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> Jurisprudencia > SFM v. España  

Jurisprudencia: SFM v. España

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Titulo

SFM v. España

Hechos relevantes del caso

SFM, embarazada de 39 semanas y seis días de gestación, acudió a un hospital público de Lugo, España, con el fin de recibir orientación sobre el parto, el cual seguía su curso normal. En ese mismo momento y sin recibir ningún tipo de explicación, fue ingresada en una sala durante 36 horas sin posibilidad de ver a su pareja, hasta que empezó a dilatar. Allí recibió 10 tactos vaginales y, sin prestar autorización, se le indujo el parto con oxitocina. Una vez en la sala de partos, cuando ella pidió incorporarse para dar a luz, el personal sanitario se lo prohibió y procedió, otra vez más sin ningún tipo de información ni autorización, a la realización de una episiotomía (técnica que consiste en cortar la piel, músculos y nervios del conducto vaginal para facilitar la extracción del bebé). Sin embargo, cuando extrajeron a la bebe, ésta presentaba fiebre (provocada posiblemente por infección por E. Coli producto de los múltiples tactos vaginales) y fue ingresada en neonatología. Luego, durante más de siete días, la mujer solamente pudo estar en contacto con su hija un máximo de 15 minutos cada 3 horas. Al año, la peticionaria presentó una queja formal en el hospital y ante su comité de ética, pero no obtuvo respuestas. Después, trasladó un reclamo ante la Consejería de Sanidad del Gobierno gallego que fue desestimada. Posteriormente, en 2015, recurrió ante el Juzgado en lo Contencioso-administrativo Número 1 de Santiago de Compostela, que tampoco admitió su demanda. En dicha sentencia, el juez ponderó que es el médico quien decide realizar o no la episiotomía y concluyó que no hubo mala praxis. Por este motivo, SFM recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero tampoco la respaldó y descartó un supuesto de vulneración de la ley de autonomía del paciente. Finalmente, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin éxito.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

28/02/2020

Voces CSJN

VIOLENCIA OBSTÉTRICA; DERECHOS REPRODUCTIVOS; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DEBIDA DILIGENCIA; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO;

Decisión y argumentos

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas consideró que España era responsable por haber infringido los derechos de la peticionaria en virtud de los artículos 2 b), c), d) y f) (garantía de no discriminación), artículo 3 (derecho a la igualdad), artículo 5 (funciones estereotipadas y prejuicios) y artículo 12 (derecho a la salud y a la atención médica) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1. Violencia obstétrica. Derechos reproductivos. Estereotipos de género. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. “[E]l Comité […] observa el reciente informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, ante la Asamblea general, Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. En dicho informe, la Relatora Especial utiliza el término ‘violencia obstétrica’ para referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud, y afirma que ‘esta forma de violencia es un fenómeno generalizado y sistemático’. Asimismo, la Relatora Especial explica que algunas de las causas subyacentes de la violencia obstétrica son las condiciones de trabajo, las limitaciones de recursos, así como la dinámica del poder en la relación entre el centro de salud y los pacientes, que se ve agravada por los estereotipos de género sobre el papel de la mujer. Es particularmente pertinente para la presente comunicación la afirmación de la Relatora Especial según la cual la episiotomía ‘puede tener efectos físicos y psicológicos en la madre, puede ocasionar la muerte y puede constituir violencia de género y un acto de tortura y tratamiento inhumano y degradante’" (párr. 7.3). 2. Debida diligencia. Igualdad. Género. No discriminación. Violencia de género. “[E]n el contexto de una comunicación individual en la cual se alega la violación de derechos tras la adopción de decisiones judiciales, su tarea consiste en examinar dichas decisiones a la luz de la Convención y determinar si las autoridades del Estado parte respetaron sus obligaciones convencionales. Así, en la presente comunicación, el Comité debe evaluar el cumplimiento por el Estado parte de su obligación de ejercer la debida diligencia en el procedimiento administrativo y judicial seguido por los actos denunciados por la peticionaria, y para eliminar los estereotipos de género […]. [E]l Comité observa que según el informe clínico ginecológico-obstétrico aportado por la peticionaria, la actuación del personal sanitario no se ha ajustado a la lex artis, no se debieron de haber realizado tantos tactos vaginales, la documentación clínica no justificaba el empleo de oxitocina, y no consta el consentimiento de la peticionaria para la episiotomía, de acuerdo a la Ley de Autonomía del Paciente. El Comité nota que el conjunto de la información proporcionada por las partes en el presente caso demuestra que las autoridades judiciales nacionales no realizaron un análisis exhaustivo de los elementos probatorios presentados por la peticionaria" (párr. 7.4). “[E]l Comité recuerda que, bajo el artículo 2 a) de la Convención, los Estados parte tienen la obligación de asegurar la realización práctica del principio de igualdad del hombre y la mujer, y que, en virtud de los artículos 2 f) y 5, los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar o abolir no solamente leyes y reglamentaciones, sino también costumbres y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Al respecto, el Comité considera que la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a ser protegida contra la violencia de género, en el caso presente la violencia obstétrica, y que las autoridades encargadas de analizar la responsabilidad por tales actos deben ejercer especial cautela para no reproducir estereotipos. En el presente caso, el Comité observa que existía una alternativa a la situación vivida por la peticionaria, dado que su embarazo se desarrolló normalmente y sin complicaciones, que no había emergencia cuando llegó al hospital, pero que, sin embargo, desde su ingreso fue sometida a numerosas intervenciones sin que haya recibido explicaciones al respecto y sin que se le haya permitido opinar al respecto. Además, el Comité observa que las autoridades administrativas y judiciales del Estado parte aplicaron nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias, al asumir que es el médico quien decide realizar o no la episiotomía, al afirmar sin proporcionar explicación alguna al respecto que era ‘perfectamente comprensible’ que el padre no pudiera estar presente en el parto instrumental, al asumir que las lesiones psicológicas sufridas por la peticionaria eran una cuestión de ‘mera percepción’, pero que sí mostraron empatía hacia el padre cuando declaró haberse visto privado de relaciones sexuales coitales durante dos años" (párr. 7.5).

Otra jurisprudencia relacionada

Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes; González Carreño v. España 

Tribunal

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW

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