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> Jurisprudencia > Rosadio Villavicencio v. Perú  

Jurisprudencia: Rosadio Villavicencio v. Perú

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Titulo

Rosadio Villavicencio v. Perú

Hechos relevantes del caso

Rosadio Villavicencio se desempeñaba como Teniente de Inteligencia en Perú y fue instruido para realizar una misión por el Jefe del Estado Mayor de Operaciones. Su objetivo era identificar a los narcotraficantes que operaban en una zona de ese país y hacerse pasar por un oficial corrupto. Debía aceptar dinero a cambio de la autorización para realizar vuelos con droga. Luego, tenía que proceder a su incautación y a la captura de los narcotraficantes. Durante la ejecución de la operación, autorizó tres vuelos. Sin embargo, dos de ellos habrían sido ocultados por el agente. Rosadio Villavicencio fue detenido y sometido a investigaciones: i) por parte de la Inspectoría del Destacamento de Leoncio Prado; ii) en la vía administrativa disciplinaria; iii) en la jurisdicción penal militar, y iv) en la jurisdicción penal ordinaria. El 3 de marzo de 1995, como resultado del procedimiento disciplinario militar, se concluyó que el peticionario había actuado maliciosamente al ocultar información referente a la realización de vuelos dedicados al tráfico ilícito de drogas. Tras ser denunciado ante la jurisdicción penal militar, fue pasado a situación de retiro. El Consejo de Investigación para Oficiales Subalternos determinó su retiro en una audiencia a la que no compareció por estar privado de su libertad. El 15 de diciembre de 1997 fue condenado por el Consejo Supremo de Justicia Militar a 28 meses de prisión por el delito de desobediencia y al pago de una reparación civil. Por otro lado, el 28 de septiembre de 1994, el Juez de Primera Instancia Mixto abrió instrucción con mandato de detención por el delito contra la salud pública. El 6 de febrero de 1995, el peticionario solicitó su libertad y el tribunal se la rechazó. Por este motivo, el 13 de febrero de 1995 interpuso un recurso de apelación que fue denegado por la Corte Superior de Justicia de San Martín. Con posterioridad, la Sala Mixta de la Corte Superior de San Martín lo condenó a seis años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas. El 19 de junio de 1997, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aumentó la pena de seis a quince años de prisión. El 4 de marzo de 1999, se lo incorporó al régimen de semilibertad. Finalmente, el 28 de septiembre de 2001, la Sala Mixta de la Corte Superior de oficio redujo la pena de quince a seis años con vencimiento el 4 de septiembre de 2000.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

