humana. Interés superior del niño. “[Q]uien sea privado de su libertad `tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle [los] derecho[s] a la vida y a la integridad personal’. La restricción de los mismos `no sólo no tiene justificación fundada en la privación de libertad, sino que también está prohibida por el derecho internacional’. El Tribunal ha explicado también que, […] frente a personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia, más aún si se trata de niños. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” (párr. 88). “Esta condición de garante del Estado, lleva a que éste deba procurar a las personas privadas de la libertad `condiciones mínimas compatibles con su dignidad’, lo que resulta necesario para `proteger y garantizar’ su vida e integridad. Al respecto, este Tribunal ya ha hecho notar que `ha incorporado en su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad’” (párr. 89). “Lo anterior, requiere que se garanticen adecuadamente condiciones de seguridad durante la privación de libertad. El Estado, en ese sentido, debe prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación del derecho a la integridad personal o del derecho a la vida” (párr. 90). “La posición de garante aludida, a su vez, presenta modalidades especiales en el caso de niños o niñas. Frente a tales personas privadas de la libertad, el Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. En ese sentido, este Tribunal ha ya tenido en cuenta que `los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen en el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño’. La protección de la vida del niño `requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su detención o prisión’. Lo anterior requiere que los Estados adopten medidas eficientes para evitar la violencia, inclusive actos de amotinamiento o similares, como así también situaciones de emergencias” (párr. 91). “[L]os Estados tienen una obligación de `desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida y el derecho a gozar las condiciones mínimas de una vida digna, especialmente cuando se trata de niños y niñas, quienes requieren una atención especial por parte del Estado’” (párr. 92). 3. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Hacinamiento. Derecho a la integridad personal. Condiciones de detención. “[E]l hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal y que obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios. Además, `no permite que los adolescentes desarrollen una vida digna mientras se encuentran privados de libertad, [lo que] cobra especial relevancia en virtud de la obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana’” (párr. 94). “La regla de separación de niños o niñas y personas adultas en establecimientos de detención o reclusión debe aplicarse y entenderse de conformidad con lo anterior. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha reconocido que: `[e]sta norma no significa que una persona internada en un centro para niños deba ser trasladada a una institución para adultos inmediatamente después de cumplir los 18 años, sino que debería poder permanecer en dicho centro si ello redunda en su interés superior y no atenta contra el interés superior de los niños internados en el centro’” (párr. 82). “La Corte ha dicho […] que `para proteger la vida e integridad personal’ de niños privados de libertad debe existir, como mínimo, una separación por categorías de edad, naturaleza de la infracción cometida y entre jóvenes procesados y aquellos cuya situación ya ha sido resuelta, de manera que los internos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes sectores dentro del establecimiento. En consonancia con lo dicho anteriormente, `[e]l criterio principal para separar a los diversos grupos de menores [de 18 años de edad] privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales’” (párr. 84). “En lo que se refiere a la separación de internos por categorías, la misma debe realizarse, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 5.4 y 5.5 de la Convención, `entre procesados y condenados y entre los menores de [18 años de] edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición’. Además de lo ya expuesto […] sobre la separación entre adolescentes y adultos, la Corte ha aclarado que `la separación de los procesados y de los condenados requiere no solamente mantenerlos en diferentes celdas, sino también que estas celdas estén ubicadas en diferentes secciones dentro de un determinado centro de detención, o en diferentes establecimientos si resultara posible’” (párr. 96). “Asimismo, los Estados deben extremar los cuidados en consideración a las especiales características de las instituciones totales para niños, niñas y adolescentes, en particular el mayor riesgo de conflictividad violenta por efecto de su etapa psicológica evolutiva” (párr. 97). “En ese marco, los centros de privación de libertad de adolescentes deben ser seguros, lo que, entre otros factores, implica que garanticen la protección de las personas alojadas en ellos contra situaciones de riesgo; que, en caso de ser cerrados, tengan una población lo menos numerosa posible; que cuenten con `locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y la dignidad humana’, y que estén diseñados de modo que `reduzcan al mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de los locales’. Además, debe recordarse que la Corte ha establecido que el Estado, en su función de garante[,] debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que pondría[n] en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia. En este sentido, el Estado debe incorporar en el diseño, estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de los centros de detención, todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia [o] incendios y en el evento que se produzcan estas situaciones se pueda reaccionar con la debida diligencia, garantizando la protección de los internos o una evacuación segura de los locales. Entre esos mecanismos se encuentran sistemas eficaces de detección y extinción de incendios, alarmas, así como protocolos de acción en casos de emergencias que garanticen la seguridad de los privados de libertad” (párr. 98). “En este sentido, los Estados no deben proveer a los presos o internos, ni permitir que tengan en sus celdas, pabellones o ámbitos cerrados de alojamiento, colchones u otros elementos análogos que no sean ignífugos, especialmente los de materiales muy tóxicos en casos de combustión, como el poliuretano. Asimismo, deben tomar las medidas necesarias para que la autoridad de vigilancia tenga siempre, a su inmediata disposición y en verificadas condiciones de uso, las llaves o dispositivos que permitan la rápida apertura de celdas, pabellones o ámbitos cerrados. Además, es menester mantener en perfectas condiciones de funcionamiento extinguidores y otros dispositivos de combate de incendio en toda institución total” (párr. 99). 4. Personas privadas de la libertad. Niños, niñas y adolescentes. Finalidad de la pena. Reinserción social. Educación. Trabajo. “[L]as penas de privación de libertad deben cumplir la finalidad prevista en el artículo 5.6 de la Convención a la luz de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño […]. En relación con esta disposición, en el caso Mendoza y otros v. Argentina, la Corte recordó que el artículo 5.6 señala que `[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados’, y determinó que las penas impuestas a niños o niñas por la comisión de delitos deben perseguir la reintegración de tales personas a la sociedad. Este Tribunal ha señalado también que `la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos’. Los niños recluidos deben contar con programas y actividades que permitan su desarrollo sano” (párr. 102). “El cumplimiento de la finalidad prevista en [en el artículo 5.6 de la Convención] supone que la privación de libertad se desarrolle en condiciones adecuadas, que no resulten lesivas de los derechos de las personas penadas, lo que resulta particularmente relevante respecto a niños y niñas. De ese modo, la observancia del inciso 6 del artículo 5 de la Convención tiene relación con el cumplimiento, respecto de personas penadas privadas de su libertad, de los demás incisos de ese artículo. La Corte ha indicado, en ese sentido, que condiciones de encierro que conduzcan a un deterioro de la integridad física, psíquica o moral pueden, de acuerdo al caso y a su gravedad, ser `contrarias a la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del […] artículo [5 de la Convención]’” (párr. 104). “En esta línea, la Observación General No. 24 del Comité de los Derechos del Niño plantea que la privación de libertad es una medida de último recurso. Cuando la persona menor de 18 años de edad sea condenad debe recibir una educación, un tratamiento y una atención con miras a su puesta en libertad, su reintegración social y el desempeño de una función constructiva en la sociedad” (párr. 105).

Otra jurisprudencia relacionada

Mendoza y otros v. Argentina; Observación General Nº 24; Estudio mundial sobre los niños privados de la libertad 

Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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