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> Jurisprudencia > Informe sobre la pandemia de coronavirus (COVID-19) dirigido a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención  

Jurisprudencia: Informe sobre la pandemia de coronavirus (COVID-19) dirigido a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

Informe sobre la pandemia de coronavirus (COVID-19) dirigido a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención

Hechos relevantes del caso

El Subcomité para la Prevención de la Tortura recordó, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), que las personas privadas de libertad comprenden un grupo particularmente vulnerable, debido a la naturaleza de las restricciones impuestas y a su capacidad limitada para tomar medidas de precaución, tanto dentro de las cárceles como en otros entornos de detención, muchos de los cuales están severamente sobrepoblados y se mantienen en condiciones insalubres. En este contexto, manifestó que, es esencial que las autoridades estatales aseguren la protección de todos los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias, de sus condiciones de detención y su atención sanitaria y acceso a la salud. Para ello, dispuso una serie de medidas que deben adoptar las autoridades en relación con todos los lugares de privación de libertad, incluidos los centros de detención para nacionales e inmigrantes, campos cerrados de refugiados, hospitales psiquiátricos y otros entornos médicos. Igualmente, dispuso medidas en relación a los lugares oficiales de cuarentena y, por último, medidas también dirigidas a los Mecanismos Nacionales de Prevención.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

25/03/2010

Voces CSJN

EMERGENCIA SANITARIA; CÁRCELES; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; INCOMUNICACIÓN; DETENCIÓN DE PERSONAS; DERECHO A LA SALUD; HACINAMIENTO; EXCARCELACIÓN; FAMILIA; VISITAS CARCELARIAS; MIGRANTES; REFUGIADO; SALUD PÚBLICA; REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS; VULNERABILIDAD; NO DISCRIMINACIÓN;