14/10/2019

Voces CSJN

NON BIS IN IDEM; CONCURSO DE DELITOS; PENA; SANCIONES DISCIPLINARIAS; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; DEFENSA TÉCNICA INEFICAZ; DERECHO A SER OIDO; SANCIONES ADMINISTRATIVAS; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; TRIBUNAL INDEPENDIENTE; LIBERTAD; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; PRISIÓN PREVENTIVA; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; ARBITRARIEDAD; RECURSOS; PRINCIPIO DE INOCENCIA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; PRINCIPIO DE LEGALIDAD;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Perú era responsable por haber infringido: • el artículo 8.4 de la Convención Americana (principio de non bis in ídem), en relación con el proceso penal ordinario y el proceso penal militar; • el artículo 8.2.b (derechos a ser comunicado previamente y de forma detallada de la acusación y a ser notificado, sin demora, de los cargos formulados en su contra); • los artículos 8.2.d. y 8.2.e (derecho a contar con un defensor o defensora); • los artículos 8.1 y 8.2.c (derecho a ser oído y el derecho a la defensa); • el artículo 8.1 (deber de motivación); • y el artículo 8.1 en el marco del proceso penal militar (derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial). Todos ellos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Finalmente, consideró que Perú era responsable por la violación de los artículos 7.1, 7.3, 7.5 y 8.2 (derecho a la libertad personal) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Non bis in ídem. Concurso de delitos. Pena. Sanciones disciplinarias. “[C]onforme a una interpretación dogmática de la Convención, siendo inadmisible entender ninguna de sus disposiciones como contradictoria con el Sistema Universal de Derechos Humanos ni con todas las legislaciones penales de los países de la región, se impone considerar implícitamente prohibida en el artículo 8.4 de la Convención la punición múltiple por un único delito, corresponde en el caso determinar si la punición impuesta a la presunta víctima en el fuero penal ordinario y la impuesta en el fuero penal militar se refieren al mismo delito o si se trata de dos delitos. A este respecto, […] conviene advertir que alguna doctrina ha considerado al fuero penal militar de naturaleza ‘administrativa’, argumento que se descartaría ab initio en el presente caso, dada la naturaleza claramente penal de la sanción impuesta a la presunta víctima” (párr. 95). “Una única acción requiere como mínimo que haya una única decisión de voluntad, como presupuesto necesario, pero no suficiente para determinar la unidad de acción. Es obvio que cuando existe un movimiento único no puede considerarse la existencia de una pluralidad de acciones, pero por lo general una unidad de acción abarca una pluralidad de movimientos. En tal caso debe existir un elemento jurídico de unidad de desvaloración” (párr. 98). “No es menester considerar todas las posibles dificultades doctrinarias para determinar la presencia del hecho único, siendo suficiente con señalar que la pluralidad de tipicidades no multiplica las acciones, sino que, justamente, se trata de la hipótesis de un único delito (una única acción) con tipicidades plurales, o sea, un claro caso del llamado ‘concurso ideal’ de concurrencia de tipicidades en una única conducta” (párr. 99). “[C]uando una misma conducta o acción resulta prohibida a la luz de las normas que subyacen en dos o más tipos penales, siempre se trata de un único delito, pues todo delito es una conducta humana y a un único delito debe corresponder una única punición. Esto es precisamente lo que ocurre en este caso, se trata de una única conducta imputada al señor Rosadio Villavicencio: permitir el vuelo de aeronaves que transportaban droga, lo que encuadra simultáneamente en los tipos penales de desobediencia y de tráfico ilícito de drogas. Entender que la posibilidad del doble encuadramiento típico de los mismos hechos supone la comisión de dos delitos distintos, los cuales a su vez pueden ser sancionados con dos puniciones distintas, parte del errado supuesto que se trata de dos conductas distintas, lo que habilitaría la plural e interminable cadena de puniciones que el derecho penal material no permite y a la que se llegaría por efectos del desdoblamiento del mismo hecho en tantos pretendidos delitos como número de tipos penales aplicables” (párr. 101). “[L]a exigencia del artículo 9º responde a un claro rechazo de todo derecho penal material con fuerte aspiración autoritaria. En efecto, considerar que hay tantos delitos como normas violadas, significa punir conforme al número de sus mandatos incumplidos, o sea, atender al número de ‘desobediencias’ y no de las acciones ilícitas de sus habitantes, por lo que los delitos no serían acciones, sino omisiones de cumplimiento de los mandatos estatales. Por esta vía, se suele llegar –en las versiones más autoritarias y totalitarias del derecho penal material– a la supresión de la exigencia de afectación de bien jurídico, pues pasa a primer plano la ‘desobediencia’ al mandato estatal. Esto no impide que una acción resulte pluralmente tipificada como en el caso, en la ley penal ordinaria y en la ley penal militar, sino que el orden jurídico de cada Estado debe resolver, en tales supuestos, la cuestión de competencia en forma que evite el desdoblamiento del hecho único” (párr. 104). “[L]o que resulta violatorio […] es la imposición de una pluralidad de puniciones por la misma acción u omisión, lo que presupone, como garantía judicial, que una única acción u omisión no sea sometida a una pluralidad de procesos” (párr. 105-106). “En principio, [dentro del análisis de los procesos penales y procedimiento disciplinario militar] la sanción penal en general no excluye la posibilidad de que la misma conducta sea sancionada por aplicación de normas de otra rama jurídica: es obvio que no se excluye la posibilidad de reparación en sede civil, por ejemplo, dado que la pena y la reparación