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> Jurisprudencia > Pacheco León v. Honduras  

Jurisprudencia: Pacheco León v. Honduras

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Titulo

Pacheco León v. Honduras

Hechos relevantes del caso

El 23 de noviembre de 2001, Ángel Pacheco León fue asesinado al recibir varios disparos por arma de fuego. Al momento de su fallecimiento era candidato a diputado por el Partido Nacional de Honduras. Las elecciones se realizaron el 25 de noviembre de 2001; la candidatura de Pacheco León obtuvo los votos necesarios para acceder al cargo de diputado. El 24 de noviembre de 2001, tres personas fueron detenidas como sospechosas de haber cometido el homicidio y prestaron declaración. No obstante, fueron posteriormente desvinculadas del proceso. En el curso de la investigación –que no había concluido en la fecha en que la CorteIDH dictó sentencia– se recolectó evidencia en el lugar del delito, recepción de múltiples declaraciones, se hicieron tres allanamientos, diversos peritajes y se indagó sobre distintos registros telefónicos. Algunas declaraciones recabadas durante la investigación aludieron a circunstancias intimidatorias o de agresión que había sufrido Pacheco León. En 2010, 2013 y 2015, el Ministerio Público solicitó la asignación de un equipo especial para investigar el homicidio. Sin embargo, nunca se pudo acreditar que dicha solicitud se materializase.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

15/11/2017

Voces CSJN

PLAZO RAZONABLE; ACCESO A LA JUSTICIA; DURACIÓN DEL PROCESO; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO; CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; DEBIDA DILIGENCIA;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Honduras era responsable por la violación del artículo 8 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable), 25.1 (protección judicial) y 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Plazo razonable. Acceso a la justicia. Duración del proceso. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. “La Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia implica la realización de todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y sancionar a los responsables se haga en un plazo razonable. Este Tribunal ha señalado que la razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total de las actuaciones hasta que se dicta la sentencia definitiva” (párr. 118). “Se ha considerado por este Tribunal que una demora prolongada, como la que se ha dado en este caso, puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. Al respecto, la Corte nota que las primeras actuaciones de investigación se realizaron el 24 de noviembre de 2001 y, de acuerdo a la información con que cuenta este Tribunal, la misma permanece todavía abierta habiendo transcurrido cerca de dieciséis años. Frente a tal demora, por lo tanto, debe examinarse si la misma resulta justificada” (párr. 119). “Los elementos que esta Corte ha establecido para poder determinar la razonabilidad del plazo son: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Respecto a este último elemento, este Tribunal ha dicho que en caso de que el paso del tiempo incida de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. La Corte no entiende necesario en este caso el análisis del cuarto elemento mencionado” (párr. 120). “[C]orresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar el caso y, de no demostrarlo, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto” (párr. 121). 2. Complejidad del asunto. “Este Tribunal ha tenido diversos criterios en cuenta para determinar la complejidad del asunto: la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, y el contexto en el que ocurrió la violación” (párr. 122). 3. Conducta de las autoridades judiciales. Debida diligencia. “[L]a Corte ha entendido que como rectoras del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar la investigación penal con el propósito de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de los hechos. En el presente caso, las autoridades estatales no han sido diligentes en la investigación del homicidio del señor Pacheco León, ni han tomado en cuenta los efectos del tiempo, cerca de dieciséis años desde la ocurrencia de los hechos, en el esclarecimiento de lo ocurrido, lo que ha llevado a la impunidad por su actuación negligente” (párr. 125).

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Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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