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Jurisprudencia: La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19

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Titulo

La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19

Hechos relevantes del caso

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos elaboraron un informe donde señalaron su preocupación por las medidas adoptadas para mitigar las consecuencias del COVID-19 y los impactos que podrían tener hacia las mujeres. En tal sentido, señalaron que las decisiones de otorgar libertad anticipada en algunos centros de detención, el confinamiento y la restricción del derecho al tránsito y de algunos servicios esenciales para la atención a las mujeres víctimas de violencia, entre otras medidas, tenían un efecto desproporcionado en relación con las mujeres y niñas. Además, indicaron que, en algunos casos, podían exacerbar la violencia en su contra. Por otra parte, señalaron que se debían tomar en cuenta determinados elementos para profundizar las medidas de prevención adoptadas. Entre otras cuestiones, señalaron el acceso a la información, el poder adquisitivo, la dependencia económica o de cuidados, el acceso a servicios de salud personal y familiar, la inestabilidad en el empleo, la pertenencia a un grupo en situación de vulnerabilidad y la forma personal y colectiva de enfrentar la crisis. En este sentido, el Comité destacó algunas recomendaciones necesarias para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas durante esta etapa.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

17/07/2020

Voces CSJN

EMERGENCIA SANITARIA; VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA SEXUAL; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; VIOLENCIA FAMILIAR; ACCESO A LA JUSTICIA; DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; MIGRANTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; LGBTIQ; DERECHO A LA SALUD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA INFORMACIÓN; DENUNCIA; DEBIDA DILIGENCIA; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA;

