Saltar al contenido principal
Ir a buscar
Inicio
Jurisprudencia Nacional
Jurisprudencia Internacional
Difusiones Mensuales
Boletines
Estudios sobre Jurisprudencia
Intranet
  
> Jurisprudencia > STCC 8892-2020  

Jurisprudencia: STCC 8892-2020

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

STCC 8892-2020

Hechos relevantes del caso

En el contexto de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, en Chile fue sancionada la ley N° 21.226. La norma estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos, audiencias y actuaciones judiciales. El artículo 9, inciso primero, de la ley estableció que podía solicitarse la suspensión de la vista de la causa o de la audiencia, en caso de que se alegara un impedimento generado por la emergencia sanitaria. Por su parte, el inciso segundo dispuso que en los procedimientos penales en los que hubiese una persona privada de la libertad, sólo se podía alegar dicha causal cuando el impedimento obstaculizara “en forma absoluta” que alguna de las partes pudiera ejercer las facultades otorgadas por la ley. Un hombre detenido e imputado por el delito de tráfico de estupefacientes solicitó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción que la audiencia de su juicio fuera realizada de manera presencial. El tribunal resolvió que el juicio se realizara con el Juez Presidente en la sala, con la posibilidad de que los demás integrantes pudieran asistir por videoconferencia. El tribunal autorizó la comparecencia de los testigos de forma remota y dispuso que el imputado presenciara el juicio por videoconferencia desde el establecimiento penitenciario en el que se encontraba. El imputado planteó la nulidad de la resolución por considerar que se afectaban las garantías del debido proceso y solicitó la inaplicabilidad, por inconstitucional, de la expresión “en forma absoluta” contenida en el artículo 9, inciso segundo, de la ley N° 21.226. La presentación señaló que la realización de un juicio oral a través de una videoconferencia violaba los principios de inmediación y oralidad, alteraba la calidad de la información de la prueba que se incorporase al juicio y exponía al acusado a un juicio de menor calidad.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

10/12/2020

Voces CSJN

EMERGENCIA SANITARIA; JUICIO ORAL; VIDEOCONFERENCIA; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHO DE DEFENSA; ASISTENCIA LETRADA; PRINCIPIO DE INMEDIACION; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; PRUEBA; DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD;

