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Jurisprudencia: Granier y otros (Radio Caracas Televisión) v Venezuela

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Titulo

Granier y otros (Radio Caracas Televisión) v Venezuela

Hechos relevantes del caso

Radio Caracas Televisión (RCTV), tras la crisis política en Venezuela entre los años 2001 y 2002, fue acusada de apoyar el golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez. Además, el gobierno alegó que RCTV solo ofreció cobertura a las protestas a favor del golpe de estado, pero no a las manifestaciones a favor de Chávez. La licencia de RCTV para poder operar el canal televisivo expiraba en 2007. Previo al vencimiento de la licencia, Chávez declaró que la concesión no sería renovada y que tal decisión era definitiva. La agencia encargada de conceder licencias de telecomunicaciones no renovó la licencia de RCTV en dos ocasiones. La agencia estableció en ambas denegatorias que RCTV había presuntamente violentado varias disposiciones con relación a la responsabilidad social en radio y televisión. El gobierno venezolano reiteró que la acción estaba fundamentada en la Constitución, debido a que era propietario de las señales televisivas. Además, aseguró que los procesos se llevaron a cabo de acuerdo con la ley. La agencia gubernamental recalcó que era deber del gobierno venezolano producir un pluralismo de contenido en las señales de televisión. Tras la denegatoria, RCTV radicó varias acciones en las cortes venezolanas contra la agencia gubernamental. RCTV argumentó que tenían un derecho preferencial a la concesión de la señal televisiva. Finalmente, en el año 2010, RCTV radicó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2013, la CIDH remitió su informe y el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

22/06/2015

Voces CSJN

PLAZO RAZONABLE; DEBIDO PROCESO; DURACIÓN DEL PROCESO; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DEBIDA DILIGENCIA; RECURSOS;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela era responsable por la violación del artículo 8 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable), además de los artículos 13.1 y 13.3 (derecho a la libertad de expresión) y 24 (igualdad y no discriminación) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Plazo razonable. Debido proceso. Duración del proceso. “Con el fin de analizar si hubo una vulneración del artículo 8.1 de la Convención por el presunto incumplimiento del derecho al plazo razonable en lo que respecta al recurso de nulidad, la Corte examinará los cuatros criterios establecidos en su jurisprudencia en la materia: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación generada en la situación jurídica de las personas involucradas en el proceso. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar el caso y, en caso de no demostrarlo, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto. En el presente caso, el recurso de nulidad fue interpuesto el 17 de abril de 2007 […] y se encuentra detenido en la etapa probatoria desde junio de 2008 […], por lo que han transcurrido más de siete años desde el inicio del proceso” (párr. 255-256). 2. Complejidad del asunto. “Este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un proceso. Entre ellos, la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación” (párr. 260). “[E]n el presente caso no hay constancia de que existan elementos que configuren un nivel de complejidad que justifique la demora de más de siete años para resolver el recurso administrativo de nulidad. Si bien hubo una pluralidad de alegatos presentados, la Corte destaca que el proceso se encuentra detenido en la etapa de prueba desde el año 2008, sin que el Estado haya presentado ningún argumento relativo a la existencia de algún elemento que implique una complejidad particular” (párr. 261). 3. Conducta de las autoridades judiciales. Actividad procesal del interesado. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Personas privadas de la libertad. Razonabilidad. Debida diligencia. Recursos. “[E]l Estado, en ejercicio de su función judicial, ostenta un deber jurídico propio, por lo que la conducta de las autoridades judiciales no debe depender exclusivamente de la iniciativa procesal de la parte actora de los procesos” (párr. 265). “[S]e han producido dilaciones excesivas en diversas etapas del proceso, especialmente en la etapa probatoria que, no obstante las diversas solicitudes de las presuntas víctimas, se encuentra detenida desde el 2008. El Tribunal considera que el Estado no ha demostrado que la demora prolongada por más de siete años no sea atribuible a la conducta de sus autoridades, por lo que concluye que la autoridad judicial no procuró en forma diligente que el plazo razonable se respetara en el presente caso. Finalmente, la Corte reitera que el alto número de causas pendientes ante un tribunal no justifica por sí solo que se afecte el derecho del individuo a obtener en un plazo razonable una decisión” (párr. 270). “[P]ara determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. En este sentido, este Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve” (párr. 274). “[E]l amparo debe ser un recurso ‘sencillo y rápido’, en los términos del artículo 25.1 de la Convención, y señala que otros recursos deben resolverse en un ‘plazo razonable’, conforme al artículo 8.1 de la Convención” (párr. 282). "[Una] demora injustificada de un recurso de amparo debe ser analizado a la luz del artículo 25 de la Convención, mientras que los demás recursos deberán ser examinados bajo el ‘plazo razonable’ que emana del artículo 8.1 de la Convención’’ (párr. 284). “Al analizar si la medida cautelar fue resuelta en un plazo razonable, la Corte advierte, conforme a los criterios establecidos en su jurisprudencia […], que: i) la medida cautelar no presentaba un grado de complejidad lo suficientemente alto como para justificar la demora en su resolución, puesto que fundamentalmente reiteraba los argumentos presentados respecto del amparo cautelar y solicitaba mantener la situación de RCTV en ese momento mientras continuara el proceso relativo al recurso de nulidad; ii) la conducta de las presuntas víctimas no afectó el avance del proceso, existiendo de hecho un impulso por parte de los representantes de RCTV reiterando al Tribunal Superior la urgencia de pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada; iii) las autoridades tardaron más de tres meses en resolver la medida, sin que exista explicación por parte del Estado para esta demora, y iv) la medida cautelar fue resuelta más de dos meses después de la fecha en que RCTV dejó de transmitir, haciendo imposible que dicha medida pudiera ser efectiva, ya que fue resuelta tiempo después de que sucediera el acto que buscaba evitarse, por lo que la Corte considera que en este caso el retraso sí generó una afectación relevante a la situación jurídica de las personas. En vista de lo anterior, la Corte nota que el plazo de más de tres meses para resolver la medida cautelar vulneró el derecho al plazo razonable’’ (párr. 286).

Otra jurisprudencia relacionada

 

Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Voces CSJN

Decisión y argumentos

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