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Jurisprudencia: Spoltore v. Argentina

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Titulo

Spoltore v. Argentina

Hechos relevantes del caso

Victorio Spoltore, quien falleció en enero de 2012, trabajó para una empresa privada durante más de 20 años. En 1984 sufrió un infarto durante su jornada laboral. En consecuencia, en octubre de 1985 tramitó su jubilación por incapacidad. Tras sufrir un nuevo infarto, en julio de 1986, la Junta Médica de la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles dictaminó que el peticionario tenía una incapacidad del 70%. En mayo de 1987, a los 50 años de edad, dejó de trabajar y comenzó a recibir una pensión. En junio de 1988, Spoltore inició una demanda contra su ex empleador. La demanda tuvo como objeto que se reconocieran sus padecimientos de salud como una enfermedad profesional y se le otorgara una indemnización. En junio de 1997, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, rechazó su demanda. Entonces, interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad. En agosto del año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJBA) rechazó ambos recursos. Un mes más tarde, Spoltore presentó una denuncia disciplinaria ante la Inspección General de la SCJBA por la demora y negligencia en el proceso por parte del Tribunal de Trabajo. Finalmente, la SCJBA resolvió el asunto con una advertencia a la secretaria del tribunal por el retraso en varias diligencias de trámite de la causa. El caso llegó a la Corte Interamericana por la duración excesiva del proceso, que se prolongó más de doce años. El Estado argentino alegó que debían agotarse todos los recursos internos disponibles. En este sentido, afirmó que, en el momento de los hechos, el Código Civil argentino establecía la acción de daños y perjuicios como recurso efectivo para resolver esa situación y brindar una reparación por el daño causado. Sin embargo, reconoció que no se lo utilizaba en casos de demoras judiciales excesivas en procesos laborales. El Estado reconoció su responsabilidad por la duración excesiva del procedimiento de indemnización por enfermedad profesional y la consecuente violación de las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Victorio Spoltore.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

