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> Jurisprudencia > Ocampo Scampini (causa n° 6876)  

Jurisprudencia: Ocampo Scampini (causa n° 6876)

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Titulo

Ocampo Scampini (causa n° 6876)

Hechos relevantes del caso

Un hombre de 71 años se encontraba imputado por delitos de lesa humanidad y detenido bajo el régimen de prision preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N° 34 de Campo de Mayo. El imputado tenía, entre otras enfermedades, hipertensión arterial y EPOC. Ante la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario por considerar que se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. La fiscalía se opuso a la concesión de la medida y el juzgado rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

20/03/2020

Voces CSJN

EMERGENCIA SANITARIA; PRISIÓN PREVENTIVA; RIESGOS PROCESALES; PRISIÓN DOMICILIARIA; CÁRCELES; DERECHO A LA SALUD; ADULTOS MAYORES; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA;

Decisión y argumentos

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza concedió al imputado la prisión domiciliaria de forma provisoria y solicitó que se le colocara un dispositivo de monitoreo (jueces Pizarro y Pérez Curci). 1. Emergencia sanitaria. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Prisión domiciliaria. “[L]a presente resolución se adopta conciliando circunstancias objetivas de riesgo procesal que se encuentran acreditadas […] pero se entiende que las mismas pueden ser mitigadas manteniendo la prisión preventiva y modificando la modalidad de su cumplimiento en detención domiciliaria. Ello así pues, atendiendo a que las personas que actualmente transitan encierro cautelar en establecimientos carcelarios puedan encontrarse incluidas en aquellas denominadas de grupos de riesgo en relación a la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando, constituyendo éstas situaciones extraordinarias basadas en razones de salud pública originadas en la propagación a nivel mundial, regional y local de distintos casos de coronavirus (COVID-19) que se desprenden de las resoluciones vigentes en la materia…”. 2. Emergencia sanitaria. Cárceles. Derecho a la salud. “[A]ún cuando en el ámbito de las diferentes unidades penitenciarias se puedan extremar las medidas preventivas y paliativas que resulten factibles dentro de las condicionadas posibilidades –propias del contexto de encierro- ellas pueden no resultar suficientes para atender, en el caso bajo análisis, las extremas circunstancias que la emergencia sanitaria actual requiere”. “[L]a presente decisión se adopta en la inteligencia de que resulta imprescindible intensificar la adopción de medidas de prevención y control –según los estándares de los criterios epidemiológicos fijados por las autoridades competentes-, tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población mundial y en cumplimiento de los lineamientos fijados por el Ministerio de Salud de la Nación, dirigidos a la protección de la salud pública”. 3. Prisión domiciliaria. Adultos mayores. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de dignidad humana. “[E]l encartado […] cumple con dos de los requisitos exigidos, esto es que el sujeto sea mayor de 70 años (tiene 71 y para la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se entiende por ‘persona mayor’ o ‘persona adulta mayor’ a toda aquella mayor a los 60 años de vida) y posea un estado de salud delicado, sin que la norma exija ningún otro requisito para conceder o no la detención domiciliaria”. “[E]l fundamento de esta modalidad excepcional de privación de la libertad radica en el principio de humanidad de las penas […] y la consecuente prohibición de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes…”. “[El] instituto de la prisión domiciliaria, […] está diseñado atendiendo a las problemáticas condiciones de detenciones carcelarias y para protección de las personas más vulnerables del sistema. En este sentido, […] esta hipótesis atiende a la mayor vulnerabilidad de las personas que han llegado a la tercera edad, de acuerdo con las disposiciones de rango constitucional que apuntan a brindar protección a los ancianos…”.

Otra jurisprudencia relacionada

 

Tribunal

Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A

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