civil persiguen objetivos diferentes y la responsabilidad se establece en cada rama conforme a sus propios principios. Lo mismo sucede con las sanciones políticas que consisten en la separación del cargo del sometido a juicio político, lo que no obsta a la posible pena en sede penal y reparación en sede civil” (párr. 114). “[C]orresponde establecer si la sanción penal y la sanción administrativa tienen el mismo objeto y los consiguientes idénticos principios para regular la responsabilidad. No obstante, la cuestión no merece mayor análisis, porque es conocimiento jurídico común que la sanción del derecho disciplinario tiene por objeto la preservación del orden interno de una institución, es decir, se reserva a sus intraneus para mantener la disciplina entre ellos, llegando a la exclusión de la persona de la institución porque su conducta se considera incompatible con ese orden. Es obvio que este objetivo de la sanción administrativa nada tiene que ver con el de la penal, al punto de que incluso –como es sabido– aunque el comportamiento de la presunta víctima hubiese sido atípico penalmente, eso no hubiese obstado, eventualmente para la viabilidad de la sanción administrativa que, conforme a su objetivo y naturaleza diversa de la penal, responde a criterios propios de responsabilidad” (párr. 115). “[A]l no perseguir el mismo objetivo ambas sanciones, la Corte considera que el Estado no incurrió en una violación al principio ne bis in idem establecido en el artículo 8.4 de la Convención en relación con el fuero penal ordinario y el proceso disciplinario militar” (párr. 116). “[E]n cuanto a la posible violación del principio ne bis in idem por la instauración del proceso penal militar y el procedimiento disciplinario, esta Corte estima que en ambos procesos se consideraron los mismos hechos. [E]stos dos procesos, dado que la sanción impuesta en la sentencia condenatoria del proceso penal militar tiene carácter penal y la disciplinaria tiene carácter administrativo, son válidas a este respecto las mismas consideraciones que esta Corte acaba de formular con relación a la condena en sede penal ordinaria” (párr. 117-118). “[L]a Corte concluye que el Estado peruano es responsable de la violación del principio de ne bis in idem consagrado en el artículo 8.4 de la Convención en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, en relación con los procesos penales ordinario y militar. El Estado peruano no violó el principio de ne bis in idem consagrado en el artículo 8.4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, en relación con el procedimiento disciplinario, y los procesos penal ordinario y penal militar. 2. Debido proceso. Derecho de defensa. Defensa técnica ineficaz. Derecho a ser oído. Sanción administrativa. “[C]ualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio, disciplinario o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Ahora bien, lo que corresponde en cada caso es determinar las garantías mínimas que conciernen a un determinado proceso sancionatorio no penal, según su naturaleza y alcance” (párr. 125). “Atendiendo a la naturaleza sancionatoria del procedimiento de pase a retiro [del peticionario], […] esta Corte considera que las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana, inclusive algunas de las enunciadas en el artículo 8.2, hacen parte del elenco de garantías mínimas que debían ser respetadas para adoptar una decisión que no fuera arbitraria y resultara ajustada al debido proceso. En consecuencia, las garantías mencionadas deberían haber sido aplicadas mutatis mutandi al procedimiento disciplinario de este caso, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica sancionatoria y las consecuencias que este acarreó” (párr. 126). “Este precepto [8.2 b] ordena a las autoridades competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, con una descripción clara, detallada y precisa de los hechos que se le imputan, las razones por las cuales se le acusa y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Si bien el contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, y la naturaleza del proceso como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen, llegando a su punto máximo cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Esta Corte ha establecido que el investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de las preguntas que se le formulan. Además este Tribunal advierte que dicha obligación estatal adquiere mayor relevancia cuando se trata de procesos penales y el procesado se encuentra sujeto a una medida privativa de libertad como en el presente caso” (párr. 127-128). “En el presente caso [respecto de la investigación ante la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado y el proceso penal ordinario] la carga de la prueba de la notificación o comunicación previa de las acusaciones a la presunta víctima recae sobre el Estado, al ser quien las debió haber ejecutado por medio de sus funcionarios, estando en mejor posición procesal para proveer de esta prueba. Sin embargo, el Estado no aportó ninguna prueba que permitiese demostrar que el señor Rosadio Villavicencio hubiera sido notificado de la acusación de forma previa a la presentación de su primera declaración o de las razones de su detención…” (párr. 130). “Los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan, dentro del catálogo de garantías mínimas, que el inculpado tiene derecho de ‘defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección’ y que si no lo hiciere tiene el ‘derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna’. La Corte considera que esta garantía era aplicable al procedimiento disciplinario militar adelantado contra el señor Rosadio Villavicencio debido a que en el marco del mismo fue privado de su libertad” (párr. 142). “[L]a defensa suministrada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Esta Corte ha señalado que el investigado debe tener acceso a la defensa técnica en la diligencia en la que se recibe su primera declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogada o abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo” (párr. 143). “Esta Corte ha desarrollado el derecho a ser oído, previsto en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones. La Corte ha reconocido que el derecho a ser oído comprende dos ámbitos: por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión se produzca a través de un procedimiento que satisfaga el fin para el cual fue concebido” (párr. 146). “[E]n ninguna oportunidad se permitió al [peticionario] su derecho a ser oído […]. Así, no consta que [al peticionario] se le hubiese permitido presentar alegatos, bien de forma oral o escrita, realizar objeciones, presentar pruebas, o realizar cualquier tipo de actividad procesal en aras de garantizar su defensa más allá de la declaración realizada al inicio del procedimiento y para la cual no contó con comunicación previa sobre los hechos imputados ni asistencia legal” (párr. 151-152). “[L]a controversia consiste en determinar si el Estado violó el deber de motivación establecido en el artículo 8.1 de la Convención, en virtud de la sentencia emitida el 19 de junio de 1997 que aumentó la pena de la presunta víctima de 6 a 15 años, por cuanto según la Comisión y el representante, éste aumento no fue fundamentado” (párr. 165). “Esta Corte recuerda que ‘la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho y reparar el daño ocasionado por sus propios medios’. Lo anterior se asienta en el principio de complementariedad, que informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, ‘coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos’. De tal manera, el Estado ‘es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos’” (párr. 166). “El referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa. De lo anterior se desprende que, en el sistema interamericano, existe un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas (primariamente obligadas) y las instancias internacionales (en forma complementaria), de modo que los criterios de decisión, y los mecanismos de protección, tanto los nacionales como los internacionales, puedan ser conformados y adecuados entre sí. Así, la jurisprudencia de la Corte muestra casos en que se retoman decisiones de tribunales internos para fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención en el caso específico; en otros casos se ha reconocido que, en forma concordante con las obligaciones internacionales, los órganos, instancias o tribunales internos han adoptado medidas adecuadas para remediar la situación que dio origen al caso; ya han resuelto la violación alegada; han dispuesto reparaciones razonables, o han ejercido un adecuado control de convencionalidad. En este sentido, la Corte ha señalado que la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho, y de reparar por sus propios medios los daños ocasionados. En consecuencia, el Tribunal ha establecido que los Estados no son internacionalmente responsables cuando han reconocido la comisión de un hecho ilícito internacional, han cesado la violación, y han reparado las consecuencias de la medida o situación que lo configuró” (párr. 167). “[R]especto del derecho a la asistencia legal, el Tribunal recuerda que no basta que el procesado cuente con una abogada o abogado defensor para garantizar su derecho a la defensa, sino que se debe garantizar el ejercicio efectivo de dicha defensa, proporcionando el tiempo y los medios adecuados para preparar la misma” (párr. 174). “[N]ombrar a una defensora o defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensoras y defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional” (párr. 175). “[E]l derecho de defensa implica que esta sea eficaz, oportuna, realizada por personal técnico, que permita fortalecer la protección del interés concreto del imputado. Por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. Asimismo, este Tribunal ha indicado que cuando el ordenamiento interno permita la defensa común de varios coimputados, corresponde al Estado, mediante las autoridades competentes, identificar si existen incompatibilidades y adoptar las medidas conducentes para que se garantice de forma efectiva el derecho a la defensa de los involucrados” (párr. 176). “En este caso, este Tribunal considera, con base en los hechos descritos, que el asignar el mismo defensor a dos coimputados, a pesar de existir incompatibilidad en su defensa debido a sus versiones claramente discordantes de los hechos acaecidos vulneró el derecho a la defensa técnica del señor Rosadio Villavicencio” (párr. 178). “Respecto del proceso penal ordinario, la Corte considera que el Estado no es responsable por la violación del deber de motivar establecido en el artículo 8.1 de la Convención. Sin embargo, considera que el Perú violó los derechos del señor Rosadio Villavicencio establecidos en los artículos 8.2.c y 8.2.e de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio, al no contar con un defensor idóneo” (párr. 180). 3. Garantía de imparcialidad. Tribunal independiente. “El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso, debiéndose garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a –y movido por– el Derecho” (párr. 186). 4. Libertad. Personas privadas de libertad. Prisión preventiva. Deber de fundamentación. Arbitrariedad. Recursos. Principio de inocencia. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad. Principio de legalidad. “[L]a controversia consiste en determinar si: i) la prisión preventiva de la que fue objeto el señor Rosadio Villavicencio fue arbitraria; ii) durante la detención preventiva existió revisión periódica por parte de las autoridades judiciales sobre las razones que motivaron su adopción; y iii) si los recursos judiciales interpuestos posibilitaron una revisión sin demora y efectiva tanto de la motivación como de la duración de la detención preventiva” (párr. 199). “[R]especto de la alegada falta de fundamentación […] esta Corte ha señalado que ‘el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso’. La Corte ha precisado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’ y conlleva una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a adoptar una decisión. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado” (párr. 154). “La Corte recuerda el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Además, la decisión judicial que restringe la libertad personal de una persona por medio de la prisión preventiva debe fundamentar y acreditar, en el caso concreto, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria, y por tanto no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del acusado a un grupo ilícito determinado” (párr. 199). “Además, ‘la privación de libertad del imputado u […] sólo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia’. [L]a regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que este goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada” (párr. 201-202). “Respecto a la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. En este sentido, la arbitrariedad de la que habla el artículo 7.3 convencional tiene un contenido jurídico propio, cuyo análisis sólo es necesario cuando se trata de detenciones consideradas legales. No obstante, se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad” (párr. 203). “[S]in perjuicio de la legalidad de una detención, es necesario en cada caso hacer un análisis de la compatibilidad de la legislación con la Convención en el entendido que esa ley y su aplicación deben respetar los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que la medida privativa de libertad no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, razón por la cual el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención” (párr. 204). “A continuación, la Corte analizará: i) las órdenes de detención en el fuero penal ordinario y el fuero penal militar; ii) las respuestas a las solicitudes de libertad incondicional en la jurisdicción penal ordinaria, y finalmente, iii) la duración de la detención preventiva” (párr. 205). “En consecuencia, el Tribunal declara que, al no haber brindado una motivación suficiente e individualizada respecto a la consecución de un fin legítimo compatible con la Convención al decretar la prisión preventiva del señor Rosadio Villavicencio en ninguna de las dos resoluciones analizadas (fueros ordinario y militar), el Estado violó su derecho a no ser sometido a detención arbitraria, en violación de los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado” (párr. 209). “[U]na detención o prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe” (párr. 210). “En casos relativos a detenciones preventivas en el marco de procesos penales, la Corte ha señalado que esta norma impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad” (párr. 213). “Además de sus efectos en el ejercicio del derecho a la libertad personal, tanto la Comisión como la Corte han indicado que el uso indebido de la detención preventiva puede tener un impacto en el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención. Al respecto se ha destacado la importancia del criterio de razonabilidad, pues mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifican su detención equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada185F186 y la convierte en una medida punitiva y no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida y, por tanto, transgrede el artículo 8.2 de la Convención” (párr. 214). “En el presente caso, el señor Rosadio Villavicencio permaneció en detención preventiva desde el 5 de septiembre de 1994 hasta el 5 de marzo de 1999, un período de cuatro años y seis meses. Al respecto, esta Corte nota que la condena finalmente impuesta a la presunta víctima en el fuero ordinario penal fue de 6 años de reclusión, la cual venció 4 de septiembre de 2000. Es decir, la presunta víctima permaneció en detención preventiva durante tres cuartos del período de la pena finalmente impuesta. En ese sentido, la Corte considera que el período en que estuvo detenido en prisión preventiva, sin que se resolviera su situación jurídica, vulneró la razonabilidad y proporcionalidad del plazo que exige el artículo 7.5 de la Convención, pues dicha detención se convirtió en un medio punitivo y no cautelar al abarcar la mayoría del periodo de condena finalmente impuesta. Lo anterior también demuestra que la prisión preventiva constituyó un adelantamiento de la pena, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia establecida en artículo 8.2 de la Convención” (párr. 215). “De este modo, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.1, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Rosadio Villavicencio, al mantenerlo en detención preventiva durante un período que excedió lo razonable” (párr. 216). “En vista de lo anterior, esta Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos del señor Rosadio Villavicencio a no ser sometido a detención arbitraria contenido en los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en las dos resoluciones analizadas (fueros ordinario y militar) y al resolver su solicitud de libertad incondicional sin haber brindado una motivación suficiente respecto a la consecución de un fin legítimo compatible con la Convención y sin realizar una revisión periódica de la necesidad de mantener dicha medida cautelar. Además, la Corte considera que el período en que el señor Rosadio Villavicencio estuvo detenido en prisión preventiva, sin que se resolviera su situación jurídica, vulneró la razonabilidad y proporcionalidad del plazo que exige el artículo 7.5 de la Convención, así como el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 8.2 de la Convención, todo ello en relación con el artículo 1.1 de la misma. Finalmente, en el presente caso, el Tribunal no encontró al Estado responsable por la violación del artículo 7.6 de la Convención, en relación con el artículo 25 de la misma” (párr. 217).

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