Decisión y argumentos

1. Emergencia sanitaria. Violencia de género. Violencia sexual. Niños, niñas y adolescentes. Violencia familiar. Acceso a la justicia. Denuncia. Debida diligencia. Medidas de acción positiva. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Migrantes. Personas con discapacidad. LGBTIQ. Derecho a la salud. Personas privadas de la libertad. Derecho a la información. Capítulo I. Patrones de violencia acentuados por el COVID-19: “La región americana ha visto un incremento sustancial en noticias relativas a la muerte violenta de mujeres […], de llamadas a los servicios de auxilio […], de denuncias de violencia sexual contra niñas […], de embarazos en niñas menores de 14 años […], de limitaciones a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres […], en el marco de una ya limitada capacidad de los Estados para abordar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones”. “[A]lgunos de estos patrones obedecen a un aumento de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, frente al aumento de la vulnerabilidad al convivir con los agresores. Sin embargo, también se han generado otros elementos relevantes como la ausencia de espacios colectivos como la escuela, el trabajo o los centros de cuidados para adultos y adultas mayores, que afecta, de manera directa, las herramientas con las que cuentan las niñas y las mujeres adultas, así como las mujeres con discapacidad para la detección de casos de violencia o la recepción de información para enfrentarla y denunciarla. De otro lado, una cultura instalada que percibe las situaciones de pareja o expareja como algo privado podría estar generando un aislamiento mayor y una ausencia generalizada de mecanismos de apoyo, acompañamiento y rescate a mujeres que ya estaban en riesgo de violencia”. Capítulo II. Medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas: “En este marco, se presentan algunas propuestas de medidas que pueden implementarse para la prevención y atención inmediata de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas que se están acentuando a partir de la pandemia, enfocadas en los siguientes rubros: a) políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres; b) acceso a la justicia; c) fortalecimiento institucional […]”. “a) Políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres Para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia, es necesario que los Estados también lleven a cabo acciones específicas que se centren en el aumento de la violencia provocada por las medidas implementadas para reducir el contagio del COVID-19. Algunos ejemplos de este tipo de medidas son los siguientes: • Aumentar la capacidad de los albergues y refugios existentes, con las debidas garantías sanitarias. Declarar[los] como servicios esenciales […] y establecer medidas administrativas y judiciales que permitan separar a los agresores del hogar con las debidas garantías de protección para las mujeres y las niñas […]. • Establecer casas de acogida para mujeres y niñas migrantes que no pueden movilizarse y no tienen opciones de espacios seguros durante las cuarentenas. • Generar equipos de reacción inmediata para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género, con posibilidades reales de proteger a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia. • Generar un mecanismo especial dentro de la policía y/o fiscalía de delitos informáticos para identificar los casos de explotación sexual en línea y otros tipos de violencia en línea contra las mujeres, acrecentados con motivo de las cuarentenas. • Proteger la privacidad e integridad de las niñas y niños en relación con las clases en línea a través de plataformas seguras. Estas aulas virtuales deben contar con canales de denuncia de violencia en línea que sean atendidas de manera inmediata. • Crear mecanismos de alerta de género que identifiquen contextos de violencia y generen medidas de respuesta inmediata y focalizada. • Mejorar capacidad de acceso a la telefonía inteligente y a la mensajería silenciosa para acceder a información y generar mecanismos de protección a las mujeres que viven violencia, para asegurar el acceso a medidas como: botones de pánico, activación de micrófono, geolocalización, así como cualquier otra medida que asegure su protección. • Declarar las líneas de atención a la violencia y centros de respuesta psicológica, psicosocial y jurídica existentes como servicios indispensables y reforzarlos, priorizando la atención en línea y por teléfono. • Garantizar la movilización de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares y dispensar la necesidad de autorización especial y pago de multas para esos casos. • Realizar inspección directa o indirecta a las casas de las mujeres y las niñas sobre las que se tengan antecedentes de violencia. • Asegurar la atención de emergencia para casos de violencia sexual y prevención de embarazo. • Asegurar acceso a la información sobre consejería y servicios relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la provisión de anticonceptivos modernos de corta y larga duración, incluida la anticoncepción de emergencia. Del mismo modo, garantizar que todas las mujeres tengan acceso al parto sin riesgos y a la atención prenatal y posnatal, durante la pandemia. • Facilitar y difundir estratégicamente los diferentes medios para denunciar la violencia de género, como mensajes de texto, páginas de Internet o estrategias en las farmacias, supermercados o cualquier otro establecimiento a los que sí se pueda acceder en caso de cuarentena, así como cualquier otro medio que no ponga en riesgo a la mujer al ser vista o escuchada por sus victimarios y que sea accesible para toda la población tomando en cuenta toda la diversidad de las mujeres y las niñas. • Informar estratégicamente sobre las medidas que se están tomando y la forma en que se están implementando, incluyendo información clara en el idioma oficial y lenguas indígenas, lengua de señas, braille, así como hacerlos disponibles por escrito en formatos como Word o PDF, además de incluir descripción por escrito junto con toda comunicación gráfica, de tal manera que las mujeres conozcan las posibles puertas de salida a la violencia a las que se enfrentan […]. • Fortalecer los observatorios de igualdad y equidad de género para contar con información oportuna que permita prevenir y atender a tiempo la violencia contra las mujeres y las niñas […]. • Publicar guías de recomendaciones fáciles de implementar para las mujeres en situación de violencia durante la cuarentena y las personas que forman parte de sus comunidades, de tal forma que toda la sociedad pueda involucrarse en la prevención de la violencia de género”. “b) Políticas públicas para el acceso a la justicia [R]esulta fundamental que la justicia resulte accesible para las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito formal y material. El acceso formal concierne a la operatividad de los tribunales y el alcance de sus ámbitos de competencia en contextos de restricciones en su funcionamiento debido a la pandemia, mientras el ámbito material concierne a la cercanía de estos servicios legales para todas las mujeres afectadas. En cuanto al ámbito formal, si bien no se cuenta con información sobre casos en que los derechos a un debido proceso y a un recurso efectivo se hayan suspendido, lo cierto es que los distintos