Decisión y argumentos

El Tribunal Constitucional de Chile declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la expresión “en forma absoluta” contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la ley N° 21.226. 1. Emergencia sanitaria. Juicio oral. Videoconferencia. Debido proceso. Acceso a la justicia. “[L]os juicios mediante plataformas electrónicas se han convertido en el medio que los diferentes Estados han preferido para administrar la justicia en el contexto de la enfermedad por COVID-19, lo cual ha significado ir adoptando un modelo de ‘justicia digital’, que ha transformado la forma en la que desarrollan la actividad jurisdiccional los Tribunales” (párr. 7). “[N]o se contiene en el requerimiento de estos autos un cuestionamiento general y abstracto al uso de herramientas tecnológicas de tipo telemático o videoconferencia para actuaciones procesales. En efecto, el uso de la videoconferencia en actuaciones procesales específicas es, en sí mismo, un avance en materia de acceso a la justicia, en el marco de un sistema jurisdiccional que ya lleva años con tramitación electrónica. Así, no debe dejar de reconocerse que el uso de la video conferencia es una herramienta útil en diversos actos procesales en los cuáles su uso no genera inconvenientes de afectación de garantías del derecho a defensa. Sin embargo, el avance tecnológico y el uso de herramientas informáticas no puede significar el sacrificio ni la degradación de las garantías mínimas del debido proceso, cuya mayor intensidad se manifiesta por necesidad en el sistema procesal, y dentro de él, reconociendo como punto cúlmine de su nivel de garantía al juicio oral penal” (párr. 11). “[L]a legislación ha asumido un nuevo paradigma de justicia digital, mas en cuanto a los principios y formas de manifestación de la misma los estándares específicos no han sido previstos por el legislador, habiéndose limitado a asegurar su desarrollo conforme al debido proceso, siendo misión de este tribunal determinar en un ejercicio de control concreto cuando podría afectarse por legislador y con qué intensidad, para constatar así si concurre o no un vicio que atenta en contra del debido proceso…” (párr. 12). 2. Derecho de defensa. Asistencia letrada. Juicio oral. Videoconferencia. “[L]a Corte ha considerado que la imposibilidad o las limitaciones en el derecho a defenderse personalmente o a través de un defensor impiden que, en los hechos, el imputado cuente con los medios para preparar su defensa, en los términos del artículo 8.2.c de la Convención Americana, lo cual es particularmente relevante en el presente caso, ya que los juicios orales telemáticos implican una limitación importante o significativa en la comunicación con el defensor…” (párr. 16). “De este modo no puede preterirse que la interdicción de la indefensión es un principio general (en nuestro sistema su consagración es sencilla: la defensa letrada no puede ser interferida, es inviolable, es irrenunciable y es elemento del racional y justo procedimiento […]) y que en ese orden toda hipótesis de indefensión puede ser total o parcial, debiendo además agregarse que al estar la actividad jurisdiccional regida por el principio de legalidad del juzgamiento y por el deber de motivación de la sentencia, el derecho de defensa necesariamente debe incluir la asistencia letrada, y se ha sostenido que esa asistencia ha de cumplir las condiciones de ser concreta y efectiva, lo que no se satisface con el mero nombramiento de un abogado defensor […]. Tal asistencia, no puede reducirse a una formal y mera designación de abogado patrocinante ni a un mero consejero distante y virtual mediante mensajería instantánea, sino que […] debe poder concretarse en la ‘acción de estar o hallarse presente’ en la diligencia realizada, con posibilidades ciertas de que esta concurrencia pueda resultar en asesoría efectiva y no un puro formulismo de comparecencia y contemplación, carente de acción y sin significación real” (párr. 17). “[E]l legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad” (párr. 18). “[A]l encomendar a la ley el arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos, se tuvo en consideración el que una materia tan relevante no pudiera ser alterada ni por vía administrativa ni por otro mecanismo, asegurando que las personas que lo requieran, puedan en los hechos ejercer su derecho al asesoramiento y defensa jurídica. [L]o cual incluye también a la degradación de los estándares del derecho a defensa por vía legislativa, en la medida que está dotado de un contenido esencial, que no puede ser sometido a condiciones, exigencias o gravámenes que impidan su libre ejercicio, en función de la garantía del contenido esencial de los derechos del numeral 26° del artículo 19 de la Carta Fundamental” (párr. 29). 3. Videoconferencia. Juicio oral. Derecho de defensa. Principio de inmediación. Principio de contradicción. “[E]l uso de videoconferencia puede generar afectaciones en la dimensión de inmediación formal en el procedimiento…” (párr. 33). “[E]n el caso de marras la cuestión constitucional dice relación con la satisfacción, en el contexto de la utilización de videoconferencias en la audiencia de juicio relativa al caso sublite, del estándar de diferentes principios presentes en torno al debido proceso, todos los cuales deben concurrir de forma absoluta en el desarrollo de cualquier controversia sometida al conocimiento de un tribunal, previamente establecido y competente. Lo anterior se traducirá en el hecho que el defensor pueda ejercitar en el juicio el conjunto de facultades que la ley otorga para percibir los cargos y la prueba, así como para mantener contacto directo y en tiempo real con su representado, ofrecer y presentar la prueba, así como poder expresar de forma clara e ininterrumpida sus fundamentos durante el debate en el desarrollo del juicio” (párr. 35). “[C]omo se colige de la presente sentencia, la contradicción en el proceso penal representa un pilar central, pues significa tanto la presencia ininterrumpida de los jueces durante todo el juicio oral, siendo