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> Jurisprudencia > Carranza Alarcón v Ecuador  

Jurisprudencia: Carranza Alarcón v Ecuador

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Titulo

Carranza Alarcón v Ecuador

Hechos relevantes del caso

El 17 de agosto de 1993, el comisario de la zona de Yaguachi ordenó a la policía rural que detuviera a Carranza Alarcón por su presunta implicación en el asesinato de un hombre mediante un arma de fuego. Esta persona fue detenida el 28 de octubre de 1993. Entonces, rechazó la denuncia en su contra, ofreció su testimonio y, en septiembre de 1995, solicitó su liberación. Sin embargo, el tribunal no respondió su solicitud. En 1997, el fiscal emitió un dictamen y sostuvo que Carranza Alarcón había participado en los hechos que se le imputaban. En abril de ese año, se declaró la apertura de la audiencia pública. Sin embargo, el juicio se pospuso varias veces de forma justificada y, finalmente, se desarrolló el 1º de diciembre de 1998. Dos semanas más tarde, el Tribunal Penal condenó al imputado a la pena de seis años de reclusión. Carranza Alarcón permaneció privado de libertad durante todo el proceso y el 29 de marzo de 1999 cumplió la pena que se le impuso.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

03/02/2020

Voces CSJN

PRISIÓN PREVENTIVA; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ARBITRARIEDAD; MOTIVACIÓN; REVISION JUDICIAL; PLAZO RAZONABLE; DEBIDO PROCESO; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO; DURACIÓN DEL PROCESO;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación del artículo 8 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable), además del artículo 7.1, 7.3 y 7.5 (libertad personal, detención arbitraria y razonabilidad de la privación de libertad) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Prisión preventiva. Personas privadas de la libertad. Arbitrariedad. Motivación. Revisión judicial. “[S]on las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emitan conforme a su propio ordenamiento. La detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad. Al evaluar la continuidad de la medida, las autoridades deben dar los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razonables por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse” (párr. 83). “[E]l artículo 7.5 de la Convención impone límites a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. De conformidad con la norma citada, la persona detenida tiene derecho ‘a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad’. Por ende, si una persona permanece privada preventivamente de su libertad y las actuaciones no transcurren en un tiempo razonable, se vulnera el artículo 7.5 de la Convención” (párr. 86). “[N]o constan actos procesales entre el 13 de septiembre de 1995, cuando se solicitó al Fiscal emitir su criterio sobre la causa y el 30 de septiembre de 1996, cuando se cerró el sumario. En este acto se dio traslado al Fiscal para que emitiera un dictamen, que fue producido más de cinco meses después. A su vez, entre la emisión del dictamen de 4 de marzo de 1997 y la audiencia de juzgamiento de 1 de diciembre de 1998, transcurrió más de un año y ocho meses, pues la audiencia fue suspendida varias veces. Esto evidencia que, pese a que el señor Carranza se encontraba privado de libertad, hubo demoras que totalizaron cerca de tres años de los aproximadamente cuatro que duró el proceso penal en total desde que él fue aprehendido. No se advierte justificación de tal tiempo de inactividad, máxime considerando que el señor Carranza se encontraba privado preventivamente de su libertad, lo que debió generar que las autoridades judiciales doten de mayor celeridad posible al proceso” (párr. 87). 2. Plazo razonable. Debido proceso. Complejidad del asunto. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Duración del proceso. “[E]n materia penal, la razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable, por lo que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Esta Corte recuerda que los cuatro elementos que ha considerado para determinar la razonabilidad del plazo son: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada por la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (párr. 92). “En el caso, si bien al inicio del proceso, durante cerca de un año, no constan actuaciones, ello se debió a la falta de localización del señor Carranza y los hechos del caso y los argumentos de las partes no permiten concluir que ese tiempo de demora fuera atribuible al Estado. Resulta entonces pertinente, en el presente caso, centrar el examen […] desde que el señor Carranza fue aprehendido hasta que se emitió la sentencia condenatoria en su contra” (párr. 93). “[D]e los hechos no surge que la causa ofreciera complejidad: se trató de un hecho con una víctima, cometido en presencia de otras personas, y los presuntos agresores aparecían identificados desde la denuncia inicial. En segundo término, desde que el señor Carranza fue privado de su libertad, no constan hechos que pudieran llevar a concluir que entorpeció de algún modo el avance del procedimiento. Por otra parte, en cuanto a los elementos tercero y cuarto antes señalados, ya se ha indicado que hubo demoras del proceso cercanas a tres años mientras el señor Carranza permanecía privado de su libertad, por lo que dichas demoras afectaron perjudicialmente sus derechos. Lo anterior muestra que hubo demoras en actuaciones durante cerca de tres de los cuatro años aproximados que duró el proceso penal en contra del señor Carranza desde su aprehensión” (párr. 94-95).

Otra jurisprudencia relacionada

Montesinos Mejía v. Ecuador; Jenkins v. Argentina; Romero Feris v. Argentina 

Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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