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> Jurisprudencia > Aghdgomelashvili y Japaridze v. Georgia  

Jurisprudencia: Aghdgomelashvili y Japaridze v. Georgia

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

Aghdgomelashvili y Japaridze v. Georgia

Hechos relevantes del caso

El 15 de diciembre de 2009, diecisiete agentes de policía vestidos de civil ingresaron a la oficina de una ONG en Georgia con la intención de realizar un registro. En ningún momento del operativo mostraron una orden de allanamiento u otro permiso judicial. Al darse cuenta de que se trataba de una organización LGBT, los agentes se volvieron agresivos y mostraron un comportamiento homofóbico, acompañado de insultos y vejaciones contra las personas presentes, con amenazas de revelar su orientación sexual y herir a sus familiares. Tras arrestar al director de la organización, los policías aislaron a las mujeres, las desnudaron y y les hicieron comentarios denigrantes. Las mujeres manifestaron que los agentes no prestaron atención a la ropa y que el registro se realizó con el único objetivo de humillarlas. Ningún acta se elaboró de ese procedimiento. Finalmente, todas las personas fueron liberadas durante el transcurso del día. El 9 de enero de 2010, las mujeres interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Tbilisi y ante la Inspección General del Ministerio del Interior y la fundamentaron en los abusos de poder cometidos por los agentes de policía durante el registro de la oficina. Además, solicitaron que se investigase el comportamiento policial y su relación con la orientación sexual y la identidad de género. En abril de 2011, las peticionarias recibieron una carta de la fiscalía de Tbilisi en la que sólo se informaba que el caso estaba siendo investigado. Más de diez años después, no se han tomado medidas en relación a la investigación ni han recibido respuesta alguna a su solicitud.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

