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> Jurisprudencia > Munteanu v. Moldavia  

Jurisprudencia: Munteanu v. Moldavia

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Titulo

Munteanu v. Moldavia

Hechos relevantes del caso

El señor IM tenía problemas de consumo de alcohol y agredía a su cónyuge verbal y físicamente. En agosto de 2007 la agredió de manera grave, lo que motivó su internación en un hospital durante tres semanas. En 2011, la mujer solicitó una orden de protección para ella y el hijo que tenían en común. El Tribunal de Distrito dispuso que IM abandonara el hogar durante noventa días y no se acercara ni a ella ni a su hijo. IM regresó a la casa al día siguiente y se negó a irse. Ante esta situación la mujer realizó varias llamadas a la policía. Las comunicaciones fueron infructuosas. En junio de 2011, la mujer fue agredida nuevamente por su marido. El informe médico señaló que tenía heridas de arma blanca en el torso, en el hombro y la pierna izquierda. Por otro lado, su hijo también sufrió episodios de violencia grave por parte de su padre y en 2012 fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. Ese mismo año, a solicitud de su madre, el Tribunal de Distrito privó a IM de la patria potestad. Con posterioridad, IM le fracturó la mandíbula a su esposa, fue detenido y se le iniciaron dos procesos penales. En 2012 fue condenado por el delito de lesiones y en 2013 por violencia doméstica, amenazas de muerte e incumplimiento de órdenes judiciales. La mujer presentó diferentes reclamos contra la policía y los trabajadores sociales por no haber tratado sus solicitudes con seriedad, haber tolerado la violencia ejercida contra ella, haber retrasado la ejecución de las órdenes de protección y permitido su incumplimiento. IM salió de prisión en julio de 2014. Un año más tarde, ante un nuevo incidente de violencia denunciado por la mujer, la fiscalía inició una investigación penal por violencia doméstica. La investigación fue suspendida y se cerró en octubre de 2016. En diciembre de 2016 IM falleció.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

