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Jurisprudencia: Tocci (Causa Nº 14888)

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Titulo

Tocci (Causa Nº 14888)

Hechos relevantes del caso

Un hombre fue imputado por haber abusado sexualmente y en forma reiterada de una niña desde su primer año de vida hasta que cumplió seis años. Los hechos cesaron en el año 1993. En el 2007, al cumplir 20 años, la mujer lo denunció. Al ser citado a prestar declaración indagatoria, solicitó que se declarara extinguida por prescripción la acción penal. El juzgado hizo lugar al planteo y sobreseyó al imputado. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución. Contra esa decisión, la querella interpuso un recurso de casación.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

04/12/2017

Voces CSJN

PRESCRIPCIÓN; ABUSO SEXUAL; REFORMA LEGAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO;

Decisión y argumentos

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, rechazó la impugnación (jueces Gemignani y Riggi). En disidencia, el juez Mahiques propuso hacer lugar al recurso, anular la resolución y remitir las actuaciones al tribunal a fin de que dictase un nuevo pronunciamiento. “[S]e encuentra en juego el principio de sujeción a la ley como garantía de objetividad […]. Ahora bien, al momento del dictado de la resolución estudiada no habían sido sancionadas la ley 26.705 del año 2011 ni la ley 27.206 del año 2015, en las que se estableció un sistema de cálculo especial de la prescripción en supuestos como el que se presenta en autos (el plazo de prescripción empieza a correr desde la medianoche del día en que la víctima alcanza la mayoría de edad o el plazo de prescripción se suspende hasta que habiendo cumplido la víctima la mayoría de edad formule por sí la denuncia). Dichas normas surgieron como necesidad de brindar tutela efectiva a los derechos y garantías de las víctimas, así como también para el cumplimiento de las obligaciones a las que el Estado Argentino se comprometió al firmar los tratados internacionales en juego. Pero ello no habilita a que se aplique retroactivamente esas leyes ni por ello queda invalidadas las normas que regulaban la prescripción para estos supuestos al momento del dictado de la resolución que viene recurrida. [L]a aplicación de lo normado por las leyes 26.705 y 27.206 creadas muchos años después de la comisión de los hechos denunciados y con posterioridad también a la fecha del plazo de presripción recaído en la causa, contraría el principio de legalidad amparado por nuestra Constitución Nacional […]. Ello por cuanto la aplicación más gravosa contra de los derechos del imputado afecta garantías reconocidas en el bloque de constitucionalidad…” (jueces Gemignani y Riggi). “En el presente caso, la acción penal para impulsar la investigación del delito denunciado habría prescripto, en principio, antes de que [el imputado] se encontrase sujeto a proceso”. “No puede ser ajeno al análisis de esta causa que mientras la víctima, desde muy corta edad, dijo haber sido gravemente afectada en sus derechos humanos fundamentales (tales como la integridad física, psíquica y moral; a la salud; a la dignidad; y a la autodeterminación) por los abusos sexuales que habría sufrido, el imputado nunca se vio privado de ninguno de los derechos que una persecución penal podría haberle acarreado. En este punto, cabe tener en cuenta que los hechos de abuso sexual constituyen una experiencia significativamente traumática para los niños…”. “Pero hay otra cuestión que va entrañada en el análisis que se haga de la existencia o no de la afectación de la garantía sobre la cual se apoya la prescripción. Y es cuando el juicio prudencial del juez debe determinar si, en un caso concreto, corresponde priorizar aquel instituto a fin de garantizar los motivos de política criminal que lo inspiran en favor del imputado o el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima y a la protección del interés superior de los niños. En la especie, a la fecha de la posible consumación de los hechos denunciados […] nuestro país ya había suscripto la Convención de los Derechos del Niño […] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos […]. En la primera Convención se encontraba 'positivizado" el deber del Estado de priorizar el interés superior del niño y en ambas Convenciones se reconoce expresamente el derecho reclamado por la víctima a contar con una tutela judicial efectiva. Es decir, que al momento de los sucesos denunciados estas normas ya contaban con jerarquía normativa superior a los artículos del Código Penal…”. “[A]segurar el derecho a una tutela judicial efectiva a quien era menor al momento de los hechos –como ocurrió en este caso–, para que pueda impulsar la acción penal una vez que alcanzó la madurez necesaria para poder llevarla a cabo, equilibra una situación de evidente desventaja en la que la niña se habría encontrado frente a su agresor […]. Entonces la víctima, al alcanzar la mayoría de edad –o la madurez personal necesaria para accionar–, se enfrenta, muchas veces, a una acción penal prescripta…”. “No resulta, entonces, razonable la solución que brinda el tribunal de la instancia anterior en punto a que la tutela judicial efectiva se encontraba asegurada con la posibilidad de que la madre de la víctima o cualquiera de las otras personas enumeradas en el art. 72 del CP, hiciera la denuncia o que ella misma podría haberla concretado a partir de los 18 años, cuando aún era considerada menor de edad según la legislación vigente…”. “[A]tendiendo al interés superior del menor en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, cabe concluir en este caso, que quien denunció ser víctima de delitos contra la integridad sexual cuando era menor de edad, fue privada ilegítimamente del derecho a que aquellos sucesos se investiguen judicialmente, sin que le sean oponibles las normas de la prescripción” (voto en disidencia del juez Mahiques).

Otra jurisprudencia relacionada

 

Tribunal

Cámara Federal de Casación Penal, Sala II

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