08/10/2020

Voces CSJN

LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; PROCEDIMIENTO POLICIAL; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; ABUSO DE AUTORIDAD; DEBIDA DILIGENCIA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; USO DE LA FUERZA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; RAZONABILIDAD; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Georgia era responsable por la violación del artículo 3 (derecho a no ser sometido a torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) en conjunción con el artículo 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. LGBTIQ. Identidad de género. Procedimiento policial. Igualdad. No discriminación. Fuerzas de seguridad. Abuso de autoridad. Debida diligencia. “[L]a responsabilidad internacional del Estado por aquella violencia motivada por el odio y cometida por sus fuerzas de seguridad, al igual que su obligación de investigar la existencia de un posible nexo entre un motivo discriminatorio y un acto de violencia, pueden analizarse bajo los aspectos sustantivos y procesales del artículo 3 del Convenio. No obstante, también pueden ser analizadas en virtud de las obligaciones derivadas del artículo 14 […] con el fin de asegurar sus valores fundamentales sin discriminación consagrados en el artículo 3 […]. De hecho, debido a la conjunción de ambas disposiciones, aspectos como los del presente caso pueden ser examinados en el marco de una sola de las dos disposiciones, sin que surja ninguna cuestión separada en la otra. También pueden requerir un examen simultáneo en virtud de ambos artículos. Esta es una cuestión que debe decidirse en cada caso concreto a la luz de los hechos y la naturaleza de los alegatos presentados” (cfr. párr. 35). “El Estado, en virtud del artículo 1 del Convenio, asume el deber general de `garantizar a todas las personas dentro de [su] jurisdicción los derechos y libertades definidos en [el] Convenio’. Implícitamente debe existir una investigación oficial y efectiva cuando una persona hace una afirmación creíble y razonable de que ha sufrido un trato violatorio del artículo 3 a manos de la policía u otras autoridades similares, entre otros. En principio, para que una investigación sea considerada `eficaz’, esta debería dirigirse al esclarecimiento de los hechos del caso y a la identificación de un castigo para los responsables. No se trata de una obligación en cuanto a objetivos sino a los medios empleados. Las autoridades deben tomar las medidas que estén razonablemente a su alcance para la obtención de las pruebas relativas al incidente que incluyen, entre otras cosas, el testimonio de testigos presenciales, pruebas periciales, etc. Cualquier deficiencia en la investigación que socave su capacidad para establecer la causa de las lesiones o la identidad de las personas responsables provocará el riesgo de incumplimiento de esta norma. También en este contexto está implícito un requisito de celeridad y rapidez razonable […]. En general, una respuesta rápida de las autoridades en la investigación de las denuncias de malos tratos se considera esencial para mantener la confianza de la sociedad en el mantenimiento del estado de derecho y para prevenir cualquier apariencia de colusión o aquiescencia de actos ilícitos. La tolerancia de las autoridades hacia este tipo de actos no puede minar la confianza pública en el principio de legalidad y el mantenimiento del estado de derecho por parte del Estado” (cfr. párr. 37). “[A]l investigar incidentes violentos como los malos tratos, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas razonables para desenmascarar posibles motivos discriminatorios. [D]eben hacer todo lo que sea razonable en función de las circunstancias para recopilar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para el esclarecimiento de la verdad y emitir decisiones totalmente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia inducida, por ejemplo, de intolerancia racial o religiosa, o violencia motivada por actos discriminatorios en base al género” (cfr. párr. 38). “[H]asta la fecha, la investigación del abuso policial no ha dejado como resultado aspectos concluyentes. Este retraso es prohibitivo en sí mismo, incompatible con las obligaciones estatales en virtud del artículo 3 en base a la realización de una investigación efectiva; sobre todo porque la tarea para identificar a los responsables de los presuntos malos estaba lejos de revestir dificultad. Tampoco las peticionarias han podido involucrarse en la investigación penal de manera significativa, ya que ni siquiera han sido declaradas víctimas, a pesar de sus numerosas solicitudes para tal fin” (cfr. párr. 39). “[L]a prolongación de la investigación manifiesta la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades nacionales para examinar el rol homofóbico y/o transfóbico desempeñado en el presunto abuso policial. Existía una necesidad urgente de realizar una investigación significativa sobre la posibilidad de que la discriminación hubiera sido el factor motivador detrás de la conducta de los agentes de policía, dada la hostilidad bien documentada contra la comunidad LGBT en el país en el momento de los hechos […], y a la luz del discurso de odio de los agentes de policía durante el incidente” (párr. 40). 2. Trato cruel, inhumano y degradante. Fuerzas de seguridad. Abuso de autoridad. Uso de la fuerza. Principio de dignidad humana. Razonabilidad. Responsabilidad del Estado. “[E]l artículo 3 no solo se limita a actos de maltrato físico sino que también cubre la imposición de sufrimiento psicológico. Así pues, un trato puede calificarse de `degradante’ –y por tanto entrar en el ámbito de la prohibición fijada en el artículo 3 del Convenio– si en la víctima se provocan sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, si se humilla o se degrada a una persona ante los ojos de la víctima y/o los ojos de otras personas, sea o no sea el propósito, si se quiebra la resistencia física o psíquica para actuar en contra de su voluntad o conciencia o si muestra una falta de respeto o menoscabo de la dignidad humana […]. Además, cuando una persona confronta con las fuerzas de seguridad encargadas del cumplimiento de la ley, el uso de la fuerza física que no haya sido estrictamente necesario menoscaba la dignidad humana. Las palabras `en principio’ no pueden interpretarse de manera que puedan existir situaciones en las que no se requiera de tal determinación porque no se haya alcanzado el umbral de gravedad. Dado que la injerencia en la dignidad humana ataca la esencia misma del Convenio, cualquier conducta por parte de las fuerzas de seguridad dirigida a una persona y que menoscabe la dignidad humana constituye una violación del artículo 3 del Convenio” (párr. 42). “[C]on independencia de que determinados actos sean perpetrados o no por agentes del Estado o por particulares, tratar la violencia y la brutalidad con una voluntad discriminatoria de la misma forma que casos que no tienen tales connotaciones, sería pasar por alto la naturaleza específica de actos que son particularmente lesivos de los derechos fundamentales. La ausencia de distinción en la forma en que se manejan situaciones que son esencialmente diferentes puede constituir un trato injustificado incompatible con el artículo 14 del Convenio” (párr. 44). “[Q]ueda por determinar si el Estado debe ser considerado responsable en virtud del artículo 3, en relación con el artículo 14 del Convenio, por el abuso policial cometido durante el incidente del 15 de diciembre de 2009. En tal evaluación, dos cuestiones que se encuentran interrelacionadas deben ser respondidas: (i) si los actos impugnados de los agentes de policía alcanzaron o no el umbral de severidad requerido para caer en el ámbito de prohibición del artículo 3, en conjunción con el artículo 14 del Convenio; y (ii) si el odio homofóbico y/o transfóbico fue o no un factor causal en la conducta impugnada de los agentes de policía” (párr. 46). “[E]l Tribunal no duda en responder afirmativamente a ambas preguntas dado que: 1) deliberadamente los agentes de policía habían humillado y degradado a las mujeres recurriendo al discurso de odio y profiriendo insultos; 2) su comportamiento contenía amenazas de divulgar su orientación sexual real y/o percibida, en un país en el que la comunidad LGBT se encontraba en una situación preocupante, así como una amenaza de uso de la fuerza física; y 3) el único propósito de los registros sin ropa era hacer que las peticionarias y el resto de mujeres se sintieran avergonzadas y humilladas y así castigarlas por su asociación con la comunidad LGBT. Los comentarios homofóbicos hechos por las mujeres policías en el curso de los registros pueden tomarse como prueba adicional del propósito abusivo” (párrs. 47-48). “A la luz de lo anterior, el Tribunal concluye que la conducta totalmente inadecuada de los agentes de policía durante el allanamiento de la oficina […] fue motivada por el odio homofóbico y/o transfóbico y, sin lugar a dudas, debe haber despertado en las peticionarias sentimientos de temor, angustia e inseguridad que son incompatibles con el respeto a su dignidad humana. Tal comportamiento alcanzó el umbral de gravedad exigido por el artículo 3, en conjunción con el artículo 14 del Convenio” (párrs. 49-50).

Otra jurisprudencia relacionada

Azul Rojas Marín y otra v. Perú; Informe sobre el reconocimiento de derechos de personas LGBTI; Informe sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación a las mujeres, niñas y LGTBI; OC-24-17 

Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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