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> Jurisprudencia > Sahlin v. Suecia  

Jurisprudencia: Sahlin v. Suecia

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Titulo

Sahlin v. Suecia

Hechos relevantes del caso

El peticionario, con discapacidad auditiva, se doctoró en derecho público en 2004. Desde ese momento trabajó con lengua de señas en diferentes universidades nacionales con contratos de corta duración. En 2015, la Universidad Pública de Södertörn sacó a concurso una vacante de profesor titular de derecho público. El peticionario ya había sido contratado con carácter temporal en esa universidad, cuyas autoridades sabían que requería interpretación de lengua de señas. El tribunal de evaluación lo consideró el candidato mejor cualificado para el puesto y le dio la oportunidad de dar una clase de prueba como parte del proceso de contratación. Sin embargo, la universidad canceló el proceso de contratación. La institución alegó que sería demasiado costoso financiar los gastos de interpretación de lengua de señas como medio para garantizar el derecho de empleo del peticionario en igualdad de condiciones con las demás personas. En ninguna etapa del proceso de contratación la universidad contempló formas de trabajo alternativas mediante adaptaciones o ajustes razonables. Entre otras, la adaptación de tareas para que no se requiriese interpretación, como la supervisión y examen de estudiantes y la formación basada en la web. A raíz de lo anterior, el peticionario presentó una denuncia por motivos discriminatorios ante el Defensor del Pueblo (Ombudsman), que interpuso una demanda en su nombre ante el Tribunal de lo Laboral de Suecia, última instancia en los casos enjuiciados con arreglo a la Ley de Conflictos Laborales. Sobre esta base, el Ombudsman afirmó que el peticionario tenía derecho a una indemnización de cien mil coronas suecas por la discriminación sufrida. El Tribunal determinó que la universidad no tuvo sesgo discriminatorio y consideró que el puesto había sido cancelado porque era demasiado costoso para la universidad financiar la interpretación de lengua de señas requerida. Concluyó que no era razonable exigir a la universidad que financiara gastos de interpretación, a pesar de la magnitud de su presupuesto para personal.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

15/10/2020

Voces CSJN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD; LENGUA DE SEÑAS; TRABAJO; NO DISCRIMINACIÓN; IGUALDAD; ACCESIBILIDAD; AJUSTES RAZONABLES;

Decisión y argumentos

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que Suecia era responsable por la violación de los artículos 5 (derecho a la igualdad y no discriminación) y 27 (derecho al trabajo) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 1. Personas con discapacidad. Lengua de señas. Trabajo. No discriminación. Igualdad. Accesibilidad. Ajustes razonables. “El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 27 a), e), g) e i) de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; emplear a personas con discapacidad en el sector público; y velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. El Comité recuerda además que, según el artículo 2 de la Convención, por `ajustes razonables’ se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (cfr. párr. 8.4). “[E]l artículo 5 de la Convención prohíbe todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, incluida la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación prohibida que no puede ser objeto de realización progresiva. Así pues, todas las formas de discriminación son igualmente contrarias a la Convención, y no corresponde hacer una diferencia sobre supuestos grados de gravedad en la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El Comité recuerda, asimismo, que los ajustes razonables constituyen una obligación ex nunc, es decir, ajustes que deben realizarse desde el momento en que una persona con discapacidad requiera acceder a situaciones o entornos que no le resultan accesibles, o quiera ejercer sus derechos. Para ello, es necesario que el garante de los derechos entable un diálogo con la persona con discapacidad, encaminado a la inclusión de esta última en las soluciones posibles que permitan la mejor realización de sus derechos y el fomento de sus capacidades” (cfr. párr. 8.5). “[A]l evaluar la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas de ajuste, los Estados partes disponen de cierto margen de discrecionalidad. También considera que, en general, corresponde a los tribunales de los Estados partes en la Convención evaluar los hechos y las pruebas en un caso determinado, a menos que se constate que la evaluación fue claramente arbitraria o equivalió a una denegación de justicia” (cfr. párr. 8.6). “[E]l hecho de no haber informado al peticionario de que las medidas financiadas por el Estado eran insuficientes para sufragar los ajustes necesarios para que pudiera desempeñar las funciones del puesto al que se había presentado impidió todo proceso de consulta y consideración de medidas alternativas de ajuste. En otras palabras, se descartó la posibilidad de mantener un diálogo con el fin de evaluar y desarrollar la capacidad del peticionario para ocupar un puesto permanente de profesor, ya que el proceso de contratación se canceló antes de que se pudiera llevar a cabo cualquier consulta y consideración de medidas de ajuste alternativas” (cfr. párr. 8.7). “Esta falta de diálogo afectó a las actuaciones judiciales, durante las cuales los razonamientos se centraron en el coste de la interpretación de la lengua de señas, sin considerar otras posibles medidas de ajuste…” (cfr. párr. 8.8). “[L]a búsqueda de un ajuste razonable tiene por objeto ser un proceso cooperativo e interactivo entre el empleado y el empleador, tratando de encontrar la mejor adecuación posible entre las necesidades de cada uno. Para determinar qué medidas de ajuste es razonable tomar, el Estado parte ha de asegurarse de que las autoridades públicas identifiquen qué ajustes efectivos pueden adoptarse para permitir al empleado llevar a cabo las actividades esenciales de sus funciones […]. El Comité no se pronuncia en lo que respecta a los resultados de una consideración adecuada de las medidas de ajuste alternativas y de las `otras medidas de financiación’. No obstante, considera que las autoridades competentes no adoptaron todas las medidas disponibles para promover la realización del derecho al trabajo de las personas con discapacidad” (cfr. párr. 8.9). “[La falta de provisión de la interpretación de lengua de señas] no tuvo en cuenta el efecto negativo de la evaluación del Tribunal en términos más generales, al desalentar a posibles empleadores de que consideraran la posibilidad de contratar a personas con deficiencias auditivas para puestos similares al que se presentó el peticionario” (cfr. párr. 8.10). “[L]as decisiones e intervenciones de las autoridades del Estado parte limitaron la posibilidad de que personas con discapacidad fueran seleccionadas para puestos que exigieran la adaptación del entorno laboral a sus necesidades. En particular, considera que la evaluación que hizo el Tribunal de lo Laboral de la medida de apoyo y adaptación solicitada respaldó la denegación de un ajuste razonable, lo que dio lugar a una exclusión discriminatoria de facto del peticionario del puesto para el que se había presentado…” (cfr. párr. 8.11).

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Tribunal

Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD

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