la ausencia de uno de los jueces causal de nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dicte en el […]. En el mismo sentido, la presencia del fiscal debe ser ininterrumpida, siendo la ausencia de éste también una causal de nulidad en contra de la sentencia definitiva que fuere dictada en el contexto de dicho juicio” (párr. 38). “En el mismo orden, la presencia del acusado al inicio de la audiencia es un requisito indispensable para dar inicio al juicio oral, pues en caso de la ausencia de éste procederá la suspensión de la audiencia […]. A reglón seguido, cabe destacar que será un elemento de la esencia de esta etapa del proceso la comparecencia ininterrumpida del defensor, siendo la ausencia de este también una causal para deducir recurso de nulidad […], lo cual debe ser entendido a la luz de la funcionalidad del pleno ejercicio del derecho a defensa como elemento de validez de la actividad procesal penal, lo cual presupone que ese pleno ejercicio se refiere a las dimensiones formal y material de su ejercicio, pudiendo incluso ser declarado el abandono de la defensa por un ejercicio negligente o insuficiente de la misma” (párr. 38). “[E]l principio contradictorio tiende a cautelar la presencia física de quienes son parte esencial del proceso, cuestión que a propósito de los juicios orales a través de plataformas electrónicas varía, toda vez que la presencia física es reemplazada por la comparecencia virtual, la que está supeditada, en lo relativo a su calidad, intermitencia de la conexión, protección frente a la intromisión de terceros a la red, al servicio otorgado por el prestador de internet, así como a los software de seguridad que el usuario posea, cuestiones todas que dependerán tanto de la capacidad económica del interviniente, o bien de la calidad del servicio entregado por el prestador que corresponda, limitando la posibilidad de que las partes puedan hacer valer sus derechos o intereses legítimos por motivos que les son del todo ajenos, cuestión que también puede afectar a los integrantes del tribunal de juicio oral, que se conectan al juicio telemático de igual forma” (párr. 39). 4. Derecho de defensa. Prueba. Principio de inmediación. Videoconferencia. “Este principio a su vez se manifiesta en el otorgamiento a los sujetos procesales de su derecho a formular los alegatos iniciales para exponer sus pretensiones y defensas […]. Sin embargo, no se agota solamente en ello, pues el derecho a la prueba, a su producción y al examen y objeción de la prueba contraria son además elementos del derecho a defensa eficaz y también de un debido proceso, lo cual incluye como parte esencial la interrogación y la contrainterrogación de los testigos y peritos que se presenten durante el juicio oral…” (párr. 40). “[U]n juicio telemático solo garantiza que es imposible verificar el cumplimiento de esta prohibición de lectura [declaración de testigos y peritos]. En efecto, en una sala de audiencias, el examen de vista a corta distancia permite constatar que no hay lectura, mas en un juicio telemático, la pantalla de un computador puede contener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, incluyendo mensajería instantánea y documentos de texto, que pueden ser leídos mirando la misma pantalla donde está la aplicación de video conferencia, lo cual abre pie a la posibilidad incluso de declaraciones de testigos digitadas en tiempo real, sin que el tribunal tenga como siquiera examinar o precaver tal circunstancia, lo cuál además puede ocurrir respecto de peritajes, haciendo desaparecer el valor y funcionalidad de las reglas de oralidad e inmediación como herramientas de contra examen y escrutinio de probanzas, elemento esencial del derecho a defensa, e impidiendo al tribunal formarse convicción a través del examen de la actitud y expresión corporal real del deponente, que no puede siquiera ser percibida al verse solo su rostro dirigido a la pantalla” (párr. 41). “[L]a dimensión material de la inmediación se ve relativizada y degradada por los juicios telemáticos, pues la transmisión por pantalla y el enfoque solamente en el rostro acompañado de la voz pasa a ser un sucedáneo de la más completa e inmediata percepción presencial, siendo este mecanismo de videoconferencia una suerte de ‘mediación telemática en tiempo real’, también denominable como ‘presencia virtual’ que es tenido en principio por una equivalencia de presencialidad, pero sin los elementos de percepción presencial, pues ni siquiera el campo visual puede ser el mismo y tampoco se puede percibir si se cumple o no la prohibición de lectura de libretos” (párr. 44). “[S]i se excluye –a lo menos parcialmente– la inmediación a consecuencia de que la norma impugnada obliga a hacerlo mediante la mediación telemática, se expone al acusado a un juicio en el cual eventualmente podrá ver vulnerados sus derechos […], al no poder comunicarse directamente y en tiempo real con su defensor, lo que se traduce en no poder interactuar con él en el escrutinio y examen de las pruebas que sostienen la imputación en su contra, privándolo de comunicarle oportunamente circunstancias que sólo él puede observar y constatar” (párr. 45). “[E]l juicio telemático puede resultar en una degradación del principio de inmediación, en la medida que el mismo ‘ordena que el tribunal del juicio perciba a través de sus propios sentidos, de forma directa, sin intermediarios, la información que proviene de la fuente directa donde ésta se encuentra registrada, de modo que no se produzcan mayores filtros interpretativos que el propio y esencial a la fuente de la prueba de que se trate’ […]. De esta forma, inmediación no es solamente presencia ininterrumpida del tribunal, sino que el impedimento de lecturas también es uno de sus elementos” ” (párr. 48). “Por otra parte, inmediación significa ausencia de mediación, sea personal o mediante cosas, incluyendo la lectura y la tecnología. De esa forma, nuevamente se observa que la ‘presencia’ no es real sino ‘virtual’ al no haber sala común en que las personas interactúen por sus propios sentidos sino mediante la