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Jurisprudencia: Andrade Salmón v Bolivia

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Titulo

Andrade Salmón v Bolivia

Hechos relevantes del caso

Andrade Salmón, quien ocupó los cargos de concejala del Concejo Municipal de La Paz (1995–1999), presidenta de ese Concejo (1998–1999) y alcaldesa de La Paz (1999–2000), tuvo que hacer frente a tres procesos penales seguidos en su contra por supuestos delitos relacionados a la administración de fondos públicos. En los procesos judiciales estuvo detenida con prisión preventiva. Estas medidas fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional boliviano, que ordenó que se aplicaran medidas cautelares sustitutivas de la privación a la libertad. Como medidas sustitutivas se le aplicaron, entre otras, las medidas de arraigo y de fianza. Dos de los procesos seguidos en su contra tuvieron una duración de 11 años, mientras que uno seguía abierto al momento en que la CorteIDH resolvió el caso.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

01/12/2016

Voces CSJN

PLAZO RAZONABLE; ACCESO A LA JUSTICIA; DURACIÓN DEL PROCESO; RAZONABILIDAD; DEBIDO PROCESO; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; DEBIDA DILIGENCIA; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO; DERECHO DE PROPIEDAD; DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN; REVISION JUDICIAL; MEDIDAS CAUTELARES; IGUALDAD; CORRUPCIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Bolivia era responsable por la violación del artículo 8 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable), 21 (derecho a la propiedad privada) 22.1 y 22.2 (derecho de circulación y residencia) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Plazo razonable. Acceso a la justicia. Duración del proceso. Razonabilidad. Debido proceso. “[E]l derecho de acceso a la justicia requiere que los hechos investigados en un proceso penal sean resueltos en un plazo razonable, toda vez que una demora prolongada puede llegar a constituir, en ciertos casos, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. El plazo razonable, al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicta sentencia definitiva. Del mismo modo, la Corte ha establecido que la etapa de ejecución de las sentencias también puede abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, con el fin de determinar su incidencia en la prolongación del plazo razonable. Adicionalmente, este Tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar la razonabilidad de un plazo: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto” (párr. 157). 2. Complejidad del asunto. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Debida diligencia. “En relación al primer elemento, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un asunto. Entre ellos se encuentra i) la complejidad de la prueba; ii) la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas; iii) el tiempo transcurrido desde la violación; iv) las características del recurso contenidos en la legislación interna, y v) el contexto en el que ocurrieron los hechos. En relación con segundo elemento, es decir con la actividad procesal del interesado, la Corte ha evaluado si los sujetos realizaron las intervenciones en los procesos que le eran razonablemente exigibles. En cuanto al tercer elemento, es decir la conducta de las autoridades judiciales, la Corte ha entendido que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo. En relación con el cuarto elemento, es decir la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, la Corte ha establecido que las autoridades deben actuar con mayor diligencia en aquellos casos donde de la duración del proceso depende la protección de otros derechos de los sujetos del proceso” (párr. 158). 3. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Derecho a la propiedad privada. Derecho a la libre circulación. Revisión judicial. Medidas cautelares. Igualdad. Corrupción. Funcionarios públicos. “[C]on respecto al cuarto elemento, la Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento se desarrolle con mayor prontitud a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. En el presente caso, este Tribunal consideró que la prolongación del proceso en el caso ‘Gader’ constituyó un elemento consustancial a la afectación al derecho a la propiedad, y al derecho a la circulación de la señora Andrade, en tanto que las medidas cautelares no fueron objeto de revisiones periódicas que evaluaran su necesidad a la luz de la subsistencia de un peligro procesal […]. Por tanto, tal y como fue concluido en capítulos anteriores, en este caso, la violación a ambos derechos se encuentra relacionada con la dilación desproporcionada en el tiempo de las medidas de fianza y de arraigo impuestas, las cuales a su vez estuvieron vinculadas a la duración misma del proceso y a la falta de revisión periódica de la necesidad de las medidas cautelares” (párr. 164). “Si bien el principio de igualdad requiere que el tiempo razonable del proceso y de la consiguiente limitación de derechos en función de medidas cautelares sean de pareja exigencia por parte de cualquier persona, deben cuidarse especialmente los casos que involucran a funcionarios públicos. La sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la administración pública, no es admisible que se perviertan desviándose en un recurso lesivo a la democracia, mediante el sometimiento a una indefinida situación procesal incierta a personas políticamente activas, con el resultado de excluirlas de la lucha política democrática. El propio objetivo de combatir la corrupción, ante situaciones susceptibles de convertir el celo por la transparencia en el manejo de la cosa pública en un instrumento antidemocrático, exige que se extreme el cuidado e inclusive se abrevie el término que usualmente se considera tiempo razonable del proceso, en defensa de la salud democrática de todo Estado de Derecho” (párr. 178).

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Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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