09/06/2020

Voces CSJN

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS; RECURSOS; ACCESO A LA JUSTICIA; PLAZO RAZONABLE; CARGA DE LA PRUEBA; DERECHO AL TRABAJO; DERECHO A LA SALUD; DAÑOS Y PERJUICIOS; DURACIÓN DEL PROCESO; ENFERMEDADES PROFESIONALES;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación del artículo 8.1 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable) y 25.1 (obligación de respetar y garantizar dichos derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 41 y 45 de la presente Sentencia. Argentina también fue declarada responsable por la violación del el artículo 26 (derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador), en relación con los artículos 8.1 y 25.1 del mismo instrumento y en los términos de los párrafos 82 a 102 de la presente Sentencia. 1. Responsabilidad del Estado. Agotamiento de los recursos internos. Recursos. Plazo razonable. Carga de la prueba. “La Corte ha señalado, en algunas ocasiones, que al haberse efectuado un reconocimiento de responsabilidad, el Estado ha aceptado la plena competencia del Tribunal para conocer del caso, por lo que la interposición de la excepción preliminar asociada al no agotamiento de los recursos internos, resulta, en principio, incompatible con el referido reconocimiento. En el presente caso, el Estado fue enfático en señalar que el reconocimiento de responsabilidad se realizaba de forma subsidiaria, en caso de no prosperar la presente excepción preliminar. Asimismo, se recuerda que en virtud de la naturaleza complementaria del sistema interamericano, los Estados tienen que tener la posibilidad de resolver en sus tribunales internos las posibles infracciones a los derechos consagrados en la Convención. Esta posibilidad se asegura por medio del requisito de admisibilidad de agotar los recursos internos. Mediante el reconocimiento de responsabilidad realizado, el Estado aceptó que la duración del proceso entre el señor Spoltore y una empresa privada fue excesiva. No obstante, dicho reconocimiento de responsabilidad no incluye ninguna aceptación de hechos relativa a que se hubieran agotado los recursos internos por la violación a la Convención Americana aceptada por el Estado, o que fuera aplicable alguna de las excepciones establecidas por la Convención al agotamiento de recursos internos. Por tanto, la Corte no considera que sean incompatibles en este caso…” (párr. 21). “[L]a regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Lo anterior significa que no solo deben existir formalmente esos recursos, sino que también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención. [U]na objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión, luego de lo cual opera el principio de preclusión procesal. Al respecto, el Tribunal reitera que no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento, de modo tal que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado. A partir de lo anterior, en el presente caso, la Corte considera necesario examinar: a) si la excepción de agotamiento de los recursos fue presentada en el momento procesal oportuno, y b) la existencia de recursos idóneos y efectivos para agotar la jurisdicción interna” (párr. 22-24). “[A] diferencia de otros casos donde se alega una violación del plazo razonable, en el presente caso el alegado ilícito internacional se habría producido durante dicho proceso laboral. Por tanto, para cumplir con el agotamiento de los recursos internos era necesario agotar algún recurso que le brindara la oportunidad al Estado de resolver la situación en sede interna” (párr. 29). “Esta Corte advierte que estos recursos [recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad] no eran capaces de atender el daño causado por la alegada demora del proceso laboral. En este sentido, respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires establece que debe ‘fundamentarse en alguna de las siguientes causas: a) Que la sentencia haya violado la ley o la doctrina legal, y b) que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley de la doctrina legal’. Este recurso puede ‘rectificar errores de derecho en los que pudieran incurrir las cámaras de apelaciones y los tribunales colegiados de instancia’. Por otra parte, el recurso extraordinario de nulidad tiene como fin dejar sin efecto una decisión, en cuyo caso se remite la causa a otro tribunal para que la decida nuevamente” (párr. 29). “[E]l Estado tiene la carga de la prueba de demostrar la disponibilidad, idoneidad y efectividad práctica del recurso que alega debió agotarse. Además, Argentina reconoció que el recurso de daños y perjuicios no ha sido utilizado en casos de demoras judiciales excesivas en procesos laborales. Por tanto, este Tribunal considera que era una carga excesiva para la presunta víctima exigirle que agotara un recurso que no había sido utilizado en la práctica para los fines que el Estado alega que tendría. En consecuencia, se desestima la presente excepción preliminar” (párr. 35). 2. Derecho al trabajo. Derecho a la salud. Acceso a la justicia. Daños y perjuicios. Duración del proceso. Enfermedades profesionales. “[E]n el presente caso, el problema jurídico planteado por los representantes se relaciona con los alcances del derecho al trabajo, y en particular sobre el contenido del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, entendido como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana” (párr. 82). “[C]omo parte integrante del derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, se encuentra ‘la prevención de accidentes y enfermedades profesionales’ como medio para garantizar la salud del trabajador” (párr. 94). “[C]on base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador, y tomando en cuenta los hechos y particularidades del presente caso, la Corte concluye que este se refiere al derecho del trabajador a realizar sus labores en condiciones que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar este derecho, los Estados, entre otras obligaciones, deben asegurar que los trabajadores afectados por un accidente o enfermedad profesional prevenible tengan acceso a mecanismos adecuados de reclamación, como los tribunales, para solicitar una reparación o indemnización” (párr. 99). “[El peticionario] tras sufrir dos infartos, inició un proceso en contra de la empresa donde trabajaba para que se reconociera dichos padecimientos de salud como una enfermedad profesional y se le otorgara una indemnización […]. Por ello, resulta irrazonable que las autoridades judiciales hayan tardado doce años en dilucidar si le asistía derecho en la demanda por enfermedad profesional contra su empleador” (párr. 101). “[E] el acceso a la justicia es uno de los componentes del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador […]. Esta Corte ha señalado que los derechos laborales y el derecho a la seguridad social incluyen la obligación de disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a su violación con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las relaciones laborales. Esto mismo es aplicable al derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador” (párr. 102).

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