web sin una percepción completa y directa. A su vez, el computador y el soporte de la video conferencia son el ‘medio’ que permite el pretendido contacto, que es a su vez parcial, de tal manera que estamos en presencia de una suerte de ‘mediación telemática’ en tiempo real o ‘sincrónica’, que puede significar ‘inmediatez’ en tiempo real pero que en cuanto a sus caracteres dista de ser inmediación procesal en el sentido estricto de su dimensión material. En este sentido, al estimar ‘necesario’ los órganos colegisladores la dictación de una norma legal expresa que autorizara los juicios orales por zoom, reconocieron expresamente que no tenían cobertura legal habilitante suficiente en el Código Procesal Penal, lo cuál debe ser entendido a la luz de la afectación del derecho a defensa respecto de inmediación, oralidad y contradictorio…” (párr. 48). “[U]n proceso penal en única instancia requiere forzosamente de un alto estándar de inmediación, oralidad, escrutinio y contradicción mediante actividad procesal de parte, principios que pasan así a ser necesidades del debido proceso, motivo por el cual en la presente sentencia serán reconocidas como elementos integrantes de la garantía constitucional del debido proceso penal en el sistema chileno plasmado en el Código Procesal Penal. A su vez, si los principios de oralidad, inmediación, unidos al contradictorio hacen necesario resolver en única instancia para no resucitar la superada mediación. Así, la única instancia reconocerá su justificación en el pleno respeto y ejercicio de las garantías de oralidad, inmediación y contradictorio, acompañada además del control horizontal propio de un tribunal colegiado, de tal manera que si todas o bien alguna de dichas garantías se ven degradadas o no se respetan, el juzgamiento penal en única instancia se puede volver ilegítimo, al desaparecer los contrapesos y romperse el fino equilibrio que son necesarios para legitimar la actividad punitiva” (párr. 53). 5. Derecho de defensa. Debido proceso. Declaración de inconstitucionalidad. “[S]i el ejercicio de defensa se ve obstaculizado por un ‘impedimento absoluto’, ello significa que no se puede ejercer de ninguna forma, lo que significa que esa es una hipótesis de indefensión total, cuestión que en el derecho chileno no era necesario proscribir por la Ley N°21.226, pues la interdicción de la indefensión ya es parte de las garantías de la dimensión constitucional del debido proceso penal, además de sancionarse en el Código de diversas formas, dentro de las cuáles cabe mencionar al menos la nulidad de lo obrado en indefensión (sea por vía incidental o recursiva) y el abandono de la defensa” (párr. 55). “[S]i lo buscado por el artículo 9° de la Ley N° 21.226 era reforzar los estándares del derecho a la defensa, amén de dar continuidad al ejercicio de la jurisdicción en esta materia, para una pronta y cumplida administración de justicia, como impone el artículo 76 de la Constitución, de sus normas resulta una paradoja, pues frente a afectaciones calificables como ‘no absolutas’ ni ‘totales’ del ejercicio del derecho a defensa, el precepto cuestionado es una regresión” (párr. 56). “Es decir, la judicatura sí tenía atribuciones ordinarias y suficientes para ponderar afectaciones parciales o ‘no absolutas’ del ejercicio del derecho a defensa ‘en cualquier etapa del procedimiento’, sin necesidad de que se dictara la Ley N° 21.226, que solamente vino a autorizar los juicios telemáticos y en el precepto cuestionado a cercenar la ponderación de impedimentos ‘no absolutos’” (párr. 57). “[E]s evidente que el precepto cuestionado limitó las atribuciones ordinarias que la jurisdicción de cautela tiene en el artículo 10 del Código Procesal Penal, impidiendo la ponderación de impedimentos ‘no absolutos’ para ejercer el derecho a defensa como factor de suspensión de juicios orales y permitiendo la realización de los juicios en todas las otras hipótesis de afectación del derecho a defensa, lo que significa que el legislador ha dispuesto mediante el precepto que se declarará inaplicable validar afectaciones a un derecho a defensa que la Constitución Política proclama como inviolable, deviniendo así en ineficaces, tautológicas y vacuas todas las otras proclamaciones normativas en orden a que los juicios telemáticos han de realizarse con pleno respeto a los derechos fundamentales…” (párr. 58). “Así, declarada la inaplicabilidad caso a caso, y no siendo cuestionada general ni abstractamente la autorización legislativa para juicios orales penales telemáticos, serán los tribunales del fondo los que deberán ponderar si la afectación de derechos y garantías en el caso concreto invocado es o no de la entidad suficiente para determinar si se accede o no a la realización o a la suspensión del juicio oral telemático en el caso específico, en función de lo que se acredite respecto de la degradación o limitación del ejercicio de los derechos del imputado privado de libertad, sobre todo en materia de defensa y debido proceso. Debe tenerse presente además, que la suspensión o el reagendamiento seguirán regidas por las normas del artículo 7 de la misma Ley N° 21.226, lo cual despeja toda duda acerca de la validez de lo que se obre al fijar un estándar expreso y eventualmente suspender en cada caso concreto” (párr. 61). “[L]a declaración de inaplicabilidad del precepto cuestionado se revela como esencial y necesaria para poder dar cumplimiento a los estándares de debido proceso a que el Estado de Chile se encuentra obligado en el sistema penal, ya que solo así se podrán ponderar en sede de recurso de nulidad los impedimentos no absolutos de ejercicio del derecho a defensa…” (párr. 63).

Otra jurisprudencia relacionada

 

Tribunal

Tribunal Constitucional de Chile

Presentaciones relacionadas

 
Historial de versionesHistorial de versiones

Nombre

Titulo

Hechos relevantes del caso

Categoria

Fecha

Voces CSJN

Decisión y argumentos

Otra jurisprudencia relacionada

Tribunal

Presentaciones relacionadas

Estado de aprobación
Versión:
Creado el por
Última modificación realizada el por