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Jurisprudencia: Bartolini (causa N° 12958)

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Titulo

Bartolini (causa N° 12958)

Hechos relevantes del caso

A través de una cámara de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano se observó a un hombre que le arrebató un objeto a una persona que se encontraba en la vía pública. Dos horas más tarde, se lo vio vestido de modo diferente y acompañado de una mujer. Una hora después, personal policial los detuvo y requisó. Entre sus pertenencias sólo se halló indumentaria. Al labrar el acta de detención, les solicitó que aportaran sus domicilios. Ambos dieron la misma dirección. En ese sentido, indicaron que eran pareja y que tenían cuatro niños, los que se encontraban al cuidado de la mujer. Por ese hecho el juzgado dispuso su procesamiento, con prisión preventiva, por el delito de robo. Para decidir de ese modo, tuvo en consideración el monto de la pena en expectativa y el riesgo de entorpecer la investigación. Además, fundamentó la participación de la mujer en la circunstancia de que era la pareja del hombre. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía acusó al hombre de haberse apoderado de un teléfono celular cuyas características y titular se desconocían y a la mujer de haber cooperado. El expediente fue elevado a juicio.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

22/04/2020

Voces CSJN

DETENCIÓN DE PERSONAS; REQUISA; PROCEDIMIENTO POLICIAL; PARTICIPACIÓN CRIMINAL; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ROBO; TIPICIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; PENA; EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; HACINAMIENTO; EMERGENCIA;

