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Jurisprudencia: Calleja Loma y Calleja Lucas v. España

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Titulo

Calleja Loma y Calleja Lucas v. España

Hechos relevantes del caso

En septiembre de 2009 un niño de diez años con Síndrome de Down comenzó su cuarto curso de educación primaria en un colegio público de León, España. Desde el inicio del curso su tutor escolar no lo aceptó, lo discriminó y lo sometió a situaciones de abandono y maltrato físico y psicológico. En diciembre del 2009, el centro educativo realizó un informe psicopedagógico que declaraba que el niño tenía un trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador. El centro solicitó la intervención del Equipo Específico de Conducta y una trabajadora social comenzó a hacer un seguimiento del caso y a dar pautas a la familia y al profesorado. En septiembre del 2010 el niño comenzó el quinto curso de primaria y hasta un mes más tarde no contó con asistencia debido a que el tutor no lo consideró necesario. El padre del niño presentó quejas ante la Dirección Provincial de Educación. Sin embargo, la institución no tomó ninguna iniciativa para solucionar la situación. En marzo de 2011, el establecimiento elaboró un segundo dictamen y solicitó la escolarización del niño en un colegio de educación especial. Los padres desaprobaron los dictámenes y denunciaron que ninguno recogía las situaciones de maltrato sufridas por su hijo. Además, denunciaron ante la Fiscalía de Menores los maltratos y actos de discriminación llevados a cabo contra el niño. La fiscalía archivó la denuncia. Por otro lado, la Dirección Provincial de Educación autorizó su escolarización en un centro de educación especial. Los padres impugnaron la resolución y solicitaron que se reconociera el derecho de su hijo a ser escolarizado en un centro público educativo ordinario. El juzgado desestimó el recurso. Por esa razón, los padres recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El tribunal desestimó el recurso. Contra esa decisión, interpusieron un recurso de amparo que también fue rechazado. En mayo de 2013, los padres del niño interpusieron una segunda denuncia ante la fiscalía provincial. La presentación incluía como elemento novedoso declaraciones de madres de otros compañeros del niño y la afirmación del Tribunal Superior de Justicia sobre un funcionamiento anormal en el colegio. En octubre de ese año, la fiscalía dispuso que la denuncia fuera archivada. Un año después, la fiscalía denunció ante un juzgado la decisión de la familia del niño de no escolarizarlo en un centro de educación especial y alegó que tal decisión era constitutiva de un delito penal de abandono de familia. En mayo de 2014 el juzgado requirió a los acusados que pagaran una fianza y, un año más tarde, los absolvió.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

19/09/2020

Voces CSJN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD; EDUCACIÓN; EDUCACIÓN INCLUSIVA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA;

Decisión y argumentos

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas consideró que España era responsable por la violación de los artículos 7 (protección de niños, niñas y adolescentes con discapacidad), 15 (protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 17 (derecho a la integridad personal), 23 (derecho a la vida privada y familiar) y 24 (derecho a la educación), leídos solos y conjuntamente con el artículo 4 (obligaciones generales) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 1. Personas con discapacidad. Educación. Educación inclusiva. Igualdad. No discriminación. Niños, niñas y adolescentes. “El Comité recuerda que, `de conformidad con el artículo 24, párrafo 1, los Estados partes deben velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación mediante un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, que incluya los ciclos educativos de preescolar, primaria, secundaria y superior, la formación profesional y la enseñanza a lo largo de la vida, y las actividades extraescolares y sociales, y para todos los alumnos, incluidas las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás’. El Comité también recuerda que `la inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias de la educación para superar los obstáculos con la visión de que todos los alumnos de los grupos de edad pertinentes tengan una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa y el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias’. Igualmente, […] `el derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser objeto de segregación y a que se realicen los ajustes razonables, y debe entenderse en el contexto de la obligación de proporcionar entornos educativos accesibles y ajustes razonables’” (párr. 8.4). “[P]ara dar cumplimiento al artículo 4, párrafo 1, apartado b), de la Convención, los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan el artículo 24. Cuando sea necesario, se habrán de derogar o modificar las leyes, los reglamentos, las costumbres y las prácticas discriminatorias de forma sistemática y con arreglo a plazos establecidos” (párr. 8.7). “[L]a decisión administrativa de matricular [al niño] en un centro de educación especial, sin tener en cuenta la opinión de sus padres, sin haber explorado de forma efectiva la adopción de ajustes razonables que pudieran seguir asegurando su inclusión en el sistema de educación ordinario, sin haber acordado peso al informe del psicólogo clínico y de la asistente técnico educativa, y sin haber tenido en cuenta las alegaciones de los autores con respecto a los actos de discriminación y abusos sufridos por [el niño] en el centro de educación ordinaria al que asistía, constituyen una violación de sus derechos bajo el artículo 24, leído solo y conjuntamente con el artículo 4 de la Convención” (párr. 8.8). 2. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la vida privada y familiar. “En cuanto a las alegaciones relacionadas con el artículo 23, leído conjuntamente con el artículo 4, el Comité toma nota de la pretensión de los autores de que el Estado parte vulneró su derecho a una vida familiar al haber interpuesto una denuncia contra los padres por abandono de familia, en razón de que se opusieron a llevar a su hijo al Centro Educativo Especial […]. El Comité observa la afirmación de los autores de que si la denuncia hubiera prosperado podría haber conllevado la perdida de la patria potestad de los padres en favor de su hijo. El Comité también observa que, de acuerdo con la información disponible […], el Juzgado impuso a los padres [del niño] como medida cautelar, que prestaran una fianza […]. El Comité considera que dicha fianza supuso una carga económica excesiva para los padres [del niño] que se agregó a las tensiones generadas en el contexto de su lucha a favor de los derechos de su hijo a una educación inclusiva, y que sin duda repercutió negativamente en su bienestar individual y familiar” (párr. 8.9). “[E]l Comité recuerda que en su Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo instó al Estado parte a `[v]igilar que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones’” (párr. 8.10). 3. Derecho a la integridad personal. Principio de dignidad humana. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Debida diligencia. “[S]egún el artículo 15 de la Convención, ninguna persona puede ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que los Estados parte deben de tomar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité recuerda también que según el artículo 17 de la Convención, toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás” (párr. 8.12). “[E]l Comité observa que, en su segunda denuncia, los autores incluyeron como elemento nuevo la información contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en cuanto a las declaraciones de las madres de compañeros [del niño] prestando testimonio sobre los abusos sufridos y la afirmación del Tribunal según la cual `pudo haber incluso un funcionamiento anormal’ en el centro escolar. El Comité considera que […] las autoridades del Estado parte tenían la obligación de proceder a una investigación efectiva y exhaustiva sobre estas alegaciones, lo cual no se llevó a cabo” (párr. 8.13). “[D]e conformidad con el artículo 4 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación general de tomar todas las medidas necesarias para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad” (párr. 8.15).

Otra jurisprudencia relacionada

Informe sobre la equidad e inclusión en el derecho a la educación 

Tribunal

Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad - CRPD

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