poderes judiciales han adoptado medidas para limitar su funcionamiento bajo esquemas que limitan sus operaciones a ‘funciones esenciales’ o que permiten dar trámite únicamente a ‘casos urgentes’. Esta situación podría poner en riesgo el acceso a la justicia para mujeres y niñas. En este sentido, se proponen las siguientes medidas para mitigar el impacto de las medidas tomadas por los poderes judiciales de la región, en el marco de la pandemia del COVID-19: • Extender automáticamente las medidas de protección otorgadas a las mujeres y niñas víctimas de violencia durante las cuarentenas sin que deba primar procedimiento alguno. • Hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para generar, difundir e implementar masivamente herramientas que permitan el acceso remoto a los órganos de procuración e impartición de justicia […]. • Modificar o interpretar requisitos procesales en aras de facilitar notificaciones y la realización y desahogo de actuaciones judiciales, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico y redes sociales, así como mediante la utilización de videoconferencias. • Se debe implementar el uso de las nuevas tecnologías para recibir las denuncias, como WhatsApp, Facebook e Instagram, y otras aplicaciones en línea para garantizar medidas de protección, así como la generación de comisarías virtuales. • Implementar medidas como buzones o ventanillas en los tribunales y en puntos estratégicos como supermercados o farmacias para la presentación de denuncias sin necesidad de que se tenga contacto físico con servidoras y servidores públicos, así como una línea telefónica gratuita para el seguimiento de los casos, para quienes no tengan acceso a herramientas tecnológicas para la actuación remota. • Facilitar mecanismos virtuales para la evaluación del riesgo de mujeres y niñas que viven violencia, y a través de estas herramientas determinar el grado de inseguridad o de riesgo que tiene la sobreviviente de padecer más violencia en el futuro. • Facilitar información y flexibilizar procedimientos para el uso de pruebas no tradicionales para los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, como grabaciones en celulares, fotografías de las consecuencias de la violencia, llamadas a las líneas de contención emocional o de emergencia, entre otras. • Asegurar la continuidad operativa de las defensorías y cualesquiera instancias de orientación, asesoría y representación jurídica para mujeres y niñas, particularmente quienes sufran casos de violencia, incluso mediante esquemas de actuación a distancia. • Revisar y, en su caso, ampliar los catálogos de casos que sean susceptibles de trámite judicial para atender a mujeres y niñas. En este sentido, es importante no excluir del catálogo de asuntos urgentes los asuntos en materia familiar pues mucha de la violencia directa o indirecta que se está incrementando en este momento se encuentra normada en los códigos civiles u otras normas referentes a la familia. Por ejemplo, el dictado, ejecución y supervisión de algunas medidas de protección, o la obtención de pensiones alimenticias o compensatorias, y otras garantías de protección de derechos como el acceso a la salud y a la seguridad social. • Atender que, en cuanto al ámbito penal, pese a que múltiples casos catalogados como urgentes son de esa naturaleza, hay indicios de que la atención se centra en el procesamiento de nuevos casos. Los expedientes abiertos con anterioridad (incluidos los de medidas de protección a mujeres y niñas) se encuentran en impunidad por falta de seguimiento por motivo de la pandemia, lo que genera un mensaje de permisibilidad y un riesgo de exposición de las víctimas frente a sus agresores. • Valorar la posibilidad de implementar beneficios preliberacionales, medidas sustitutivas de prisión y un uso restrictivo de la prisión preventiva que permitan que las mujeres, especialmente quienes no estén siendo procesadas o no hayan sido condenadas por delitos graves, así como para quienes estén en una situación especial de vulnerabilidad o que se encuentren junto con sus hijas e hijos pequeños dentro de la prisión. • Evitar que las personas encarceladas por violencia de género obtengan libertad condicionada por motivo de la pandemia”. “c) Políticas públicas para el fortalecimiento institucional Para implementar adecuadamente las medidas para prevenir, atender y sancionar efectivamente la violencia contra las mujeres y las niñas ante la pandemia, es necesario que los Estados fortalezcan su institucionalidad y su capacidad de respuesta rápida ante la crisis. Para ello, es necesario que se implementen medidas como las siguientes: • Incluir a las expertas y autoridades encargadas de las políticas nacionales en materia de violencia contra las mujeres en los gabinetes que gestionan la crisis actual y la post crisis relacionada con la pandemia. • Generar desde el gabinete o consejo conformado para atender la crisis, una política de Estado que derive en un plan de contingencia integral para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres con medidas concretas […]. • Involucrar a las organizaciones de sociedad civil especializadas que representan a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad a participar de las decisiones gubernamentales y de política pública, para que estas cuenten con perspectiva de género y de derechos humanos y con una perspectiva intersectorial que permita visualizar y atender a las mujeres con discapacidad, embarazadas, en situación de exclusión o precariedad, privadas de libertad, migrantes, LGBTI, víctimas de trata, trabajadoras domésticas, entre otras. Asimismo, financiar el trabajo de las organizaciones de sociedad civil que den atención a mujeres víctimas de violencia. • Mantener fortalecidas todas las áreas administrativas y judiciales que atienden la violencia contra las mujeres, con todos los recursos humanos, materiales y económicos necesarios, y que se les permita adecuar, de manera inmediata, sus procedimientos a las características de la pandemia para asegurar la prevención, atención, investigación y sanción de los actos que violen los derechos humanos de las mujeres y las niñas. • Implementar las medidas de forma articulada y bajo protocolos establecidos con todas las autoridades relevantes tales como poder judicial, defensorías del pueblo, ombudsperson, procuradurías de derechos humanos, ministerios del trabajo, áreas encargadas de grupos vulnerables, programas sociales, económicos y financieros, la fuerza policial, y demás áreas de administración de justicia. • Ejecutar las medidas acordadas asegurando que su implementación alcance a todos los sectores de la población y zonas del país, a través de enlaces territoriales que aseguren la implementación en todas las localidades de los países y no solo a nivel nacional […]. • Promover acuerdos con actores sociales relevantes como empresas privadas, medios de comunicación, fundaciones, organizaciones sociales, entre otras, para fomentar la cooperación en las medidas planteadas para disminuir la violencia contra las mujeres…”.

Otra jurisprudencia relacionada

COVID19 y Derechos Humanos; Pandemia y Derechos Humanos en las Américas; Resolución Nº 4/2020. Derechos Humanos de las personas con COVID-19 

Tribunal

Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)

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