Decisión y argumentos

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15 sobreseyó a los imputados y dispuso su inmediata libertad (juez Martín). 1. Detención de personas. Requisa. Procedimiento policial. “[S]i se supiera cómo ayudó[la mujer], ello tampoco se puede derivar de pruebas válidas. Obsérvese que de la descripción que hizo el MPF en el requerimiento de juicio, pero también […] en el auto procesamiento y prisión preventiva, […] la ven desde el Centro de Monitoreo Urbano recién después de las 12,12 hs. cerca [del imputado]. Eso motivó que a las 13,32 hs. les observaran nuevamente y decidieran detener [al imputado] y también a [la mujer]. A ella no sólo la detuvieron, sino que le revisaron la bolsa que llevaba, sin que hubiera explicación alguna sobre motivos suficientes para eso”. “No hay ninguna razón que hubiera autorizado a detener a [la mujer] por estar cerca de una persona que dos horas antes habría realizado una acción que consideraron delito, pero menos aun para revisarla”. “Es claro, que sólo se puede privar de libertad y revisar a una persona con la orden judicial que, además tiene que estar motivada. Además, se deriva que sólo en casos de urgencia, la policía puede detener o revisar, y que esa urgencia no es cualquiera sino la que establecen los arts. 284 y 231bis. En este caso, era evidente que [la mujer] no estaba intentando un delito de acción, ni fugandose de una detención previa, ni tenía ´indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación´¬más allá de lo difuso que esa pauta pueda ser¬. Como se dijo, tampoco estaba intentando un delito, tampoco se la observó después de haber cometido uno o cuando perseguían por ello, ni se la veía con objetos o rastros que permitieran sostener razonablemente que acababa de participar de un delito”. 2. Participación criminal. Prueba. Apreciación de la prueba. Deber de fundamentación. “No es menor que en la resolución que define el procesamiento y prisión preventiva se valore, respecto de [la imputada] que es pareja [del hombre] como un elemento que acredita la participación”. “Más allá de que el acuerdo previo no está soportado en ninguna prueba, y sin considerar otras connotaciones que esa afirmación tiene, no es menor destacar que la situación de convivencia se obtuvo a partir del interrogatorio policial. En efecto, ese dato se logró porque la policía interrogó a [los imputados] al momento de pedirles el domicilio en el acta de detención, y sobre todo al momento de requerirles que informen con quien viven y donde para hacer el informe social, todo ello sin presencia de su defensa. Ello suele ser una práctica policial y judicial, que debería revisarse, pero que aun manteniéndose no podría ser tomada como prueba en contra de las personas acusadas por el mismo que debería garantizar sus derechos durante la investigación previa. “[E]s casi absurdo explicar las razones de su sobreseimiento. Fue detenida sin razones previas y fue revisada sin motivos. Además fue acusada de una colaboración cuya acción no se describió, y que no se intentó ni mínimamente demostrar la vaga referencia al acuerdo previo. Además se usó como único argumento la propia declaración de ella y su pareja. Si todo ello fuera soslayado, además hay que enfrentarse al problema que implica afirmar que colaboró con la conducta de alguien que el MPF lo acusó de algo que no puede ser objeto de condena por un delito”. 3. Robo. Tipicidad. Principio de legalidad. “[E]l hecho acusado por el MPF en el requerimiento de juicio, y que anteriormente definiera el juez […] a cargo de la acusación ¬gracias al sistema inquisitivo que aún se mantiene en el sistema federal, y a las prácticas de quienes lo maximizan¬, establece una descripción de hechos que no puede admitirse en la etapa de juicio”. “[L]a conducta descripta en el requerimiento de juicio ¬que pone límite a la actuación del tribunal y a la del propio MPF salvo la excepción establecida en el art. 381 CPPN¬ no puede ser considerada como típica del delito de robo. En el art. 164 CP, el delito de robo exige el apoderamiento de una cosa mueble total o parcialmente ajena, y que ello afecta el derecho de propiedad de otra persona. A su vez el Código Civil y Comercial de la Nación define esos elementos en el cuarto capítulo del título preliminar…”. “Es decir que para que ese apoderamiento pueda ser considerado delito es necesario saber que la cosa era ajena y no un objeto que había sido perdido o abandonado; pero además que ese objeto tenía valor económico; y que esa pérdida le generó a su titular un perjuicio patrimonial que éste reconoce como tal. Sin saber si el objeto que se parecía a un teléfono celular efectivamente lo era, y funcionaba, como para que tuviera valor en dinero y pudiera ser definido como una cosa; y sin saber de quién era y, en su caso, si su apoderamiento afectó ¬según la apreciación de la propia titular del derecho¬ su propiedad, no es posible decir que la conducta fuera delito. Esas cuestiones las debe probar quien acusa, es decir, el MPF. El propio que en la acusación ya afirmó que no lo sabe. Esas cuestiones no podrán ser averiguadas no sólo porque no se realizaron las pruebas necesarias en su momento, sino porque el propio acusador dice en su acusación que no lo sabe. Es decir, definió su objeto procesal diciendo que no tiene certeza sobre algunas cuestiones, con tanta mala puntería que justo sobre ello, la ley exige esa certeza para condenar. Es por ello que, así definido el objeto procesal, aun probando todas las proposiciones fácticas tal como fueron incluidas, no podría condenar [al imputado] sin afectar el principio de legalidad o el de inocencia”. 4. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Pena. “Mucho se ha dicho ya sobre la necesidad de demostrar peligros procesales de fuga o de obstaculizar la investigación, como requisito para establecer una medida cautelar de la gravedad de la prisión preventiva. En el caso es difícil pensar en una fuga por parte de dos personas con tres niños y una niña, que viven en una misma casa […]. Pensar en la obstaculización de la investigación en este caso es otra cara más del absurdo. El principal obstáculo lo generó quien decidió no saber quién era la mujer […], y sobre ello nada aportaron [los imputados]. Pero además se ha señalado la importancia de la escala penal del delito acusado para considerar, al menos desde la perspectiva de evitar la mayor irracionalidad, la prisión preventiva extendida por delitos que no conllevan penas muy elevadas”. “En este caso se duplicó el mínimo, pero además debía considerarse algo de una importancia enorme: la declaración de la pandemia de coronavirus (COVID¬19) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y analizada en su aplicabilidad local por los decretos del PEN 260/2020, 297/2020 y los siguientes que dispusieron o prolongaron el aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese contexto, no es menor evaluar las implicancias que esa ituaciónn podría tener en un contexto de encierro, y los deberes funcionales de quienes autorizan o no las prisiones preventivas en este contexto”. 5. Emergencia sanitaria. Cárceles. Hacinamiento. Emergencia. “Esto que parece una descripción propia del terreno del absurdo, y como ejemplo de una burocracia extraña, tiene como ´lado b´ la prisionización de dos personas en época de emergencia penitenciaria ¬lo que quiere decir con hacinamiento¬ y en el inicio de un período de emergencia sanitaria ¬que nos exige distanciamiento social¬…”. “[L]o descripto, ¬propio de las prácticas de los sistemas inquisitivos¬ se desarrolló, en su último tramo en una de las situaciones más intranquilizadoras de la situación carcelaria. [Se espera] que no pase de una profunda intranquilidad frente a la emergencia sanitaria, y que no haya contagios masivos de COVID¬19 en las prisiones…”. “En tal contexto general, y aún sin detenerlos en las absurdas particularidades del caso, era necesario considerar la situación en esa excepcionalidad. En efecto, la situación de excepcionalidad para todas las personas es aún más evidente para quienes se hallan privadas de libertad en las condiciones carcelarias conocidas, aun cuando se tomaran los recaudos sanitarios dispuestos. Es por ello que el caso debía haber sido ser resuelto inmediatamente, al menos, con una medida cautelar no privativa de libertad, y ello no sólo por la inexistencia de peligros procesales, o por la situación de [la mujer] de tener niños y una niña a su cargo, sino también para que la tasa de superpoblación carcelaria disminuyera en resguardo del derecho a la salud de las otras personas que deberán continuar prisionizadas. Ese es el sentido de la recomendación: bajar drásticamente los niveles de hacinamiento que tienen las cárceles de la región. No es poco relevante volver a recordar que en nuestro país se declaró formalmente la emergencia en materia penitenciaria en el año 2019. Obsérvese qué contradictorio resulta imponer un aislamiento social obligatorio a toda la población, y a la vez, mantener personas privadas de libertad en establecimientos carcelarios que declaran formalmente que superan el cupo de personas que podrían estar en ellos”. “[E]n las actuales condiciones de las prisiones y en la situación de pandemia declarada, el más alto nivel de salud física, y también mental, posible, para quienes están en grupos de mayor riesgo es disponer su detención en el domicilio en la medida en que ello pueda ser adecuadamente controlado, pero también disponer lo necesario para que quienes estén en condiciones de no estar detenidas descompriman el nivel de hacinamiento, para aliviar la eventual emergencia sanitaria”.

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Tribunal

Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 15 de la Capital Federal

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