Decisión y argumentos

“II. Medidas que deben tomar las autoridades en relación con todos los lugares de privación de libertad, incluidos los centros de detención, centros de detención de inmigrantes, campos cerrados de refugiados, hospitales psiquiátricos y otros entornos médicos: La prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes no puede ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales o de emergencia que amenace la vida de la nación. Para ello, el Subcomité ya ha emitido una guía que confirma que los lugares formales de cuarentena están incluidos bajo el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes [OPCAT]. De esta manera, todos los demás lugares desde los cuales se impide a estas personas que salgan con fines similares, caen igualmente dentro del alcance del mandato del Protocolo Facultativo y, por tanto, dentro de la esfera de supervisión del Subcomité así como de los Mecanismos Nacionales de Prevención establecidos dentro del marco del Protocolo Facultativo” (cfr. párr. 5). “[Es muy probable que] la forma en que se realizan las visitas preventivas [a los establecimientos penitenciarios] se verá afectada debido a la adopción de medidas de necesidad dirigidas a proteger los intereses de la salud pública. Lo anterior no significa que las visitas preventivas deban cesar. De lo contrario, la exposición potencial al riesgo de tortura que enfrentan las personas en los lugares de detención puede aumentar como consecuencia de las medidas de salud pública adoptadas. El Subcomité considera que los Mecanismos Nacionales de Prevención deben continuar desarrollando las visitas con una naturaleza preventiva, respetando las lógicas limitaciones en la forma en que sus visitas son llevadas a cabo. En esos momentos, es particularmente importante que los Mecanismos Nacionales de Prevención garanticen que se toman medidas efectivas para reducir la posibilidad de que las personas detenidas sufran torturas o tratos inhumanos como resultado de las presiones reales que enfrentan los sistemas de detención y sus responsables” (cfr. párr. 7). “Es axiomático que el Estado sea responsable de la atención médica de todas aquellas personas bajo su custodia. Asimismo, tiene el deber de cuidar a todas aquellas personas encargadas de las detenciones y de aquellas que trabajan en el cuidado de la salud. En esa línea, las Reglas Mandela manifiestan que: '[…] los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica [regla 24.1]” (cfr. párr. 8). “Dado el mayor riesgo de contagio entre las personas en custodia y otras personas detenidas, el Subcomité insta a todos los Estados a: 1) Realizar evaluaciones urgentes con el fin de identificar a las personas de mayor riesgo dentro de la población detenida, teniendo en cuenta la particularidad de todos los grupos vulnerables; 2) Reducir la población carcelaria y de otros grupos detenidos, siempre que sea posible, mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellas personas detenidas que resulte seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio; 3) Enfatizar especialmente en los lugares de detención, donde la ocupación excede la capacidad oficial, basada en el cálculo de metro cuadrado por persona y lo que no permitiría el distanciamiento social en consonancia con los estándares aplicados a la población general en su conjunto; 4) Revisar todos los casos de detención preventiva con el fin de determinar si son estrictamente necesarios a la luz de la emergencia sanitaria prevaleciente y extender el uso de la fianza para todos los casos exceptuando los de mayor gravedad; 5) Revisar el uso en la detención de inmigrantes y campos cerrados de refugiados, con miras a reducir al nivel más bajo posible su densidad; 6) La liberación de la detención debe estar sujeta a evaluaciones para garantizar que se adoptan medidas acordes a las personas que son positivas o son particularmente vulnerables al contagio; 7) Asegurar que cualquier limitación sobre los regímenes de detención existentes se minimice, en proporción a la naturaleza de la emergencia sanitaria y conforme a la legalidad; 8) Asegurar que los mecanismos de quejas existentes sigan funcionando eficazmente; 9) Respetar los estándares mínimos para el ejercicio diario al aire libre, teniendo en cuenta, obviamente, las medidas adoptadas para hacer frente a la actual pandemia; 10) Asegurar que se proporcionen suficientes instalaciones y suministros (sin cargo) a todas aquellas personas detenidas con el fin de posibilitar el mismo nivel de higiene personal, de la misma manera a como debe ser seguida por la población en su conjunto; 11) Que en aquellos lugares donde los regímenes de visitas estén restringidos por razones sanitarias, se proporcionen métodos alternativos compensatorios y suficientes para que las personas detenidas mantengan contacto con sus familias y con el mundo exterior, por ejemplo, por teléfono, Internet/correo electrónico, video llamadas y otros medios electrónicos apropiados. Dichas comunicaciones deben ser facilitadas y fomentadas, deben ser, también, frecuentes y libres; 12) Permitir a familiares o parientes que continúen proporcionando alimentos y otros suministros a sus detenidos, conforme a las prácticas locales y con la debida observancia de las medidas de protección necesarias; 13) El ubicar a las personas que tienen un mayor riesgo de contagio dentro del resto de población carcelaria puede reflejar un aumento del riesgo, para ello se deben respetar plenamente sus derechos dentro del entorno de detención; 14) Prevenir el uso del aislamiento médico como forma de confinamiento disciplinario; el aislamiento