26/08/2020

Voces CSJN

VIOLENCIA DE GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA; DEBIDA DILIGENCIA; DENUNCIA; MEDIDAS DE SEGURIDAD; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; ACTOS DISCRIMINATORIOS;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Moldavia era responsable por la violación de los artículos 3 (prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes) y 14 (igualdad y no discriminación), leído en relación al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Violencia de género. Violencia familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a la vida privada y familiar. Responsabilidad del Estado. Medidas de acción positiva. “[L]os malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad para que entren en el ámbito de protección del artículo 3. La valoración de este nivel mínimo es relativa ya que depende de las circunstancias del caso, la naturaleza y contexto del tratamiento en cuestión, su duración, sus efectos físicos y psicológicos y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima…” (cfr. párr. 60). “Una vez que se ha demostrado que el tratamiento alcanzó el umbral de gravedad exigido por el artículo 3 del Convenio, el Tribunal debe examinar si las autoridades estatales han cumplido con sus obligaciones positivas en virtud del artículo 1 del mismo instrumento, leído en conjunto con el artículo 3, a fin de garantizar que las personas dentro de su jurisdicción estén protegidas contra cualquier forma de malos tratos, incluso cuando dicho trato sea ejecutado por particulares” (cfr. párr. 61). “Estas obligaciones positivas, que se encuentran interrelacionadas, incluyen: a) la obligación de establecer y aplicar en la práctica un marco jurídico adecuado que brinde protección contra los malos tratos por parte de particulares; b) la obligación de adoptar aquellas medidas razonables que cabría esperar con el fin de evitar un riesgo real e inmediato de maltrato del que las autoridades sabían o deberían haber sabido; y c) la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva cuando se ha planteado una denuncia discutible de malos tratos” (cfr. párr. 62). “La injerencia de las autoridades en la vida privada y familiar puede resultar necesaria para proteger la salud y los derechos de una persona o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias […]. Esto requiere que los Estados mantengan y apliquen en la práctica un marco legal adecuado que brinde protección contra actos de violencia por parte de particulares” (cfr. párr. 63). “Algunas de las lesiones [de la peticionaria] fueron bastante graves, como una herida de arma blanca y una fractura de mandíbula […], mientras que otras fueron causadas con tanta frecuencia que representan, a juicio del Tribunal, un maltrato sistemático que fue interrumpido únicamente mientras IM estaba en prisión. Además, el temor a nuevas agresiones era lo suficientemente grave como para hacer que la peticionaria experimentara un sufrimiento y ansiedad equivalentes a un trato inhumano en el sentido del artículo 3 del Convenio. De la misma forma, es evidente que el menor no sólo sufrió como resultado de presenciar la violencia contra su madre, sino que también fue agredido físicamente por su padre […]. En tales circunstancias, la Corte considera que el artículo 3 del Convenio es aplicable al presente caso. Por lo tanto, debe determinar si la actuación de las autoridades en respuesta a las denuncias de los peticionarios cumplió con los requisitos de dicha disposición” (cfr. párr. 64-67). 2. Medidas de acción positiva. Debida diligencia. Responsabilidad del Estado. Denuncia. Medidas de seguridad. Igualdad. No discriminación. Actos discriminatorios. “[L]as obligaciones positivas de los Estados en virtud del artículo 3 incluyen, por un lado, el establecimiento de un marco legislativo destinado a prevenir y sancionar los malos tratos por parte de particulares y, por otro, cuando exista conocimiento de un riesgo inminente de malos tratos sobre una persona o cuando ya se hayan producido, aplicar las leyes pertinentes en la práctica, con el fin de proteger a las víctimas y sancionar a los responsables” (cfr. párr. 68). “[L]as autoridades estatales tienen la responsabilidad de tomar medidas de protección en forma de disuasión efectiva frente a violaciones graves a la integridad personal de una persona por parte de un miembro de su familia o de una pareja […]. La interferencia de las autoridades en la vida privada y familiar puede resultar necesaria para proteger la salud y los derechos de la víctima o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias […]. Se debe evaluar el riesgo de una amenaza real e inmediata, teniendo debidamente en cuenta el contexto particular de la violencia doméstica. En tal situación, no se trata solo de la obligación de brindar protección general a la sociedad, sino de tener en cuenta la recurrencia de sucesivos episodios de violencia dentro de la familia […]. En muchos casos, la Corte encontró que incluso cuando las autoridades no permanecieron totalmente pasivas, no llegaron a cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 3 del Convenio, debido a que las medidas adoptadas no impidieron que el abusador perpetrara más violencia contra la víctima” (cfr. párr. 70). “Es evidente que a pesar de las numerosas denuncias y órdenes de protección adoptadas, las autoridades hicieron muy poco para proteger eficazmente a los peticionarios sobre el riesgo constante de violencia, como se hizo más evidente después de cada caso de malos tratos e incumplimiento de las órdenes de protección […]. La multa impuesta por violar una de las órdenes de protección […] no tuvo ningún efecto en su comportamiento. Lo anterior es suficiente para que la Corte concluya que las autoridades no cumplieron adecuadamente con su obligación positiva de prevenir la amenaza real e inmediata de violencia doméstica contra los peticionarios” (cfr. párr. 73-74). “[L]a violencia intrafamiliar afecta principalmente a las mujeres; además, la actitud generalizada de las autoridades locales genera un ambiente propicio para la violencia doméstica, tanto en la forma en que se trata a las mujeres en las comisarías cuando denuncian violencia intrafamiliar como la pasividad judicial para brindar protección efectiva a las víctimas […]. En consecuencia, que el Estado no proteja a las mujeres de la violencia doméstica viola su derecho a la protección igualitaria de la ley ya que este incumplimiento no necesita ser intencional” (cfr. párr. 80). “[L]a combinación de los factores anteriores demuestra claramente que las acciones de las autoridades no fueron una simple falla o retraso en el tratamiento de la violencia contra la peticionaria sino la condonación de esa violencia, lo que refleja una actitud discriminatoria hacia ella como mujer” (cfr. párr. 82).

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SL v. Bulgaria; X e Y V. Rusia; Volodina v. Rusia 

Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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