médico se debe basar en una evaluación médica independiente, proporcionada, limitada en el tiempo y sujeta a garantías procesales; 15) Proveer de atención médica a las personas detenidas que la necesiten, siempre que sea posible fuera de los espacios de custodia; 16) Garantizar las salvaguardias fundamentales contra la tortura y que permanezcan disponibles, operativas y sin restricciones (incluido el derecho de acceso a un informe médico independiente, el derecho de notificar a terceros sobre la detención y a una asistencia legal); 17) Asegurar que la información proporcionada a todas las personas detenidas, y resto del personal, sea precisa, confiable y este actualizada, además de la información sobre todas las medidas que se estén adoptando, su duración y su justificación; 18) Confirmar que se toman las medidas apropiadas para proteger la salud de las personas detenidas y del personal médico, que están equipados y respaldados en sus obligaciones debidamente; 19) Poner a disposición un adecuado apoyo psicológico para todas las personas detenidas y resto del personal que se encuentren afectados por estas medidas; y 20) Asegurar que, si corresponde, se tengan en cuenta todas las consideraciones anteriores con respecto a pacientes que ingresan involuntariamente en hospitales psiquiátricos” (cfr. párr. 9). “III. Medidas que deben tomar las autoridades en relación a los lugares oficiales de cuarentena: El Subcomité ya ha analizado la situación de las personas detenidas en cuarentena con anterioridad. A todo eso, agrega que: 1) Las personas que se encuentren temporalmente en cuarentena deben ser tratados en todo momento como sujetos libres, excepto por aquellas limitaciones que, necesariamente, se les imponen, de conformidad con la ley y con base a la evidencia científica, para los propósitos de la cuarentena; 2) No deben ser considerados ni tratados como si fueran 'detenidos'; 3) Los espacios usados para la cuarentena deben de tener un tamaño suficiente, además de tener instalaciones adecuadas con el fin de permitir la libertad de movimiento y una gama de actividades útiles; 4) La comunicación con familiares y amistades a través de los medios apropiados debe ser fomentada y facilitada; 5) Dado que los espacios de cuarentena son de facto una forma de privación de libertad, todas las personas deberían poder beneficiarse de las salvaguardias fundamentales contra la tortura, incluida la información acerca de los motivos de su cuarentena, el derecho de acceso a asesoramiento médico independiente, a una asistencia jurídica y a garantizar la notificación a terceros de que se encuentran en cuarentena. Todo ello de manera acorde a su estado y situación; 6) Que se tomen todas las medidas necesarias destinadas a evitar que quien esté en cuarentena, o aquellas que lo han estado, sufran cualquier forma de marginación o discriminación, incluso una vez que han regresado a la comunidad; y 7) La contención psicológica debe estar disponible para aquellas personas que la necesiten, tanto en el periodo de cuarentena como después” (cfr. párr. 10). IV. Medidas a tomar por parte de los Mecanismos Naciones de Prevención [MNP]: “Durante la pandemia del coronavirus, los MNP deberían continuar ejerciendo su mandato de visitas aunque la forma en que las desarrollen deba tener en cuenta las actuales restricciones impuestas de contacto social. A los MNP no se les pueden negar completamente el acceso a aquellos lugares oficiales de detención, incluidos los lugares de cuarentena, incluso si son temporales o permitidos, de acuerdo a las restricciones establecidas en el artículo 14.2 del OPCAT” (cfr. párr. 11). “El objetivo del OPCAT, según lo establecido en su artículo 1, es el de ‘establecer un sistema de visitas periódicas [a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad’. Su propósito, como se establece en el preámbulo, es ‘la protección de las personas privadas de su libertad contra actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes', siendo esta una obligación inderogable conforme al derecho internacional. En el contexto actual, corresponde a los MNP diseñar métodos para cumplir con su mandato preventivo referido a los lugares de detención que minimizan el contacto social necesario pero que, sin embargo, ofrecen medidas efectivas para el compromiso preventivo” (cfr. párr. 12). “Dichas medidas pueden incluir: 1) Discutir con las autoridades nacionales relevantes acerca de la implementación y el funcionamiento de las medidas descritas […]; 2) Incrementar la recopilación y el escrutinio de datos individuales y colectivos relacionados con lugares de detención; 3) Usar comunicación electrónica con los lugares de detención; 4) Establecer 'líneas directas' […] dentro de los lugares de detención, correo electrónico seguro y espacios postales; 5) Seguimiento de la habilitación de lugares de detención, bien sean nuevos o temporales; 6) Mejorar la distribución informativa sobre el trabajo de los MNP dentro de los lugares de detención y asegurar que existan canales que permitan que la comunicación sea pronta y confidencial; 7) Intentar el contacto con terceros (por ejemplo, familiares y defensores) que, de forma adicional, puedan proporcionar información sobre la situación en los lugares de detención; y 8) Mejorar la cooperación con las ONG’s y demás organizaciones de ayuda que trabajan con las personas privadas de libertad” (cfr. párr. 13).

Otra jurisprudencia relacionada

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) 

Tribunal

Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

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